La avanzada del gobierno de Javier Milei para desregular la venta de tierra a extranjeros ya motoriza una fuerte manifestación en contra. Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición convocan a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará conseguir en el Senado los votos para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria empezó a circular en las bases apenas se confirmó la fecha y crece en paralelo al acuerdo que este jueves alcanzaron Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger para no perder votos en el recinto.

El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, fue una de las voces cantantes este viernes. Pidió en una entrevista radial “que el día del tratamiento haya una gran movilización”. “La presión social permea e influye en la decisión de los más especuladores”, dijo en diálogo con FutuRock. Desde el peronismo en Diputados la legisladora Cecilia Moreau (Unión por la Patria) comparó el reclamo con el sentimiento por Malvinas que dejó el Mundial: “El 6 de agosto todos y todas a las calles”.

Las dos CTA ya convocaron de manera formal bajo la consigna “por la tierra y el agua”, mientras la CGT, que desde principios de julio viene circulando documentos internos contra la ley (“nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, llevan como consigna), evalúa sumarse a la protesta.

El Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la UBA, mantiene desde el 25 de junio una recolección de firmas contra el proyecto que ya superó los 4.000 referentes de todo el país. En paralelo, espacios como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizaron para la próxima semana (del 27 al 31 de julio) una serie de acciones federales bajo el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, radios abiertas, banderazos antes de la movilización central del 6 de agosto al Congreso, bajo el hashtag #lasoberanianosenegocia.

El reclamo sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y un pronunciamiento del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

La fecha elegida para marchar no es casual: Bullrichse reunió ayer con Sturzenegger, y el secretario Alejandro Cacace, para destrabar las diferencias que habían obligado a aplazar por cuarta vez el debate del proyecto. El nudo era el artículo 25, que fija cuánto margen conservan las provincias para dictar sus propias reglas sobre la venta de tierras a extranjeros.

Sturzenegger había planteado objeciones desde el exterior la semana pasada, lo que sembró dudas entre los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para sumar votos. Tras el encuentro, Bullrich confirmó que se mantiene el texto acordado con los aliados y que la sesión será el 6 de agosto. La última versión del dictamen (la número 15) deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo, y elimina el artículo de silencio administrativo que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.

El proyecto —que Bullrich presenta como una forma de “salir de la era de Máximo Kirchner”— apunta a modificar en los hechos la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner. Esa norma fija un tope del 15% de tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, impide que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, prohíbe la compra de más de mil hectáreas en las zonas más fértiles del país y veda la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes, como el que compró el británico Joseph Lewis en Lago Escondido.

El Gobierno ya había intentado derogarla a fines de 2023 por el DNU 70/2023, pero una cautelar del Juzgado Federal N°4 de La Plata, confirmada después por la Cámara Federal platense a partir de un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de esa ciudad, la mantuvo vigente.

Ahora el intento llega por ley, dentro de una iniciativa más amplia —nueve artículos bajo el título “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— que además modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego, y que el Poder Ejecutivo negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

No todo el arco social está del mismo lado. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió este jueves a respaldar el proyecto de extranjerización: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, dijo desde el predio de Palermo, donde Milei irá el próximo domingo para inaugurar la feria rural.

Bullrich, por su parte, buscó matizar el reclamo soberanista distinguiendo entre personas y Estados: sostuvo que “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, pero que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera” adquirir un metro de suelo, una prohibición que quedó plasmada en el dictamen.

El resultado de la votación, de todos modos, sigue siendo incierto. La mayor duda está en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para que voten en contra del capítulo de venta de tierras a extranjeros. En ese escenario, la apuesta de quienes convocan a movilizarse el 6 de agosto es lograr que la presión de la calle termine de inclinar a los senadores que todavía dudan.

MC

El ministro de Desregulación, Federico Sturzengger, y la jefa del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunieron este miércoles en el Senado con vistas a relanzar el proyecto de Propiedad Privada luego de la sesión que debió levantarse la semana pasada, para pasar a un cuarto intermedio del 6 de agosto.

Según trascendió, ambos acordaron mantener los cambios que consensuaron entre los senadores libertarios y los dialoguistas, sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros, que generó rechazos en diferentes sectores de la población.

El proyecto impulsado por el Gobierno sufrió un traspié la semana pasada, lo que fue adjudicado al clima mundialistas, especialmente al triunfo sobre Inglaterra y el despliegue de la leyenda “las Malvinas son argentinas”, que generó un clima poco favorable para la venta de tierras a extranjeros.

Incluso, trascendió un duro cruce entre la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y Bullrich, ya que la primera había manifestado que no era “el momento” para semejante iniciativa.

Tras más de hora y media reunidos, se abordó cómo llegar al 6 de agosto, y que aún no están los votos para ser aprobada la polémica iniciativa, especialmente en aquellas provincias fronterizas, y por tanto la necesidad de “hacer concesiones” para destrabarlo. También se mencionaron a los dos representantes de Misiones, que hicieron caer el proyecto de Ficha Limpia.

En ese marco, la iniciativa ya tiene 15 borradores extra, pese a un dictamen firmado a fines de mayo pasado.

Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro aceptó las reformas incluidas en el proyecto sobre el tema tierras con lo cual “el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”.

Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posiblidad que puedan dictar sus propias normas.

La senadora confió que Sturzenegger “tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y, le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra”.

Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esa iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Además de la jefa de LLA y el ministro, estuvieron el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y asesores de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones que trabajaron el proyecto.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó este jueves la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”. La declaración llega el mismo día en que el Gobierno se reúne en Casa Rosada para terminar de definir la letra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa que habilitaría justamente ese tipo de operaciones y que ya fue postergada cuatro veces en el Senado.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo. La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto. La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.

Para bajar esa tensión y afinar el texto antes de la nueva sesión, este jueves por la tarde se reúnen en Casa Rosada Bullrich, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, los equipos de Sturzenegger, los presidentes de las comisiones en el Senado de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, y un legislador de los bloques federales que representa los reclamos de los gobernadores sobre el rol que deberían conservar las provincias en la regulación de la tierra.

En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”. El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.

Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada. Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.

Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.

MC

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanzará con nuevos recortes de personal en el Ministerio de Capital Humano. La denuncia se inscribe en una nueva etapa del ajuste estatal del gobierno de Javier Milei, que ya acumuló varias rondas de despidos, no renovaciones de contratos, retiros voluntarios y reestructuraciones en organismos públicos. ATE sostiene que la administración nacional atravesó siete olas de despidos desde el inicio de la gestión libertaria y que ahora el foco vuelve a estar puesto en áreas sensibles de Capital Humano.

Según un despacho de la agencia Noticias Argentinas, Sturzenegger está a cargo del ajuste de trabajadores en las áreas más importantes del Estado y monitorea la situación en cada cartera. Para avanzar con esa poda, utiliza herramientas normativas como el decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo.

Ese decreto estableció la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los Objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada Jurisdicción”.

En ATE interpretan que ese texto habilitó una nueva reducción de estructuras dentro del ministerio de Pettovello. Según señalaron al medio que difundió la información, Desregulación eliminó áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia.

“Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, afirmaron desde el gremio.

El pase a disponibilidad es uno de los mecanismos más sensibles dentro del empleo público porque coloca a trabajadores de planta permanente en una situación de incertidumbre laboral. En el esquema de ajuste estatal del Gobierno, los sindicatos lo leen como un paso previo a posibles cesantías, traslados forzados o pérdida efectiva del puesto.

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes de ATE detallarán las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para intentar frenar la reestructuración y defender los puestos de trabajo afectados.

Desde ATE apuntaron contra el Gobierno por lo que consideran una doble vara en el trato a los trabajadores estatales. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores”, acusaron en el sindicato.

El gremio también anticipó resistencia frente a la disposición oficial, tanto para garantizar los puestos laborales como para reclamar mejoras salariales para el personal del Estado.

El gobierno de Milei presenta la poda como parte de su agenda de “desregulación” y reducción del gasto público. Sturzenegger se convirtió en una de las figuras centrales de ese proceso: interviene en la revisión de estructuras, impulsa reformas administrativas y aparece como uno de los funcionarios encargados de sostener el discurso oficial contra lo que el oficialismo define como exceso de Estado.

JJD, con información de la agencia NA.

La Iglesia envió este martes una carta abierta a los legisladores para advertir sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsan Javier Milei y Federico Sturzenegger. El documento, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común”, señala que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

La carta llega en el marco del debate parlamentario por el proyecto promovido por el ministro de Desregulación, que modifica varias leyes clave: el régimen de expropiaciones, la ley de tierras rurales, la ley de manejo del fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares. El Senado había comenzado a debatirlo en comisiones y postergó su tratamiento en plenario.

El texto firmado por Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen llega justo cuando el Gobierno tiene trabada la votación en el Senado por el ruido que generaron los pliegos judiciales y el escándalo de Manuel Adorni.

Qué dice la Iglesia

Las organizaciones eclesiales fundamentan su preocupación en dos puntos concretos del proyecto. El primero es la eliminación de las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas—, “y en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”. Hoy, la ley de tierras rurales fija que los inversores privados extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal. El proyecto de Sturzenegger deroga ese límite y solo mantiene restricciones para los Estados extranjeros, con una excepción que el propio Ejecutivo puede levantar si considera que la operación no afecta la seguridad nacional.

El segundo punto que la carta califica de “alarmante” es la modificación de la ley de manejo del fuego. La norma vigente prohíbe durante 60 años el cambio de uso del suelo, la subdivisión, la venta y la actividad agropecuaria distinta en terrenos quemados, tanto en bosques nativos como en pastizales, humedales y zonas agropecuarias. El proyecto reduce esa protección solo a los bosques nativos y elimina el plazo de 30 años de restricciones para el resto de los ecosistemas.

Las organizaciones eclesiásticas también señalan que la iniciativa “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

Las citas papales

La carta recurre a la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León para sostener su posición: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones”. Y cita también a Juan Pablo II: “No es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”.

Frente a los argumentos de crecimiento económico del Gobierno, la carta opone la definición del Papa León sobre el desarrollo: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes. No es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades”.

Qué más cambia la ley

Más allá de las tierras y el ambiente, el proyecto tiene otros ejes que generaron rechazo de organizaciones sociales y de inquilinos. En materia de vivienda, acelera drásticamente los procesos de desalojo: convierte el trámite al proceso sumarísimo —el más breve del Código Procesal— y reduce a tres días el plazo de intimación por falta de pago antes de iniciar una demanda, el plazo más corto de la región según relevamientos de Inquilinos Agrupados.

También modifica la ley de integración socio-urbana que protege a los barrios populares: elimina la suspensión de desalojos por diez años y el mecanismo de expropiación estatal para regularizar la situación dominial de quienes viven en esos barrios. La organización TECHO advirtió que la reforma afectaría a más de cinco millones de personas, de las cuales el 35% son niños y niñas.

La carta de las organizaciones eclesiales pide a los legisladores que “guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó este viernes más detalles sobre el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que el Gobierno nacional planea enviar al Congreso. La iniciativa, que ya había sido anticipada por Manuel Adorni, propone una profunda actualización del régimen societario vigente, con el propósito de adecuarlo a las nuevas dinámicas económicas y fomentar la llegada de inversiones.

De acuerdo con el funcionario, el esquema actual responde a una lógica normativa propia de los años setenta, caracterizada por una fuerte intervención estatal y una visión de control sobre la actividad privada. La propuesta oficial busca reemplazar ese enfoque por otro basado en la libertad contractual y la capacidad de los socios para definir las reglas de funcionamiento de sus empresas.

Uno de los cambios más relevantes es que gran parte de las disposiciones de la ley pasarían a tener carácter supletorio. Esto significa que prevalecerían los acuerdos establecidos en los estatutos societarios, mientras que las limitaciones impuestas por el Estado quedarían reservadas para casos excepcionales.

La reforma también contempla una reducción de las facultades de los registros públicos, que ya no podrían imponer requisitos o restricciones adicionales a las previstas por la normativa. En paralelo, se flexibilizaría el concepto de objeto social: las compañías podrían abarcar actividades diversas sin necesidad de que guarden relación entre sí e incluso prescindir de su definición específica, quedando habilitadas para desarrollar cualquier actividad lícita.

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto apunta a la resolución de conflictos empresariales. Las sociedades tendrían la posibilidad de someter controversias al arbitraje o incluso a legislaciones extranjeras, evitando la intervención de los tribunales locales. Según explicó Sturzenegger, esta práctica es habitual en centros financieros internacionales y contribuiría a mejorar las condiciones de competitividad del país.

En materia de modernización administrativa, la iniciativa propone una digitalización integral de la vida societaria. Entre otras medidas, habilita la constitución de empresas mediante firma digital, la utilización de libros contables electrónicos, la fijación de domicilios digitales y la realización de reuniones societarias remotas. Además, se prevé la creación de un legajo digital público para cada empresa, reemplazando definitivamente la documentación en papel.

El texto incorpora además nuevas figuras jurídicas vinculadas a los avances tecnológicos. Entre ellas se encuentran las denominadas “Sociedades Automatizadas”, capaces de operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir personal para sus actividades habituales. También reconoce a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras basadas en tecnología blockchain cuyos derechos de participación pueden representarse mediante tokens. Ambas modalidades contarían con personalidad jurídica y responsabilidad limitada.

Sturzenegger señaló que estos cambios buscan posicionar a la Argentina como un destino atractivo para emprendimientos tecnológicos y proyectos relacionados con la inteligencia artificial, tomando como referencia modelos internacionales exitosos en la captación de inversiones.

La iniciativa incorpora además herramientas financieras destinadas a facilitar el acceso al capital, como los aportes convertibles, que permiten financiar una empresa sin que el inversor adquiera de inmediato la condición de socio. También simplifica mecanismos de reorganización corporativa, habilitando procesos más ágiles para fusiones y absorciones dentro de grupos empresariales.

Por último, el proyecto contempla la renovación automática del plazo de duración de las sociedades y la continuidad indefinida de los mandatos de sus autoridades, salvo que los propios socios dispongan lo contrario.

Al presentar los lineamientos de la reforma, Sturzenegger sostuvo que el objetivo es reducir costos, eliminar regulaciones consideradas innecesarias y otorgar mayor libertad de acción al sector privado. El texto, elaborado con participación de distintas áreas del Gobierno, deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en el Congreso.

Federico Sturzenegger volvió a ocupar el centro del tablero libertario. Después de varias semanas en las que el Gobierno quedó atrapado entre internas políticas, problemas de gestión y el escándalo patrimonial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Casa Rosada decidió reactivar uno de los ejes más identitarios del proyecto de Javier Milei: la motosierra. Y el encargado de conducir esa nueva etapa vuelve a ser el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, acaso el funcionario que mejor logró preservar influencia real dentro de un oficialismo atravesado por tensiones permanentes.

La escena del miércoles pasado buscó transmitir justamente esa idea. Adorni recibió a Sturzenegger para avanzar sobre la denominada “agenda de planificación 2026/2027”, un programa que contempla nuevas reducciones de estructuras estatales y recortes de personal, además de fusión de organismos públicos y un nuevo paquete de leyes de desregulación económica y administrativa. En el Gobierno sostienen que se trata de la próxima fase del programa libertario: una profundización del ajuste estatal después de los primeros meses de shock económico y estabilización fiscal.

La reunión ocurrió apenas horas después de la reactivación política interna del oficialismo. Tras la cumbre de gabinete del lunes y la tregua sellada el martes en la mesa política, el Gobierno intenta recuperar iniciativa pública mediante una estrategia que en la Casa Rosada ya describen casi como una doctrina: inundar la agenda con anuncios y proyectos legislativos. Aunque muchos de ellos no tengan todavía garantizados los votos en el Congreso.

La estrategia de saturación legislativa ya empezó a tomar forma concreta esta misma semana. Mientras Sturzenegger avanzaba con el nuevo esquema de ajuste y reorganización estatal, el Gobierno envió al Congreso distintos proyectos vinculados a desregulación económica y reformas estructurales. Entre ellos aparecen iniciativas asociadas al denominado “Súper RIGI”, que busca ampliar beneficios fiscales y regulatorios para sectores estratégicos como litio, uranio, hidrógeno verde y vehículos eléctricos; modificaciones a la Ley General de Sociedades; cambios regulatorios para el mercado de capitales y nuevos proyectos orientados a simplificar trámites administrativos y reducir controles estatales. La lógica detrás de esa avanzada ya no parece exclusivamente parlamentaria. En la Casa Rosada entienden que la acumulación simultánea de reformas también funciona como una forma de reconstruir centralidad política y volver a instalar la idea de un Gobierno en movimiento.

“Revolución de los seguros”

En ese esquema, Sturzenegger se transformó en una pieza central. Mientras otros ministros quedaron absorbidos por conflictos internos o desgaste político, el ex presidente del Banco Central consolidó un lugar singular dentro del ecosistema libertario. No solamente como ejecutor técnico del ajuste, sino también como uno de los pocos funcionarios capaces de ofrecer una narrativa consistente de transformación estatal. En distintos despachos oficiales reconocen que Milei sigue viendo en él al principal arquitecto del proceso de reformas estructurales.

Ese alineamiento volvió a quedar expuesto este jueves durante la participación presidencial en el Latam Economic Forum, organizado por la financiera Research For Traders ante un auditorio integrado mayoritariamente por empresarios de la comunidad judía. Allí Milei dejó entrever hacia dónde pretende avanzar la próxima etapa del experimento libertario. “Si ustedes quieren achicar el Estado, deben sustituir sus servicios por los seguros”, planteó el Presidente, antes de poner como ejemplo la medicina prepaga o la seguridad y la educación privada. La definición no apareció aislada. Funcionó como una suerte de marco doctrinario para el nuevo ciclo de reformas que impulsa Sturzenegger.

“Como no están satisfechos con el Estado, buscan al sector privado”, insistió Milei. El Presidente celebró además la baja de los índices de criminalidad y volvió a elogiar públicamente a Patricia Bullrich por haber pasado “de 9.000 piquetes a cero”, pese a los rumores de tensión política recientes dentro del oficialismo. “Ahí se desarrollan seguros”, ejemplificó después. Y fue entonces cuando mencionó directamente a Sturzenegger: “Con Federico estamos trabajando en la revolución de los seguros”. Según explicó, el objetivo consiste en abandonar progresivamente la idea del Estado como principal prestador de coberturas sociales. “Vamos a hacer una transición ordenada hacia un nuevo sistema, no se puede hacer de manera instantánea, va a demandar tiempo”, sostuvo Milei. “Si es instantáneo, el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

La frase terminó de confirmar algo que en la Casa Rosada ya venían describiendo en reserva: Sturzenegger dejó de ser solamente el ministro encargado de recortar estructuras estatales para convertirse también en uno de los principales diseñadores ideológicos de la segunda etapa libertaria. La discusión ya no pasa únicamente por el ajuste fiscal o la reducción de organismos públicos. Empieza a abarcar cuestiones mucho más profundas vinculadas al propio modelo de protección social que imagina Milei.

El plan que impulsa el ministro apunta, mientras tanto, a reducir cerca del 20% de la estructura estatal, incluyendo empleados permanentes y contratados. Según pudo reconstruir elDiarioAR, Adorni les solicitó a las distintas carteras propuestas concretas para avanzar con recortes de personal. A fines de mayo vencen además cientos de contratos estatales que no serían renovados, en lo que aparece como el primer movimiento visible de esta nueva etapa de ajuste.

La ofensiva se desarrolla además en un contexto económico particularmente sensible. La caída de la recaudación, las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la obsesión presidencial por sostener el equilibrio fiscal empujan al Gobierno a profundizar el recorte del gasto público. Hace apenas dos semanas, Milei modificó por decreto el Presupuesto 2026 y aplicó recortes por más de 2,5 billones de pesos sobre partidas de salud, educación y otras áreas sensibles. Paralelamente, ordenó una reducción del 2% de los gastos corrientes dentro de cada ministerio.

Dúo ajustador

En ese punto, el vínculo entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que durante el gobierno de Mauricio Macri protagonizaron una de las internas económicas más feroces del entonces oficialismo, adquirió una lógica completamente distinta. Ya no funcionan como polos en tensión, sino como un doble cerrojo sobre el gasto público. El ministro de Economía controla el flujo de recursos y administra los márgenes financieros, al tiempo que fija prioridades bajo una premisa innegociable: sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo. Sturzenegger, en paralelo, opera sobre la estructura misma del Estado. Empuja recortes, bloquea expansiones presupuestarias y presiona para reducir organismos, personal y capacidad regulatoria. Entre ambos delimitan el margen de maniobra del resto del gabinete. Lo que no encaja dentro de esa arquitectura de ajuste y desregulación, simplemente no avanza.

En la lógica de Sturzenegger, sin embargo, el ajuste no constituye solamente una necesidad fiscal. También representa una oportunidad política e ideológica. Cerca suyo aseguran que el objetivo es aprovechar la ventana política abierta por Milei para avanzar sobre transformaciones que otros gobiernos jamás se animaron siquiera a discutir.

Esa centralidad creciente también expone una paradoja del oficialismo. Mientras La Libertad Avanza continúa mostrando dificultades para ordenar su funcionamiento político, el ministro de Desregulación logró avanzar de manera relativamente sostenida con su agenda. Incluso durante las semanas más turbulentas del Gobierno, cuando las internas volvieron a dominar buena parte del clima interno.

En ese tablero, Sturzenegger aparece cada vez más como el funcionario que mejor expresa el núcleo doctrinario del experimento libertario. Mientras el resto del Gobierno sufre un ahogo generado por el mismo afán ajustador de “el Coloso”, como lo bautizó Milei, él sigue empujando la misma obsesión que acompaña a Milei desde el inicio de la gestión: reducir el tamaño del Estado argentino hasta límites que ningún gobierno democrático reciente intentó alcanzar.

PL/CRM

Diputados nacionales de la oposición salieron con los tapones de punta contra el proyecto de ley del Poder Ejecutivo vinculado a la prevención de la ludopatía que busca erradicar plataformas ilegales de explotación de juegos de azar pero sin prohibir la publicidad del juego legal.

El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a combatir la explotación y difusión de plataformas de juego no autorizadas, además de prohibir el acceso de menores de edad, pero no se inmiscuye en el núcleo del negocio de los operadores de juego legal, que tienen como principal eje de captación la publicidad en medios de comunicación, redes sociales y en espectáculos masivos.

El proyecto no es del titular del Sedronar, Roberto Moro, sino del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struzenegger, quien ya lo tenía escrito hace dos años, cuando en la Cámara de Diputados se le dio media sanción a una iniciativa más restrictiva con 140 votos opositores.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las más activas impulsoras de la media sanción obtenida en noviembre del 2024, que perdió estado parlamentario, recordó que aquella iniciativa “prohibía toda publicidad, mecanismo idéntico al implementado para los cigarrillos, que tan buen resultado dio”.

“Cerrábamos el camino a un lobby poderoso: el juego”, reafirmó la legisladora opositora, quien consideró que “con este proyecto ganan las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas”. “Que propongan castigar con más pena y prohíban publicidad de plataformas clandestinas es una afrenta a la inteligencia de los argentinos”, disparó Frade.

En la misma sintonía, Maximiliano Ferraro (CC-ARI) sostuvo que pese a que el Gobierno presenta el proyecto como de ‘prevención de la ludopatía’, “lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea”. “Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas. Solo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado”, cuestionó.

“¿Adictos al juego legal? Ni un drama, que te bombardeen con publicidad, promociones y apuestas online las 24 horas”, protestó el dirigente opositor.

Otros puntos del proyecto libertario

Sobre la publicidad legal, apenas se menciona que “no podrá utilizar contenidos que vinculen la participación en juegos de azar en línea con el éxito personal, laboral o social, o sugieran que tal participación conlleva aceptación social”

Sobre la sanción a responsables de plataformas de juego no autorizadas, se proponen penas de tres a seis años, junto al bloqueo de dominios y limitación de circuitos de pagos de los operadores ilegales.

También se establece que será “reprimido” con pena de prisión de dos a cuatro años años a quien “prestare servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales” para el funcionamiento de juegos de azar en línea no autorizados, siempre y cuando se pueda demostrar que tenía conocimiento de la ilegalidad del negocio.

La iniciativa además impulsa campañas de concientización y sensibilización sobre efectos adversos del juego patológico, y busca fortalecer herramientas de articulación institucional con provincias y organismos competentes para prevenir y combatir la captación irregular de apuestas.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, impulsado por el Gobierno nacional para derogar más de 70 normas consideradas obsoletas dentro del digesto jurídico argentino. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

Durante el debate, los diputados de La Libertad Avanza defendieron la propuesta como parte de una política de desregulación orientada a reducir la burocracia estatal y limitar la intervención del Estado. El encargado de abrir la discusión fue Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien cuestionó la “acumulación infinita de regulaciones” y sostuvo que muchas normas vigentes “hacen imposible la vida del ciudadano argentino de bien”.

El legislador libertario afirmó que la legislación debe tener como objetivo proteger “la vida, la propiedad y el derecho”, y criticó lo que definió como una tendencia de la política tradicional a legislar de manera excesiva. En ese sentido, consideró que la Ley Hojarasca busca terminar con un “laberinto regulatorio” que afecta a trabajadores y contribuyentes.

Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz explicó que el proyecto apunta a eliminar leyes que fueron superadas por avances tecnológicos, que regulan organismos inexistentes o que establecen trámites considerados innecesarios. Entre los ejemplos mencionó la derogación de normas vinculadas a la microfilmación, la denominada “ley de azotes” y regulaciones sobre mochileros. También cuestionó leyes “declamatorias”, como la referida a laboratorios públicos, que según sostuvo nunca tuvieron aplicación concreta.

Desde la oposición rechazaron la iniciativa y acusaron al oficialismo de avanzar en un desmantelamiento del Estado. El diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta consideró que el proyecto funciona como una “cortina de humo” para profundizar el ajuste estatal, mientras que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó con dureza el tratamiento de la norma y aseguró que pocos legisladores conocen realmente el contenido de la ley.

En la misma sesión, la Cámara baja también tiene previsto debatir un proyecto para modificar el alcance geográfico del régimen de subsidios al gas por “zona fría”, además de tratar convenios internacionales y homenajear a veteranos de Malvinas con la entrega de una medalla de honor.

Con información de la agencia NA

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumará este jueves un nuevo capítulo con un “apagón informativo” de 24 horas, en el marco de un paro convocado por trabajadores en rechazo a los despidos en el organismo. La medida, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se inscribe en una creciente tensión con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien acusan de difundir información “falsa” para justificar el ajuste.

La protesta se produce luego de que el funcionario defendiera públicamente una reducción de personal en el SMN y planteara la necesidad de avanzar hacia un esquema con mayor automatización y menor dotación. Según expresó, el organismo cuenta con cerca de mil empleados, pero podría ofrecer “un mejor producto” con unas 150 personas y mayor incorporación de tecnología.

Desde el sindicato rechazaron esos argumentos. La delegada de ATE en el organismo, Ana Saralegui, sostuvo que las cifras difundidas por el ministro no son correctas: “No somos 20 meteorólogos, somos 148, y no hay 100 estaciones sino 120”, afirmó. En ese sentido, calificó la política oficial como “un vaciamiento disfrazado de modernización”.

El reclamo sindical apunta a los despidos ya concretados -alrededor de 140- y a un recorte que, según denuncian, podría alcanzar a 240 trabajadores, lo que implicaría una reducción cercana al 30% del personal civil. La medida de fuerza prevista para este jueves incluirá un paro de actividades y la interrupción parcial de la difusión de información meteorológica.

No obstante, el impacto del apagón será limitado en áreas consideradas esenciales. El servicio meteorológico aplicado a la aviación deberá mantenerse operativo, dado su carácter crítico para la seguridad y la programación de vuelos. Aun así, desde el gremio advierten que la reducción de personal ya está afectando la capacidad operativa del organismo.

En particular, señalaron que varias estaciones meteorológicas dejaron de realizar observaciones nocturnas, lo que genera “ventanas” sin registro de datos que pueden extenderse entre 9 y 12 horas. “Se están perdiendo observaciones clave y se interrumpen series de datos que son muy importantes”, explicó Saralegui.

La discusión también incluye el rol de la tecnología en el sistema. Mientras el Gobierno impulsa una mayor automatización, los trabajadores sostienen que las estaciones automáticas no reemplazan completamente la observación humana. Según indicaron, estos sistemas requieren períodos de prueba prolongados, mantenimiento constante y supervisión técnica.

Además, cuestionaron la decisión oficial de haber dado de baja una licitación previa para la compra de equipamiento, lo que -afirman- contradice el argumento de modernización. “Se habla de incorporar tecnología, pero no hay un plan claro ni plazos definidos”, señalaron.

En paralelo, el conflicto se vincula con cambios recientes en la estructura del servicio meteorológico para la navegación aérea. A partir de una nueva normativa, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) quedó habilitada para contratar la provisión de información meteorológica a otros proveedores, lo que abre la posibilidad de una reconfiguración del sistema actual.

Desde ATE interpretan esta medida como parte de un proceso de tercerización, mientras que el Gobierno la justifica en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de un servicio considerado estratégico.

Con información de la agencia NA

Martín Menem tenía un plan: sesionar este miércoles para tratar la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, tantear el clima del recinto tras el escándalo de Manuel Adorni y allanar el camino de cara al informe de gestión del 29 de abril. El objetivo no era tanto hacerle un favor a Sturzenegger, con un proyecto de ley que hasta los propios califican de secundario, como medir la lealtad de los aliados. Si la oposición buscaba avanzar con una embestida, razonaba, mejor que fuera antes que Adorni visitase la Cámara de Diputados. Sin embargo, le falló el número: los aliados se le retobaron y, con varios libertarios fuera del país, el riojano tuvo que levantar la sesión. 

“Hay demasiada tensión con el tema Adorni y no teníamos garantizado el quórum con los aliados”, señaló un alfil libertario que, como varios diputados del bloque oficialista, se manifestó en contra de tratar el proyecto de Sturzenegger. La discusión comenzó el viernes pasado, poco después de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Algunos dirigentes libertarios advertían que no era conveniente abrir el Congreso en este contexto de debilidad política y que era mejor esperar a que bajara la espuma. “Guardémonos las balas”, explicaban en La Libertad Avanza.

Menem, en cambio, quería medirle el aceite a los aliados. Consciente de que el escándalo patrimonial de Adorni se había convertido en la excusa para diferenciarse del Gobierno, el riojano advertía que era una buena oportunidad para tantear las fuerzas: el proyecto de Sturzenegger, después de todo, no formaba parte de las prioridades de Javier Milei. En la última semana algunos aliados, como Cristian Ritondo, el jefe del PRO, habían aprovechado para criticar al Gobierno denunciando el “show” que se buscaba armar con el informe de gestión del 29 de abril. 

“Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras”, señaló Ritondo, en declaraciones radiales. 

El principal motivo de preocupación, sin embargo, no era el PRO, sino las fuerzas provinciales. Golpeadas por la caída de la recaudación –que arrastra ya ocho meses a la baja– y el derrumbe de las transferencias de la coparticipación, las provincias arrastran un ahogo financiero cada vez más acuciante. Los aliados reclaman fondos al gobierno nacional, pero Luis Caputo es renuente a abrir la billetera. En este contexto, los gobiernos provinciales ensayan maniobras para distanciarse.

Ya se vio, incluso, durante la última sesión por la reforma de la Ley de Glaciares. Durante la votación por los apartamientos de reglamento para interpelar a Adorni, por ejemplo, hubo varias ausencias elocuentes. Fue el caso de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro. El catamarqueño Raúl Jalil, incluso, mandó a sus diputados a votar a favor de la interpelación del jefe de Gabinete. 

Frente a este escenario, Menem, este lunes, hizo cuentas. Y se dio de frente con el hecho de que, si abría el recinto, se arriesgaba a no tener quórum. El problema era doble. Por un lado, los aliados se resistieron a garantizar su comparecencia. Y, por el otro, había muchas ausencias de diputados propios que estaban en el exterior. 

El nuevo Congreso

El escándalo patrimonial de Adorni –que esta semana tendrá un nuevo capítulo judicial con más declaraciones testimoniales– divide las aguas en el oficialismo. 

Este debate interno se vio plasmado, el viernes pasado, con el cruce entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini en las redes sociales. El desencadenante fue la interna de largo arrastre entre Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires, y la militancia virtual de las fuerzas del cielo, que comanda Santiago Caputo. Una discusión por una denuncia penal de Pareja contra un grupo de tuiteros que lo doxearon el año pasado –publicaron su número de teléfono en Twitter– y que derivó en un enfrentamiento público. El enfrentamiento, sin embargo, exponía algo más: el malestar que hay dentro de un sector de LLA frente a la decisión de los hermanos Milei de sostener a Adorni.

Menem, en tanto soldado de Karina, defiende a rajatabla al jefe de Gabinete. Y fue él quien propuso que diera el informe de gestión el 29 de abril. “Las encuestas me chupan un huevo”, se lo escuchó decir al riojano, quien confía en que la espuma terminará bajando y que no hay que ceder ante la presión de la oposición. 

Dentro del bloque, sin embargo, no todos están de acuerdo. Más de uno está “harto” de tener que defender a Adorni y advierte que no hace más que “desgastar” al Gobierno. 

Esta tensión, que derrama sobre los aliados, genera un freno a la agenda oficialista en el Congreso. Este martes, Menem buscará avanzar con el dictamen de la Ley Hojarasca –que elimina leyes como la de Padrinazgo Presidencial, que establece que el presidente será el padrino (o madrina) del séptimo hijo varón o hija mujer, o la que le da derecho de libre circulación y estacionamiento a los diputados–, pero no podrá avanzar con la sesión. 

Por primera vez desde las elecciones de octubre, el riojano tiene que moverse con cuidado. 

MCM/CRM

Las advertencias sobre un escenario de “despidos masivos” en el INTI sumaron en las últimas horas nuevas voces y detalles que profundizan la preocupación interna. A la confirmación oficial de que se evalúa una fuerte reducción de personal, se agregaron denuncias de sectores sindicales y multisectoriales que señalan un proceso más amplio de ajuste y reconfiguración del organismo.

El tema quedó expuesto tras una reunión del Consejo Directivo, en la que el presidente del instituto, Miguel Romero, transmitió que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, se impulsa una “nueva estructura” que incluiría la desvinculación de más de 700 trabajadores.

Sin embargo, tanto desde adentro del organismo como desde espacios multisectoriales advierten que ese número podría ser mayor. “La cifra que trascendió podría representar apenas una parte de lo que se está solicitando”, señalaron, en línea con versiones que indican que el recorte sería más profundo.

La discusión no se limita al personal. Según las denuncias, la reestructuración incluiría una reducción significativa de funciones, con el posible traslado de algunas actividades a empresas privadas. En ese marco, se menciona la eventual intervención de firmas vinculadas al entorno del ministro de Economía, Luis Caputo.

El debate se da en paralelo a decisiones recientes que, según distintos análisis, implicaron la baja de cientos de servicios tecnológicos que el INTI brindaba al sector productivo y a la sociedad. Entre ellos, controles de calidad en alimentos, verificación de etiquetado, detección de contaminantes y certificaciones de seguridad en infraestructura como ascensores, además del seguimiento de cadenas sensibles como las de carne, lácteos y aceites.

En este contexto, el propio Romero tomó distancia de la posibilidad de avanzar con despidos masivos. “Si eso ocurre, no será bajo mi gestión. Ni yo ni mi equipo vamos a firmarlo”, aseguró, y remarcó que el planteo original contemplaba una reducción de servicios, pero no la eliminación de puestos de trabajo.

El malestar también se expresó en el plano gremial. Sectores sindicales cuestionaron el rol de algunas conducciones internas y advirtieron sobre un debilitamiento de la representación de los trabajadores en las decisiones del organismo.

Frente a este escenario, trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de protesta para este martes 21 a las 10, con una conferencia de prensa en la sede del instituto. Desde la multisectorial, responsabilizaron al Gobierno nacional por la situación y alertaron sobre las consecuencias que podrían derivarse tanto en el funcionamiento interno como en el entramado productivo que depende de sus servicios.

La disputa, que combina recortes presupuestarios, redefinición de funciones y tensiones políticas, abre un nuevo frente de conflicto en el sistema científico-tecnológico y suma incertidumbre sobre el futuro del organismo.

Con información de la agencia NA y de Infogremiales

La exposición de Javier Milei en la cumbre de AmCham Summit 2026 funcionó, puertas adentro del Gobierno, como algo más que una señal al mercado. Fue la ratificación de un esquema de poder que ya venía operando en la práctica: la centralidad del tándem que integran los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger como custodios de la caja y garantes del rumbo del ajuste. Lo que en público se presentó como una reafirmación del programa económico, tras conocerse un número de inflación en alza, en privado fue leído como una advertencia hacia adentro. No habrá margen para desviaciones, ni siquiera en las áreas donde el conflicto ya se volvió visible.

El discurso de Milei no solo apuntó a consolidar la expectativa de inversiones, sino también a ordenar el frente interno. La idea de disciplina fiscal, repetida como mantra, terminó de fijar los límites de acción para el resto del gabinete. En ese esquema, la estabilidad macroeconómica no es solo un objetivo, sino una condición que subordina todas las demás variables, incluso aquellas vinculadas al funcionamiento cotidiano del Estado.

La bajada a sus ministros ya había sido hecha. En la reunión del lunes 6, encabezada por el propio Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trasladó ese mandato con números concretos: reducir un 2% adicional en los gastos corrientes y un 20% en los de capital. No fue una sugerencia. Fue una orden con fecha límite. Los titulares de las carteras deberán presentar sus planes de ajuste antes de fin de mes, en un contexto donde varios ya venían advirtiendo que el margen para seguir recortando se agotó hace tiempo.

Ese pedido no cayó en un vacío. Llega después de meses de “motosierra” sostenida y en medio de un escenario donde empiezan a acumularse tensiones en distintas áreas. En Salud, por ejemplo, la deuda con prestadores del PAMI se convirtió en uno de los focos más visibles. En otras carteras, los recortes ya empezaron a impactar en la capacidad operativa. Aun así, la respuesta que baja desde el núcleo económico es siempre la misma: el ajuste no se negocia.

En ese punto, el rol de Caputo y Sturzenegger —otrora enemigos íntimos en tiempos de Mauricio Macri, cuando también compartieron gobierno— excede lo técnico. Funcionan como un doble cerrojo sobre el gasto público. El ministro de Economía administra el flujo de recursos y define prioridades en función del equilibrio fiscal. Su par de Desregulación empuja la reducción estructural del Estado y bloquea cualquier intento de expansión que no se ajuste a ese esquema. Entre ambos delimitan el campo de acción del resto del gabinete. Lo que no se encuadra dentro de esa arquitectura, no avanza.

La crisis en la obra social más grande la Argentina terminó de exponer ese funcionamiento con mayor nitidez. En medio del conflicto con prestadores y del paro de médicos de cabecera, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo un cara a cara con Caputo en el que quedó explicitada la lógica que ordena al Gobierno. Según reconstruyen distintas fuentes, el titular de Economía no se comprometió a ampliar partidas y, por el contrario, dejó en claro que el sendero fiscal no se modifica. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. 

Esa sentencia funcionó como una síntesis del momento. El Ministerio de Salud se vio obligado, días después, a disponer fondos propios para intentar descomprimir la situación en el PAMI, con un giro de $150.000 millones destinado a comenzar a regularizar pagos atrasados a prestadoras. Un movimiento que permitió aliviar parcialmente la cadena financiera, pero que no alteró el cuadro de fondo.

Mientras se intentaba desactivar ese frente, el conflicto con los médicos seguía abierto por el cambio en el esquema de cápitas. Y en paralelo, las protestas de jubilados comenzaban a multiplicarse en distintas ciudades del país, en reclamo por la falta de medicamentos y la caída en la calidad de la atención. Tres niveles de presión simultáneos sobre un sistema que, aún con recursos adicionales, no logra estabilizarse.

La lectura que circula en algunos despachos es que el PAMI se convirtió en un caso testigo de los límites del modelo. No porque el Gobierno esté dispuesto a modificar el rumbo, sino porque expone con mayor crudeza las tensiones que genera su aplicación. Allí, donde confluyen recursos, territorio y demanda social, el ajuste deja de ser una consigna abstracta y se transforma en una experiencia concreta para millones de afiliados.

En paralelo, la decisión de no abrir canales de diálogo con la CGT ni con los movimientos sociales refuerza esa lógica. En la Casa Rosada hablan de “penitencia” para el sindicalismo, en referencia a su ofensiva judicial contra la reforma laboral. La señal es consistente con el resto del esquema. Para La Libertad Avanza, el conflicto no es un factor de negociación, sino una variable que se administra.

En ese contexto, la pregunta que empieza a circular no es si el Gobierno sostendrá el ajuste sino hasta dónde podrá hacerlo sin que las tensiones acumuladas terminen desbordando los márgenes de control. Por ahora, la respuesta es política antes que económica: mientras Caputo y Sturzenegger conserven la llave de la caja, el rumbo seguirá siendo el mismo. En AmCham, Milei apeló a la imagen mítica de Ulises atado al mástil para no ceder ante el canto de sirenas de quienes buscan desviarlo de su objetivo. En la práctica, el Gobierno parece haber elegido atarse a su propio programa, aun cuando alrededor empiecen a escucharse cada vez más fuerte los pedidos de ayuda.

PL/CRM

La reunión del miércoles entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, dejó algo más que una foto de coordinación entre carteras. El balance oficial que se difundió esa misma tarde habló de un encuentro “productivo” y de “avances” entre equipos técnicos. Pero puertas adentro, la lectura fue otra. En el Palacio de Hacienda escucharon el planteo de Lugones, tomaron nota de la dimensión del problema, pero evitaron cualquier compromiso concreto de asistencia. Lejos de abrir una excepción, ratificaron el rumbo. El ajuste no se negocia.

Según fuentes al tanto del encuentro, Caputo fue explícito en ese punto. No solo no habilitó una respuesta inmediata para el PAMI —que por estas horas atraviesa una situación crítica por la falta de pagos—, sino que planteó que el recorte del gasto debe profundizarse incluso en un área sensible como la sanitaria. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. La frase, más que una definición técnica, funcionó como una señal política hacia adentro del gabinete.

Es que, en ese esquema, la capacidad de maniobra del Ministerio de Salud aparece cada vez más acotada. La decisión no pasa solo por Economía. Hoy el poder real se articula en un tándem entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que desde el Ministerio de Desregulación actúa como garante ideológico del “déficit cero”. “Se podría habilitar una partida, pero si Sturzenegger no da el OK, no pasa”, sintetizó una fuente con acceso a la dinámica interna. La lógica es clara: no hay margen para soluciones que contradigan la línea de fondo que es avalada, a su vez, por el propio Javier Milei.

En línea con el peso que viene acumulando en las decisiones sensibles, Sturzenegger avanzó en las últimas semanas, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en intereses con los que Lugones mantiene vínculos históricos. El ministro de Salud había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses, pero terminó cediendo en un episodio que dejó expuesto su margen acotado frente a las definiciones que bajan desde el núcleo económico.

¿Un PAMI provincializado?

El PAMI, en ese contexto, empieza a ser leído más como un problema estructural que como una urgencia coyuntural. Entre los objetivos que circulan por la cabeza de Sturzenegger aparece la idea de avanzar, más temprano que tarde, en un proceso de provincialización del sistema, una transformación que implicaría redefinir el rol del Estado nacional en la cobertura de millones de jubilados. No es, en rigor, un propósito ajeno al propio Lugones. Durante su exposición en la cumbre de AmCham del año pasado, el ministro planteó la necesidad de “volver a los orígenes” y trasladar a las provincias la gestión de hospitales nacionales, al tiempo que reivindicó la posibilidad de concesionar su administración al sector privado. En esa visión, la Nación debería retirarse del rol de prestadora y limitarse a regular.

Mientras tanto, lejos de esas elucubraciones, la situación operativa de la obra social más grande de América Latina sigue deteriorándose. Con una deuda que ya supera el mes de prestaciones y se acerca a los 500 mil millones de pesos, clínicas y sanatorios comenzaron a restringir servicios, postergar cirugías y priorizar únicamente los casos urgentes.

En paralelo, crecen los cobros informales a afiliados como mecanismo de compensación ante la falta de pagos, una práctica que el propio PAMI intenta contener sin demasiado margen. En el sector advierten que el sistema está entrando en una zona crítica, donde la continuidad de la atención empieza a depender más de la tolerancia de los prestadores que de la capacidad de financiamiento del Estado.

En ese escenario, el Gobierno intentó en los últimos días reforzar el control interno del organismo. Tras la reunión que Lugones mantuvo el lunes con Santiago Caputo, el PAMI oficializó la designación de María Florencia Zicavo como nueva síndica general. Su llegada, en un contexto atravesado por auditorías y denuncias por irregularidades, fue leída en la Casa Rosada como un movimiento para ordenar la gestión y monitorear el uso de los recursos en una etapa de máxima tensión.

Karina, al acecho

La señal que bajó el Ministerio de Economía no hizo más que profundizar la incertidumbre. En el Ministerio de Salud, donde la crisis ya venía generando ruido, la sensación es que el resultado de la reunión dejó todo tal y como estaba. Según distintas fuentes, es una situación que empezó a inquietar también a la propia Karina Milei, que observa con atención el devenir de un organismo clave en términos de recursos y poder territorial. “Ella quiere quedarse con el PAMI”, deslizan voces convencidas.

En la superficie, cerca del karinismo intentan relativizar ese interés y evitan mostrarse involucrados en la disputa. Pero puertas adentro, la lectura es otra: si se abre una ventana de oportunidad, no va a dudar en avanzar. El problema, repiten incluso dentro del propio oficialismo, es el mismo que atraviesa a otras áreas del Gobierno: la secretaria General de la Presidencia no cuenta con una estructura propia consolidada para ocupar esos espacios. Y Salud no es la excepción.

Ese límite convive con un movimiento más silencioso. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre posibles alternativas en caso de que la figura de Lugones siga debilitándose. Entre los nombres que aparecen en ese radar está el del médico Pablo Sisco, jefe de la División Cirugía del Hospital Pirovano, con vínculos en la Asociación de Médicos Municipales que lidera el poderoso Carlos Rojo. Según ese runrún, el entorno de los primos Menem lo tiene como referencia técnica y podría empezar a impulsarlo si el escenario se deteriora.

En ese tablero, la continuidad del actual ministro de Salud vuelve a quedar atada a una ecuación que ya no depende solo de su respaldo político. Lugones fue ratificado en los últimos días, pero la reunión con Toto Caputo dejó en claro que el problema que lo puso en duda sigue sin resolverse. Y que, en un gobierno donde el poder se concentra en quienes controlan los recursos, esa diferencia puede ser determinante.

PL/MC

El Gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles el envío al Parlamento del proyecto de la 'ley de hojarasca' para derogar 70 normas que considera “obsoletas” y simplificar así el sistema legal.

Según informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger en un comunicado, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de Derogación de Legislación Obsoleta, que denominó 'ley hojarasca'.

De acuerdo con el comunicado, esta iniciativa está “orientada a ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales”.

Entre las normas que el Gobierno impulsa eliminar se incluyen leyes que fueron superadas por legislación posterior, como una ley de 1864 que prohíbe castigos corporales ya vedados por la Constitución nacional.

Según indicó el Gobierno, también se incluyen leyes que “han quedado obsoletas por el avance tecnológico, el desarrollo económico o el paso del tiempo”, como una norma del siglo XIX que incentiva la explotación de carbón u otra de 1973 que exige la aprobación del Congreso para “innovaciones” en la transmisión televisiva.

Asimismo, el Ejecutivo quiere eliminar normas que, a su juicio, afectan libertades individuales, como las que establecen penas de prisión para quienes promuevan sanciones contra el Estado argentino, normas que habilitan mecanismos indirectos de control sobre la prensa, que regulan contenidos culturales o permiten la intervención estatal en reuniones privadas.

El Gobierno busca terminar con disposiciones que habilitan controles sobre formas de circulación, como el requisito de un 'carné de mochilero', o medidas sanitarias como el ingreso obligatorio en un hospital de personas con lepra.

A esto se suman leyes que han quedado vacías de contenido al referirse a organismos que ya no existen.

“En total, la iniciativa propone la derogación de más de 70 leyes. El criterio rector es que el derecho debe funcionar como una herramienta para garantizar la libertad y no como un mecanismo de restricción innecesaria”, añadió el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

EFE

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En febrero de 2024, Javier Milei llevaba dos meses en Casa Rosada, la consigna “no hay plata” reinaba en el Ejecutivo y Cancillería renovaba un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por la pareja del entonces asesor en las sombras Federico Sturzenegger, para dar un curso de idioma a más de cien empleados administrativos.

El convenio con la AACI estaba vigente desde 2018, pero la primera renovación bajo el Gobierno ultraderechista marca dos presuntas irregularidades. Primero, el monto creció 398% con respecto a marzo de 2023, muy por encima de la inflación en ese período, que fue 276%. Es decir, un alza de 33% en términos reales, a contramano de lo ocurrido durante los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Segundo, Sturzenegger, pese a que hacía gala de acceso libre a Casa Rosada y participación en actos oficiales, se excusó en que no estaba formalmente designado para evitar el protocolo que previene conflictos de intereses. Su pareja, Josefina Roulliet, era directiva de AACI desde 2020.

La adjudicación directa a la AACI por $114 millones en diciembre pasado para el curso a 132 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores durante 2026 —dada a conocer por la agencia Noticias Argentinas— despertó críticas sobre Sturzenegger por presuntamente favorecer un negocio en el que estaba involucrada su pareja. El entorno del ministro de Desregulación y el canciller Pablo Quirno respondieron que el convenio databa de 2018, y que para el nuevo acuerdo de diciembre pasado se había activado el protocolo que solicita un dictamen de la Oficina Anticorrupción, por el vínculo Sturzenegger-Roulliet.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández

Sin embargo, el foco no debe ser puesto en la última renovación de diciembre, sino en la firmada en febrero de 2024, cuando Diana Mondino estaba al frente de Cancillería y Sturzenegger se mostraba en redes junto a resmas de papel con cargos y leyes que se proponía eliminar, mientras punteaba el contenido de la ley Bases con borradores que le enviaban estudios jurídicos privados.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández. En ese período, la inflación alcanzó 276%, 122 puntos porcentuales menos. La sobrecarga real es de 32%.

El porcentaje es de por sí inusitado, pero se torna más sospechoso en un contexto en que el Ejecutivo, con Milei y Sturzenegger a la cabeza, justificaban la suspensión de la entrega de medicamentos a enfermos graves y de alimentos a los comedores populares con el argumento de que no había fondos y se imponía realizar auditorías. Para aumentar una adjudicación directa para la enseñanza de inglés a la academia dirigida por la pareja de Sturzenegger, hubo plata.

Cancillería y Desregulación no respondieron insistentes pedidos de este medio para conocer los montos pagados a AACI desde 2018, pero el dato pudo ser reconstruido con información subida al portal público ComprAR. El 23 de febrero, ante la consulta específica sobre los montos recabados, Desregulación aclaró que no estaban a su alcance detalles de contratos firmados por otras carteras.

Allí se consigna que la primera adjudicación directa de Cancillería a AACI fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. Macri era Presidente y Sturzenegger era titular del Banco Central, pero Roulliet no estaba en la AACI, sino como directora de Control del Teatro Colón, en una de las múltiples funciones que ocupó en diversos Gobiernos del PRO.

A fines de noviembre de 2019, días antes del cambio de Gobierno, la administración Macri aumentó un segundo contrato a la AACI hasta $2,7 millones, menos que la inflación desde marzo de 2018 (110,7%). El patrón continuó durante el mandato de Alberto Fernández el 30 de noviembre de 2020 ($4 millones, algo más que inflación de 36%, ya con Roulliet en funciones en la academia de inglés), el 4 de marzo de 2022 ($5,7 millones, bastante por debajo del 82% de inflación), y el 5 de marzo de 2023 ($11 millones, nuevamente por debajo del 103% de inflación en ese período).

Al convenio de febrero de 2024 con 398% de aumento (de $11 millones a $55,3 millones) le siguió el de diciembre pasado, por $114 millones, adjudicado el 23 de diciembre de 2025, nuevamente con un alza superior al 82% de inflación en ese lapso de 22 meses.

Tomadas ambas gestiones de los predecesores de Milei, el contrato con la AACI disminuyó en términos reales. Con la llegada de Milei, la motosierra se desafiló: lleva un alza de 936% desde la última firma de Fernández, frente a 688% de inflación.

El contrato con la AACI desde que Sturzenegger llegó al Ejecutivo se ubica así entre los pocos gastos del Estado que encontraron manos dispendiosas, como los precios admitidos para la compra de medicamentos en ANDIS dirigida por Diego Spagnuolo, los fondos de la SIDE, la seguridad presidencial y los viajes de los Hermanos Milei a Miami.

Aunque hay controversias sobre el efectivo cumplimiento del protocolo que supone la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación en caso de conflicto de intereses, el Gobierno exhibió la declaración jurada que reconoció un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, tramitada para la última renovación del programa de idiomas para 2026. Las partes firmaron un “pacto de integridad”.

Ese paso se omitió en marzo de 2024. “Para declararse persona expuesta políticamente, la tiene que estar en el cargo”, indicaron en el entorno de Sturzenneger.

Su designación como ministro fue en julio de ese año. En el semestre previo, se dio una situación vidriosa, porque el desregulador exhibía poder en redes, pese a que no tenía poder de firma, situación análoga a la del asesor Santiago Caputo, uno de los hombres que maneja más terminales del Ejecutivo sin un cargo formal que lo justifique. En la comunicación oficial de Presidencia en ocasión de la jura, se indicó que Sturzenegger “colaboró en la agenda de desregulación desde el 10 de diciembre de 2023”.

Las alertas se encendieron dada la sensibilidad y volumen económico de los temas que dependían de Sturzenegger desde el primer minuto de Milei en Casa Rosada. Ahora, el funcionario aprovecha esa laguna para justificar el incumplimiento del pacto de integridad que debió firmar.

SL

slacunza@eldiarioar.com

A las 10.55 del 24 de febrero, la nota fue modificada para informar que el día anterior, ante la consulta específica sobre los montos recabados, Desregulación aclaró que no estaban a su alcance detalles de contratos firmados por otras carteras.

La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro de la provincia litoraleña habla pausado, mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que desde la llegada de Javier Milei al poder perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había señalado que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, afirma, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, señala.

En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica López Sartori, convierte al mercado yerbatero en una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, dice. Desde esa lógica, sostiene que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado te dice que cuando hay este tipo de patología se tiene que intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?

—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?

—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite quedó expuesto nuevamente el viernes pasado, cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, mantuvo un encuentro con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, con el fin de trasladar la preocupación por la situación de los pequeños productores. De la reunión también participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Sin embargo, desde el oficialismo nacional se encargaron de ratificar que no habrá marcha atrás en la política de desregulación del sector. Tampoco en el achicamiento del INYM.

En diciembre pasado, más de veinte trabajadores de larga trayectoria fueron despedidos, en medio de una reconfiguración interna que acompaña la pérdida de funciones del organismo. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento no fue aislado, sino parte de la transformación iniciada con el DNU 70/2023 y profundizada luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que terminaron de adecuar el funcionamiento del Instituto al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación productiva, y pasó a concentrarse en funciones técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?

—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

Ese corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como regulador del mercado y como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su propia estructura interna: áreas que antes seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Ese trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. El ministro lo sintetiza con un diagnóstico económico directo: “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%”. Y agrega: “No es solamente la caída, sino también que los costos subieron. Hoy por hoy no es rentable”.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?

—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

Esa crítica lo lleva a cuestionar la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que mantuvo una reunión reciente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que transmitió la preocupación del Gobierno misionero por la crisis yerbatera y la necesidad de recuperar herramientas de ordenamiento del mercado. Sin embargo, la línea política que rige la situación del sector se define en realidad en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El rumbo responde principalmente a la lógica impulsada por Federico Sturzenegger, arquitecto del proceso de reducción del rol estatal en las economías regionales.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque reconoce que el margen de acción es limitado. También lo es la repercusión que se pueda tener en la opinión pública. En ese sentido, López Sartori evoca lo ocurrido en la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, donde la crisis yerbatera desbordó las fronteras de Misiones y se hizo visible a nivel nacional, con críticas directas de los presentes a la figura de Javier Milei. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca, hacia el final de la entrevista, en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional mantiene respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta López Sartori.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si tienen tantos desacuerdos estructurales? Sin ir más lejos, sus dos senadores acaban de votar a favor de la reforma laboral.

—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia [las tres de 2023 y la legislativa de 2024]. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y hasta el vino, pero no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición política del Frente Renovador de la Concordia, el espacio misionero que lidera el exgobernador Carlos Rovira, el ministro describe una relación con la Nación atravesada por el pragmatismo. La provincia, señala, procura sostener la gobernabilidad sin resignar márgenes de autonomía en la defensa de sus intereses productivos. Pero la crisis yerbatera empezó a introducir un factor de tensión en ese esquema: mientras el oficialismo local busca contener el impacto sobre el sector y evitar una escalada política, el malestar entre productores y actores de la cadena comienza a hacerse sentir con mayor intensidad.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?

—Esperamos que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, creo que [el ministro del Interior, Diego] Santilli es un dirigente con mucha capacidad territorial, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?

—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces, Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

PL/MG

Mauricio Macri, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris fueron beneficiados por el Gobierno y una jueza federal en la causa que los investigaba por la gigantesta deuda tomada con el FMI durante la gestión de Cambiemos. Este viernes Javier Milei dispuso que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su intervención como querellante en la causa contra el expresidente por supuesta defraudación al Estado, apenas días después de que María Eugenia Capuchetti archivara el proceso, luego de años sin avances. Con US$44.500 millones, fue el crédito más grande de la historia del organismo multilateral.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo bajo el mandato de Alberto Fernández, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

En su momento, el fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas; hoy ministro de Economía de Milei) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger (hoy ministro de Desregulación) y Guido Sandleris. 

La medida de Milei fue oficializada mediante el Decreto 87/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En sus considerandos, se argumenta que la Procuración actuó de forma excepcional en el proceso penal y que su intervención en causas penales no forma parte de su especialidad técnica.

El Poder Ejecutivo justificó que el Ministerio Público Fiscal es el órgano competente para impulsar la acción penal, con independencia funcional y especialización en investigaciones penales complejas, y que su rol debe ser preservado frente a posibles interferencias.

El decreto establece también que el cese de la querella no implica que el Estado Nacional renuncie al reclamo por daños y perjuicios, ya que la acción civil podrá continuar en los términos procesales correspondientes.

Archivo de la causa y apelación del fiscal

La decisión de la administración Milei se tomó tras el archivo de la causa por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, el pasado 2 de febrero. La jueza a cargo, María Eugenia Capuchetti, concluyó que los hechos denunciados no constituían delitos sino “discrepancias con decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias” y que esas decisiones “no pueden ser objeto de reproche penal, ya que forman parte del ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica y los efectos macroeconómicos adversos no permiten reconducir, por sí solas, estas decisiones al ámbito del derecho penal”.

La decisión de Capuchetti fue apelada este jueves por el fiscal Picardi, quien consideró la decisión de la jueza como “arbitraria, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas”.

“La entidad y complejidad de los hechos investigados, así como la afectación directa a derechos y garantías fundamentales, imponen necesariamente la realización de una investigación profusa, amplia y exhaustiva, orientada a esclarecer la totalidad de las responsabilidades involucradas, el alcance de las maniobras desplegadas y la eventual existencia de otros partícipes, a fin de garantizar la plena vigencia del orden constitucional y el Estado de Derecho”, consideró Picardi en su apelación.

De acuerdo a Piicardi, “el archivo de las presentes actuaciones obtura la actuación de este Ministerio Público Fiscal y vulnera el principio acusatorio no dejándolo seguir ejerciendo la acción penal a los fines de profundizar una investigación de gran trascendencia institucional y repercusión nacional e internacional, y para poder atribuir, eventualmente, las responsabilidades criminales que correspondan”.

Según el escrito que presentó el fiscal, “las pruebas aunadas develan un conjunto de acciones direccionadas que, analizadas de manera integral, permiten observar y reconstruir un posible entramado delictivo muy tangible, conformado por etapas y acciones concretas emparentadas con la violación de normativa a la que se encontraban obligados como funcionarios públicos para la toma de deuda pública; las falsedades en torno al destino y uso de los fondos solicitados al FMI; la administración ruinosa de los fondos obtenidos, generando una deuda insostenible para el beneficio de un reducido grupo privado concentrado con posibles relaciones y/o vínculos con los decisores públicos; la administración arbitraria y discrecional que imposibilitó el control de la trazabilidad de los fondos obtenidos; y la generación de prejuicios cuantificables e incuantificables para la administración pública y la sociedad en general”.

De esta manera, Picardi, aduciendo “la gravedad y magnitud de los hechos del caso, así como la solidez de la hipótesis delictiva sustentada en evidencias”, demandó a la Justicia “una investigación acorde y diligente, y una evaluación de las pruebas minuciosa, de cara a los deberes del sistema de administración de justicia con la sociedad”.

Con información de agencias.

IG

Al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le gusta meterse con los grandes empresarios argentinos. Defiende las importaciones puerta a puerta como las del portal chino de ropa Shein, pese a las críticas del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, a la desigual carga tributaria con sus rivales extranjeros. Hace lo imposible modificando normas para traer las vacunas antiaftosa brasileñas de Tecnovax, propiedad de Diego La Torre y Matías y Nicolás Grosman, pero por ahora no ha logrado convencer al Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) para romper el monopolio de Biogénesis Bagó, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y Juan Carlos y Sebastián Bagó.

Ahora se ha metido otra vez contra Paolo Rocca, mandamás de Techint: en agosto pasado se le rió en la cara cuando contó que la apertura importadora de acero le había provocado al grupo una caída de la producción siderúrgica a la mitad y ahora reivindicó que el futuro ducto para exportar gas de Vaca Muerta a través de la costa de Río Negro, el proyecto llamado Southern Energy, usará tubos indios y no de la multinacional que opera desde Buenos Aires y Milán pero tiene residencia fiscal en Luxemburgo.

Pero más allá de los embates del ministro con Rocca y otros grandes empresarios, los trabajadores de los sectores en disputa alzan la voz sobre el impacto de la importación. Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”.

“En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético. Derosso enfrentará en elecciones internas, inéditas en 30 años, al actual secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán. “Tenemos propuestas serias para devolver a los afiliados sus aportes en vivienda, salud, educación, esparcimiento y hacer una discusión responsable del salario”, explica Derosso sus diferencias con Furlán, que ahora impulsa en la CGT un paro contra la flexibilización laboral.

Sturzenegger, mientras tanto, defendió este lunes por la red social X la decisión de Southern Energy, consorcio que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC) seguida por la estatal YPF, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), la británica Harbour Energy y la noruega Golar GNL, a favor de la siderúrgica india Welspun y contra Techint.

“Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a @GrupoTechint por ser productor nacional”, se refiere a un artículo de Pablo Fernández Blanco en el diario La Nación.

“A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos”, propone Sturzenegger. “Primero. @GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen. Segundo. Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación”, continúa el doctor en economía con su tesis de considerar héroes a los importadores, pese a que muchos de sus colegas lo hayan rebatido con el argumento de que si no, no habría países con déficit comercial.

“Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza”, prosigue el ministro: “Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”.

“Pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente @GrupoTechint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, continúa Sturzenegger. “¿Ahora como (sic, sin acento, aunque debería llevarlo) defendemos no darle el contrato a @GrupoTechint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento (de) que los caños de afuera son más baratos”, cayó en el error del queísmo.

“¿No deberían entonces las empresas cambiar el proveedor y elegir el local?”, se preguntó. “Voy a tratar de argumentar, por qué, a mi entender, tampoco deberían. Primero, si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos. Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ”me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta“. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos. Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para @GrupoTechint, aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante. VLLC!”, recurrió al cierra de los discursos de su jefe Javier Milei.

AR/CRM

El dólar siempre está de moda en la Argentina. Ahora que el ministro de Economía, Luis Caputo, se tuvo que comer sus palabras y puso en marcha este viernes un techo más alto de la banda cambiaria, que se actualiza según la inflación y no más a sólo 1% mensual. Ahora que su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, doctor en economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), califica de “héroes” a los que gastan las divisas que producen los exportadores en vacaciones en el exterior, con el que argumento de que si un país quiere exportar, debe importar (ver tweet abajo). Ahora que el Banco Central, que conduce Santiago Bausili, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Paulo Starc, proveen a la Justicia de reportes de la presunta venta de dólares oficiales a cuevas que después los revendían a precio blue en los tiempos en que Sergio Massa era ministro de Economía (2022/2023).

Como si fuera poco, quedaron liberados depósitos en dólares del blanqueo de capitales de 2024: un total de US$20.000 millones que pueden quedar ahí, buscar inversiones más rentables o escaparse otra vez al colchón (llámense cajas fuertes) o al extranjero. Y pronto entrará en vigencia la ley de inocencia fiscal, que apunta a un blanqueo permanente de pesos circulantes y dólares encanutados.

El dólar minorista arrancó el año subiendo el 1%, hasta $1.495, y el mayorista, referencia para la banda, el 1,3%, a $1.475, con lo que empieza a aproximarse al nuevo techo de $1.529. “No veo mayor reacción del tipo de cambio en estos días”, tranquiliza Daniel Marx, socio de la consultora Quantum Finanzas. “Una parte importante de los dólares del blanqueo van a continuar en el circuito, en depósitos o en compra de ON (obligaciones negociables, que son los títulos de deuda de las empresas), bonos (del Estado) u otros activos. La ley de inocencia fiscal va a tener al principio una reacción tibia. Pero en el tipo de cambio hay movimientos por el turismo, especialmente en esta época, y a los cambios normativos que están implementándose”, se refiere a los viajeros al extranjero, que también demandarán lo suyo durante el Mundial de Norteamérica en junio y julio, y las nuevas flexibilizaciones del cepo cambiario, que aún sigue vigente para determinadas operaciones, incluido el impuesto que pagan los “héroes” a las compras en el exterior y los giros de empresas de antiguas utilidades y deudas comerciales.

“Más que la banda, la pregunta del momento en el mercado cambiario es qué va a pasar con los vencimientos de deuda del 9 de enero (por más de US$4.000 millones a bonistas) y el 1 de febrero de US$800 millones al Fondo (Monetario Internacional, FMI)”, observa Matías Rajnerman, analista del Banco Provincia de Buenos Aires. “Cada vencimiento es un desafío. Los anteriores se pagaron con ayuda de EE UU. Ahora parece que va a ser un 'repo' (préstamo de bancos, de corto plazo y alta garantía). La pregunta es con qué dólares se va a cancelar eso. En cambio, la suba del techo de la banda ya estaba descontada por el mercado. En cuanto a la ley de inocencia fiscal, en 2025 no se generaron tantos flujos como para que se blanquee tanto como en 2024, cuando venías de varios años acumulando flujos no declarados”, agrega Rajnerman.

Alejandro Pagliero, analista de la sociedad bursátil Nasini, descarta que en enero el nuevo esquema cambiario vaya a tener impacto en la cotización. “Sí tendrá en los próximos tres o seis meses, por el efecto acumulativo”, se refiere a que el techo de la banda irá elevándose más y más. “Para mitad de año vas a tener un dólar $100 o $150 más alto que con el esquema anterior. A eso sumale que en enero y febrero vas a tener bastante demanda por turismo y que el Gobierno tiene que dar alguna señal de acumulación de reservas para el pago de la deuda. Por eso vamos a estar en un nivel bastante cercano a la banda superior. Mientras, con los dólares del blanqueo va a haber de todo: parte irá a inversión inmobiliario, mucho a activos financieros, no creo que haya mayor desarme para irse al exterior. Muchos empresarios blanquearon y usarán esa plata para recapitalizar sus empresas para crecer por volumen. Por último, la ley de inocencia fiscal irá arrancando de forma paulatina, cuando se acomoden los contadores y abogados, pero beneficiará la recaudación tributaria porque antes el consumo se hacía en negro. Por último, para septiembre u octubre, cuando el Oleoducto Vaca Muerta Sur empiece a sacar petróleo, se dinamizará la constante falta de liquidez en el dólar en la Argentina”, se esperanza Nasini.

El nuevo techo “evita que el tipo de cambio quede desalineado en términos reales (en relación a la inflación) y reduce la probabilidad de tensiones artificiales” , opina Agustina Savoia, asesora financiera de Cocos Gold. “Dl dólar deja de ser una variable determinada por eventos discretos o expectativas de ruptura y pasa a moverse dentro de una trayectoria más previsible. No se trata de un régimen de flotación libre, pero sí de un esquema administrado con reglas más claras, donde el tipo de cambio acompaña la dinámica inflacionaria en lugar de anticipar crisis. Para el mercado, esto se refleja en un escenario de ajustes graduales del dólar, sin saltos abruptos, siempre condicionado a la consistencia del programa fiscal y monetario. El foco deja de estar en el nivel puntual y pasa a estar en la trayectoria. Inflación, tasas y dólar comienzan así a moverse de manera más coordinada, reduciendo los desajustes que históricamente generaron episodios de inestabilidad”, añade Savoia.

En cuanto a los dólares del blanqueo, “el riesgo no está en el vencimiento de las cuentas en sí, sino en un eventual cambio de expectativas que incentive una dolarización defensiva”, señala la asesora de Cocos. “Por ahora, ese escenario no es el que predomina”, aclara. “La ley de inocencia fiscal no genera un impacto inmediato sobre el tipo de cambio, pero sí apunta a modificar un comportamiento profundamente arraigado en la economía argentina: el uso del dólar como refugio ante la incertidumbre legal y tributaria. Al reducir el riesgo percibido de operar con activos declarados, la ley busca incentivar una mayor utilización del ahorro en dólares, ya sea para inversión, consumo o intermediación financiera”, finaliza Savoia.

Alan Trejo, analista de Proficio Investment, considera “un buen avance la modificación del esquema que abandona el ancla cambiaria”. “Es decir, a partir de ahora dejará de atrasarse el tipo de cambio real desde estos niveles. Al indexarse sólo por la inflación local, el techo irá ganando competitividad lentamente en una magnitud anual igual a la inflación de nuestros principales socios comerciales, con Brasil al 4% anual, EE.UU. al 3%. Este nuevo esquema, no obstante, ralentizará la desinflación dado que las tres anclas pasan a ser dos: fiscal y monetaria. Básicamente, la sostenibilidad de este proceso radicará en que continúe el equilibrio fiscal. Todo esto, sumado a que tendremos presente el Central en el mercado para la acumulación de reservas, sólo cuando noten excesos de oferta, que puede ser contra liquidación del agro o de liquidaciones de emisiones de deuda en Nueva York de empresas o provincias.Aal menos hace pensar que el dólar no va a caer, que va a ir subiendo más o menos en línea con la inflación.”

“Una forma de sumar oferta al mercado podría ser liberando los controles de capital y dar paso a que fluyan los capitales internacionales”, conjetura Trejo. “Pero la mala experiencia que atravesaron durante la administración Macri hace pensar que van a liberar muy gradualmente el ingreso de capitales especulativos. Ahora bien, que el dólar suba en línea con la inflación, no garantiza la sostenibilidad del esquema. Todo dependerá del ritmo al cual puedan acumular reservas mientras el riesgo país permanezca sobre los 500 puntos, dado que estamos pagando con cash los vencimientos de capital cuando lo normal es refinanciarlos en los mercados de deuda”, completa el analista de Proficio.

Emmanuel Ruiz Migone, de la firma Aldazabal y Cía., coincide en general: “El hecho que ahora la banda cambiaria esté ligada a la inflación, tiene como ventaja que ya no se va a discutir si el tipo de cambio está atrasado o no, la contra de esto quita previsibilidad porque ahora dependés de las estimaciones de inflación para estimar las bandas. Pero el principal driver (conductor) del tipo de cambio va a pasar por la capacidad del Central de acumular reservas. En la medida en que el mercado vea que se hacen los pagos de deudas y las reservas aumentan, el tipo de cambio debería estar relativamente estable”, agrega Ruiz Migone, que no deja de advertir que sin una normativa clara sobre el lavado de dinero los contadores recomendarán quedarse “quietos: pese a la ley de inocencia fiscal.

En la sociedad Criteria consideran que “en la medida en que la política fiscal y la monetaria se mantengan consistentes, la banda funciona como un ancla de expectativas más que como un objetivo a testear permanentemente”. “El tipo de cambio debería moverse mayormente dentro del corredor definido, con episodios de tensión puntuales más asociados a la coyuntura política o financiera que a desequilibrios macro persistentes. El riesgo principal no es tanto una ruptura de la banda, sino que el mercado perciba inconsistencias entre éstas y la posibilidad de acumulación de reservas”, concluyen en Criteria. En cuanto a los dólares del blanqueo y el impacto de la inocencia fiscal, agregan: “Se espera tengan un efecto estabilizador en el corto plazo, en la medida en que una parte relevante se canalice al sistema financiero o a instrumentos en pesos. No necesariamente implican una oferta permanente de divisas en el mercado cambiario, pero sí reducen la demanda precautoria de dólares y mejoran el balance de expectativas. Hacia adelante, su impacto será más de stock que de flujo: ayudan a recomponer confianza y profundidad financiera, pero no sustituyen la necesidad de generar dólares genuinos vía exportaciones e inversión”.

Otro académico de la economía, que prefiere mantener el anonimato, sostiene que el dólar se acercará al techo de la banda “de modo que puedas intervenir sin quemar muchas reservas y acumulándolas”, es decir, sin vender sino comprando dólares desde el Tesoro o el Banco Central. “La inflación se dirime entre la inercia que te pone la indexación de la banda y las presiones deflacionarias que van a venir por el lado de la apertura comercial y un mercado laboral muy flojo que va a hacer que los salarios no agreguen al 'passthrough' (traslado) de la devaluación”, agrega el catedrático, que advierte sobre la “burrada” de Sturzenegger: “Las importaciones de turismo, los viajes al exterior, no son inputs de exportaciones, de turismo o de otra cosa”.

“Innovadora esta nueva teoría del crecimiento económico que sostiene que para crecer hay que endeudarse con el FMI y EE UU para financiar turismo emisivo”, escribió en X el exministro de Economía Martín Guzmán y adjuntó un emoji de payaso. El economista Carlos Rodríguez comentó al ministro libertario: “Entiendo. Entonces saquen el cepo y feliciten a las empresas que compren dólares”. El ingeniero agrónomo Néstor Roulet opinó: “Y yo que cobré la soja a US$300 la tonelada y van a veranear a un país donde el productor cobra 400. Con la mía es fácil”, apuntó a Brasil. Un profesor de la Universidad de Córdoba, Alejandro Gay, le escribió: “De acuerdo que cerrarse al comercio empobrece. Sin embargo, yo preferiría que fuese el gobierno el héroe de la producción. Ocurre lo contrario, se mantienen distorsiones en el mercado cambiario (cepo a empresas) que generan un precio mentiroso del dólar que impide inversiones”.

El ministo de Producción bonaerense, Augusto Costa, también respondió: “Fede, impecable la teoría de manual de Introducción a la Economía. Pero lamento informarte que para que tu lógica funcione en tus propios términos, el tipo de cambio debería flotar libremente. Hoy, con el dólar intervenido, los 'héroes' que viajan al exterior con un tipo de cambio subsidiado no suben el precio para el exportador: se consumen las divisas que necesita la economía para producir y crecer, mientras se pone en crisis al turismo interno, que sufre la competencia desleal del atraso cambiario. Que quede claro: el turismo emisivo no sostiene la competitividad. Lo único que sostiene y fomenta la competitividad de la economía es la inversión, la ciencia, la tecnología y un mercado interno fuerte, justamente todo lo que están destruyendo. Festejar que se quemen reservas en turismo en el exterior y decir que la industria nacional es 'hacer eso en lo que sos malo' resume perfectamente tu modelo de país. Ya probaste esta receta con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei. Y nunca terminamos importando y exportando más. El único resultado posible de este modelo es menos industria, un sector turístico nacional en crisis, economías regionales quebradas y un país cada vez más endeudado”, concluyó Costa.

Mientras elogia “héroes”, el Central y la UIF persiguen villanos. Apuntan a la venta de dólares oficiales a cuevas que después los revendían en el mercado blue para ayudar presuntamente a Massa a controlar el mercado paralelo, las apodadas “manos amigas”, al tiempo que amasaban ganancias exorbitantes. Las sospechas del gobierno libertario también apuntan a los funcionarios que aprobaban las importaciones, el entonces secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, y su subsecretario Germán Cervantes. El juez Marcelo Aguinsky y el fiscal Claudio Navas Rial están a cargo de la investigación.

El entonces presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sostiene que su entidad sólo ofrecía divisas a los bancos públicos y privados, que a su vez las vendían a casas cambios que se habían multiplicado en el gobierno de Mauricio Macri. Agrega que además las casas de cambio ahora sumariadas ya habían sido denunciadas por él.

Por lo pronto, el director del Central encargado de los sumarios a casas de cambio, Juan Curutchet, abrió expedientes en esta segunda mitad del año a 22 entidades del rubro. El listado incluye a Lagriet, Alvear, Cambio Posadas, Soy Vos, Andie, Dibehi, Gestiones San Miguel, Torjo, Dieza, Cambitana, Marvic, Clover Alliance, Más Divisas, Argencambio, Forex, Edén, San Isidro, García Navarro, Neoacam y Arg Exchange, la firma del detenido domiciliario Elías Piccirillo, otro exesposo de Jésica Cirio en la mira de la Justicia, después de Martín Insaurralde.

AR/MF