“Tenés que sacar un crédito del Nación. ¿Querés el contacto?”. La voz, segunda línea en un ministerio, narra el diálogo de un año atrás y da cuenta de un reparto que define como “una locura” de los préstamos hipotecarios del principal banco público, ése que Javier Milei propuso cerrar o privatizar. “Lo ofrecían por los pasillos”, recuerda ahora, cuando en los despachos oficiales repasan de memoria quiénes aceptaron y quiénes se perdieron a la oportunidad.

La cartera más comprometida es —una vez más— la de Luis “Toto” Caputo. Allí se anotan como receptores el secretario de Finanzas, Federico Furiase (US$280.000), y el asesor y director del BICE, el picante Felipe Núñez (US$315.000), entre otros. Una y otra vez, se demuestra que un plantel “exitosísimo” en el mundo privado llega a la función pública y exprime al Estado. En este caso, se hace entregar un crédito a tasa subsidiada, que cubre un porcentaje de la “primera vivienda” mucho más alto que cualquier entidad privada.

Si pueden y quieren, los tribunales deberán evaluar si los créditos a decenas de funcionarios y diputados transfugueados al oficialismo cumplieron con las exigencias de ingresos, o si se trató de un favoritismo a la hora de darles prioridad sobre ciudadanos de a pie, o nada de eso. El listado de violetas que usufructuaron la línea del Banco Nación habla por sí solo de la anormalidad en curso.

En el Palacio de Hacienda se vive un clásico: tirria contra Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que se desprendió de su jefe de Gabinete, Leandro Massacessi, apenas veinte minutos después de leer un tuit que lo sindicaba como beneficiario de una hipoteca del Banco Nación por unos US$ 300.000. Pettovello le pidió explicaciones por teléfono al hijo del “Menem Rubio” Horacio Massacessi, éstas fueron insatisfactorias y dispuso su despido inmediato.

“Los dejó expuestos a todos, están recalientes”, razona un testigo de la pelea con Caputo. Ayer, inmerso en la realidad paralela en la que se autopercibe domador del universo, Milei se desgañitaba en X para aclarar que el despido del jefe de Gabinete de Pettovello nada había tenido que ver con el crédito del Banco Nación, contra lo obvio explicado por el propio expulsado y múltiples fuentes oficiales.

La rivalidad entre Pettovello y el ministro de Economía se remonta a comienzos de la gestión ultraderechista, cuando la ministra trataba de destrabar partidas urgentes para asistencia social y educación, y se encontraba con la negativa tajante de su colega, porque “no hay plata”. Aquellos tironeos derivaron en al menos una renuncia de la ministra, finalmente retirada.

Núñez o el jefe de campañas digitales de Casa Rosada, Juan Pablo Carreira (Juan Doe, US$76.000), caen bajo el mismo tipo de daño autoinfligido que padece Manuel Adorni. Fueron tan agraviantes, abusaron tanto de la injuria y la calumnia, que ahora, cuando quedan expuestos por avivadas, corruptelas o corrupción a gran escala, se acumulan los enemigos y son pocos los dispuestos a dar la cara por ellos. Señalados por los vecinos del consorcio del edificio al que se mudaron o los tribunales, nada los incrimina tanto como el goce expresado en redes ante el dolor social generado por la motosierra.

Aunque los oficialistas beneficiados con los créditos que detectó el diseñador gráfico y experto en datos Andrés Snitcofsky pertenecen a las distintas tribus, el escándalo no escapa a la interna. Unos trataban de hilvanar explicaciones y otros buscaban salir por arriba, con imposturas que decían no entender “qué está mal” de solicitar un crédito.

La misma fuente gubernamental antes citada acotaba ayer: “Qué barato le está saliendo a Darío Wasserman. ¿Por qué nadie lo nombra?”. Se trata del presidente del Banco Nación, responsable principal de un esquema de créditos canalizado por el método de la casta voraz enquistada en el Estado. Además de administrador de una pauta publicitaria generosa, Wasserman es esposo de Pilar Ramírez, una ex filocamporista que se volvió inseparable de Karina Milei, la terminal donde conducen casi todos los indicios de corrupción en el Gobierno del Soez.

Territorio Mahiques

El martes tuvo lugar una reunión clave y reveladora entre el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y ocho de los nueve jueces de la Cámara de Casación Federal. El único ausente fue Alejandro Slokar, quien prefirió ahorrarse la foto de una cita convocada sin agenda. En un dato elocuente, el lugar central en la imagen protocolar lo ocupó el décimo participante del encuentro, Santiago Viola, el viceministro de Justicia, proveniente de la línea SIDE y otro de los adoptados por Karina.

El comienzo de la cita tuvo un tono emotivo. El más veterano de los jueces, Carlos Mahiques, ofició como anfitrión. Se mostró movilizado por el hecho de ser visitado por el ministro Juan Bautista. No fue ni de cerca el primer encuentro semipúblico del que participan padre e hijo. Por caso, ambos compartieron el inolvidable viaje a Lago Escondido organizado por el Grupo Clarín, en 2022, periplo de lujo que incluyó a jueces, espías, directivos del conglomerado mediático y funcionarios del entonces gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

La filtración oral y escrita del Telegram del grupo de Lago Escondido, en plena efervescencia por esconder el hecho, alumbró el papel de Mahiques padre caracterizado por la irascibilidad y la promesa de venganza, mientras que a Mahiques hijo le tocó pergeñar “una facturita” para justificar gastos y el diseño para trasladar la investigación a Comodoro Py, donde consiguió un éxito rotundo meses después, cuando la causa fue archivada.

Mahiques padre se juega mucho en las próximas semanas. En noviembre próximo cumple 75 años, edad de retiro para los jueces, pero Javier Milei quiere que permanezca en esa silla. La conexión con el ministro será fundamental en la instancia penal por la que pasan todas las investigaciones de corrupción de funcionarios nacionales y que además interviene en los procesos inferiores, reasignando causas entre juzgados, separando jueces, vetando pruebas o atrayendo expedientes a Comodoro Py.

El 3 de febrero, el Gobierno envió al Senado el pedido para extender el acuerdo de Mahiques padre hasta sus ochenta años. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ya impugnó el proyecto. Esa organización menciona los antecedentes de Lago Escondido y el festejo de la familia Mahiques en el predio de la AFA como razones para que el patriarca efectivice su jubilación de una vez por todas, pero se basa en un argumento de mayor peso.

En 2013, Mahiques fue designado por concurso como juez de la Cámara de Casación Penal (fuero ordinario, no federal). Tras un interregno como ministro del Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Mahiques volvió a tribunales, pero fue trasladado por decreto de Mauricio Macri a la estratégica Casación federal, sin concurso, en 2017. Al año siguiente, ante las quejas por esa práctica de la que abusó el Ejecutivo de Cambiemos, el Senado votó el nombramiento, pero —recuerda INECIP— ello no salva la falta de concurso establecida en la ley. En esa línea, la extensión del mandato de Mahiques con la que ahora pretenden premiarlo los Milei sería la prolongación de una ilegalidad. Si el Senado consigue los 37 miembros que levanten la mano, les tocará al Presidente y a Mahiques hijo firmar la extensión. Otro brindis emotivo hasta las lágrimas.

El encuentro en la sala de Acuerdos de Casación Federal no fue sólo camaradería y protocolo. El juez Guillermo Yacobucci —otro veterano del fuero— aprovechó para reforzar la idea de que no es necesario completar las cuatro vacantes de la Cámara (son trece asientos y hay nueve ocupados). Según dos fuentes al tanto del contenido de la reunión, varios de sus colegas y el ministro Mahiques celebraron idea, que podría materializarse en un proyecto de ley para reducir el número de integrantes del tribunal o, más sencillo, con la simple inacción del Ejecutivo. Si no propone a nadie, las sillas siguen vacías. Son varios los jueces de Casación que enfrentaron pedidos de juicio político, algunos de ellos con mucho cuerpo, pero todos resultaron anulados o hibernados. Mejor dejar todo como está y ganan todos.

El frente de Casación Federal parece despejado con la influencia de los Mahiques, mientras la Corte Suprema reducida a tres miembros tampoco presenta mayores problemas para el Gobierno ultraderechista. Ninguno de los supremos supone un desafío para los deseos de Karina, y la mala relación entre los cortesanos contribuye a neutralizar algún intento individual de salirse del guion.

Más abajo, en la segunda y primera instancia del fuero criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires, parece estar en curso un tránsito desde un esquema que en la última década y media pareció orbitar en el macrismo, fuera por adhesión ideológica o comunidad de intereses, a otro de impronta mileista. Hasta ahora, el Ejecutivo de La Libertad Avanza convivió a gusto con esa trama urdida por la mesa judicial constituida en el Gobierno de Macri, estamentos tradicionales del fuero federal y la SIDE. Algo está cambiando bajo la dirección de la dupla Mahiques-Viola. Una terminal propia permitiría a los Milei moverse con soltura sin tener que pedir lealtades prestadas.

Vetos

Los movimientos alcanzan a la Cámara Federal, dividida en dos salas de tres miembros cada una. Martín Irurzun también tiene 74 años y aspira a lograr una extensión de su designación como camarista federal. Uno de los más veteranos de Comodoro Py, fue el autor de la doctrina que sirvió para encarcelar a varios funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo el argumento del peso residual que podrían conservar para entorpecer el proceso judicial. El concepto se restringió exclusivamente a funcionarios peronistas, que pasaron meses y años en la cárcel, sin sentencia. La relación con el macrismo de Irurzun, considerado propio por la UCR, fue inmejorable, pero por algún motivo —acaso ése— el tándem Mahiques-Viola no muestra intenciones de enviar al Senado la solicitud de extensión del mandato.

Milei podría tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis jueces que integran la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de magistrados federales en todo el país.

Meses atrás, Irurzun tuvo una intervención que dio que hablar en el expediente de las presuntas coimas asociadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocida como “el 3% de Karina”. En línea con las defensas de los lobistas y empresarios imputados, el camarista puso el foco en la necesidad de constatar la legalidad de los audios del amigo de Milei Diego Spagnuolo. El argumento está en el aire y podría definirse en los próximos días.

A la vacante que dejaría Irurzun en la Cámara, se podrían sumar las de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados, en 2018, sin concurso a Comodoro Py, al igual que Mahiques padre, pero sin siquiera contar con el acuerdo posterior del Senado. La Corte Suprema ya estableció que su designación fue ilegal, aunque permitió su permanencia hasta que la Cámara alta nombre a sus reemplazantes. En el edificio de Retiro se narra que el hoy viceministro Viola les hizo la cruz por su intervención en un expediente de inteligencia ilegal contra el juez Sebastián Casanello. Bruglia y Bertuzzi votaron por procesar a Viola, quien oficiaba como abogado de los hijos de Lázaro Báez y había armado una operación con sello de la SIDE. El interinato de ambos se da por acabado.

De tal manera que Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis integrantes de la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de jueces y fiscales federales en todo el país.

Apellidos permanentes

El concepto de “familia judicial” es más viejo que la democracia argentina. Hay un montón de Mahiques en diferentes cargos judiciales. Por aludir a otro apellido ya mencionado en la nota, el camarista de Casación Yacobucci —un juez muy receptivo a los pedidos de las defensas de los represores de la dictadura— tiene a su hijo, Ignacio, como secretario de la vocalía de su colega Javier Carbajo. La endogamia es ley, pero se avizora una nueva escala.

En la primera tanda de 62 propuestas de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, Mahiques se empeñó en agrandar la familia. Entre ellos, propuso al Senado nombrar a Juan Andrés Moldes, hijo del fallecido fiscal ultramenemista y macrista Germán Moldes, para cubrir un puesto de juez penal económico; a Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que tiene paralizada la causa $LIBRA, como titular de un juzgado federal en Hurlingham; y a Emilio Rosatti, hijo del supremo Horacio Rosatti, para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. De unos cuarenta jueces propuestos en esta instancia, al menos el 10% (Mahiques, Moldes, Juan y Rosatti) tienen relaciones de parentesco primario con apellidos de primer orden de la magistratura.

Los problemas de Emilio Rosatti con el alcohol —en dos oportunidades, 2021 y 2022, fue hallado al volante con más de 2 gramos de alcohol en sangre, unas cinco veces lo permitido, en caminos de su provincia, Santa Fe— y una denuncia por un divorcio turbulento lo obligaron a retirarse de un concurso en el pasado. Ahora, los obstáculos parecen zanjados para la vara moral de los hermanos Milei.

Una voz con peso en Comodoro Py define el mapa que quedará con los movimientos, remociones y designaciones que lleva adelante la sociedad Mahiques-Viola. “Con un promedio de edad de unos cincuenta años y horizonte de jubilación a los 75, se están asegurando un cuarto de siglo de dominio de Comodoro Py mediante un clan asociado al Gobierno”.

Calvario sin resurrección

En el corto plazo, los reacomodamientos en curso dejan capítulos a dilucidar. Uno de ellos es la investigación por las coimas en ANDIS. El fiscal Franco Picardi, quien instruyó una primera parte de la causa que derivó en 19 procesamientos, acaba de solicitar otras treinta indagatorias. El juez Ariel Lijo recibió en febrero la causa de manos de su colega Sebastián Casanello y debe decidir ahora si da curso a las indagatorias que, si escalan, tocaría las puertas de la Presidencia.

Entre Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano mantienen estaqueada la investigación por la criptoestafa $LIBRA, pero las pruebas difundidas por medios periodísticos que apuntan directamente a los hermanos Milei son tan contundentes, que enterrar ese expediente no será tan fácil.

Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

En cuanto a José Luis Espert y el financiamiento de parte de un presunto narco, la investigación por lavado de dinero está radicada en un juzgado federal de San Isidro. El último movimiento del exdiputado fue para mudar el expediente a Comodoro Py.

La causa que aportó más color y efervescencia en las últimas semanas es la de los gastos desmesurados y la expansión de bienes de Adorni, verdadero monotema puertas adentro de Casa Rosada. Sin voz, el vocero y jefe de Gabinete petrificó su sonrisa para sacarse selfies con ministros que se acercan para mostrarle su apoyo y darle el pésame. Cada vez que sale un posteo con la foto correspondiente, a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

El miércoles deberá prestar declaración testimonial la escribana Adriana Nechevenko, en apariencia, la armadora del pase de manos, hipoteca sospechosa y subfacturación del departamento en la calle Miró 550, barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cua. El fiscal Gerardo Pollicita, en quien Lijo delegó la investigación, prepara más citaciones a testimoniales para encontrar la punta del ovillo. Dilucidar los pasos de Lijo en pleno reacomodamiento de Comodoro Py y tras haber sido rechazado para ocupar una silla en la Corte Suprema despierta inquietas elucubraciones en despachos oficiales.

Nechevenko, habitué de Casa Rosada, conoce bien a Adorni. Tienen un punto en común. El jefe de Gabinete no pagó las expensas de enero, febrero y marzo de la calle Miró, por lo que acumulaba hasta días atrás una deuda de $3 millones. La escribana, por su parte, debería siete meses de expensas en su oficina del edificio de Luis Sáenz Peña 259, unos $2,2 millones acumulados.

El jefe de Gabinete designó abogado en la causa por los vuelos a Punta del Este y el presunto enriquecimiento ilícito. Su letrado es Matías Ledesma, hijo de un juez que condenó a las Juntas militares. Entre varios clientes famosos, Ledesma representó a Rosatti en un juicio por enriquecimiento ilícito en Santa Fe, que no prosperó, y a Silvio Robles, mano derecha del supremo en su vocalía de la Corte. En este caso, lo defendió por su indebida asesoría a Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia de Larreta y pasajero de Lago Escondido, en el marco de una disputa entre Nación y Ciudad. Para sorpresa de nadie, la causa tampoco avanzó.

El hijo de Robles es el community manager de Martín Menem.

En la misma oficina de la presidencia de Diputados trabaja Federico Sharif Menem, un joven de 24 años que tuvo la fortuna de acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación por US$240.000.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Manuel Adorni se armó un “súper lunes” para cancelar las versiones de que saldría eyectado del Gobierno durante el fin de semana largo. El jefe de Gabinete encabezará una reunión con los ministros en la Casa Rosada, forzándolos a sumar otra foto con él, que luego reforzará con un book de encuentros individuales con la excusa de tratar temas específicos. El alivio es circunstancial: su nuevo obstáculo ya no es mantenerse en el cargo este domingo de Pascuas, sino después de la declaración judicial de su escribana el próximo miércoles. 

Mientras tanto, los hermanos Milei no logran frenar los rumores de salida y son cada vez más los funcionarios que admiten por lo bajo su incomodidad con la situación. El escenario es poco alentador y remite a un guion conocido, el mismo que se utilizó con José Luis Espert. En ese entonces también hubo reuniones a solas con Milei en Olivos y un respaldo público total, que pocos días más tarde derivó en su salida. Aunque entre Espert y Adorni hay una diferencia fundamental: el jefe de Gabinete es un talibán de Karina. La teoría de varios funcionarios es que el Presidente esta vez buscará dejar pasar un tiempo prudente –un mes, a lo sumo dos– con la expectativa de que baje la espuma y poder habilitarle a su funcionario una salida un poco más elegante. Pero la realidad no da tregua; lejos de disiparse, el tema crece y cada día le brotan nuevos escándalos. 

Si Adorni se va, deja dos vacantes críticas: la Jefatura de Gabinete y la vocería, un rol que nunca dejó de ejercer en los hechos. Para el primer cargo se repite un cliché para descartar a varios de los nombres que suenan: Milei necesita a alguien de diálogo y “volumen político” para ocupar la Jefatura. Por eso, la opción racional sería inclinarse por Diego Santilli, pero lo cierto es que siempre hay una cuota de imprevisibilidad en la toma de decisiones del Presidente. 

La vacante más difícil de llenar será la discursiva, porque aún si se quedara en el Gobierno, Adorni sería un vocero silenciado. Javier Lanari empezó a levantar el perfil, aunque el cambio podría venir por el lado de la sorpresa. Lilia Lemoine siempre ambicionó ese puesto y cuenta con un voto de confianza renovado de los Milei, que hace unos días le premiaron con la presidencia de la Comisión de Juicio Político en Diputados.

Desde el 8 de marzo, cuando se conoció el vuelo de su esposa Bettina Angeletti en el avión oficial, pasando por la “invitación” a Punta del Este de Marcelo Grandio, sus contratos en los medios públicos, la casa en el Country Indio Cuá, la compra del departamento en Caballito con un préstamo de dos jubiladas que hoy desconocen la operación y las vacaciones en Aruba. La lista podría seguir. Karina le preguntó a Adorni, al menos en dos oportunidades en las últimas semanas, si había algo más. Los funcionarios más cercanos a ambos coinciden en que su respuesta fue que no. 

El “costo Adorni” y el desgaste 

“Nadie sabe lo que va a pasar porque son cada vez menos los que hablan con Milei, y los pocos que hablan no se animan ni a preguntar”, confesó a elDiarioAR un dirigente que supo ser cercano al Presidente, aunque admite que este tema se maneja con reserva total. Con un presidente aislado y una hermana con poder absoluto, los ministros no quieren quedar pegados al escándalo, obedecen y se sacan fotos pero evitan dar entrevistas. 

El “efecto Adorni” dejó de ser un problema de ética pública para transformarse en un lastre político. Ministros de peso ven cómo sus agendas quedan sepultadas y ya no ocultan su incomodidad. La senadora Patricia Bullrich se maneja con autonomía, cada vez más distanciada de Karina, que evitó invitarla al acto oficial por Malvinas, al que también faltaron Santiago Caputo y Sandra Pettovello. 

Pese a los reiterados apoyos de Milei, la devaluación de la palabra oficial genera nuevas versiones sobre la salida de Adorni. Sobre todo porque el caso estalló en un momento muy delicado para el Gobierno, tal como coinciden las principales encuestas. Según CB Consultora, la imagen negativa de Milei superó el 54 por ciento, mientras que la brasileña Atlas Intel marcó su desaprobación en el 61 por ciento, el valor más alto desde el inicio de la gestión. Hugo Haime, en tanto, señaló que la corrupción volvió a ser uno de los principales problemas para los argentinos, después del drama de los sueldos bajos. 

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito, que instruye el fiscal Gerardo Pollicita bajo el juzgado de Ariel Lijo, avanzó rápido en los últimos días. El próximo miércoles será una fecha clave con la declaración de la escribana Adriana Mónica Nechevenko, la mujer que certificó las operaciones inmobiliarias más polémicas de la familia Adorni. Su nombre saltó a la luz pública no solo por su rol técnico, sino por su inusual frecuencia de visitas a la Casa Rosada, donde estuvo al menos siete veces entre 2024 y 2025. Pollicita la citó como testigo, lo que la obliga a decir la verdad bajo pena de falso testimonio. El debut de Marcelo Ledesma, flamante abogado de Adorni, será un control de daños de lo que pueda salir de ese testimonio.

LA/MG

Javier y Karina Milei se ocuparon de difundir este miércoles que la confianza en Manuel Adorni sigue intacta y que permanece “inamovible” como jefe de Gabinete. Ante el cúmulo de cabos sueltos que aparecen a diario sobre su incremento patrimonial y gastos desmesurados, el Presidente y su hermana trataron de escenificar algo parecido a la normalidad y le armaron una agenda de reuniones con ministros para delinear “la recta final de la segunda etapa de Gobierno”.

Detrás de la retórica grandilocuente, nadie en el Ejecutivo da crédito a esa pantalla de “crisis superada”, otro de los conceptos que surgió de las entrañas oficialistas. Todos en el Gobierno —incluidos los Milei— saben que la situación de Adorni se define día a día, al calor de las propiedades y los gastos que se van conociendo, las sospechosas transacciones y la causa judicial en Comodoro Py que con alta probabilidad tendrá al funcionario indagado más temprano que tarde.

Uno de los últimos datos que alimentó la presunción de ilegalidades en el ascenso económico de Adorni es que las dos mujeres que figuran como prestamistas de US$200.000 para concretar la compra del departamento en la calle Miró 550 del barrio de Caballito parecen no conocer al jefe de Gabinete. Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, negó algún vínculo con Adorni, así como haberle concedido un crédito hipotecario, en un diálogo a través de un portero eléctrico con el periodista de La Nación Ignacio Grimaldi. Una mujer que atendió el celular de la otra prestamista en partes iguales, Claudia Sbabo, de 64 años, también dio a entender que no estaba al tanto de la operación.

De acuerdo a datos consignados en el registro de propiedad de la Ciudad de Buenos Aires, Viegas y Sbabo compraron la unidad de 200 m2 en Miró 550 al exjugador de fútbol Hugo Morales, a un precio de US$200.000, en mayo de 2025. Ambas vendieron el departamento a Adorni siete meses más tarde a cambio de US$230.000. Los valores consignados se ubican en la mitad del precio por metro cuadrado en esa zona de Caballito.

Los Milei le habían pedido a Adorni que agotara la información sobre los pormenores de su patrimonio, para evitar enterarse por la prensa de novedades inexplicables. Ante la versión de que las mujeres no conocían a Adorni, éste debió volver a responder preguntas ante la cúpula del Gobierno, pudo constatar este diario. El jefe de Gabinete les explicó al Presidente y a la secretaria general que una de las mujeres, Viegas, es la madre de un amigo, y que Sbabo es familiar de la primera.

De esta manera, el jefe de Gabinete se apresta a desmentir la versión publicada en La Nación, y también tratará de anular otra presunción que circuló en los últimos días: que Viegas y Sbabo no se conocen entre sí.

Adorni dice ahora que la hipoteca concedida será saldada con la venta del departamento en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco, cerca de la nueva propiedad en la calle Miró. Otra anomalía es que el precio publicado por la unidad de 191 m2 en Asamblea, US$ 289.000, es sustancialmente más alto que el abonado por Miró, pese a que esa zona de Caballito es bastante más cara.

El jefe de Gabinete insiste en que tanto la propiedad en Caballito como la casa en el barrio privado Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, adquirida en 2024 y anotada a nombre de Angeletti, formarán parte de la declaración jurada a ser presentada el 30 de mayo. Allí también deberá dar cuenta de un nuevo automóvil, un Jeep Compass Sport de 2021, que adquirió sin haber vendido el anterior. “Los números cierran”, insistió una fuente que escuchó las explicaciones de Adorni.

El presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita incluye el flujo de gastos, como el vuelo a Punta del Este en un avión privado entre el 12 y el 17 de febrero junto al amigo Marcelo Grandio, por el que uno de ellos o entre ambos oblaron cerca de US$9.000. Desde que este diario publicó la información, el 11 de marzo, Adorni se adentró en un galimatías para explicar su vida dispendiosa del que no pudo salir.

No es el único viaje bajo la lupa de la fiscalía federal, que quedó a cargo de la causa por delegación del juez Ariel Lijo. Hay otros vuelos de Adorni y Angeletti a playas de la región que llamaron la atención de Pollicita, supo elDiarioAR de fuentes con acceso al expediente. El destino en cuestión no es Hawaii, como circuló este miércoles.

Aunque Adorni no parece tener margen para recuperar la palabra en el corto plazo, los Milei creen que podrán dar vuelta la página con la apertura de nuevos debates, siempre y cuando no aparezcan más propiedades y gustos suntuarios. Las encuestas sobre el caso difundidas hasta ahora son demoledoras para la imagen del jefe de Gabinete.

Como sea, el operativo “olvido” deberá superar el escollo judicial, que comenzó a paso firme. Como anticipó este diario, la escribana Adriana Nechevenko, quien parece una figura clave en el armado de las compras de Adorni y Angeletti, fue citada a prestar declaración testimonial el 8 de abril. Ya pasaron por el juzgado de Lijo otros testigos vinculados al vuelo a Punta del Este y la lista de convocados por Pollicita promete crecer.

Una vez superada la primera ronda de testigos y con la documentación recabada en allanamientos y pedidos de informe, será el turno de las indagatorias.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El Gobierno difundió este miércoles un comunicado que, leído entre líneas, contiene una admisión llamativa: la gestión necesita ser “optimizada”. El mensaje oficial anunció que el presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunieron en la Residencia de Olivos para “repasar la agenda legislativa y delinear la recta final de la segunda etapa de gobierno”. A partir de esa conversación, Adorni iniciará una ronda de encuentros con los ministros y sus equipos técnicos.

El objetivo declarado, según la Prensa del Gobierno, es “analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027”. Las primeras reuniones ya tienen fecha y hora: el 6 de abril a las 14 con el Ministerio de Seguridad, el 7 de abril a las 14 con el de Salud, y el 8 de abril a las 10 con el de Defensa.

Así, Adorni se verá con la ministra Alejandra Monteoliva el lunes próximo; el martes, con Mario Lugones; y el miércoles, con Carlos Presti. En uno de esos ministerios confirmaron la reunión con el jefe de Gabinete, en otra señal que muestra que el Gobierno cerró filas sobre el ministro coordinador. “Objetivos de gestión. Plan de trabajo 26/27”, comentó un vocero consultado sobre los temas a discutir en esa reunión.

Este jueves se espera que Adorni acompañe a Milei en el acto por el aniversario de la Guerra de Malvinas en el Cenotafio de la Plaza San Martín, en la ciudad de Buenos Aires.

El operativo de visibilidad para Adorni llega en un momento delicado para el funcionario. La Justicia tiene la lupa puesta sobre su patrimonio y sobre su vuelo en jet privado a Punta del Este que generó sospechas. Adorni omitió aclarar que compró el departamento en Caballito donde vive. Su declaración jurada muestra solo $2,5 millones y más de US$48.000 en ahorros, dos propiedades y dos autos. Además, acaba de recibir un aumento del 100% en su sueldo y ya cobra $7 millones.

Este miércoles el propio Adorni eludió la conferencia de prensa que tenía agendada y se reunió con Milei, mientras la Justicia avanzaba sobre el expediente y la oposición preparaba miles de preguntas para interrogarlo.

La movida de este miércoles tiene, entonces, una doble lectura. Por un lado, el Gobierno intenta proyectar una imagen de planificación y control de gestión cara al año electoral 2027. Por el otro, le da a Adorni una agenda pública prolija y alejada del ruido judicial: reuniones institucionales, ministerios, equipos técnicos. Nada que ver con departamentos, vuelos privados o patrimonios que no cierran.

El texto íntegro del comunicado oficial dice: “En una reunión de trabajo mantenida en la Residencia de Olivos, el Presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de gobierno. Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027”.

MC

En su momento más crítico desde la llegada del Gobierno libertario al poder, que lo tuvo a Manuel Adorni desde el inicio como una figura central, sobre todo en la relación con la prensa y en los temas que el oficialismo decidía difundir y defender como parte esencial de su batalla cultural, a raíz de las denuncias e investigaciones judiciales que lo tienen en la mira por sospechas sobre el crecimiento de patrimonio, las propiedades a su nombre y el viaje familiar a Punta del Este en febrero pasado, el jefe de Gabinete decidió suspender este miércoles una nueva conferencia de prensa, tras la de la semana pasada, en la que debió dar explicaciones sobre su vida privada y sus gastos. Y a pesar de dos noticias aspiraban explotar al máximo para defender la gestión, como el fallo favorable en EE.UU. por la causa YPF y los datos del INDEC sobre los números de pobreza.

En su lugar, Adorni mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei en Olivos en lo que en el círculo íntimo del Ejecutivo dicen fue una muestra más de apoyo y que el encuentro fue “para abordar temas de agenda”, mientras crecen las voces de diferentes sectores que piden un paso al costado del exvocero.

En una reunión de trabajo mantenida en la Residencia de Olivos, el Presidente Javier Milei y el Jefe de Gabinete Manuel Adorni repasaron la agenda legislativa y delinearon la recta final de la segunda etapa de gobierno, según confirmaron fuentes oficiales. Con el objetivo de optimizar la gestión, el Jefe de Gabinete iniciará una ronda de reuniones con los Ministros y sus equipos técnicos para analizar la planificación y ejecución de sus respectivas carteras, proyectando además las metas operativas para el período 2026/2027.

Las primeras reuniones en realizarse serán:

La Justicia avanza

En las últimas horas, el fiscal federal Gerardo Pollicita dio el primer paso en una investigación que busca desentrañar la ingeniería financiera detrás de las recientes adquisiciones del Jefe de Gabinete y citó a declaración testimonial a la escribana Adriana Mónica Nechevenko. 

Nechevenko no es una figura circunstancial en la trama de compra de propiedades. Es la profesional que dio fe en la escritura de compra del departamento que Adorni adquirió el año pasado en el barrio porteño de Caballito, y quien también intervino, exactamente un año antes, en la compra de una propiedad en el exclusivo country Indio Cua a nombre de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

El foco de la Justicia se posa sobre una anomalía que desafía la lógica del mercado inmobiliario actual. Según los registros públicos, Adorni compró el inmueble de Caballito por un total de 230.000 dólares. Sin embargo, la mayor parte del pago (200.000 dólares) no provino de ahorros declarados ni de una entidad bancaria, sino de un préstamo personal otorgado por las mismas vendedoras.

Se trata de dos mujeres de 64 y 72 años quienes, sin relación previa conocida con el funcionario, aceptaron financiar el 87% de la operación a cambio de la constitución de una hipoteca sobre el mismo departamento. Para los investigadores, este tipo de “generosidad” entre desconocidos en una operación de divisas en efectivo es, cuanto menos, un indicio que merece ser profundizado.

El pasado 27 de marzo, el jefe de Gabinete quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal  Pollicita diera impulso a la acción penal.

Según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR, el fiscal solicitó la medida para avanzar con la investigación del patrimonio del funcionario y requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial.

Casi cinco mil preguntas para Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá responder casi 5000 preguntas que le formularon diputados de la oposición, de las cuales la mayoría estuvo centrada en el aumento de su patrimonio, el polémico viaje a Uruguay y el caso Libra.

Los legisladores presentaron las preguntas que Adorni tiene que contestar en el informe escrito que debe enviar a la Cámara de Diputados antes del 29 de abril, previo que concurra en esa fecha a exponer en el recinto de sesiones sobre la marcha del Gobierno.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete debe concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso Nacional, pero desde que asumió el ministro todavía no asistió a brindar su informe al Parlamento.

Pero ahora su informe sobre la marcha del Gobierno estará atravesado por la polémica en el incremento de su patrimonio, en el viaje a Uruguay y en el caso Libra, aunque habrá otras consultas por la situación económica, del empleo y de las provincias.

Los legisladores tenían 48 horas para ingresar al sistema las preguntas para el jefe de Gabinete y, en ese lapso, se registraron unas 100 consultas por hora para llegar a 4.800, 800 más que las que tuvo que responder su antecesor, Guillermo Francos, en abril de 2025, con el caso $LIBRA como eje. Ahora, será el mismo Adorni el protagonista de la mayoría de los cuestionamientos el próximo 29 de abril en el Congreso, donde estará, según prometió días atrás, el presidente Javier Milei, como muestra de apoyo a su exportavoz.

La oposición, con Adorni bajo la lupa

El diputado de Provincias Unidas, Pablo Juliano, informó que envió a Adorni más de 40 preguntas sobre su situación patrimonial y señaló que “el Presidente y su hermana no pueden pedirle la renuncia porque Adorni forma parte del entorno tóxico del caso $Libra”

“A Adorni se le está poniendo cara de Espert”, señaló el legislador, en alusión al exdiputado que debió renunciar a ser candidato cuando surgieron las denuncias de su vínculo con el empresario acusado de narcotráfico, Fred Machado.

Por su parte, la diputada de izquierda, Myriam Bregman, le preguntó a Adorni si “teniendo en cuenta la trascendencia de diferentes noticias periodísticas que indican la existencia de bienes pertenecientes a usted y su familia que no están incluidos en sus declaraciones, indique la cantidad de propiedades de las cuales usted y su esposa, Bettina Julieta Angeltti, son propietarios. Detalle: fecha en que fue adquirida, valor y cómo obtuvo los fondos para su adquisición”

Bregman también le pidió precisiones sobre el traslado del presidente de la Nación Javier Milei y otros funcionarios al evento denominado “Argentina Week” que se realizó entre 9 y 12 de marzo de 2026 en dicha ciudad y que informe el costo de cada una de las actividades de toda la comitiva y el costo total del viaje, incluyendo el avión presidencial, hoteles, traslados, personal de seguridad, cenas y almuerzos,

Denuncia

Los diputados nacionales del interbloque Unidos Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron en las últimas horas la denuncia contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, imputado por supuesto enriquecimiento ilícito y sospechado por el financiamiento espurio de viajes el exterior para él y su familia, además de incompatibilidades entre su nivel de gastos, los ingresos declarados y su evolución patrimonial.

En la nueva presentación, los legisladores de la oposición pidieron que se tome declaración testimonial a la escribana Adriana Nechevenko, quien certificó con su firma tanto la compra del lujoso departamento de Caballito en noviembre del año pasado, como la adquisición un año antes del inmueble del country de Indio Cuá Golf Club en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.

Con información de NA.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó la compra del departamento de Caballito que hizo, Manuel Adorni, fue citada a declarar en la causa que por supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario jefe de Gabinete. Nechevenko fue llamada como testigo por el fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación de la adquisición de la propiedad por un valor de US$230.000.

Según los registros de la propiedad, Adorni compró el departamento con una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad, dos jubiladas que, según dijeron en una nota de La Nación, no conocían al jefe de Gabinete.

El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja —Adorni y su esposa, Bettina Angeletti— habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

El pasado 27 de marzo, el jefe de Gabinete quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal  Pollicita diera impulso a la acción penal.

Según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR, el fiscal solicitó la medida para avanzar con la investigación del patrimonio del funcionario y requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial.

MG

Dos mujeres que figuran en el Registro de la Propiedad como acreedoras de la hipoteca utilizada por Manuel Adorni para comprar un departamento en Caballito negaron conocer al jefe de Gabinete. Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y Claudia Sbabo, de 64, quienes fueron consultadas por la prensa luego de que sus nombres aparecieran vinculados a la operación inmobiliaria.

Según la documentación difundida este lunes, la compraventa fue firmada el 18 de noviembre de 2025 y quedó inscripta por US$230.000. 

En ese mismo acto se asentó una hipoteca no bancaria por US$200.000, con Viegas y Sbabo como acreedoras del 50% cada una, lo que implica que habrían financiado casi el 90% de la operación del inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500. Ambas mujeres, según los registros, habían adquirido la propiedad meses antes, en mayo de 2025, por US$200.000.

Viegas, de 72 años, fue consultada por el diario La Nación y negó conocer a Adorni. El mismo medio intentó contactar a Sbabo, de 64 años, y una mujer que atendió su teléfono celular evadió las preguntas del periodista.

De acuerdo a la información que brindó La Nación, Viegas, viuda y de 72 años, fue socia de la empresa Nazca Gold SRL, que tiene como objeto “ejecutar toda clase de obras públicas y privadas, quedando incluidas todas las actividades de mantenimiento, construcción, reciclaje, remodelación, reparación de infraestructura, señalización, montaje” y actividades inmobiliarias tales como “compra, venta, permuta, hipoteca”. 

En tanto, Sbabo, de 64 años, casada, afiliada al PAMI, tuvo una relación de dependencia con una editorial y no registra actividad empresarial.

La revelación sumó un nuevo capítulo a la polémica sobre la evolución patrimonial del funcionario, quien la semana pasada sostuvo en una conferencia de prensa en la Casa Rosada que su patrimonio fue construido en el sector privado y que no tenía “nada que esconder”. 

Sin embargo, en esa aparición evitó dar precisiones sobre compras recientes y otros movimientos patrimoniales que quedaron bajo la lupa pública.

El caso quedó envuelto además en un contexto de creciente presión política y judicial sobre Adorni. De acuerdo con reportes periodísticos, la Justicia analiza su situación patrimonial, mientras que el funcionario no había respondido, al cierre de esas publicaciones, consultas puntuales sobre los detalles de la compra del departamento y la estructura de financiamiento asentada en los registros oficiales.

Con información de NA.

A poco más de dos años de su desembarco en la gestión pública, el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, vuelve a quedar bajo la lupa. Según los registros de la propiedad inmueble, el funcionario nacional adquirió en noviembre pasado un departamento de amplias dimensiones en el barrio porteño de Caballito, mediante una modalidad de financiamiento que ya despierta interrogantes: una hipoteca no bancaria otorgada por las mismas vendedoras de la unidad.

El inmueble está ubicado sobre la calle Miró, una de las zonas más cotizadas del barrio. Se trata de una unidad de 199,97 metros cuadrados que incluye cochera. La operación se cerró por un monto total de USD 230.000, de los cuales la pareja -Adorni y su esposa, Bettina Angeletti- habría abonado una parte en efectivo, financiando el resto.

Lo llamativo del caso radica en el instrumento de pago. El matrimonio suscribió una hipoteca por US$ 200.000 con dos personas físicas. Estas particulares habían comprado el departamento apenas meses antes, en abril de 2025.

La compra se concretó en un momento político sensible para Adorni, apenas 14 días después de que fuera nombrado jefe de Gabinete de la Nación. Esta adquisición se suma a otros movimientos inmobiliarios recientes de la familia, como la compra en noviembre de 2024 de una propiedad en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, registrada a nombre de Angeletti.

Actualmente, la Justicia Federal mantiene abierta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El foco está puesto en la evolución de los activos del vocero reconvertido en ministro coordinador.

Desde el entorno del integrante del Gabinete sostienen que no existe irregularidad alguna. El funcionario ha reiterado en diversas oportunidades que sus bienes son fruto de 25 años de actividad en el sector privado y que toda su documentación está en regla y a disposición de la Justicia. Y más allá de las versiones que lo dan fuera del Gobierno, en Balcarce 50 juran que el ex candidato a legislador está firme en el cargo

“Adorni no se va, su situación ya no es tema. Está trabajando en la agenda parlamentaria”, expresó una fuente con acceso al despacho presidencial.

Con información de la agencia NA

Clase pública universitaria en la puerta de la casa de Manuel Adorni y con un fuerte operativo policial. Ese escenario marcaba este lunes por la tarde el barrio porteño de Caballito, en el marco de un nuevo paro docente en las casas de altos estudios por el recorte presupuestario y la falta de aumentos por parte del Gobierno. 

Estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA decidieron llevar adelante una clase pública en Pedro Goyena y Miró, a metros del departamento del jefe de Gabinete, para cuestionar el ajuste mileísta y protestar contra el funcionario, ahora imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. Adorni está en el ojo de la tormenta desde hace dos semanas, cuando se supo que subió a su esposa –Bettina Angeletti– al avión presidencial para ir a Nueva York, viajó en un jet privado junto a su familia a Punta del Este y tiene a su nombre propiedades que no aparecen en su última declaración jurada.

La protesta provocó un inédito despliegue policial en el barrio. Efectivos de la Policía Federal cortaron el tránsito en la esquina del domicilio de Adorni y también movilizó al menos cinco patrulleros y un camión. A su vez la Policía de la Ciudad desplegó unas diez camionetas con agentes “para observación”, según supo elDiarioAR de fuentes oficiales.

“Le tienen miedo a los docentes, porque acá la manifestación es pacífica”, apuntó Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la UBA, y dirigente del PTS. 

La clase pública de este lunes tenía como eje “la universidad y la lógica de mercado” y era seguida por unas cien personas. La actividad de hecho tuvo eco entre los vecinos: algunos se plegaron a cacerolear contra Adorni desde sus balcones.

La protesta continuará este martes con una clase agendada desde las 10. Estará dictada por Guillermo Folguera, biólogo, filósofo y referente socioambiental, quien compartirá exposición con el docente Juan Duarte. Será una clase sobre el extractivismo y la reforma de la Ley de Glaciares, que se debate por estos días en la Cámara de Diputados.

El domicilio de Adorni fue señalado públicamente desde que él mismo admitió la semana pasada que vivía ahí, pese a que no figura en su DDJJ. El diario La Nación consignó este lunes que la propiedad fue registrada por el propio Adorni en noviembre pasado por un valor de US$230.000, que saldó a través de una hipoteca con dos particulares.

Se trata de una unidad funcional de 199,97 metros cuadrados, a la que se suma el proporcional de la cochera. Adorni figura como dueño del 50 por ciento de la propiedad desde el 18 de noviembre pasado, dos semanas después de que se confirmó su ascenso a la Jefatura de Gabinete. Su esposa, Bettina Angeletti, es la otra cotitular.

“Mientras se profundiza el vaciamiento de la universidad pública, seguimos viendo denuncias públicas sobre el enriquecimiento de funcionarios como Adorni que contrastan con la crisis que vivimos estudiantes y docentes. Exigimos que se deje de ajustar sobre la educación y que se aplique de manera inmediata la ley de presupuesto universitario ya aprobada”, sostuvo Bonfante.

Los docentes nucleados en el gremio ADG-UBA convocaron a 48 horas de paro en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma, votada en cuatro ocasiones por el Congreso –y con fallo judicial favorable a su aplicación–, fija un aumento salarial equivalente a la inflación. Desde noviembre de 2023 hasta la actualidad, ese monto ascendería al 49%.

En respuesta al reclamo docente, el Gobierno anunció aumentos del 2,5% para enero, 2,2% para febrero y 2% para marzo. Laura Carboni, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), declaró: “De pagarse este 6,7%, que aún no cobramos, el Gobierno quedaría a años luz del 49% necesario para equiparar la inflación, tal como establece la ley que no está aplicando”.

MC

El Gobierno sabe que juega una carrera contra el tiempo, que ya perdió demasiado crédito político con el escándalo patrimonial de Manuel Adorni y que, si quiere volver a sancionar una ley este año, tiene que empezar ya. Es así que, después de tres semanas de internismo paralizante, Karina Milei reunió a la mesa política en Casa Rosada para ordenar el frente interno y delinear una estrategia legislativa que le permita avanzar con las reformas que Javier Milei anunció a principios de marzo. 

Empoderados tras el fallo a favor de la Argentina de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por la expropiación de YPF, los funcionarios del Gobierno fueron ingresando al despacho de Adorni de buen humor. Luego de casi un mes de malas noticias –con la crisis política desatada por las irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete y los descubrimientos periodísticos en el celular de Mauricio Novelli en la causa $LIBRA–, el Gobierno había ganado cierto aire. El fallo de la Justicia norteamericana era un espaldarazo, pese a que contradecía la propia voluntad de pago a los fondos buitre que Milei había expresado mientras era candidato en 2023, y el presidente estaba dispuesto a capitalizarlo. 

Mientras que Milei se reunía con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, a unos metros, unas horas más tarde, sus principales operadores políticos se reunían en el despacho de Adorni para trazar las prioridades legislativas de abril. Estuvieron presentes Karina y Santiago Caputo, cuya disputa interna –que escaló con la designación de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia y se profundizó con la filtración del video de Adorni subiéndose a un avión privado rumbo a Punta del Este– es identificada, por el propio oficialismo, como la principal responsable de la parálisis en el Congreso. 

Participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional de Karina, “Lule” Menem. Los ministros, Luis Caputo y Diego Santilli. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, quien se había reunido la semana pasada en la Cámara alta con Adorni para bajar la espuma de la interna (ya que ambos compiten por la Jefatura de Gobierno porteño). Y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. 

Se definió que el primer objetivo, de cara al 8 de abril, será avanzar con la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares. El oficialismo pretendía sancionar la reforma mucho antes, pero la denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito contra Adorni, sumada a las denuncias de irregularidades en el desarrollo de las audiencias públicas por Glaciares en la Cámara de Diputados, terminaron dilatando los tiempos. El objetivo es dictaminar dentro de dos semanas y llevar el proyecto al recinto al día siguiente, pero dependerá del clima político.

En paralelo, el Gobierno buscará avanzar en el Senado con los pliegos judiciales. Mahiques ya envió un paquete con 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, entre los que se encuentra el de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El pedido es para integrar un tribunal federal de la ciudad de Santa Fe. Se desataca, además, el pliego de una secretaria del juzgado de Julián Ercolini, María Julia Sosa.

Luego, buscarán avanzar con la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, que ya fue presentada el año pasado y el Gobierno volvió a lanzar, como si fuera una novedad, el viernes pasado. Y, finalmente, impulsar una ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, que incluye reformas en la ley de expropiaciones.

 “A medida que pasa el año uno pierde el ímpetu. Fue un buen comienzo, pero ahora estamos en un párate. Tenemos que avanzar porque las reformas que no entren ahora después va a ser difícil que salgan”, precisó un funcionario libertario, poco después de que finalizase la reunión.

“Ya pasó”

Dos días después de la imputación a Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que quedó en manos del juez Ariel Lijo, el Gobierno está convencido de que la crisis política que desató el vuelo privado del jefe de Gabinete se terminó. Las recriminaciones internas continúan sobrevolando los despachos de Casa Rosada y el Congreso, pero Karina Milei bajó línea de cerrar filas y bajar el tono de la interna. 

El Gobierno arrastra tres semanas de caída en la imagen y en las expectativas en casi todas las encuestas. La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que la Universidad de San Andrés realiza todos los meses, da cuenta de que el índice de desaprobación de la gestión de Milei trepó un 7% desde febrero. El estudio, que se realizó entre el 10 y 17 de marzo, es decir en el momento de mayor agitación política por las presuntas inconsistencias entre las propiedades de Adorni y su declaración jurada, da cuenta que el gobierno de Milei registra un 59% de desaprobación frente a un 36% de aprobación.

En LLA argumentan, sin embargo, que el momento de mayor crisis política “ya pasó” y que, con el correr de los días, el impacto se verá reflejado en las encuestas. El objetivo, en principio, es cambiar el eje de la agenda: pasar de la defensiva a la ofensiva y volver a instalar el paquete de reformas que Milei busca llevar a cabo durante el año.

MCM/CRM

El juez federal Ariel Lijo dictó este sábado una serie de medidas de protección urgentes en favor de Vanesa Elizabeth Tossi, quien se desempeña como secretaria de la empresa aérea JAG Executive Aviation, la que utilizó Manuel Adorni en su reciente viaje a Punta del Este.

Esta determinación técnica surge tras una solicitud formal interpuesta por el fiscal Gerardo Pollicita, luego de que la testigo denunciara haber sido objeto de hostigamiento y presiones por parte de Marcelo Grandio, allegado al jefe de Gabinete.

El magistrado ordenó de manera taxativa que Grandio se abstenga de contactar a la damnificada por cualquier vía, ya sea de forma personal, telefónica, digital o mediante interpósitas personas, estableciendo además una restricción de acercamiento tanto a su domicilio particular como a su ámbito laboral y sitios de concurrencia habitual.

La génesis de esta medida precautoria se halla en los eventos ocurridos el pasado viernes durante la audiencia testimonial de Tossi, dado que, mientras la testigo brindaba declaración ante el fiscal sobre los pormenores del vuelo que trasladó a Adorni hacia Uruguay, se produjo una situación que la fiscalía calificó de escandalosa, ya que la mujer recibió sucesivas llamadas telefónicas y mensajes por parte de Grandío.

Según el testimonio de Tossi, estas comunicaciones, que se sumaron al envío previo de una carta documento en términos intimidatorios, tenían como único fin amedrentarla y condicionar su relato sobre los hechos investigados.

En su declaración, la empleada de la firma aeronáutica precisó que Grandio fue quien efectuó el pago del mencionado traslado y que además habría solicitado explícitamente que no se emitiera la factura correspondiente por dicho servicio.

Ante la gravedad de los hechos, Pollicita impulsó una investigación paralela para determinar la existencia de delitos de acción pública relacionados con amenazas y coacciones.

En su dictamen, el fiscal subrayó que las acciones de Grandío no representan meramente una situación de malestar subjetivo para la testigo, sino que constituyen indicadores concretos de presión que atentan contra la espontaneidad y la integridad de una fuente de prueba fundamental para el proceso.

El representante del Ministerio Público Fiscal justificó la necesidad de aplicar el artículo 210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal, argumentando que la secuencia de contactos insistentes y la interrupción de la propia audiencia testimonial mediante comunicaciones intimidatorias exhiben un riesgo real que debe ser mitigado de inmediato para preservar la libertad de declaración y la estabilidad emocional de la deponente.

Finalmente, Lijo dispuso que se extraigan testimonios de las piezas procesales pertinentes, incluyendo el acta de la declaración de Vanesa Elizabeth Tossi y la documentación respaldatoria entregada por ella, para que se investiguen formalmente las presiones denunciadas.

La resolución judicial enfatiza que el objetivo primordial de estas restricciones no es la sanción anticipada, sino el resguardo de la integridad psíquica de la testigo y la protección del proceso de recolección de pruebas en una causa que involucra el uso de servicios privados por parte de altos funcionarios públicos.

De esta manera, la Justicia busca garantizar que el avance de la investigación sobre el vuelo del jefe de Gabinete Manuel Adorni se desarrolle sin interferencias externas que puedan viciar la veracidad de los testimonios recolectados.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La versión de Manuel Adorni y Marcelo Grandio sobre el vuelo en un avión privado Hondajet a Punta del Este se transformó en un callejón sin salida para ambos.

Las declaraciones de testigos de ese periplo de carnaval y los documentos incautados no hicieron más que acumular dudas sobre el vuelo, el patrimonio y la vida dispendiosa del funcionario enaltecido por los Hermanos Milei. Con diez días en el candelero por malas razones, Adorni enfrenta una imputación judicial, en principio, por enriquecimiento ilícito.

Tras titubeos iniciales, Adorni y su amigo sostuvieron que cada uno pagó su parte, y redujeron el monto abonado lo máximo posible, hasta un precio inverosímil para el mercado: US$3.600-3.800 el funcionario y US$800 el periodista acomodado en la TV Pública. En condiciones normales, un vuelo ida y vuelta a Punta del Este cotiza entre US$10.000 y US$12.000.

Con el corset de su propia declaración y la necesidad de achicar el monto pagado, Grandio acosó a Vanesa Tossi, la empleada de la firma Jag Executive Aviation, cuando la mujer se comunicó para emitir la factura con tres semanas de retraso, tal como declaró el viernes en la causa radicada en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Tossi, con más precisión que su jefe, Agustín Issin, el piloto y broker que revendió el vuelo de regreso, narró el presunto amedrentamiento de Grandio para que no emitiera el comprobante una vez que el viaje se transformó en un problema para Adorni, según una fuente con acceso al expediente.

La secuencia explica el nerviosismo de Grandio descripto por Tossi.

El 9 de marzo pasado,, en el editorial del programa “Odisea Argentina” en La Nación +, el periodista Carlos Pagni se preguntó si Adorni había viajado en vuelo privado a Punta del Este. La mención de Pagni se dio tras un fin de semana en que el jefe de Gabinete ocupó el centro de la escena por la inclusión su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó a Nueva York por la Argentina Week ante inversores.

En su primera defensa fallida, cuando se dijo “deslomado” en Nueva York, Adorni explicó en el canal A24 que Angeletti había comprado su pasaje a la ciudad estadounidense por US$ 5.345, se supone que en primera clase en un vuelo de línea, sin dejar claro si el monto había sido devuelto tras el traslado de su esposa en el avión oficial ARG-01. En esa entrevista, el jefe de Gabinete se negó a dar cuentas de su escapada a Punta del Este porque —dijo— se trataba de su “vida privada”.

A partir de la difusión del vuelo a Punta del Este, Issin, dueño de la comercializadora de vuelos privados Jag Executive Aviation y empleado de la firma Consultatio, se inquietó por emitir la factura del regreso del 17 de febrero por la tarde. En su declaración, el broker negó que hubiera buscado emitir la factura a raíz del revuelo generado, sino que atribuyó la demora a que estuvo de vacaciones. La factura a nombre de Grandio fue confeccionada unos días después y predatada al 9 de marzo.

El tramo de ida, del 12 de febrero, había sido facturado directamente por la operadora del vuelo, Alpha Centauri, a la productora televisiva de Grandio, Imhouse, según reconstruyó el fiscal federal Franco Picardi. 

Hasta allí, el monto de la factura por la ida, US$4.830, era cercano a la versión de Adorni y su amigo, entre los US$3800 abonados por el jefe de Gabinete y los US$800 de su exsocio y amigo.

Este diario informó el 11 de marzo la declaración jurada de salida de los Adorni y Grandio, desde San Fernando a Punta del Este, y todos los detalles del vuelo con matrícula LVHWA, así como el regreso con la familia del jefe de Gabinete, sin el amigo, en el cierre del Carnaval.

La presión de Grandio sobre Tossi para que no emitiera la factura se incrementó. “¿Viste lo que está pasando, vos lo filtraste?”, acusó el amigo de Adorni a la empleada del broker de vuelos. Uno de los mensajes de Grandio al celular de Tossi atacó a Pagni. Lo trató de “pseudoperiodista al que se le cayó la pauta”, un argumento similar la que utilizan Adorni y Milei para defenestrar a sus críticos.

En un raid de entrevistas disparadas por la nota de elDiarioAR, Grandio —un hombre adinerado, yerno del exdirectivo de Torneos y Competencias Luis Nofal y beneficiado por múltiples contratos con la TV Pública y Radio Nacional desde la asunción de Milei— arremetió con contradicciones sobre el precio y el pagador del vuelo.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los US$4.830 emitida por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar

Cuando el amigo de Adorni se volvió demasiado insistente y envió una carta documento desconociendo la factura del regreso, Tossi dejó de contestarle, declaró en el juzgado de Lijo. El dato de la carta documento fue aportado por la empleada y omitido el jueves por su jefe, el piloto Issin, por lo que deberá ampliar su testimonial.

Para Adorni y Grandio resultaba imperioso que no apareciera otra factura más allá de los US$4.830 registrados por Alpha Centauri, porque ello daría cuenta de más fondos que el jefe de Gabinete no puede explicar, o de un favor tampoco justificable por parte del amigo beneficiado con contratos en la TV Pública, además de contradecir la versión inicial.

Sobre el precio del viaje de regreso desde el aeropuerto de Laguna del Sauce, en Punta del Este, a San Fernando, norte del Gran Buenos Aires, hay varias lagunas. La primera factura hallada por Picardi fue emitida por Alpha Centauri a nombre de Issin por un paquete de diez vuelos con un valor de US$42.250, uno de los cuales utilizó Adorni a su regreso. Issin, en tanto broker, trataría de revender cada tramo a un precio cercano a US$4.800.

Según declararon Tossi y su jefe, el precio acordado con Grandio para el regreso fue de US$3.000, en virtud de un descuento por asientos comercializados en el Hondajet en el tramo de regreso de la ida a Punta del Este, y en el de ida para buscar a los Adorni, cinco días más tarde. Ese tipo de descuentos es inusual y en cambio pudo haberse tratado de una subfacturación, bastante frecuente en el mercado de la aviación privada, dedujo una fuente del sector.

En sendas exposiciones, Issin y Tossi sostuvieron que tanto el pasaje de ida como el de regreso habían sido abonados por Grandio, lo que va en sentido contrario a lo afirmado por Adorni y su amigo en varias entrevistas.

De los US$4.830 de la ida hay registro tanto por la factura como por la transferencia bancaria, pero en cuanto a los presuntos US$3.000, el comprobante está en disputa porque Grandio lo desconoce, y además fue saldado en efectivo, según la empleada Tossi.

En la hipótesis más beneficiosa para Adorni, debería explicar cómo hizo para pagar US$3.800 por un vuelo ocasional en febrero, monto no acorde a sus ingresos ni su patrimonio declarado. Si a eso se suma el monto de regreso, la complicación es mayor, tanto si abonó el jefe de Gabinete, como si fue un favor de alguien acomodado junto a sus hijos en la TV Pública.

El descontrol que transita Grandio se vio corroborado cuando envió mensajes a Tossi en el medio de su declaración en el edificio de Comodoro Py en la mañana del viernes, para sorpresa del juez y el fiscal.

Por ahora, Grandio y Adorni mantienen versiones unificadas, aunque tanto en Comodoro Py como en el Gobierno, fuentes estiman que podrían tomar caminos separados si sus intereses comienzan a distanciarse. Una persona con peso en el Gobierno sugiere que Adorni podría declararse desconocedor del precio de los vuelos privados y admitir que su amigo le ocultó detalles.

En la imputación por enriquecimiento ilícito, Pollicita solicitó una docena de medidas de prueba, que incluyen informes de dominio pedidos a los registros de propiedad de la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal, secuencia de viajes, el anexo reservado de la declaración jurada de Angeletti ante la Oficina Anticorrupción y datos del country Indio Cuá.

A los pasajes por más de US$10.000 a Nueva York y Punta del Este abonados sólo en febrero, se suman elevadísimos gastos con tarjetas de crédito varios meses seguidos, al menos dos propiedades —una casa en el country Indio Cua y un departamento en Caballito— que no figuran en la declaración jurada y otras excentricidades.

El departamento en la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, tuvo un costo en el orden de los US$300.000, pagados en 2025. Se agregan refacciones profundas antes de la mudanza, reveladas por el periodista Fabián Waldman en el sitio La Patriada.

Entre expensas de $900.000 y la cuota del colegio de $800.000 por cada uno de sus hijos, más las expensas en Indio Cua y los gastos asociados a la camioneta de alta gama que adquirió, por citar los bienes que salieron a la luz en los últimos días, la sospecha generalizada que se constata en encuestas de opinión y entre sus acusadores es que el ascenso económico de Adorni en apenas dos años parece no tener fin.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó imputado en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita diera impulso a la acción penal.

Según confirmaron fuentes judiciales a elDiarioAR, el fiscal solicitó la medida para avanzar con la investigación del patrimonio del funcionario y requirió una batería de doce medidas de prueba para analizar la evolución de sus bienes y movimientos económicos.

El objetivo es reconstruir su situación patrimonial y determinar si existen inconsistencias o un eventual incremento no justificado, en el marco de una causa que se encuentra en una etapa inicial.

Entre los requerimientos, se destacan pedidos de informes a registros de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a organismos nacionales y provinciales, la Oficina Anticorrupción y la Anses. El objetivo es relevar en detalle los activos del funcionario y contrastarlos con sus ingresos declarados.

En particular, el fiscal solicitó información sobre un inmueble ubicado en el Country Indio Cuá Golf Club, con el fin de determinar su titularidad, antecedentes registrales, posibles gravámenes y otras condiciones legales. También pidió conocer quién afronta el pago de las expensas y si se tramitaron los permisos de construcción correspondientes ante el municipio.

A su vez, requirió un informe completo sobre los bienes registrados en la Ciudad de Buenos Aires a nombre de Adorni y de Bettina Julieta Angeletti, incluyendo porcentajes de titularidad, fechas de adquisición y cualquier restricción o inhibición vigente.

La batería de medidas se completa con pedidos de datos migratorios, movimientos laborales y documentación vinculada a operaciones financieras o inmobiliarias, además de información sobre los préstamos familiares mencionados en la denuncia.

Asimismo, se solicitó a la Oficina Anticorrupción el envío de las declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los últimos años, junto con sus anexos reservados, para analizar la consistencia de la información presentada.

El presidente Javier Milei celebró este viernes el fallo de la justicia de Estados Unidos en la causa por la expropiación de YPF, que representa un giro clave en el litigio y podría evitar que la Argentina pague entre 16.000 y 18.000 millones de dólares. En ese contexto, el mandatario no sólo reivindicó la decisión judicial como un hito para su gestión, sino que además lanzó una serie de duros insultos contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y escenificó un respaldo político al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Durante un acto en el Centro de Formación de Capital Humano, Milei sostuvo que el resultado del juicio constituye “el mayor logro jurídico de la historia” y lo atribuyó al trabajo de la Procuración del Tesoro, del titular de YPF, Horacio Marín, y del equipo de abogados del Estado. “Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos”, afirmó, en referencia al fondo que impulsó la demanda contra el país.

Sin embargo, el presidente centró buena parte de su discurso en cuestionar el origen del litigio, vinculado a la expropiación de la petrolera en 2012. En ese marco, apuntó directamente contra Kicillof, quien fue ministro de Economía durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof”, lanzó, en línea con el tono confrontativo que caracteriza sus intervenciones públicas.

El mandatario también utilizó sus redes sociales para amplificar el mensaje y subrayar la magnitud económica del fallo. Según sostuvo, el escenario favorable obtenido tenía menos del 15% de probabilidades de ocurrir y permite que el país “no deba pagar nada” de la suma reclamada en tribunales neoyorquinos. Desde el oficialismo remarcaron que esto implica un alivio significativo para las cuentas públicas en un contexto de fragilidad financiera.

En paralelo, la actividad funcionó como una señal de respaldo a Manuel Adorni, quien atraviesa cuestionamientos por sus viajes y por presuntas propiedades no declaradas. El jefe de Gabinete fue uno de los protagonistas del acto y también apareció en imágenes difundidas por el Gobierno para celebrar el fallo, en lo que fue interpretado como un intento de blindarlo políticamente.

Si bien Milei evitó referirse de manera directa a las denuncias que rodean al funcionario, le dedicó un gesto explícito: “Manuel, en algún momento después va a tocar darte las gracias”, afirmó, ante su presencia en primera fila. La escena se completó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Sobre esta última, el presidente también ensayó una defensa enfática frente a las críticas opositoras y mediáticas. La definió como la funcionaria más “torpedeada” de su gabinete y elogió su gestión por “cortar el curro de los intermediarios de la pobreza”, en un discurso que volvió a cargar contra lo que denomina “los gerentes de la pobreza” y los “medios ensobrados”.

El fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos revocó la condena contra la Argentina y ordenó revisar la sentencia que había sido dictada en primera instancia. La decisión representa un cambio sustancial en el proceso judicial, que durante años puso en riesgo una cifra millonaria para el Estado argentino.

En la Casa Rosada, la resolución fue recibida con euforia y se interpreta como una validación de la estrategia jurídica del Gobierno. La administración de Milei busca ahora capitalizar el resultado como un ejemplo de eficiencia en la defensa de los intereses nacionales, en un escenario atravesado por tensiones políticas internas y cuestionamientos a algunos de sus principales funcionarios.

CRM

En un nuevo avance de la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se presentó este viernes en el edificio de la TV Pública con un oficio judicial.

El objetivo del procedimiento, ordenado por el juez federal Ariel Lijo, fue recolectar documentación oficial sobre las contrataciones de la productora Imhouse, perteneciente al periodista Marcelo Grandío, amigo de Adorni.

La causa busca determinar si existieron los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

El foco de la sospecha se originó tras un viaje privado a Punta del Este que Adorni compartió con Grandío. Según la hipótesis que maneja la fiscalía, y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se intenta establecer si el pago de dicho vuelo pudo haber sido una contraprestación por los contratos que el periodista mantiene con la emisora estatal.

Fuentes judiciales confirmaron que el requerimiento de información no se limitó solo a los montos de los contratos, sino también a los mecanismos de control laboral. La Justicia solicitó los registros de ingresos, egresos y la justificación de inasistencias de Grandío, para verificar si el vínculo con el canal oficial cumplía con las normativas vigentes o si se trataba de una estructura de beneficios irregulares.

El broker Agustín Issin y su secretaria declararon que el vuelo de Adorni a Punta del Este lo reservó y pagó Grandio

El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga el viaje en avión privado a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La comparecencia se realizó ante el juez Ariel Lijo, en el marco de una investigación que busca esclarecer quién pagó efectivamente los vuelos. Este viernes, la secretaria de Issin, Vanesa Tossi, ratificó que el vuelo fue pagado por Grandio.

Issin, quien facturó el tramo de regreso desde Uruguay al aeropuerto de San Fernando, se presentó por voluntad propia. Declaró durante cuatro horas, confirmó que actuó como intermediario y aportó documentación. Además, dijo que el vuelo fue pagado por el periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete. Repitió lo que ya había explicado antes: “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”.

Sin embargo, esa versión choca con la postura pública de Adorni, quien en reiteradas oportunidades aseguró que el viaje fue abonado con dinero propio. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, afirmó el funcionario en una reciente conferencia de prensa, donde evitó dar detalles sobre las transacciones: “No tengo por qué explicar una transacción privada”.

La documentación incorporada al expediente agrega más interrogantes. Por un lado, figura una factura emitida por Issin por 3.000 dólares a nombre del periodista Marcelo Grandio, fechada el 9 de marzo, semanas después del viaje. Por otro, la empresa Alpha Centauri facturó el vuelo de ida a la productora Imhouse -vinculada a Grandio- por 4.830 dólares, monto que habría sido transferido en pesos.

Además, Issin reconoció haber adquirido un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares a la misma compañía, lo que también quedó bajo análisis judicial. En paralelo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron un allanamiento en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, por orden del juzgado y a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

El caso se complejiza por las versiones cambiantes en torno al financiamiento del viaje. Grandio, quien compartió el vuelo de ida con Adorni y su familia, sostuvo en distintos momentos que el funcionario había pagado, que cada uno cubrió su parte e incluso que el dinero provenía del Estado. El regreso, en tanto, lo habría realizado por separado.

La causa se inició tras la difusión de un video en el que se ve al jefe de Gabinete junto a su familia abordando un avión privado. Desde entonces, la Justicia intenta reconstruir el circuito de pagos y determinar si existieron irregularidades.

El presidente Javier Milei encabezará este viernes una actividad junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un gesto político que busca reforzar la imagen del funcionario en medio de la controversia por sus viajes al exterior. El encuentro se dará desde las 11.30 en la inauguración de un nuevo Centro de Formación de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal.

Pero previamente, a las 11 el mandatario mantendrá una reunión con Adorni en un encuentro que, según fuentes oficiales, forma parte de una serie de señales de respaldo tras semanas en las que el ministro coordinador quedó en el centro de la agenda pública por la investigación judicial sobre su patrimonio y el financiamiento de sus vuelos a Uruguay junto a su familia.

La aparición conjunta se dará luego de que Adorni intentara cerrar la polémica con una conferencia de prensa en la que aseguró estar a disposición de la Justicia y consideró que el tema no tendrá nuevos capítulos. En su entorno sostienen que “ya se explicó todo lo que era necesario aclarar” y que ahora el foco debe estar puesto en la gestión.

Sin embargo, la causa judicial sumó en las últimas horas un elemento relevante. El piloto Agustín Issin, quien facturó el vuelo privado que el funcionario realizó desde Punta del Este, declaró ante el juez federal Ariel Lijo en Comodoro Py. Según consta en el expediente, el testigo aseguró que el pago del traslado estuvo a cargo de Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo de Adorni.

Por otra parte, durante la tarde de este jueves, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se presentaron en los estudios de la TV Pública para secuestrar los contratos que Marcelo Grandio mantiene con la señal. La medida forma parte de la investigación que busca determinar si existieron irregularidades en su contratación o si el pago de los vuelos podría encuadrarse como una presunta dádiva.

De acuerdo con la investigación, Issin adquirió el paquete de vuelos el 9 de febrero. El viaje se realizó en un avión HondaJet, matrícula LV-HWA, contratado a la empresa Alpha Centauri S.A. elDiarioAR reveló que esos vuelos tuvieron un costo de US$9.000, un valor distinto al que declararon públicamente los involucrados.

La Justicia busca determinar si el pago realizado por Grandio podría encuadrarse como una dádiva o un eventual intercambio de favores, en función de su rol en la TV Pública, vínculo que, según trascendió, ya no mantiene.

Qué declaró el piloto sobre el viaje desde Punta del Este

La declaración del piloto ante el fiscal Gerardo Pollicita aportó nuevos detalles sobre la contratación de los vuelos privados vinculados al jefe de Gabinete y permitió reconstruir aspectos clave de la operatoria comercial detrás del traslado.

Según indicaron fuentes judiciales a elDiarioar, el testimonio dejó en claro que la contratación no se trató de una operación aislada, sino que se enmarcó dentro de una relación comercial previa. Issin explicó que trabajaba de manera habitual con la firma Alpha Centauri S.A., con la que ya mantenía acuerdos para la compra de paquetes de vuelos hacia Punta del Este. En esa línea, señaló que Marcelo Grandio ya había requerido sus servicios en otras oportunidades, aunque aclaró que no era uno de sus principales clientes, sino un contacto frecuente.

Uno de los puntos centrales de la declaración estuvo vinculado a la factura de 3.000 dólares correspondiente al tramo de regreso. El piloto sostuvo que ese monto no reflejaba el valor original del vuelo, sino el saldo final tras una reducción acordada. De acuerdo con su explicación, el precio base del regreso era de 4.800 dólares, pero se aplicó un descuento a partir del uso de plazas vacías —conocidas en el sector como “empty leg”—. En su declaración, detalló que se descontaron US$1.200 por dos asientos vacantes en el vuelo del 12 de febrero y otros 600 dólares por una plaza libre en el tramo del 17 de febrero, lo que derivó en el monto final facturado.

En relación con la forma de pago, el testigo estableció diferencias entre ambos tramos. Sobre el vuelo de ida, indicó que fue facturado directamente entre la empresa aérea y la firma contratante, y abonado mediante transferencia bancaria, aunque aclaró que no pudo precisar en ese momento el monto exacto y que debía corroborarlo. En cambio, respecto del regreso, afirmó que los 3.000 dólares fueron pagados en efectivo a través de un tercero, en una operación que, según dijo, fue coordinada mediante mensajes y audios de WhatsApp que aseguró conservar.

Otro aspecto abordado fue la emisión de la factura correspondiente al tramo de vuelta, que se realizó varias semanas después del vuelo. El piloto explicó que la demora no respondió a una modificación del servicio ni a una nueva contratación, sino a que se encontraba de viaje y la confeccionó al regresar. Asimismo, señaló que la constancia del pago no fue un recibo formal, sino un mensaje en el que se informaba la recepción del dinero.

Por último, Issin indicó que no le consta que Adorni haya utilizado sus servicios en otras oportunidades previas.

Adorni y el álbum de figuritas con funcionarios

En paralelo, el Gobierno puso en marcha una estrategia de “control de daños” para amortiguar el impacto político del caso. La hoja de ruta oficial contempla mostrar a Adorni activo, con agenda de gestión y protagonismo en actividades públicas, mientras el resto de los funcionarios reduce su exposición mediática en los próximos días.

En esa línea, el jefe de Gabinete intensificó su agenda de reuniones. El jueves recibió a Patricia Bullrich, en un encuentro que buscó disipar tensiones internas tras la falta de respaldo explícito en el inicio de la polémica. También mantuvo reuniones con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y con el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La agenda continuará con encuentros previstos con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en el marco de una estrategia orientada a correr el foco de la discusión mediática y reposicionar al funcionario en el terreno de la gestión.

El acto de este viernes en La Paternal también tendrá un componente simbólico. El Centro de Formación de Capital Humano que se inaugurará está orientado a la capacitación técnica de trabajadores, con convenios con empresas y certificaciones oficiales para facilitar la inserción laboral. En esa línea, el pasado 25 de febrero Pettovello firmó acuerdos con compañías como Motorarg e ImpexPro para fortalecer este tipo de iniciativas.

La postal conjunta entre Milei, Adorni y Pettovello, a la que se sumará el respaldo político de Karina Milei, buscará marcar el cierre de una semana atravesada por la polémica, que aún no termina.

JIB/MC

Manuel Adorni cobra ahora $7 millones por mes. El dato, confirmado a elDiarioAR por fuentes dentro de la Casa Rosada, representa una suba de aproximadamente el 100% respecto de lo que percibía antes de la recomposición salarial que Javier Milei formalizó a comienzos de año. El aumento se conoce en el peor momento político del jefe de Gabinete, quien enfrenta tres causas judiciales abiertas en Comodoro Py y acumula preguntas sin respuesta sobre su evolución patrimonial.

El incremento quedó formalizado a través del Decreto 931/2025, publicado en el Boletín Oficial en la primera edición de 2026. La norma alcanzó a ministros, secretarios y subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, cuyos salarios permanecían congelados desde diciembre de 2023. El aumento no tiene carácter retroactivo y no abarcó al presidente Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Antes del decreto, los ministros cobraban $3.584.006 y los secretarios $3.282.709. Con el aumento, los ministros pasaron a percibir cerca de $6.970.000 mensuales en bruto. En el caso de Adorni como jefe de Gabinete, que tiene jerarquía superior, la cifra que circula en Balcarce 50 llega a los $7 millones.

El contraste con el salario mínimo y la inflación

El aumento de Adorni contrasta de manera elocuente con lo que vivieron el resto de los trabajadores durante la gestión Milei. La inflación acumulada en 2025 llegó al 31,5%, según el INDEC. Si se suman los dos años de gestión, la inflación de 2024 fue de 117,8%, lo que implica que desde diciembre de 2023 los precios acumularon una suba de más del 170% —contra la cual los sueldos de los funcionarios estuvieron completamente congelados—.

En ese mismo período, el salario mínimo, vital y móvil acumuló durante todo 2025 apenas un 19,69% de ajuste, un porcentaje que —según reconocieron los propios considerandos oficiales— queda “muy por debajo de la inflación registrada en el mismo período”. En diciembre de 2025, el salario mínimo fue de $334.800 y acumuló una caída real del 34,3% desde noviembre de 2023. Adorni, en cambio, de un día para el otro duplicó su ingreso.

En los días previos a la firma se habló de una recomposición que podía oscilar entre el 60% y el 100%, aunque la normativa no precisó los montos que comenzarían a percibir los funcionarios. El decreto también incorporó una cláusula de resguardo: en caso de déficit fiscal financiero acumulado, los sueldos quedarían automáticamente congelados. Este jueves cerca de Adorni se confirmó el dato de su nuevo sueldo, apenas poco después de la conferencia de prensa que dio con un fuerte cruce con los periodistas acreditados.

Para justificar la medida, el Ejecutivo sostuvo en su momento que “resulta necesario asegurar que las funciones de conducción superior del Estado Nacional cuenten con un esquema de remuneraciones adecuado, competitivo y coherente con las responsabilidades asumidas”.

El timing del aumento

La confirmación del nuevo salario de Adorni llega en un momento de máxima exposición para el funcionario. De hecho la reunión de Adorni con la senadora Patricia Bullrich también generó un debate inesperado en las redes.

Cuando el jefe de Gabinete publicó una selfie con ella para mostrar el diálogo político, lo que se volvió viral no fue el mensaje sino el detalle que apareció en su muñeca: un reloj que varios usuarios se pusieron a identificar en tiempo real. El periodista Fernando Soriano le preguntó a Grok —la inteligencia artificial de X— qué modelo era y cuánto valía. La respuesta fue categórica y se confirmó en tres rondas de consultas ante los intentos de otros usuarios de refutarla: se trata de un Rolex Datejust de acero inoxidable con brazalete Jubilee, bisel acanalado y dial claro. Precio en el mercado secundario actual: entre 9.000 y 14.000 dólares. El hilo acumuló casi medio millón de visualizaciones en pocas horas.

Desde que hace dos semanas trascendió que viajó con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York y que antes había viajado en un jet privado a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, la acumulación de revelaciones sobre el patrimonio de Adorni no se detuvo.

Los vuelos privados se contrataron con la empresa Alpha Centauri S.A.: el de ida costó unos 4.830 dólares y fue facturado a Imhouse, la productora de Grandio, que tiene contratos con la TV Pública. El de vuelta formó parte de un paquete de diez viajes por 42.250 dólares, abonados en efectivo según la factura.

Este jueves la causa judicial por el vuelo dio un paso concreto. El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo ante el juez Ariel Lijo. Issin, quien facturó el tramo de regreso desde Uruguay al aeropuerto de San Fernando, se presentó por voluntad propia.

Adorni reconoció en conferencia de prensa que vive en Caballito, pero no quiso confirmar si ese inmueble le pertenece. El Registro de la Propiedad Inmueble lo desmintió: el jefe de Gabinete es dueño, junto a su esposa, de un departamento en Miró al 500. La compra no figura en ninguna de sus declaraciones juradas públicas. El propio funcionario lo justificó con un argumento formal: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”.

Se trataría de un semipiso de 150 m² cubiertos, con 4 ambientes, balcón al frente, cochera y baulera, que fue publicado en venta en 2024 con dos precios: US$295.000 y US$340.000. Lo que no explicó Adorni es de dónde salió el dinero para comprarlo.

El apartamento de Caballito no es el único activo con preguntas pendientes. En noviembre de 2024, la esposa de Adorni compró una unidad funcional en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Las expensas del inmueble superan los $699.000 mensuales. El jefe de Gabinete no incluyó esa propiedad en la declaración jurada pública de 2024 ante la Oficina Anticorrupción.

Tampoco vendió su anterior vivienda en la calle Asamblea al 900, en Parque Chacabuco, ni su otra propiedad en La Plata. En apenas dos años de gestión pasó de dos inmuebles declarados a por lo menos tres, que serían cuatro si se suma la del country adquirida por su esposa.

La última DDJJ disponible de Adorni, presentada en agosto de 2025 ante la Oficina Anticorrupción y correspondiente al ejercicio 2024, refleja un patrimonio que incluye dos inmuebles, dos autos, más de $2,4 millones en efectivo en el país, unos US$42.500 también en efectivo y una cuenta de ahorro en Estados Unidos con algo más de US$6.200. Entre sus pasivos declaró deudas con particulares que, convertidas a pesos, superaban los $20 y $23 millones respectivamente —montos que según publicaciones de El Destape corresponderían a préstamos de su madre y de una familiar jubilada de 95 años.

La declaración correspondiente a 2025, el año en que fue candidato a legislador porteño y luego ascendió a jefe de Gabinete, aún no fue presentada: el plazo vence a mediados de este año. Será esa DDJJ la que deberá reflejar, entre otras cosas, el departamento de Caballito y la casa en Indio Cua.

MC

En el centro de cuestionamientos por su patrimonio y viajes privados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó su agenda pública con una estrategia clara: mostrarse activo, acumular reuniones políticas y exhibir respaldo interno para disipar las versiones sobre una eventual salida del cargo. En paralelo, desde la cúpula del Gobierno salieron a reforzar su figura y a ordenar la agenda hacia el terreno legislativo.

Tras su reaparición pública con una conferencia de prensa este miércoles, avanzó con una intensa agenda de gestión. Desde la Casa Rosada, Adorni encabezó una serie de reuniones con ministros y referentes del oficialismo, en un intento por dejar atrás la polémica y proyectar normalidad. Entre los encuentros más destacados figuró el que mantuvo con Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, con quien buscó recomponer el vínculo tras tensiones recientes.

La reunión con Bullrich no fue casual. En las últimas semanas, ambos habían protagonizado cruces indirectos en medio de la controversia por los viajes del funcionario. Sin embargo, el encuentro en Balcarce 50 buscó transmitir una señal de unidad. “Se viene el primer paquete de reformas”, sostuvo la senadora tras la reunión, en referencia a la agenda legislativa que impulsa el presidente Javier Milei.

En esa línea, Adorni también recibió al ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien avanzó en el envío de pliegos judiciales al Congreso. La seguidilla de encuentros incluye además a funcionarios clave como Sandra Pettovello y Diego Santilli, en una agenda que apunta a reforzar la imagen de gestión en marcha.

El despliegue no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo para correr el foco del escándalo y reposicionar la discusión en torno a las reformas estructurales. El jefe de Gabinete anticipó el envío de un paquete de leyes que incluye cambios en propiedad privada, la modificación de la ley de Glaciares y reformas al Código Penal, entre otras iniciativas.

El funcionario reapareció esta semana con una conferencia de prensa en la que buscó cerrar filas frente a las denuncias. Allí defendió su patrimonio, evitó dar precisiones sobre el financiamiento de su viaje a Punta del Este y marcó límites: “Mis decisiones de gastos las voy a hablar solo ante un juez. Yo hago lo que quiero con mi dinero”. También sostuvo que “todo lo que tenía que declarar, está declarado” y denunció una campaña para desgastar al oficialismo.

El respaldo interno fue otro de los pilares en la respuesta del Gobierno. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió públicamente a sostener al funcionario con un mensaje directo: “Mi apoyo, intacto”. La funcionaria, considerada una de las figuras de mayor influencia en el entorno presidencial, buscó así cerrar filas en un momento de creciente presión política.

A ese respaldo se sumaron gestos del gabinete y la coordinación comunicacional con el asesor presidencial Santiago Caputo, en un intento por ordenar la narrativa oficial y amortiguar el impacto mediático. Sin embargo, puertas adentro del oficialismo algunos sectores reconocen que el episodio dejó al jefe de Gabinete “golpeado”.

La polémica se originó a partir de la difusión de viajes privados -incluido uno a Punta del Este- y se amplió con versiones sobre bienes no declarados. A esto se sumaron cuestionamientos por su ausencia en el Congreso y críticas a su desempeño comunicacional. Incluso desde el propio espacio libertario surgieron voces disonantes, como la del escritor Nicolás Márquez, quien pidió su renuncia para evitar mayores costos políticos.

Pese a ese escenario, en la Casa Rosada descartan cambios en el gabinete. La apuesta oficial es sostener a Adorni, reforzar su exposición pública y avanzar con la agenda legislativa para recuperar la iniciativa política.

CRM

El piloto y broker aeronáutico Agustín Issin se presentó este jueves en los tribunales federales de Comodoro Py para declarar como testigo en la causa que investiga el viaje en avión privado a Punta del Este del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La comparecencia se realizó ante el juez Ariel Lijo, en el marco de una investigación que busca esclarecer quién pagó efectivamente los vuelos.

Issin, quien facturó el tramo de regreso desde Uruguay al aeropuerto de San Fernando, se presentó por voluntad propia. Declaró durante cuatro horas, confirmó que actuó como intermediario y aportó documentación. Además, dijo que el vuelo fue pagado por el periodista Marcelo Grandio, amigo del jefe de Gabinete. Repitió lo que ya había explicado antes: “La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”.

Sin embargo, esa versión choca con la postura pública de Adorni, quien en reiteradas oportunidades aseguró que el viaje fue abonado con dinero propio. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué”, afirmó el funcionario en una reciente conferencia de prensa, donde evitó dar detalles sobre las transacciones: “No tengo por qué explicar una transacción privada”.

La documentación incorporada al expediente agrega más interrogantes. Por un lado, figura una factura emitida por Issin por 3.000 dólares a nombre del periodista Marcelo Grandio, fechada el 9 de marzo, semanas después del viaje. Por otro, la empresa Alpha Centauri facturó el vuelo de ida a la productora Imhouse -vinculada a Grandio- por 4.830 dólares, monto que habría sido transferido en pesos.

Además, Issin reconoció haber adquirido un paquete de diez vuelos por 42.250 dólares a la misma compañía, lo que también quedó bajo análisis judicial. En paralelo, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizaron un allanamiento en las oficinas de Alpha Centauri en el aeropuerto de San Fernando, por orden del juzgado y a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

El caso se complejiza por las versiones cambiantes en torno al financiamiento del viaje. Grandio, quien compartió el vuelo de ida con Adorni y su familia, sostuvo en distintos momentos que el funcionario había pagado, que cada uno cubrió su parte e incluso que el dinero provenía del Estado. El regreso, en tanto, lo habría realizado por separado.

La causa se inició tras la difusión de un video en el que se ve al jefe de Gabinete junto a su familia abordando un avión privado. Desde entonces, la Justicia intenta reconstruir el circuito de pagos y determinar si existieron irregularidades.

Mientras tanto, Adorni rechazó cualquier acusación y denunció un supuesto intento de desestabilización interna: “No tengo nada que ocultar, es dinero familiar gastado en una actividad de cuatro días de vacaciones con mis hijos”, aseguró.

Con la declaración de Issin, el expediente suma una pieza clave en un rompecabezas atravesado por facturación cruzada, vínculos personales y versiones contradictorias que aún no logran cerrar.

CRM

La “guerra fría” entre Karina Milei y Santiago Caputo tuvo una tregua inesperada: la crisis de Manuel Adorni por sus escandalosos viajes en avión y las dudas sobre sus propiedades y patrimonio en general. El asesor todoterreno apareció este miércoles en la conferencia de prensa que brindó el jefe de Gabinete y en silencio siguió cómo el ministro coordinador desglosaba el guion que habían preparado durante el fin de semana largo: evitar respuestas comprometedoras, embarrar la cancha con comentarios secundarios y polemizar con los periodistas.

Adorni recurrió a Caputo luego de que la hermana del Presidente definiera darle un respaldo total al funcionario. Al asesor no le consultaron sobre qué hacer, sino cómo hacerlo: la idea de la conferencia no la aportó él, sino que fue algo “consensuado”, reconstruyó elDiarioAR de fuentes dentro de Balcarce 50. 

La presencia de Caputo en la conferencia confirmó ese alineamiento con Adorni, que no se traduce en una reconciliación con Karina: la hermanísima fue la única que no apareció con el jefe de Gabinete. Recién varias horas después de la exposición del jefe de Gabinete se sacó una foto a solas con él y tuiteó: “Mi apoyo, intacto”. A Adorni sí lo habían acompañado varios ministros: Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación). Con cada uno de ellos se reunió Adorni uno a uno posteriormente para definir la nueva agenda parlamentaria del Gobierno.

“Con mi dinero hago lo que quiero”, “usted es apenas un periodista, no un juez”, “No tengo nada que esconder”, “hablar de mi familia me parece de una bajeza”, fueron algunas de las salidas que encontró Adorni en su intervención. Pero las omisiones fueron ensordecedoras: reconoció vivir en un departamento en Caballito que no está declarado y que ayer se supo que lo adquirió siendo funcionario, tampoco aclaró sobre la casa en el country Indio Cua a nombre de su mujer, Bettina Angeletti, y omitió dio precisiones sobre cómo pagó finalmente el viaje de unos US$9.000 que hizo en un jet privado a Punta del Este. 

Según la mirada del Gobierno, la conferencia de Adorni cumplió su objetivo. “El objetivo de la conferencia fue comunicar los objetivos de la agenda legislativa”, apuntó un vocero presidencial, que entiende que el expediente Adorni no afectó “en la imagen” de Milei. Sin embargo, cada uno de los silencios de Adorni dicen aún más cosas.

El departamento de Caballito

Adorni reconoció en la conferencia que vive en Caballito, pero no quiso confirmar si ese inmueble le pertenece. El Registro de la Propiedad Inmueble lo desmintió por las suyas: el jefe de Gabinete es dueño, junto a su esposa, de un departamento en Miró al 500, según confirmó ayer La Nación. La compra no figura en ninguna de sus declaraciones juradas públicas, aunque Adorni lo justificó con un argumento formal: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”. El departamento fue publicado en venta en 2024 con dos precios: US$295.000 y US$340.000, según registró el periodista de elDiarioAR Sebastián Lacunza.

Se trataría de un semipiso de 150 m² cubiertos, con 4 ambientes, balcón al frente, cohera y baulera. “Muy bueno; hermoso”, rezaba el aviso inmobiliario de 2024.

Lo llamativo es que tampoco vendió su anterior vivienda, en la calle Asamblea al 900, en Parque Chacabuco –ese departamento apareció publicado en el sitio Zonaprop– ni su otra propiedad en La Plata, que también sigue inscripta a su nombre. En apenas dos años de gestión pasó de dos inmuebles declarados a por lo menos tres, que serían cuatro si se suma la de un country adquirida por su esposa.

La casa en Indio Cua

En noviembre de 2024, Angeletti compró la unidad funcional 380 del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En el registro bonaerense quedó constancia de que al momento de la operación estaba casada con Adorni. Las expensas del inmueble superan los $699.000 mensuales. El jefe de Gabinete no incluyó esa propiedad en la declaración jurada pública de 2024 ante la Oficina Anticorrupción, ni explicó si la volcó en el anexo reservado –que requiere un pedido especial ante el Ministerio de Justicia para acceder– ni, sobre todo, de dónde salió el dinero para comprarla.

La supuesta casa de Martínez

Un tercer inmueble también genera dudas: vecinos de una propiedad en Martínez dijeron haber visto a Adorni con frecuencia por allí. El funcionario no aclaró si tiene algún vínculo con esa casa. Su única respuesta fue que la mención de ese inmueble “es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno”. No hubo más detalles.

Los ingresos de su esposa

Angeletti se presenta como especialista en coaching organizacional. En julio de 2024, seis meses después de que Milei asumiera, fundó +BE, una consultora. Hasta fines de 2024 facturaba como monotributista; a comienzos de 2025 pasó a estar inscripta como autónoma. Adorni podría alegar que las compras de su grupo familiar se financiaron con los ingresos de ella, pero no lo dijo ni aportó ninguna explicación al respecto. Angeletti también tiene a su nombre un departamento en Parque Avellaneda –en Bragado al 4700– y otra propiedad en el partido de Morón.

La declaración jurada 

La última DDJJ disponible de Adorni, presentada en agosto de 2025 ante la Oficina Anticorrupción y correspondiente al ejercicio 2024, refleja un patrimonio que incluye dos inmuebles, dos autos, más de $2,4 millones en efectivo en el país, unos US$42.500 también en efectivo y una cuenta de ahorro en Estados Unidos con algo más de US$6.200. Entre sus pasivos declaró deudas con particulares que, convertidas a pesos, superaban los $20 y $23 millones respectivamente –montos que según publicaciones de El Destape corresponderían a préstamos de su madre y de una familiar jubilada de 95 años– y además dos créditos hipotecarios. 

La declaración correspondiente a 2025, el año en que fue candidato a legislador porteño y luego ascendió a jefe de Gabinete, aún no fue presentada: el plazo vence a mediados de este año. Será esa DDJJ la que deberá reflejar, entre otras cosas, el departamento de Caballito, la casa en Indio Cua y el eventual auto nuevo. Por ahora, hay más preguntas que respuestas.

El viaje a Punta del Este

El detonante de toda la crisis fue un video que mostró a Adorni, su mujer, sus dos hijos y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado durante el fin de semana largo de Carnaval rumbo a Punta del Este. Los vuelos se contrataron con la empresa Alpha Centauri S.A.: el de ida costó unos 4.830 dólares y fue facturado a Imhouse, la productora de Grandio, que tiene contratos con la TV Pública. El de vuelta formó parte de un paquete de diez viajes por 42.250 dólares, abonados en efectivo según la factura, que quedó a nombre de un broker de vuelos privados. Ese broker aclaró que quien reservó y pagó fue Grandio. Adorni insistió en que pagó su parte, pero no presentó ningún comprobante. Grandio, por su parte, cambió su versión al menos tres veces.

Las causas judiciales

Adorni acumula al menos tres expedientes activos en Comodoro Py, cada uno con su propio objeto. El primero, ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, investiga quién pagó realmente el viaje a Punta del Este: la semana pasada se ordenaron el levantamiento del secreto fiscal de Imhouse, el secreto bancario de esa productora y un pedido de informes a ARCA para rastrear los vínculos financieros entre Grandio, Adorni y Angeletti. 

El segundo tramita ante el juez Daniel Rafecas, con la investigación delegada en la fiscal Alejandra Mángano: el foco está en el viaje oficial a Nueva York en el que la esposa de Adorni subió al avión presidencial, y Mángano ya requirió a la Secretaría General de la Presidencia –a cargo de Karina Milei– el listado completo de pasajeros de ese vuelo. 

El tercero, que quedó radicado en el juzgado de la jueza María Servini a partir de una denuncia de Pagano por enriquecimiento ilícito, apunta directamente a la casa en Indio Cua y a la evolución patrimonial del funcionario: la jueza analiza si corresponde acumular ese expediente con alguno de los otros. 

En todos los casos, los delitos investigados van desde malversación de caudales y abuso de autoridad hasta enriquecimiento ilícito, figuras que en el Código Penal prevén penas de hasta diez años de prisión. La estrategia de Adorni ante la prensa fue invocar esas causas para no dar precisiones, alegando que dar detalles podría “entorpecer” la investigación.

MC