El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, reconoció la pérdida de empleo formal en la Argentina aunque aseguró que se compensa con el crecimiento del monotributo.

Al analizar el panorama laboral argentino, Sturzenegger admitió el retroceso de los asalariados formales privados, pero puntualizó en el cambio del mercado laboral y de la legislación como propulsores de una migración al monotributo.

En este sentido, indicó que “respecto a que caen los asalariados formales aun cuando se hayan sumado 500.000 empleos, es cierto” y argumentó que “una explicación posible es la ampliación del monotributo aprobada por el Congreso en la Ley Bases que facilitó que la gente migrara a esta modalidad más flexible y con menos carga tributaria”.

Lejos de considerarlo un fenómeno nuevo, el funcionario lo enmarcó en una tendencia de largo plazo al señalar que “la monotributización que viene, dicho sea de paso, desde el 2012, es la respuesta del mercado buscando modalidades más flexibles de trabajo”.

El ministro, en una columna de opinión para La Nación, puntualizó que “en los últimos tres años el mercado laboral sumó medio millón de puestos de trabajo” y frente a las críticas sobre la calidad de esta ocupación, aclaró que la expansión “tampoco fue simplemente más empleo informal”.

Si bien detalló que se sumaron 190.000 asalariados no registrados, destacó que los puestos no asalariados aumentaron en 491.000, traccionados principalmente por monotributistas. Sobre este último grupo, Sturzenegger rescató que “los sueldos de los monotributistas no son muy diferentes a los de los asalariados”.

Al analizar los ingresos, el ministro reconoció la existencia de datos diversos según metodologías de fuentes como el SIPA, el INDEC Salarios y la Cuenta de Generación de Ingresos. Al discriminar por sector, los resultados muestran distintos grados de recuperación frente a los niveles del año pasado.

En relación a los trabajadores informales, detalló que “muestran un aumento significativo en sus remuneraciones reales: 64% por arriba del promedio del 2023”. Para los monotributistas, reconoció que “ese aumento es menor, solo del 4%, pero también avanzan respecto de 2023”.

Para los asalariados formales, tomando los datos del SIPA y de INDEC Salarios, aportó que “los números son disímiles, aunque ambos dan aumentos importantes respecto de diciembre 2023 (8% y 13% a marzo, último dato disponible en SIPA), uno da arriba y el otro abajo del promedio de 2023” y expresó que “ese grupo tuvo un movimiento más lateral sin replicar el comportamiento de los otros dos segmentos”.

El Gobierno descartó intervenir por las deudas familiares y culpó a las entidades

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, rechazó categóricamente una intervención estatal ante el nivel de endeudamiento de los hogares e inculpó a los “bancos y tarjetas no bancarias”, a quienes calificó como “gente grande que sabe lo que hizo y a quién le prestó”.

A través de una columna firmada en el diario La Nación, el funcionario desestimó las advertencias opositoras y remarcó: “Si ahora no les pagan, el problema principal es de ellos. Pero con tal de pegarle al Gobierno, vale cualquier cosa”.

En esa línea, puntualizó que “mientras todo el financiamiento bancario al sector privado representa apenas el 12% del PBI (contra más del 70% en Chile y Brasil), la totalidad de la cartera irregular no alcanza el 1% del producto”.

La postura del titular de la cartera desreguladora sostuvo la intangibilidad del marco regulatorio del crédito para garantizar el financiamiento a largo plazo. “En los últimos dos años, casi 4 millones de personas accedieron por primera vez al crédito”, enfatizó el ministro, al tiempo que justificó la inacción oficial al señalar que “es, pensando en los millones de argentinos que van a necesitar un préstamo en los próximos años, por lo que Argentina no puede estar modificando las reglas de juego en cada esquina. Es lo que hicimos siempre, y así nos fue”.

En el texto, Sturzenegger reivindicó la marcha general de la economía y acusó a la oposición de pretender estructurar un “relato negativo” frente a los indicadores oficiales.

En ese sentido, destacó que “este gobierno ha puesto a la economía en un sendero de crecimiento luego de 12 años de estancamiento” y repasó la baja de la pobreza del 42% al 28%, la generación de 500.000 puestos de trabajo y el sostenimiento del superávit fiscal durante tres años consecutivos. Asimismo, adjudicó el desempeño del sector externo a que “tenemos un boom de exportaciones” promovido por las reformas estructurales fijadas en la Ley Bases.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió este jueves el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y destacó el crecimiento de la actividad, la reducción de la pobreza y la mejora de los indicadores financieros. Durante su exposición en el Council of the Americas, también pronosticó una fuerte valorización de los activos argentinos en caso de que el Presidente sea reelegido en 2027.

Uno de los principales argumentos de Sturzenegger fue el resultado del programa fiscal. “El superávit fiscal permitió bajar la pobreza”, afirmó, y señaló que el índice pasó del 43% en el segundo semestre de 2023 al 53% en el primer semestre de 2024, para ubicarse actualmente en el 28%. El ministro calificó esa evolución como “un avance extraordinario” y vinculó la reducción de la pobreza con la política de equilibrio de las cuentas públicas implementada por la administración libertaria.

Sturzenegger también puso el foco en el riesgo país y realizó una interpretación particular del indicador a partir de la cotización del bono AO27, cuyo vencimiento se encuentra dentro del actual mandato presidencial. “El bono que emitió Toto (Luis Caputo) y que vence dentro del mandato de Milei tiene un riesgo país de 80 puntos básicos”, sostuvo. La referencia contrasta con el riesgo país elaborado por JP Morgan, que durante la jornada se ubicaba por encima de los 500 puntos básicos.

En ese marco, el funcionario proyectó una mejora en la valuación de los activos argentinos si Milei consigue renovar su mandato. “Cuando reelija Javier Milei el año que viene imagínense lo que va a ser el valor de los activos”, afirmó ante el auditorio.

“Lo más interesante es el proceso de crecimiento”

Más allá de los indicadores financieros, Sturzenegger sostuvo que el aspecto central de la actual etapa económica es la expansión de la actividad. “Lo más interesante creo yo es el proceso de crecimiento”, afirmó durante su exposición.

Según explicó, la Argentina atraviesa un proceso de crecimiento que considera “inédito” y que presenta una característica que, a su entender, lo diferencia de etapas anteriores: el liderazgo de las exportaciones. “Es la primera vez que el crecimiento es liderado por las exportaciones, un proceso de crecimiento inédito que mira al mundo en su conjunto”, señaló.

El ministro reconoció, de todos modos, que la expansión no se produce de manera uniforme en todo el país. “Estamos en un crecimiento inédito pero con distintas velocidades”, sostuvo, y explicó que existe una fuerte diferencia entre las distintas regiones.

En particular, planteó que las provincias vinculadas con la energía, el petróleo y la minería serán las principales receptoras de población durante las próximas décadas. En ese sentido, estimó que unos dos millones de personas podrían instalarse en Neuquén durante los próximos 30 años.

Para Sturzenegger, la expansión económica estará sustentada en cuatro pilares: el respeto por los derechos de propiedad, el desarrollo de infraestructura, el acceso al financiamiento y una mayor apertura de la economía. “Vamos a tener muchas décadas de prosperidad si mantenemos este rumbo”, afirmó.

Críticas a la desigualdad del crecimiento

El ministro admitió que el crecimiento no es homogéneo, pero relativizó las diferencias entre regiones. “Eso no pasa en ningún lugar del mundo, no puede crecer todo a la misma velocidad”, sostuvo.

En esa línea, consideró que la estabilización económica produjo una redistribución de recursos entre distintos sectores de la sociedad. Según su interpretación, la reducción de la inflación y del déficit fiscal modificó la distribución de los ingresos que anteriormente se perdían a través del denominado impuesto inflacionario. “La estabilización ha generado una redistribución dentro de los argentinos, el impuesto inflacionario lo pagaban los pobres, la baja del déficit ha redistribuido esos ingresos a los sectores pobres”, afirmó.

Durante su presentación, Sturzenegger también defendió las reformas impulsadas por el Gobierno y aseguró que la administración libertaria mantiene sus objetivos pese a las dificultades legislativas. “La ley laboral es un tributo a la paciencia del Gobierno, este es un gobierno que no ceja en sus objetivos”, sostuvo.

También destacó la aprobación de la Ley de Glaciares y el potencial de la minería argentina. En ese punto, comparó la situación del país con la de Chile y sostuvo que el vecino país exporta alrededor de US$ 60.000 millones en minería. “Imagínense lo que sería la Argentina si nos hubiésemos permitido esa exportación”, planteó.

Sturzenegger cerró su exposición con una defensa del rumbo adoptado por el Gobierno y volvió a proyectar un escenario de fuerte crecimiento para los próximos años. El ministro sostuvo que la administración de Milei podría alcanzar un crecimiento acumulado de 13 puntos y aseguró que ese desempeño “le gana por goleada” al registrado durante presidencias anteriores.

También destacó al Presidente como conductor del equipo económico y político: “El Presidente es un buen director de un equipo muy diverso”, afirmó. Para Sturzenegger, la continuidad de las reformas permitirá consolidar el proceso iniciado con el actual Gobierno y abrir una etapa prolongada de expansión. “Esto va a permitir consolidar este proceso de crecimiento, tendremos muchas décadas de prosperidad si mantenemos este rumbo”, concluyó.

La exposición se produjo en un momento de fuerte discusión política y económica en torno a las reformas del Gobierno. En los últimos días, Sturzenegger había quedado en el centro de las críticas internas luego de las modificaciones realizadas al proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada. Sin embargo, el Presidente volvió a respaldarlo públicamente y el ministro aprovechó su participación en el Council of the Americas para reivindicar el rumbo general de la gestión.

Con información de la agencia NA

Federico Sturzenegger se sentó este martes a la mesa política de la Casa Rosada y salió de allí con una nueva regla para sus reformas. A partir de ahora, los proyectos que impulse el ministro de Desregulación deberán atravesar esa instancia antes de convertirse en prioridades del Gobierno, una decisión que busca incorporar un filtro político al circuito prácticamente directo que durante los últimos dos años mantuvo con Javier Milei.

La presencia de Sturzenegger fue la principal novedad de una reunión encabezada por Karina Milei y convocada para ordenar la agenda después del traspié que sufrió el oficialismo la semana pasada en el Senado. Alrededor de la mesa estuvieron también el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Sturzenegger llegó como invitado, no como nuevo integrante permanente. Pero su incorporación tuvo un significado particular después de los cuestionamientos que comenzaron a acumularse alrededor de algunas de sus iniciativas. La decisión que surgió del encuentro apunta precisamente a modificar una dinámica que durante buena parte de la gestión fue tolerada por las distintas terminales del oficialismo: el ministro diseña reformas con su equipo, las conversa directamente con Milei y, cuando obtiene su aprobación, avanza sin que necesariamente exista antes una evaluación sobre su viabilidad parlamentaria o sobre los costos políticos que pueden generar.

En esa misma línea, se definió que en las próximas reuniones podrán ser convocados otros ministros del Gabinete, según los temas que estén sobre la mesa, para ampliar la discusión a las distintas áreas de gestión y coordinar con mayor anticipación las iniciativas que luego deberá sostener el oficialismo en el Congreso.

La nueva modalidad no supone que Sturzenegger pierda el respaldo presidencial. Milei continúa considerándolo uno de los funcionarios centrales para ejecutar su programa y apenas un día antes había vuelto a elogiar públicamente una de sus desregulaciones. Tampoco implica que la mesa política pueda imponerse sobre una decisión del Presidente. Lo que cambia, en todo caso, es el paso previo. Antes de empujar una iniciativa, el Gobierno buscará evaluar ahora qué resistencias puede despertar, con qué votos cuenta y qué consecuencias puede tener sobre la relación con gobernadores y otros sectores afectados.

La decisión terminó de formalizar una discusión que se había instalado en la Casa Rosada durante los últimos días. El antecedente inmediato fue la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos que llevan la marca de Sturzenegger y que llegó al Senado con capítulos que chocaron contra la resistencia de los aliados provinciales. El Gobierno debió retirar la modificación de la Ley de Tierras antes de la sesión y terminó resignando también los cambios a la Ley de Manejo del Fuego para conseguir la media sanción.

La mesa de este martes buscó empezar a anticiparse y evitar futuros dolores de cabeza. El cambio en la dinámica refuerza el lugar que Karina pretende darle a ese ámbito durante el tramo que queda hasta las elecciones de 2027. La secretaria general quiere que se concentre cada vez más la coordinación entre las reformas que impulsa el Ejecutivo, la estrategia parlamentaria y la relación con las provincias. La experiencia de la semana pasada mostró el problema de que esos tres planos funcionen por separado.

Relación con las provincias

La relación con los gobernadores ocupó por eso una parte central del análisis. En la Casa Rosada no interpretan lo ocurrido con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como una ruptura generalizada de los aliados, pero sí como una advertencia sobre los límites de ese acompañamiento. Incluso cerca de Santilli admitieron durante los últimos días que había iniciativas en las que no era posible “arrastrar” a los mandatarios provinciales y que el Gobierno necesita reducir los errores no forzados.

La agenda que viene refleja esa búsqueda. Entre las prioridades que la mesa repasó aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada estratégica por Milei, el paquete económico que acompañará esos cambios, Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y la reforma política que contempla la eliminación (o, al menos, la suspensión) de las PASO. El criterio será determinar no solamente qué quiere aprobar el Gobierno, sino qué puede aprobar y en qué orden conviene intentarlo.

Zonas Frías aparece, en ese sentido, como una de las iniciativas con mejores perspectivas. Después de conseguir la media sanción en Diputados, el oficialismo sostiene que avanzó en acuerdos con gobernadores para completar su tratamiento. En paralelo, Santilli viene conversando con mandatarios del Norte sobre la posibilidad de elaborar un esquema de beneficios para las zonas cálidas, un reclamo que busca incorporar a la negociación con las provincias.

La reforma política presenta un escenario más complejo. El karinismo quiere avanzar con la eliminación de las PASO antes de diciembre, pero dentro del propio oficialismo reconocen que todavía existen dificultades para reunir los votos. La discusión obliga nuevamente a mirar hacia las provincias: modificar las reglas electorales nacionales afecta los cálculos de gobernadores y fuerzas locales que serán indispensables para construir una mayoría.

Ese vínculo tendrá una nueva prueba apenas un día después de la reunión. Santilli viajará este miércoles a Misiones para participar del encuentro de gobernadores del Norte Grande, donde buscará profundizar el diálogo con mandatarios que la Casa Rosada considera centrales para la etapa que viene. La visita adquiere una relevancia adicional después de que algunos representantes provinciales marcaran distancia del Gobierno durante la discusión por la reforma de la Ley de Tierras.

La agenda federal continuará después con los contactos que Santilli viene manteniendo con gobernadores para sostener acuerdos legislativos y políticos. La tarea que Milei le encomendó al jefe de Gabinete empieza a cruzarse cada vez más con las decisiones de la mesa: mientras Sturzenegger propone las reformas, Santilli debe determinar hasta dónde pueden avanzar sin dinamitar los puentes que después necesita el oficialismo en el Congreso.

PL/MG

El Gobierno salió este martes a despejar las dudas sobre el futuro de Federico Sturzenegger y ratificó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado como una de las figuras centrales de la administración de Javier Milei. Después de los ruidos de los últimos días alrededor de su lugar dentro del Gabinete, el vocero presidencial Adrián Ravier reivindicó públicamente su gestión y confirmó que participará de la mesa política que volverá a reunirse durante la jornada.

“Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, es una figura clave”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. La definición buscó clausurar las especulaciones alrededor de Sturzenegger y estuvo acompañada por una reivindicación de la política de desregulación que encabeza desde el comienzo de la gestión libertaria.

“Nosotros hemos recibido a diciembre de 2023 una Argentina en la cual el Estado era una máquina de impedir”, sostuvo el vocero. Y atribuyó al ministro, “y por supuesto al liderazgo del Presidente”, buena parte de las transformaciones realizadas desde entonces: “Hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones en las cuales pudimos destrabar en gran parte ese Estado, o por lo menos desmantelar ese Estado que es una máquina de impedir”. Según Ravier, el resultado es que “tenemos una economía mucho más libre”.

La defensa pública tiene además una traducción política inmediata. Sturzenegger participará este martes de la mesa que reúne al núcleo del Gobierno para discutir la agenda política y legislativa, una presencia con la que la Casa Rosada pretende demostrar que los cuestionamientos internos no modificaron su lugar dentro del esquema oficialista.

Transporte Eléctrico

La conferencia sirvió también para presentar una nueva apuesta del Gobierno por la participación privada en infraestructura. Ravier anunció el llamado a licitación de AMBA I, la primera de las 16 obras contempladas dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, con una inversión estimada de US$800 millones y una adjudicación prevista para el primer semestre de 2027.

El proyecto contempla una nueva línea de alta tensión de 500 kilovoltios y unos 270 kilómetros, además de una estación transformadora en la localidad bonaerense de Plomer. Y aunque Ravier enfatizó que el financiamiento estará en manos privadas y que el Tesoro no realizará aportes, CAMMESA desembolsará unos US$100 millones iniciales para facilitar el comienzo de los trabajos. La mitad se entregará en transformadores y el resto en efectivo.

Según explicó el Gobierno, será un aporte no reembolsable proveniente de la Cuenta de Exportaciones de la compañía, alimentada con las ganancias obtenidas por las ventas de energía a países vecinos. La obra contará además con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo y el adjudicatario podrá solicitar su adhesión al RIGI.

El anuncio se produjo un día después de otro movimiento de magnitud dentro del mercado energético. YPF informó el lunes que aceptó la oferta de Edenor para comprar el 70% de su participación en MetroGAS por US$780 millones. Edenor está controlada por Edelcos, el consorcio integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, que de concretarse la operación pasará a controlar al mismo tiempo la principal distribuidora eléctrica y la mayor distribuidora de gas del país.

Ravier aprovechó la conferencia para defender también la estrategia oficial sobre las rutas nacionales. El vocero sostuvo que el modelo de participación privada “ha tenido éxito en cantidad de países”, entre los que mencionó “Chile, Perú, Colombia, México, gran parte de Europa y Estados Unidos”, donde, afirmó, “las rutas nacionales no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas”.

Según detalló, “se han licitado 9.000 kilómetros de ruta”, correspondientes a algunos de los corredores de mayor circulación, y aseguró que “para octubre, la totalidad de estos kilómetros van a estar en ejecución”. El esquema incluye también acuerdos con distintas provincias para que se hagan cargo de la administración de algunos tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios. “Cada acuerdo es diferente”, aclaró Ravier, quien aseguró que las negociaciones continúan ampliándose. “Lo más importante es este cambio de paradigma que estamos teniendo en la Argentina”, insistió.

Brasil y la campaña “antiargentina”

Otro momento de la conferencia estuvo dedicado a la denominada “campaña antiargentina” que el Gobierno denunció durante y después del Mundial. Consultado por los dichos del Presidente acerca de que esa “campaña” provenía de usinas brasileras, Ravier reconoció que algunas de las versiones utilizadas para sostener esa hipótesis “vienen de redes” y admitió que “habría que evaluarlas”, aunque insistió en que el rechazo registrado contra la Argentina no puede explicarse exclusivamente por cuestiones deportivas.

“Lo que nosotros vemos ha sido un sentimiento o una animosidad contra los argentinos en el entorno del Mundial”, sostuvo. Para el vocero, “ese sentimiento no es solo por el plantel argentino, si es violento en el juego o incumple alguna norma, sino que hay algo más que tiene que ver con la figura del Presidente”, particularmente por “el liberalismo que él expresa”.

Consultado por las fuentes que permitirían vincular esa supuesta campaña con sectores políticos de Brasil, México o España, Ravier reconoció que no podía aportarlas durante la conferencia. “Habría que buscar las fuentes que se mencionan”, respondió, desentendiéndose. “En este momento no tengo esas fuentes para darlas, pero se las ofrecemos más tarde”, prometió.

Por último, el vocero fue consultado además por el aumento de la morosidad y volvió a defender el programa económico como la principal respuesta del Ejecutivo. “El Gobierno hace mucho con el plan de estabilización para bajar la inflación”, aseguró. Y añadió: “Nosotros pensamos, y coincido y creo que la mayoría de los economistas estará de acuerdo, que bajando la inflación se resuelve el tema de las moras”.

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Federico Sturzenegger se acostumbró a jugar por afuera de la política. Desde que Javier Milei creó a su medida el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el funcionario construyó un mecanismo de trabajo que prácticamente no reconoce intermediarios: diseña reformas con su equipo, se las presenta directamente al Presidente y, cuando consigue su aprobación, comienza a empujar su implementación. El método le permitió convertirse en uno de los funcionarios con mayor capacidad para intervenir sobre distintas áreas del Estado. Aunque también empezó a transformarlo en una fuente creciente de ruido dentro del Gobierno.

En la Casa Rosada admiten que durante las últimas semanas se acumularon cuestionamientos alrededor del ministro. No están dirigidos tanto al contenido general de su programa, que Milei sigue respaldando, como a las consecuencias políticas y económicas de algunas de las iniciativas que impulsa y, sobre todo, a la ausencia de un filtro previo que permita medirlas. “A veces nos enteramos del problema cuando ya lo tenemos encima”, resume, consultado por elDiarioAR, un funcionario que participa habitualmente de las discusiones políticas del oficialismo.

Milei, sin embargo, se encargó este lunes de volver a dejar en claro de qué lado está. En medio de los ruidos internos alrededor de Sturzenegger, el Presidente compartió en X una publicación en la que el ministro celebraba el decreto que actualizó después de tres décadas los pesos y dimensiones permitidos para el transporte pesado, equiparó algunas medidas con Brasil y habilitó mayores cargas por camión. “MAGA VLLC!”, escribió Milei al difundir el mensaje.

El malestar oficial coincide con una versión que comenzó a circular en Balcarce 50 de cara a la reunión de la mesa política prevista para este martes: la posibilidad de que Sturzenegger sea incorporado a ese ámbito. La decisión todavía no fue confirmada, pero su nombre apareció en las conversaciones previas y despertó una lectura particular entre algunos integrantes del Gobierno. Más que ampliar el poder de un ministro que ya cuenta con acceso directo al despacho presidencial, sentarlo en esa mesa permitiría incorporar sus iniciativas a una discusión política antes de que se conviertan en decisiones del Ejecutivo o proyectos que después otros funcionarios deben defender en el Congreso.

La principal factura política, sin embargo, no llegó por el traspié que sufrió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. El episodio que terminó de encender las alarmas fue la crisis con los prácticos, que derivó en un paro de 48 horas y golpeó de lleno a algunas de las principales actividades exportadoras del país. La semana pasada, antes de viajar junto a su hermano a Ecuador y Colombia, Karina Milei apartó a Sturzenegger en medio de un conflicto que ya había comenzado a generar irritación entre grandes empresas vinculadas a la operatoria portuaria y preocupación dentro del propio Gobierno.

El problema había comenzado con la decisión de avanzar sobre el régimen de practicaje, una actividad técnica y altamente regulada que cumple un rol central para garantizar la navegación segura de los buques en puertos, canales y zonas de maniobras complejas. La desregulación impulsada por Sturzenegger derivó rápidamente en una disputa con el sector y terminó exponiendo una dificultad que en el papel había recibido menos atención: el Estado tampoco tenía capacidad inmediata para reemplazar a los prácticos sin personal específicamente habilitado para realizar esas tareas.

La respuesta oficial terminó profundizando el conflicto. Primero el Gobierno intimó a los prácticos a retomar sus tareas y después exploró la posibilidad de reemplazarlos con integrantes de la Armada y de la Prefectura. La alternativa se encontró rápidamente con la realidad: la Armada contaba con apenas seis oficiales disponibles para asumir esas funciones y la Prefectura, con ninguno. La disputa terminó además profundizando una interna entre ambas fuerzas alrededor de quién debía asumir las responsabilidades derivadas de la crisis. Para entonces, el costo ya había dejado de ser solamente político.

La crisis tuvo además un componente particularmente incómodo para el karinismo. No se trataba solamente de administrar la reacción de un gremio afectado por una desregulación. El conflicto había comenzado a irritar a grandes compañías argentinas cuyos negocios dependen de la operatoria portuaria y que reclamaban una solución para volver a mover sus cargas. Para un sector del Gobierno, era la demostración más extrema de un problema que venía advirtiéndose desde hacía tiempo: algunas reformas podían ser correctas desde la lógica desreguladora de Sturzenegger y, al mismo tiempo, generar costos políticos y económicos que nadie había calculado previamente.

La intervención de Karina funcionó como una señal. La secretaria general viene concentrando cada vez más la estrategia política alrededor de un objetivo: garantizar la reelección de Milei en 2027. Desde esa perspectiva, abrir frentes simultáneos con gobernadores, sindicatos, empresas o corporaciones profesionales por reformas que no resultan indispensables para llegar a las elecciones empieza a ser visto como un riesgo innecesario.

Hasta ahora, Sturzenegger está blindado por Milei. El Presidente considera al ministro una pieza central de su programa económico, valora especialmente su vocación por avanzar sobre regulaciones que otros funcionarios prefieren evitar y le concedió desde el comienzo un acceso que pocos integrantes del Gabinete tienen. Cuestionar a Sturzenegger supone, en ese sentido, discutir decisiones que cuentan en última instancia con el aval del propio Presidente.

Ese respaldo explica por qué, pese al creciente malestar, nadie imagina por ahora una salida inmediata del ministro. Pero en la Casa Rosada comenzó a circular una alternativa bastante menos estridente y potencialmente igual de significativa: quitarle volumen político a sus iniciativas.

Según pudo saber elDiarioAR, el Gobierno evalúa congelar algunos de los proyectos que llevan la marca de Sturzenegger. Las iniciativas que ya obtuvieron media sanción, como la denominada Ley Hojarasca, no pueden ser retiradas del Congreso, pero sí pueden perder prioridad y quedar indefinidamente relegadas de la agenda parlamentaria. Sería una forma de poner un freno a la avanzada desreguladora sin convertir la discusión interna en una crisis abierta con uno de los funcionarios protegidos por Milei.

Entre las iniciativas cuyo futuro quedó bajo análisis aparece también la Ley de Lobby, diseñada para regular y transparentar el cabildeo de intereses sectoriales, además del Régimen de Corretaje y las normas de protección de la actividad librera. Otro ítem es la habilitación para comercializar medicamentos por fuera de las farmacias y una mayor flexibilización del mercado de Gas Licuado de Petróleo. Cada capítulo tiene una lógica propia. Y, según la mirada que empezó a imponerse entre algunos funcionarios, también tiene capacidad para abrir un conflicto diferente.

La discusión en torno a Sturzenegger expresa una tensión más profunda que comienza a atravesar al oficialismo. El ministro entiende que el poder acumulado por Milei ofrece una oportunidad para profundizar las transformaciones y avanzar sobre intereses que durante décadas bloquearon reformas. El ala política, en cambio, empieza a mirar el calendario: faltan poco más de doce meses para las elecciones y cada disputa debe medirse también por su impacto sobre los sectores con los que la Casa Rosada necesita mantener algún canal abierto.

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La media sanción de una acotada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en la Casa Rosada una sensación bastante menos celebratoria de la que suele acompañar las victorias legislativas del oficialismo. El Gobierno consiguió que el Senado aprobara uno de los proyectos que Javier Milei había incluido entre sus prioridades para el segundo semestre, pero lo hizo después de resignar buena parte de la iniciativa original y comprobar, una vez más, que los votos de sus aliados tienen límites. El resultado abrió además una ronda de pases de factura que alcanzó tanto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, padre de la iniciativa, como a Patricia Bullrich, encargada de conducir la negociación en la Cámara alta.

La discusión comenzó incluso antes de que los senadores se sentaran en sus bancas. El proyecto había llegado al Congreso con dos capítulos particularmente sensibles: la modificación de la Ley de Tierras, que flexibilizaba las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros, y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. Ninguno de los dos sobrevivió al recorrido por el Senado. El primero fue retirado previo a la sesión ante la evidencia de que no estaban los votos y el segundo terminó cayéndose durante la votación, después de que los bloques provinciales dejaran en claro que tampoco estaban dispuestos a acompañarlo.

La poda dejó al proyecto reducido a cuatro capítulos y concentrado fundamentalmente en dos aspectos: la agilización de los desalojos y las modificaciones al régimen de expropiaciones. El oficialismo logró así la media sanción y giró el texto a Diputados, aunque a costa de desprenderse de algunas de las reformas que habían convertido a la iniciativa en una de las apuestas más ambiciosas de la agenda desreguladora de Milei, que comenzó con el DNU 70/2023.

Puertas adentro, mientras los hermanos Milei se encontraban de gira por Ecuador y Colombia, el traspié volvió a poner bajo la lupa una dinámica que hasta ahora había sido tolerada por las distintas terminales del oficialismo. Sturzenegger mantiene desde la creación ad hoc del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en julio de 2024, un canal prácticamente directo con el Presidente para impulsar reformas. El ministro trabaja los proyectos con su equipo, se los presenta a Milei y, cuando consigue su aprobación, avanza con ellos sin que necesariamente atraviesen previamente el circuito político que controla Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

No es una modalidad nueva. En buena medida, el ministerio que Milei creó a medida de Sturzenegger nació precisamente para institucionalizar ese mecanismo y darle al economista capacidad para revisar regulaciones y promover reformas en distintas áreas del Estado. Durante mucho tiempo, los resultados alcanzaron para amortiguar las objeciones. Pero el episodio de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada comenzó a alimentar una pregunta que hasta ahora circulaba con bastante menos intensidad: quién mide la viabilidad política de las iniciativas antes de que el Gobierno decida convertirlas en una batalla legislativa.

En sectores del karinismo señalan especialmente la falta de timing con la que se impulsó el proyecto y cuestionan que una iniciativa con consecuencias directas sobre los intereses de las provincias haya avanzado sin una instancia política previa capaz de detectar las resistencias. El problema, advierten, no fue solamente que hubiera artículos controvertidos, sino que la Casa Rosada terminó descubriendo en plena negociación parlamentaria que algunos de sus aliados habituales no estaban dispuestos a acompañarlos.

La discusión toca un punto particularmente sensible en el funcionamiento interno del Gobierno. Karina Milei construyó durante los últimos dos años un esquema cada vez más centralizado para controlar el vínculo con gobernadores y aliados provinciales. El método de Sturzenegger funciona, en los hechos, por un carril diferente: la legitimidad de sus proyectos proviene directamente de la aprobación presidencial. Mientras las iniciativas avanzan, ambas lógicas pueden convivir. Cuando aparecen derrotas o concesiones importantes, la ausencia de una instancia de coordinación se vuelve mucho más visible.

Pero Sturzenegger no fue el único destinatario de los reproches. Parte de las miradas también se dirigieron hacia la propia Bullrich, que había quedado a cargo de reunir los votos necesarios en el Senado. La exministra de Seguridad había demostrado durante los últimos meses capacidad para articular acuerdos con bloques dialoguistas y fuerzas provinciales, pero esta vez encontró una resistencia que no consiguió doblegar.

Bullrich terminó admitiendo las dificultades apenas abandonó el recinto. En una entrevista con TN en la puerta del Congreso, con la sesión ya terminada, vinculó el traspié con el tiempo que el Senado permaneció prácticamente paralizado durante la crisis que atravesó Manuel Adorni y, posteriormente, con el Mundial. “Durante meses fue muy importante que cada vez que se hablaba de algo, se hablaba de Adorni; después vino el Mundial”, sostuvo.

La senadora incluso dejó planteado que el desenlace podría haber sido otro si el Gobierno hubiera llevado la iniciativa al recinto algunos meses antes. “Seguramente se hubiera aprobado. Con la ley de Tierras, con todo”, se lamentó durante la madrugada. Su explicación introdujo una variable incómoda para la Casa Rosada, pero también funcionó como una manera de responder anticipadamente a los cuestionamientos por no haber conseguido esta vez los votos necesarios para sostener el proyecto completo.

No era la primera vez que Bullrich marcaba diferencias alrededor de aquella decisión. Durante los meses en los que Adorni quedó bajo presión por su situación judicial, había advertido puertas adentro sobre el costo político que implicaba sostenerlo y sobre las consecuencias de mantener prácticamente congelada la actividad de la Cámara alta para impedir que la oposición avanzara con su interpelación.

Lo cierto es que el episodio expuso una dificultad más amplia para el oficialismo. La mayoría que Milei consiguió construir en distintas votaciones desde el comienzo de su gestión nunca funcionó como una coalición estable, sino como una suma cambiante de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a mostrar hasta dónde puede estirarse esa alianza: los mismos senadores que están dispuestos a acompañar al Gobierno en reformas nacionales pueden tomar distancia cuando consideran que una iniciativa afecta intereses económicos, productivos o territoriales de sus provincias.

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En la Argentina de Javier Milei, la inflación bajó del 12% mensual heredado al 2% en el que se estabilizó entre mayo y julio, y para el mes pasado economistas afines al Gobierno prevén entre el 1,9% y el 2,1%, según las mediciones de C&T Asesores Económicos y la Fundación Libertad y Progreso. En el mismo país también desacelera la actividad económica, tanto que la ortodoxa Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) está recalculando su pronóstico de crecimiento del 3% anual en 2026 para apuntar a un 2%, y sin esperanza de un repunte significativo en el 2027 electoral, porque la inversión no despega pese a la fuerte movilización de recursos de la minería y los hidrocarburos. En esta nación, ahora, como también sucedía antes, una parte importante de la población va a pedir ayuda a las iglesias.

En los últimos 12 meses, el 35,5% de los argentinos acudió a los templos de diversas religiones a buscar ayuda o contención, según el Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, que elabora el Observatorio de las Creencias (Ocrear) del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El reporte se difunde este viernes, el día de la marcha de las centrales sindicales y organizaciones sociales por pan y empleo al santuario de San Cayetano, el patrono del trabajo. De ese tercio que fue a las iglesias, el 61% lo hizo para buscar apoyo espiritual, el 29% por problemas de salud, pero el 45% para pedir ayuda económica o alimentaria, capacitación laboral o un empleo. El 15% asistió para actividades educativas y el 8% porque sufría violencia familiar.

“En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material”, explica Gabriela Irrazábal, investigadora participante del estudio. Se acercan más cuanto más bajo sean los recursos económicos, sociales y educativos. Son más proclives los mayores de 50 años, seguidos por los jóvenes y sólo después aparecen los de 30 a 49 años. Así es la tierra que visitará en noviembre próximo León XIV, el primer papa en venir a la Argentina en 39 años y después del legado del porteño Francisco al frente del Vaticano.

“La demanda es igual que siempre”, comentan en la pastoral social de la iglesia católica platense. 'Está difícil para todo, especialmente para los trabajadores de la construcción“, agregan. En Caritas Córdoba admiten que los pedidos en los templos se elevaron algo, pero lo que creció de manera exponencial es la gente en situación de calle y sus necesidades. En la provincia donde más votos obtuvo Milei en la elección presidencial 2023, la segunda más poblada de la Argentina, en el gobierno local del peronista cordobés Martín Llaryora admiten una economía dual con localidades agropecuarias exportadoras en expansión y grandes centros urbanos en ”situación crítica“ por el mal momento del comercio, la industria, la construcción y el turismo.

En la ciudad de Buenos Aires, cuarto distrito en población del país, detrás de Santa Fe, en la capital donde gobierna todavía el PRO con Jorge Macri a la cabeza, se repite el mismo cuadro que en las urbes cordobesas. En el oficialismo porteño analizan que la única apuesta económica y política de Milei radica en cumplir su promesa de baja la inflación para que así se reactive el consumo, pero no descenderá a menos del 1% este agosto, como había vaticinado el presidente. Ahora busca apuntalar su meta con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que centrará el mandato de la entidad en reducir la inflación, como lo hace la mayoría de las autoridades monetarias en el mundo, con pocas excepciones como EE UU, donde también se apunta a disminuir el desempleo. El equipo de Santiago Bausili alega que el mandato dual en la Argentina fracasó y que otros organismos públicos pueden ocuparse de la desocupación... aunque por ahora brillen por su ausencia.

El índice de precios al consumidor (IPC) descendió al 2% -una cifra aún considerable, como la que hubo en la mayoría de los años del kirchnerismo- y el Banco Central ha empezado a intervenir para evitar que el dólar suba más allá de $1.500 e impacte en el bolsillo. Claro que un peso sobrevaluado daña a la industria, el turismo y la construcción, que se encarecen en dólares. Las manufacturas también se perjudican por la apertura importadora y la merma del consumo, que a su vez responde salarios deteriorados, empeoramiento de la calidad del empleo -el formal se reemplaza por el informal, que remunera un tercio menos- y el mayor endeudamiento familiar en dos décadas.

Con esos panoramas en distritos afines a Milei, las encuestas de opinión, que han fallado muchas veces, en esta oportunidad muestran que nunca en estos dos años y medio de gobierno el Presidente estuvo peor, pero jamás en este periodo la oposición peronista ha estado tan mal. Por ahora el economista antiestatal lidera los sondeos presidenciales y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo secunda, pero el electorado se muestra interesado en que aparezca una tercera opción política a libertarios y peronistas, según revela el analista de opinión política Raúl Timerman. La duda es si surgirá esa alternativa y un candidato que la encarne. Hay quienes fantasean con otro outsider como fue Milei, Daniel Hadad, dueño de Infobae, que sería un defensor de muchas de las reformas actuales, pero sin los malos modales que han llevado, por ejemplo, a rebajar la relación diplomática con Brasil al nivel de encargado de negocios.

Pero quizás ni Hadad quiera dar el salto a la política -ya se descarta que lo haga Jorge Brito, propietario del Banco Macro- ni la población quiera un presidente empresario. Con esa ilusión de crear una tercera vía la exministra de Desarrollo Humano porteña María Migliore lanzó esta semana una campaña en redes para convertir en partido político el colectivo del que participa en redes sociales, Popurrí, junto a un militante de la Villa 1-11-14, Nicolás Torres, y dos cofundadores de Jóvenes por el Clima, Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo. Sintonizan más con el discurso nacionalista que expresó la mayoría de la sociedad contra la reforma de la ley que restringe la propiedad extranjera de la tierra, campaña en la que se embanderó hasta Tini Stoessel y Emilia Mernes. Así como los jugadores de la selección explicitaron el sentimiento antipolítica en 2022 al convertirse en los primeros campeones mundiales que no saludaban al presidente de su país tras la consagración, habrá que ver si ahora expresan un matiz soberanista a partir de la bandera “Las Malvinas son argentinas” que puso en crisis al día siguiente la avanzada del capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que permitía la extranjerización irrestricta. ¿Surgirá un candidato así que bajo el sentimiento albiceleste reúna desde ciudadanas como Tini y Mernes hasta otras más peronistas como Lali Espósito?

Por lo pronto está claro que no fue la mejor semana para el Coloso, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Es cierto que el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad, que dificulta que a futuro el Estado expropie y permite que los inquilinos morosos sean desalojados en diez días, ya no en hasta dos años. Una de las desregulaciones emblemáticas de Milei y Sturzenegger, la eliminación de toda regla para los alquileres, ha llevado a que este rubro sea uno de los que más se ha encarecido en el gobierno libertario, lejos de la promesa oficialista de que la mayor oferta iba a hacerlos abaratar. Por algo se acumulan las deudas de inquilinos con propietarios, las mudanzas y ahora también puede que aumenten los desahucios, si es que la Cámara de Diputados sanciona la iniciativa. Pero igualmente Sturzenegger perdió en estos días cuando se cayeron dos capítulos de la norma, el de extranjerización y el que permitía vender tierras incendiadas, así como cuando Milei le echó para atrás su desregulación del servicio de prácticos ante el paro que estos guías en la navegación de los ríos iniciaron el lunes y el martes y dejaron varados a todos los buques que llevan y traen las exportaciones y las importaciones del país.

El presidente está de acuerdo en todo con el ministro de Desregulación, pero a un año de las eventuales primarias presidenciales no quiere sumar ruido a su aspiración reeleccionista y por eso ahora se descarta que se avance con otras liberalizaciones. Entre ellas figura la eliminación del precio único de los libros, a la que se oponen las librerías independientes; el permiso para que los medicamentos se vendan fuera de las farmacias; la autorización para que cualquiera pueda ser agente inmobiliario, sin ser martillero público ni matricularse; las liberalizaciones de los mercados de garrafas y de los arrendamientos rurales y la supresión de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, entre otras normas.

Quizás otras reformas persisten en agenda, como la que permitiría que barcos extranjeros ofrezcan transporte fluvial interno. Es una de las medidas reclamadas por las grandes cerealeras. Con el ánimo de bajar sus costos logísticos, son las mismas que apuntan contra el club de los prácticos y esperan unirse para ganar la futura privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, que une el noroeste del país con los puertos. En este negocio deberán competir con la minera británica Rio Tinto y con Grupo México, que hizo un fuerte lobby para influir en la confección de los pliegos de acuerdo con sus expectativas. Veremos qué dice finalmente la letra chica de la subasta. Las cerealeras también despliegan sus agentes para influir: en el Senado empujan una reforma de la ley de biocombustibles para que el negocio no quede sólo en manos de pymes y apuntan contra empresarios como el bahiense Juan Carlos Bojanovich.

Sturzenegger suele invocar el argumento de bajar los costos para tornarlos más competitivos y así mejorar la economía y beneficiar a los consumidores. Pero hasta economistas ortodoxos advierten que si bien la Argentina estaba excedida en reglas, la eliminación de todas ellas puede terminar saliendo mal para aquellos a los que se pretende defender. En la Universidad Di Tella, el profesor y politólogo Sebastian Etchemendy está comenzando una investigación sobre todas las desregulaciones del Coloso. Está apenas en sus inicios, pero ya identifica algunas hipótesis de trabajo. Algunas liberalizaciones enfrentan al capital y el resto de la sociedad, otras favorecen al capital extranjero frente al nacional y están las que contraponen a grandes empresas contra pymes. Cita como emblemáticas las reformas laboral y de alquileres, los cambios en la normativa ambiental con la ley de glaciares y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la derogación del compre nacional y el proyecto de eliminación del precio único de los libros. “Es menos el gobierno de las corporaciones empresarias que el de (Mauricio) Macri. El fanatismo es el modo, no cree en la mediación social y se choca con la realidad”, describe Etchemendy en referencia al paro de los prácticos, que finalmente se sentarán a negociar su estatus.

AR/MC

Después de varios intentos, Patricia Bullrich tuvo que reconocer la derrota. Los aliados de Tucumán y Misiones le habían soltado la mano, el radical Daniel Kroneberger estaba decidido a votar en contra y, con cada hora que pasaba, un senador se comunicaba para mostrarse incómodo con la aprobación del capítulo de extranjerizacion de la tierra. La senadora libertaria reconoció que no tenía los votos y, a 24 horas del inicio de la sesión, aceptó sacar el capítulo de Tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La decisión se tomó esta tarde en el despacho del bloque radical, donde Bullrich se reunió con los senadores aliados del “grupo de los 40” --los propios más aliados-- para tomar una decisión. Estaban las radicales Edith Terenzi y Mariana Juri, el correntino “Camau” Espínola, el jefe PRO, Martín Goerling, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano. Los senadores aliados se sentaron, le comunicaron que no estaban los votos para insistir con el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales y le explicaron que había que sacarlo. “Así no se puede”, explicó una senadora radical, a la salida del encuentro.

Bullrich intentó resistir, pero tuvo que reconocer que estaba sola. Diego Santilli se había comunicado con los gobernadores aliados el día anterior, pero las negociaciones no habían surtido efecto. En Casa Rosada, Federico Sturzenegger presionaba para avanzar con la ley, pero casi no había otros funcionarios que quisieran sumarse a su cruzada desreguladora. La marcha convocada para el jueves, así como la intensa campaña en redes sociales, habían permeado en la sociedad, que manifestaba un rechazo mayoritario–según varios sondeos de consultoras, como Ad Hoc y Zuban Córdoba– y descincentivaba las manifestaciones de apoyo.

“Lo importante es mantener unido al grupo de los senadores aliados, tenemos más leyes que aprobar”, se la escuchó decir a Bullrich en el Senado, antes de ingresar a su despacho. Todavía faltaba comunicárselo al resto del bloque libertario, que se enteraría primero por las redes sociales de la caída del capítulo que elimina el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros, así la prohibición de la venta en zona de fronteras y el límite de mil hectáreas en zonas núcleo. El Gobierno se enteraría al final: Bullrich se lo comunicaría después de haber tomado la decisión con los senadores.

La sesión está convocada para las 14 horas en el Senado, una jugada de Victoria Villarruel que anticipó el anuncio a la estrategia oficialista. Bullrich todavía no sabía si levantaría la sesión cuando la vicepresidenta del Senado convocó a la sesión para el día siguiente.

Para evitar que le rechacen el capítulo en el recinto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, anunciará el retiro del apartado el jueves al comienzo de la sesión. El objetivo es desactivar la movilización convocada al Congreso, pero para algunos senadores la decisión llegó demasiado tarde.

“Esto se tendría que haber resuelto ayer”, se quejó un senador aliado, a la salida de la cumbre con Bullrich.

Crónica de una derrota anunciada

Los problemas empezaron la noche anterior, poco después de que Bullrich saliera a anunciar, con bombos y platillos, las modificaciones introducidas a último momento al capítulo de Tierras para conseguir los votos que le faltaban. Poco duró la maniobra del tope del 25% a nivel provincial, una concesión que no modificaba el corazón de la reforma, ya que habilitaba que se continuase avanzando con la extranjerización a nivel de los departamentos. Menos de 24 horas después de dar la conferencia de prensa, la senadora libertaria estaba anunciando que el capítulo no se debatiría en la sesión.

Los primeros en patear el tablero fueron los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que la noche anterior se mantenían reacios a acompañar el capítulo de Tierras. Esta decisión, sumada a la incomodidad de otros aliados –como Edith Terenzi– y a la rebelión de los senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, inclinaron la cancha en favor de la oposición. Pero fue el pronunciamiento del gobernador Tucumán, Osvaldo Jaldo, al día siguiente lo que terminó de hundir las esperanzas del Gobierno.

“Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, afirmó el gobernador tucumano, a través de un comunicado publicado en la web oficial de la Provincia. Allí, Jaldo aseguró que se había comunicado con las dos senadores que le responden, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y que ambas se oponían a la ley “y son personas que no cambian de opinión”.

Después de Jaldo salió el neuquino Rolando Figueroa, quien dos días antes había presentado un proyecto de ley para que la provincia no pudiera vender tierras fiscales a extranjeros. El gobernador de Neuquén, hasta hace dos días, era aliado del Gobierno y en el oficialismo contaban a su senadora, Julieta Corroza, como un voto a favor de toda la ley. El martes a la mañana, sin embargo, Figueroa salió con un video anunciando su rechazo. “No estamos de acuerdo con la extranjerización de tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, afirmó.

Después de estos dos pronunciamientos, la caída del capítulo fue solo cuestión de tiempo.

MCM

Después de tres días en los que el conflicto parecía no tener solución, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás con el decreto el Decreto 690/2026 que desregulaba la actividad de los prácticos, los profesionales especializados que orientan a los buques en zonas de navegación compleja, como ríos, canales y puertos. A cambio, los representantes del sector de practicaje aceptaron una reducción del 20% en las tarifas del servicio y reestablecer la actividad portuaria.

La decisión fue tomada luego de una reunión que mantuvo la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con representantes de las empresas, entidades y profesionales que ofrecen servicios de practicaje y pilotaje. Allí, el Gobierno se comprometió a conformar una Mesa Intersectorial que integren también la Prefectura y la Agencia Nacional de Puertos de Navegación para analizar la posibilidad de modificar el régimen que desde 1991 regula la actividad.

Entre los prácticos, según supo elDiarioAR, el acuerdo se vivió como un triunfo ya que se logró revertir el decreto llevaba la firma del presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y que originó el conflicto que dejó casi paralizados el comercio exterior del país y más de 150 barcos sin navegar.

Los prácticos son profesionales especializados cuya formación demanda entre 12 y 15 años y su intervención es clave en el amarre y desamarre de los barcos y en el tránsito por el río Paraná y el Río de la Plata, la puerta de salida de cerca del 80% de los embarques del país. Aunque históricamente su trabajo fue en relación de dependencia, a partir del régimen impuesto durante el menemismo pasaron a ser profesionales autónomos.

Si bien el Gobierno buscó desde un primer momento plantear una cuestión económica, el practicaje es una de las actividades profesionales mejor pagas, lo cierto es que el acuerdo llegó luego de que la Asociación Civil Prácticos y Pilotos de la República Argentina presentara una denuncia para que la justicia investigue penalmente a Milei y cuatro de sus ministros: Sturzenegger, Monteoliva, Carlos Presti, de Defensa, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, además de Autoridades de la Prefectura Naval, y funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación y de Cancillería.

Allí, los prácticos denunciaban que el Gobierno había desoido un informe de la propia Prefectura en el que “se determinó que la actividad total de navegación en la hidrovía sin práctico a bordo se estimó que ocasionaría un riesgo de 84/100, riesgo alto”. En ese informe al que tuvo acceso este medio, la Prefectura proponía “un nuevo proyecto de reglamentación, distinto al original, según el cual mantiene la obligatoriedad de practicaje obligatorio en el caso de buques de bandera extranjera en el Río de la Plata”.

Pero además, la presentación judicial incluía una advertencia del gobierno uruguayo sobre el conflicto diplomático que podria ocasionar navegar las aguas que ambos países comparten sin la experiencia de un práctico al mando. Según la denuncia de la Asociación, el pasado 24 de abril de 2026, la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico remitió una carta a la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) donde se describió a los cambios introducidos por el decreto como“ sustanciales, invocó los artículos 14 y 26 del Tratado y sostuvo que una aplicación inconsulta podría generar una disparidad normativa y afectar seguridad, navegación y comercio”, ya que ese acuerdo establece “un régimen bilateral que no puede ser reducido a una mera recomendación”. Es decir que Argentina por sí sola no puede cambiar la obligatoriedad de llevar prácticos ya que es un acuerdo entre los dos países.

El conflicto terminó dejando al descubierto que mientras para el Gobierno se trataba de bajar los costos del servicio de practicaje, para los prácticos el decreto ponía en riesgo tanto la seguridad de la navegación como la soberanía sobre las aguas argentinas al habilitar para esa función a marinos extranjeros. “Funcionarios nacionales sustituyeron o debilitaron barreras regulatorias destinadas a la seguridad de la navegación, la vida humana y la protección ambiental sin acreditar técnicamente que el practicaje hubiera dejado de ser necesario”, señala la presentación en uno de sus tramos. Y pide a la justicia que investigue si los funcionarios nacionales “desconocieron conscientemente mandatos legales y convencionales que limitaban su potestad reglamentaria”.

Para los prácticos, las nuevas disposiciones que determiaba el decreto ahora suspendido “impactan directamente sobre la organización del sistema preventivo de seguridad de la navegación, reduciendo requisitos técnicos y operativos que históricamente fueron establecidos precisamente para disminuir los riesgos propios de la navegación en zonas especialmente complejas desde el punto de vista hidrográfico, meteorológico y operativo”.

En paralelo, el conflicto mostró una unidad inédita de todo el sector. A poco de conocerse la decisión de los prácticos de no volver a navegar mientras siguiera vigente el decreto, el Gobierno intentó, por un lado, intimarlos mediante cartas documentos, por el otro convocando a los capitanes de ultramar a asumir ese trabajo. Ninguna de las dos medidas dio resultado.

En un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Ejecutivo, por medio de la Prefectura, intimó a 536 prácticos a “la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026”, a la vez que advertía que el “incumplimiento de la presente intimación será objeto de las sanciones disciplinarias”.

“Una torpeza, una impericia, nada novedoso del ministro de Desregulación”, calificó Jorge Pablo Tiravassi, del Centro de Capitanes de Ultramar, la jugada del Gobierno. En diálgo con Víctor Hugo, explicó: “Son profesionales independientes. Esto es como si usted quiere levantar un puente con escarbadientes, entonces llama a un ingeniero y este le dice, 'yo no quiero, esto atenta contra mi responsabilidad profesional', usted no lo puede obligar a hacer un puente con escarbadientes. Eso es lo que están haciendo los prácticos”.

En pleno paro en los puertos, el Gobierno endureció su discurso. El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió en una conferencia de prensa en Casa Rosada la desregulación del practicaje dispuesta por el Decreto 690/2026 y advirtió que aplicará sanciones a los prácticos que sostienen la protesta. El funcionario sostuvo que la actividad integra un “servicio esencial” que los profesionales “deben sostener” y responsabilizó a un sector del practicaje de resistirse a la apertura de la competencia que introdujo la norma.

“Intentamos bajar el costo argentino. En esta materia [transporte marítimo] la Argentina tiene un costo elevado, comparado con otros países. Esto se resuelve con competencia. Abrimos la competencia para permitir, en este caso del practicaje, que puedan entrar nuevos jugadores, con precios más competitivos”, planteó Ravier, y agregó que, en la medida en que la apertura reduzca los costos del traslado de mercaderías, el efecto “eventualmente” impactará en “mejoras para empresas y consumidores”. El vocero fue más duro con los prácticos en huelga: “Hay personas que operan en ese mercado que, ante la entrada de competidores, plantean este reclamo y hacen esto para perjudicar la logística. Este es un servicio esencial que estas personas tienen la obligación de sostener, y van a tener sanciones”.

El decreto que originó el conflicto, publicado el 31 de julio y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sustituyó el reglamento que regía el practicaje desde 1991. Entre sus cambios centrales, quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, permite que armadores y agencias marítimas los contraten en forma directa, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada experiencia a navegar sin contratar un práctico. Sturzenegger había resumido el espíritu de la reforma con una frase que anticipó el tono del conflicto: la norma buscaba, dijo, “desarmar kioscos” en una actividad que consideraba protegida por barreras artificiales.

Del otro lado, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó al decreto de inconstitucional y anticipó una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo ante la Justicia Federal, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, sostienen que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo del sector, un argumento que choca de lleno con la lectura del Gobierno sobre un conflicto motivado, según el Ejecutivo, por la resistencia a perder posiciones de mercado.

Mientras la disputa se judicializa, el impacto económico del paro empezó a extenderse más allá del practicaje. El presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina (Ciara), Gustavo Idígoras, advirtió que cada demora de un buque cuesta entre 50 y 100 mil dólares por día y alertó sobre el riesgo de que la Argentina termine en una “lista de país sucio”, es decir, percibido como poco confiable para cumplir contratos de exportación. Desde la Cámara Argentina de Energía (CADE) confirmaron que las operaciones portuarias de sus empresas asociadas están interrumpidas por la falta de prácticos y advirtieron sobre eventuales dificultades en el abastecimiento energético. En Neuquén, la restricción en el puerto de Bahía Blanca ya frenó la construcción de la terminal offshore del proyecto Vaca Muerta Oil Sur.

La paralización abarca los puertos de todo el país, desde Ushuaia hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay, con especial impacto en el Río de la Plata y el río Paraná, por donde circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones argentinas. Decenas de buques permanecen sin actividad en las terminales del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes, el corazón del complejo agroexportador del país.

El tecnofascista Peter Thiel vuelve a la Argentina y estará codeado de funcionarios de Javier Milei. El dueño de Palantir, empresa proveedora de servicios de defensa y seguridad en Estados Unidos, participará en septiembre en Buenos Aires de una conferencia junto a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Se trata de la cumbre “Vientos de Cambio”, que convoca a referentes libertarios y de la ultraderecha económica global. El evento, impulsado en conjunto por la Fundación Libertad y Progreso, la estadounidense Reason Foundation y el Archbridge Institute, se presenta como un espacio para debatir reformas orientadas a “ampliar la libertad económica” en la región, según su propia descripción, y tendrá lugar el 1 y 2 de septiembre en el Sheraton, en el barrio porteño de Retiro.

Thiel, cofundador de PayPal y de la empresa de análisis de datos Palantir, aparece como “inversor y emprendedor”. En un ensayo publicado por el Cato Institute, Thiel escribió que ya no creía que “la libertad y la democracia sean compatibles”, en referencia a la ampliación del derecho al voto. Desde entonces financió al bloguero neorreaccionario Curtis Yarvin —que propone reemplazar los sistemas democráticos por gobiernos unipersonales al estilo de un CEO— y respaldó económicamente las carreras políticas de JD Vance y de Blake Masters, dos de los referentes de la nueva derecha estadounidense.

Como ya contó elDiarioAR, Palantir Technologies es uno de los principales proveedores globales de plataformas de análisis de datos para gobiernos. Sus sistemas permiten integrar información proveniente de distintas agencias, cruzar bases de datos y generar análisis predictivo en áreas como seguridad, inteligencia y defensa. Hoy una mega compañía de espionaje que trabaja con la CIA, el FBI y la NSA. Estuvo detrás de los operativos antimigratorios de la ICE. Y también está en Medio Oriente donde colabora con las fuerzas israelíes para identificar objetivos en Gaza.

Del lado argentino, la cumbre contará con la presencia de Caputo y de Sturzenegger, quien por estos días impulsa la aprobación de una ley de Propiedad Privada para habilitar la venta de tierra a extranjeros. Organizaciones ambientales y civiles denuncian que la jugada parlamentaria ayudaría a magnates como Thiel, a quien también le interesan iniciativas mileístas como el Super-RIGI y la Ley de Glaciares.

Caputo y Sturzenegger ya estuvieron reunidos con Thiel en su anterior estadía a Buenos Aires. El magnate también se reunió con Milei e incluso recibió la visita de Juan Grabois en la mansión que se compró en Barrio Parque.

La lista de oradores incluye además al viceministro de Economía, José Luis Daza; al Premio Nobel de Economía James Heckman, al libertario chileno Axel Kaiser, al exgobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos Randall Kroszner, y a referentes de fundaciones libertarias de Chile, Brasil, Colombia, Perú, El Salvador y Venezuela, entre ellos Pedro Urruchurtu, de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado.

La inscripción a “Vientos de Cambio” tiene un costo de 600 dólares en su tarifa estándar —vigente hasta el 28 de agosto— y de 650 dólares para quienes se anoten en la sede durante el propio evento, con valores reducidos para académicos y estudiantes.

La avanzada del gobierno de Javier Milei para desregular la venta de tierra a extranjeros ya motoriza una fuerte manifestación en contra. Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición convocan a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará conseguir en el Senado los votos para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria empezó a circular en las bases apenas se confirmó la fecha y crece en paralelo al acuerdo que este jueves alcanzaron Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger para no perder votos en el recinto.

El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, fue una de las voces cantantes este viernes. Pidió en una entrevista radial “que el día del tratamiento haya una gran movilización”. “La presión social permea e influye en la decisión de los más especuladores”, dijo en diálogo con FutuRock. Desde el peronismo en Diputados la legisladora Cecilia Moreau (Unión por la Patria) comparó el reclamo con el sentimiento por Malvinas que dejó el Mundial: “El 6 de agosto todos y todas a las calles”.

Las dos CTA ya convocaron de manera formal bajo la consigna “por la tierra y el agua”, mientras la CGT, que desde principios de julio viene circulando documentos internos contra la ley (“nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, llevan como consigna), evalúa sumarse a la protesta.

El Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la UBA, mantiene desde el 25 de junio una recolección de firmas contra el proyecto que ya superó los 4.000 referentes de todo el país. En paralelo, espacios como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizaron para la próxima semana (del 27 al 31 de julio) una serie de acciones federales bajo el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, radios abiertas, banderazos antes de la movilización central del 6 de agosto al Congreso, bajo el hashtag #lasoberanianosenegocia.

El reclamo sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y un pronunciamiento del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

La fecha elegida para marchar no es casual: Bullrichse reunió ayer con Sturzenegger, y el secretario Alejandro Cacace, para destrabar las diferencias que habían obligado a aplazar por cuarta vez el debate del proyecto. El nudo era el artículo 25, que fija cuánto margen conservan las provincias para dictar sus propias reglas sobre la venta de tierras a extranjeros.

Sturzenegger había planteado objeciones desde el exterior la semana pasada, lo que sembró dudas entre los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para sumar votos. Tras el encuentro, Bullrich confirmó que se mantiene el texto acordado con los aliados y que la sesión será el 6 de agosto. La última versión del dictamen (la número 15) deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo, y elimina el artículo de silencio administrativo que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.

El proyecto —que Bullrich presenta como una forma de “salir de la era de Máximo Kirchner”— apunta a modificar en los hechos la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner. Esa norma fija un tope del 15% de tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, impide que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, prohíbe la compra de más de mil hectáreas en las zonas más fértiles del país y veda la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes, como el que compró el británico Joseph Lewis en Lago Escondido.

El Gobierno ya había intentado derogarla a fines de 2023 por el DNU 70/2023, pero una cautelar del Juzgado Federal N°4 de La Plata, confirmada después por la Cámara Federal platense a partir de un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de esa ciudad, la mantuvo vigente.

Ahora el intento llega por ley, dentro de una iniciativa más amplia —nueve artículos bajo el título “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— que además modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego, y que el Poder Ejecutivo negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

No todo el arco social está del mismo lado. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió este jueves a respaldar el proyecto de extranjerización: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, dijo desde el predio de Palermo, donde Milei irá el próximo domingo para inaugurar la feria rural.

Bullrich, por su parte, buscó matizar el reclamo soberanista distinguiendo entre personas y Estados: sostuvo que “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, pero que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera” adquirir un metro de suelo, una prohibición que quedó plasmada en el dictamen.

El resultado de la votación, de todos modos, sigue siendo incierto. La mayor duda está en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para que voten en contra del capítulo de venta de tierras a extranjeros. En ese escenario, la apuesta de quienes convocan a movilizarse el 6 de agosto es lograr que la presión de la calle termine de inclinar a los senadores que todavía dudan.

MC

El ministro de Desregulación, Federico Sturzengger, y la jefa del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunieron este miércoles en el Senado con vistas a relanzar el proyecto de Propiedad Privada luego de la sesión que debió levantarse la semana pasada, para pasar a un cuarto intermedio del 6 de agosto.

Según trascendió, ambos acordaron mantener los cambios que consensuaron entre los senadores libertarios y los dialoguistas, sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros, que generó rechazos en diferentes sectores de la población.

El proyecto impulsado por el Gobierno sufrió un traspié la semana pasada, lo que fue adjudicado al clima mundialistas, especialmente al triunfo sobre Inglaterra y el despliegue de la leyenda “las Malvinas son argentinas”, que generó un clima poco favorable para la venta de tierras a extranjeros.

Incluso, trascendió un duro cruce entre la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y Bullrich, ya que la primera había manifestado que no era “el momento” para semejante iniciativa.

Tras más de hora y media reunidos, se abordó cómo llegar al 6 de agosto, y que aún no están los votos para ser aprobada la polémica iniciativa, especialmente en aquellas provincias fronterizas, y por tanto la necesidad de “hacer concesiones” para destrabarlo. También se mencionaron a los dos representantes de Misiones, que hicieron caer el proyecto de Ficha Limpia.

En ese marco, la iniciativa ya tiene 15 borradores extra, pese a un dictamen firmado a fines de mayo pasado.

Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro aceptó las reformas incluidas en el proyecto sobre el tema tierras con lo cual “el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”.

Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posiblidad que puedan dictar sus propias normas.

La senadora confió que Sturzenegger “tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y, le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra”.

Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esa iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Además de la jefa de LLA y el ministro, estuvieron el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y asesores de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones que trabajaron el proyecto.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó este jueves la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”. La declaración llega el mismo día en que el Gobierno se reúne en Casa Rosada para terminar de definir la letra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa que habilitaría justamente ese tipo de operaciones y que ya fue postergada cuatro veces en el Senado.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo. La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto. La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.

Para bajar esa tensión y afinar el texto antes de la nueva sesión, este jueves por la tarde se reúnen en Casa Rosada Bullrich, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, los equipos de Sturzenegger, los presidentes de las comisiones en el Senado de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, y un legislador de los bloques federales que representa los reclamos de los gobernadores sobre el rol que deberían conservar las provincias en la regulación de la tierra.

En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”. El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.

Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada. Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.

Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.

MC

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, avanzará con nuevos recortes de personal en el Ministerio de Capital Humano. La denuncia se inscribe en una nueva etapa del ajuste estatal del gobierno de Javier Milei, que ya acumuló varias rondas de despidos, no renovaciones de contratos, retiros voluntarios y reestructuraciones en organismos públicos. ATE sostiene que la administración nacional atravesó siete olas de despidos desde el inicio de la gestión libertaria y que ahora el foco vuelve a estar puesto en áreas sensibles de Capital Humano.

Según un despacho de la agencia Noticias Argentinas, Sturzenegger está a cargo del ajuste de trabajadores en las áreas más importantes del Estado y monitorea la situación en cada cartera. Para avanzar con esa poda, utiliza herramientas normativas como el decreto 378/2026, publicado el 22 de mayo.

Ese decreto estableció la necesidad de “efectuar modificaciones a la conformación organizativa del Ministerio de Capital Humano y a los Objetivos de sus áreas dependientes, como así también a la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la citada Jurisdicción”.

En ATE interpretan que ese texto habilitó una nueva reducción de estructuras dentro del ministerio de Pettovello. Según señalaron al medio que difundió la información, Desregulación eliminó áreas de gestión administrativa de tres secretarías de Capital Humano: Trabajo, Educación y Niñez, Adolescencia y Familia.

“Achicaron áreas y al mismo tiempo modificaron la dotación de personal. Los nuevos referentes dijeron que puede haber pases a disponibilidad de miembros de planta permanente en los próximos días”, afirmaron desde el gremio.

El pase a disponibilidad es uno de los mecanismos más sensibles dentro del empleo público porque coloca a trabajadores de planta permanente en una situación de incertidumbre laboral. En el esquema de ajuste estatal del Gobierno, los sindicatos lo leen como un paso previo a posibles cesantías, traslados forzados o pérdida efectiva del puesto.

Durante la conferencia de prensa, los dirigentes de ATE detallarán las próximas acciones gremiales y las presentaciones legales que llevarán adelante para intentar frenar la reestructuración y defender los puestos de trabajo afectados.

Desde ATE apuntaron contra el Gobierno por lo que consideran una doble vara en el trato a los trabajadores estatales. “Mientras el Gobierno niega las denuncias de corrupción y Sturzenegger adhiere a la ley de Inocencia Fiscal, hay una doble vara con la cual tratan a los trabajadores”, acusaron en el sindicato.

El gremio también anticipó resistencia frente a la disposición oficial, tanto para garantizar los puestos laborales como para reclamar mejoras salariales para el personal del Estado.

El gobierno de Milei presenta la poda como parte de su agenda de “desregulación” y reducción del gasto público. Sturzenegger se convirtió en una de las figuras centrales de ese proceso: interviene en la revisión de estructuras, impulsa reformas administrativas y aparece como uno de los funcionarios encargados de sostener el discurso oficial contra lo que el oficialismo define como exceso de Estado.

JJD, con información de la agencia NA.

La Iglesia envió este martes una carta abierta a los legisladores para advertir sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsan Javier Milei y Federico Sturzenegger. El documento, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común”, señala que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

La carta llega en el marco del debate parlamentario por el proyecto promovido por el ministro de Desregulación, que modifica varias leyes clave: el régimen de expropiaciones, la ley de tierras rurales, la ley de manejo del fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares. El Senado había comenzado a debatirlo en comisiones y postergó su tratamiento en plenario.

El texto firmado por Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen llega justo cuando el Gobierno tiene trabada la votación en el Senado por el ruido que generaron los pliegos judiciales y el escándalo de Manuel Adorni.

Qué dice la Iglesia

Las organizaciones eclesiales fundamentan su preocupación en dos puntos concretos del proyecto. El primero es la eliminación de las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas—, “y en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”. Hoy, la ley de tierras rurales fija que los inversores privados extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal. El proyecto de Sturzenegger deroga ese límite y solo mantiene restricciones para los Estados extranjeros, con una excepción que el propio Ejecutivo puede levantar si considera que la operación no afecta la seguridad nacional.

El segundo punto que la carta califica de “alarmante” es la modificación de la ley de manejo del fuego. La norma vigente prohíbe durante 60 años el cambio de uso del suelo, la subdivisión, la venta y la actividad agropecuaria distinta en terrenos quemados, tanto en bosques nativos como en pastizales, humedales y zonas agropecuarias. El proyecto reduce esa protección solo a los bosques nativos y elimina el plazo de 30 años de restricciones para el resto de los ecosistemas.

Las organizaciones eclesiásticas también señalan que la iniciativa “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

Las citas papales

La carta recurre a la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León para sostener su posición: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones”. Y cita también a Juan Pablo II: “No es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”.

Frente a los argumentos de crecimiento económico del Gobierno, la carta opone la definición del Papa León sobre el desarrollo: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes. No es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades”.

Qué más cambia la ley

Más allá de las tierras y el ambiente, el proyecto tiene otros ejes que generaron rechazo de organizaciones sociales y de inquilinos. En materia de vivienda, acelera drásticamente los procesos de desalojo: convierte el trámite al proceso sumarísimo —el más breve del Código Procesal— y reduce a tres días el plazo de intimación por falta de pago antes de iniciar una demanda, el plazo más corto de la región según relevamientos de Inquilinos Agrupados.

También modifica la ley de integración socio-urbana que protege a los barrios populares: elimina la suspensión de desalojos por diez años y el mecanismo de expropiación estatal para regularizar la situación dominial de quienes viven en esos barrios. La organización TECHO advirtió que la reforma afectaría a más de cinco millones de personas, de las cuales el 35% son niños y niñas.

La carta de las organizaciones eclesiales pide a los legisladores que “guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, brindó este viernes más detalles sobre el proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades que el Gobierno nacional planea enviar al Congreso. La iniciativa, que ya había sido anticipada por Manuel Adorni, propone una profunda actualización del régimen societario vigente, con el propósito de adecuarlo a las nuevas dinámicas económicas y fomentar la llegada de inversiones.

De acuerdo con el funcionario, el esquema actual responde a una lógica normativa propia de los años setenta, caracterizada por una fuerte intervención estatal y una visión de control sobre la actividad privada. La propuesta oficial busca reemplazar ese enfoque por otro basado en la libertad contractual y la capacidad de los socios para definir las reglas de funcionamiento de sus empresas.

Uno de los cambios más relevantes es que gran parte de las disposiciones de la ley pasarían a tener carácter supletorio. Esto significa que prevalecerían los acuerdos establecidos en los estatutos societarios, mientras que las limitaciones impuestas por el Estado quedarían reservadas para casos excepcionales.

La reforma también contempla una reducción de las facultades de los registros públicos, que ya no podrían imponer requisitos o restricciones adicionales a las previstas por la normativa. En paralelo, se flexibilizaría el concepto de objeto social: las compañías podrían abarcar actividades diversas sin necesidad de que guarden relación entre sí e incluso prescindir de su definición específica, quedando habilitadas para desarrollar cualquier actividad lícita.

Otro de los aspectos incluidos en el proyecto apunta a la resolución de conflictos empresariales. Las sociedades tendrían la posibilidad de someter controversias al arbitraje o incluso a legislaciones extranjeras, evitando la intervención de los tribunales locales. Según explicó Sturzenegger, esta práctica es habitual en centros financieros internacionales y contribuiría a mejorar las condiciones de competitividad del país.

En materia de modernización administrativa, la iniciativa propone una digitalización integral de la vida societaria. Entre otras medidas, habilita la constitución de empresas mediante firma digital, la utilización de libros contables electrónicos, la fijación de domicilios digitales y la realización de reuniones societarias remotas. Además, se prevé la creación de un legajo digital público para cada empresa, reemplazando definitivamente la documentación en papel.

El texto incorpora además nuevas figuras jurídicas vinculadas a los avances tecnológicos. Entre ellas se encuentran las denominadas “Sociedades Automatizadas”, capaces de operar mediante algoritmos o sistemas de inteligencia artificial sin requerir personal para sus actividades habituales. También reconoce a las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras basadas en tecnología blockchain cuyos derechos de participación pueden representarse mediante tokens. Ambas modalidades contarían con personalidad jurídica y responsabilidad limitada.

Sturzenegger señaló que estos cambios buscan posicionar a la Argentina como un destino atractivo para emprendimientos tecnológicos y proyectos relacionados con la inteligencia artificial, tomando como referencia modelos internacionales exitosos en la captación de inversiones.

La iniciativa incorpora además herramientas financieras destinadas a facilitar el acceso al capital, como los aportes convertibles, que permiten financiar una empresa sin que el inversor adquiera de inmediato la condición de socio. También simplifica mecanismos de reorganización corporativa, habilitando procesos más ágiles para fusiones y absorciones dentro de grupos empresariales.

Por último, el proyecto contempla la renovación automática del plazo de duración de las sociedades y la continuidad indefinida de los mandatos de sus autoridades, salvo que los propios socios dispongan lo contrario.

Al presentar los lineamientos de la reforma, Sturzenegger sostuvo que el objetivo es reducir costos, eliminar regulaciones consideradas innecesarias y otorgar mayor libertad de acción al sector privado. El texto, elaborado con participación de distintas áreas del Gobierno, deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en el Congreso.

Federico Sturzenegger volvió a ocupar el centro del tablero libertario. Después de varias semanas en las que el Gobierno quedó atrapado entre internas políticas, problemas de gestión y el escándalo patrimonial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Casa Rosada decidió reactivar uno de los ejes más identitarios del proyecto de Javier Milei: la motosierra. Y el encargado de conducir esa nueva etapa vuelve a ser el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, acaso el funcionario que mejor logró preservar influencia real dentro de un oficialismo atravesado por tensiones permanentes.

La escena del miércoles pasado buscó transmitir justamente esa idea. Adorni recibió a Sturzenegger para avanzar sobre la denominada “agenda de planificación 2026/2027”, un programa que contempla nuevas reducciones de estructuras estatales y recortes de personal, además de fusión de organismos públicos y un nuevo paquete de leyes de desregulación económica y administrativa. En el Gobierno sostienen que se trata de la próxima fase del programa libertario: una profundización del ajuste estatal después de los primeros meses de shock económico y estabilización fiscal.

La reunión ocurrió apenas horas después de la reactivación política interna del oficialismo. Tras la cumbre de gabinete del lunes y la tregua sellada el martes en la mesa política, el Gobierno intenta recuperar iniciativa pública mediante una estrategia que en la Casa Rosada ya describen casi como una doctrina: inundar la agenda con anuncios y proyectos legislativos. Aunque muchos de ellos no tengan todavía garantizados los votos en el Congreso.

La estrategia de saturación legislativa ya empezó a tomar forma concreta esta misma semana. Mientras Sturzenegger avanzaba con el nuevo esquema de ajuste y reorganización estatal, el Gobierno envió al Congreso distintos proyectos vinculados a desregulación económica y reformas estructurales. Entre ellos aparecen iniciativas asociadas al denominado “Súper RIGI”, que busca ampliar beneficios fiscales y regulatorios para sectores estratégicos como litio, uranio, hidrógeno verde y vehículos eléctricos; modificaciones a la Ley General de Sociedades; cambios regulatorios para el mercado de capitales y nuevos proyectos orientados a simplificar trámites administrativos y reducir controles estatales. La lógica detrás de esa avanzada ya no parece exclusivamente parlamentaria. En la Casa Rosada entienden que la acumulación simultánea de reformas también funciona como una forma de reconstruir centralidad política y volver a instalar la idea de un Gobierno en movimiento.

“Revolución de los seguros”

En ese esquema, Sturzenegger se transformó en una pieza central. Mientras otros ministros quedaron absorbidos por conflictos internos o desgaste político, el ex presidente del Banco Central consolidó un lugar singular dentro del ecosistema libertario. No solamente como ejecutor técnico del ajuste, sino también como uno de los pocos funcionarios capaces de ofrecer una narrativa consistente de transformación estatal. En distintos despachos oficiales reconocen que Milei sigue viendo en él al principal arquitecto del proceso de reformas estructurales.

Ese alineamiento volvió a quedar expuesto este jueves durante la participación presidencial en el Latam Economic Forum, organizado por la financiera Research For Traders ante un auditorio integrado mayoritariamente por empresarios de la comunidad judía. Allí Milei dejó entrever hacia dónde pretende avanzar la próxima etapa del experimento libertario. “Si ustedes quieren achicar el Estado, deben sustituir sus servicios por los seguros”, planteó el Presidente, antes de poner como ejemplo la medicina prepaga o la seguridad y la educación privada. La definición no apareció aislada. Funcionó como una suerte de marco doctrinario para el nuevo ciclo de reformas que impulsa Sturzenegger.

“Como no están satisfechos con el Estado, buscan al sector privado”, insistió Milei. El Presidente celebró además la baja de los índices de criminalidad y volvió a elogiar públicamente a Patricia Bullrich por haber pasado “de 9.000 piquetes a cero”, pese a los rumores de tensión política recientes dentro del oficialismo. “Ahí se desarrollan seguros”, ejemplificó después. Y fue entonces cuando mencionó directamente a Sturzenegger: “Con Federico estamos trabajando en la revolución de los seguros”. Según explicó, el objetivo consiste en abandonar progresivamente la idea del Estado como principal prestador de coberturas sociales. “Vamos a hacer una transición ordenada hacia un nuevo sistema, no se puede hacer de manera instantánea, va a demandar tiempo”, sostuvo Milei. “Si es instantáneo, el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

La frase terminó de confirmar algo que en la Casa Rosada ya venían describiendo en reserva: Sturzenegger dejó de ser solamente el ministro encargado de recortar estructuras estatales para convertirse también en uno de los principales diseñadores ideológicos de la segunda etapa libertaria. La discusión ya no pasa únicamente por el ajuste fiscal o la reducción de organismos públicos. Empieza a abarcar cuestiones mucho más profundas vinculadas al propio modelo de protección social que imagina Milei.

El plan que impulsa el ministro apunta, mientras tanto, a reducir cerca del 20% de la estructura estatal, incluyendo empleados permanentes y contratados. Según pudo reconstruir elDiarioAR, Adorni les solicitó a las distintas carteras propuestas concretas para avanzar con recortes de personal. A fines de mayo vencen además cientos de contratos estatales que no serían renovados, en lo que aparece como el primer movimiento visible de esta nueva etapa de ajuste.

La ofensiva se desarrolla además en un contexto económico particularmente sensible. La caída de la recaudación, las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la obsesión presidencial por sostener el equilibrio fiscal empujan al Gobierno a profundizar el recorte del gasto público. Hace apenas dos semanas, Milei modificó por decreto el Presupuesto 2026 y aplicó recortes por más de 2,5 billones de pesos sobre partidas de salud, educación y otras áreas sensibles. Paralelamente, ordenó una reducción del 2% de los gastos corrientes dentro de cada ministerio.

Dúo ajustador

En ese punto, el vínculo entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que durante el gobierno de Mauricio Macri protagonizaron una de las internas económicas más feroces del entonces oficialismo, adquirió una lógica completamente distinta. Ya no funcionan como polos en tensión, sino como un doble cerrojo sobre el gasto público. El ministro de Economía controla el flujo de recursos y administra los márgenes financieros, al tiempo que fija prioridades bajo una premisa innegociable: sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo. Sturzenegger, en paralelo, opera sobre la estructura misma del Estado. Empuja recortes, bloquea expansiones presupuestarias y presiona para reducir organismos, personal y capacidad regulatoria. Entre ambos delimitan el margen de maniobra del resto del gabinete. Lo que no encaja dentro de esa arquitectura de ajuste y desregulación, simplemente no avanza.

En la lógica de Sturzenegger, sin embargo, el ajuste no constituye solamente una necesidad fiscal. También representa una oportunidad política e ideológica. Cerca suyo aseguran que el objetivo es aprovechar la ventana política abierta por Milei para avanzar sobre transformaciones que otros gobiernos jamás se animaron siquiera a discutir.

Esa centralidad creciente también expone una paradoja del oficialismo. Mientras La Libertad Avanza continúa mostrando dificultades para ordenar su funcionamiento político, el ministro de Desregulación logró avanzar de manera relativamente sostenida con su agenda. Incluso durante las semanas más turbulentas del Gobierno, cuando las internas volvieron a dominar buena parte del clima interno.

En ese tablero, Sturzenegger aparece cada vez más como el funcionario que mejor expresa el núcleo doctrinario del experimento libertario. Mientras el resto del Gobierno sufre un ahogo generado por el mismo afán ajustador de “el Coloso”, como lo bautizó Milei, él sigue empujando la misma obsesión que acompaña a Milei desde el inicio de la gestión: reducir el tamaño del Estado argentino hasta límites que ningún gobierno democrático reciente intentó alcanzar.

PL/CRM

Diputados nacionales de la oposición salieron con los tapones de punta contra el proyecto de ley del Poder Ejecutivo vinculado a la prevención de la ludopatía que busca erradicar plataformas ilegales de explotación de juegos de azar pero sin prohibir la publicidad del juego legal.

El proyecto del Poder Ejecutivo apunta a combatir la explotación y difusión de plataformas de juego no autorizadas, además de prohibir el acceso de menores de edad, pero no se inmiscuye en el núcleo del negocio de los operadores de juego legal, que tienen como principal eje de captación la publicidad en medios de comunicación, redes sociales y en espectáculos masivos.

El proyecto no es del titular del Sedronar, Roberto Moro, sino del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Struzenegger, quien ya lo tenía escrito hace dos años, cuando en la Cámara de Diputados se le dio media sanción a una iniciativa más restrictiva con 140 votos opositores.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las más activas impulsoras de la media sanción obtenida en noviembre del 2024, que perdió estado parlamentario, recordó que aquella iniciativa “prohibía toda publicidad, mecanismo idéntico al implementado para los cigarrillos, que tan buen resultado dio”.

“Cerrábamos el camino a un lobby poderoso: el juego”, reafirmó la legisladora opositora, quien consideró que “con este proyecto ganan las plataformas legales que solo quieren captar la masa de jugadores de las clandestinas”. “Que propongan castigar con más pena y prohíban publicidad de plataformas clandestinas es una afrenta a la inteligencia de los argentinos”, disparó Frade.

En la misma sintonía, Maximiliano Ferraro (CC-ARI) sostuvo que pese a que el Gobierno presenta el proyecto como de ‘prevención de la ludopatía’, “lo único que hace es proteger el negocio del juego en línea”. “Eligieron ponerse del lado del lobby de las empresas de apuestas. Solo persiguen y sancionan el juego ilegal. Parece que la única adicción que preocupa es la de quien se gasta la plata fuera del negocio habilitado por el Estado”, cuestionó.

“¿Adictos al juego legal? Ni un drama, que te bombardeen con publicidad, promociones y apuestas online las 24 horas”, protestó el dirigente opositor.

Otros puntos del proyecto libertario

Sobre la publicidad legal, apenas se menciona que “no podrá utilizar contenidos que vinculen la participación en juegos de azar en línea con el éxito personal, laboral o social, o sugieran que tal participación conlleva aceptación social”

Sobre la sanción a responsables de plataformas de juego no autorizadas, se proponen penas de tres a seis años, junto al bloqueo de dominios y limitación de circuitos de pagos de los operadores ilegales.

También se establece que será “reprimido” con pena de prisión de dos a cuatro años años a quien “prestare servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales” para el funcionamiento de juegos de azar en línea no autorizados, siempre y cuando se pueda demostrar que tenía conocimiento de la ilegalidad del negocio.

La iniciativa además impulsa campañas de concientización y sensibilización sobre efectos adversos del juego patológico, y busca fortalecer herramientas de articulación institucional con provincias y organismos competentes para prevenir y combatir la captación irregular de apuestas.

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, impulsado por el Gobierno nacional para derogar más de 70 normas consideradas obsoletas dentro del digesto jurídico argentino. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

Durante el debate, los diputados de La Libertad Avanza defendieron la propuesta como parte de una política de desregulación orientada a reducir la burocracia estatal y limitar la intervención del Estado. El encargado de abrir la discusión fue Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien cuestionó la “acumulación infinita de regulaciones” y sostuvo que muchas normas vigentes “hacen imposible la vida del ciudadano argentino de bien”.

El legislador libertario afirmó que la legislación debe tener como objetivo proteger “la vida, la propiedad y el derecho”, y criticó lo que definió como una tendencia de la política tradicional a legislar de manera excesiva. En ese sentido, consideró que la Ley Hojarasca busca terminar con un “laberinto regulatorio” que afecta a trabajadores y contribuyentes.

Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz explicó que el proyecto apunta a eliminar leyes que fueron superadas por avances tecnológicos, que regulan organismos inexistentes o que establecen trámites considerados innecesarios. Entre los ejemplos mencionó la derogación de normas vinculadas a la microfilmación, la denominada “ley de azotes” y regulaciones sobre mochileros. También cuestionó leyes “declamatorias”, como la referida a laboratorios públicos, que según sostuvo nunca tuvieron aplicación concreta.

Desde la oposición rechazaron la iniciativa y acusaron al oficialismo de avanzar en un desmantelamiento del Estado. El diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta consideró que el proyecto funciona como una “cortina de humo” para profundizar el ajuste estatal, mientras que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó con dureza el tratamiento de la norma y aseguró que pocos legisladores conocen realmente el contenido de la ley.

En la misma sesión, la Cámara baja también tiene previsto debatir un proyecto para modificar el alcance geográfico del régimen de subsidios al gas por “zona fría”, además de tratar convenios internacionales y homenajear a veteranos de Malvinas con la entrega de una medalla de honor.

Con información de la agencia NA