Javier Milei sufrió este miércoles un nuevo revés parlamentario cuando La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que derogaba la Ley de Tierras, una de las reformas que más resistencia había despertado entre los gobernadores y que amenazaba con poner en riesgo el tratamiento de la iniciativa en el Senado. La marcha atrás significó una nueva concesión para el oficialismo, pero en la Casa Rosada procuraron bajarle el tono al episodio y sostuvieron que la decisión mejora las chances de conseguir este jueves la media sanción del proyecto, que luego deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

La decisión llegó después de que fracasaran las gestiones políticas para destrabar el conflicto. El martes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comunicó con varios gobernadores aliados para intentar sostener el capítulo referido a la extranjerización de tierras, pero las conversaciones no alcanzaron para modificar el escenario. Los mandatarios mantuvieron sus objeciones y el oficialismo terminó optando por retirar por completo ese tramo del proyecto antes que arriesgar el resto de la iniciativa.

Dentro del Gobierno, el principal defensor de mantener la reforma era el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor intelectual del proyecto enviado al Congreso. Según reconstruyeron fuentes oficiales, el funcionario insistió hasta último momento en sostener el capítulo, aunque encontró escaso acompañamiento dentro del propio gabinete. Más allá de su entorno, pocos dirigentes del Gobierno estaban dispuestos a asumir el costo político de confrontar con los gobernadores por una reforma que amenazaba con complicar toda la sesión.

En Balcarce 50 describían la marcha atrás como un costo asumible. La lectura predominante era que insistir con la derogación de la Ley de Tierras podía terminar arrastrando el resto del articulado y frustrar la media sanción de una norma que el Gobierno considera prioritaria. “Lo importante es que salga la ley”, resumía un funcionario con acceso a la mesa política. En la Casa Rosada creen que la eliminación del capítulo facilitará el acompañamiento de varios gobernadores y, en consecuencia, aumentará las posibilidades de aprobar el resto del proyecto.

La apuesta oficial ahora está concentrada en preservar el núcleo de la iniciativa redactada por Sturzenegger. El proyecto mantiene las reformas sobre desalojos acelerados, el endurecimiento del régimen de expropiaciones, los cambios en la Ley de Manejo del Fuego —con la flexibilización de restricciones en determinadas superficies afectadas por incendios— y la modificación de los requisitos para la regularización dominial. Para el Gobierno, esos capítulos contienen el corazón de la reforma y justificaban resignar uno de los puntos que mayor rechazo había generado desde el ingreso del proyecto al Senado, el pasado 27 de marzo.

No deja de ser, sin embargo, un nuevo retroceso para Sturzenegger. Es el segundo capítulo que el oficialismo se ve obligado a retirar del proyecto después de haber resignado, durante el debate en comisiones, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). También llega menos de 48 horas después de que el Gobierno debiera dar marcha atrás con el decreto que había desatado un conflicto con los prácticos y capitanes de barco, paralizando el ingreso de buques a los puertos argentinos y afectando el comercio exterior.

La decisión también tuvo impacto puertas adentro del oficialismo. En los pasillos del Senado, algunos dirigentes interpretaban que la principal perjudicada era Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien durante los últimos días había encabezado la defensa pública del capítulo referido a la extranjerización de tierras. Incluso circularon versiones sobre un supuesto escaso respaldo que habría recibido desde algunos despachos de la Casa Rosada durante la negociación. Ningún funcionario lo admitía públicamente y no existen elementos para afirmar que se haya tratado de una decisión deliberada para exponer a la senadora. En el Gobierno, por el contrario, insistían en presentar la marcha atrás como una decisión estrictamente táctica para garantizar el avance del proyecto.

El repliegue también modifica el escenario para los gobernadores. En el caso de Misiones, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut habían anticipado su rechazo al capítulo referido a la Ley de Tierras, en línea con la posición expresada por el gobierno provincial de Hugo Passalacqua y en medio de la interna con Carlos Rovira. Sin embargo, hasta este miércoles ninguno de los dos legisladores había adelantado cuál será su postura respecto del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, como adelantó elDiarioAR, sigue en pie la versión sobre un eventual voto dividido: Arce acompañaría el proyecto, mientras que Rojas Decut votaría en contra. En la Casa Rosada interpretan que, eliminado el punto de mayor conflicto, aumentan las posibilidades de sumar el acompañamiento de los bloques provinciales.

Si esa apuesta se confirma, el oficialismo buscará presentar la sesión del jueves como una victoria política, aun después de haber resignado una de las reformas que originalmente integraban el proyecto. En Balcarce 50 sostienen que el objetivo nunca fue defender cada artículo a cualquier costo, sino garantizar el avance de una iniciativa que consideran central para su programa legislativo del segundo semestre. Conseguir la media sanción en el Senado, afirman, permitiría trasladar la discusión a la Cámara de Diputados desde una posición más favorable y mantener viva una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

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Apenas doce días después del primer encuentro convocado tras la salida de Manuel Adorni, Javier Milei volvió a reunir este lunes a diputados y senadores de La Libertad Avanza en la Casa Rosada. El encuentro, que se extendió durante buena parte de la tarde en el Salón Héroes de Malvinas, tuvo un objetivo concreto: comenzar a delinear la estrategia parlamentaria para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una de las iniciativas que el Presidente considera más trascendentes de todo su programa económico.

La reunión estuvo encabezada por Milei junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contó además con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; la presidenta del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La foto volvió a mostrar a la nueva mesa política del oficialismo apenas dos semanas después del recambio de gabinete.

En la Casa Rosada reconocen que la estabilización macroeconómica y la estrategia electoral forman parte de un mismo plan. “La prioridad es la reelección”, sintetizan cerca de Karina Milei. Bajo esa lógica, buena parte del paquete legislativo que impulsa el oficialismo busca blindar el programa económico antes de que comience la campaña de 2027. La reforma del Banco Central ocupa un lugar central dentro de ese esquema, junto con la eliminación de las PASO, la reforma política, las modificaciones al régimen de Zona Fría y los cambios previstos para la ley de Inocencia Fiscal.

El clima previo fue bastante más relajado que el que predominó durante los meses atravesados por la crisis de Adorni. Antes de ingresar, varios diputados libertarios matizaron la espera con comentarios sobre el Mundial y el partido que le espera a la Selección argentina el miércoles próximo, cuando enfrentará a Inglaterra. “¡El que no salta es un inglés!”, arengó Lilia Lemoine, que formó parte del grupo. Recién después de esos minutos de charla informal comenzó una reunión en la que el Gobierno buscó volver a poner el foco sobre las reformas económicas y dejar atrás definitivamente el escándalo que monopolizó la agenda política durante buena parte del primer semestre.

La convocatoria confirmó el cambio de dinámica que comenzó a instalarse en el oficialismo tras el desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete. Si durante buena parte del primer semestre la agenda política quedó absorbida por la crisis que derivó en la salida de Adorni, la Casa Rosada intenta ahora recuperar la iniciativa y volver a discutir reformas. La sucesión de reuniones con legisladores, gobernadores y funcionarios forma parte de esa nueva etapa.

La actividad política en Balcarce 50 comenzó varias horas antes del encuentro con los bloques oficialistas. A las 11, Santilli recibió en la Casa Rosada al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, uno de los mandatarios con los que el oficialismo mantiene un vínculo más aceitado. Durante la reunión, ambos repasaron la agenda compartida entre la Nación y la provincia y coincidieron en la necesidad de avanzar con todas las iniciativas que impulsa el Gobierno.

La reunión con Poggi volvió a exhibir el papel que Milei espera de su nuevo jefe de Gabinete. Mientras el Presidente concentra sus esfuerzos en el rumbo económico y Karina Milei ordena la estrategia política, Santilli comenzó a desplegar la tarea para la que fue convocado: continuar aceitando los puentes con gobernadores y reunir los apoyos necesarios para que las reformas del oficialismo consigan atravesar el Congreso.

Clase magistral

Más que una reunión política tradicional, el encuentro terminó convirtiéndose en una clase magistral sobre el Banco Central. Según reconstruyó elDiarioAR a partir de asistentes, Milei habló durante alrededor de dos horas y media, un tiempo considerablemente menor al de la cumbre anterior, que se había extendido por más de cinco horas entre exposición y pausas. “No fue tan terrible como la vez anterior”, ironizó uno de los presentes al finalizar el encuentro.

El Presidente dedicó prácticamente toda su exposición a explicar los fundamentos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y evitó desviarse hacia otros temas políticos. A diferencia de otras reuniones con legisladores, no recurrió a sus habituales bromas ni derivó en largas digresiones económicas. “No tiró ningún chiste. Habló solamente de esta cuestión del Banco Central”, resumió un legislador.

Aunque el proyecto todavía continúa siendo elaborado por los equipos del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Milei detalló cuáles serán sus principales ejes. Según los asistentes, la iniciativa buscará revertir aspectos de la reforma impulsada durante la gestión de Martín Guzmán, impedir por ley que el Banco Central vuelva a financiar al Tesoro o distribuya utilidades contables sin respaldo y endurecer los mecanismos para la remoción de sus autoridades. El propósito, sintetizó uno de los participantes, es “brindarle al Banco Central un nivel de estabilidad y de independencia mucho mayor”.

El Presidente también anticipó que la modificación de la Carta Orgánica estará acompañada por un conjunto de iniciativas complementarias. Entre ellas volvió a mencionar la denominada “ley de shutdown”, con la que pretende impedir que el Estado continúe ampliando el gasto una vez agotadas las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso. En el oficialismo descuentan que el paquete comenzará a debatirse después del receso parlamentario y que la reforma del Banco Central tendría su punto de partida en el Senado.

En ese sentido, varios legisladores se retiraron del encuentro con la idea de que la reforma del Banco Central será uno de los principales ejes del segundo semestre. “El Presidente expuso los fundamentos para la reforma, fue muy interesante. Va en línea con generar una economía que vaya hacia adelante y que pueda sostener el equilibrio fiscal. Estaremos esperando que llegue el proyecto”, sostuvo el senador Pablo Cervi al abandonar la reunión.

“El Presidente nos explicó la relevancia que tiene la reforma para volver atrás con el desastre que hizo [la titular del Banco Central en tiempos del kirchnerismo, Mercedes] Marcó del Pont”, resumió, por su parte, el diputado Damián Arabia. Según relató, el mandatario sostuvo que aquella modificación sirvió “únicamente para utilizar las reservas del Banco Central y que se financiara el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con las reservas de todos los argentinos”. Como síntesis del proyecto, Arabia aseguró que Milei insistió en una idea que atraviesa toda la iniciativa: “El Banco Central tiene que tener una sola misión: preservar el valor de la moneda”.

La reforma tiene una fuerte carga simbólica. Antes de llegar a la Casa Rosada, una de las principales banderas políticas de Milei era “dinamitar” el Banco Central, al que responsabilizaba por la inflación crónica de la Argentina y definía como “una estafa”. Hace varios años, en su obra de teatro, El Consultorio de Milei, incluso rompía una piñata con la forma del edficio ubicado en Reconquista 266. “¡Hijo de puta! Vos fuiste creado para cagarle la vida a los argentinos. ¡La locura no es que no existas, la locura es que existas!”, gritaba Milei sobre el escenario, antes de molerla a golpes.

Dos años y medio después de asumir la Presidencia, aquella “misión de vida” mutó a un objetivo mucho más modesto: ya no eliminar la institución, sino rediseñarla para limitar por ley el margen de acción de los futuros gobiernos y convertir la independencia de la autoridad monetaria en uno de los pilares permanentes de su programa económico. Todo puede resurmise en aquel célebre slogan de campaña estadounidense, reversionado: Es la política, estúpido.

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Durante más de dos años, Sebastián Pareja fue el dueño del territorio bonaerense de La Libertad Avanza. Armó el partido desde abajo, repartió responsabilidades y construyó una estructura que lo llevó a imaginarse como el candidato natural del oficialismo para disputar la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2027. Sin embargo, en apenas unas semanas el tablero empezó a modificarse. La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete no sólo alteró el organigrama de la Casa Rosada, sino que abrió una nueva etapa en la interna libertaria. Los primos Menem comenzaron a intervenir el armado de Pareja y hay rumores de desembarco de dirigentes del PRO en lugares que hasta ahora respondían exclusivamente al presidente de La Libertad Avanza bonaerense.

Lo que está en discusión ya no es solamente el control del partido. Lo que empezó a ordenarse es la carrera hacia 2027 en el distrito más importante del país. La pregunta que comenzó a recorrer los despachos libertarios es quién reúne hoy las mejores condiciones para enfrentar al peronismo en “la madre de todas las batallas”.

Hasta hace pocas semanas, la respuesta parecía relativamente sencilla. Con el respaldo de Karina Milei, Pareja construyó una red de coordinadores seccionales, referentes municipales y dirigentes territoriales que tuvo como principal herramienta de expansión las delegaciones de Anses y PAMI distribuidas por toda la provincia. Esos organismos funcionan como puntos de apoyo para la construcción política cotidiana. Desde allí se distribuyen recursos y se consolida una presencia territorial que ningún partido puede darse el lujo de despreciar en un distrito de semejante dimensión.

El ascenso de Santilli parece haber modificado esa lógica. Dentro de la Casa Rosada empezó a imponerse una mirada mucho más pragmática, atravesada por una convicción que fue ganando fuerza a medida que el Gobierno dejó atrás su etapa fundacional: la reelección de Milei exige ampliar la base política del oficialismo y competir con los dirigentes más competitivos, aun cuando no hayan formado parte del núcleo original de La Libertad Avanza.

En ese esquema, el flamante jefe de Gabinete aparece con ventajas difíciles de discutir. Su nivel de conocimiento público, su experiencia de gestión, sus vínculos con intendentes y dirigentes del PRO y su capacidad para tender puentes con sectores del empresariado lo convierten, dentro del oficialismo, en un dirigente con un volumen político que ningún referente libertario bonaerense logró construir por sí solo. ¿Le alcanzará con la plataforma institucional que le ofrece ser ministro coordinador para ganar centralidad y capitalizarlo electoralmente?

¿Nene Vera 2027?

Sin embargo, la reconfiguración de la interna libertaria no termina en la disputa entre Santilli y Pareja. Mientras el primero consolida su proyección hacia la gobernación y el segundo intenta preservar una estructura que ya no controla en soledad, otro dirigente comenzó a ganar volumen dentro del esquema de La Libertad Avanza provincial. Se trata de Ramón “Nene” Vera, un operador territorial cuya influencia resulta inversamente proporcional a su exposición pública y que, después de años moviéndose entre bambalinas, empezó a insinuar que también quiere jugar un papel propio en la discusión por el futuro del espacio.

La historia de Vera resume varias de las contradicciones que atravesaron a La Libertad Avanza desde antes incluso de su llegada al poder. En Moreno es una figura conocida desde hace décadas y también una de las más polémicas. Antes de desembarcar en el universo libertario construyó toda su carrera dentro del peronismo y en 2019 fue candidato a intendente por el Frente de Todos, un antecedente que sus detractores nunca dejaron de recordarle. Precisamente por ese recorrido fue uno de los blancos preferidos de Las Fuerzas del Cielo, la organización referenciada en Santiago Caputo, cuyos dirigentes lo señalan como un representante de esa “vieja política” que Milei había prometido reemplazar.

Sin embargo, Vera logró sobrevivir a esa ofensiva que se extendió a lo largo de todo el 2025. Según pudo saber elDiarioAR, lo hizo gracias a un activo mucho más determinante que las discusiones ideológicas: el manejo de buena parte del flujo de financiamiento político de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, un recurso que terminó convirtiéndolo en un actor imposible de desplazar incluso para quienes cuestionaban su pasado. Mientras otros dirigentes acumulaban presencia mediática, el “Nene” siguió construyendo influencia dentro de la organización. Su hija, Andrea Vera, llegó a la Cámara de Diputados y él comenzó a recorrer distintos municipios con un objetivo que ya no esconde frente a sus interlocutores: dejar de ser únicamente un armador para transformarse también en una referencia electoral con vistas a 2027.

En distintos sectores del oficialismo ya empezó a hablarse, incluso con algo de ironía, del surgimiento del “nenismo”. No se trata todavía de una corriente formal ni de una línea interna organizada, sino de la constatación de que Vera consiguió atravesar indemne todas las batallas internas y emerge como uno de los dirigentes con mayor capacidad para condicionar el futuro del armado bonaerense. Su crecimiento expresa, además, un fenómeno más amplio: la progresiva sustitución de las discusiones identitarias por una lógica mucho más pragmática, donde pesan menos las trayectorias políticas previas que la capacidad efectiva para aportar recursos, estructura y volumen territorial.

El malestar de abajo

La emergencia de Vera también empezó a ser leído como el síntoma de un malestar más profundo que atraviesa a buena parte de la dirigencia territorial de La Libertad Avanza. Lejos de la Casa Rosada, concejales frustrados y coordinadores seccionales observan con preocupación cómo el avance de los acuerdos con el PRO en sus municipios amenaza con reducir el espacio que durante los últimos dos años construyeron en cada distrito.

“No es un problema del Nene. El Nene es un emergente”, resumió ante elDiarioAR un dirigente bonaerense que participa del armado libertario desde 2023. “Lo del Nene es la punta de un iceberg que se agranda y se extiende. Forma parte de un clamor subterráneo de dirigentes que se cansaron de ser quienes hacen el catering para la fiesta electoral”, agregó.

El reclamo apunta directamente a la estrategia que empezó a desplegar la conducción nacional del partido, encabezada por Karina Milei. Según describen distintos referentes consultados, el costo político de los “pactos” recaen sobre quienes deben convivir todos los días con esas decisiones en los municipios. “Los acuerdos de arriba los pagan los territoriales en los Concejos Deliberantes, entregando lugares en las listas a dirigentes que después votan con los oficialismos peronistas”, sostuvo otro dirigente que sigue de cerca la interna bonaerense.

Detrás de ese diagnóstico aparece una discusión todavía más sensible: el valor que la conducción nacional les asigna a las estructuras locales. “Los territorios son vistos como piezas de canje para cerrar acuerdos, de los cuales además no reciben ninguna contraprestación. Sólo los recuerdan cuando llega el momento de fiscalizar, porque son el engranaje que permite cuidar los votos y después poner diputados, senadores y hasta los votos del Presidente”, cuestionó una fuente con llegada a la conducción provincial.

Ese descontento también alcanza uno de los principales argumentos utilizados para justificar el acercamiento con el PRO. Entre algunos libertarios crece la idea de que, el año pasado, el macrismo sobredimensionó su capacidad de fiscalización electoral para negociar lugares dentro del oficialismo. “Vendieron la fantasía de que garantizan la fiscalización y la cúpula de La Libertad Avanza la compró casi sin discutirla. Lo único que tienen es un puñado de fiscales de la Ciudad que, con buenos pagos, bajan al conurbano el día de la elección. Le pusieron mucho marketing y terminaron vendiéndolo como si fuera una maquinaria aceitada”, ironizó otro referente consultado.

En ese contexto, la irrupción de Ramón Vera deja de leerse únicamente como un proyecto personal. También empieza a expresar una reacción de dirigentes que sienten que, después de haber construido el partido en los municipios, quedaron relegados frente a una estrategia que privilegia los acuerdos de cúpula por sobre el desarrollo de la estructura propia. “Mientras el Colorado perdía su interna para gobernador defendiendo a Horacio Rodríguez Larreta en 2023 y diciendo que votar a Milei era dar un salto al vacío, nosotros defendíamos la boleta y el voto al Presidente en las tres elecciones de ese año”, sostuvo ante elDiarioAR un voz identificada con el incipiente “nenismo”.

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¿La Libertad Avanza debe intentar quedarse con las gobernaciones o le conviene convertir a los mandatarios provinciales en socios de la reelección presidencial de Javier Milei? Esa pregunta, que hace apenas unos meses parecía prematura, empezó a ordenar buena parte de las conversaciones de la mesa política del Gobierno, que anhela salir del atolladero en la que la dejó el caso Adorni. A medida que se acerca 2027, el oficialismo enfrenta un dilema que excede largamente el calendario electoral: construir poder territorial propio o administrar una red de alianzas con quienes hoy gobiernan las provincias.

La discusión supone, además, un cambio de paradigma para el propio mileísmo. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei hizo exactamente lo contrario de lo que durante décadas había recomendado el manual de la política argentina. Recorrió relativamente poco el país, sin un partido nacional, apoyado en una alianza de sellos de goma, sin gobernadores, sin intendentes y con armados provinciales que, en muchos casos, terminaron de cerrarse apenas semanas antes de la elección. En varios distritos obtuvo resultados extraordinarios sin haberlas visitado durante la campaña y, en algunos casos, tampoco volvió a hacerlo una vez convertido en Presidente. La elección pareció demostrar que era posible conquistar el poder sin estructura territorial.

Ese razonamiento, sin embargo, tenía un límite evidente. Una cosa era ganar una elección presidencial apoyado casi exclusivamente en la figura del candidato y otra muy distinta gobernar un país federal siendo una fuerza claramente minoritaria en el Congreso. La experiencia de estos primeros años terminó modificando varias de las certezas originales del oficialismo. Cada ley importante obligó a negociar con gobernadores que, durante la campaña, parecían formar parte de esa “casta” que Milei prometía dejar atrás.

La necesidad parlamentaria, sin embargo, no eliminó otra ambición que empezó a crecer silenciosamente dentro del karinismo. Mientras la gobernabilidad era garantizada, Karina Milei aprovechó el tiempo para construir un partido nacional capaz de disputar el poder en cada distrito. Afiliaciones, escuelas de formación, incorporación de dirigentes, desembarco de referentes jóvenes y armado de mesas políticas provinciales comenzaron a multiplicarse en paralelo a las negociaciones legislativas. Para comprenderlo, vale la pena tomar algunos ejemplos.

Córdoba

Córdoba concentra hoy una de las discusiones más delicadas del oficialismo. Durante meses convivieron dos hipótesis: aprovechar el buen vínculo que Martín Llaryora mantiene con la Casa Rosada para explorar algún entendimiento político o avanzar con una candidatura libertaria propia que disputara la gobernación. En los últimos días, el diputado Gabriel Bornoroni se encargó de inclinar la balanza. Al anunciar públicamente que La Libertad Avanza tendrá candidato propio en 2027, envió un mensaje tanto hacia adentro de la oposición como hacia el peronismo provincial: la prioridad seguirá siendo la reelección de Javier Milei, pero eso no implicará resignar la pelea por el poder en Córdoba.

La definición también reordenó el tablero opositor. Sin confirmar si será él quien encabece la boleta, Bornoroni dejó prácticamente descartada la posibilidad de ceder el primer lugar de la fórmula a dirigentes aliados como Luis Juez o Rodrigo de Loredo. El mensaje cayó en un momento de creciente tensión con el radicalismo, después de que el diputado libertario profundizara el acercamiento a intendentes radicales que comenzaron a abandonar la órbita de De Loredo para sumarse al armado violeta. En paralelo, dentro de la coalición opositora ya dan por descontado que, si el candidato termina siendo Bornoroni, el resto de los espacios deberá redefinir su estrategia en función de esa decisión.

Eso no significa que hayan desaparecido los puentes con el llaryorismo. El gobernador mantiene uno de los vínculos más fluidos con la Casa Rosada y las negociaciones legislativas alimentaron durante meses las versiones sobre un posible entendimiento que incluyera el respaldo cordobés a la agenda parlamentaria del Gobierno a cambio de una competencia menos agresiva en la provincia. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que hoy prevalece otra mirada: Córdoba fue uno de los distritos donde Milei obtuvo sus mejores resultados y renunciar a disputar la gobernación enviaría una señal de debilidad incompatible con la ambición territorial que Karina Milei busca imprimirle a La Libertad Avanza.

Santa Fe

Si Córdoba representa el debate, Santa Fe parece haber tomado una decisión. Allí la conducción de Romina Diez ya trabaja con la premisa de que La Libertad Avanza debe disputar directamente la gobernación en 2027 y convertir a la provincia en uno de los principales objetivos electorales del oficialismo. Después del buen desempeño obtenido en las elecciones de 2025, el espacio empezó a convencerse de que el sello libertario tiene volumen suficiente para competir por el poder provincial sin necesidad de integrarse a una coalición más amplia.

La diputada nacional conduce una mesa política que responde de manera directa a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, quienes intervienen en las principales definiciones del armado. A su alrededor se consolidó un núcleo de dirigentes integrado, entre otros, por el diputado Agustín Pellegrini, el titular del PAMI Rosario, Guido Orlandi, el apoderado partidario Marcos Peyrano y referentes territoriales que comenzaron a extender la presencia libertaria hacia las principales ciudades de la provincia.

En paralelo, el espacio también impulsa la construcción en universidades y centros de estudiantes, una estrategia que el karinismo considera clave para consolidar una nueva generación de cuadros políticos. La prioridad, repiten cerca de Diez, es consolidar primero un partido propio. Las alianzas, si llegan, serán una discusión posterior. El objetivo inmediato es construir una alternativa capaz de disputarle el poder a Maximiliano Pullaro.

Entre Ríos

En Entre Ríos, la prioridad de La Libertad Avanza no pasa todavía por definir candidaturas, sino por terminar de ordenar una estructura que durante buena parte de 2025 estuvo atravesada por fuertes disputas internas. Bajo la conducción del diputado provincial Roque Fleitas, principal referente libertario en la provincia y hombre de confianza de la mesa nacional, el espacio busca cerrar definitivamente una etapa marcada por conflictos que terminaron demorando la consolidación del partido.

El caso más emblemático fue el de Concordia, el segundo distrito electoral de la provincia, donde la elección partidaria terminó judicializada y dejó al espacio prácticamente acéfalo durante más de un año, obligando incluso a la intervención de Karina Milei para intentar desactivar el conflicto. Después de meses de enfrentamientos, los sectores que encabezaban Ignacio Cabrera y Eduardo Beswick comenzaron a negociar una conducción de unidad con el aval de la conducción provincial y de la mesa nacional. El objetivo es dejar atrás una interna que consumió buena parte de las energías del partido y llegar al año electoral con una representación legítima, capaz de contener a las distintas líneas internas y proyectar una estrategia común.

Recién una vez resuelta esa etapa aparecerá la discusión política de fondo: si conviene competir en soledad o, como ocurrió en 2025, explorar un entendimiento con el gobernador Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales con mejor vínculo con la Casa Rosada. Nadie descarta ninguna alternativa. De hecho, la posibilidad de un acuerdo sigue sobre la mesa, pero en el oficialismo repiten que antes de negociar con otros partidos necesitan ordenar el propio.

Tucumán

La conducción de La Libertad Avanza en Tucumán decidió cerrar de antemano cualquier especulación sobre un eventual entendimiento con el gobernador Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios peronistas que más acompañó al Gobierno en el Congreso. El presidente del partido en la provincia, Lisandro Catalán, fue terminante al descartar esa posibilidad y sostuvo que el objetivo del espacio es construir una alternativa capaz de gobernar la provincia, no negociar lugares dentro del esquema político existente.

Con esa premisa, el exvicejefe del Interior anunció que en los próximos meses presentará una propuesta integral de gobierno para la provincia y para cada uno de sus municipios, en una estrategia que busca correr el eje de la discusión electoral hacia un proyecto de gestión propio. Al mismo tiempo, abrió las puertas a dirigentes provenientes del radicalismo, el PRO e incluso del peronismo, aunque con una condición: que acepten incorporarse al proyecto libertario sin exigir candidaturas como condición de ingreso. “Eso de 'me sumo si me toca algo' es exactamente lo que queremos desterrar”, resumió recientemente.

Las definiciones también alcanzaron a los posibles aliados. Catalán no descartó conversaciones con otros espacios opositores, como Fuerza Republicana, de Ricardo Bussi, pero aclaró que cualquier entendimiento deberá preservar la identidad de La Libertad Avanza. La única puerta que el oficialismo provincial considera definitivamente cerrada es la que conduce a Jaldo. “Representa al peronismo que gobierna hace más de cuarenta años la provincia. Nosotros venimos a revertir ese proceso”, argumentó en una entrevista con el sitio Sin Letra Chica.

Río Negro

Con el senador Enzo Fullone convertido en el principal armador de la provincia y en contacto permanente con la Casa Rosada, La Libertad Avanza de Río Negro viene incorporando dirigentes de otros espacios para ampliar su base territorial. La afiliación del diputado nacional Aníbal Tortoriello, ex candidato a gobernador por el PRO y uno de los dirigentes con mayor nivel de conocimiento en la provincia, terminó de despejar una de las discusiones internas que atravesaban al espacio y reforzó la idea de competir con un candidato propio en 2027.

La estrategia responde a la lógica que impulsa Karina Milei en buena parte del país: fortalecer primero el partido y resolver después las candidaturas. Aunque Tortoriello aparece hoy como uno de los nombres mejor posicionados para enfrentar al oficialismo de Alberto Weretilneck, tampoco se descarta que el propio Fullone dispute esa postulación. Más allá de quién termine encabezando la boleta, en el oficialismo aseguran que el objetivo no es cerrar un acuerdo con el gobierno provincial sino consolidar una alternativa libertaria capaz de disputar el poder después de más de una década de predominio de Juntos Somos Río Negro.

Misiones

Misiones aparece, quizás, como el laboratorio más avanzado del proyecto territorial que impulsa Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia desembarcó este fin de semana en Posadas para inaugurar la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza, una iniciativa que trasciende largamente la formación política y funciona como una señal del lugar que la conducción nacional le asigna a la provincia dentro del mapa electoral de 2027. El objetivo no es solamente capacitar militantes, sino acelerar la consolidación de una estructura permanente que permita al partido competir en cada uno de los 79 municipios misioneros.

La apuesta libertaria coincide, además, con un momento de transición para el oficialismo provincial. Después de más de dos décadas de hegemonía política, el espacio que conduce Carlos Rovira atraviesa una reconfiguración interna que quedó reflejada en el lanzamiento de Encuentro Misionero, la nueva identidad con la que el histórico Frente Renovador de la Concordia busca administrar la sucesión y ordenar sus propias tensiones. En la Casa Rosada siguen de cerca ese proceso y creen que las diferencias que empezaron a aflorar dentro del rovirismo podrían abrir una oportunidad inédita para una oposición que, hasta hace pocos años, parecía condenada a disputar apenas un puñado de bancas legislativas.

En ese contexto, tanto el presidente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, como el diputado nacional Diego Hartfield salieron en las últimas semanas a despejar cualquier especulación sobre un eventual acuerdo con el oficialismo. Ambos rechazaron de manera terminante la posibilidad de una alianza con Encuentro Misionero y sostuvieron que la tarea encomendada por Javier y Karina Milei consiste precisamente en construir una alternativa liberal propia. “Tenemos muy buenos candidatos y pueden aparecer más outsiders”, aseguró Núñez, quien incluso se excluyó de la carrera por la gobernación para concentrarse en el armado partidario.

Formosa

Después de meses de tensiones internas, renuncias y acusaciones cruzadas sobre supuestos vínculos con el oficialismo provincial, La Libertad Avanza de Formosa inició una etapa de reordenamiento con la llegada de Marión Rodríguez a la conducción partidaria y el fortalecimiento del liderazgo del diputado nacional Atilio Basualdo, considerado por la Casa Rosada como el principal referente libertario en la provincia.

La renovación de autoridades busca cerrar definitivamente una interna que expuso las dificultades de construir un partido nuevo en un territorio dominado desde hace décadas por el peronismo de Gildo Insfrán. La salida del entonces presidente partidario, Esteban López Tozzi, quien justificó su alejamiento denunciando que algunos sectores pretendían mantener acuerdos con el oficialismo provincial, terminó acelerando esa reorganización.

Objetivo 2027

En la Casa Rosada empezó a consolidarse una lectura. El desgaste de muchos oficialismos provinciales, algunos después de décadas en el poder, abrió una oportunidad que La Libertad Avanza cree que puede aprovechar. El antecedente de 2023 sigue muy presente entre los estrategas libertarios: fue el año con mayor cantidad de elecciones desdobladas de la historia reciente y, al mismo tiempo, uno de los que registró más derrotas de gobiernos provinciales. Separar los comicios locales de la elección presidencial dejó de ser una garantía de supervivencia política. Para el karinismo, esa tendencia podría profundizarse en 2027.

Sobre ese telón de fondo se montó la negociación que hoy encabeza el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores. El objetivo inmediato es reunir los votos para suspender las PASO, una reforma que el Gobierno considera prioritaria de cara a los futuros comicios. Pero la conversación excede largamente las primarias. La propuesta oficial incluye rehabilitar las listas colectoras para la categoría presidencial, un mecanismo que permitiría a distintos mandatarios acompañar la candidatura de Milei sin necesidad de integrarse formalmente a La Libertad Avanza ni resignar el control de sus estructuras provinciales.

Después del Mundial comenzará, en los hechos, la carrera hacia el año que viene. Para Milei, ya no se trata solamente de volver a ganar una elección presidencial, sino de transformar un fenómeno político construido alrededor de un liderazgo personal en una organización capaz de sobrevivirle. La discusión sobre las gobernaciones, en el fondo, habla del intento de La Libertad Avanza por dejar de ser una fuerza que gobierna desde la Casa Rosada para convertirse, por primera vez, en un partido con poder territorial propio. Si logra alcanzarlo, solo el futuro lo dirá.

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La foto apareció después de varios días de ruido interno y funcionó como el mensaje que en la Casa Rosada necesitaban transmitir. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei”, escribió Patricia Bullrich este miércoles en su cuenta de X junto a una imagen en la que se la ve casi de espaldas, sentada frente a la secretaria general de la Presidencia. El gesto buscó clausurar, al menos por ahora, las especulaciones sobre una ruptura entre ambas dirigentes tras la rebelión que protagonizó la senadora en torno al pliego judicial de María Verónica Michelli.

La publicación llegó apenas horas después de que Bullrich intentara bajar el tono de la crisis desde Mendoza, donde participó de un congreso internacional de ciberseguridad. Allí confirmó que había puesto a disposición su renuncia como titular del bloque libertario en el Senado luego de desobedecer la instrucción del Gobierno de retirar el pliego de Michelli, aunque aclaró que Javier Milei desestimó inmediatamente esa posibilidad. “No hay internas, lo que hay es una objeción de conciencia. Como persona de bien, cuando uno da una posición distinta a la del presidente, pone su renuncia a disposición, pero él siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración”, sostuvo ante la prensa.

La reunión con Karina Milei buscó precisamente transmitir que esas diferencias no alteran el alineamiento político de fondo. Según pudo reconstruir elDiarioAR, la secretaria general de la Presidencia había dado el martes una instrucción clara a su entorno y a los principales referentes del oficialismo: evitar cualquier confrontación pública con Bullrich. La orden apuntaba a impedir que la polémica escalara y terminara convirtiéndose en una disputa abierta dentro de La Libertad Avanza. La fotografía difundida este miércoles fue, en ese sentido, la escenificación pública de esa estrategia de contención.

Sin embargo, en el oficialismo nadie desconoce que Bullrich viene construyendo desde hace semanas un perfil propio. Primero fue el cuestionamiento público a la demora de Manuel Adorni para presentar su declaración jurada patrimonial. Después llegó el respaldo explícito a Michelli bajo el argumento de una “objeción de conciencia”. Dos episodios que fueron leídos en distintos despachos oficiales como señales de autonomía destinadas a preservar un capital político propio frente a eventuales costos de gestión y a marcar diferencias respecto de la conducción política que ejerce Karina Milei sobre el espacio.

Ayer, desde Mendoza, Bullrich también intentó cerrar ambos capítulos. Sobre el escenario electoral de 2027 descartó cualquier candidatura presidencial propia. “Yo voy a pelear por la reelección del presidente Milei”, aseguró. Y respecto de la declaración jurada de Adorni, dio por terminado el asunto. “Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla”, afirmó. La referencia al 15 de junio como fecha límite para la presentación de la documentación patrimonial del jefe de Gabinete constituye además un dato nuevo dentro de una controversia que venía generando creciente incomodidad en el oficialismo.

El pliego de la polémica

La foto entre Bullrich y Karina Milei coincidió además con una jornada políticamente incómoda para la Casa Rosada en el Senado. Mientras la conducción libertaria intentaba cerrar la crisis, Victoria Villarruel volvía a intervenir de manera directa en el conflicto. La vicepresidenta había recibido el martes a Michelli en su despacho del Palacio Legislativo y le transmitió, según fuentes parlamentarias, su “profundo respaldo institucional”. La reunión duró cerca de una hora y fue interpretada en el oficialismo como una nueva señal de desafío hacia los hermanos Milei.

La escena se completó este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde participaron los presidentes de todos los bloques. Allí se acordó postergar para la próxima semana cualquier definición sobre el pedido de retiro del pliego de Michelli impulsado por el Poder Ejecutivo. El resultado dejó una imagen incómoda para la Casa Rosada: tanto Villarruel como Bullrich, cada una con métodos distintos, lograron bloquear una decisión que el Gobierno consideraba prioritaria.

La senadora había desafiado públicamente a la conducción del partido al anunciar el lunes que no acompañaría el retiro del pliego de Michelli, postulante a jueza federal en La Plata y cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La decisión arrastró además a los senadores radicales aliados del Gobierno y dejó al descubierto una mayoría circunstancial que se niega a acompañar la estrategia diseñada por la Casa Rosada. En los pasillos del Senado, parte de la responsabilidad por el conflicto también recayó sobre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien varios dirigentes oficialistas señalan por haber avanzado con determinados nombramientos sin consultar previamente a la conducción política.

Los Milei rechazan a Michelli por considerar que su cercanía familiar con Alconada Mon representa un problema político en un contexto marcado por investigaciones periodísticas que incomodan al oficialismo. Sin embargo, el pliego cuenta con respaldo transversal dentro de la Cámara alta. Además del apoyo explícito de Bullrich, reúne adhesiones de la UCR, sectores del PRO y parte del peronismo dialoguista, lo que vuelve más compleja cualquier maniobra para retirarlo.

En ese contexto, la imagen difundida por Bullrich funcionó como una señal de distensión hacia adentro del oficialismo. Pero difícilmente alcance para despejar por completo las dudas que dejaron las últimas semanas. La exministra de Seguridad ya demostró que está dispuesta a marcar diferencias cuando considera que hay costos políticos que no está dispuesta a asumir. Y en la Casa Rosada saben que esa autonomía, aunque administrada y contenida, seguirá siendo uno de los factores a monitorear en la compleja convivencia del oficialismo. La discusión de fondo, sin embargo, quedó apenas postergada.

PL/MG

No sólo el diputado libertario jujeño Manuel Quintar, el que fue al Congreso en su Tesla, tienen origen empresario en las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. Claro que no son grandes empresarios devenidos legisladores, como en su momento fue el caso de Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), la de las marcas Natura y Mazola, que fue senador peronista por Córdoba. Algunos son importantes en su provincia, otros de medio pelo y unos han creado pymes o emprendimientos en paralelo con sus carreras laborales. En total, un cuarto de los diputados de LLA, 25 sobre 91, y un tercio de los senadores, siete sobre 21, tienen empresas, incluidos los que se dedican a la producción agropecuaria o al menos saca provecho de ella por compañías de su familia. Es decir que del total de 112 legisladores nacionales, 32 son empresarios.

No hay ningún problema con que haya empresarios metidos en política, como los hay sindicalistas. Quintar diría que se pagó el Tesla con la suya, no con dinero amasado en la función pública. Los debates giran en torno a si consiguieron su fortuna pagando todos los impuestos, sin sobornar funcionarios y respetando los derechos de sus empleados y el medio ambiente. También en cómo accedieron a ser candidatos: si se compraban las candidaturas en LLA, como denunció en 2023 quien entonces se alejaba del partido, Carlos Maslatón, o si los aportes que debería haber sido en blanco de US$5.000 a 50.000 eran para financiar sólo las propias postulaciones, fin que esgrimió Javier Milei en esa oportunidad. Por último, la duda es si la población al elegir a este tipo de representantes escogió personas que defenderán intereses particulares o el bien común.

“El riesgo de incorporar con tanta preeminencia a tantas personas que provienen del mundo empresarial a la función pública tiene que ver con los riesgos de captura de la decisión pública, o sea, darle una excesiva preeminencia a los intereses y a la visión del mundo que tiene una fracción para el conjunto y hacer perder de vista la defensa del interés general por sobre el interés particular”, señala Ana Castellani, socióloga e investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet). “Las cuestiones de lobby, que son tan habituales, se introyectan en el funcionamiento del organismo y eso es lo que hay que contrarrestar”, opina Castellani.

En el caso de las campañas de LLA, diversas fuentes que participaron de esos procesos cuentan que, por un lado, en 2023 la fuerza política apenas naciente buscaba personas que aportaran dinero y sellos partidarios para participar, pero admitían que la recaudación estaba centralizada en torno de la figura de Karina Milei, quien sería después secretaria general de la Presidencia. En 2025 ya no necesitaban más alianzas con otros partidos porque habían constituido LLA al nivel nacional, pero siguieron necesitando de fondos y además querían deliberadamente armar las listas de candidatos con lo que ellos llaman “emprendedores”, modelos de éxito para la ideología libertaria.

El caso de Quintar llamó la atención. Êl defendió su actuar con el argumento de que llevaba adelante una batalla cultural para que ser rico dejara de ser algo malo para la sociedad. Con sus clínicas de la empresa Servicios Sociales de Salud ha hecho fortuna, con pacientes particulares pero también de obras sociales, es decir, con los aportes de los empleadores y trabajadores a la Seguridad Social. Sus empleados más de una vez han protestado por los salarios que cobran.

Veamos aquí los negocios particulares que tienen cada uno de los diputados de LLA:

En el Senado, estos son los libertarios y empresarios:

AR/MG

La escena tiene algo de ensayo general. Aunque todavía falta más de un año para las elecciones ejecutivas, el karinismo ya empezó a moverse con la vista puesta en 2027. La Libertad Avanza realizará el próximo 25 de mayo un “Cabildo Abierto por la Libertad” en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, una acción coordinada en simultáneo con el objetivo explícito de mostrar músculo territorial, ordenar a la militancia y empezar a instalar a sus dirigentes locales en la disputa por las intendencias y, eventualmente, la gobernación bonaerense.

La iniciativa es impulsada por Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Karina Milei y principal responsable de la expansión territorial del partido en la provincia. Según confirmaron fuentes del partido, entre las 11 y las 13 del feriado patrio, mesas libertarias se desplegarán frente a los concejos deliberantes de cada distrito. Allí participarán concejales, legisladores, coordinadores seccionales y distritales, además de militantes de la juventud libertaria. La consigna oficial es “escuchar a los vecinos”, relevar problemáticas locales y sistematizar esa información para diseñar agendas políticas ajustadas a la realidad de cada municipio. Todo bajo una estructura partidaria homogénea, disciplinada y directamente subordinada al mando político de la hermana del Presidente.

En el universo libertario bonaerense, la actividad es leída como una nueva demostración del poder acumulado por Pareja, una figura de cierto bajo perfil público pero central en el esquema político de Karina Milei. Desde antes incluso de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada, el ahora diputado nacional supo construir una red de dirigentes que responde de manera directa a su conducción. Ese modelo, basado en una lógica vertical y altamente centralizada, le permitió extender la presencia formal del partido en toda la provincia, aunque también generó resistencias y tensiones con otros sectores del oficialismo, en particular con el universo de Santiago Caputo y la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

El operativo del próximo lunes incluye un manual de estilo que circuló en las últimas semanas entre los responsables territoriales. El documento fija pautas para la puesta en escena y subraya la necesidad de “incrementar la cercanía con los bonaerenses”, “escuchar y dar la cara” y “construir legitimidad desde abajo, con presencia y participación”. También plantea la conveniencia de registrar la actividad con materiales audiovisuales que luego serán utilizados para exhibir el despliegue simultáneo en las ocho secciones electorales.

Sin embargo, puertas adentro no todos observan la convocatoria con el mismo entusiasmo. En varios municipios del conurbano persiste un escepticismo difícil de disimular sobre el impacto real de la movida. “La mayoría de la gente no sabe dónde están los concejos deliberantes. El 25 de mayo a esa hora no pasa ni el loro”, ironizó, en diálogo con elDiarioAR, un referente libertario con trabajo territorial, sugiriendo que la épica del Cabildo Abierto podría terminar desarrollándose ante un público bastante más reducido que el imaginado en los manuales de estilo. En los últimos días, eso sí, comenzaron a llegar a los distritos los banners y materiales gráficos enviados desde la conducción bonaerense, una señal de que, aunque no aparezcan vecinos, al menos no faltará escenografía.

Otro dirigente resumió con una anécdota la dificultad que enfrenta el espacio para construir liderazgos locales en un contexto en el que el desgaste de la gestión nacional comienza a proyectarse sobre el armado bonaerense. Contó que días atrás, mientras hacía compras en un supermercado, le preguntó a la cajera si lo votaría el año próximo. La respuesta fue tan espontánea como filosa: “¿Y qué? ¿Vos vas a ser como Adorni?”. La frase condensa una preocupación que ya circula entre varios armadores: las dificultades judiciales y políticas que atraviesa el jefe de Gabinete empieza a permear en la percepción de los candidatos distritales, que todavía carecen de identidad propia y cargan, para bien o para mal, con la imagen del gobierno nacional.

El Cabildo Abierto se realizará a menos de un mes del encuentro que Karina Milei y Sebastián Pareja encabezaron en Suipacha, donde unos 1.500 dirigentes bonaerenses participaron de una extensa jornada de capacitación política organizada por la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. Allí, la secretaria general buscó transmitir un mensaje de cohesión y de proyección a largo plazo. “Esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, dijo al cierre del acto. Y remató con una consigna que sintetiza el espíritu de la estrategia bonaerense: “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia y eso se va a lograr con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei”.

Lo cierto es que, más allá de la actividad del próximo lunes, la fortaleza de Pareja excede ya el plano estrictamente partidario. En la última semana sumó un activo político de peso al asumir la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, uno de los ámbitos más sensibles del sistema institucional argentino. Desde ese lugar, el armador bonaerense no sólo amplía su gravitación dentro del oficialismo, sino que adquiere una posición singular para observar de cerca lo que ocurre puertas adentro de la SIDE, el territorio donde Santiago Caputo conserva buena parte de su influencia.

La tensión latente no pasa inadvertida para nadie: mientras el asesor presidencial mantiene su centralidad sobre los resortes más reservados del poder, uno de sus principales “enemigos públicos” quedó formalmente a cargo del organismo parlamentario encargado de controlar, precisamente, lo que la inteligencia hace o deja de hacer.

PL/CRM

La interna libertaria parece haber encontrado en X su escenario más crudo. El cruce entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, —inesperado por el nivel de exposición de sus protagonistas— dejó de ser una discusión más dentro del ecosistema digital oficialista para convertirse en una señal de una tensión más profunda, en medio de una causa judicial que pone bajo la lupa a los actores de la llamada “batalla cultural”.

El intercambio se originó a partir de un mensaje de Lemoine a un usuario que cuestionaba a Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dirigente cercano a Karina Milei. “Listo, dejá de seguir a Milei”, escribió la diputada nacional, en una respuesta que rápidamente escaló en visibilidad. Parisini citó ese mensaje con un breve “No”, lo que derivó en una serie de réplicas que expusieron diferencias políticas dentro del oficialismo.

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, sostuvo Lemoine. Parisini respondió con un planteo sobre los límites de la autoridad dentro del espacio: “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”. El cruce continuó con un mensaje del influencer en tono más confrontativo.

En ese escenario, el propio Javier Milei decidió involucrarse de manera indirecta pero elocuente: compartió en su cuenta un mensaje de Lemoine en el que cuestionaba la idea de que la influencia digital pueda torcer la realidad. “Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad”, sostuvo la diputada en ese posteo, que el Presidente amplificó con un retuit. ¿Una señal de alineamiento con el sector que busca ponerle límites al poder de los referentes digitales? Es una conclusión demasiado arriesgada.

Denuncia judicial

La discusión digital se produjo en paralelo al avance de una causa judicial en la que se investigan presuntas amenazas e instigación a cometer delitos por parte de usuarios identificados con el oficialismo en redes sociales. El expediente se inició en septiembre del año pasado a partir de una denuncia presentada por el propio Sebastián Pareja.

Tras declararse incompetente la Justicia nacional, la investigación quedó en manos de la fiscal porteña Celsa Ramírez, quien esta semana imputó y citó a indagatoria a once personas luego de identificar a los usuarios denunciados. Los hechos investigados podrían encuadrarse en los delitos de amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones.

En ese contexto, Parisini había cuestionado públicamente la decisión de judicializar el accionar de tuiteros libertarios. En su programa, sostuvo que se trata de una estrategia “poco inteligente” y se manifestó en defensa de quienes, según su visión, “dieron la batalla cultural” en redes sociales. También había dirigido críticas a Pareja por haber impulsado la denuncia.

El trasfondo del conflicto remite a diferencias más amplias dentro de La Libertad Avanza. Por un lado, el sector vinculado a Pareja y a los hermanos Menem, que impulsa un esquema de construcción territorial basado en el armado político tradicional. Por otro, un grupo de militantes digitales, streamers e influencers cercanos a Santiago Caputo, que reivindican el rol de las redes sociales y la centralidad de la disputa ideológica.

La intervención judicial introduce un elemento adicional en esa dinámica, al trasladar prácticas habituales del ecosistema digital a un ámbito institucional con criterios distintos. En ese marco, el cruce entre Lemoine y Parisini expone las tensiones que enfrenta el oficialismo para ordenar su base política en un contexto de creciente exposición pública y judicial.

PL/MG

El Gobierno decidió no replegarse y avanzar. En medio de la causa judicial que acorrala a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial, la respuesta oficial no fue el bajo perfil, sino una secuencia calculada de apariciones silenciosas. El lunes, una recorrida cerrada en el Instituto Malbrán, junto a Karina Milei y el ministro Mario Lugones. El martes, una foto explícita en AmCham junto a Javier Milei, que lo abrazó en público y lo colocó como víctima de un “ataque destituyente”. Este jueves, la escena se trasladará a Neuquén, en lo que no será un viaje más. Se trata del tercer acto de un mismo movimiento.

Hasta allí volarán Adorni y la secretaria general —sin la presencia del Presidente, que este viernes volverá a pisar el Estado de Israel— con una parada central en Vaca Muerta, el enclave energético que el oficialismo convirtió en vidriera de gestión. La visita fue confirmada por la senadora Nadia Márquez, a quien le encomendaron el armado de una agenda que, por ahora, se mantiene deliberadamente incompleta. Es que el viaje se organizó sobre la marcha, con un llamado de último momento y sin cronograma difundido. El hermetismo no es desprolijidad sino parte del mismo dispositivo.

Según pudo reconstruirse, la comitiva recorrerá instalaciones vinculadas a la producción hidrocarburífera, con especial foco en operaciones de YPF y otras compañías del sector. También habrá encuentros con referentes de La Libertad Avanza de Neuquén y Río Negro, entre ellos la propia Márquez y el senador Pablo Cervi. No figuran, en cambio, reuniones institucionales con el gobernador Rolando Figueroa ni con su gabinete.

El trasfondo es doble. Por un lado, la construcción política en una región clave, donde el oficialismo busca consolidar estructura y volumen. Por otro, la necesidad de mostrar gestión en un área donde los números acompañan. Neuquén fue la única provincia que logró sostener el crecimiento del empleo privado formal entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025, impulsada por el dinamismo de Vaca Muerta. En la Casa Rosada ese dato funciona como argumento y escudo. Una forma de contraponer resultados económicos a la presión política.

Pero el viaje también se explica en clave interna. La presencia de Karina Milei, lejos de ser protocolar, es profundamente política. En el esquema de poder libertario, la secretaria general opera como garante de los equilibrios cuando el sistema entra en tensión. Su decisión de mostrarse junto a Adorni es leída dentro del Gobierno como una señal de respaldo sin matices.

Esa lógica se reforzó el martes en AmCham. Allí, Milei no solo se dejó fotografiar con su jefe de Gabinete, sino que lo integró en su narrativa de confrontación con el sistema político. Para el Presidente, el problema no es Adorni, sino quienes lo investigan y lo cuestionan. En ese marco, cada aparición pública deja de ser un gesto aislado y pasa a formar parte de un relato más amplio. Aunque, según pudo saber elDiarioAR, puertas adentro del gabinete cada vez son menos los ministros que están dispuestos a defenderlo sin medias tintas.

Mientras tanto, el frente judicial sigue activo. La causa por presunto enriquecimiento ilícito sumó en los últimos días nuevas declaraciones y mantiene en movimiento a fiscales y jueces. En paralelo, en el Congreso, la oposición afina una estrategia que combina pedidos de interpelación, presión en comisiones y la amenaza de una eventual moción de censura. Adorni, por su parte, tiene fecha para su primer informe de gestión en Diputados, el próximo 29 de abril, con más de 4.000 preguntas acumuladas y un clima que promete ser adverso.

En ese contexto, el viaje a Neuquén intenta mostrar a un jefe de Gabinete en movimiento. Evitar la imagen del funcionario sitiado y reemplazarla por la de un actor central que sigue operando con respaldo pleno. Será la puesta en escena de una hoja de ruta que ya empezó a desplegarse en Buenos Aires y que ahora busca ganar profundidad territorial. Una manera de decir, sin decirlo, que pese al desgaste y a las investigaciones, Adorni sigue en pie. Y no está solo.

PL/MC

El Gobierno reunió esta mañana al gabinete en pleno por primera vez en el año en la Casa Rosada, en una escena que dejó ver el cambio de fase que intenta imprimir Javier Milei tras la aprobación de la reforma laboral y en la antesala de una semana que el oficialismo considera decisiva. Si este lunes la mesa política había servido para ordenar el tablero legislativo y alinear la estrategia parlamentaria, el encuentro de este martes buscó traducir esa coordinación política en una hoja de ruta concreta de gestión, con cada ministerio obligado a definir prioridades, proyectos y tiempos antes del discurso presidencial del próximo domingo en el Congreso.

Milei llegó a Balcarce 50 minutos antes de las 9, con un operativo reforzado y un clima interno que contrastó con la tensión de las últimas semanas. El primero en ingresar había sido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras el resto de los ministros llegó detrás con un tono entre expectante y festivo, en un Gobierno que busca capitalizar la victoria legislativa reciente y proyectar una nueva etapa política. En la Casa Rosada describen el momento como el paso del “modo negociación” al “modo ejecución”. Menos rosca parlamentaria y más despliegue del programa libertario.

La reunión tuvo como eje delimitar el paquete de iniciativas que el Presidente anunciará el domingo a las 21 durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias. En la previa, la instrucción que bajó a sus ministros fue clara: cada cartera debía presentar los proyectos que pretende impulsar durante 2026, en un esquema más centralizado que el del año pasado, donde la coordinación política quedará concentrada en la Jefatura de Gabinete y en el núcleo que integran Karina Milei y el frente parlamentario oficialista. La premisa es ordenar la secuencia de reformas y evitar dispersión.

Del encuentro que tuvo lugar en el Salón Eva Perón participaron los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), que vive, según diversas fuentes, sus últimas semanas al frente de la cartera.

También estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de Diputados Martín Menem y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Karina Milei y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, completaron el esquema de poder que hoy concentra la toma de decisiones.

Se trató de la primera reunión de gabinete con plantel completo en lo que va de 2026. La última había sido el 22 de diciembre en Olivos, día en que Milei le obsequió a cada uno de sus ministros el libro “Defendiendo lo indefendible” del economista anarco-capitalista Walter Block. En aquel entonces, la incertidumbre en torno al Presupuesto 2026 cruzaba la agenda política, una discusión que terminó siendo favorable para el oficialismo. Ahora, tras la victoria en el recinto, el clima es distinto. El Gobierno busca llegar al domingo con una agenda cerrada, exhibir orden interno y consolidar la idea de que la reforma laboral no fue un punto de llegada sino el punto de partida de una ofensiva legislativa más amplia.

En ese marco, el gabinete repasó la secuencia que había empezado a definirse el lunes bajo conducción de Karina Milei: terminar de sancionar la reforma laboral en el Senado el viernes, avanzar el jueves con la Ley de Glaciares —que el oficialismo considera incluso más estratégica en términos económicos—, cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y encauzar un nuevo esquema de financiamiento universitario. Pero el foco no está sólo en cerrar extraordinarias, sino en lo que viene después.

En la Casa Rosada hablan de una “segunda etapa” que comenzará a delinearse el domingo. El objetivo es provechar el impulso político actual para acelerar transformaciones estructurales. Entre las reformas que el Gobierno prepara aparecen la tributaria, cambios en el Código Penal, una reforma electoral, nuevos marcos regulatorios para inversión y desarrollo productivo, y la eventual ratificación parlamentaria de acuerdos internacionales, incluido el vínculo económico con Estados Unidos.

Ese itinerario desembocará el domingo a las 21 en la apertura de sesiones ordinarias, donde Milei buscará ordenar el clima político tras semanas de tensión parlamentaria y conflicto sindical. En el Gobierno describen el discurso ante la Asamblea Legislativa como una intervención pensada más para fijar posición que para anunciar medidas puntuales, con un mensaje orientado a consolidar autoridad, marcar prioridades y enviar señales tanto hacia el Congreso como hacia el plano internacional.

La expectativa en la Casa Rosada es que el Presidente utilice esa escena para reafirmar el rumbo general de su gestión y establecer el tono del año político. Sus palabras funcionarán, en ese sentido, como un punto de ordenamiento interno y de proyección externa. Una señal hacia aliados, opositores y actores económicos sobre cómo el Gobierno pretende encarar el ciclo que se abre, sin dar el brazo a torcer, pero con la sombra de la interna siempre presente.

PL/MC

Patricia Bullrich volvió a demostrar para que llegó a la Cámara Alta y en un trámite exprés consiguió que el próximo viernes 27 el Senado vuelva a tratar el proyecto de reforma laboral. Si todo marcha de acuerdo al plan, entonces, la jefa del bloque de senadores de la La Libertad Avanza estará más cerca de conseguir la sanción definitiva y haber cumplido así el pedido del presidente Javier Milei de tener aprobada la ley antes de que comience el período de sesiones ordinarias que inaugurará exactamente a las 48 horas.

Este viernes, en un trámite que duro un poco más de una hora, Bullrich apretó el acelerador y logró un dictamen del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para tratar en una semana el proyecto aprobado ayer por Diputados que incluye una única modificación, la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas.

Bullrich ,y su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, tuvieron el apoyo de los bloques de la oposición dialoguista (el radicalismo, el PRO, y los provinciales). El dictamen fue rechazo por el peronismo, tal como ocurrió en el primer debate en el Senado y luego en Diputados.

“Nunca habíamos visto que se tratara de una manera tan rápida, tan exprés, tan afectada e irregular en su procedimiento”, advirtió Mariano Recalde de Unión por la Patria y detalló que el proyecto abarca 218 artículos y “modifica 18 leyes, deroga 11 leyes y suma 21 entre derogaciones parciales”. “Son todas leyes que fueron tratadas en el Congreso por separado y que merecían un debate profundo”, se quejó. 

Pero fue la senadora riojana Florencia López quien protagonizó un duro cruce con Bullrich. “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes. No van a alcanzar, presidenta”, le dijo durante el debate en comisión.

– Epa, golpista, golpista. Pará eh–, le respondió la jefa del bloque libertario.

No fue la única acusación que soltó la senadora peronista. También hubo críticas por el fallido artículo 44:  “Pasaron vergüenza porque tuvieron que admitir que no habían leído el proyecto, por eso hoy estamos acá debatiendo la eliminación del artículo 44″.

Pero a pesar de las críticas, Bullrich terminó llevándole al oficialismo un nuevo triunfo. “Nosotros tomamos el toro por las astas y ponemos sobre la mesa un problema que existe”, dijo sobre el proyecto de reforma laboral y retrucó a la oposición de “no leer los números” porque “la tasa de desempleo en la Argentina va a la baja; y va a ir mucho más a la baja cuando la relación entre empleadores y empleados sea más libre”.

“El viernes que viene el país va a tener un punto adelante, que el intento permanente de voltear gobiernos lo impidió. Lo impidió en el gobierno de (Raúl) Alfonsín, con 13 paros generales, lo impidió en el gobierno de (Fernando) De la Rúa, en el de (Mauricio) Macri. No lo va a impedir en el gobierno de (Javier) Milei”, concluyó.

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.

El proyecto que busca sancionar al gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.

El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas.

NB con información de NA y Parlamentario.

El Gobierno nacional confía en aprobar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias convocadas para el 10 y 11 de febrero. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, forma parte del paquete de reformas estructurales que el oficialismo considera prioritarias y podría ser tratada sin modificaciones sustanciales, pese a la resistencia de algunos sectores.

Fuentes con acceso al despacho presidencial aseguraron a Noticias Argentinas que la administración de La Libertad Avanza cuenta con los votos necesarios para sancionar el proyecto. Aunque no se descartan sugerencias o enmiendas técnicas, el Ejecutivo ratificó que cualquier modificación “no debe alterar el espíritu” de la norma.

La reforma, denominada oficialmente como “modernización laboral”, fue presentada por el Gobierno nacional como una herramienta para formalizar el empleo y reducir costos laborales. Sin embargo, distintos especialistas advierten que los cambios propuestos pueden profundizar la precarización de quienes ya trabajan en condiciones informales o con bajos niveles de protección social.

El senador chaqueño Juan Cruz Godoy, miembro de la Comisión de Trabajo y referente de LLA en la Cámara alta, afirmó que el proyecto “va a salir con un gran consenso”. Según el legislador, gran parte de la iniciativa ya fue aprobada durante el tratamiento de la Ley Bases, pero su sanción fue postergada por la demora en la aprobación del Presupuesto 2026.

En paralelo, el oficialismo despliega una estrategia política de presión y negociación territorial. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para intercambiar apoyos legislativos por beneficios específicos para las provincias. No obstante, desde Casa Rosada niegan que se vayan a implementar compensaciones fiscales directas: “La compensación va a surgir del crecimiento que va a generar, tanto en sus recursos propios como en la coparticipación”, sostuvo una fuente del entorno presidencial.

La exministra de Seguridad y actual jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, impulsa una comisión técnica a cargo de la abogada laboralista Josefina Tajes, que buscaría canalizar sugerencias de sectores empresariales y gremiales sin alterar el texto base. Hasta el momento, los sindicatos no fueron formalmente convocados a una discusión estructurada del articulado, y la CGT ya había manifestado su rechazo al contenido del capítulo laboral dentro del fallido DNU 70/2023.

Uno de los ejes argumentales del oficialismo gira en torno a la informalidad. Según Godoy, “los puestos laborales se están creando en negro”, lo que afectará en el futuro a millones de trabajadores sin aportes jubilatorios. “En 10 o 15 años, esas personas van a estar complicadas para cobrar su jubilación”, declaró el senador en Radio Rivadavia. No obstante, la iniciativa oficial no incluye una propuesta clara para promover el blanqueo laboral ni detalla mecanismos de fiscalización o incentivos a la registración.

El proyecto tampoco contempla medidas concretas para reforzar el rol de la inspección laboral, uno de los pilares de control del trabajo no registrado. La visión dominante en el oficialismo promueve un esquema de desregulación y reducción de costos empresariales como vía para fomentar el empleo, sin abordar las causas estructurales de la informalidad como la tercerización, la falta de inversión productiva o la subocupación crónica.

Respecto a los sindicatos, el discurso oficial sostiene que “la reforma es para adelante” y que no afectará a quienes ya tienen empleo registrado. Sin embargo, diversos juristas advierten que varios artículos del proyecto podrían vulnerar derechos adquiridos, limitar la capacidad de negociación colectiva y alterar los convenios vigentes.

El oficialismo buscará aprobar la reforma laboral con celeridad, sin abrir instancias amplias de debate ni convocar a audiencias públicas. Aunque el Gobierno insiste en que “todos se benefician con la reforma”, los sectores del trabajo organizado reclaman participación real en la discusión de un cambio que impactará de lleno en sus condiciones de vida.

JJD, con información de NA

En el conurbano bonaerense los discursos sobre el “fin de la casta” chocan seguido con prácticas que sobreviven a todos los cambios de gobierno. El reciente desplazamiento del director del Hospital del Bicentenario PAMI, ubicado en el partido de Ituzaingó, expuso esa contradicción con crudeza. No fue un recambio administrativo ni una corrección técnica: fue una remoción abrupta, sin explicaciones formales, ordenada desde la cúpula del organismo previsional y ejecutada mientras el funcionario estaba de vacaciones.

Según pudo saber elDiarioAR, el mensaje fue directo y brutal. “No estás más, te tengo que echar”, le dijeron por teléfono, con una excusa tan vaga como inquietante: había que “cuidarlo” por un supuesto escándalo que nunca fue precisado. La resolución formal del PAMI llegó de inmediato, el 7 de enero, cuando el corrimiento ya era un hecho consumado.

El funcionario desplazado era el médico Santiago Cerneaz, designado el 1° de septiembre y referenciado políticamente en La Libertad Avanza local. En su lugar asumió Christian Varela, un nombre con recorrido conocido en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires y con vínculos políticos explícitos con el peronismo territorial: fue director del Hospital Vicente López de General Rodríguez entre 2020 y 2024, durante gestiones alineadas con el PJ, y se lo relaciona al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia.

La secuencia desató un fuerte malestar en el armado libertario de Ituzaingó. El enojo fue inmediato en Hugo Equiza, flamante concejal de La Libertad Avanza y candidato a intendente en 2023. Para Equiza, el desplazamiento de Cerneaz no fue casual ni aislado, sino la consecuencia directa de haber empezado a intervenir en zonas sensibles del hospital.

“Cuando se empezó a meter y a toquetear cosas que evidentemente eran arreglos extraños o temas de corrupción, empezaron a decir que se estaban encendiendo las alertas”, sostuvo el dirigente libertario en diálogo con elDiarioAR. Y fue más allá: “En el PAMI hay toda una runfla que está enquistada desde siempre. No se nota que haya una voluntad real de cambiar de manera estructural organismos atravesados por corrupción, falta de transparencia y clientelismo”.

Para muestra basta un botón. Según relatan en el distrito, uno de los casos que mejor grafica lo denunciado por Equiza fue el de una persona que figuraba en la nómina del hospital pero a la que nadie conocía ni había visto trabajar durante años. En noviembre, ante esa situación, la dirección encabezada por Cerneaz resolvió darle de baja por vía administrativa. Sin embargo, dos semanas después, el empleado fue reincorporado de manera directa por el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, un episodio que fue leído como una señal explícita de hasta dónde llegan las resistencias internas a cualquier intento de reordenamiento.

El Hospital del Bicentenario PAMI Ituzaingó atiende por guardia a unas 15.000 personas por mes, sean o no afiliados al organismo previsional. Comenzó a funcionar a pleno recién en octubre de 2023, más de una década después de haber sido anunciado. Con una inversión inicial cercana a los 11.000 millones de pesos, según informaron oficialmente en su momento, el hospital —el primero del distrito desde su creación en 1995— es de alta complejidad y cuenta con seis quirófanos, áreas de terapia intensiva e intermedia, 120 camas de internación y consultorios para múltiples especialidades.

Pactos son pactos

Detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizado que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

En los territorios la incomodidad es creciente. Militantes y referentes locales de La Libertad Avanza no terminan de entender por qué, a dos años de gestión, siguen ocupando posiciones clave cuadros ligados no solo a La Cámpora o al massismo, sino también al PRO y hasta, en menor medida, a la UCR, mientras quedan relegadas figuras que se reivindican fieles a las ideas de Javier Milei. La explicación que empieza a circular puertas adentro no es ideológica sino pragmática: acuerdos de supervivencia con la “línea histórica” enquistada en los organismos del Estado.

La reciente aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como el del número 2 del PAMI, Carlos Zamparolo— funcionan, para ese universo libertario cada vez más desencantado, como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Presidente había prometido erradicar.

Como parte de ese entramado aparece una figura clave: Guido Giana, viceministro de Salud de la Nación. Su llegada al cargo tras la salida de Cecilia Loccisano, en noviembre pasado, no debilitó al ministro Mario Lugones. Por el contrario, le permitió a Santiago Caputo reacomodar su propio dispositivo dentro del área. Giana no solo reemplazó a la funcionaria saliente: consolidó un esquema aún más alineado con el asesor presidencial, con acceso directo al Salón Martín Fierro, el centro de operaciones de Las Fuerzas del Cielo en la Casa Rosada. Sin ir más lejos, a esa agrupación reportan los principales funcionarios que dirigen el PAMI central, tal y como relató elDiarioAR en marzo de 2025.

Aunque hoy se mueve con comodidad en el corazón del poder, Giana no proviene del mundo libertario puro. Su recorrido político comenzó en el PRO y en el vidalismo, donde fue concejal y armador territorial en Presidente Perón. Luego pasó por el PAMI durante la gestión de Cambiemos, una etapa clave en la que manejó números, contratos y auditorías dentro de uno de los organismos más estratégicos del Estado.

El salto definitivo a la primera línea se produjo cuando asumió la dirección administrativa del Sanatorio Güemes, la institución privada propiedad de Lugones, donde el ministro comparte sociedad con Enrique Nosiglia y Luis Barrionuevo. Ese cruce entre política, negocios y gestión sanitaria explica el peso específico que hoy tiene Giana en el control de las cajas de salud.

Es que el viceministro integra los directorios de al menos tres empresas vinculadas a ese rubro de manera directa, según consta en el Boletín Oficial. Al observar la red de vínculos que rodea a Giana, emergen cruces entre familiares, operadores políticos y actores de peso del sector privado. Como publicó Giselle Leclercq en Perfil, uno de sus socios es Ramiro Eugenio Negro, quien a su vez comparte sociedades en otras firmas con Daniel Walter Román, fundador de Urbano Express S. A., la empresa de logística que en mayo pasado ganó una polémica licitación del PAMI para la distribución de pañales.

Según apuntó Equiza, Giana mantendría además una relación estrecha con Gastón Di Castelnuovo, referente del PRO en Ituzaingó, de diálogo fluido con Diego Santilli y, como denuncia el propio concejal libertario, aliado silencioso del intendente local. También se desempeña como vicepresidente primero de Autopistas Urbanas S. A. (AUSA), la empresa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la construcción y mantenimiento de las autopistas dentro de los límites de la General Paz. “Di Castelnuovo quiere ser candidato en 2027. No quieren que yo levante cabeza ni tenga poder porque soy el que le va a ir a discutir a Descalzo”, acusó Equiza al vincular el desplazamiento del director del hospital con una trama de intereses políticos cruzados.

El último “barón”

Ese apellido no es menor. Ituzaingó es gobernado por la familia Descalzo desde hace más de tres décadas: primero por Alberto, histórico barón del conurbano que llegó al poder en 1995, y desde diciembre de 2023 por su hijo Pablo Descalzo. Aunque se autopercibe peronista y hoy se recueste enteramente sobre Axel Kicillof, el clan construyó su supervivencia política a partir de una lógica pragmática: vínculos transversales, acuerdos silenciosos y una notable capacidad de adaptación a cada gobierno nacional de turno. La llegada de Milei a la Casa Rosada no alteró ese patrón. Por el contrario, lo reactivó bajo nuevas formas.

Un caso emblemático fue revelado por elDiarioAR en agosto de 2024, cuando el Gobierno nacional, a través de la ANSES, extendió el contrato de Juan Cruz Descalzo, otro de los hijos de Alberto y hermano del actual intendente. Aunque cobra su salario del organismo previsional, “presta servicios” en el municipio, cuya sede central está a apenas una cuadra de la Unidad de Atención Integral (UDAI) local. En diciembre de 2023, una semana antes de la asunción de Milei, Descalzo logró renovar su comisión por 180 días. En julio de 2024, con el vencimiento encima y ya con el libertario sentado en Balcarce 50, el trámite volvió a activarse.

El entramado familiar dentro del organismo previsional completa el cuadro: Juan Cruz Descalzo ingresó a la ANSES en 2005, fue jefe de la UDAI Ituzaingó entre 2009 y 2015, y hoy comparte la dependencia con su esposa y las dos hermanas de ella, es decir, las tres cuñadas del intendente. Un esquema que se mantuvo inalterado pese al cambio de signo político nacional y que refuerza la idea de una “buena vecindad” persistente entre la Casa Rosada libertaria y uno de los últimos barones del conurbano bonaerense.

Sin embargo, tras el corrimiento de Cerneaz del Hospital del Bicentenario, se produjo una sorpresa: el desplazamiento del hermano del intendente de su cargo en la ANSES local, lo que amenaza con tensar aun más el clima político en Ituzaingó. “Luego de más de diez años de estar como ñoqui, parece que el organismo decidió ponerse los pantalones y cuidar el dinero de todos los jubilados de la Argentina”, celebró Equiza, que confirmó el episodio. La coincidencia entre ambos hechos no deja de llamar la atención, justo cuando queda al descubierto que, detrás del discurso libertario de ruptura, lo que prima son los favores mutuos.

PL/MG

La senadora Patricia Bullrich confirmó este jueves que ya están en marcha las negociaciones en el Senado para avanzar con la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. Desde su rol como presidenta del bloque oficialista de La Libertad Avanza, la exministra de Seguridad marcó la hoja de ruta legislativa para diciembre y aseguró que el proyecto, junto con el Presupuesto 2026, será prioridad para el oficialismo en el Congreso.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que algunos no la van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich en declaraciones radiales. La legisladora consideró que el proyecto permitirá que “los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que “no será de un día para el otro”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresará al Congreso por la Cámara alta, y el oficialismo prevé postergar para una segunda etapa los debates sobre el nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la Ley de Inocencia Fiscal .

Bullrich también buscó desdramatizar las tensiones internas tras la jura de los nuevos legisladores, cuando trascendieron diferencias con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. “Mi objetivo no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”, aclaró. Y agregó: “Las cosas van a cambiar en el Senado, vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”.

En sus declaraciones, la jefa del bloque oficialista también apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de oponerse “por reflejo” a cualquier reforma. “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo. No hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”, afirmó.

Qué propone el proyecto de reforma laboral

Si bien el texto aún no se presentó públicamente, el Gobierno adelantó que buscará reducir los costos laborales no salariales, limitar las multas por trabajo no registrado y reformar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los gremios, se trata de una avanzada contra los derechos laborales y una reedición de reformas que la Justicia laboral ya declaró inconstitucionales en 2023.

Centrales sindicales como la CTA Autónoma, ATE y la UTEP ya anunciaron un plan de lucha conjunto, que incluye paros, movilizaciones y una contrapropuesta técnica con eje en la recuperación salarial, la reducción de la jornada laboral y la regulación de nuevas formas de empleo.

Desde el oficialismo, el discurso busca instalar la idea de una “modernización” del mercado laboral. Bullrich defendió la necesidad de reformas estructurales como condición para reactivar el empleo, en especial entre los sectores jóvenes e informales.

Una reforma en medio de tensiones sociales

El anuncio de Bullrich llega en un clima de creciente conflictividad. Desde el 4 de diciembre, movimientos sociales, sindicatos estatales y organizaciones territoriales comenzaron una serie de protestas con eje en la resistencia al ajuste, la defensa de la Ley de Glaciares y el rechazo a la reforma laboral.

“Diciembre puede ser un mes caliente”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP, al señalar el impacto del ajuste en los barrios populares y la falta de contención estatal. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado”, denunció.

En paralelo, Bullrich se refirió a la continuidad del Ministerio de Seguridad, tras su salida para asumir la banca en el Senado. Dijo que su sucesora, Alejandra Monteoliva, es “una gran profesional” que ya conocía las políticas del área. “Estoy contenta porque hay continuidad en la forma de hacer las cosas”, expresó.

También habló sobre la investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la financiera Sur Finanzas, acusada de lavado de activos. “La Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”, dijo, y recordó que el Ministerio había elevado denuncias por inconducta ante la FIFA.

Mientras tanto, en el Senado, Bullrich se prepara para librar su primera batalla parlamentaria, en un recinto fragmentado, con bloques en reconfiguración y una oposición que aún debate su estrategia frente a un paquete de leyes regresivas.

JJD

Con ollas populares, marchas, cortes y asambleas públicas, los movimientos sociales y las centrales sindicales iniciaron este jueves un ciclo de protestas que marcará el ritmo del mes. El epicentro fue en La Plata, donde desde las 10 se realizó una asamblea de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a gremios estatales y organizaciones piqueteras. La consigna común: resistir el ajuste y frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La movilización en Plaza Belgrano —ubicada entre las calles 13 y 40— fue la primera expresión de lo que los convocantes anunciaron como “un diciembre caliente”. Las agrupaciones participantes —Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— buscarán confluir en un plan de lucha nacional, que incluirá jornadas de protesta, actividades territoriales y movilizaciones callejeras.

“El eje estará en los problemas vinculados al trabajo, el hambre y el avance del narcotráfico en los barrios”, adelantó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El rechazo principal es a la reforma laboral que prepara el Ejecutivo, a la que los gremios denuncian como un intento de flexibilización y precarización, “al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios”. Desde el Partido Justicialista se sumaron a la convocatoria con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que advierten sobre el deterioro del mercado de trabajo y la ofensiva contra los convenios colectivos.

Los movimientos populares también exigen una recomposición urgente del Salario Mínimo y del Salario Social Complementario, congelado en $78.000 desde la asunción del nuevo Gobierno. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está pulverizado. Hay hambre, bronca y odio. Si el Estado no actúa, diciembre va a estallar”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP.

Las acciones no se limitarán al AMBA. A lo largo del país, durante el día, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y colectivos territoriales realizaron manifestaciones simultáneas para frenar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares. Hubo concentraciones en Plaza Congreso (CABA), Plaza Rivadavia (Bahía Blanca), Legislatura (Mendoza), Plaza Güemes (Salta), Monumento a la Bandera (Rosario) y más de 30 localidades desde Ushuaia hasta Jujuy.

“Vamos a estar en las calles denunciando la motosierra libertaria”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. Según explicó, el Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de asignaciones, afecta a jubilados y recorta el salario familiar. “Milei y Pettovello le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump”, acusó, en referencia a los intereses financieros detrás del ajuste.

En paralelo, los sindicatos estatales como ATE y las dos CTA definieron un plan de lucha propio, que contempla paros escalonados, protestas conjuntas con movimientos sociales y la presentación de una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Entre los ejes propuestos figuran:

“La reforma que propone el Gobierno ya fue declarada inconstitucional por la Justicia Laboral en sus aspectos más regresivos”, remarcaron las dos CTA. Además, alertaron que el objetivo de fondo es fragmentar al movimiento obrero y dividir la representación opositora en el Congreso, en nombre de una modernización sin derechos.

Frente a este escenario, la estrategia de los sectores convocantes es articular resistencias, sumar reclamos parciales a una causa común y proyectar una unidad social, sindical y política. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sostuvieron en un documento conjunto.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas jornadas.

JJD

El diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley para consagrar que los repartidores de plataformas digitales no son trabajadores en relación de dependencia, sino prestadores de servicios autónomos. Si se aprueba, quedarán por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y de cualquier norma laboral, sindical o previsional. El texto representa el intento más explícito del oficialismo por legalizar un modelo de trabajo sin derechos.

La propuesta, titulada “Régimen de Autónomos Digitales en Plataformas de Delivery”, establece que toda la relación entre las aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Uber Eats y sus repartidores se regirá únicamente por el derecho civil y comercial. En otras palabras: serán contratos privados, no laborales.

“En ningún caso esta relación se interpretará como una relación de dependencia laboral”, señala el artículo 2 del proyecto. Para blindar esa posición, el texto prohíbe explícitamente que jueces puedan considerar lo contrario, aunque existan elementos habituales del vínculo laboral, como exclusividad, habitualidad u horario.

Libertad o desprotección

En sus fundamentos, Santurio —representante del bloque oficialista La Libertad Avanza— justifica el proyecto en nombre de la libertad individual, la autonomía de la voluntad y el libre mercado. Cita a Juan Bautista Alberdi y asegura que los repartidores “eligen libremente” cuándo y cómo trabajar, sin depender de un empleador. Según su visión, los marcos laborales actuales pertenecen al siglo XX y solo entorpecen la innovación.

Pero, en los hechos, el proyecto legitima una forma de trabajo sin salario mínimo, sin cobertura por accidentes, sin licencias, sin ART, sin aguinaldo ni aportes jubilatorios, y donde toda la carga fiscal y previsional recae sobre el repartidor.

“Es la institucionalización de la precariedad”, opinó ante este medio un abogado laboralista que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. “El discurso de la autonomía es tramposo: estos trabajadores no tienen poder de negociación ni condiciones reales para ejercer esa libertad que el proyecto dice proteger”.

Un régimen sin Estado

El articulado también excluye la intervención del fuero laboral. Cualquier conflicto deberá resolverse en tribunales civiles o mediante arbitrajes privados, acordados entre partes que no tienen igual peso.

Las plataformas no tendrán ninguna obligación en materia de aportes ni retenciones fiscales o previsionales. Todo quedará a cargo del repartidor. Según el texto, eso no implica desprotección, sino un “cambio de paradigma”.

“Es un proyecto coherente con la ideología de un Estado mínimo. Pero lo que llama la atención es la crudeza: directamente niega la existencia del trabajo dependiente en este sector, cuando hay fallos judiciales y dictámenes que demuestran lo contrario”, señaló la socióloga laboral Ana Laura López, especialista en empleo y plataformas.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

Hoy, en la Argentina, no existe una ley específica que regule el trabajo en plataformas, pero distintos fallos laborales —como el del caso “Rappi c/AFIP” de 2022— han reconocido la existencia de relación de dependencia. El proyecto de Santurio busca bloquear judicialmente esa posibilidad.

De aprobarse, las empresas que hoy operan en la informalidad pasarían a operar dentro de un nuevo marco formal, pero sin asumir ninguna responsabilidad laboral. Lo que hoy es precarización de hecho se convertiría en precarización de derecho.

Además, el texto deroga cualquier norma que se oponga a su interpretación, lo que podría generar un efecto de arrastre hacia otras actividades digitales.

Entre la flexibilidad y la desigualdad

El debate sobre el trabajo en plataformas no es exclusivo de Argentina. En Europa, la discusión está abierta, y países como España han optado por reconocer la relación laboral de los repartidores. En Estados Unidos, el panorama es mixto y objeto de múltiples litigios.

El problema no es la tecnología ni la flexibilidad, sino la falta de garantías básicas, advierte López. “Este proyecto parte de una ficción: que los trabajadores pueden negociar de igual a igual con las plataformas. Pero eso no sucede. No hay libertad real sin protección mínima”.

El oficialismo busca avanzar con esta ley en el marco de su agenda de desregulación laboral, que ya intentó incluir en la Ley Bases reformas que luego fueron frenadas por la Justicia. Esta vez, el blanco son los repartidores, uno de los sectores más expuestos y más invisibilizados del nuevo mapa del trabajo.

JJD

La pulseada por la conducción de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense terminó de resolverse en las últimas horas y, todo indicaría, dejó a Agustín Romo ratificado al frente de la jefatura del bloque, luego de semanas de incertidumbre. Aunque en los días previos circuló la versión de que el legislador quedaría afuera del cargo, elDiarioAR confirmó que finalmente conservará su lugar en el marco del reordenamiento interno que impulsa Sebastián Pareja después del triunfo nacional de octubre.

En la previa al recambio institucional, Romo había quedado atrapado entre dos fuerzas simultáneas: la consolidación territorial del armador bonaerense y el mensaje disciplinador que Karina Milei bajó desde Mar del Plata, donde reclamó unidad y avisó que no habrá tolerancia para indisciplinas, según publicó Pablo Lapuente en Letra P. Ese contexto alimentó versiones sobre un eventual reemplazo, que terminaron desmentidas por la definición final.

La cena que Pareja y Romo compartieron este lunes en una oficina del microcentro porteño buscó justamente amortiguar ese escenario. Ambos se sentaron a la mesa para limar asperezas y enviar una señal de distensión, conscientes de que una interna abierta complicaría los planes políticos del oficialismo. Fue un encuentro sin estridencias, pero decisivo: según pudo saber elDiarioAR, allí se terminó de acordar que Romo continuaría en la jefatura y que los reajustes internos se ordenarían sin fracturas visibles. La tregua permitió estabilizar el clima, aunque todos admiten que llega después de una negociación ardua y de un equilibrio que aún está en proceso de asimilación.

El poder relativo de Pareja explica buena parte de la dinámica. Convertido en el dirigente bonaerense más influyente del oficialismo, con control sobre buena parte de los nuevos diputados y senadores provinciales, el armador llegó a la reunión del lunes con una musculatura reforzada. Las cenas que encabezó la semana pasada con legisladores electos y salientes, sumadas a su presencia central en el seminario partidario de Mar del Plata consolidaron su imagen como el referente territorial de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Y no solo eso: el 10 de diciembre, Pareja asumirá como diputado nacional y planea pisar fuerte en la Cámara, con aspiraciones explícitas de construir un polo de poder parlamentario que lo proyecte hacia 2027.

Es que en su entorno ya hablan de un “plan Pareja” que busca articular simultáneamente tres frentes: liderazgo territorial bonaerense, peso propio en el Congreso y rol de ordenador interno del universo libertario. Desde esa lógica, el control político de la Legislatura bonaerense —y especialmente sus cargos estratégicos— se vuelve una pieza clave. En ese marco, La Libertad Avanza —que ahora tendrá la segunda minoría en alianza con el PRO— logró ubicar a Juan Esteban Osaba como vicepresidente segundo de la Cámara, un lugar relevante dentro de la nueva arquitectura legislativa. Pareja y Karina Milei intentaron, sin éxito, colocar allí a Ramón “Nene” Vera, expuntero del peronismo del oeste reconvertido en legislador violeta, una jugada que buscaba consolidar poder propio dentro de la estructura legislativa.

En los alrededores de Pareja repiten que el objetivo es “ordenar el bloque” para el nuevo período legislativo. En sectores del karinismo mencionan que la Legislatura necesita una conducción alineada con el dispositivo territorial que el oficialismo quiere construir para 2027. La continuidad de Romo, hombre de Las Fuerzas del Cielo y figura del ecosistema digital cercano a Santiago Caputo, se explica en ese contexto: su perfil hiperactivo y su capacidad para sostener la identidad libertaria resultan funcionales al esquema, siempre que convivan con una estructura negociadora más sólida en manos del dispositivo territorial.

En paralelo, todo el mundo recuerda que la decisión final no sería provincial sino presidencial. Milei había intervenido en el pasado para asegurar la jefatura del bloque, y esta vez volvió a inclinar la balanza —explícita o implícitamente— en favor de la continuidad de Romo. Ese dato terminó de despejar las incógnitas del nuevo escenario. En el oficialismo bonaerense repiten que “las cosas cambiaron”, pero que el reordenamiento legislativo debía hacerse sin costos políticos innecesarios.

Por ahora, la tregua es apenas eso: una estabilización momentánea en un esquema que se está reconfigurando en tiempo real. La consolidación de Pareja como arquitecto provincial termina de armar un nuevo mapa interno. Y sobre ese tablero, hay una certeza que todos en La Libertad Avanza repiten: lo que terminó de resolverse esta semana es apenas el primer capítulo de un reordenamiento que mira al 2027 y que tendrá, desde el 10 de diciembre, un nuevo escenario de poder en la Cámara de Diputados.

PL

Raúl Jalil, cumplió con su promesa. Después de semanas de negociaciones, el gobernador de Catamarca mandó a sus diputados a romper con el bloque peronista en la Cámara baja y le regaló al Gobierno la primera minoría. Reunidos durante más de seis horas en el tercer piso del Congreso, la conducción cristinista de la bancada intentó evitarlo, pero no hubo manera: Martín Menem había ganado. 

La carta oficial apareció en las pantallas de los diputados peronistas cuando llevaban reunidos discutiendo hace más de tres horas. Los catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot anunciaban que se iban de Unión por la Patria y creaban el bloque “Elijo Catamarca”. Solo Claudia Palladino, del riñón de la cristinista Lucía Corpacci, había decidido rebelarse a Jalil y quedarse. Fue la única catamarqueña que participó de la reunión de bloque. 

En el peronismo predominaba la resignación. La maniobra de Jalil le había dejado servida en bandeja la primera minoría en la Cámara de Diputados a Menem, ya que con la pérdida de los tres catamarqueños, el peronismo se había quedado con 93 integrantes. El riojano, en cambio, había dedicado el último mes a robar diputados de las filas del PRO y la UCR y logró cerrar la jornada con una postal de fortaleza insólita: con 95 diputados propios, LLA se había convertido en la fuerza más grande del recinto. 

Era la cosecha de un trabajo pormenorizado y puntilloso. Menem quería la primera minoría no solo para hacerse de más lugares en las comisiones y en los organismos públicos –como la Auditoría General de la Nación o el Consejo de la Magistratura–, sino también por el efecto político. LLA era un partido nacional y, ahora, además, un bloque mayoritario: una demostración de fuerza que compensaba el backlash negativo que podía recibir de sus ex aliados a los cuales había robado. Especialmente de Cristian Ritondo, que está furioso y promete venganza.

Menem estaba exultante. Sus asesores y dirigentes de confianza se movían por los pasillos de la Cámara de Diputados como si acabaran de ganar las elecciones de nuevo. La confirmación de la victoria les llegó del propio peronismo, cuando se enteraron que el puntano “Gato” Fernández, que había amagado con sumarse a UxP, dejó de responderle los mensajes a Cecilia Moreau. Era game over para el peronismo.  

Por si acaso, Menem robó un último diputado tarde a la noche. Los últimos habían sido los santafesinos del PRO, Verónica Razzinni y Alejandro Bongiovanni. Y, el martes a la noche, en la previa de la sesión preparatoria del miércoles, se anotó uno más: el entrerriano Francisco Morchio, que responde a Rogelio Frigerio, anunciaba su pase a las fuerzas del cielo. 

Peronismo roto

Después de la fuga de los catamarqueños, en el peronismo intentaron desdramatizar la ruptura, alegando que era una crónica anunciada. El malestar de los gobernadores con la conducción cristinista será un dolor de cabeza en el futuro. Y Germán Martínez, que fue ratificado como jefe de UxP, lo tiene bien claro. 

El desafío, por estas horas, es evitar mayores fugas. Los peronistas del “interior” vienen acumulando críticas contra el “ambacentrismo” de la conducción cristinista hace años y sostienen conversaciones sobre la posibilidad de armar un subbloque propio por fuera del ámbito de influencia del kirchnerismo más duro. 

Martínez intenta hacer equilibrio junto a la camporista Paula Penacca y la massista Cecilia Moreau –los tres integrantes de la conducción del bloque–, pero su objetivo principal es ganar tiempo. Dilatar las nuevas rupturas para después de marzo, cuando los debates de las principales reformas de Javier Milei –Presupuesto, reforma laboral o modificación de la Ley de Glaciares– hayan terminado. 

Su propuesta fue crear una “mesa federal” en donde incluir a legisladores de todos los espacios del panperonismo. Una estrategia que, en el pasado, nunca le ha funcionado muy bien al peronismo. Pero el objetivo es ganar tiempo, por lo que en la conducción esperan poder aplazar, así, las nuevas internas por un rato. Solo por un rato.

MCM/CRM

Tres diputados radicales se sumaron este miércoles a la Libertad Avanza, con lo cual el bloque oficialista tendrá 91 legisladores, y cada vez está más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría en ese cuerpo legislativo.

Los diputados que se sumaron a las filas libertarios son Luis Picat, José Tournier, y Mariano Campero que habían conformado la bancada de Liga del Interior, cuando se fueron del bloque de la UCR, y tenían un interbloque con LLA.

Voceros parlamentarios de la LLA señalaron que el oficialismo busca también sumar a otros dos legisladores, una ex PRO, Verónica Razzini, y el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni.

El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida a través de las redes sociales a la Libertad Avanza y señaló que “seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

El peronismo tendrá 96 legisladores desde diciembre, pero tiene el riesgo de que se reduzca su representación, ya que corren versiones de que el gobernador de Catamarca Raúl Jalili puede armar un bloque propio con sus cuatro diputados.

Tampoco está claro que postura que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que tiene siete legisladores que responden al mandatario de esa provincia.

Con información de la agencia NA

La Libertad Avanza (LLA) buscará alcanzar 90 legisladores propios en la Cámara de Diputados cuando se produzca en diciembre próiximo la renovación parlamentaria, después de la incorporación este jueves a la bancada libertaria de la legisladora del PRO Belén Avico.

El incremento de la bancada se realiza a expensas de la sangría del principal aliado, el PRO, que la semana pasada ya perdió cinco legisladores y a los que ahora se sumó Avico. Además, podría perder otra banca si renuncia Silvia Lospennato, electa legisladora porteña en los comicios distratales del 18 de mayo.

La cooptación de diputados del PRO para sumar más diputados a LLA tensa las relaciones con el jefe de ese bloque, Cristian Ritondo, uno de los principales armadores de la alianza electoral entre ambas fuerzas en la provincia de Buenos Aires.

Este jueves se formalizó el pase de los cinco diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich a la bancada de LLA, que ahora pasará a tener 42 diputados hasta el 9 de diciembre.

Se trata de Damián Arabia, Silvana Guidici y Patricia Vázquez, con mandato hasta el 2027, y los legisladores que fueron reelectos en la lista de LLA Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado.

A esa lista se sumó este jueves el anuncio de que Avico deja el PRO para sumarse a LLA de Córdoba y al bloque de diputados, según anunciaron la ministra y futura senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque de los libertarios, Gabriel Bornoroni.

“Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de diputados de LLA. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio”, destacó Bullrich desde sus redes sociales.

Avico había ingresado a la cámara en 2023 por el PRO, y tiene mandado hasta diciembre de 2027.

La bancada de LLA tendrá desde diciembre 88 diputados propios ya que, de los 64 que fueron electos, 51 pertenecen a la LLA, y aspira a sumar dos o tres legisladores más que podrían confirmarse en las próximas semanas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los temas que aún queda pendiente es que hará Lospennato, que tiene mandato hasta el 2027 pero podría renunciar para asumir en la Legislatura porteña, con lo cual será reemplazada la bullrichista Lorena Petrovich.

También el oficialismo espera avanzar con las negociaciones con la diputada santafesina Véronica Razzini, otra exlegisladora del PRO que formó Futuro y Libertad.

Fuentes parlamentarias señalaron que Razzini aun no tomó ninguna decisión y que la legisladora avanzará en conversaciones ya que “básicamente está evaluando qué le conviene al espacio de acá a 2027”.

Con el salto de Avico a LLA, el PRO se quedará con 16 diputados pero ese número podría reducirse a una quincena y dependerá de la postura que adopte el santafesino Alejandro Bongiovanni.

Con 90 diputados propios y los aliados del PRO, Liga del Interior y la UCR, LLA espera alcanzar los 115 legisladores, lo que le facilitará sancionar leyes claves para el Gobierno como el Presupuesto 2026.

Con información de la agencia NA