El Banco Hipotecario, que preside Eduardo Elsztain, pidió tiempo atrás por nota formal a Unidad de Información Financiera (UIF) que en su página web dejen de publicarse las sanciones contra el lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, aquellas que el organismo ya no puede utilizar como antecedente para agravar nuevas multas por incumplimientos a las normas de prevención de este delito. Que figuraran los textos completos de esas resoluciones sancionatorias en Internet, susceptibles de ser halladas en cualquier búsqueda online, podría suponer un daño reputacional si alguien se interesaba por esa información. Por ejemplo, un inversor del extranjero, donde este tipo de cuestiones pesan más que en la Argentina.

La UIF accedió al pedido del Hipotecario y a partir del pasado lunes en su buscador en línea de sanciones ya no aparecen las de más de cinco años de antigüedad. Y, por tanto, tampoco figura más la multa firme que se le aplicó en 2019, hace siete años, en el gobierno de Mauricio Macri. Sólo están los castigos desde abril de 2021 en adelante y se puede clickear cada uno para leer la resolución respectiva. Hace una semana se podía consultar el detalle de todas las sanciones, sin importar su antigüedad. Ahora hay que scrollear hasta abajo de todos los castigos de los últimos cinco años para llegar hasta la leyenda que dice “Acceso al registro histórico de sanciones” y pinchar el enlace. Entonces se abre ese listado de multas antiguas, pero sin la posibilidad de abrir el enlace para leer la resolución de cada una. Para conseguirla, hay que hacer el burocrático trámite de pedido de acceso a la información.

“Para evitar planteos de derecho al olvido, se decidió ajustar la información publicada”, justificaron en el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques y que controla la UIF. En el Hipotecario no contestaron la consulta de elDiarioAR. “Se adaptó el plazo de libre acceso a cinco años, seguimos mostrando la existencia con un listado, y ahora damos la posibilidad de solicitar más detalles de cada caso individual a través del portal acceso a la información pública para así evitar planteos futuros vinculados a daños y perjuicios”, agregaron en la cartera de Mahiques, que llegó al cargo por impulso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en pleno avance de las causas de presunta corrupción de todo el gobierno y como parte de la disputa de poder contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

Más allá de las internas, el presidente Javier Milei ha sabido cultivar una estrecha relación con Elsztain. Se alojó en su hotel Libertador durante la campaña presidencial de 2023. Aquel año visitaron juntos en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch. Durante el gobierno libertario no se han conocido negocios que Elsztain y sus empresas, como la desarrolladora inmobiliaria y de shoppings IRSA y la agrícola Cresud, hayan conquistado en el entorno estatal. Ha invertido en una mina de oro en San Juan y en otra de plata en Salta, en un sector beneficiado en general por la reforma de la Ley de Glaciares, aunque no está claro el impacto particular en cada yacimiento.

Al Hipotecario le interesaba ese derecho al olvido para evitar googleos incómodos del mundo financiero internacional que dañen su imagen. Que no aparezca en la web la resolución no le cambia nada en lo jurídico porque antes y después de este cambio en la web de la UIF las multas de más de cinco años de antigüedad seguían operando como antecedentes para eventuales inspecciones del organismo, pero no servían como agravante de nuevas sanciones. En cambio, los castigos recientes sí se utilizan para reforzar las multas futuras.

Sin embargo, que apareciera el detalle de las sanciones pasadas servía como castigo reputacional, que es un aspecto importante en el combate del lavado según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que controla 139 países. Sobre todo pesa la imagen en naciones como la Argentina donde las multas son bajas y las condenas penales por este delito brillan por su ausencia. Al GAFI, que evalúa periódicamente a sus miembros, le preocupan esta cuestiones, como también la elevada rotación de jefes de la UIF -cuatro en la era Milei, de los cuales uno ni siquiera llegó a asumir y el nuevo candidato de Mahiques, Matías Álvarez, aún debe pasar primero por audiencia pública- o el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal -que relajó el control antievasión tributaria pero no el antilavado-.

O sea que quien adoptó la medida para borrar el detalle de las sanciones pasadas no fue Álvarez sino el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, que responde a la línea de Caputo, en retirada del organismo, como de otros entes de todo el Estado. Tampoco Mahiques ni Karina Milei se opusieron.

Es más, la medida no sólo eliminó las resoluciones antiguas sino también las que están apeladas ante la Justicia. En esa lista aparecía la mayor multa de la historia de la UIF, la de $13.000 millones contra el banco norteamericano Merrill Lynch por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas de lavado. Fue una sanción aplicada por este gobierno, en la gestión de Paul Starc al frente de la UIF.

La sanción de la unidad antilavado contra el Hipotecario ocurrió en febrero de 2019, cuando Mariano Federici presidía la UIF. El organismo lo penalizó por limitaciones en el monitoreo sólo a clientes de alto riesgo, con deficiencias graves detectadas en 2010 y 2013, deficiencias en la matriz de riesgo y el uso acotado y la subvaloración de variables relevantes, la implementación de sistemas de identificación y perfiles de clientes insuficiente o desactualizada e incumplimientos en reportes de operaciones sospechosas (ROS). La investigación inicial de la UIF data de 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y el organismo era dirigido por José Sbatella.

La multa en sí fue de bajo monto para un banco: $100.000, que eran US$2.500 de entonces. Otros $100.000 debían pagar en conjunto las autoridades de la entidad, incluido Elsztain, el miembro del órgano de administración Ernesto Viñes, los directores por IRSA -que controla el 44% del Hipotecario- Mario Blejer -expresidente del Banco Central-, Jacobo Dreizzen, Carlos Pisula, Gabriel Resnik, Mauricio Wior y Saúl Zang y los entonces integrantes del directorio en representación del Estado en tiempos del kirchnerismo Edgardo Fornero, Diego Bossio, Ada Maza y Mariana González. Para más detalle de la sanción aquí abajo se puede consultar:

No es tan habitual que un banco grande sea sancionado por la UIF, pero algunas aparecen. Por ejemplo, figuran en las de los últimos cinco años las aplicadas contra el Galicia (es de 2010, pero está publicada), BBVA (2023) y Macro (aunque es de 2020). En el archivo histórico, sin detalle de resoluciones, están las multas al Patagonia (2018), Supervielle (2014) y Comafi (2018).

AR/CRM

La tierra agrícola es el elemento central para la producción de alimentos, pero desde la crisis financiera de 2008 se transformó en un valioso commoditie, con rendimientos de mercado que alcanzaron a estar por encima de los cereales, el oro o el petróleo. La compra de tierra como activo financiero expulsa a quienes producen alimentos, mientras los mercados de carbono crecen como un nuevo peligro de “acaparamiento verde”, bajo el paraguas de las falsas soluciones al cambio climático. ¿Quiénes están detrás de este negocio con la tierra? El informe “Los señores de la tierra”, publicado por la organización FIAN Internacional y Focus on the Global South, identifica a los diez terratenientes transnacionales con mayor posesión de tierras, que controlan, en total, una extensión equivalente a Paraguay o Japón.

Entre los diez terratenientes trasnacionales más grandes, tres operan en la Argentina, donde el presidente Javier Milei eliminó la Ley de Tierras vía el decreto 70/2023, decisión judicializada y pendiente de resolución. Se trata de la forestal Arauco, de capitales chilenos, que explota 1,7 millones de hectáreas en el litoral argentino y en Chile, Brasil y Uruguay. El Grupo Benetton, de capitales italianos, que opera 924 mil hectáreas solo en la Argentina. Y, por último, el Grupo Cresud, la única empresa argentina en el ranking, que tiene como accionista mayoritario a Eduardo Elsztain, el mayor empresario inmobiliario del país y aliado de la Casa Rosada. La empresa de Elsztain está asociada con fondos de inversión como BlackRock —uno de los principales tenedores de deuda argentina— e ingresa a la lista por controlar tierras en Brasil, a través de Brasil Agro. En total, la firma de Elsztain posee 883 mil hectáreas.

El informe de FIAN y Focus on the Global South da cuenta del fenómeno del aumento de las adquisiciones trasnacionales de tierras desde 2000, con aproximadamente 65 millones de hectáreas —el 87 por ciento en regiones con alta biodiversidad—, pero no se queda en la denuncia sino que va hacia las propuestas y sentencia: “La concentración de tierra no es inevitable sino una consecuencia de la acción política”. Por eso, el documento se posiciona y convoca a repensar las políticas redistributivas para hacer frente a estas empresas y grupos financieros del norte global que “controlan vastos territorios y socavan la autodeterminación de las poblaciones y la soberanía alimentaria”. Las estrategias redistributivas propuestas son dos: políticas fiscales progresivas y reformas agrarias.

El documento resulta una síntesis de la información pública, investigaciones y plataformas independientes que revelan la información opaca y oculta por parte de las empresas sobre el acaparamiento y extranjerización de tierras. Y pone sobre la mesa la necesidad de que los Estados intervengan con políticas en lo que es la previa de la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que se realizará en Colombia en febrero del año próximo, con impulso del gobierno de Gustavo Petro.

¿Quiénes son los dueños de la tierra? 

El dato central del informe de FIAN es un número: 40.445.718 hectáreas, equivalente a la superficie de Paraguay, Japón o Zimbabue, es lo que tienen bajo control los diez principales terrateniente trasnacionales. Se trata de corporaciones agroindustriales, forestales o energéticas —que controla la gestión de esas tierras— o de entidades financieras, como fondos de pensiones y gestoras de activos. El análisis se concentra en la explotación de tipo agrícola y aclara: “Si se incorporan otros sectores —como la vivienda, la minería o el agua—, la superficie total bajo control de estas entidades es, sin duda, aún mayor”.

Por orden de acaparamiento de tierras, el ranking de “Los señores de la tierra” es el siguiente: 

Los diez mayores dueños de tierras trasnacionales son parte de una esquema global de financiarización, como explica Luciana Rolón, economista de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora principal del informe de FIAN. “A partir de la crisis global 2008 se generó un cambio en el esquema macroeconómico. La crisis bancaria hizo aparecer actores nuevos del sector financiero, que con la baja de rentabilidad de bonos y acciones hicieron un viraje a inversiones en activos reales. La tierra tiene un particular interés para estos inversores porque se aprecia a lo largo del tiempo, con un retorno mayor de largo plazo y con menos volatilidad que acciones y bonos, en convergencias con la crisis climática, energética y alimentaria”, explica Rolón a Tierra Viva. 

El esquema planteado por la investigadora se reflejó en los mercados mundiales de tierras agrícolas, en 2023, con un crecimiento promedio del 8,5 por ciento y rendimientos asociados por encima de los obtenidos por otros commodities como cereales (soja, maíz, trigo) oro o petróleo, según indica el informe.  

En el caso de las tres empresas transnacionales que operan en la Argentina, la explotación de las tierras se da con control y gestión de las tierras: sea para la industria forestal, la cría de ganado o el alquiler de tierras con destino a explotación agropecuaria. 

El informe precisa que Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile—opera como una empresa integrada con un modelo de negocio de productos derivados de la madera. En 2023, Arauco contaba con siete plantas de celulosa, 28 plantas de paneles y nueve aserraderos. En Argentina poseía 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones, una de las que tiene mayores niveles de propiedad extranjera de tierras.

En el caso de la multinacional Edizione, empresa de la familia italiana Benetton, el informe la señala como el mayor terrateniente privado de Argentina desde la adquisición, en 1991, de la Compañía Tierras del Sud. Controla 16.000 hectáreas en Buenos Aires, 356.000 en Río Negro y Chubut, y 552.000 hectáreas en Santa Cruz; destinados principalmente a la cría de ovejas para lana, pero también a cultivos. Edizione generó ingresos consolidados de 9500 millones de euros, en 2023, de los cuales casi el 80 provino del extranjero

Respecto de Cresud/Brasil Agro —controladas por Elsztain junto a accionistas minoritarios como BlackRock, Dimensional Fund Advisors y Vanguard Group— el informe precisa que del total de hectáreas en Argentina y países vecinos, 223.178 hectáreas se destinan a cultivos, 167.431 a ganadería bovina y ovina, y 464.858 catalogadas como “reservas de tierra” (principalmente bosques nativos), pero destaca la estrategia prioritaria de la empresa como “generación de ganancias de capital mediante la adquisición, desarrollo, operación y posterior venta de tierras rurales”. La empresa de Elsztain registró un crecimiento del 29 por ciento en sus tierras en los últimos trece años.

La investigación habla de otros dos fenómenos del modelo de financiarización de la tierra que marcaron el avance sobre las hectáreas agrícolas. El denominado “acaparamiento verde”, fomentado por la falsa solución de los mercados de carbono, y los casos de los grupos de gestión de activos financieros. 

El primero está dimensionado con la empresa Blue Carbon, de capitales de Emiratos Árabes Unidos —país petrolero sede de la COP28—, que acapara más de la mitad de las tierras relevadas entre los diez señores de la tierra, en su mayoría en países africanos. “Antes había acaparamiento de tierras. Ahora hay acaparamiento de carbono”, cita el informe con una definición del presidente del Banco Africano de Desarrollo. Desde 2016 se firmaron acuerdos de compensación de carbono por más de 5,2 millones de hectáreas en África, según cita el informe. 

La chilena Arauco dice ser la primera empresa forestal de América Latina en emitir bonos “sostenibles” en el mercado de deuda chileno y gestionar proyectos de compensación de carbono (mediante la producción de energía a partir de biomasa). El informe de FIAN marca que los “acaparamientos verdes” representan el 20 por ciento de los acuerdos sobre tierras a gran escala y se prevé que los mercados de compensaciones de carbono se cuadrupliquen en los próximos siete años. 

La responsabilidad de los Estados por los acuerdos corporativos de “emisiones netas cero” son parte del problema, con acuerdos por casi 1200 millones de hectáreas, lo que equivale a toda la tierra cultivable del planeta. Más de la mitad de estos compromisos corren el riesgo de superponerse con tierras utilizadas por comunidades rurales y pueblos indígenas.

El otro modelo de acaparamiento está ligado directamente a la crisis de 2008, cuando los fondos de inversión salieron en busca de mejores rendimientos en activos reales. “Fondos de inversión o fondos de pensión del norte global que invierte en el sur global. El caso más relevante es el de TIAA/Nuveen, el fondo de pensión más grande de Estados Unidos”, señala Rolón. El fondo de inversión cuadruplicó su cartera de tierras desde 2012 y consolida un patrón: “Los grandes terratenientes trasnacionales contribuyen a la extracción de riqueza del sur hacia el norte global”. El 80 por ciento de las tierras que controlan los grandes terratenientes están en países del sur. 

Según el informe, entre 2005 y 2017, los fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos patrimoniales invirtieron alrededor de 45.000 millones de dólares en tierras agrícolas. Mientras que el número de fondos de inversión centrados en agricultura y en tierras agrícolas pasó de 38 a 523 entre 2005 y 2018. Para 2023, se contaban 960 fondos activos especializados en activos alimentarios y agrícolas, que gestionaban más de 150.000 millones de dólares. 

El impacto de la concentración de la tierra 

La investigación de FIAN le pone nombre a un fenómeno que ocurre desde fines del siglo pasado y está registrado por trabajos académicos y por organizaciones multilaterales nucleadas en la FAO. Rolón marca a modo de síntesis: “Este modelo de financiarización impone una forma de producción donde prima la tecnificación y la gran escala con incremento de los precios de la tierra. Esto genera que pequeños productores queden fuera de competencia, por un lado, y, por otro, generan el desplazamiento de las comunidades campesinas y de pueblos originarios”.  

Como para tomar dimensión del avance sobre los terratenientes sobre los pequeños productores, FIAN cita la investigación ¿Quienes alimentan al mundo y cómo se concentraron las tierras agrícolas?, elaborada a partir de los censos nacionales a nivel global. Señala que de las 608 millones de explotaciones agrícolas en el mundo, las pequeñas explotaciones (menos de dos hectáreas) representan el 84 por ciento, pero operan sólo alrededor del 12 por ciento de las tierras y producen el 35 por ciento de los alimentos. Si se incorporan las explotaciones familiares (con más de 50 hectáreas) la producción de alimentos alcanza el 80 por ciento. 

El mismo informe señala que (tomando el total de explotaciones de 50 hectáreas o más), el uno por ciento de las grandes explotaciones maneja el 70 por ciento de las tierras agrícolas mundiales. Surge una pregunta que atraviesa el informe: ¿Cómo se producen alimentos? Lo que es evidente, indica Rolón, es que en las tierras concentradas por las transnacionales

—sean gestionadas por ellas o tercerizadas por fondos de inversión— la “sostenibilidad” está en cuestión. 

“La sostenibilidad en el uso de la tierra, su preservación, la inequidad en el acceso”, enumera la investigadora como problemáticas y agrega: “Los diez terratenientes trasnacionales más grandes tienen denuncias de abusos de derechos contra las comunidades en las tierras que controlan”. 

Para repasar solo los casos de las empresas que operan en la Argentina, el informe documenta la deforestación de bosques nativos por parte de Arauco para implantar el monocultivo de pino y eucalipto, y cómo acumula denuncias por parte del pueblo indígena Mbya Guaraní. La lucha de las comunidades mapuche por recuperar los territorios comprados por Benetton a Tierras del Sud y casos como el de Santiago Maldonado por la oposición de la empresa italiana a reconocerlos. También figuran las acusaciones contra Cresud por controlar tierras que se superponen con territorios ancestrales del pueblo indígena Wichí, en la región del Gran Chaco argentino.

“La desigualdad de la tierra amenaza directamente los medios de vida de unos 2500 millones de personas dedicadas a la pequeña agricultura, así como a los 1400 millones de personas más pobres del mundo, la mayoría de las cuales dependen en gran medida de la agricultura para sobrevivir”, cita el informe de un documento producido por la organización Land Coalition. 

La investigación también cita el documento “Reducir las desigualdades para la seguridad alimentaria y la nutrición”, del Grupo de Expertos de Alto Nivel en Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ganesan) en el que se reiteró que existen profundas desigualdades en el estado nutricional a escala global y que la inseguridad alimentaria ha empeorado en la mayoría de las regiones desde 2015. 

Mientras que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas ha adoptado un conjunto de Recomendaciones sobre políticas para reducir las desigualdades en favor de la seguridad alimentaria y la nutrición, en el que insta a los Estados a “reconocer, promover, respetar y salvaguardar los derechos de tenencia legítimos y equitativos, incluida la protección de los derechos de tenencia colectiva, al tiempo que se aplican reformas redistributivas”.

“El acaparamiento de tierras y el aumento de la concentración de la propiedad agraria son, por tanto, algunas de las causas del crecimiento del número de personas que padecen hambre: entre 713 y 757 millones de personas en 2023, lo que representa entre el 8,9 por ciento y al 9,4 por ciento de la población mundial”, sintetiza el informe de FIAN y agrega también la amenaza del acaparamiento sobre la biodiversidad: “Contribuyen a la deforestación, el agotamiento del agua y la degradación del suelo, al tiempo que desplazan a las comunidades que gestionan de forma sostenible hasta el 80 por ciento de la biodiversidad que queda en el mundo”. 

¿Qué hacer con los señores de la tierra? 

Desenmascarados los principales terratenientes trasnacionales y documentadas las consecuencias para la producción y abastecimiento de alimentos; y la amenaza sobre la biodiversidad; FIAN plantea recomendaciones a los Estados para que “promueven la rendición de cuentas de las empresas, políticas fiscales y de tenencia redistributivas”. Además, hace un llamamiento a la FAO y organismos multilaterales para que “mejoren el seguimiento de la desigualdad de la tierra utilizando métodos participativos, basados en los derechos y centrados en las comunidades marginadas”. 

La oportunidad estará presente en la Segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural (Ciradr+20), en la que La Vía Campesina confía poder impulsar a los Estados a “promover y apoyar procesos participativos (multisectoriales) de políticas públicas nacionales que respondan a las realidades territoriales, teniendo en cuenta la diversidad de contextos históricos y socioculturales”, planteó Nury Martínez, referente de LVC e integrante del Comité Internacional de Planificación sobre Soberanía Alimentaria (CIP). 

FIAN revela el problema que representa la falta de monitoreo y transparencia de datos. Para llegar al ranking de los diez terratenientes trasnacionales, el sistema utilizado fue de “rompecabezas” describe y califica Rolón sobre la ardua tarea de relevar información de organismos internacionales, académicos, investigaciones de medios, plataformas colaborativas independientes como Land Matrix y validar la información con informes corporativos y las web de las propias empresas. 

“A nivel internacional no existe un registro de quiénes son los dueños de la tierra”, señala la investigadora principal del informe. Y agrega que los registros de la propiedad y los catastros, a menudo apoyados por instituciones como el Banco Mundial, proporcionan registros formales de la propiedad, pero a menudo no recogen los derechos de propiedad superpuestos, consuetudinarios o comunales.

“Los datos agropecuarios surgen de los censos nacionales, pero lo que relevan son las explotaciones por tamaño, no priorizan relevar la tenencia de la tierra, o sea, qué características tienen se analiza por explotación. Las explotaciones pueden ser de un mismo dueño y eso no aparece relevado en los censos, esto hace que el análisis de la concentración o la inequidad del acceso a la tierra no se puede ver”, detalla Rolón sobre el principal problema para identificar el acaparamiento de tierra por privados y sentencia: “Las transnacionales terratenientes son invisibles para las estadísticas de los Estados”.  

En esta punto, Argentina aparece como un buen ejemplo junto a Australia y Estados Unidos por contar con un registro de extranjerización de la tierra a partir de la Ley de Tierras (26.737) y un límite del 15 por ciento para la posesión de hectáreas rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y municipal, y restringe las propiedades individuales a un máximo de 1000 hectáreas en zonas agrícolas clave. 

La norma, dictada en 2011, permitió revelar que 16,2 millones de hectáreas (el seis por ciento del total de tierras rurales del país) estaban en manos extranjeras, que el 79 por ciento pertenecían a empresas y que el uno por ciento de las personas extranjeras propietarias (256 entidades) controlaba el 80 por ciento de estas tierras. Los nombres de las empresas no puede saberse por secreto fiscal, mientras que el último informe disponible es de 2015 y, desde entonces, el Estado argentino no publicó ningún informe.

“En Estados Unidos también existen informes que te dan porcentajes de tierras en manos de extranjeros, discriminados por nacionalidad, pero no dan nombres de empresas. De esta manera, la información surge a partir de observar las páginas oficiales de las empresas, por declaraciones o entrevistas de los CEOs o por algunas investigaciones que intentan acudir a los registros municipales a validar la propiedad de las tierras que las empresas dicen tener”, relata Rolón sobre las dificultades para conocer quiénes son los dueños de la tierra, además de las “formas de compra a través de subsidiarias, fideicomisos y fondos de inversión. ”Que exista la ley es, en principio, un límite“, valora la investigadora. Ese límite a la extranjerización y acaparamiento quedó en la Argentina amenazado por el gobierno de Javier Milei que eliminó la Ley de Tierras a través del decreto 70/2023, cuya vigencia se logró sostener por fallos judiciales pendientes de resolución. 

Como caminos a seguir, el informe de FIAN propone enfoques participativos, que centran a las comunidades como productoras de datos clave e integran sus perspectivas; políticas fiscales progresivas sobre la tierra, la propiedad y los beneficios empresariales coordinadas a escala global para hacer frente a la evasión fiscal, los flujos financieros ilícitos y la extracción de riqueza del sur global. Además de avanzar en políticas de tenencia redistributivas, incluidas las reformas agrarias, que reclamen la tierra del control empresarial y financiero, dando prioridad al acceso y uso de la tierra de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indígenas y los pequeños proveedores de alimento. 

*Nota publicara originalmente en la agencia Tierra Viva

Eduardo Elsztain alojaba en su hotel Libertador a Javier Milei durante la campaña 2023, mientras José Luis Manzano impulsaba desde hace diez años el sueño presidencial de Sergio Massa. Uno había crecido fuerte con sus shoppings en el gobierno de Carlos Menem (1989-1999). Otro fue hasta ministro del Interior de aquel presidente, pero en 1993 dejó la política para hacerse empresario. Ahora ambos comparten su fascinación por Milei y multiplican sus negocios.

Elsztain logró a principios de 2023 que la Justicia le habilitara a construir en los terrenos de la ex ciudad deportiva de La Boca, que había adquirido en 1997. Arrancó 2025 vendiendo los primeros 14 lotes del proyecto Ramblas del Plata, también apodado la Dubái porteña, y ya colocó 13. También comenzó este año convirtiéndose en el mayor accionista de la mina sanjuanina de oro Hualilán, que comenzará a producir en noviembre, y después invirtiendo en otro yacimiento salteño de plata. En el mundillo de los negocios no se descarta que se interese por los 22 campos de 30.000 hectáreas en total que tiene el ajustado Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y que Milei planea vender.

Manzano no se queda atrás. Por un lado, crece en Perú, donde el año pasado se quedó con una minera y este año, con la filial de la española Telefónica. Por otro, el año pasado aterrizó en San Juan para desarrollos cupríferos y este mes su eléctrica Edenor, donde comparte el control con su amigo Daniel Vila y con Mauricio Filiberti, incursionó en minería al comprar dos firmas de litio y cobre en Catamarca. Esta semana se le incendió su yate de 50 millones de euros en Francia, pero nadie tiene un barco así sin seguro.

Para Elsztain y Manzano, todo marcha de acuerdo al plan. No es el caso del ministro de Economía, Luis Caputo. Su equipo preveía desarmar este julio las Letras Fiscales de Liquidez (LEFI), que pagaban a los bancos un 38%, para empezar a bajar esa tasa e impulsar así el sostenimiento de la reactivación económica. El fuerte repunte de la primera mitad del año, impulsada por el sector financiero, la minería, Vaca Muerta y la venta de bienes durables (autos, motos, electrodomésticos), no incluyó el consumo masivo (alimentos, bebidas, remedios) y además empezó a perder vigor. Esta desaceleración se percibe en la actividad, el salario y crédito.

Pero del 38% de las LEFI se terminó abonando 48% por las Letras de Capitalización (Lecap). En el medio, un error de cálculo de Caputo y equipo, según coinciden casi todos en la City porteña. La inyección de pesos de las LEFI, que servían como instrumento de liquidez para los bancos, redundó en una baja de tasas que impulsó a los inversores al dólar, al que veían barato desde principios de año. Así es que la moneda norteamericana tocó el máximo de $1.300.

Para contener la suba, el Tesoro debió organizar una licitación fuera de agenda de Lecap y aceptar una suba de tasas que enfriará la economía y el empleo, creciente preocupación social. Es el precio que el Gobierno está dispuesto a pagar con tal de controlar el dólar y así seguir bajando la inflación, dos objetivos clave para ganar las elecciones bonaerenses de septiembre y nacionales de octubre.

La demanda de altas tasas por parte del mercado generará tensión cada 15 días, cada vez que se renueven las Lecap. Eso también provoca incertidumbre. Ahora el peso ya no está tan sobrevaluado como a principios de año, cuando era la segunda moneda más apreciada del índice Big Mac de la revista The Economist, sino que se encuentra en el puesto 21° entre 54 países, con un dólar a $1.290. Pero si en la medida en que se acercan las elecciones, el mercado percibe que otra vez el dólar se atrasa, entonces pedirá más tasa y el esquema se tornará insostenible, según coinciden en un banco de inversión europeo y en otra entidad financiera local.

Hasta los asalariados se han acostumbrados a cobrar su sueldo en el banco y al día siguiente girar casi todo a billeteras virtuales para que los remuneren. Sin ese incentivo, volverán al verde. Claro que el Gobierno tiene poder de fuego, ya Caputo demostró en 2017 como presidente del Banco Central que estaba dispuesto a desobedecer al Fondo Monetario Internacional (FMI) para usar sus préstamos para controlar el tipo de cambio y además ahora cuenta con un ancla fiscal de la que en aquel tiempo carecía. Además, la perspectiva del mercado es que La Libertad Avanza (LLA) gane. Sus operadores bonaerenses esperan entre 38% y 45% de los votos en la provincia de Buenos Aires. Pero en el banco de inversión europeo aclaran que después de la victoria electoral deberán devaluar un 10% para acumular reservas, como les pide el FMI.

El Fondo viene dilatando la primera revisión del nuevo crédito para que el Central sume activos, aunque sea a destiempo. El plazo terminó el 13 de junio. Por eso, el Gobierno deberá pedir un waiver (exención) para que el organismo desembolse un segundo tramo del préstamo de US$2.000 millones. Por ahora, las autoridades adquirieron US$900 millones -suerte que el asesor económico Felipe Núñez se jactaba que el mandato de Milei era “bajar la inflación, no comprar reservar”-, sumaron US$1.000 millones del bono BONTE y 2.000 millones de dólares del crédito repo de bancos.

“Empezamos a ver una caída del optimismo e incertidumbre electoral, pese al apoyo popular que conserva LLA, por lo que vamos a tener volatilidad cambiaria”, pronostica Mauricio Monge, economista senior de la consultora británica Oxford Economics. “El Gobierno va a mantener el dólar así hasta las elecciones, han apostado a colocar deuda para sumar reservas… no es el mecanismo óptimo. Pero se espera que con inflación baja, logren aumentar los diputados y senadores… igual van a necesitar negociar en el futuro Congreso, por ejemplo, la reforma tributaria”, conjetura Monge. Es decir, en 2026 las peleas actuales con la oposición antes dialoguista por las leyes jubilatoria, de discapacidad y reparto de fondos a las provincias deberían disiparse pasado el fragor electoral de octubre.

Para después de elecciones, el economista de Oxford Economics espera que se eliminen las restricciones que continúan del cepo para las empresas y que el Banco Central comience a acumular reservas de manera genuina, es decir, con menos deuda, más exportaciones, menos importaciones (léase menos turismo omisivo, menos consumo de bienes durables). Para fin de año prevé un dólar a $1.430, con una inflación del 32%, y para diciembre de 2026, a $2.120, con precios moviéndose al 29%. Desde México, Monge sostiene que Argentina necesita un tipo de cambio más alto y libre; de lo contrario, el Banco Central no podrá acumular reservas y las multinacionales seguirán yéndose debido a los altos costos.

“Sólo van las mineras y petroleras por los beneficios del RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones)”, comenta Monge. Milei deliraba hace un año que el RIGI le traería US$47.000 millones, pero los 15 proyectos presentados hasta ahora -de los cuales sólo se aprobaron cinco- suman US$16.000 millones. Muchos de ellos se iban a hacer con o sin las ventajas extraordinarias que los libertarios y los opositores amigables les aprobaron.

El Gobierno espera que lleguen inversiones con las privatizaciones de 18 empresas estatales. Además, YPF prevé vender el 70% de Metrogas, pero primero el Ejecutivo debe terminar las audiencias públicas para renovar por 20 años las concesiones de distribución de gas de todo el país, que vencen en 2027 tras 35 años. Sin eso, ningún interesado aparecerá.

También planea concesionar 13 corredores viales con hasta 9.000 kilómetros de rutas. Pero la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que encabeza Gustavo Weiss, le advirtió al secretario coordinador de Infraestructura, Martín Maccarone, que el esquema planteado por el Gobierno no funcionará. El Ejecutivo quiere que los concesionarios de rutas -pueden ser constructoras o de cualquier rubro, por lo que sueñan con un Mercado Libre o un Arcor, pero no aparecen- busquen financiamiento de bancos locales, con esa plata mejoren las rutas y después paguen sus deudas con el peaje. Pero las entidades financieras dudan de prestar a proyectos que dependen de tarifas que un futuro gobierno de otro color político pueda congelar. Además, las constructoras advierten que la paralización del mantenimiento de las rutas en el último año y medio las dañó tanto que ahora se necesita mucho más que los 4 o 5 dólares de peaje por cada 100 kilómetros que se cobran en Europa, frente al US$1 que se paga en la Argentina. Por tanto, la ecuación se torna inviable, según los empresarios de Camarco.

Los que esperan que les mejoren las rutas son los productores del campo y así se lo hicieron saber este martes -en la previa de la Exposición Rural de Palermo- unos 12 integrantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace a Milei. El Presidente, que suele pasar más tiempo en las redes sociales que en contactos con empresarios, se tomó el tiempo de ir a visitarlos para calmar los ánimos por la suba de retenciones a la soja y el maíz, de modo de evitar cualquier atisbo de chiflido cuando el próximo día 26 inaugure oficialmente la muestra.

No se descarta en el ruralismo que ese sábado anuncie alguna rebaja del impuesto que más preocupa a los agricultores. En la reunión, no les prometió fechas. Suena raro que lo concrete ahora en plena campaña mientras le niega aumentos a jubilados y personas con discapacidad. Milei les manifestó su bronca con los senadores y los gobernadores que impulsaron esos incrementos la semana pasada.

Cuando le preguntaron por las rutas, el mandatario reiteró el plan de concesiones. Cuando lo cuestionaron por el ajuste del INTA, los derivó con su autor intelectual, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, el mismo que justificó el despido de 50.000 empleados públicos celebrando que al mismo tiempo se crearon 200.000 puestos de trabajo informales. Cuando lo consultaron por las economías regionales y la agricultura familiar, les respondió suelto de cuerpo que él se ocupaba de la macroeconomía y las cuentas públicas, y que ellos debían arreglar por su cuenta.

Delicias del modelo libertario.

AR

Un nuevo informe de la organización internacional Global Witness, que investiga desde hace más de 30 años abusos ambientales y de derechos humanos en distintos puntos del mundo, puso al empresario argentino Eduardo Elsztain, del círculo cercano al presidente Javier Milei, y al Banco Santander en el centro de una denuncia por supuesta deforestación de bosques nativos en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay. 

El reporte se centró en cómo el Santander, banco de capitales españoles, financió mediante la compra de bonos a Cresud, la empresa agropecuaria que controla Elsztain. El análisis de datos satelitales realizado por Global Witness sugiere que Cresud ha deforestado más de 170.000 hectáreas en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay desde 2001 –un área tres veces mayor que Madrid y ocho veces mayor a la Ciudad de Buenos Aires– para convertirlas en tierras de cultivo y venderlas posteriormente a un mejor precio. 

Cresud es una compañía agropecuaria con negocios en Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay. Se centra en cultivos extensivos, caña de azúcar y ganado. Entre esos cuatro países acumula más de 800.000 hectáreas. 

Elsztain es el dueño de IRSA, la empresa propietaria de los principales shoppings y centros comerciales de Argentina, además de supermercados, bancos, financieras, telecomunicaciones, tecnología, energía, turismo y hoteles, como el Libertador, elegido por La Libertad Avanza (LLA), el partido de Milei, como bunker de campaña en las últimas dos elecciones.

Los bosques supuestamente afectados por la empresa incluyen las regiones del Gran Chaco en Argentina y Paraguay; el Chiquitano, en Bolivia; y el Cerrado, en Brasil. “La expansión de la empresa también ha provocado conflictos con los pueblos indígenas y las comunidades locales en Brasil, Paraguay y Bolivia”, aseguró Global Witness. 

El Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal de Sudamérica, después de la Amazonía, comprende en Argentina a las provincias de Salta, Chaco, Santiago del Estero y Formosa, en el noreste del país. En la región chaqueña de estas cuatro provincias conviven 3.400 especies de plantas, 500 especies de aves, 150 mamíferos –entre ellos, el yaguareté, del que se estima, quedan unos 20 ejemplares en esta región de Argentina–, 120 reptiles, unos 100 tipos de anfibios y más de 4 millones de personas, de las cuales cerca del 8% es indígena, sostiene un estudio de la organización Greenpeace. Los pueblos originarios dependen del bosque para obtener alimentos, agua, maderas y medicamentos.

“Con toda la deforestación, los estuarios y las quebradas y el agua dulce, se han secado, y eso ahora es un gran problema”, afirmó a Global Witness Sergio Rojas, un activista indígena de la comunidad Qom. “Estamos en una situación muy difícil porque no hay nada que comer, nada que beber y las temperaturas en este momento también son extremas”, agregó. 

En el caso de Cresud, sus campos se encuentran en Salta, donde más de 60.000 hectáreas de vegetación han sido arrasadas en una única área, la Estancia Los Pozos, desde su adquisición en 1997, dice el informe de Global Witness.

elDiarioAR se comunicó con el área de Ambiente del gobierno de Salta, donde informaron que los permisos de deforestación concedidos a Cresud corresponden a otras gestiones en la provincia.

Cresud vende terrenos a otras firmas. En este análisis, Global Witness solo pudo examinar la supuesta deforestación en propiedades que están actualmente en manos de la empresa, lo que  significa que las verdaderas cifras de desmonte serían muy superiores. 

De hecho, según el análisis satelital de otra organización, Greenpeace, entre 1998 y 2018, se han deforestado un total de 120.000 hectáreas en los campos de Cresud en la provincia de Salta.

“Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado. Luego cuando el terreno se revaloriza, la empresa suele venderlo al mejor postor”, afirmó a elDiarioAR Charlie Hammans, autor del reporte.  

“Bienes raíces agrícolas”

Elsztain es uno de los reyes del real estate en Argentina. En 1994, un nuevo director ejecutivo de Cresud tomó el enfoque de las inversiones en bienes raíces y lo aplicó a las propiedades rurales, detalla el informe.

Tres décadas más tarde, la empresa ha tenido un extraordinario éxito financiero. Pasó de registrar ingresos por US$49 millones en 2010 a US$1.400 millones en 2024.

En 2005, estableció una filial en Brasil, BrasilAgro, con el objetivo de expandir el modelo empresarial argentino. Luego se extendió a Paraguay y Bolivia.

Cresud y BrasilAgro son empresas que cotizan en la bolsa de valores de Nueva York.

“El proyecto comercial es sencillo”, afirma Hammans. “En julio de 2024, el gerente argentino de Cresud, Diego Chillado Biaus, dijo: ‘Vamos a las áreas a las que las personas no quieren ir, enfrentamos la volatilidad de la producción, nos encargamos de estabilizarlos (los campos) y los vendemos para comenzar otra vez’”. “Mientras Cresud aguarda por la fijación de los precios de los terrenos, la tierra se usa para el cultivo de soja, trigo y girasoles, así como para la cría de ganado”, sostiene Hammans.

Cresud se dedica a comprar grandes extensiones de tierras forestales, las deforesta y las convierte en tierras de cultivo para soja, trigo, girasoles o cría ganado

Charlie Hammans — Autor del informe de Global Witness

El rol de Santander

El banco Santander ha tenido un rol central en el avance de las topadoras en el monte chaqueño, según Global Witness. La organización determinó que la sede argentina del banco español ha contribuido a financiar a Cresud desde 2011 con unos US$1.300 millones para el gigante de la agroindustria.

“Cresud no podría obtener ganancias sin poder deforestar porque todo su modelo de negocio depende de poder arrasar grandes extensiones de bosques de vital importancia para el clima”, afirmó Giulia Bondi, activista sénior de Global Witness. “Y sin embargo, cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron”.

Global Witness utilizó una combinación de datos proporcionados por la plataforma Eikon Refinitiv e informes financieros disponibles públicamente, realizados por Cresud, para calcular la financiación del banco a la compañía argentina.

El banco de capitales españoles suele ser el colocador principal de las emisiones de bonos emitidas por Cresud. De hecho, el estudio sostiene que 35 de las 47 emisiones de bonos emitidas por Cresud para recaudar dinero de inversionistas desde 2002 han sido suscritas por Santander como suscriptor principal. Los consorcios bancarios, incluido Santander, representaron más del 90% del valor total de los bonos emitidos por Cresud desde 2002. Santander coloca frecuentemente el bono en consorcios de hasta otros 10 bancos.

“Santander desempeñó un papel fundamental en la recaudación de estos 1.300 millones de dólares para Cresud al actuar como suscriptor principal de la empresa, conjuntamente con varios bancos argentinos e internacionales”, explicó a elDiarioAR el autor del informe. Cuando un banco como Santander suscribe un bono para una empresa, la ayuda a recaudar fondos de otros inversionistas y le garantiza comprar el bono si no se vende. 

Esta financiación se incrementó a pesar de la adopción por parte de Santander en 2018 de una política para “limitar” la deforestación, y el establecimiento en 2021 de un objetivo de deforestación neta cero, sostiene el investigador de Global Witness.  

Además de suscribir sus bonos en busca de financiamiento, “el banco le ha proporcionado directamente a Cresud préstamos de más de US$50 millones”, concluye el informe.

elDiarioAR se comunicó con dos voceros de Elsztain, pero ninguno de ellos respondió. Cresud tampoco respondió a los autores del informe. En respuesta a una solicitud de comentarios en 2021, en el marco de una investigación centrada en la deforestación y realizada por el medio brasileño Agencia Pública, la filial de Cresud en Brasil, BrasilAgro, declaró: “Llevamos a cabo nuestro negocio implementando las mejores prácticas de gobernanza empresarial”.  Luego, agregó: “Nos gustaría reiterar que todos los acuerdos y transacciones realizados por la empresa están en consonancia con la legislación pertinente”.

Ante la consulta de elDiarioAR sobre si financiar a Cresud no implicaba una violación a su propia política ambiental, la filial argentina de Santander respondió: “Tenemos políticas estrictas de compromiso ambiental”. “Por temas de confidencialidad no tenemos permitido comentar cuestiones de nuestros clientes”, añadieron sus voceros.

La política ambiental del banco establece que, en cuanto a sus clientes, Santander diseñará “productos y servicios de carácter social y ambiental” para “contribuir a la conservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático”. “El banco se compromete a considerar tanto el impacto ambiental de sus instalaciones y operaciones internas como de su actividad bancaria y financiera”, dice su propio protocolo.

Santander también establece entre sus políticas ambientales “la ambición del banco de ser cero emisiones netas de carbono en 2050 para luchar contra el cambio climático”. Sin embargo, de acuerdo con el cálculo de Global Witness, la deforestación de Cresud equivaldría a un estimado de 30 millones de vuelos trasatlánticos, ya que los bosques afectados constituyen una de las zonas con mayor biodiversidad y carbono del mundo. 

Ola Janus dirige la campaña Banks and Nature de BankTrack, una ONG que organiza campañas para que los bancos respondan por sus compromisos. Consultada por Global Witness, sostuvo en el informe: “Las ambiguas políticas de Santander les abren las puertas a la deforestación y los abusos de derechos humanos relacionados con los negocios agrícolas en América del Sur”. La especialista afirmó que en aras de mostrar su verdadero compromiso con el fin de la deforestación, “Santander debería comenzar por pedirles explícitamente a sus clientes y proveedores que no contribuyan a la conversión o degradación de los ecosistemas naturales”.  

Cuando el banco Santander introdujo una política para limitar la financiación de empresas deforestadoras, sus inversiones en Cresud aumentaron

Giulia Bondi — Activista sénior de Global Witness

Bondi, por su parte, agregó: “Esto demuestra la urgente necesidad de que la Unión Europea (UE) establezca normas para impedir que el sector financiero subvencione la destrucción de bosques de vital importancia para el clima”. 

El bloque postergó la entrada en vigencia de una ley denominada La Ley Cero Deforestación. La norma debía entrar en vigencia el 30 de diciembre de 2024 para grandes operadores y comerciantes, y el 30 de junio de 2025 para micro, pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, el Parlamento Europeo decidió que este plazo será extendido por un año más, luego de que 17 países de Latinoamérica, Asia y África enviaran una carta solicitando el cambio.

La normativa europea plantea que países como Argentina se deben preparar para cumplir la norma de la Unión Europea que prohibirá el ingreso de productos provenientes de zonas deforestadas después de 2020. 

ED/DTC

La décima edición del Foro Llao Llao en el famoso hotel de Bariloche arrancó este miércoles en medio de un fuerte hermetismo. Los empresarios más ricos del país se reúnen a puertas cerradas hasta el viernes, sin ningún tipo de acceso a la prensa (a diferencia de años pasados), para una catarsis que tiene de fondo, además de un paisaje paradisíaco, la celebración de la motosierra de Javier Milei y la ansiedad por el fin del cepo al dólar.

Entre tanto secretismo, desde el propio foro se encargaron de compartir algunos detalles de la agenda que tendrán los hombres y mujeres dueños de las fortunas del país. El propio Milei estaba invitado, pero su viaje relámpago a Estados Unidos para encontrarse con Donald Trump y acelerar el nuevo préstamos del FMI habría cambiado ese plan. Dentro del Llao Llao se estimaba que el Presidente no llegará a exponer ante los empresarios.

Pero sí están confirmados otros expositores de cierto peso o relevancia. Entre ellos hablará el argentino más rico, que a su vez es socio fundador del foro: el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperín. También está anotado como invitado especial el medallista olímpico José Torres Gil, el “Maligno”, que ganó el oro en Paris en BMX. Y se destaca la presencia de Rafael Grossi, actual director del Organismo Internacional de Energía Atómica.

“El Foro Llao Llao es un espacio en constante evolución que convoca a distintas generaciones de líderes que creen en una Argentina competitiva, integrada al mundo y ganadora. La agenda del Foro promoverá el diálogo de una diversidad de voces”, apuntaron desde la organización en un escueto primer comunicado que se compartió este 2 de abril. El anfitrión es Eduardo Elzstain, dueño del holding agrícola e inmobiliario Cresud-IRSA, propietario del hotel y también quien le prestó el hospedaje a Milei del Libertador Hotel, en la Ciudad de Buenos Aires, durante la campaña presidencial.

Desde hace diez años el foro tiene los mismos habitués: el ya mencionado Galperin, junto con Martín Migoya y Guibert Englebienne (ambos de Globant), Federico Braun (supermercados La Anónima y Banco Galicia), Carlos Miguens Bemberg (Central Puerto), Agustín Otero Monsegur (citrícola San Miguel), Karina Román (Román Logística) o Cristiano Rattazzi (Gruppo Modena). Suelen ir también líderes de Endeavor, fundación que apoya la iniciativa privada y que cuenta entre sus directivos a Eduardo Bastitta (Plaza Logística), Alfredo Poli (Pluspetrol), Roberto Souviron (del fondo Win Win Ventures), Nicolás Sánchez (Grupo Prima), Federico Lauría (Dale Play), Nicolás Szekasy (fondo Kaszek), Alejandro Larosa (Agrofy), Luciano Nicora (Pampa Start), Franco Mignacco (Minera Exar), Nelson Duboscq (Digital House) y Sofía Pescarmona (Bodega Lagarde y la aseguradora Mercantil Andina).

Como la lista de las presencias es cerrada, hay quienes se preguntan si asistirán otros empresarios que están apoyando firme a Milei como el energético y minero José Luis Manzano (Edenor, entre otras firmas), su colega Bettina Bulgheroni (esposa de uno de los dueños de Pan American Energy, PAE, Alejandro Bulgheroni), amiga de Karina Milei, o los hermanos Juan y Patricio Neuss, íntimos de Santiago Caputo.

El dueño de Mercado Libre, radicado en Uruguay para pagar menos impuestos, encabezará la charla “Talento argentino en compañías globales”, junto con Horacio Barbeito (GAP) y Ignacio Caride (Walmart). También habrá una conferencia sobre finanzas de los inversorres Marcelo Claure y Guibert Englebienne. Los más ricos tienen en agenda un debate con emprendedores con los unicornios Matias Woloski (Auth0) y Santiago Sosa (TiendaNube).

La charla de Grossi se titula “Argentina, Latinoamérica y el mundo. Una mirada global”. Y los empresarios buscarán “inspirarse” en las historias de vida del “Maligno” Torres, medalla de oro en BMX freestyle en los Juegos Olímpicos de París, y Coco Oderigo, fundador de Espartanos, equipo de rugby integrado por personas privadas de su libertad.

También habrá paneles de jóvenes emprendedores en áreas como educación, agronegocios y finanzas, como Luz Borchardt de Henry, Lucas Ranallo de Complif, Juan Manuel Baruffaldi de DeepAgro e Ignacio Basso de Seeds. Y empresarios como Verónica Andreani (Organización Andreani), Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó), Max Cavazzani (Preguntados), Federico Lauria (DalePlay), Gastón Parisier (BigBox) y Sofía Pescarmona (Bodegas Lagarde).

MC

Hace una semana almorzaron en el restaurante Piegari Carnes, en Retiro, el futuro ministro del Interior, Guillermo Francos, que se maneja como si fuera un jefe de Gabinete; su exempleador Eduardo Eurnekian, dueño de Corporación América (Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) y Compañía General de Combustibles (CGC), entre otras empresas); los presidentes de las Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, y de la Bolsa de Comercio porteña, Adelmo Gabbi, y el asesor especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Cinosi. “Charla de amigos”, comentaron. Pero fue simbólica de la redefinición del poder a partir de que este domingo jure como presidente de la Nación Javier Milei, otro exempleado de Eurnekian que promete alineamiento con Estados Unidos e Israel y reemplazar la obra pública por la financiada por el sector privado.

Un lobista que no es Cinosi pero frecuenta a los empresarios del círculo rojo da por hecho que Eurnekian aportó a la campaña de Milei, por más que en Corporación América lo nieguen y que no figure en los registros declarados. También comenta que el empresario de 91 años y de origen armenio colocó a tres de los ocho ministros del nuevo gabinete, otra versión desmentida en sus filas. En la corporación se desentienden de que a la asunción de Milei venga el presidente de Armenia, Vahagn Jachaturian.

Antes de las primarias del 13 de agosto el economista libertario venía trabajando ya con Nicolás Posse, futuro jefe de Gabinete, que estrechó una amistad con el nuevo presidente cuando eran compañeros de trabajo en Corporación América. Pero Posse, que se desempeñó allí en un frustrado proyecto de corredor bioceánico de ruta y tren con Chile, después había quedado relegado a dirigir los aeropuertos patagónicos de AA2000 (lo que excluye los de Ushuaia, El Calafate y Trelew, en manos de London Supply). Pero tras la victoria sorpresiva de Milei en las primarias, Eurnekian habría intentado proveerle de un equipo.

Unos días después de aquel triunfo, Infobae informó que Guillermo Francos dejaba el gobierno de Alberto Fernández, al que representaba en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Washington, y se sumaba al plantel de La Libertad Avanza (LLA). Tomás Eurnekian, sobrino del poderoso empresario, es dueño del 20% de Infobae América, controlado por Daniel Hadad. A su vez, la esposa de Hadad, Viviana Zocco, fue socia de la futura canciller Diana Mondino en una calificadora de riesgo, Risk Analysis, que después adquirió la norteamericana Standard & Poor's (S&P). Más tarde, Mondino fue directora de empresas como Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), el banco Supervielle, la cementera brasileña Loma Negra o Bodegas Bianchi.

Francos puso orden político al armado improvisado de Milei en la campaña. Le queda mucho más trabajo por delante cuando arranque el gobierno. Pero, además, llevó al gabinete al próximo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que había sino uno de los varios abogados de Corporación América. En un principio, el economista libertario confiaba esa área a Santiago Viola, pero cuando se alió con Mauricio Macri tras la derrota en primera vuelta del 22 de octubre el expresidente empezó a presionar por Germán Garavano y Bernardo Saravia Frías. Finalmente, el jefe de Estado electo optó por aquel abogado que se hizo mediático en los años 90 cuando defendió a Guillermo Coppola, el representante de Diego Maradona que había sido acusado por drogas.

El tercer supuesto ministro sugerido por Eurnekian es Guillermo Ferraro, en Infraestructura. Allí también Milei resistió el lobby de Macri por Guillermo Dietrich, quien había sido su ministro de Transporte y que como tal había discutido fuerte la renegociación contractual de AA2000. Ferraro, en cambio, estuvo durante 13 años al frente de la consultora KPMG y desde allí asesoró a Corporación América en dos proyectos que finalmente no se concretaron, el corredor bioceánico y la hidroeléctrica Chihuido. ¿Resucitarán esas iniciativas? ¿Se excluirá Ferraro de intervenir por eventual conflicto de interés? Vaya a saber. Su ministerio está loteado entre funcionarios que no son de su riñón, como el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que viene de ser consultor en España, y la eventual responsable de Minería, Flavia Royón, que quería volver a su Salta natal después de dirigir la política energética con Sergio Massa, pero el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, la está convenciendo de quedarse en Buenos Aires.

Los partidos provinciales que gobiernan Salta, Misiones, Río Negro y Neuquén pueden ser claves para las leyes que quiere aprobar Milei. Y La Linda es el epicentro del boom del litio: es sólo cuestión de andar por las destrozadas rutas 17 y 27, entre ripio y arena, desde el límite con Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, pasando por el de Pocitos, y hasta San Antonio de los Cobres, el pueblo del Tren de las Nubes, para toparse con camiones y pick ups que van y vienen por los proyectos que comenzarán a producir pronto en este provincia. Royón, ex empleada de los Brito en un frigorífico, llega impulsada por uno de los inversores argentinos en litio, José Luis Manzano, que pasó rápido del apoyo a Massa a mostrar en una jornada de Econojournal su interés por las privatizaciones que planea Milei. ¿Le interesará comprar parte de YPF? Entre las petroleras extranjeras apuntan a otros dos interesados por la rival estatal: Eurnekian y los Bulgheroni, dueños del 20% de Pan American Energy (PAE), otros ilusionados con el nuevo gobierno.

No hay muchos empresarios que conozcan demasiado al economista que a los gritos se hizo famoso en televisión, se metió en política hace dos años como diputado y ahora llegará a la Casa Rosada. Varios de ellos lo conocieron en persona en 2023. Uno de ellos fue Eduardo Elsztain, que lo recibió en su hotel Llao Llao cuando en abril fue a exponer ante el foro de grandes hombres de negocios que lleva el nombre de ese establecimiento de Bariloche. El judaísmo y las ideas económicas liberales los unen. Desde hace 50 días que Milei está alojado en otro hotel de Elsztain, el Libertador, su búnker, primero para la campaña y después para la formación del gobierno. Hace 10 días visitaron juntos la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, referente del movimiento judío Jabad Lubavitch, en Nueva York.

Habrá que ver si el dueño de la desarrolladora inmobiliaria IRSA se muestra interesado por el nuevo modelo de iniciativa privada para las obras de infraestructura que plantean Milei y Ferraro: podría atraer a los financistas que conoce en EE.UU para proyectos que levanten las constructoras tradicionales que integran la Camarco. Otro que podría acercar capitales a esas obras es Mindlin. El presidente electo ha visitado varias veces el Museo del Holocausto, que preside el propietario de Pampa Energía y la constructora Sacde y que rinde homenaje a los 6 millones de víctimas de la Shoá, incluidas la tía abuela de este cronista, Henriette Deligdisch.

De la visita del sepulcro del rabino en Nueva York también participó, aunque en un segundo plano, Gerardo Werthein. Su nombramiento como embajador en Washington fue adelantado por el medio de su amigo Hadad. Werthein negó que él haya pagado los US$250.000 que costó el avión privado con el que viajó junto a Milei, su hermana Karina, el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, su sobrino y estratega de marketing político Santiago Caputo, Posse y el embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley.

Werthein se separó en 2020 de sus primos del grupo Los W, formó un fondo de inversión con el banquero brasileño Edmond Safra y se mudó a Uruguay -como tanto millonarios huidizos del impuesto de bienes personales-. Contó que cada pasajero del avión abonó su parte, es decir, US$41.000, salvo Stanley, a quien él invitó. Se supone que tampoco pagó por el almuerzo que Milei compartió con el ex presidente norteamericano Bill Clinton. Lo que es seguro es que Werthein también puede acercar inversores. Esperemos que esta vez sean más concretos que aquellos con los que el nuevo jefe de Estado supuestamente había pactado ya en campaña para financiar la frustrada dolarización. “Mientras nos atacan, difaman, operan, etc., nosotros estuvimos avanzando en negociaciones y ya conseguimos los dólares para dolarizar la economía al valor del dólar de mercado”, chamullaba Milei en junio por la red social X. El designado embajador es nieto de Gregorio Werthein, que durante años presidió el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

Milei fue este año al Cicyp -también asistió allí un conocido de él, el presidente de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, Mario Montoto-, al Foro Llao Llao, a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Amcham, según sus siglas en inglés), pero no quiso visitar la Unión Industrial Argentina (UIA) o la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y descalificó a la Camarco con el mote de Cámara Argentina de la Corrupción. El presidente es selectivo a la hora de relacionarse con los hombres de negocios, supuestamente no les gustan aquellos cerrados a la competencia o corporativistas, pero ya su ministro del Interior dio muestras de ser más proclive a relacionarse con ellos, almorzó con Weiss y asistió a la reciente conferencia anual de la UIA.

El G6 -que agrupa a la UIA, Camarco, SRA, la Bolsa porteña, la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC)- esperan una cita con Milei y Caputo, el hombre que a su vez le abrió contactos en el mundo financiero de Wall Street. Para eso lo sumó al gabinete: para conseguir préstamos para el inicio de su gestión y desarmar así lo que muchos economistas como Carlos Melconian consideran que no es urgente, la bola de deuda del Banco Central.

Quien elogia seguido a Milei por sus ideas es el dueño de X, el sudafricano Elon Musk, también de nacionalidades estadounidense y canadiense, propietario además de la fabricante aeroespacial SpaceX -que ha lanzado satélites hechos por el Estado argentino-, de la de autos eléctricos Tesla y de la firma de Internet satelital Starlink. Antiprogre como el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, Musk charló este miércoles por teléfono con Milei.

En el equipo que asesora al nuevo presidente reconocen que es difícil que el mayor millonario del mundo vaya a poner una fábrica de coches o baterías de litio en la Argentina, dado que se requerirían inversiones de miles de millones de dólares, para lo cual debería asegurarse que el proyecto político de LLA sea duradero y que el mercado regional se deshaga más rápido de lo pensado de los más baratos vehículos a petróleo. Pero admiten que, al igual que Toyota, General Motors (GM) o Stellantis, a Tesla también le puede interesar asegurarse la propiedad del litio, más allá del acuerdo que hoy en día tiene con la norteamericana Livent para proveerse del Salar del Hombre Muerto. La Argentina debería firmar un acuerdo con EE.UU para abaratar la exportación del mineral a ese país e incluso elevar así su procesamiento en el terreno local: dejar de enviar carbonato de litio y mandar hidróxido. Además, quizá Starlink llegue un día a la Argentina. En el equipo de Milei no se descarta su interés por la privatización de Arsat y su red de fibra óptica nacional. Sería un desafío para los proveedores locales de Internet. Uno es Telecom, de Héctor Magnetto, entusiasmado con el nuevo gobierno, pero inquieto para que no le vete su acuerdo de provisión de tecnología 5G con la china Huawei, objetada por EE.UU. Otro es Claro, del mexicano Carlos Slim, que mantuvo una videollamada con Milei tras su victoria. Por último está la española Telefónica en el letargo.

Hace dos semanas, en la última reunión de AEA, Magnetto elogió a Milei y el dueño del grupo Techint, el italiano Paolo Rocca, pidió a sus colegas empresarios que hablen con los diplomáticos extranjeros que conozcan para mejorar su imagen en el exterior. Entonces, el ítaloargentino Cristiano Rattazzi admitió que la prensa foránea había sido hostil con el próximo presidente, aunque empezaba a cambiar. Los socios de AEA respondieron destacando que Milei no es proteccionista como Donald Trump ni militarista como Jair Bolsonaro. Invitado, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo se sumó a ensalzarlo: “No es un economista sino un político que usa la economía para acumular poder”.

Rattazzi es de los pocos de AEA que apostaron por Milei desde el principio. Techint financió primero a Patricia Bullrich y sólo en la segunda vuelta, al libertario. El nuevo jefe de Estado le devolvió el gesto nombrando al CEO de su petrolera, Tecpetrol, Horacio Marín, al frente de YPF. No fue Rocca quien se lo impuso sino que Milei buscó a quien había encabezado la inversión privada más grande de Vaca Muerta y además valora el perfil exportador de Techint.

Mientras, buscan acercarse a Milei dos inversores preocupados por el futuro de la industria electrónica de Tierra del Fuego: Nicolás Caputo, primo de Luis y tío de Santiago, y Rubén Cherñajovsky. Galperin y muchos otros empresarios emigrados a Uruguay estarán atentos a ver si la ley ómnibus deroga Bienes Personales y terminan regresando a la Argentina, aunque algunos de ellos esperarán a ver que funciona el experimento libertario antes de empacar. ¿Al dueño de Mercado Libre le llamará la atención la privatización del Correo? Con el tiempo se irán resolviendo los misterios.

AR/DTC

Javier Milei arrancó este lunes su gira por Estados Unidos como presidente electo yendo a la tumba de un rabino para agradecerle por su victoria en las urnas. Se trata del sepulcro de Menachem Mendel Schneerson, también conocido como “el rebe de Lubavitch”, cuyas enseñanzas hoy rigen la influyente comunidad judía Jabad Lubavitch. No fue sólo sino acompañado por uno de los integrantes argentinos de esta organización, el empresario Eduardo Elsztain, dueño de Cresud, el holding que reúne campos y los shoppings y desarrollos inmobiliarios de la firma IRSA, además del 30% y el gerenciamiento del Banco Hipotecario. Es uno de los varios hombres de negocios –de los más poderosos– que se complacieron con el discurso de cambio que ofreció Milei antes de las elecciones en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), en contraposición a la continuidad que les representaba Sergio Massa en el dilema del balotaje.

Junto a Milei también compareció Gerardo Werthein, que suena como su eventual embajador en Washington. Emigrado de la Argentina en el gobierno de Alberto Fernández, al igual que muchos otros millonarios que prefirieron evitar el aumento del impuesto de bienes personales y el aporte extraordinario en la pandemia, Werthein se abrió del grupo familiar Los W e invirtió en Brasil, con el banquero brasileño Edmond Safra, y en Uruguay, donde adquirió el diario El Observador en sociedad con Gabriel Hochbaum.

En su primer viaje al exterior tras el triunfo en el balotaje, la primera parada de Milei fue El Ohel, la tumba del rabino Schneerson, en sintonía con sus deseos de realizar la conversión final al judaísmo. El presidente electo viajó acompañado por su hermana y principal asesora Karina Milei, quien será la secretaria general de la Presidencia, el designado jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y su asesor político, Santiago Caputo. Completan la delegación Luis “Toto” Caputo, el hombre apuntado a asumir la conducción del Ministerio de Economía; Werthein y Marc Stanley, el también judío embajador estadounidense en Buenos Aires.

Milei ya había visitado el sepulcro tras vencer en las primarias de agosto. Se trata del séptimo y último Rebe de Jabad Lubavitch, una rama del judaísmo jasídico, un rabino conocido por su anticomunismo y su pensamiento libertario. A las 9.21 (hora de Estados Unidos), Milei ingresó al cementerio de Montefiore acompañado por su hermana, Werthein y Stanley. Allí, dedicó varios minutos a la lectura de salmos frente féretro del reconocido rabino. A minutos de las diez, conmovidos, los hermanos Milei abandonaron el lugar sin dar declaraciones. El único que tomó la palabra fue Werthein, quien brevemente expresó que se trató “un momento de mucha emoción”.

En la previa al viaje exprés, el economista libertario asistió durante la noche del sábado a la Havdalah, ceremonia de separación del Shabat del resto de los días que componen la semana, en el barrio porteño de Balvanera. En el marco de la ceremonia, recibió la bendición del rabino David Pinto Shlita, lo que quedó inmortalizado en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales. .

 La segunda parada del itinerario será Washington, donde se espera que el libertario mantenga reuniones protocolares con funcionarios del Fondo Monetario Internacional, La Casa Blanca y el Tesoro estadounidense, ante quienes detallará el plan económico de su gestión basado en el ajuste fiscal, la reforma monetaria, la reforma del Estado y desregulación. Desde el espacio libertario indicaron a la agencia Télam que las reuniones serán “protocolares” y rechazaron que se trate de una “búsqueda de financiamiento”.

AR, con información de las agencias NA y Télam.

Patricia Bullrich se paseó por las distintas mesas circulares copadas por algunos de los empresarios más poderosos del país junto a quien sería su ministro de Economía en un potencial gobierno, Luciano Laspina. Todos disfrutaban la entrada de trucha ahumada y el principal de carne con milhojas de papas. “Fueron como la novia y el novio de un casamiento”, bromeó alguien de su equipo de campaña. Acababa de exponer ante los más de cien empresarios que se reúnen en el exclusivo hotel Llao Llao para tomarles examen a los precandidatos presidenciables de la oposición. La postulante y el diputado nacional recibieron allí preguntas puntuales por parte de los más poderosos del país, un intercambio que tuvo un segundo momentos de ida y vuelta más privado esta mañana de martes, con reuniones bilaterales a puertas cerradas.

Bullrich se reunió a solas –según supo elDiarioAR– con algunos de los fundadores y propietarios de las más variadas compañías argentinas, desde el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin –el hombre más rico del país–, al presidente del grupo desarrollador IRSA, Eduardo Elsztain –dueño del emblemático hotel de Bariloche–. También se encontró con el resto de “los 11” que organizan el Foro Llao Llao: Agustin Otero Monsegur, Carlos Miguens, Carolina Castro, Eduardo Elsztain, Federico Braun, Guibert Englebienne, Karina Román, Luciano Nicora y Martin Migoya.

En un break de su intensa agenda –la precandidata del PRO también tenía previsto reunirse con los legisladores de Juntos por el Cambio que fueron elegidos en las elecciones de Río Negro el domingo pasado– Bullrich explicó ante la prensa acreditada parte de su plan económico de gobierno. No esquivó el barro político, luego de la nueva interna que abrió María Eugenia Vidal al pedir a todos los postulantes amarillos que se bajan para “barajar de nuevo”.

“No vamos a hablar de fechas porque a mi me lo dijo Sanguinetti (Julio María, el ex presidente uruguayo) –comentó Bullrich–: ‘Si decis qué no digas cuándo. Y si decís cuándo, no digas qué’”. Así esquivó la consultó sobre en qué momento levantaría el cepo cambiario, su latiguillo de campaña. “Va a ser prioridad desde el día cero, pero no queremos atarnos a una fecha concreta”, sorteó.

A su lado la sostenían conceptualmente Laspina, pero también sus asesores políticos: el diputado Federico Angelini –ahora titular de PRO– y Damián Arabia. Imaginan tener mayoría en el Congreso para llevar adelante sus reformas, sumando en la Cámara de Diputados a los legisladores de Javier Milei y, en el Senado, a los peronistas no-kirchneristas, como el flamante interbloque referenciado con Juan Schiaretti.

“Para nosotros es un imperativo político salir lo más rápido posible del cepo cambiario, dado el desastre que está dejando este Gobierno. Es muy posible que durante los últimos meses de este Gobierno y en los primeros meses del próximo haya que ir digiriendo el desastre que se está haciendo en materia inflacionaria –avisó Laspina–. Después, nosotros vamos a trabajar en las condiciones para avanzar en un plan de estabilización exitoso: equilibrar las cuentas públicas, reformar el Banco Central, tener los precios relativos alineados y haber unificado el tipo de cambio”. 

El economista completó: “Si vos no hacés las reformas y eliminas el cepo cambiario al mismo tiempo, la economía no va a crecer. Y si la economía no crece, el plan de estabilización va a fracasar y si no se estabiliza, las reformas van a fracasar. Entonces, nosotros decimos que son el yin y el yang de la política económica: las reformas económicas y la estabilización deben hacerse en simultáneo y lo más rápido posible”.

La gran incógnita a develar es qué dólar se imagina Bullrich sin cepo cambiario, teniendo en cuenta que ayer la divisa saltó en el mercado paralelo a más de $400, en un contexto inflacionario interanual de 104%. “No vamos a hacer cálculos ahora. No sabemos qué va a pasar estos cuatro meses. Ayer el dólar volvió a subir. La situación es de una enorme inestabilidad. La inflación es muy alta, así que no vamos a hacer predicciones. Nosotros vamos a actuar sobre realidades y no sobre predicciones en este momento”, respondió la ex ministra de Seguridad. 

Luego admitió entre líneas que con el levantamiento del cepo sería inevitable una devaluación: “Los precios están más ligados al contado con liqui que al dólar oficial. Entonces, podés tener un salto y una caída rápida, si vos comenzas a generar confianza”. 

Bullrich cerró su plan económico asegurando que pedirá más apoyos al Fondo Monetario Internacional. “Si el FMI está sosteniendo un plan que se cumple bastante poco. Esperamos que a nosotros nos sostenga más, que vamos a tener un plan serio, sostenido, claro y profundo que va a generar confianza”, afirmó. Y ante la consulta puntual sobre si pedirá más desembolsos, contestó: “Las reservas están en cero. Necesitamos tener un colchón. Si no, tenemos que ir a pedírselo a una empresa de colchones. Y la verdad que no es la solución”.

Por último, habló poco sobre la interna amarilla del momento ahora abierta por Vidal, con quien su equipo de campaña está negociando desde hace tiempo una foto en conjunto. Desestimó por completo bajarse de la candidatura y retrucó la propuesta de la ex gobernadora: “La mejor oferta es la que elija la gente. Si nosotros tenemos millones de argentinos, que son los que van a elegir, lo mejor para el PRO no es una mesa chica, sino los ciudadanos votando en una urna”, la desafió. Y cerró: “La cuestión no es bajarse o no, sino el concepto. ¿Quién elige, una mesa política o la ciudadanía? En mi caso, elige la ciudadanía”.

MC/MG

“El concepto que va a regir nuestro gobierno va a ser el concepto de orden”. Con ese eslogan de telón de fondo, Patricia Bullrich se ubicó en el atril del Foro Llao Llao para exponer ante los empresarios más poderosos del país. El clima templado en el interior del exclusivo hotel de Bariloche contrastaba con los menos de cinco grados que hacían el exterior, que parecían menos por un incesante viento patagónico. Era el momento de la cena y la ex ministra de Seguridad había aterrizado hacía pocos minutos en la emblemática ciudad turística, acompañada por una comitiva muy reducida, principalmente con su asesor económico de cabecera, el diputado Luciano Laspina.

Bullrich expuso media hora antes de enfrentar las preguntas del acaudalado auditorio. En la primera fila tenía a Eduardo Elsztain, dueño del Grupo IRSA y del hotel, rodeado de las demás figuras empresariales que están detrás del “foro de Davos” vernáculo: desde el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, a Verónica Andreani, de la tradicional marca de correos. En total unos cien empresarios viajaron hasta esta ciudad para el evento que se organiza desde 2015 y que este año es cita obligada de los presidenciables, principalmente de la oposición.

Según supo elDiarioAR –las charlas son a puertas cerradas para la prensa–, la ex ministra hizo una introducción general “sobre el Estado de derecho”, poniendo en valor “el imperio de la ley”, uno de sus latiguillos de campaña. “Yo los conozco a todos ustedes”, les dijo a sus oyentes, y recordó que tiene un recorrido en la política de varias décadas, además de que conoce el paño de manera académica: es politóloga de profesión.

Entonces fue cuando desgranó su propuesta de gobierno basada en tres ejes, atravesadas por el “orden” como concepto unificador: planteó que en la Argentina tiene que haber orden económico, en seguridad y a nivel social, fundamentalmente en educación.

En el plano económico, Bullrich repitió los lineamientos que había desplegado la semana pasada ante el campo en La Rural: allí dijo que el país necesita un ajuste urgente, con el levantamiento del cepo inmediato. Su cerebro en esa política es Laspina, que además trabaja en tándem con Dante Sica, ex ministro de Producción macrista, y Ricardo López Murphy, diputado de Juntos por el Cambio y exministro de Economía. La ahora ex titular del PRO insistió en la necesidad de “sacar el cepo”, alentó que haya una “reforma laboral” y habló de una “descontaminación impositiva”.

Con respecto a la seguridad, su área de expertise, planteó sin titubeos que tendrá “mano dura” contra los que violen la ley. Y puso dos ejemplos bien disímiles: la problemática de narcotráfico en Rosario –en su momento envió 3000 gendarmes a la ciudad santafesina– y el debate por el territorio mapuche en Villa Mascardi –localidad muy cercana a Bariloche donde el año pasado hubo una represión feroz contra mujeres mapuches y sus hijos–. “El Estado es soberano y donde no rige la ley hay que poner orden”, expresó Bullrich, según recogió este medio.

Por último se refirió a la necesidad de que haya una reforma educativa, avanzando con una nueva regulación. Planteó la posibilidad de que cualquier profesional, luego de hacer un curso de pedagogía, esté habilitado para dar clases. 

Así como en La Rural ganó el “aplausómetro” sobre otros expositores que hubo en esa misma jornada, como su rival interno Horacio Rodríguez Larreta y el libertario Javier Milei, esta noche de lunes también recogió varios aplausos de los más ricos de la Argentina. Concluyó la intervención con su idea de que el próximo gobierno necesita principalmente tener valores como “coraje” y “valentía”.

La agenda

Bullrich cerró la primera jornada del Foro Llao Llao y se quedará hospedada en el hotel hasta este martes. Tiene en agenda varias “bilaterales” a solas con los empresarios durante la mañana. Curiosamente, está muy próxima a Milei, que también llegó a Bariloche en la noche del lunes para disertar durante el almuerzo de hoy. Por la noche será el turno de Larreta, mientras por la tarde se sucederán las presentaciones de Gerardo Morales y María Eugenia Vidal. Sin figuras del oficialismo a la vista –el presidente Alberto Fernández y el ministro Eduardo “Wado” de Pedro fueron invitados pero no asistirían–, los presidenciables opositores viajaron al sur para rendir examen ante el centenar de hombres y mujeres de negocios. 

“Hemos comprobado que el modelo de encuentro y diálogo es el más efectivo para generar impacto social. A partir de la experiencia del Foro han surgido iniciativas como potenci(a)rgentina, Argentina Debate, el Observatorio Argentinos por la Educación y muchos otros proyectos de transformación propositiva para nuestro país. Sólo un encuentro de opuestos nos permite aprender y avanzar en la dirección correcta”, dijo en la previa al evento Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y uno de los principales armadores del foro. Otro de los cráneos son Galperin y Martín Migoya, de Globant. Aunque hay en la agenda también paneles sobre geopolítica, Inteligencia Artificial y hasta hablará el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti –con una ponencia titulada “La importancia de las Instituciones para el desarrollo”–, el debate central está tomado por las elecciones.

“Acá hay cien votos, pero en todo el país somos cuarenta millones”, comentó uno de los principales empresarios durante la tarde de este lunes, mientras esperaba con ansias el arribo de los presidenciales, e incluso la confirmación –aunque sea a último momento– del jefe de Estado. “Pensamos entender quién es el más valioso de los que expondrán. Este año la política está compitiendo. Es más la demanda política que la de los empresarios”, planteó el hombre de negocios que cuenta con más de mil empleados en su grupo. 

“No nos sentimos jueces ni evaluadores morales”, expresó por lo bajo sobre la expectativa que tenía por las ponencias de los precandidatos, pero concluyó con una clave –según su mirada– que tendría que ofrecer el próximo gobierno: “El país está en un momento muy sensible y con muchas demandas, pero también oportunidades. Reconstruir la confianza es muy necesario”.

MC

Era lógico. En algún momento el enroque de candidatos a los dos lados de la General Paz iba a marear a Horacio Rodríguez Larreta. Acostumbrado a no equivocarse ni siquiera en el más mínimo detalle, la confusión del jefe de gobierno que presentó a Diego Santilli en Olavarría como el mejor postulante para la Ciudad provocó una euforia capaz de perforar la polarización. Festejaron en el Frente de Todos, donde el porteño Axel Kicillof defiende la provincia de la invasión de Larreta, y se enfervorizaron en el radicalismo, que corre desde atrás en la primaria de la oposición con Facundo Manes.  

Debutante en el terreno pantanoso de la política, el neurocirujano de Salto se sintió reivindicado después de que la artillería del PRO y sus aliados lo destripara por haber pedido en vano que el jefe de gobierno no gastara la plata de los porteños en su incursión bonaerense. Como en su momento el alcalde Mauricio Macri, Larreta está al frente de un distrito privilegiado y dispone de un arsenal que es la envidia de sus contrincantes, dentro y fuera de Juntos. Aún después del hachazo en la coparticipación que le dio su amigo Alberto Fernández para salvar a Kicillof de la sublevación bonaerense que Sergio Berni no previó, el jefe de gobierno invierte como nadie en la campaña. 

Más precisos que Manes, fueron dos dirigentes del FDT que le pusieron cifras al estilo Larreta. El primero fue Martín Barroetaveña, que publicó en abril pasado los datos que figuraban en el Boletín Oficial: hasta ese momento, el gobierno de la Ciudad había destinado 830 millones de pesos a contratar encuestas con 12 consultoras. El segundo fue Juan Manuel Valdés, que acaba de terminar un informe sobre lo que invierte Larreta en publicidad. De acuerdo a ese trabajo basado en datos oficiales, entre el 26 de septiembre de 2019 y el 14 junio pasado, Larreta gastó en publicidad en Facebook $17.637.898. Para la campaña bonaerense del porteño Diego Santilli, la Ciudad destinó 1,3 millones a la propaganda en redes en los últimos 90 días.

Valdés sostiene que en 2021 el presupuesto porteño para publicidad y propaganda aumentó un 30 % y que, al segundo trimestre del año, el gobierno de la Ciudad llevaba ejecutado en esas dos áreas $1.473.212. El trabajo del legislador que es hijo del albertista Eduardo Valdés remarca que en 2015 la Ciudad gastaba 3 veces más en publicidad que la Nación y hoy gasta 5 veces más como parte de un operativo que excede a los medios del macrismo y se expande hacia los que consumen el progresismo y el cristinismo. Desde el GCBA, responden con otras cifras y dicen que cada vez gastan menos en términos relativos: si en 2015, se destinó a publicidad el 1,5% del Presupuesto, en los últimos años la partida osciló entre el 0,5 y el 0,7%. Para fin de año, estiman una inversión de unos 2000 millones de pesos en la materia.

Sería subestimar a Larreta pensar que esos números explican su envidiable capital político, aunque en el entorno de Manes afirman que contribuyen a que el jefe de gobierno y sus aliados no paguen un costo político por decisiones que el electorado podría impugnar: el salto de Santilli a la provincia y la decisión del ex vicejefe de gobierno de no debatir con el neurocirujano. A eso, podría sumarse el regreso de Vidal a la Ciudad y el orgullo bonaerense que se perdió en el camino. 

Nada, sin embargo, afecta a los votantes con los que Larreta, Vidal, Santilli y sus colaboradores dicen haberse cruzado en estos meses. Todos, según repiten, les agradecen la gesta de seguir peleando contra el cristinismo y entregarle a Macri su jubilación de privilegio en la política.

Habituado a que nadie contradiga su palabra, Manes comprobó en su debut que penetrar en el conurbano bonaerense demanda bastante más que sentarse en un estudio de televisión para encantar a una platea cautiva. Montado en la vidriera de la Ciudad y en la nacionalización del AMBA que profundizó la pandemia, Larreta y Santilli son los dueños de los votos opositores en el Gran Buenos Aires: eso, al menos, registran todos los sondeos. Lo sufren los peronistas que trabajan en la campaña de Manes y advierten que el electorado que vive en torno a la Ciudad suele trabajar en tierra de Larreta y está marcado por un aspiracional que lo vincula a la cuna del PRO: quieren que la Ciudad llegue hasta sus casas. 

La oposición precisa dejar atrás las PASO para ordenarse de cara al futuro. Vidal es la que más lo necesita, después de un salto ornamental que la dejó lesionada en su frescura, tanto o más que los días de trajín bonaerense. La ex gobernadora decidió obturar el deseo de Macri y Larreta, que la querían otra vez en provincia, pero quedó atrapada en la estructura porteña. Aún cuando sigue on line con la candidata, Federico Salvai se replegó sobre el sector privado y no se sumó a la campaña. Tampoco Jaime Durán Barba está ya para asesorarla como antes. Así, Vidal enfrenta un regreso a la Ciudad en el que compite con Javier Milei -un Micky Vainilla al que se debe tomar en serio- y está atada a las decisiones de Federico Di Benedetto, el secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana que encarga las encuestas y ya es promocionado como el nuevo Marcos Peña por los entusiastas del larretismo.

Después de las primarias, se abren una serie de interrogantes. El primero que formulan al lado del jefe de gobierno es que hará Manes si los resultados lo amargan por demás. La unidad del día después es tan importante como las PASO y demanda una derrota digna. Los estrategas que acompañan al neurocirujano ya hicieron el cálculo de cuántos candidatos pueden ingresar en los primeros 20 lugares de la lista de Santilli. Si el creador de la Fundación INECO obtiene menos del 30% en la interna, le corresponderán cuatro lugares -lo que haría peligrar el ingreso de Margarita Stolbizer al Congreso-; si oscila entre 30 y 40%, serán 6 y si logra la ambiciosa meta de superar el 40% serán 10. 

Del otro lado de la polarización, los desafíos para el FDT son múltiples. Según afirma el consultor Federico Aurelio, lo más difícil será imponer una interpretación propia del resultado electoral. Si se confirman los sondeos de Aresco, el peronismo cristinista va camino a ganar por 4 la elección en la provincia de Buenos Aires, donde hace dos años se impuso por 14. De cara a las generales de noviembre, el oficialismo necesita generar la impresión de que ganó el distrito clave después de 16 años pese a la pandemia, la crisis y los errores propios; aquello que logró Macri en las PASO de 2017 y le facilitó después el triunfo en las generales contra Cristina. 

El gobierno no sólo debe dejar de pegarse tiros en el pie: además, necesita recuperar la épica perdida y encontrar nuevos fundamentos hacia 2023. El triunfo de Macri 2017 también confirma que un buen resultado puede ser el principio del fin si no hay bases sólidas para el crecimiento y la economía no sale del estrangulamiento de la recesión y la falta de dólares. 

En la residencia de Olivos destacan el récord de las exportaciones, festejan la recuperación económica y apuestan a que se profundice en los próximos dos meses. Sin embargo, de acuerdo a las mediciones permanente de Aurelio, la sociedad todavía no siente en el bolsillo la salida de la crisis. “Estos índices económicos que difunde el gobierno, que mejoró la industria, la construcción, la gente no los percibe. Consideran que ellos están peor económicamente y hacia adelante hay pesimismo”, dice. Una paradoja entre tantas, en el cristinismo admiten que la reactivación después del derrumbe es motorizada por los sectores de clase media que tienen capacidad de ahorro y no pueden viajar al exterior: en su mayoría votantes naturales de la oposición, son ellos los que encienden la economía mientras los adherentes al peronismo encadenan tres años y medio de caída de los ingresos y sufren para llegar a fin de mes frente a una inflación que supera el 50% interanual. 

Pase lo que pase y más allá de las postales de unidad, en el FDT casi nadie duda de que el gobierno tiene que cambiar. Al lado de la vicepresidenta reclaman cambios profundos, dicen que el Presidente no puede demorar más las transformaciones internas que aplazó en el cierre de listas y hablan de que hay que ayudar a Alberto a armar un nuevo gobierno. También Sergio Massa enciende sus turbinas detrás de escena para ganar lugares en el gabinete, con fantasías de todo tipo. 

En algún momento, no muy lejano, Fernández deberá decidir qué lugar pretende ocupar en el futuro. Sin recomponer en serio su alianza con Cristina, seguirá perdiendo posiciones en una competencia interna no blanqueada con el presidente de la Cámara de Diputados. Massa apuesta a ser el nuevo Alberto y quienes conocen bien su ADN afirman que para eso necesita que su íntimo amigo Larreta no salga fortalecido por demás de las legislativas. Acostumbrado a jugar a mil puntas, el ex intendente de Tigre puede venderse mejor ante CFK si el jefe de gobierno lo precisa y lo tienta en la carrera hacia 2023. 

En el Instituto Patria ya largó la temporada de especulaciones hacia las presidenciales. Salvo que el oficialismo arrase y Fernández salga efectivamente plebiscitado, Cristina comenzará a pensar en la sucesión para el candidato que nació de su dedo. Cerca de la vicepresidenta ya empiezan a jugar con la idea de que haga un último servicio a la patria y se presente en 2023 en una fórmula que lleve a Massa en el lugar que ella ocupó en 2019. Los mismos que hasta hace poco veían a Kicillof como plan A de CFK ahora no descartan un turno más del gobernador en provincia. Como siempre, todo dependerá del voltaje de la crisis. 

El establishment se divide entre los que apuestan a la oposición y los que siguen invirtiendo en el proyecto oficialista. Mientras algunos como Marcelo Mindlin se muestran con Axel Kicillof en campaña y otros como José Luis Manzano desembarcan con el fracking en Vaca Muerta a través de la compañía Phoenix Global Resources, Eduardo Elsztain festeja que Larreta le cumpla su sueño húmedo de avanzar con el negocio inmobiliario en Costanera Sur. No hay nadie sin embargo tan audaz como Paolo Rocca, el arrepentido de la causa Cuadernos que se redimió en tiempo récord de las coimas al kirchnerismo y volvió a predicar sobre la salida para la Argentina desde la tribuna de la UIA. Es la Argentina desvergonzada de las complicidades obscenas, de acuerdo a la definición del jurista Alberto Binder, uno de los pocos críticos del fallo del juez Julián Ercolini que sobreseyó a Rocca, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta en la misma resolución que confirmó el procesamiento de Roberto Baratta. 

Sorprendido por la impunidad de un Ercolini que en lugar de dejar morir el caso expuso su compromiso con el poder económico, con la complicidad del fiscal Stornelli, el Procurador Eduardo Casal y la UIF de Carlos Cruz, Binder advierte que se trata de un caso evidente de prevaricato y analiza una presentación contra lo que considera cosa juzgada irrita. “Lo grave es el silencio general ante la impunidad de los empresarios corruptos. Los grandes medios se callaron la boca, los periodistas que hacen escándalo por cosas mucho menores se callaron, Daniel Sabsay dice que no leyó el expediente. El nivel de caradurez no deja de asombrarme”, dice. Profesor de Derecho Penal reconocido en toda América Latina, Binder dice que el establishment habla en nombre del interés general pero tiene una apuesta muy limitada: conseguir una dirigencia política que se limite a cumplir el rol de gerente de sus intereses particulares.

DG

Casi como parte de la campaña electoral, Horacio Rodríguez Larreta avanzó en las últimas semanas con un proyecto que beneficia a uno de sus interlocutores principales en la Ciudad, el Grupo IRSA. Logró que la Legislatura porteña apruebe por 37 votos a favor y 20 en contra la media sanción al convenio urbanístico con la desarrolladora inmobiliaria que es propiedad de Eduardo Elsztain para autorizar la construcción de edificios de hasta 45 pisos en la ex Ciudad Deportiva de Boca. 

En el predio de 71 hectáreas que se ubica en la Costanera Sur, IRSA proyecta levantar una urbanización bautizada “Costa Urbana” y la media sanción del proyecto 1831-J-2021 le otorga la posibilidad de edificar hasta 145 metros de altura en 4 de sus 59 parcelas. 

Aunque todavía falta la audiencia pública que fue convocada para el 15 de septiembre y la aprobación de la iniciativa en segunda lectura, el paso que dio Larreta en plena campaña tiene relevancia histórica: hace un cuarto de siglo que Elsztain esperaba darlo. IRSA compró los terrenos en 1997 y desde entonces pretendió en cinco oportunidades que la rezonificación prosperara sin éxito en la Legislatura. El predio está ubicado al sur de la Reserva Ecológica, frente a Puerto Madero y pegado al barrio popular Rodrigo Bueno. IRSA pagó 51 millones de dólares por esas tierras ribereñas y el cambio urbanístico propiciado por Larreta lo habilita para avanzar con un negocio inmobiliario que, según los cálculos de la oposición, redundaría en ingresos por entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. 

Esta vez las cosas fueron diferentes y la velocidad de los acontecimientos sorprendió incluso a los altos mandos de la desarrolladora que es dueña de activos en la Ciudad entre los que figuran Alto Palermo, Abasto Shopping, Patio Bullrich, DOT Baires, Alcorta Shopping y Distrito Arcos. ¿Qué cambió en esta oportunidad? Las fuentes involucradas en la negociación coinciden: esta vez, hubo un cambio en la modalidad y se decidió ir más allá del pacto entre cúpulas. Lo que Rodríguez Larreta y Elsztain acordaron más de una vez en forma personal fue refrendado por todos los bloques aliados al jefe de gobierno porteño: la Coalición Cívica de Elisa Carrió -alguna vez la más dura detractora de Elsztain-, Evolución de Martin Lousteau, el socialismo de Roy Cortina y Confianza Pública de Graciela Ocaña. Larreta le pidió a IRSA que buscara el consenso con sus socios de Juntos y la desarrolladora inmobiliaria se lanzó a un inédito trabajo de lobby que incluyó a parte de los diputados de la oposición que, de todas maneras, votaron en contra. 

El alcalde porteño puso a su secretario de Desarrollo Urbano, Alvaro García Resta, como enlace con los gerentes de IRSA. Así y en plena campaña electoral, el jefe de gobierno porteño exhibe su alianza con un gran financista de todas las campañas, incluida la del PRO.

Para Elsztain, que tiene a su hermano Daniel a cargo del real estate en el rol de CEO de IRSA Propiedades Comerciales, la reserva de tierra es su principal activo y el Estado en todos sus niveles es considerado siempre como un socio. 

La relación estrecha entre el jefe de gobierno porteño y la desarrolladora inmobiliaria es reconocida tanto en la política como en el sector privado. Está marcada por el rol de Augusto Rodríguez Larreta, el hermano del alcalde que reportó durante 12 años a Elsztain como gerente de Relaciones Institucionales del Grupo IRSA. El menor de los Larreta, que había trabajado antes con el ex ministro de Economía menemista Roque Fernández, dice haber conocido al magnate inmobiliario en un viaje a Davos durante la década del noventa. Pero ese vínculo de lo más estrecho terminó cuando Augusto se sumó al equipo de Emilio Monzó en la Ciudad, durante el último mandato de Macri. El larretismo afirma que fue en 2012 y desde entonces el contacto con Elsztain se interrumpió. Lo mismo aseguran desde IRSA. A un lado y al otro insisten en negar el rol del hermano de Larreta como puente entre las partes. No hace falta intermediación, dicen: el contacto entre el jefe de gobierno y Elsztain es directo y personal.

Socio del Estado nacional en el Banco Hipotecario, dueño de un millón de hectáreas de alta cotización en la Argentina y con una presencia creciente en Israel, el desarrollador inmobiliario vio en el triunfo municipal de Mauricio Macri en 2007 una gran oportunidad para avanzar con sus proyectos truncos. Sin embargo y pese al “compromiso histórico” que el ex presidente asumió con el empresario, nunca hasta hoy el proyecto de Costanera Sur avanzó como quería el zar de los shoppings. Le toca a Larreta, según parece, hacer realidad el anhelo de Elsztain. 

En el camino, el gigante que cotiza en la Bolsa de Nueva York y es desde la década del noventa la mayor empresa de bienes raíces de la Argentina cedió más de lo que hubiera querido. Salvo que la audiencia pública o la segunda lectura se frustren, el convenio urbanístico que obtuvo media sanción le permitirá a IRSA modificar el tipo de uso del suelo de un predio que sólo tiene autorización para actividades deportivas. A cambio, la desarrolladora de Elsztain se comprometió a ceder el 67 por ciento del predio -41 hectáreas- para que se convierta en un parque público y a hacerse cargo de su mantenimiento por un lapso de 10 años. Esta semana, en una entrevista en el programa “Fuego Amigo” de Canal 9, Larreta dijo que lo que IRSA le entregará a la Ciudad será menos: el 50% de los terrenos, unos 35 hectáreas.

Desde la oposición denuncian que la sanción del convenio viola la Constitución de la Ciudad, el Plan Urbano Ambiental y el Acuerdo de Escazú por no haber convocado a audiencia pública previa a este tratamiento legislativo y no haber realizado la evaluación de impacto ambiental correspondiente. Con los dos pasos, responden los defensores del pacto, se cumplirá en los próximos meses. La audiencia, en dos semanas; y el estudio de impacto ambiental, en un plazo estimado de tres o cuatro meses. Donde tampoco hay acuerdo es en la mayoría que se requiere para una ley de este tipo: el convenio se aprobó con la mayoría absoluta pero los críticos del proyecto afirman que corresponde que se vote con la mayoría agravada, dos tercios, lo que haría necesarios 40 votos para su habilitación. Por último, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, afirman que Larreta le cede a Elsztain la posibilidad de construir torres de aproximadamente 900 mil metros cuadrados, en detrimento de uno de los pocos humedales que quedan en la Ciudad. Sostienen que el impacto ambiental será irreversible y pondrá en riesgo la Reserva Ecológica y el barrio Rodrigo Bueno con impactos sonoros, modificación del asoleamiento y afectación del escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas y los vientos.

Desde la empresa aseguran que todavía no hay un proyecto y por ahora solo existe el Masterplan, el código urbanístico habla de capacidad constructiva y le permite a IRSA tanto edificar torres como hacer un desarrollo de mayor extensión y menos altura. 

Quienes impugnan el convenio de la Ciudad con IRSA recuerdan que el predio de la ex Ciudad Deportiva era propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 fue donado a Boca, con el objetivo de construir un estadio y canchas auxiliares, y con la prohibición de que luego fuera vendido a privados. Con la media sanción de la Legislatura, el valor del suelo se elevará a la enésima potencia. 

DG

Con su proyecto para Costa Salguero frenado en la Justicia, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta pasó el siguiente ítem en la lista y buscó esta tarde someter a votación en la Legislatura un convenio urbanístico con la empresa IRSA para desarrollar un predio de 71 hectáreas en Costanera Sur.

 Sin embargo, el debate por el destino de los predios de la ex Ciudad Deportiva de Boca se pospuso debido a la existencia de una medida precautelar del juez Guillermo Scheibler, que ordenaba la suspensión del trámite hasta que el gobierno presente en audiencia pública los estudios de impacto ambiental del proyecto, lindero a la Reserva Ecológica.

 Diego García Vilas, jefe del bloque oficialista Vamos Juntos, consideró la orden como “manifiestamente arbitraria” y anticipó que presentará un jury de enjuiciamiento contra el juez. El legislador pidió que el tema se tratase como una cuestión de privilegio, pero no consiguió los dos tercios requeridos para sumarlo a la sesión ordinaria de hoy.

 Una fuente de Vamos Juntos indicó que la cuestión ahora se discutirá en la Junta de Interpretación y Reglamento mientras esperan que la Cámara revoque la decisión del juez del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, por lo que la iniciativa podría tratarse en las próximas sesiones.

 La propuesta del oficialismo porteño modifica los usos y parámetros que el Código Urbanístico determina para el predio ubicado entre la Reserva Ecológica y la Isla de Marchi y amplía los actuales usos deportivos permitidos al desarrollo de viviendas, comercios, oficinas y hoteles. A cambio, la empresa cederá a la ciudad 35 hectáreas para un espacio de acceso público.

 De aprobarse el proyecto, la idea de IRSA es parcelar y vender los lotes al mejor postor. Según cifras oficiales, actualizadas a julio de este año, el valor del suelo construido en el área supera los 2.250 dólares el metro cuadrado. Es decir que, de aprobarse los nuevos usos, todo el predio pasaría a valer como mínimo USD 1.612 millones, unas 32 veces lo pagado originalmente por la empresa.

 En su fallo, el juez Scheibler sostuvo que “cuando un convenio urbanístico versa sobre cambios en las normas que rigen extensas parcelas cuya valuación ascendería astronómicamente en caso de aprobarse, también deberían magnificarse en la misma proporción los recaudos de transparencia en cuanto a los estudios y evaluaciones técnicas que lo avalan y las posibilidades de la ciudadanía de informarse y opinar al respecto”.

 Antes de la sesión, la legisladora Claudia Neira (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Espacio Público, había denunciado ante elDiarioAR que el proyecto nunca fue girado a su comisión, como sí lo habían hecho los anteriores proyectos para el área. El proyecto tuvo un paso express por las comisiones de Planeamiento y Presupuesto, presididas por legisladores oficialistas.

 De acuerdo con la Constitución de la Ciudad, cualquier ley que implique un cambio de norma urbanística debe pasar por un procedimiento de doble lectura, es decir, una primera votación, una audiencia pública y finalmente una segunda aprobación.

 Fue precisamente en la instancia de audiencias públicas donde otro proyecto del larretismo, la rezonificación de terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco en Costanera Norte, enfrentó la oposición de vecinos y grupos de interés. En abril pasado, el juez Leonardo Furchi declaró la inconstitucionalidad de la ley que autorizaba la venta del predio.

 ¿La quinta es la vencida?

Los planes para el desarrollo urbano en ese sector de Costanera Sur se remontan a 1964, durante la presidencia de Arturo Illia, donde una ley nacional le cedió esos terrenos al club Boca Juniors para la construcción de una ciudad deportiva, con una doble condición: que la obra se termine en menos de 10 años y que no se venda.

 Debido a las sucesivas crisis económicas del club y del país, Boca nunca completó los trabajos. Sin embargo, los terrenos no regresaron al poder del Estado nacional. Más bien lo contrario: en 1989, el Congreso Nacional declaró cumplidas las obligaciones del club con el Estado y se le otorgó “capacidad de enajenación”, al tiempo que en los alrededores comenzaba a crecer el barrio popular Rodrigo Bueno. Tres años más tarde, bajo la gestión de Antonio Alegre y Carlos Heller, Boca vendió el terreno a Santa María del Plata, una sociedad anónima integrada por un grupo de socios encabezado por el constructor Juan Gerlach, a cambio de 20 millones de dólares.

 El gobierno porteño, ya con nuevas atribuciones como Ciudad Autónoma, propuso crear en el predio una villa olímpica en el marco de la (a la postre fallida) candidatura de la ciudad para los Juegos Olímpicos de 2004. A los pocos meses, IRSA puso 50 millones de dólares para quedarse con el 90 por ciento de las acciones de la sociedad propietaria de los terrenos. Desde entonces, fueron pasando los jefes de gobierno y los interlocutores pero no le fue fácil a la compañía “vender” un plan de desarrollo para el área.

 A principios de la década pasada, con Mauricio Macri al frente del Ejecutivo porteño, se firmó un primer convenio con la compañía para desarrollar once torres de hasta 50 pisos y crear así el barrio residencial Solares de Santa María. “Cederemos el cuarenta por ciento de la superficie a la Ciudad, de modo que de cada diez hectáreas cuatro serán públicas”, dijo entonces el presidente de IRSA, Eduardo Elsztain, que acudió personalmente a la Comisión de Ecología para defender el proyecto.

 Aquel primer borrador preveía la cesión de espacios públicos y calles por parte del privado recién a partir de los 20 años, lo que convertía al emprendimiento en un barrio cerrado de facto. El gobierno porteño impulsó la iniciativa en tres oportunidades, siempre con alguna modificación, pero “la Dubai de Costanera Sur” no fue aprobada.

 En 2016, ya con Larreta como jefe de gobierno, el oficialismo reflotó el proyecto con un nuevo convenio, según el cual la empresa cedía 29 hectáreas para uso público y ofrecía unos 50 millones de dólares para urbanizar la Rodrigo Bueno y mejorar otro asentamiento en La Boca. La oposición denunció que la empresa estaba “pagando para obtener una ley” y que el gobierno porteño condicionaba la urbanización de una villa a la sanción de una norma. La idea tampoco prosperó.

 Fue así que se llegó a la versión pandémica del proyecto, rebautizado como Costa Urbana, en el que la empresa amplía la cesión de terrenos a un total 43 hectáreas, de las cuales 35 -se asegura- estarán destinadas a la creación de un parque público. Como contraprestación, la empresa obtiene un cambio de usos que le permitirá construir una treintena de edificios, incluyendo torres de hasta 145 metros de altura en el sector cercano a la Isla de Marchi. “Este nuevo vecindario emergente tendrá como objetivo aumentar el nivel general del área, en relación con la política de recuperación del río para la ciudad y, al mismo tiempo, completará el desarrollo urbano de Puerto Madero”, explicó la empresa en su página web.

 Esta mañana, antes de conocer que finalmente no se votaría durante la sesión, los legisladores del bloque del Frente de Todos habían colgado carteles en sus atriles con la leyenda “No al Puerto Madero de Larreta de IRSA” y “No al Puerto Madero 2”.

 “El proyecto no ha sido diseñado ni encuentra sustento alguno en el marco del Plan Urbano Ambiental, omitiendo sistemáticamente una mirada integral de la Ciudad y del espacio público”, denunció Neira. “No sólo se le concede al privado la potestad diseñar el espacio público y el master plan general, sin mediar participación ciudadana ni estatal, sino que también se le otorga la posibilidad de orientar el destino de su contraprestación”, concluyó. 

WC