El regreso de Santiago Caputo desde Washington no trajo consigo una tregua sino, por el contrario, una nueva escalada en la interna libertaria. Apenas aterrizado, el principal asesor de Javier Milei decidió pasar a la ofensiva y apuntó directamente contra Martín Menem, a quien responsabiliza por una serie de ataques difundidos desde una cuenta anónima, en la que durante los últimos días se multiplicaron mensajes especialmente agresivos en su contra.

La disputa, que hasta hace poco se desarrollaba en voz baja, quedó expuesta de manera inédita y provocó un efecto inmediato en uno de los ámbitos de coordinación que es compartido por ambas figuras: la suspensión de hecho de la mesa política, el espacio que desde el verano se consolidó como el verdadero centro de decisiones del oficialismo, incluso por encima de las propias reuniones de gabinete, que según confirmaron este martes desde el Gobierno tendrá una nueva cita el próximo lunes 25 de mayo, tras el habitual Te Deum por la fecha patria en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El parate no es un detalle menor. Además de Caputo y del titular de la Cámara de Diputados, esa instancia, que venía reuniéndose semanalmente, es convocada por Manuel Adorni, junto a los principales vértices del poder libertario: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado; Diego Santilli, encargado del vínculo con gobernadores e intendentes; Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y dueño de la “caja”; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y operador de extrema confianza de la hermana del Presidente; e Ignacio Devitt, funcionario dedicado al seguimiento y coordinación de los temas prioritarios del Gobierno.

La mesa política, donde se discuten desde la estrategia legislativa y la comunicación hasta la administración cotidiana del poder, ganó relevancia de manera paulatina durante los primeros meses del año. En parte, porque las reuniones de gabinete dejaron de funcionar como un espacio real de discusión y se transformaron, cada vez más, en escenificaciones de respaldo al Presidente. La dinámica cotidiana del poder empezó entonces a correrse hacia ese otro ámbito, mucho más reducido y operativo, donde conviven dirigentes con perfiles y ambiciones muy distintas, pero unidos por la necesidad de administrar un gobierno que, desde su origen, nació con múltiples centros de poder y con una lógica interna atravesada por desconfianzas permanentes.

La reunión de la semana pasada, sin ir más lejos, ya había mostrado señales de agotamiento. Santiago Caputo se ausentó por su viaje a Washington, del que pocos estaban enterados, y el clima estuvo enrarecido por el desgaste político generado por las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, un tema que en las últimas semanas alteró el humor interno de la Casa Rosada y obligó al oficialismo a cerrar filas en defensa del funcionario. Incluso antes de la pelea pública entre caputistas y menemistas, varios de los asistentes describían una dinámica cada vez más tensa, con reuniones largas y discusiones cada vez menos disimuladas sobre el rumbo político del Gobierno y la administración de poder dentro del oficialismo.

Sin embargo, la situación actual fue el producto de algo absolutamente inesperado. El detonante fue la sospecha de Caputo de que detrás de la cuenta @PeriodistaRufus —donde se publicaron mensajes que calificaban al asesor como “el fracaso más grande que carga el presidente” y anticipaban que “le queda poco”— se encontraba el propio Martín Menem o, al menos, alguien de su entorno inmediato.

El titular de la Cámara de Diputados negó en privado cualquier vinculación con ese perfil y atribuyó el episodio a un “error involuntario” de un colaborador que replicó algunos de esos mensajes. La explicación, sin embargo, no alcanzó para desactivar el malestar del sector caputista, que interpreta los ataques como la manifestación más descarnada de una disputa de poder que ya no se limita a diferencias tácticas, sino que expone desconfianzas mucho más profundas, que, según el entorno del asesor, no involucrarían a Karina Milei.

Este lunes, en un mensaje publicado en su cuenta de X, Caputo buscó reafirmar su alineamiento personal con Milei y, al mismo tiempo, enviar una advertencia hacia adentro del oficialismo. “Voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, escribió. Y remató con una frase cargada de significado político: “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”. El mensaje fue leído dentro del oficialismo como una ratificación pública de cuál sigue siendo su principal blindaje: la confianza personal del Presidente.

Ese respaldo, sin embargo, convivió con una señal política más ambigua. Este martes, Javier Milei buscó bajarle el tono al conflicto y salió a respaldar a Martín Menem. Según sostuvo en una entrevista con Neura, la controversia del fin de semana fue “algo prefabricado para generar un problema” y aseguró que el propio titular de la Cámara baja dio explicaciones sobre el episodio dentro del gabinete. Más allá del intento presidencial por encuadrar la disputa como una maniobra externa, el principal efecto político ya es evidente. En la Casa Rosada pocos creen que la pelea derive en cambios inmediatos o pedidos de renuncia, aunque el episodio generó preocupación por el impacto que puede tener sobre el funcionamiento interno del Gobierno. Durante meses, la mesa política funcionó como una válvula de equilibrio entre los distintos sectores del oficialismo. Que hoy haya quedado en suspenso expone hasta qué punto esa convivencia volvió a entrar en una zona de fragilidad.

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La interna libertaria que el fin de semana se volcó de lleno al plano de las redes sociales preocupa a varios integrantes del Gabinete que reclaman la intervención del presidente Javier Milei.

“Está todo descontrolado. Javier (Milei) no interviene y es el único que puede ordenarlo”, sostuvo ante la agencia Noticias Argentinas un funcionario que reclama que el mandatario tome curso en la tensión abierta entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. 

Lo que parecía un cierre de semana tranquilo, sin movimientos aparentes en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se vio perturbada el sábado por la tarde cuando el consultor acusó al entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manejar una cuenta anónima que acumulaba mensajes contra la administración libertaria. 

Desde esa publicación hasta el cierre de esta nota, Caputo parecía no querer dar por finalizado el tema en las redes y se muestra activo sobre el tópico. “Está hinchado las pelotas. No creemos que haya sido ningún CM salvo que nos digan nombre y apellido y pida disculpas”, precisaron desde el entorno del asesor a esta agencia. 

A media mañana del domingo, Menem explicó al bloque por WhatsApp que no administraba la cuenta que le endilgaban y habló de un error involuntario de una de las personas de su equipo. “Es una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo”, planteó el diputado, según consignó NA. 

Lo que hasta entonces configuraba una contienda subterránea quedó exhibida a la vista de todos los que frecuenten el ecosistema virtual tuitero. “Yo propuse tiros, pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas”, se expidió con ironía Caputo en respuesta a una usuaria que pidió que resolvieran las diferencias “como hombres”. 

Los dichos generaron espanto en el entorno de la menor de los Milei. “Ah, tranqui”, planteó con estupor una importante fuente al margen del conflicto. 

“Es llamativo el nivel de mesianismo que manejan. Están todos locos. Manejan un nivel de odio sorprendente”, planteó otro funcionario a esta agencia, y sumó: “Se deben sentir de salida y quieren tirar de la cuerda, sino es insólito que hayan planteado una interna a cielo abierto”. 

El desgaste de lo que alguna vez fue el Triángulo de Hierro

La ruptura del vínculo entre los vértices del Triángulo de Hierro data de meses. Uno de los episodios que tensaron la relación se registró en agosto, en la previa a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, cuando los armadores dejaron afuera de las listas a los referentes de Las Fuerzas del Cielo. 

“Está todo roto desde cuando plantearon un Gobierno de coalición antes de la elección”, le factura una voz del ecosistema violeta al sector que responde a Caputo. Desde el Salón Martín Fierro aseguran que la eliminación de la cuenta @PeriodistaRufus fue sospechosa y la califican como “mal intencionada, pero muy conveniente y dócil”. 

“En definitiva solo desnuda lo que realmente piensa de algunos integrantes de su Gobierno y tiene derecho a pensarlo, pero decirlo a través de una cuenta fake es repudiable porque hay una intención de tirar la piedra y esconder la mano”, se expidieron. 

No es la primera vez que los integrantes del Gabinete reclaman la intervención del mandatario que estila no inmiscuirse en la interna que sabe que existe, pero en la que se niega a tomar partido. Una de las más activas en la idea era la senadora Patricia Bullrich, quien harta de no ser escuchada eligió transitar su propio camino por fuera de las diferencias planteadas. 

El estallido mediático preocupa a más de uno debido al complejo momento que atraviesa la administración libertaria marcada por los movimientos en la causa de Adorni, la caída en la imagen del mandatario y los reclamos económicos de la sociedad. 

Con información de Noticias Argentinas.

Durante varias semanas, Santiago Caputo pareció desvanecerse del centro de la escena. El escándalo que envuelve a Manuel Adorni absorbió la atención política y mediática de tal manera que el principal asesor de Javier Milei, hasta hace poco el personaje más observado del llamado triángulo de hierro, quedó relativamente fuera del radar. La paradoja es que la crisis que más inquietó a la Casa Rosada terminó ofreciéndole un inesperado respiro. Mientras ministros, legisladores y funcionarios dedicaban buena parte de su tiempo a defender al funcionario más cuestionado del gabinete, Caputo recuperó algo que en política suele ser tan valioso como el poder mismo: la posibilidad de operar lejos de los reflectores.

Pero la discreción nunca implicó retiro. En el ecosistema libertario nadie duda de que el asesor sin firma sigue ocupando un lugar decisivo en la arquitectura del poder. El viaje que realizó esta semana a Washington D. C. volvió a recordarlo. Más que una escala diplomática, la visita funcionó como un intento de demostración de que Caputo conserva uno de los activos más difíciles de sustituir dentro del Gobierno: el canal informal de interlocución con la administración republicana.

Sin embargo, más allá de los datos concretos que trascendieron, el verdadero significado de la travesía sigue envuelto en un margen de ambigüedad. Se sabe que Caputo participó junto al embajador Alec Oxenford de un evento en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que mantuvo reuniones reservadas con Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional de Trump para América Latina. También que ese encuentro con Mast resultó especialmente sugestivo por las recientes declaraciones del congresista sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en las que advirtió que, luego de la asistencia financiera de US$20.000 millones de Estados Unidos a la Argentina, sería “inaceptable” que empresas norteamericanas quedaran al margen del negocio del dragado y de las vías navegables.

Pero, aun con esa agenda parcialmente reconstruida, subsiste una pregunta que algunos malpensados se hacen: ¿quién impulsó realmente la invitación al asesor si Donald Trump y buena parte de su gabinete se encontraba de visita en China? El propio Caputo intentó despejar cualquier tipo de dudas con un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que señaló que tanto Mast como Jensen “resaltaron la alianza estratégica con la Argentina basada en la confianza que tienen en Javier Milei y la búsqueda de profundizar esa alianza de manera ‘sistémica’”.

Aquel backchannel (la negociación extraoficial) construido por el asesor, de la mano del lobista republicano Barry Bennet —y la injerencia directa del polémico empresario Leonardo Scatturice en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés)—, es presentado por su entorno como una de sus obras más ambiciosas y, al mismo tiempo, como la prueba más tangible de su utilidad política. Según repiten cerca suyo, fue ese circuito paralelo el que permitió destrabar el préstamo que Trump le otorgó a Milei en septiembre del año y que ahora el congresista Mast quiere cobrarse. Un acuerdo que tuvo su correlato un mes más tarde, en la reunión que mantuvieron ambos presidentes en la Casa Blanca.

Para los detractores internos de Caputo, en cambio, aquella operación tuvo una segunda lectura menos altruista. Al convertirse en el arquitecto y custodio de ese vínculo reservado, el asesor no solo le habría resuelto a Milei uno de sus objetivos geopolíticos más ambiciosos, a pocas semanas de las elecciones nacionales en las que La Libertad Avanza triunfó. También, en los hechos, lo que terminó fue convirtiéndose en el dueño de una llave que ningún otro dirigente del oficialismo posee. Una jugada magistral para asegurarse que, cada vez que alguien ponga en duda su continuidad, deba preguntarse quién podría reemplazarlo sin arriesgar el puente directo con Trump. En esa zona gris entre el interés del Estado y la construcción de poder personal reside buena parte de su fortaleza.

Juegos de poder

En el plano político doméstico, la visita de Caputo a los Estados Unidos pudo leerse como una reafirmación de utilidad. ¿Fue también una forma de recordarle al resto del oficialismo que sigue allí, que conserva relaciones que nadie más puede ofrecer y que continúa siendo funcional a uno de los objetivos estratégicos más importantes del Presidente? Y, en sentido inverso, ¿es realmente cierto que en el gabinete nadie sabía de antemano que viajaría, o esa aparente sorpresa formó parte de la misma lógica de opacidad y centralización con la que el asesor suele administrar sus movimientos?

Pese a su actual repliegue relativo, Caputo nunca dejó de tener influencia en varios resortes clave del aparato estatal. Uno de ellos es el área de Salud, probablemente su principal caja dentro del Gobierno, un sector con capacidad de intervención y enorme peso presupuestario. A través de su vínculo con el ministro Mario Lugones, y de la participación de Rodrigo Lugones, su socio histórico, mantiene una presencia significativa en un universo donde se cruzan intereses públicos y privados de enorme magnitud. Sin embargo, la crisis que atraviesa el PAMI, con su delicada situación financiera y operativa, convirtió ese sector en uno de los frentes más sensibles de la administración.

La otra pata de su poder permanece en la inteligencia. Caputo sigue siendo el principal articulador político de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un organismo que considera esencial tanto para la gobernabilidad interna como para la inserción de la Argentina en los circuitos de cooperación occidentales. En los últimos meses, el oficialismo exhibió como prueba de ese proceso la intensificación de los contactos entre la SIDE y la CIA. La fotografía del Señor 5, Cristian Auguadra, junto a su par estadounidense, John Ratcliffe, en el hall principal de la sede de CIA en Langley fue interpretada como un guiño explícito al rediseño del sistema de inteligencia impulsado por el asesor.

La incógnita, hacia adelante, es qué impacto podrá tener la llegada del karinista Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un ámbito con capacidad para monitorear el funcionamiento de la SIDE y el uso de sus fondos reservados. Si esa designación alterará el delicado equilibrio de poder alrededor del sistema de inteligencia o si terminará adaptándose a la lógica ya consolidada por Caputo es, por ahora, una pregunta abierta que solo el tiempo podrá responder.

Lo cierto es que la discusión sobre el futuro del asesor nunca desapareció. Desde el año pasado, sectores del oficialismo cercanos a los primos Martín y “Lule” Menem imaginan un escenario en el que el poder de Caputo se reduzca gradualmente hasta desembocar en su salida. Es una fantasía recurrente en los márgenes del karinismo y, para algunos, un “sueño húmedo” que reaparece cada vez que el consultor atraviesa un momento de exposición o desgaste. “Santiago puede llegar a irse, pero se va a ir cuando él lo decida”, resumió, sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, alguien que conoce la interna libertaria desde adentro.

En el entorno de Caputo relativizan la existencia de una confrontación directa con Karina Milei. Sostienen que la secretaria general de la Presidencia no interviene personalmente en esa disputa y que las tensiones obedecen más bien a movimientos de dirigentes de su entorno. Pero en la práctica, la distinción suele resultar difusa.

Es algo que quedó especialmente expuesto en marzo, cuando las pujas al interior del oficialismo alcanzaron uno de sus puntos más delicados. El desplazamiento de Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia fue interpretado como un retroceso del caputismo y demostró que, más allá de las explicaciones, la pulseada por los espacios de poder continúa abierta. Según reconstruyen cerca del Gobierno, fue entonces cuando Milei buscó despejar cualquier duda. “El Ministerio de Justicia sí, pero la SIDE no”, le habría dicho a su hermana.

Es que el factor que mantiene a Caputo resguardo no es un cargo formal ni una estructura propia, sino el vínculo personal que conserva con el Presidente. En la práctica, ese lazo funciona como su principal seguro político, mucho más cuando se vive una etapa en la que el asesor volvió a estar a la defensiva.

El dato central, en cualquier caso, es que Caputo continúa acumulando atributos difíciles de reemplazar. Sobre todo, a la hora de contar con algo que en la lógica de Milei vale más que cualquier cargo formal: la certeza presidencial de que todavía resulta imprescindible. En un gobierno donde la confianza personal es el criterio último de supervivencia, esa convicción sigue siendo, al menos por ahora, la garantía más robusta de su permanencia.

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Mientras en la Casa Rosada el Gobierno atravesaba semanas de alta tensión política, Santiago Caputo volvió a concentrarse en uno de los terrenos donde construyó parte sustancial de su poder: la relación directa con el ecosistema político de Donald Trump. El principal asesor de Javier Milei viajó esta semana a Washington D. C. con una agenda reservada y el objetivo de profundizar un canal de diálogo paralelo que, según repiten en su entorno, fue determinante para concretar la reunión que el libertario mantuvo con Trump en octubre del año pasado en la Casa Blanca. Para el asesor y su grupo, esa negociación informal o “backchannel” constituye uno de los activos estratégicos más valiosos del oficialismo y una nueva muestra de que la diplomacia del mileísmo no se agota en los carriles formales de la Cancillería.

“Lo convocó el Departamento de Estado a la Casa Blanca”, señalaron a elDiarioAR cerca de Caputo, en una fórmula que buscó transmitir que se trató de una invitación institucional de alto nivel. Según la misma fuente de su entorno, en las reuniones “hablaron de la situación de Argentina y los conflictos en general” y rechazaron las versiones que sugerían que se hubiera tocado el affaire del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En la capital estadounidense, según trascendió, el asesor participó de un evento en el octavo piso del Departamento de Estado de los Estados Unidos junto al embajador Alec Oxenford. Allí, la Argentina fue distinguida por la Washington Foreign Law Society y por la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado, conducida por Reed Rubinstein. La ceremonia se realizó en el histórico Benjamin Franklin Room, uno de los salones más emblemáticos de la diplomacia estadounidense, y reunió a abogados, diplomáticos y funcionarios de peso, entre ellos el subsecretario de Estado Christopher Landau.

Caputo estuvo acompañado por Manuel Vidal, uno de sus hombres de mayor confianza y una figura clave en la arquitectura de ese vínculo transnacional. Según distintas fuentes, fue Vidal quien años atrás conectó al asesor con Leonardo Scatturice, empresario radicado en Estados Unidos cuya firma Tactic Global desempeñó un papel central en la inserción del mileísmo en el ecosistema de la CPAC y en los círculos de Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach. De ese mismo universo proviene Barry Bennett, veterano estratega republicano y uno de los principales nexos entre ambas administraciones.

En la visión del asesor, ese entramado no solo facilitó la aproximación política con Trump, sino que también contribuyó a robustecer la cooperación en áreas sensibles de seguridad e inteligencia. En los últimos meses, la CIA y la SIDE intensificaron sus contactos institucionales, en un contexto en el que el Gobierno buscó exhibir un organismo modernizado y alineado con estándares occidentales, enfocado en amenazas complejas como el terrorismo. La difusión de la fotografía de Cristian Auguadra junto a su par John Ratcliffe, en el hall principal de la sede central de Langley, fue interpretada dentro del oficialismo como una señal de validación internacional al rediseño impulsado por Caputo sobre el sistema de inteligencia argentino.

El viaje de Caputo a Washington también permitió explicar una ausencia que había llamado la atención apenas 24 horas antes en Balcarce 50. El asesor no participó de la reunión de la mesa política del martes, el ámbito donde habitualmente comparte decisiones estratégicas con Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo Menem e Ignacio Devitt. La noticia de que se encontraba fuera del país despertó una inmediata ola de especulaciones en el ecosistema libertario y en los círculos políticos que siguen de cerca sus movimientos.

En ese clima de suspicacia, el diputado bonaerense Agustín Romo, uno de los dirigentes más cercanos a Caputo y referente de Las Fuerzas del Cielo, publicó un escueto mensaje en su cuenta de X. Ante las versiones que circulaban sobre la presencia del asesor en territorio norteamericano, compartió una nota periodística al respecto y escribió una sola palabra: “Verdadero”.

Horas antes de volar, Caputo publicó un extenso mensaje en X a modo de guiño a los Estados Unidos. En él sostuvo que el mundo se encamina hacia una competencia entre “Grandes Naciones” por asegurarse las mejores cadenas de suministro para sus economías y anticipó una o dos décadas de “carrera mineralística” antes de un eventual conflicto global. En ese esquema, afirmó que la Argentina “decidió jugar con los Aliados y no con el Eje como en otros tiempos” y que, por la abundancia de recursos estratégicos, puede convertirse en un socio clave del país del norte.

La visita del asesor a Washington, sin embargo, se produjo en un momento especialmente sensible para el Gobierno, con un Javier Milei que busca recuperar la iniciativa y volver a instalar el programa económico como eje ordenador de la conversación pública. En la Casa Rosada siguen procesando el impacto político del caso que involucra a Adorni, una crisis que en las últimas semanas absorbió buena parte de la energía del oficialismo y obligó al gabinete a concentrarse en tareas defensivas antes que en la gestión cotidiana.

En ese contexto, el dato de inflación de abril aportó un alivio que en Balcarce 50 esperaban con ansiedad. El INDEC informó que el IPC fue de 2,6%, la cifra más baja de los últimos cinco meses. Aunque la inflación acumulada en el primer cuatrimestre alcanzó 12,3% y ya superó la meta de 10,1% prevista por el Ministerio de Economía para todo 2026, la desaceleración fue presentada por el Gobierno como una señal positiva. Sin embargo, en una entrevista con Neura, el Presidente afirmó que el único dato que va a dejar “cómodo” al Gobierno es que sea “cero”.

La de esta semana no fue la primera vez que Santiago Caputo se mueve de manera paralela a la diplomacia formal. En el universo mileísta, esa capacidad para tejer relaciones reservadas con Washington es presentada como una de las razones por las cuales el asesor continúa ocupando un lugar central en la estructura de poder, incluso en momentos en que su influencia doméstica parece quedar temporalmente fuera de escena.

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Tal como se preveía, el diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja fue ungido como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia.

En un fino equilibrio de pesos y contrapesos, el oficialismo logró al mismo tiempo complacer a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no aceptaba otra opción que su delfín bonaerense, y contener al PRO -que pretendía la presidencia-, resarciéndolo con la vicepresidencia primera para el senador misionero Martín Goerling.

La vicepresidencia segunda, en tanto, quedó en reserva y se resolverá en una próxima reunión de la bicameral.

La comisión quedó integrada será integrada por cinco libertarios -además de Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche-; tres de Unión por la Patria -los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez-; dos del PRO -Goerling y el diputado Cristian Ritondo; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moises y Edith Terenzi.

El sillón de la presidencia de ese cuerpo, que se ocupa de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la SIDE, era objeto una sórdida disputa desde hace meses entre el PRO y La Libertad Avanza.

El problema es que el oficialismo, con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a la cabeza, le había prometido dicho cargo a Ritondo, pero al poco tiempo Karina Milei, que ejerce poder de mando sobre el riojano, exigió reservar ese lugar para Pareja, un incondicional.

El viraje en la postura de Karina Milei se da en el marco de la escalada de la guerra fría de posiciones que mantiene con Santiago Caputo, quien controla la SIDE a través de su titular Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, a cargo de la caja del organismo.

Además de la de Inteligencia, este martes se constituyeron las bicamerales de Trámite Legislativo, la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El gobierno de Javier Milei pretende profundizar su reforma sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con una idea que en la Casa Rosada repiten como horizonte: convertir al organismo en una agencia más parecida a la CIA estadounidense, concentrada en contraespionaje, amenazas externas y operaciones antiterroristas, y cada vez menos involucrada en tareas vinculadas a la seguridad interior. La transformación, todavía incompleta, tuvo su primer capítulo formal con el DNU 941, publicado el 2 de enero, pero en Balcarce 50 insisten con que el verdadero rediseño quedará refrendado en un proyecto de ley que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante el transcurso del año.

El cambio más elocuente aparece en la arquitectura interna del sistema de inteligencia que el propio mileísmo había creado un año y medio antes. Cuando Santiago Caputo avanzó en la reforma de 2024 que reemplazó a la AFI por la nueva SIDE, una de las estructuras centrales pasó a llamarse Agencia de Seguridad Nacional (ASN), un organismo encabezado por el excomisario Alejandro Cecati y pensado para concentrar tareas vinculadas a amenazas complejas, coordinación operativa y seguridad estratégica. Pero el Gobierno volvió a mover el tablero: por decreto, aquella ASN dejó de existir y fue rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).

El cambio de nombre no es menor. En el oficialismo lo leen como una señal doctrinaria. En términos prácticos, el contraespionaje y la contrainteligencia implican detectar, neutralizar y prevenir operaciones de servicios extranjeros u organizaciones que busquen infiltrarse, obtener información sensible o afectar intereses estratégicos del Estado. Eso incluye desde el seguimiento de posibles agentes encubiertos y maniobras de captación de funcionarios, hasta la protección de infraestructura crítica, sistemas informáticos, embajadas, centrales energéticas o comunidades consideradas objetivos sensibles frente a “amenazas terroristas”. Es el caso del ciudadano ruso Dmitrii Novikov, vinculado con una estructura conocida como La Compañía, recientemente detenido y expulsado del país “por representar un riesgo para la seguridad nacional”, según consta en un comunicado difundido en X.

En el Gobierno aseguran que el objetivo es que la SIDE deje de destinar recursos a tareas de “inteligencia política” o monitoreo territorial doméstico y concentre capacidades en amenazas externas, ciberseguridad y cooperación internacional con agencias aliadas. La intención es que todo lo vinculado a “interior” quede bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Seguridad, donde Alejandra Monteoliva viene empoderando perfiles técnicos ligados al combate contra el crimen organizado y las amenazas complejas. En la lógica que empieza a tomar forma puertas adentro del oficialismo, el control del territorio debería quedar exclusivamente en manos de las fuerzas federales y en la estructura política de aquella cartera.

Sin embargo, el propio DNU 941 dejó una contradicción que dentro del mundo jurídico y de inteligencia generó ruido desde el primer día. Aunque cerca de Santiago Caputo aseguran que la intención es quitarle facultades policiales a la SIDE y acotar su intervención en asuntos internos, el decreto no termina de fijar con precisión sus límites e incluye una referencia a la posibilidad de “aprehensión” de personas en determinadas circunstancias. La mención fue leída por especialistas como un indicio exactamente inverso al discurso oficial: lejos de acotar capacidades operativas, parecía habilitar una expansión de atribuciones sensibles para el organismo.

Esa ambigüedad es una de las razones por las cuales el oficialismo sostiene que la futura ley —insinuada, pero no anunciada por Milei en su discurso de apertura de sesiones del pasado 1° de marzo— deberá eliminar las zonas grises del DNU y ordenar aquello que su letra dejó abierto: qué puede hacer la SIDE, qué debe quedar en manos de las fuerzas federales y hasta dónde llegan sus capacidades de reunión de información dentro del país.

Mientras se discute ese rediseño, la poda ya empezó por abajo. Según pudo saber elDiarioAR, la intención del Gobierno es reducir el margen de maniobra de las delegaciones del interior, una estructura histórica de la inteligencia argentina, con presencia en cada provincia y con capacidad de producir información territorial por fuera de los grandes centros de decisión. En la práctica, esas dependencias de la SIDE ya comenzaron a achicar gastos. No se trata solo de una cuestión presupuestaria. También es una forma de disciplinar una red que durante décadas funcionó con autonomía relativa y vínculos locales propios.

Un dato interno permite medir la orientación del cambio. En marzo pasado fueron removidas las autoridades del área de Reunión Interior, que estaban bajo la órbita de la abogada María Laura Gnas, incorporada tras la reforma de 2024. Ese lugar lo ocupa ahora un excomisario de la Policía Federal. La modificación no pasó por los grandes anuncios oficiales debido a su caracter secreto, pero dentro del sistema fue leída como parte de una reconfiguración más profunda, en línea con un mayor control desde la conducción central y una SIDE pensada para supuestamente mirar menos la política doméstica y más las hipótesis de amenaza que el Gobierno considera estratégicas.

El alineamiento con Washington es, justamente, una de las piezas que el oficialismo busca exhibir para explicar la nueva doctrina que pretende imprimirle al organismo. En la Casa Rosada aseguran que el objetivo es avanzar hacia un esquema de inteligencia “más occidental”. En ese marco, la foto que finalmente apareció el martes pasado terminó funcionando como una validación política interna. La SIDE publicó en su cuenta oficial de X la imagen de Cristian Auguadra en la sede de la CIA, en Langley, durante su visita del pasado 24 de marzo, disipando así las dudas que se habían abierto tras el extraño borrado del comunicado original.

La fotografía, que fue tomada en el mítico hall de ingreso del cuartel general en Virginia, uno de los espacios más reconocibles y simbólicos del universo de inteligencia mundial, mostró finalmente a Auguadra junto al director de la CIA, John Ratcliffe, después de semanas de especulaciones sobre si el encuentro había ocurrido realmente o si, como sostenían algunas versiones internas, el titular de la SIDE solo se había reunido con funcionarios de segunda línea de la agencia estadounidense. La discusión no era menor. En el universo de los servicios de inteligencia, cada nivel de interlocución funciona también como una señal de poder político y de reconocimiento internacional.

El que aprovechó rápidamente esa confirmación fue el propio Santiago Caputo. Apenas la SIDE difundió la fotografía, el asesor presidencial replicó la publicación en sus redes con un mensaje cargado de ironía dirigido a quienes habían puesto en duda el encuentro. “No puede ser. Si una banda de operadores con problemas cognitivos y consumos postergados anduvieron diciendo que esto no había pasado”, escribió. La frase no solo funcionó como una provocación más en el estilo habitual del asesor. También expuso hasta qué punto la relación con la CIA aparece hoy atravesada por la interna oficialista y por la necesidad de Caputo de mostrar que todavía conserva terminales propias en uno de los organismos más sensibles del Estado.

La puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), inaugurado en abril con presencia del FBI y del embajador estadounidense Peter Lamelas, fue presentada como la principal vidriera de esa nueva etapa. Allí empezó a ganar visibilidad el subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, un funcionario cercano a Santiago Caputo que dentro del organismo muchos describen como un “comisario político” enviado para monitorear la estructura desde adentro.

El crecimiento de Lago Rodríguez no pasó inadvertido. Abogado surgido del estudio Cassagne y hombre de confianza del entorno caputista, comenzó a construir un perfil público inusual para alguien de su cargo, al punto de presentarse en redes sociales como “Subsecretario de Inteligencia” y “oficial de reserva del Ejército Argentino”. Su protagonismo coincidió además con el corrimiento de figuras internas y con una redistribución del poder dentro de la SIDE que relativizó la centralidad de Auguadra como único conductor político del organismo.

Ese reordenamiento ocurre, además, en simultáneo con la creciente articulación internacional que busca exhibir el oficialismo. La visita del empresario tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada terminó de completar ese cuadro. Cofundador de PayPal y referente detrás de Palantir, una firma especializada en análisis masivo de datos y vinculada históricamente a estructuras de defensa e inteligencia de Estados Unidos, Thiel mantuvo reuniones con Javier Milei y con Santiago Caputo en medio del relanzamiento doctrinario de la SIDE.

Su desembarco fue leído dentro del sistema político como parte de un movimiento más amplio: la intención del Gobierno de robustecer capacidades de análisis, integración y cruce de datos estatales en coordinación con aliados occidentales. No casualmente, el propio DNU 941 habilitó la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), una arquitectura pensada para centralizar información sensible proveniente de distintos organismos públicos que podría allanarle el camino a Thiel y sus negocios.

Toda esta secuencia deja al descubierto distintas capas de sentido. Mientras el Gobierno intenta mostrar una SIDE profesionalizada, integrada a redes internacionales y enfocada en amenazas complejas, el organismo sigue atravesado por movimientos opacos y la jaqueada pero indiscutible centralidad política de Santiago Caputo. Si hace dos meses crecían las versiones sobre un avance de Karina Milei sobre el sistema de inteligencia tras hacerse con el Ministerio de Justicia, el último tramo pareció mostrar lo contrario: el asesor logró sostener influencia, conservar terminales propias y volver a exhibir capacidad de articulación.

Pero incluso esa aparente consolidación convive con una lógica de poder extremadamente inestable. En un gobierno donde las áreas sensibles cambian de manos con rapidez y las internas nunca terminan de cerrarse, la SIDE sigue funcionando como un territorio en permanente transición, atravesado al mismo tiempo por la búsqueda de legitimidad internacional y la disputa doméstica por el control del aparato del Estado.

PL/MG

Javier Milei recibirá este jueves a las 14 en la Casa Rosada al magnate tecnológico Peter Thiel, en el punto más visible de una visita que el CEO de Palantirdesarrolla desde hace más de una semana en la Argentina con perfil bajo y agenda reservada. El encuentro marcará el segundo cara a cara entre ambos, tras una reunión en mayo de 2024 también en el despacho presidencial, y se produce luego de una serie de contactos políticos y estratégicos que el Gobierno siguió de cerca durante toda su estadía.

Según reconstruyó elDiarioAR a partir de distintas fuentes, Thiel mantuvo reuniones con funcionarios del oficialismo y sostuvo intercambios institucionales en paralelo a actividades fuera del circuito estrictamente político. El lunes de la semana pasada, por caso, se habría reunido con el asesor presidencial Santiago Caputo. En ese encuentro, que no fue informado oficialmente, trascendió que dialogaron sobre el escenario internacional, la dinámica tecnológica y el lugar que la Argentina podría ocupar en ese nuevo mapa global atravesado por la inteligencia artificial y la disputa por los datos.

La dimensión política de ese intercambio quedó expuesta pocas horas después. Tras reunirse con Thiel, Caputo publicó un mensaje en su cuenta de X que funcionó como una suerte de marco interpretativo de la visita. “Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio”, escribió, citando sin mencionarlo a Joan Manuel Serrat, y agregó: “Argentina necesita dar un salto cuántico en materia de seguridad nacional, aunque a los zurdos les dé taquicardia. El lugar de nuestro país en el nuevo orden mundial, gracias a la oportunidad que nos está dando nuestro Presidente, se definirá por su capacidad de proteger, defender y promover nuestros recursos estratégicos. Quien quiera oír que oiga”. Más que una reacción espontánea, en la Casa Rosada leyeron ese posteo como una señal del tipo de agenda que subyace a la visita.

La presencia de Thiel en la Argentina fue seguida de cerca tanto por la Casa Rosada como por la Cancillería, donde reconocen al magnate como un actor de peso dentro del ecosistema global de innovación y capital de riesgo. Durante su paso por el país, combinó agenda política con gestos de inmersión cultural, como su asistencia al Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental, donde también habría mantenido contactos informales con dirigentes del fútbol.

El vínculo entre Thiel y Milei tiene antecedentes recientes. En mayo de 2024, el empresario ya había visitado la Casa Rosada junto a Alec Oxenford, actual embajador argentino en los Estados Unidos. En aquella oportunidad, según relató el propio Oxenford, el millonario estadounidense se mostró “impresionado” con las ideas del Presidente y las consideró relevantes a escala global. Ese primer encuentro giró en torno al rumbo económico del Gobierno y a la inserción internacional de la Argentina. La reunión de este jueves aparece, en ese sentido, como una continuidad, pero también como una instancia de mayor densidad política.

Thiel no es un visitante cualquiera dentro del universo que busca seducir el mileísmo. Cofundador de PayPal junto a Elon Musk, primer inversor externo de Facebook y figura clave detrás de Palantir Technologies, su trayectoria combina capital de riesgo, pensamiento estratégico y vínculos con estructuras estatales. Palantir, en particular, se especializa en el procesamiento masivo de datos y trabaja con gobiernos, fuerzas armadas y agencias de inteligencia, lo que ubica a Thiel en un cruce sensible entre tecnología y poder político.

Ese rol quedó especialmente expuesto en uno de los contratos más sensibles de la compañía en Estados Unidos. El año pasado, el polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —que quedó en el centro de la escena en enero, tras una serie de operativos en la ciudad de Minneapolis que terminaron con la muerte de dos civiles estadounidenses durante intervenciones federales— firmó un acuerdo con Palantir para desarrollar ImmigrationOS, una plataforma basada en inteligencia artificial y minería de datos destinada a identificar, rastrear y deportar personas sospechadas de ser extranjeras en situación irregular. El contrato, por 30 millones de dólares y con vigencia hasta 2027, prevé la integración de grandes volúmenes de información para detectar patrones y activar alertas.

El proyecto, sin embargo, desató cuestionamientos por su impacto potencial en las libertades civiles, la precisión de los sistemas y los riesgos de sesgo. A eso se sumaron advertencias por posibles conflictos de interés, dado el vínculo de figuras políticas como Stephen Miller, exasesor clave en materia migratoria de Donald Trump y uno de los arquitectos de su política restrictiva en esa área, con la empresa. Palantir sostiene que solo desarrolla herramientas, pero el diseño mismo de estos sistemas supone, en los hechos, una forma de intervención sobre políticas públicas.

Ese trasfondo es el que le da otra dimensión a la reunión en Casa Rosada. En el Gobierno interpretan la visita de Thiel como una señal de validación internacional en un momento en el que buscan posicionar a la Argentina como un polo atractivo para inversiones tecnológicas y como un aliado dentro de las nuevas discusiones globales. No se trata solo de captar capital, sino de integrarse a redes de influencia que exceden lo económico y se proyectan sobre el diseño de políticas públicas, especialmente en áreas como seguridad, inteligencia y manejo de datos.

La visita, además, coincide con un momento de fuerte circulación de ideas dentro del universo que rodea a Thiel. En los últimos días, la difusión de un manifiesto vinculado a Palantir, que fue amplificado en la Argentina por Caputo, puso sobre la mesa una visión en la que el software, la inteligencia artificial y la defensa nacional aparecen como ejes centrales del poder en el siglo XXI. Ese marco conceptual dialoga con algunos de los movimientos que viene ensayando el Gobierno en materia de reorganización del sistema de inteligencia.

En ese contexto, el encuentro entre Milei y Thiel funciona menos como una reunión bilateral tradicional que como una escena de alineamiento. El Presidente no recibe solo a un inversor extranjero, sino a una figura que encarna una forma específica de entender la relación entre mercado, tecnología y Estado. La apuesta oficial es que esa interlocución se traduzca en oportunidades concretas. El interrogante, todavía abierto, es bajo qué condiciones y con qué implicancias políticas y sociales se dará ese vínculo.

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Peter Thiel está en Argentina. El multimillonario de Silicon Valley, cofundador de PayPal y Palantir Technologies, lleva más de una semana en el país con una agenda que mezcla política de alto nivel, turismo futbolero (asistió al clásico River-Boca) y contactos estratégicos. Según trascendió en distintos medios, el lunes de la semana pasada se reunió con Santiago Caputo, asesor de Javier Milei.

Tanto la Cancillería —bajo la órbita de Pablo Quirno— como la Presidencia mantuvieron canales de contacto con el empresario durante su estadía, detalló Infobae sobre la visita del magnate que fue revelada por el periodista Alejandro Bercovich en C5N. El vínculo no es nuevo: Thiel ya había tenido un encuentro previo con Milei en el que compartieron diagnósticos sobre la economía argentina y las reformas estructurales impulsadas por la administración libertaria.

Quién es Thiel

Nacido en Alemania en 1967 y criado en Estados Unidos, Thiel es una de las figuras más influyentes —y controversiales— del ecosistema tecnológico global. Fue el primer inversor externo de Facebook, cofundó PayPal junto a Elon Musk y construyó una carrera como referente del capital de riesgo con apuestas en compañías transformadoras. Pero su proyecto más significativo en términos de poder político es Palantir Technologies, empresa especializada en el procesamiento masivo de datos que trabaja para gobiernos, ejércitos y agencias de inteligencia de todo el mundo. La CIA fue su primera inversora, a través de su fondo In-Q-Tel, cuando Palantir se fundó en 2003.

Thiel es también uno de los ideólogos del movimiento neorreaccionario en Silicon Valley, crítico declarado de la democracia liberal —en 2009 escribió que ya no creía que “la libertad y la democracia fueran compatibles”— y financista clave de la carrera de J.D. Vance, actual vicepresidente de los Estados Unidos.

El manifiesto y el reposteo de Caputo

La visita de Thiel coincide con un momento de particular activismo ideológico de Palantir. El 18 de abril de 2026, la cuenta oficial de Palantir en X publicó un texto de 22 puntos que resume la visión tecnopolítica de su director ejecutivo Alex Karp, titulado “The Technological Republic, in brief”. El texto fue reposteado por Santiago Caputo desde su cuenta personal, amplificándolo ante su audiencia argentina.

El documento, analizado en profundidad por la revista El Grand Continent —que lo calificó como un texto que los ideólogos neorreaccionarios presentan como “el plan para forjar un Occidente tecnofascista”— contiene tesis que merecen leerse con atención. El manifiesto plantea que “Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso” y que la élite de ingenieros tiene “la obligación positiva de participar en la defensa de la nación”. Sostiene que “el hard power de este siglo se basará en el software” y que la cuestión no es si se fabricarán armas basadas en IA sino quién las fabricará y con qué fin.

El análisis de El Grand Continent señala que Palantir opera con un método llamado “land and expand”: penetrar en una organización mediante un contrato inicial modesto para luego imponer su estructura de datos hasta hacer imposible cualquier salida, un mecanismo conocido como “vendor lock-in”. La empresa ya tiene contratos con el servicio de inmigración de EE.UU. (ICE), con la Bundeswehr alemana y con el sistema de salud del Reino Unido, entre otros.

Las advertencias que ya circulan

La presencia de Thiel y el reposteo del manifiesto por parte de Caputo generaron reacciones inmediatas en el ámbito político y de derechos digitales. El abogado y especialista en privacidad Ariel Garbarz publicó una extensa hilo en X alertando sobre las implicancias para Argentina.

“Palantir no vende tornillos ni caramelos. Vende cruce masivo de datos, vigilancia, perfilado y poder. Te lo envuelven en palabritas como 'eficiencia', 'seguridad' e 'innovación', pero es control social sin precedentes con perfume de Silicon Valley”, escribió Garbarz. Y fue más lejos: “En un país saqueado, endeudado y entregado, una herramienta así puede terminar sirviendo para vigilar, clasificar y apretar ciudadanos, opositores, migrantes, pobres y cualquiera que moleste al poder de turno.”

Garbarz rechazó de antemano el argumento de “quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer” y señaló que “en democracia nadie tiene que someterse a un panóptico digital para demostrar inocencia”. Exigió que cualquier vínculo contractual con Palantir sea sometido a debate público, control parlamentario, auditorías técnicas externas y publicación de contratos: “Ya no puede hacerlo por la puerta de atrás con reuniones secretas entre empresarios, servicios y funcionarios.”

La advertencia más dura apuntó a la irreversibilidad del proceso: “Una vez que estos hijos de puta meten la mano en datos migratorios, financieros, policiales, sanitarios o de telecomunicaciones, después no la sacan más. Y cuando querés acordar, ya no sos ciudadano: sos un perfil, una alerta o un objetivo.”

MC

El paro de los médicos del PAMI que comenzó este lunes dejó de ser solo un reclamo sectorial para transformarse en un síntoma más visible de una crisis que se venía gestando puertas adentro del sistema hace tiempo. Mientras los profesionales de cabecera paralizan la atención en todo el país por 72 horas, en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado, la tensión expone una dinámica que ya no se limita a lo sanitario: también habla de cómo se toman hoy las decisiones dentro de la obra social más grande del país.

El conflicto con los médicos tiene un eje concreto. El esquema de cápitas fija un ingreso mensual de $2.100 por afiliado, en reemplazo del sistema mixto anterior. Según las asociaciones profesionales, eso implica una caída de hasta el 50% en los ingresos y obliga a aumentar el volumen de pacientes para sostener la actividad. “Es imposible”, repiten en el sector.

Desde el Instituto, sin embargo, defienden la medida. Fuentes del PAMI sostienen que el cambio implica “un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera” y que apunta a “ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia, controlando posibles desvíos”. Según esos cálculos oficiales, un profesional con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000 mensuales, lo que representa “un incremento del 121% en el ingreso fijo”.

El delegado organizador de APPAMIA Córdoba, Atilio Rossi, detalló cómo funcionaba el sistema anterior y el impacto del cambio. “Nos pagaban a través de un sistema mixto, una mitad que era la cápita —945 pesos por paciente por mes— y otra parte que correspondía a consultas, aunque el PAMI solo reconocía el 40% de las que realizábamos”, explicó a Radio Mitre. “Si yo hacía 100 consultas, el PAMI me abonaba nada más que 40, que iban entre 6 y 10 mil pesos según el caso. Eso en un médico con 400 afiliados representaba aproximadamente un ingreso de 1.650.000 pesos”, ejemplificó.

El giro llegó de manera abrupta. “El PAMI tomó una medida intempestiva, retroactiva al 1 de abril, donde pasa de un sistema mixto a un sistema capitado, donde únicamente le va a pagar la cápita”, agregó Rossi, quien advirtió que el resultado ya empieza a verse, con turnos reprogramados, derivaciones restringidas y una sobrecarga que impacta directamente en la calidad de la atención.

Zamparolo, el apuntado

Pero detrás de ese esquema aparece un nombre que se repite en todas las conversaciones. Carlos Zamparolo, expresidente del Consejo de Administración de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), hoy subdirector del PAMI y hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, es señalado por distintos actores del sistema como el principal responsable de la reconfiguración actual del organismo. Formalmente, responde a la conducción de su superior, Esteban Leguizamo. En la práctica, es quien concentra las decisiones más sensibles.

Las críticas apuntan, sobre todo, a un proceso de centralización. La Libertad Avanza redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Zamparolo. “Él controla el ecosistema de los proveedores del PAMI. Concentró todas las compras bajo su ala, decidiendo proveedores a conveniencia”, describen desde el sector. La lógica, agregan, no sería nueva. “De la misma manera que utilizó DOSUBA como caja para bancar políticamente a Rojo-Yacobitti, ahora lo hace con el PAMI”, sostienen al describir un entramado de poder que siempre encuentra la forma de sobrevivir.

En ese escenario, el paro de 72 horas aparece menos como una medida excepcional que como la consecuencia de un esquema que empezó a tensionarse hasta el límite y que se proyecta sobre el funcionamiento cotidiano del sistema. Prestadores médicos denuncian no solo la reducción del valor de las cápitas, sino también demoras en los pagos que afectan la cadena completa. “Además de bajarle el 50% el valor de la prestación, no les pagaron a ninguno”, sintetizan.

En paralelo, en el territorio empiezan a circular versiones que agravan el cuadro. El cierre del hospital de Hurlingham —o su reconversión operativa— es uno de los casos que más ruido generó en los últimos días. “Se lo entregaron a La Cámpora”, denuncian. El municipio, gobernado por Damián Selci, aparece en el centro de esas sospechas. Según esas versiones, parte del personal sería trasladado al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, mientras que equipamiento médico sería derivado a otros centros como el Milstein. Nada de eso fue confirmado oficialmente, pero el clima interno se carga de interpretaciones.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre la Casa Rosada y el peronismo.

Es que detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizados que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

Gestos políticos

La conflictividad, además, ya desbordó al sistema médico. Jubilados comenzaron a movilizarse frente a la sede central del PAMI para reclamar por la falta de medicamentos e insumos, en una protesta que incluyó olla popular y que se proyecta hacia el Congreso. A eso se suma la presión política: en el Senado, la cordobesa Alejandra Vigo pidió informes al Ejecutivo por la situación del organismo y advirtió sobre el impacto de los recortes en la cobertura.

En paralelo, la situación volvió a poner en cuestión la figura de Mario Lugones. En la última semana, el ministro de Salud quedó en el centro de versiones sobre una posible salida del cargo, tal como reveló elDiarioAR y luego fuera desmentido por la Oficina de Respuesta Oficial. Lugones participó de una reunión con su par de Economía, Luis Caputo, en la que no logró asegurar los fondos que reclamaba para sostener el funcionamiento del sistema. El encuentro, que en lo formal fue presentado como “productivo”, dejó sin embargo un saldo ambiguo, sin anuncios concretos y con la confirmación implícita de que el ajuste no se flexibilizará.

Con ese telón de fondo, Lugones buscó este lunes volver a mostrarse en escena. Lo hizo durante una recorrida por la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde participó junto a Karina Milei de la inauguración de un laboratorio de máxima bioseguridad. La imagen funcionó como gesto político en medio de la tormenta. Una suerte de respaldo en público, mientras la crisis en el PAMI sigue sin una salida clara.

Nada parece haber cambiado. Por el contrario, la aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa que investiga supuestos sobornos en la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como las iniciales del propio Zamparolo en una de sus páginas— funcionan como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Javier Milei había prometido erradicar.

En ese esquema, la figura de Zamparolo aparece como síntesis de una forma de gestión que privilegia la articulación política, al preservar esas dinámicas históricas puertas adentro del organismo. Por eso, mientras el conflicto escala, en los pasillos del PAMI empieza a instalarse la idea de que el problema no es solo el ajuste, sino quién administra sus efectos. Y quiénes son los que siempre se benefician.

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“FALSO”. La palabra apareció en mayúsculas, como apertura y síntesis del mensaje que el Gobierno decidió difundir cuando comenzó a ser inatajable la circulación de la nota de elDiarioAR que ponía en duda la continuidad de Mario Lugones al frente del Ministerio de Salud. No fue una desmentida más. Se trató de una reacción política en tiempo real frente a un movimiento que, puertas adentro, ya había empezado a producir efectos concretos.

El comunicado, publicado en la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial que comanda el director de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, no se limitó a negar la versión. Buscó encuadrarla al hablar de un sistema “destruido” y “en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años” y reivindicar la gestión de Lugones como parte de un proceso de ordenamiento, además de apuntar directamente contra lo que definió como “operetas mediáticas”. En la Casa Rosada esa frase se repitió como una consigna, pero también como una señal de alarma: la preocupación no era solo la nota, sino lo que la nota podía activar.

Es que el artículo de elDiarioAR no se interpretó únicamente como una hipótesis sobre la continuidad del ministro, sino como un factor capaz de alterar el equilibrio en un área especialmente sensible. Durante varias horas, la nota se convirtió en un factor de decisión interna. En el Ministerio de Salud y en los despachos de Balcarce 50 se activaron llamados cruzados, consultas urgentes y lecturas en voz baja sobre el alcance de la versión. Funcionarios de segunda y tercera línea empezaron a preguntar “qué hay de cierto”, mientras otros recalibraban posiciones frente a un escenario que, aunque no confirmado, había dejado de parecer imposible.

La ratificación política tomó forma ayer por la tarde, en un movimiento más silencioso que explícito. Tras la reunión de gabinete encabezada por Javier Milei, Lugones se dirigió junto a Santiago Caputo al despacho del asesor en el primer piso de la Casa Rosada. No hubo declaraciones. Tampoco imágenes difundidas. Pero en la lógica interna del Gobierno, la escena funcionó como un mensaje hacia adentro: el ministro seguía en su lugar y mantenía el vínculo operativo con quien es su padrino dentro del esquema oficial.

Ese respaldo se completó este martes, cuando Lugones volvió a pisar la Casa de Gobierno para participar de una “reunión de trabajo” con Manuel Adorni, en el marco del seguimiento de gestión que el jefe de Gabinete viene realizando sobre cada cartera. Una decisión que empezó a tomar forma días atrás, cuando Milei recibió al ministro coordinador en Olivos. Allí hablaron de la “segunda etapa de la gestión” y de la necesidad de recuperar coordinación y centralidad política tras semanas en las que el oficialismo quedó absorbido por la crisis.

El encuentro entre Lugones y Adorni fue difundido oficialmente junto a una foto y un comunicado que buscó reforzar la idea de continuidad. En él se repasaron los resultados del período 2024/2025 y se delinearon los objetivos para la etapa 2026/2027, con foco en “la eficiencia del sistema, la transparencia, la articulación federal y la transformación digital”. También se avanzó en la agenda legislativa, con especial mención a la nueva Ley de Salud Mental.

Ruidos internos

“Nunca estuvo ni remotamente sobre la mesa el cambio en Salud, mucho menos en este contexto”, aseguraron a elDiarioAR desde el entorno presidencial, en referencia al impacto político del caso Adorni y sus derivaciones abiertas. La frase no solo buscó desmentir la versión, sino también fijar un criterio: en medio de un frente sensible, el Gobierno no está dispuesto a abrir otro. “¿Cómo vamos a echar un ministro ahora?”, resumió otra fuente, con una mezcla de pragmatismo y advertencia.

La mención de Guido Giana como posible reemplazo de Lugones, en un contexto de crisis del PAMI y desgaste acumulado, tampoco cayó bien. “No es verdad que eso vaya a suceder”, salieron a aclarar, tajantes, desde el entorno del viceministro. En un Gobierno donde la verticalidad convive con tensiones permanentes, ese tipo de versiones no circulan en el vacío.

“Parece una nota intencionada para que Mario y Guido se peleen. Guido es como un hijo para Mario”, buscó desactivar un funcionario con llegada directa al área. La aclaración apuntaba a un punto específico: evitar que la lectura de una interna abierta en la cúpula se consolide como dato. Otra voz oficial, en la misma línea, relativizó el cuadro y desplazó el foco hacia los escalones inferiores. “Hay subalternos que prefieren a uno o a otro y pueden estar intentando generar una pelea”, señaló, en un intento por encapsular el conflicto y reducirlo a una dinámica secundaria.

Sin embargo, el cierre hacia afuera convive con un trasfondo menos ordenado, según pudo saber elDiarioAR. Fuentes al tanto de la dinámica interna coinciden en que la cuestión lejos está de pasar por una pelea entre Lugones y Giana. El punto de fricción sería otro, más difícil de exponer y más incómodo de administrar: un supuesto desgaste progresivo en la relación entre el ministro y Santiago Caputo. Un vínculo que durante años funcionó como sostén político del área y que ahora muestra signos de erosión.

“Hay cosas de las que Mario chapeaba, recostándose sobre su hijo, que después eran desmentidas por el propio Rodrigo [Lugones]”, explicó una fuente con acceso a la trastienda del ministerio. El consultor, con residencia en Madrid, funciona como nexo entre el ministerio, el sector privado de la salud y el propio asesor. Su rol, construido sobre vínculos con clínicas, laboratorios y prestadores, le permitió convertirse en un operador de peso en las decisiones sensibles del área. Justamente por eso, cualquier desalineación entre lo que se le atribuye a su influencia y lo que efectivamente convalida el esquema de Caputo no hace más que generar ruido.

En ese equilibrio se mueve hoy Mario Lugones. La desmentida oficial alcanzó para cerrar la discusión hacia afuera y estabilizar la superficie. ¿Bastó para que desaparezcan las tensiones que cruzan el área? Todo indica que, al menos, quedaron encapsuladas en un esquema donde el ministro aparece respaldado en público, pero monitoreado en privado. En un gobierno donde el poder se construye sobre la cercanía y la confianza, ese matiz no es menor. Suele ser, más bien, el anticipo de lo que viene.

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Mientras todos los focos mediáticos se posan sobre las desventuras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el Ministerio de Salud se respira una incertidumbre difícil de ignorar para quienes siguen su día a día desde adentro. En medio de versiones que se acumulan y cambian de forma, el nombre del titular de esa cartera, Mario Lugones, volvió a aparecer en el centro de la escena: la posibilidad de su salida empezó a circular por lo bajo este fin de semana, como parte de un escenario que ya nadie se anima a descartar. “Es cuestión de días”, deslizaron a elDiarioAR fuentes inobjetables al tanto de la situación.

Pero el dato nuevo no es el desgaste del ministro sino la alternativa. Guido Giana, su número dos, aparece como reemplazo posible en una jugada que, leída en clave interna, dice más de lo que parece. Giana no es un técnico de consenso ni un bombero de crisis. Es, como Lugones, un hombre del riñón de Santiago Caputo. Su virtual ascenso —negado tajantemente por miembros de su entorno— no implicaría un cambio de rumbo, sino un intento de preservar el control del área en medio de la asfixia presupuestaria y de una disputa intestina que se volvió más explícita desde marzo: la avanzada de Karina Milei sobre los espacios donde todavía gravita el asesor presidencial.

La escena tiene algo de déjà vu, pero con otro fondo. Hace unos meses, cuando el caso del fentanilo contaminado lo empujaba al centro de la escena, Lugones todavía encontraba un resguardo en la interna oficialista. Se lo veía golpeado hacia afuera, pero sostenido hacia adentro, como parte de ese equilibrio inestable que le permitía a Caputo retener piezas propias en un gabinete cada vez más ajeno. “Pese a todo, el ministro parece estar más afirmado que hace un mes”, se leía entonces en medio de un reacomodamiento que, lejos de desplazarlo, lo había reforzado. Hoy ese diagnóstico quedó viejo.

Lo que cambió no fue solo la presión política sino también el contexto material. La actual crisis del PAMI, que durante meses circuló como advertencia, se volvió una realidad insoslayable: las deudas se acumulan mientras las prestaciones se caen y las clínicas se retiran, con jubilados que pagan de su alicaído bolsillo lo que antes cubría el sistema. Es un deterioro que ya no se explica en planillas sino en consultorios y que, por primera vez, empieza a impactar de lleno en la lógica de supervivencia del ministro.

Es que la obra social más grande de América Latina se transformó en un dolor de cabeza a esa misma escala. Lo que durante los primeros años de gobierno libertario funcionó como caja política bajo la gestión de su segundo, el misterioso Carlos Zamparolo, empezó a mostrar su contracara cuando la crisis financiera dejó de ser administrable. La lógica de control y distribución interna que había ordenado el organismo se volvió insuficiente frente a un sistema que ya no cierra en números ni en prestaciones. El PAMI, que supo ser un activo de poder, hoy aparece como un pasivo difícil de contener.

A ese cuadro se le sumó en las últimas semanas otro frente que terminó de erosionar la posición de Lugones dentro del gabinete. Federico Sturzenegger avanzó, tras varios intentos fallidos, con la flexibilización del régimen de patentes farmacéuticas mediante la derogación de una resolución de 2012 que durante años protegió a los laboratorios nacionales. La medida, alineada con exigencias del acuerdo con Estados Unidos, impacta de lleno en los intereses de actores centrales del sector con quien el actual ministro mantiene vínculos históricos. Lugones había resistido esa modificación e incluso demorado su implementación durante meses.

Enroque caputista

La tensión puertas adentro de la cartera de Salud escaló a un punto tal que obligó a ciertos movimientos excepcionales. Según pudo saber elDiarioAR, Rodrigo Lugones habría viajado de urgencia desde España, donde reside, para involucrarse de lleno en la gestión de la crisis. Su presencia no es un dato menor. Consultor político, socio de Santiago Caputo en Move Group —la consultora de su propiedad— y habitué de los circuitos empresariales de la salud, el hijo del actual ministro funciona desde el inicio del gobierno como el nexo entre los laboratorios y el propio asesor presidencial, con quien mantiene una relación aceitada desde hace años.

Aunque no ocupa un cargo formal en el organigrama, su nombre aparece una y otra vez cuando se reconstruyen las decisiones sensibles del área. En el ministerio lo describen como “la extensión natural del poder de Caputo”, pero también como el operador que permitió que su padre se moviera con lógica política incluso antes de asumir formalmente al frente de la cartera. ¿Estará interviniendo Rodrigo para evitar el inminente corrimiento de su progenitor? ¿O es, en cambio, quien debe garantizar el enroque de él con su segundo, el ingeniero Guido Giana?

Sea cual sea la respuesta, queda claro que cualquier movimiento en la cúpula del Ministerio de Salud se lee en clave política antes que técnica. Giana pasó por el PRO, tuvo inserción territorial en la provincia de Buenos Aires y formó parte del PAMI durante el gobierno de Cambiemos, donde se especializó en el manejo de números, contratos y auditorías. Envuelto en acusaciones por supuestos sobreprecios en distintas compras, la trayectoria del hoy viceministro no responde al perfil clásico de sanitarista, sino al de operador con recorrido en la gestión y en la rosca.

El salto que terminó de ubicar a Giana en el radar del actual oficialismo se dio en el sector privado. Desde la dirección administrativa del Sanatorio Güemes —propiedad de la familia Lugones— consolidó un vínculo directo con el mundo de los prestadores, al tiempo que profundizó su relación con Caputo. Ese doble anclaje, entre lo público y lo privado, lo convirtió en una pieza funcional para un esquema que necesita interlocutores capaces de moverse en ambos planos sin fricción.

Quienes lo conocen lo describen como un perfil bajo, con capacidad de ejecución y sin necesidad de exposición. Giana no parece pretender construir volumen propio ni buscar protagonismo. Su fortaleza es otra: la confianza. En un gobierno donde ese atributo vale más que cualquier currículum técnico, su nombre aparece como una opción lógica si la decisión es sostener el control del área sin alterar el equilibrio interno. Porque si algo dejó en claro la crisis de Salud es que, más allá de los nombres, lo que está en juego es quién continúa administrando ese poder.

PL

El tuit duró lo suficiente como para instalar una escena. El 24 de marzo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hizo una publicación que la ubicó en el centro de una postal internacional: su titular, Cristian Auguadra, reunido en Langley, Virginia, con el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe. Al día siguiente, Manuel Adorni ratificó el dato en su fallida conferencia de prensa. “Otro hito silencioso para sumar a la lista de nuestra gestión”, leyó el jefe de Gabinete. Sin embargo, pocas horas después de ese mensaje exultante, algo extraño ocurrió: el comunicado desapareció. Había sido borrado.

En su versión original, el texto no dejaba demasiados márgenes para la ambigüedad. La SIDE informaba que Auguadra había mantenido una reunión bilateral “privada” con Ratcliffe en la sede de la agencia, en paralelo a la denominada Reunión por las Américas realizada en Washington, donde delegaciones de distintos países discutieron cooperación en materia de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. También anticipaba la entrega de un reconocimiento al organismo argentino en abril, en Langley, como resultado de “operaciones conjuntas” y del impulso al flamante Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

¿Por qué el Gobierno eliminó una noticia que, en principio, reforzaba a la perfección el relato oficial? ¿Acaso hubo una violación del secreto? Las explicaciones oficiales no llegaron de inmediato. Recién después de una semana de silencio, y tras la consulta de elDiarioAR, fuentes de la SIDE aseguraron que la publicación fue retirada porque se decidió volver a difundirla “una vez que se cuente con el material fotográfico oficial de la reunión mantenida ese día en Langley”. Aclararon que “no hubo ningún otro motivo detrás de la decisión” y que el objetivo es “aprovechar la foto para dar más información respecto del robustecimiento de la relación con la CIA”, además de anticipar anuncios vinculados al CNA.

¿Alcanza esa explicación para justificar la desaparición del comunicado? ¿O llega demasiado tarde para cerrar las dudas que ya se habían abierto? Según pudo reconstruir este medio a partir de distintas fuentes con conocimiento del viaje, Auguadra efectivamente estuvo en Washington y participó de la reunión regional, tal y como se informó. Ese dato no está en discusión. Lo que sí aparece bajo sospecha —y se espera que la foto venga a echar luz— es el corazón del mensaje: el cara a cara con el director de la CIA

De acuerdo con esas versiones, la reunión del titular de la SIDE no habría sido con Ratcliffe, sino con su número dos, David S. Cohen. Un encuentro de carácter protocolar, sin anuncios ni definiciones estratégicas, centrado en “generalidades”. ¿Es lo mismo? En el lenguaje de la inteligencia, claramente no: cada nivel de interlocución tiene un peso específico. La diferencia entre una bilateral con el director y un contacto con su segundo no es menor. ¿Por qué, entonces, se decidió comunicarlo de otra manera?

Ahí es donde la historia empieza a correrse del plano diplomático y a meterse en la lógica de la política doméstica. “Santiago pudo haber jugado una carta fuerte de ‘tengo esto que ustedes no’”, deslizó una fuente malpensada y al tanto de la dinámica interna del oficialismo. La SIDE, como otras áreas sensibles, es hoy un territorio en disputa entre el asesor presidencial y Karina Milei, en una interna que se expresa de manera cada vez más descarnada, pero que el affaire Adorni paradójicamente ayudó a dilatar.

La interna sin fin

La pulseada en la cúpula del poder libertario no es nueva, pero en las últimas semanas sumó capítulos. Mientras Santiago Caputo busca sobrevivir con su influencia en lugares estratégicos como la SIDE o ARCA, la secretaria general de la Presidencia intenta ordenar ese esquema bajo su propia lógica de control y lealtades. La decisión de postular a Sebastián Pareja como titular de la Bicameral de Inteligencia del Congreso es un botón de muestra. En ese sentido, el comunicado —ahora borrado— fue leído por muchos más como una señal hacia adentro que como un gesto hacia afuera. ¿Y si se trató de una forma apresurada de marcar territorio por parte del asesor? ¿Una manera de mostrar acceso directo a Washington en medio de esa puja?

Más allá del alineamiento automático de Javier Milei con la administración Trump, es evidente el lazo que une a Caputo con el lobby de Mar-a-lago a través del empresario Leonardo Scatturice, figura de su extrema confianza. Hay determinados niveles de la estructura norteamericana cuya llave de ingreso no depende solo de la afinidad política, sino de redes previas, confianza acumulada y validación técnica. “La visita a Langley no es tan difícil de conseguir, pero necesitás que los burócratas de defensa y seguridad de Washington te la validen, y a esos no los conoce cualquiera”, explicó a elDiarioAR un exfuncionario con vínculos en Estados Unidos, al describir los circuitos formales e informales que habilitan ese tipo de encuentros.

Sobre ese telón de fondo se dibuja, en paralelo, un clima interno en la SIDE que se volvió cada vez más inestable. Como reveló elDiarioAR, en el último mes se configuró un escenario de incertidumbre que incluso agentes con larga trayectoria describen como inusual. Hubo corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma del año 2024. La sensación dominante, según los testimonios recogidos, es la de un organismo desorientado, sin una directriz clara y atravesado por niveles de intriga que empiezan a afectar su funcionamiento cotidiano.

Todo alimenta el runrún de pasillo. Desde las versiones de nombres de la “vieja guardia” que podrían incorporarse, hasta los rumores —ahora menos insistentes— sobre una inminente eyección de Auguadra de su silla en el piso 5 de 25 de Mayo 11. En ese marco, el episodio del comunicado fantasma aparece como una pieza más de una trama mayor: la de una SIDE en transición permanente, donde lo doméstico y lo internacional se cruzan de manera cada vez más problemática.

PL/MG

El fallo a favor de la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio al Gobierno el impulso político que necesitaba para intentar dar vuelta la página del escándalo que envuelve desde hace semanas a Manuel Adorni. Por eso apenas conocida la noticia la usina virtual del mileísmo salió a invadir las redes sociales, con la particularidad de que fue el entorno del asesor Santiago Caputo –el asesor presidencial en conflicto con Karina Milei– quien motorizó la narrativa oficialista.

La usina caputista buscó posicionar a dos de los suyos como los protagonistas de la estrategia judicial argentina: la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, encargada de custodiar la firma del Presidente, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, hasta hace pocas semanas secretario de Justicia. Sin embargo la estrategia judicial del mileísmo respetó los lineamientos de gestiones anteriores, como la de Alberto Fernández y hasta de Axel Kicillof cuando fue el impulsor de la expropiación de YPF.

Qué se ganó y por qué

Para entender el peso del fallo hay que remontarse a 1993, cuando bajo el gobierno de Carlos Menem se privatizó YPF y se redactó un estatuto social que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios: cualquier entidad que adquiriera el control de la compañía debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición para comprarles sus acciones a precio de mercado. Casi veinte años después, en abril de 2012, el Congreso sancionó la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes a la española Repsol. La defensa argentina –liderada en ese momento por Kicillof como viceministro de Economía– argumentó que la ley de expropiación, al ser de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados. Los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna.

En 2015, el fondo Burford Capital compró por 15 millones de euros los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado en España al no poder pagar los créditos con los que habían adquirido su 25% de YPF. Burford demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado había actuado como un inversor privado y no cumplió las reglas de mercado de la propia empresa. En marzo de 2023, la jueza Loretta Preska declaró a la Argentina responsable por incumplimiento de contrato. En septiembre de ese año fijó el monto de la condena en US$16.100 millones –US$8.400 millones en daños y US$7.600 millones en intereses retroactivos al 8% anual desde abril de 2012– cargando la totalidad sobre el Estado nacional y eximiendo a YPF S.A. Argentina apeló. Este jueves, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la condena y ordenó la revisión total del proceso.

La estrategia de la apelación fue conducida desde la Procuración del Tesoro por Sebastián Amerio, quien asumió el cargo hace pocas semanas tras ser viceministro de Justicia. Junto a él trabajaron los subprocuradores Santiago Castro Videla y Juan Ignacio Stampalija. Desde Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy coordinó la posición institucional del Ejecutivo. El equipo contó además con la participación de Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro, cuya experiencia acumulada en el caso desde gestiones anteriores resultó clave para darle continuidad técnica a una defensa que, en sus argumentos centrales, no había cambiado de un gobierno al otro.

Ese último punto es el que más incomoda al oficialismo en el festejo de hoy, y que el abogado Sebastián Soler sintetizó con precisión en X: “Ya había coincidencia en que haber expropiado YPF benefició al país, pero algunos porfiaban que se había 'expropiado mal' y que eso 'nos iba a costar US$16.000 millones de dólares'. Desde hoy, ya no lo pueden decir. El juicio se ganó porque se expropió correctamente, cumpliendo las únicas leyes que importan, que son las de nuestro país, y porque, más allá de las declaraciones desagradables y oportunistas del presidente Milei, su gobierno reiteró en la apelación los mismos argumentos legales que ya había planteado la defensa argentina durante la gestión del gobierno anterior.” Una lectura incómoda para el oficialismo, que festejaba la victoria como propia pero que en los hechos había continuado la estrategia legal del kirchnerismo.

La usina caputista tomó la delantera

El propio Santiago Caputo fue el primero en marcar el tono libertario. Con su habitual lenguaje críptico, publicó en X: “Las Fuerzas del Cielo operan de maneras misteriosas”, acompañado de una imagen que mostraba el derrumbe de la acción de Burford Capital. El fondo inglés, gran perdedor del día, vio sus acciones caer más de un 36% en la Bolsa de Estados Unidos apenas conocida la noticia. Horas después, Caputo volvió a postear, esta vez en clave más mística que política: “La Diosa Fortuna nos otorgó a los argentinos el privilegio de encontrarnos con Javier G. Milei para que salve el país. No perdamos esta oportunidad.” Un mensaje que, leído en clave interna, era también una declaración de principios frente a su propia pelea interna en la Casa Rosada.

La militancia digital amplificó sin matices. Agustín Romo, una de las cuentas más activas del ecosistema oficialista, escribió: “El mayor logro jurídico de la historia argentina lo hizo este gobierno. El de Javier Milei. Y los argentinos nos ahorramos 18 mil millones de dólares. Impresionante el laburo de todo el equipo legal, en especial el de la Dra. María Ibarzabal Murphy.” Minutos más tarde, ante la reacción opositora, Romo subió la apuesta: “Da lástima el peronismo queriendo adjudicarse el logro de ganar el juicio de YPF. Si ellos eran gobierno, en Estados Unidos nos condenaban a pagar diez mil veces más de lo que pedía Burford. Ustedes pactaron con Irán. Se piensan que es gratis? Boludísimos realmente.”

Milei y Kicillof como blanco

Milei no se quedó atrás en los improperios. En un discurso en un Centro de Capacitación de Capital Humano, el Presidente dijo que “tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”. La frase fue aplaudida por su tropa pero desnudó también una operación política: Milei encontró en el gobernador bonaerense el rival más cómodo, el que le permite unificar a su electorado y correrse del escándalo Adorni con un solo movimiento. El comunicado oficial de la Casa Rosada fue, en ese sentido, más prolijo pero igualmente contundente: señaló que “las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista, con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof, expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria”.

La paradoja, sin embargo, es que el argumento con el que la Argentina ganó en Nueva York es exactamente el que Kicillof esgrimió en 2012: que la expropiación fue un acto soberano amparado por la ley nacional, no una operación de mercado. El gobernador bonaerense no tardó en señalarlo. Respondió en redes sociales que “la Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras”, y sostuvo que el resultado era “un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana”. Afirmó además que los abogados del Estado habían defendido en Nueva York los mismos argumentos que él sostuvo siempre, señalando la contradicción de un gobierno que criticaba la estatización mientras sus propios letrados la defendían.

Cristina Kirchner fue más institucional pero igualmente reivindicativa. Agradeció “como ex Presidenta y como ciudadana” al estudio Sullivan & Cromwell LLP, encargado de la defensa del Estado desde 2020, y sostuvo que “la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”. Añadió que la decisión política de recuperar YPF “fue estratégica para el país” y que la posición argentina “siempre fue apoyada por Estados Unidos en las administraciones demócrata y republicana”. El fallo, en ese sentido, le daba un argumento que venía esperando hace años: la misma Cámara de Apelaciones que absolvía a la Argentina validaba, técnica y jurídicamente, la lógica de la nacionalización de 2012.

MC

El diputado libertario Sebastián Pareja quedó confirmado como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El legislador nacional, principal armador bonaerense de Karina Milei y uno de los dirigentes de mayor confianza del espacio libertario, conducirá el organismo encargado de supervisar la actividad de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según supo ayer elDiarioAR de distintas fuentes parlamentarias. La formalización ocurrirá en los próximos días, cuando se constituya la comisión y sus 16 integrantes —ocho por cada Cámara— elijan a sus autoridades. En el oficialismo confían en tener la mayoría necesaria con legisladores propios y aliados.

La designación no es un movimiento menor. La Bicameral tiene atribuciones para analizar la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional, controlar los gastos reservados de los organismos del sistema y requerir información clasificada, incluidas interceptaciones realizadas por la Dirección de Observaciones Judiciales y datos de empresas de telecomunicaciones. Sus reuniones son secretas. Que un hombre del entorno más estrecho de la hermanísima quede al frente de ese espacio tiene una lectura política directa: el sector “karinista” supervisará un área donde Santiago Caputo todavía conserva influencia, a través del titular de la SIDE, Cristian Auguadra.

Un territorio en disputa

La llegada de Pareja a la Bicameral se produce en un momento en que la avanzada de Caputo sobre el sistema de inteligencia está en compás de espera. Según pudo reconstruir elDiarioAR, las dos grandes iniciativas del asesor presidencial en materia de inteligencia comenzaron a desinflarse. El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había delineado el ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert, despertó alarmas en la oposición y en organizaciones de derechos humanos por habilitar potencialmente tareas de espionaje interno. El documento, en su versión original, admitía producir información sobre “actores estratégicos” que intentaran erosionar el sistema financiero o generar desconfianza en las políticas económicas del gobierno, y sobre quienes difundieran información falsa con el objetivo de influir en la opinión pública.

La Bicameral le advirtió a Neiffert y emitió un dictamen crítico. Dos meses después, el ex titular de la SIDE presentó un PIN modificado: se eliminaron las referencias a la alianza con Estados Unidos e Israel y desaparecieron las alusiones a “actores estratégicos” que pudieran incidir sobre la percepción pública, que era la ambigüedad más cuestionada. En la oposición leyeron esos cambios como una concesión para dejar “todo en orden” antes de la salida de Neiffert. Desde sectores con vínculos en los servicios de inteligencia fueron más lejos y sostuvieron que fue el propio Caputo quien accedió a dar marcha atrás para no acumular problemas judiciales.

El otro frente aún abierto es el del DNU 941, que reestructuró la SIDE y amplió sus facultades operativas, incluyendo la posibilidad de que personal de inteligencia aprehenda personas en casos de flagrancia —una atribución que hasta ahora correspondía exclusivamente a las fuerzas de seguridad—. El Gobierno había anunciado un proyecto de ley para blindar ese decreto, pero el proyecto nunca llegó al Congreso. Pasaron dos meses sin novedades, y en la última reunión de la mesa política en Casa Rosada la iniciativa no apareció en la agenda. En el caputismo dicen que “está en carpeta”, pero desde el Gobierno no dan señales de que sea una prioridad.

El mapa interno

El ascenso de Pareja en la comisión parlamentaria se inscribe en una disputa más amplia entre Karina Milei y Santiago Caputo, que viene cobrando forma dentro del oficialismo. El antecedente más reciente fue el Ministerio de Justicia: la influencia de Caputo fue desplazada con el ingreso de Juan Bautista Mahiques como ministro y Santiago Viola como secretario del área, ambos cercanos a la hermana de Javier Milei. Ahora, la Bicameral de Inteligencia sigue ese camino.

Pareja, además, es resistido por Las Fuerzas del Cielo, el espacio militante vinculado a Caputo. La tensión viene de larga data y estalló públicamente durante la última Derecha Fest, en Mar del Plata, donde el diputado fue abucheado al subir al escenario. Pero dentro de la Cámara de Diputados Pareja tiene la confianza de Martín Menem, y en ese sentido con Lule Menem, mano derecha de Karina. Además es presidente del partido La Libertad Avanza a nivel bonaerense, por lo que sus vínculos con la hermanísima ahora son fortalecidos.

La designación también generó roces con el PRO de Mauricio Macri. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo —que tiene su propio vínculo personal con Caputo—, esperaba que le ofrezcan a él la presidencia de la Bicameral, pero desde el entorno de Menem lo desmintieron: ayer en un despacho clave sostuvieron que siempre estuvo claro que las comisiones de gestión le corresponden a La Libertad Avanza. “Son para el partido gobernante”, dijo una de las fuentes consultadas.

Con Pareja confirmado, resta saber los demás nombres de la Bicameral. En el universo libertario también sonaba como ficha asegurada Gabriel Bornoroni, presidente del bloque en la Cámara de Diputados. Luego habrá que ver quiénes del PRO, así como del peronismo y del radicalismo, serán parte del organismo parlamentario que puede vigilar de cerca a la SIDE.

*Con la colaboración de María Cafferata

MC

La “guerra fría” entre Karina Milei y Santiago Caputo tuvo una tregua inesperada: la crisis de Manuel Adorni por sus escandalosos viajes en avión y las dudas sobre sus propiedades y patrimonio en general. El asesor todoterreno apareció este miércoles en la conferencia de prensa que brindó el jefe de Gabinete y en silencio siguió cómo el ministro coordinador desglosaba el guion que habían preparado durante el fin de semana largo: evitar respuestas comprometedoras, embarrar la cancha con comentarios secundarios y polemizar con los periodistas.

Adorni recurrió a Caputo luego de que la hermana del Presidente definiera darle un respaldo total al funcionario. Al asesor no le consultaron sobre qué hacer, sino cómo hacerlo: la idea de la conferencia no la aportó él, sino que fue algo “consensuado”, reconstruyó elDiarioAR de fuentes dentro de Balcarce 50. 

La presencia de Caputo en la conferencia confirmó ese alineamiento con Adorni, que no se traduce en una reconciliación con Karina: la hermanísima fue la única que no apareció con el jefe de Gabinete. Recién varias horas después de la exposición del jefe de Gabinete se sacó una foto a solas con él y tuiteó: “Mi apoyo, intacto”. A Adorni sí lo habían acompañado varios ministros: Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación). Con cada uno de ellos se reunió Adorni uno a uno posteriormente para definir la nueva agenda parlamentaria del Gobierno.

“Con mi dinero hago lo que quiero”, “usted es apenas un periodista, no un juez”, “No tengo nada que esconder”, “hablar de mi familia me parece de una bajeza”, fueron algunas de las salidas que encontró Adorni en su intervención. Pero las omisiones fueron ensordecedoras: reconoció vivir en un departamento en Caballito que no está declarado y que ayer se supo que lo adquirió siendo funcionario, tampoco aclaró sobre la casa en el country Indio Cua a nombre de su mujer, Bettina Angeletti, y omitió dio precisiones sobre cómo pagó finalmente el viaje de unos US$9.000 que hizo en un jet privado a Punta del Este. 

Según la mirada del Gobierno, la conferencia de Adorni cumplió su objetivo. “El objetivo de la conferencia fue comunicar los objetivos de la agenda legislativa”, apuntó un vocero presidencial, que entiende que el expediente Adorni no afectó “en la imagen” de Milei. Sin embargo, cada uno de los silencios de Adorni dicen aún más cosas.

El departamento de Caballito

Adorni reconoció en la conferencia que vive en Caballito, pero no quiso confirmar si ese inmueble le pertenece. El Registro de la Propiedad Inmueble lo desmintió por las suyas: el jefe de Gabinete es dueño, junto a su esposa, de un departamento en Miró al 500, según confirmó ayer La Nación. La compra no figura en ninguna de sus declaraciones juradas públicas, aunque Adorni lo justificó con un argumento formal: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”. El departamento fue publicado en venta en 2024 con dos precios: US$295.000 y US$340.000, según registró el periodista de elDiarioAR Sebastián Lacunza.

Se trataría de un semipiso de 150 m² cubiertos, con 4 ambientes, balcón al frente, cohera y baulera. “Muy bueno; hermoso”, rezaba el aviso inmobiliario de 2024.

Lo llamativo es que tampoco vendió su anterior vivienda, en la calle Asamblea al 900, en Parque Chacabuco –ese departamento apareció publicado en el sitio Zonaprop– ni su otra propiedad en La Plata, que también sigue inscripta a su nombre. En apenas dos años de gestión pasó de dos inmuebles declarados a por lo menos tres, que serían cuatro si se suma la de un country adquirida por su esposa.

La casa en Indio Cua

En noviembre de 2024, Angeletti compró la unidad funcional 380 del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En el registro bonaerense quedó constancia de que al momento de la operación estaba casada con Adorni. Las expensas del inmueble superan los $699.000 mensuales. El jefe de Gabinete no incluyó esa propiedad en la declaración jurada pública de 2024 ante la Oficina Anticorrupción, ni explicó si la volcó en el anexo reservado –que requiere un pedido especial ante el Ministerio de Justicia para acceder– ni, sobre todo, de dónde salió el dinero para comprarla.

La supuesta casa de Martínez

Un tercer inmueble también genera dudas: vecinos de una propiedad en Martínez dijeron haber visto a Adorni con frecuencia por allí. El funcionario no aclaró si tiene algún vínculo con esa casa. Su única respuesta fue que la mención de ese inmueble “es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno”. No hubo más detalles.

Los ingresos de su esposa

Angeletti se presenta como especialista en coaching organizacional. En julio de 2024, seis meses después de que Milei asumiera, fundó +BE, una consultora. Hasta fines de 2024 facturaba como monotributista; a comienzos de 2025 pasó a estar inscripta como autónoma. Adorni podría alegar que las compras de su grupo familiar se financiaron con los ingresos de ella, pero no lo dijo ni aportó ninguna explicación al respecto. Angeletti también tiene a su nombre un departamento en Parque Avellaneda –en Bragado al 4700– y otra propiedad en el partido de Morón.

La declaración jurada 

La última DDJJ disponible de Adorni, presentada en agosto de 2025 ante la Oficina Anticorrupción y correspondiente al ejercicio 2024, refleja un patrimonio que incluye dos inmuebles, dos autos, más de $2,4 millones en efectivo en el país, unos US$42.500 también en efectivo y una cuenta de ahorro en Estados Unidos con algo más de US$6.200. Entre sus pasivos declaró deudas con particulares que, convertidas a pesos, superaban los $20 y $23 millones respectivamente –montos que según publicaciones de El Destape corresponderían a préstamos de su madre y de una familiar jubilada de 95 años– y además dos créditos hipotecarios. 

La declaración correspondiente a 2025, el año en que fue candidato a legislador porteño y luego ascendió a jefe de Gabinete, aún no fue presentada: el plazo vence a mediados de este año. Será esa DDJJ la que deberá reflejar, entre otras cosas, el departamento de Caballito, la casa en Indio Cua y el eventual auto nuevo. Por ahora, hay más preguntas que respuestas.

El viaje a Punta del Este

El detonante de toda la crisis fue un video que mostró a Adorni, su mujer, sus dos hijos y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado durante el fin de semana largo de Carnaval rumbo a Punta del Este. Los vuelos se contrataron con la empresa Alpha Centauri S.A.: el de ida costó unos 4.830 dólares y fue facturado a Imhouse, la productora de Grandio, que tiene contratos con la TV Pública. El de vuelta formó parte de un paquete de diez viajes por 42.250 dólares, abonados en efectivo según la factura, que quedó a nombre de un broker de vuelos privados. Ese broker aclaró que quien reservó y pagó fue Grandio. Adorni insistió en que pagó su parte, pero no presentó ningún comprobante. Grandio, por su parte, cambió su versión al menos tres veces.

Las causas judiciales

Adorni acumula al menos tres expedientes activos en Comodoro Py, cada uno con su propio objeto. El primero, ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, investiga quién pagó realmente el viaje a Punta del Este: la semana pasada se ordenaron el levantamiento del secreto fiscal de Imhouse, el secreto bancario de esa productora y un pedido de informes a ARCA para rastrear los vínculos financieros entre Grandio, Adorni y Angeletti. 

El segundo tramita ante el juez Daniel Rafecas, con la investigación delegada en la fiscal Alejandra Mángano: el foco está en el viaje oficial a Nueva York en el que la esposa de Adorni subió al avión presidencial, y Mángano ya requirió a la Secretaría General de la Presidencia –a cargo de Karina Milei– el listado completo de pasajeros de ese vuelo. 

El tercero, que quedó radicado en el juzgado de la jueza María Servini a partir de una denuncia de Pagano por enriquecimiento ilícito, apunta directamente a la casa en Indio Cua y a la evolución patrimonial del funcionario: la jueza analiza si corresponde acumular ese expediente con alguno de los otros. 

En todos los casos, los delitos investigados van desde malversación de caudales y abuso de autoridad hasta enriquecimiento ilícito, figuras que en el Código Penal prevén penas de hasta diez años de prisión. La estrategia de Adorni ante la prensa fue invocar esas causas para no dar precisiones, alegando que dar detalles podría “entorpecer” la investigación.

MC

“Hay una frase que se la debo a Santi Caputo…”, dijo Javier Milei desde el escenario del Palacio Libertad y el auditorio estalló en aplausos de ministros, legisladores, funcionarios. Todos, menos de Karina Milei, que justo fue ponchada por la cámara en la transmisión oficial con el gesto serio y la mano izquierda sobre la cara. La escena del miércoles fue más que elocuente sobre la interna que atraviesan dos de los vértices del “triángulo de hierro”. Y ya se ve en situaciones concretas del día a día en el Gobierno, con una hermana presidencial buscando recortarle poder al asesor todoterreno. 

Karina avanza como un Pac-Man sobre el mapa de influencia de Caputo, comiendo –o buscando comer– casillas una a una. La más codiciada es la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE. El nombre que suena para desplazar al caputista Cristian Auguadra es el de Jorge “Corcho” Anzorreguy, abogado y sobrino de Hugo Anzorreguy, el mítico “Señor Cinco” que condujo la SIDE durante casi todo el menemismo. El vínculo con el karinismo es doble: “Corcho” es cuñado de Santiago Viola, el abogado que Karina impuso como viceministro de Justicia, y comparte con él el histórico estudio jurídico de los Anzorreguy. En Balcarce 50 dicen que solo falta el visto bueno familiar para que el movimiento se concrete. Pero “Corcho” ya se negó dos veces, como registró este medio ayer.

El detonante público de la intención de Karina sobre la SIDE fue la filtración del video que mostró a Manuel Adorni subiendo al jet privado en San Fernando rumbo a Punta del Este. El propio jefe de Gabinete echó más leña: dijo en LN+ que “ese video salió de adentro del Gobierno”, apuntando sin nombrarlo a Caputo, cuyo hombre controla la SIDE. En el entorno del asesor lo desmienten. Este viernes la salida que encontró el Gobierno fue apuntar contra una ignota militante del PTS y representante gremial en el aeropuerto de San Fernando. En la agrupación de Myriam Bregman rechazan de plano el dedo señalador libertario.

La SIDE sería el segundo movimiento en poco tiempo, luego de haber consumado días atrás el desembarco en el Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques. Junto a Viola como viceministro, el karinismo tiene hoy un ministerio operativo en la defensa judicial del Presidente que tanto Mariano Cúneo Libarona, pero sobre todo el caputista Sebastián Amerio –que era el vice– nunca le brindó con la misma energía.

La demostración más reciente fue el caso $LIBRA. Cuando las filtraciones del peritaje del celular de Mauricio Novelli expusieron la cercanía de Milei con los promotores de la criptomoneda y sacudió la causa judicial, fue Mahiques quien salió a plantear en televisión una estrategia defensiva: poner en duda la cadena de custodia de la prueba y sugerir que la filtración podría haber implicado adulteración del archivo. La estrategia tiene flancos débiles –la filtración ocurrió cuando el peritaje ya estaba terminado y cargado en el sistema–, pero la señal política fue clara: hay un ministro dispuesto a pararse frente a las cámaras y defender al jefe de Estado. El martes, además, Mahiques y Viola se reunieron con la Corte Suprema, una movida que este medio detalló y que consolidó la lectura de que el karinismo ya tiene interlocutores propios en el Poder Judicial. 

Al mismo tiempo, un desenlace del caso YPF generó una ironía involuntaria: cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió el proceso de discovery, el Gobierno lo celebró como un resultado “histórico” y Milei destacó el trabajo conjunto de Amerio –ahora Procurador del Tesoro– y de María Ibarzabal, la titular de Legal y Técnica. Ibarzabal es esposa de uno de los mejores amigos de Caputo y es, según el entorno karinista, el próximo objetivo en la lista. El comunicado presidencial la reivindicó justo cuando más presión recibe.

Los que siguen en la mira

La Secretaría de Legal y Técnica no sería la única posición bajo amenaza. Según pudo saber elDiarioAR, en el radar karinista también figura Guido Giana, secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud (virtual número dos de Mario Lugones), y Carlos Zamparolo, segundo al mando del PAMI, cuyo nombre ya apareció en investigaciones vinculadas a la ANDIS. Sobre Giana, además, circula en el entorno karinista la versión de que habría favorecido el posicionamiento de empresas del Grupo Güemes en distintas áreas del ecosistema sanitario, información que estaría siendo usada para pintarle las diferencias a Karina y acelerar su eventual salida.

En ese mismo frente de la interna operan Lucas “Sagaz” Luna –director de Intercargo, referente de las Fuerzas del Cielo en Tres de Febrero y uno de los hombres más identificados con Caputo en el ecosistema libertario– y su secretaria, según confirmó este medio.

El patrón es siempre el mismo: identificar a un funcionario caputista, construir un expediente de quejas y operaciones, y llevárselo a Karina. Una fuente con conocimiento directo del tema lo describe en términos descarnados: “La guerra es por plata y por sobrevivir para seguir agarrando plata. La pelea es por plata, no por el poder.”

El fortín que resiste

Hay, sin embargo, una posición que por ahora parece inmune al avance: el ARCA. Andrés Vázquez, el director ejecutivo del organismo recaudador, es uno de los funcionarios más estrechamente vinculados a Caputo y también uno de los más vidriosos: está documentado que en el pasado habría adquirido inmuebles en Miami a través de sociedades offshore sin declararlos ante la Oficina Anticorrupción, y su paso por la ex AFIP quedó asociado a estructuras que respondían a la inteligencia. A pesar de ese historial, Milei lo sostuvo y lo ascendió. Por ahora, el karinismo no da señales de que vaya a presionar por su remoción: o no puede, o no quiere todavía.

La reunión del martes en el despacho de Adorni –con Karina, Caputo, Lule y Martín Menem, Diego Santilli, Patricia Bullrich e Ignacio Devitt– buscó frenar el ritmo de los movimientos más urgentes. Pero tampoco hubo foto de la cumbre. Es que nadie en la Casa Rosada da por definitiva ninguna tregua. Caputo conserva un único pero determinante sostén: la confianza directa de Milei, que lo valora como estratega. Es el escudo que por ahora lo mantiene en pie mientras el tablero se mueve a su alrededor.

MC

El clima se volvió casi irrespirable puertas adentro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Lo que durante semanas circuló como un rumor empezó a tomar forma concreta en los últimos días con una serie de movimientos en el organigrama que encendieron todas las alarmas. Corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma de 2024 configuran un escenario de incertidumbre creciente, en medio de versiones cada vez más insistentes sobre una eventual salida de su titular, Cristian Auguadra, que fue designado en el cargo hace apenas tres meses.

“No recuerdo haber vivido algo así”, repiten en voz baja agentes de carrera que atravesaron distintos gobiernos y describen un cuadro atípico incluso para un organismo habituado al secreto y la discrecionalidad. La sensación que se impone, según pudo saber elDiarioAR a partir de distintos testimonios internos, es la de un esquema desorientado, sin una directriz clara y con niveles de intriga que comienzan a dificultar el funcionamiento cotidiano.

Pero el desconcierto no es sólo operativo. También es político. Aunque formalmente el sistema de inteligencia responde a la órbita del Poder Ejecutivo y, en los hechos, a la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, en los pasillos de 25 de Mayo 11 crece la percepción de que la conducción real está atravesada por una disputa más amplia. “Hoy su pulseada es abiertamente con Karina”, sintetizó una fuente con acceso habitual a La Casa, en referencia al avance de la secretaria general de la Presidencia sobre áreas clave del Estado, como el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, no es la primera vez que esa tensión de fondo se filtra en el funcionamiento de la SIDE. En noviembre pasado, la caída en desgracia de Sergio Neiffert había expuesto una disputa similar por el control del espionaje. Entonces, la balanza se inclinó a favor de Caputo, que logró imponer al contador Auguadra al frente de la conducción. “Santiago le ganó de mano a Karina. Fue más rápido que ella y convenció a Javier de que, si le quitaban el mando de la inteligencia, no tenía sentido su continuidad en la gestión”, deslizó una voz al tanto de lo sucedido. “Casi una extorsión emocional”, remató. Dicen que, enojada por la situación, la mujer más poderosa del Gobierno estuvo una semana sin dirigirle la palabra a su hermano.

Fichas en movimiento

Cuatro meses después de aquella batalla, la tensión volvió y se traduce ahora en movimientos concretos que pasan por debajo del radar público. En los últimos días, distintos nombres que habían sido promovidos o incorporados tras la reconfiguración del sistema, a partir del DNU de julio de 2024, fueron desplazados de sus posiciones o quedaron en una zona gris, sin funciones claras. “Los van a volar a todos”, anticipó otro de los testimonios recogidos, en alusión a una posible limpieza interna que todavía no fue oficializada pero que ya se percibe en la dinámica cotidiana. Entre las salidas recientes, fuentes del organismo mencionan la de María Laura Gnas, otrora directora de Asuntos Jurídicos de la AFI en tiempos de Mauricio Macri, una abogada de perfil técnico que ocupaba funciones de jefatura. Su corrimiento fue leído puertas adentro como parte de ese proceso más amplio de reordenamiento.

En ese contexto, empiezan a circular versiones sobre quiénes podrían ocupar los espacios vacantes. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los focos estaría puesto en el área de contrainteligencia, donde no se descarta la llegada de nuevos perfiles designados por Alejandro Cecati, quien está al frente de la otrora Agencia de Seguridad Nacional (ASN), ahora reformulada y rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) tras el polémico DNU firmado por Javier Milei en enero pasado. Se trataría, en concreto y según los rumores, de comisarios con alguna que otra experiencia en ese ámbito, lo que implicaría un corrimiento hacia perfiles con mayor impronta policial dentro del sistema.

En paralelo, otro runrún comenzó a circular con insistencia en los pasillos: el posible desembarco de figuras vinculadas a Fernando Pocino, histórico operador del submundo de la inteligencia con peso propio en distintas etapas del sistema y que supo estar al frente de la Dirección de Reunión Interior. Durante los años del kirchnerismo, Pocino fue además el archienemigo de Antonio “Jaime” Stiuso, en una disputa que marcó buena parte de la dinámica interna del espionaje argentino en esa etapa. Su nombre vuelve ahora a las conversaciones internas como señal de un eventual reordenamiento con anclaje en estructuras previas.

La superposición de estas versiones alimenta la sensación de transición abierta que atraviesa hoy a la SIDE. Para algunos, se trata del inicio de una nueva etapa en la que el control del sistema podría redefinirse. Para otros, de una deriva sin conducción unificada, que deja al organismo en un estado de provisionalidad permanente.

En ese marco, también quedó en suspenso el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que, en la pluma del subsecretario administrativo del organismo, José Francisco Lago Rodríguez, Santiago Caputo tenía previsto enviar tarde o temprano al Congreso. Se trata de una iniciativa que buscaba consolidar el nuevo esquema pero que hoy aparece atravesada por la misma interna que sacude al organismo.

Mientras tanto, según coinciden distintas voces, Karina Milei ya comenzó a mover fichas para lo que vendrá: en Balcarce 50 hablan, en voz baja, de un “casting” en marcha para encontrar al reemplazante de Cristian Auguadra. El principal candidato de la hermanísima es el abogado Jorge Anzorreguy, sobrino del histórico Hugo, titular de la SIDE durante la década menemista. Sin embargo, elDiarioAR pudo saber que “Corcho” desistió del ofrecimiento. A falta de una, dos veces. “Una respuesta negativa más y entramos al canon bíblico”, ironizó un libertario al tanto de las negociaciones, con la Semana Santa ya asomando en el calendario.

PL/MG

La avanzada reestructuradora de Santiago Caputo en la SIDE entró en un compás de espera. El asesor sin cargo quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración del video de Manuel Adorni subiéndose a un avión privado rumbo a Punta del Este, y los rumores sobre un descabezamiento político en la agencia de Inteligencia se multiplicaron. Karina Milei tiene echado el ojo a la SIDE, aunque aún no intervino activamente. Pero una cosa es segura: las dos grandes iniciativas de Caputo en materia de Inteligencia –el nuevo Plan de Inteligencia Nacional y el proyecto de ley que venía a blindar el polémico DNU 941– comenzaron a desinflarse. 

El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) había sido delineado por el ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert, mucho antes de la escena nocturna que reveló elDiarioAR y que implicó, de hecho, la ruptura del conductor político de la SIDE con su alfil en la dirección del organismo. Filtrado por La Nación poco después de su presentación, el PIN de Neiffert despertó las alarmas de la oposición y las organizaciones de derechos humanos por abrirle la puerta a tareas de espionaje interno. 

El documento, al que accedió este medio, admitía “producir información” sobre “actores estratégicos” que pretendieran “erosionar el sistema financiero” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del presidente. También habilitaba recabar información sobre “actores estratégicos” que difundieran información falsa de manera deliberada con el objetivo de “influir o manipular” la opinión pública. O, incluso, sobre aquellos “actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos”.

Las ambigüedades del PIN, que es lo que define los objetivos generales estratégicos de inteligencia y las acciones operativas para llevarlos a cabo, despertaron un mismo reclamo: sin saber a qué se refería por “actores estratégicos”, cualquier periodista u opositor al Gobierno podía ser sujeto de espionaje interno (algo prohibido por la Ley de Inteligencia). La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia así se lo advirtió a Neiffert y emitió, durante el mes de septiembre, un dictamen crítico al documento. En ese momento todavía la presidía el ex senador Martín Lousteau, que hoy pasó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

La advertencia de la Bicameral, que es la encargada de supervisar las actividades y recursos del sistema de inteligencia nacional, surtió efecto. Y dos meses después, Neiffert presentó un nuevo PIN que incluía modificaciones sobre algunos de los puntos más conflictivos. 

En primer lugar, el nuevo PIN eliminó las alusiones a la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Un dato no menor en el marco del alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump en la escalada bélica en Medio Oriente. Si bien en la oposición descuentan que la SIDE ya viene trabajando hace tiempo con los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, el PIN, de momento, no hace mención explícita a producir información sobre actores que perjudiquen la relación de la Argentina con ambos países.  

La otra gran modificación es que el nuevo PIN ya no hace ninguna alusión a “actores estratégicos” que pudieran incidir sobre la percepción pública o propiciar escenarios de inestabilidad. Esta era la gran imprecisión que le abría la puerta al espionaje político, según advertían los expertos. “La nueva redacción, en cambio, abandona la individualización de sujetos y focaliza el análisis en conductas, procesos o campañas con origen fuera del ámbito nacional”, explica uno de los integrantes de la Bicameral que tuvo acceso al nuevo documento. 

El maquillaje introducido en el nuevo plan de inteligencia representa, para la oposición, una concesión de Neiffert orientada a dejar “todo en orden” antes de su partida. Pero no solo eso: algunos dirigentes que integraron la Bicameral hasta el año pasado –la nueva composición todavía no se oficializó– deslizan que fue Santiago Caputo quien accedió a dar marcha atrás para no tener problemas judiciales. No solo por los cambios en el PIN, que se dieron a conocer en noviembre, sino también por la búsqueda de impulsar una ley que blinde el DNU 941 que reestructuró la SIDE.

“Está preparando el terreno para desaparecer con la menor cantidad de problemas judiciales posibles”, señalaban desde una oficina con vínculos con servicios de inteligencia, donde advierten que el asesor todoterreno está de salida. Los rumores de que Cristian Auguadra, el actual “Señor 5”, tiene los días contados son cada vez más fuertes: un sector del karinismo responsabiliza a Caputo por la filtración del video, por lo que la hermana presidencial ya comenzó a evaluar la posibilidad de desembarcar en la SIDE. 

¿Y la nueva ley de Inteligencia?

Tal como anticipó Pedro Lacour hace casi un mes, el Gobierno definió blindar con un proyecto de ley el polémico DNU 941 que reestructuró la SIDE. El objetivo de impulsar una nueva Ley de Inteligencia era doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Y, por el otro, sustituir una ley concebida en un contexto completamente distinto. Es decir: la ley sancionada en 2001 había quedado “vieja” y había que actualizarla. 

Más allá del interés del Gobierno por aggiornar el sistema de inteligencia argentino a los tiempos modernos, la principal preocupación de Caputo pasa por otro lado: resguardar judicialmente el DNU que, entre otras cosas, habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia. Una facultad reservada, hasta ahora, para las fuerzas de seguridad. 

Desde la publicación del DNU, a principios de enero, llovieron amparos y presentaciones judiciales que solicitaban la suspensión inmediata del decreto. Entre los fundamentos, los escritos judiciales no sólo advertían sobre las cuestiones de fondo –el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derivase, por ejemplo, en una lógica de vigilancia política–, sino también en las de forma. El Gobierno, argumentaban, no había acreditado nunca una situación real de necesidad y urgencia. 

El caputismo argumentó, en su momento, que la reforma del sistema de inteligencia era “urgente” debido al contexto internacional vigente y que no se podía esperar hasta que se habilitaran las sesiones ordinarias. Se mencionó, incluso, el secuestro de Nicolas Maduro como un argumento para apurar los tiempos. 

Pasaron dos meses, sin embargo, y el proyecto de ley no apareció. En el caputismo advierten que el proyecto “está en carpeta” y que se discutirá en los próximos meses. Pero tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada el martes, no hubo mención alguna de la iniciativa. Las prioridades, según se encargó de enumerar Adorni, eran otras. Y la ley de Caputo no era una de ellas.

MCM/CRM

La comisión de la Cámara de Diputados que investigó el caso $LIBRA pidió que se aparte el fiscal Eduardo Taiana y que se interpele a los hermanos Milei, además de al asesor Santiago Caputo y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La ofensiva parlamentaria se conoce poco después de las filtraciones del teléfono de Mauricio Novelli sobre sus insistentes contactos con todo el Gobierno al momento del lanzamiento de la cripto, el 14 de febrero del año pasado, y un supuesto borrador de un acuerdo por US$5.000.000 para la participación de Milei.

“El caso es una estafa y un hecho de corrupción millonario”, lanzó el diputado Maximiliano Ferraro, que fue presidente de la comisión especial durante el año pasado. Denunció que hubo “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”.

“$LIBRA tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, advirtió Ferraro al encabezar una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Los ex integrantes de la comisión investigadora anunciaron que resolviero denunciar al fiscal Taiano por “entorpecer la causa”; requerir que el presidente Milei y su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, “den las explicaciones que tienen que dar”, por lo que se presentará un “proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados” respondan sobre el caso.

“Karina Milei no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token Libra”, consignó Ferraro. Además la comisión resolvió evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y “continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.

Por su parte, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que “Milei mintió” porque “dijo que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto”. Sin embargo en numerosas oportunidades el mismo 14 de febrero del año pasado habló con Mauricio Novelli.

MC

Javier y Karina Milei aterrizaron el miércoles a las 16:33 en Buenos Aires luego de visitar Chile y de su paso por Nueva York y Miami, pero tardaron 24 horas más en salir a defender abiertamente a Manuel Adorni, envuelto en un escándalo por haber subido al avión presidencial a su esposa y de haber viajado en un jet privado a Punta del Este. El apoyo cerrado del Gobierno al jefe de Gabinete llegó recién en la tarde de este jueves, en una jugada coordinada en lo discursivo que habilitó la hermana del Presidente, “El Jefe”.

“Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, tuiteó la secretaria general de la Presidencia a las 14.51 de ayer y a partir de ese momento hubo una catarata de mensajes en apoyo a Adorni desde todas las terminales del Gobierno, como el propio Milei, el asesor Santiago Caputo, Martín Menem (titular de Diputados) y los diferentes ministros. Al final del día el jefe de Gabinete le puso el broche a la narrativa oficial: sin aclarar los costosos viajes con su esposa, admitió un “error” por haber dicho “deslomarse”.

“Salieron todos a bancar. Lo lógico en un equipo. El Jefe es muy ordenador, da un panorama, y si sale ella, es mejor para todos después salir”, explicaron desde es un despacho con poder sobre el detrás de escena. La narrativa fue la de una conspiración detrás de las denuncias. Karina le puso palabras a una defensa oficialista que había empezado tímidamente por la media mañana con la ministra Sandra Pettovello publicando una foto junto a Adorni, que luego repostearon Luis Caputo y hasta Adorni.

Pero la movida comunicacional dejó una incógnita interna: ¿por qué tardó tanto el Gobierno en reaccionar? Y una más: ¿qué se dice realmente en La Libertad Avanza debajo de la espuma? El escándalo comenzó tras el fin de semana por la revelación de la foto de la mujer de Adorni –Bettina Angeletti– con la comitiva en Nueva York, se acrecentó con la argumentación de “deslomado” que dio el propio ministro el martes y estalló este miércoles cuando elDiarioAR reveló el viaje privado a Punta del Este. 

Además, ya hay consecuencias judiciales del episodio. La Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación contra Adorni por sus dos viajes en cuestión. Por otro lado, la denuncia de la diputada Marcela Pagano recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien fue propuesto por el Gobierno para ocupar la Corte Suprema.

Milei y su hermana se encerraron en Olivos tras llegar de Chile el miércoles. Hubo diálogo con algunos ministros, como el de Interior, Diego Santilli, que tenía en agenda visitar Expoagro junto con la secretaria General de la Presidencia. Este jueves Milei armó las valijas de nuevo, porque a las 23 partió hacia España en un viaje ultralibertario: no tendrá audiencia oficial con Pedro Sanchez o la realeza, sino que se reunirá con Santiago Abascal –líder de Vox–, disertará en una conferencia ultra y se verá con el alemán Philipp Bagus, quien tiene su propio prontuario con el mandatario: su esposa es la española Eva María Carrasco Bañuelos, que aunque no tiene lazos con el país fue designada como directora del Colegio Mayor Argentino en Madrid con un sueldo de unos 6.000 euros, como reveló este medio en enero 2025.

Mientras Adorni se quedó en Nueva York para cerrar el Argentina Week y volverá el fin de semana en el vuelo particular –según él mismo explicó– que sacó con su dinero, tanto él como su esposa, que pagó unos US$5.400 ida y vuelta –aunque la ida la habría perdido porque se subió al Tango-01–. El ministro coordinador se mostró incluso con su esposa en varias reuniones con empresarios e inversores norteamericanos.

Pero debajo de la superficie el ruido no acaba en el mundillo libertario. “Es un garrón y el archivo es muy crudo”, dijo un funcionario sobre la doble vara que usó el oficialismo para defender a Adorni, cuando él mismo cuestionaba actitudes similares del kirchnerismo. El ministro coordinador aseguró que fue “Presidencia la que invitó” a su esposa al Tango-01: Angeletti no solo es su esposa, también “se lleva súper bien con Karina”, dijo a elDiarioAR alguien que la conoce. Si la decisión de llevar a la Nueva York no fue solo de Adorni, explicaría la defensa cerrada de todo el Gobierno.

El paraguas comunicacional cerró además la grieta entre Karina Milei y Santiago Caputo. “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”, tuiteó el asesor monotributista a las 15.09, veinte minutos después de El Jefe. 

El asesor permaneció las últimas horas en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. “Quizás no fue la mejor manera de defenderse, que podría haber sido más cuidadoso y no decir ‘deslomando’”, le recomendaron a Adorni desde una de las usinas de Caputo. La Oficina de Respuesta Oficial, que encabeza el tuitero caputista Juan Pablo Carreira –que fue con Milei, Adorni y su mujer a Nueva York–, no negó lo innegable pero sí lanzó mensajes en la red social X para cuestionar opositores sobre las críticas a Milei.

La defensa a Adorni llegó incluso a las huestes libertarias a través de Sebastián Pareja, mandamás en el territorio bonaerense. El diputado nacional distribuyó por WhatsApp entre su base de dirigentes un tuit suyo –que salió después del de Karina Milei– y la consigna “TE BANCAMOS, MANUEL”. Hubo obediencia automática, pero por lo bajo se registraron críticas muy filosas al jefe de Gabinete. “Vos imaginate si le pasa a alguno que no sea el salame este, que es favorito de Karina… es un tarado, un hijo de puta”, le dijo un legislador de LLA a este medio. La fuente anticipó que la polémica continuará, porque la oposición tiene con qué buscar pegarle al Gobierno: “En el Congreso, en la Legislatura y hasta en los Concejos Deliberantes van a estar todos hablando contra Adorni”.

Por lo pronto, el Gobierno acusó el golpe. “ÁNIMO @madorni”, tuiteó el presidente Milei, también después de su hermana. El mensaje revela que la situación afectó personalmente al ministro coordinador, quien aprovechará las últimas horas para distenderse en Nueva York porque recién volverá este sábado, luego de haberse “deslomado” durante toda la semana.

MC