La conversación ya había cruzado varios límites cuando Alejandro Sarubbi Benítez lanzó la propuesta que terminó convirtiéndose en el centro de la polémica. Durante una emisión de La Trinchera, el programa libertario que conduce en el canal de streaming Carajo, el abogado sugirió cercar el conurbano bonaerense con un muro custodiado por francotiradores y, como alternativa todavía más extrema, bombardearlo diariamente con napalm. Las declaraciones provocaron un inmediato repudio y volvieron a poner el foco sobre una de las figuras más extremas del ecosistema libertario.

El intercambio había comenzado con una discusión sobre la provincia de Buenos Aires. Sarubbi sostuvo que el conurbano tenía un “problema cultural y de marginalidad” que, según su visión, ya no tenía solución. A partir de esa premisa empezó a enumerar tres supuestas alternativas que fueron escalando en violencia.

La primera consistía en impulsar esterilizaciones masivas. “La primera sería la esterilización... De hecho, es muy buena, en serio. Es la más tibia, la más tranquila de las tres”, afirmó. La referencia evocó inevitablemente uno de los episodios más condenados del gobierno de Alberto Fujimori en Perú, cuando miles de mujeres, principalmente campesinas e indígenas, fueron sometidas a programas de esterilización sin un consentimiento pleno.

Lejos de detenerse, avanzó con una segunda propuesta todavía más extrema: cercar completamente el conurbano bonaerense. “Levantaría un muro de quince metros de altura con snipers arriba para que nadie pueda cruzar. Obviamente, daría la posibilidad de no quedarse ahí, pero con portación de cara. Sería totalmente arbitrario a la hora de decir quién pasa y quién no”, sostuvo entre risas de los integrantes de la mesa.

Finalmente planteó una tercera alternativa. “Todas las mañanas tirar napalm desde aviones”, dijo, agregando que previamente se avisaría, “con total arbitrariedad”, a las personas que el Estado decidiera salvar antes del bombardeo.

En otro tramo, celebró a carcajadas la intervención de Kalina Ann, integrante de la mesa, quien en una tabla con distintos tonos de piel indicó el blanco para mostrar qué bonaerenses tendrían “derecho” a dejar el conurbano.

Pero quienes siguen desde hace tiempo el universo libertario saben que ese tipo de intervenciones no constituyen un hecho aislado. La provocación, la hipérbole y la búsqueda deliberada de correr los límites de lo aceptable forman parte de la identidad pública que Sarubbi Benítez construyó en los últimos años. Abogado de profesión y conductor de La Trinchera, se convirtió en una pieza central del ecosistema digital que rodea a Santiago Caputo: no sólo participa activamente de la construcción discursiva de ese espacio, sino que además representa judicialmente a varios de sus principales referentes.

Su cartera de clientes refleja el lugar que ocupa dentro de ese entramado. Según pudo saber elDiarioAR, además de representar al propio Daniel Parisini –el Gordo Dan–, también patrocinó judicialmente a Fernando Cerimedo, propietario de La Derecha Diario; a Esteban Glavinich, conocido en redes como “Traductor Te Ama”; y hasta al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, entre otros dirigentes y comunicadores vinculados al espacio libertario.

Un historial de polémicas

No es la primera vez que Sarubbi Benítez quedó en el centro de una controversia. Meses atrás había calificado al gobernador bonaerense Axel Kicillof como un “gigantísimo retrasado mental” durante otra emisión de Carajo. Mientras pronunciaba esas palabras, el programa exhibía una imagen generada con inteligencia artificial que modificaba el rostro del mandatario para asemejarlo a una persona con síndrome de Down.

Las expresiones motivaron cuestionamientos de organizaciones vinculadas a la discapacidad. La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), que en reiteradas oportunidades pidió evitar ese tipo de términos, recordó que el uso de esas expresiones contribuye a reforzar estigmas y vulnera la dignidad de las personas con discapacidad.

Su actividad en redes sociales tampoco pasó inadvertida para el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. La semana pasada, el Tribunal de Disciplina de la institución sancionó a Sarubbi por las expresiones que publicó contra los integrantes de la Corte Suprema y otros miembros del Poder Judicial desde su cuenta de X.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Marcelo Bassano, quien cuestionó una serie de publicaciones en las que Sarubbi insultó a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda luego de un fallo del máximo tribunal. “La concha puta de su madre enfermos hijos de mil puta. Los quiero presos del primero al último”, escribió el abogado, para luego insistir calificándolos como “hijos de mil puta” y definir a la Corte como “la peor Corte de la historia humana”.

En su presentación, Bassano sostuvo que esas manifestaciones no podían considerarse simples opiniones privadas porque habían sido difundidas desde una cuenta pública en la que Sarubbi se presenta y actúa como abogado.

El Tribunal de Disciplina coincidió con ese criterio. En la resolución sostuvo que el letrado había proferido “frases insultantes y ofensivas” no sólo contra los jueces de la Corte sino también contra toda la administración de justicia y concluyó que su conducta “excedió un límite al decoro profesional” y vulneró los principios éticos que rigen el ejercicio de la abogacía. Como consecuencia le aplicó una advertencia disciplinaria, una de las sanciones previstas por el Código de Ética profesional.

En otro expediente independiente, iniciado por el especialista en informática Javier Smaldone, el mismo Tribunal le impuso además una multa de un millón de pesos. Sarubbi apeló ambas resoluciones ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, por lo que las sanciones permanecen bajo revisión judicial y todavía no quedaron firmes.

En su descargo, el abogado rechazó los cuestionamientos y denunció que existía un intento de perseguirlo por sus opiniones políticas. “El problema surge cuando se pretende perseguir al otro por sus opiniones”, sostuvo en su presentación ante el Tribunal de Disciplina. Y agregó: “Aún en el improbable caso de obtener su objetivo, su torpeza no le permite vislumbrar que de cualquier modo voy a seguir opinando sobre lo que me dé la gana por el solo hecho de que así se me antoja”.

También cuestionó que el Colegio Público pretendiera intervenir sobre expresiones realizadas desde sus redes sociales y advirtió que una institución profesional no podía convertirse en “una mera herramienta de exterminio de individualidades no afines al pensamiento colectivo”. Lejos de modificar su perfil, Sarubbi continuó profundizando el mismo estilo que lo convirtió en una figura de referencia dentro del universo libertario.

PL/MG

Mientras el Gobierno concentra buena parte de su atención en la agenda parlamentaria del segundo semestre, otra disputa de poder avanza silenciosamente puertas adentro del PAMI. Durante las últimas semanas, la obra social de los jubilados comenzó a atravesar una serie de movimientos internos que modificaron el equilibrio de fuerzas dentro del organismo: gerentes desplazados de sus funciones, nuevos funcionarios llegados desde el Ministerio de Justicia y una conducción operativa que, según distintas fuentes consultadas por elDiarioAR, empezó a concentrarse en un reducido grupo de dirigentes con llegada directa a la Casa Rosada.

La reconfiguración ocurre en un momento particularmente delicado para el organismo. Desde abril, el PAMI quedó en el centro de las críticas por el deterioro de las prestaciones médicas, las dificultades para acceder a medicamentos y las demoras en distintos servicios, una situación que terminó exponiendo a las máximas autoridades de la institución, encabezadas por el director ejecutivo, Esteban Leguízamo, y su segundo, Carlos Zamparolo. En paralelo, el organismo puso en marcha un amplio programa de retiros voluntarios, avanzó con una reducción de su estructura y comenzó a profundizar la digitalización de numerosos trámites, medidas que también despertaron preocupación entre trabajadores y jubilados. “Está todo muy estallado, muy paralizado”, resumió una fuente con conocimiento del funcionamiento interno del organismo.

Fue precisamente en ese contexto cuando empezó a modificarse el equilibrio interno del PAMI. En abril, el Gobierno designó como síndica general a María Florencia Zicavo, una abogada de estrecha confianza del exministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que hasta marzo se desempeñó como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores de esa cartera. Su desembarco fue presentado oficialmente como un refuerzo de los mecanismos de auditoría y control sobre un organismo que administra uno de los presupuestos más importantes del Estado.

Sin embargo, el perfil de Zicavo excedía largamente el de una funcionaria técnica. En 2025, había encabezado la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada por el Gobierno para reunir información sobre el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, la comisión interna que el propio Poder Ejecutivo conformó para investigar las derivaciones del caso que involucra a Javier Milei. La decisión de poner al frente de esa investigación a la mano derecha de Cúneo Libarona había generado fuertes cuestionamientos de la oposición, que denunciaba un mecanismo de “autoinvestigación” del Gobierno. La UTI terminó siendo disuelta pocos meses después, bajo el argumento oficial de que había cumplido con la tarea encomendada.

Cuatro meses después de su llegada al PAMI, distintas fuentes del organismo sostienen que Zicavo dejó de ocupar un rol exclusivamente vinculado a las tareas de control para convertirse en una de las principales figuras de la conducción cotidiana. Según esa reconstrucción, comparte hoy el manejo operativo con el coordinador ejecutivo Juan Cruz Montero, también incorporado desde el Ministerio de Justicia en el mes de mayo.

La reconfiguración coincide además con otros cambios ocurridos recientemente en el área de Salud. A principios de julio, el Gobierno aceptó la renuncia de Guido Giana, el número 2 del ministerio que conduce Mario Lugones y responsable de la coordinación administrativa de la cartera. Cerca del exfuncionario atribuyeron entonces su salida al desgaste acumulado por la gestión y aseguraron que había decidido dar un paso al costado. Sin embargo, dentro del propio Gobierno también circularon versiones que vinculaban su alejamiento con diferencias alrededor del manejo de los recursos del ministerio. En el PAMI, donde Giana había ocupado la Gerencia Económico Financiera durante la gestión de Mauricio Macri, su salida fue interpretada por algunos funcionarios como otro indicio de la reorganización que atraviesa el área sanitaria nacional.

Los cambios, sin embargo, todavía no terminaron. En distintos despachos del PAMI aseguran que continúan circulando versiones sobre nuevas remociones, incluso entre las máximas autoridades de la institución. Ninguna de las fuentes consultadas pudo confirmar esos rumores, pero el solo hecho de que hayan ganado fuerza refleja el clima de incertidumbre que atraviesa hoy la obra social.

Lo que sí aparece como un dato consolidado es el desplazamiento de buena parte del primer nivel gerencial. Según pudo reconstruir elDiarioAR, varios responsables de áreas estratégicas fueron apartados de la conducción cotidiana, aunque permanecen formalmente dentro del organismo y continúan percibiendo sus salarios. “No los sacan: los corren, pero siguen cobrando lo mismo”, describió una fuente al tanto de las resoluciones internas. Ese mecanismo llamó la atención incluso entre empleados de carrera, ya que los funcionarios dejan de ejercer las responsabilidades que tenían asignadas sin abandonar formalmente la estructura administrativa.

La reorganización, sin embargo, no fue absoluta. Algunos nombres conservaron sus posiciones. Entre ellos aparecen Carolina Olivera, gerente Técnico Operativa y una de las funcionarias más influyentes del organismo, que meses atrás quedó bajo la lupa tras conocerse que había obtenido un millonario crédito del Banco Nación en condiciones que despertaron cuestionamientos, y la platense Antonella Racunti, titular del Área de Participación e Inclusión Social y considerada puertas adentro del PAMI central como la principal exponente del sector alineado con Santiago Caputo. La permanencia de esas funcionarias alimentó nuevas especulaciones sobre el verdadero alcance de la reconfiguración y sobre el delicado equilibrio que todavía persiste entre los distintos sectores del oficialismo con influencia en la obra social.

La reciente designación de Luciana Campos al frente de Recursos Humanos se sumó al protagonismo creciente de Zicavo y a otros nombramientos de perfiles similares. En distintos despachos del organismo interpretan esos movimientos como parte de un avance del armado político de Karina Milei, de la mano de los primos Menem. Se trata de una hipótesis que ninguna fuente presenta como una certeza, pero que comenzó a ganar fuerza a medida que avanzaron los cambios internos. “La duda es si viene una línea más cercana a Karina y qué va a pasar con los caputistas”, admitió un funcionario que sigue de cerca la reconfiguración.

La disputa política se desarrolla, además, en medio de una compleja transición administrativa. Según pudo saber elDiarioAR, el programa de retiros voluntarios registra una adhesión inferior a la esperada por las autoridades y todavía no terminó de instrumentarse, mientras la salida de varios gerentes ralentizó distintos procesos internos. Las negociaciones salariales permanecen prácticamente congeladas y el clima entre los trabajadores se deterioró durante los últimos meses.

En paralelo, distintas fuentes describen un proceso más amplio de transformación del PAMI, con una creciente digitalización de trámites, la reducción de personal y la posibilidad de cerrar algunas agencias del interior. El objetivo oficial sería concentrar cada vez más gestiones en canales digitales y disminuir la estructura territorial del organismo. Entre trabajadores y especialistas del sector, sin embargo, existe preocupación por el impacto que esos cambios podrían tener sobre una población integrada mayoritariamente por adultos mayores, históricamente acostumbrados a resolver sus trámites de manera presencial. “El fuerte del PAMI siempre fue la cercanía. Perder eso es perder buena parte de lo que se hizo durante décadas”, resumió un trabajador del organismo.

Con ese escenario de fondo, la incógnita ya no pasa únicamente por quiénes ocuparán los cargos que quedaron vacantes tras la purga. La verdadera discusión, según coinciden distintas fuentes del organismo, es quién terminará controlando uno de los organismos con mayor presencia territorial y mayor volumen presupuestario del Estado nacional, justo cuando la crisis de prestaciones convirtió a la obra social en uno de los frentes más sensibles para el Gobierno.

PL/CRM

Modificar por decreto una ley migratoria ya era, de por sí, una decisión destinada a generar controversia. Hacerlo apenas un mes después de que la Cámara Nacional Electoral declarara inconstitucional otra reforma impulsada por Javier Milei sobre la misma norma elevó todavía más la apuesta política de la Casa Rosada. El Gobierno sabía que volvería a enfrentar cuestionamientos constitucionales, que el texto sería examinado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo y que probablemente terminaría otra vez en los tribunales. Aun así, decidió avanzar.

La explicación no aparece en un cambio repentino de la política migratoria ni en una situación de emergencia en las fronteras. Tampoco en un informe elaborado por la Dirección Nacional de Migraciones o por las fuerzas de seguridad sobre un aumento de delitos vinculados con extranjeros. Según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, el impulso para modificar la Ley de Migraciones surgió por otro carril: la convicción, instalada en el círculo más cercano al Presidente durante las semanas posteriores al Mundial, de que la Argentina estaba siendo blanco de una ofensiva internacional organizada para desacreditarla.

Esa lectura comenzó a tomar forma en el despacho que Santiago Caputo ocupa en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. Desde allí, el asesor presidencial impulsó durante las últimas semanas la necesidad de que el Gobierno respondiera con herramientas institucionales a lo que definía como una “campaña antiargentina”. La idea fue ganando terreno al ritmo de las críticas que distintos artistas, periodistas y figuras públicas formularon contra la Argentina tras la final que la Selección perdió contra España y de la escalada diplomática que el propio Milei alimentó al denunciar, sin presentar pruebas, que detrás de esos cuestionamientos se encontraban los gobiernos de Brasil y México.

Ese clima de confrontación también estuvo atravesado por fuertes polémicas protagonizadas por referentes del propio oficialismo. Mientras el Gobierno denunciaba una campaña internacional que buscaba instalar la idea de que la Argentina era un país racista, algunas de las figuras más cercanas al Presidente quedaron envueltas en controversias por publicaciones en redes sociales.

La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó a la selección francesa tras el partido frente a Paraguay al referirse a ella como un “equipo africano” y lanzar descalificaciones contra Kylian Mbappé, comentarios que despertaron acusaciones de discriminación. Un día más tarde, el propio Caputo escribió en su cuenta de X: “Qué piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”, un mensaje publicado inmediatamente después de la derrota de Brasil frente a Noruega que también generó una fuerte repercusión.

Lejos de retroceder, en el entorno presidencial interpretaron que esos episodios confirmaban la existencia de una disputa cultural de alcance internacional. En la Casa Rosada comenzó a consolidarse la idea de que las campañas de desinformación y desprestigio impulsadas desde el exterior debían ser consideradas una amenaza para los intereses nacionales y que el Estado debía desarrollar herramientas para responder a ese tipo de acciones. El decreto migratorio terminó convirtiéndose en la primera traducción normativa de ese diagnóstico.

Caputo fue uno de los principales impulsores de esa narrativa. “Se pasaron meses diciendo que no existían las campañas de desinformación extranjeras. Me alegro que se unan a la defensa de los intereses argentinos finalmente”, escribió días atrás en sus redes sociales. Horas después compartió un mensaje de Agustín Laje, quien sostuvo que la “campaña anti-Argentina” constituía “la última manifestación ideológica de la agenda woke” y que “nunca se trató de fútbol, sino de una agresión cultural y política contra lo que hoy representa Argentina en el mundo”. Apenas una semana después, esa interpretación política terminaría convertida en uno de los fundamentos centrales del DNU 681/2026, cuya confección estuvo a cargo de los equipos de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.

La instrumentación quedó ahora en manos de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Distintas fuentes oficiales señalaron que fue ella quien se ocupó de contactar personalmente a los distintos ministros para explicar el alcance de la iniciativa y coordinar la firma del decreto. La elección tampoco fue casual. Desde fines de 2025, la Dirección Nacional de Migraciones depende del Ministerio de Seguridad, luego de haber sido transferida desde la órbita del Ministerio del Interior. La cartera que conduce Monteoliva será ahora la encargada de aplicar una norma que amplía de manera significativa las facultades del Estado para impedir ingresos o cancelar residencias.

De la “batalla cultural” a la ley

El cambio no es menor. Históricamente, las restricciones migratorias estuvieron vinculadas a cuestiones relativamente objetivas, como antecedentes penales, terrorismo, narcotráfico, documentación irregular o amenazas concretas para la seguridad pública. El nuevo decreto incorpora una lógica diferente: habilita consecuencias migratorias por expresiones públicas realizadas por extranjeros. A partir de ahora, quienes “inciten mensajes de odio” contra el pueblo argentino por motivos de nacionalidad o “ultrajen” los símbolos patrios podrán ver rechazado su ingreso al país o incluso perder la residencia.

Ese corrimiento explica buena parte de la controversia que rodea al decreto. El texto no define qué constituye exactamente un “mensaje de odio”, tampoco fija parámetros objetivos para diferenciarlo de una opinión política, una crítica periodística o una manifestación artística, ni establece un procedimiento específico para determinar cuándo una conducta encuadra dentro de esa categoría. En los hechos, esa valoración quedará en manos de la Dirección Nacional de Migraciones, que deberá interpretar conceptos deliberadamente amplios sin intervención judicial previa.

A esa discusión se suma otra todavía más delicada: la constitucional. Apenas un mes atrás, la Cámara Nacional Electoral declaró la nulidad del DNU 366/2025, mediante el cual el Gobierno había intentado modificar la misma Ley de Migraciones para transferir a la Dirección Nacional de Migraciones la facultad de otorgar la ciudadanía argentina. En aquella resolución, los jueces concluyeron que el Poder Ejecutivo no había acreditado circunstancias excepcionales que justificaran apartarse del procedimiento legislativo previsto por la Constitución. El nuevo decreto vuelve a apoyarse en el mismo artículo 99 inciso 3 y reabre un debate que parecía recién saldado.

Más allá de cuál sea finalmente su suerte en el Congreso o en la Justicia, el DNU 681/2026 constituye un nuevo paso en una estrategia que el mileísmo viene profundizando desde su llegada al poder: convertir diagnósticos nacidos en el terreno de la batalla cultural en políticas públicas con efectos jurídicos concretos. Si hasta ahora la denominada “campaña antiargentina” era una explicación política frente a las críticas internacionales, desde este jueves pasó a formar parte del propio ordenamiento migratorio argentino.

PL/MC

El definitivo desplazamiento de Darío Genua dejó de ser una hipótesis el lunes, cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió expresamente su salida de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, según confirmaron a elDiarioAR distintas fuentes oficiales. Aunque la decisión ya fue comunicada internamente y el funcionario dejó de ejercer la conducción política del área, el cambio todavía no fue formalizado porque el Gobierno aún no definió quién ocupará su lugar. La renuncia y la designación de su reemplazante se publicarán conjuntamente en el Boletín Oficial una vez que esa negociación quede cerrada.

La decisión constituye el punto final de un proceso que había comenzado varias semanas antes. A primera vista, el corrimiento de Genua puede leerse como un nuevo capítulo de la disputa de poder que desde hace meses atraviesa a la cúpula del Gobierno. Sin embargo, detrás del avance de Karina Milei sobre una de los sectores que estaba bajo la órbita política de Santiago Caputo comenzó a configurarse una discusión mucho más profunda: quién administrará la relación del Estado con el sector de las telecomunicaciones y con una parte sustancial de la infraestructura digital considerada estratégica.

Desde el comienzo de la gestión libertaria, la Secretaría de Innovación ocupó un lugar mucho más relevante que el que sugería su nombre. Bajo la conducción de Genua, que había asumido en julio de 2024, el área se transformó en un espacio de articulación de buena parte de las políticas vinculadas con la transformación digital del Estado, la infraestructura tecnológica, la identidad digital, la ciberseguridad y la coordinación con organismos clave como el ENACOM y ARSAT. Una centralidad que le permitió convertirse en uno de los pocos enclaves desde donde el asesor presidencial conservaba capacidad de influencia.

Ese equilibrio comenzó a romperse con la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete. Lejos de limitarse al reemplazo de Manuel Adorni, el desembarco del exvicejefe de Gobierno porteño vino acompañado por una profunda reorganización del organigrama estatal que terminó modificando el mapa de poder del área tecnológica.

La primera señal apareció a mediados de julio. Mediante una modificación de la estructura administrativa, el Gobierno resolvió que el ENACOM dejara de depender de la Secretaría de Innovación para pasar directamente a la órbita de la Jefatura de Gabinete. El cambio no era menor. El organismo concentra la regulación del mercado de las telecomunicaciones, administra el espectro radioeléctrico, otorga licencias, fiscaliza a los operadores y define buena parte de las reglas bajo las cuales funciona uno de los sectores más dinámicos de la economía.

En paralelo, ARSAT también fue retirada de la estructura que conducía Genua. La empresa estatal pasó a depender de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria, uno de los funcionarios de mayor confianza de Santilli. La decisión implicó que la Secretaría perdiera el control político sobre la Red Federal de Fibra Óptica, los servicios satelitales, el Centro Nacional de Datos de Benavídez y buena parte de la infraestructura digital estratégica del Estado.

Distintos funcionarios consultados por elDiarioAR coinciden en que el desplazamiento de Genua comenzó mucho antes de formalizarse. La explicación, sin embargo, no se limita a la redistribución de poder dentro del oficialismo. En paralelo comenzó a instalarse una discusión sobre el futuro del mercado de infraestructura de telecomunicaciones. Fuentes oficiales y empresarios del sector coinciden en que dentro del Gobierno existen sectores interesados en revisar el esquema bajo el cual operan determinados segmentos de ese negocio, históricamente concentrado en un reducido grupo de operadores y proveedores especializados.

Se trata de un debate particularmente sensible. Las compañías que participan no sólo intervienen en contratos de elevado volumen económico. También administran componentes esenciales de las redes por las que circula buena parte del tráfico de datos del país. Aunque el contenido de las comunicaciones se encuentra protegido por el marco legal vigente, la operación de esa infraestructura supone un nivel de acceso técnico y de conocimiento sobre el funcionamiento de las redes que convierte al sector en un área especialmente estratégica.

Por esa razón, la discusión nunca fue exclusivamente comercial. Tradicionalmente, el Estado reservó ese tipo de tareas para empresas con trayectoria y capacidades técnicas acreditadas, tanto por razones operativas como por cuestiones vinculadas con la seguridad de las comunicaciones. Ahora, distintas fuentes sostienen que comenzaron a ganar espacio dentro del Gobierno posiciones favorables a facilitar el ingreso de nuevos jugadores a algunos de esos segmentos.

Quienes impulsan esa apertura argumentan que el mercado permaneció durante años excesivamente concentrado y que resulta necesario ampliar la competencia para reducir costos e incorporar nuevos proveedores tecnológicos. Del otro lado, funcionarios y empresarios advierten que cualquier modificación en ese esquema debe evaluarse con extrema cautela por el carácter estratégico de la infraestructura involucrada y por las implicancias que podría tener sobre el funcionamiento de redes críticas.

Pero el control político de la Secretaría de Innovación adquiere una relevancia que trasciende largamente la modernización administrativa. En la Casa Rosada nadie reconoce que exista una decisión tomada para modificar las condiciones de acceso a ese mercado. Sin embargo, distintas voces admiten que la discusión existe y que el reordenamiento interno alteró el equilibrio político desde el cual se tomarán esas decisiones.

La secuencia coincide, además, con una serie de cambios impulsados durante julio. El ENACOM actualizó el régimen que regula el uso del espectro radioeléctrico, reemplazando un esquema vigente desde 1995 por otro adaptado a la evolución tecnológica del sector. La reforma modificó la forma de calcular aranceles, además de reorganizar categorías de servicios e incorporar nuevas modalidades de uso del espectro, en lo que el Gobierno presentó como una modernización técnica del sistema.

Aislada, esa reforma no altera quiénes pueden operar infraestructura crítica ni modifica las condiciones de acceso al mercado. Pero dentro del sector fue interpretada como la primera señal de un proceso más amplio de revisión regulatoria que podría extenderse a otros aspectos del negocio durante los próximos meses.

Vista en perspectiva, la salida de Genua deja de ser el mero desplazamiento de un funcionario para convertirse en el último capítulo de una reorganización mucho más profunda. Karina Milei no sólo avanzó sobre uno de los últimos espacios de influencia de Santiago Caputo. También concentró bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete y de funcionarios de su máxima confianza el control de organismos que participan de algunas de las decisiones con mayor impacto económico y estratégico de toda la administración pública.

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La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y Actividades de Inteligencia volvió a reunirse este martes por primera vez bajo la conducción del diputado libertario Sebastián Pareja y tomó una decisión que el Gobierno había logrado evitar desde el recambio de autoridades en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): citar a su titular, Cristian Auguadra, para que concurra al Congreso a fines de agosto y responda preguntas sobre la reforma del sistema de inteligencia impulsada por Javier Milei.

Será la primera vez que el denominado “Señor 5” comparezca ante la comisión bicameral desde que asumió al frente de la SIDE en diciembre del año pasado. Hasta ahora, Auguadra, que responde políticamente al asesor Santiago Caputo, nunca había asistido al Congreso para dar explicaciones sobre la reorganización del organismo, pese a los reiterados cuestionamientos de la oposición y al conflicto abierto que mantuvo con la comisión durante la presidencia del radical Martín Lousteau.

Según reconstruyó elDiarioAR a partir de fuentes parlamentarias, la convocatoria fue acordada durante una reunión realizada a puertas cerradas en el Congreso, la primera encabezada por Pareja, uno de los principales armadores políticos de Karina Milei, luego de asumir la presidencia de la bicameral. La intención de los legisladores es que el titular de la SIDE explique los alcances del DNU 941/2025, firmado por Milei a fines del año pasado y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, mediante el cual el Gobierno reformuló aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional.

Ese decreto constituyó la segunda gran reforma del sistema de inteligencia desde el inicio de la gestión libertaria, luego del DNU 614, que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en julio del 2024.

La mayor controversia se concentró en el artículo que establece que los agentes de inteligencia podrán aprehender personas en casos de flagrancia o cuando medie un requerimiento judicial. Para la oposición y distintos especialistas, esa redacción amplía las facultades operativas de la SIDE y desdibuja los límites entre las tareas de inteligencia y las funciones propias de las fuerzas de seguridad. El Gobierno, en cambio, rechaza esa interpretación. En la Casa Rosada sostienen que el decreto no incorpora atribuciones nuevas ni habilita al organismo a realizar detenciones, sino que sistematiza facultades que ya surgen del ordenamiento jurídico y reorganiza el funcionamiento del sistema.

Las críticas no provinieron únicamente de Unión por la Patria. Tras la publicación del decreto, prácticamente todas las fuerzas políticas cuestionaron la iniciativa, incluido el PRO de Mauricio Macri. También se presentaron numerosas acciones judiciales para intentar frenar su aplicación, aunque la Justicia terminó rechazando esos planteos al considerar que no existía una amenaza concreta e inminente sobre derechos individuales.

La convocatoria a Auguadra, sin embargo, excede el debate por el DNU 941. La Bicameral también buscará conocer cómo quedó finalmente definido el Plan de Inteligencia Nacional (PIN), el documento que fija los objetivos estratégicos del sistema de inteligencia y que quedó envuelto en una fuerte polémica durante la gestión de Sergio Neiffert al frente de la SIDE.

Como reveló elDiarioAR, la primera versión del PIN despertó las alarmas de la oposición y de organismos de derechos humanos por la amplitud de algunas de sus definiciones. Entre otros puntos, habilitaba la producción de información sobre “actores estratégicos” que pudieran “erosionar el sistema financiero”, afectar la confianza en las políticas económicas del Gobierno o condicionar la relación estratégica de la Argentina con Estados Unidos. Para distintos especialistas, esa redacción abría la puerta a tareas de espionaje interno sobre dirigentes políticos, periodistas o actores sociales, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Inteligencia.

La comisión, entonces presidida por Lousteau, emitió un duro dictamen crítico y reclamó modificaciones. Meses después, la SIDE presentó una nueva versión del documento en la que eliminó varios de los pasajes más controvertidos, entre ellos las referencias explícitas a los denominados “actores estratégicos” y a la alianza con Estados Unidos e Israel. En la oposición, sin embargo, consideran que esos cambios no terminaron de despejar todas las dudas sobre el alcance efectivo del nuevo esquema de inteligencia.

Pedidos de informes

Este martes, además de acordar la convocatoria del jefe de la SIDE, la comisión recibió dos pedidos de informes impulsados por los diputados de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi. El primero solicita información vinculada al equipamiento de inteligencia secuestrado durante los allanamientos ordenados por la Justicia en domicilios del ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) Facundo Leal.

Durante esos procedimientos, la Policía Federal encontró una valija con 19 dispositivos de espionaje profesional, además de 2,4 millones de dólares en efectivo y drogas sintéticas. En el escrito presentado ante la comisión, los legisladores sostienen que “un equipo de vigilancia encubierta no se acumula por casualidad ni por afición de coleccionista” y reclaman determinar quién utilizaba ese equipamiento, con qué objetivos y para quién. También solicitaron requerir al juez federal Lino Mirabelli copia de las actuaciones relacionadas con el secuestro y peritaje de ese material.

El segundo pedido de informes apunta a la presunta designación de Miguel Gómez Goldin como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en reemplazo de Marcelo Romero. Según advirtieron los diputados peronistas, esa incorporación aún no fue formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, por lo que solicitaron precisiones sobre la situación administrativa del funcionario.

A esos planteos se sumó otro impulsado por el diputado del PRO Cristian Ritondo, quien también integra la bicameral. Según pudo saber elDiarioAR, el exministro de Seguridad bonaerense solicitó que se remita información detallada sobre la disolución de la Dirección de Inteligencia Militar, una de las modificaciones introducidas por el DNU de enero. Hasta entonces, ese organismo dependía directamente del Ministerio de Defensa, pero desde la entrada en vigencia del decreto de la SIDE pasó a quedar bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El pedido busca conocer cómo se instrumentó ese traspaso, cuál es la nueva estructura de funcionamiento y qué mecanismos de control civil rigen sobre la inteligencia militar luego de la reforma.

La iniciativa de Ritondo también tuvo una lectura política dentro de la comisión. El jefe del bloque del PRO en Diputados había aspirado a quedarse con la presidencia de la Bicameral, pero finalmente el cargo quedó en manos de Pareja como parte del nuevo reparto de poder entre La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios. Su decisión de impulsar un pedido de informes propio fue interpretada en los pasillos del Congreso como una forma de marcar agenda en un organismo cuya conducción pretendía ejercer.

PL/MC

La comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia se reúne este martes por primera vez desde que el diputado de La Libertad Avanza Sebastián Pareja asumió su presidencia, en un contexto en el que el decreto que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) para detener personas sigue en pie pese a los cuestionamientos judiciales que enfrenta desde principios de año.

El encuentro, a puertas cerradas, está previsto para las 16 en el sexto piso del Edificio Alfredo Palacios, anexo del Senado, y tiene como objetivo fijar un plan de trabajo y abordar asuntos pendientes que la comisión arrastra desde la gestión anterior, encabezada por el radical Martín Lousteau. Entre esos pendientes figura el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) presentado por la SIDE, que la bicameral rechazó y sobre el cual formuló observaciones por escrito que el organismo, conducido por Cristian Auguadra y bajo la órbita del asesor presidencial Santiago Caputo, nunca respondió.

Tampoco hubo respuestas oficiales a los planteos sobre el DNU 941/2025, la norma que reformuló la Ley de Inteligencia Nacional y que la propia SIDE emitió a fines de diciembre pasado. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026 y le otorgó a los organismos de inteligencia facultades extraordinarias para aprehender personas en casos de flagrancia o por requerimiento judicial, una ampliación de competencias que generó rechazo de un amplio arco político —incluido el PRO de Mauricio Macri— y una serie de presentaciones judiciales que hasta ahora no lograron torcer su vigencia.

La reforma no se limitó a las facultades de detención. El mismo DNU creó el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jefatura de Gabinete, que quedó a cargo de la protección del ciberespacio nacional y separado de las tareas de ciberinteligencia, reservadas ahora a la ex Agencia Federal de Ciberseguridad, rebautizada Agencia Federal de Ciberinteligencia.

El organismo ya está en funciones: el 9 de febrero, mediante el decreto 92/2026, el Gobierno designó al matemático Ariel Waissbein como director ejecutivo, con rango de subsecretario, y a Ezequiel David Gutesman como subdirector. La norma también reorganizó la inteligencia militar: disolvió la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM) y concentró esa función en la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto (DGIEMCO), que pasó a asesorar directamente al jefe del Estado Mayor Conjunto en la producción de inteligencia estratégica militar, con el argumento oficial de una superposición de funciones y una estructura sobredimensionada.

La Justicia rechazó, de hecho, los dos principales intentos por frenar el decreto. El 28 de mayo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°4, a cargo de la jueza Rita Ailán, desestimó una medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para suspender los efectos de la norma: la magistrada consideró que no estaban acreditados los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y remitió el debate de fondo sobre la constitucionalidad del DNU a la sentencia definitiva. El CELS adelantó que apelaría la resolución.

A fines de junio, el mismo juzgado rechazó también un amparo presentado por los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón, en este caso por entender que los legisladores carecen de legitimación para litigar contra normas dictadas por el Poder Ejecutivo y que no acreditaron un perjuicio concreto. Con ambos reveses judiciales, el DNU 941/2025 continúa vigente y operativo.

En ese escenario llega Pareja a la conducción de la bicameral, luego de una negociación que el 12 de mayo dejó satisfecha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que no aceptaba otro nombre para el cargo, y compensó al PRO —que también pretendía la presidencia— con la vicepresidencia primera para el senador misionero Martín Goerling. La vicepresidencia segunda quedó reservada para Unión por la Patria, que todavía debe designar a su representante. La definición no estuvo exenta de tensiones internas en el propio oficialismo: el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le había prometido el cargo a Cristian Ritondo en febrero, pero Karina Milei terminó imponiendo a Pareja, uno de sus armadores territoriales más cercanos en la provincia de Buenos Aires.

La integración de la comisión también generó disputas. Quedó conformada por cinco legisladores libertarios —Pareja, los diputados Gabriel Bornoroni y Cesar Treffinger, y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche—, tres de Unión por la Patria —los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez—, dos del PRO —Goerling y Ritondo—, el radical Maximiliano Abad y las senadoras Carolina Moisés y Edith Terenzi. El interbloque Popular del Senado, que preside José Mayans, reclamó sin éxito un segundo lugar por ser la primera minoría: la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, le asignó esa banca a Moisés, senadora de Convicción Federal alejada del kirchnerismo.

La primera reunión de la comisión bajo el mando de Pareja llega, entonces, con una agenda cargada: además de organizar el trabajo del cuerpo encargado de fiscalizar los fondos reservados de la SIDE, deberá decidir si retoma los reclamos sin respuesta sobre el PIN y el DNU 941/2025, en momentos en que la ampliación de las facultades de los servicios de inteligencia para detener personas sigue sin una resolución judicial definitiva.

Hace 12 días que el slogan de Flybondi “la libertad de volar” ha quedado viejo. Desde hace casi dos semanas que no vuela la compañía de Leonardo Scatturice, el empresario de ascenso fulgurante y estrecho lazo con el asesor presidencial Santiago Caputo. En la firma, que en marzo pasado ofreció retiro voluntario a sus 1.500 empleados, se ha cerrado el área de comunicación y nadie informa por qué ya no despega ni aterriza, pero en el sector aeronáutico atribuyen la enésima crisis de la low cost fundada en 2018 al encarecimiento del combustible por la guerra de Irán.

Entre los empleados que quedan en Flybondi después del ajuste comentan que “técnicamente” están suspendidos todo este mes y hasta septiembre próximo, pero que “teóricamente” esta semana iban a volver a volar. Pese a que dejaron de operar en julio, todavía su página web sigue ofreciendo vuelos para mañana y los días posteriores, como si nada raro pasara.

Pero las agencias online de viajes han dejado de vender pasajes de la low cost hace tiempo, incluso antes de que dejara de volar. Es que ya venían profundizándose las cancelaciones, que ya eran frecuentes en el anterior gobierno, entonces con el argumento de que la escasez de dólares impedía abonar el alquiler de aviones. En el caso de Almundo, desde el 11 de junio que no ofrece tickets de Flybondi. En el de Despegar, desde mayo.

Empleados de Flybondi consignan que el problema ahora radica en el pago del combustible a la estatal YPF. Fuentes del sector energético explican que lo normal es que las líneas áreas carguen el Jet-A1 y después lo abonen, pero cuando se atrasan en los pagos la petrolera estatal comienza a venderles sólo si lo saldan por adelantado. La firma de Scatturice entró en esos retrasos y entonces YPF la pasó al sistema de previo pago. Ahora la línea ha puesto en regla sus deudas con la petrolera, pero ha dejado de pedirle nuevo combustible. Se nota que no tiene ni para eso y por eso no vuela.

Está claro que el encarecimiento del Jet-A1 ha complicado el negocio de todas las líneas aéreas en el mundo en general y en la Argentina en particular, pero ni la estatal Aerolíneas ni la chilena JetSmart, la otra operadora local, han dejado de volar como Flybondi. Tampoco sufrieron en el pasado los mismos inconvenientes para abonar el alquiler de sus aviones en el exterior, cuando el fondo norteamericano Cartesian aún no le había vendido la low cost a Scatturice. Esta venta se produjo en 2025, pero la firma siguió barranca abajo.

Los pasajeros, mientras tanto, son los que padecen la imposibilidad de volar. Algunos reciben el aviso de la cancelación antes de llegar al aeropuerto. Otros se enteran en la misma estación aérea, lo que provoca airadas protestas de pasajeros en los escritorios del check in y en los locales de venta de tickets. Un grupo de viajeros afectados han presentado un recurso de amparo judicial colectivo para que les devuelvan el dinero. Es que Flybondi siempre se limita a ofrecer un cambio de fecha. La pregunta es para cuándo, si la empresa ya no vuela.

El gobierno de Javier Milei, mientras tanto, no reacciona. elDiarioAR consultó a la Secretaría de Transporte, de la que depende la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), y la Secretaría de Coordinación de la Producción, que incluye la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, pero no ha habido respuestas concretas. El secretario de Transporte se llama Mariano Plencovich; el de Producción, Pablo Lavigne; el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Miuño, y el administrador de la ANAC, Oscar Villabona.

Las autoridades podrían multar a la empresa e incluso retirarle la licencia para volar. Desafortunadamente, en la Argentina no rigen normas como en la Unión Europea, donde los mismos pasajeros deben ser resarcidos económicamente por las empresas incumplidoras ante cancelaciones y atrasos. En este país, el cliente no tiene otra que recurrir a un engorroso proceso judicial.

Scatturice era un empresario sólo conocido en el mundo del espionaje y en el informático, con la firma OCP Tech, que cuenta con la licencia de la empresa norteamericana Cisco. Residente en EE UU, se hizo más famoso en la Argentina cuando un avión suyo llegó en marzo de 2025 a Aeroparque Jorge Newbery sin que le revisaran las valijas. Después compró Flybondi, el correo Oca y el grupo logístico Flecha.

Lobbysta en EE UU que ha conseguido reunir a Javier Milei con Donald Trump, Scatturice y su OCP Tech han conseguido 13 contratos con el gobierno libertario, según el portal Comprar. Eso incluye un polémico convenio con el portal Educar de la Secretaría de Educación -a cargo de Carlos Torrendell-, pero también con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el de Trabajo, Julio Cordero; y los ministerios de Justicia -en tiempos de Mariano Cuneo Libarona- y de Economía -de Luis Caputo, bajo cuya órbita están Transporte y Defensa del Consumidor-. Otras áreas contrataron a OCP Tech: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, áreas que dependen de Luis Caputo y de su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, respectivamente. Pero por fuera de lo que informa Comprar, también otra firma de Scatturice, Tactic Global, recibió un contrato en EE UU de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de dominio de Santiago Caputo.

AR/CRM

La salida de Guido Giana del Ministerio de Salud encontró al Gobierno con una preocupación política adicional. Apenas comenzó a trascender su renuncia este lunes, distintos funcionarios se encargaron de transmitir un mismo mensaje: la decisión no debía interpretarse como un nuevo capítulo de la disputa de poder entre Karina Milei y Santiago Caputo. En una Casa Rosada donde casi cualquier movimiento de nombres termina leído bajo esa lógica, el oficialismo hizo un esfuerzo deliberado por instalar otra explicación: el hasta ahora secretario de Gestión Administrativa se iba por motivos estrictamente personales, en buenos términos con Mario Lugones y sin que eso implicara cambios en el rumbo de la cartera.

El reemplazo elegido apuntala esa interpretación. Rodrigo Sbarra, hasta ahora subsecretario de Coordinación Administrativa, asumirá como nuevo secretario de Gestión Administrativa mediante un decreto que se publicará en las próximas horas. Se trata de un funcionario que integraba el mismo equipo desde el comienzo de la gestión y cuya promoción, aseguran en el ministerio, garantiza la continuidad del esquema de trabajo que Lugones viene construyendo desde su desembarco.

“Se fue bien, internamente, con Mario. Él tiene un vínculo casi de padre e hijo con Mario”, resumieron a elDiarioAR desde el entorno de Giana. Según las mismas fuentes, la decisión estuvo motivada por el fuerte desgaste acumulado durante los últimos meses. Aunque todavía no definió cuál será su próximo destino profesional, no descartan un regreso al Hospital Güemes, donde desarrolló buena parte de su carrera antes de incorporarse al Gobierno.

La aclaración política no fue casual. Giana era considerado uno de los hombres de mayor confianza de Lugones y había llegado al Ministerio dentro del mismo universo de funcionarios vinculados al consultor Santiago Caputo y al círculo empresarial que rodea al ministro. En otro contexto, una salida de esas características probablemente habría alimentado especulaciones sobre un nuevo avance del karinismo sobre áreas identificadas con el asesor presidencial. Esta vez, sin embargo, el oficialismo buscó cortar de raíz esa interpretación. La permanencia del mismo equipo y el ascenso de un funcionario que ya formaba parte de la estructura fueron presentados como la principal prueba de que no existía ninguna reconfiguración política detrás del cambio.

El propio ministerio reforzó esa idea en el comunicado interno con el que anunció la designación de Sbarra. Allí sostuvo que el nuevo secretario “garantiza la continuidad del trabajo que el Ministerio viene llevando adelante desde el inicio de la gestión” y que el equipo seguirá impulsando “la agenda de transformación” orientada a profundizar las políticas de “desburocratización, eficiencia, transparencia y modernización del sistema de salud”. El texto también incluyó un agradecimiento a Giana por un aporte que, según destacaron, “fue fundamental para sentar las bases de esta nueva etapa”.

La salida de Giana termina de cerrar, además, una primera etapa especialmente convulsionada para la cartera sanitaria. Durante abril, el Ministerio de Salud quedó en el centro de una de las mayores crisis internas del Gobierno como consecuencia del conflicto que atravesó el PAMI. A las demoras en los pagos a prestadores, los reclamos de clínicas, farmacias y proveedores y las dificultades financieras de la obra social de los jubilados se sumó una silenciosa disputa por el control político del organismo. Uno de los principales focos de tensión giró alrededor de la figura de Carlos Zamparolo, número 2 del PAMI, cuya continuidad quedó bajo discusión en medio de las críticas por la gestión de la crisis. Mientras desde Salud buscaban avanzar con un esquema de mayor centralización y control del gasto, otros sectores del oficialismo defendían el peso político que el organismo previsional conserva en el territorio.

El desgaste fue tal que durante varias semanas la continuidad del propio Lugones quedó bajo discusión. En los despachos oficiales comenzaron a circular versiones sobre una inminente salida del ministro e incluso algunos funcionarios daban por hecho que Milei terminaría realizando cambios en la conducción sanitaria para descomprimir la crisis. Nunca ocurrió. El Presidente decidió sostener al ministro y, con el correr de las semanas, Lugones logró recuperar margen de maniobra. La tormenta comenzó a ceder a medida que se ordenaron relativamente las cuentas del PAMI, se desactivaron algunos de los focos de conflicto con los prestadores y Zamparolo consiguió atravesar el vendaval sin abandonar su cargo.

En ese proceso, Giana ocupó un lugar central. Desde la Secretaría de Gestión Administrativa coordinaba buena parte del funcionamiento cotidiano del ministerio, supervisaba la ejecución presupuestaria y era uno de los funcionarios que acompañaba a Lugones en las negociaciones más sensibles de aquella crisis. Su salida representa, por eso, la primera modificación de peso dentro del núcleo de mayor confianza del ministro desde que logró superar el momento más crítico de su gestión. Ahora, con la promoción de Rodrigo Sbarra, el Gobierno busca transmitir que aquella etapa quedó definitivamente atrás.

PL/MC

El Mundial 2026 reveló el perfil racista del oficialismo. Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, y Hebe Casado, vicegobernadora de la Mendoza que gobierna el filo libertario Alfredo Cornejo, publicaron mensajes discriminatorios en redes sociales tras el cruce entre Francia y Paraguay del sábado pasado.

El primer episodio se produjo el sábado, tras la eliminación de Paraguay a manos de Francia en los octavos de final del torneo. Casado, segunda del gobernador radical, saludó primero a la selección sudamericana con un “muy bien Paraguay” para luego cuestionar al capitán francés, autor del gol de penal que definió el encuentro: “El equipo africano flojo de modales. No lo aguanto a Mbappe”, escribió la funcionaria.

Casado no borró el mensaje ni pidió disculpas: ante los cuestionamientos, respondió a un usuario que la trató de “bruta” con otra frase que profundizó su mirada: “Solo las personas inteligentes entienden el sarcasmo. Saludos”. La vicegobernadora, médica de profesión y que se define en sus redes como “liberal antes que estuviera de moda”, saltó del PRO a La Libertad Avanza en mayo del año pasado. No es la primera vez que sus declaraciones generan revuelo: en abril de 2025 calificó de “hobbies” a carreras universitarias en medio del recorte presupuestario a las universidades, y en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, había deseado que el entonces presidente contagiara coronavirus a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El segundo mensaje llegó este domingo, de la mano de Santiago Caputo. El asesor, que no ocupa un cargo formal en el Gobierno pero es considerado el principal estratega de Milei y mantiene su vínculo con el Estado a través de una contratación, escribió en su cuenta personal: “Que piedra se volvió ser negro. Es culpa de Hollywood. Las advertencias fueron debidamente presentadas”. La publicación fue hecha justo luego del partido que Brasil perdió ante Noruega por 2-1.

En medio de los escándalos de corrupción que golpean a la Casa Rosada —la renuncia de Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, la causa $LIBRA y las coimas en la ANDIS—, el asesor presidencial Santiago Caputo salió a defender la gestión de Javier Milei con un extenso posteo en X y afirmó que la baja del gasto público es “la reducción más grande de la historia en materia de corrupción”.

Santiago Caputo, el asesor más cercano a Javier Milei, salió este jueves a bancar el historial anticorrupción de la gestión libertaria a días de la caída de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete. “Ningún gobierno ha hecho más contra la corrupción que este gobierno. La explicación es simple”, arrancó en su cuenta de X.

El consultor no es funcionario público —factura al Estado como monotributista—, pero se maneja con custodia de la SIDE y en vehículos oficiales, como pudo revelar en varias oportunidades elDiarioAR.

La frase, que abre el hilo, es la que mejor resume la operación retórica del mensaje: reduce los escándalos a una fórmula abstracta que no obliga a explicar ninguno de ellos en particular. “La corrupción es inherente al Estado. Allí donde haya un burócrata que puede vender un favor hay alguien dispuesto a comprarlo”, siguió.

El razonamiento de Caputo repite una de las premisas centrales del ideario libertario que el Gobierno viene sosteniendo desde la campaña de 2023: la corrupción no es un problema de quién ocupa el cargo, sino del tamaño del Estado. “Ningún empresario puede comprar un favor que un político no puede vender”, citó, atribuyéndole la frase a Milei, para concluir que “la única solución real y material para enfrentar el problema de la corrupción estructural es reducir el Estado a su mínima expresión”. Cerró pidiendo que las organizaciones de transparencia “condecoren” al Gobierno como “el más transparente de la Historia” y calificó de “improcedentes e infundadas” a las opiniones contrarias.

La salida de Adorni, todavía fresca

El posteo no es un exabrupto aislado: llega apenas cinco días después de que Manuel Adorni presentara su renuncia a la Jefatura de Gabinete, el sábado 27 de junio, en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juzgado de Ariel Lijo.

El caso se destapó en marzo, cuando trascendió que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, había viajado en el avión presidencial a Nueva York, y que la pareja había hecho un viaje a Punta del Este en un avión privado contratado por Marcelo Grandío, un productor con contratos vigentes con la Televisión Pública —ese viaje derivó además en una causa por dádivas—. A partir de ahí se conocieron una casa en el country Indio Cua Golf Club a nombre de Angeletti y la compra y reforma de un departamento en Caballito, ninguno declarado hasta entonces. A mediados de junio, y ya acorralado, Adorni presentó una declaración jurada rectificada que “blanqueó” un aumento patrimonial superior al 400% en términos reales desde su llegada a la función pública, que atribuyó a inversiones en bitcoin hasta entonces no declaradas.

Antes de renunciar, Adorni enfrentaba un pedido de interpelación y una moción de censura en el Congreso —impulsados por el kirchnerismo, Provincias Unidas y el bloque justicialista del Senado— que la semana previa no habían conseguido quórum, pero que amenazaban con prosperar después de que Mauricio Macri adelantara que el PRO acompañaría la interpelación. En su carta de renuncia, Adorni se quejó de haber sido “tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción” sobre sus espaldas. Milei lo reemplazó con Diego Santilli, hasta entonces ministro del Interior.

No es el único frente abierto

El mensaje de Caputo llega, además, con dos causas de corrupción activas que involucran directamente al círculo íntimo del Gobierno, y en las dos el propio Gobierno eligió el repliegue antes que la colaboración.

Por un lado, $LIBRA, la causa que investiga la fiscal María Romilda Servini por la promoción presidencial de una criptomoneda que se desplomó minutos después del posteo de Milei que la impulsó. El propio Gobierno había creado en febrero de 2025 una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para “recabar información” sobre el caso; la disolvió por decreto tres meses después, en mayo, sin publicar ningún informe con resultados. En paralelo, la comisión investigadora de Diputados nunca logró que declararan ni el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ni el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, ni la propia responsable de la UTI, Florencia Zicavo —todos citados y nunca presentados—, lo que motivó denuncias penales de la oposición por incumplimiento de deberes. El informe final de la comisión, aprobado en noviembre de 2025, habló de estafa, responsabilizó directamente a Milei y denunció “encubrimiento judicial”.

Por otro, la causa por coimas en la ANDIS, abierta en agosto de 2025 a partir de audios atribuidos al entonces titular de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se habla de retornos del 3% en contratos de medicamentos que —según esos audios— llegaban a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem. Spagnuolo no era un funcionario cualquiera: fue abogado personal de Milei desde que lo reclutó en 2021 para su lista de candidatos a diputado, y según reconstruyó Chequeado fue una de las cuatro personas que más veces visitó a Milei en Olivos entre enero de 2024 y marzo de 2025, con 38 ingresos. El Gobierno lo echó de la ANDIS apenas se conocieron los audios. Spagnuolo y otros dieciocho funcionarios fueron procesados en febrero de este año, señalado por el juez Sebastián Casanello como cabeza de una asociación ilícita; la Justicia ordenó peritar los audios y el propio Spagnuolo se niega a dar una muestra de voz. El escándalo llevó a que el Gobierno disolviera la ANDIS y trasladara sus funciones al Ministerio de Salud.

La Fundación Faro, que crearon los libertarios de Javier Milei para propagar sus ideas, presentó con casi un año de demora su primer balance, el de 2024, ante la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, y todavía no cumplió con la obligación de acercar las cuentas de 2025, pese a que debió haberlo hecho antes del 30 de abril pasado. Pero no sólo eso: omitió declarar quiénes eran sus grandes aportantes, pese a que debe hacerlo, y sólo los informó a la IGJ después de que elDiarioAR advirtiera sobre el faltante en un artículo publicado el 31 de mayo. El 1 de junio la IGJ reclamó el listado a la fundación, que los detalló tres días más tarde.

Entonces elDiarioAR volvió a solicitar a la IGJ el balance 2024 con el objetivo de conocer el anexo referido a los donantes. Pero esta dependencia que encabeza Alejandro Ramírez sólo suministró otra vez las cuentas de la fundación, pero no el detalle de los aportantes, sin más explicaciones. La respuesta lleva la firma de María Luciana Ducca, responsable de despacho y documentación de la IGJ. elDiarioAR consultó a Andrea Basile, jefa del Departamento Contable de Entidades Civiles de la IGJ y quien firmó la recepción del balance de Faro, pero la funcionaria remitió al área de prensa del organismo. “En la IGJ dicen que ya se dio todo lo que corresponde dar según el pedido”, explicó la responsable de comunicación del ministerio que encabeza Juan Bautista Mahiques.

Días antes, el portal Chequeado había formulado un pedido de acceso a la información específico a la IGJ para consultar los donantes. El organismo respondió lo siguiente: “Dicha declaración jurada no forma parte de los estados contables de la entidad y no constituye documentación registral de acceso público. En consecuencia, la Inspección General de Justicia ni ningún sujeto obligado se encuentra habilitada a suministrar información sobre ella, por prohibición expresa de la ley 25.246, vigente desde 2000”, en alusión a la norma de lucha contra el lavado de dinero. “La normativa vigente, independientemente de la entidad de que se trate, impone confidencialidad sobre toda la información recabada en cumplimiento de las obligaciones del régimen PLA/CFT”, se refirió a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. “Divulgar esa información a personas no autorizadas por la ley implicaría una violación directa del marco normativo bajo el cual fue obtenida”, completó la IGJ.

Pero en 2017 regía esa misma norma antilavado, pero la IGJ bajo el gobierno de Mauricio Macri suministró a este cronista los balances de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Formar, con el detalle de quiénes eran sus principales donantes. Y así fue publicado en Chequeado y la revista Noticias. En ese momento se pudo saber que el Banco Ciudad, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Autopistas Urbanas (AUSA), Adecoagro, Despegar, OSDE, Minera Alumbrera, IRSA, los banco Santander, Comafi y Galicia, Pan American Energy (PAE), la Fundación Banco Macro y Farmacity aportaron a esas fundaciones. Es decir, la administración de Cambiemos no tuvo problemas en entregar los balances con la lista de aportantes, pero ante el mismo tipo de solicitud la de La Libertad Avanza los oculta.

Por ahora no se sabe quiénes aportaron los $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) que recabó Faro en 2024. En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de aquel año, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Bettina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, embajadora de la Marca País y ahora presidenta de la Iniciativa del Sector Privado de la Organización de Estados Americanos (OEA); Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.

Esta noche, otra vez en el mismo club, Faro recaudará fondos en una cena en la que hablará el presidente de la Nación. También comparecerá el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, que oficiaba como economista de la fundación hasta que en diciembre pasado asumió como diputado. En esta organización donde los Neuss y Francisco Caputo, hermano del asesor, están involucrados en la recaudación de fondos, el presidente es Ignacio María Bilbao de la Vieja; el director ejecutivo, Agustín Laje, secundado por el chileno Axel Kaiser, y el director académico, Martín Krause.

AR/MG

El conflicto entre Karina Milei y Santiago Caputo actúa como un motor de la acción de gobierno.

Desde las elecciones de medio término, en octubre pasado, la crónica narra la determinación de la secretaria general de la Presidencia para arrinconar al asesor privilegiado, alguna vez, vértice del “triángulo de hierro”. La inquina mutua se traduce en desplantes, denuncias penales, rienda suelta a agravios que encuentran emisarios que los filtren y operaciones con indudable factoría de inteligencia.

La pelea de fondo es por la ocupación de terminales de decisión y el manejo de presupuestos. En el robo sistemático expuesto en la Agencia de Discapacidad, la saga Adorni y las negociaciones con las provincias, siempre hay una versión surgida de despachos oficiales que explica lo ocurrido como una esquirla de la disputa central.

En teoría, la hermana de Milei tiene las de ganar. Testigos de la relación fraternal indican que prima el maltrato mutuo, pero que la posición de autoridad reside en Karina. “El Jefe” y “Dios”, definió el mandatario. Habrá que creerle.

La ofensiva de Karina en el último semestre incluyó la remoción de la gente de Santiago del Ministerio de Justicia y el consecuente manejo del nexo con los tribunales federales de Comodoro Py, una guerra inconclusa por la SIDE y hasta tabiques físicos en Casa Rosada para que los periodistas acreditados no puedan tener contacto con el asesor. “El Jefe” y los Menem se especializaron en gozar sus victorias en fotos oficiales en las que Santiago pierde toda el aura de Peaky Blinders que intenta construir.

Sin embargo, hay áreas de negocios que el asesor no suelta. La impeorable gestión en Salud de Mario Lugones, padre de un socio del asesor, no parece en riesgo de ser ocupada por un karinista. ARCA y la Secretaría de Inteligencia, un tándem temible, siguen bajo la órbita de allegados al “hermano de la vida” de Milei.

Esta semana, dos decisiones gubernamentales coronaron ganadores económicos de los más importantes del ciclo Milei. No se explicarían tal como acontecieron sin la mano de Santiago Caputo.

Un imán

El jueves, el Ejecutivo confirmó que la belga Jan de Nul y su socia local Servimagnus, de la familia Román, tendrán a su cargo durante los próximos 25 años la vía navegable Paraná-Paraguay, por la que se transporta el 80% de las exportaciones argentinas. La facturación anual promedio ascenderá a US$628 millones.

Durante dos años, circularon versiones sobre terminales políticas y económicas tanto del consorcio ganador, como del que resultó el principal competidor, encabezado por la también belga Dredging Environmental and Marine Engineering (DEME).

La licitación fue objeto de un intenso lobby empresarial y diplomático, y de una puja politica que alguna vez llevó a Santiago Caputo a advertirle a Mauricio Macri que no se quedaría con la hidrovía.

Según una insistente versión proveniente tanto en ámbitos políticos como empresariales, el factor Caputo aparece a través de la firma Neuss, mencionada como contratista cantada para las tareas de dragado.

Soda Neuss Belgrano fue fundada en 1891 por un inmigrante alemán. En el siglo siguiente, la firma amplió sus negocios, y a mediados de la década de 1990 se asoció a la francesa Thales para el control del espectró radioeléctrico, una de las privatizaciones más venales de los años de Menem. Fue uno de sus picos de fama. En 2020, plena pandemia, Jorge Neuss, nieto del primer emprendedor, volvió a los titulares cuando asesinó a su esposa, Silvia Saravia, y luego se suicidó, en su casa del barrio privado Martindale.

Tres años después del homicidio, Milei llegaría a la Presidencia, y dos de los hijos de la pareja, Patricio y Juan, encabezarían una expansión acelerada. Acaso su cercanía a Santiago Caputo, nacida en la adolescencia compartida en Martindale, les despertó el interés de hacer más negocios con el Estado.

Con la empresa Edison, los Neuss y sus socios ganaron licitaciones de dos centrales hidroeléctricas en el Comahue y se transformaron en accionistas de la transportadora eléctrica Transener. Firmas emblemáticas nacionales, como la generadora de electricidad Genneia, de los Brito; Newsan (electrodomésticos), de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli; e Inverlat (Havanna), de Guillermo Stanley y el exfuncionario PRO Federico Salvai, sintieron una súbita propensión a asociarse con los herederos de la fábrica de soda para participar en licitaciones.

Coincidentemente, los Neuss son aportantes centrales de la Fundación Faro, el sello recaudador del divulgador antifeminista Agustín Laje, que en la divisoria de aguas entre Karina y Santiago, se cuenta del lado de éste.

La oficialización de la concesión de la Hidrovía tuvo lugar el jueves, en simultáneo con la aprobación de la compra de Movistar Argentina por parte de Telecom Argentina, el brazo de telecomunicaciones e internet del Grupo Clarín.

¿Y “la gran estafa”?

Hace meses, Telecom anticipó, en conversaciones informales con proveedores y empleados, que la aprobación de la compra de Movistar Argentina sería inminente. Horas después del dictamen de la Autoridad de la Competencia que dio el visto bueno con condiciones, llegó la confirmación oficial para todo el personal, en un texto de innegable sabor a tarea cumplida.

Desde que la empresa de Clarín anunció la compra de la filial argentina de Movistar/Telefónica a cambio de US$1.245 millones, en febrero de 2025, Luis Caputo encabezó la objeción a la operación en los términos que pretendía el gigante de medios y telecomunicaciones.

Más allá de versiones sobre sus motivaciones, el ministro se apoyaba en criterios anticoncentración. La acusación de Milei titulada “La gran estafa”, fijada en su perfil de Twitter, de que Clarín forjó su expansión sobre la base del robo y la extorsión alimentó la especulación de ciertos observadores de que el gobierno estaba dispuesto a sostener la pelea.

Los números de la fusión hablan por sí solos. Telecom Argentina y la ex-Movistar Argentina suman 40 millones de líneas móviles —58% del mercado argentino—, 5,8 millones de clientes de banda ancha —50%—, 3,8 millones de hogares con TV paga —40%—, y más de tres millones de líneas fijas —75%—. Apenas se agudiza la mirada en el reparto del mercado en provincias y ciudades específicas, la prevalencia se transforma en dominio.

Caputo transmitió que pisaría sobre seguro para evitar cautelares eternas que Clarín suele conseguir en tribunales federales. Así, el gobierno conformó la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), con integrantes electos por concurso y ratificados por el Senado.

Mientras, los contenidos del Grupo Clarín seguían alternando segmentos hiperoficialistas con otros críticos y artillería pesada contra la voraz sociedad Adorni-Angeletti, y el tuit agraviante de Milei seguía allí.

Una dinámica singular de amor-odio de la que no dan cuenta ni el gobierno ni Clarín, y que da lugar a sospechas fundadas sobre una segunda realidad debajo de publicitados encuentros y desencuentros

De la letrina en que el Soez transformó sus redes sociales, no se salvaron unos cuantos periodistas de Clarín, ni siquiera algunos que explicitan amplias coincidencias con el ultra. Al mismo tiempo, el mandatario mantuvo su preferencia por segmentos del Grupo o de su socio La Nación para disparar a sus anchas en charlas amenas, como si estuviera en su casa: una dinámica singular de amor-odio de la que no dan cuenta ni el gobierno ni el emporio comunicacional, y que da lugar a sospechas sobre una segunda realidad debajo de publicitados encuentros y desencuentros.

Unos tres meses atrás, la confianza que reinaba en Economía de que se impondrían severos criterios anticoncentración se vio resquebrajada. Otra vez, la mano de Santiago Caputo.

El asesor intervino a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), una de las terminales que maneja.

La ANC terminó por aceptar casi en su totalidad un dictamen de ENACOM de marzo pasado. La compra de Movistar por parte de Telecom quedó condicionada al desprendimiento de 6 millones de clientes de telefonía móvil —15% de los 40 millones resultantes de la fusión—, 211.400 abonados a banda ancha en apenas 28 localidades —3,6% de los 5,8 millones— y devolución de 130 MHz del espectro radioeléctrico.

Si se cumple la desinversión pautada, el país quedaría con dos operadores principales de comunicaciones móviles (Telecom y Claro), más el tercero —muy rezagado— que surja de la compra de los 6 millones de abonados de los que deberá desprenderse la empresa de Clarín; uno de telefonía fija (Telecom); dos hegemónicos de TV paga (Telecom y DirecTV) y un actor principal en banda ancha fija (Telecom), muy por delante de los competidores. Ninguna economía relevante de América Latina exhibe una realidad similar.

Para Martín Becerra, investigador del Conicet y docente de políticas de comunicación en universidades públicas, el dictamen tiene una lectura inequívoca: victoria de Clarín y capitulación de Milei.

Becerra introduce la variable de las condiciones agobiantes que impone la economía ultraderechista y se hace una pregunta básica. “Más allá de las módicas cláusulas de desinversión que impone la ANC, ¿qué empresa se verá tentada de invertir en una economía recesiva, con las familias en pleno recorte de gastos, si además debe competir con un actor que ya cuenta con una altísima penetración en el mercado e infraestructura mayorista y minorista, en lo que se conoce como última milla, lo que supone una amplia ventaja comercial?”.

En Telecom Argentina, la mirada es distinta. Transmiten que lo decidido por la autoridad regulatoria es una remediación excesiva, porque pierde la perspectiva real del negocio. En el argumento de la firma, la lectura no debe posarse tanto en las porciones del mercado argentino, sino en la naturaleza de una industria en plena transformación.

Las grandes plataformas de streaming —Netflix, Youtube— y la inteligencia artificial demandan un ancho de banda exponencial, que pone en estrés la infraestructura de las empresas de telecomunicaciones y las obliga a una exigente inversión anual.

“Esas empresas tienen enormes márgenes de ganancia y se desentienden por completo de la infraestructura necesaria para que circulen los contenidos”, dijo una fuente de Telecom Argentina.

Además, en la firma hermana de Clarín ponen el foco en la identidad de los competidores. Por ejemplo, Starlink, de Elon Musk, que en menos de dos años logró un millón de clientes para internet satelital, sobre todo en zona rural, y Claro, del mexicano Carlos Slim, uno de los grandes jugadores globales del rubro, que queda ahora como único competidor en telefonía móvil, con 40% del mercado.

Por fuera de ellos, los otros nombres que tallan fuerte en el negocio son DirecTV, del Grupo Werthein —con importantes terminales en el gobierno de Milei—, con cerca del 35% del mercado de TV paga, y Telecentro, la empresa de cable de Alberto Pierri, con cerca de 6% de market share. Ambos son mencionados como probables compradores de los segmentos de los que ahora debe desprenderse Clarín.

Para Becerra, aunque es un dato que plataformas como Netflix y Youtube tienen un volumen de facturación y ganancias muy superior al de una empresa de telecomunicaciones como Telecom Argentina, el interés de los usuarios por los contenidos en streaming aumenta la dependencia de proveedores de banda ancha, por lo tanto, el negocio es compartido.

Hasta decir basta

Milei dice que apuesta a abrir las fronteras de Argentina a los motores de la Inteligencia Artificial. En sus viajes por el mundo para buscar premios berretas, también logró fotos con tecnoemperadores que dicen admirar su impulso a un mundo sin reglas.

Se verá cuánto del encandilamiento del ultraderechista con las nuevas fronteras tecnológicas se traduce en inversiones, y si, eventualmente, al país le queda algo útil en cuanto a trabajo y desarrollo, o sólo se transformará en un enclave de ganancias extraordinarias que se cobrarán en otra geografía.

Por ahora, el Presidente reconfigura un mercado con un ganador tan tradicional y argentino como Clarín.

Es probable que, sin mucho más para conseguir en este turno, la relación del multimedios con el gobierno ultraderechista carezca de incentivos para mejorar. Hay indicios para pensarlo.

En tiempos de Carlos Menem, cuando Magnetto y Ernestina Herrera de Noble lograron remover los obstáculos legales para transformar la empresa en un multimedios, con acceso a la propiedad de Canal 13 y Radio Mitre, la relación con aquel mandatario se volvió conflictiva.

Unos 17 años más tarde, los Kirchner le concedieron a Clarín la fusión de Cablevisión y Multicanal, clave para la expansión posterior a la banda ancha. De inmediato, comenzó una guerra que todavía hoy sigue dividendo en parte las aguas de la política argentina.

Sólo con Mauricio Macri, quien le dio al Grupo vía libre para hacer pie en Telecom Argentina y multiplicar varias veces el volumen del negocio, la relación continuó en armonía hasta hoy.

La cultura y el prisma económico de Clarín y Milei tienen inocultables puntos de desencuentro.

En primer lugar, porque el negocio de Telecom Argentina es muy sensible al mercado interno. Una economía vigorosa, con crecimiento del consumo en todos los segmentos sociales, es crucial para el mayor uso de la conectividad en general. La apuesta al crecimiento del PBI vía exportaciones del agro y Vaca Muerta, más los negocios financieros, no parece la mejor receta para que los hogares populares de Buenos Aires, Córdoba y Rosario cuenten con ingresos suficientes para adherirse a un canal premium de la TV paga y sumen prestaciones al celular para navegar más.

El tiempo dará su veredicto. Por lo pronto, Adorni mintió tanto, le quemó tanto la plata, se dejó secudir de tal manera por los colchones línea superior, la cascada y los resorts caribeños, que se ganó legítimamente el prime time de TN hasta que alguien diga basta.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El asesor presidencial Santiago Caputo salió este martes a defender la reforma judicial que el gobierno de Javier Milei oficializó por decreto. A través de su cuenta en X, Caputo cuestionó el decreto 222/2003 —la norma que el Gobierno derogó en sus aspectos centrales mediante el Decreto 467/2026— y la calificó como “una de esas anomalías institucionales que se fabrican so pretexto de conceptos como la transparencia para no afrontar el problema de fondo”.

Para el asesor, el argumento de quienes defienden la participación ciudadana en la designación de jueces es un desvío respecto del diseño constitucional. “El método de nombramiento y designación de jueces ya cuenta con un proceso de transparencia y participación ciudadana. Son las audiencias públicas que se realizan en el Senado de la Nación, en donde se encuentra el pueblo de cada provincia representado”, escribió.

Caputo ubicó la discusión en un marco más amplio. “La Argentina tiene un montón de problemas institucionales derivados de la falta de comprensión de la clase política de las instituciones básicas del sistema republicano. Básicamente porque hemos sido una república en nombre simplemente durante décadas”, sostuvo. Y cerró con una frase que evoca la Constitución de 1853: “El pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Si tienen un problema con eso, lo que hay que hacer es elegir mejores senadores”.

La posición del asesor contrasta con las críticas que recibió la medida desde el derecho constitucional. Especialistas como Andrés Gil Domínguez y Federico Ambroggio cuestionaron que la reforma elimina no solo la participación ciudadana directa sino también los criterios de diversidad de género, procedencia regional y especialidades jurídicas que el decreto 222 imponía al presidente al momento de cubrir vacantes en la Corte. Para ambos, la instancia del Senado no reemplaza la posibilidad de objetar una candidatura antes de que el Ejecutivo tome la decisión.

El Decreto 467/2026 fue firmado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y se publicó este martes en el Boletín Oficial. Su objetivo declarado es agilizar el proceso de designación en un contexto en que el Gobierno necesita cubrir al menos dos vacantes en la Corte Suprema, además del cargo de Procurador General y Defensor General de la Nación.

Un día después de que elDiarioAR publicara el balance 2024 de la Fundación Faro, con $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) en donaciones, y de que advirtiera que se había incumplido con el deber legal de informar allí quiénes eran sus grandes donantes, aquellos que habían aportado el equivalente a más de US$10.000, la Inspección General de Justicia (IGJ) le pidió el lunes pasado a la organización libertaria que los informara. Apenas 72 horas después, el jueves, Faro contestó a la IGJ con el detalle de los contribuyentes. La información aún no es pública: cualquier interesado podrá pedirla a partir de ahora a través de un trámite a distancia.

Faro, la fundación que decidieron armar el presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo para juntar fondos de empresarios comprometidos con su proyecto político, demoró casi un año en presentar su primer balance. Las cuentas al 31 de diciembre de 2024 debían presentarse hasta el 30 de abril de 2025, cuatro meses después del cierre del ejercicio. Pero lo hizo el 10 de abril de 2026, después de una nota del portal Chequeado en la que se advertía sobre el faltante y en el que se informaba que la fundación había invertido más de $1.000 millones en propaganda política en redes sociales entre marzo de 2025 y el mismo mes del año actual.

Pero Faro incumplió con la obligación de acompañar su balance con el detalle de los grandes donantes. El 6 de mayo, elDiarioAR pidió el estado contable 2024 y lo obtuvo el día 22. El 31 lo publicó con el alerta sobre la falta de información sobre los aportantes. Y así es que la IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia, reaccionó.

En diversos medios de comunicación se interpretó que la requisitoria de la IGJ, situada bajo las órdenes del ministro Juan Bautista Mahiques y la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondía a la pelea interna con el rival de la hermana del presidente, Caputo. En las filas del ministerio lo negaron: “Hay quienes tienen ganas de inventar entramados políticos de algo ordinario que encima es de carácter público”.

“La vista (el pedido de información de la IGJ a la fundación) es porque le faltaba un requerimiento meramente formal que se olvidaron de adjuntar: un anexo que es pedido por ley”, ampliaron en las filas de Mahiques. “Hicieron la aclaración y en menos de 30 horas se subsanó el error. Todo está dentro de los plazos normales, es lo que demoramos y el pedido no es una excepción”, agregaron.

Este cronista ya había investigado en su momento las fundaciones políticas en 2017 para Chequeado y la revista Noticias y se había encontrado con que la Fundación Dar, de Daniel Scioli, entonces ex candidato presidencial peronista, ahora funcionario libertario, nunca había presentada nada ante la IGJ, mientras que tres fundaciones del PRO sí habían cumplido, Pensar, Suma y Formar, sí había cumplido con la norma que las obliga a informar sus balances. Eso sí, a veces detallaban sus donantes, otras veces lo hicieron después de reclamos de la IGJ y en ciertas oportunidades este periodista preguntó a las autoridades por qué el organismo dependiente del Ejecutivo no lo había requerido. Pero en todos los casos se terminó haciendo público el listado de grandes donantes. Es de esperar que ahora suceda lo mismo con Faro.

La fundación que preside Ignacio María Bilbao de la Vieja y dirige Agustín Laje había mantenido hasta ahora ocultos sus donantes ante los pedidos de la prensa. Ahora debió informarlos a la IGJ. Corresponde que este organismo lo informe a cualquier periodista en particular o ciudadano en general que le reclame. Siempre ha sido información pública y así debería seguir siéndolo.

En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de 2024, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos de Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Betina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, y embajadora de la Marca País; Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico y amigo de Laje; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio), la francesa Total y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.

AR/CRM

El fin de semana, el asesor presidencial Santiago Caputo usó su cuenta de X para desestimar como “falsedades y datos incorrectos” las investigaciones periodísticas sobre la Fundación Faro, el think tank libertario que dirige Agustín Laje. Lo que el asesor de Javier Milei no mencionó es que, días antes de su tuit, la Inspección General de Justicia (IGJ) ya había intimado formalmente a la entidad a revelar quiénes realizaron las donaciones millonarias que declaró haber recibido durante 2024. El requerimiento es un acto administrativo con plazos, sanciones y firma oficial.

La intimación de la IGJ —organismo que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques— fue notificada el 1 de junio y le otorgó a la Fundación 10 días hábiles para responder. El organismo le exigió la presentación del llamado “Anexo XIII”, una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos que la normativa vigente obliga a adjuntar cuando se reciben donaciones superiores a 40 salarios mínimos en un período de 30 días. elDiarioAR reveló que la fundación de propaganda libertaria recaudó US$4,8 millones el primer año del gobierno de Milei.

A diciembre de 2024, cada aportante contribuyó con unos $11 millones, alrededor de US$10.600. La Fundación Faro presentó su balance en abril de 2026, con 12 meses de retraso, y en él no figura el detalle de los donantes. De allí el requerimiento. Si no responde en tiempo, las sanciones previstas van desde el apercibimiento público hasta multas millonarias.

Lo que la IGJ quiere saber es, en definitiva, lo mismo que reveló elDiarioAR la semana pasada: quiénes pusieron el dinero. Según el balance presentado por Faro ante el propio organismo, la entidad declaró ingresos por casi $5.000 millones en concepto de “Donaciones, cursos, talleres y prevención” durante 2024, su primer ejercicio bajo la estructura actual. Al tipo de cambio de ese momento, la cifra equivale a US$4,8 millones. Para dimensionarlo: las tres fundaciones del PRO —Pensar, Suma y Fundar— juntaban en promedio unos US$1 millón anuales cuando se preparaban para gobernar entre 2013 y 2015. Faro multiplicó ese récord por casi cinco en apenas dos meses de funcionamiento.

El dinero recaudado se invirtió casi en su totalidad en fondos comunes, letras y bonos del Tesoro Nacional —$4.188 millones de los $4.529 que registró como activos—, de modo de gastarlo a lo largo de 2025. Y Faro lo gastó: entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue la organización privada que más dinero destinó a publicidad en redes sociales en la Argentina, según Chequeado, con más de $1.000 millones en unos 15.000 posteos calificados por Meta como publicidad electoral. Una cifra solo superada por la Jefatura de Gabinete. La Fundación ya había respondido a elDiarioAR que sus aportantes son “información confidencial”. Ahora tiene un plazo oficial para decirlo.

El tuit de Caputo apuntó en particular contra el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, que cubrió el requerimiento de la IGJ. El dato tiene su propia ironía: Alconada Mon es cuñado de Verónica Michelli, la jueza cuyo pliego fue aprobado esta semana por el Senado con 44 votos —contra la voluntad expresa de Milei— y cuya designación el Presidente aún no firmó.

Rodrigo De Paul canta cada canción. Sonríe, se mueve al ritmo de la música y disfruta el recital de Tini Stoessel, su novia, desde uno de los laterales del escenario del Estadio Nacional de Lima. La escena quedó registrada en una serie de videos que comenzaron a circular en las últimas horas desde la presentación que la artista brindó en Perú. Las imágenes tuvieron amplia repercusión porque muestran al campeón del mundo disfrutando del espectáculo a pocas semanas del inicio del Mundial y porque en algunos pasajes también se lo observa fumando un cigarrillo electrónico. Pero detrás de esa discusión apareció otro dato que pasó relativamente inadvertido.

En los videos —difundidos por distintos usuarios en redes sociales— se puede ver junto a De Paul a una figura inconfundible: Leonardo Scatturice, uno de los empresarios predilectos de la era Milei, compartiendo el VIP del recital prácticamente hombro con hombro con el 7 de la Selección Argentina. Tiene un vaso en la mano, canta, baila y celebra cada tema como uno más del círculo íntimo. Ambos están vestidos exactamente con el mismo modelo de buzo negro con la leyenda FUTTURA, una de las prendas oficiales de la gira.

Para quienes siguen desde hace tiempo los movimientos de Scatturice, la postal resulta tan inesperada como inverosimil. El expolicía bonaerense radicado en Miami —misma ciudad en la que De Paul se desempeña como futbolista— se convirtió en el último tiempo en un personaje recurrente alrededor del poder político argentino, los negocios aeronáuticos y los círculos republicanos vinculados a Donald Trump. Sin embargo, nadie imaginó llegar a verlo expuesto de esa manera en ámbitos asociados al mundo del espectáculo masivo.

elDiarioAR pudo confirmar a través de distintas fuentes que efectivamente se trataba de Leonardo Scatturice. No sólo estuvo presente en el backstage del recital sino que además habría compartido con De Paul y el entorno de Tini algunos de los momentos previos y posteriores al show.

La primera en llamar la atención sobre su presencia en ese contexto fue la periodista Luciana Geuna. El domingo pasado por la noche, durante su programa en TN, mostró parte de las imágenes grabadas en Perú y señaló la aparición del empresario junto a De Paul. Este sábado, Rodis Recalt hizo lo propio en Noticias, donde confirmó que fue Surjet, la empresa de Scatturice, la que trasladó al mediocampista desde Miami hasta Lima.

A lo largo de la semana, el dato no dejó de generar dudas en el ámbito periodístico. Circularon versiones contradictorias, como que el hombre que aparecía junto al futbolista no era Scatturice sino Fabricio Pérez, considerado uno de los mejores amigos de De Paul y habitual integrante de su círculo más cercano. La confusión no era menor. La baja calidad de algunas tomas, la iluminación del recital y la distancia desde la que fueron grabadas dificultaban una identificación concluyente. La comparación física con Peréz permitió terminar de descartar esa hipótesis.

Licencia para volar

La secuencia con De Paul ofrece una confirmación relevante sobre los movimientos recientes del empresario. La presencia de Scatturice en Perú vuelve a mostrarlo fuera de Estados Unidos, algo que hasta hace pocos meses parecía improbable. Durante el último año circuló entre funcionarios y operadores políticos una versión insistente: que el dueño de Tactic Global —compañía que firmó un contrato de lobby con la SIDE en febrero de 2025— evitaba abandonar territorio estadounidense porque su situación migratoria no estaba completamente regularizada y corría el riesgo de no poder reingresar al país en caso de salir. Esa situación quedó atrás. De hecho, Scatturice estuvo en la Argentina durante abril pasado, como reveló en primera instancia el periodista Camilo Cagnacci, en lo que habría sido su primera visita al país en más de dos años.

La actual aparición pública del empresario ocurre, además, en un momento particularmente delicado para uno de sus principales activos en Argentina. Flybondi, la aerolínea low cost controlada por el fondo COC Global Enterprise, propiedad de Scatturice, atraviesa una crisis operativa que volvió a quedar expuesta esta semana cuando llegó a operar con un solo avión. La compañía acumula desde hace meses cancelaciones, reprogramaciones y dificultades para sostener su esquema de vuelos, una situación que generó preocupación entre pasajeros y organismos del sector.

El nombre de Scatturice comenzó a sonar con fuerza en Argentina a partir del desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada. Primero por sus vínculos con la CPAC, la organización conservadora que acercó al universo libertario argentino con el trumpismo norteamericano. Después por su relación con figuras centrales del oficialismo, especialmente con el asesor Santiago Caputo. Y finalmente por la expansión de un conglomerado de negocios que incluyó no solo la compra de Flybondi sino también de OCA y de Flecha Bus.

Su figura quedó además asociada a uno de los episodios más incómodos para el Gobierno. En febrero de 2025, un avión ejecutivo Bombardier Global 5000 de color negro, propiedad de Scatturice, aterrizó en Aeroparque procedente de Miami. La aeronave transportaba a un reducido grupo de pasajeros, entre ellos la ejecutiva Laura Belén Arrieta, quien quedó envuelta en una polémica luego de que trascendieran denuncias sobre presuntas irregularidades en los controles aduaneros aplicados al equipaje transportado. Arrieta realizó el llamado que habría facilitado el ingreso de sus valijas. El interlocutor de esa comunicación nunca fue descubierto.

PL/MG

“Esta es una guerra fratricida, y Karina va a ser quien entierre a Milei”. La frase de un histórico operador peronista del Norte, aliado del Gobierno, no refiere ni a la pelea de la hermana presidencial con Patricia Bullrich ni tampoco al escándalo patrimonial de Manuel Adorni. Refiere a la negociación política con las provincias. Los gobernadores están dispuestos a ordenarse detrás de la lógica del palo sin zanahoria que impera en las negociaciones políticas con el Gobierno por unos meses más. Pero no para siempre: exigen que Karina se comprometa a no intervenir, como en 2025, en sus provincias, y advierten que el tiempo se acaba. 

La discusión que Luis Caputo tuvo con Karina Milei hace más de un mes, desmentida en público por el ministro de Economía pero reconocida en privado por el resto de los participantes de la reunión, volvió a irrumpir con furia en Casa Rosada. Primero fue “Toto” Caputo, luego fue Bullrich y ahora empiezan a reclamarlo, como el año pasado, las golpeadas fuerzas del cielo que responden a Santiago Caputo: si Milei sueña con reelegir, tendrá que cerrar un acuerdo con los gobernadores. 

Ya lo empezaron a advertir los mandatarios aliados, como los norteños Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) o los radicales como Alfredo Cornejo (Mendoza). Piden más obra pública, piden fondos, piden adelantos de coparticipación. Negocian su acompañamiento casi ciego en el Congreso a cambio de la promesa –a veces es solo eso, una promesa– de que al final del mes llegará un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) que permitirá cubrir los sueldos provinciales de ese mes. 

Con Diego Santilli simulan dureza. En el último encuentro, cuando se reunieron en el CFI, el ministro del Interior intentó seducirlos para que acompañaran la reforma electoral que se encuentra trabada en el Senado. Volvió a insistir con la eliminación de las PASO –no la eliminación de la obligatoriedad, como viene impulsando el PRO, sino la eliminación de todas las primarias–, pero los gobernadores le respondieron con un pliego de demandas. 

A los gobernadores peronistas y radicales no les conviene eliminar las PASO, que funcionan como grandes ordenadoras de la oposición en tiempos de disgregación política. Con el apoyo del PRO, que tampoco quiere regalarle a Karina el control absoluto de la lapicera, los mandatarios han logrado sostener su resistencia. En el karinismo responsabilizan a Bullrich por no poder arribar a un acuerdo para avanzar con la reforma total: no creen que sea un tema de números, sino que es la propia senadora la que boicotea la negociación. 

La reforma electoral es el único proyecto que al Gobierno le interesa aprobar este año, por lo que la hermana presidencial no cederá en la discusión: es eliminación de las PASO o nada. Y los gobernadores advierten que, si la hermana presidencial realmente presiona, no habrá espacio para resistirse. “El federalismo no existe, este es un país unitario. Yo no quiero eliminar las PASO, pero si de repente hacen como en ‘Zonas Cálidas’ y ofrecen plata, ¿qué voy a hacer? Somos una provincia chica, es la única manera que tenemos de pagar los sueldos”, admite una de las manos derechas de Raúl Jalil. 

Ya empezaron a aparecer grietas en el muro de contención: entre los mandatarios del norte comenzó a hablarse de la posibilidad de suspender las PASO. Un punto intermedio –similar al que se llegó el año pasado con la suspensión de las primarias para las elecciones de medio término– que parte de la necesidad de supervivencia política de las provincias en un contexto de asfixia financiera y de caída de la recaudación. Hasta ahora, el Gobierno ha logrado ordenar a los gobernadores con este mecanismo, pero esta estrategia tiene fecha de vencimiento: después del Mundial, los gobernadores empezarán a demandar respuestas políticas. No solo económicas. 

Después del Mundial, los gobernadores querrán saber si Milei, en el caso de que se mantenga firme en las encuestas y Donald Trump no sufra una grave derrota en las elecciones, estará dispuesto a llegar a un acuerdo político. 

Pragmatismo o construcción nacional

En el Gobierno se reedita la discusión de 2025, cuando Santiago Caputo le discutía a Karina Milei que no había que armar listas en todas las provincias, sino que había que priorizar los acuerdos políticos con los gobernadores para sostener su apoyo en el Congreso. El caputismo argumentaba que no tenía sentido organizar La Libertad Avanza en las provincias solo para perder la batalla y, luego, enemistarse con el gobernador. La pelea, sin embargo, la ganó Karina, quien insistió en construir listas propias en todos los distritos y terminó llevandose el triunfo en gran parte del país. 

El 2027 será distinto. El Gobierno llegará más golpeado y con mayor necesidad de enviar mensajes de gobernabilidad, especialmente si el resultado de las elecciones norteamericanas no es favorable para los republicanos. En un escenario de debilidad, el Gobierno querrá sentarse a negociar. Y en el karinismo no le cierran la puerta a esa posibilidad: la secretaria de la Presidencia, insisten, siempre fue pragmática.

“Nosotros tenemos que llegar a 2027 con una estructura armada y sólida. A los partidos preparados, con diálogo con el territorio, con presidentes del partido que sean conocidos, por si hay que competir. Después se definirá provincia a provincia en base a lo que convenga”, explican cerca de Martín y Lule Menem, los armadores de la hermana presidencial en el territorio. Karina apuesta, incluso, a poner a Martín Menem en la boleta presidencial: no confía en nadie más para ese lugar. 

Algunas conversaciones están más avanzadas que otras. En Casa Rosada admiten que hay principios de acuerdo con Cornejo en Mendoza, con Leandro Zdero en Chaco y con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Otras alianzas son más sutiles, como con Sáenz en Salta o Carlos Rovira en Misiones. “Hay provincias que podemos ganar, como Córdoba o Santa Fe. Pero hay otras en la que los nuestros quieren competir, como en Salta o Tierra del Fuego que, si les decimos, se van a ordenar. Porque los votos son de LLA”, señala un dirigente que responde a los Menem. 

En otras provincias, como Santa Fe y Córdoba, las conversaciones pasan por otros carriles. Hay un chat de WhatsApp de gobernadores de Provincias Unidas que comienza a impulsar la idea de convocar a elecciones provinciales el mismo día, una suerte de “superdomingo electoral” previo a las elecciones nacionales desde donde posicionarse con fuerza. Incluye también a Jujuy, Chubut y Corrientes, aunque en el espacio desconfían de que todos terminen alineándose: en la lógica del sálvese quien pueda, los gobernadores que puedan cerrar con Milei, lo harán. 

La fortaleza del Gobierno depende de una sola cosa: de las elecciones en Estados Unidos. Si Trump gana, los gobernadores irán corriendo a alinearse y Karina podrá ser mucho más exquisita en las alianzas que elige. Si no, el escenario cambia y será el Gobierno el que tenga que ir a buscarlos a ellos. La decisión está en manos de la hermana presidencial, quien, como advierten en las provincias, podrá ser la salvadora o la sepulturera de Milei.

MCM/MG

A partir de las compras de viviendas, refacciones y viajes por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a surgir la pregunta de si se financiaba acaso con eventuales sobresueldos provenientes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), uno de los pocos organismos que aumentó su presupuesto en la era de la motosierra libertaria, o de la Fundación Faro, que a fines de 2024 pasó a manos del elenco que rodea al presidente Javier Milei y a su asesor Santiago Caputo. No hay pruebas de que Faro pague salarios para complementar los magros honorarios con los que los funcionarios se jactan de cobrar poco, pero sí de que la fundación que dirige el político ultraconservador Agustín Laje ha sabido recaudar incluso mucho más que lo que juntaban las fundaciones del PRO en sus mejores tiempos.

Una vez llegados al poder, Milei y Caputo quisieron armar una fundación que en principio propale su ideología. Después el portal Chequeado descubrió que financiaría publicidad electoral o política en el año de las elecciones legislativas de 2025. No está confirmado lo de los sobresueldos. Para evitar el engorroso y largo trámite de inscribir la entidad en la Inspección General de Justicia (IGJ), el encargado del asunto, Francisco Caputo, hermano del asesor, se ocupó de encontrar una fundación ya existente, Valorar, que se dedicaba a atender personas en situación de vulnerabilidad, de que renunciara su consejo directivo y de reformar su objeto social. En noviembre de 2024, la rebautizaba Fundación Faro Argentina debutaba con una cena en el Yacht Club Puerto Madero -propiedad de los Neuss, amigos de los Caputo y promotores de la entidad- en la que los empresarios pagaban US$25.000 el cubierto. José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya, Guibert Englebienne (ambos de Globant), Betina Bulgheroni (Pan American Energy, PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó, Horacio Marín (presidente de la estatal YPF) y representantes de Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio), la francesa TotalEnergies y Techint (de Paolo Rocca) dijeron presente. Milei y Laje disertaron aquella vez.

A pesar de que la remozada fundación arrancó en los últimos dos meses de 2024 le bastó para recaudar ese año $4.961 millones, equivalentes a lo que entonces eran US$4,8 millones, según consta en el balance que presentó en abril de 2026, con 12 meses de retraso, ante la IGJ. Esa multimillonaria cifra contrasta con lo que recolectaba la Fundación Valorar en 2023, unos $49,8 millones, unos US$61.000 de aquellos tiempos. Es decir, los ingresos se multiplicaron por 78. Está claro que una organización vinculada a la política va a recaudar más que una ignota dedicada a la ayuda social, pero lo que llama la atención es que en dos meses de 2024 levantaron US$4,8 millones, cuando la sumatoria de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Fundar, juntaban en promedio alrededor de US$1 millón anual cuando se preparaban para gobernar la Argentina, entre 2013 y 2015, antes de que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada, según constó en otra investigación de Chequeado. Una vez instalado Cambiemos en el poder, estas fundaciones perdieron peso y ahora sólo persiste Pensar, aunque sin tanto ímpetu como en aquel entonces.

Si bien Laje es el director ejecutivo, el presidente de la entidad es Ignacio María Bilbao La Vieja, que estudió administración de empresas en la Universidad Católica Argentina (UCA) casi a la par de Juan Neuss, uno de los empresarios que más ha crecido en este gobierno a partir de las privatizaciones de empresas eléctricas y las licitaciones de áreas que dejó YPF en Chubut y Santa Cruz. Bilbao La Vieja trabajó antes en el banco Citi, en Moët Hennessy y Toyota. Lo secundan Lucía Aldao y Marcelo Macías.

Los nuevos dueños de la fundación no pudieron cambiar el objeto principal: “Abordar la realidad de personas y comunidades en contexto de desigualdad”. A los libertarios la igualdad no les interesa: sólo la libertad... y la propiedad privada. En la memoria se habla del nuevo rol: “Durante 2024 desarrolló una serie de iniciativas destinadas a fortalecer su misión institucional: promover la educación, el pensamiento crítico y los valores liberales y de libertad individual como pilares fundamentales para el progreso social. Las acciones llevadas adelante reflejan un enfoque integral que combina la generación de oportunidades, la formación de líderes con compromiso activo y la creación de espacios de diálogo y participación activa”.

“Una de las actividades más relevantes del año fue la Cena Solidaria (sic), organizada con el fin de recaudar fondos para el financiamiento de los programas formativos que la fundación llevará adelante durante 2025, así como para apoyar el Curso de Emprendedores, desarrollado en colaboración con Endeavor”, siguió la memoria. Pero Chequeado comprobó que entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue la organización que más dinero gastó en redes sociales en la Argentina: más de $1.000 millones en unos 15.000 posteos calificados por Meta (la dueña de Instagram y Facebook) como publicidad electoral. Una cifra sólo superada en ese periodo por la Jefatura de Gabinete, que pasó de manos de Guillermo Francos a las de Adorni... y eso que el gobierno de Milei iba a terminar con la pauta...

En cuanto a Endeavor, es la fundación de grandes empresarios que promueven a otros emprendedores de negocios. Su directora ejecutiva es desde hace 10 años Julia Bearzi, licenciada en administración en la Universidad de La Plata, con un master en la de San Andrés e hija de desaparecidos. Vaya a saber qué tal se lleva con Laje, defensor de la llamada memoria completa. Pero Bearzi cuenta con la confianza del directorio de Endeavor, que preside Migoya y que integran, entre otros, Nicolás Szekasy (del fondo Kaszek), Alec Oxenford (fundador de OLX y actual embajador en EE.UU.), Sofía Pescarmona (Bodega Lagarde), Alfredo Poli, Englebienne, Marcos Galperin (Mercado Libre), Luciano Nicora (Pampa Start), Eduardo Elsztain (IRSA), Roberto Souviron (fundador de Despegar y actual gestor de Win Win Ventures), Carlos Miguens (Central Puerto), Federico Braun (La Anónima), Franco Mignacco (Minera Exar y Unión Industrial Argentina, UIA), Karina Román (Puerto Asís Investments, que no tiene negocios en común con su primo Leonardo Román, socio de la belga Jan De Nul en la licitación de la hidrovía del río Paraná) y Federico Lauría (Dale Play).

“En diciembre de 2024 se llevó a cabo una conferencia de alto impacto público, que contó con la participación de los presidentes académicos de la fundación, destacados referentes del pensamiento liberal en Argentina: Laje, Adrián Ravier -actual diputado libertario- y Alberto Benegas Lynch (h) -que ya entonces integraba la Cámara de Diputados-”, continuó la memoria. El texto finaliza con un llamado a construir una “sociedad más libre, responsable y próspera”.

Los activos de la entidad pasaron de $12,3 millones en 2023 a $4.529 millones en 2024. De este último dinero, unos $4.188 millones se destinaron a inversiones. Se nota que lo recaudado en la cena pasó a ese fin, de modo de gastarlo en 2025. En el balance se detalla que esos 4.188 millones se invirtieron en fondos comunes de inversión, letras y bonos del Tesoro Nacional.

A su vez, la fundación finalizó 2024 habiendo otorgado créditos por $278 millones y con deudas por $125 millones. En instalaciones, muebles, útiles y equipos de computación se fueron $24 millones. De los ingresos, $4.957 millones provienen de donaciones, pero hay $1 millón que surge de intereses -las inversiones quizás han sido rentables- y $3,2 millones de un concepto de alquileres, lo que hace presuponer que la fundación dispone ya de algún inmueble.

En cuanto a las gastos, $205 millones se destinaron a eventos, campañas y difusión, $2,9 millones en viajes, $25,6 millones en presupuesto de oficina, $92,8 millones en alquileres y $47,9 millones para una elevada partida de “servicios de seguridad”. En sueldos y cargas sociales, $23,9 millones.

En el balance no se detallan los donantes de más del equivalente de más de 40 salarios mínimos, que es lo que exige la normativa de la IGJ. Serían los que ponen más de US$10.000 en la actualidad. En los estados contables de las fundaciones del PRO sí solían figurar y si no, este organismo dependiente del Ministerio de Justicia lo reclamaba. elDiarioAR consultó a Faro quiénes fueron los principales aportantes, por qué no se los mencionó, cómo se lograron multiplicar tanto los ingresos y a qué fines de destinó el dinero y una vocera respondió: “Todo aquello a lo que podés acceder es público. El resto es información confidencial, la fundación no revela quiénes son sus aportantes”.

AR/CRM

La camioneta Toyota SW4 con la que Santiago Caputo llegó este martes a la Casa Rosada acumula una deuda millonaria en multas de tránsito. La consulta a los registros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arroja 192 infracciones para el dominio AG 425 TB, con un monto original de $12.777.365,50 y un valor con descuento vigente hasta el 23 de agosto de 2026 de $6.388.682,75. En la provincia de Buenos Aires, el mismo vehículo registra otras 16 infracciones impagas —generadas al 21 de abril de este año— por un total de aproximadamente $4.550.400 adicionales. La deuda combinada supera los $17 millones.

El vehículo —una SUV de alta gama cuyo precio de mercado ronda los 50.000 dólares— está radicado en la seccional registral Salta N°1, con domicilio en Pellegrini 822 de la capital salteña. La radicación en una provincia distante de la Ciudad de Buenos Aires, donde se mueve cotidianamente Caputo, es un rasgo que también tenía su camioneta anterior: una Toyota SW4 negra patente AF 899 MZ que estaba registrada en Avellaneda y ya había acumulado más de $500.000 en multas al momento en que elDiarioAR la identificó en 2025.

El perfil de las infracciones

Las 192 infracciones en CABA se distribuyen entre excesos de velocidad de distintas magnitudes —incluyendo varias registradas a más de 140 km/h, muy por encima del límite máximo de 100 km/h en las autopistas porteñas— y otras violaciones como circulación por metrobús o carril prohibido, estacionamiento sin comprobante y paso en rojo. La primera infracción data del 7 de diciembre de 2024; la más reciente, del 19 de mayo de 2026, o sea la semana pasada. En ese período de poco más de 17 meses, la camioneta acumuló un promedio de más de diez infracciones por mes, o aproximadamente dos o tres por semana.

El monto original de las infracciones —$12.777.365,50— se puede reducir a $6.388.682,75 si se acogen al descuento vigente hasta el 23 de agosto de 2026. Según los registros, 37 de las 192 infracciones fueron seleccionadas para el plan de pago con ese descuento. Las restantes permanecen sin cancelar.

Un detalle que se repite en decenas de actas es la leyenda “Incumplimiento de identificación de conductor”: cuando la infracción es captada por cámara y el titular del vehículo no identifica quién manejaba al momento del hecho, el registro queda sin conductor individualizado. Es decir, en la mayoría de los casos detectados por control remoto, nadie se presentó a decir quién iba al volante. Esa figura tiene implicancias legales: el Código de Tránsito de la Ciudad establece que la responsabilidad de la infracción recae sobre el titular registral cuando no se identifica al conductor. En el caso de AG 425 TB, eso significa que la deuda persiste asociada al dominio, independientemente de quién lo condujera en cada ocasión.

En la provincia de Buenos Aires el registro es más acotado pero igualmente revelador. Al 21 de abril de 2026, el dominio AG 425 TB registraba 16 infracciones, todas con estado “CON DEUDA” y por un monto unitario de $284.400, lo que totaliza aproximadamente $4.550.400. El vencimiento del período de pago opera el 3 de junio de 2026, es decir, en días. Si la deuda no se cancela antes de esa fecha, los montos subirán por recargos.

Las infracciones bonaerenses tampoco tienen conductor identificado, y su distribución geográfica sugiere desplazamientos habituales por el conurbano o el acceso a rutas interurbanas, un patrón consistente con los movimientos de alguien que opera desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires de manera regular.

Sin cargo, con espía

El dato sobre el vehículo cobra otro espesor cuando se lo pone en contexto. Santiago Caputo no es funcionario público en términos formales. Figura en el Estado como “Consultor II” bajo el Decreto N°1109/17 en la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, con un honorario que hasta la última actualización conocida rondaba los $3,1 millones mensuales. Esa figura contractual no le confiere rango de autoridad pública ni los atributos protocolares que corresponden a los cargos ejecutivos.

Sin embargo, como reveló elDiarioAR en septiembre de 2025 y confirmó en febrero de 2026, Caputo cuenta desde al menos abril del año pasado con un espía de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como custodio personal. El agente lo acompaña en sus desplazamientos, le abre la puerta de la camioneta y actúa como escolta. Tres fuentes independientes confirmaron en aquel momento la identidad del funcionario de inteligencia y su función de seguridad junto a Caputo.

El problema es jurídico además de político. El Decreto 1311/2015, que establece la Doctrina de Inteligencia Nacional, prohíbe expresamente que los organismos de inteligencia realicen funciones de seguridad, custodia o escolta de personas. Pero en el Gobierno persiste el argumento de que ciertos “objetivos sensibles” pueden gozar de custodia y de beneficios de funcionarios, como tener un auto para su traslado.

MC

La mesa política de la Casa Rosada volvió a reunirse este martes después de dos semanas paralizada por las tensiones internas que atravesaron al oficialismo y apenas un día después de la reunión de Gabinete encabezada por Javier Milei tras el Tedeum del 25 de Mayo. La secuencia no fue casual. En el Gobierno buscaron construir una cadena de imágenes orientadas a transmitir cohesión política luego de una semana marcada por los enfrentamientos entre el sector de Santiago Caputo y el armado de los Menem, una disputa que llegó incluso a expresarse públicamente a través de cuentas libertarias en redes sociales.

La reunión tuvo un objetivo explícito: volver a ordenar la estrategia legislativa del oficialismo. Pero también otro menos declarado aunque igual de importante: reconstruir un ámbito de coordinación política que había quedado virtualmente congelado por la interna. El encuentro comenzó pasadas las 11 en las oficinas del Ministerio del Interior, en la planta baja de Balcarce 50, y reunió nuevamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al asesor presidencial Santiago Caputo; al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; al ministro del Interior, Diego Santilli; a la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En la Casa Rosada sostienen que la prioridad inmediata es recuperar iniciativa parlamentaria. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los ejes de la reunión fue revisar el estado de los proyectos pendientes y definir cuáles serán las próximas iniciativas que el Ejecutivo enviará al Congreso. El oficialismo busca sobrecargar la agenda política con nuevos anuncios y reformas en un momento en que el clima público empezó a correrse de la centralidad económica que dominó el primer tramo del gobierno.

La estrategia oficial consiste en mantener una dinámica permanente de anuncios legislativos. El objetivo ya no parece ser solamente aprobar reformas, sino también saturar la agenda política con iniciativas nuevas y recuperar centralidad en medio del desgaste interno del oficialismo. Entre los proyectos que circulan aparecen el denominado “Súper RIGI”, enfocado en sectores vinculados al litio, uranio, hidrógeno verde y vehículos eléctricos; cambios en la Ley General de Sociedades; modificaciones regulatorias para el mercado de capitales; reformas vinculadas al lobby; iniciativas sobre ludopatía y una nueva discusión sobre el etiquetado frontal de alimentos. La lógica es empujar varios debates al mismo tiempo, incluso cuando algunos de ellos todavía no tienen volumen político suficiente para atravesar el Congreso.

Detrás de esa estrategia aparece además una admisión implícita del propio oficialismo sobre sus límites parlamentarios. Milei volvió a reconocerlo este martes por la mañana, en una entrevista con Radio Mitre, donde dijo que el Gobierno todavía no cuenta con la fuerza legislativa necesaria para avanzar con la velocidad y la profundidad reformista que imagina. “Seguimos siendo primera minoría y no tenemos quórum propio”, sostuvo al justificar por qué muchas de las transformaciones que impulsa requieren negociación permanente y terminan llegando al Congreso más moderadas de lo que pretendía originalmente la Casa Rosada.

El ejemplo más claro de esa dinámica es el llamado “Súper RIGI”, presentado como una versión todavía más agresiva del régimen de incentivo a las inversiones aprobado el año pasado. El proyecto busca reducir del 25% al 15% la alícuota de Ganancias para las empresas alcanzadas y acelerar fuertemente los esquemas de amortización fiscal para sectores “estratégicos”. La lógica detrás de la propuesta excede incluso la discusión económica puntual: forma parte de la narrativa con la que Milei intenta mostrar que, pese al ruido político interno, el Gobierno todavía conserva capacidad para sostener una agenda propia.

Equilibrios inestables

Pero detrás de la agenda formal vuelve a aparecer, una y otra vez, el verdadero trasfondo de la reunión de la mesa política: la necesidad de administrar la convivencia interna dentro del oficialismo. El conflicto entre Santiago Caputo y el entorno de los Menem alcanzó durante las últimas semanas uno de sus niveles más altos desde el inicio del gobierno. Las acusaciones cruzadas, las operaciones en redes sociales y la circulación de versiones sobre ataques digitales alimentaron dudas incluso sobre la continuidad de algunos espacios comunes de coordinación política.

Por eso el Tedeum de este lunes funcionó como mucho más que una ceremonia religiosa. Javier Milei utilizó la fecha patria para mostrar a todos los sectores bajo su paraguas político. Todas las tribus compartieron espacios, recorridos y fotos en una coreografía cuidadosamente observada dentro del oficialismo. Hubo gestos especialmente leídos puertas adentro: la invitación directa del Presidente a Santiago Caputo —habitualmente relegado de este tipo de ceremonias organizadas por la Secretaría General—; el abrazo público a Bullrich desde el balcón de Casa Rosada; y la caminata compartida entre el asesor presidencial y Lule Menem tras la salida de la Catedral.

Las señales buscaron instalar un armisticio. Pero incluso en medio de la escenificación de unidad quedaron marcas de las tensiones que atraviesan al oficialismo. En las fotos oficiales difundidas por Presidencia sobre el Tedeum y la actividad posterior en Casa Rosada, Santiago Caputo prácticamente no apareció, pese a haber sido uno de los protagonistas políticos de la jornada y a haber participado tanto de la ceremonia como de la actividad en Balcarce 50. El detalle no pasó inadvertido dentro del ecosistema libertario, donde cada encuadre, ubicación o ausencia es delineada hasta la obsesión por la propia Karina Milei.

A ese cuadro de tensión interna se le suma además otra preocupación que sobrevuela cada reunión política del oficialismo: la incertidumbre alrededor de Manuel Adorni. Aunque en la Casa Rosada intentan relativizar el impacto político del caso que envuelve al jefe de Gabinete, lo cierto es que durante las últimas semanas su situación empezó a convertirse en una olla a presión dentro del propio Gobierno. Las versiones sobre su patrimonio y la creciente exposición mediática del tema obligaron al oficialismo a reorganizar parte de su estrategia comunicacional justo cuando buscaba volver a concentrar la agenda en la economía y las reformas.

En Balcarce 50 sostienen que Milei mantiene intacto su respaldo político hacia Adorni y recuerdan los gestos públicos que el Presidente le dedicóa lo largo de estos últimos tres meses. Pero incluso dentro del oficialismo admiten que el caso abrió un frente de desgaste inesperado para una administración que hasta hace pocos meses se sentía cómoda discutiendo casi exclusivamente variables económicas. La expectativa ahora está puesta en la presentación de la declaración jurada del funcionario, que el Gobierno espera utilizar como un intento de cerrar la discusión pública sobre su patrimonio y desactivar parte de la presión política que se acumuló en las últimas semanas. La preocupación no pasa solamente por la dimensión judicial o mediática del tema, sino por el riesgo de que el “factor Adorni” termine amplificando la sensación de desorden interno en un momento donde el Gobierno necesita transmitir exactamente lo contrario.

En el Gobierno saben que el escenario político comenzó a volverse más complejo. Javier Milei se vio obligado por primera vez en casi dos años de gestión a intervenir personalmente para bajar la tensión entre su consejero y el universo político que responde a su hermana. La escena tuvo algo inusual para la lógica de funcionamiento libertaria. Hasta ahora, el Presidente había logrado preservar una estructura de poder donde las disputas convivían bajo un equilibrio relativamente estable sostenido por su centralidad política y por la división tácita de funciones.

Sin embargo, la escalada de las últimas semanas empezó a mostrar fisuras más visibles. El Presidente necesitó exhibir gestos públicos de contención hacia todos los sectores al mismo tiempo. La propia necesidad de montar esa escenografía dejó al descubierto un dato incómodo para el oficialismo: que la autoridad presidencial, hasta ahora ejercida sin demasiadas mediaciones internas, empieza también a ser puesta a prueba dentro de su propio esquema de poder. La tregua de este lunes aparece así menos como una resolución definitiva que como una pausa administrada por Milei para evitar que el conflicto entre sus principales terminales políticas siga escalando frente a todos.

PL/MC