El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sumará este jueves un nuevo capítulo con un “apagón informativo” de 24 horas, en el marco de un paro convocado por trabajadores en rechazo a los despidos en el organismo. La medida, impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), se inscribe en una creciente tensión con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien acusan de difundir información “falsa” para justificar el ajuste.

La protesta se produce luego de que el funcionario defendiera públicamente una reducción de personal en el SMN y planteara la necesidad de avanzar hacia un esquema con mayor automatización y menor dotación. Según expresó, el organismo cuenta con cerca de mil empleados, pero podría ofrecer “un mejor producto” con unas 150 personas y mayor incorporación de tecnología.

Desde el sindicato rechazaron esos argumentos. La delegada de ATE en el organismo, Ana Saralegui, sostuvo que las cifras difundidas por el ministro no son correctas: “No somos 20 meteorólogos, somos 148, y no hay 100 estaciones sino 120”, afirmó. En ese sentido, calificó la política oficial como “un vaciamiento disfrazado de modernización”.

El reclamo sindical apunta a los despidos ya concretados -alrededor de 140- y a un recorte que, según denuncian, podría alcanzar a 240 trabajadores, lo que implicaría una reducción cercana al 30% del personal civil. La medida de fuerza prevista para este jueves incluirá un paro de actividades y la interrupción parcial de la difusión de información meteorológica.

No obstante, el impacto del apagón será limitado en áreas consideradas esenciales. El servicio meteorológico aplicado a la aviación deberá mantenerse operativo, dado su carácter crítico para la seguridad y la programación de vuelos. Aun así, desde el gremio advierten que la reducción de personal ya está afectando la capacidad operativa del organismo.

En particular, señalaron que varias estaciones meteorológicas dejaron de realizar observaciones nocturnas, lo que genera “ventanas” sin registro de datos que pueden extenderse entre 9 y 12 horas. “Se están perdiendo observaciones clave y se interrumpen series de datos que son muy importantes”, explicó Saralegui.

La discusión también incluye el rol de la tecnología en el sistema. Mientras el Gobierno impulsa una mayor automatización, los trabajadores sostienen que las estaciones automáticas no reemplazan completamente la observación humana. Según indicaron, estos sistemas requieren períodos de prueba prolongados, mantenimiento constante y supervisión técnica.

Además, cuestionaron la decisión oficial de haber dado de baja una licitación previa para la compra de equipamiento, lo que -afirman- contradice el argumento de modernización. “Se habla de incorporar tecnología, pero no hay un plan claro ni plazos definidos”, señalaron.

En paralelo, el conflicto se vincula con cambios recientes en la estructura del servicio meteorológico para la navegación aérea. A partir de una nueva normativa, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) quedó habilitada para contratar la provisión de información meteorológica a otros proveedores, lo que abre la posibilidad de una reconfiguración del sistema actual.

Desde ATE interpretan esta medida como parte de un proceso de tercerización, mientras que el Gobierno la justifica en la necesidad de garantizar la continuidad y eficiencia de un servicio considerado estratégico.

Con información de la agencia NA

Martín Menem tenía un plan: sesionar este miércoles para tratar la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, tantear el clima del recinto tras el escándalo de Manuel Adorni y allanar el camino de cara al informe de gestión del 29 de abril. El objetivo no era tanto hacerle un favor a Sturzenegger, con un proyecto de ley que hasta los propios califican de secundario, como medir la lealtad de los aliados. Si la oposición buscaba avanzar con una embestida, razonaba, mejor que fuera antes que Adorni visitase la Cámara de Diputados. Sin embargo, le falló el número: los aliados se le retobaron y, con varios libertarios fuera del país, el riojano tuvo que levantar la sesión. 

“Hay demasiada tensión con el tema Adorni y no teníamos garantizado el quórum con los aliados”, señaló un alfil libertario que, como varios diputados del bloque oficialista, se manifestó en contra de tratar el proyecto de Sturzenegger. La discusión comenzó el viernes pasado, poco después de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Algunos dirigentes libertarios advertían que no era conveniente abrir el Congreso en este contexto de debilidad política y que era mejor esperar a que bajara la espuma. “Guardémonos las balas”, explicaban en La Libertad Avanza.

Menem, en cambio, quería medirle el aceite a los aliados. Consciente de que el escándalo patrimonial de Adorni se había convertido en la excusa para diferenciarse del Gobierno, el riojano advertía que era una buena oportunidad para tantear las fuerzas: el proyecto de Sturzenegger, después de todo, no formaba parte de las prioridades de Javier Milei. En la última semana algunos aliados, como Cristian Ritondo, el jefe del PRO, habían aprovechado para criticar al Gobierno denunciando el “show” que se buscaba armar con el informe de gestión del 29 de abril. 

“Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras”, señaló Ritondo, en declaraciones radiales. 

El principal motivo de preocupación, sin embargo, no era el PRO, sino las fuerzas provinciales. Golpeadas por la caída de la recaudación –que arrastra ya ocho meses a la baja– y el derrumbe de las transferencias de la coparticipación, las provincias arrastran un ahogo financiero cada vez más acuciante. Los aliados reclaman fondos al gobierno nacional, pero Luis Caputo es renuente a abrir la billetera. En este contexto, los gobiernos provinciales ensayan maniobras para distanciarse.

Ya se vio, incluso, durante la última sesión por la reforma de la Ley de Glaciares. Durante la votación por los apartamientos de reglamento para interpelar a Adorni, por ejemplo, hubo varias ausencias elocuentes. Fue el caso de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro. El catamarqueño Raúl Jalil, incluso, mandó a sus diputados a votar a favor de la interpelación del jefe de Gabinete. 

Frente a este escenario, Menem, este lunes, hizo cuentas. Y se dio de frente con el hecho de que, si abría el recinto, se arriesgaba a no tener quórum. El problema era doble. Por un lado, los aliados se resistieron a garantizar su comparecencia. Y, por el otro, había muchas ausencias de diputados propios que estaban en el exterior. 

El nuevo Congreso

El escándalo patrimonial de Adorni –que esta semana tendrá un nuevo capítulo judicial con más declaraciones testimoniales– divide las aguas en el oficialismo. 

Este debate interno se vio plasmado, el viernes pasado, con el cruce entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini en las redes sociales. El desencadenante fue la interna de largo arrastre entre Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires, y la militancia virtual de las fuerzas del cielo, que comanda Santiago Caputo. Una discusión por una denuncia penal de Pareja contra un grupo de tuiteros que lo doxearon el año pasado –publicaron su número de teléfono en Twitter– y que derivó en un enfrentamiento público. El enfrentamiento, sin embargo, exponía algo más: el malestar que hay dentro de un sector de LLA frente a la decisión de los hermanos Milei de sostener a Adorni.

Menem, en tanto soldado de Karina, defiende a rajatabla al jefe de Gabinete. Y fue él quien propuso que diera el informe de gestión el 29 de abril. “Las encuestas me chupan un huevo”, se lo escuchó decir al riojano, quien confía en que la espuma terminará bajando y que no hay que ceder ante la presión de la oposición. 

Dentro del bloque, sin embargo, no todos están de acuerdo. Más de uno está “harto” de tener que defender a Adorni y advierte que no hace más que “desgastar” al Gobierno. 

Esta tensión, que derrama sobre los aliados, genera un freno a la agenda oficialista en el Congreso. Este martes, Menem buscará avanzar con el dictamen de la Ley Hojarasca –que elimina leyes como la de Padrinazgo Presidencial, que establece que el presidente será el padrino (o madrina) del séptimo hijo varón o hija mujer, o la que le da derecho de libre circulación y estacionamiento a los diputados–, pero no podrá avanzar con la sesión. 

Por primera vez desde las elecciones de octubre, el riojano tiene que moverse con cuidado. 

MCM/CRM

Las advertencias sobre un escenario de “despidos masivos” en el INTI sumaron en las últimas horas nuevas voces y detalles que profundizan la preocupación interna. A la confirmación oficial de que se evalúa una fuerte reducción de personal, se agregaron denuncias de sectores sindicales y multisectoriales que señalan un proceso más amplio de ajuste y reconfiguración del organismo.

El tema quedó expuesto tras una reunión del Consejo Directivo, en la que el presidente del instituto, Miguel Romero, transmitió que desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, conducido por Federico Sturzenegger, se impulsa una “nueva estructura” que incluiría la desvinculación de más de 700 trabajadores.

Sin embargo, tanto desde adentro del organismo como desde espacios multisectoriales advierten que ese número podría ser mayor. “La cifra que trascendió podría representar apenas una parte de lo que se está solicitando”, señalaron, en línea con versiones que indican que el recorte sería más profundo.

La discusión no se limita al personal. Según las denuncias, la reestructuración incluiría una reducción significativa de funciones, con el posible traslado de algunas actividades a empresas privadas. En ese marco, se menciona la eventual intervención de firmas vinculadas al entorno del ministro de Economía, Luis Caputo.

El debate se da en paralelo a decisiones recientes que, según distintos análisis, implicaron la baja de cientos de servicios tecnológicos que el INTI brindaba al sector productivo y a la sociedad. Entre ellos, controles de calidad en alimentos, verificación de etiquetado, detección de contaminantes y certificaciones de seguridad en infraestructura como ascensores, además del seguimiento de cadenas sensibles como las de carne, lácteos y aceites.

En este contexto, el propio Romero tomó distancia de la posibilidad de avanzar con despidos masivos. “Si eso ocurre, no será bajo mi gestión. Ni yo ni mi equipo vamos a firmarlo”, aseguró, y remarcó que el planteo original contemplaba una reducción de servicios, pero no la eliminación de puestos de trabajo.

El malestar también se expresó en el plano gremial. Sectores sindicales cuestionaron el rol de algunas conducciones internas y advirtieron sobre un debilitamiento de la representación de los trabajadores en las decisiones del organismo.

Frente a este escenario, trabajadores y delegados del INTI convocaron a una jornada de protesta para este martes 21 a las 10, con una conferencia de prensa en la sede del instituto. Desde la multisectorial, responsabilizaron al Gobierno nacional por la situación y alertaron sobre las consecuencias que podrían derivarse tanto en el funcionamiento interno como en el entramado productivo que depende de sus servicios.

La disputa, que combina recortes presupuestarios, redefinición de funciones y tensiones políticas, abre un nuevo frente de conflicto en el sistema científico-tecnológico y suma incertidumbre sobre el futuro del organismo.

Con información de la agencia NA y de Infogremiales

La exposición de Javier Milei en la cumbre de AmCham Summit 2026 funcionó, puertas adentro del Gobierno, como algo más que una señal al mercado. Fue la ratificación de un esquema de poder que ya venía operando en la práctica: la centralidad del tándem que integran los ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger como custodios de la caja y garantes del rumbo del ajuste. Lo que en público se presentó como una reafirmación del programa económico, tras conocerse un número de inflación en alza, en privado fue leído como una advertencia hacia adentro. No habrá margen para desviaciones, ni siquiera en las áreas donde el conflicto ya se volvió visible.

El discurso de Milei no solo apuntó a consolidar la expectativa de inversiones, sino también a ordenar el frente interno. La idea de disciplina fiscal, repetida como mantra, terminó de fijar los límites de acción para el resto del gabinete. En ese esquema, la estabilidad macroeconómica no es solo un objetivo, sino una condición que subordina todas las demás variables, incluso aquellas vinculadas al funcionamiento cotidiano del Estado.

La bajada a sus ministros ya había sido hecha. En la reunión del lunes 6, encabezada por el propio Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, trasladó ese mandato con números concretos: reducir un 2% adicional en los gastos corrientes y un 20% en los de capital. No fue una sugerencia. Fue una orden con fecha límite. Los titulares de las carteras deberán presentar sus planes de ajuste antes de fin de mes, en un contexto donde varios ya venían advirtiendo que el margen para seguir recortando se agotó hace tiempo.

Ese pedido no cayó en un vacío. Llega después de meses de “motosierra” sostenida y en medio de un escenario donde empiezan a acumularse tensiones en distintas áreas. En Salud, por ejemplo, la deuda con prestadores del PAMI se convirtió en uno de los focos más visibles. En otras carteras, los recortes ya empezaron a impactar en la capacidad operativa. Aun así, la respuesta que baja desde el núcleo económico es siempre la misma: el ajuste no se negocia.

En ese punto, el rol de Caputo y Sturzenegger —otrora enemigos íntimos en tiempos de Mauricio Macri, cuando también compartieron gobierno— excede lo técnico. Funcionan como un doble cerrojo sobre el gasto público. El ministro de Economía administra el flujo de recursos y define prioridades en función del equilibrio fiscal. Su par de Desregulación empuja la reducción estructural del Estado y bloquea cualquier intento de expansión que no se ajuste a ese esquema. Entre ambos delimitan el campo de acción del resto del gabinete. Lo que no se encuadra dentro de esa arquitectura, no avanza.

La crisis en la obra social más grande la Argentina terminó de exponer ese funcionamiento con mayor nitidez. En medio del conflicto con prestadores y del paro de médicos de cabecera, el ministro de Salud, Mario Lugones, mantuvo un cara a cara con Caputo en el que quedó explicitada la lógica que ordena al Gobierno. Según reconstruyen distintas fuentes, el titular de Economía no se comprometió a ampliar partidas y, por el contrario, dejó en claro que el sendero fiscal no se modifica. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. 

Esa sentencia funcionó como una síntesis del momento. El Ministerio de Salud se vio obligado, días después, a disponer fondos propios para intentar descomprimir la situación en el PAMI, con un giro de $150.000 millones destinado a comenzar a regularizar pagos atrasados a prestadoras. Un movimiento que permitió aliviar parcialmente la cadena financiera, pero que no alteró el cuadro de fondo.

Mientras se intentaba desactivar ese frente, el conflicto con los médicos seguía abierto por el cambio en el esquema de cápitas. Y en paralelo, las protestas de jubilados comenzaban a multiplicarse en distintas ciudades del país, en reclamo por la falta de medicamentos y la caída en la calidad de la atención. Tres niveles de presión simultáneos sobre un sistema que, aún con recursos adicionales, no logra estabilizarse.

La lectura que circula en algunos despachos es que el PAMI se convirtió en un caso testigo de los límites del modelo. No porque el Gobierno esté dispuesto a modificar el rumbo, sino porque expone con mayor crudeza las tensiones que genera su aplicación. Allí, donde confluyen recursos, territorio y demanda social, el ajuste deja de ser una consigna abstracta y se transforma en una experiencia concreta para millones de afiliados.

En paralelo, la decisión de no abrir canales de diálogo con la CGT ni con los movimientos sociales refuerza esa lógica. En la Casa Rosada hablan de “penitencia” para el sindicalismo, en referencia a su ofensiva judicial contra la reforma laboral. La señal es consistente con el resto del esquema. Para La Libertad Avanza, el conflicto no es un factor de negociación, sino una variable que se administra.

En ese contexto, la pregunta que empieza a circular no es si el Gobierno sostendrá el ajuste sino hasta dónde podrá hacerlo sin que las tensiones acumuladas terminen desbordando los márgenes de control. Por ahora, la respuesta es política antes que económica: mientras Caputo y Sturzenegger conserven la llave de la caja, el rumbo seguirá siendo el mismo. En AmCham, Milei apeló a la imagen mítica de Ulises atado al mástil para no ceder ante el canto de sirenas de quienes buscan desviarlo de su objetivo. En la práctica, el Gobierno parece haber elegido atarse a su propio programa, aun cuando alrededor empiecen a escucharse cada vez más fuerte los pedidos de ayuda.

PL/CRM

La reunión del miércoles entre el ministro de Salud, Mario Lugones, y su par de Economía, Luis “Toto” Caputo, dejó algo más que una foto de coordinación entre carteras. El balance oficial que se difundió esa misma tarde habló de un encuentro “productivo” y de “avances” entre equipos técnicos. Pero puertas adentro, la lectura fue otra. En el Palacio de Hacienda escucharon el planteo de Lugones, tomaron nota de la dimensión del problema, pero evitaron cualquier compromiso concreto de asistencia. Lejos de abrir una excepción, ratificaron el rumbo. El ajuste no se negocia.

Según fuentes al tanto del encuentro, Caputo fue explícito en ese punto. No solo no habilitó una respuesta inmediata para el PAMI —que por estas horas atraviesa una situación crítica por la falta de pagos—, sino que planteó que el recorte del gasto debe profundizarse incluso en un área sensible como la sanitaria. “La postura es que si tienen que bajar las prestaciones, que las bajen”, resumieron cerca de la negociación ante la consulta de elDiarioAR. La frase, más que una definición técnica, funcionó como una señal política hacia adentro del gabinete.

Es que, en ese esquema, la capacidad de maniobra del Ministerio de Salud aparece cada vez más acotada. La decisión no pasa solo por Economía. Hoy el poder real se articula en un tándem entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que desde el Ministerio de Desregulación actúa como garante ideológico del “déficit cero”. “Se podría habilitar una partida, pero si Sturzenegger no da el OK, no pasa”, sintetizó una fuente con acceso a la dinámica interna. La lógica es clara: no hay margen para soluciones que contradigan la línea de fondo que es avalada, a su vez, por el propio Javier Milei.

En línea con el peso que viene acumulando en las decisiones sensibles, Sturzenegger avanzó en las últimas semanas, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en intereses con los que Lugones mantiene vínculos históricos. El ministro de Salud había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses, pero terminó cediendo en un episodio que dejó expuesto su margen acotado frente a las definiciones que bajan desde el núcleo económico.

¿Un PAMI provincializado?

El PAMI, en ese contexto, empieza a ser leído más como un problema estructural que como una urgencia coyuntural. Entre los objetivos que circulan por la cabeza de Sturzenegger aparece la idea de avanzar, más temprano que tarde, en un proceso de provincialización del sistema, una transformación que implicaría redefinir el rol del Estado nacional en la cobertura de millones de jubilados. No es, en rigor, un propósito ajeno al propio Lugones. Durante su exposición en la cumbre de AmCham del año pasado, el ministro planteó la necesidad de “volver a los orígenes” y trasladar a las provincias la gestión de hospitales nacionales, al tiempo que reivindicó la posibilidad de concesionar su administración al sector privado. En esa visión, la Nación debería retirarse del rol de prestadora y limitarse a regular.

Mientras tanto, lejos de esas elucubraciones, la situación operativa de la obra social más grande de América Latina sigue deteriorándose. Con una deuda que ya supera el mes de prestaciones y se acerca a los 500 mil millones de pesos, clínicas y sanatorios comenzaron a restringir servicios, postergar cirugías y priorizar únicamente los casos urgentes.

En paralelo, crecen los cobros informales a afiliados como mecanismo de compensación ante la falta de pagos, una práctica que el propio PAMI intenta contener sin demasiado margen. En el sector advierten que el sistema está entrando en una zona crítica, donde la continuidad de la atención empieza a depender más de la tolerancia de los prestadores que de la capacidad de financiamiento del Estado.

En ese escenario, el Gobierno intentó en los últimos días reforzar el control interno del organismo. Tras la reunión que Lugones mantuvo el lunes con Santiago Caputo, el PAMI oficializó la designación de María Florencia Zicavo como nueva síndica general. Su llegada, en un contexto atravesado por auditorías y denuncias por irregularidades, fue leída en la Casa Rosada como un movimiento para ordenar la gestión y monitorear el uso de los recursos en una etapa de máxima tensión.

Karina, al acecho

La señal que bajó el Ministerio de Economía no hizo más que profundizar la incertidumbre. En el Ministerio de Salud, donde la crisis ya venía generando ruido, la sensación es que el resultado de la reunión dejó todo tal y como estaba. Según distintas fuentes, es una situación que empezó a inquietar también a la propia Karina Milei, que observa con atención el devenir de un organismo clave en términos de recursos y poder territorial. “Ella quiere quedarse con el PAMI”, deslizan voces convencidas.

En la superficie, cerca del karinismo intentan relativizar ese interés y evitan mostrarse involucrados en la disputa. Pero puertas adentro, la lectura es otra: si se abre una ventana de oportunidad, no va a dudar en avanzar. El problema, repiten incluso dentro del propio oficialismo, es el mismo que atraviesa a otras áreas del Gobierno: la secretaria General de la Presidencia no cuenta con una estructura propia consolidada para ocupar esos espacios. Y Salud no es la excepción.

Ese límite convive con un movimiento más silencioso. En paralelo, comenzaron a circular versiones sobre posibles alternativas en caso de que la figura de Lugones siga debilitándose. Entre los nombres que aparecen en ese radar está el del médico Pablo Sisco, jefe de la División Cirugía del Hospital Pirovano, con vínculos en la Asociación de Médicos Municipales que lidera el poderoso Carlos Rojo. Según ese runrún, el entorno de los primos Menem lo tiene como referencia técnica y podría empezar a impulsarlo si el escenario se deteriora.

En ese tablero, la continuidad del actual ministro de Salud vuelve a quedar atada a una ecuación que ya no depende solo de su respaldo político. Lugones fue ratificado en los últimos días, pero la reunión con Toto Caputo dejó en claro que el problema que lo puso en duda sigue sin resolverse. Y que, en un gobierno donde el poder se concentra en quienes controlan los recursos, esa diferencia puede ser determinante.

PL/MC

El Gobierno del presidente Javier Milei anunció este miércoles el envío al Parlamento del proyecto de la 'ley de hojarasca' para derogar 70 normas que considera “obsoletas” y simplificar así el sistema legal.

Según informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger en un comunicado, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de Derogación de Legislación Obsoleta, que denominó 'ley hojarasca'.

De acuerdo con el comunicado, esta iniciativa está “orientada a ordenar el sistema normativo argentino mediante la eliminación de leyes que han perdido vigencia práctica, coherencia o compatibilidad con los principios constitucionales”.

Entre las normas que el Gobierno impulsa eliminar se incluyen leyes que fueron superadas por legislación posterior, como una ley de 1864 que prohíbe castigos corporales ya vedados por la Constitución nacional.

Según indicó el Gobierno, también se incluyen leyes que “han quedado obsoletas por el avance tecnológico, el desarrollo económico o el paso del tiempo”, como una norma del siglo XIX que incentiva la explotación de carbón u otra de 1973 que exige la aprobación del Congreso para “innovaciones” en la transmisión televisiva.

Asimismo, el Ejecutivo quiere eliminar normas que, a su juicio, afectan libertades individuales, como las que establecen penas de prisión para quienes promuevan sanciones contra el Estado argentino, normas que habilitan mecanismos indirectos de control sobre la prensa, que regulan contenidos culturales o permiten la intervención estatal en reuniones privadas.

El Gobierno busca terminar con disposiciones que habilitan controles sobre formas de circulación, como el requisito de un 'carné de mochilero', o medidas sanitarias como el ingreso obligatorio en un hospital de personas con lepra.

A esto se suman leyes que han quedado vacías de contenido al referirse a organismos que ya no existen.

“En total, la iniciativa propone la derogación de más de 70 leyes. El criterio rector es que el derecho debe funcionar como una herramienta para garantizar la libertad y no como un mecanismo de restricción innecesaria”, añadió el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

EFE

,

En febrero de 2024, Javier Milei llevaba dos meses en Casa Rosada, la consigna “no hay plata” reinaba en el Ejecutivo y Cancillería renovaba un contrato con la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), dirigida por la pareja del entonces asesor en las sombras Federico Sturzenegger, para dar un curso de idioma a más de cien empleados administrativos.

El convenio con la AACI estaba vigente desde 2018, pero la primera renovación bajo el Gobierno ultraderechista marca dos presuntas irregularidades. Primero, el monto creció 398% con respecto a marzo de 2023, muy por encima de la inflación en ese período, que fue 276%. Es decir, un alza de 33% en términos reales, a contramano de lo ocurrido durante los mandatos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Segundo, Sturzenegger, pese a que hacía gala de acceso libre a Casa Rosada y participación en actos oficiales, se excusó en que no estaba formalmente designado para evitar el protocolo que previene conflictos de intereses. Su pareja, Josefina Roulliet, era directiva de AACI desde 2020.

La adjudicación directa a la AACI por $114 millones en diciembre pasado para el curso a 132 empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores durante 2026 —dada a conocer por la agencia Noticias Argentinas— despertó críticas sobre Sturzenegger por presuntamente favorecer un negocio en el que estaba involucrada su pareja. El entorno del ministro de Desregulación y el canciller Pablo Quirno respondieron que el convenio databa de 2018, y que para el nuevo acuerdo de diciembre pasado se había activado el protocolo que solicita un dictamen de la Oficina Anticorrupción, por el vínculo Sturzenegger-Roulliet.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández

Sin embargo, el foco no debe ser puesto en la última renovación de diciembre, sino en la firmada en febrero de 2024, cuando Diana Mondino estaba al frente de Cancillería y Sturzenegger se mostraba en redes junto a resmas de papel con cargos y leyes que se proponía eliminar, mientras punteaba el contenido de la ley Bases con borradores que le enviaban estudios jurídicos privados.

El contrato del 27 de febrero de 2024, por $55,3 millones, marca un aumento de 398% sobre el antecedente de $11 millones de principios de marzo de 2023, bajo el Gobierno de Fernández. En ese período, la inflación alcanzó 276%, 122 puntos porcentuales menos. La sobrecarga real es de 32%.

El porcentaje es de por sí inusitado, pero se torna más sospechoso en un contexto en que el Ejecutivo, con Milei y Sturzenegger a la cabeza, justificaban la suspensión de la entrega de medicamentos a enfermos graves y de alimentos a los comedores populares con el argumento de que no había fondos y se imponía realizar auditorías. Para aumentar una adjudicación directa para la enseñanza de inglés a la academia dirigida por la pareja de Sturzenegger, hubo plata.

Cancillería y Desregulación no respondieron insistentes pedidos de este medio para conocer los montos pagados a AACI desde 2018, pero el dato pudo ser reconstruido con información subida al portal público ComprAR. El 23 de febrero, ante la consulta específica sobre los montos recabados, Desregulación aclaró que no estaban a su alcance detalles de contratos firmados por otras carteras.

Allí se consigna que la primera adjudicación directa de Cancillería a AACI fue el 9 de marzo de 2018 por $1,8 millones. Macri era Presidente y Sturzenegger era titular del Banco Central, pero Roulliet no estaba en la AACI, sino como directora de Control del Teatro Colón, en una de las múltiples funciones que ocupó en diversos Gobiernos del PRO.

A fines de noviembre de 2019, días antes del cambio de Gobierno, la administración Macri aumentó un segundo contrato a la AACI hasta $2,7 millones, menos que la inflación desde marzo de 2018 (110,7%). El patrón continuó durante el mandato de Alberto Fernández el 30 de noviembre de 2020 ($4 millones, algo más que inflación de 36%, ya con Roulliet en funciones en la academia de inglés), el 4 de marzo de 2022 ($5,7 millones, bastante por debajo del 82% de inflación), y el 5 de marzo de 2023 ($11 millones, nuevamente por debajo del 103% de inflación en ese período).

Al convenio de febrero de 2024 con 398% de aumento (de $11 millones a $55,3 millones) le siguió el de diciembre pasado, por $114 millones, adjudicado el 23 de diciembre de 2025, nuevamente con un alza superior al 82% de inflación en ese lapso de 22 meses.

Tomadas ambas gestiones de los predecesores de Milei, el contrato con la AACI disminuyó en términos reales. Con la llegada de Milei, la motosierra se desafiló: lleva un alza de 936% desde la última firma de Fernández, frente a 688% de inflación.

El contrato con la AACI desde que Sturzenegger llegó al Ejecutivo se ubica así entre los pocos gastos del Estado que encontraron manos dispendiosas, como los precios admitidos para la compra de medicamentos en ANDIS dirigida por Diego Spagnuolo, los fondos de la SIDE, la seguridad presidencial y los viajes de los Hermanos Milei a Miami.

Aunque hay controversias sobre el efectivo cumplimiento del protocolo que supone la intervención de la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación en caso de conflicto de intereses, el Gobierno exhibió la declaración jurada que reconoció un “vínculo positivo” entre Rouillet y Sturzenegger, tramitada para la última renovación del programa de idiomas para 2026. Las partes firmaron un “pacto de integridad”.

Ese paso se omitió en marzo de 2024. “Para declararse persona expuesta políticamente, la tiene que estar en el cargo”, indicaron en el entorno de Sturzenneger.

Su designación como ministro fue en julio de ese año. En el semestre previo, se dio una situación vidriosa, porque el desregulador exhibía poder en redes, pese a que no tenía poder de firma, situación análoga a la del asesor Santiago Caputo, uno de los hombres que maneja más terminales del Ejecutivo sin un cargo formal que lo justifique. En la comunicación oficial de Presidencia en ocasión de la jura, se indicó que Sturzenegger “colaboró en la agenda de desregulación desde el 10 de diciembre de 2023”.

Las alertas se encendieron dada la sensibilidad y volumen económico de los temas que dependían de Sturzenegger desde el primer minuto de Milei en Casa Rosada. Ahora, el funcionario aprovecha esa laguna para justificar el incumplimiento del pacto de integridad que debió firmar.

SL

slacunza@eldiarioar.com

A las 10.55 del 24 de febrero, la nota fue modificada para informar que el día anterior, ante la consulta específica sobre los montos recabados, Desregulación aclaró que no estaban a su alcance detalles de contratos firmados por otras carteras.

La escena está cruzada por la preocupación. En el primer piso de la Casa de Misiones, sobre la porteña avenida Santa Fe, Facundo López Sartori recibe a elDiarioAR con una carpeta de números y un diagnóstico que atraviesa toda la charla: la economía yerbatera atraviesa una crisis profunda. El ministro del Agro de la provincia litoraleña habla pausado, mide las palabras, pero no suaviza el diagnóstico. “Desregular desde Buenos Aires es como manejar el tractor desde un escritorio”, grafica apenas empieza, como síntesis de su mirad sobre las políticas nacionales.

Ese punto lo conduce naturalmente al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un organismo que desde la llegada de Javier Milei al poder perdió su rol central en el funcionamiento del mercado. No es la primera vez que López Sartori se refiere al tema: en conversaciones anteriores con este medio ya había señalado que quitarle su función ordenadora implicaría dejar al sector sin un precio de referencia. Hoy, afirma, ese escenario se materializó. El INYM continúa existiendo, pero sin su principal herramienta. “El gran pedido es que le devuelvan sus facultades al instituto”, señala.

En Misiones existen alrededor de 12.500 productores que venden hoja verde a un número reducido de molinos. Esa estructura, explica López Sartori, convierte al mercado yerbatero en una economía imperfecta, donde la asimetría entre compradores y productores se profundiza en ausencia de regulación. “No es un mercado equilibrado. Hay pocos compradores y miles de productores. Cuando el Estado se retira, la desigualdad en la negociación se agranda”, dice. Desde esa lógica, sostiene que el problema no es ideológico sino estructural: “El libre mercado te dice que cuando hay este tipo de patología se tiene que intervenir”.

—¿Cómo analiza el impacto de la desregulación de la yerba mate impulsada por el Gobierno nacional?

—La desregulación se usa como ejemplo a nivel nacional, pero creemos que hay un desconocimiento profundo de la realidad yerbatera. Se trata a la yerba como si fuera un mercado más, cuando no lo es. Es una economía regional sensible, con una estructura imperfecta. Lo que sí hubo fue coherencia: nunca dijeron que iban a mantener un organismo de regulación, y sabíamos que la yerba iba a terminar en esta situación.

—El INYM volvió a tener presidente tras dos años de acefalía. ¿Eso cambia algo?

—Es positivo tener una cabeza, alguien con quien dialogar. Pero el organismo perdió la facultad de fijar precios, así que hoy no puede cumplir la función que tenía antes. Sin esa herramienta, su capacidad es limitada.

El límite quedó expuesto nuevamente el viernes pasado, cuando el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macías, mantuvo un encuentro con el flamante titular del organismo, Rodrigo Correa, con el fin de trasladar la preocupación por la situación de los pequeños productores. De la reunión también participó el referente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez. Sin embargo, desde el oficialismo nacional se encargaron de ratificar que no habrá marcha atrás en la política de desregulación del sector. Tampoco en el achicamiento del INYM.

En diciembre pasado, más de veinte trabajadores de larga trayectoria fueron despedidos, en medio de una reconfiguración interna que acompaña la pérdida de funciones del organismo. La decisión se produjo poco después de que el Directorio avanzara con una suba del valor de la estampilla yerbatera —la tasa que financia al Instituto— y sin explicaciones públicas. Para López Sartori, ese movimiento no fue aislado, sino parte de la transformación iniciada con el DNU 70/2023 y profundizada luego por el Decreto 812/2025 y la Resolución 146/2025, que terminaron de adecuar el funcionamiento del Instituto al nuevo marco normativo nacional. Con esos cambios, el INYM dejó de intervenir en la fijación de precios, en el ordenamiento del stock y en la regulación productiva, y pasó a concentrarse en funciones técnicas de control, trazabilidad y certificación.

—Si tuviera que resumir lo ocurrido desde el DNU 70/23 hasta hoy, ¿qué diría?

—Fue una caída. La yerba tiene un precio ideal dolarizado en torno a 0,60. En diciembre de 2023 cerramos en 0,53, que era muy buen valor. Era una de las pocas economías regionales en verde según Coninagro. Hoy abrimos zafra entre 0,15 y 0,18 dólares el kilo de hoja verde. Es una caída abrupta.

Ese corrimiento del Estado, plantea el ministro, no sólo alteró la dinámica económica del sector, sino también su equilibrio político y social. Durante más de dos décadas, el INYM había funcionado como regulador del mercado y como instancia de mediación entre productores, industria, provincias y Nación. La pérdida de esas atribuciones redefinió su lugar en la cadena yerbatera y modificó su propia estructura interna: áreas que antes seguían el comportamiento del mercado quedaron desactivadas, mientras el ajuste de personal aparece como consecuencia directa de ese vaciamiento funcional.

Ese trasfondo institucional se superpone con un escenario productivo crítico. La cartera de Agro y Producción de Misiones atraviesa, según describe, uno de los momentos más complejos de los últimos años. La caída del consumo, la pérdida de competitividad y la desregulación del precio de la hoja verde —que el sector considera el detonante de la crisis— alteraron toda la cadena productiva. El ministro lo sintetiza con un diagnóstico económico directo: “La yerba tiene una bajada en precio real de prácticamente un 60%”. Y agrega: “No es solamente la caída, sino también que los costos subieron. Hoy por hoy no es rentable”.

—¿Qué impacto tiene esto en la economía misionera?

—La yerba es nuestra principal economía regional. Estamos hablando de cerca de mil millones de kilos producidos. A precios razonables, eso mueve unos 700 mil millones de pesos. Hoy se mueven alrededor de 200 mil millones. Son 500 mil millones menos en la economía provincial. Esa plata no circula en el comercio, en el kiosco, en la farmacia. Nos golpea muchísimo.

Esa crítica lo lleva a cuestionar la ausencia de una estrategia nacional para las economías regionales. López Sartori señala que mantuvo una reunión reciente con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, en la que transmitió la preocupación del Gobierno misionero por la crisis yerbatera y la necesidad de recuperar herramientas de ordenamiento del mercado. Sin embargo, la línea política que rige la situación del sector se define en realidad en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. El rumbo responde principalmente a la lógica impulsada por Federico Sturzenegger, arquitecto del proceso de reducción del rol estatal en las economías regionales.

Frente a ese escenario, el Gobierno provincial intenta amortiguar el impacto mediante acuerdos con cooperativas e industrias para sostener precios mínimos, aunque reconoce que el margen de acción es limitado. También lo es la repercusión que se pueda tener en la opinión pública. En ese sentido, López Sartori evoca lo ocurrido en la última Fiesta Nacional del Mate, en Entre Ríos, donde la crisis yerbatera desbordó las fronteras de Misiones y se hizo visible a nivel nacional, con críticas directas de los presentes a la figura de Javier Milei. “Que llegue la crisis de los productores misioneros a un lugar donde no hay productores está bueno”, desliza.

El diagnóstico económico desemboca, hacia el final de la entrevista, en una lectura política. El ministro reconoce que el Gobierno nacional mantiene respaldo en parte del electorado yerbatero, pero advierte que la disconformidad crece. “Durante 20 años el INYM tuvo legitimidad, nació de los productores. Con el tiempo perdió credibilidad, pero hoy muchos reclaman que vuelva a regular. Cuando empezó 2024, parte del sector apoyaba al Gobierno nacional. Hoy el clima cambió, aunque el Gobierno sigue teniendo predicamento en varios sectores”, apunta López Sartori.

—¿Por qué el oficialismo misionero acompaña iniciativas de La Libertad Avanza si tienen tantos desacuerdos estructurales? Sin ir más lejos, sus dos senadores acaban de votar a favor de la reforma laboral.

—Porque Milei ganó cuatro elecciones en la provincia [las tres de 2023 y la legislativa de 2024]. Hay una responsabilidad institucional. Si la mayoría vota un rumbo, el representante debe tomarlo en cuenta. Eso no impide señalar los problemas: hoy todas las economías regionales del país están mal, desde el algodón hasta el tomate, pasando por la cebolla, el limón y hasta el vino, pero no vemos una estrategia clara del Estado nacional para resolverlo.

En línea con la tradición política del Frente Renovador de la Concordia, el espacio misionero que lidera el exgobernador Carlos Rovira, el ministro describe una relación con la Nación atravesada por el pragmatismo. La provincia, señala, procura sostener la gobernabilidad sin resignar márgenes de autonomía en la defensa de sus intereses productivos. Pero la crisis yerbatera empezó a introducir un factor de tensión en ese esquema: mientras el oficialismo local busca contener el impacto sobre el sector y evitar una escalada política, el malestar entre productores y actores de la cadena comienza a hacerse sentir con mayor intensidad.

—¿Qué espera del vínculo con Nación hacia adelante?

—Esperamos que el Gobierno nacional se interiorice más en las realidades provinciales. Hay diálogo político, creo que [el ministro del Interior, Diego] Santilli es un dirigente con mucha capacidad territorial, pero mientras el esquema económico sea el actual, no vemos soluciones claras para las economías regionales.

—¿Qué le pediría al Presidente?

—Que visite Misiones y conozca la realidad yerbatera, tabacalera y forestal. Corrientes la visitó varias veces, Misiones todavía no. Lo invitamos a ver de cerca cómo funciona nuestra provincia.

PL/MG

Mauricio Macri, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris fueron beneficiados por el Gobierno y una jueza federal en la causa que los investigaba por la gigantesta deuda tomada con el FMI durante la gestión de Cambiemos. Este viernes Javier Milei dispuso que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su intervención como querellante en la causa contra el expresidente por supuesta defraudación al Estado, apenas días después de que María Eugenia Capuchetti archivara el proceso, luego de años sin avances. Con US$44.500 millones, fue el crédito más grande de la historia del organismo multilateral.

La causa por el acuerdo con el FMI comenzó en 2019 por una denuncia de dirigentes de la izquierda, pero en marzo de 2021 fue reimpulsada por el Ejecutivo bajo el mandato de Alberto Fernández, que presentó una querella criminal a través de la Oficina Anticorrupción (OA) que sostenía que los fondos enviados por el FMI se terminaron fugando del país a través del pago a bonistas.

En su momento, el fiscal Franco Picardi imputó por los presuntos delitos de administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública a Macri y a cuatro de sus exfuncionarios: los exministros Nicolás Dujovne (Hacienda) y Luis Caputo (Finanzas; hoy ministro de Economía de Milei) y los extitulares del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Federico Sturzenegger (hoy ministro de Desregulación) y Guido Sandleris. 

La medida de Milei fue oficializada mediante el Decreto 87/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del Presidente y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En sus considerandos, se argumenta que la Procuración actuó de forma excepcional en el proceso penal y que su intervención en causas penales no forma parte de su especialidad técnica.

El Poder Ejecutivo justificó que el Ministerio Público Fiscal es el órgano competente para impulsar la acción penal, con independencia funcional y especialización en investigaciones penales complejas, y que su rol debe ser preservado frente a posibles interferencias.

El decreto establece también que el cese de la querella no implica que el Estado Nacional renuncie al reclamo por daños y perjuicios, ya que la acción civil podrá continuar en los términos procesales correspondientes.

Archivo de la causa y apelación del fiscal

La decisión de la administración Milei se tomó tras el archivo de la causa por parte del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, el pasado 2 de febrero. La jueza a cargo, María Eugenia Capuchetti, concluyó que los hechos denunciados no constituían delitos sino “discrepancias con decisiones de política económica llevadas a cabo por los distintos organismos públicos, en el marco de sus competencias” y que esas decisiones “no pueden ser objeto de reproche penal, ya que forman parte del ejercicio de facultades discrecionales de las que goza el Poder Ejecutivo Nacional para llevar a cabo su política económica y los efectos macroeconómicos adversos no permiten reconducir, por sí solas, estas decisiones al ámbito del derecho penal”.

La decisión de Capuchetti fue apelada este jueves por el fiscal Picardi, quien consideró la decisión de la jueza como “arbitraria, con valoración parcial de pruebas y sin un análisis integral de los hechos y evidencias reunidas”.

“La entidad y complejidad de los hechos investigados, así como la afectación directa a derechos y garantías fundamentales, imponen necesariamente la realización de una investigación profusa, amplia y exhaustiva, orientada a esclarecer la totalidad de las responsabilidades involucradas, el alcance de las maniobras desplegadas y la eventual existencia de otros partícipes, a fin de garantizar la plena vigencia del orden constitucional y el Estado de Derecho”, consideró Picardi en su apelación.

De acuerdo a Piicardi, “el archivo de las presentes actuaciones obtura la actuación de este Ministerio Público Fiscal y vulnera el principio acusatorio no dejándolo seguir ejerciendo la acción penal a los fines de profundizar una investigación de gran trascendencia institucional y repercusión nacional e internacional, y para poder atribuir, eventualmente, las responsabilidades criminales que correspondan”.

Según el escrito que presentó el fiscal, “las pruebas aunadas develan un conjunto de acciones direccionadas que, analizadas de manera integral, permiten observar y reconstruir un posible entramado delictivo muy tangible, conformado por etapas y acciones concretas emparentadas con la violación de normativa a la que se encontraban obligados como funcionarios públicos para la toma de deuda pública; las falsedades en torno al destino y uso de los fondos solicitados al FMI; la administración ruinosa de los fondos obtenidos, generando una deuda insostenible para el beneficio de un reducido grupo privado concentrado con posibles relaciones y/o vínculos con los decisores públicos; la administración arbitraria y discrecional que imposibilitó el control de la trazabilidad de los fondos obtenidos; y la generación de prejuicios cuantificables e incuantificables para la administración pública y la sociedad en general”.

De esta manera, Picardi, aduciendo “la gravedad y magnitud de los hechos del caso, así como la solidez de la hipótesis delictiva sustentada en evidencias”, demandó a la Justicia “una investigación acorde y diligente, y una evaluación de las pruebas minuciosa, de cara a los deberes del sistema de administración de justicia con la sociedad”.

Con información de agencias.

IG

Al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, le gusta meterse con los grandes empresarios argentinos. Defiende las importaciones puerta a puerta como las del portal chino de ropa Shein, pese a las críticas del dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, a la desigual carga tributaria con sus rivales extranjeros. Hace lo imposible modificando normas para traer las vacunas antiaftosa brasileñas de Tecnovax, propiedad de Diego La Torre y Matías y Nicolás Grosman, pero por ahora no ha logrado convencer al Servicio Nacional de Sanidad (Senasa) para romper el monopolio de Biogénesis Bagó, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y Juan Carlos y Sebastián Bagó.

Ahora se ha metido otra vez contra Paolo Rocca, mandamás de Techint: en agosto pasado se le rió en la cara cuando contó que la apertura importadora de acero le había provocado al grupo una caída de la producción siderúrgica a la mitad y ahora reivindicó que el futuro ducto para exportar gas de Vaca Muerta a través de la costa de Río Negro, el proyecto llamado Southern Energy, usará tubos indios y no de la multinacional que opera desde Buenos Aires y Milán pero tiene residencia fiscal en Luxemburgo.

Pero más allá de los embates del ministro con Rocca y otros grandes empresarios, los trabajadores de los sectores en disputa alzan la voz sobre el impacto de la importación. Ángel Derosso, que en marzo disputará la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Campana, la ciudad donde Techint fabrica los tubos petroleros, advierte que “toda importación, mas allá de los tubos, es perjudicial para la mano de obra local”.

“En este caso se dejan de generar 300 puestos de mano de obra. El último gasoducto había generado 400 puesto extras a los fijos”, recordó sobre el ducto que antes se llamaba Néstor Kirchner y ahora se denomina Perito Moreno, que construyó el gobierno anterior y permitió que se revirtiera el déficit comercial energético. Derosso enfrentará en elecciones internas, inéditas en 30 años, al actual secretario general de la UOM nacional, Abel Furlán. “Tenemos propuestas serias para devolver a los afiliados sus aportes en vivienda, salud, educación, esparcimiento y hacer una discusión responsable del salario”, explica Derosso sus diferencias con Furlán, que ahora impulsa en la CGT un paro contra la flexibilización laboral.

Sturzenegger, mientras tanto, defendió este lunes por la red social X la decisión de Southern Energy, consorcio que encabeza Pan American Energy (PAE, de los Bulgheroni, la británica BP y la china CNOOC) seguida por la estatal YPF, Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), la británica Harbour Energy y la noruega Golar GNL, a favor de la siderúrgica india Welspun y contra Techint.

“Comparto unas reflexiones sobre esta nota, donde se habla de la adjudicación de caños para un gasoducto importante de Vaca Muerta a una firma india. La noticia es que se deja de lado a @GrupoTechint, uno de los productores de caños más importantes del mundo. Me motiva compartir estas reflexiones escuchar a mucha gente decir que el consorcio debería adjudicar a @GrupoTechint por ser productor nacional”, se refiere a un artículo de Pablo Fernández Blanco en el diario La Nación.

“A la postre parece lo más lógico ¿no?: si lo podemos producir acá ¿por qué lo importaríamos? Sin embargo, un análisis más fino revela que hay argumentos que sugieren lo contrario. Veamos”, propone Sturzenegger. “Primero. @GrupoTechint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho esa es la lógica del compre nacional felizmente derogado), creo que eso es indefendible. Caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo, menos exportaciones. Como el precio del gas está fijo, ese mayor costo lo hubiéramos pagado quizás con un precio mayor de la energía para miles de empresas (incluyendo pymes) y consumidores. Es el costo argentino que le dicen. Segundo. Recordemos que cada importación genera la necesidad de una exportación”, continúa el doctor en economía con su tesis de considerar héroes a los importadores, pese a que muchos de sus colegas lo hayan rebatido con el argumento de que si no, no habría países con déficit comercial.

“Es decir que la importación a menor costo genera un cambio en el tipo de cambio que genera rentabilidad en otras industrias de exportación con innumerables beneficios de eficiencia, empleo y riqueza”, prosigue el ministro: “Son los beneficios de la apertura económica. No proveerse de insumos más baratos sería un mal negocio para las empresas y para el país. Si queremos ser competitivos no podemos imponer ineficiencias laborales (¡hola modernización laboral!), ni sobrecostos en los insumos. Si lo permitimos nunca quebraremos nuestras décadas de estancamiento”.

“Pero la cosa se pone más interesante porque aparentemente @GrupoTechint, luego de haber visto las ofertas, habría dicho que sí podía ofrecer los caños a un 40% menos (epa!) y también argumentó que el consorcio tenía que darle un first-refusal que quiere decir la posibilidad de mejorar cualquier oferta que se presentara”, continúa Sturzenegger. “¿Ahora como (sic, sin acento, aunque debería llevarlo) defendemos no darle el contrato a @GrupoTechint? Porque con estas nuevas condiciones ya no corre más el argumento (de) que los caños de afuera son más baratos”, cayó en el error del queísmo.

“¿No deberían entonces las empresas cambiar el proveedor y elegir el local?”, se preguntó. “Voy a tratar de argumentar, por qué, a mi entender, tampoco deberían. Primero, si las licitaciones se hacen otorgándole un first-refusal a una empresa, es probable que no se presenten muchos oferentes. Sabrían que muchas ofertas que hagan serían inútiles porque habrá una empresa que podrá ganarles luego de ellos presentar su precio. El resultado será mucha menos competencia futura en el sector y, eventualmente, costos más altos. Segundo, si cambiaran el contratista porque Techint les ofrece el mismo precio (incluso si fuera algo menor) luego de la licitación, la pérdida de credibilidad de las empresas sería total. El proveedor extranjero diría ”me presento en una licitación y luego me birlan mi oferta“. ¿El resultado? A nadie le interesaría competir en el futuro para proveer insumos baratos a esta industria. Simplemente no valdría la pena. Nuevamente costos más altos. Vaca Muerta va a representar oportunidades increíbles en los próximos años. Habrá negocios, empleo y riqueza para crear para todos. Pero para ello hay que mirar con sentido estratégico. Pensar a largo plazo. Y en ese contexto lo más importante es respetar los contratos y las reglas de juego. Algo que le ha costado horrores a Argentina donde parece prevalecer el corto plazo aun si implica resignar todo el futuro. Es mucho más negocio para todos (incluso para @GrupoTechint, aunque hoy no lo vea así) que esta industria crezca competitiva y sana. El día que dejemos de mirar el próximo paso dejaremos de andar en círculos y empezaremos a andar en serio. Tenemos todo el futuro por delante. VLLC!”, recurrió al cierra de los discursos de su jefe Javier Milei.

AR/CRM

El dólar siempre está de moda en la Argentina. Ahora que el ministro de Economía, Luis Caputo, se tuvo que comer sus palabras y puso en marcha este viernes un techo más alto de la banda cambiaria, que se actualiza según la inflación y no más a sólo 1% mensual. Ahora que su par de Desregulación, Federico Sturzenegger, doctor en economía por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), califica de “héroes” a los que gastan las divisas que producen los exportadores en vacaciones en el exterior, con el que argumento de que si un país quiere exportar, debe importar (ver tweet abajo). Ahora que el Banco Central, que conduce Santiago Bausili, y la Unidad de Información Financiera (UIF), que dirige Paulo Starc, proveen a la Justicia de reportes de la presunta venta de dólares oficiales a cuevas que después los revendían a precio blue en los tiempos en que Sergio Massa era ministro de Economía (2022/2023).

Como si fuera poco, quedaron liberados depósitos en dólares del blanqueo de capitales de 2024: un total de US$20.000 millones que pueden quedar ahí, buscar inversiones más rentables o escaparse otra vez al colchón (llámense cajas fuertes) o al extranjero. Y pronto entrará en vigencia la ley de inocencia fiscal, que apunta a un blanqueo permanente de pesos circulantes y dólares encanutados.

El dólar minorista arrancó el año subiendo el 1%, hasta $1.495, y el mayorista, referencia para la banda, el 1,3%, a $1.475, con lo que empieza a aproximarse al nuevo techo de $1.529. “No veo mayor reacción del tipo de cambio en estos días”, tranquiliza Daniel Marx, socio de la consultora Quantum Finanzas. “Una parte importante de los dólares del blanqueo van a continuar en el circuito, en depósitos o en compra de ON (obligaciones negociables, que son los títulos de deuda de las empresas), bonos (del Estado) u otros activos. La ley de inocencia fiscal va a tener al principio una reacción tibia. Pero en el tipo de cambio hay movimientos por el turismo, especialmente en esta época, y a los cambios normativos que están implementándose”, se refiere a los viajeros al extranjero, que también demandarán lo suyo durante el Mundial de Norteamérica en junio y julio, y las nuevas flexibilizaciones del cepo cambiario, que aún sigue vigente para determinadas operaciones, incluido el impuesto que pagan los “héroes” a las compras en el exterior y los giros de empresas de antiguas utilidades y deudas comerciales.

“Más que la banda, la pregunta del momento en el mercado cambiario es qué va a pasar con los vencimientos de deuda del 9 de enero (por más de US$4.000 millones a bonistas) y el 1 de febrero de US$800 millones al Fondo (Monetario Internacional, FMI)”, observa Matías Rajnerman, analista del Banco Provincia de Buenos Aires. “Cada vencimiento es un desafío. Los anteriores se pagaron con ayuda de EE UU. Ahora parece que va a ser un 'repo' (préstamo de bancos, de corto plazo y alta garantía). La pregunta es con qué dólares se va a cancelar eso. En cambio, la suba del techo de la banda ya estaba descontada por el mercado. En cuanto a la ley de inocencia fiscal, en 2025 no se generaron tantos flujos como para que se blanquee tanto como en 2024, cuando venías de varios años acumulando flujos no declarados”, agrega Rajnerman.

Alejandro Pagliero, analista de la sociedad bursátil Nasini, descarta que en enero el nuevo esquema cambiario vaya a tener impacto en la cotización. “Sí tendrá en los próximos tres o seis meses, por el efecto acumulativo”, se refiere a que el techo de la banda irá elevándose más y más. “Para mitad de año vas a tener un dólar $100 o $150 más alto que con el esquema anterior. A eso sumale que en enero y febrero vas a tener bastante demanda por turismo y que el Gobierno tiene que dar alguna señal de acumulación de reservas para el pago de la deuda. Por eso vamos a estar en un nivel bastante cercano a la banda superior. Mientras, con los dólares del blanqueo va a haber de todo: parte irá a inversión inmobiliario, mucho a activos financieros, no creo que haya mayor desarme para irse al exterior. Muchos empresarios blanquearon y usarán esa plata para recapitalizar sus empresas para crecer por volumen. Por último, la ley de inocencia fiscal irá arrancando de forma paulatina, cuando se acomoden los contadores y abogados, pero beneficiará la recaudación tributaria porque antes el consumo se hacía en negro. Por último, para septiembre u octubre, cuando el Oleoducto Vaca Muerta Sur empiece a sacar petróleo, se dinamizará la constante falta de liquidez en el dólar en la Argentina”, se esperanza Nasini.

El nuevo techo “evita que el tipo de cambio quede desalineado en términos reales (en relación a la inflación) y reduce la probabilidad de tensiones artificiales” , opina Agustina Savoia, asesora financiera de Cocos Gold. “Dl dólar deja de ser una variable determinada por eventos discretos o expectativas de ruptura y pasa a moverse dentro de una trayectoria más previsible. No se trata de un régimen de flotación libre, pero sí de un esquema administrado con reglas más claras, donde el tipo de cambio acompaña la dinámica inflacionaria en lugar de anticipar crisis. Para el mercado, esto se refleja en un escenario de ajustes graduales del dólar, sin saltos abruptos, siempre condicionado a la consistencia del programa fiscal y monetario. El foco deja de estar en el nivel puntual y pasa a estar en la trayectoria. Inflación, tasas y dólar comienzan así a moverse de manera más coordinada, reduciendo los desajustes que históricamente generaron episodios de inestabilidad”, añade Savoia.

En cuanto a los dólares del blanqueo, “el riesgo no está en el vencimiento de las cuentas en sí, sino en un eventual cambio de expectativas que incentive una dolarización defensiva”, señala la asesora de Cocos. “Por ahora, ese escenario no es el que predomina”, aclara. “La ley de inocencia fiscal no genera un impacto inmediato sobre el tipo de cambio, pero sí apunta a modificar un comportamiento profundamente arraigado en la economía argentina: el uso del dólar como refugio ante la incertidumbre legal y tributaria. Al reducir el riesgo percibido de operar con activos declarados, la ley busca incentivar una mayor utilización del ahorro en dólares, ya sea para inversión, consumo o intermediación financiera”, finaliza Savoia.

Alan Trejo, analista de Proficio Investment, considera “un buen avance la modificación del esquema que abandona el ancla cambiaria”. “Es decir, a partir de ahora dejará de atrasarse el tipo de cambio real desde estos niveles. Al indexarse sólo por la inflación local, el techo irá ganando competitividad lentamente en una magnitud anual igual a la inflación de nuestros principales socios comerciales, con Brasil al 4% anual, EE.UU. al 3%. Este nuevo esquema, no obstante, ralentizará la desinflación dado que las tres anclas pasan a ser dos: fiscal y monetaria. Básicamente, la sostenibilidad de este proceso radicará en que continúe el equilibrio fiscal. Todo esto, sumado a que tendremos presente el Central en el mercado para la acumulación de reservas, sólo cuando noten excesos de oferta, que puede ser contra liquidación del agro o de liquidaciones de emisiones de deuda en Nueva York de empresas o provincias.Aal menos hace pensar que el dólar no va a caer, que va a ir subiendo más o menos en línea con la inflación.”

“Una forma de sumar oferta al mercado podría ser liberando los controles de capital y dar paso a que fluyan los capitales internacionales”, conjetura Trejo. “Pero la mala experiencia que atravesaron durante la administración Macri hace pensar que van a liberar muy gradualmente el ingreso de capitales especulativos. Ahora bien, que el dólar suba en línea con la inflación, no garantiza la sostenibilidad del esquema. Todo dependerá del ritmo al cual puedan acumular reservas mientras el riesgo país permanezca sobre los 500 puntos, dado que estamos pagando con cash los vencimientos de capital cuando lo normal es refinanciarlos en los mercados de deuda”, completa el analista de Proficio.

Emmanuel Ruiz Migone, de la firma Aldazabal y Cía., coincide en general: “El hecho que ahora la banda cambiaria esté ligada a la inflación, tiene como ventaja que ya no se va a discutir si el tipo de cambio está atrasado o no, la contra de esto quita previsibilidad porque ahora dependés de las estimaciones de inflación para estimar las bandas. Pero el principal driver (conductor) del tipo de cambio va a pasar por la capacidad del Central de acumular reservas. En la medida en que el mercado vea que se hacen los pagos de deudas y las reservas aumentan, el tipo de cambio debería estar relativamente estable”, agrega Ruiz Migone, que no deja de advertir que sin una normativa clara sobre el lavado de dinero los contadores recomendarán quedarse “quietos: pese a la ley de inocencia fiscal.

En la sociedad Criteria consideran que “en la medida en que la política fiscal y la monetaria se mantengan consistentes, la banda funciona como un ancla de expectativas más que como un objetivo a testear permanentemente”. “El tipo de cambio debería moverse mayormente dentro del corredor definido, con episodios de tensión puntuales más asociados a la coyuntura política o financiera que a desequilibrios macro persistentes. El riesgo principal no es tanto una ruptura de la banda, sino que el mercado perciba inconsistencias entre éstas y la posibilidad de acumulación de reservas”, concluyen en Criteria. En cuanto a los dólares del blanqueo y el impacto de la inocencia fiscal, agregan: “Se espera tengan un efecto estabilizador en el corto plazo, en la medida en que una parte relevante se canalice al sistema financiero o a instrumentos en pesos. No necesariamente implican una oferta permanente de divisas en el mercado cambiario, pero sí reducen la demanda precautoria de dólares y mejoran el balance de expectativas. Hacia adelante, su impacto será más de stock que de flujo: ayudan a recomponer confianza y profundidad financiera, pero no sustituyen la necesidad de generar dólares genuinos vía exportaciones e inversión”.

Otro académico de la economía, que prefiere mantener el anonimato, sostiene que el dólar se acercará al techo de la banda “de modo que puedas intervenir sin quemar muchas reservas y acumulándolas”, es decir, sin vender sino comprando dólares desde el Tesoro o el Banco Central. “La inflación se dirime entre la inercia que te pone la indexación de la banda y las presiones deflacionarias que van a venir por el lado de la apertura comercial y un mercado laboral muy flojo que va a hacer que los salarios no agreguen al 'passthrough' (traslado) de la devaluación”, agrega el catedrático, que advierte sobre la “burrada” de Sturzenegger: “Las importaciones de turismo, los viajes al exterior, no son inputs de exportaciones, de turismo o de otra cosa”.

“Innovadora esta nueva teoría del crecimiento económico que sostiene que para crecer hay que endeudarse con el FMI y EE UU para financiar turismo emisivo”, escribió en X el exministro de Economía Martín Guzmán y adjuntó un emoji de payaso. El economista Carlos Rodríguez comentó al ministro libertario: “Entiendo. Entonces saquen el cepo y feliciten a las empresas que compren dólares”. El ingeniero agrónomo Néstor Roulet opinó: “Y yo que cobré la soja a US$300 la tonelada y van a veranear a un país donde el productor cobra 400. Con la mía es fácil”, apuntó a Brasil. Un profesor de la Universidad de Córdoba, Alejandro Gay, le escribió: “De acuerdo que cerrarse al comercio empobrece. Sin embargo, yo preferiría que fuese el gobierno el héroe de la producción. Ocurre lo contrario, se mantienen distorsiones en el mercado cambiario (cepo a empresas) que generan un precio mentiroso del dólar que impide inversiones”.

El ministo de Producción bonaerense, Augusto Costa, también respondió: “Fede, impecable la teoría de manual de Introducción a la Economía. Pero lamento informarte que para que tu lógica funcione en tus propios términos, el tipo de cambio debería flotar libremente. Hoy, con el dólar intervenido, los 'héroes' que viajan al exterior con un tipo de cambio subsidiado no suben el precio para el exportador: se consumen las divisas que necesita la economía para producir y crecer, mientras se pone en crisis al turismo interno, que sufre la competencia desleal del atraso cambiario. Que quede claro: el turismo emisivo no sostiene la competitividad. Lo único que sostiene y fomenta la competitividad de la economía es la inversión, la ciencia, la tecnología y un mercado interno fuerte, justamente todo lo que están destruyendo. Festejar que se quemen reservas en turismo en el exterior y decir que la industria nacional es 'hacer eso en lo que sos malo' resume perfectamente tu modelo de país. Ya probaste esta receta con De la Rúa, con Macri y ahora con Milei. Y nunca terminamos importando y exportando más. El único resultado posible de este modelo es menos industria, un sector turístico nacional en crisis, economías regionales quebradas y un país cada vez más endeudado”, concluyó Costa.

Mientras elogia “héroes”, el Central y la UIF persiguen villanos. Apuntan a la venta de dólares oficiales a cuevas que después los revendían en el mercado blue para ayudar presuntamente a Massa a controlar el mercado paralelo, las apodadas “manos amigas”, al tiempo que amasaban ganancias exorbitantes. Las sospechas del gobierno libertario también apuntan a los funcionarios que aprobaban las importaciones, el entonces secretario de Comercio Interior, Matías Tombolini, y su subsecretario Germán Cervantes. El juez Marcelo Aguinsky y el fiscal Claudio Navas Rial están a cargo de la investigación.

El entonces presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sostiene que su entidad sólo ofrecía divisas a los bancos públicos y privados, que a su vez las vendían a casas cambios que se habían multiplicado en el gobierno de Mauricio Macri. Agrega que además las casas de cambio ahora sumariadas ya habían sido denunciadas por él.

Por lo pronto, el director del Central encargado de los sumarios a casas de cambio, Juan Curutchet, abrió expedientes en esta segunda mitad del año a 22 entidades del rubro. El listado incluye a Lagriet, Alvear, Cambio Posadas, Soy Vos, Andie, Dibehi, Gestiones San Miguel, Torjo, Dieza, Cambitana, Marvic, Clover Alliance, Más Divisas, Argencambio, Forex, Edén, San Isidro, García Navarro, Neoacam y Arg Exchange, la firma del detenido domiciliario Elías Piccirillo, otro exesposo de Jésica Cirio en la mira de la Justicia, después de Martín Insaurralde.

AR/MF

La reciente Resolución 146/2025 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) no es solo una decisión administrativa: es la confirmación de que el organismo ingresó en una nueva fase política. Con la derogación y modificación de normas que durante más de veinte años estructuraron la actividad yerbatera, el Instituto terminó de alinearse con el mandato de desregulación impuesto desde la Casa Rosada y abandonó definitivamente cualquier pretensión de ordenar el mercado. El proceso había comenzado con el DNU 70/2023 y se profundizó con el Decreto 812/2025. Ahora, con resoluciones propias, el INYM ejecuta esa hoja de ruta desde adentro.

El mensaje es inequívoco: el Estado se retira como árbitro. Ya no hay precios sostén, ni regulación del stock, ni herramientas para intervenir cuando la oferta se desborda y los precios se derrumban. En nombre de la “modernización” y la “protección del carácter competitivo de la industria”, el Instituto se repliega a funciones técnicas —como la calidad, la trazabilidad y salubridad— y deja el resto en manos del mercado. El concepto que había justificado su creación en 2002, el de equilibrar fuerzas entre miles de pequeños productores y un puñado de grandes compradores, quedó explícitamente fuera del nuevo marco legal.

La resolución fue adoptada por el Directorio del INYM, ahora encabezado por Rodrigo Correa, dirigente de La Libertad Avanza designado tras casi dos años de acefalía. Con su llegada, el organismo dejó de flotar en una zona gris y pasó a ejecutar, sin ambigüedades, la política nacional para las economías regionales. La revisión normativa, que deberá completarse en un plazo de 30 días, no es una corrección marginal: es una depuración ideológica del rol del Instituto.

Las decisiones más sensibles tienen un fuerte contenido simbólico. La eliminación de la veda de cosecha de octubre y noviembre —una herramienta histórica para regular volúmenes y cuidar la brotación de la planta— marca el abandono explícito de cualquier política de ordenamiento productivo. Lo mismo ocurre con la flexibilización del régimen de infracciones y sanciones: menos controles, menos castigos, más responsabilidad individual. El nuevo INYM ya no corrige ni compensa, apenas observa, registra y certifica.

Es que, más allá de su impacto sectorial, el caso del INYM vuelve a exponer una lógica que el Gobierno nacional viene aplicando de manera sistemática: no derogar organismos creados por ley, sino vaciarlos de contenido mediante decretos y resoluciones reglamentarias. El Instituto sigue existiendo formalmente, pero sin capacidad para cumplir el objeto para el que fue creado. No hay eliminación jurídica, sino desposesión funcional. Una figura cada vez más frecuente en la arquitectura libertaria del Estado, que evita el costo político y parlamentario de cerrar entes, pero logra el mismo resultado práctico: instituciones que sobreviven como cascarones administrativos.

Antecedentes y paradojas

Lejos de tratarse de un experimento inédito, la desregulación del mercado yerbatero remite a un esquema ya conocido por el sector. Durante los años noventa, la ausencia de precios sostén y de mecanismos de ordenamiento derivó en sobreoferta, derrumbe de valores y concentración en pocas manos. Los ganadores de aquel proceso no fueron abstractos: grandes molinos y grupos concentrados que hoy vuelven a operar con ventaja en un mercado sin árbitro.

Pero mientras el Instituto se achica en poder, se fortalece en recursos. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera reunión de Directorio, Correa impulsó una suba del 28% de la estampilla yerbatera y avanzó en un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos. La paradoja es evidente: un organismo que ya no puede fijar precios ni intervenir en el mercado refuerza su caja en medio de una crisis profunda del sector. La decisión deberá ser convalidada por la Secretaría de Agricultura, pero el gesto político ya quedó claro.

La contradicción atraviesa también al propio oficialismo nacional. Mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró públicamente el vaciamiento regulatorio del INYM y prometió eliminar la estampilla como símbolo del fin del intervencionismo, el organismo conducido por un dirigente libertario hace exactamente lo contrario: mantiene el tributo y lo aumenta. Un Estado que se retira del mercado, pero no de la caja.

El impacto social de ese reordenamiento empezó a materializarse con crudeza en el territorio. La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda., una de las entidades más emblemáticas del norte misionero, declaró formalmente una crisis financiera y suspendió los pagos a sus productores asociados. La decisión afectó de manera directa a unas 130 familias que entregan hoja verde a la cooperativa y encendió alarmas en Comandante Andresito, un municipio cuya economía gira casi exclusivamente en torno a la actividad yerbatera. El comunicado oficial habló, de manera elíptica, de la “situación económica actual”, pero evitó mencionar que el derrumbe de precios y la desregulación del mercado explican buena parte del colapso financiero.

Consecuencias

El caso Andresito funciona como síntoma. Desde la quita de los precios sostén, el valor de la hoja verde cayó más de un 50%, los tareferos cobran valores de subsistencia y el consumo interno se retrae. Sin mecanismos de ordenamiento, el ajuste se distribuye de manera regresiva a lo largo de la cadena: lo absorben primero los productores chicos, luego las cooperativas y, finalmente, los trabajadores rurales.

“Durante dos décadas, el INYM no solo funcionó como una herramienta económica, sino también como un dispositivo político de contención”, señalan fuentes del sector consultadas por elDiarioAR. En ese sentido, explican que “su rol como fijador de precios y regulador del mercado permitía canalizar conflictos, amortiguar crisis” y ofrecer una instancia de negociación entre productores, industria, provincias y Nación. Al perder esas atribuciones, explican, no solo desaparece un regulador: se rompe una mediación. Sin un INYM con poder real, la bronca ya no tiene a dónde ir.

Ese quiebre institucional, sin embargo, no encuentra un correlato inmediato en el plano electoral. En los principales municipios yerbateros de Misiones, La Libertad Avanza obtuvo triunfos contundentes en 2025. El espacio que impulsó la desregulación fue respaldado electoralmente en los territorios más afectados por ella. Una paradoja: el costo político de la crisis yerbatera es bajo para el Gobierno nacional.

En ese escenario, el INYM deja de ser un instrumento de equilibrio para convertirse en una pieza de administración del nuevo orden libertario. Sin capacidad para fijar precios, ordenar la producción o amortiguar crisis, pero con una recaudación en alza y un presupuesto millonario, el organismo pasa a cumplir un rol funcional a la lógica del poder central. La experiencia de Andresito expone el límite de ese esquema y anticipa un dilema que empieza a recorrer la política: si el mercado manda y el Estado cobra, ¿quién asume el costo cuando la economía regional entra en colapso?

PL/MG

Seis de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales, de acuerdo con una investigación realizada por Chequeado y elDiarioAR sobre el análisis de 160 normas publicadas en el Boletín Oficial entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de mayo de 2025. 

El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta. 

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”. 

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado. 

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen). 

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses. 

Impacto alto: Ley de alquileres

El presidente Javier Milei derogó la Ley de Alquileres mediante el DNU 70/23. Entre los principales cambios, se estableció que el propietario y el inquilino podrán “pactar libremente” la forma de pago del alquiler.

La presidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Nancy Vieitez, señaló a DiarioAR que “el mercado inmobiliario recuperó dinamismo: la oferta de propiedades en alquiler creció de manera notable, y las condiciones volvieron a ser más flexibles, con plazos, monedas y ajustes negociados entre partes”. 

El portal de avisos inmobiliarios Zonaprop publicó en 2024 un 104% más anuncios de alquiler que en 2023, y en los primeros 9 meses de 2025 aumentaron el 69% respecto del mismo periodo del año pasado. 

Además, de acuerdo con datos oficiales del Gobierno porteño (que toma la información del sistema de gestión inmobiliaria Argenprop), el alquiler promedio cayó el 30% en octubre de 2025 con respecto a diciembre de 2023 (en la previa a la aplicación del nuevo régimen). 

En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

No obstante, la organización Inquilinos Agrupados indicó, con base en los resultados de una encuesta, que el 66% de los inquilinos destina entre el 30% y el 60% de su sueldo al pago del alquiler, y que más de la mitad afronta aumentos cada 3 o 4 meses. 

Impacto alto: cielos abiertos

El DNU 70/23 también introdujo cambios en el Código Aeronáutico, al permitir que aeronaves con tripulación extranjera operen en el país. También habilitó el ingreso de nuevos prestadores a todas las ciudades argentinas; autorizó la operación de aviones de hasta 19 plazas para el transporte de pasajeros y desreguló el acceso al servicio de rampas. 

Fernando Dozo, profesor de Política Aérea en el Instituto de Derecho Aeronáutico, indicó a Chequeado que la medida “consolida la apertura del mercado internacional, por la inversión de compañías que prestan más servicios desde y hacia la Argentina. La mayoría de las compañías aumentó frecuencias y destinos, lo que asegura una conexión internacional mucho más aceptable”. 

En cuanto al mercado de cabotaje, el especialista señaló que el impacto fue menor dado que “no se termina de definir qué va a hacer el Estado con Aerolíneas Argentinas, lo cual no les permite a los inversores proyectar su rol en el mercado”.

El número de vuelos totales creció el 9,3% en los primeros 9 meses de 2025 (5,9% en cabotaje y 15,1% en internacionales), de acuerdo con datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Y la cantidad de pasajeros transportados subió el 15% (10,7% en cabotaje y 20% en vuelos internacionales).

Impacto moderado: medicamentos de venta libre en kioscos

El Gobierno nacional autorizó a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas para que el público pueda acceder a ellos de manera directa. También habilitó a los quioscos, supermercados y otros comercios a vender antiácidos y analgésicos. 

“Esta norma otorga mayor acceso a los consumidores, pero mantiene el marco de seguridad sanitaria porque los productos ofrecidos en góndola deben venderse en una caja cerrada (es decir, no se puede fragmentar el dispendio), con su respectivo prospecto y sólo a mayores de 18 años”, destacó Agostina Ambrosi, economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), ante la consulta de Chequeado.

Por su parte, Graciela Lovece, codirectora de la carrera de Derecho de Salud y Responsabilidad Médica e Institucional de la Universidad de Buenos Aires, aseguró que la medida incentiva un proceso de “medicalización de la vida cotidiana, que se advierte en los medios de comunicación donde el 90% de las publicidades refieren a temas de salud y medicamentos”.

Por otro lado, el Gobierno estableció que las farmacias deberán contar con un código QR que dirija a la lista de precios actualizados de los medicamentos que se comercialicen bajo receta y tengan disponibles. Ante la consulta de Chequeado, fuentes de IDESA destacaron que: “En la práctica, la medida fue implementada parcialmente ya que las inspecciones recientes revelaron que el 88 % de las farmacias inspeccionadas exhibía correctamente el QR, mientras que algunas fueron multadas o intimadas a corregir sus sistemas”.

Impacto bajo: la Ley de Góndolas

El DNU 70/23 también derogó la Ley de Góndolas, que establecía regulaciones sobre la cantidad de los productos exhibidos tanto en góndolas como en locaciones virtuales de supermercados minoristas y mayoristas.

El presidente de la delegación Mar del Plata de la Asociación de la Pequeña y la Mediana Empresa (Apyme), Gustavo Casciotti, aseguró a DiarioAR que “la derogación implicó la pérdida de una herramienta en el conjunto de una batería de medidas que apuntaban a desarmar la posición dominante; a democratizar la oferta de productos alimenticios y a tratar de disciplinar los precios de los grandes jugadores”. 

Sin embargo, reconoció que la Ley de Góndolas “tuvo un peso relativo porque se hacía complejo el control del Estado en los puntos de venta. Los supermercados supieron encontrar los mecanismos para burlar o violentar el cumplimiento de la ley”. 

Impacto nulo: sociedades anónimas en el fútbol

El Gobierno nacional habilitó a las entidades deportivas a que asuman la figura legal de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y que operen con fines de lucro (a diferencia de las asociaciones civiles sin fines de lucro). 

Las organizaciones rectoras del deporte en nuestro país -como es el caso de la AFA- prohíben la afiliación y participación en los torneos de un club que sea una SAD. No obstante, el DNU obligaba a estas organizaciones a modificar sus estatutos para permitir la afiliación de sociedades anónimas. 

Sin embargo, el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la AFA y suspendió los alcances del decreto para el caso del fútbol. 

Rodolfo Paverini, presidente de la Confederación Argentina de Deportes (CAD), explicó que el DNU “se encuentra vigente en sus efectos para la comunidad deportiva a excepción del fútbol y las entidades que forman parte de la AFA, hasta tanto se resuelva el conflicto judicial”.

Por su parte, Mariano Bambaci, abogado y especialista en derecho deportivo, explicó a este medio: “el Estado antes reconocía la autonomía de cada federación en relación a si aceptaba o no a las SAD. Ese artículo fue eliminado y ahora se establece que no puede haber discriminación. Es decir, violenta la autonomía de las federaciones nacionales porque ahora hay que cumplir con eso”.

Edición Matías Di Santi y Flor Ballarino

Federico Sturzenegger es el encargado de accionar la “deep motosierra” del presidente Javier Milei. El economista lidera desde su creación en julio de 2024 el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado con una tarea principal: reducir el gasto público, simplificar trámites y burocracia, y aumentar la eficiencia del Estado.

En este contexto, el Gobierno nacional sancionó hasta septiembre de 2025 (último dato oficial disponible) 437 normas (considerando decretos, resoluciones y leyes) con el objetivo de modificar o eliminar más de 1.300 medidas anteriores.

De ese total, Chequeado y elDiarioAR analizaron 160 normas publicadas en el Boletín Oficial desde el 10 de diciembre de 2023 y hasta el 31 de mayo de 2025, con el objetivo de establecer el impacto que estas políticas tuvieron en el ámbito económico y comercial, y en la vida cotidiana de los argentinos. 

La conclusión: 6 de cada 10 desregulaciones impulsadas por el gobierno de Milei tuvieron hasta el momento un impacto moderado o bajo, mientras que el 12% de las normas analizadas se encuentran frenadas por decisiones judiciales. El 28% de las iniciativas restantes fueron consideradas de alto impacto.

El resultado de esta investigación fue analizado y plasmado en una visualización en el marco del proyecto Data Journalism Visualization (DJV) Bootcamp del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

Chequeado y elDiarioAR consultaron al área de prensa del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y a la Secretaría de Comunicación y Prensa para esta investigación, pero no obtuvieron respuesta. 

Una agenda desreguladora con énfasis en economía

Con base en las 160 normas analizadas se identificaron 7 grandes áreas sobre las que se operaron los cambios regulatorios. El principal rubro fue el de Economía y finanzas, que explicó el 27% del cuerpo analizado y engloba desregulaciones de comercio exterior (como la simplificación de trámites de importación) e impuestos (como la baja o eliminación de tributos).

Le siguieron Administración pública y reforma del Estado (22,5%); Transporte (18,5%); Energía y minería (8%); Salud (8%) y Trabajo y seguridad social (7%). Otros sectores (donde se incluyen normas vinculadas a ámbitos como turismo, editorial o derechos de autor), explicaron el 9% de las normas analizadas.

¿Cuál fue el impacto de las medidas?

Para medir el impacto de cada normativa, Chequeado y elDiarioAR utilizaron un criterio cualitativo con 4 niveles (alto, moderado, bajo y nulo), según el grado de alcance y la magnitud de los cambios que generó al interior de una actividad productiva o de la cotidianeidad de las personas. Para ello se basaron en el análisis de datos oficiales, de informes y de especialistas, y se tuvo en cuenta el tiempo de vigencia de cada medida.

Del total de medidas analizadas, el 38% de las normas tuvo un impacto moderado. Esto aplica a los casos en los que las reformas se implementaron de manera parcial y/o provocaron cambios acotados.

Por ejemplo, el Decreto 959/24 eliminó los cargos hereditarios en el acceso a la administración pública. A partir de esa modificación, la Secretaría de Trabajo no homologará las convenciones colectivas de trabajo que mantengan este beneficio. 

No obstante, esta práctica ocurre en un universo pequeño de organismos y empresas del Estado, como el Banco Central, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ANSES, la Aduana, el Banco Nación, YPF y Ferrocarriles Argentinos, que en conjunto explican el 17,5% del total de empleados estatales. El Gobierno no pudo precisar -en respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por Chequeado- cuántos empleados de esas dependencias habían accedido al cargo por este beneficio.

Otros ejemplos de medidas de impacto moderado son: la autorización a las farmacias a exponer los medicamentos de venta libre en góndolas y la lista de precios actualizada –que tuvo una implementación parcial–, y el autodespacho de combustible en las estaciones de servicio, porque sólo YPF lo está aplicando y como prueba piloto. 

Asimismo, el 22% de las normas tuvo un bajo impacto (alcance restringido y cambios mínimos), dado que se legisló sobre una práctica o asunto que antes del cambio ya estaba en desuso en el sector involucrado, y, por ende, la reforma no se puede dimensionar porque ya existía en la práctica. En estos supuestos, la desregulación cumplió una función de limpieza y de ordenamiento. 

Es el caso de la modificación a la Ley de Prevención de la Evasión Fiscal contenida en el DNU 70/2023. Allí se eliminó un artículo que establecía un límite máximo de $ 1.000 para las operaciones que podían realizarse en efectivo, un valor que había quedado obsoleto y en la práctica ya no se cumplía, según los expertos consultados. 

La derogación de Ley de Góndolas es otro ejemplo de desregulación de bajo impacto.

El 12% de las normas analizadas tuvo un impacto nulo, dado que sus efectos fueron neutralizados por la Justicia o por otra norma posterior. Es el caso del capítulo laboral del DNU 70/2023, que fue declarado inconstitucional en sede judicial. 

Finalmente, el 28% de las 160 normas analizadas fueron consideradas de alto impacto: fueron implementadas en su totalidad y provocaron cambios sustanciales que alteraron de manera fundamental la operatoria en una actividad en particular o grupo de personas.

Este es el caso del Decreto 1039/24, que anuló los préstamos a jubilados realizados por la ANSES a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Según datos de la Jefatura de Gabinete, en 2024 (previo a la suspensión) se realizaron préstamos por más de $ 1 billón.

La mirada de los especialistas

El economista Miguel Braun, ex secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, destacó en X que “el Gobierno registró más de 1.300 normas ajustadas y más de 9.600 artículos modificados en menos de 2 años. Eso es un shock regulatorio inédito”. Y agregó: “Milei está reescribiendo reglas formales e informales del juego económico a la vez”. 

Por su parte, Juan Negri, director de la Licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), destacó en diálogo con Chequeado: “La política de desregulación del gobierno combinó 3 pilares: la apertura de mercado, la eliminación de controles en general y la flexibilización de reglas”. 

Negri puntualizó que “las desregulaciones con mayor impacto fueron las que tocaron cuestiones más sensibles en la vida cotidiana, como la eliminación de la ley de alquileres”.

Según datos del Instituto de Estadísticas y Censos porteño, tras la derogación de esta norma, se produjo una caída del precio en términos reales de las locaciones inmobiliarias. En cambio, el INDEC registró subas por encima de la inflación. La diferencia se explica porque el organismo porteño releva los datos de publicación en portales inmobiliarios y el INDEC mide los precios efectivamente pagados por los inquilinos, cuyos contratos fueron confeccionados bajo las diferentes leyes aplicadas en los últimos años.

En tanto, Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral, planteó a Chequeado: “Hubo aciertos visibles, como la desregulación de los alquileres, pero también errores como el permiso de libre movimiento de carne en todo el país, incluso en la Patagonia que es una región considerada libre de aftosa, lo que provocó que el Ministerio de Agricultura de Chile resolviera suspender por completo las importaciones de animales y productos de origen animal provenientes de esa región”.

¿Cómo se llevó a cabo el análisis?

Las 160 normas evaluadas en esta investigación fueron analizadas con el sustento de otros documentos públicos; bases de datos oficiales y sectoriales; y la revisión de artículos periodísticos. 

Para la definición del impacto de cada una de las medidas se consultó a unos 30 especialistas de diferentes áreas, y también se analizaron más de 20 respuestas a pedidos de acceso a la información pública o documentos oficiales para contextualizar los datos. 

Con estos datos se evaluó el impacto de las medidas. Se consideró un impacto “Alto” a aquellas normas implementadas totalmente y que generaron cambios sustanciales; “Moderado”, a aquellas cuya implementación fue parcial y los cambios acotados; “Bajo”, para las que tuvieron poca implementación y provocaron cambios mínimos; y “Nulo” para las que no fueron implementadas, ya sea porque la Justicia suspendió sus efectos, u otra norma posterior las modificó o eliminó.

Los datos e informaciones fueron sistematizados en una base de datos propia y pública, que permitió analizar el impacto de cada norma en sus respectivos sectores o en la comunidad en general. 

Edición Matías Di Santi y Florencia Ballarino

La nota completa puede leerse en https://impactosdesregularizacion.fopea.org

El revuelo arrancó con una frase al pasar, pero con impacto directo en millones de trabajadores. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, afirmó en una entrevista que la reforma laboral impulsada por el Gobierno “aplica a cualquier relación laboral”, y no solo a las futuras contrataciones. De inmediato, la CGT respondió con dureza: acusó al Ejecutivo de querer avanzar con retroactividad y lo denunció como un intento de “quitar derechos individuales y colectivos”.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la central obrera, fue el primero en salir al cruce. “Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era solo para nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, declaró a Radio Mitre. Para la CGT, las palabras del ministro no fueron una confusión, sino la confirmación de una intención encubierta del oficialismo: afectar derechos vigentes sin discusión previa.

Frente a la reacción gremial, el Gobierno intentó apagar el incendio. En declaraciones en off a TN, una fuente oficial desmintió al propio Sturzenegger: “Está equivocada la interpretación sobre los derechos. Los derechos adquiridos son adquiridos”. La aclaración buscó frenar un frente gremial cada vez más amplio, que ya incluyó el llamado a una movilización a Plaza de Mayo para el 18 de diciembre, sin paro general, pero con respaldo de la CTA, ATE y la UOM.

La tensión se enmarca en el proyecto de “modernización laboral” que impulsa el oficialismo. Según explicó Sturzenegger, se propone modificar 57 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y eliminar otros 9. Entre los cambios se destacan la posibilidad de fraccionar vacaciones por acuerdo, un nuevo esquema de indemnizaciones y la creación de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado parcialmente por el Estado. Todo bajo la premisa —repetida por el funcionario— de “dar más libertad a las partes”.

Desde el sindicalismo, sin embargo, advierten que la falta de consenso y el sesgo regresivo del proyecto son innegociables. Jerónimo sostuvo que la reforma “prácticamente le saca todo tipo de protección a trabajadores y trabajadoras” y acusó al Gobierno de negarse al diálogo: “Nunca quisieron dialogar con las contrapartes naturales”.

Gerardo Martínez, jefe de la Uocra y representante de la CGT en el Consejo de Mayo —un espacio impulsado por el Gobierno para debatir reformas estructurales— fue más diplomático. “Sturzenegger es muy inteligente”, dijo, pero marcó un límite: “Aquí estamos tocando intereses. No son cuestiones caprichosas”. El propio Martínez se retiró de la mesa de negociación al considerar que se estaban planteando propuestas “ilógicas” que desconocen la realidad laboral argentina.

Con la aclaración oficial de que la reforma no será retroactiva, el Gobierno intenta contener el conflicto. Pero el malestar ya está instalado. Para los gremios, las declaraciones de Sturzenegger no fueron un error, sino un adelanto de la verdadera orientación del proyecto. Y la tensión se mantiene latente en cada artículo que modifica la legislación laboral.

El 18 de diciembre será una prueba de fuerza. Allí se verá si la CGT logra convocar una movilización masiva que frene el avance de la reforma. Pero sobre todo, se jugará un capítulo más del pulso entre el oficialismo y el movimiento obrero organizado, en una disputa central para el futuro de quienes viven de su trabajo.

JJD

Patricia Bullrich es una política experimentada, con calle, que sabe encontrar el aplauso ante ciertas audiencias. El jueves pasado, sentada a la derecha de Paolo Rocca, jugó casi de local en el encuentro Propymes que anualmente organiza el Grupo Techint, el gigante siderúrgico, constructor y petrolero que emplea a 25.000 personas y contrata o vende a unas mil pequeñas y medianas empresas.

La senadora de La Libertad Avanza desgranó desde el escenario del centro de convenciones de Recoleta el proyecto de reforma laboral que Javier Milei acababa de firmar. Su óptica contribuyó a alimentar el imaginario de la audiencia: los empresarios (grandes, medianos y pequeños) son “héroes” que luchan en la tormenta económica argentina, resisten al Estado voraz y padecen a trabajadores que tratan de esquilmarlos con su holgazanería intrínseca, sus avivadas fingiendo enfermedades o su traición para hacerles juicio. En el ideario libertario que prima en la política y el mundo empresarial de hoy, toda regulación a contratar y despedir es mala, todo impuesto merece ser eliminado (“no podemos hacerlo de golpe, pero vamos en esa dirección”, dijo Bullrich), todo juez laboral es un parásito y todo sindicalista es corrupto, al menos hasta que un rayo lo transporte mágicamente al lado de las fuerzas del cielo.

La exministra de Seguridad eludió con picardía la media docena de veces en que Rocca, a su lado, pidió elevar aranceles ante las importaciones chinas, bajo el eufemismo de “desarrollar política industrial”. El titular de Techint procuró tocar una fibra sensible en el Gobierno del Soez: “Trump nos muestra el camino” sobre cómo imponer aranceles de 50% a la oferta china.

Por si quedaran dudas, los proveedores pymes que hicieron uso de la palabra casi no mencionaron el detalle de la caída de los ingresos de las familias o la infraestructura pública abandonada desde que asumieron los hermanos Milei. El núcleo de sus reclamos fueron los costos laborales —en sintonía con Bullrich— y China —en sintonía con Rocca—.

Un emprendedor de sembradoras que expuso en Propymes había sido corredor de motociclismo de alta competición en su primera juventud. “Tiene tanta adrenalina ir en una moto a 300 kilómetros por hora que manejar una pyme en Argentina”, bromeó. El joven abandonó el motociclismo y regresó a su empresa familiar en Arequito, en 2008, al borde de la quiebra. Desde entonces, creció hasta los 170 empleados, pese a “décadas pasadas de decadencia”, que se habrían terminado con Milei en la Casa Rosada. Todo —se sobreentiende— por mérito propio.

Rocca procuró tocar una fibra sensible en el Gobierno del Soez: 'Trump nos muestra el camino'

La hipótesis de que los caños que necesita Vaca Muerta provengan del país asiático, “desleal y predatorio”, hoy ocupa el primer lugar en la agenda de Techint, que tiene a su área de siderurgia en Ternium y Tenaris, de grandes obras en Techint Ingeniería y Construcción, y a Tecpetrol como buque insignia en gas y petróleo. Ese reemplazo ya está por ocurrir en una licitación por un gasoducto que lleva adelante Southern Energy, un consorcio liderado por Pan American Energy (PAE), la firma que encabezan los Bulgheroni como accionistas principales. “Invitaron a licitar a todos los chinos posibles. Una locura”, sintetizó en un diálogo informal una persona presente en el cóctel de cierre en Recoleta. Un rumor que recorre la industria es que Tenaris podría cerrar su planta SIAT en Valentín Alsina, ante la falta de demanda de tubos de acero.

Una fuente cercana al proyecto Southern Energy, que además de PAE tiene como socios a YPF, Pampa Energía y dos firmas internacionales, indicó a este medio que la licitación por el gasoducto de 480 kilómetros desde Vaca Muerta tiene hasta ahora a 15 oferentes de nueve países de América, Asia y Europa, y el resultado está abierto.

Hubo otro momento en que Bullrich se ganó el aplauso de la concurrencia. Por alguna lógica insondable, el Gobierno del Soez incluyó reformas impositivas en el paquete de la ley laboral. Una de ellas reincide en rebajas de impuestos a vehículos de lujo y a la compra de embarcaciones y aeronaves. Bullrich intentó alguna explicación productivista, pero trastabilló y acabó sincerándose: “Si alguien se quiere comprar un barco, que se lo compre, por supuesto”. Acaso había presentes unos cuantos empresarios pymes a los que les gusta navegar, porque nació la aprobación espontánea.

La letanía sobre el heroísmo empresarial abarca todos los rubros, desde Vaca Muerta a las finanzas, y transcurre sin el más mínimo atisbo de mirada lateral o de indagación sobre por qué los ensayos “promercado” conocidos en Argentina han terminado en derrumbes sociales y económicos. Nada equipara, no obstante, la autoerección del monumento al esfuerzo individual que en julio o agosto de cada año se brinda la Sociedad Rural en Palermo, “la fiesta del hombre de campo”. “Hombre”, un dato cierto. La voz femenina es casi inexistente en las convenciones del mundo empresarial argentino.

Del emprendedor al evasor

Hay algo a revisar en el inconsciente de la elite económica argentina. “Héroes” es la palabra dominante en los encuentros empresariales, pero también es la que utilizó Milei para referirse a los evasores.

Se deriva una simbiosis de esa fricción en el plano de la representación política. En las pasadas elecciones, un grupo de gobernadores se presentó como “representantes del interior productivo”, defensores de la apertura, ávidos de ayudar a Milei “porque si le va bien a él, nos va bien a todos los argentinos”, pero sin desatender los intereses del pago chico. Nada demasiado nuevo bajo el sol, aunque parecía mejor organizado. Los gobernadores de Santa Fe y Córdoba se esmeraron en reclamar la baja de los impuestos al agro; los de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz lideraron el pedido de reducción de retenciones y otras cargas a hidrocarburos; y los de Jujuy, San Juan y Salta hicieron lo propio con la minería.

Tanta devoción sirvió de poco. A fin de cuentas, sus votantes —que casualmente, coinciden bastante con los que apoyan a Milei— desatendieron la oferta de representación del “interior productivo” y la avenida del medio, poblada por nombres con recorrido en derechas tradicionales, la UCR y el peronismo, y se decantaron por vedettes, tarotistas, evangelistas, entrepreneurs y streamers que les acercó la boleta que punteó Karina Milei.

La oda al “empresario héroe” se monta sobre una negación muy abarcativa: no existe el Estado que invierte (o invertía) miles de millones de dólares por año para sostener el mejor sistema universitario público de América Latina, ni una organización científica en más de un sentido modélica para la región. Ambos, universidades e investigaciones científicas (Conicet, INTA, INTI, hoy en proceso de desmantelamiento), proveen profesionales y avances técnicos que terminan generando negocios y ganancias empresariales, que jamás son mencionados en las reuniones de la elite. Tampoco tienen ningún valor las promociones impositivas ni los blanqueos periódicos, que condonan cada tanto miles de millones de dólares de evasión —y se terminan compensando con la recaudación del IVA o rebajas de jubilaciones—; ni los planes sociales y un sistema de pensiones universal que previenen caos social. La protección a través del manejo del tipo de cambio o del comercio exterior, o la provisión barata de electricidad, que han lastrado el equilibrio de las cuentas públicas —y en más de un sentido, se tornaron contraproducentes— tampoco son tenidas en cuenta en las sesiones de autoayuda de los hombres de negocios.

Universidades e investigaciones científicas (Conicet, INTA, INTI, hoy en proceso de desmantelamiento) proveen profesionales y avances técnicos que terminan generando ganancias empresariales, que jamás son mencionados en las reuniones de la elite

Generosidad ultra

Todo este magma de “sentido común” que supo leer y potenciar Milei para llegar a la Presidencia habilitó una transferencia de recursos de pobres a ricos, en pleno desarrollo.

Los negocios de petróleo, gas, soja y maíz generan ganancias exuberantes, pero el ímpetu por bajarles impuestos y retenciones no parece tener fin. Los US$1.600 millones que el Estado dejó de cobrar cuando el Ministerio de Economía habilitó a la desesperada unas 72 horas de “retenciones cero” al agro en septiembre pasado se suman a los US$570 millones que en 2026 dejará de percibir el fisco por otra ronda de algarabía. En la producción de Vaca Muerta y de litio en Norte, especialistas marcan que la carga impositiva ya se ubica entre las más bajas de Sudamérica, pero algunas firmas locales demoran decisiones porque estiman que el Gobierno puede darles todavía más, mediante reinterpretaciones del generosísimo RIGI.

La línea quedó trazada de entrada. En noviembre, la recaudación sobre los bienes de la cúpula económica se redujo en un 68%, que se explica tanto por un descenso de la tasa dispuesta en diciembre de 2023 como por un anticipo abonado en 2024, mientras las jubilaciones se encuentran en un piso en décadas. Hay plata para gastar US$300 millones en aviones F16 que Dinamarca procuraba sacarse de encima, pero no hay partida para la expansión de cloacas ni de conexiones de agua en el presupuesto 2026. La lista sigue con el desfinanciamiento histórico del Conicet y las universidades.

El palo en la rueda

La prédica libertaria puntualiza en “el costo laboral” y la “carga impositiva” como dos de los principales males del país.

Con este “escenario base”, en parte heredado y en parte buscado, el Ejecutivo se apresta a implementar la reforma laboral, con voluntad de aprobación en diciembre, y otra impositiva, todavía en un estado difuso.

Milei repite una estrategia que ya utilizó Macri. Acelera el deterioro del mercado de trabajo, para después ofrecer la hiperflexibilización como solución a los problemas autogenerados.

Desde diciembre de 2023, cuando asumió el ultra, hasta septiembre pasado se habían perdido 185.700 o 2,8% de los empleos formales registrados en el sector privado, según la Secretaría de Trabajo. En el segmento estatal, el procentaje de descenso es similar. El balance general es un aumento de la desocupación, en parte compensado por un alza abrupta de autónomos y monotributistas, de 121.000 puestos, 5%. Como explicó Bullrich en la convención de Techint, eso no es malo, “porque los jóvenes no quieren depender de nadie”. Prefieren pedalear.

Milei es el rey de la minería y el petróleo, pero en ese segmento, el derrumbe de empleos en 21 meses alcanzó el 7,5%.

La consultora Invecq, de los economistas Matías Domecq, Matías Sturt y Santiago Bulat, realizó una interesante presentación en la jornada de Techint.

El famoso “costo laboral” no se verifica como un peso muy superlativo en la comparación con países como Brasil y Uruguay, que han tenido una mejor performance económica que Argentina en la última década y no han pasado por traumas tan profundos. Al incluir conceptos como aguinaldo, vacaciones, aportes a la Seguridad Social, indemnizaciones y aviso de despido, el costo sobre el salario promedio de trabajadores registrados alcanza 61% en Uruguay, 63% en Brasil y 68% en Argentina. En la comparación con el resto de América Latina, Argentina se destaca por un mayor peso en la Seguridad Social, y está en el segmento inferior en el rubro vacaciones.

La diferencia sí se vuelve abismal en el contraste con Paraguay, en el que el “costo laboral” representa 44% del salario. Eso sí. Los paraguayos de 65 años o más que reciben jubilación contributiva son 11,9% (más de 90% en Argentina), otro 50% recibe una pensión no contributiva (Observatorio del Gasto Público de Desarrollo en Democracia) y sólo 34% tiene seguro de salud (no hay PAMI). Hasta ocurre el milagro de que la jubilación mínima en Paraguay (US$167) es inferior a la de Argentina (US$230), perforada por el Gobierno de los Milei. Es tal la informalidad en el vecino del norte, que se calcula que sólo 1,5% llegan a completar los 30 años de aportes al llegar a la edad de jubilarse (OIT).

El dogma Sturzenegger es inmune al dato. La motosierra en manos del ministro de Desregulación se apresta a desbaratar la mecánica de las vacaciones, fraccionándolas y repartiéndolas durante meses no veraniegos. Es decir, irrumpe en un rubro en el que el marco regulatorio argentino presenta menos costos que en Brasil (que duplica, porque los brasileños tienen más días de vacaciones) y Uruguay (33% más), y similar a Chile y Colombia, según Invecq.

Algo similar ocurre con las indemnizaciones, otra bestia negra que afecta a los “héroes” del emprendedorismo. Argentina está en un status similar a Chile y Uruguay.

El deterioro del mercado laboral argentino se ubica en el creciente empleo informal. Alcanza 36,8% de los asalariados, pero si se consideran los monotributistas, una categoría que Gobiernos como los de Macri y Milei se especializan en hacer crecer a paso firme, suman 42%. Se necesitan 27 monotributistas con un ingreso de $2 millones mensuales para alcanzar un aporte a la Seguridad Social similar al de un solo trabajador registrado con el mismo sueldo, informó Invecq.

Es decir, el déficit se encuentra en que el segmento que realiza aportes (58%) no alcanza para cubrir un sistema jubilatorio que abarca a casi todos los mayores de 65 años.  

El blanqueo lanzado por Milei en 2024 generó una registración de 16.703 trabajadores que estaban en la informalidad, 0,3% del total. Equivalen a apenas un tercio de los puestos formales en el sector privado que se destruyeron entre junio y septiembre.

Los gobiernos que “insertan a Argentina en el mundo” lanzan blanqueos a mansalva y tienden a extender los períodos de prueba al infinito. El blanqueo lanzado por Milei en 2024 generó una registración de 16.703 trabajadores que estaban en la informalidad, 0,3% del total. Equivalen a apenas un tercio de los puestos formales en el sector privado que se destruyeron entre junio y septiembre.

Sturzenegger ideó otra solución para un problema que no es tal, el monto indemnizatorio, que se encuentra acorde al equilibrio de la región. En todo caso, el incremento del costo está asociado a la alta litigiosidad, que en cantidad de juicios acumulados en los últimos doce meses, se encuentra cerca del pico de 2017, en una dinámica que parece asociada a las crisis económicas antes que a la deslealtad del empleado al que le gusta ir a tribunales.

La solución elegida por el Gobierno ultra consiste en transferir tres puntos de los aportes a la Seguridad Social a un fondo de asistencia laboral (FAL). Esa caja actuará como un seguro para la empresa a la hora de despedir empleados. Como acumulará un volúmen latente, mayormente sin uso, se transformará en un activo financiero, sujeto a compras, ventas y cotizaciones. Es decir, se desfinanciará todavía más a la Agencia Nacional de Seguridad Social que paga las jubilaciones, lo que podría leerse como otra transferencia de ingresos regresiva.

El “coloso” liberal ya implementó un régimen por el estilo en 2024, pero fue aprobado ignorado por los empresarios. Sturzenegger encontró la solución. Transforma la norma en obligatoria y transfiere el costo a los jubilados.

Sturt, de Invecq, evaluó que que el 28% de la carga tributaria total sobre el PBI es acorde a un país con el desarrollo intermedio de Argentina. Es unos puntos mayor al promedio latinoamericano (21,5%), el doble que en Paraguay (14%), inferior a la de los países de la OCDE (32%) y unos veinte puntos inferior a los países más desarrollados del norte de Europa.

Una vez más, el déficit está en la composición de la recaudación fiscal y en la alta evasión. Son bajos los ingresos por impuestos a los segmentos altos (bienes personales, Ganancias a las personas) y altos los asociados al consumo masivo, que se superponen en algunos casos (IVA, ingresos brutos provinciales, tasas municipales, combustibles). La evasión del IVA llega a 37% en Argentina, muy superior a la registrada en Colombia, Uruguay y Chile.

Ante la suma de distorsiones en los recursos del Estado y la distribución del ingreso, el dogma libertario propone enaltecer la evasión, desmantelar los organismos de control, reducir impuestos a los ricos y sectores con hiperganancias asociadas a los recursos naturales y cargar el peso del ajuste en jubilados, docentes y científicos.

El soberano se expresó en octubre y apoyó el rumbo.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La nota fue actualizada a las 12 del 14 de diciembre con detalles de la licitación del gasoducto de Vaca Muerta.

La controversia política sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei escaló luego de que el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, sugiriera que la legislación tendría carácter retroactivo, contradiciendo declaraciones previas de otros funcionarios.

Cristian Jerónimo, uno de los triunviros de la CGT (Confederación General del Trabajo), respondió al ministro, acusándolo de cometer un “sincericidio” que expuso las verdaderas intenciones del Ejecutivo.

“Acaba de tener un sincericidio y lo traicionó su inconsciente. Nosotros lo veníamos planteando y ellos decían que no, que era para los nuevos trabajadores. Cualquier ley aplica para todos”, afirmó Jerónimo en declaraciones radiales.

El eje central de la disputa es si la “modernización laboral” afectará solo a las futuras contrataciones o si regirá para todas las relaciones laborales ya existentes. Diversos voceros del Gobierno habían intentado bajar el tono, asegurando que la iniciativa solo aplicaría para contratos pactados después de su sanción.

Jerónimo advirtió que las declaraciones de Federico Sturzenegger demuestran que el oficialismo está “mintiendo” sobre el alcance de la reforma. “El proyecto termina decantando en algo que ya veíamos porque lo habían dejado trascender. Con puntos muy delicados para el mundo del trabajo”, advirtió el dirigente gremial.

Tildó a la reforma de “regresiva” y dijo que es “por imposición”

El jefe sindical criticó la iniciativa calificándola de “regresiva” y reafirmó la postura de la CGT: se trata de una “quita de derechos individuales y colectivos”.

El triunviro aclaró que, si bien la central obrera había participado inicialmente en el Consejo de Mayo (el órgano consultivo de la reforma) a través de Gerardo Martínez (Uocra), se retiró en cuanto comenzaron a plantearse “cosas ilógicas”.

Jerónimo enfatizó que el gremialismo está dispuesto a debatir la modernización del mundo del trabajo, pero rechazó la forma en que se está llevando a cabo: “Nosotros estamos dispuestos a dar esa discusión, pero no por imposición. Cuando las cosas se platean por imposición salen mal”, concluyó.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Manuel Adorni apareció este miércoles en la sala de conferencias con el mensaje que buena parte del Gobierno esperaba para cerrar una de las discusiones más sensibles de las últimas horas. “En principio no habría modificaciones”, afirmó el jefe de Gabinete, al detallar que las eventuales reformas en materia sindical, como las denominadas cuotas solidarias, quedarán para una “segunda ley”. La definición exhibió un giro en la Casa Rosada y apaciguó, al menos por ahora, el conflicto con la CGT, que venía observando con inquietud la posibilidad de que el Gobierno avanzara sobre el sistema de financiamiento gremial.

Pese a todavía no haber sido publicada, Adorni confirmó en conferencia de prensa que la letra de la reforma laboral ya está cerrada. “El proyecto está terminado. Lo tengo yo en mi celular”, dijo Adorni, en una frase que buscó transmitir control político y unidad interna pese a que el detrás de escena mostró exactamente lo contrario. Porque la definición de no incluir la eliminación de las cuotas solidarias resolvió una pulseada que enfrentó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, —autor intelectual del borrador original y promotor de un paquete de reformas más amplio y disruptivo— con Santiago Caputo y otros funcionarios que advertían sobre el riesgo de abrir un frente innecesario con los sindicatos justo antes del debate parlamentario.

La tensión venía escalando desde hace semanas. Sturzenegger presionaba para que la reforma incluyera ese artículo como un gesto de ruptura con el sistema gremial tradicional y como parte de su hoja de ruta hacia un mercado laboral más desregulado. Del otro lado, el ala política del Gobierno insistía en que el escenario legislativo ya es lo suficientemente adverso como para sumar un detonante que podría poner en peligro todo el paquete. En ese campamento se ubicaron Caputo y un sector del gabinete que viene insistiendo en priorizar acuerdos tácticos antes que gestos simbólicos.

Para la CGT, la señal de este miércoles puede ser considerada un alivio. La eventual eliminación de las cuotas hubiera significado un golpe financiero directo y un mensaje político de confrontación total. Aun así, la central convocó para este jueves a su consejo directivo para analizar el texto definitivo, delinear su respuesta y evaluar si la decisión del Gobierno evita, o simplemente posterga, un conflicto abierto.

La intervención de Adorni buscó además despejar suspicacias por la ausencia de Gerardo Martínez en la presentación del Consejo de Mayo, episodio que había alimentado rumores de malestar sindical. El vocero lo desmintió de plano y atribuyó el desorden a problemas de agenda: “Martínez llegó en un horario que no estaba previsto. No tuvo nada que ver con un tema interno de la CGT ni con discusiones del Consejo, entre ellas la modernización laboral”.

El cierre de filas que intentó mostrar la Casa Rosada deja entrever, sin embargo, una interna que no se desactiva con un anuncio. La decisión de desdoblar la agenda laboral y enviar más adelante un capítulo sindical muestra que Sturzenegger conserva influencia técnica pero pierde margen político. Y deja entrever que, en la nueva etapa, el Gobierno podría tender a priorizar la gobernabilidad legislativa por encima de las batallas ideológicas.

PL/MC

Este martes, el Consejo de Mayo formalizará ante el Congreso el proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, que hasta ahora circulaba en borrador entre senadores y referentes técnicos. La iniciativa, que incluye 182 artículos, busca modificar de raíz la estructura legal del trabajo en la Argentina. Y aunque el Gobierno la promueve como una “modernización”, los gremios y sectores de la oposición la señalan como una estrategia de flexibilización regresiva, individualización del vínculo laboral y disciplinamiento sindical.

El texto que se oficializa hoy incluye propuestas como:

• Convenios colectivos por empresa, que romperían la negociación por rama de actividad, debilitando el sistema de paritarias.

• Salarios por productividad o “dinámicos”, con criterios definidos por cada empleador.

• Banco de horas, que permitiría jornadas laborales de hasta 12 horas, a cambio de compensaciones futuras.

• Fondo de cese laboral, que reemplazaría el esquema tradicional de indemnización por despido.

• Ampliación de los servicios esenciales, lo que en la práctica recortaría el derecho a huelga en más sectores productivos.

Desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien participará hoy de una reunión con el bloque de La Libertad Avanza para explicar el contenido del proyecto, se anticipa que el texto refleja “la visión oficial” pero podrá tener disidencias dentro del Consejo de Mayo.

Bullrich quiere presidir la comisión y se calienta el debate político

Aunque aún no comenzó el tratamiento legislativo, el debate político ya escaló. Según trascendió, Patricia Bullrich está presionando para presidir la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, que tendrá a su cargo dictaminar sobre la reforma. La jugada generó tensión interna: “Bullrich se va a tener que adaptar a la salida del Ejecutivo. Los tiempos del Congreso no son iguales y sus compañeros de banca no son sus empleados”, deslizó una senadora, según el newsletter especializado Hecha la ley.

Bullrich fue una de las funcionarias más activas en la defensa pública del proyecto. En entrevistas recientes, aseguró que el sistema laboral argentino “expulsa trabajadores” y sostuvo que el salario por productividad “ya existe en muchos convenios”. También defendió la idea de avanzar con “servicios mínimos” más amplios para limitar las huelgas.

El Consejo de Mayo: apoyo empresarial, fisuras sindicales

El Consejo de Mayo, impulsado por el oficialismo como instancia multisectorial para dar respaldo a sus reformas estructurales, está integrado por figuras del empresariado, técnicos, legisladores y algunos dirigentes sindicales. Aunque no hubo una redacción consensuada, sus integrantes validaron la presentación del texto. Gerardo Martínez (Uocra) participó de las reuniones, pero ya advirtió que algunas propuestas no son compartidas por el sindicalismo dialoguista.

Del lado empresario, la UIA y otras cámaras apoyan con entusiasmo el paquete. Una de sus principales demandas es la baja del “costo laboral”, a través de una revisión de cargas patronales y del régimen de indemnizaciones.

Primer paro contra la reforma: ATE se moviliza el 9 de diciembre

El sindicato ATE, uno de los más activos en el rechazo al modelo laboral oficialista, convocó a un paro nacional con movilización al Congreso para el próximo lunes 9 de diciembre. La medida busca frenar el avance del proyecto y visibilizar el rechazo a una reforma “pro mercado”, según definió el secretario general Rodolfo Aguiar.

“No quieren mejorar la productividad ni hacer crecer la economía. Solo buscan disciplinar la fuerza de trabajo y debilitar los convenios colectivos”, advirtió el dirigente. ATE también denuncia que el proyecto excluye a trabajadores de plataformas y colaboraciones independientes de la Ley de Contrato de Trabajo, algo que se confirma en el borrador.

Un Congreso dividido y un escenario incierto

El tratamiento legislativo arrancará con reuniones informativas en el Senado, pero el oficialismo quiere aprobar la ley en sesiones extraordinarias durante el verano. Para eso necesita aliados. Gobernadores con bloques propios ya expresaron voluntad de diálogo, pero advirtieron que no convalidarán reformas “a libro cerrado”.

Mientras tanto, desde la CGT anticipan que toda modificación que afecte derechos adquiridos será judicializada. Incluso dentro del sindicalismo reformista hay dudas sobre puntos como el fondo de cese laboral, que puede convertirse en un impuesto al trabajo si no se financia adecuadamente, como advirtió el laboralista Julián de Diego en el programa A dos voces.

¿Modernización o ruptura del pacto laboral?

El oficialismo presenta su reforma como una actualización necesaria frente a “una legislación fosilizada” que no contempla el trabajo remoto, las plataformas o el multiempleo. Sin embargo, el texto va mucho más allá: reestructura el principio de favor en los juicios laborales, elimina artículos claves de la Ley de Contrato de Trabajo, deroga el Estatuto del Periodista Profesional y limita la responsabilidad solidaria entre contratistas.

Para el Gobierno, se trata de “salir de la cultura de la inflación y entrar en la de la eficiencia”. Para los gremios, se trata de una ofensiva antisindical, que atomiza a los trabajadores y los deja a merced de negociaciones desiguales con sus empleadores.

El Congreso tiene ahora la palabra. Y la calle, la primera respuesta.

JJD

El Consejo de Mayo tendrá este miércoles su última reunión, en medio de expectativas por el texto final de la reforma laboral y tensiones acumuladas tras la filtración de borradores. El encuentro marcará el debut de Manuel Adorni como coordinador político del espacio, tras la salida de Guillermo Francos, y se dará en simultáneo con la búsqueda de votos para el Presupuesto 2026, que encabeza el ministro del Interior, Diego Santilli.

El objetivo oficial es cerrar la etapa técnica antes del 15 de diciembre, fecha límite que se impuso la Casa Rosada para presentar el paquete de reformas en el Congreso. La sesión será en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contará con los siete integrantes habituales del Consejo: Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada y Cristian Ritondo (Poder Legislativo), Martín Rappallini (UIA) y Gerardo Martínez (UOCRA), por el sindicalismo.

“Hasta ahora solo hay esquemas generales sin precisión técnica”, advierten desde la CGT, que aún no recibió el texto preliminar. El Ejecutivo promete una versión consolidada para los próximos días, pero se reserva el contenido definitivo, que responderá a la línea política del presidente Javier Milei.

Entre los temas en discusión figuran la descentralización de convenios, el banco de horas, la ultraactividad, las cuotas solidarias y modalidades de contratación, algunos de los cuales ya estaban en el DNU 70/2023, invalidado por la Justicia en su capítulo laboral.

La CGT sigue en alerta, mientras espera una convocatoria formal de Santilli. El ala dialoguista busca negociar límites sin romper el canal de diálogo, pero sectores más duros acusan al oficialismo de intentar desarticular la organización sindical. La conducción central mantiene un equilibrio precario: abrir el juego sin ceder en lo que consideran derechos adquiridos.

Gerardo Martínez expondrá esa postura en la reunión del Consejo, mientras Santilli se posiciona como interlocutor clave del Gobierno. A su cargo está la doble tarea de asegurar los votos del Presupuesto y abrir un puente con los gremios, en un contexto donde la reforma laboral aparece como una de las apuestas estratégicas del oficialismo.

La última reunión del Consejo de Mayo también incluye en su temario las reformas tributaria y previsional, aunque el núcleo del debate será el capítulo laboral. La Casa Rosada quiere evitar nuevas filtraciones, pero la indefinición sobre qué puntos quedarán dentro del proyecto genera malestar entre los consejeros.

En el Gobierno reconocen que el cierre del Consejo no implicará consenso pleno, sino una base para avanzar en el diseño final del proyecto. El contenido específico se definirá en la Casa Rosada, con margen para ajustes políticos hasta febrero, cuando el oficialismo buscará tratarlo en sesiones extraordinarias.

Los gobernadores aliados se mostraron dispuestos a discutir, pero advirtieron que no avalarán cambios sin conocer los detalles. Por eso, el Gobierno necesita tiempo, acuerdos y precisión técnica para sostener su estrategia de reformas, sin agravar la conflictividad con los gremios ni perder apoyos legislativos.

JJD