Sin debate entre los candidatos, sin mecanismos de participación ciudadana en la discusión de los contenidos y con restricciones para la representación de las minorías y de las mujeres. En ese marco los santafesinos elegirán este domingo 13 de abril a los convencionales que reformarán 42 artículos de la Constitución que rige en la provincia desde 1962. Se descuenta el triunfo de Unidos, el frente que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro, y las principales incógnitas consisten en saber si logrará mayoría propia entre los constituyentes y si La Libertad Avanza podrá imponerse en Rosario, donde concentró una agresiva campaña electoral.

“Es una elección que no suscita mucho interés ciudadano. Y tampoco hubo mucha intervención de los organismos electorales para explicar qué se elige y cómo se elige. Es la primera vez que vamos a elegir para un mismo cargo, el de constituyente, con dos formatos diferentes, en distrito único y en distrito uninominal”, advierte Juan Bautista Lucca, docente de Elecciones y partidos en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.

Los santafesinos elegirán 50 convencionales por el distrito único de la provincia y un convencional por cada uno de los 19 departamentos. También se realizarán las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para cargos municipales y comunales en distintas ciudades y pueblos. Pullaro encabeza el frente Unidos, el diputado nacional Nicolás Mayoraz es el primer candidato de La Libertad Avanza –que se presenta por primera vez como partido en la provincia–, y Juan Monteverde lidera Más para Santa Fe, una convergencia del partido Ciudad Futura, el Movimiento Evita, el Frente Renovador y la estructura oficial del Partido Justicialista de Santa Fe. 

El senador nacional Marcelo Lewandowski y el ex ministro de Gobierno Roberto Sukerman se presentan con listas independientes que asocian a otros sectores del peronismo con distintas fuerzas menores. Amalia Granata compite con la Alianza Somos Vida y Libertad, cuyo bloque de diputados provinciales acaba de tener una ruptura, mientras la ex boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras confía en que su popularidad depare votos para el Frente de la Esperanza. La socialista Claudia Balagué reivindica las gestiones del gobernador Hermes Binner como candidata del Frente Amplio por la Soberanía y Carla Deiana, del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad, espera repetir la buena elección que hizo como candidata a gobernadora en 2023. 

El abogado Oscar Blando estuvo al frente de la Dirección de Reforma Política y Constitucional que impulsó el gobierno de Miguel Lifschitz y tiene una mirada crítica sobre el proceso en curso: “Estuvieron ausentes la participación ciudadana, el diálogo con las instituciones y los distintos sectores de la sociedad, el debate que merece la elección más importante de los últimos 60 años en la provincia”, afirma.

Profesor de Derecho Político, Constitucional y Electoral en la Universidad Nacional de Rosario, Blando destaca “la falta de difusión y de explicación del por qué y del objetivo de la reforma para que la ciudadanía se entere de los contenidos y no la visualice como algo hecho desde la política y para la política, y el mejor ejemplo al respecto es que no hubo debate público entre los candidatos”. El especialista advierte “otros factores negativos” en el piso del 2,5 % del padrón electoral que establece la ley de la reforma para la distribución de los cargos por distrito único, “lo que restringe la posibilidad de representación de las minorías”, y en la elección uninominal por departamento “que afectará la representación de las mujeres porque la experiencia nos demuestra en Santa Fe que cuando se trata de un solo cargo ese cargo es para un varón”. El ejemplo es el Senado provincial, integrado por 18 senadores varones y una mujer que reemplaza a un senador con licencia.

Pullaro recargado

Las encuestas anticipan un triunfo de Maximiliano Pullaro y la incertidumbre parece restringirse al porcentaje por el cual se impondrá la lista de Unidos. “Pullaro se consolida como un gobernador con una potencia electoral muy fuerte y con ascendencia muy fuerte para cohesionar un espacio político heterogéneo; logró lo que ningún gobernador alcanzó en sesenta años, que es llamar a una Asamblea Constituyente, aprovechando su alto caudal político y sobre todo la licuación de fuerzas secundarias como el PRO”, destaca Juan Bautista Lucca, también investigador independiente del Conicet.

El gobernador es secundado por Germana Figueroa Casas, diputada nacional del PRO que votó en el Congreso nacional en sintonía con los libertarios. En el tercer lugar de la lista de Unidos se encuentra Lionella Cattallini, diputada provincial de Partido Socialista que se pronuncia contra “los privilegios del poder” y apoya la campaña en sus denuncias contra el juez federal Marcelo Bailaque, actualmente sometido a jury. La alianza del socialismo con Pullaro se remonta a 2023 y aparece como una estrategia de supervivencia partidaria frente al proceso de deterioro abierto con la pérdida de la intendencia de Rosario y los desprendimientos de corrientes internas como la que encabeza Claudia Balagué, quien pidió públicamente el voto de los socialistas para reivindicar el legado de Binner.

Pullaro “se convierte en el gran elector” de la provincia, agrega Juan Bautista Lucca. Mientras La Libertad Avanza y Unite cuestionan el funcionamiento del Senado provincial y el opaco sistema de distribución de subsidios, el radical “tuvo la habilidad de dialogar con diferentes fragmentos del peronismo para proponer una reforma que básicamente apunta a la reelección y la autonomía municipal sin tocar al Senado, uno de los sectores más burocratizados de la representación y donde el peronismo conserva cuotas de poder”.

El descenso de los índices de violencia en la provincia es uno de los principales argumentos de Pullaro, y sus propuestas profundizan en esa línea con el proyecto de construir una cárcel de máxima seguridad que superará incluso al modelo Bukele –según la secretaria de Asuntos Penitenciarios y candidata a constituyente, Lucía Masneri- y la promesa de que no incluir “ningún concepto garantista con las reformas”. Esta semana el ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia anunció la “ley Luciano” por la cual se “capacitará” a jueces y fiscales para evaluar el accionar de policías en supuestos casos de legítima defensa; el proyecto toma el nombre de Luciano Nocelli, llamado “el Chocobar rosarino”, un policía condenado a 25 años de prisión por doble homicidio y ahora libre y a la espera de otro juicio después de la intercesión del propio Pullaro ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

Blando no sale de la sorpresa ante la “ley Luciano”, precedida además por la ampliación de facultades que permite a la policía hacer detenciones en averiguación de identidad. “Es insólito”, dice el constitucionalista: “lo que debiera hacer el poder político frente al poder judicial es respetar su independencia para que jueces y fiscales tengan absoluta libertad para ejercer sus funciones sin intromisión del propio poder político”.

Los candidatos de La Libertad Avanza también se pronuncian en sentido punitivo y proclaman que Rosario será la primera ciudad donde se aplique la reciente ley anti mafias, votada en el Congreso con el apoyo del PRO, el radicalismo y sectores del peronismo. “Vamos a blindar la Constitución del garantismo socialista y kirchnerista”, prometió el ex periodista Juan Pedro Aleart, aspirante a constituyente por el departamento Rosario. “La Constitución de Santa Fe debería blindarse por el contrario de las políticas libertarias, especialmente en el tema de seguridad –retruca Blando–. El gobierno nacional desprecia, lesiona y contradice a la Constitución nacional y especialmente a la Constitución reformada de 1994. Hay un orden constitucional y un orden convencional vinculado con los tratados internacionales de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional y son continuamente atropellados por el gobierno nacional”. El especialista alerta sobre “la demonización de las garantías constitucionales” que comparten Unidos y La Libertad Avanza y el riesgo de que se conforme “una transversalidad conservadora y punitiva” en la próxima convención, cuando “una Constitución provincial tiene asegurar las garantías que están en la Constitución nacional y en los tratados internacionales, que son límites al poder punitivo del Estado”.

La oposición trata de rearmarse. “El peronismo santafesino viene de un largo proceso de desestructuración en sus liderazgos y comprendió que hay territorios que le son esquivos cuando no está unificado, como Rosario, sobre todo en un contexto en el que se encuentra cada vez más atomizado. Eso explica la alianza a nivel provincial con Ciudad Futura, que trata de expandir el arco ideológico y de mostrar una reacción después de la derrota catastrófica en la última elección a gobernador”, explica Juan Bautista Lucca.

El politólogo relativiza las posibilidades electorales de La Libertad Avanza este domingo: “El espacio se juega a nacionalizar la elección, invocando a Milei, pero es difícil que lo consiga. La indignación es la emoción política donde prende el discurso anti casta, y esta no parece una elección donde la ciudadanía vaya a votar enojada. Además hicieron propuestas que la Constituyente no tendrá en agenda, como la eliminación del Senado provincial. Por otro lado la lista sábana, que tiene muchos aspectos negativos, produce a la vez el efecto de personalizar la política y desconfigurar el peso de los partidos, por lo que los ciudadanos terminan por votar a la cara conocida”. Los santafesinos podrán votar entre las 8 y las 18 y los primeros resultados se conocerán a partir de las 20.

OA/MG

La Convención Constituyente de Jujuy, conformada por representantes del Frente Cambia y el Frente Justicialista, aprobó los dictámenes de mayoría de la reforma parcial de la Constitución jujeña. El proyecto se debatió este miércoles y jueves en la Legislatura provincial tras la renuncia de dos convencionales peronistas y seis parlamentarios del Frente de Izquierda Unidad.

Docentes, trabajadores estatales, comunidades indígenas y organizaciones políticas, sociales y sindicales se movilizaron en los últimos días en oposición de la modificación de la Carta Magna y llevarán adelante una medida de fuerza general este viernes. En este contexto, el gobernador jujeño, Gerardo Morales, aseguró que no van a dar marcha atrás con el plan de reforma.

“Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña, tiene que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo.

Durante la primera parte de la sesión de este jueves, los convencionales discutieron la imposición de nuevos órganos y reglas para la administración de justicia en la provincia y las modificaciones al Régimen Electoral y el Régimen Municipal. Se planteó la necesidad de pensar un Poder Judicial con autonomía funcional y autarquía financiera, la modernización de los mecanismos y procesos judiciales para alcanzar una dinámica institucional más ágil y la división del máximo tribunal en salas.

La reforma también promueve la creación de un Consejo de la Magistratura local, integrado por once miembros con mandato de cuatro años, que estará a cargo del control del funcionamiento del Poder Judicial.

Respecto del Régimen Electoral, se contempla que todas las leyes referidas a esta materia requieran mayoría agravada para su aprobación y que se incorporen en la Carta Magna instituciones como la “ficha limpia”, una herramienta que permite luchar contra la corrupción, y otros instrumentos de democracia semidirecta como iniciativa o consulta popular a fin de fortalecer la participación ciudadana. También se promueve la prohibición constitucional de la Ley de Lemas y la jerarquización de la paridad de género en vistas de garantizar una democracia más representativa.

A nivel de los municipios, se busca reafirmar las autonomías de las jurisdicciones, ampliar sus atribuciones en el área de planeamiento urbano, el cuidado del medio ambiente y prohibir la re-reelección de intendentes, como sucede con los cargos de gobernador y vice.

ACM con información de Télam

El presidente chileno Gabriel Boric sigue firme en su convicción constitucionalista. El 'plebiscito de salida' que dijo NO a la Constitución que buscaba sustituir para siempre a la pinochetista de 1980 no hizo más modesto su ideario democrático, pero sí más realista a su política. El 4 de septiembre, la ciudadanía chilena repudió el texto confeccionado tras un año de trabajo por la Convención Constitucional. Una Asamblea Constituyente independiente por completo de los Poderes Constituidos, nacida del “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019 y consubstanciada con el espíritu del 'estallido social' de octubre de ese año. Ese mismo día, Boric empezó a buscar vías alternativas para llegar al mismo fin constitucional. Este lunes 12 de diciembre, el Ejecutivo y el Legislativo chilenos dieron a conocer cómo será el nuevo método constitucional que el país ensayará. El presidente y 14 partidos con representación parlamentaria en el Congreso de Valparaíso habían firmado un “Acuerdo por Chile”. Esta vez, los poderes constituidos y no un poder constituyente elegido por el pueblo, serán los determinantes en la redacción del nuevo texto constitucional. Está en los planes del Ejecutivo y del Legislativo que antes del fin de 2023 el nuevo proyecto sea sometido a un nuevo plebiscito dirimente. El electorado decidirá entre un SÍ y un NO el destino de la nueva Constitución.

La prioridad de hacer plebiscitar el texto de una Constitución que consagre a Chile como Estado Social y Democrático de Derecho guió la campaña electoral de Boric. Y aun su primer año de gobierno, cuando el candidato de la coalición frenteamplista - comunista Apruebo Dignidad, ya asumido presidente en el Palacio de La Moneda, se convirtió en jefe de campaña del SÍ a la nueva Constitución. Para un plebiscito donde esperaba triunfar con cómodo respaldo, la izquierda había elegido la fecha simbólica del 4 de septiembre, en recuerdo del viernes de 1970 cuando Salvador Allende ganó las elecciones y lideró a la Unidad Popular por la vía chilena al socialismo democrático, la inconclusa revolución de empanadas y vinto tinto. En 2022, el cuarto día de septiembre el oficialismo progresista vivió una derrota abrumadora. El 62% del electorado votó NO a la propuesta de Ley Suprema.

El 'Acuerdo por Chile' zanjado en el Congreso por el presidente Gabriel Boric y 14 partidos con representación parlamentaria da pie al segundo proceso constituyente del país en menos de dos años

Las aspiraciones políticas radicales de un Ejecutivo y un oficialismo chilenos que por primera vez en la historia eran de una izquierda sin adjetivos locativos restrictivos -a diferencia de la Concertación centroizquierdista que gobernó desde 1989 salvo dos presidencias centroderechistas- no se vieron devaluadas ni postergadas. Tampoco relativizadas. En su análisis, el buen gobierno de Chile depende de dotarse de una nueva Constitución social que deje atrás para siempre el conservadurismo político y la economía neoliberal que en la Ley Suprema pinochetista eran el eje estructurante del poder del Estado y los principios mayores de la interpretación del sistema legal y administrativo. Aunque esto significara que una rotativa de Constituyentes democráticas variadamente compuestas produzca variadas Constituciones democráticas hasta acertar con aquella que el pueblo querrá como suya. Hasta la nueva Carta Magna democrática que ocupe de ahora en más el lugar de la compuesta en 1980 por una comisión de expertos de la dictadura que derrocó a Allende en 1973, plebiscitada en 1981 a instancias del capitán general Augusto Pinochet, y todavía hoy vigente en Chile.

Hasta llegar al anuncio del “Acuerdo por Chile”, Boric había repetido varias veces un diagnóstico paradójico, pero no equívoco, de los condicionamientos de todo renovado itinerario constitucional. Reconocía la derrota del gobierno en el plebiscito, que identificaba a un baldón para la democracia. Si el pueblo no había querido ni el texto más avanzado, confeccionado por una Asamblea nunca antes conocida en el mundo por su representación paritaria de género y con escaños reservados a 12 naciones preexistentes en el territorio a la conquista europea, sin embargo sigue siendo por completo posible llegar a un texto nuevo texto, también democrático por entero. Aunque sin ser, de momento, tan osado el democratismo reconocedor de nuevos derechos, sin ser la redacción final tan extremosamente democrática. Aunque tampoco sea tan originario y constituyente el poder y la convención que lo compongan.

En una reunión con periodistas el martes 13, el presidente Boric explicó que gracias al Acuerdo que alcanzó el Congreso chileno para redactar una nueva propuesta constitucional están las condiciones dadas para un gran “debate de fondo”. El Acuerdo por Chile zanjado en el Congreso da pie al segundo proceso constituyente chileno en dos años, después de tres meses de negociaciones y diferendos. “Luego de varias semanas de conversaciones, intensas, ásperas en algunos momentos, las fuerzas políticas han alcanzado un acuerdo que le han devuelto al país la posibilidad de tener una nueva Constitución que nos proyecte hacia el futuro”, relató Boric.

Un estallido social cada vez más muteado

Al “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” que había buscado Sebastián Piñera, el presidente centroderechista antecesor de Boric, se llegó el 15 de noviembre de 2019. La apertura del primer itinerario constitucional, cancelado por el NO plebiscitario, había invocado “la grave crisis política y social del país atendiendo la movilización de la ciudadanía”. Surgía del 'estallido social' de octubre de 2019, pero sin que dentro del Acuerdo la voz de la protesta se hubiera oído, graficado, consignado, rubricado con alguno de sus propios nombres propios. El “Acuerdo por Chile” del 12 de diciembre de 2022 invoca el “indispensable habilitar de un proceso constituyente que lleve a una nueva Constitución para Chile”. Este Acuerdo surge de la derrota del anterior, y esta vez es la voz de los derrotados, la voz de aquella izquierda de la izquierda, la que no se oye, ni lee, ni convoca.

El Acuerdo de 2019 alentaba la escritura de una nueva Constitución “a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”. El Acuerdo de 2022, en su formulación, nada promueve de similar. En su pragmática flexibilidad, en su realismo, el de la centroizquierda de los Amarillos por Chile, el de la centroderecha de Renovación Nacional (el partido de Piñera), prescinde de la palabra democracia, del adjetivo democrático. Van de suyo, dicen. Boric dijo al periodismo en su conferencia de prensa del martes que el Acuerdo por Chile reafirma el valor de la democracia. En todo caso, la palabra democracia no figura en el Acuerdo, aunque, invisible a los ojos, el espíritu democrático pueda habitarlo.

Según el Acuerdo, Chile redactará su nuevo proyecto de Constitución a través de un consejo electo por voto popular que aceptará o rechazará borradores propuestos por una comisión de expertos designados por el Congreso. El proyecto aceptado por la representación popular como corolario de este nuevo proceso constituyente, será después votado por SÍ o por NO por el electorado nacional. Según Boric, “mediante un plebiscito de salida, la ciudadanía tendrá la última palabra”. Aunque ya nunca más la primera.

AGB

El resultado del  plebiscito del 4 septiembre al que concurrieron más de 13 millones de votantes, una cifra que se acerca al 86% del padrón electoral, para dar su voto por el Apruebo o el Rechazo al nuevo texto constitucional elaborado por la Convención Constitucional conformada por 150 representantes elegidos por sufragio popular, expresó un claro  Rechazo más de 20 puntos (el 62%de los votos) al Apruebo a la que hubiera sido la nueva Constitución para Chile.  

En esa oportunidad,  según  encuestas a boca de urna, 3 de cada 4 votantes del Rechazo quieren un nuevo proceso constitucional y una nueva Constitución para Chile que asegure para las mayorías las demandas del 'estallido social' de octubre de 2019.

Toda lectura política  guiada por la prudencia -que preserva de errores incurridos cuando la impulsa el ánimo o la convicción facciosa- del contexto por el que atraviesa Chile advierte que no hay espacio para triunfalismos. Los distintos actores políticos de la opción contraria al Apruebo  durante la campaña, no se habían dejado ver: no se puede sostener la tesis de que los vencedores son los partidos de oposición al Gobierno. Tampoco ganaron los extremos que no buscan acuerdos mayoritarios y  sí instaurar constitucionalmente sus propias miradas de mundo. Los principales rivales del Apruebo fueron  figuras de centroizquierda, nucleados en movimientos no numerosos con alto alcance mediático como Amarillos por Chile, que instalaron  la idea de que el texto era problemático principalmente para el  ala más conservadora que no se integró al gobierno como la mayoría del Partido Socialista y defienden otros intereses: el nuevo texto consagraba, entre otros temas, la eliminación del Senado, una línea roja para varios. Salvador Allende fue senador desde 1945 hasta 1970, y presidente del Senado entre 1966 y 1969.

En el contexto de una búsqueda de la democracia perdida en Chile, el cardenal Raúl Silva Henríquez, en su homilía luego llamada  El alma de Chile, pronunciada en el Tedum Deum del 18 de septiembre de 1974,  un Dieciocho como se llama en el país andino el día de celebración de la patria desde  1811, definió el ‘alma’ nacional en la certeza de la existencia un orden jurídico a favor de la libertad de las personas y la fe del pueblo. El proceso constituyente no valoró la historia del orden jurídico chileno y propuso el fin del Senado y del Poder Judicial sumado a la prescindencia de otras normas que aseguran la unidad del Estado.

El momento de ‘la hora cero’ ha llegado

El presidente Boric había anunciado antes del plebiscito que de ganar el Rechazo convocaría a empezar desde “cero” una nueva Convención y la redacción completa de un nuevo texto. De acuerdo a Boric, el plebiscito que habilitó en 2020 el primer proceso constitucional, en el que un 78% de los chilenos aprobó reformar la Carta Magna, había terminado por sepultar definitivamente la actual Constitución de 1980, herencia de la dictadura del capitán General  Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada parcialmente en democracia.

Ese 4 de septiembre no fue el esperado espejo de aquel de 1970 que había dado la victoria a la coalición de la Unión Popular y a la presidencia del socialista Salvador Allende. “Ha hablado el pueblo de Chile y lo ha hecho de forma fuerte y clara”, reconoció en cadena nacional el presidente chileno Gabriel Boric cuando no había pasado ni una hora de los resultados del referendo constitucional,  y convocó a los presidentes de los partidos políticos y de las dos cámaras del Congreso a reunirse en el Palacio de La Moneda, para acordar los pasos siguientes al proceso constitucional después del revés sufrido al proyecto presentado  por la Asamblea Constituyente insignia de su gestión hasta ese momento.

El martes 6 de septiembre, el presidente Boric realizó el primer cambio de gabinete desde que asumió en marzo con el 55,7% de las urnas, con el propósito declarado de impulsar una nueva coordinación  en la conducción del país procurando una corrección en la asimetría entre socialismo y comunismo.  Las dos figuras salientes de mayor peso fueron la ministra de Interior, Izkia Siches, y el secretario de la Presidencia, Giorgio Jackson, quienes comparten militancia política con Boric desde su época de dirigente estudiantil e integraban el círculo más cercano del jefe de Estado. Sus reemplazantes, Carolina Tohá y Ana Lya Uriarte son dos dirigentes de amplia experiencia política, formadas en la época de la transición democrática posterior a la dictadura de Pinochet. El resto de los cambios comprenden a las carteras de Desarrollo Social, Salud, Energía y Ciencia

Los líderes de los partidos políticos tanto opositores como oficialistas mantuvieron una primera reunión el miércoles 7 de septiembre para acordar las fechas y estructura destinadas a diseñar  un nuevo itinerario Constitucional.  “Lo que está claro es que nadie dijo que no iba a haber una nueva constitución”, comentó al final del encuentro el senador opositor Manuel José Ossandón.

En tanto, cientos de estudiantes de secundario protagonizaban protestas que iniciaron  el día anterior y continuaron el día después en el centro de la ciudad capitalina de Santiago. Los manifestantes quienes entre otras consignas coreaban “¡Ante un pueblo sin memoria, estudiantes haciendo historia!”, sufrieron una dura intervención de las fuerzas antidisturbios del cuerpo de Carabineros. El presidente Boric, quien en el 2011  lideró protestas estudiantiles, ha anunciado que el gobierno querellará contra los manifestantes.

El lunes 12 de septiembre, distintas fuerzas políticas - incluida el ultraderechista  Partido Republicano (PLR)- reunidas en el Congreso llegaron a varios acuerdos, entre ellos  que la nueva Constitución sea redactada, al igual que la anterior, por un órgano paritario elegido por voto popular y que sea aprobada en un plebiscito donde el sufragio sea obligatorio. También  que el organismo encargado de la redacción de la nueva Carta Magna esté acompañado por un comité de expertos.  Quedaron temas por definir como la participación de todos los grupos, así los pueblos indígenas y los independientes. 

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados,  Raúl  Soto  declaró que “avanzando a paso firme, sin prisa, pero sin pausa, como hemos dicho, y ojalá que antes del 18 (de septiembre) tengamos buenas noticias”, y agregó que “hemos ido dejando las diferencias de lado y acercando nuestras posiciones porque queremos dar certidumbre al país de cuál es el camino que viene en este nuevo proceso”.

Antagonismos políticos y compromisos inciertos

El presidente Gabriel Boric por sus palabras y acciones ha mostrado la voluntad de conducir la negociación política por un camino de gran entendimiento nacional aunque  le signifique una tensión en el bloque oficialista: el Partido Comunista (PC) y algunos sectores del Frente Amplio (FA) fueron los artífices ideológicos de la propuesta constitucional rechazada.

En especial respecto de la perspectiva indigenista y plurinacional, la incertidumbre en materia de propiedad privada y los lineamientos en seguridad pública y unidad territorial.

La derecha chilena  presenta hacia el interior de su propio espacio una  tensión entre un sector moderado dispuesto a seguir el proceso constituyente al cual se habían comprometido en la campaña electoral, y otro más extremo que rechaza realizar reformas sociales.

 “Nosotros cumplimos nuestros compromisos y vamos a refrendar la voluntad de que el proceso constituyente continúa”, ha declarado  Javier Macaya senador y presidente del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI). Bajo el lema “rechazar para reformar”, partidarios de esta opción política se comprometieron en avanzar en enmiendas a la actual Carta Magna o apoyar un nuevo proceso constitucional, aunque no han sido explícitos en las condiciones y condicionantes que éste se realizaría.

Sin embargo, la opción de reformas se da de bruces con la posición más dura del ultraderechista  PLR del excandidato a la presidencia José Antonio Kast, quien había celebrado  que se haya “derrotado una propuesta constitucional que le hacía mucho daño a la patria y a todos los chilenos”.  La posición de Kast representa  una derecha que muy probablemente no va a estar dispuesta a ningún cambio; por el contrario, impulsarán la continuidad del status quo y en consecuencia, no participarán favorablemente en proceso constituyente alguno. 

Para realizar las reformas que promueve la derecha más moderada que por ahora son un listado de intenciones más moderada, se impulsó en el Congreso una ley que rebaja el quorum para poder modificar la Constitución. Marco Moreno, politólogo de la Universidad Central, sostiene que  los cambios que proponen los conservadores requerirían de acuerdos transversales con las bancadas de izquierda en el Congreso y “no se requeriría de los parlamentarios republicanos” de ultraderecha.

La divergencia dentro de la derecha deja en “incertidumbre” cómo se abordarán las posibles reformas y a qué acuerdos llegarán en un Congreso con fuerzas equilibradas  y una izquierda fraccionada por el resultado del referéndum del domingo 4 de septiembre.

Apenas cumplida una semana de la mesa de negociaciones entre las fuerzas políticas,  el partido de centro derecha Chile Vamos se desmarcó del acuerdo razonando en su cuenta de Twiter que “no aceptamos que pretendan imponer un curso de acción”

Mientras los partidos políticos dirimen su diferencias y se acomodan a esta segunda etapa, seguramente  el éxito en el acuerdo nacional en materia constitucional dependerá de que los ciudadanos sigan activos y movilizados.

AGB

El acuerdo por un nuevo proceso constituyente fue alcanzado en una reunión en el Congreso en Santiago: es la segunda vez que se reúnen los líderes de partidos políticos y jefes de bancadas parlamentarias, luego de la victoria del rechazo a la nueva Constitución en el plebiscito del domingo 4 de septiembre.

“Creo que ninguno de los que entró hoy día a las 9 a esta reunión pensó que íbamos a salir con cinco acuerdos tan relevantes”, indicó después del encuentro el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Raúl Soto, refiriéndose al consenso en torno a una nueva convención constituyente que será 100% democrática, paritaria, con comité de expertos y plebiscito de salida.

Soto adelantó que esperan tener mayores detalles los puntos del acuerdo antes del 18 de septiembre, en consideración de las intenciones del Gobierno por alcanzar un pacto antes de las Fiestas Patrias del próximo fin de semana.

En caso de no cerrarse el acuerdo, “seguiremos con posterioridad hasta que finalmente se cierre el 100% el acuerdo, lo suscribamos, lo firmemos, espero que aquí mismo, con cada uno de los presidentes de los partidos, y a partir de allí la gente pueda también recibir una señal del mundo político”, señaló Soto. “En momentos de fragilidad política y social como los que estamos viviendo en Chile, el Congreso está haciendo su pega (trabajo)”, remató.

El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, aclaró que ve poco probable un nuevo plebiscito de entrada que ratifique la continuidad del proceso, pero advirtió que son temas que aún hay que revisar. “Hay temas que están pendientes: el sistema electoral, la forma de participación de los independientes, los escaños reservados, cómo se va a garantizar la participación de los pueblos indígenas, el reglamento”.

Javier Macaya, presidente del partido opositor Unión Demócrata Independiente, ratificó avanzar en la redacción, pero se deben definir “contornos” para que sea exitoso. “Creemos que un comité de expertos, sin ser el órgano elegido democráticamente que tenga por objeto redactar la Constitución, tiene que tener un rol en proveerle los insumos y bordes a dicho órgano”, precisó.

Ana Lya Uriarte, nueva ministra de la Secretaría General de la Presidencia, estuvo en esta reunión y en la del pasado miércoles, y valoró los primeros acuerdos. “Estamos muy esperanzados con el resultado del diálogo del día de hoy, porque ya sabemos que hay un acuerdo respecto de volver a elegir 100% democráticamente a personas que puedan redactar una nueva Constitución para Chile”, dijo al salir de la reunión. “Eso, en verdad, se alinea completamente con aquello que como Gobierno hemos querido y hemos manifestado desde hace largo tiempo”, concluyó.

El diálogo para definir los detalles del acuerdo para la convención constituyente que buscará reemplazar la Carta Magna de 1980 continuará el jueves por la mañana, con la representación de un actor político por cada colectividad que cuente con presencia parlamentaria, ya sean jefes de bancadas o presidentes de partido.

LC con información de agencia Télam

Tal como lo habían previsto las encuestas, en las urnas Chile echó por tierra la propuesta de nueva constitución que realizó el grupo de 155 convencionales electos para ese fin. La opción “Rechazo” se impuso por 61.87% sobre el “Apruebo” en el plebiscito de este domingo. El presidente Gabriel Boric habló después de confirmarse el resultado y aseguró que mañana convocará a las fuerzas políticas para definir cómo seguirá ahora el nuevo itinerario constitucional. Calificó que el mensaje fue claro: “el pueblo no quedó satisfecho con la propuesta” y dijo que hará una autocrítica y anticipó que habrá “ajustes en su equipo de gobierno”.

Con este resultado, Chile cierra el proceso de cambio constitucional que inició en octubre de 2020, cuando 78,2 por ciento había votado a favor de cambiar la actual Constitución, instaurada en 1980, bajo la dictadura del general Augusto Pinochet. Este resultado, que fue promovido por fuerzas de centro, derecha y algunos socialistas, se ha dicho que supondrá el inicio de un nuevo proceso, aunque eso dependerá de los acuerdos que se gesten entre el Ejecutivo y el Congreso en los próximos días.

A este resultado le había precedido —el jueves— un multitudinario acto de cierre de campaña a favor de la opción Apruebo, lo que a muchos hizo reavivar la posibilidad de un vuelco en lo que venían presagiando las encuestas, que desde abril habían comenzado a mostrar que la opción Rechazo superaba al Apruebo, tendencia que se mantuvo durante todo el periodo de campaña, aunque esa brecha había empezado a estrecharse en el último tiempo, pero siempre con un promedio de 10 puntos de diferencia.

Los cómputos oficiales indicaban con el 99,86 por ciento de mesas escrutadas cerca de 80% la participación, de un padrón total de 15.173.857 electores, compuesto de un 51% de mujeres y 49% de hombres.

Un día de votación 

En total normalidad, a eso de las 9:00 de la mañana ya estaba el 100% de las mesas de votación constituidas. El clima acompañó, un sol radiante en gran parte del país ayudó a que la gente saliera desde temprano a sufragar. En varios centros de votación hubo largas colas pero que avanzaban rápido, debido a la sencillez del voto con solo dos opciones: Apruebo o Rechazo.

Desde el retorno a la democracia que Chile no tenía una elección con voto obligatorio, ya que hasta 2012 era obligatorio sufragar, pero solo para quienes previa y voluntariamente se hubiesen inscrito en los registros electorales. Y sobre todo la juventud era bastante reacia a hacerlo.

Las primeras informaciones del Servicio Electoral reportaban que sufragaron cerca de 12 millones de los 15 millones que estarían habilitados. La penalización por no votar era una multa cercana a 120 dólares.

Existían razones para excusarse de la obligación de sufragar, como encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación. Aunque, esto requería dejar constancia en la policía, lo que hicieron cerca de 55 mil personas. 

Este trámite, trajo más de alguna sorpresa. Por ejemplo, en la región de La Araucanía (vecina de la provincia de Neuquén) hubo tres personas que acudieron a comisarías para excusarse de votar sin percatarse que tenían asuntos pendientes con la justicia. Un sujeto de 24 años fue detenido por una causa abierta por un homicidio ocurrido en Rengo, localidad ubicada —efectivamente— a 480 kilómetros de donde se encontraba.

Igual suerte corrieron otras dos personas: una mujer con una orden pendiente por conducir en estado de ebriedad y otra por robo en lugar habitado. Ambas quedaron detenidas.

El proceso constitucional de Chile

El proceso constitucional de Chile se inició formalmente en noviembre de 2019 con un acuerdo político transversal, en medio del complejo panorama que significó el estallido social de 2019, bajo el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera —centro derecha—, cuando se registraron protestas de una magnitud inusitada, con múltiples demandas ciudadanas. 

Ante esta situación, las fuerzas parlamentarias del Congreso decidieron consultar a la ciudadanía la pertinencia de redactar una nueva carta magna, en el llamado Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. 

En el Plebiscito de entrada, la ciudadanía decidió —por un 78,2%— que se redactase una nueva Constitución y que fuera un órgano electo especialmente para dicha función quien lo hiciera (79%), sin parlamentarios. Al año siguiente, la elección de convencionales tuvo un resultado atípico para el sistema político chileno, resultando electos 155 constituyentes, con una composición paritaria, mayoría de independientes y una baja representación de la derecha, además de 17 escaños reservados para pueblos originarios.  

Lo que viene en Chile

Las cifras de hoy fueron categóricas, al igual como las que dijeron en octubre de 2020 que se quería cambiar la Constitución de 1980. Por ello, si bien analistas y constitucionalistas coinciden en que el triunfo del Rechazo deja en foja cero este proceso, se espera que pronto y acuerdos políticos mediante, debería abrirse un nuevo proceso de ajuste constitucional. Así también lo aseguró el presidente Boric cuando habló después de conocerse el resultado. El mandatario habló de una necesidad de autocrítica, habló de ajustes en el equipo de gobierno y que “el camino a una nueva constitución jamás será obstáculos para las exigencias” que el pueblo chileno les demanda.

Pero por ahora no existe un camino legal que indique cómo seguir, por lo que si se inicia o no un nuevo proceso constituyente depende de los acuerdos que logren los grupos políticos. En las últimas semanas ha habido conversaciones cruzadas en los distintos sectores —de izquierda a derecha y también con el Ejecutivo— pero nada concluyente, pues lo que viniera dependería en gran parte de las correlaciones de fuerza que quedarán establecidas tras el resultado del plebiscito. Y este fue contundente, pues al cierre de esta edición, la opción Rechazo superaba por cerca de 24 punto al Apruebo.

Hoy, después de votar, el Presidente Boric señaló que su voluntad era convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores de la sociedad civil y de los partidos políticos para seguir adelante con el proceso de cambio constitucional. Quedará por verse si contará con la fuerza para conducirlo.

SP

En una Latinoamérica donde los derechos humanos están en riesgo por el peligroso avance de los discursos negacionistas y abolicionistas, el proceso de reforma constitucional en Chile emergió a lo largo de los últimos dos años como un contrafuego capaz de ofrecer una alternativa superadora para aquel país y toda la región. No obstante, a días del referéndum que consolidaría la legitimidad de la nueva Carta Magna, aquel fuego inicial parece a punto de extinguirse y con él, la esperanza de un proceso abierto y participativo crucial para las minorías, las mujeres, la justicia climática, los pueblos originarios y todas aquellas personas que sueñan con un mundo menos desigual.

Si bien desde Amnistía Internacional no tomamos posición en elecciones de personas para cargos específicos y siempre nos mantuvimos independientes de los partidos políticos, nuestra misión nos moviliza también a no desentendernos de cualquier proceso ciudadano que signifique una ampliación de derechos o, en su defecto, el riesgo de un grave retroceso. No podemos ser neutrales. No lo fuimos ante el referéndum sobre el matrimonio igualitario en Australia, en 2017, ni frente a la consulta por el aborto en Irlanda, en mayo de 2018. Tampoco lo podemos ser ahora en la conclusión de un mecanismo abierto y participativo que supo incorporar en los debates y decisiones de manera igualitaria a mujeres y grupos tradicionalmente discriminados y que se propone posicionar los derechos humanos como centro de un nuevo paradigma respecto al desarrollo económico, social, cultural y ambiental.

En total, fueron 359 días de trabajo durante los cuales 154 convencionales elegidos y elegidas especialmente para cumplir con esta tarea debatieron en comisiones y votaron en el pleno cada uno de los 388 artículos que forman parte de la propuesta de Constitución. Incluso, se aseguró la participación de una representación de las naciones aborígenes en 17 escaños reservados para ellas. La fisonomía final del texto define un nuevo Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Consolida una república solidaria a través de una democracia a la que cataloga como inclusiva y paritaria, basada en valores intrínsecos como la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza.

Estos principios fundamentales se extienden a la totalidad del territorio y de los poderes que conforman el sistema republicano de Chile, estableciendo no solo una concepción vanguardista del vínculo entre Estado y comunidad sino también de las nuevas dinámicas sobre las cuales debe construirse la sociedad de las próximas generaciones. Pocos textos constitucionales reconocen con tanta fuerza los derechos humanos como lo hace la propuesta que la Convención Constitucional entregó a Chile.

Por eso, la nueva Constitución permitiría avanzar en el camino de mejorar las condiciones de vida de las grandes mayorías, así como reconocer la igualdad de oportunidades para las minorías de Chile en tanto se amplían y consolidan un vasto número de derechos frente a la opción vigente, una Carta Magna forjada en los hornos de la dictadura pinochetista bajo la forma de un decreto ley N°3.464, que fue enmendada –aunque nunca en su núcleo duro– por las sucesivas administraciones democráticas. Así y todo, todas las reformas no lograron subsanar abusos y precariedades que moldean a una de las sociedades más desiguales de la región.

De ahí que participar de este proceso de votación significa de por sí la posibilidad de celebrar la democracia y soñar con un Chile más justo, sin obstáculos que permitan avanzar en el ejercicio pleno de derechos, en especial, para las personas tradicionalmente discriminadas. Votar es fijar una posición frente a la injusticia. No podemos permanecer indiferentes cuando hay tanto en juego para las actuales y futuras generaciones.

Más y mejores derechos

El nuevo texto constitucional aborda una serie de derechos fundamentales de índole económica, social, cultural y ambiental relacionados con el acceso adecuado a la salud, a la vivienda, a la educación, a pensiones dignas, al trabajo, al agua, entre otros. Son factores que repercuten directamente en la vida cotidiana de las personas y abren el camino a mayores niveles de igualdad y justicia frente a la ausencia de muchos de estos derechos en la actualidad, sujetos a un Estado pasivo. La consecuencia es la cimentación de un país de privilegios para pocas personas.

La convención estableció que “la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad” y que, por ende, “es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo.”

En este sentido, el reconocimiento de los Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán y Selk'nam como “pueblos y naciones indígenas preexistentes” que conforman el pueblo de Chile actúa como un reconocimiento largamente demorado pero al fin concretado. No es casual que sea la región de la Araucanía, donde radica la mayor parte de la población mapuche chilena, la porción de territorio que exhibe los mayores índices de pobreza. La discriminación y exclusión consecuente son las huellas de un Estado ausente.

La nueva Carta Magna habla, en cambio, de un Estado plurilingüe, que reconoce al castellano su rango de idioma oficial pero también contempla formalmente los idiomas indígenas “en sus territorios y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena”. Lo mismo sucede con los emblemas nacionales que no cancelan los símbolos de las naciones indígenas. Y queda en manos del Estado promover su conocimiento, revitalización, valoración y respeto.

Asimismo, se incorpora el derecho a la vivienda, lo que comprende una responsabilidad del Estado en la distribución del suelo acorde a las necesidades de las personas, sin que entre en contradicción con el derecho a la propiedad, como afirman quienes resisten estos cambios. Abarca también el derecho a la salud física y mental como derecho humano fundamental que no debe estar sujeto a sesgo alguno por nivel de ingresos sino ser garantizado de manera universal.

Del mismo modo, el derecho a la seguridad social se piensa basado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad frente a un sistema de ahorro individual que reafirma las desigualdades imperantes entre las personas que más tienen y las que menos pueden. Una lógica egoísta que ha marcado el devenir de la pirámide social en Chile pero también en otras partes del mundo donde el Estado cumple un mero rol subsidiario. El sistema de seguridad social en el que se piensa es uno público, financiado a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la Nación.

Una agenda novedosa

Otro punto novedoso en el proceso constituyente es el lugar reservado a la justicia climática como un eje rector del funcionamiento del Estado y su comunidad. La nueva Constitución presenta una mirada inédita en lo que refiere al reconocimiento de una crisis ambiental que debe ser subsanada a través de medidas preventivas y donde el Estado asume un rol imprescindible para asegurar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Se trata de una condición irrenunciable para honrar el derecho a la salud y otros vinculados al bienestar físico y mental como el derecho a la educación y al trabajo y a un desarrollo pleno de todas las personas.

Por último, la nueva Constitución “promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía”. Y compele a los diversos órganos colegiados del Estado a integrarse de forma paritaria en su composición, así como adoptar “medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley”. Hasta la Justicia debe incorporar la perspectiva de género en sus fallos y su labor cotidiana.

Sin dudas, lo que ocurra el fin de semana no puede escindirse de la historia reciente de Chile y de cómo una masiva explosión de descontento popular inundó las calles en 2019, desafió la represión estatal y desató un tsunami que llevó al poder, dos años después, a una coalición alternativa a las fuerzas tradicionales. Pero las raíces de este proceso se hunden en capas mucho más profundas de la memoria trasandina y en las deudas latentes desde entonces. Gran parte de esas vulneraciones y desigualdades nutrieron la base de las sucesivas manifestaciones que explotaron, con menor fuego que en 2019, en diversos momentos de la historia.

Y nada de todo eso vale interpretarlo tampoco lejos de su contexto, una América latina que ha luchado —y lo sigue haciendo— en pos de agrandar la senda de los derechos humanos para todas las personas que la habitan, contra las resistencias de los sectores conservadores en sus múltiples formas. Por todo ello, de lo que se trata es, una y otra vez, de la misma pelea por cambiar un paradigma respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que determinan nuestras condiciones de vida para volverlas dignas e inclusivas. El proceso constituyente en Chile definitivamente, no es la meta de llegada sino el primer escalón hacia una sociedad mejor.

Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina

Faltan solo 43 días para el 4 de septiembre. Ese domingo más de 15 millones de ciudadanos deberán votar si aprueban o rechazan la nueva constitución que 154 convencionales redactaron durante un polémico y azaroso año que culminó el 4 de julio pasado. Todo es inédito: el texto fue escrito por convencionales electos por sufragio universal, en forma paritaria y con escaños reservados para pueblos originarios. Se quiso poner punto final a la Constitución impuesta en dictadura en 1980.

Imposible no volver la mirada a ese otro 4 de septiembre de 1970, cuando Chile también definió un giro radical. Han transcurrido 49 años y las huellas del día en que Salvador Allende obtuvo la primera mayoría en la elección presidencial siguen latentes. Años de acerada Guerra Fría. Para el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger, después de la revolución cubana, un mandatario electo democráticamente con apoyo de socialistas y comunistas no es permitido en América Latina, su patio trasero. Menos si promete nacionalizar el cobre, expropiando a Kennecott Corporation, Anaconda y Cerro Corporation. Otros países podrían imitar ese ejemplo. 

Lo más peligroso para Nixon y Kissinger era la unidad de esa misma izquierda chilena que se fraguaba con éxito en Francia e Italia; mientras en España buscaba con coraje y tesón sacarse de encima la dictadura de Franco. La vía pacífica enarbolada por Allende se miraba con interés. Eran días de profundo debate intelectual.

Difícil explicar por qué después de 32 años de recuperada la democracia (1990), no hemos sido capaces de darle una vuelta de tuerca a un sistema que, con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación, enquistó la inequidad

Vuelvo al Chile de hoy. El debate profundo ha sido reemplazado por la descalificación ruda e irracional. Sin embargo, en ese año 1970 la máquina de guerra ya estaba en marcha. Los archivos desclasificados de Estados Unidos hablarían años más tarde. Ignorábamos que el asesinato del entonces comandante en jefe del ejército, general René Schneider, en octubre de 1970, para impedir que el Congreso proclamara presidente a Allende, y que fue financiado por la CIA, fue la antesala de miles de encarcelados, torturados, muertos y desaparecidos que a partir del 11 de septiembre de 1973 partirían mi país en dos. Fractura que se profundizó durante los 17 años de dictadura y que aún supura.

Difícil explicar por qué después de 32 años de recuperada la democracia (1990), no hemos sido capaces de darle una vuelta de tuerca a un sistema que, con mínima regulación en áreas de la economía, salud y educación, enquistó la inequidad. Hasta que la olla a presión estalló el 18 de octubre de 2019. La multitud se tomó las calles de muchas ciudades en protesta por la desigualdad que mastican, huelen e indigna a los millones que viven hacinados en poblaciones periféricas. 

Esa inequidad mata igual que la corrupción que se fue instalando y cooptando el sistema político, con leyes que no le han quitado ni una muesca al poder que desde hace décadas ostentan los grandes grupos económicos locales y multinacionales.

Basta leer un estudio de la Cepal de febrero: Chile es el país de América Latina en el que los ultrarricos concentran el mayor nivel de patrimonio. La riqueza que acumulan esos nueve chilenos equivale al 16,1% del Producto Interno Bruto (PIB) de Chile. Otro signo de desigualdad: Informe World Inequality Report de 2022 indica el 1% más rico de Chile concentra el 49,6% de la riqueza total del país (en Brasil concentra el 48,9%, en México el 46,9%).  

En el segundo puesto de ese listado está Julio Ponce Lerou, quien tomó el control de SQM (Soquimich), una de las mayores productoras mundiales de litio, yodo y fertilizantes, una vez privatizada por Pinochet, su suegro. Maneja la empresa a través de un esquema de “cascadas”, obteniendo una utilidad fraudulenta de US$128 millones (juicio en curso). En 2021, SQM obtuvo ganancias por US$585,5 millones, 255,9% más respecto de 2020.

Hoy se informa de que el juicio por financiamiento ilegal de la política que ejecutó SQM, al distribuir dinero ilegal a políticos de todo el espectro a cambio de una ley de royalty y otros beneficios llega a su fin. Por más de cuatro años el equipo de periodistas de CIPER desmenuzó y rastreó sus redes de complicidad, protección y corrupción. Ese juicio tuvo a más de 100 imputados, ninguno cumplió prisión preventiva. La red de protección funcionó.

Ese juicio explica en parte qué nos pasó. Por qué no pudimos terminar con el lucro en las universidades, por qué fue imposible parar el abuso de las Administradoras de Fondos Previsionales (AFP), en desmedro de las pensiones miserables de los trabajadores. Un dato: en 2021, cinco de las siete AFP repartieron dividendos por US$231 millones. ¿Por qué aceptamos por décadas un sistema de ahorro obligatorio como si fuera de seguridad social?

Miro mis archivos y leo que en la última elección presidencial de Estados Unidos (2020), la más cara de la historia de ese país según el Center for Responsive Politics, se gastaron aproximadamente US$5,2 mil millones. Monto que explica la cuantía de los intereses en juego y la creciente violencia en las campañas.

Y los intereses en juego en este plebiscito de septiembre son enormes. Como los de la propiedad del agua y la gran minería y que alertó el expresidente del gremio minero (Sonami), Diego Hernández: “desacreditan la minería por temas ambientales, pero lo que quieren es apropiarse de la renta minera”. La gran minería tiene la garantía de que sus concesiones no serán expropiadas, pero la nueva amenaza es la obligación de respetar el medio ambiente: les impedirá afectar glaciares y territorios protegidos. 

La parte más polémica del texto propuesto es la declaración de “Estado Plurinacional e Intercultural”, reconociendo autonomía y cultura de 11 pueblos y naciones, entre ellas la del pueblo Mapuche. No le pone fin al carácter “único e indivisible” del Estado de Chile, pero hay un reconocimiento al despojo de sus tierras y la restitución reparatoria, uno de los conflictos más importantes se apruebe o rechace la nueva Constitución. 

La restitución de tierras involucra una zona donde están instaladas las principales empresas forestales -representan el 2,1% del PIB y el 8% de las exportaciones-. Un dato: las utilidades de empresas Copec (familia Angelini, entre los nueve más ricos de Chile), se dispararon en 2021, impulsadas por su sector forestal, US$1.781 millones, alza de 834% respecto de 2020. Son estas empresas las que quieren expulsar del territorio las comunidades mapuche más radicales: Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Lavkenche y Weichan Auka Mapu. 

La violencia en la zona del Walmapu se salió de control. El crimen organizado ya se instaló en las principales zonas de conflicto del país, llámense mapuche, inmigración o estallido social, y es la nueva lepra. En Walmapu operan mafias que se dedican al lucrativo negocio del robo de madera. La cosecha ilegal de 2020 fue avaluada en US$68 millones y participan chilenos, mapuches y forestales. A ese negocio ilícito se suman el tráfico de drogas, de armas y trata de inmigrantes. 

Aupados por la violencia de las mafias y encubiertos a veces en la “causa mapuche”, delincuentes buscan ocupar por la fuerza tierras reclamadas por años por comunidades mapuche. La corrupción de las autoridades y la falta de respuesta por siglos a sus demandas en la región más pobre del país, hoy nos pasa la cuenta. Los jóvenes mapuche han iniciado el regreso a su tierra ancestral y quieren escribir otra historia. 

La violencia del crimen organizado causa alarma pública. El subsecretario del Interior Manuel Monsalves afirmó: “el país ha sufrido una mutación criminal, el tipo de delitos vinculado al tráfico de drogas ha hecho que el mercado chileno sea muy atractivo para organizaciones criminales más grandes, poderosas, peligrosas y que tienen el control de más territorios en el país”. Y detalló: “Tren de Aragua, cartel chino ‘Bang de Fujian’, indicios de presencia del Cartel de Sinaloa, Cartel de Jalisco, Nueva Generación y Cartel del Golfo”.  

A esa violencia se suma otra: la desinformación y las noticias falsa para un texto difícil de leer y mucho más de entender. Muchos buscan dejar atrás errores y desaciertos de los convencionales que por momentos se tomaron el proceso. ¡Un espectáculo lamentable! Otros buscan que el poder regrese al Senado, a los “expertos”, a los que un 79% de ciudadanos rechazó cuando votó por una Constitución sin participación del Congreso. 

La campaña del plebiscito cobra voltaje y la miseria sigue mostrando la fractura. La pobreza, aumentó por primera vez en 20 años, amenaza con seguir creciendo (10,8% y 4,3% en extrema pobreza). Los expertos dicen que próximo año la crisis económica golpeará fuerte. A Chile, a América Latina y al mundo. 

A poco más de cuatro meses de asumir el presidente Gabriel Boric, la promesa de construir un nuevo pacto social sigue en deuda. El estallido social no ha terminado. Nada ha vuelto a ser igual. La vida se ha vuelto más dura, con pandemia, restricciones y la crisis. Y la indignación sigue allí. Latiendo. 

Vuelvo a la noche de ese 4 de septiembre de 1970. Había algarabía en los miles de rostros y la esperanza de que se daban los primeros pasos en un camino por construir. Ignorábamos que los tanques y la brutalidad masificada cortarían de raíz los sueños. Miro, hurgo. Intento atrapar la esperanza. La cara entumecida de una niña en un recodo de La Pintana, población en la periferia, me da la clave. Son 700 mil como ella que hoy viven en la pobreza y necesitan un giro. Son miles los jóvenes de ayer que hoy demandan pensiones dignas, sistema de salud universal. Son miles las mujeres que exigen que les devuelvan el derecho a huelga, ser dueñas de su cuerpo y del derecho al placer. Rechazo o Apruebo, Chile tendrá una nueva Constitución. La primavera viene.

MG

Gabriel Boric dijo este lunes que “los chilenos y chilenas optamos por más democracia y no por menos” al iniciar el proceso constituyente y que la presentación de la propuesta final de Carta Magna “quedará en los anales de la patria. En el último acto antes de disolverse, la Constitución Constitucional que había iniciado sus funciones 365 días atrás en Santiago, entregó al presidente de Chile el texto final de la propuesta que a esta asamblea constituyente le había llevado un año redactar y concluir.

“Hoy es un día que quedará en los anales de la patria (...) Hoy empezamos una nueva etapa, se trata de leer, estudiar y debatir la propuesta constitucional que hoy se entrega al país”, indicó Boric tras recibir un ejemplar especialmente impreso para el primer magistrado. El texto, que declara a Chile un Estado social de derecho, será sometido a plebiscito en septiembre.

Dos meses tiene el electorado chileno para decidir en un referéndum si están satisfechos con la propuesta. Es la primera Constitución en la historia del país que emana de un proceso plenamente democrático. De ganar el partido del 'Apruebo', la nueva Ley Fundamental sustituirá a la actual y vigente, plebiscitada por el capitán general Augusto Pinochet en 1981.

Clímax de la entrega, anticlímax de la disolución

Hace un año que se instaló la Convención Constitucional, conformada por 155 constituyentes, en paridad de género. La elección de constitucionales había favorecido mayoritariamente a partidos, movimientos e independientes de izquierda. También en los escaños reservados a las naciones indígenas.

La revisión final del texto concluyó el pasado martes. El Proyecto impreso y ya liberado consta de 388 artículos orientados a engrosar los derechos sociales y a responder a las demandas de igualdad que emanaron de las masivas protestas sociales de 2019. Declara por primera vez a Chile un Estado social y democrático de derecho.

El texto último al que se llegó recibió el respaldo de dos tercios de la Convención. El Proyecto busca alejarse tanto de las constituciones latinoamericanas liberales del siglo XX como de las 'bolivarianas' de principios del siglo XXI, porque ambas concentraban mucho poder en el Ejecutivo. La nueva Constitución chilena aspira a fortalecer el Congreso y dar voz a las regiones.

Polarización

El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de un Estado de Bienestar constitucional, el reconocer autonomía paralela a los pueblos indígenas figuran entre las normas más disruptivas del Proyecto. Porque atraen apoyos y repulsas virulentas de los extremos de izquierda y derecha.

“Chile ha tenido delante una oportunidad tremenda, pero la ha malgastado. Hoy en día estamos ante un texto sesgado que no representa la mayoría”, opina el constituyente Hernán Larraín, uno de los rostros de la centro-derecha, que estuvo en minoría en la Convención.

Según los sondeos, Chile se ve más polarizado que nunca, muy dividido de cara al 'Plebiscito de salida' del 4 de septiembre. Durante meses, las encuestas dieron por vencedora la opción del Apruebo. Desde hace pocas semanas, sin embargo, se constata un giro consistente, sin desvío, que da una ventaja decisiva al Rechazo.

AGB con información de medios y fuentes

El expresidente Sebastián Piñera anunció el lunes que no asistirá a la ceremonia de clausura de la Convención Constitucional que esta concluyendo la redacción de una nueva Constitución en Chile. Su nombre queda unido así a otros exmandatrios que ya declinaron participar, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006).

“Creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a las y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Al igual que los otros expresidentes, he decidido no asistir”, indicó Piñera, quien gobernó el país en los periodos no consecutivos 2010-2014 y 2018-2022.

La convención entregará la propuesta de Ley Fundamental tras un año de redacción en una ceremonia el 4 de julio en Santiago. En principio, no se había enviado invitaciones a quienes habían desempeñado la presidencia, y seguían en vida, desde el retorno a la democracia en 1990 con el primer triunfo de los partidos de la Concertación de centro-izquierda.

La Convención Constitucional no había invitado ex gobernantes de Chile a la ceremonia de clausura de sus sesiones. Inundada por un aluvión de críticas, la Mesa Directiva reconsideró y extendió aquellas invitaciones cuya ausencia se le había reprochado.

Inundada por el aluvión de críticas que desembocó desde distintos sectores sobre su Mesa Directiva, la Convención Constitucional reconsideró y extendió aquellas invitaciones cuya ausencia se les había señalado como descollante.

El socialista Lagos fue el primero en declinar la incitación, al que siguió el democristiano Frei Ruiz-Tagle.

La única que aún no se ha manifestado es la socialista y actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018). Todo indica, sin embargo, que no podrá asistir por problemas de agenda.

En su carta enviada a la Mesa Directiva de la Convención, Piñera escribió que las constituciones “deben ser el gran marco de unidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legítimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos”. “La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la casa de todos”, son las palabras del antecesor derechista del presidente izquierdista Gabriel Boric en el Palacio de la Moneda.

Chile inició el proceso constituyente como la vía política, propuesta por el mismo Piñera, para desarticular lo más explosivo del 'estallido social' encendido en octubre de 2019 y de la conflagración de las masivas protestas contra la desigualdad que dejaron al menos tres decenas de muertes y miles de personas heridas.

La Convención que redacta el nuevo texto constitucional, integrada por 154 constituyentes en su mayoría independientes progresistas, entregará el 4 de julio el texto de la propuesta final. Incluye y enfatiza su carácter social, y enumera derechos a la como salud pública y universal, a la educación gratuita y de calidad, a un sistema de jubilaciones público, al acceso a la vivienda y al agua y los bienes naturales.

El proyecto del texto para la nueva Ley Fundamental chilena será sometida a un referéndum el 4 de septiembre . En caso de aprobarse, sustituiría a la Constitución todavía en vigencia, que la actual Convención Constitucional todavía en sesiones considera, por el corte económicamente neoliberal y políticamente neoconservador del texto pinochetista, como el origen de las grandes desigualdades del país.

AGB con agencias y fuentes

La Convención Constituyente (CC) de Chile publicó este domingo el primer borrador de la nueva carta magna, de 499 artículos y 160 páginas, que será plebiscitado el próximo 4 de septiembre, después de que concluyera en la noche del sábado la redacción del texto.

Luego de 103 sesiones en el pleno, la CC dio por terminadas las votaciones de artículos que ahora son parte del borrador de un nueva Carta Fundamental. “Marcamos un hito muy importante, estamos contentos de anunciar formalmente el cierre del debate constitucional después de 103 sesiones de pleno”, expresó la presidenta de la convención, María Elisa Quintero.

“Con este pleno, no solo se cierra el debate constitucional, sino que se cumple otro hito en este proceso, cumpliendo con todos los plazos establecidos”, agregó.

¿Qué dice el borrador de la nueva Constitución de Chile?

El escrito aprobado postula que “el Estado reconoce y promueve una sociedad en la que mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexogenéricas participen en condiciones de igualdad sustantiva”, informó el diario local El Mercurio.

También apunta a que todos los órganos estatales, “empresas públicas y semipúblicas deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres”.

Además, el artículo 10 impulsa la prohibición a la “devolución por la fuerza a las fronteras” de personas que hayan solicitado asilo o sean refugiados extranjeros, una iniciativa propuesta por la bancada opositora Vamos por Chile.

También cuenta con un artículo, el 101, con el objeto de poner fin al Estado subsidiario vigente y reemplazarlo por un “Estado Social y Democrático de Derecho”, y otro, el 253, tendiente a asegurar “las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.

Postula además un “pluralismo jurídico”, para permitir la creación de tribunales para los pueblos indígenas que coexistirían coordinados en un Sistema Nacional de Justicia; autonomía de las regiones y la creación de un Consejo de la Justicia que velará por el funcionamiento de los tribunales.

Este documento pasará el martes próximo a la Comisión de Armonización, formada por 40 constituyentes, que revisará la redacción y realizará sugerencias para que quede concordante y coherente.

Trabajará en paralelo con las Comisión de Preámbulo, encargada de elaborar el texto que abre la carta magna, y Comisión de Normas Transitorias, a cargo de los artículos transitorios necesarios para la transición entre una y otra Constitución.

Esta instancia tendrá menos de un mes para presentar sus observaciones al pleno, que deberá llevar a cabo las votaciones finales para presentar el texto definitivo para ser votado en el Plebiscito de salida el 4 de septiembre. Si es rechazado, seguirá vigente la impuesta por el dictador Augusto Pinochet.

Según el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, “el escenario está abierto”. “Mientras no se cuente el último voto, tratar de adivinar cuál va a ser el resultado es jugársela muy rápido por una proyección. Pero ojalá se decida desde la información y no desde la desinformación, y esa es nuestra tarea como Gobierno”, agregó, informó el diario chileno.

Asambleístas también se expresaron tras el cierre del debate. Valentina Miranda, del Partido Comunista, manifestó que “se cierra una etapa de este proceso democrático y hermoso”, y exclamó: “Tenemos el borrador. Estoy feliz a pesar de todo, meses de intenso trabajo dan sus frutos”.

Constanza Schonhaut, del bloque Convergencia Social, declaró: “Con mucha emoción, ya tenemos el borrador de nueva Constitución. Una herramienta para responder a los anhelos de cambios y para mejorar la vida de las personas en Chile”.

Giovanna Roa, de Revolución Democrática, en tanto, celebró el cierre del debate constitucional “luego de 10 meses de arduo trabajo y construido de forma democrática. Se despacha a armonización”.

Sin embargo, también hubo reacciones no favorables. Este fue el caso de Harry Jürgensen, de Renovación Nacional (RN), quien dijo que “la propuesta es una Constitución estatista, separatista y generadora de pobreza” y agregó: “Nos obligaron a votar en contra de la mayoría de las normas”.

Por su parte, Arturo Zúñiga, de la Unión Democrática Independiente (UDI), expresó que “el 4 de septiembre, mes de la patria, es la oportunidad de mantener abierto el debate constituyente, no aprobando el 'trabajo' de quienes votaron desde la ducha, se quieren adueñar de los ahorros para la vejez y mintieron con el cáncer”.

El proceso constitucional chileno surgió de un acuerdo político transversal en noviembre de 2019 después de un estallido social y masivas protestas contra las desigualdades. Casi un año después el 78% de los chilenos votó por cambiar la Constitución.

MB con información de agencia de noticias Télam

El pleno de la Convención Constitucional que está componiendo una nueva Constitución fundacional para Chile aprobó en general, primero el miércoles, y después el martes, los borradores del texto redactado para las que serán algunas de sus normas más importantes, y que ya son algunas de las más polémicas. En cuanto a la organización del Estado, propuso, para el Poder Legislativo, un Congreso con relación asimétrica entre dos cámaras. Sin llegar a proponer un Congreso unicameral (como es el peruano de hoy,) en vez de una Cámara Alta correlativa de la Baja prefiere, en la norma votada el jueves una Cámara de las Regiones como representación del territorio, con competencias específicas y restrictivas, en absoluto equiparables al Senado. La noche de este martes votó en general la disposición sobre seguridad social, que indica que el Estado deberá definir las políticas al respecto y que “se financiará con aportes de trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias, y por rentas generales de la nación”. Esto significará el fin del sistema chileno de Administradoras de Fondos de Pensión (AFP) privadas y la creación de un sistema público de jubilaciones y pensiones. Volvieron a la Comisión de Derechos Fundamentales, rechazados, los incisos que establecían la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones y jubilaciones ya existentes, ahorrados por aportantes, y gestionados por las siete AFP que actúan en Chile.

Convocada gracias a un plebiscito que en octubre de 2020 reclamó su existencia con la abrumadora mayoría de casi el 80% de los votos, en funciones y trabajando sus 154 convencionales constituyentes desde julio de 2021, con paridad de género, y escaños reservados para los pueblos originarios, la Convención Constitucional presentará un nuevo texto constitucional, que será votado el 4 de septiembre, por SÍ o por NO, por el apruebo o el rechazo, en un 'plebiscito de salida'.

El acuerdo alcanzado algunos de los temas más espinosos del proceso constituyente, que nació como vía política para desarticular la ola de masivas protestas que comenzó en 2019, una crisis que dejó muertes, lesiones graves, removió los cimientos de Chile, hasta entonces uno de los países más estables de América Latina.

Estos consensos se produjeron después de que las encuestas mostraran que el apoyo a la nueva Constitución vacilaba y que una mayoría del electorado, en un giro radical después de octubre de 2020, respondiera ahora a los sondeos que las luchas internas y las propuestas extremas les estaban haciendo perder la fe en el proceso, y que no votaría por el Apruebo.

La fórmula de la Cámara de las Regiones se adoptó como una vía intermedia para destrabar las enquistadas discusiones entre constituyentes bicameralistas, que optaban por mantener el sistema actual, y unicameralistas, que buscaban mantener solo a la actual Cámara de Diputados y Diputadas. La eliminación o reforma de  Cámara Alta fue una delas batallas centrales de la izquierda en la Asamblea por considerar que el Senado detiene o estanca las leyes progresistas. Según quedó en el texto, “la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución”.

Sin embargo no hubo consenso sobre la composición ni sobre el alcance de las leyes de acuerdo regional o del resto de atribuciones del órgano, que en un inicio iban a ser menores a las del actual Senado, pero que ahora deben volver a debatirse en la Comisión de Sistemas Políticos de la Convención. Tampoco prosperó la idea de modificar la actual Cámara Baja para convertirla en un “Congreso de los Diputados, deliberativo y plurinacional”  que ejercería la potestad legislativa y la labor de fiscalizar al presidente de la República. Sí hubo acuerdo, en cambio, para evitar las reelecciones indefinidas en el Parlamento, un escenario distinto al argentino. Quedó en el borrador que los diputados y los representantes regionales podrán reelegir solamente por un período.

Las AFP habían sido creadas y consagradas en la Constitución de 1980 todavía vigente. La Comisión de Derechos Fundamentales aprobó el artículo 13 sobre Seguridad Social con 6 incisos. Pero sólo los tres primeros fueron aprobadps por el pleno y serán parte de la propuesta de nueva Constitución, mientras que los restantes volverán a Comisión.

El pleno de la Convención rechazó también un inciso o artículo presentado por la convencional de Chile Vamos, de derecha, Rocío Cantuarias, que se refería a la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones. “El Estado no puede en caso alguno expropiar, confiscar o nacionalizar los ahorros de los trabajadores”, fue la norma rechazada por el pleno, aunque algunos de los votos que obtuvo fueron de convencionales de izquierda 

Los nuevos articulados pasarán al borrador de la nueva Carta Magna que en  caso de aprobarse en el plebiscito de participación obligatoria , el próximo 4 de septiembre, sustituiría a la actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.

AGB con información de agencias, diarios y fuentes

Reunida en la capital chilena, la Convención Constitucional activó el martes el mecanismo normativo que le permitía, en el caso de así decidirlo, ampliar por tres meses más el plazo de redacción de la nueva Carta Magna. Una decisión que se daba por hecha, pero que se hizo oficial tras esta sesión.

Con esta medida, aprobada por aplastante mayoría -114 votos a favor, 8 en contra y 25 abstenciones-, el trabajo constitucional se extenderá de nueve meses a un año, con el próximo 5 de julio como fecha de finalización en lugar del 5 de abril.

“Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para llegar al 5 de julio con una propuesta de texto constitucional en forma y fondo (...) Y lo vamos a lograr”, afirmó la presidenta del órgano, María Elisa Quinteros, que presentó la petición al pleno junto al vicepresidente, Gaspar Domínguez.

Según el reglamento, la Convención Constitucional actualmente en actividad en Chile tiene nueve meses para redactar una propuesta de Ley Fundamental, con derecho a una sola prórroga de tres meses.

La aprobación de la prórroga no causó mayores sorpresas. Anteriores integrantes de la Mesa Directiva ya habían adelantado que esta posibilidad de darse más tiempo era imperativa para poder cumplir el calendario de trabajo que se estableció en 2021 y ya una mayoría de voces de convencionales se referían, como un hecho consumado, a que julio fuera la fecha final.

Según el reglamento, la Convención tiene nueve meses para redactar una propuesta de Ley Fundamental, con derecho a una sola prórroga de tres meses.

Chile comenzó en 2021 a redactar una nueva Constitución. Este proceso que nació como vía política para desarticular la ola de masivas protestas contra la desigualdad que comenzaron con el 'estallido social' de octubre de 2019.

La Convención Constitucional, de tendencia progresista de izquierda mayoritaria -como el gobierno del presidente Gabriel Boric que asumió el viernes 11 de marzo en el Ejecutivo chileno- con un gran número de convencionales independientes, con paridad de género y bancas preasignadas a representantes de los pueblos originarios, tiene la tarea de redactar la primera Carta Magna que emana de un proceso plenamente democrático en la historia del país.

En caso de aprobarse en un plebiscito de salida, previsiblemente este año, el nuevo texto sustituiría a la Constitución actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), de corte neoliberal en economía, que consagró la subsidiaridad del Estado como principio básico. y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal.

AGB con información de medios y agencias

En un día y medio de presidente electo, hay un primer logro mayor de Gabriel Boric tan paradójico que cuesta calibrarlo. Es la percepción pareja, sin por ello resultar parejamente expresada entre quienes anticipaban o temían lo contrario, de que el nuevo Ejecutivo, vencedor en la elección, asegurará gobernabilidad. La ventaja de 55% sobre 46% en su triunfo, y la inesperadamente alta participación obraron variadamente en pro de esta certidumbre, en curso, antes que inmediata. Correlativa a la constatación de que el nuevo presidente no se parece en nada, ni da signos de que esto pueda ocurrir,  a la caricatura que se había construido de él desde la campaña para las internas que en julio lo consagraron sorpresiva pero decisivamente, candidato de su coalición Apruebo Dignidad. Simultánea con una certidumbre, contrafáctica, pero anterior. La de que su derrotado contendiente, José Antonio Kast, de ser electo, sí se habría parecido a la caricatura que le tocaba, porque ya había exhibido, a pesar de notorios esfuerzos de sofrenarse, los rasgos y exabruptos del coronel o comisario o 'momio' de opereta.

Las fuerzas políticas centristas que prestaron su apoyo clave a los dos candidatos en la segunda vuelta se resignaban a que si ganaban un Boric 2 o un Kast 2, los candidatos ‘reinventados’ para el balotaje, sobrios, sin la ebriedad revolucionaria allendista o reaccionaria pinochetista, volverían como un resorte reprimido a ser quienes ‘en realidad’ eran. A los gestos, ademanes, discursos, alardes, de la primera vuelta, abandonada la domesticación de la ingeniería electoral. Surge así una distancia máxima que la opinión pública, los mercados, la comunidad internacional, los grandes medios, el establishment político nacional y regional (aun el alineado con su coalición electoral victoriosa) –todas esas perspectivas externas, escépticas, sin empatía ninguna previa- empiezan a reconocer entre Boric presidente y Kast presidente, a beneficio del primero en el ábaco del debe y del haber.

Boric tiene por delante los mismos problemas económicos que tendría Kast. No hay divergencia en su formulación. Pero existía un consenso pre-existente, entre las fuerzas de la ex Concertación representadas en el Congreso, a favor de soluciones que coinciden con las de la campaña de Boric. Desde las elecciones del 21 de noviembre, el Senado quedó empatado entre derecha e izquierda (de hecho, la derecha hizo las mejores elecciones legislativas desde el fin de la dictadura). De las 155 bancas de la Cámara de Diputados y Diputadas, Apruebo Dignidad tiene sólo 37 votos. Boric necesita acuerdos para sus reformas. Para aumentar por dos períodos de cuatro años los impuestos hasta un 8% del PBI, para refundar sobre base estatal el sistema privado de jubilaciones y pensiones (nacionalizará, posiblemente, las AFP, como proponía la Democracia Cristiana),  aumentar el salario mínimo, reducir la semana laborable, establecer, definitivamente, sistemas de educación y de salud universales, gratuitos, y de calidad. Además de enfrentar los temas de la seguridad, la inmigración, y las reivindicaciones mapuches. El crecimiento de sus votos en el norte y en el sur del país permiten inferir que quienes esperan soluciones para estos temas particularmente urgentes en sus regiones lo creen idóneo para plantear iniciativas viables y eficientes.

Un regreso al Boris 1, en el talante del joven electo de 35 años, había sido aceptada, sin queja ni reparo, como escenario post balotaje por las fuerzas centro-izquierdistas de la ex Concertación que había gobernado por casi treinta años desde 1989. En cambio, el escenario correlativo sublevaba a la centro-derecha. Que había hecho, una y otra vez, y con diversas voces que representaban a sus diversos partidos y espacios, sonora reserva explícita de superioridad moral y modernidad ultrajada. Querían dejar en claro que no se reconocían en Kast 1, ni siquiera en Kast 2, y que llamaban a votarlo como único antídoto coyuntural contra el ‘comunismo’. Kast no las representaba, buscaban que ‘constara en actas’, porque mucho menos representaba a sus electorados. Kast podía elogiar y buscar apoyos en Donald Trump y en Jair Bolsonaro. Pero los que resultaron demasiado disímiles fueron sus electorados. El espectáculo cotidiano de presidentes que ofrecen entretenimiento sin consecuencias (porque la administración está en manos neoliberales en economía y conservadoras en temas sociales) no resultaba admisible para el centro de la centro derecha, que en Chile incluye a franjas educadas y ricas de la población. Conservador tradicionalista, también faltaba a Kast el dominio escénico de la televisión chatarra en la que el presidente 45 de EEUU descollaba como payaso siniestro y faltaba asimismo al republicano chileno la pericia bombástica y soliviantada en las redes sociales del ex capitán del ejército de Brasil.

Si la izquierda hubiera sido derrotada, la Convención Constitucional, que es la institución en la que más confía la ciudadanía chilena según los sondeos, se habría convertido en la mayor fuerza opositora, y desvirtuado en la lucha política su función.

Otra mejora inmediata, para Chile, que se deriva de por sí, y sin más, de la victoria de Boric, es que todo invita a creer que su presidencia marchará acompasadamente, en su primer año, con las labores de la Convención Constitucional que está reunida para redactar la nueva Ley Suprema que sustituya al texto pinochetista de 1980 todavía en vigencia. Mucho se había especulado sobre el conflicto entre Gobierno y Convención en el caso de un triunfo de Kast, que habría convertido al presidente derechista en Opositor en jefe a la una asamblea constituyente con paridad de género, representación indígena preasignada, y mayoría de independientes y de la izquierda. En esa contraposición hipotética se prestaba menor atención al daño mayor: no que el presidente derechista hostigara a la Convención, sino que esta se convirtiera en opositora de primera línea de fuego al gobierno. Esto habría desnaturalizado sus funciones, su funcionamiento operativo, monopolizado su tiempo útil, y orientado la redacción hacia una artillería ofensiva contra un pinochetista neoliberal en economía y neoconservador reaccionario en temas sociales instalado en La Moneda. Un presidente de izquierda y una asamblea de izquierda tienen la oportunidad de aprender en la marcha. En la redacción, la orientación será a cómo fortalecer gobiernos como el de Boric, orientados a su vez al reconocimiento de derechos por un Estado que se obliga a ellos como a necesidades que debe saciar, y no a ofrecer la imagen invertida del continuismo irredento.

Es así que entre los motivos por los cuales alegrarse de la rotunda victoria de Boric en segunda vuelta, no faltan algunos tan razonables y aun pedestres al punto que regocijarse por ellos luce afrentosamente enemigo del entusiasmo. Mala onda, como el título de la novela de Alberto Fuguet ambientada en el Santiago del plebiscito constitucional pinochetista de 1981. Antiutópico, moderado, conformista. Más banal que la etiqueta frontal de ‘socialdemócrata’ que Boric toleró sin queja ni remilgos que le adhirieran cuando el último debate de la campaña presidencial.

En sus anuncios declarados, en su proceder personal, en su encuentro con el presidente Sebastián Piñera en La Moneda, inclusive en la copucha (los rumores, el chismorreo, en Chile), que circula sobre quiénes integrarán o podrían integrar el gabinete, hay un aire mejor, una atmósfera más limpia, un oxígeno más abundante y menos dosificado que el de la moderación, la mesura, el realismo de la gestión que hace circular sin velocidades máximas por las grandes alamedas.  Y es que transparece, por delante, o por detrás, de las componendas en procura de equilibrios necesarios y de distribuciones ecuánimes, de las cuotas, y otras aritméticas que sin duda pesan, y que es preciso cuantificar balanceadamente, el criterio de eficacia. En la impaciencia de la eficacia, la utopía no se aleja ni relega: al contrario.  

AGB

Por fuera de los colectivos políticos a quienes conviene electoralmente, la acusación no consiguió ni un solo voto más. Con una sesión maratónica, en la que el senador acusador habló durante catorce horas para que otro cumpliera la cuarentena y pudiera ir a votar, alcanzaron el mínimo absoluto requerido. Aunque dejen cierto retrogusto de ilegitimidad, esos números magros evitan toda ilegalidad: con 78 votos a favor, 67 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó el martes someter a juicio político a Sebastián Piñera.

Desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, la oposición votó en bloque a favor de seguir adelante con el libelo acusatorio de la Acusación Constitucional. Piden la destitución por faltar a la probidad del presidente de la República, faltar a la protección del patrimonio medio ambiental chileno, y dañar la imagen internacional de Chile. El documento clave sobre el que se funda la querella para pedir el juicio político fue conocido gracias a la investigación periodística global conocida como Pandora Papers. Es el texto del contrato de venta de la Minera Dominga, negociado con domicilio en las Islas Vírgenes británicas, un edén fiscal caribeño,  por la sociedad que administra los bienes de los hijos de Piñera.  

Según la Constitución pinochetista todavía en vigencia, el Senado tiene seis días para destituir o no al Presidente de la República. Si Piñera abandonará por anticipado La Moneda, cuatro meses antes la fecha constitucional prevista para el fin de su segundo mandato, es incierto. Pero menos importante, para las dos coaliciones de izquierda cuyos respectivos candidatos Gabriel Boric (Frente Amplio) y Yasna Provoste (Democracia Cristiana) disputarán la presidencia en la primera vuelta del domingo 21. El dar curso a la Acusación Constitucional con total disciplina de las diputadas y diputados de los partidos coaligados, sin ni una reserva o deserción de la causa, y con una firmeza y determinación sin demoras ni matices era su cometido, cumplido a entera satisfacción.

A más tardar, el Senado deberá expedirse el lunes, cuando falte menos de una semana. A pocos meses del fin del segundo mandato de Piñera, deben decidir si hay motivo suficiente para poner fin a su presidencia por hechos que, de haber existido, habrían tenido lugar en el comienzo de su primer mandato presidencial. Sobre el Senado pesa una responsabilidad mayor, con más consecuencias hacia el futuro. Aun cuando concluyeran que el Presidente efectivamente no ha sido probo, que ha desatendido lamentablemente el medio ambiente, y que ha ensuciado vergonzosamente la faz internacional de Chile, ¿basta para que decidan acordar con 78 votos donde ni uno no es opositor, y destituir a un presidente que fue elegido por el voto popular? Están en su derecho, pero ¿no es sentar un precedente que no sea la soberanía popular la que decida quién ocupa y quién no la primera magistratura? ¿No empezaría así una regularidad y una desestabilización de un Poder Ejecutivo ya debilitado? ¿No debería reservarse la destitución express de un presidente para hechos graves y a todas luces probados, para crímenes?

En el Senado chileno hacen falta 29 votos para destituir a Sebastián Piñera, la izquierda sólo tiene 24. Pero a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, la victoria del juicio político funciona como un manifiesto revolucionario.

Los casos de Manuel Zelaya en Honduras, de Fernando Lugo en Paraguay, y de Dilma Rousseff en Brasil son la imagen invertida de estas destituciones, con presidentes progresistas de izquierda y ávidos y apresurados congresistas de derecha. Entre esas figuras condenadas, y la de Piñera, hay varias diferencias contrastantes. Piñera se diferencia en varios planos con ellas, pero impresionará más la comparación entre sí de esas diferencias que lo distinguen de los otros tres. Hay un dato que hoy parece natural que borremos del recuerdo. Y es que el mandato popular que el político derechista recibió es el más vigoroso. Mientras que Dilma entró en su segunda presidencia en 2015 después de una campaña agónica y con un margen escaso, la victoria electoral de Piñera en 2017, que habilitó su segundo mandato, fue arrasadora. En segunda vuelta, ganó con el 57% de los votos, y de su adversario en el balotaje, Alejandro Guillier, un independiente asociado al Partido Radical que iba al frente de la fórmula de la ex-Concertación, pocos recuerdan el nombre. A mediados de 2018, su aprobación personal y la de su gobierno, por encima del 50%, eran de las más grandes de la región y de la historia democrática chilena.

Ropa limpia, negocios sucios

A partir de una investigación, la Justicia concluyó que no hay acciones del Presidente que examinar con respecto al contrato en Islas Vírgenes, y cerró la causa; a partir de sus convicciones, la Cámara de Diputadas y Diputados defendió la existencia de un accionar lesivo, vergonzoso y sin probidad y pidió al Senado la destitución. La AFIP chilena investigó si estábamos ante una evasión mayúscula de impuestos, pero también cerró la investigación, porque la sociedad que administra los bienes de la familia Piñera no incurrió en evasión ni en ilusión, que es una trama exterior para presentar una situación de modo tal de no pagar impuestos, pero que si sus mismos componentes se ordenaran de otro modos, sí se pagarían. Hay que aclarar que, sin embargo, el Congreso obra de pleno derecho si destituye. Sus convicciones lo llevan a encontrar que la conducta de Piñera, o el mero hecho de que su vida y decisiones lo lleven –y más allá de la minera, hay en esto una frecuencia ininterrumpida- en coyunturas donde esas conductas son posibles,  revela una indignidad del Presidente.

Hasta ahora, un logro justifica ya de por sí el trabajo del equipo de Pandora Papes en lo que toca al contrato de la minera Dominga. Según la justicia de Chile no existen pruebas o indicios de conductas, ni de Piñera por un lado ni de la administración del fideicomiso ciego por el otro, que inviten a la apertura de un proceso para determinar a la luz de la ley chilena si cabe tipificarlas como delitos penales de fraude o en un diferente plano del análisis legal como evasiones fiscales. De probarse, en el caso de Piñera lo que esto significaría de desprecio a la ciudadanía, abuso de poder y posición privilegiada, descalabro de la Administración Pública y sus controles, estafa al sistema de recaudación nacional lo imputaría por graves delitos derivados de su cargo. Sin embargo, para la Justicia de las Islas Vírgenes la administradora ha cometido un delito, y se ha abierto una causa. Según la ley británica, la administradora debería haber registrado en el documento contractual que los bienes administrados correspondían a la familia de un presidente. Y aquí sí cabe una valoración o sospecha ética, porque hay un hecho. Esa omisión hace preguntarse, legítimamente, si no implica una voluntaria sustracción a la transparencia, un dotarse de opacidad e incógnito.

Para Sebastián Piñera, la votación del martes, con voto de mayoría simple de diputadas y diputados en ejercicio, y la del lunes si le llegara la destitución, para la que hacen falta dos tercios del Senado en ejercicio, es el desenlace de una profecía auto-realizada, la pesadilla con la que sueña desde el estallido social Diputadas y diputados de la oposición que se sacaban fotos después de haber ganado, comentaristas en la radio y la televisión varias veces dijeron que desde el estallido social de octubre de 2019 Piñera, sin importarle las contradicciones propias y el daño que podía causar a Chile, ‘había actuado solamente para seguir en la presidencia cueste lo que cueste’. ¿Quien que haya seguido los acontecimientos de estos dos años puede dudar de que haya sido así, de que en las oscilaciones del Presidente junto al motivo egoísta se sumara algún otro menor, pero altruista? Para el Congreso, la Acusación Constitucional fue el equivalente del lema rebelde del estallido, el ‘Piñera, no son 30 pesos (por el aumento del pasaje en metro), son 30 años’.

Masa y Poder. Y dinero

¿Es antidemocrático privar a un presidente de un poder nacido del voto popular? Aquí hay que mencionar una cuestión primordial, hasta ahora no mencionada, pero que obra como determinante sin parangón por detrás de que Piñera haya sido dos veces presidente, y que hace que los parecidos formales de su situación con las de Lula el obrero y Lugo el cura se debiliten hasta quedar exangües. Ese origen es el dinero. Los miles de millones de dólares del (lícito) especulador Piñera. Su fortuna en las listas de Fortune. No hay fideicomiso que valga. Porque el dinero es poder, por el poder que da al dueño. No hay mayor. Pero no es un poder democrático. Porque su origen no lo es. Y cuando ese poder ingresa en la vida democrática, introduce un coeficiente de distorsión letal e indetenible. Porque no desaparece en ese ámbito sino que, al revés, crece, porque incorpora las cuotas de poder de quienes no pueden oponérsele. Paradójicamente, que sus transacciones comerciales, operaciones, negocios, beneficios fueran siempre irreprochables, magnificaban ese poder antidemocrático más que desprolijidades o coimas, que entendimientos que hicieran progresar a pares.

Hay, sobre todo fuera de Chile, una imagen común pero falseada de Piñera, que lo presenta como un gran empresario. De aquellos que se nos invita a admirar por su capacidad para la industria, la producción, la creación de riqueza y la generación de empleos. Nada de eso hay en su fortuna. LAN Chile fue una inversión como otras. La capacidad sobrehumana que caracterizaba a Piñera era esa que se deja simplificar en un infatigable vender caro lo que se compró barato. Arriba de LAN Chile había una mesa de dinero: ésa era su oficina.

La Constitución pinochetista estimula y favorece en su texto las ventajas comparativas para un multimillonario como Piñera al entrar a competir en la arena política después de competir con más o mejor éxito en casi todos en los mercados. La Ley Suprema de 1980 dota a la ideología neoliberal de estatuto constitucional.

Todavía no se puede saber, y menos apreciar o despreciar, la nueva Constitución que una Convención Constitucional, que se reúne cada día, con un plazo (prorrogable) de nueve meses, está redactando. Pero sí anticipar que no quedarán restos de esa Carta Magna que, en pro de un declarado bien común, expulsaba, desterraba, exilaba o marginalizaba el poder del Estado. La Cámara de Diputadas y Diputados ya lo hizo antes. Su decisión y su propósito fue la expresión de un distanciamiento sin concesiones del Antiguo Régimen. Con la energía que causó la derrota del Presidente se cierra un ciclo corto de dos años donde hostilidades y treguas donde el balance de cada trecho arrojaba un saldo neto de privilegios y confianza transferidos de Santiago y Valparaíso. Pero también se abre otro ciclo breve pero de intensidad y efectos que nadie ve, pero todas las fuerzas prevén, de rivalidades y malentendidos entre el Congreso y el Presidente de izquierda que ganará las elecciones y la Convención Convencional. No a pesar, sino a causa de que sea una misma izquierda la que domine poder constituyente y poder constituido, en un escenario sin Piñeras y con la derecha relegada a observadora inerme de la demolición de su Chile y la erección de uno nuevo.  

AGB

En 2019 las placas tectónicas se movieron en todo el mundo. En América Latina también. Cada levantamiento, cada erupción volcánica, cada giro político en medio del vértigo, tiene su especificidad, pero me atrevo a decir que aquel que tuvo lugar en Chile a partir del 18 de octubre de 2019, nos conmovió en lo más profundo.

Al preguntarnos el porqué de esa conmoción tan profunda, salta el hecho de que Chile fue hasta hace poco la encarnación más persistente del modelo neoliberal, el buen ejemplo de las derechas del continente, el alumno perfecto de todos los organismos internacionales. El país en el cual se privatizó todo, desde la educación hasta la salud, desde las pensiones hasta el agua; en el cual lo público desapareció por el gran agujero negro del neoliberalismo. El país en donde se aplican todavía las leyes antiterroristas de la época de Pinochet para encarcelar por décadas a los activistas mapuches. El país donde el golpe de Estado militar de los 70 fue “más exitoso” y las desigualdades calaron más hondo. 

Chile es un país de dueños. Tan es así que, a fines de 2019, la revista Forbes publicó el ranking de las personas más ricas del planeta, entre las cuales hay nada menos que 10 chilenos, todo un récord latinoamericano; entre ellos, la mujer más rica de América Latina, cuya fortuna familiar está vinculada con la minería. En esa lista también está el actual presidente Sebastián Piñera. Y en casi todos los casos las fortunas están vinculadas a los extractivismos sedientos de agua: el cobre, el litio, los monocultivos forestales, la expansión de la frontera pesquera. 

Tres reflexiones nos inspiran para pensar el levantamiento chileno y esa “máquina de lucha” que desembocó finalmente en la esperada Convención Constituyente. La primera es el fabuloso proceso de liberación cognitiva que se produjo. El llamado “modelo chileno” estalló en las calles. Las consignas “Chile despertó” y aquella de “No son 30 pesos, sino 30 años”, mostró qué es posible superar el fatalismo y ampliar rápidamente las luchas en diferentes campos. 

Si bien los movimientos sociales tienden siempre a autorepresentarse como inaugurales, hay que recordar que Chile formó parte del nuevo ciclo de protestas de América Latina de los últimos 20 años. Aunque su ingreso fue parcial y tardío, con la “revolución de los pingüinos” (2006, que se extienden a 2011), gran parte de las modalidades de protesta que se verán a partir de octubre de 2019, ya estaban ahí: demanda de autonomía, rechazo a los partidos políticos, crisis de representación, activismo cibernético y utilización de las redes sociales; en fin, un ethos militante que encuentra su lugar de identificación en la intervención en el espacio público; que va tejiendo una identidad que no es de clase ni partidaria, cruzada por diferentes temas y tensiones sociales. 

Sin embargo, uno de los grandes logros del levantamiento chileno como proceso de construcción colectiva es la tendencia a la interseccionalidad, las cadenas de equivalencia establecidas que condujeron a la superposición de las demandas de clase, de género, étnicas, ambientales, territoriales e intergeneracionales, ligadas a las múltiples desigualdades. Así, no es sólo del combate contra la desigualdad económica, sino asimismo contra la violencia patriarcal, por los derechos de las mujeres, por la desprivatización de las aguas, por la plurinacionalidad que reclama el pueblo Mapuche, por los Derechos de la Naturaleza. Lo novedoso es también la dimensión  anticolonial y antipatriarcal de la protesta, visible en el proceso de desmonumentalización que recorrió el estallido, a través de la intervención de monumentos y estatuas, que abarca militares y figuras de la colonización, entre otros. En suma, como subraya Manuel Garretón, resulta claro que “Chile inició un ciclo que exige un nuevo pacto político-social”.

Este proceso de ruptura está ligado al enorme protagonismo de las mujeres en todos los campos –feminismos urbanos, territoriales, antiextractivistas y comunitarios-indígenas. Su participación fue fundamental para abrir un nuevo horizonte en la representación. También sucedió con el pueblo mapuche, que carga con toda una historia de criminalización y racismo. Eso aparece reflejado en las elecciones para la Convención constituyente que instaló un mecanismo que aseguró la casi paridad de género (45% de mujeres) y 17 escaños a los pueblos originarios. Algo de eso pudo verse también este 4 de julio pasado, cuando se inauguró finalmente la Convención Constituyente en Santiago, presidida por una mujer, filósofa, lingüista y activista mapuche. La voz potente de Elisa Loncón, volvió poner en movimiento en la región el lenguaje de la esperanza, y ello no sólo en clave plurinacional. 

La segunda reflexión es, siguiendo a Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la desconexión que parece haber entre la agenda constituyente y la agenda político electoral. Si bien los resultados para la elección de constituyentes (mayo) y para la elección de gobernadores regionales (junio), mostraron el alcance de la derrota de la derecha y del actual presidente Piñera, no parece haber muchos puentes entre ambas agendas; esto es, entre quienes escribirán la nueva Constitución -que sesionará durante nueve meses- y los candidatos que competirán en noviembre de 2021 por la presidencia. Para decirlo mejor: todavía ignoramos si se establecerá algún tipo de conexión entre los nuevos referentes sociales y políticos y sus agendas de cambio, con los procesos políticos electorales que este año definirán el o la próxima presidente de ese país.

La tercera reflexión, íntimamente ligada a la primera, tiene que ver con el lugar de la memoria. No lo digo respecto del neoliberalismo solamente, lo cual es evidente, pues está en el centro del cuestionamiento. Pero, a diferencia de Perú y Colombia, Chile participó del ciclo progresista latinoamericano entre 2000 y 2015, bajo los dos mandatos de Bachelet, aunque no tuvo un rol estelar. Fue más bien un actor de reparto, la ilustración de un progresismo débil, recordándonos siempre la persistencia de la matriz neoliberal, avalada por gran parte del arco político. 

¿Traerá esto consigo la idealización de aquellos gobiernos progresistas de alta intensidad, como Bolivia y Ecuador, que proclamaron tantos nuevos derechos en el marco de procesos constituyentes? En realidad, el haber sido participes menores del ciclo progresista abre para Chile también la oportunidad de aprender de los errores de dichas experiencias refundacionales. En todo caso, el proceso mismo de la Convención Constituyente dirá hasta qué punto los y las convencionales conciben el nuevo pacto político-social, no sólo desde la crítica al neoliberalismo y el Estado subsidiario, sino también desde la memoria regional sobre los límites de los progresismos realmente existentes y la necesidad urgente de su superación, sobre todo en lo respecta a la insustentabilidad de los modelos productivos, la defensa de los territorios y la puesta en marcha de la plurinacionalidad.

Nadie duda de que las protestas que arrancaron en 2019 en Chile sellaron un quiebre histórico. Ya nada será como antes. Por eso el presente chileno conmueve y resulta inspirador para toda la región. Pues nutrida de una potente dinámica creativa proveniente desde abajo, la Convención Constituyente abre expectativas para pensar un escenario posneoliberal novedoso que combata las múltiples desigualdades y reconfigure asimismo en clave democrática-participativa el campo político-institucional.

Resulta contraintuitivo, pero la Región de Araucanía, en Chile, es un bastión de la derecha. Así que Elisa Loncón, nacida en la comunidad mapuche araucana de Lefweluan, conoce desde que abrió los ojos el ambiente, las ideas, y el proceder de la formación política que siempre fue la mitad del país, y que en tiempos de Augusto Pinochet (1973-1989) fue la mitad que mandó. Durante la dictadura, funcionarios del régimen redactaron la Constitución plebiscitada sin alternativa en 1981, y aún vigente con modificaciones. El domingo, la convencional Loncon fue la elegida. Será la presidenta de la Convención Constitucional que durante nueve meses debatirá, redactará y aprobará una nueva Constitución. Presidirá al centenar y medio de convencionales, mayoritariamente de izquierda, independientes o representantes con cupo de pueblos originarios, que harán tabla rasa del texto pinochetista. La mitad de Chile oscurecida y humillada dotará al país de una Ley Fundamental para iniciar una vida política democrática. Una mujer, india, mapuche, universitaria representa todos los niveles del universo nacional que Pinochet calló con el golpe de 1973.

La Convención Constituyente está formada por 77 mujeres y 78 hombres; de estos 155 delegados, 48 son independientes, 37 de la coalición de derechas cercana al Gobierno de Piñera, 17 pertenecen a los pueblos originarios y el resto a la izquierda y centroizquierda. Elisa Loncon es la primera convencional, cara, rostro, proa, figura mundial del futuro Chile sin el lastre de la 'democracia controlada' por las Fuerzas Armadas de la transición al primer gobierno elegido por el voto después de década y media de dictadura. Pero también será quien presida a un cuerpo que dejará asimismo atrás a treinta años de hegemonía de una Concertación de centro-izquierda tan ausente en la nueva asamblea constituyente, la primera del mundo con paridad de género, como las fuerzas y votos de la derecha histórica heredera del gobierno militar de facto. es todo un símbolo.

“Es algo totalmente futurista, es como el sueño de transformación más profunda que necesita este país... Pasar de este país homogéneo, elitista, uninacional, a reconocer su diversidad... Que sea mujer y que sea mapuche es como un símbolo de la esperanza”, afirma por su parte Teresa Valdés, socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. “Esto es una subversión inconmensurable del orden y del imaginario para una sociedad tradicional chilena”.

Sus padres eran campesinos y carpinteros, la de Elisa fue la primera generación que estudió, ella la pionera en la educación superior, en completar sus años en la Universidad de La Frontera con un diploma de profesorado de Inglés. Más todavía, hizo su posgrado en la capital institucional holandesa, La Haya, donde de la lingüística se desplazó a las Ciencias Sociales. Que la llevaron a la Universidad canadiense de Regina, a un master, nuevamente en el área de Lingüística, en la Universidad Autónoma mexicana de Iztapalapa, a un doctorado en Humanidades de regreso en Holanda, en la Universidad de Leyden, y a un segundo y más especializado título doctoral en Literatura, ya repatriada, en la Pontificia Universidad Católica santiaguina. En el discurso breve, elocuente, firmemente argumentado de la aceptación del cargo al que las discusiones y votaciones de la Convención la habían elevado, usó un idioma ostensiblemente bilingüe: saludó a las poblaciones y naciones de Chile, al “pueblo de Chile desde el norte hasta la Patagonia, desde lafken (el mar) hasta la cordillera”. De este modo dejó en claro que con la redacción de una nueva Carta Fundamental, que reemplace a la sellada durante la dictadura de Pinochet, Chile inicia el camino hacia un cambio de fondo.

Contra el orden de la dictadura, contra la partidocracia que la sucedió, y que preservó, pese a todo, una ideología donde el crecimiento económico era un bien y un objetivo tan primero y valioso que hizo que tres décadas de gobiernos de centro izquierda y centro derecha estuvieran dispuestos a pagar por él con una mayor, y progresivamente más afincada, desigualdad social, se dirigía la violencia de la demanda y el reclamo del estallido social de octubre de 2019, donde se sucedieron protestas que pedían un modelo socioeconómico más justo y que dejaron más de 30 muertes y miles de personas heridas y detenidas.

La nueva Constitución fue la forma con la que el Gobierno de Sebastián Piñera trató de aplacar las protestas. En referendo, esta forma de Constitución fue aprobada en octubre de 2020 por más de un 80 % de quienes fueron a votar. En mayo de este año, se votaron quiénes son quienes deben escribirla. Que Elisa Loncón presida la Convención es un gesto importante para Andrés Cuyul, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera, miembro de una organización mapuche, que se dedica relaciones interculturales en el campo de la salud. “Es un reconocimiento a más de 200 años de demandas al Estado chileno, por el reconocimiento de los derechos políticos y territoriales. Encauza una demanda que es la construcción de un país plurinacional, nunca más sin pueblos originarios”, ha dicho en conversación con la agencia alemana DW.

Aymaras -como lo es el expresidente boliviano Evo Morales, como lo es el actual vicepresidente David Choquehuanca- y mapuches quieren ver consagrado en la Constitución un Estado plurinacional como la asamblea constituyente de Bolivia lo hizo en 2009. Antes de la ceremonia de asunción de Loncón, que es una mujer elegida convencional en virtud de la paridad y del cupo indígena, este electorado hasta ahora subrepresentado en todas las instituciones chilenas, y culturalmente subordinado cuando no marginado, organizó cantos y bales espirituales en las calles vecinas a la antigua sede del Congreso, en Santiago de Chile. Ya el lugar es otro desafío al respeto a las decisiones de Pinochet todavía vigentes. Porque el dictador había decidido irradiar el Poder Legislativo de la ciudad capital nacional, y lo había trasladado a la ciudad portuaria de Valparaíso. Donde todavía sesiona. Por cuánto tiempo, lo decidirá una Convención Constitucional que preside una académica mapuche.

AGB

La Convención Constituyente que deberá redactar una nueva carta magna en Chile quedó instalada este domingo, tras algunas demoras causadas por choques entre manifestantes y policías en los alrededores del recinto de sesiones, y quedó presidida por una mujer mapuche.

Elisa Loncón, de 58 años, fue elegida por sus pares con 96 votos de los 155 posibles.

La Convención fue instalada pasado el mediodía en un clima de tensión, una hora y media después del momento previsto, debido a incidentes entre manifestantes y la policía en los alrededores de la antigua sede del Congreso en Santiago.

Antes de la instalación, Loncón había dicho a CNN Chile que “la nación mapuche hace un llamado a todos los pueblos de Chile a un acto de reconocimiento, de cambiar la historia y que se exprese en la elección de una constituyente mujer mapuche”.

“La mujer mapuche ha estado excluida, hemos estado sin voz, no hemos sido reconocidas en el escenario político, pero la mujer mapuche ha defendido las tierras, el agua, el conocimiento, la lengua y nosotros hemos tenido un espacio social, público y mucha fuerza espiritual para acompañar la lucha de nuestros pueblos”, sostuvo Loncón, que es académica, política, lingüista y activista.

Consultada sobre el mensaje que daría a la Convención en caso de ser elegida como presidenta, respondió: “Enriquecerse con las voces de las naciones originarias, con el conocimiento de las naciones originarias, los valores, porque somos pueblo sabio, porque somos los que tenemos filosofía y conocimiento que pueden ayudar a resolver los problemas que tiene este Chile monocultural, monolingüe, necesitamos instalar la diversidad dentro de la Convención, de la política, la diversidad jurídica, los territorios”.

“¡Arriba los pueblos! Arriba las naciones originarias! Este esun sueño de nuestros antepasados, es posible refundar Chile y una nueva relación. ¡Libertad y vida a los que resisten!”, tuiteó horas después.

La convencional mapuche fue designada en la segunda elección, ya que en la primera no consiguió los 78 votos necesarios para ser presidenta.

La Convención Constituyente comenzó oficialmente a las 12.40 horas, luego de la suspensión temporal.

La relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Valladares, dijo entonces: “Abro esta primera sesión, en que se instala la Convención Constituyente, encargada de redactar un propuesta de texto para una Constitución para Chile”.

Los representantes de la Lista del Pueblo habían regresaron a la sesión luego de salir a la calle para reclamar que cesara la actuación de las Fuerzas Especiales de Carabineros, que dispersaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y carros hidrantes.

Luego, Valladares leyó los nombres de los 155 convencionales que fueron elegidos el 15 y el 16 de mayo y que deberán redactar una nueva carta magna para reemplazar a la actual, vigente desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).

La ceremonia de instalación de la Convención fue suspendida momentáneamente a las 11, a raíz de los disturbios que registraban en las inmediaciones del recinto de sesiones, en el centro de la capital.

Entonces, convencionales interrumpieron la sesión y reclamaron a Valladares que la suspendiera, y algunos de ellos salieron a la calle para acercarse al lugar de los incidentes y reclamar el fin de las cargas policiales.

“Advertida de la situación y preocupada, he decidido también invitarlos a que suspendamos esta sesión” hasta el mediodía, dijo Valladares en aquel momento.

El acto protocolar en la antigua sede del Congreso había comenzado con unos minutos de demora, luego de que varias columnas de manifestantes y constituyentes marcharan hacia el lugar desde diferentes puntos de la ciudad.

De repente, convencionales comenzaron a gritar “No a la represión” y “Libertad a los presos por luchar”, lo que provocó minutos de tensión y llevó a la suspensión de la ceremonia “hasta que el país esté tranquilo”, dijo Valladares.

La policía informó por Twitter que no hubo detenidos por los incidentes y que dos agentes sufrieron lesiones y fueron trasladados al hospital de la institución.

La reforma fue una de las demandas clave de la ola de protestas callejeras que sacudió a Chile desde fines de 2018 por el alto costo de vida, las bajas jubilaciones y oneroso acceso a la salud en uno de los países más desiguales de la región.

En mayo pasado, las elecciones de constituyentes sacudieron a la clase política chilena: la primera minoría está formada por independientes que no se presentaron en representación de ningún partido, muchos de los cuales reniegan de la forma de hacer política habitual en el país.

La coalición oficialista tiene 37 convencionales, por lo que no logró llegar al tercio que necesitaba para ser el principal bloque dentro de la Convención con poder del veto.

Del lado opositor, las bancadas de izquierda y centroizquierda, Apruebo Dignidad (28) y la Lista del Apruebo (25), sumaron 53 delegados, lo que sí les permite en conjunto alcanzar el tercio necesario para vetar iniciativas, pero están lejos de los dos tercios necesarios para aprobarlas.

Otros delegados corresponden a la Lista del Pueblo (28), Independientes por una Nueva Constitución (11), Independientes (10) y Pueblos Originarios (17).

La Convención Constituyente cuenta también con la representación de los pueblos originarios, que tiene 17 escaños reservados: siete para el pueblo mapuche, dos para el aimara y uno para cada uno de los otros pueblos: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Los convencionales tendrán nueve meses para redactar la Constitución, prorrogable por tres meses por única vez, y luego el presidente de la república llamará a un “plebiscito de salida” que aprobará o rechazará la nueva carta magna.

De aprobarse, pondrá fin a la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet, pero si el nuevo texto fuera rechazado, aquella continuará vigente.

Con información de Télam

CB/CRM

La Convención Constituyente de Chile fue instalada este domingo en un clima de tensión, una hora y media después de lo previsto, debido a incidentes entre manifestantes y la policía en los alrededores de la sede del Congreso en Santiago.

“Abro esta primera sesión, en que se instala la Convención Constituyente, encargada de redactar un propuesta de texto para una Constitución para Chile”, dijo la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Carmen Valladares.

Luego, Valladares leyó los nombres de los 155 convencionales que fueron elegidos el 15 y el 16 de mayo y que deberán redactar una nueva carta magna para reemplazar a la actual, vigente desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).

La ceremonia de instalación de la Convención fue suspendida momentáneamente a las 11, a raíz de los disturbios que se registraban en las inmediaciones del recinto de sesiones, en el centro de la capital. Policías dispararon gases lacrimógenos y lanzaron agua con carros hidrantes contra un grupo de manifestantes.

Entonces, convencionales interrumpieron la sesión y reclamaron a Valladares que la suspendiera, y algunos de ellos salieron a la calle para acercarse al lugar de los incidentes y reclamar el fin de las cargas policiales.

La policía informó por Twitter que no hubo detenidos por los incidentes y que dos agentes sufrieron lesiones.

En la sesión de hoy se tomó juramento a los constituyentes y se eligió a las autoridades de la convención, que será presidida por una mujer mapuche, Elisa Loncón, de 58 años, que fue elegida por 96 votos de los 155 posibles.

“La mujer mapuche ha estado excluida, hemos estado sin voz, no hemos sido reconocidas en el escenario político, pero la mujer mapuche ha defendido las tierras, el agua, el conocimiento, la lengua y nosotros hemos tenido un espacio social, público y mucha fuerza espiritual para acompañar la lucha de nuestros pueblos”, sostuvo Loncón, que es académica, política, lingüista y activista, a CNN Chile antes de su elección.

Consultada sobre el mensaje que daría a la Convención en caso de ser elegida como presidenta, respondió: “Enriquecerse con las voces de las naciones originarias, con el conocimiento de las naciones originarias, los valores, porque somos pueblo sabio, porque somos los que tenemos filosofía y conocimiento que pueden ayudar a resolver los problemas que tiene este Chile monocultural, monolingüe, necesitamos instalar la diversidad dentro de la Convención, de la política, la diversidad jurídica, los territorios”.

La reforma de la Constitución fue una de las demandas clave de la ola de protestas callejeras que sacudió a Chile desde fines de 2018 por el alto costo de vida, las bajas jubilaciones y el oneroso acceso a la salud en uno de los países más desiguales de la región.

En mayo pasado, las elecciones de constituyentes sacudieron a la clase política chilena: la primera minoría son independientes que no se presentaron en representación de ningún partido, muchos de los cuales reniegan de la forma de hacer política habitual en el país.

La convención cuenta también con la representación de los pueblos originarios, que tiene 17 escaños reservados: siete para el pueblo mapuche, dos para el aimara y uno para cada uno de los otros pueblos: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Los convencionales tendrán un plazo de nueve meses para redactar una nueva Constitución, prorrogable por tres meses por única vez, y luego el presidente de la república llamará a un “plebiscito de salida” que aprobará o rechazará la nueva carta magna. De aprobarse, pondrá fin a la Constitución de 1980, redactada durante la dictadura de Pinochet, pero si el nuevo texto fuera rechazado, aquella continuará vigente.

CB con información de Télam

La Convención Constituyente, con sus 155 miembros elegidos a mediados de mayo, sesionará el domingo por primera vez en Chile con una misión gigante: redactar una nueva Constitución que reemplace a la actual carta magna, heredada de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

El clamor social, expresado desde las protestas del 18 de octubre de 2019, dio como resultado la creación de este órgano el 24 de diciembre del mismo año a través de una ley que reformó la Constitución Política de la República.

En el plebiscito nacional celebrado el 25 de octubre del año pasado, los chilenos dieron el sí final al cambio de Constitución con casi un 80% de los votos y también definieron cómo se haría: un cuerpo completamente electo para esa función y con mayorías de dos tercios.

El órgano siguió tomando forma a mediados de mayo en una jornada electoral histórica, no sólo porque se celebró paralelamente con la elección de alcaldes (intendentes), concejales y gobernadores, sino porque se trató de una figura inédita en el mapa político de Chile.

Además, el resultado sacudió a la clase política chilena: la primera minoría de la constituyente que asumirá mañana son independientes, que no se presentaron en representación de ningún partido e, incluso, muchos de ellos reniegan de la forma de hacer política habitual en el país.

La primera sesión de mañana, cuya fecha coincide con la conmemoración de los 210 años de la instalación del Primer Congreso Nacional de Chile, comenzará a las 10 de la mañana con un acto presidido por la secretaria relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, quien pondrá en funciones a los 155 constituyentes. Luego, se pasará a elegir a las autoridades del cuerpo.

La elección de mayo supuso una derrota para la derecha chilena, que vio cómo la coalición oficialista Vamos por Chile obtuvo apenas 37 convencionales electos y no logró llegar al tercio que necesitaba para ser el principal bloque dentro de la Convención Constituyente con el poder del veto.

Del lado opositor, en tanto, los dos comandos de izquierda y centroizquierda, Apruebo Dignidad (28) y la Lista del Apruebo (25), respectivamente, sumaron 53 delegados, lo que sí les permite alcanzar el tercio necesario para vetar iniciativas, pero están lejos de los dos tercios necesarios para aprobarlas.

Otros delegados electos corresponden a la Lista del Pueblo (27), Independientes por una Nueva Constitución (11), Independientes (11) y Pueblos Originarios (17).

El órgano contará con la representación de los pueblos originarios que ocuparán 17 escaños reservados: siete para el pueblo mapuche, dos para el pueblo aimara y uno para cada uno de los otros pueblos: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Respecto a la paridad de género, la Convención Constitucional estará conformada por 78 hombres y 77 mujeres.

Expectativa y próximos pasos

Aunque la primera sesión de mañana se concentrará en formalidades, la sola inauguración del cuerpo ya despertó pasiones en Chile. Distintas fuerzas que tendrán representación en la Convención Constitucional llamaron a marchar hasta la sede de la constituyente, en el expalacio legislativo.

Con un clima caldeado y una composición atomizada, la Constituyente tiene el objetivo de debatir, acordar y redactar el texto de la nueva Constitución Política de la República dentro de un plazo de nueve meses, periodo que puede prorrogarse una sola vez por un máximo de tres meses.

Cada articulado de la nueva Constitución debe ser aprobado por dos tercios de la Cámara y, una vez que el texto esté completo, el cuerpo debe votarlo de manera integral.

En este punto, la Convención se disolverá y el Gobierno debe convocar a un “plebiscito de salida”, en el que los chilenos tendrán que ratificar o no en las urnas la nueva Constitución.

De aprobarse, el Presidente de la República deberá convocar una sesión solemne del Congreso Pleno para promulgar y jurar ante la nueva Constitución, y luego en 10 días, el texto será publicado en el Diario Oficial, y a partir de ahí, entrará en vigencia.

Si la mayoría de los chilenos rechaza la nueva Constitución en las consultas, automáticamente volverá a quedar vigente la actual carta magna pinochetista.

CB con información de Télam