En medio de los escándalos de corrupción que golpean a la Casa Rosada —la renuncia de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, la causa $LIBRA y las coimas en la ANDIS—, el asesor presidencial Santiago Caputo salió a defender la gestión de Javier Milei con un extenso posteo en X y afirmó que la baja del gasto público es “la reducción más grande de la historia en materia de corrupción”.

Santiago Caputo, el asesor más cercano a Javier Milei, salió este jueves a bancar el historial anticorrupción de la gestión libertaria a días de la caída de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. “Ningún gobierno ha hecho más contra la corrupción que este gobierno. La explicación es simple”, arrancó en su cuenta de X.

El consultor no es funcionario público —factura al Estado como monotributista—, pero se maneja con custodia de la SIDE y en vehículos oficiales, como pudo revelar en varias oportunidades elDiarioAR.

La frase, que abre el hilo, es la que mejor resume la operación retórica del mensaje: reduce los escándalos a una fórmula abstracta que no obliga a explicar ninguno de ellos en particular. “La corrupción es inherente al Estado. Allí donde haya un burócrata que puede vender un favor hay alguien dispuesto a comprarlo”, siguió.

El razonamiento de Caputo repite una de las premisas centrales del ideario libertario que el Gobierno viene sosteniendo desde la campaña de 2023: la corrupción no es un problema de quién ocupa el cargo, sino del tamaño del Estado. “Ningún empresario puede comprar un favor que un político no puede vender”, citó, atribuyéndole la frase a Milei, para concluir que “la única solución real y material para enfrentar el problema de la corrupción estructural es reducir el Estado a su mínima expresión”. Cerró pidiendo que las organizaciones de transparencia “condecoren” al Gobierno como “el más transparente de la Historia” y calificó de “improcedentes e infundadas” a las opiniones contrarias.

La salida de Adorni, todavía fresca

El posteo no es un exabrupto aislado: llega apenas cinco días después de que Manuel Adorni presentara su renuncia a la Jefatura de Gabinete, el sábado 27 de junio, en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juzgado de Ariel Lijo.

El caso se destapó en marzo, cuando trascendió que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, había viajado en el avión presidencial a Nueva York, y que la pareja había hecho un viaje a Punta del Este en un avión privado contratado por Marcelo Grandío, un productor con contratos vigentes con la Televisión Pública —ese viaje derivó además en una causa por dádivas—. A partir de ahí se conocieron una casa en el country Indio Cua Golf Club a nombre de Angeletti y la compra y reforma de un departamento en Caballito, ninguno declarado hasta entonces. A mediados de junio, y ya acorralado, Adorni presentó una declaración jurada rectificada que “blanqueó” un aumento patrimonial superior al 400% en términos reales desde su llegada a la función pública, que atribuyó a inversiones en bitcoin hasta entonces no declaradas.

Antes de renunciar, Adorni enfrentaba un pedido de interpelación y una moción de censura en el Congreso —impulsados por el kirchnerismo, Provincias Unidas y el bloque justicialista del Senado— que la semana previa no habían conseguido quórum, pero que amenazaban con prosperar después de que Mauricio Macri adelantara que el PRO acompañaría la interpelación. En su carta de renuncia, Adorni se quejó de haber sido “tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas. Milei lo reemplazó con Diego Santilli, hasta entonces ministro del Interior.

No es el único frente abierto

El mensaje de Caputo llega, además, con dos causas de corrupción activas que involucran directamente al círculo íntimo del Gobierno, y en las dos el propio Gobierno eligió el repliegue antes que la colaboración.

Por un lado, $LIBRA, la causa que investiga la fiscal María Romilda Servini por la promoción presidencial de una criptomoneda que se desplomó minutos después del posteo de Milei que la impulsó. El propio Gobierno había creado en febrero de 2025 una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para “recabar información” sobre el caso; la disolvió por decreto tres meses después, en mayo, sin publicar ningún informe con resultados. En paralelo, la comisión investigadora de Diputados nunca logró que declararan ni el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ni el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, ni la propia responsable de la UTI, Florencia Zicavo —todos citados y nunca presentados—, lo que motivó denuncias penales de la oposición por incumplimiento de deberes. El informe final de la comisión, aprobado en noviembre de 2025, habló de estafa, responsabilizó directamente a Milei y denunció “encubrimiento judicial”.

Por otro, la causa por coimas en la ANDIS, abierta en agosto de 2025 a partir de audios atribuidos al entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se habla de retornos del 3% en contratos de medicamentos que —según esos audios— llegaban a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo no era un funcionario cualquiera: fue abogado personal de Milei desde que lo reclutó en 2021 para su lista de candidatos a diputado, y según reconstruyó Chequeado fue una de las cuatro personas que más veces visitó a Milei en Olivos entre enero de 2024 y marzo de 2025, con 38 ingresos. El Gobierno lo echó de la ANDIS apenas se conocieron los audios. Spagnuolo y otros dieciocho funcionarios fueron procesados en febrero de este año, señalado por el juez Sebastián Casanello como cabeza de una asociación ilícita; la Justicia ordenó peritar los audios y el propio Spagnuolo se niega a dar una muestra de voz. El escándalo llevó a que el Gobierno disolviera la ANDIS y trasladara sus funciones al Ministerio de Salud.

La Fundación Faro, que crearon los libertarios de Javier Milei para propagar sus ideas, presentó con casi un año de demora su primer balance, el de 2024, ante la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, y todavía no cumplió con la obligación de acercar las cuentas de 2025, pese a que debió haberlo hecho antes del 30 de abril pasado. Pero no sólo eso: omitió declarar quiénes eran sus grandes aportantes, pese a que debe hacerlo, y sólo los informó a la IGJ después de que elDiarioAR advirtiera sobre el faltante en un artículo publicado el 31 de mayo. El 1 de junio la IGJ reclamó el listado a la fundación, que los detalló tres días más tarde.

Entonces elDiarioAR volvió a solicitar a la IGJ el balance 2024 con el objetivo de conocer el anexo referido a los donantes. Pero esta dependencia que encabeza Alejandro Ramírez sólo suministró otra vez las cuentas de la fundación, pero no el detalle de los aportantes, sin más explicaciones. La respuesta lleva la firma de María Luciana Ducca, responsable de despacho y documentación de la IGJ. elDiarioAR consultó a Andrea Basile, jefa del Departamento Contable de Entidades Civiles de la IGJ y quien firmó la recepción del balance de Faro, pero la funcionaria remitió al área de prensa del organismo. “En la IGJ dicen que ya se dio todo lo que corresponde dar según el pedido”, explicó la responsable de comunicación del ministerio que encabeza Juan Bautista Mahiques.

Días antes, el portal Chequeado había formulado un pedido de acceso a la información específico a la IGJ para consultar los donantes. El organismo respondió lo siguiente: “Dicha declaración jurada no forma parte de los estados contables de la entidad y no constituye documentación registral de acceso público. En consecuencia, la Inspección General de Justicia ni ningún sujeto obligado se encuentra habilitada a suministrar información sobre ella, por prohibición expresa de la ley 25.246, vigente desde 2000”, en alusión a la norma de lucha contra el lavado de dinero. “La normativa vigente, independientemente de la entidad de que se trate, impone confidencialidad sobre toda la información recabada en cumplimiento de las obligaciones del régimen PLA/CFT”, se refirió a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. “Divulgar esa información a personas no autorizadas por la ley implicaría una violación directa del marco normativo bajo el cual fue obtenida”, completó la IGJ.

Pero en 2017 regía esa misma norma antilavado, pero la IGJ bajo el gobierno de Mauricio Macri suministró a este cronista los balances de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Formar, con el detalle de quiénes eran sus principales donantes. Y así fue publicado en Chequeado y la revista Noticias. En ese momento se pudo saber que el Banco Ciudad, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Autopistas Urbanas (AUSA), Adecoagro, Despegar, OSDE, Minera Alumbrera, IRSA, los banco Santander, Comafi y Galicia, Pan American Energy (PAE), la Fundación Banco Macro y Farmacity aportaron a esas fundaciones. Es decir, la administración de Cambiemos no tuvo problemas en entregar los balances con la lista de aportantes, pero ante el mismo tipo de solicitud la de La Libertad Avanza los oculta.

Por ahora no se sabe quiénes aportaron los $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) que recabó Faro en 2024. En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de aquel año, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Bettina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, embajadora de la Marca País y ahora presidenta de la Iniciativa del Sector Privado de la Organización de Estados Americanos (OEA); Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.

Esta noche, otra vez en el mismo club, Faro recaudará fondos en una cena en la que hablará el presidente de la Nación. También comparecerá el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, que oficiaba como economista de la fundación hasta que en diciembre pasado asumió como diputado. En esta organización donde los Neuss y Francisco Caputo, hermano del asesor, están involucrados en la recaudación de fondos, el presidente es Ignacio María Bilbao de la Vieja; el director ejecutivo, Agustín Laje, secundado por el chileno Axel Kaiser, y el director académico, Martín Krause.

AR/MG

El conflicto entre Karina Milei y Santiago Caputo actúa como un motor de la acción de gobierno.

Desde las elecciones de medio término, en octubre pasado, la crónica narra la determinación de la secretaria general de la Presidencia para arrinconar al asesor privilegiado, alguna vez, vértice del “triángulo de hierro”. La inquina mutua se traduce en desplantes, denuncias penales, rienda suelta a agravios que encuentran emisarios que los filtren y operaciones con indudable factoría de inteligencia.

La pelea de fondo es por la ocupación de terminales de decisión y el manejo de presupuestos. En el robo sistemático expuesto en la Agencia de Discapacidad, la saga Adorni y las negociaciones con las provincias, siempre hay una versión surgida de despachos oficiales que explica lo ocurrido como una esquirla de la disputa central.

En teoría, la hermana de Milei tiene las de ganar. Testigos de la relación fraternal indican que prima el maltrato mutuo, pero que la posición de autoridad reside en Karina. “El Jefe” y “Dios”, definió el mandatario. Habrá que creerle.

La ofensiva de Karina en el último semestre incluyó la remoción de la gente de Santiago del Ministerio de Justicia y el consecuente manejo del nexo con los tribunales federales de Comodoro Py, una guerra inconclusa por la SIDE y hasta tabiques físicos en Casa Rosada para que los periodistas acreditados no puedan tener contacto con el asesor. “El Jefe” y los Menem se especializaron en gozar sus victorias en fotos oficiales en las que Santiago pierde toda el aura de Peaky Blinders que intenta construir.

Sin embargo, hay áreas de negocios que el asesor no suelta. La impeorable gestión en Salud de Mario Lugones, padre de un socio del asesor, no parece en riesgo de ser ocupada por un karinista. ARCA y la Secretaría de Inteligencia, un tándem temible, siguen bajo la órbita de allegados al “hermano de la vida” de Milei.

Esta semana, dos decisiones gubernamentales coronaron ganadores económicos de los más importantes del ciclo Milei. No se explicarían tal como acontecieron sin la mano de Santiago Caputo.

Un imán

El jueves, el Ejecutivo confirmó que la belga Jan de Nul y su socia local Servimagnus, de la familia Román, tendrán a su cargo durante los próximos 25 años la vía navegable Paraná-Paraguay, por la que se transporta el 80% de las exportaciones argentinas. La facturación anual promedio ascenderá a US$628 millones.

Durante dos años, circularon versiones sobre terminales políticas y económicas tanto del consorcio ganador, como del que resultó el principal competidor, encabezado por la también belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME).

La licitación fue objeto de un intenso lobby empresarial y diplomático, y de una puja politica que alguna vez llevó a Santiago Caputo a advertirle a Mauricio Macri que no se quedaría con la hidrovía.

Según una insistente versión proveniente tanto en ámbitos políticos como empresariales, el factor Caputo aparece a través de la firma Neuss, mencionada como contratista cantada para las tareas de dragado.

Soda Neuss Belgrano fue fundada en 1891 por un inmigrante alemán. En el siglo siguiente, la firma amplió sus negocios, y a mediados de la década de 1990 se asoció a la francesa Thales para el control del espectró radioeléctrico, una de las privatizaciones más venales de los años de Menem. Fue uno de sus picos de fama. En 2020, plena pandemia, Jorge Neuss, nieto del primer emprendedor, volvió a los titulares cuando asesinó a su esposa, Silvia Saravia, y luego se suicidó, en su casa del barrio privado Martindale.

Tres años después del homicidio, Milei llegaría a la Presidencia, y dos de los hijos de la pareja, Patricio y Juan, encabezarían una expansión acelerada. Acaso su cercanía a Santiago Caputo, nacida en la adolescencia compartida en Martindale, les despertó el interés de hacer más negocios con el Estado.

Con la empresa Edison, los Neuss y sus socios ganaron licitaciones de dos centrales hidroeléctricas en el Comahue y se transformaron en accionistas de la transportadora eléctrica Transener. Firmas emblemáticas nacionales, como la generadora de electricidad Genneia, de los Brito; Newsan (electrodomésticos), de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli; e Inverlat (Havanna), de Guillermo Stanley y el exfuncionario PRO Federico Salvai, sintieron una súbita propensión a asociarse con los herederos de la fábrica de soda para participar en licitaciones.

Coincidentemente, los Neuss son aportantes centrales de la Fundación Faro, el sello recaudador del divulgador antifeminista Agustín Laje, que en la divisoria de aguas entre Karina y Santiago, se cuenta del lado de éste.

La oficialización de la concesión de la Hidrovía tuvo lugar el jueves, en simultáneo con la aprobación de la compra de Movistar Argentina por parte de Telecom Argentina, el brazo de telecomunicaciones e internet del Grupo Clarín.

¿Y “la gran estafa”?

Hace meses, Telecom anticipó, en conversaciones informales con proveedores y empleados, que la aprobación de la compra de Movistar Argentina sería inminente. Horas después del dictamen de la Autoridad de la Competencia que dio el visto bueno con condiciones, llegó la confirmación oficial para todo el personal, en un texto de innegable sabor a tarea cumplida.

Desde que la empresa de Clarín anunció la compra de la filial argentina de Movistar/Telefónica a cambio de US$1.245 millones, en febrero de 2025, Luis Caputo encabezó la objeción a la operación en los términos que pretendía el gigante de medios y telecomunicaciones.

Más allá de versiones sobre sus motivaciones, el ministro se apoyaba en criterios anticoncentración. La acusación de Milei titulada “La gran estafa”, fijada en su perfil de Twitter, de que Clarín forjó su expansión sobre la base del robo y la extorsión alimentó la especulación de ciertos observadores de que el gobierno estaba dispuesto a sostener la pelea.

Los números de la fusión hablan por sí solos. Telecom Argentina y la ex-Movistar Argentina suman 40 millones de líneas móviles —58% del mercado argentino—, 5,8 millones de clientes de banda ancha —50%—, 3,8 millones de hogares con TV paga —40%—, y más de tres millones de líneas fijas —75%—. Apenas se agudiza la mirada en el reparto del mercado en provincias y ciudades específicas, la prevalencia se transforma en dominio.

Caputo transmitió que pisaría sobre seguro para evitar cautelares eternas que Clarín suele conseguir en tribunales federales. Así, el gobierno conformó la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), con integrantes electos por concurso y ratificados por el Senado.

Mientras, los contenidos del Grupo Clarín seguían alternando segmentos hiperoficialistas con otros críticos y artillería pesada contra la voraz sociedad Adorni-Angeletti, y el tuit agraviante de Milei seguía allí.

Una dinámica singular de amor-odio de la que no dan cuenta ni el gobierno ni Clarín, y que da lugar a sospechas fundadas sobre una segunda realidad debajo de publicitados encuentros y desencuentros

De la letrina en que el Soez transformó sus redes sociales, no se salvaron unos cuantos periodistas de Clarín, ni siquiera algunos que explicitan amplias coincidencias con el ultra. Al mismo tiempo, el mandatario mantuvo su preferencia por segmentos del Grupo o de su socio La Nación para disparar a sus anchas en charlas amenas, como si estuviera en su casa: una dinámica singular de amor-odio de la que no dan cuenta ni el gobierno ni el emporio comunicacional, y que da lugar a sospechas sobre una segunda realidad debajo de publicitados encuentros y desencuentros.

Unos tres meses atrás, la confianza que reinaba en Economía de que se impondrían severos criterios anticoncentración se vio resquebrajada. Otra vez, la mano de Santiago Caputo.

El asesor intervino a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), una de las terminales que maneja.

La ANC terminó por aceptar casi en su totalidad un dictamen de ENACOM de marzo pasado. La compra de Movistar por parte de Telecom quedó condicionada al desprendimiento de 6 millones de clientes de telefonía móvil —15% de los 40 millones resultantes de la fusión—, 211.400 abonados a banda ancha en apenas 28 localidades —3,6% de los 5,8 millones— y devolución de 130 MHz del espectro radioeléctrico.

Si se cumple la desinversión pautada, el país quedaría con dos operadores principales de comunicaciones móviles (Telecom y Claro), más el tercero —muy rezagado— que surja de la compra de los 6 millones de abonados de los que deberá desprenderse la empresa de Clarín; uno de telefonía fija (Telecom); dos hegemónicos de TV paga (Telecom y DirecTV) y un actor principal en banda ancha fija (Telecom), muy por delante de los competidores. Ninguna economía relevante de América Latina exhibe una realidad similar.

Para Martín Becerra, investigador del Conicet y docente de políticas de comunicación en universidades públicas, el dictamen tiene una lectura inequívoca: victoria de Clarín y capitulación de Milei.

Becerra introduce la variable de las condiciones agobiantes que impone la economía ultraderechista y se hace una pregunta básica. “Más allá de las módicas cláusulas de desinversión que impone la ANC, ¿qué empresa se verá tentada de invertir en una economía recesiva, con las familias en pleno recorte de gastos, si además debe competir con un actor que ya cuenta con una altísima penetración en el mercado e infraestructura mayorista y minorista, en lo que se conoce como última milla, lo que supone una amplia ventaja comercial?”.

En Telecom Argentina, la mirada es distinta. Transmiten que lo decidido por la autoridad regulatoria es una remediación excesiva, porque pierde la perspectiva real del negocio. En el argumento de la firma, la lectura no debe posarse tanto en las porciones del mercado argentino, sino en la naturaleza de una industria en plena transformación.

Las grandes plataformas de streaming —Netflix, Youtube— y la inteligencia artificial demandan un ancho de banda exponencial, que pone en estrés la infraestructura de las empresas de telecomunicaciones y las obliga a una exigente inversión anual.

“Esas empresas tienen enormes márgenes de ganancia y se desentienden por completo de la infraestructura necesaria para que circulen los contenidos”, dijo una fuente de Telecom Argentina.

Además, en la firma hermana de Clarín ponen el foco en la identidad de los competidores. Por ejemplo, Starlink, de Elon Musk, que en menos de dos años logró un millón de clientes para internet satelital, sobre todo en zona rural, y Claro, del mexicano Carlos Slim, uno de los grandes jugadores globales del rubro, que queda ahora como único competidor en telefonía móvil, con 40% del mercado.

Por fuera de ellos, los otros nombres que tallan fuerte en el negocio son DirecTV, del Grupo Werthein —con importantes terminales en el gobierno de Milei—, con cerca del 35% del mercado de TV paga, y Telecentro, la empresa de cable de Alberto Pierri, con cerca de 6% de market share. Ambos son mencionados como probables compradores de los segmentos de los que ahora debe desprenderse Clarín.

Para Becerra, aunque es un dato que plataformas como Netflix y Youtube tienen un volumen de facturación y ganancias muy superior al de una empresa de telecomunicaciones como Telecom Argentina, el interés de los usuarios por los contenidos en streaming aumenta la dependencia de proveedores de banda ancha, por lo tanto, el negocio es compartido.

Hasta decir basta

Milei dice que apuesta a abrir las fronteras de Argentina a los motores de la Inteligencia Artificial. En sus viajes por el mundo para buscar premios berretas, también logró fotos con tecnoemperadores que dicen admirar su impulso a un mundo sin reglas.

Se verá cuánto del encandilamiento del ultraderechista con las nuevas fronteras tecnológicas se traduce en inversiones, y si, eventualmente, al país le queda algo útil en cuanto a trabajo y desarrollo, o sólo se transformará en un enclave de ganancias extraordinarias que se cobrarán en otra geografía.

Por ahora, el Presidente reconfigura un mercado con un ganador tan tradicional y argentino como Clarín.

Es probable que, sin mucho más para conseguir en este turno, la relación del multimedios con el gobierno ultraderechista carezca de incentivos para mejorar. Hay indicios para pensarlo.

En tiempos de Carlos Menem, cuando Magnetto y Ernestina Herrera de Noble lograron remover los obstáculos legales para transformar la empresa en un multimedios, con acceso a la propiedad de Canal 13 y Radio Mitre, la relación con aquel mandatario se volvió conflictiva.

Unos 17 años más tarde, los Kirchner le concedieron a Clarín la fusión de Cablevisión y Multicanal, clave para la expansión posterior a la banda ancha. De inmediato, comenzó una guerra que todavía hoy sigue dividendo en parte las aguas de la política argentina.

Sólo con Mauricio Macri, quien le dio al Grupo vía libre para hacer pie en Telecom Argentina y multiplicar varias veces el volumen del negocio, la relación continuó en armonía hasta hoy.

La cultura y el prisma económico de Clarín y Milei tienen inocultables puntos de desencuentro.

En primer lugar, porque el negocio de Telecom Argentina es muy sensible al mercado interno. Una economía vigorosa, con crecimiento del consumo en todos los segmentos sociales, es crucial para el mayor uso de la conectividad en general. La apuesta al crecimiento del PBI vía exportaciones del agro y Vaca Muerta, más los negocios financieros, no parece la mejor receta para que los hogares populares de Buenos Aires, Córdoba y Rosario cuenten con ingresos suficientes para adherirse a un canal premium de la TV paga y sumen prestaciones al celular para navegar más.

El tiempo dará su veredicto. Por lo pronto, Adorni mintió tanto, le quemó tanto la plata, se dejó secudir de tal manera por los colchones línea superior, la cascada y los resorts caribeños, que se ganó legítimamente el prime time de TN hasta que alguien diga basta.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El asesor presidencial Santiago Caputo salió este martes a defender la reforma judicial que el gobierno de Javier Milei oficializó por decreto. A través de su cuenta en X, Caputo cuestionó el decreto 222/2003 —la norma que el Gobierno derogó en sus aspectos centrales mediante el Decreto 467/2026— y la calificó como “una de esas anomalías institucionales que se fabrican so pretexto de conceptos como la transparencia para no afrontar el problema de fondo”.

Para el asesor, el argumento de quienes defienden la participación ciudadana en la designación de jueces es un desvío respecto del diseño constitucional. “El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado”, escribió.

Caputo ubicó la discusión en un marco más amplio. “La Argentina tiene un montón de problemas institucionales derivados de la falta de comprensión de la clase política de las instituciones básicas del sistema republicano. Básicamente porque hemos sido una república en nombre simplemente durante décadas”, sostuvo. Y cerró con una frase que evoca la Constitución de 1853: “El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Si tienen un problema con eso, lo que hay que hacer es elegir mejores senadores”.

La posición del asesor contrasta con las críticas que recibió la medida desde el derecho constitucional. Especialistas como Andrés Gil Domínguez y Federico Ambroggio cuestionaron que la reforma elimina no solo la participación ciudadana directa sino también los criterios de diversidad de género, procedencia regional y especialidades jurídicas que el decreto 222 imponía al presidente al momento de cubrir vacantes en la Corte. Para ambos, la instancia del Senado no reemplaza la posibilidad de objetar una candidatura antes de que el Ejecutivo tome la decisión.

El Decreto 467/2026 fue firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y se publicó este martes en el Boletín Oficial. Su objetivo declarado es agilizar el proceso de designación en un contexto en que el Gobierno necesita cubrir al menos dos vacantes en la Corte Suprema, además del cargo de Procurador General y Defensor General de la Nación.

Un día después de que elDiarioAR publicara el balance 2024 de la Fundación Faro, con $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) en donaciones, y de que advirtiera que se había incumplido con el deber legal de informar allí quiénes eran sus grandes donantes, aquellos que habían aportado el equivalente a más de US$10.000, la Inspección General de Justicia (IGJ) le pidió el lunes pasado a la organización libertaria que los informara. Apenas 72 horas después, el jueves, Faro contestó a la IGJ con el detalle de los contribuyentes. La información aún no es pública: cualquier interesado podrá pedirla a partir de ahora a través de un trámite a distancia.

Faro, la fundación que decidieron armar el presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo para juntar fondos de empresarios comprometidos con su proyecto político, demoró casi un año en presentar su primer balance. Las cuentas al 31 de diciembre de 2024 debían presentarse hasta el 30 de abril de 2025, cuatro meses después del cierre del ejercicio. Pero lo hizo el 10 de abril de 2026, después de una nota del portal Chequeado en la que se advertía sobre el faltante y en el que se informaba que la fundación había invertido más de $1.000 millones en propaganda política en redes sociales entre marzo de 2025 y el mismo mes del año actual.

Pero Faro incumplió con la obligación de acompañar su balance con el detalle de los grandes donantes. El 6 de mayo, elDiarioAR pidió el estado contable 2024 y lo obtuvo el día 22. El 31 lo publicó con el alerta sobre la falta de información sobre los aportantes. Y así es que la IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia, reaccionó.

En diversos medios de comunicación se interpretó que la requisitoria de la IGJ, situada bajo las órdenes del ministro Juan Bautista Mahiques y la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondía a la pelea interna con el rival de la hermana del presidente, Caputo. En las filas del ministerio lo negaron: “Hay quienes tienen ganas de inventar entramados políticos de algo ordinario que encima es de carácter público”.

“La vista (el pedido de información de la IGJ a la fundación) es porque le faltaba un requerimiento meramente formal que se olvidaron de adjuntar: un anexo que es pedido por ley”, ampliaron en las filas de Mahiques. “Hicieron la aclaración y en menos de 30 horas se subsanó el error. Todo está dentro de los plazos normales, es lo que demoramos y el pedido no es una excepción”, agregaron.

Este cronista ya había investigado en su momento las fundaciones políticas en 2017 para Chequeado y la revista Noticias y se había encontrado con que la Fundación Dar, de Daniel Scioli, entonces ex candidato presidencial peronista, ahora funcionario libertario, nunca había presentada nada ante la IGJ, mientras que tres fundaciones del PRO sí habían cumplido, Pensar, Suma y Formar, sí había cumplido con la norma que las obliga a informar sus balances. Eso sí, a veces detallaban sus donantes, otras veces lo hicieron después de reclamos de la IGJ y en ciertas oportunidades este periodista preguntó a las autoridades por qué el organismo dependiente del Ejecutivo no lo había requerido. Pero en todos los casos se terminó haciendo público el listado de grandes donantes. Es de esperar que ahora suceda lo mismo con Faro.

La fundación que preside Ignacio María Bilbao de la Vieja y dirige Agustín Laje había mantenido hasta ahora ocultos sus donantes ante los pedidos de la prensa. Ahora debió informarlos a la IGJ. Corresponde que este organismo lo informe a cualquier periodista en particular o ciudadano en general que le reclame. Siempre ha sido información pública y así debería seguir siéndolo.

En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de 2024, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos de Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Betina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, y embajadora de la Marca País; Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico y amigo de Laje; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio), la francesa Total y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.

AR/CRM

El fin de semana, el asesor presidencial Santiago Caputo usó su cuenta de X para desestimar como “falsedades y datos incorrectos” las investigaciones periodísticas sobre la Fundación Faro, el think tank libertario que dirige Agustín Laje. Lo que el asesor de Javier Milei no mencionó es que, días antes de su tuit, la Inspección General de Justicia (IGJ) ya había intimado formalmente a la entidad a revelar quiénes realizaron las donaciones millonarias que declaró haber recibido durante 2024. El requerimiento es un acto administrativo con plazos, sanciones y firma oficial.

La intimación de la IGJ —organismo que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques— fue notificada el 1 de junio y le otorgó a la Fundación 10 días hábiles para responder. El organismo le exigió la presentación del llamado “Anexo XIII”, una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos que la normativa vigente obliga a adjuntar cuando se reciben donaciones superiores a 40 salarios mínimos en un período de 30 días. elDiarioAR reveló que la fundación de propaganda libertaria recaudó US$4,8 millones el primer año del gobierno de Milei.

A diciembre de 2024, cada aportante contribuyó con unos $11 millones, alrededor de US$10.600. La Fundación Faro presentó su balance en abril de 2026, con 12 meses de retraso, y en él no figura el detalle de los donantes. De allí el requerimiento. Si no responde en tiempo, las sanciones previstas van desde el apercibimiento público hasta multas millonarias.

Lo que la IGJ quiere saber es, en definitiva, lo mismo que reveló elDiarioAR la semana pasada: quiénes pusieron el dinero. Según el balance presentado por Faro ante el propio organismo, la entidad declaró ingresos por casi $5.000 millones en concepto de “Donaciones, cursos, talleres y prevención” durante 2024, su primer ejercicio bajo la estructura actual. Al tipo de cambio de ese momento, la cifra equivale a US$4,8 millones. Para dimensionarlo: las tres fundaciones del PRO —Pensar, Suma y Fundar— juntaban en promedio unos US$1 millón anuales cuando se preparaban para gobernar entre 2013 y 2015. Faro multiplicó ese récord por casi cinco en apenas dos meses de funcionamiento.

El dinero recaudado se invirtió casi en su totalidad en fondos comunes, letras y bonos del Tesoro Nacional —$4.188 millones de los $4.529 que registró como activos—, de modo de gastarlo a lo largo de 2025. Y Faro lo gastó: entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue la organización privada que más dinero destinó a publicidad en redes sociales en la Argentina, según Chequeado, con más de $1.000 millones en unos 15.000 posteos calificados por Meta como publicidad electoral. Una cifra solo superada por la Jefatura de Gabinete. La Fundación ya había respondido a elDiarioAR que sus aportantes son “información confidencial”. Ahora tiene un plazo oficial para decirlo.

El tuit de Caputo apuntó en particular contra el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, que cubrió el requerimiento de la IGJ. El dato tiene su propia ironía: Alconada Mon es cuñado de Verónica Michelli, la jueza cuyo pliego fue aprobado esta semana por el Senado con 44 votos —contra la voluntad expresa de Milei— y cuya designación el Presidente aún no firmó.

Rodrigo De Paul canta cada canción. Sonríe, se mueve al ritmo de la música y disfruta el recital de Tini Stoessel, su novia, desde uno de los laterales del escenario del Estadio Nacional de Lima. La escena quedó registrada en una serie de videos que comenzaron a circular en las últimas horas desde la presentación que la artista brindó en Perú. Las imágenes tuvieron amplia repercusión porque muestran al campeón del mundo disfrutando del espectáculo a pocas semanas del inicio del Mundial y porque en algunos pasajes también se lo observa fumando un cigarrillo electrónico. Pero detrás de esa discusión apareció otro dato que pasó relativamente inadvertido.

En los videos —difundidos por distintos usuarios en redes sociales— se puede ver junto a De Paul a una figura inconfundible: Leonardo Scatturice, uno de los empresarios predilectos de la era Milei, compartiendo el VIP del recital prácticamente hombro con hombro con el 7 de la Selección Argentina. Tiene un vaso en la mano, canta, baila y celebra cada tema como uno más del círculo íntimo. Ambos están vestidos exactamente con el mismo modelo de buzo negro con la leyenda FUTTURA, una de las prendas oficiales de la gira.

Para quienes siguen desde hace tiempo los movimientos de Scatturice, la postal resulta tan inesperada como inverosimil. El expolicía bonaerense radicado en Miami —misma ciudad en la que De Paul se desempeña como futbolista— se convirtió en el último tiempo en un personaje recurrente alrededor del poder político argentino, los negocios aeronáuticos y los círculos republicanos vinculados a Donald Trump. Sin embargo, nadie imaginó llegar a verlo expuesto de esa manera en ámbitos asociados al mundo del espectáculo masivo.

elDiarioAR pudo confirmar a través de distintas fuentes que efectivamente se trataba de Leonardo Scatturice. No sólo estuvo presente en el backstage del recital sino que además habría compartido con De Paul y el entorno de Tini algunos de los momentos previos y posteriores al show.

La primera en llamar la atención sobre su presencia en ese contexto fue la periodista Luciana Geuna. El domingo pasado por la noche, durante su programa en TN, mostró parte de las imágenes grabadas en Perú y señaló la aparición del empresario junto a De Paul. Este sábado, Rodis Recalt hizo lo propio en Noticias, donde confirmó que fue Surjet, la empresa de Scatturice, la que trasladó al mediocampista desde Miami hasta Lima.

A lo largo de la semana, el dato no dejó de generar dudas en el ámbito periodístico. Circularon versiones contradictorias, como que el hombre que aparecía junto al futbolista no era Scatturice sino Fabricio Pérez, considerado uno de los mejores amigos de De Paul y habitual integrante de su círculo más cercano. La confusión no era menor. La baja calidad de algunas tomas, la iluminación del recital y la distancia desde la que fueron grabadas dificultaban una identificación concluyente. La comparación física con Peréz permitió terminar de descartar esa hipótesis.

Licencia para volar

La secuencia con De Paul ofrece una confirmación relevante sobre los movimientos recientes del empresario. La presencia de Scatturice en Perú vuelve a mostrarlo fuera de Estados Unidos, algo que hasta hace pocos meses parecía improbable. Durante el último año circuló entre funcionarios y operadores políticos una versión insistente: que el dueño de Tactic Global —compañía que firmó un contrato de lobby con la SIDE en febrero de 2025— evitaba abandonar territorio estadounidense porque su situación migratoria no estaba completamente regularizada y corría el riesgo de no poder reingresar al país en caso de salir. Esa situación quedó atrás. De hecho, Scatturice estuvo en la Argentina durante abril pasado, como reveló en primera instancia el periodista Camilo Cagnacci, en lo que habría sido su primera visita al país en más de dos años.

La actual aparición pública del empresario ocurre, además, en un momento particularmente delicado para uno de sus principales activos en Argentina. Flybondi, la aerolínea low cost controlada por el fondo COC Global Enterprise, propiedad de Scatturice, atraviesa una crisis operativa que volvió a quedar expuesta esta semana cuando llegó a operar con un solo avión. La compañía acumula desde hace meses cancelaciones, reprogramaciones y dificultades para sostener su esquema de vuelos, una situación que generó preocupación entre pasajeros y organismos del sector.

El nombre de Scatturice comenzó a sonar con fuerza en Argentina a partir del desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. Primero por sus vínculos con la CPAC, la organización conservadora que acercó al universo libertario argentino con el trumpismo norteamericano. Después por su relación con figuras centrales del oficialismo, especialmente con el asesor Santiago Caputo. Y finalmente por la expansión de un conglomerado de negocios que incluyó no solo la compra de Flybondi sino también de OCA y de Flecha Bus.

Su figura quedó además asociada a uno de los episodios más incómodos para el Gobierno. En febrero de 2025, un avión ejecutivo Bombardier Global 5000 de color negro, propiedad de Scatturice, aterrizó en Aeroparque procedente de Miami. La aeronave transportaba a un reducido grupo de pasajeros, entre ellos la ejecutiva Laura Belén Arrieta, quien quedó envuelta en una polémica luego de que trascendieran denuncias sobre presuntas irregularidades en los controles aduaneros aplicados al equipaje transportado. Arrieta realizó el llamado que habría facilitado el ingreso de sus valijas. El interlocutor de esa comunicación nunca fue descubierto.

PL/MG

“Esta es una guerra fratricida, y Karina va a ser quien entierre a Milei”. La frase de un histórico operador peronista del Norte, aliado del Gobierno, no refiere ni a la pelea de la hermana presidencial con Patricia Bullrich ni tampoco al escándalo patrimonial de Manuel Adorni. Refiere a la negociación política con las provincias. Los gobernadores están dispuestos a ordenarse detrás de la lógica del palo sin zanahoria que impera en las negociaciones políticas con el Gobierno por unos meses más. Pero no para siempre: exigen que Karina se comprometa a no intervenir, como en 2025, en sus provincias, y advierten que el tiempo se acaba. 

La discusión que Luis Caputo tuvo con Karina Milei hace más de un mes, desmentida en público por el ministro de Economía pero reconocida en privado por el resto de los participantes de la reunión, volvió a irrumpir con furia en Casa Rosada. Primero fue “Toto” Caputo, luego fue Bullrich y ahora empiezan a reclamarlo, como el año pasado, las golpeadas fuerzas del cielo que responden a Santiago Caputo: si Milei sueña con reelegir, tendrá que cerrar un acuerdo con los gobernadores. 

Ya lo empezaron a advertir los mandatarios aliados, como los norteños Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) o los radicales como Alfredo Cornejo (Mendoza). Piden más obra pública, piden fondos, piden adelantos de coparticipación. Negocian su acompañamiento casi ciego en el Congreso a cambio de la promesa –a veces es solo eso, una promesa– de que al final del mes llegará un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) que permitirá cubrir los sueldos provinciales de ese mes. 

Con Diego Santilli simulan dureza. En el último encuentro, cuando se reunieron en el CFI, el ministro del Interior intentó seducirlos para que acompañaran la reforma electoral que se encuentra trabada en el Senado. Volvió a insistir con la eliminación de las PASO –no la eliminación de la obligatoriedad, como viene impulsando el PRO, sino la eliminación de todas las primarias–, pero los gobernadores le respondieron con un pliego de demandas. 

A los gobernadores peronistas y radicales no les conviene eliminar las PASO, que funcionan como grandes ordenadoras de la oposición en tiempos de disgregación política. Con el apoyo del PRO, que tampoco quiere regalarle a Karina el control absoluto de la lapicera, los mandatarios han logrado sostener su resistencia. En el karinismo responsabilizan a Bullrich por no poder arribar a un acuerdo para avanzar con la reforma total: no creen que sea un tema de números, sino que es la propia senadora la que boicotea la negociación. 

La reforma electoral es el único proyecto que al Gobierno le interesa aprobar este año, por lo que la hermana presidencial no cederá en la discusión: es eliminación de las PASO o nada. Y los gobernadores advierten que, si la hermana presidencial realmente presiona, no habrá espacio para resistirse. “El federalismo no existe, este es un país unitario. Yo no quiero eliminar las PASO, pero si de repente hacen como en ‘Zonas Cálidas’ y ofrecen plata, ¿qué voy a hacer? Somos una provincia chica, es la única manera que tenemos de pagar los sueldos”, admite una de las manos derechas de Raúl Jalil. 

Ya empezaron a aparecer grietas en el muro de contención: entre los mandatarios del norte comenzó a hablarse de la posibilidad de suspender las PASO. Un punto intermedio –similar al que se llegó el año pasado con la suspensión de las primarias para las elecciones de medio término– que parte de la necesidad de supervivencia política de las provincias en un contexto de asfixia financiera y de caída de la recaudación. Hasta ahora, el Gobierno ha logrado ordenar a los gobernadores con este mecanismo, pero esta estrategia tiene fecha de vencimiento: después del Mundial, los gobernadores empezarán a demandar respuestas políticas. No solo económicas. 

Después del Mundial, los gobernadores querrán saber si Milei, en el caso de que se mantenga firme en las encuestas y Donald Trump no sufra una grave derrota en las elecciones, estará dispuesto a llegar a un acuerdo político. 

Pragmatismo o construcción nacional

En el Gobierno se reedita la discusión de 2025, cuando Santiago Caputo le discutía a Karina Milei que no había que armar listas en todas las provincias, sino que había que priorizar los acuerdos políticos con los gobernadores para sostener su apoyo en el Congreso. El caputismo argumentaba que no tenía sentido organizar La Libertad Avanza en las provincias solo para perder la batalla y, luego, enemistarse con el gobernador. La pelea, sin embargo, la ganó Karina, quien insistió en construir listas propias en todos los distritos y terminó llevandose el triunfo en gran parte del país. 

El 2027 será distinto. El Gobierno llegará más golpeado y con mayor necesidad de enviar mensajes de gobernabilidad, especialmente si el resultado de las elecciones norteamericanas no es favorable para los republicanos. En un escenario de debilidad, el Gobierno querrá sentarse a negociar. Y en el karinismo no le cierran la puerta a esa posibilidad: la secretaria de la Presidencia, insisten, siempre fue pragmática.

“Nosotros tenemos que llegar a 2027 con una estructura armada y sólida. A los partidos preparados, con diálogo con el territorio, con presidentes del partido que sean conocidos, por si hay que competir. Después se definirá provincia a provincia en base a lo que convenga”, explican cerca de Martín y Lule Menem, los armadores de la hermana presidencial en el territorio. Karina apuesta, incluso, a poner a Martín Menem en la boleta presidencial: no confía en nadie más para ese lugar. 

Algunas conversaciones están más avanzadas que otras. En Casa Rosada admiten que hay principios de acuerdo con Cornejo en Mendoza, con Leandro Zdero en Chaco y con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Otras alianzas son más sutiles, como con Sáenz en Salta o Carlos Rovira en Misiones. “Hay provincias que podemos ganar, como Córdoba o Santa Fe. Pero hay otras en la que los nuestros quieren competir, como en Salta o Tierra del Fuego que, si les decimos, se van a ordenar. Porque los votos son de LLA”, señala un dirigente que responde a los Menem. 

En otras provincias, como Santa Fe y Córdoba, las conversaciones pasan por otros carriles. Hay un chat de WhatsApp de gobernadores de Provincias Unidas que comienza a impulsar la idea de convocar a elecciones provinciales el mismo día, una suerte de “superdomingo electoral” previo a las elecciones nacionales desde donde posicionarse con fuerza. Incluye también a Jujuy, Chubut y Corrientes, aunque en el espacio desconfían de que todos terminen alineándose: en la lógica del sálvese quien pueda, los gobernadores que puedan cerrar con Milei, lo harán. 

La fortaleza del Gobierno depende de una sola cosa: de las elecciones en Estados Unidos. Si Trump gana, los gobernadores irán corriendo a alinearse y Karina podrá ser mucho más exquisita en las alianzas que elige. Si no, el escenario cambia y será el Gobierno el que tenga que ir a buscarlos a ellos. La decisión está en manos de la hermana presidencial, quien, como advierten en las provincias, podrá ser la salvadora o la sepulturera de Milei.

MCM/MG

A partir de las compras de viviendas, refacciones y viajes por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a surgir la pregunta de si se financiaba acaso con eventuales sobresueldos provenientes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), uno de los pocos organismos que aumentó su presupuesto en la era de la motosierra libertaria, o de la Fundación Faro, que a fines de 2024 pasó a manos del elenco que rodea al presidente Javier Milei y a su asesor Santiago Caputo. No hay pruebas de que Faro pague salarios para complementar los magros honorarios con los que los funcionarios se jactan de cobrar poco, pero sí de que la fundación que dirige el político ultraconservador Agustín Laje ha sabido recaudar incluso mucho más que lo que juntaban las fundaciones del PRO en sus mejores tiempos.

Una vez llegados al poder, Milei y Caputo quisieron armar una fundación que en principio propale su ideología. Después el portal Chequeado descubrió que financiaría publicidad electoral o política en el año de las elecciones legislativas de 2025. No está confirmado lo de los sobresueldos. Para evitar el engorroso y largo trámite de inscribir la entidad en la Inspección General de Justicia (IGJ), el encargado del asunto, Francisco Caputo, hermano del asesor, se ocupó de encontrar una fundación ya existente, Valorar, que se dedicaba a atender personas en situación de vulnerabilidad, de que renunciara su consejo directivo y de reformar su objeto social. En noviembre de 2024, la rebautizaba Fundación Faro Argentina debutaba con una cena en el Yacht Club Puerto Madero -propiedad de los Neuss, amigos de los Caputo y promotores de la entidad- en la que los empresarios pagaban US$25.000 el cubierto. José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya, Guibert Englebienne (ambos de Globant), Betina Bulgheroni (Pan American Energy, PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó, Horacio Marín (presidente de la estatal YPF) y representantes de Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio), la francesa TotalEnergies y Techint (de Paolo Rocca) dijeron presente. Milei y Laje disertaron aquella vez.

A pesar de que la remozada fundación arrancó en los últimos dos meses de 2024 le bastó para recaudar ese año $4.961 millones, equivalentes a lo que entonces eran US$4,8 millones, según consta en el balance que presentó en abril de 2026, con 12 meses de retraso, ante la IGJ. Esa multimillonaria cifra contrasta con lo que recolectaba la Fundación Valorar en 2023, unos $49,8 millones, unos US$61.000 de aquellos tiempos. Es decir, los ingresos se multiplicaron por 78. Está claro que una organización vinculada a la política va a recaudar más que una ignota dedicada a la ayuda social, pero lo que llama la atención es que en dos meses de 2024 levantaron US$4,8 millones, cuando la sumatoria de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Fundar, juntaban en promedio alrededor de US$1 millón anual cuando se preparaban para gobernar la Argentina, entre 2013 y 2015, antes de que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada, según constó en otra investigación de Chequeado. Una vez instalado Cambiemos en el poder, estas fundaciones perdieron peso y ahora sólo persiste Pensar, aunque sin tanto ímpetu como en aquel entonces.

Si bien Laje es el director ejecutivo, el presidente de la entidad es Ignacio María Bilbao La Vieja, que estudió administración de empresas en la Universidad Católica Argentina (UCA) casi a la par de Juan Neuss, uno de los empresarios que más ha crecido en este gobierno a partir de las privatizaciones de empresas eléctricas y las licitaciones de áreas que dejó YPF en Chubut y Santa Cruz. Bilbao La Vieja trabajó antes en el banco Citi, en Moët Hennessy y Toyota. Lo secundan Lucía Aldao y Marcelo Macías.

Los nuevos dueños de la fundación no pudieron cambiar el objeto principal: “Abordar la realidad de personas y comunidades en contexto de desigualdad”. A los libertarios la igualdad no les interesa: sólo la libertad... y la propiedad privada. En la memoria se habla del nuevo rol: “Durante 2024 desarrolló una serie de iniciativas destinadas a fortalecer su misión institucional: promover la educación, el pensamiento crítico y los valores liberales y de libertad individual como pilares fundamentales para el progreso social. Las acciones llevadas adelante reflejan un enfoque integral que combina la generación de oportunidades, la formación de líderes con compromiso activo y la creación de espacios de diálogo y participación activa”.

“Una de las actividades más relevantes del año fue la Cena Solidaria (sic), organizada con el fin de recaudar fondos para el financiamiento de los programas formativos que la fundación llevará adelante durante 2025, así como para apoyar el Curso de Emprendedores, desarrollado en colaboración con Endeavor”, siguió la memoria. Pero Chequeado comprobó que entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue la organización que más dinero gastó en redes sociales en la Argentina: más de $1.000 millones en unos 15.000 posteos calificados por Meta (la dueña de Instagram y Facebook) como publicidad electoral. Una cifra sólo superada en ese periodo por la Jefatura de Gabinete, que pasó de manos de Guillermo Francos a las de Adorni... y eso que el gobierno de Milei iba a terminar con la pauta...

En cuanto a Endeavor, es la fundación de grandes empresarios que promueven a otros emprendedores de negocios. Su directora ejecutiva es desde hace 10 años Julia Bearzi, licenciada en administración en la Universidad de La Plata, con un master en la de San Andrés e hija de desaparecidos. Vaya a saber qué tal se lleva con Laje, defensor de la llamada memoria completa. Pero Bearzi cuenta con la confianza del directorio de Endeavor, que preside Migoya y que integran, entre otros, Nicolás Szekasy (del fondo Kaszek), Alec Oxenford (fundador de OLX y actual embajador en EE.UU.), Sofía Pescarmona (Bodega Lagarde), Alfredo Poli, Englebienne, Marcos Galperin (Mercado Libre), Luciano Nicora (Pampa Start), Eduardo Elsztain (IRSA), Roberto Souviron (fundador de Despegar y actual gestor de Win Win Ventures), Carlos Miguens (Central Puerto), Federico Braun (La Anónima), Franco Mignacco (Minera Exar y Unión Industrial Argentina, UIA), Karina Román (Puerto Asís Investments, que no tiene negocios en común con su primo Leonardo Román, socio de la belga Jan De Nul en la licitación de la hidrovía del río Paraná) y Federico Lauría (Dale Play).

“En diciembre de 2024 se llevó a cabo una conferencia de alto impacto público, que contó con la participación de los presidentes académicos de la fundación, destacados referentes del pensamiento liberal en Argentina: Laje, Adrián Ravier -actual diputado libertario- y Alberto Benegas Lynch (h) -que ya entonces integraba la Cámara de Diputados-”, continuó la memoria. El texto finaliza con un llamado a construir una “sociedad más libre, responsable y próspera”.

Los activos de la entidad pasaron de $12,3 millones en 2023 a $4.529 millones en 2024. De este último dinero, unos $4.188 millones se destinaron a inversiones. Se nota que lo recaudado en la cena pasó a ese fin, de modo de gastarlo en 2025. En el balance se detalla que esos 4.188 millones se invirtieron en fondos comunes de inversión, letras y bonos del Tesoro Nacional.

A su vez, la fundación finalizó 2024 habiendo otorgado créditos por $278 millones y con deudas por $125 millones. En instalaciones, muebles, útiles y equipos de computación se fueron $24 millones. De los ingresos, $4.957 millones provienen de donaciones, pero hay $1 millón que surge de intereses -las inversiones quizás han sido rentables- y $3,2 millones de un concepto de alquileres, lo que hace presuponer que la fundación dispone ya de algún inmueble.

En cuanto a las gastos, $205 millones se destinaron a eventos, campañas y difusión, $2,9 millones en viajes, $25,6 millones en presupuesto de oficina, $92,8 millones en alquileres y $47,9 millones para una elevada partida de “servicios de seguridad”. En sueldos y cargas sociales, $23,9 millones.

En el balance no se detallan los donantes de más del equivalente de más de 40 salarios mínimos, que es lo que exige la normativa de la IGJ. Serían los que ponen más de US$10.000 en la actualidad. En los estados contables de las fundaciones del PRO sí solían figurar y si no, este organismo dependiente del Ministerio de Justicia lo reclamaba. elDiarioAR consultó a Faro quiénes fueron los principales aportantes, por qué no se los mencionó, cómo se lograron multiplicar tanto los ingresos y a qué fines de destinó el dinero y una vocera respondió: “Todo aquello a lo que podés acceder es público. El resto es información confidencial, la fundación no revela quiénes son sus aportantes”.

AR/CRM

La camioneta Toyota SW4 con la que Santiago Caputo llegó este martes a la Casa Rosada acumula una deuda millonaria en multas de tránsito. La consulta a los registros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arroja 192 infracciones para el dominio AG 425 TB, con un monto original de $12.777.365,50 y un valor con descuento vigente hasta el 23 de agosto de 2026 de $6.388.682,75. En la provincia de Buenos Aires, el mismo vehículo registra otras 16 infracciones impagas —generadas al 21 de abril de este año— por un total de aproximadamente $4.550.400 adicionales. La deuda combinada supera los $17 millones.

El vehículo —una SUV de alta gama cuyo precio de mercado ronda los 50.000 dólares— está radicado en la seccional registral Salta N°1, con domicilio en Pellegrini 822 de la capital salteña. La radicación en una provincia distante de la Ciudad de Buenos Aires, donde se mueve cotidianamente Caputo, es un rasgo que también tenía su camioneta anterior: una Toyota SW4 negra patente AF 899 MZ que estaba registrada en Avellaneda y ya había acumulado más de $500.000 en multas al momento en que elDiarioAR la identificó en 2025.

El perfil de las infracciones

Las 192 infracciones en CABA se distribuyen entre excesos de velocidad de distintas magnitudes —incluyendo varias registradas a más de 140 km/h, muy por encima del límite máximo de 100 km/h en las autopistas porteñas— y otras violaciones como circulación por metrobús o carril prohibido, estacionamiento sin comprobante y paso en rojo. La primera infracción data del 7 de diciembre de 2024; la más reciente, del 19 de mayo de 2026, o sea la semana pasada. En ese período de poco más de 17 meses, la camioneta acumuló un promedio de más de diez infracciones por mes, o aproximadamente dos o tres por semana.

El monto original de las infracciones —$12.777.365,50— se puede reducir a $6.388.682,75 si se acogen al descuento vigente hasta el 23 de agosto de 2026. Según los registros, 37 de las 192 infracciones fueron seleccionadas para el plan de pago con ese descuento. Las restantes permanecen sin cancelar.

Un detalle que se repite en decenas de actas es la leyenda “Incumplimiento de identificación de conductor”: cuando la infracción es captada por cámara y el titular del vehículo no identifica quién manejaba al momento del hecho, el registro queda sin conductor individualizado. Es decir, en la mayoría de los casos detectados por control remoto, nadie se presentó a decir quién iba al volante. Esa figura tiene implicancias legales: el Código de Tránsito de la Ciudad establece que la responsabilidad de la infracción recae sobre el titular registral cuando no se identifica al conductor. En el caso de AG 425 TB, eso significa que la deuda persiste asociada al dominio, independientemente de quién lo condujera en cada ocasión.

En la provincia de Buenos Aires el registro es más acotado pero igualmente revelador. Al 21 de abril de 2026, el dominio AG 425 TB registraba 16 infracciones, todas con estado “CON DEUDA” y por un monto unitario de $284.400, lo que totaliza aproximadamente $4.550.400. El vencimiento del período de pago opera el 3 de junio de 2026, es decir, en días. Si la deuda no se cancela antes de esa fecha, los montos subirán por recargos.

Las infracciones bonaerenses tampoco tienen conductor identificado, y su distribución geográfica sugiere desplazamientos habituales por el conurbano o el acceso a rutas interurbanas, un patrón consistente con los movimientos de alguien que opera desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires de manera regular.

Sin cargo, con espía

El dato sobre el vehículo cobra otro espesor cuando se lo pone en contexto. Santiago Caputo no es funcionario público en términos formales. Figura en el Estado como “Consultor II” bajo el Decreto N°1109/17 en la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, con un honorario que hasta la última actualización conocida rondaba los $3,1 millones mensuales. Esa figura contractual no le confiere rango de autoridad pública ni los atributos protocolares que corresponden a los cargos ejecutivos.

Sin embargo, como reveló elDiarioAR en septiembre de 2025 y confirmó en febrero de 2026, Caputo cuenta desde al menos abril del año pasado con un espía de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como custodio personal. El agente lo acompaña en sus desplazamientos, le abre la puerta de la camioneta y actúa como escolta. Tres fuentes independientes confirmaron en aquel momento la identidad del funcionario de inteligencia y su función de seguridad junto a Caputo.

El problema es jurídico además de político. El Decreto 1311/2015, que establece la Doctrina de Inteligencia Nacional, prohíbe expresamente que los organismos de inteligencia realicen funciones de seguridad, custodia o escolta de personas. Pero en el Gobierno persiste el argumento de que ciertos “objetivos sensibles” pueden gozar de custodia y de beneficios de funcionarios, como tener un auto para su traslado.

MC

La mesa política de la Casa Rosada volvió a reunirse este martes después de dos semanas paralizada por las tensiones internas que atravesaron al oficialismo y apenas un día después de la reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei tras el Tedeum del 25 de Mayo. La secuencia no fue casual. En el Gobierno buscaron construir una cadena de imágenes orientadas a transmitir cohesión política luego de una semana marcada por los enfrentamientos entre el sector de Santiago Caputo y el armado de los Menem, una disputa que llegó incluso a expresarse públicamente a través de cuentas libertarias en redes sociales.

La reunión tuvo un objetivo explícito: volver a ordenar la estrategia legislativa del oficialismo. Pero también otro menos declarado aunque igual de importante: reconstruir un ámbito de coordinación política que había quedado virtualmente congelado por la interna. El encuentro comenzó pasadas las 11 en las oficinas del Ministerio del Interior, en la planta baja de Balcarce 50, y reunió nuevamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al asesor presidencial Santiago Caputo; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al ministro del Interior, Diego Santilli; a la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada sostienen que la prioridad inmediata es recuperar iniciativa parlamentaria. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los ejes de la reunión fue revisar el estado de los proyectos pendientes y definir cuáles serán las próximas iniciativas que el Ejecutivo enviará al Congreso. El oficialismo busca sobrecargar la agenda política con nuevos anuncios y reformas en un momento en que el clima público empezó a correrse de la centralidad económica que dominó el primer tramo del gobierno.

La estrategia oficial consiste en mantener una dinámica permanente de anuncios legislativos. El objetivo ya no parece ser solamente aprobar reformas, sino también saturar la agenda política con iniciativas nuevas y recuperar centralidad en medio del desgaste interno del oficialismo. Entre los proyectos que circulan aparecen el denominado “Súper RIGI”, enfocado en sectores vinculados al litio, uranio, hidrógeno verde y vehículos eléctricos; cambios en la Ley General de Sociedades; modificaciones regulatorias para el mercado de capitales; reformas vinculadas al lobby; iniciativas sobre ludopatía y una nueva discusión sobre el etiquetado frontal de alimentos. La lógica es empujar varios debates al mismo tiempo, incluso cuando algunos de ellos todavía no tienen volumen político suficiente para atravesar el Congreso.

Detrás de esa estrategia aparece además una admisión implícita del propio oficialismo sobre sus límites parlamentarios. Milei volvió a reconocerlo este martes por la mañana, en una entrevista con Radio Mitre, donde dijo que el Gobierno todavía no cuenta con la fuerza legislativa necesaria para avanzar con la velocidad y la profundidad reformista que imagina. “Seguimos siendo primera minoría y no tenemos quórum propio”, sostuvo al justificar por qué muchas de las transformaciones que impulsa requieren negociación permanente y terminan llegando al Congreso más moderadas de lo que pretendía originalmente la Casa Rosada.

El ejemplo más claro de esa dinámica es el llamado “Súper RIGI”, presentado como una versión todavía más agresiva del régimen de incentivo a las inversiones aprobado el año pasado. El proyecto busca reducir del 25% al 15% la alícuota de Ganancias para las empresas alcanzadas y acelerar fuertemente los esquemas de amortización fiscal para sectores “estratégicos”. La lógica detrás de la propuesta excede incluso la discusión económica puntual: forma parte de la narrativa con la que Milei intenta mostrar que, pese al ruido político interno, el Gobierno todavía conserva capacidad para sostener una agenda propia.

Equilibrios inestables

Pero detrás de la agenda formal vuelve a aparecer, una y otra vez, el verdadero trasfondo de la reunión de la mesa política: la necesidad de administrar la convivencia interna dentro del oficialismo. El conflicto entre Santiago Caputo y el entorno de los Menem alcanzó durante las últimas semanas uno de sus niveles más altos desde el inicio del gobierno. Las acusaciones cruzadas, las operaciones en redes sociales y la circulación de versiones sobre ataques digitales alimentaron dudas incluso sobre la continuidad de algunos espacios comunes de coordinación política.

Por eso el Tedeum de este lunes funcionó como mucho más que una ceremonia religiosa. Javier Milei utilizó la fecha patria para mostrar a todos los sectores bajo su paraguas político. Todas las tribus compartieron espacios, recorridos y fotos en una coreografía cuidadosamente observada dentro del oficialismo. Hubo gestos especialmente leídos puertas adentro: la invitación directa del Presidente a Santiago Caputo —habitualmente relegado de este tipo de ceremonias organizadas por la Secretaría General—; el abrazo público a Bullrich desde el balcón de Casa Rosada; y la caminata compartida entre el asesor presidencial y Lule Menem tras la salida de la Catedral.

Las señales buscaron instalar un armisticio. Pero incluso en medio de la escenificación de unidad quedaron marcas de las tensiones que atraviesan al oficialismo. En las fotos oficiales difundidas por Presidencia sobre el Tedeum y la actividad posterior en Casa Rosada, Santiago Caputo prácticamente no apareció, pese a haber sido uno de los protagonistas políticos de la jornada y a haber participado tanto de la ceremonia como de la actividad en Balcarce 50. El detalle no pasó inadvertido dentro del ecosistema libertario, donde cada encuadre, ubicación o ausencia es delineada hasta la obsesión por la propia Karina Milei.

A ese cuadro de tensión interna se le suma además otra preocupación que sobrevuela cada reunión política del oficialismo: la incertidumbre alrededor de Manuel Adorni. Aunque en la Casa Rosada intentan relativizar el impacto político del caso que envuelve al jefe de Gabinete, lo cierto es que durante las últimas semanas su situación empezó a convertirse en una olla a presión dentro del propio Gobierno. Las versiones sobre su patrimonio y la creciente exposición mediática del tema obligaron al oficialismo a reorganizar parte de su estrategia comunicacional justo cuando buscaba volver a concentrar la agenda en la economía y las reformas.

En Balcarce 50 sostienen que Milei mantiene intacto su respaldo político hacia Adorni y recuerdan los gestos públicos que el Presidente le dedicóa lo largo de estos últimos tres meses. Pero incluso dentro del oficialismo admiten que el caso abrió un frente de desgaste inesperado para una administración que hasta hace pocos meses se sentía cómoda discutiendo casi exclusivamente variables económicas. La expectativa ahora está puesta en la presentación de la declaración jurada del funcionario, que el Gobierno espera utilizar como un intento de cerrar la discusión pública sobre su patrimonio y desactivar parte de la presión política que se acumuló en las últimas semanas. La preocupación no pasa solamente por la dimensión judicial o mediática del tema, sino por el riesgo de que el “factor Adorni” termine amplificando la sensación de desorden interno en un momento donde el Gobierno necesita transmitir exactamente lo contrario.

En el Gobierno saben que el escenario político comenzó a volverse más complejo. Javier Milei se vio obligado por primera vez en casi dos años de gestión a intervenir personalmente para bajar la tensión entre su consejero y el universo político que responde a su hermana. La escena tuvo algo inusual para la lógica de funcionamiento libertaria. Hasta ahora, el Presidente había logrado preservar una estructura de poder donde las disputas convivían bajo un equilibrio relativamente estable sostenido por su centralidad política y por la división tácita de funciones.

Sin embargo, la escalada de las últimas semanas empezó a mostrar fisuras más visibles. El Presidente necesitó exhibir gestos públicos de contención hacia todos los sectores al mismo tiempo. La propia necesidad de montar esa escenografía dejó al descubierto un dato incómodo para el oficialismo: que la autoridad presidencial, hasta ahora ejercida sin demasiadas mediaciones internas, empieza también a ser puesta a prueba dentro de su propio esquema de poder. La tregua de este lunes aparece así menos como una resolución definitiva que como una pausa administrada por Milei para evitar que el conflicto entre sus principales terminales políticas siga escalando frente a todos.

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El Gobierno confirmó el proyecto que regula por primera vez con rango de ley algo que en Argentina siempre existió pero nunca se nombró del todo: el lobby. El texto se llama Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, lo firman Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y viene a cubrir un vacío de más de dos décadas: el único antecedente era el Decreto 1172/03 de la era Kirchner, que creó un registro acotado al Ejecutivo y solo para reuniones formales.

El corazón del proyecto es un Registro Público de Gestores de Intereses, digital y gratuito, donde deberán inscribirse —antes de iniciar sus actividades— todas las personas físicas o jurídicas que quieran influir en decisiones del Poder Ejecutivo o el Legislativo nacional. Sin inscripción vigente, no se puede reunir con ningún funcionario obligado. La ley también obliga a los sujetos obligados —el Presidente, ministros, secretarios, senadores, diputados y sus asesores— a registrar cada contacto con un gestor dentro de los cinco días hábiles de producido, bajo cualquier modalidad, dentro o fuera del país. Toda esa información será pública.

El capítulo más llamativo es el de los intereses extranjeros. Los gestores que representen a cualquier Estado, gobierno, partido, empresa o persona jurídica del exterior deben declararlo en cada contacto. La omisión o falsedad es infracción grave. Y el Título VIII incorpora figuras penales nuevas: hacer lobby sin estar inscripto tiene pena de hasta dos años de prisión; representar clandestinamente intereses extranjeros en áreas sensibles —defensa, inteligencia, infraestructuras críticas, recursos naturales— puede llegar a tres años.

El modelo no es original: el propio Ejecutivo reconoce haberse inspirado en la Foreign Agents Registration Act (FARA) de Estados Unidos, una ley de 1938 que obliga a registrarse ante el Departamento de Justicia a cualquier agente de un “principal extranjero” —definición que el proyecto argentino reproduce casi textualmente—. La diferencia está en las penas: la FARA castiga con hasta cinco años de prisión y 250.000 dólares de multa. El proyecto de Milei llega en 2026 con un techo bastante más bajo. Chile, el otro modelo citado, sancionó su ley de lobby en 2014; Argentina recién está llegando.

Dos puntos de la letra chica concentran las mayores dudas. El primero es la autoridad de aplicación: el proyecto dice que en el ámbito del Ejecutivo será “la jurisdicción o el organismo que el Ejecutivo designe”. Es decir, el mismo Poder Ejecutivo elige quién controla si sus funcionarios declaran sus reuniones con privados. No hay un órgano independiente. El segundo es el Poder Judicial: queda explícitamente excluido del régimen. Las gestiones ante jueces, fiscales y defensores se rigen por su propia normativa. Las provincias, por su parte, solo pueden adherir de forma voluntaria: el lobby ante gobernaciones y legislaturas locales queda fuera del sistema hasta que cada jurisdicción decida sumarse —si es que alguna vez lo hace—.

La Casa Rosada llegó al 216° aniversario de la Revolución de Mayo atravesada por una paradoja cada vez más visible. Mientras Javier Milei intenta volver a concentrar la agenda pública con el envío al Congreso de un nuevo paquete de proyectos de ley, el corazón político del oficialismo volvió a entrar en una zona de turbulencia. La demora en la declaración jurada de Manuel Adorni y la pelea abierta entre Santiago Caputo y Martín Menem, terminaron alterando el delicado equilibrio interno del Gobierno justo cuando el Presidente buscaba exhibir una etapa de mayor estabilidad política.

El episodio dejó además una sensación incómoda dentro del propio oficialismo: que, por primera vez en varios meses, la agenda defensiva volvió a imponerse sobre la ofensiva. En distintos despachos de Balcarce 50 admiten que el caso Adorni empezó a generar un desgaste inesperado, no sólo por la investigación judicial en sí, sino porque golpea sobre uno de los pilares discursivos de Milei: la idea de una administración moralmente distinta al resto del sistema político. La preocupación crece además porque la demora en la presentación de la documentación patrimonial ya no aparece únicamente como un problema judicial. También empezó a convertirse en un problema político y comunicacional para un Gobierno que hizo de la transparencia uno de sus principales argumentos identitarios.

En ese contexto, la semana que arrancó este lunes con el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires aparece en la Casa Rosada como mucho más que una secuencia protocolar. De movida, marca la ruptura total con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien fue no invitada a la ceremonia.

Después de días atravesados por internas, operaciones cruzadas y reuniones suspendidas, el Gobierno apuesta a reordenar la escena pública con una nueva reunión de gabinete convocada para después de la ceremonia religiosa y un nuevo encuentro de la mesa política previsto para el martes a las 11.

En Balcarce 50 escucharon con atención la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva. Cerca del Presidente descontaban un mensaje “duro”, en línea con las últimas intervenciones de la Iglesia frente al deterioro social, aún en un contexto de recomposición del vínculo institucional con la Iglesia, luego de la reunión que mantuvieron días atrás distintos representantes eclesiásticos con los ministros Sandra Pettovello y Pablo Quirno. Todo eso, además, mientras vuelven a crecer las versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

Pero detrás de la agenda institucional, el clima político del Gobierno sigue marcado por una acumulación de tensiones que el oficialismo todavía no consigue terminar de ordenar. El caso Adorni se transformó en el principal foco de preocupación interna. Aunque Milei decidió blindarlo políticamente y descarta pedirle la renuncia, la demora en la presentación de su declaración jurada completa empezó a generar incomodidad incluso entre funcionarios que hasta hace pocos días defendían el manejo del tema sin reparos. La Justicia esperaba recibir esta semana la documentación patrimonial pendiente, pero en el Gobierno ya deslizan que podría postergarse hasta fines de mayo o incluso comienzos de junio.

La situación tensionó además las relaciones dentro del gabinete. Patricia Bullrich quedó aislada después de reclamar públicamente que Adorni presentara “de inmediato” su situación patrimonial, pero aun así participó de la reunión de gabinete del lunes, pese a las versiones que circularon en los últimos días sobre un supuesto corrimiento impulsado por Karina Milei. Su presencia volvió a ser observada como un indicador del delicado equilibrio interno que intenta preservar el oficialismo.

Como telón de fondo aparece además la interna cada vez menos subterránea entre Santiago Caputo y Martín Menem, que estalló durante el fin de semana pasado alrededor de la cuenta de X @PeriodistaRufus. La pelea obligó al propio Milei a intervenir para bajar la tensión. Desde entonces, distintos sectores del oficialismo empujan una instancia de recomposición interna que podría tener un gesto simbólico fuerte en las próximas horas: una eventual cumbre entre Karina Milei y Santiago Caputo, algo que no ocurre desde hace meses, pero que fuentes del entorno del asesor niegan.

La relación entre los dos principales polos del poder libertario nunca terminó de romperse formalmente, pero sí atravesó un progresivo enfriamiento político desde las disputas por el armado territorial y el caso Spagnuolo. Por eso, la sola posibilidad de una foto o una reunión entre Karina y Caputo ya era leída dentro de La Libertad Avanza como un intento de Milei por reconstruir equilibrios internos en un momento delicado.

El martes, a las 11, la mesa política vuelve a reunirse después de una semana atravesada por cortocircuitos. Allí confluyen, además de la hermana del Presidente y el asesor estrella, los primos Menem, Adorni y otros funcionarios del círculo más cercano al Presidente. La incógnita no pasa sólo por quiénes se sentarán finalmente alrededor de la mesa, sino por el verdadero estado de situación del oficialismo después de varios días en los que, apuntan en Balcarce 50, las operaciones cruzadas terminaron desplazando el eje económico que Milei intenta volver a poner en el centro de la escena.

En la Casa Rosada sostienen que la economía sigue siendo el principal activo del Gobierno y creen que la desaceleración inflacionaria y la baja de la pobreza les permiten atravesar el ruido político sin costos inmediatos. Pero la semana que arranca pondrá a prueba algo más profundo: la capacidad del oficialismo para ordenar su propia dinámica interna mientras intenta sostener el blindaje alrededor de Adorni y contener una estructura de poder que, pese a los esfuerzos por exhibir disciplina, vuelve a mostrar fisuras cada vez más visibles.

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El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió que “no subestimen” al presidente Javier Milei luego de que desde el ala de Santiago Caputo insinuara que los primos Menem le mienten. 

La declaración del legislador se da en medio de una feroz interna desatada el fin de semana desde X cuando Santiago Caputo, asesor presidencial de Milei, cruzó al ala que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

“No solamente es una falsedad absoluta. Ayer vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA”, se escudó Menem en una entrevista con Radio Mitre, y sumó: “No subestimen al Presidente”.

Las declaraciones del libertario se dan horas después de que el tuitero libertario Daniel Parinisi, mejor conocido como “El Gordo Dan” en X, publicara un video explicando que la cuenta anónima @PeriodistaRufus la manejaba Martín Menem, como sostiene también Santiago Caputo. 

“Si alguien pensara que le miento no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la cámara de diputados. Ayer, a pesar del ruido de los medios, se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar”, respondió el vicepresidente de La Libertad Avanza.

Por su parte, Martín Menem reveló que el sábado se comunicó con el mandatario para explicarle que se trató de un link que compartió un colaborador de su espacio y que fue manipulado por “algún pícaro”. “Si el Presidente pensara eso yo ya no estaría acá. La única manera de contestar es con resultados. Me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo”, insistió. 

Además, el libertario dijo que la Argentina “se está poniendo verde en casi todos los sectores. Es cierto que a algunos les falta. Antes estaban complicados todos. Si mirás los medios tradicionales antes de salir de tu casa te pones un casco porque no sabes qué te va a pasar”, reclamó, en sintonía con los dardos que el Presidente envía con frecuencia al periodismo. En tanto, se mostró “muy optimista” con el futuro de LLA y la gestión Milei: “Veo muy bien al Gobierno”.

Asimismo, remarcó ser una persona que cree que los problemas se resuelven “en el vestuario y hacia adentro”. Además, descartó tener intereses electorales propios por fuera de los sueños de reelección de Javier Milei. “Tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Todas las especulaciones corren por cuenta de gente que tiene cierta mala fe”, precisó. Y agregó: “Estoy dejando la vida al lado del presidente Milei. Hace cuatro años que veo mucho menos a mis hijos y a mi familia”.

Por último, confirmó asistencia a la reunión del Gabinete del lunes y al intercambio de la mesa política prevista para el martes donde volverá a confluir con el asesor presidencial. “Nos vamos a ver las caras con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política. Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Todos los que estamos ahí, jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría Bilardo: 'el fútbol es fácil'”, argumentó Menem.

Con información de agencias.

La pelea que estalló entre Santiago Caputo y Martín Menem a raíz de las cuentas anónimas en X y de los mensajes que el asesor atribuyó al titular de la Cámara baja dejó al descubierto algo más profundo que una simple disputa de egos. Lo que quedó expuesto es la arquitectura misma del poder en el gobierno de Javier Milei: un esquema en el que conviven dos circuitos de acceso al Presidente, dos formas distintas de acumular influencia y dos lógicas de construcción política que, aunque hasta ahora lograron coexistir, mantienen entre sí una tensión estructural.

Las declaraciones de Milei en Neura ofrecieron una primera pista para interpretar ese equilibrio inestable. Al afirmar que la controversia del fin de semana había sido “algo prefabricado para generar un problema” y señalar que Menem ya había dado explicaciones dentro del gabinete, el Presidente intentó bajar el tono de la disputa y presentarse como un componedor. Sin embargo, en el intento por desactivar el conflicto terminó transmitiendo una señal que, dentro del oficialismo, fue leída como un respaldo más explícito al presidente de la Cámara de Diputados que al asesor con el que mantiene, paradójicamente, la relación más directa y despojada de intermediarios de todo su gobierno.

La escena resultó llamativa precisamente porque, hasta ahora, Milei había hecho del respaldo a Caputo una constante política. Cada vez que su principal asesor quedó en el centro de cuestionamientos internos o externos, el Presidente optó por blindarlo. Lo hizo, por ejemplo, en marzo, cuando se multiplicaron las versiones sobre un supuesto avance de Karina Milei sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tras efectivamente quedarse con el Ministerio de Justicia; también en noviembre del año pasado, cuando ese sector refenciado en la hermana del Presidente fantaseó con recortar su influencia sobre otras áreas sensibles del Estado.

En esos momentos, Milei transmitió una idea inequívoca: podrá haber cambios en ministerios, desplazamientos de funcionarios o reacomodamientos de poder, pero hay un activo que no está dispuesto a resignar: el de su principal consejero. Esa es la razón por la que, aun cuando en esta ocasión sus palabras parecieron inclinarse en favor de Menem, pocos en la Casa Rosada interpretaron sus declaraciones como un cuestionamiento de fondo a Caputo.

Esa paradoja ayuda a entender el funcionamiento cotidiano de la Casa Rosada. Desde que llegó al poder, Milei fue delegando áreas enteras de gestión mientras concentraba su atención en la economía y la batalla cultural. El resultado fue un sistema con dos polos claramente diferenciados. De un lado, Karina Milei, encargada del armado político y partidario de La Libertad Avanza y principal administradora del acceso al Presidente. Del otro, Santiago Caputo, el estratega al que Milei suele definir como “el arquitecto” de su victoria electoral, que logró extender su influencia sobre algunas de las áreas más sensibles del Estado.

La diferencia entre ambos circuitos es tan simple como decisiva. Entre Javier Milei y Santiago Caputo no hay filtros, validaciones previas ni traductores políticos. El asesor habla con el Presidente de manera directa y cotidiana, sin necesidad de intermediarios. Los Menem, en cambio, construyeron un poder enorme, pero siempre mediado por Karina Milei, que es quien convierte sus planteos en decisiones concretas. Mientras Caputo conserva una línea directa con el jefe de Estado, tanto Martín como su primo “Lule” ejercen su influencia a través del canal institucional y político que representa la hermana del Presidente. “Santiago manda un mensaje y soluciona los problemas; Lule, no”, lo resumió alguien que conoce la interna oficialista desde adentro.

Eso no significa que el poder de los Menem sea menor. Por el contrario, se trata de una de las estructuras más robustas del oficialismo. Martín, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, conduce la estrategia parlamentaria. Lule, desde la Subsecretaría de Gestión Institucional, diseñó el armado territorial de La Libertad Avanza en gran parte del país, negoció candidaturas y construyó una red de vínculos con las provincias que lo convirtió, para muchos dentro del Gobierno, en una suerte de ministro del Interior sin cartera.

El episodio del fin de semana, sin embargo, dejó daños colaterales. Uno de ellos es el desconcierto de una parte de la militancia digital libertaria, habituada durante meses a actuar como un bloque disciplinado detrás de las directivas del propio Caputo y de figuras como Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan. Las críticas públicas de Parisini a la explicación presidencial y la sensación de que el Presidente pudo haber sido mal informado reflejaron una fisura poco habitual en ese ecosistema. El otro efecto es más personal para el propio asesor: al exponer públicamente sus sospechas y no obtener un respaldo explícito del Presidente en esta ocasión, quedó momentáneamente en la incómoda posición de quien, al menos para algunos dentro del oficialismo, terminó cayendo en una trampa tendida por sus adversarios internos.

La tensión, de todos modos, está lejos de haber concluido. Si no hay nuevos cambios de último momento, Caputo y Menem volverán a verse las caras el próximo martes en una nueva reunión de la mesa política, el ámbito donde se coordinan estrategias legislativas y que esta semana quedó virtualmente paralizado como consecuencia del conflicto. Ese reencuentro será observado con atención en la Casa Rosada.

El Presidente sabe que ambos circuitos cumplen funciones complementarias y que una ruptura abierta entre ellos tendría costos difíciles de absorber. El interrogante de fondo no es quién ganó esta batalla puntual, sino otro. ¿Qué ocurrirá si, tarde o temprano, Javier Milei se ve obligado a optar entre el asesor al que históricamente blindó y la estructura política que su hermana construyó para darle sustentación al proyecto libertario? Por ahora, la pregunta no tiene respuesta, pero resume mejor que ninguna otra la fragilidad del equilibrio sobre el que descansa el Gobierno.

PL/MG

El regreso de Santiago Caputo desde Washington no trajo consigo una tregua sino, por el contrario, una nueva escalada en la interna libertaria. Apenas aterrizado, el principal asesor de Javier Milei decidió pasar a la ofensiva y apuntó directamente contra Martín Menem, a quien responsabiliza por una serie de ataques difundidos desde una cuenta anónima, en la que durante los últimos días se multiplicaron mensajes especialmente agresivos en su contra.

La disputa, que hasta hace poco se desarrollaba en voz baja, quedó expuesta de manera inédita y provocó un efecto inmediato en uno de los ámbitos de coordinación que es compartido por ambas figuras: la suspensión de hecho de la mesa política, el espacio que desde el verano se consolidó como el verdadero centro de decisiones del oficialismo, incluso por encima de las propias reuniones de gabinete, que según confirmaron este martes desde el Gobierno tendrá una nueva cita el próximo lunes 25 de mayo, tras el habitual Te Deum por la fecha patria en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El parate no es un detalle menor. Además de Caputo y del titular de la Cámara de Diputados, esa instancia, que venía reuniéndose semanalmente, es convocada por Manuel Adorni, junto a los principales vértices del poder libertario: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado; Diego Santilli, encargado del vínculo con gobernadores e intendentes; Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y dueño de la “caja”; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y operador de extrema confianza de la hermana del Presidente; e Ignacio Devitt, funcionario dedicado al seguimiento y coordinación de los temas prioritarios del Gobierno.

La mesa política, donde se discuten desde la estrategia legislativa y la comunicación hasta la administración cotidiana del poder, ganó relevancia de manera paulatina durante los primeros meses del año. En parte, porque las reuniones de gabinete dejaron de funcionar como un espacio real de discusión y se transformaron, cada vez más, en escenificaciones de respaldo al Presidente. La dinámica cotidiana del poder empezó entonces a correrse hacia ese otro ámbito, mucho más reducido y operativo, donde conviven dirigentes con perfiles y ambiciones muy distintas, pero unidos por la necesidad de administrar un gobierno que, desde su origen, nació con múltiples centros de poder y con una lógica interna atravesada por desconfianzas permanentes.

La reunión de la semana pasada, sin ir más lejos, ya había mostrado señales de agotamiento. Santiago Caputo se ausentó por su viaje a Washington, del que pocos estaban enterados, y el clima estuvo enrarecido por el desgaste político generado por las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, un tema que en las últimas semanas alteró el humor interno de la Casa Rosada y obligó al oficialismo a cerrar filas en defensa del funcionario. Incluso antes de la pelea pública entre caputistas y menemistas, varios de los asistentes describían una dinámica cada vez más tensa, con reuniones largas y discusiones cada vez menos disimuladas sobre el rumbo político del Gobierno y la administración de poder dentro del oficialismo.

Sin embargo, la situación actual fue el producto de algo absolutamente inesperado. El detonante fue la sospecha de Caputo de que detrás de la cuenta @PeriodistaRufus —donde se publicaron mensajes que calificaban al asesor como “el fracaso más grande que carga el presidente” y anticipaban que “le queda poco”— se encontraba el propio Martín Menem o, al menos, alguien de su entorno inmediato.

El titular de la Cámara de Diputados negó en privado cualquier vinculación con ese perfil y atribuyó el episodio a un “error involuntario” de un colaborador que replicó algunos de esos mensajes. La explicación, sin embargo, no alcanzó para desactivar el malestar del sector caputista, que interpreta los ataques como la manifestación más descarnada de una disputa de poder que ya no se limita a diferencias tácticas, sino que expone desconfianzas mucho más profundas, que, según el entorno del asesor, no involucrarían a Karina Milei.

Este lunes, en un mensaje publicado en su cuenta de X, Caputo buscó reafirmar su alineamiento personal con Milei y, al mismo tiempo, enviar una advertencia hacia adentro del oficialismo. “Voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, escribió. Y remató con una frase cargada de significado político: “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”. El mensaje fue leído dentro del oficialismo como una ratificación pública de cuál sigue siendo su principal blindaje: la confianza personal del Presidente.

Ese respaldo, sin embargo, convivió con una señal política más ambigua. Este martes, Javier Milei buscó bajarle el tono al conflicto y salió a respaldar a Martín Menem. Según sostuvo en una entrevista con Neura, la controversia del fin de semana fue “algo prefabricado para generar un problema” y aseguró que el propio titular de la Cámara baja dio explicaciones sobre el episodio dentro del gabinete. Más allá del intento presidencial por encuadrar la disputa como una maniobra externa, el principal efecto político ya es evidente. En la Casa Rosada pocos creen que la pelea derive en cambios inmediatos o pedidos de renuncia, aunque el episodio generó preocupación por el impacto que puede tener sobre el funcionamiento interno del Gobierno. Durante meses, la mesa política funcionó como una válvula de equilibrio entre los distintos sectores del oficialismo. Que hoy haya quedado en suspenso expone hasta qué punto esa convivencia volvió a entrar en una zona de fragilidad.

PL/CRM

La interna libertaria que el fin de semana se volcó de lleno al plano de las redes sociales preocupa a varios integrantes del Gabinete que reclaman la intervención del presidente Javier Milei.

“Está todo descontrolado. Javier (Milei) no interviene y es el único que puede ordenarlo”, sostuvo ante la agencia Noticias Argentinas un funcionario que reclama que el mandatario tome curso en la tensión abierta entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. 

Lo que parecía un cierre de semana tranquilo, sin movimientos aparentes en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se vio perturbada el sábado por la tarde cuando el consultor acusó al entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manejar una cuenta anónima que acumulaba mensajes contra la administración libertaria. 

Desde esa publicación hasta el cierre de esta nota, Caputo parecía no querer dar por finalizado el tema en las redes y se muestra activo sobre el tópico. “Está hinchado las pelotas. No creemos que haya sido ningún CM salvo que nos digan nombre y apellido y pida disculpas”, precisaron desde el entorno del asesor a esta agencia. 

A media mañana del domingo, Menem explicó al bloque por WhatsApp que no administraba la cuenta que le endilgaban y habló de un error involuntario de una de las personas de su equipo. “Es una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo”, planteó el diputado, según consignó NA. 

Lo que hasta entonces configuraba una contienda subterránea quedó exhibida a la vista de todos los que frecuenten el ecosistema virtual tuitero. “Yo propuse tiros, pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas”, se expidió con ironía Caputo en respuesta a una usuaria que pidió que resolvieran las diferencias “como hombres”. 

Los dichos generaron espanto en el entorno de la menor de los Milei. “Ah, tranqui”, planteó con estupor una importante fuente al margen del conflicto. 

“Es llamativo el nivel de mesianismo que manejan. Están todos locos. Manejan un nivel de odio sorprendente”, planteó otro funcionario a esta agencia, y sumó: “Se deben sentir de salida y quieren tirar de la cuerda, sino es insólito que hayan planteado una interna a cielo abierto”. 

El desgaste de lo que alguna vez fue el Triángulo de Hierro

La ruptura del vínculo entre los vértices del Triángulo de Hierro data de meses. Uno de los episodios que tensaron la relación se registró en agosto, en la previa a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, cuando los armadores dejaron afuera de las listas a los referentes de Las Fuerzas del Cielo. 

“Está todo roto desde cuando plantearon un Gobierno de coalición antes de la elección”, le factura una voz del ecosistema violeta al sector que responde a Caputo. Desde el Salón Martín Fierro aseguran que la eliminación de la cuenta @PeriodistaRufus fue sospechosa y la califican como “mal intencionada, pero muy conveniente y dócil”. 

“En definitiva solo desnuda lo que realmente piensa de algunos integrantes de su Gobierno y tiene derecho a pensarlo, pero decirlo a través de una cuenta fake es repudiable porque hay una intención de tirar la piedra y esconder la mano”, se expidieron. 

No es la primera vez que los integrantes del Gabinete reclaman la intervención del mandatario que estila no inmiscuirse en la interna que sabe que existe, pero en la que se niega a tomar partido. Una de las más activas en la idea era la senadora Patricia Bullrich, quien harta de no ser escuchada eligió transitar su propio camino por fuera de las diferencias planteadas. 

El estallido mediático preocupa a más de uno debido al complejo momento que atraviesa la administración libertaria marcada por los movimientos en la causa de Adorni, la caída en la imagen del mandatario y los reclamos económicos de la sociedad. 

Con información de Noticias Argentinas.

Durante varias semanas, Santiago Caputo pareció desvanecerse del centro de la escena. El escándalo que envuelve a Manuel Adorni absorbió la atención política y mediática de tal manera que el principal asesor de Javier Milei, hasta hace poco el personaje más observado del llamado triángulo de hierro, quedó relativamente fuera del radar. La paradoja es que la crisis que más inquietó a la Casa Rosada terminó ofreciéndole un inesperado respiro. Mientras ministros, legisladores y funcionarios dedicaban buena parte de su tiempo a defender al funcionario más cuestionado del gabinete, Caputo recuperó algo que en política suele ser tan valioso como el poder mismo: la posibilidad de operar lejos de los reflectores.

Pero la discreción nunca implicó retiro. En el ecosistema libertario nadie duda de que el asesor sin firma sigue ocupando un lugar decisivo en la arquitectura del poder. El viaje que realizó esta semana a Washington D. C. volvió a recordarlo. Más que una escala diplomática, la visita funcionó como un intento de demostración de que Caputo conserva uno de los activos más difíciles de sustituir dentro del Gobierno: el canal informal de interlocución con la administración republicana.

Sin embargo, más allá de los datos concretos que trascendieron, el verdadero significado de la travesía sigue envuelto en un margen de ambigüedad. Se sabe que Caputo participó junto al embajador Alec Oxenford de un evento en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que mantuvo reuniones reservadas con Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional de Trump para América Latina. También que ese encuentro con Mast resultó especialmente sugestivo por las recientes declaraciones del congresista sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en las que advirtió que, luego de la asistencia financiera de US$20.000 millones de Estados Unidos a la Argentina, sería “inaceptable” que empresas norteamericanas quedaran al margen del negocio del dragado y de las vías navegables.

Pero, aun con esa agenda parcialmente reconstruida, subsiste una pregunta que algunos malpensados se hacen: ¿quién impulsó realmente la invitación al asesor si Donald Trump y buena parte de su gabinete se encontraba de visita en China? El propio Caputo intentó despejar cualquier tipo de dudas con un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que señaló que tanto Mast como Jensen “resaltaron la alianza estratégica con la Argentina basada en la confianza que tienen en Javier Milei y la búsqueda de profundizar esa alianza de manera ‘sistémica’”.

Aquel backchannel (la negociación extraoficial) construido por el asesor, de la mano del lobista republicano Barry Bennet —y la injerencia directa del polémico empresario Leonardo Scatturice en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés)—, es presentado por su entorno como una de sus obras más ambiciosas y, al mismo tiempo, como la prueba más tangible de su utilidad política. Según repiten cerca suyo, fue ese circuito paralelo el que permitió destrabar el préstamo que Trump le otorgó a Milei en septiembre del año y que ahora el congresista Mast quiere cobrarse. Un acuerdo que tuvo su correlato un mes más tarde, en la reunión que mantuvieron ambos presidentes en la Casa Blanca.

Para los detractores internos de Caputo, en cambio, aquella operación tuvo una segunda lectura menos altruista. Al convertirse en el arquitecto y custodio de ese vínculo reservado, el asesor no solo le habría resuelto a Milei uno de sus objetivos geopolíticos más ambiciosos, a pocas semanas de las elecciones nacionales en las que La Libertad Avanza triunfó. También, en los hechos, lo que terminó fue convirtiéndose en el dueño de una llave que ningún otro dirigente del oficialismo posee. Una jugada magistral para asegurarse que, cada vez que alguien ponga en duda su continuidad, deba preguntarse quién podría reemplazarlo sin arriesgar el puente directo con Trump. En esa zona gris entre el interés del Estado y la construcción de poder personal reside buena parte de su fortaleza.

Juegos de poder

En el plano político doméstico, la visita de Caputo a los Estados Unidos pudo leerse como una reafirmación de utilidad. ¿Fue también una forma de recordarle al resto del oficialismo que sigue allí, que conserva relaciones que nadie más puede ofrecer y que continúa siendo funcional a uno de los objetivos estratégicos más importantes del Presidente? Y, en sentido inverso, ¿es realmente cierto que en el gabinete nadie sabía de antemano que viajaría, o esa aparente sorpresa formó parte de la misma lógica de opacidad y centralización con la que el asesor suele administrar sus movimientos?

Pese a su actual repliegue relativo, Caputo nunca dejó de tener influencia en varios resortes clave del aparato estatal. Uno de ellos es el área de Salud, probablemente su principal caja dentro del Gobierno, un sector con capacidad de intervención y enorme peso presupuestario. A través de su vínculo con el ministro Mario Lugones, y de la participación de Rodrigo Lugones, su socio histórico, mantiene una presencia significativa en un universo donde se cruzan intereses públicos y privados de enorme magnitud. Sin embargo, la crisis que atraviesa el PAMI, con su delicada situación financiera y operativa, convirtió ese sector en uno de los frentes más sensibles de la administración.

La otra pata de su poder permanece en la inteligencia. Caputo sigue siendo el principal articulador político de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un organismo que considera esencial tanto para la gobernabilidad interna como para la inserción de la Argentina en los circuitos de cooperación occidentales. En los últimos meses, el oficialismo exhibió como prueba de ese proceso la intensificación de los contactos entre la SIDE y la CIA. La fotografía del Señor 5, Cristian Auguadra, junto a su par estadounidense, John Ratcliffe, en el hall principal de la sede de CIA en Langley fue interpretada como un guiño explícito al rediseño del sistema de inteligencia impulsado por el asesor.

La incógnita, hacia adelante, es qué impacto podrá tener la llegada del karinista Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un ámbito con capacidad para monitorear el funcionamiento de la SIDE y el uso de sus fondos reservados. Si esa designación alterará el delicado equilibrio de poder alrededor del sistema de inteligencia o si terminará adaptándose a la lógica ya consolidada por Caputo es, por ahora, una pregunta abierta que solo el tiempo podrá responder.

Lo cierto es que la discusión sobre el futuro del asesor nunca desapareció. Desde el año pasado, sectores del oficialismo cercanos a los primos Martín y “Lule” Menem imaginan un escenario en el que el poder de Caputo se reduzca gradualmente hasta desembocar en su salida. Es una fantasía recurrente en los márgenes del karinismo y, para algunos, un “sueño húmedo” que reaparece cada vez que el consultor atraviesa un momento de exposición o desgaste. “Santiago puede llegar a irse, pero se va a ir cuando él lo decida”, resumió, sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, alguien que conoce la interna libertaria desde adentro.

En el entorno de Caputo relativizan la existencia de una confrontación directa con Karina Milei. Sostienen que la secretaria general de la Presidencia no interviene personalmente en esa disputa y que las tensiones obedecen más bien a movimientos de dirigentes de su entorno. Pero en la práctica, la distinción suele resultar difusa.

Es algo que quedó especialmente expuesto en marzo, cuando las pujas al interior del oficialismo alcanzaron uno de sus puntos más delicados. El desplazamiento de Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia fue interpretado como un retroceso del caputismo y demostró que, más allá de las explicaciones, la pulseada por los espacios de poder continúa abierta. Según reconstruyen cerca del Gobierno, fue entonces cuando Milei buscó despejar cualquier duda. “El Ministerio de Justicia sí, pero la SIDE no”, le habría dicho a su hermana.

Es que el factor que mantiene a Caputo resguardo no es un cargo formal ni una estructura propia, sino el vínculo personal que conserva con el Presidente. En la práctica, ese lazo funciona como su principal seguro político, mucho más cuando se vive una etapa en la que el asesor volvió a estar a la defensiva.

El dato central, en cualquier caso, es que Caputo continúa acumulando atributos difíciles de reemplazar. Sobre todo, a la hora de contar con algo que en la lógica de Milei vale más que cualquier cargo formal: la certeza presidencial de que todavía resulta imprescindible. En un gobierno donde la confianza personal es el criterio último de supervivencia, esa convicción sigue siendo, al menos por ahora, la garantía más robusta de su permanencia.

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Mientras en la Casa Rosada el Gobierno atravesaba semanas de alta tensión política, Santiago Caputo volvió a concentrarse en uno de los terrenos donde construyó parte sustancial de su poder: la relación directa con el ecosistema político de Donald Trump. El principal asesor de Javier Milei viajó esta semana a Washington D. C. con una agenda reservada y el objetivo de profundizar un canal de diálogo paralelo que, según repiten en su entorno, fue determinante para concretar la reunión que el libertario mantuvo con Trump en octubre del año pasado en la Casa Blanca. Para el asesor y su grupo, esa negociación informal o “backchannel” constituye uno de los activos estratégicos más valiosos del oficialismo y una nueva muestra de que la diplomacia del mileísmo no se agota en los carriles formales de la Cancillería.

“Lo convocó el Departamento de Estado a la Casa Blanca”, señalaron a elDiarioAR cerca de Caputo, en una fórmula que buscó transmitir que se trató de una invitación institucional de alto nivel. Según la misma fuente de su entorno, en las reuniones “hablaron de la situación de Argentina y los conflictos en general” y rechazaron las versiones que sugerían que se hubiera tocado el affaire del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En la capital estadounidense, según trascendió, el asesor participó de un evento en el octavo piso del Departamento de Estado de los Estados Unidos junto al embajador Alec Oxenford. Allí, la Argentina fue distinguida por la Washington Foreign Law Society y por la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado, conducida por Reed Rubinstein. La ceremonia se realizó en el histórico Benjamin Franklin Room, uno de los salones más emblemáticos de la diplomacia estadounidense, y reunió a abogados, diplomáticos y funcionarios de peso, entre ellos el subsecretario de Estado Christopher Landau.

Caputo estuvo acompañado por Manuel Vidal, uno de sus hombres de mayor confianza y una figura clave en la arquitectura de ese vínculo transnacional. Según distintas fuentes, fue Vidal quien años atrás conectó al asesor con Leonardo Scatturice, empresario radicado en Estados Unidos cuya firma Tactic Global desempeñó un papel central en la inserción del mileísmo en el ecosistema de la CPAC y en los círculos de Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach. De ese mismo universo proviene Barry Bennett, veterano estratega republicano y uno de los principales nexos entre ambas administraciones.

En la visión del asesor, ese entramado no solo facilitó la aproximación política con Trump, sino que también contribuyó a robustecer la cooperación en áreas sensibles de seguridad e inteligencia. En los últimos meses, la CIA y la SIDE intensificaron sus contactos institucionales, en un contexto en el que el Gobierno buscó exhibir un organismo modernizado y alineado con estándares occidentales, enfocado en amenazas complejas como el terrorismo. La difusión de la fotografía de Cristian Auguadra junto a su par John Ratcliffe, en el hall principal de la sede central de Langley, fue interpretada dentro del oficialismo como una señal de validación internacional al rediseño impulsado por Caputo sobre el sistema de inteligencia argentino.

El viaje de Caputo a Washington también permitió explicar una ausencia que había llamado la atención apenas 24 horas antes en Balcarce 50. El asesor no participó de la reunión de la mesa política del martes, el ámbito donde habitualmente comparte decisiones estratégicas con Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo Menem e Ignacio Devitt. La noticia de que se encontraba fuera del país despertó una inmediata ola de especulaciones en el ecosistema libertario y en los círculos políticos que siguen de cerca sus movimientos.

En ese clima de suspicacia, el diputado bonaerense Agustín Romo, uno de los dirigentes más cercanos a Caputo y referente de Las Fuerzas del Cielo, publicó un escueto mensaje en su cuenta de X. Ante las versiones que circulaban sobre la presencia del asesor en territorio norteamericano, compartió una nota periodística al respecto y escribió una sola palabra: “Verdadero”.

Horas antes de volar, Caputo publicó un extenso mensaje en X a modo de guiño a los Estados Unidos. En él sostuvo que el mundo se encamina hacia una competencia entre “Grandes Naciones” por asegurarse las mejores cadenas de suministro para sus economías y anticipó una o dos décadas de “carrera mineralística” antes de un eventual conflicto global. En ese esquema, afirmó que la Argentina “decidió jugar con los Aliados y no con el Eje como en otros tiempos” y que, por la abundancia de recursos estratégicos, puede convertirse en un socio clave del país del norte.

La visita del asesor a Washington, sin embargo, se produjo en un momento especialmente sensible para el Gobierno, con un Javier Milei que busca recuperar la iniciativa y volver a instalar el programa económico como eje ordenador de la conversación pública. En la Casa Rosada siguen procesando el impacto político del caso que involucra a Adorni, una crisis que en las últimas semanas absorbió buena parte de la energía del oficialismo y obligó al gabinete a concentrarse en tareas defensivas antes que en la gestión cotidiana.

En ese contexto, el dato de inflación de abril aportó un alivio que en Balcarce 50 esperaban con ansiedad. El INDEC informó que el IPC fue de 2,6%, la cifra más baja de los últimos cinco meses. Aunque la inflación acumulada en el primer cuatrimestre alcanzó 12,3% y ya superó la meta de 10,1% prevista por el Ministerio de Economía para todo 2026, la desaceleración fue presentada por el Gobierno como una señal positiva. Sin embargo, en una entrevista con Neura, el Presidente afirmó que el único dato que va a dejar “cómodo” al Gobierno es que sea “cero”.

La de esta semana no fue la primera vez que Santiago Caputo se mueve de manera paralela a la diplomacia formal. En el universo mileísta, esa capacidad para tejer relaciones reservadas con Washington es presentada como una de las razones por las cuales el asesor continúa ocupando un lugar central en la estructura de poder, incluso en momentos en que su influencia doméstica parece quedar temporalmente fuera de escena.

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Tal como se preveía, el diputado nacional de La Libertad Avanza Sebastián Pareja fue ungido como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia.

En un fino equilibrio de pesos y contrapesos, el oficialismo logró al mismo tiempo complacer a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no aceptaba otra opción que su delfín bonaerense, y contener al PRO -que pretendía la presidencia-, resarciéndolo con la vicepresidencia primera para el senador misionero Martín Goerling.

La vicepresidencia segunda, en tanto, quedó en reserva y se resolverá en una próxima reunión de la bicameral.

La comisión quedó integrada será integrada por cinco libertarios -además de Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche-; tres de Unión por la Patria -los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez-; dos del PRO -Goerling y el diputado Cristian Ritondo; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moises y Edith Terenzi.

El sillón de la presidencia de ese cuerpo, que se ocupa de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la SIDE, era objeto una sórdida disputa desde hace meses entre el PRO y La Libertad Avanza.

El problema es que el oficialismo, con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a la cabeza, le había prometido dicho cargo a Ritondo, pero al poco tiempo Karina Milei, que ejerce poder de mando sobre el riojano, exigió reservar ese lugar para Pareja, un incondicional.

El viraje en la postura de Karina Milei se da en el marco de la escalada de la guerra fría de posiciones que mantiene con Santiago Caputo, quien controla la SIDE a través de su titular Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, a cargo de la caja del organismo.

Además de la de Inteligencia, este martes se constituyeron las bicamerales de Trámite Legislativo, la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

Con información de Noticias Argentinas

JIB