La foto apareció después de varios días de ruido interno y funcionó como el mensaje que en la Casa Rosada necesitaban transmitir. “Reunión con Karina, trabajando siempre juntas por las transformaciones que lidera el Presidente @JMilei”, escribió Patricia Bullrich este miércoles en su cuenta de X junto a una imagen en la que se la ve casi de espaldas, sentada frente a la secretaria general de la Presidencia. El gesto buscó clausurar, al menos por ahora, las especulaciones sobre una ruptura entre ambas dirigentes tras la rebelión que protagonizó la senadora en torno al pliego judicial de María Verónica Michelli.

La publicación llegó apenas horas después de que Bullrich intentara bajar el tono de la crisis desde Mendoza, donde participó de un congreso internacional de ciberseguridad. Allí confirmó que había puesto a disposición su renuncia como titular del bloque libertario en el Senado luego de desobedecer la instrucción del Gobierno de retirar el pliego de Michelli, aunque aclaró que Javier Milei desestimó inmediatamente esa posibilidad. “No hay internas, lo que hay es una objeción de conciencia. Como persona de bien, cuando uno da una posición distinta a la del presidente, pone su renuncia a disposición, pero él siguió la conversación sin darle importancia a esa aseveración”, sostuvo ante la prensa.

La reunión con Karina Milei buscó precisamente transmitir que esas diferencias no alteran el alineamiento político de fondo. Según pudo reconstruir elDiarioAR, la secretaria general de la Presidencia había dado el martes una instrucción clara a su entorno y a los principales referentes del oficialismo: evitar cualquier confrontación pública con Bullrich. La orden apuntaba a impedir que la polémica escalara y terminara convirtiéndose en una disputa abierta dentro de La Libertad Avanza. La fotografía difundida este miércoles fue, en ese sentido, la escenificación pública de esa estrategia de contención.

Sin embargo, en el oficialismo nadie desconoce que Bullrich viene construyendo desde hace semanas un perfil propio. Primero fue el cuestionamiento público a la demora de Manuel Adorni para presentar su declaración jurada patrimonial. Después llegó el respaldo explícito a Michelli bajo el argumento de una “objeción de conciencia”. Dos episodios que fueron leídos en distintos despachos oficiales como señales de autonomía destinadas a preservar un capital político propio frente a eventuales costos de gestión y a marcar diferencias respecto de la conducción política que ejerce Karina Milei sobre el espacio.

Ayer, desde Mendoza, Bullrich también intentó cerrar ambos capítulos. Sobre el escenario electoral de 2027 descartó cualquier candidatura presidencial propia. “Yo voy a pelear por la reelección del presidente Milei”, aseguró. Y respecto de la declaración jurada de Adorni, dio por terminado el asunto. “Démosle tiempo, dijo que la va a presentar el día 15. Es tema terminado, con decir las cosas una vez alcanza, su responsabilidad como funcionario es presentarla”, afirmó. La referencia al 15 de junio como fecha límite para la presentación de la documentación patrimonial del jefe de Gabinete constituye además un dato nuevo dentro de una controversia que venía generando creciente incomodidad en el oficialismo.

El pliego de la polémica

La foto entre Bullrich y Karina Milei coincidió además con una jornada políticamente incómoda para la Casa Rosada en el Senado. Mientras la conducción libertaria intentaba cerrar la crisis, Victoria Villarruel volvía a intervenir de manera directa en el conflicto. La vicepresidenta había recibido el martes a Michelli en su despacho del Palacio Legislativo y le transmitió, según fuentes parlamentarias, su “profundo respaldo institucional”. La reunión duró cerca de una hora y fue interpretada en el oficialismo como una nueva señal de desafío hacia los hermanos Milei.

La escena se completó este miércoles durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde participaron los presidentes de todos los bloques. Allí se acordó postergar para la próxima semana cualquier definición sobre el pedido de retiro del pliego de Michelli impulsado por el Poder Ejecutivo. El resultado dejó una imagen incómoda para la Casa Rosada: tanto Villarruel como Bullrich, cada una con métodos distintos, lograron bloquear una decisión que el Gobierno consideraba prioritaria.

La senadora había desafiado públicamente a la conducción del partido al anunciar el lunes que no acompañaría el retiro del pliego de Michelli, postulante a jueza federal en La Plata y cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. La decisión arrastró además a los senadores radicales aliados del Gobierno y dejó al descubierto una mayoría circunstancial que se niega a acompañar la estrategia diseñada por la Casa Rosada. En los pasillos del Senado, parte de la responsabilidad por el conflicto también recayó sobre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a quien varios dirigentes oficialistas señalan por haber avanzado con determinados nombramientos sin consultar previamente a la conducción política.

Los Milei rechazan a Michelli por considerar que su cercanía familiar con Alconada Mon representa un problema político en un contexto marcado por investigaciones periodísticas que incomodan al oficialismo. Sin embargo, el pliego cuenta con respaldo transversal dentro de la Cámara alta. Además del apoyo explícito de Bullrich, reúne adhesiones de la UCR, sectores del PRO y parte del peronismo dialoguista, lo que vuelve más compleja cualquier maniobra para retirarlo.

En ese contexto, la imagen difundida por Bullrich funcionó como una señal de distensión hacia adentro del oficialismo. Pero difícilmente alcance para despejar por completo las dudas que dejaron las últimas semanas. La exministra de Seguridad ya demostró que está dispuesta a marcar diferencias cuando considera que hay costos políticos que no está dispuesta a asumir. Y en la Casa Rosada saben que esa autonomía, aunque administrada y contenida, seguirá siendo uno de los factores a monitorear en la compleja convivencia del oficialismo. La discusión de fondo, sin embargo, quedó apenas postergada.

PL/MG

No sólo el diputado libertario jujeño Manuel Quintar, el que fue al Congreso en su Tesla, tienen origen empresario en las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. Claro que no son grandes empresarios devenidos legisladores, como en su momento fue el caso de Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), la de las marcas Natura y Mazola, que fue senador peronista por Córdoba. Algunos son importantes en su provincia, otros de medio pelo y unos han creado pymes o emprendimientos en paralelo con sus carreras laborales. En total, un cuarto de los diputados de LLA, 25 sobre 91, y un tercio de los senadores, siete sobre 21, tienen empresas, incluidos los que se dedican a la producción agropecuaria o al menos saca provecho de ella por compañías de su familia. Es decir que del total de 112 legisladores nacionales, 32 son empresarios.

No hay ningún problema con que haya empresarios metidos en política, como los hay sindicalistas. Quintar diría que se pagó el Tesla con la suya, no con dinero amasado en la función pública. Los debates giran en torno a si consiguieron su fortuna pagando todos los impuestos, sin sobornar funcionarios y respetando los derechos de sus empleados y el medio ambiente. También en cómo accedieron a ser candidatos: si se compraban las candidaturas en LLA, como denunció en 2023 quien entonces se alejaba del partido, Carlos Maslatón, o si los aportes que debería haber sido en blanco de US$5.000 a 50.000 eran para financiar sólo las propias postulaciones, fin que esgrimió Javier Milei en esa oportunidad. Por último, la duda es si la población al elegir a este tipo de representantes escogió personas que defenderán intereses particulares o el bien común.

“El riesgo de incorporar con tanta preeminencia a tantas personas que provienen del mundo empresarial a la función pública tiene que ver con los riesgos de captura de la decisión pública, o sea, darle una excesiva preeminencia a los intereses y a la visión del mundo que tiene una fracción para el conjunto y hacer perder de vista la defensa del interés general por sobre el interés particular”, señala Ana Castellani, socióloga e investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet). “Las cuestiones de lobby, que son tan habituales, se introyectan en el funcionamiento del organismo y eso es lo que hay que contrarrestar”, opina Castellani.

En el caso de las campañas de LLA, diversas fuentes que participaron de esos procesos cuentan que, por un lado, en 2023 la fuerza política apenas naciente buscaba personas que aportaran dinero y sellos partidarios para participar, pero admitían que la recaudación estaba centralizada en torno de la figura de Karina Milei, quien sería después secretaria general de la Presidencia. En 2025 ya no necesitaban más alianzas con otros partidos porque habían constituido LLA al nivel nacional, pero siguieron necesitando de fondos y además querían deliberadamente armar las listas de candidatos con lo que ellos llaman “emprendedores”, modelos de éxito para la ideología libertaria.

El caso de Quintar llamó la atención. Êl defendió su actuar con el argumento de que llevaba adelante una batalla cultural para que ser rico dejara de ser algo malo para la sociedad. Con sus clínicas de la empresa Servicios Sociales de Salud ha hecho fortuna, con pacientes particulares pero también de obras sociales, es decir, con los aportes de los empleadores y trabajadores a la Seguridad Social. Sus empleados más de una vez han protestado por los salarios que cobran.

Veamos aquí los negocios particulares que tienen cada uno de los diputados de LLA:

En el Senado, estos son los libertarios y empresarios:

AR/MG

La escena tiene algo de ensayo general. Aunque todavía falta más de un año para las elecciones ejecutivas, el karinismo ya empezó a moverse con la vista puesta en 2027. La Libertad Avanza realizará el próximo 25 de mayo un “Cabildo Abierto por la Libertad” en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, una acción coordinada en simultáneo con el objetivo explícito de mostrar músculo territorial, ordenar a la militancia y empezar a instalar a sus dirigentes locales en la disputa por las intendencias y, eventualmente, la gobernación bonaerense.

La iniciativa es impulsada por Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Karina Milei y principal responsable de la expansión territorial del partido en la provincia. Según confirmaron fuentes del partido, entre las 11 y las 13 del feriado patrio, mesas libertarias se desplegarán frente a los concejos deliberantes de cada distrito. Allí participarán concejales, legisladores, coordinadores seccionales y distritales, además de militantes de la juventud libertaria. La consigna oficial es “escuchar a los vecinos”, relevar problemáticas locales y sistematizar esa información para diseñar agendas políticas ajustadas a la realidad de cada municipio. Todo bajo una estructura partidaria homogénea, disciplinada y directamente subordinada al mando político de la hermana del Presidente.

En el universo libertario bonaerense, la actividad es leída como una nueva demostración del poder acumulado por Pareja, una figura de cierto bajo perfil público pero central en el esquema político de Karina Milei. Desde antes incluso de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada, el ahora diputado nacional supo construir una red de dirigentes que responde de manera directa a su conducción. Ese modelo, basado en una lógica vertical y altamente centralizada, le permitió extender la presencia formal del partido en toda la provincia, aunque también generó resistencias y tensiones con otros sectores del oficialismo, en particular con el universo de Santiago Caputo y la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

El operativo del próximo lunes incluye un manual de estilo que circuló en las últimas semanas entre los responsables territoriales. El documento fija pautas para la puesta en escena y subraya la necesidad de “incrementar la cercanía con los bonaerenses”, “escuchar y dar la cara” y “construir legitimidad desde abajo, con presencia y participación”. También plantea la conveniencia de registrar la actividad con materiales audiovisuales que luego serán utilizados para exhibir el despliegue simultáneo en las ocho secciones electorales.

Sin embargo, puertas adentro no todos observan la convocatoria con el mismo entusiasmo. En varios municipios del conurbano persiste un escepticismo difícil de disimular sobre el impacto real de la movida. “La mayoría de la gente no sabe dónde están los concejos deliberantes. El 25 de mayo a esa hora no pasa ni el loro”, ironizó, en diálogo con elDiarioAR, un referente libertario con trabajo territorial, sugiriendo que la épica del Cabildo Abierto podría terminar desarrollándose ante un público bastante más reducido que el imaginado en los manuales de estilo. En los últimos días, eso sí, comenzaron a llegar a los distritos los banners y materiales gráficos enviados desde la conducción bonaerense, una señal de que, aunque no aparezcan vecinos, al menos no faltará escenografía.

Otro dirigente resumió con una anécdota la dificultad que enfrenta el espacio para construir liderazgos locales en un contexto en el que el desgaste de la gestión nacional comienza a proyectarse sobre el armado bonaerense. Contó que días atrás, mientras hacía compras en un supermercado, le preguntó a la cajera si lo votaría el año próximo. La respuesta fue tan espontánea como filosa: “¿Y qué? ¿Vos vas a ser como Adorni?”. La frase condensa una preocupación que ya circula entre varios armadores: las dificultades judiciales y políticas que atraviesa el jefe de Gabinete empieza a permear en la percepción de los candidatos distritales, que todavía carecen de identidad propia y cargan, para bien o para mal, con la imagen del gobierno nacional.

El Cabildo Abierto se realizará a menos de un mes del encuentro que Karina Milei y Sebastián Pareja encabezaron en Suipacha, donde unos 1.500 dirigentes bonaerenses participaron de una extensa jornada de capacitación política organizada por la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. Allí, la secretaria general buscó transmitir un mensaje de cohesión y de proyección a largo plazo. “Esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, dijo al cierre del acto. Y remató con una consigna que sintetiza el espíritu de la estrategia bonaerense: “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia y eso se va a lograr con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei”.

Lo cierto es que, más allá de la actividad del próximo lunes, la fortaleza de Pareja excede ya el plano estrictamente partidario. En la última semana sumó un activo político de peso al asumir la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, uno de los ámbitos más sensibles del sistema institucional argentino. Desde ese lugar, el armador bonaerense no sólo amplía su gravitación dentro del oficialismo, sino que adquiere una posición singular para observar de cerca lo que ocurre puertas adentro de la SIDE, el territorio donde Santiago Caputo conserva buena parte de su influencia.

La tensión latente no pasa inadvertida para nadie: mientras el asesor presidencial mantiene su centralidad sobre los resortes más reservados del poder, uno de sus principales “enemigos públicos” quedó formalmente a cargo del organismo parlamentario encargado de controlar, precisamente, lo que la inteligencia hace o deja de hacer.

PL/CRM

La interna libertaria parece haber encontrado en X su escenario más crudo. El cruce entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, —inesperado por el nivel de exposición de sus protagonistas— dejó de ser una discusión más dentro del ecosistema digital oficialista para convertirse en una señal de una tensión más profunda, en medio de una causa judicial que pone bajo la lupa a los actores de la llamada “batalla cultural”.

El intercambio se originó a partir de un mensaje de Lemoine a un usuario que cuestionaba a Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y dirigente cercano a Karina Milei. “Listo, dejá de seguir a Milei”, escribió la diputada nacional, en una respuesta que rápidamente escaló en visibilidad. Parisini citó ese mensaje con un breve “No”, lo que derivó en una serie de réplicas que expusieron diferencias políticas dentro del oficialismo.

“Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé”, sostuvo Lemoine. Parisini respondió con un planteo sobre los límites de la autoridad dentro del espacio: “No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda La Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenés la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei. No tenés jurisdicción acá para hacer eso. Esto no es el Congreso. No pasarás”. El cruce continuó con un mensaje del influencer en tono más confrontativo.

En ese escenario, el propio Javier Milei decidió involucrarse de manera indirecta pero elocuente: compartió en su cuenta un mensaje de Lemoine en el que cuestionaba la idea de que la influencia digital pueda torcer la realidad. “Una mentira repetida mil veces no se transforma en verdad”, sostuvo la diputada en ese posteo, que el Presidente amplificó con un retuit. ¿Una señal de alineamiento con el sector que busca ponerle límites al poder de los referentes digitales? Es una conclusión demasiado arriesgada.

Denuncia judicial

La discusión digital se produjo en paralelo al avance de una causa judicial en la que se investigan presuntas amenazas e instigación a cometer delitos por parte de usuarios identificados con el oficialismo en redes sociales. El expediente se inició en septiembre del año pasado a partir de una denuncia presentada por el propio Sebastián Pareja.

Tras declararse incompetente la Justicia nacional, la investigación quedó en manos de la fiscal porteña Celsa Ramírez, quien esta semana imputó y citó a indagatoria a once personas luego de identificar a los usuarios denunciados. Los hechos investigados podrían encuadrarse en los delitos de amenazas, instigación a cometer delitos e incitación pública contra instituciones.

En ese contexto, Parisini había cuestionado públicamente la decisión de judicializar el accionar de tuiteros libertarios. En su programa, sostuvo que se trata de una estrategia “poco inteligente” y se manifestó en defensa de quienes, según su visión, “dieron la batalla cultural” en redes sociales. También había dirigido críticas a Pareja por haber impulsado la denuncia.

El trasfondo del conflicto remite a diferencias más amplias dentro de La Libertad Avanza. Por un lado, el sector vinculado a Pareja y a los hermanos Menem, que impulsa un esquema de construcción territorial basado en el armado político tradicional. Por otro, un grupo de militantes digitales, streamers e influencers cercanos a Santiago Caputo, que reivindican el rol de las redes sociales y la centralidad de la disputa ideológica.

La intervención judicial introduce un elemento adicional en esa dinámica, al trasladar prácticas habituales del ecosistema digital a un ámbito institucional con criterios distintos. En ese marco, el cruce entre Lemoine y Parisini expone las tensiones que enfrenta el oficialismo para ordenar su base política en un contexto de creciente exposición pública y judicial.

PL/MG

El Gobierno decidió no replegarse y avanzar. En medio de la causa judicial que acorrala a Manuel Adorni por su crecimiento patrimonial, la respuesta oficial no fue el bajo perfil, sino una secuencia calculada de apariciones silenciosas. El lunes, una recorrida cerrada en el Instituto Malbrán, junto a Karina Milei y el ministro Mario Lugones. El martes, una foto explícita en AmCham junto a Javier Milei, que lo abrazó en público y lo colocó como víctima de un “ataque destituyente”. Este jueves, la escena se trasladará a Neuquén, en lo que no será un viaje más. Se trata del tercer acto de un mismo movimiento.

Hasta allí volarán Adorni y la secretaria general —sin la presencia del Presidente, que este viernes volverá a pisar el Estado de Israel— con una parada central en Vaca Muerta, el enclave energético que el oficialismo convirtió en vidriera de gestión. La visita fue confirmada por la senadora Nadia Márquez, a quien le encomendaron el armado de una agenda que, por ahora, se mantiene deliberadamente incompleta. Es que el viaje se organizó sobre la marcha, con un llamado de último momento y sin cronograma difundido. El hermetismo no es desprolijidad sino parte del mismo dispositivo.

Según pudo reconstruirse, la comitiva recorrerá instalaciones vinculadas a la producción hidrocarburífera, con especial foco en operaciones de YPF y otras compañías del sector. También habrá encuentros con referentes de La Libertad Avanza de Neuquén y Río Negro, entre ellos la propia Márquez y el senador Pablo Cervi. No figuran, en cambio, reuniones institucionales con el gobernador Rolando Figueroa ni con su gabinete.

El trasfondo es doble. Por un lado, la construcción política en una región clave, donde el oficialismo busca consolidar estructura y volumen. Por otro, la necesidad de mostrar gestión en un área donde los números acompañan. Neuquén fue la única provincia que logró sostener el crecimiento del empleo privado formal entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025, impulsada por el dinamismo de Vaca Muerta. En la Casa Rosada ese dato funciona como argumento y escudo. Una forma de contraponer resultados económicos a la presión política.

Pero el viaje también se explica en clave interna. La presencia de Karina Milei, lejos de ser protocolar, es profundamente política. En el esquema de poder libertario, la secretaria general opera como garante de los equilibrios cuando el sistema entra en tensión. Su decisión de mostrarse junto a Adorni es leída dentro del Gobierno como una señal de respaldo sin matices.

Esa lógica se reforzó el martes en AmCham. Allí, Milei no solo se dejó fotografiar con su jefe de Gabinete, sino que lo integró en su narrativa de confrontación con el sistema político. Para el Presidente, el problema no es Adorni, sino quienes lo investigan y lo cuestionan. En ese marco, cada aparición pública deja de ser un gesto aislado y pasa a formar parte de un relato más amplio. Aunque, según pudo saber elDiarioAR, puertas adentro del gabinete cada vez son menos los ministros que están dispuestos a defenderlo sin medias tintas.

Mientras tanto, el frente judicial sigue activo. La causa por presunto enriquecimiento ilícito sumó en los últimos días nuevas declaraciones y mantiene en movimiento a fiscales y jueces. En paralelo, en el Congreso, la oposición afina una estrategia que combina pedidos de interpelación, presión en comisiones y la amenaza de una eventual moción de censura. Adorni, por su parte, tiene fecha para su primer informe de gestión en Diputados, el próximo 29 de abril, con más de 4.000 preguntas acumuladas y un clima que promete ser adverso.

En ese contexto, el viaje a Neuquén intenta mostrar a un jefe de Gabinete en movimiento. Evitar la imagen del funcionario sitiado y reemplazarla por la de un actor central que sigue operando con respaldo pleno. Será la puesta en escena de una hoja de ruta que ya empezó a desplegarse en Buenos Aires y que ahora busca ganar profundidad territorial. Una manera de decir, sin decirlo, que pese al desgaste y a las investigaciones, Adorni sigue en pie. Y no está solo.

PL/MC

El Gobierno reunió esta mañana al gabinete en pleno por primera vez en el año en la Casa Rosada, en una escena que dejó ver el cambio de fase que intenta imprimir Javier Milei tras la aprobación de la reforma laboral y en la antesala de una semana que el oficialismo considera decisiva. Si este lunes la mesa política había servido para ordenar el tablero legislativo y alinear la estrategia parlamentaria, el encuentro de este martes buscó traducir esa coordinación política en una hoja de ruta concreta de gestión, con cada ministerio obligado a definir prioridades, proyectos y tiempos antes del discurso presidencial del próximo domingo en el Congreso.

Milei llegó a Balcarce 50 minutos antes de las 9, con un operativo reforzado y un clima interno que contrastó con la tensión de las últimas semanas. El primero en ingresar había sido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras el resto de los ministros llegó detrás con un tono entre expectante y festivo, en un Gobierno que busca capitalizar la victoria legislativa reciente y proyectar una nueva etapa política. En la Casa Rosada describen el momento como el paso del “modo negociación” al “modo ejecución”. Menos rosca parlamentaria y más despliegue del programa libertario.

La reunión tuvo como eje delimitar el paquete de iniciativas que el Presidente anunciará el domingo a las 21 durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias. En la previa, la instrucción que bajó a sus ministros fue clara: cada cartera debía presentar los proyectos que pretende impulsar durante 2026, en un esquema más centralizado que el del año pasado, donde la coordinación política quedará concentrada en la Jefatura de Gabinete y en el núcleo que integran Karina Milei y el frente parlamentario oficialista. La premisa es ordenar la secuencia de reformas y evitar dispersión.

Del encuentro que tuvo lugar en el Salón Eva Perón participaron los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), que vive, según diversas fuentes, sus últimas semanas al frente de la cartera.

También estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de Diputados Martín Menem y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Karina Milei y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, completaron el esquema de poder que hoy concentra la toma de decisiones.

Se trató de la primera reunión de gabinete con plantel completo en lo que va de 2026. La última había sido el 22 de diciembre en Olivos, día en que Milei le obsequió a cada uno de sus ministros el libro “Defendiendo lo indefendible” del economista anarco-capitalista Walter Block. En aquel entonces, la incertidumbre en torno al Presupuesto 2026 cruzaba la agenda política, una discusión que terminó siendo favorable para el oficialismo. Ahora, tras la victoria en el recinto, el clima es distinto. El Gobierno busca llegar al domingo con una agenda cerrada, exhibir orden interno y consolidar la idea de que la reforma laboral no fue un punto de llegada sino el punto de partida de una ofensiva legislativa más amplia.

En ese marco, el gabinete repasó la secuencia que había empezado a definirse el lunes bajo conducción de Karina Milei: terminar de sancionar la reforma laboral en el Senado el viernes, avanzar el jueves con la Ley de Glaciares —que el oficialismo considera incluso más estratégica en términos económicos—, cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y encauzar un nuevo esquema de financiamiento universitario. Pero el foco no está sólo en cerrar extraordinarias, sino en lo que viene después.

En la Casa Rosada hablan de una “segunda etapa” que comenzará a delinearse el domingo. El objetivo es provechar el impulso político actual para acelerar transformaciones estructurales. Entre las reformas que el Gobierno prepara aparecen la tributaria, cambios en el Código Penal, una reforma electoral, nuevos marcos regulatorios para inversión y desarrollo productivo, y la eventual ratificación parlamentaria de acuerdos internacionales, incluido el vínculo económico con Estados Unidos.

Ese itinerario desembocará el domingo a las 21 en la apertura de sesiones ordinarias, donde Milei buscará ordenar el clima político tras semanas de tensión parlamentaria y conflicto sindical. En el Gobierno describen el discurso ante la Asamblea Legislativa como una intervención pensada más para fijar posición que para anunciar medidas puntuales, con un mensaje orientado a consolidar autoridad, marcar prioridades y enviar señales tanto hacia el Congreso como hacia el plano internacional.

La expectativa en la Casa Rosada es que el Presidente utilice esa escena para reafirmar el rumbo general de su gestión y establecer el tono del año político. Sus palabras funcionarán, en ese sentido, como un punto de ordenamiento interno y de proyección externa. Una señal hacia aliados, opositores y actores económicos sobre cómo el Gobierno pretende encarar el ciclo que se abre, sin dar el brazo a torcer, pero con la sombra de la interna siempre presente.

PL/MC

Patricia Bullrich volvió a demostrar para que llegó a la Cámara Alta y en un trámite exprés consiguió que el próximo viernes 27 el Senado vuelva a tratar el proyecto de reforma laboral. Si todo marcha de acuerdo al plan, entonces, la jefa del bloque de senadores de la La Libertad Avanza estará más cerca de conseguir la sanción definitiva y haber cumplido así el pedido del presidente Javier Milei de tener aprobada la ley antes de que comience el período de sesiones ordinarias que inaugurará exactamente a las 48 horas.

Este viernes, en un trámite que duro un poco más de una hora, Bullrich apretó el acelerador y logró un dictamen del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para tratar en una semana el proyecto aprobado ayer por Diputados que incluye una única modificación, la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas.

Bullrich ,y su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, tuvieron el apoyo de los bloques de la oposición dialoguista (el radicalismo, el PRO, y los provinciales). El dictamen fue rechazo por el peronismo, tal como ocurrió en el primer debate en el Senado y luego en Diputados.

“Nunca habíamos visto que se tratara de una manera tan rápida, tan exprés, tan afectada e irregular en su procedimiento”, advirtió Mariano Recalde de Unión por la Patria y detalló que el proyecto abarca 218 artículos y “modifica 18 leyes, deroga 11 leyes y suma 21 entre derogaciones parciales”. “Son todas leyes que fueron tratadas en el Congreso por separado y que merecían un debate profundo”, se quejó. 

Pero fue la senadora riojana Florencia López quien protagonizó un duro cruce con Bullrich. “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes. No van a alcanzar, presidenta”, le dijo durante el debate en comisión.

– Epa, golpista, golpista. Pará eh–, le respondió la jefa del bloque libertario.

No fue la única acusación que soltó la senadora peronista. También hubo críticas por el fallido artículo 44:  “Pasaron vergüenza porque tuvieron que admitir que no habían leído el proyecto, por eso hoy estamos acá debatiendo la eliminación del artículo 44″.

Pero a pesar de las críticas, Bullrich terminó llevándole al oficialismo un nuevo triunfo. “Nosotros tomamos el toro por las astas y ponemos sobre la mesa un problema que existe”, dijo sobre el proyecto de reforma laboral y retrucó a la oposición de “no leer los números” porque “la tasa de desempleo en la Argentina va a la baja; y va a ir mucho más a la baja cuando la relación entre empleadores y empleados sea más libre”.

“El viernes que viene el país va a tener un punto adelante, que el intento permanente de voltear gobiernos lo impidió. Lo impidió en el gobierno de (Raúl) Alfonsín, con 13 paros generales, lo impidió en el gobierno de (Fernando) De la Rúa, en el de (Mauricio) Macri. No lo va a impedir en el gobierno de (Javier) Milei”, concluyó.

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.

El proyecto que busca sancionar al gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.

El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas.

NB con información de NA y Parlamentario.

El Gobierno nacional confía en aprobar la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias convocadas para el 10 y 11 de febrero. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, forma parte del paquete de reformas estructurales que el oficialismo considera prioritarias y podría ser tratada sin modificaciones sustanciales, pese a la resistencia de algunos sectores.

Fuentes con acceso al despacho presidencial aseguraron a Noticias Argentinas que la administración de La Libertad Avanza cuenta con los votos necesarios para sancionar el proyecto. Aunque no se descartan sugerencias o enmiendas técnicas, el Ejecutivo ratificó que cualquier modificación “no debe alterar el espíritu” de la norma.

La reforma, denominada oficialmente como “modernización laboral”, fue presentada por el Gobierno nacional como una herramienta para formalizar el empleo y reducir costos laborales. Sin embargo, distintos especialistas advierten que los cambios propuestos pueden profundizar la precarización de quienes ya trabajan en condiciones informales o con bajos niveles de protección social.

El senador chaqueño Juan Cruz Godoy, miembro de la Comisión de Trabajo y referente de LLA en la Cámara alta, afirmó que el proyecto “va a salir con un gran consenso”. Según el legislador, gran parte de la iniciativa ya fue aprobada durante el tratamiento de la Ley Bases, pero su sanción fue postergada por la demora en la aprobación del Presupuesto 2026.

En paralelo, el oficialismo despliega una estrategia política de presión y negociación territorial. El ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para intercambiar apoyos legislativos por beneficios específicos para las provincias. No obstante, desde Casa Rosada niegan que se vayan a implementar compensaciones fiscales directas: “La compensación va a surgir del crecimiento que va a generar, tanto en sus recursos propios como en la coparticipación”, sostuvo una fuente del entorno presidencial.

La exministra de Seguridad y actual jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, impulsa una comisión técnica a cargo de la abogada laboralista Josefina Tajes, que buscaría canalizar sugerencias de sectores empresariales y gremiales sin alterar el texto base. Hasta el momento, los sindicatos no fueron formalmente convocados a una discusión estructurada del articulado, y la CGT ya había manifestado su rechazo al contenido del capítulo laboral dentro del fallido DNU 70/2023.

Uno de los ejes argumentales del oficialismo gira en torno a la informalidad. Según Godoy, “los puestos laborales se están creando en negro”, lo que afectará en el futuro a millones de trabajadores sin aportes jubilatorios. “En 10 o 15 años, esas personas van a estar complicadas para cobrar su jubilación”, declaró el senador en Radio Rivadavia. No obstante, la iniciativa oficial no incluye una propuesta clara para promover el blanqueo laboral ni detalla mecanismos de fiscalización o incentivos a la registración.

El proyecto tampoco contempla medidas concretas para reforzar el rol de la inspección laboral, uno de los pilares de control del trabajo no registrado. La visión dominante en el oficialismo promueve un esquema de desregulación y reducción de costos empresariales como vía para fomentar el empleo, sin abordar las causas estructurales de la informalidad como la tercerización, la falta de inversión productiva o la subocupación crónica.

Respecto a los sindicatos, el discurso oficial sostiene que “la reforma es para adelante” y que no afectará a quienes ya tienen empleo registrado. Sin embargo, diversos juristas advierten que varios artículos del proyecto podrían vulnerar derechos adquiridos, limitar la capacidad de negociación colectiva y alterar los convenios vigentes.

El oficialismo buscará aprobar la reforma laboral con celeridad, sin abrir instancias amplias de debate ni convocar a audiencias públicas. Aunque el Gobierno insiste en que “todos se benefician con la reforma”, los sectores del trabajo organizado reclaman participación real en la discusión de un cambio que impactará de lleno en sus condiciones de vida.

JJD, con información de NA

En el conurbano bonaerense los discursos sobre el “fin de la casta” chocan seguido con prácticas que sobreviven a todos los cambios de gobierno. El reciente desplazamiento del director del Hospital del Bicentenario PAMI, ubicado en el partido de Ituzaingó, expuso esa contradicción con crudeza. No fue un recambio administrativo ni una corrección técnica: fue una remoción abrupta, sin explicaciones formales, ordenada desde la cúpula del organismo previsional y ejecutada mientras el funcionario estaba de vacaciones.

Según pudo saber elDiarioAR, el mensaje fue directo y brutal. “No estás más, te tengo que echar”, le dijeron por teléfono, con una excusa tan vaga como inquietante: había que “cuidarlo” por un supuesto escándalo que nunca fue precisado. La resolución formal del PAMI llegó de inmediato, el 7 de enero, cuando el corrimiento ya era un hecho consumado.

El funcionario desplazado era el médico Santiago Cerneaz, designado el 1° de septiembre y referenciado políticamente en La Libertad Avanza local. En su lugar asumió Christian Varela, un nombre con recorrido conocido en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires y con vínculos políticos explícitos con el peronismo territorial: fue director del Hospital Vicente López de General Rodríguez entre 2020 y 2024, durante gestiones alineadas con el PJ, y se lo relaciona al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia.

La secuencia desató un fuerte malestar en el armado libertario de Ituzaingó. El enojo fue inmediato en Hugo Equiza, flamante concejal de La Libertad Avanza y candidato a intendente en 2023. Para Equiza, el desplazamiento de Cerneaz no fue casual ni aislado, sino la consecuencia directa de haber empezado a intervenir en zonas sensibles del hospital.

“Cuando se empezó a meter y a toquetear cosas que evidentemente eran arreglos extraños o temas de corrupción, empezaron a decir que se estaban encendiendo las alertas”, sostuvo el dirigente libertario en diálogo con elDiarioAR. Y fue más allá: “En el PAMI hay toda una runfla que está enquistada desde siempre. No se nota que haya una voluntad real de cambiar de manera estructural organismos atravesados por corrupción, falta de transparencia y clientelismo”.

Para muestra basta un botón. Según relatan en el distrito, uno de los casos que mejor grafica lo denunciado por Equiza fue el de una persona que figuraba en la nómina del hospital pero a la que nadie conocía ni había visto trabajar durante años. En noviembre, ante esa situación, la dirección encabezada por Cerneaz resolvió darle de baja por vía administrativa. Sin embargo, dos semanas después, el empleado fue reincorporado de manera directa por el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, un episodio que fue leído como una señal explícita de hasta dónde llegan las resistencias internas a cualquier intento de reordenamiento.

El Hospital del Bicentenario PAMI Ituzaingó atiende por guardia a unas 15.000 personas por mes, sean o no afiliados al organismo previsional. Comenzó a funcionar a pleno recién en octubre de 2023, más de una década después de haber sido anunciado. Con una inversión inicial cercana a los 11.000 millones de pesos, según informaron oficialmente en su momento, el hospital —el primero del distrito desde su creación en 1995— es de alta complejidad y cuenta con seis quirófanos, áreas de terapia intensiva e intermedia, 120 camas de internación y consultorios para múltiples especialidades.

Pactos son pactos

Detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizado que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

En los territorios la incomodidad es creciente. Militantes y referentes locales de La Libertad Avanza no terminan de entender por qué, a dos años de gestión, siguen ocupando posiciones clave cuadros ligados no solo a La Cámpora o al massismo, sino también al PRO y hasta, en menor medida, a la UCR, mientras quedan relegadas figuras que se reivindican fieles a las ideas de Javier Milei. La explicación que empieza a circular puertas adentro no es ideológica sino pragmática: acuerdos de supervivencia con la “línea histórica” enquistada en los organismos del Estado.

La reciente aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como el del número 2 del PAMI, Carlos Zamparolo— funcionan, para ese universo libertario cada vez más desencantado, como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Presidente había prometido erradicar.

Como parte de ese entramado aparece una figura clave: Guido Giana, viceministro de Salud de la Nación. Su llegada al cargo tras la salida de Cecilia Loccisano, en noviembre pasado, no debilitó al ministro Mario Lugones. Por el contrario, le permitió a Santiago Caputo reacomodar su propio dispositivo dentro del área. Giana no solo reemplazó a la funcionaria saliente: consolidó un esquema aún más alineado con el asesor presidencial, con acceso directo al Salón Martín Fierro, el centro de operaciones de Las Fuerzas del Cielo en la Casa Rosada. Sin ir más lejos, a esa agrupación reportan los principales funcionarios que dirigen el PAMI central, tal y como relató elDiarioAR en marzo de 2025.

Aunque hoy se mueve con comodidad en el corazón del poder, Giana no proviene del mundo libertario puro. Su recorrido político comenzó en el PRO y en el vidalismo, donde fue concejal y armador territorial en Presidente Perón. Luego pasó por el PAMI durante la gestión de Cambiemos, una etapa clave en la que manejó números, contratos y auditorías dentro de uno de los organismos más estratégicos del Estado.

El salto definitivo a la primera línea se produjo cuando asumió la dirección administrativa del Sanatorio Güemes, la institución privada propiedad de Lugones, donde el ministro comparte sociedad con Enrique Nosiglia y Luis Barrionuevo. Ese cruce entre política, negocios y gestión sanitaria explica el peso específico que hoy tiene Giana en el control de las cajas de salud.

Es que el viceministro integra los directorios de al menos tres empresas vinculadas a ese rubro de manera directa, según consta en el Boletín Oficial. Al observar la red de vínculos que rodea a Giana, emergen cruces entre familiares, operadores políticos y actores de peso del sector privado. Como publicó Giselle Leclercq en Perfil, uno de sus socios es Ramiro Eugenio Negro, quien a su vez comparte sociedades en otras firmas con Daniel Walter Román, fundador de Urbano Express S. A., la empresa de logística que en mayo pasado ganó una polémica licitación del PAMI para la distribución de pañales.

Según apuntó Equiza, Giana mantendría además una relación estrecha con Gastón Di Castelnuovo, referente del PRO en Ituzaingó, de diálogo fluido con Diego Santilli y, como denuncia el propio concejal libertario, aliado silencioso del intendente local. También se desempeña como vicepresidente primero de Autopistas Urbanas S. A. (AUSA), la empresa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la construcción y mantenimiento de las autopistas dentro de los límites de la General Paz. “Di Castelnuovo quiere ser candidato en 2027. No quieren que yo levante cabeza ni tenga poder porque soy el que le va a ir a discutir a Descalzo”, acusó Equiza al vincular el desplazamiento del director del hospital con una trama de intereses políticos cruzados.

El último “barón”

Ese apellido no es menor. Ituzaingó es gobernado por la familia Descalzo desde hace más de tres décadas: primero por Alberto, histórico barón del conurbano que llegó al poder en 1995, y desde diciembre de 2023 por su hijo Pablo Descalzo. Aunque se autopercibe peronista y hoy se recueste enteramente sobre Axel Kicillof, el clan construyó su supervivencia política a partir de una lógica pragmática: vínculos transversales, acuerdos silenciosos y una notable capacidad de adaptación a cada gobierno nacional de turno. La llegada de Milei a la Casa Rosada no alteró ese patrón. Por el contrario, lo reactivó bajo nuevas formas.

Un caso emblemático fue revelado por elDiarioAR en agosto de 2024, cuando el Gobierno nacional, a través de la ANSES, extendió el contrato de Juan Cruz Descalzo, otro de los hijos de Alberto y hermano del actual intendente. Aunque cobra su salario del organismo previsional, “presta servicios” en el municipio, cuya sede central está a apenas una cuadra de la Unidad de Atención Integral (UDAI) local. En diciembre de 2023, una semana antes de la asunción de Milei, Descalzo logró renovar su comisión por 180 días. En julio de 2024, con el vencimiento encima y ya con el libertario sentado en Balcarce 50, el trámite volvió a activarse.

El entramado familiar dentro del organismo previsional completa el cuadro: Juan Cruz Descalzo ingresó a la ANSES en 2005, fue jefe de la UDAI Ituzaingó entre 2009 y 2015, y hoy comparte la dependencia con su esposa y las dos hermanas de ella, es decir, las tres cuñadas del intendente. Un esquema que se mantuvo inalterado pese al cambio de signo político nacional y que refuerza la idea de una “buena vecindad” persistente entre la Casa Rosada libertaria y uno de los últimos barones del conurbano bonaerense.

Sin embargo, tras el corrimiento de Cerneaz del Hospital del Bicentenario, se produjo una sorpresa: el desplazamiento del hermano del intendente de su cargo en la ANSES local, lo que amenaza con tensar aun más el clima político en Ituzaingó. “Luego de más de diez años de estar como ñoqui, parece que el organismo decidió ponerse los pantalones y cuidar el dinero de todos los jubilados de la Argentina”, celebró Equiza, que confirmó el episodio. La coincidencia entre ambos hechos no deja de llamar la atención, justo cuando queda al descubierto que, detrás del discurso libertario de ruptura, lo que prima son los favores mutuos.

PL/MG

La senadora Patricia Bullrich confirmó este jueves que ya están en marcha las negociaciones en el Senado para avanzar con la reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo. Desde su rol como presidenta del bloque oficialista de La Libertad Avanza, la exministra de Seguridad marcó la hoja de ruta legislativa para diciembre y aseguró que el proyecto, junto con el Presupuesto 2026, será prioridad para el oficialismo en el Congreso.

“Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar. Sabemos que algunos no la van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich en declaraciones radiales. La legisladora consideró que el proyecto permitirá que “los argentinos vuelvan a conseguir un trabajo formal”, aunque reconoció que “no será de un día para el otro”.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa ingresará al Congreso por la Cámara alta, y el oficialismo prevé postergar para una segunda etapa los debates sobre el nuevo Código Penal, la Ley Tributaria y la Ley de Inocencia Fiscal .

Bullrich también buscó desdramatizar las tensiones internas tras la jura de los nuevos legisladores, cuando trascendieron diferencias con la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. “Mi objetivo no es generar un campo de batalla, sino sacar las leyes que necesitamos”, aclaró. Y agregó: “Las cosas van a cambiar en el Senado, vamos a sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”.

En sus declaraciones, la jefa del bloque oficialista también apuntó contra el kirchnerismo, al que acusó de oponerse “por reflejo” a cualquier reforma. “Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer y no tenemos ningún miedo. No hay posibilidad de volver a la Argentina del desorden”, afirmó.

Qué propone el proyecto de reforma laboral

Si bien el texto aún no se presentó públicamente, el Gobierno adelantó que buscará reducir los costos laborales no salariales, limitar las multas por trabajo no registrado y reformar aspectos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo. Para los gremios, se trata de una avanzada contra los derechos laborales y una reedición de reformas que la Justicia laboral ya declaró inconstitucionales en 2023.

Centrales sindicales como la CTA Autónoma, ATE y la UTEP ya anunciaron un plan de lucha conjunto, que incluye paros, movilizaciones y una contrapropuesta técnica con eje en la recuperación salarial, la reducción de la jornada laboral y la regulación de nuevas formas de empleo.

Desde el oficialismo, el discurso busca instalar la idea de una “modernización” del mercado laboral. Bullrich defendió la necesidad de reformas estructurales como condición para reactivar el empleo, en especial entre los sectores jóvenes e informales.

Una reforma en medio de tensiones sociales

El anuncio de Bullrich llega en un clima de creciente conflictividad. Desde el 4 de diciembre, movimientos sociales, sindicatos estatales y organizaciones territoriales comenzaron una serie de protestas con eje en la resistencia al ajuste, la defensa de la Ley de Glaciares y el rechazo a la reforma laboral.

“Diciembre puede ser un mes caliente”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP, al señalar el impacto del ajuste en los barrios populares y la falta de contención estatal. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado”, denunció.

En paralelo, Bullrich se refirió a la continuidad del Ministerio de Seguridad, tras su salida para asumir la banca en el Senado. Dijo que su sucesora, Alejandra Monteoliva, es “una gran profesional” que ya conocía las políticas del área. “Estoy contenta porque hay continuidad en la forma de hacer las cosas”, expresó.

También habló sobre la investigación que involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, con la financiera Sur Finanzas, acusada de lavado de activos. “La Justicia está actuando rápido y eso es lo importante”, dijo, y recordó que el Ministerio había elevado denuncias por inconducta ante la FIFA.

Mientras tanto, en el Senado, Bullrich se prepara para librar su primera batalla parlamentaria, en un recinto fragmentado, con bloques en reconfiguración y una oposición que aún debate su estrategia frente a un paquete de leyes regresivas.

JJD

Con ollas populares, marchas, cortes y asambleas públicas, los movimientos sociales y las centrales sindicales iniciaron este jueves un ciclo de protestas que marcará el ritmo del mes. El epicentro fue en La Plata, donde desde las 10 se realizó una asamblea de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto a gremios estatales y organizaciones piqueteras. La consigna común: resistir el ajuste y frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno de La Libertad Avanza.

La movilización en Plaza Belgrano —ubicada entre las calles 13 y 40— fue la primera expresión de lo que los convocantes anunciaron como “un diciembre caliente”. Las agrupaciones participantes —Movimiento Evita, Barrios de Pie, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Corriente Clasista y Combativa (CCC)— buscarán confluir en un plan de lucha nacional, que incluirá jornadas de protesta, actividades territoriales y movilizaciones callejeras.

“El eje estará en los problemas vinculados al trabajo, el hambre y el avance del narcotráfico en los barrios”, adelantó Alejandro “Peluca” Gramajo, secretario general de la UTEP.

El rechazo principal es a la reforma laboral que prepara el Ejecutivo, a la que los gremios denuncian como un intento de flexibilización y precarización, “al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios”. Desde el Partido Justicialista se sumaron a la convocatoria con un comunicado titulado “Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI”, en el que advierten sobre el deterioro del mercado de trabajo y la ofensiva contra los convenios colectivos.

Los movimientos populares también exigen una recomposición urgente del Salario Mínimo y del Salario Social Complementario, congelado en $78.000 desde la asunción del nuevo Gobierno. “Lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está pulverizado. Hay hambre, bronca y odio. Si el Estado no actúa, diciembre va a estallar”, advirtió Esteban “Gringo” Castro, exsecretario de la UTEP.

Las acciones no se limitarán al AMBA. A lo largo del país, durante el día, organizaciones socioambientales, comunidades indígenas y colectivos territoriales realizaron manifestaciones simultáneas para frenar el intento del Gobierno de modificar la Ley de Glaciares. Hubo concentraciones en Plaza Congreso (CABA), Plaza Rivadavia (Bahía Blanca), Legislatura (Mendoza), Plaza Güemes (Salta), Monumento a la Bandera (Rosario) y más de 30 localidades desde Ushuaia hasta Jujuy.

“Vamos a estar en las calles denunciando la motosierra libertaria”, expresó Silvia Saravia, dirigente nacional de Libres del Sur. Según explicó, el Presupuesto 2026 elimina la actualización automática de asignaciones, afecta a jubilados y recorta el salario familiar. “Milei y Pettovello le están haciendo la tarea sucia a Donald Trump”, acusó, en referencia a los intereses financieros detrás del ajuste.

En paralelo, los sindicatos estatales como ATE y las dos CTA definieron un plan de lucha propio, que contempla paros escalonados, protestas conjuntas con movimientos sociales y la presentación de una contrapropuesta técnica a la reforma laboral. Entre los ejes propuestos figuran:

“La reforma que propone el Gobierno ya fue declarada inconstitucional por la Justicia Laboral en sus aspectos más regresivos”, remarcaron las dos CTA. Además, alertaron que el objetivo de fondo es fragmentar al movimiento obrero y dividir la representación opositora en el Congreso, en nombre de una modernización sin derechos.

Frente a este escenario, la estrategia de los sectores convocantes es articular resistencias, sumar reclamos parciales a una causa común y proyectar una unidad social, sindical y política. “Unidad para resistir y también para construir condiciones para la victoria”, sostuvieron en un documento conjunto.

Mientras tanto, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron que aplicarán el protocolo antipiquetes, lo que anticipa un escenario de tensión en las próximas jornadas.

JJD

El diputado libertario Santiago Santurio presentó un proyecto de ley para consagrar que los repartidores de plataformas digitales no son trabajadores en relación de dependencia, sino prestadores de servicios autónomos. Si se aprueba, quedarán por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo y de cualquier norma laboral, sindical o previsional. El texto representa el intento más explícito del oficialismo por legalizar un modelo de trabajo sin derechos.

La propuesta, titulada “Régimen de Autónomos Digitales en Plataformas de Delivery”, establece que toda la relación entre las aplicaciones como Rappi, PedidosYa o Uber Eats y sus repartidores se regirá únicamente por el derecho civil y comercial. En otras palabras: serán contratos privados, no laborales.

“En ningún caso esta relación se interpretará como una relación de dependencia laboral”, señala el artículo 2 del proyecto. Para blindar esa posición, el texto prohíbe explícitamente que jueces puedan considerar lo contrario, aunque existan elementos habituales del vínculo laboral, como exclusividad, habitualidad u horario.

Libertad o desprotección

En sus fundamentos, Santurio —representante del bloque oficialista La Libertad Avanza— justifica el proyecto en nombre de la libertad individual, la autonomía de la voluntad y el libre mercado. Cita a Juan Bautista Alberdi y asegura que los repartidores “eligen libremente” cuándo y cómo trabajar, sin depender de un empleador. Según su visión, los marcos laborales actuales pertenecen al siglo XX y solo entorpecen la innovación.

Pero, en los hechos, el proyecto legitima una forma de trabajo sin salario mínimo, sin cobertura por accidentes, sin licencias, sin ART, sin aguinaldo ni aportes jubilatorios, y donde toda la carga fiscal y previsional recae sobre el repartidor.

“Es la institucionalización de la precariedad”, opinó ante este medio un abogado laboralista que prefirió no dar su nombre por temor a represalias. “El discurso de la autonomía es tramposo: estos trabajadores no tienen poder de negociación ni condiciones reales para ejercer esa libertad que el proyecto dice proteger”.

Un régimen sin Estado

El articulado también excluye la intervención del fuero laboral. Cualquier conflicto deberá resolverse en tribunales civiles o mediante arbitrajes privados, acordados entre partes que no tienen igual peso.

Las plataformas no tendrán ninguna obligación en materia de aportes ni retenciones fiscales o previsionales. Todo quedará a cargo del repartidor. Según el texto, eso no implica desprotección, sino un “cambio de paradigma”.

“Es un proyecto coherente con la ideología de un Estado mínimo. Pero lo que llama la atención es la crudeza: directamente niega la existencia del trabajo dependiente en este sector, cuando hay fallos judiciales y dictámenes que demuestran lo contrario”, señaló la socióloga laboral Ana Laura López, especialista en empleo y plataformas.

¿Qué cambiaría si se aprueba?

Hoy, en la Argentina, no existe una ley específica que regule el trabajo en plataformas, pero distintos fallos laborales —como el del caso “Rappi c/AFIP” de 2022— han reconocido la existencia de relación de dependencia. El proyecto de Santurio busca bloquear judicialmente esa posibilidad.

De aprobarse, las empresas que hoy operan en la informalidad pasarían a operar dentro de un nuevo marco formal, pero sin asumir ninguna responsabilidad laboral. Lo que hoy es precarización de hecho se convertiría en precarización de derecho.

Además, el texto deroga cualquier norma que se oponga a su interpretación, lo que podría generar un efecto de arrastre hacia otras actividades digitales.

Entre la flexibilidad y la desigualdad

El debate sobre el trabajo en plataformas no es exclusivo de Argentina. En Europa, la discusión está abierta, y países como España han optado por reconocer la relación laboral de los repartidores. En Estados Unidos, el panorama es mixto y objeto de múltiples litigios.

El problema no es la tecnología ni la flexibilidad, sino la falta de garantías básicas, advierte López. “Este proyecto parte de una ficción: que los trabajadores pueden negociar de igual a igual con las plataformas. Pero eso no sucede. No hay libertad real sin protección mínima”.

El oficialismo busca avanzar con esta ley en el marco de su agenda de desregulación laboral, que ya intentó incluir en la Ley Bases reformas que luego fueron frenadas por la Justicia. Esta vez, el blanco son los repartidores, uno de los sectores más expuestos y más invisibilizados del nuevo mapa del trabajo.

JJD

La pulseada por la conducción de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense terminó de resolverse en las últimas horas y, todo indicaría, dejó a Agustín Romo ratificado al frente de la jefatura del bloque, luego de semanas de incertidumbre. Aunque en los días previos circuló la versión de que el legislador quedaría afuera del cargo, elDiarioAR confirmó que finalmente conservará su lugar en el marco del reordenamiento interno que impulsa Sebastián Pareja después del triunfo nacional de octubre.

En la previa al recambio institucional, Romo había quedado atrapado entre dos fuerzas simultáneas: la consolidación territorial del armador bonaerense y el mensaje disciplinador que Karina Milei bajó desde Mar del Plata, donde reclamó unidad y avisó que no habrá tolerancia para indisciplinas, según publicó Pablo Lapuente en Letra P. Ese contexto alimentó versiones sobre un eventual reemplazo, que terminaron desmentidas por la definición final.

La cena que Pareja y Romo compartieron este lunes en una oficina del microcentro porteño buscó justamente amortiguar ese escenario. Ambos se sentaron a la mesa para limar asperezas y enviar una señal de distensión, conscientes de que una interna abierta complicaría los planes políticos del oficialismo. Fue un encuentro sin estridencias, pero decisivo: según pudo saber elDiarioAR, allí se terminó de acordar que Romo continuaría en la jefatura y que los reajustes internos se ordenarían sin fracturas visibles. La tregua permitió estabilizar el clima, aunque todos admiten que llega después de una negociación ardua y de un equilibrio que aún está en proceso de asimilación.

El poder relativo de Pareja explica buena parte de la dinámica. Convertido en el dirigente bonaerense más influyente del oficialismo, con control sobre buena parte de los nuevos diputados y senadores provinciales, el armador llegó a la reunión del lunes con una musculatura reforzada. Las cenas que encabezó la semana pasada con legisladores electos y salientes, sumadas a su presencia central en el seminario partidario de Mar del Plata consolidaron su imagen como el referente territorial de La Libertad Avanza en Buenos Aires. Y no solo eso: el 10 de diciembre, Pareja asumirá como diputado nacional y planea pisar fuerte en la Cámara, con aspiraciones explícitas de construir un polo de poder parlamentario que lo proyecte hacia 2027.

Es que en su entorno ya hablan de un “plan Pareja” que busca articular simultáneamente tres frentes: liderazgo territorial bonaerense, peso propio en el Congreso y rol de ordenador interno del universo libertario. Desde esa lógica, el control político de la Legislatura bonaerense —y especialmente sus cargos estratégicos— se vuelve una pieza clave. En ese marco, La Libertad Avanza —que ahora tendrá la segunda minoría en alianza con el PRO— logró ubicar a Juan Esteban Osaba como vicepresidente segundo de la Cámara, un lugar relevante dentro de la nueva arquitectura legislativa. Pareja y Karina Milei intentaron, sin éxito, colocar allí a Ramón “Nene” Vera, expuntero del peronismo del oeste reconvertido en legislador violeta, una jugada que buscaba consolidar poder propio dentro de la estructura legislativa.

En los alrededores de Pareja repiten que el objetivo es “ordenar el bloque” para el nuevo período legislativo. En sectores del karinismo mencionan que la Legislatura necesita una conducción alineada con el dispositivo territorial que el oficialismo quiere construir para 2027. La continuidad de Romo, hombre de Las Fuerzas del Cielo y figura del ecosistema digital cercano a Santiago Caputo, se explica en ese contexto: su perfil hiperactivo y su capacidad para sostener la identidad libertaria resultan funcionales al esquema, siempre que convivan con una estructura negociadora más sólida en manos del dispositivo territorial.

En paralelo, todo el mundo recuerda que la decisión final no sería provincial sino presidencial. Milei había intervenido en el pasado para asegurar la jefatura del bloque, y esta vez volvió a inclinar la balanza —explícita o implícitamente— en favor de la continuidad de Romo. Ese dato terminó de despejar las incógnitas del nuevo escenario. En el oficialismo bonaerense repiten que “las cosas cambiaron”, pero que el reordenamiento legislativo debía hacerse sin costos políticos innecesarios.

Por ahora, la tregua es apenas eso: una estabilización momentánea en un esquema que se está reconfigurando en tiempo real. La consolidación de Pareja como arquitecto provincial termina de armar un nuevo mapa interno. Y sobre ese tablero, hay una certeza que todos en La Libertad Avanza repiten: lo que terminó de resolverse esta semana es apenas el primer capítulo de un reordenamiento que mira al 2027 y que tendrá, desde el 10 de diciembre, un nuevo escenario de poder en la Cámara de Diputados.

PL

Raúl Jalil, cumplió con su promesa. Después de semanas de negociaciones, el gobernador de Catamarca mandó a sus diputados a romper con el bloque peronista en la Cámara baja y le regaló al Gobierno la primera minoría. Reunidos durante más de seis horas en el tercer piso del Congreso, la conducción cristinista de la bancada intentó evitarlo, pero no hubo manera: Martín Menem había ganado. 

La carta oficial apareció en las pantallas de los diputados peronistas cuando llevaban reunidos discutiendo hace más de tres horas. Los catamarqueños Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot anunciaban que se iban de Unión por la Patria y creaban el bloque “Elijo Catamarca”. Solo Claudia Palladino, del riñón de la cristinista Lucía Corpacci, había decidido rebelarse a Jalil y quedarse. Fue la única catamarqueña que participó de la reunión de bloque. 

En el peronismo predominaba la resignación. La maniobra de Jalil le había dejado servida en bandeja la primera minoría en la Cámara de Diputados a Menem, ya que con la pérdida de los tres catamarqueños, el peronismo se había quedado con 93 integrantes. El riojano, en cambio, había dedicado el último mes a robar diputados de las filas del PRO y la UCR y logró cerrar la jornada con una postal de fortaleza insólita: con 95 diputados propios, LLA se había convertido en la fuerza más grande del recinto. 

Era la cosecha de un trabajo pormenorizado y puntilloso. Menem quería la primera minoría no solo para hacerse de más lugares en las comisiones y en los organismos públicos –como la Auditoría General de la Nación o el Consejo de la Magistratura–, sino también por el efecto político. LLA era un partido nacional y, ahora, además, un bloque mayoritario: una demostración de fuerza que compensaba el backlash negativo que podía recibir de sus ex aliados a los cuales había robado. Especialmente de Cristian Ritondo, que está furioso y promete venganza.

Menem estaba exultante. Sus asesores y dirigentes de confianza se movían por los pasillos de la Cámara de Diputados como si acabaran de ganar las elecciones de nuevo. La confirmación de la victoria les llegó del propio peronismo, cuando se enteraron que el puntano “Gato” Fernández, que había amagado con sumarse a UxP, dejó de responderle los mensajes a Cecilia Moreau. Era game over para el peronismo.  

Por si acaso, Menem robó un último diputado tarde a la noche. Los últimos habían sido los santafesinos del PRO, Verónica Razzinni y Alejandro Bongiovanni. Y, el martes a la noche, en la previa de la sesión preparatoria del miércoles, se anotó uno más: el entrerriano Francisco Morchio, que responde a Rogelio Frigerio, anunciaba su pase a las fuerzas del cielo. 

Peronismo roto

Después de la fuga de los catamarqueños, en el peronismo intentaron desdramatizar la ruptura, alegando que era una crónica anunciada. El malestar de los gobernadores con la conducción cristinista será un dolor de cabeza en el futuro. Y Germán Martínez, que fue ratificado como jefe de UxP, lo tiene bien claro. 

El desafío, por estas horas, es evitar mayores fugas. Los peronistas del “interior” vienen acumulando críticas contra el “ambacentrismo” de la conducción cristinista hace años y sostienen conversaciones sobre la posibilidad de armar un subbloque propio por fuera del ámbito de influencia del kirchnerismo más duro. 

Martínez intenta hacer equilibrio junto a la camporista Paula Penacca y la massista Cecilia Moreau –los tres integrantes de la conducción del bloque–, pero su objetivo principal es ganar tiempo. Dilatar las nuevas rupturas para después de marzo, cuando los debates de las principales reformas de Javier Milei –Presupuesto, reforma laboral o modificación de la Ley de Glaciares– hayan terminado. 

Su propuesta fue crear una “mesa federal” en donde incluir a legisladores de todos los espacios del panperonismo. Una estrategia que, en el pasado, nunca le ha funcionado muy bien al peronismo. Pero el objetivo es ganar tiempo, por lo que en la conducción esperan poder aplazar, así, las nuevas internas por un rato. Solo por un rato.

MCM/CRM

Tres diputados radicales se sumaron este miércoles a la Libertad Avanza, con lo cual el bloque oficialista tendrá 91 legisladores, y cada vez está más cerca de alcanzar la meta de convertirse en la primera de minoría en ese cuerpo legislativo.

Los diputados que se sumaron a las filas libertarios son Luis Picat, José Tournier, y Mariano Campero que habían conformado la bancada de Liga del Interior, cuando se fueron del bloque de la UCR, y tenían un interbloque con LLA.

Voceros parlamentarios de la LLA señalaron que el oficialismo busca también sumar a otros dos legisladores, una ex PRO, Verónica Razzini, y el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni.

El presidente del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni, le dio la bienvenida a través de las redes sociales a la Libertad Avanza y señaló que “seguimos sumando leones para aprobar las leyes que necesita. A partir de diciembre seremos el Congreso más reformista de la historia”.

El peronismo tendrá 96 legisladores desde diciembre, pero tiene el riesgo de que se reduzca su representación, ya que corren versiones de que el gobernador de Catamarca Raúl Jalili puede armar un bloque propio con sus cuatro diputados.

Tampoco está claro que postura que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, que tiene siete legisladores que responden al mandatario de esa provincia.

Con información de la agencia NA

La Libertad Avanza (LLA) buscará alcanzar 90 legisladores propios en la Cámara de Diputados cuando se produzca en diciembre próiximo la renovación parlamentaria, después de la incorporación este jueves a la bancada libertaria de la legisladora del PRO Belén Avico.

El incremento de la bancada se realiza a expensas de la sangría del principal aliado, el PRO, que la semana pasada ya perdió cinco legisladores y a los que ahora se sumó Avico. Además, podría perder otra banca si renuncia Silvia Lospennato, electa legisladora porteña en los comicios distratales del 18 de mayo.

La cooptación de diputados del PRO para sumar más diputados a LLA tensa las relaciones con el jefe de ese bloque, Cristian Ritondo, uno de los principales armadores de la alianza electoral entre ambas fuerzas en la provincia de Buenos Aires.

Este jueves se formalizó el pase de los cinco diputados del PRO que responden a Patricia Bullrich a la bancada de LLA, que ahora pasará a tener 42 diputados hasta el 9 de diciembre.

Se trata de Damián Arabia, Silvana Guidici y Patricia Vázquez, con mandato hasta el 2027, y los legisladores que fueron reelectos en la lista de LLA Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado.

A esa lista se sumó este jueves el anuncio de que Avico deja el PRO para sumarse a LLA de Córdoba y al bloque de diputados, según anunciaron la ministra y futura senadora Patricia Bullrich y el jefe del bloque de los libertarios, Gabriel Bornoroni.

“Avico, que desde hace tiempo trabaja con nosotros, se suma al bloque de diputados de LLA. Cordobesa, empresaria y firme defensora de la libertad y del cambio”, destacó Bullrich desde sus redes sociales.

Avico había ingresado a la cámara en 2023 por el PRO, y tiene mandado hasta diciembre de 2027.

La bancada de LLA tendrá desde diciembre 88 diputados propios ya que, de los 64 que fueron electos, 51 pertenecen a la LLA, y aspira a sumar dos o tres legisladores más que podrían confirmarse en las próximas semanas, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Uno de los temas que aún queda pendiente es que hará Lospennato, que tiene mandato hasta el 2027 pero podría renunciar para asumir en la Legislatura porteña, con lo cual será reemplazada la bullrichista Lorena Petrovich.

También el oficialismo espera avanzar con las negociaciones con la diputada santafesina Véronica Razzini, otra exlegisladora del PRO que formó Futuro y Libertad.

Fuentes parlamentarias señalaron que Razzini aun no tomó ninguna decisión y que la legisladora avanzará en conversaciones ya que “básicamente está evaluando qué le conviene al espacio de acá a 2027”.

Con el salto de Avico a LLA, el PRO se quedará con 16 diputados pero ese número podría reducirse a una quincena y dependerá de la postura que adopte el santafesino Alejandro Bongiovanni.

Con 90 diputados propios y los aliados del PRO, Liga del Interior y la UCR, LLA espera alcanzar los 115 legisladores, lo que le facilitará sancionar leyes claves para el Gobierno como el Presupuesto 2026.

Con información de la agencia NA

Santiago Caputo vive sus días más ásperos desde que La Libertad Avanza llegó al poder. El asesor más influyente del Presidente, cerebro de la estrategia libertaria y dueño de un despacho en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, enfrenta ahora un asedio silencioso. El recambio ministerial que consolidó el dominio político de Karina Milei lo confirmó en su puesto, pero dejándolo a la intemperie: sin firma y, por primera vez, con un poder que ya no es vertical sino defensivo. “Está igual de adentro que antes, pero con su territorio en disputa”, resume con ironía un funcionario.

Hace tiempo que Caputo dejó de ser un simple consejero: su firma no figura en los decretos, pero su mano apareció en cada decisión de peso tomada por el Javier Milei en los últimos dos años, desde la comunicación hasta la selección de funcionarios. El nuevo rediseño del gabinete que bendijo el Presidente, si bien otorga un mayor poder a su hermana, lejos está de garantizar el final de la guerra fría protagonizada los bandos referenciados en el estratega y en Karina Milei.

Tras una semana frenética para La Libertad Avanza, los cambios por venir parecen ir cocinándose a fuego lento. Aunque la sorpresiva unción de Diego Santilli en el Ministerio del Interior —cartera que, según se rumoreó, podría haber sido ido para el propio Caputo— volvió a poner todo en discusión, no habría necesidad en apurar para antes del 10 de diciembre la designación de los sucesores de Patricia Bullrich y Luis Petri en Seguridad y Defensa, respectivamente.

Sin embargo, las áreas del Estado históricamente dominadas por el caputismo ya comenzaron a entrar en tensión. En ARCA (ex AFIP), donde la semana pasada asumió como director adjunto de Aduana Esteban Marzorati, un exfuncionario de Comercio cercano a Luis “Toto” Caputo, no se descarta que haya más movimientos: es una incógnita lo que vaya a suceder con dos figuras que reportan a la escudería de Santiago, como son el titular de ese área, Andrés Velis, y su misterioso par de la DGI, Andrés Vázquez.

En YPF, la presión política apunta al sector que opera en el área de Comunicación y Relaciones Institucionales, hasta ahora vinculada a Guillermo Garat, uno de los ejecutivos más cercanos al asesor libertario y otrora socios en la consultora Move. Lo propio ocurre en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde crece la desconfianza del entorno de Karina hacia el tándem que integran el jefe del organismo Sergio Neiffert y su hijo Lautaro. “Esa estructura se va a revisar”, reconocen fuentes del oficialismo, que usan la palabra “normalizar” como eufemismo de depuración.

Rosca judicial

La mira del karinismo estaría puesta principalmente sobre una cartera clave: el Ministerio de Justicia. Allí, la continuidad de Mariano Cúneo Libarona —que semanas atrás había puesto su renuncia a disposición— fue garantizada por los hermanos Milei, con un objetivo claro: bloquear el desembarco de un dirigente del PRO o de su segundo, Sebastián Amerio, amigo personal y alfil de Caputo, hasta hoy figura excluyente del oficialismo en los pasillos de los tribunales.

Se trata de una pulseada interna que se superpone con otra trama más inesperada. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes involucradas, Karina Milei y Cristina Fernández de Kirchner mantendrían desde hace semanas un canal de interlocución reservado, mediado por los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. La negociación gira en torno a la designación de jueces y el reparto de influencia en el sistema judicial, con el ministro bonaerense Juan Martín Mena y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti —formalizada hace un mes como integrante del Consejo de la Magistratura en reemplazo de Claudia Ledesma Abdala de Zamora— como enlaces del cristinismo.

Esa mesa paralela choca de frente con los planes de Santiago Caputo, que pretende seguir reservando esas tratativas para Amerio y un reducido equipo de operadores afines. Sin embargo, dentro del oficialismo, todos recuerdan un atecedente incómodo: el traspié que el asesor protagonizó el verano pasado, cuando fracasó en la negociación para colocar a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema. Aquel episodio, que terminó con un rechazo legislativo y un costo político elevado, se transformó en una marca interna. “Fue la primera vez que se lo vio vulnerable”, recuerda un funcionario.

¿Fin de la “diplomacia paralela”?

El lugar incómodo que hoy ocupa Caputo también puede repercutir en el frente externo. Durante meses, el asesor fue el nexo informal entre el Presidente y los Estados Unidos, a través del consultor republicano Barry Bennett y del polémico empresario argentino que reside en la Florida, Leonardo Scatturice. Entre los conocedores del paño, hay unanimidad en considerar que de esa conexión surgieron los encuentros con Donald Trump y el apoyo financiero del secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent. Pero su misión, al menos en el plano “diplomático”, parece ya haber finalizado: el hombre de las finanzas mantiene diálogo directo con el ministro Luis “Toto” Caputo, sin pasar necesariamente por su sobrino, el estratega libertario. En Washington ya identifican al “otro Caputo” como el contacto real del gobierno argentino.

La situación quedó aún más expuesta este martes, cuando Milei recibió en Casa Rosada al flamante embajador estadounidense, Peter Lamelas, en una audiencia de la que no participó el consultor. Sectores del oficialismo leyeron la foto como una señal del giro institucional que busca imponer la Cancillería, ahora a cargo de Pablo Quirno, y una muestra del achicamiento progresivo de la influencia que supo tener Caputo con su “embajada paralela” asentada en Miami.

En menos de una semana, Karina colocó a figuras de su confianza en dos de los puestos clave del gabinete y desplazó a los interlocutores que servían de amortiguador entre el Presidente y su entorno, como era el caso de Guillermo Francos. La llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete terminó de consolidar ese dominio, de la mano de un fortalecimiento de los primos Menem. Martín, confirmado al frente de la Cámara de Diputados, y “Lule”, como principal operador de la hermanísima, se convirtieron en los guardianes del nuevo orden libertario cada vez más endogámico.

Cerca de Caputo intentan minizar las corrientes en su contra, pero en los hechos el equilibrio cambió puertas adentro del “triángulo de hierro”. El monje del mileísmo, el operador que decidió hacerlo todo sin cargo ni firma, vive hoy bajo asedio, mientras Milei alterna entre la devoción intelectual que le profesa a su asesor y la dependencia emocional que mantiene con su hermana. En un gobierno que muta a cada semana, Karina es la única constante: la pieza que nunca se mueve y, a la vez, mueve a todas.

PL/CRM

Javier Milei volvió a dejar en manos de su hermana el control político. Aunque en un principio estaba previsto que encabezara el encuentro con los diputados electos de La Libertad Avanza, finalmente fue Karina Milei quien presidió la reunión de este lunes en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. El Presidente permaneció en su despacho y no participó de la foto grupal, que terminó convertida en un gesto de poder interno: la confirmación, una vez más, de que la secretaria general es la principal articuladora política del oficialismo.

En el cónclave, que comenzó a las 13 y se extendió durante casi dos horas, Karina estuvo acompañada por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el exsenador Eduardo Menem, a quien presentó como un “referente doctrinario” para los nuevos legisladores. Histórico operador del Congreso en los 90, Eduardo es el padre de Martín.

Cerca de sesenta legisladores electos participaron del encuentro. Entre los presentes estuvieron Patricia Bullrich, senadora electa y futura jefa del bloque libertario en la Cámara alta, y Gabriel Bornoroni, confirmado oficialmente como el líder de la bancada en Diputados. Hombre de confianza de Martín Menem y dirigente cordobés de perfil pragmático, Bornoroni fue uno de los organizadores de la reunión y el encargado de coordinar el trabajo con los legisladores que se sumarán el 10 de diciembre.

Ante los futuros diputados, Karina Milei delineó ante ellos la agenda legislativa inmediata: impulsar en sesiones extraordinarias la reforma laboral, la tributaria y el nuevo Código Penal, junto al tratamiento del Presupuesto 2026. “Las reformas son el corazón del programa y necesitamos a todos alineados”, remarcó el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, que participó del encuentro aunque no asumirá su banca por la provincia de Buenos Aires.

El clima fue de entusiasmo y disciplina, lo que seguramente vuelva a replicarse este miércoles cuando la hermana del Presidente reciba, también en la Casa Rosada, a los senadores electos. “Tenemos muchas ganas de trabajar. Los que somos jóvenes en la política venimos a refrescar y tenemos muchas ganas”, dijo la diputada electa Karen Reichardt al salir de la reunión. Su compañero Alejandro Carrancio, también electo por la provincia de Buenos Aires, completó: “Esperamos que en esta segunda etapa podamos movilizar los proyectos que pide el Presidente. Estamos en condiciones de llamar a extraordinarias y hacer lo que Milei disponga”.

En la Casa Rosada admiten que la decisión de que Karina encabezara la reunión no fue casual. Con el Presidente concentrado en la gestión económica, la secretaria general buscó reafirmar su autoridad política y marcar el tono de la nueva etapa: cohesión, verticalismo y lealtad absoluta. “Fue un mensaje interno: la conducción no se discute”, sintetizó ante al consulta de elDiarioAR un funcionario que participó del encuentro.

Aunque compartieron boleta en varios distritos, los legisladores que ingresaron por el PRO no fueron invitados. Quedaron afuera, entre otros, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi, Javier Sánchez Wrba, Fernando de Andreis y Antonela Giampieri. La decisión refuerza la línea que sostiene la cúpula libertaria: marcar distancia con el macrismo y evitar que el gesto se lea como un cogobierno.

La foto de hoy tiene también un valor interno. La victoria electoral reforzó el eje político que integran Karina, “Lule” y Martín Menem, en detrimento del ala que responde a Santiago Caputo, que había intentado disputar influencia en el armado parlamentario. En la Presidencia destacan que el triunfo de las “listas puras” validó la conducción de la hermana del Presidente y consolidó su poder dentro del oficialismo.

En ese sentido, el cierre tuvo un gesto simbólico cuidadosamente diseñado por la Secretaría General: al retirarse, cada legislador recibió una bolsa violeta con la inscripción La Libertad Avanza y una Constitución Nacional en su interior. Un recordatorio del credo libertario en el día en que Karina Milei, sin estridencias, volvió a mostrarse como la jefa política del Gobierno.

PL/MC

Un Javier Milei empoderado recibió anoche a Mauricio Macri en la quinta de Olivos, en un encuentro que se concretó en medio de la reestructuración del gabinete libertario y de la búsqueda de consensos legislativos para avanzar con las reformas laboral, tributaria y del Código Civil. Fue la primera cena entre ambos después de las elecciones legislativas del domingo, en las que La Libertad Avanza se consolidó como primera fuerza nacional.

Macri llegó a Olivos poco despues de la 21, casi en simultáneo cuando Guillermo Francos, uno de los interlocutores del expresidente en el Gobierno, presentaba su renuncia como jefe Gabinete.

Si bien inicialmente estaba previsto un almuerzo, la cita se reprogramó para después de las 20. El Presidente volvió a oficiar de anfitrión con su ya tradicional menú de milanesas y ensalada. No estuvo claro, Francos, cómo si lo hizo otras veces. Pero esta vez se sumó la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, figura clave en el círculo presidencial.

En el entorno libertario admiten que el clima cambió: después de la victoria, la idea de un gobierno compartido con el PRO perdió fuerza. “Hoy no necesitamos ampliar, sino ordenar lo que tenemos”, deslizó un funcionario de Casa Rosada. Milei valora el diálogo con Macri, pero cerca suyo aseguran que no está dispuesto a ceder espacios de poder.

“Yo lo que pondero mucho es que él siempre se acercó con generosidad, me aportó elementos de su experiencia, algunos los tomé, otros no los tomé. Algunos de sus consejos me resultaron muy importantes, hay toda una serie de cuestiones”, dijo el Presidente en su entrevista de anoche con A24, en la que buscó mostrar sintonía con su antecesor pero al mismo tiempo dejar en claro los límites del vínculo.

La designación de Pablo Quirno como canciller fue otro punto de inflexión. El economista, formado en Wharton y exdirector del JP Morgan, llegó al Palacio San Martín con el aval directo de Luis Caputo y el respaldo del propio Presidente, desplazando la posibilidad de que Macri ubicara allí a un hombre propio. En la Casa Rosada leyeron ese movimiento como una señal inequívoca: el PRO no tendrá control sobre áreas sensibles de la política exterior ni de la economía, las dos palancas de poder que el expresidente más codiciaba.

Macri, por su parte, llegó al encuentro con un tono más conciliador, aunque sus declaraciones públicas en los últimos días generaron ruido en la Casa Rosada. “Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo”, dijo el miércoles desde Chile, durante una exposición del holding financiero BICE Corp. En Balcarce 50 respondieron con ironía: “Es lo que tiene que hacer, hablar de 2027. No nos preocupa para nada”.

Reacomodamientos y presiones

La ausencia de Francos esta noche no pasa inadvertida. El ministro coordinador venía siendo el principal canal de comunicación entre el Presidente y el fundador del PRO, pero en las últimas semanas su futuro pareció verse amenazado por el avance de Santiago Caputo, el asesor político de máxima confianza de Milei. En la interna libertaria se percibe un cambio de fase: Francos conserva la relación institucional con los gobernadores, pero Caputo domina la estrategia política y busca diseñar del nuevo gabinete.

En los pasillos de Balcarce 50 también circuló, durante las últimas horas, el rumor de que el vocero Manuel Adorni asumiría como jefe de Gabinete, una versión que salió de un sector del oficialismo con el claro propósito de socavar la autoridad del ministro coordinador. La operación no prosperó.

Ratificado en su cargo por el propio Presidente, Francos se mostró fortalecido: apuró la convocatoria a los gobernadores y logró un encuentro que terminó siendo un éxito político para Milei, con veinte mandatarios presentes y un clima de distensión que el oficialismo interpretó como un gesto de validación.

En paralelo, el PRO atraviesa su mayor fractura desde su fundación. El sector que responde a Patricia Bullrich, con Damián Arabia como operador legislativo, avanza en la creación de un bloque propio que acompañe la agenda libertaria en Diputados. Entre las posibles incorporaciones se mencionan a Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado, entre otros. La jugada —que apunta a conformar un “bloque libertario blue”— ya había sido anticipada por María Cafferata en elDiarioAR y dejó al macrismo original de Cristian Ritondo en una posición defensiva.

El reacomodamiento en el Congreso refuerza la idea que sobrevuela la Casa Rosada: Milei ya no depende enteramente del PRO para garantizar la gobernabilidad. La victoria del domingo amplió su representación parlamentaria —80 diputados y 18 senadores propios— y redujo la capacidad de negociación del expresidente, que ve cómo su fuerza se desdibuja en manos de los libertarios.

De todos modos, el intercambio de esta noche no estará exento de gestos. Milei buscará mantener abierta la línea con Macri, sobre todo en temas sensibles como la licitación de la Hidrovía, donde el exmandatario promueve el desembarco de Guillermo Dietrich, pero el área está bajo control del ministro Caputo y de su delfín Iñaki Arreseygor. En ese tablero, tanto Karina como Santiago Caputo coinciden en blindar los organismos estratégicos y evitar que el PRO meta la cuchara.

El contexto general también juega a favor de la cautela. Ayer, en la reunión con gobernadores, Milei buscó proyectar una imagen de liderazgo dialoguista. Los mandatarios hablaron de “buen clima” y de la “generación de ámbitos de diálogo”, aunque aclararon que “nada fue concreto”. El Presidente tomó nota: las reformas estructurales avanzarán con o sin el apoyo pleno del macrismo.

PL/CRM

La mañana del lunes en la Casa Rosada fue, ante todo, silenciosa. Después de la euforia del Hotel Libertador, los pasillos recuperaron su ritmo habitual: funcionarios de paso breve, saludos medidos y la certeza de que la calma también forma parte de la victoria. “Ayer festejamos, hoy volvemos al trabajo”, resumió un funcionario con tono burocrático, mientras un asesor murmuraba que el desafío recién empieza.

En ese clima de serenidad impostada, Javier Milei ordenó bajar el tono y acelerar la agenda. Tanto la reforma laboral como la tributaria ya estarían redactadas y, según confirmaron en Balcarce 50, serán enviadas al Congreso en diciembre, cuando se concrete el recambio legislativo. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso, de las alianzas que tengo que buscar para poder pasar la agenda. Lo importante es conseguir las reformas”, dijo el Presidente en una entrevista con A24.

El objetivo es discutir ambas leyes con la nueva correlación de fuerzas, que deja a La Libertad Avanza como uno de los bloques más numerosos en Diputados y con peso propio en el Senado. En el Gobierno admiten que la victoria del domingo reconfiguró el tablero político: “No es lo mismo tener 35 diputados que 90 y pico”, subrayó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que seguirá en funciones al menos hasta fin de año.

Francos insistió en que el oficialismo está en “una posición de fuerza diferente” y que buscará consensos “sin ceder en el rumbo”. En su entorno confirman que ya trabaja con el ministro del Interior Lisandro Catalán y con el asesor Santiago Caputo en la construcción de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales. Sin embargo, el ida y vuelta con los mandatarios es todavía incipiente: más gestos que conversaciones formales.

El Presidente ratificó que el diálogo con los mandatarios será “en el corto plazo”, pero aún no fijó fecha ni formato. La mano de obra política, por ahora, corre por cuenta de los operadores de siempre: Francos, Caputo y Catalán, y en paralelo, los recién electos Patricia Bullrich y Diego Santilli, que empezaron a actuar como nexos informales. El “Colo”, que dio la sorpresa en Buenos Aires, habló este lunes con Rogelio Frigerio y Gustavo Valdés, dos gobernadores de perfil dialoguista, mientras que la ministra de Seguridad ya se piensa como posible presidenta provisional del Senado a partir de diciembre.

“El triunfo nos da margen para negociar con menos costo político”, se sinceró un funcionario libertario. En la práctica, el Gobierno apuesta a capitalizar la debilidad del espacio Provincias Unidas, que perdió peso parlamentario, y a tejer una red de acuerdos caso por caso para garantizar quórum.

Mientras tanto, en los despachos se repiten dos certezas: que los cambios de Gabinete serán recién en diciembre y que el Consejo de Mayo, la mesa que discute el llamado Pacto de Mayo, se convertirá en el vehículo institucional de las reformas. Allí confluyen representantes del Ejecutivo, del Congreso, de los empresarios y de los sindicatos.

Reformas en marcha

Aunque los borradores están listos, el Gobierno espera el nuevo escenario parlamentario para garantizar que las iniciativas no naufraguen en el Congreso. La intención oficial es flexibilizar las negociaciones salariales y fomentar, según su criterio, la formalización del empleo. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, confirmó que la reforma laboral incluirá “salarios dinámicos” (sueldos que podrían modificarse según el mes), convenios por empresa, pago en distintas monedas y un sistema de adicionales por mérito.

“La reforma laboral permitirá que muchos informales pasen a la formalidad, lo que subirá la recaudación y duplicará los fondos para las jubilaciones. Ganamos todos”, sostuvo Milei, convencido de que el resultado electoral legitima la segunda etapa de su programa económico. En paralelo, la reforma tributaria buscará simplificar el sistema impositivo y reducir la presión fiscal sobre las pymes.

Por otro lado, Milei, que no descartó cambios en su equipo, dejó entrever que las designaciones dependerán del resultado de las negociaciones legislativas. “Cualquiera que sirva a los efectos de conseguir los resultados, los voy a sumar. Soy bilardista”, repitió, fiel a su estilo.

Entre los nombres en danza, siguen bajo observación los de Francos y Catalán, aunque el Presidente no tiene apuro. Los reemplazos de Patricia Bullrich y Luis Petri, que asumirán en el Congreso, se definirán recién en diciembre. Y el futuro del Ministerio de Justicia sigue abierto tras la salida de Mariano Cúneo Libarona, sin reemplazante confirmado.

“Estamos tranquilos, pero no relajados”, dijo este lunes un funcionario. La euforia se disipó, pero el entusiasmo no: el Gobierno se siente fortalecido, con margen político para avanzar, pero consciente de que los acuerdos con las provincias y el Congreso definirán si el triunfo se traduce en poder real. “Ganamos poder, pero sobre todo tiempo”, admitió la misma fuente, al describir la lógica que domina ahora los pasillos de Balcarce 50.

PL/CRM