Los hermanos Juan y Patricio Neuss en sociedad con los dueños del grupo Newsan y del fondo Inverlat ganaron este martes la tercera privatización en este gobierno de Javier Milei, el 26,3% de la mayor transportista eléctrica de la Argentina, Transener. Y esta vez lo hicieron tras un fallo informático en la difusión de ofertas que levantó polémica.

A las 10 debían publicarse online las propuestas económicas, que también se habían presentado en forma electrónica 10 días antes. Pero sólo se vieron las de dos de los oferentes: los US$301 millones que ponía Central Puerto, uno de los principales grupos generadores eléctricos del país, propiedad de Guillermo Reca, Carlos Miguens Bemberg y Eduardo Escasany (accionista del Grupo Financiero Galicia); y los US$230 millones que apostaba Edenor, la distribuidora de luz de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Pero no figuraba la oferta que se sabía que había presentado efectivamente en conjunto el grupo Edison Energía -sus accionistas son los Neuss, el dueño y el CEO de Newsan (grupo de electrónica fueguina y de los productos de higiene y tocador Procter & Gamble en la Argentina), Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, y los socios de Inverlat (dueños de Havanna), Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai- y Genneia, el conglomerado de generación eléctrica de Jorge Brito, propietario del Banco Macro. Nadie se explicaba por qué, pues ya debía conocerse en simultáneo.

A las 10.40 se cayó la página web de la licitación a cargo de la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, dependiente del Ministerio de Economía, de Luis Caputo. Diez minutos después se levantó y seguían apareciendo sólo dos ofertas. Continuaba faltando una. Se volvió a caer el sistema y a las 11.12 regresó con la tercera oferta de Edison y Genneia por US$356 millones, la ganadora.

Central Puerto y Edenor guardaron silencio sobre lo sucedido. Operan en negocios regulados por el Estado y además compiten con los Neuss por otra privatización, la de Metrogas, por ahora en manos de YPF. Pero observadores del sector energético se dividían entre quienes se sorprendieron y quienes calificaron el episodio de “poco prolijo”. También apuntaban a las relajadas exigencias de antecedentes en el pliego de licitación.

En el consorcio ganador, en cambio, descartaron sospechas: “Imaginamos que fue un error del sistema. Todo se cargó en su momento, hace 10 días, en el sistema de manera encriptada, incluyendo la oferta económica”. En el Gobierno no formularon comentarios. En el comunicado de prensa destacaron que “Transener administra una infraestructura estratégica del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), con más de 12.600 kilómetros de líneas en 500 kV que atraviesan el país de norte a sur, una red que se extiende aproximadamente 3.700 kilómetros entre Jujuy y Santa Cruz, y opera instalaciones que constituyen la columna vertebral del transporte eléctrico nacional”.

“El nivel de las ofertas refleja el interés del sector privado en invertir en infraestructura esencial para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino”, continuaron en la Secretaría de Energía. En el sector, sin embargo, llamó la atención lo elevada de la oferta de Edison y Genneia y se preguntaban de dónde obtuvieron el dinero y qué harán después cuando deban invertir en las obras de ampliación y modernización que requiere la red. Los vencedores serán socios del otro controlante de Transener, Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.

“Con esta etapa, el proceso ingresa en su tramo final y permitirá retirar completamente al Estado de la participación accionaria en la transportista, consolidando el esquema previsto en el marco regulatorio eléctrico, donde la prestación del servicio público queda en manos privadas bajo regulación estatal”, continuó Energía. “La adjudicación está prevista para el mes de mayo, conforme al cronograma establecido, completando una instancia central dentro del proceso de privatización de activos y actividades de Energía Argentina SA (ENARSA).”

No es la primera licitación que gana Edison, un grupo creado hace apenas un año con la compra de las distribuidoras de Jujuy (Ejesa) y Tucumán (EDET), la transportista eléctrica del Litoral (Litsa) y una pequeña generadora mendocina, la de Potrerillos (Cempsa). Pero esa central le sirvió como antecedente en generación para presentarse en las subastas por la concesión de dos de las cuatro hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue, Alicurá y Cerros Colorados. En los pliegos se exigía poca experiencia en el sector, lo que sorprendió a algunos oferentes.

También llamó la atención que se extendiera el plazo de presentación de ofertas, de modo tal que después de que la norteamericana AES presentara la suya para retener Alicurá, en el alargue Edison apareció con la suya. Los Neuss y sus socios pusieron US$162 millones, unos 30 millones más que el poderoso grupo energético de EE UU que está siendo adquirido por el fondo de inversión BlackRock. También se quedaron con Cerros Colorados en la contienda con BML, del sojero Manuel Santos Uribelarrea. Después de apostar fuerte por ambas centrales, ahora también les llegará la hora de invertir en su mantenimiento.

Los Neuss ya eran un grupo con inversiones agropecuarias, inmobiliarias y con la distribuidora eléctrica de Río Negro, Edersa, antes de iniciarse este gobierno. Pero estos amigos del asesor presidencial Santiago Caputo han ampliado sus negocios de forma notable en el último año. Sus victorias en las privatizaciones no sorprenden ya en el establishment. Tras aportar en 2023 a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich, se han convertido en contribuyentes de La Libertad Avanza y la fundación libertaria Faro, donde opera Santiago Caputo.

En la subasta de la concesión de la hidrovía del río Paraná se los menciona como eventuales subcontratistas de uno de los oferentes, el consorcio de la belga Jan de Nul y la local Servimagnus, de Ricardo Román y su hijo Leonardo, pero no hay prueba alguna que los vincule de forma fehaciente. Su rival en la contienda es la belga DEME, cuyos ejecutivos se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en pleno proceso.

Habrá que ver si realmente este negocio forma parte de la rivalidad interna entre Santiago Caputo, amigo de los Neuss y del director de la Agencia de Puertos, Iñaki Arreseygor, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a quien responde Menem. En pocos días se conocerá el ganador. En caso de Jan de Nul retenga el negocio que controla desde hace 31 años, será cuestión de indagar a qué empresas subcontrata para tareas que van mucho más allá que la concesión anterior, que se limitaba al dragado y el balizamiento.

AR/CRM

Justo en tiempos en que el consumo, el salario y el empleo retroceden en casi todo el país, la administración de Axel Kicillof suspenderá a partir de mayo y por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La medida afecta a 2 millones de alumnos bonaerenses que llevan a sus casas unua caja que mensualmente contiene: una docena de huevos, una botella de aceite, un paquete de arroz, leche, levadura y harina, más una lata de tomate triturado, una de lentejas y otra de arvejas.

El MESA es un plan que se creó en 2020 por la pandemia porque los estudiantes no podían recibir la comida de Servicio Alimentario Escolar (SAE), pero el Estado bonaerense lo mantuvo hasta ahora cuando regresaron las clases en 2021.

La decisión de la suspensión radica en que desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, la Nación dejó de financiar un tercio del SAE, como había hecho la gestión de Mauricio Macri. Dos años y medio después, Kicillof argumenta que ya puede seguir sosteniendo al mismo tiempo los comedores en colegios y las cajas de alimentos. Por eso ahora corta con el MESA.

Desde la Provincia aseguran, sin embargo, que para evitar un colapso social, se reforzará en un 30% (unos $13.000 millones mensuales más) el presupuesto del SAE, que alcanza a más alumnos, unos 2,5 millones -es decir, no todos recibían el bolsón-. De este modo, recibirán en las instituciones educativas desayuno, almuerzo y merienda.

Preocupación

Pero hasta los intendentes peronistas están preocupados porque el MESA no sólo alimentaba a los niños sino a sus familias. Por eso, marcharán este miércoles al Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, para reclamar ayuda. La cartera de Pettovello respondió que “no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas”.

Las luces de alarma son varias. Hasta el economista favorito de Milei, Ricardo Arriazu, alertó la semana pasada que el modelo libertario destruye empleos en el conurbano bonaerense y eso puede implicar un riesgo social y político para su futuro.

Claro que si “explota” el Gran Buenos Aires tampoco le favorece a las ambiciones presidenciales de Kicillof. Conciente del clima que atraviesa la población, al mismo tiempo que suspendió el MESA, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que encabeza Andrés “Cuervo” Larroque, no sólo reforzó el SAE sino también la atención a los hogares sin niños, cada vez más habituales ante la caída de la natalidad.

En ese sentido se duplicó el Módulo Alimentario Territorial (MATE) que envía a los municipios y elevó 25% el presupuesto de los programas sociales, incluidas las Unidades de Desarrollo Infantil para niños de 45 días a 14 años, el programa Envión para jóvenes de 12 a 21 años, las ayudas a personas mayores y a las de discapacidad, entre otros.

Es decir, por un lado se suspende el MESA, que requería $200.000 millones entre mayo y diciembre, según declaró la subsecretaria de Políticas Sociales de la provincia de Buenos Aires, Bernarda Meglia, a Infobae. Por otro, aumentan el presupuesto del SAE en $104.000 millones de acá a fin de año, el del MATE a municipios en 13.200 millones de pesos y el de otros 18 programas sociales en 19.695 millones de pesos; es decir, un total de 136.895 millones. Por tanto, entre sumas y resta, el ajuste alcanza los $63.000 millones.

En la provincia detectaron que la demanda de alimentos en municipios y comedores se duplicó en el conurbano y se quintuplicó en el interior bonaerense desde que comenzó el gobierno de Milei por el mayor desempleo, la caída de ingresos y el recorte de políticas nacionales. Detectaron familias endeudadas para comer.

“Ahora la provincia y los municipios tienen una demanda multiplicada en sectores que antes no demandaban tanto: jubilados, discapacidad, embarazadas, lactantes”, comentan en el gobierno bonaerense, en alusión a algunas poblaciones que sufrieron la motosierra de Milei.

El ministro de Economía provincial, Pablo López, envió la semana pasada una nueva queja a su par nacional, Luis Caputo, porque le restringe el acceso a un financiamiento que la provincia tuvo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 2020 y 2024 para costear programas sociales.

Sin la autorización de la Nación, los estados provinciales no pueden conseguir este tipo de crédito de organismos multilaterales. También hay reclamos judiciales por deudas del Estado nacional al bonaerense.

AR/MC

Argentina ardía en 2002 tras aplicar la receta económica dictada por el Consenso de Washington en los 90 y el economista surcoreano pero doctorado y profesor de la Universidad de Londres Ha-Joon Chang publicaba su primer best-seller, Patear la escalera. Por qué unos países crecen y a otros no los dejan crecer, en el que explicaba que las naciones ricas se habían desarrollado con políticas industriales que después habían desaconsejado al resto del mundo. En 2010 vendría otro éxito editorial, 23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo. Ahora la editorial Granica ha vuelto a publicar Patear la escalera en castellano y su autor, uno de los principales referentes de la heterodoxia económica mundial, dialogó por Zoom con elDiarioAR desde la capital británica, antes de un viaje de visita a su Seúl natal.

–Por qué Patear la escalera, sigue siendo relevante después de más de 20 años?

–Escribí este libro en 2001. Se publicó en 2002. Y ese fue literalmente el punto más alto del neoliberalismo. En los 80, los programas de ajuste estructural empezaron a afectar a casi todos los países en desarrollo. Los obligaron a liberalizar su comercio. Muchos abrieron sus mercados de capitales. Privatizaron empresas estatales y desregularon varios mercados, como el laboral e industrial, y así sucesivamente. Luego vino el colapso del bloque soviético a principios de los 90. Y entonces se declaró el “fin de la historia”, se lanzó la Organización Mundial del Comercio en 1995. Y sí, estas políticas neoliberales estaban arrasando el mundo. Pero yo estaba muy desconcertado porque sabía que muchos de estos países ricos, Estados Unidos, Japón, Corea, que luego promovían el libre comercio, la libre inversión y demás, habían usado altos niveles de proteccionismo, subsidios, regulaciones sobre empresas extranjeras, etc. Y muchos de ellos también usaron empresas estatales de manera muy intensiva para desarrollar sus economías. Y estos países argumentaban que los países en desarrollo no debían hacer lo mismo. Entonces empecé a investigar la historia del capitalismo más a fondo. Y la evidencia no era difícil de encontrar. No es que tuve que hackear alguna base de datos secreta en el sótano del FMI (Fondo Monetario Internacional) o viajar a un monasterio italiano en los Alpes para leer manuscritos del siglo XVIII. La evidencia estaba ahí. De hecho, encontré mucho más de lo que esperaba porque me di cuenta de que Gran Bretaña había sido mucho más proteccionista de lo que pensaba. Estados Unidos fue la economía más protegida del mundo durante 120 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente descubrí que todos los países ricos de hoy, en combinaciones ligeramente diferentes, se enriquecieron usando políticas que recomendaban a los países en desarrollo no usar. Luego encontré un pasaje en el libro del economista alemán del siglo XIX Friedrich List, quien decía que los ingleses les pedían a alemanes y estadounidenses adoptar el libre comercio. Pero cuando mirás la historia inglesa, llegaron a donde estaban, esto es mediados del siglo XIX, usando un grado muy alto de proteccionismo, subsidios y otras formas de política industrial. Es como alguien que sube hasta la cima y luego patea la escalera para que otros no puedan seguirlo. Ahora soy un país fuerte que se beneficia del libre comercio, que no necesita proteccionismo. Así que ahora les digo a otros países que no usen estas políticas.

–Pero hoy el mundo vuelve al proteccionismo...

–Hoy esto es aún más relevante, irónicamente, por Donald Trump. Hasta hace poco, los países ricos fingían que se desarrollaron con libre comercio, libre mercado. Y aún intentaban persuadir a los países en desarrollo de no usar proteccionismo ni subsidios. Pero ahora estos países están desesperados porque China los alcanzó mucho. Quiero decir, ahora es competitiva en todas las industrias. En algunas industrias podrías argumentar que incluso están por delante de los países occidentales. Ahora, los países occidentales están usando proteccionismo y subsidios ellos mismos. Así que ahora ni siquiera pueden ser hipócritas porque tienen que usar estas políticas. Estamos viviendo un momento muy interesante porque estos países contaron mentiras sobre su propia historia. Probablemente muchas personas de esos países ni siquiera sabían que estaban mintiendo porque siempre creyeron en esa historia mítica en la que todo se hacía por la mano invisible y el libre mercado y libre comercio. Ahora se dan cuenta de que, como en los viejos tiempos, necesitan estas políticas. Aunque, en mi opinión, la forma en que lo están haciendo no va a tener éxito.

–¿Por qué no van a tener éxito?

–Hay diferentes razones para diferentes países. En el caso de Estados Unidos, básicamente no hay una política real. Lo que Estados Unidos está haciendo es explotar su posición como el mercado más grande del mundo para amenazar a otros países con acceso limitado a su mercado mediante barreras arancelarias y forzar a otros países a no competir con empresas americanas o a invertir en EE.UU. para construir capacidades manufactureras allí. Podría decir que esto es una versión geriátrica de la protección de la industria infantil. La protección de la industria infantil es la idea de que, de la misma manera que necesitamos proteger y nutrir a nuestros hijos hasta que crezcan y puedan competir en el mercado laboral, los gobiernos de países en desarrollo necesitan proteger y nutrir sus industrias jóvenes antes de que puedan desarrollarse y competir en el mercado mundial. No podíamos competir con lo mejor, no sé, las empresas automotrices coreanas en los 70 o las empresas textiles americanas en los 1850, pero teníamos que hacerlo algún día. Y vamos a proteger nuestras industrias para que puedan invertir, aumentar la productividad y eventualmente volverse internacionalmente competitivas. Lo que está haciendo Trump es como tener un hijo de 55 años que fracasó en su negocio porque no estaba invirtiendo, estaba gastando dinero en jets privados, yates y casinos en Las Vegas. Ahora su negocio está en problemas. Entonces su padre llega y dice: “OK, te voy a ayudar porque quiero hacerte grande otra vez. Voy a impedir que empresas extranjeras compitan contigo poniendo muros arancelarios. Y también voy a forzar a algunos de estos tipos, coreanos, japoneses, alemanes, a invertir en tu empresa”. El problema es que este tipo no tiene incentivos para mejorar su desempeño porque no hay condiciones. En los últimos 25, 30 años, las empresas americanas han dejado de invertir. Distribuyeron el 90-95% de sus ganancias a accionistas en forma de dividendos muy altos y recompras de acciones, lo que significa que la empresa compra sus propias acciones para que suban los precios y los accionistas puedan obtener ganancias extra vendiendo sus acciones. Perdieron la capacidad de invertir. Entonces, a menos que hagas que estas empresas vuelvan a invertir, no van a poder revivir su competitividad.

–¿Cuál sería una política industrial adecuada?

–La política industrial tiene que ser focalizada. La protección general no funciona. Tenés que elegir sectores específicos que querés desarrollar y luego brindarles apoyo dirigido. En algunos casos puede ser protección. En otros casos, tal vez no querés esa protección, pero subsidiás directamente a la empresa, directa e indirectamente, invirtiendo más en investigación y desarrollo básico que cree nuevas tecnologías que estas empresas puedan usar. Deberías proveer la infraestructura adecuada para la industria. Si estás invirtiendo en construcción, en lugar de construir apartamentos de lujo, deberías construir carreteras, puertos, etc. para apoyar tus industrias. Deberías invertir en formación de trabajadores, educación, ciencia básica. Necesitás una estrategia coherente. En este momento, la estrategia en EE.UU. es totalmente aleatoria. Protegemos a todos y vemos quién se beneficia. Esto es exactamente el tipo de protección que Estados Unidos criticaba a países como Argentina. Sustitución de importaciones: ponés protección general y esperás que algo pase. Algo pasa, pero no es tan efectivo como una política muy focalizada con condiciones. Si recibís protección, si recibís subsidios con dinero de los contribuyentes, tenés que rendir cuentas. Por eso la política industrial en países como Japón, Corea, China ha sido muy exitosa: no solo proveen protección y dinero, sino que ponen condiciones sobre lo que tenés que hacer.

–Mientras el mundo se vuelve proteccionista, Argentina está abriendo su economía. ¿Cuál es su opinión sobre el experimento libertario de Milei, que todo el mundo está mirando?

–Desgraciadamente, en la historia no hay ningún país que haya tenido éxito con este tipo de políticas liberales que está implementando el gobierno del señor Milei. Argentina ya lo intentó, bajo la dictadura militar, con Carlos Menem. No funciona. No existe un país que se haya hecho rico a través de estas políticas liberales. Cuando digo esto, la gente dice: “Pero ¿qué pasa con países como Singapur?”. Bueno, déjenme decirles sobre Singapur. Tienen una política de libre comercio y actitud acogedora hacia inversores extranjeros. Pero el 90% de la tierra en Singapur pertenece al gobierno. El 85% de la vivienda es provista por el gobierno a través de su corporación de vivienda, y más del 20% del PBI es producido por empresas estatales. Y dicen: “Singapur tiene bajos impuestos”. Sí, tal vez tiene una alícuota máxima del 24%. Pero también tiene este esquema de ahorro forzoso llamado Central Provident Fund, que obliga a la gente a ahorrar el 30% de sus ingresos y usarlo solo para salud, educación y jubilación. Así que los que ganan más en Singapur no controlan el 60% de sus ingresos. Porque el 20% va a impuestos, el 37% va a esta cuenta personalizada pero de ahorro forzoso. Entonces, incluso Singapur no es una economía liberal. Decime si hay alguna otra economía que haya tenido éxito por esta ruta. Esta idea de que bajos impuestos y baja regulación es el camino a la prosperidad es absurda. Si el bajo impuesto a las ganancias de las empresas fuera tan bueno, ¿por qué no todos van a invertir a Paraguay? Porque allá el impuesto a las ganancias corporativas es del 10%, el impuesto a las ganancias personales también. ¿Por qué no se mudan todas las empresas ricas del mundo allá? El problema es que hay que hablar del valor de los servicios gubernamentales. En Paraguay podés pagar bajos impuestos, pero lo que recibís a cambio no es tan bueno. Infraestructura pobre, seguridad no tan buena, trabajadores no muy bien capacitados. Muchas empresas prefieren pagar 30% de impuesto a las ganancias corporativas y hacer negocios en Alemania. Esta idea de que cuanto menos gobierno, mejor, es absurda. Hay que debatir exactamente qué debería hacer el gobierno. ¿Debería gastar más en investigación y desarrollo o infraestructura? ¿O enfocarse en aumentar la productividad en el sector biotecnológico o ayudar a las pymes exportadoras? Las experiencias históricas son muy claras: el gobierno hace estas cosas, sea una política industrial más agresiva como en Corea o China, o incluso las más pasivas, proporciona todos estos insumos públicos: ciencia, investigación y desarrollo. Durante los 50, 60, hasta los 80, dos tercios de la investigación y desarrollo americana estaba financiada por el gobierno americano

–El libre comercio no funcionó en Argentina en el pasado, pero tampoco una economía muy cerrada...

–Exacto. No estoy a favor de tener el tipo de economía cerrada que tenía Argentina. El punto es que si sos un país en desarrollo, necesitás generar suficientes exportaciones para desarrollar la economía porque necesitás importar máquinas, tecnologías, insumos intermedios inteligentes para crecer y desarrollar tu economía, porque no producís esas cosas. Necesitás divisas. Desgraciadamente, países como Argentina no desarrollaron la capacidad de exportar más allá de commodities primarios, cuya demanda siempre fluctúa y no crece muy rápido a largo plazo. Por eso Argentina sigue teniendo crisis macroeconómicas cada vez que empieza a crecer un poco. Porque una vez que comenzás a crecer, absorbés todos esos insumos. Necesitás máquinas para el sector agrícola, fertilizantes. Si querés construir una industria manufacturera, necesitás importar nuevas máquinas y tecnologías, pagar consultorías técnicas, traer gente para enseñar habilidades avanzadas a tus trabajadores, etc. Y no generás suficientes divisas para pagar esas cosas. Así que apenas crecés unos años, tenés crisis de balanza de pagos. Y para resolverla imponés políticas de austeridad, que pueden bajar la inflación por un tiempo, pero apenas la economía empieza a crecer, tenés el mismo problema.

–Acá en Argentina la gente ahora tiene esperanza en la minería, petróleo y gas de Vaca Muerta, que pueda resolver el problema de falta de divisas y todos los problemas...

-En el corto plazo puede ayudar. Pero acordate que el petróleo va a ser un activo varado. El mundo, guste o no a Argentina, está haciendo una enorme transición hacia energías verdes. Especialmente con la última guerra con Irán. Los países se dieron cuenta de que depender de combustibles fósiles es muy riesgoso, incluso si no creés en el cambio climático. La demanda de petróleo va a bajar. Hay enormes esfuerzos para desarrollar tecnologías de energías renovables. Petróleo y gas se usan como insumos industriales más que como fuentes de energía. Para hacer fertilizantes artificiales usás gas natural, carbón coque para acero. Pero ahora hay mucha investigación y nuevas tecnologías para hacer estas cosas sin combustibles fósiles. ¿Pensás que para Argentina tener litio es genial? Los chinos ya están desarrollando baterías de sodio. Cuando eso pase, la demanda de litio va a colapsar. No podés depender de estas cosas. Y encima estos sectores basados en recursos naturales tienen inherentemente bajo crecimiento de productividad.

–¿Por qué tantos ricos están fascinados con Milei en países desarrollados?

-El neoliberalismo, el libertarianismo son sistemas buenos para los ricos, especialmente los súperricos. En los países ricos, los súperricos quieren instalar el tipo de sistema que está instalando el señor Milei porque se beneficiarían más. Desgraciadamente, en los países ricos hay resistencia a estas cosas porque hay partidos de izquierda, aunque en declive, que todavía son fuertes comparados con los de países en desarrollo. Y hay derechos sociales más establecidos en educación, salud, servicios básicos. Entonces les cuesta implementar estas reformas que quieren. Y ahora hay este hombre que lo está haciendo. Claro que quieren que tenga éxito para decirle a su gente: “Mirá, el señor Milei lo hizo. Deberíamos hacerlo en nuestro país también”. Pero América Latina siempre ha sido el laboratorio experimental para estas políticas. El primer régimen neoliberal se instaló en Chile, luego la dictadura argentina lo siguió, después de experimentar allá lo llevaron a EE.UU., Europa. Están repitiendo lo mismo otra vez.

AR/CRM

Pese a que la mayoría de los sectores económicos de la Argentina no se recuperaron en 2025 de los dos años anteriores de caída, el PBI rebotó de la mano de cuatro actividades que generan poco empleo, los hidrocarburos, la minería, el campo y las finanzas. Pero pese al empuje de esas áreas, la actividad en general derrapó en febrero último. En la comparación contra el mismo mes del año anterior bajó 2,1%, no caía desde noviembre y no se contraía tanto desde septiembre de 2024, cuando empezaba a despegar la economía como conjunto. En relación al mes anterior, se achicó 2,6%, no lo hacía también desde noviembre y no se ajustaba tanto desde diciembre de 2023, cuando Javier Milei iniciaba su destrucción del Estado con la motosierra en la mano.

En febrero, la industria se derrumbó 8,7%; el comercio, 7% y los servicios de gas, luz y agua, 6%. Mermaron la administración pública, 1,5%; la construcción, 0,6%; la actividad inmobiliaria, 0,5% y el transporte y las comunicaciones, 0,3%. Son una caída al segundo o tercer subsuelo porque representan sectores que caen año tras año. La minería y los hidrocarburos, en cambio, vuelan al 9,9%; el campo, al 8,4%; las finanzas, al 6% y la pesca, al 14,8%.

La mayoría de los economistas que más aciertan en los pronósticos descarta que el tropezón general de febrero se repita a lo largo del año. Martín Rapetti, de la consultora Equilibra, vaticina un “crecimiento promedio muy bajo”, del 2%, menor al 5% sobre el que se basa el presupuesto de ingresos y gastos del Gobierno. Es el mismo número de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). “Con los sectores primarios creciendo y el resto cayendo, un sector grande de la economía de mínima está deprimido”, comenta Rapetti.

“Vamos a crecer 2,8% entre los que avanzan y retroceden, pero la desocupación puede aumentar porque los que retroceden son más mano de obra intensiva y los que crecen no ocupan mucha gente”, advierte su colega Orlando Ferreres. En Invecq Consulting, Manuel Cerdan prevé 2,5%, aunque con gran heterogeneidad por sector. “Los orientados al mercado interno enfrentarán un proceso de recuperación más lento”, describe Cerdan. Otro analista, Mauricio Monge, de la consultora británica Oxford Economics, prevé que los números mejoren respecto a febrero por el sector extractivo y por la cosecha del campo.

Como consecuencia de la floja actividad económica, la recaudación tributaria cayó en marzo por octavo mes consecutivo. Esta baja se explica también por otros dos factores. Por un lado, las rebajas de impuestos impulsadas por Milei y aprobadas por el Congreso, sobre todo orientadas a los más ricos. Por otro, que la crisis de los diversos sectores orientados al mercado interno y que más empleo generan lleva a que algunas empresas e individuos comiencen a actuar más en la informalidad, de modo de ahorrar en impuestos. Esta tendencia a la evasión también es una reacción al discurso y la acción del Gobierno: entre los elogios del Presidente a los evasores y su catalogación del tributo como “robo”, los menores monitoreos anunciados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la ley de inocencia fiscal, que también relaja la vigilancia.

El jefe de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, sin dejar de criticar la posición pro evasión del Gobierno nacional, disiente con Milei en que sea esta la razón de la reducción de la recolección de impuestos sino “la depresión del mercado interno, producto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la desocupación y el sobreendeudamiento de las familias”. Agrega que no se veía una merma tan larga y profunda desde la pandemia.

No obstante, en ARBA también registran un aumento de la evasión. En 2023, había detectado 52.562 contribuyentes, entre empresas e individuos, que no habían emitido factura ante ventas hechas por transferencia o tarjetas de crédito y débito, según la información que le provee los posnet como los de Mercado Pago (de Mercado Libre), que representan la mitad del segmento. En 2025 se observaron 77.231, un 46% más.

Después están los casos de quienes prefieren cobrar en efectivo e incluso ofrecen un descuento a cambio, según observa un exjefe de lo que ahora se llama ARCA. Pero también hay quienes prefieren vender al contado para evitar las comisiones que cobra cada terminal. Por transferencia hay que pagarles 0,8% más IVA; por tarjeta de débito, desde 0,8% más IVA de Fiserv hasta 1,2% de Nave (del grupo Galicia), 2,9% de Ualá 3,19% de Getnet (del Santander) y 3,25% de Mercado Pago; y por la de crédito, desde el 4,5% de Nave y el 4,9% de Ualá hasta el 6,19% de Getnet, 6,29% de Mercado Pago y 6,3% de Fiserv. Aquellos que ya no toleran tantos costos terminan cerrando, como sucedió con 24.000 empresas en la era Milei.

Un reciente informe de la Fundación Mediterránea sobre la recaudación atribuye la baja sobre todo a la “tendencia a la informalidad”. Así lo justifican Marcelo Capello, Gaspar Reyna y Federico Belich: “Mientras el IVA representó 11,8% del consumo privado en el tercer trimestre de 2023, dicha relación bajó casi todos los meses hasta ubicarse en 9,6% en el cuarto trimestre de 2025, una de las relaciones más bajas desde 2015”. Explican que más de un contribuyente optó por financiarse sin pagar impuestos ante las mayores tasas de interés de los créditos.

“La caída en la recaudación asociada a la actividad económica pareciera estar reflejando no sólo las tendencias recesivas que atraviesan a varios sectores vinculados al mercado interno sino probablemente también el incumplimiento tributario, que generalmente es un subproducto de las situaciones de crisis, particularmente del entramado PyME, que siempre cuando el costo del crédito es alto o escaso tienden a financiarse con ARCA”, comenta otro exjefe del organismo. “A ello se suma el relajamiento de los controles tributarios que me cuentan están ocurriendo. La precarización del empleo y el aumento de la informalidad reflejan la misma tendencia”, agrega.

Uno de los principales empresarios de la construcción ratifica el giro a la evasión. Otro de los popes de la Unión Industrial Argentina (UIA) también: “No hay economía y lo poco que hay pide más en negro”. En la Mesa de Enlace, uno de los dirigentes no ve “más economía en negro en el sector, pero que hay economías que están empezando a convertirse en inviables económicamente, como yerba mate, arroz y frutas”. Otro empresario comenta que el campo crece, pero como evade mucho esa bonanza no se refleja en las provincias, donde ante la caída recaudatoria se produjeron conflictos por salarios de docentes, policías o médicos, los tres servicios donde se va la mayoría del gasto de los gobernadores.

Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, la venta ilegal callejera aumentó 5% interanual en febrero, según la Cámara Argentina de Comercio (CAC). La misma entidad relevó que en marzo a nivel nacional el consumo cayó 1,5% porque derrapa el masivo y la recreación y están estancados los de ropa, transporte, vivienda y servicios públicos.

Tres contadores de empresas consultados observan que, pese al discurso del Gobierno y la relajación de los contribuyentes, los inspectores de ARCA están tan intensos como siempre con las intimaciones a los pequeños y medianos. Si bien en reuniones con las máximas autoridades del organismo, habían escuchado que se concentrarían en los más grandes, no está sucediendo. Un contador lo atribuye a una actitud histórica de la línea de empleados de la agencia. Otro experto tributario, en cambio, observa un doble discurso del mandamás de ARCA, Andrés Vázquez, que pese al palabrerío libertario de Milei se ve en la obligación de apretar a los contribuyentes ante el mal desempeño de la recolección de gravámenes.

Lo que no se le ocurre a Vázquez es actualizar la resolución de 2018 que impuso el IVA a las ventas de servicios digitales de empresas sin domicilio en la Argentina sino en el exterior. Es así que no paga IVA y, por tanto, tampoco Ingresos Brutos en las provincias ni Uber -su rival Cabify, sí, porque tiene residencia tributaria en el país- ni las chinas Shein y Temu, que compiten de manera desigual con Mercado Libre y con otras compañías del extranjero que están incluidas en aquella resolución, como Amazon y Alibaba. En el caso de Uber, tampoco los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández la incluyeron, quizás porque en paralelo hay una causa judicial para que instale su sede fiscal en la Argentina. En cambio, los fenómenos de Shein y Temu surgieron con la ola importadora de Milei.

En plan de abrir la economía y que los productos importados bajen los precios del mercado interno, ARCA también ha relajado los controles del contrabando, tanto el que pasa en forma clandestina por la frontera como el que llega escondido en contenedores por los puertos y los aeropuertos. El año pasado, los industriales reclamaron más vigilancia, pero todo sigue igual. Hasta huevos se contrabandean, según la Cámara de Productores Avícolas (CAPIA).

Pero lo que más entra sin declarar son los celulares. “Uno de cada tres celulares que se vende en la Argentina no se fabricó ni se importó legalmente”, comenta la directora ejecutiva de la Asociación de Fábricas de Electrónica (Afarte), Ana Vainman. “Lo detectamos por las activaciones”, añade. En una de las principales empresas del sector comentan que la mitad de las activaciones ocurren en la frontera con Paraguay y la otra, en el aeropuerto de Ezeiza.

“El crecimiento del comercio informal de dispositivos móviles está impulsado por canales digitales, con una concentración del 60% en redes sociales y del 40% en plataformas de comercio on line”, apuntan en Afarte. En una compañía electrónica apuntan que por un lado se venden por las redes de Meta (Instagram, Facebook o Whatsapp) y, por otro, por Mercado Libre. “Los vendedores utilizan una modalidad comercial híbrida, mezcla de stock legal e informal, para fragmentar la trazabilidad operativa y ejecutar estrategias de evasión fiscal ante los entes reguladores”, completan en la cámara de la electrónica de Tierra del Fuego, donde con ajuste de personal todavía se ensamblan teléfonos pese a que este año enfrentan la competencia legal sin arancel de importación. Pero a los contrabandeados no hay con qué darles: cuestan entre 40% y 50% menos que los legales porque evaden todo impuesto. A su vez, la importación legal e ilegal se beneficia de un dólar barato que disminuye el precio de su oferta frente a la encarecida producción nacional en un país con mayor inflación medida en moneda norteamericana.

Para completar el cuadro, también crece la informalidad laboral. En 2023, el 41% de los trabajadores argentinos, tanto empleados como cuentapropistas, estaba no registrado. En 2025, el 43%. En cuanto a los que están en relación de dependencia, los carentes de derechos pasaron del 35% al 36%. Leve alza respecto a un nivel heredado alto y pese a la moratoria laboral que dispuso este gobierno.

“En estos procesos en los que se destruye empleo y tejido productivo y no hay crecimiento económico, en lugar de haber una transición progresiva del empleo del textil a los servicios basados en conocimiento o la banca, se van a trabajos informales de subsistencia”, describe Diego Coatz, que dejó su cargo de director ejecutivo de la UIA con el ascenso de Martín Rappallini a la presidencia y ahora es consultor. “Una costurera se va a trabajar al servicio doméstico, un operario a la construcción informal, del comercio en blanco a La Salada, el que tiene un auto se pone un Uber y el que tiene moto o bici se hace repartidor. Son transiciones regresivas, de un empleo bueno a otro malo.”

Con tanta evasión y con el mal desempeño de la actividad económica interna, no es de extrañar que el Estado recaude cada vez menos y que, por tanto, pueda ofrecer peores servicios. Los jubilados de la mínima siguen cobrando menos que en 2023 y sufren los recortes del PAMI en atención médica y acceso a medicamentos, las personas con discapacidad se encuentran con que quienes los atienden se dan de baja, los afiliados a las obras sociales también terminan en los hospitales públicos porque las clínicas no los atienden a tiempo, el Instituto Oncológico Roffo da turnos a seis meses, en las universidades se multiplican los paros, en diversas provincias también los docentes van a la huelga, el Estado deja de comprar libros para las escuelas y promete reemplazarlos con cheques, los colectivos mantienen una reducción del 10% de las frecuencias porque los subsidios y las tarifas no cubren los costos, mientras el acceso a la vivienda social, las cloacas y la urbanización de villas se ha paralizado. Al final de cuentas parece que los impuestos no eran tan malos.

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Se suele esgrimir y con razón que en una economía cerrada los empresarios locales cazan en el zoológico, es decir, venden los productos que fabrican acá al precio que se les antoja porque total no hay competencia extranjera. Pero cuando se abre la economía, como está ocurriendo en estos dos años y medio de gobierno de Javier Milei, esos hombres de negocios cada vez más se reconvierten en importadores y cierran parcial o completamente su producción criolla. Es decir, ellos continúan haciendo negocios en un mercado que ya de por sí controlaban y los que dejan de ver un mango son sus empleados despedidos. Pero no sólo eso: además aprovechan esa posición dominante para vender los productos extranjeros hasta siete veces más caro de lo que los compran, es decir, con una alta rentabilidad, según un estudio del economista Gustavo García Zanotti y el sociólogo Martín Schorr en el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

“Los ejemplos son contundentes”, citan los autores. “En Lumilagro, un termo con costo de importación de $8.178 se vende a $44.000 sin impuestos: 5,4 veces más. En Essen, una cacerola con costo de importación de $50.055 se ofrece a $384.000: 7,7 veces más. En Easy, una silla plegable con costo de importación de $4.230 se vende a $32.000: 7,6 veces más. Y en Adidas, una zapatilla con costo de importación cercano a $26.790 se comercializa a $100.000: 3,7 veces más”, advierten este economista de la Universidad de Rosario y el sociólogo que trabaja en la Universidad de San Martín, ambos investigadores del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet).

Los expertos tomaron los precios de cada importación, incluido el flete y el seguro para llegar a la Argentina, a partir de una base de datos que releva las transacciones registradas en la Aduana, les sumó el costo del arancel para bienes extranjeros y la tasa de estadística que abonan y ese resultado final fue comparado con el valor al que se ofrece en las páginas web oficiales de las empresas correspondientes menos el IVA, dado que eso no es parte de la ganancia. Relevaron productos bien diversos de marcas conocidas, como artículos de cocina, autos, electrodomésticos, calzado, muebles, celulares, alimentos e higiene, pero a la hora de la conclusión destacaron los casos de mayores rentabilidades entre costos de importación y precio final, como la bonaerense Lumilagro, que despidió a 170 empleados en este gobierno, aunque sigue fabricando acá la mitad de los termos; la santafesina Essen, que echó a 30, aunque asegura que sólo importa el 2% de las cacerolas; la chilena Easy, que más que cuadruplicó las cantidad de sillas y muebles importados entre 2023 y 2025, y la alemana Adidas, cuyo proveedor brasileño Dass cerró su planta en Coronel Suárez (sur de la provincia de Buenos Aires) y dejó en la calle a 360 personas.

Sólo Lumilagro respondió a la consulta de elDiarioAR. Lo hizo el propio dueño, Martín Nadler, el mismo que se hizo famoso hace unas semanas porque ante un usuario de redes sociales que reclamó por los despidos le contestó: “¿Ustedes qué opinan? Preferirías que los volvamos a contratar y vuelvas a tener que gastar $100.000 de más para conseguir un termo de calidad?”. Después borró el mensaje.

“Así funciona el capitalismo”

“La importación está totalmente liberada. Si hubiera rentabilidades extraordinarias, todo el mundo importaría hasta llegar a un equilibrio de mercado. Así funciona el capitalismo”, respondió Nadler a este cronista. “Nuestra contribución marginal, al igual que la mayoría de los importadores, está entre el 10 y el 20%. Esto es una tasa normal en cualquier mercado del mundo. Del precio al que nosotros vendemos al mayorista, se multiplica por tres para llegar al público”, aseguró. Según él, hay que tener en cuenta el impuesto provincial a los “ingresos brutos, los costos logísticos internos, el almacenamiento, la distribución, la estructura comercial, los márgenes de mayoristas y minoristas, además de los costos fijos propios de operar en el país”.

Cuando se le aclara que no se toman en cuenta los precios ofrecidos en mayoristas o minoristas sino la propia web de Lumilagro, Nadler contesta: “La rentabilidad que tenemos vendiendo en Mercado Libre o en nuestro shop respecto de la que tenemos vendiendo a mayoristas es muy similar porque Mercado Libre tiene comisiones altísimas, porque ellos con lo que vos les pagás tienen que hacer la distribución hasta la ultima milla, más allá de la rentabilidad que ellos tienen. Además de los costos que te cobran por transacción, que son altos en comparación con la región. Nosotros tenemos que mandar las cosas al depósito de ellos, envolver uno por uno cada producto con un estuche especial, manejar la venta online con los costos que tiene... porque para que te compren por Mercado Libre vos tenés que hacer una publicidad”. En su página web, Lumilagro también contrata el servicio de cobro de Mercado Pago y el correo le cuesta parecido que en la empresa de Marcos Galperin.

Essen, Easy y Adidas no respondieron a este diario. García Zanotti y Schorr también analizaron los casos de las fabricantes de lavarropas Whirlpool –que cerró su fábrica en Pilar– y Siam –del grupo Newsan, que multiplicó por 39 la cantidad de unidades importadas entre 2023 y 2025–; los celulares de este grupo propiedad de Rubén Cherñajovsky –en el primer bimestre de 2026, ante la eliminación de aranceles decidida por Milei, despidió a 45 empleados y suspendió a 70 en Tierra del Fuego mientras importó 498.000 teléfonos, contra ninguno de 2023 y 2.000 de 2025–; la automotriz china BYD, la francesa Peugeot Citroën, las alimenticias Mondelez, de EE.UU., y Nestlé, de Suiza, y el supermercado Coto.

Cazar en el zoológico

“En todos los casos relevados aparece una misma tendencia: más importaciones de bienes finales, menos producción local y deterioro del empleo industrial”, señalan los autores. “Esta reconversión viene acompañada por despidos, suspensiones, cierres de plantas, levantamiento de líneas de producción y reemplazo de fabricación nacional por mercadería importada. Pero el dato decisivo es que esta estrategia no implica resignar rentabilidad. Por el contrario, los bienes importados llegan al consumidor final con precios muy por encima de sus costos de importación, lo que permite sostener márgenes brutos muy elevados”, añaden.

“Es decir, la apertura importadora no sólo acelera el desplazamiento de producción local, sino que además habilita un esquema en el que grandes firmas reemplazan actividad industrial por importación y comercialización con altos márgenes”, advierten los investigadores del IPyPP. “En ese marco, la desindustrialización no aparece como un efecto colateral, sino como parte de una reconfiguración empresaria que erosiona capacidades tecnoproductivas acumuladas durante décadas y debilita el mercado interno al destruir empleo e ingresos. En síntesis, la apertura importadora no sólo desplaza producción nacional, empleo y capacidades industriales: también consolida una forma de rentabilidad basada cada vez menos en producir y cada vez más en importar y comercializar con amplios márgenes”, completan.

Justo esta semana, al mismo tiempo en que se publicaba el estudio, el ministro de Economía, Luis Caputo, elogiaba a Lumilagro y contrastaba su caso con la fabricante de neumáticos Fate. Consideraba que ante la apertura importadora la empresa de Javier Madanes Quintanilla había cerrado su planta, mientras que la de Nadler había comenzado a importar parte de su oferta, pero mantenía otra parte en su fábrica de Tortuguitas. Y señaló que antes estos industriales como el resto cazaban en el zoológico, pero que ahora deben adaptarse a la competencia extranjera y eso favorece a los argentinos que pagan menos por los termos, las gomas y demás bienes.

García Zanotti pone en duda su afirmación. “Antes cazaban en el zoológico porque había proteccionismo y podían vender al precio que quería, ¿pero eso cambió en parte con las importaciones? Puede ser que algo cambió, pero tampoco cambió mucho en el sentido de que estas empresas siguen formando precios porque son grandes y controlan los canales de comercialización”, comenta el economista rosarino.

El otro punto es que “todas estas empresas dependen del mercado interno –una de las pocas excepciones es Essen, que exporta el 30% al resto de Latinoamérica– y hay una paradoja porque tienen un techo en su crecimiento porque al despedir el conjunto de las firmas industriales están atentando contra la demanda local, hay menos empleos, menos ingresos y, por tanto, las compañías van a ganar menos en un futuro”. “Si bien importar barato y vender caro es un beneficio de corto plazo, en el largo se les puede venir en contra”, concluye.

El Presidente y su gente repiten que es mejor que entre un producto importado más barato, aunque destruya algunos empleos, porque la mayoría de la población podrá gastar menos y destinar el sobrante a otros consumos. Efectivamente, hay un efecto sustitución por el bien más económico y un efecto ingreso, es decir, que el mismo salario mejora su poder de compra. Pero uno de los padres de la economía, François Quesnay, en el siglo XVIII elaboró la teoría del flujo circular de la renta, que consiste en que el gasto de uno es el ingreso de otro. Vale decir que si los trabajadores despedidos de Fate, Lumilagro, Essen, Newsan y de tantas otras empresas dejan de contar con ingresos, gastarán menos y otros también contarán con menos entradas. Es decir, los bienes costarán más baratos –de hecho, la ropa está a un tercio del valor que en 2023 y los electrodomésticos, a la mitad–, pero los argentinos en conjunto tendrán menos plata para comprarlos. Los que ganan: los empresarios importadores y las compañías y los trabajadores sobre todo de China, la fábrica del mundo con la que casi nadie puede competir y que opera con un capitalismo de fuerte intervención estatal.

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Un ultrarrico –técnicamente alguien que acumuló una fortuna superior a los US$1.000 millones– departía con un empleado, un economista y dos periodistas –por cierto, con patrimonios varias miles de veces inferior– el pasado martes en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires, en Recoleta, en la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés). “Las inversiones van a venir, pero gradualmente”, admitió, cuando se le preguntó por la frase que horas antes en ese escenario había dicho el presidente del banco JP Morgan, Facundo Gómez Minujin, en relación a que “hay más proyectos que plata” y“ si la política se sostiene en el tiempo, estos proyectos van a ser financiables”. ¿Entonces hay que esperar a 2028 para invertir?

En el establishment están divididos entre los sectores que van bien –materias primas y finanzas– y los que van mal –industria, comercio y construcción–, pero también entre los que confían en que Javier Milei superará la actual coyuntura de inflación rebrotado del 3,4% mensual y de escándalos de presunta corrupción y logrará la reelección y aquellos que empiezan a dudar de que lo logre. Hace dos meses, cuando se sancionaba la mayor flexibilización laboral de la historia argentina, no quedaban dudas de que el presidente ultra vencería en 2027. En la Argentina pendular, 60 días después comenzaron a surgir dudas también entre los empresarios que más valoran que impulse todas las medidas que siempre que soñaron.

“Estamos invirtiendo apostando a continuidad del modelo, no de Milei”, cuentan en un grupo energético. En las licitaciones de las cuatro hidroeléctricas del Comahue, los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, se quedaron a fines de 2025 con dos de ellas como parte del grupo Edison –que se formó a principios de ese año junto a los dueños de Havanna, Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, y los de Newsan, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, cada vez menos pendientes de su negocio de electrónica– y para ello pusieron US$225 millones. Ganaron aquella subasta porque el pliego permitió que empresas con poca experiencia en generación participaran. Además se extendió el plazo de presentación de ofertas después de que rivales como la norteamericana AES pusiera la suya sobre la mesa y recién en el alargue Edison oficializó su propuesta. Central Puerto, de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany (Grupo Financiero Galicia), compraron otra de las cuatro centrales por US$245 millones y el sojero Manuel Santos Uribelarrea ganó la restante contra la italiana ENEL por US$235 millones.

Ahora los Neuss quieren quedarse con las privatizaciones de la mayor transportadora eléctrica del país, Transener, y con Metrogas. Para la primera se presentan con Edison y en sociedad con Genneia, de Jorge Brito (Banco Macro), y se tienen mucha fe. Para la segunda, van en alianza con Mubadala Capital, fondo soberano de Emiratos Árabes. En ambas contiendas enfrenta a los mismos rivales: Central Puerto y Edenor, la distribuidora de José Luis Manzano –que por más que se haya fanatizado con Milei no corta su lazo con Sergio Massa–, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.

Inversiones tímidas

“No hay casi empresas internacionales, sólo grupos argentinos que tienen incorporados el riesgo argentino”, continúan analizando en un grupo energético. “Hoy Milei tambalea con la inflación, con un crecimiento heterogéneo... Si hay retroceso en el modelo, estos activos que se privatizan van a valer menos y habrá que esperar tiempo a que recuperen valor”, advierten.

Es más, en otro conglomerado apuntan que todas estas empresas que el Estado vende necesitan inversión para operar y mejorar el ajustado sector eléctrico, que no está recibiendo tantos desembolsos como Vaca Muerta. “Inversiones tímidas”, las definió el CEO de AES Argentina, Martín Genesio, en la cumbre de Amcham. En los pasillos, otro inversor en el rubro rumoreaba con preocupación: “Es hora de bancar a Milei, pero con plata, es decir, con inversiones, y eso es lo que falta”. Más allá de que todas estas privatizaciones implican pagos en dólares al Estado (a YPF, en el caso de Metrogas), la inversión real en maquinaria y construcción cayó 11% en febrero, el último mes medido por el estudio Ferreres, después de bajar 6% en enero.

“La preocupación por la continuidad del modelo va ir inscrecendo más y más hasta las elecciones”, lamentan en el conglomerado de energía. “Este se supone que era el año del crecimiento, de la estabilidad política. Hoy todavía se espera que reelija Milei, pero si esto sigue así, puede surgir algo alternativo para sostener el modelo. (Paolo) Rocca debe estar tratando de buscar candidato, pero en el pasado no le fue bien –recuerda aquel apoyo implícito al radical Ernesto Sanz en la interna con Mauricio Macri en 2015 de quien ahora recibe insultos de Milei por proteccionista–. Si esto cruje, el empresariado va a pensar en una alternativa, pero todavía falta”, concluyen.

Ronda de nombres para 2027

No fue casual que el exdiputado Emilio Monzó se paseara por la reunión de Amcham después de visitar días antes al gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Los empresarios se le acercaban para preguntarle si estaba armando algo alternativo, pero el exjefe de la Cámara de Diputados en el gobierno de Macri negaba que buscara una gran coalición contra Milei o que Kicillof busque un compañero de fórmula presidencial de la centroderecha, como hizo Luiz Inácio Lula Da Silva con Geraldo Alckmin para derrotar a Jair Bolsonaro hace cuatro años. Le contó que busca armar una opción de centro frente a los libertarios y al exministro de Economía como figura asociada al pasado kirchnerista. En ese espacio pretende incluir a peronistas como el exgobernador sanjuanino y diputado Sergio Uñac y a empresarios como Brito, por su experiencia al frente de River, o Daniel Herrero, CEO de Prestige Auto, la licenciataria de los autos y las camionetas Mercedes-Benz. Brito y Herrero son nombres que también menciona el armador del peronismo porteño Juan Manuel Olmos, que repite que se necesita un outsider para desplazar a otro outsider como el economista libertario. Al dueño del Macro le gusta la idea, pero no sabe si en 2027. En cambio, el ex CEO de Toyota carece de ese perfil político.

Sin embargo, hay hombres de negocios que descreen de Monzó y comentan que en realidad quiere armar una primaria abierta (PASO) entre el dueño del Banco Macro y el economista keynesiano al que la derecha apodaba El Soviético. “Kicillof no entiende lo que es el mercado”, decía Jorge Brito padre en 2015 cuando finalizaba su gestión como ministro de Cristina Fernández de Kirchner y días antes del balotaje entre Macri y Daniel Scioli. Todo cambia: ahora su hijo suena como aliado del gobernador, mientras el expresidente de la Nación y de Boca mantiene por ahora el apoyo al gobierno donde Scioli es secretario de Turismo y Ambiente.

Aunque el ministro de Economía, Luis Caputo, haya prometido en la Amcham que los próximos 18 meses serán los mejores de las últimas décadas, en el auditorio sonrían recordando que Milei había prometido en 2024 un crecimiento como “pedo de buzo”. Lo que sí esperan es que surta efecto la baja de tasas de interés que inició el Banco Central en abril para alentar el crédito y así evitar una recesión que sumaba a la inflación del 3% sería estanflación.

En el sector financiero aguardan que el abaratamiento del dinero permita que se refinancien a menor costo las deudas de las familias morosas, en niveles récord en dos décadas, del 13% en el segmento bancario y del 25% en el de las fintech. Sería uno de los métodos de mercado para reducir la mora. El otro es que la menor tasa puede llegar a tentar a personas que no tienen deuda. Por ejemplo, para renovar el televisor antes de la Copa del Mundo. Aunque de momento no hay clima mundialero, entre el consumo deprimido, el financiamiento que estaba hasta hace poco restringido y la falta de ansiedad por conquistar un trofeo que se logró en 2022 después de 36 años de espera. Pero los optimistas del crédito aún no pueden responder por qué mejoraría si persisten los tres motivos por los que se hundió: la inflación medio alta, el salario atrasado y la caída del empleo registrado.

El frente aceitero

Tres factores sumado a la más regresiva reforma laboral en cuatro décadas, mayor a las de Carlos Menem en 1991 y Fernando de la Rúa en 2000, impulsan a Daniel Yofra, secretario general de la Federación Aceitera, a abogar por una huelga por tiempo indeterminado hasta que Milei frene su rumbo. Es lo que reclamará el 1 de mayo en el plenario nacional del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que integran gremios en posicionas duras como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), de Abel Furlán, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de Rodolfo Aguiar, la de Pilotos, de Pablo Biró, y los papeleros de José Ramón Luque.

Se plantan frente a una CGT tibia que marchará el 30 de abril y apuesta a continuar bloqueando parte de la flexibilización laboral por la vía judicial. El Fresu se piensa similar a lo que fue el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA) en los 90 frente a una CGT que transó con Menem. Al frente del MTA estaban el camionero Hugo Moyano -ahora acomodado en la CGT y enfrentado a su hijo más combativo, Pablo-, la aeronavegante Alicia Castro y el colectivero Juan Manuel Palacios.

“Estamos en este frente para combatir, no para dialogar. Porque no se puede dialogar cuando te quieren dejar sin nada”, dijo Luque este miércoles en un congreso de delegados de la UOM en Mar del Plata. Aguiar llamó a “enterrar la reforma laboral en los lugares de trabajo” y subrayó: “No la tenemos que cumplir”.

“A este gobierno no lo debilitás con un día de paro”, criticó Yofra a la CGT en un almuerzo con periodistas este jueves en el Hotel Metropolitano, en el barrio de Monserrat. De entrada, picada de fiambres y quesos y el segundo plato, un plato abarrotado de vacío y papas al horno. El aceitero recordó que su gremio paró tres días, aunque se los descontaran del sueldo. Recordó que por esa postura de lucha sus representados han pasado de vivir en villas a tener casa propia. Son de los mejor remunerados, aunque también se desempeñan en una industria ganadora con todos los modelos. “El costo salarial de las aceiteras es el 2% del total”, explica.

Yofra no sólo rechaza la escasez de la huelga de la CGT previa al debate legislativo sobre la reforma laboral sino también que ahora apueste a voltearla en los tribunales. Por ahora lograron frenar 82 de los 218 artículos de la ley. “Si tenemos que depender de abogados y jueces, estamos al horno”, sostiene Yofra, frente a la estrategia de la central que dirigen Jorge Sola, del gremio del seguro, el camionero Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, del sindicato del vidro, uno de los promotores de la candidatura presidencial del pastor Jorge Gebel, residente en EE.UU. aunque con muchos pintores de paredes en los barrios populares del área metropolitana.

“Si negociás salario por empresa, te echan a la mierda. Hay fortalecer el sindicalismo como lo era en los 60 y 70”, continúa Yofra, que se reivindica como gremialista que no entra en política partidaria ni se hace empresario sino que sigue dentro de la fábrica. Eso sí, este santafesino critica a Cristina Kirchner y elogia que a Kicillof nunca le encontraron ningún afano, aunque le reclama que recorra el interior. “Sos un pecho frío si no salís a luchar. Que me importa que nos acusen de desestabilizadores, no vamos a decir que hay que esperar si los compañeros se están cagando de hambre ahora. Se viene un estallido social”, pronosticó el aceitero.

AR

Hace apenas un año Leonardo Scatturice fue noticia por primera vez en su vida porque un avión suyo llegó desde EE.UU., donde reside, a Aeroparque Jorge Newbery pero el abundante equipaje no fue controlado por la Aduana. Lobbysta que consiguió acercar a Donald Trump y Javier Milei, por entonces este empresario representante de Cisco en la Argentina con la firma OCP Tech intentaba auspiciar sin éxito eventos de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (AmCham) en nuestro país.

Un año más tarde, después de comprar Flybondi, el correo OCA y el grupo logístico Flecha, Scatturice logró convertirse en uno de los cuatro principales auspiciantes de la cumbre anual de la AmCham, main sponsor plus, como le llaman, con OCP Tech. El consejero del asesor presidencial Santiago Caputo lo hizo junto con la consultora BDO, la fabricante de maquinaria Schneider Electric y la tarjeta Visa. Nadie se lo pudo impedir en la cámara, como sí habían rechazado en el pasado patrocinios de compañías o empresarios con causas abiertas por presunta corrupción.

Con ese auspicio detrás, los ejecutivos argentinos de empresas de EE.UU. y de otros orígenes mostraron su entusiasmo con las reformas económicas de Javier Milei, pero plantearon dudas sobre su continuidad política. Condicionaron sus inversiones al mantenimiento de este giro económico, pero también admitieron que no habrá financiamiento para todos los proyectos. Un obstáculo para el plan del ministro de Economía, Luis Caputo, que aspira a que haya inversiones que aseguren un crecimiento sostenido y que así se genere empleo.

Quien mejor puso en palabras la realidad del empresariado beneficiado por el modelo libertario -los de hidrocarburos, minería, campo, finanzas, importaciones- fue el expresidente de AmCham y actual número uno del banco JP Morgan, Facundo Gómez Minujin, en uno de los paneles. Por un lado, planteó que “hay más proyectos que plata, pero la Argentina está en un momento que yo no había visto en 30 años”. Es decir, existen muchas ideas buenas, incluso hay agencias estatales internacionales interesadas en apoyarlas, pero los financistas privados del exterior no tienen tanto dinero para respaldar todas las iniciativas. Por otra parte, Gómez Minujin planteó que “si la política se sostiene en el tiempo, estos proyectos van a ser financiables y van a cambiar la Argentina”.

La pregunta que quedó flotando entonces es si habrá que esperar a las elecciones presidenciales de 2027 para que sólo a partir de 2028 llegue el crédito a los proyectos como los del Régimen de Inversión de Grandes Inversiones (RIGI). Por ejemplo, las iniciativas vinculadas a Vaca Muerta consiguen más rápido el financiamiento que los mineros, en parte quizás porque el retorno vendrá antes, no en cuestión de años.

“Hace falta un mercado que permita acceder a financiamiento de largo plazo para desarrollar proyectos con impacto concreto”, opinó en otro panel el CEO de la siderúrgica ArcelorMittal Acindar, Fernando Amos. Hasta la propia presidenta de AmCham, Mariana Schoua, planteó: “La estabilidad ordena; el desarrollo transforma”. Es decir, la eliminación del déficit fiscal y la baja de la inflación del desbordado 12% mensual al todavía alto 3,4% es un paso, pero insuficiente.

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El presidente Javier Milei llegó molesto y se la pasó golpeando el atril en el cierre de la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham, según sus siglas en inglés) en la Argentina, este martes en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires. “Odio la inflación, el dato me repugnó”, dijo después de que dos horas antes el Instituto de Estadística (Indec) informara que en marzo la inflación saltó a 3,4%, el nivel más alto desde hace un año y medio, en septiembre de 2024 (3,5%).

Milei le echó la culpa a un supuesto intento de golpe de Estado después de que “Manuel (Adorni) hizo esa extraordinaria elección”, en referencia al comicio porteño de 2025. Fue su manera de reivindicar al jefe de Gabinete cuestionado por sus compras de inmuebles y viajes caros. Es decir, la culpa es de la oposición. “Desde entonces hubo ataque feroz al corazón del modelo, hubo más de 40 de leyes intentando romper el equilibrio fiscal... no lo lograron”, dijo entre aplausos permanentes de un grupo de empresarios entregados a su líder, aunque no todos estaban tan entusiastas sino más bien preocupados por la continuidad de un modelo que les gusta.

Milei opinó que aquellas leyes de la oposición, incluidas las incumplidas de financiamiento universitario y a la discapacidad, provocaron una tremenda caída de la demanda de dinero, lo que derivó en subas de la tasa de interés y del tipo de cambio en ese entonces. “Este mes impactó la educación, todo lo que tiene que ver con guerra, el transporte, y por una cuestión estacional, la carne. Estamos purgando todavía la caída de la demanda de dinero más los efectos estacionales”, dio su explicación.

“La política monetaria no cambió, por lo que no es inflación estrictamente, es un salto de precios”, ensayó Milei, que se jactó de trabajar 16 horas por día, de hacerlos laburar a la par a sus ministros y de que sus “valores morales dicen que mentir y estafar está mal”. Más de uno de los empresarios no quiso recordar su promoción de la criptomoneda $LIBRA.

“Superado esos efectos, la tasa de inflación va a caer”, prometió. “Tenemos que terminar de acomodar los precios relativos. Lo único que hay que hacer es tener paciencia”, volvió a pedirla en menos de una semana. “La demanda de dinero ha empezado a crecer. Menor tasa y menor tipo de cambio significa que volvió a subir demanda de dinero. En marzo la actividad económica empezó a rebotar, empezó a revivir”, dijo quien en 2024 había pronosticado que la economía iba a “crecer como pedo de buzo”. “La economía va a retomar el fuerte sendero de crecimiento que teníamos previo al ataque de la política”, dijo Milei.

“Estamos en récord de PBI, consumo, exportaciones, el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) está volando”, enumeró el presidente, aunque las ventas minoristas no registran semejante afirmación. “El crédito está creciendo fuertemente”, sorprendió el libertario mientras se derrumban los créditos hipotecarios en 2026, tras un 2025 que bien aprovecharon sus funcionarios para tomarlos con condiciones preferenciales para los empleados públicos. “Cuando se recomponga el capital de trabajo, la Argentina vuelva a crecer”, mareó Milei... ¿ya crecemos o hay que esperar?

El presidente rechazó el supuesto planteo del “círculo rojo”, es decir, el establishment, así como de los periodistas y los “econochantas” de que él debe elegir entre crecimiento y empleo o desinflación. “El círculo rojo hace una hipótesis de que si queremos crecer, tenemos que aceptar tener más inflación. Entonces deberíamos relajar la política fiscal y monetaria. Así podamos crecer y ganar una elección. Desde mi visión me parece inmundo, repugnante. El camino de la inflación lleva al infierno”, dijo el economista al que Lali Espósito parodió como fanático.

Milei dijo que emitir dinero implica “dinamitar la reputación, no ser creíbles, así no van a lograr expandir, van a ir para atrás y eso nos va a castigar en las urnas”. Por eso, prometió: “Vamos a mantener el equilibrio, seguir apretando, la motosierra no se detiene. Di la orden expresa en la reunión de gabinete, vamos a seguir bajando impuestos porque los impuestos son un robo”, bramó ante el aplauso de quienes más se beneficiaron con esas reducciones, los que más tienen.

“Vamos a continuar con la política monetaria apretada, vamos a sacar todos los pesos de la calle”, siguió profesando su fe. “No vamos a ceder un ápice en la desregulación”, continuó con su credo, más allá de que sus liberalizaciones hubiese provocado un fuerte alza de alquileres, prepagas y telefonía. “Vamos a seguir abriendo la economía, porque se amplía la economia, libera más rendimientos crecientes”, aseveró, aunque la baja de precios no necesariamente se traduce en una mejora para quienes pierden el empleo a costa de la apertura.

“Después la gente podrá elegir otro camino, será responsabilidad de los argentinos”, advirtió. “Cuando vean cómo cae la inflación, la pobreza, la economía se recupera, suben los salarios, probablemente nos acompañen”, auguró. “Si no nos acompañan, nos volvemos a casa”, bramó antes de volver sobre su nuevo discurso de moral, que arrancó casi en simultáneo con el caso Adorni, y sobre la reivindicación de los “valores judeocristianos”. Hasta a algunos empresarios elogiosos del giro libertario de la Argentina les pareció demasiado.

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En la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió este martes que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas”. Después de que ayer admitió que la inflación de marzo superó el 3% por el aumento del combustible ante la guerra de Irán, pero vaticinó que bajará a partir de abril, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires ante ejecutivos de empresas norteamericanas y de otros orígenes especuló que en la medida en que hay inversión, habrá “crecimiento sostenido” y entonces se generará empleo. Una nueva promesa de que el futuro será mejor, que contrasta con presagios anteriores de este gobierno.

El ministro reconoció que hay sectores en los que baja el consumo y el trabajo, pero sostuvo que son actividades que están sustentadas de manera artificial en el hecho de que antes la gente recibía pesos que no valían nada y los terminaban gastando. Reconoció que por ahora lo que crece es el empleo informal, pero se esperanzó con que las inversiones, que por ahora se centran en la explotación de materias primas, provoquen aumento de la actividad económica que impulse la creación de más puestos de trabajo. Contrastó dos ejemplos: la fabricante de neumáticos Fate, que cerró sus puertas ante las importaciones, y Lumilagro, que por un lado optó por traer termos de China pero aún sigue produciendo parte de sus productos en la Argentina.

“La inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, comentó Caputo. Según su visión, por las elecciones legislativas de octubre pasado, hubo más demanda de dólares y cayó la demanda de pesos. “Generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”, agregó. Es decir, la culpa, como siempre en el relato del jefe del Palacio de Hacienda, es el riesgo “kuka”, el temor de los inversores a que vuelva el kirchnerismo al poder.

 “Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”, aseguró Caputo. “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”, volvió a vaticinar.

En este encuentro también disertó el embajador de EE.UU. en Buenos Aires y empresario de origen cubano, Peter Lamelas, y harán lo propio el presidente Javier Milei y sus ministros de Salud, Mario Lugones –hombre clave en la discusión sobre la reforma de la legislación de patentes, que exige el gobierno de Donald Trump–, de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y del Interior, Diego Santilli. Entre las compañías que tendrán oradores en la cumbre figuran la química Dupont, la siderúrgica Acindar, Aeropuertos Argentina, los bancos Citibank y JP Morgan, las eléctricas AES y Central Puerto, Telecom Personal, Amazon Web Services, la auditora PwC, las petroleras Chevron y PAE, el grupo Newsan, las agrícolas Corteva y Cargill, la láctea Danone, las mineras Newmont, Rio Tinto y Glencore, el laboratorio Roche y Bagó, la fabricante de productos de higiene Johnson & Johnson, entre otras.

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El Banco Hipotecario, que preside Eduardo Elsztain, pidió tiempo atrás por nota formal a Unidad de Información Financiera (UIF) que en su página web dejen de publicarse las sanciones contra el lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, aquellas que el organismo ya no puede utilizar como antecedente para agravar nuevas multas por incumplimientos a las normas de prevención de este delito. Que figuraran los textos completos de esas resoluciones sancionatorias en Internet, susceptibles de ser halladas en cualquier búsqueda online, podría suponer un daño reputacional si alguien se interesaba por esa información. Por ejemplo, un inversor del extranjero, donde este tipo de cuestiones pesan más que en la Argentina.

La UIF accedió al pedido del Hipotecario y a partir del pasado lunes en su buscador en línea de sanciones ya no aparecen las de más de cinco años de antigüedad. Y, por tanto, tampoco figura más la multa firme que se le aplicó en 2019, hace siete años, en el gobierno de Mauricio Macri. Sólo están los castigos desde abril de 2021 en adelante y se puede clickear cada uno para leer la resolución respectiva. Hace una semana se podía consultar el detalle de todas las sanciones, sin importar su antigüedad. Ahora hay que scrollear hasta abajo de todos los castigos de los últimos cinco años para llegar hasta la leyenda que dice “Acceso al registro histórico de sanciones” y pinchar el enlace. Entonces se abre ese listado de multas antiguas, pero sin la posibilidad de abrir el enlace para leer la resolución de cada una. Para conseguirla, hay que hacer el burocrático trámite de pedido de acceso a la información.

“Para evitar planteos de derecho al olvido, se decidió ajustar la información publicada”, justificaron en el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques y que controla la UIF. En el Hipotecario no contestaron la consulta de elDiarioAR. “Se adaptó el plazo de libre acceso a cinco años, seguimos mostrando la existencia con un listado, y ahora damos la posibilidad de solicitar más detalles de cada caso individual a través del portal acceso a la información pública para así evitar planteos futuros vinculados a daños y perjuicios”, agregaron en la cartera de Mahiques, que llegó al cargo por impulso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en pleno avance de las causas de presunta corrupción de todo el gobierno y como parte de la disputa de poder contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

Más allá de las internas, el presidente Javier Milei ha sabido cultivar una estrecha relación con Elsztain. Se alojó en su hotel Libertador durante la campaña presidencial de 2023. Aquel año visitaron juntos en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch. Durante el gobierno libertario no se han conocido negocios que Elsztain y sus empresas, como la desarrolladora inmobiliaria y de shoppings IRSA y la agrícola Cresud, hayan conquistado en el entorno estatal. Ha invertido en una mina de oro en San Juan y en otra de plata en Salta, en un sector beneficiado en general por la reforma de la Ley de Glaciares, aunque no está claro el impacto particular en cada yacimiento.

Al Hipotecario le interesaba ese derecho al olvido para evitar googleos incómodos del mundo financiero internacional que dañen su imagen. Que no aparezca en la web la resolución no le cambia nada en lo jurídico porque antes y después de este cambio en la web de la UIF las multas de más de cinco años de antigüedad seguían operando como antecedentes para eventuales inspecciones del organismo, pero no servían como agravante de nuevas sanciones. En cambio, los castigos recientes sí se utilizan para reforzar las multas futuras.

Sin embargo, que apareciera el detalle de las sanciones pasadas servía como castigo reputacional, que es un aspecto importante en el combate del lavado según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que controla 139 países. Sobre todo pesa la imagen en naciones como la Argentina donde las multas son bajas y las condenas penales por este delito brillan por su ausencia. Al GAFI, que evalúa periódicamente a sus miembros, le preocupan esta cuestiones, como también la elevada rotación de jefes de la UIF -cuatro en la era Milei, de los cuales uno ni siquiera llegó a asumir y el nuevo candidato de Mahiques, Matías Álvarez, aún debe pasar primero por audiencia pública- o el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal -que relajó el control antievasión tributaria pero no el antilavado-.

O sea que quien adoptó la medida para borrar el detalle de las sanciones pasadas no fue Álvarez sino el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, que responde a la línea de Caputo, en retirada del organismo, como de otros entes de todo el Estado. Tampoco Mahiques ni Karina Milei se opusieron.

Es más, la medida no sólo eliminó las resoluciones antiguas sino también las que están apeladas ante la Justicia. En esa lista aparecía la mayor multa de la historia de la UIF, la de $13.000 millones contra el banco norteamericano Merrill Lynch por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas de lavado. Fue una sanción aplicada por este gobierno, en la gestión de Paul Starc al frente de la UIF.

La sanción de la unidad antilavado contra el Hipotecario ocurrió en febrero de 2019, cuando Mariano Federici presidía la UIF. El organismo lo penalizó por limitaciones en el monitoreo sólo a clientes de alto riesgo, con deficiencias graves detectadas en 2010 y 2013, deficiencias en la matriz de riesgo y el uso acotado y la subvaloración de variables relevantes, la implementación de sistemas de identificación y perfiles de clientes insuficiente o desactualizada e incumplimientos en reportes de operaciones sospechosas (ROS). La investigación inicial de la UIF data de 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y el organismo era dirigido por José Sbatella.

La multa en sí fue de bajo monto para un banco: $100.000, que eran US$2.500 de entonces. Otros $100.000 debían pagar en conjunto las autoridades de la entidad, incluido Elsztain, el miembro del órgano de administración Ernesto Viñes, los directores por IRSA -que controla el 44% del Hipotecario- Mario Blejer -expresidente del Banco Central-, Jacobo Dreizzen, Carlos Pisula, Gabriel Resnik, Mauricio Wior y Saúl Zang y los entonces integrantes del directorio en representación del Estado en tiempos del kirchnerismo Edgardo Fornero, Diego Bossio, Ada Maza y Mariana González. Para más detalle de la sanción aquí abajo se puede consultar:

No es tan habitual que un banco grande sea sancionado por la UIF, pero algunas aparecen. Por ejemplo, figuran en las de los últimos cinco años las aplicadas contra el Galicia (es de 2010, pero está publicada), BBVA (2023) y Macro (aunque es de 2020). En el archivo histórico, sin detalle de resoluciones, están las multas al Patagonia (2018), Supervielle (2014) y Comafi (2018).

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Ahora que la inflación se estabiliza alrededor del 3% mensual y daña aún más los ingresos, vuelve a cobrar sentido preguntarse quiénes ganan mientras otros pierden. Una manera de medirlo, pero no la única, radica en observar quiénes pudieron remarcar más los precios de sus bienes y servicios en estos casi dos años y medio de gobierno de Javier Milei. La que suele calcular estas variables, siempre a partir de los datos del Instituo de Estadística (Indec) es la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto. Y los ganadores son -como dirían en los Oscar- los valores de la electricidad, el gas y otros combustibles, el transporte público y el alquiler. Claro que la actual crisis de los colectivos demuestra que, por más que aumente el boleto, no siempre se cubren los costos en ascenso.

El rubro electricidad, gas y otros combustibles aumentó desde diciembre de 2023 hasta febrero pasado -el dato de marzo se conocerá el martes- un 110% en términos reales (es decir, limpiando el efecto de la inflación). Los tarifazos después de un gobierno anterior que retrasó las tarifas explican el incremento, para felicidad de las empresas proveedoras, desde las generadoras eléctricas y las petroleras hasta las transportistas y distribuidoras de luz y gas.

Celebran las YPF, Pan American Energy (PAE, que controlan la británica BP y los Bulgheroni), Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Edenor (de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti), Tecpetrol (del grupo Techint, de Paolo Rocca), Transportadora Gas del Sur (TGS, de Pampa y los Sielecki), la estatal eléctrica cordobesa EPEC, Edesur (de la italiana ENEL) y Central Puerto (el grupo generador de Guillermo Reca, Carlos Miguens Bemberg y Eduardo Escasany), entre otros.

En cambio, los que más perdieron subsidios han sido las clases media y baja, ya que la alta en general ya se había quedado sin subvenciones, más allá de algunos casos polémicos que dejo sin resolver la gestión anterior y debió solucionar la actual.

El transporte público, que incluye colectivos, trenes -aún en manos estatales- y subte -concesionado a Emova, del grupo Roggio-, se encareció 76% en los primeros dos años y tres meses de administración libertaria. Entre las principales empresas de un negocio atomizado como el de ómnibus figuran La Nueva Metropol, Sargento Cabral, DOTA, ERSA, Moqsa, Grupo Autobuses Buenos Aires, Nudo, Unión Platense, Rosario Bus y La Perlita, entre entras. En este caso los tarifazos surtieron efecto, para desgracia de los usuarios, que en general se sitúan de la mitad para abajo de la pirámide social.

Un 67% subieron los alquileres, un sector que se desreguló el primer mes de gobierno de Milei y que fue exhibido por su elenco de gestión, incluido el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como ejemplo. Quitar toda norma para regular la relación entre propietarios e inquilinos terminó inclinando la balanza hacia los primeros, según queda demostrado en el alza del valor. La anterior ley había resultado perjudicial en parte porque, al permitir sólo un aumento por año en un país con 12% de inflación mensual, muchos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado. La desregulación los impulsó a volver a ofrecerlos, pero la mayor oferta no se tradujo en menores precios, como supone la teoría capitalista. Sucedió todo lo contrario, dado el poder que tienen los dueños para fijar no sólo los precios sino también los plazos y los mecanismos de actualización.

La asignación universal por hijo (AUH) aumentó 88% real, aunque en paralelo se eliminaron o licuaron otras ayudas sociales. La tarifa de agua subió 47% -el Gobierno planea privatizar AySA-; los servicios en general, 33%; las prepagas, 28% -para felicidad de OSDE, Swiss Medical, Galeno y otras compañías de menor tamaño, como Hominis, donde antes se desempeñaba el ministro de Salud, Mario Lugones-; los servicios de telefonía e Internet, 27% -nada mal a pesar de la pelea por la que el Gobierno analiza obligar a Telecom, propiedad de Héctor Magnetto, los Noble Herrera y demás dueños del Grupo Clarín, a desinvertir en parte de lo que le ha comprado a Telefónica-; los combustibles, el 20% -bien por YPF, Axion, de PAE, y Raízen, de Shell; la educación, el 16%; los aceites, grasas y mantecas, 15%; los restaurantes, 10% y las carnes, otro 10% -no por nada la bobina está en el menor nivel de consumo en dos décadas-.

Por el contrario, se abarataron un 9% los salarios registrados privados; las bebidas el 10%, es uno de los rubros en los que la población recorta con más rapidez; los medicamentos, el 10%; los autos, el 10% -es uno de los ítems en los que impacta la apertura importadora tras años de extrema cerrazón-; los servicios recreativos, el 10%; los bienes en general, el 11%; la mano de obra de la construcción, el 13%; lo mismo que el pan y los cereales; el tabaco, el 15%; la jubilación mínima con bono, el 15% -los de de haberes medios y altos, que no cobraban este extra están empatados con la inflación-; los salarios estatales, el 22%; las frutas y verduras, el 24%; el azúcar y las golosinas, el 26%; los materiales de la construcción, el 29%; la ropa, el 35%; el dólar oficial, el 41%; el paralelo (Eco Go mide el contado con liqui, que es legal, no el blue), el 58% y los electrodomésticos, el 52%.

“Argentina atravesó una reconfiguración en sus precios relativos: mientras que los servicios lideraron las subas, los bienes durables fueron los que se abarataron en términos reales”, analiza Fiorella Scalise, economista de Eco Go. “Los rubros que más aumentaron son los servicios públicos y esto se explica básicamente porque el Gobierno redujo los subsidios y eso se trasladó directamente al usuario.”

En la otra punta, la ropa ahora cuesta un tercio que antes y los electrodomésticos, la mitad. “En parte se explica por la apertura de las importaciones, que generó una competencia que antes no había y obligó a las marcas locales a bajar sus precios para poder vender. Y además hay una caída del consumo que obligó a los comercios a absorber costos para no perder clientes”, cuenta Scalise.

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En la Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, crece el malestar de los empleados por los sueldos y porque, al mismo tiempo, observan que algunos de los nuevos integrantes de la bancada de La Libertad Avanza usan los autos con chofer para pasar a retirar objetos personales. Los casos de corrupción suelen tolerarse cuando la economía va bien. Pero no cuando empeora.

A poco de comenzar el gobierno libertario, el que venía a ponerle fin a la casta política, han surgido escándalos y la aparición de nuevos se acelera: la criptoestafa $LIBRA promovida por Javier Milei, el cobro de presuntas coimas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para que empresarios vean a su hermano presidente; las valijas sin control aduanero de Leonardo Scaturicce, hombre de negocios ascendentes con vínculo directo con el asesor presidencial Santiago Caputo; sobreprecios en la compra de pañales del Programa de Atención Médica Integral (PAMI); supuestos sobornos del 3% a la hermana presidencial por la compra de medicamentos para la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis); vuelos privados y compra de inmuebles del jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y ahora créditos hipotecarios del Banco Nación para un director del Banco Central, Pedro Inchauspe ($527 millones), el secretario de Finanzas, Federico Furiase ($408 millones), el director y agreviso twittero del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez ($475 millones), y el director nacional de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira ($115 millones), conocido como Juan Doe en la red X.

En la entidad, que antes había sido denunciada por contratos de una empresa de seguridad de Adrián Menem, hermano del jefe de Diputados, no responden por el nuevo caso. ¿Tantos curros en tan poco tiempo de gestión demostraría que la nueva dirigencia que venía a enterrar la casta llegó tan angurrienta como su antecesora? Se van acumulan las denuncias de corrupción de diversos diputados opositores como Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Diego Giuliano, Rodolfo Tailhade y la exlibertaria Marcela Pagano.

Pero antes de los últimos destapes, en octubre pasado, el 40% de los argentinos ratificó el apoyo a Milei en una elección con una abstención historica. Enfrente estaba un Partido Justicialista (PJ) cuya líder, Cristina Fernández de Kirchner, está bajo arresto domiciliario condenada por corrupción. La inflación mensual, que era del 12% cuando el Presidente ganó el balotaje en 2023, había bajado al 2,3% y eso provocó que el Instituto de Estadística (Indec) informara este martes que la pobreza bajó del 40% en el primer semestre de aquel último año peronista al 28% en el segundo semestre de 2025. Aunque hay más desempleados y el salario alcanza para menos –eso demuestran los propios datos oficiales–, los menores saltos de los alimentos, el aumento de la asignación universal por hijo (AUH) –no así las otras ayudas sociales como la Tarjeta Alimentar– y la necesidad de trabajar más horas en la economía informal para llegar a fin de mes explican la merma, aunque no la magnitud.

La mayoría de los expertos en estadísticas de pobreza coincide en que hay menos pobres que en el final del gobierno de Alberto Fernández –con Cristina Kirchner de vice y Sergio Massa como ministro de Economía– pero considera que la metodología estadística ha llevado a sobreestimar la cantidad que había en la gestión anterior y a infravalorar la que hay ahora. Es decir, ni era tanto como 40% antes ni era 28% al segundo semestre de 2025, antes de que en los últimos meses la inflación se afinque cerca del 3% mensual –la consultora Equilibra calcula 3,3% en marzo, por impacto de la guerra de Irán en la nafta y todo lo que se transporta, como la carne– y de que se acrecientes los despidos de industrias devenidas importadoras. O sea, digamos que la pobreza no bajó tanto como 12 puntos porcentuales, como indica el Indec, pero sí descendió. Milei dice que la bajó de 53% en el primer semestre de 2024 al 28%, pero se olvida de mencionar que él la empujó a ese 53% con la devaluación inicial de su gestión.

Y no es que la estadística esté manipulada como hacía Guillermo Moreno, condenado por haberlo hecho en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se trata de artilugios más sofisticados en los que habían incurrido otras administraciones antes también. Leopoldo Tornarolli, investigador del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de la cual se elabora el índice, sobreestima desde mediados de 2024 los ingresos registrados, es decir, los encuestados declaran más ingresos que los efectivamente cobrados y computados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), y se supone que lo mismo sucede con las entradas informales. “¿A qué obedece eso? No sabemos, mi principal hipótesis es que la baja de la inflación ayuda a que encuestados reporten mejor porque sus ingresos ahora son mas estables, varían con menos frecuencia. ¿Qué consecuencias tiene eso en la medición de la pobreza? Exagera la caída, dado que una parte de la mejora en los ingresos de los hogares no obedece a la situación real, sino a que la encuesta ahora los capta mejor”, concluye Tornarolli.

La junta de la Asociacion de Trabajadores del Estado (ATE) en el Indec aclaran que el costo del reciente endeudamiento de las familias no se incluye en la canasta de pobreza y que la EPH tampoco considera transferencias no monetarias que fueron restringidas por este gobierno, como los bolsones alimentarios, las raciones en comedores, los medicamentos gratuitos y los otros recortes del PAMI y las obras sociales desfinanciadas.

En tanto, el director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA), Agustín Salvia, primero juzga que es cierto que bajó la pobreza, lo atribuye a la menor inflación y la mejor de la AUH, pero advierte que existe una “ficción estadística”: “Hay una mejor captación de ingresos del sector asalariado y no asalariado (cuentapropista) informal, que es el gran motor de la caída de la pobreza. ¿Cuánto es por el crecimiento de la economía informal y cuánto por efecto de la medición? Es lo que ponemos en discusión. Además, tampoco se actualizó la canasta básica de la pobreza con el parámetro de la encuesta de ingresos y gastos de 2017/2018, por lo cual los ingresos disponibles de la población se vienen achicando”. La canasta se basa en los gastos de 2004/2005, cuando pesaban menos las tarifas y los alquileres que ahora suben más que los alimentos.

Mariana González, coordinadora del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), señala que siempre los encuestados declaran menos ingresos de los que tienen, pero la subdeclaración se redujo a partir de 2024, en coincidencia con nuevas preguntas que se agregaron ese año en el sondeo. Por eso, en Cifra-CTA ha dejado de usar la estadística de pobreza. También lo había hecho en la era kirchnerista, a pesar de su sintonía política. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el que se desempeña Hernán Letcher, también señala el problema de la composición de la canasta y la captación de ingresos no laborales a partir de más de 20 preguntas nuevas o modificadas respecto a 2023. Aquí abajo se las transcribe.

Pero Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, festejan la reducción de la pobreza. El jefe del Palacio de Hacienda desbordó optimismo en la reunión de este lunes con la Asociación de Supermercados (ASU), con su director ejecutivo, Juan Vasco Martínez, y los representantes de las grandes cadenas La Anónima, atendida por sus propios dueños Nicolás y Federico Braun; Carrefour, Néstor Sist; Changomás (de Francisco de Narváez, que se quedó con las ganas de comprar la filial del gigante francés porque no le alcanzó el financiamiento de Jorge Brito, dueño del Banco Macro), Juan Quiroga; la española Día, Agustín Ibero; la chilena Cencosud, Alejandro Arruiz; y Coto, Rodolfo Bava. Aunque uno de ellos le reconoció que vende 30% menos, Caputo dijo que la economía crece al 5%, que sin la guerra estaría en 10% y prometió que en dos meses la construcción “explotará” y derramará sobre el consumo. ¿Será por el inicio de obras mineras y gasíferas del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI)? Por lo pronto, la economía habría caído 1,5% en febrero y apuntaría a crecer sólo 2,5% en todo 2026, según Equilibra, la firma que dirige Martín Rapetti.

En el empresariado resuenan incógnitas. En primera lugar, si este modelo económico generará trabajo. Por ahora las empresas cierran producción local para abastecer desde China o incluso Brasil, donde tienen menos costos, más apoyo estatal, más escala y no hay cepo cambiario. Con los dólares del campo, Vaca Muerta y la minería se pueden cubrir las importaciones, pero no crear trabajo, que sólo se expande en la informalidad, a imagen y semejanza de Perú, el ejemplo citado por Caputo. La segunda duda es justamente cuándo se liberará el cepo a las compañías. Hay quienes en el equipo económico sugieren hacerlo ahora que sobran divisas, sobre todo de la cosecha de soja y maíz, pero en las charlas de madrugada de Milei y el ministro de Economía el presidente le explica por qué en el mercado cambiario es mejor que la libertad no avance. Le temerá quizás a un salto cambiario en la segunda mitad del año, cuando finalice la recolección de granos.

En el establishment, que se reunirá a fin de mes en el Foro Llao Llao, también preocupa lo que perciben como odio de Milei a los empresarios, empezando por Paolo Rocca. No por nada suenan eventuales presidenciables que salgan del propio mundo de los negocios. Mauricio Macri, cuyo nombre no se descarta para que el PRO retenga la ciudad de Buenos Aires en 2027, habla de Marcos Galperin, que dejó este año el día a día como CEO de Mercado Libre aunque sigue de presidente. En el PJ, el armador Juan Manuel Olmos dice que se necesita un outsider para desplazar al outsider y sondeó al presidente y accionista de Prestige Auto, Daniel Herrero, que tiene la licencia de Mercedes-Benz para vender acá sus autos y fabricar la Sprinter. Olmos también motoriza un armado federal y unas primarias para definir el candidato junto a diputados como Guillermo Michel, Kelly Olmos, Victoria Tolosa Paz y Gustavo Bordet. Creen que hay que disipar los temores del electorado a una victoria peronista prometiendo equilibrio fiscal, pero no a costa de hipotecar el futuro destruyendo ahora la infraestructura, la ciencia y la educación.

Habrá que ver si uno de los pretendientes presidenciales peronistas, Axel Kicillof, logra alejar esos miedos, como lo hizo Luiz Inácio Lula da Silva en su primer triunfo electoral en 2002, cuando abjuró de su anticapitalismo de elecciones pasadas. Kicillof no es anticapitalista, pero necesita despejar fantasmas. Ahora que la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio la razón con la expropiación del 51% de YPF, puede demostrar que no estaba equivocado. Una victoria para él, para su entonces jefa, Cristina Kirchner, y para Milei, que logró el fallo a pesar de que estaba en contra de la reestatización. En cambio, entre los perdedores está el estudio litigante Burford, pero también Repsol y los Eskenazi. Si el fondo británico ganaba el juicio por US$16.000 millones -todavía puede apelar a la Corte Suprema de EE UU o recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)-, debía destinar el 30% de lo ganado a solventar la quiebra de Petersen Energía, la empresa que armaron los Eskenazi para comprar en 2008 el 25% de YPF que estaba en manos de Repsol en una negociación mediada por Néstor Kirchner.

Cuando Cristina Kirchner y su viceministro de Economía Kicillof nacionalizaron el 51% de YPF y decidieron que las ganancias de la petrolera se destinaran a la inversión y no a los accionistas, los Eskenazi se quedaron sin plata para pagar el préstamo que Repsol y bancos internacionales les dieron para adquirir el 25% de YPF. Por eso, iniciaron su concurso preventivo en el juzgado de instrucción 3 de Madrid, donde habían radicado Petersen Energía. En ese proceso fue que Burford adquirió el derecho de los Eskenazi a litigar por la expropiación. Como el estudio británico por ahora perdió la batalla legal en EE UU, no podrá dirigir el 30% a pagar las deudas de Petersen Energía: se trata de US$2.126 millones verificados en 2013, más los intereses de 13 años. Más de la mitad se le debe a Repsol. El resto, al Santander, el Credit Suisse y el brasileño Itaú, entre otros. Curiosamente, en Repsol niegan que estén involucrados en ningún proceso vinculado a su etapa en Argentina, después que CFK y Kicillof los indemnizaran en 2014. Los Eskenazi, que se exponen a dejar impagas sus deudas y el consiguiente desprestigio, también se deslindan del caso y lo dejan en manos del administrador concursal.

El asesor financiero Sebastián Maril, que sigue el juicio de Burford desde el inicio, asegura que si el fondo logra revertir la sentencia, los dueños de los bancos Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y Entre Ríos no ganarán dinero sino que podrán saldar las deudas de Petersen Energía con Repsol y las entidades internacionales. A su vez, sostiene que en ese caso -por ahora remoto- si Repsol algún día cobra, podría enfrentar una demanda del Estado argentino con el argumento de que no puede reclamar más después del contrato amigable de indemnización de 2014. “Repsol se va a quedar con lo que le llegue y la peleará para no devolverlo”, pronosticó Maril.

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Esta semana se reveló que hay un empresario local experto en contratos con el Estado participando de la licitación de una de las principales concesiones y privatizaciones que planea el gobierno de Javier Milei, la hidrovía del río Paraná. Se trata de Ricardo Román, dueño de la dragadora Servimagnus y del grupo logístico Loginter, integrante de la familia Román, de larga tradición en el negocio de los puertos argentinos. Su hermano, Alfredo, era el zar de las grúas, pero ya está retirado. A su vez, Ricardo trabaja con su hijo Leonardo. Pretendent un negocio de US$300 millones de dólares anuales, en el que se deben invertir 400 millones en los primeros cinco años para aumentar la profundidad del río y permitir así que los buques entren y salgan del río más cargados y, por tanto, con menos costos por unidades transportadas.

Cuando a fines de febrero se abrieron los sobres de la licitación por 25 años del Paraná, por el que circula 80% de las exportaciones argentinas, el Ejecutivo había anunciado que había tres contendientes: dos gigantes belgas, Jan de Nul, que draga el río desde hace 31 años, y su archienemigo DEME, así como una brasileña, DTA, cuya propuesta se cayó a los pocos días porque no presentó las garantías requeridas. Pero en Aquel; momento no se aclaró que Jan de Nul iba acompañado. Esta semana, Jan de Nul presentó diez objeciones contra DEME, por diversos supuestos como invalidez de la garantía, contradicciones en los antecedentes y falta de equipos suficientes, pero en esa presentación se aclaró que encabeza un consorcio en el el 40% pertenece a Servimagnus, de Román.

Servimagnus opera en izamientos de gran porte, en dragado y balizamiento a menor escala que Jan de Nul o DEME, pero en alianza con la empresa estatal china CCCC; en salvamento y reflotamiento de buques y en obras portuarias. Loginter, a su vez, gestiona los puertos de Bahía Blanca, Dock Sud, San Nicolás y La Plata. Además ofrece logística en Vaca Muerta y minería, almacenamiento y distribución y transporte terrestre, como en el de aspas de molinos eólicos.

No es la primera vez que Jan De Nul elige un socio local para sus negocios en la Argentina. En la primera concesión de la hidrovía, en 1995, bajo el gobierno de Carlos Menem, fue en sociedad con Emepa, de Gabriel Romero, que en la causa cuadernos confesó que pagó a coimas para que la entonces presidenta Cristina Fernandez de Kirchner le prorrogara el contrato. Jan de Nul aclara que no tenía nada que ver con esos sobornos. Pero no seria la primera vez que una multinacional usa un socio local para adornar funcionarios porque las normas internacionales que las rigen las castigan duramente si las descubren cometiendo un cohecho. Claro que quizás no sea el caso el de Román, más allá de su experiencia en conseguir contratados del Estado.

Uno de los puntos criticados de la licitación de la hidrovía es que el Gobierno obliga al ganador no sólo a completar tareas de dragado y balizamiento, como en el anterior contrato, sino también en otras tareas que expertos como Alejandro Bustamante consideran que no tienen que ver con la finalidad de la concesión y obligan a abrir el negocio a la subcontratación. Por ejemplo, el relevamiento batimétrico e hidrométrico, el control de derrames, el reflotamiento y salvamento de buques y la provisión y el mantenimiento de infraestructura para control de tráfico.

Y ahí es donde rivales de Jan de Nul sospechan que podría subcontratar a los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial de Santiago Caputo y también del encargado de la licitación, Iñaki Arreseygor, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Los hermanos Neuss son grandes empresarios, con una firma de servicios petroleros, Gracco, pero en ascenso en la era libertaria. Con este gobierno ya ganaron la concesión de dos de las cuatro hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue.Su eventual subcontratación es un misterio que sólo se revelará si Jan de Nul y Román ganan la licitación.

Bustamante, director de la consultora Almatea Agro y profesor de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos (Ucema), también critica que la licitación establece un peaje mínimo, cuando él considera que si los contendientes pudiesen ofrecer menores precios podría llegar a abaratarse el servicio a la mitad. También objeta que el tramo final del Paraná, desde Rosario al río de la Plata, deba profundizarse de 34 a 40 pies, cuando él sostiene que debería llegarse a los 44 para llenar los barcos y ahorrar así mayores costos. En cambio, Luciano Orellana, militante del Foro por la Recuperación del Paraná, critica la licitación, entre otros motivos, por el impacto ecológico de llegar a los 40 pies, además de por la cesión de soberanía de un activo geoestratégico en manos de empresas privadas de otros países.

Por las exigencias establecidas en la licitación, Jan de Nul llevan todas las de ganar. Por ejemplo, porque se exige experiencia en el dragado de largos ríos de llanura con fuerte sedimentación. En el mundo sólo hay tres concesiones de dragados de ríos en el mundo tan extensos como estos 1.400 kilómetros del Paraná, desde el noreste de la Argentina hasta el río de la Plata, que viene operando la empresa belga desde 1995. Los otros dos son el Misisipi, en manos del Ejercito norteamericana, y el Yang Tsé Kiang, en China, que está operado por CCCC. Esta empresa asiática estaba interesada por la hidrovía, pero Arreseygor impidió que participara en la subasta al prohibir que lo hicieran compañías estatales con el argumento razonable de evitar que este activo geoestratégico quede en poder de una firma del Estado de otra nación. Claro que también influyó la oposición de EE UU a que fuera una empresa china la que se lo apropiara.

Al gobierno de Milei, por el contrario, no le incomoda que el río vaya a parar al control de empresarios privados belgas. Por cierto, Jan de Nul y DEME llevan décadas de hostilidad entre sí. En los 80, DEME filtró a la prensa datos de sobornos de su rival en Bélgica, que la Justicia terminó comprobando. Desde entonces Jan Pieter de Nul, cuyo nombre puso a la empresa, y DEME, que ahora está encabezado por Luc Bertrand, mantienen una pésima relación. El año pasado, DEME recurrió a la justicia argentina contra la primera licitación de la hidrovía que organizó el gobierno de Milei porque supuestamente iba a favorecer a Jan de Nul. Finalmente, el Ejecutivo la anuló y ahora va por su segundo intento.

Ahora es Jan de Nul la que objeta a DEME. Pero esta última también se ha conseguido un aliado. Así como en el mundillo del dragado se apunta a que Jan de Nul cuenta con el apoyo de Caputo y los Neuss, ejecutivos de DEME fueron recibidos a principios de mes por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, según La Política Online. Menem responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, rival interna de Caputo.

Pero más allá de la concesión de la hidrovía, que se define en mayo o junio, a los Neuss también les interesa otra privatización del Gobierno, la de la mayor transportista eléctrica del país, Transener, que conecta a todo el territorio. Valuada en US$200 millones, en abril finaliza el plazo para presentar ofertas. Los Neuss ha formado Edison Energía, con la que ganaron las hidroeléctricas. Allí tienen varios socios, incluidos Rubén Cherñajovsky, que con Newsan produce desde los televisores Noblex hasta las toallitas Always, y Guillermo Stanley y los demás socios de los alfajores Havanna.

Otros candidatos para Transener son los accionistas de Edenor, de José Luis Manzano -que ha pasado de promotor de Sergio Massa a fan de Milei-, Daniel Vila y Mauricio Filiberti; la familia Sielecki, que como socios de Laboratorios Elea producen medicamentos como el Geniol, además tienen acciones en Transportadora Gas del Sur (TGS, que mueve todo lo de Vaca Muerta) y hasta el embajador libertario en Francia, Ian Sielecki; Central Puerto, entre cuyos accionistas están Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, del Banco Galicia; y Genneia, de Jorge Brito, del Banco Macro. En el Gobierno dice que hay interesados internacionales, pero no da sus nombres. Hay dudas después de que se quedaran con las manos vacías en las licitaciones de las hidroeléctricas.

Con esta y otras privatizaciones, como la de Intercargo (servicio de rampa y asistencia en aeropuertos) y AySA, el Gobierno busca hacer caja. El economista Ricardo Delgado, de la consultora Analytica, lo atribuye a la falta de acceso a los mercados internacionales de deuda. Es decir, que con la transferencia a largo plazo de negocios al sector privado el Gobierno cubre los baches coyunturales del pago de pasivos en divisas, con lo que consigue un alivio fiscal pero también en el balance cambiario para seguir sosteniendo la apreciación del peso, en su complicado intento por contener la inflación.

AR / NB

Desde el año pasado, la Justicia investiga la venta de dólares oficiales autorizada por el Banco Central a casas de cambio que después los vendían al blue en el mercado ilegal para ayudar así a las autoridades del Ministerio de Economía, que entonces encabezaba Sergio Massa, a calmar la cotización paralela. Eran las llamadas “manos amigas”, de las que tanto se hablaba, pero cuya existencia los funcionarios siempre negaban. No sólo ayudaban al gobierno de entonces sino que de paso hacían un negocio millonario vendiendo al triple del valor al que compraban. Entre esas casas estaba la de Elías Piccirillo, que estuvo casado con la modelo Jésica Cirio, tras divorciarse del polémico exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde. Piccirillo, hoy bajo arresto domiciliario, era dueño de la financiera ARG Exchange, que también estaba vinculado a negocios de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Pero en la causa del dólar blue Piccirillo no está solo: a partir de escuchas a su teléfono que aportó un expolicía arrepentido, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi allanaron a cinco funcionarios de línea del Banco Central sospechados de aportarle las divisas al cambista. Los cinco también fueron sumariados por el presidente del Central, Santiago Bausili. Se llaman Romina García, Diego Volcic, Analía Jaime, Fabián Violante y María Valeria Fernández. Pero esta última se acercó a elDiarioAR para negar la acusación y sostener que fue confundida por una contadora, como ella, que también se llama Valeria Fernández y que trabajaría para Piccirillo. Altos funcionarios de la actual cúpula del banco y también de los de la gestión anterior admiten que podría tratarse efectivamente de una confusión con una colega homónima.

De licencia médica tras 16 operaciones de columna, y a poco de someterse a la decimoséptima cirugía, María Valeria Fernández, inspectora jefa de supervisión de entidades financieras del Central ofrece su versión de los hechos. El pasado 29 de diciembre, un mes después de su última operación: “Era un lunes, a las 06, me costaba muchísimo moverme, vivo en un departamento de dos ambientes, y atendí el portero eléctrico. Me dijeron que tenían para leerme una orden. Tardé un poco en cambiarme porque tengo movimientos lentos. Volvieron a insistir con el timbre”, recuerda.

–Sí, sí, estoy bajando– les respondió por el portero.

En la planta baja vio “muchísimas caras”, rememora. “En ese momento no entendía nada. Una era una mujer policía de la Ciudad de Buenos Aires. Comenzó a leer una orden de allanamiento... Hasta que no pasó la página segunda no me di cuenta que podía llegar a estar vinculado con algo de mi trabajo. Dijo que iba a secuestrar toda documentación que se vinculara con las entidades financieras de titularidad de Piccirillo. Y nombró una serie de casas de cambio.”

–Pero yo no estoy hace dos años trabajando– les contestó.

“En los 30 años que llevo en la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, nunca he trabajado en supervisión de casas de cambio”, aclara en esta entrevista. “Desde 2019 que yo tenía a cargo la supervisión del Banco Galicia. Nada que ver.”

Pero los policías llegaron preguntando por su nombre, con su número de DNI y su domicilio. “Cuando llega ese momento te toma por sorpresa, porque en las semanas finales del año pasado se empezó a hablar de de esta causa. Yo de eso estaba enterada por la tele, de escuchar parcialmente un noticiero u otro. Había escuchado de otras dos personas que las conozco de vista. Una de ellas sí trabajó en supervisión de entidades financieras, pero hace muchísimos años atrás. Las conozco de vista... yo desde la pandemia que no he podido volver a pisar el Banco Central”, se volvió a referir a sus problemas de salud. Desde 2020 a 2023 trabajó de forma virtual, hasta que entró en licencia médica.

“Fue tal la sorpresa que cuando me estaban leyendo me descompensé, aparentemente me desmayé”, continúa Fernández. “Cuando me desperté lo único que yo le preguntaba es cómo caí, si me golpeé la columna. Me levantaron y me siguieron hablando.”

–Vamos adentro de tu casa –le dijo la policía–. Te sigo leyendo.

Los uniformados llamaron a la ambulancia del SAME, que llegó al rato. “Ellos comenzaron con su operativo. Eran ocho cuando entramos al departamento. Veía personas inmensas, tatuadas, desparramaban todo por todos lados del departamento. No sabía qué hacer. Yo estaba estaba descompensado todavía y no entendía nada. Revolearon el mantel. Otros dos se tiraron en el sofá, aplastando los almohadones, los pies arriba. Otro pidió café. Fue una invasión terrible. Estuvieron casi cinco horas. Inmediatamente vieron en el escritorio una Mac, la tomaron. Yo tenía otra Mac sin utilizar porque a la otra la batería se le estaba por romper. Pero no había llegado a hacer el backup. La nueva la saqué de la caja. Me decían que me loguee, pero no me iba a poder loguear porque yo no la había configurado. Igualmente la incautaron, lo mismo que el teléfono celular. Cuando sonó la alarma que yo había puesto la alarma despertador para las 8, me acerco a la mesa de luz y la mujer policía con una de las testigos me dijo que ya no lo podía tocar más. Y el tema es que yo ahí tenía todo. De repente perdí todos mis contactos, yo no tenía backup. En una nota del celular tenía las claves para acceder a todo, desde la aplicación del banco a todo.”

Fernández recuerda una de las primeras preguntas que le formularon.

–¿Tenés plata? Decinos porque te vamos a dar vuelta todo.

–Sí, les digo–, les respondió y les entregó US$9.320 que tenía ahorrados.

“Tenía algo porque yo tengo muchos gastos con lo de la columna. Y tenía una suma pequeña, pero para mí muy importante”, prosigue. “Estaba vinculada con la escritura de venta de un lote que teníamos con mis hermanos en Arrecifes porque perdimos a mi mamá hace tres años y y decidimos venderlo. La escritura estaba dentro de la Mac. Fue todo muy violento, me rompieron cosas, las revolearon.”

“Fue de tanta violencia que comencé con tratamiento psiquiátrico, psicológico, lo asocian a un trauma que es una combinación de una violación con un robo a mano armada”, cuenta la contadora. “En ese momento sólo me acordaba del celular de mi novio, que vive en Pilar. Les pedí por favor ocho veces que lo llamaran a él, pero se iban sin llamarlo. Les dije que por favor porque quedaba totalmente incomunicada. Lo llamaron durante el operativo.”

“Yo claramente sé que no tengo absolutamente nada que ver con nada de lo que suponía”, se defiende. “Se van y me niegan copia del acta de allanamiento, se van con todos mis dispositivos electrónicos y con el dinero. Cuando llega mi novio, no entendía nada tampoco. Vecinos del country donde él vive nos recomendaron un abogado penalista, Aníbal Campana. Yo no lo conocía. Le hablé y fue muy expeditivo. El mismo día me pudo dar una devolución y me dijo que indudablemente acá hubo una confusión de persona.”

“Hay solo dos audios entre las horas de audio de comunicaciones en donde nombran a una Valeria Fernández, pero yo me llamo María Valeria Fernández”, le cuenta Campana a la contadora. “En el Banco Central también hay otra María Valeria Fernández, que es abogada, y luego cuando me comunico con la abogada del banco dijo que también podría ser la contadora de quienes están siendo investigados, Piccirillo y todas sus casas de cambio. Su contadora también se llama Valeria. Creo que Valeria Eugenia Fernández”, alega la supervisora de la autoridad monetaria.

“O sea, allanaron a la persona equivocada”, argumenta. “No ha sido allanada la persona a la que tenían que ir. Pero llevamos tres meses desde el día del allanamiento y no hubo movimiento alguno en la causa. No dispusieron la apertura de los elementos electrónicos. No dieron lugar a la restitución del dinero. Mi abogado apeló a la cámara, pero la cámara negó la restitución. El juzgado no abrió el expediente y no abrió el punto de que el Banco Central, cuando presentó su descargo que dijo que esta persona no puede ser la persona que ustedes pretenden investigar porque no estaba afectado a sus funciones desde agosto de 2023 y las operaciones de estas casas de cambio que están investigando son de 2023 y 2024”, se defiende Fernández. Es decir, las operaciones sospechosas no sólo habrían ocurrido durante la presidencia de Alberto Fernández, con Massa de ministro y Miguel Pesce de jefe del Central, sino también con sus sucesores, Javier Milei, Luis Caputo y Bausili. “A las 13 me pude comunicar con un gerente principal en el Banco Central y me dijo que ellos habían sido allanados y que también le dijeron que no van a encontrar nada de esto de María Valeria Fernández, porque yo no iba presencial.”

“Hay una, una ineficiencia, una lentitud, un error tan grande, me siento como persona, como ciudadana, que me están atropellando”, razona. “De repente que te digan estás involucrada en una causa penal que se vincula con un montón de otras causas penales. Mi abogado no tiene en claro ni definido qué tipo de delito pretenden investigar, porque la causa es NN sobre averiguación de delito. Las órdenes de allanamiento han sido libradas sin ningún tipo de investigación, porque de ninguna manera podría haber estado yo entre las persona. Es una pesadilla. Frente al rechazo de la cámara a la devolución del dinero, mi abogado presentó un pedido que en un plazo perentorio dispongan las pericias de mis de mis equipos tecnológicos, como para acelerar.”

“Los primeros días de enero yo iba a volver a trabajar con jornada parcial, pero todo esto me hizo ir hacia atrás, me generó un un retroceso impresionante con otro tipo de de sintomatologías y de dolencias que no tenía antes”, cuenta. “Está previsto para abril otro quirófano para hacer los mismos procedimientos. Y ese dinero yo lo tenía de de backup porque mis gastos son muchísimos. Mi sueldo no es íntegro, sin presentismo ni bonus, porque no estoy cumpliendo funciones, y tengo esa plata para cubrir los 12 medicamentos que tomo. Le tuve que pedir a mis amigas y familiares que me dieran vuelta todo el departamento porque no podía estar.”

“Me siento vulnerada, pisoteada, ultrajada por el propio acto y por todo lo que vino después”, lamenta. “Mi vida en el día a día gira en torno de la columna, al punto de que iba a quedar en silla de ruedas. A mí me salvaron en una de las tantas cirugías los neurocirujanos, pero tengo daño crónico en los nervios hacia el lado izquierdo de mi cuerpo. Entonces dependo muchísimo de muchas rehabilitaciones, que son todas particulares. Jamás me iba a imaginar que esto me iba a suceder, que me iba a afectar de esta manera, que iba a tratar términos penales, a que un medio expusiera mi foto en la tapa un domingo. A este señor Piccirillo solamente lo he visto por televisión alguna que otra vez al hacer zapping”, se frustra Fernández. Este año la causa pasó de manos de Casanello a las de Ariel Lijo.

AR

Dos días después del último golpe de Estado en la Argentina, el 26 de marzo de 1976 se inauguraba la fábrica de Scania en Colombres, a 20 minutos en auto del aeropuerto de San Miguel de Tucumán. En 1971, la dictadura militar de aquel tiempo había organizado una licitación internacional para que se instalara alguna fabrica de camiones pesados y eligió esta provincia norteña porque estaba afectada por el cierre de ingenios azucareros, la crisis de los talleres ferroviarios y el consiguiente ascenso del desempleo y la marginalidad. La ganó la marca sueca, la misma que fascinaba a Diego Maradona, que se compró uno en 1997 y lo estacionaba en su casa de Barrio Parque, en Palermo. En 1972 se puso la primera piedra de la planta, que se puso en marcha cuatro años después, en pleno Operativo Independencia del general Antonio Bussi contra el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

La plana mayor de Scania en Latinoamérica, con su CEO, el brasileño Christopher Podgorski, a la cabeza, y la esperada presencia del gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, celebrarán este jueves los 50 años de la única fábrica automotriz de la provincia. Hace 25, en la crisis de 2001, se dejaron de producir acá camiones y se concentraron en elaborar piezas. Ahora despachan 160 componentes para cajas de cambios y diferenciales (parte esencial en el tren motriz que transmite la fuerza del motor a las ruedas) que se exportan a las plantas de camiones de la misma empresa -propiedad a su vez del grupo alemán Volkswagen- en Brasil, Suecia y desde octubre pasado también en EE UU, según contó el director industrial de Scania Argentina, Dante Gonella. Es que el gobierno de Donald Trump le impuso menos aranceles al país de Javier Milei que a la Unión Europea y entonces a la firma nórdica le conviene exportar más desde Colombres. Sólo acá y allá fabrica estas partes.

Pero no todo es euforia en Scania. Pese al mensaje optimista que ofrecieron sus directivos en el aniversario, también se dejaron escuchar los reclamos por menos impuestos y menos tasas de interés. Es un contexto de crisis industrial -la Argentina es el segundo país con más caída, después de Hungría, según la consultora Audemus, de Matías Kulfas, y hasta el embajador alemán en Buenos Aires, Dieter Lambé, la señaló en una reunión la semana pasada con empresarios de su país-, en el que bajan las producciones de automotores y sus partes, incluido el cierre de la fabricante de neumáticos Fate.

“Se está tratando de avanzar con una reforma impositiva, si se pueden bajar ingresos brutos, tasas municipales, el impuesto al cheque”, se refirió el CEO de Scania Argentina, Sebastián Figueroa, a los gravámenes provincial, local y nacional que encarecen las ventas, aunque elDiarioAR también le preguntó por las retenciones que el gobierno de Milei le cobra a las exportaciones automotrices y al tipo de cambio bajo que desalientan la producción. Su jefe latinoamericano, Podgorski, reconoció: “No tengo conocimiento detallado de cuál es la política pública de desarrollo y fomento a la industria. Puedo ejemplificar lo que ha ocurrido en los últimos años en Brasil, donde se definieron políticas claras para la inversión y el desarrollo de nuevas tecnologías, el Programa Mover. Entiendo que el gobierno argentino también debe estar discutiendo un camino claro. La industria necesita siempre necesita capital, pero más de previsibilidad. Es un papel importante de los gobernantes indicar el norte a dónde se presentará la industria argentina con mayor competitividad'. El contraste con el socio mayor del Mercosur es evidente.

Figueroa celebró que en 2025 Scania batiera su récord de ventas en la Argentina, más de 3.200 unidades, el 28% del mercado local, después de años de envejecimiento del parque automotor por las restricciones a los productos importados y al giro de divisas para pagarlos. El CEO nacional espera que se repita en 2026, pero para ello auguró que haya más crédito. “Los clientes necesitan tasas más bajas”, reconoció. “Si baja la inflación, bajarán las tasas”, apuntó, aunque en los últimos días el Banco Central comenzó a relajar las tasas con la intención de reactivar la economía aun a costa de elevar los precios.

Este año, Scania ya no puede encomendarse a vender, como el año pasado, la mitad de los camiones al contado y el resto con préstamos de su propia financiera. “La caja de los clientes se termina y ahora buscan flujos financieros”, admitió Figueroa. Scania Credit presta en dólares, pero al 12%. De todos modos, confía. Por un lado, viene de una Expoagro en la que palpó el entusiasmo del campo, entre las bajas impositivas y la perspectiva de una buena cosecha. En la Argentina los camiones se renuevan cada diez años, en lugar de cinco, e incluso en el transporte de granos los hay de 40 o 50 años. Por otra aparte, el CEO apuesta a Vaca Muerta -se instalaron en el epicentro, Añelo- y a que la minería argentina se desarrolle tanto como la chilena. Acaba de firmar un acuerdo de provisión al yacimiento de cobre, oro y plata Vicuña, en San Juan. Así que enviará personal de la empresa a asistir a esa mina, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Es que Scania no sólo vende sus camiones sino que busca destacarse por sus servicios posventa. Y así es que espera enfrentar la creciente competencia de camiones chinos, como lo hacen en Chile, Perú o Uruguay. “Bienvenida la competencia, pero es importante la infraestructura”, desafió el CEO de la firma sueca en la Argentina, donde cuenta con 29 puntos de servicios propios y tercerizados con 1.078 empleados. En esa red invertirán este año US$12 millones, en parte para ampliar su local de San Juan y la mitad para relocalizarse en Córdoba.

Es bastante más que la inversión industrial. Después de terminar un plan de US$63 millones en los cinco años anteriores, en 2026 Scania desembolsará 7 millones en la planta de Tucumán. “Es para renovación de maquinaria, mantenimiento del edificio, protección contra incendios”, describió Gonella. En esta fábrica, donde 518 trabajadores elaboran piezas para 42.000 cajas y 31.000 diferenciales por año, se presentará este jueves una edición limitada de camiones con los colores celeste y blanco por el aniversario. Podgorski y Gonella esperan que con el acuerdo de libre comercio Unión Europea-Mercosur se exporten más camiones brasileños de Scania, con piezas argentinas, a aquel mercado de 450 millones de consumidores de alto poder adquisitivo.

AR / NB

Andrés Wainer es heredero de la dirección del área de economía de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) que antes condujo uno de los economistas que más estudió el plan económico de la última dictadura, Eduardo Basualdo. Como tal, continúa haciendo memoria de lo que ocurrió hace 50 años tras el golpe militar que llevó al poder a Jorge Videla y al Ministerio de Economía a José Alfredo Martínez de Hoz.

–¿En qué consistió el plan económico ejecutado a partir del 24 de marzo de 1976?

–Fue un plan que se propuso refundacional del capitalismo argentino. Es decir, no era un plan más de estabilización ante una crisis puntual. Tuvo grandes hitos que hicieron cambios estructurales. En ese momento recién estaba arrancando la ola neoliberal. Tienen que ver con una fuerte disminución del salario real, a través de una muy fuerte devaluación y ajuste. Otros pilares de ese plan fueron la apertura importadora y el cambio completo del juego de las reglas del sector financiero, que va a ser el gran legado que va a dejar la dictadura junto con el proceso de endeudamiento externo muy fuerte, que arranca también en la propia dictadura. Esto va a permitir sostener un esquema de lo que nosotros denominamos acá en el área de economía de Flacso como un modelo de valorización financiera, que después se va a repetir en la historia económica argentina. Antes había un modelo de industrialización sustitutiva de importaciones. La dictadura va a buscar cambiar esto y el eje va a pasar por la valorización financiera, con un esquema de una tablita cambiaria, como se llamaba en ese momento. Va a producir un proceso de desindustrialización muy fuerte... uno puede establecer paralelos después con lo que pasó en los 90 con el menemismo y también con lo que está pasando en la actualidad. También hubo pérdida de empleo y una redistribución del ingreso entre las propias empresas, beneficiando a aquellos que se dedicaban al sector financiero y aquellos grandes grupos económicos diversificados, que también se beneficiaron de distintos subsidios o beneficios promocionales, que en ese momento se conocían como la patria contratista, de negocios con el Estado.

–¿Acaso no había deuda externa antes del golpe?

–Tenía US$8.000 millones de deuda externa y va a terminar con 40.000 millones. Es decir, se multiplica por cinco. Y esto tiene que ver no con un financiamiento de un plan de desarrollo de la Argentina, sino fundamentalmente con este esquema de valorización financiera que benefició a estos grandes grupos económicos mayormente que no sólo hicieron diferencias sino que además el Estado les terminó estatizando la deuda privada que habían tomado para hacer esas ganancias. Con un costo casi cero. Y esa deuda quedó a manos de todos nosotros. (N. de la R.: esas empresas fueron Celulosa, Acindar, bancos Río y Galicia, Alto Paraná, Bridas, Alpargatas, Citi, Perez Companc y Siderca, entre otras).

Hubo pérdida de empleo y una redistribución del ingreso entre las propias empresas, beneficiando a aquellos que se dedicaban al sector financiero y aquellos grandes grupos económicos diversificados, que también se beneficiaron de distintos subsidios o beneficios promocionales, que en ese momento se conocían como la patria contratista, de negocios con el Estado

–El empeoramiento salarial se dio porque subió la inflación, los salarios se congelaron pero al mismo tiempo desaparecían trabajadores sindicalizados, se prevenía así cualquier tipo de protesta... Hubo casos en Acindar, Ledesma, Mercedes-Benz, Ford, Molinos, Siderca, La Veloz del Norte, Las Marías...

–Ya había habido una primera devaluación muy fuerte con el llamado Rodrigazo de 1975. Ni bien asume la dictadura se produce otra fuerte devaluación y un congelamiento de salarios, que era posible de sostener por el aparato represivo de la dictadura, la intervención de los sindicatos y la desaparición de personas. La represión es la otra cara de la moneda, del plan económico. Era necesario una represión de esta magnitud para imponer semejante plan económico regresivo para las mayorías de este país. El primer año de la dictadura, el salario promedio cae un 30% y en la industria es peor, casi un 40%.

–Y ahí hubo colaboración de las empresas en señalar y hasta entregar a trabajadores, según determinó la Justicia...

–Efectivamente, hubo dos tipos de colaboraciones, sobre todo de las grandes empresas. Por un lado, señalar o colaborar directamente con los grupos de tareas para entregar delegados sindicales. Aprovechaban las empresas para sacarse dirigentes sindicales del medio, que es lo que se conoce como responsabilidad empresarial. Además hay casi una captura del Estado: muchos de estos grandes grupos económicos pusieron funcionarios en el Ministerio de Economía, en el Banco Central, en el Banco Nación...

La represión es la otra cara de la moneda, del plan económico. Era necesario una represión de esta magnitud para imponer semejante plan económico regresivo para las mayorías de este país. El primer año de la dictadura, el salario promedio cae un 30% y en la industria es peor, casi un 40%

–Martínez de Hoz venía de Acindar, ¿pero qué otro grupo más?

-En ese momento estaba Garovaglia y Zorraquín. En ese momento se conforman como tales los grupos económicos que conocemos como Macri, Soldati, por ejemplo. Hay un montón que, si bien antes existían, se expanden notablemente.

–La apertura comercial se hizo bajando aranceles y con la apreciación del peso frente al dólar...

–Son procesos que terminaron coincidiendo pero distintos. Primero se hace una rebaja de aranceles. El argumento de la dictadura era que eso iba a permitir aumentar la eficiencia y que los argentinos iban a poder comprar cosas de mejor calidad. Había publicidades en ese momento de una silla nacional que se rompía y una importada que no. Pero la apertura impacta más fuertemente cuando empalma con la tablita de Martínez de Hoz, que se impone a finales de 1978. Se fija una serie de pequeñas devaluaciones en el tiempo que ya se sabían con anticipación. Pero la inflación avanza más rápidamente que esa devaluación pautada. Entonces lo que se produce es una sobrevaluación del peso o un abaratamiento del dólar, que junto con la apertura impacta directamente la producción nacional. Es un poco también lo que está pasando ahora. Por supuesto, una caída en los ingresos retrae el consumo.

–Esa tablita generó el 'deme dos' de los argentinos que viajaban al extranjero y una gran timba de gente que apostaba a la tasa del plazo fijo...

–Exactamente. En ese momento se conocía como la plata dulce. Los que podían, por ejemplo, viajaban a Brasil y traían electrodomésticos. Y esa gran timba fue aprovechada sobre todo por las grandes empresas, pero también por mucha gente, y generó un descalabro importante. Porque la reforma financiera permitía más o menos casi cualquiera que quisiera abriera una entidad financiera. Se multiplicaron. Y por supuesto que no todas eran sustentables. En 1981 no se pudo sostener más el esquema de la tablita, se produjo una gran crisis, una devaluación y eso hizo quebrar un montón de estas entidades financieras. Algunas eran grandes, pero otras más chiquitas. El mayor costo lo terminó asumiendo, por supuesto, el Banco Central.

–Y también se desata la crisis de la deuda externa en toda Latinoamérica...

-–Exactamente. Ahí se ve el límite. Renuncia Martínez de Hoz. La crisis de la deuda se va a producir en toda América Latina porque la dictadura se inserta en un marco no sólo represivo en el Cono Sur, sino también en un marco donde después de la crisis del petróleo de 1979 había muchos dólares dando vueltas buscando rendimientos altos. En los países centrales, las economías crecían poco y entonces esos dólares se les prestaban a los países, por ejemplo, latinoamericanos. Entonces había abundancia de capital. Pero esto cambia a principios de los 80, cuando cambia la gestión en Estados Unidos, el shock de Paul Volcker, presidente de la Reserva Federal norteamericana que sube las tasas de interés.

–Ahí comienza el colapso del plan inicial, empiezan las protestas sindicales, intentan salvarse con la Guerra de Malvinas en 1982 y, tras perderla, vuelve la democracia en 1983...

–Sí. Fue un plan económico con muchas similitudes con la dictadura chilena en algunos sentidos, las dos fueron de orientación neoliberal. Pero, aunque con varias crisis y consecuencias sociales muy negativas, en sus propios términos el plan económico de la dictadura chilena funcionó mejor que el de la dictadura argentina, que no pudo sostener ninguno de sus supuestos.

–¿Y por qué?

–Por la insustentabilidad de este esquema de valorización financiera: la Argentina vivía con una tasa de interés real más alta que la internacional. Entonces, los grupos económicos que podían se endeudaban en el exterior a una tasa de interés más baja en dólares y colocaban ese dinero en el sistema financiero local a una tasa más alta. Se jugaba, no era para reinvertir en la economía real, que se estaba achicando. El Banco Central empezó a tomar una serie de medidas como el seguro de cambio sobre todo a partir de 1981. Después vino Domingo Cavallo a la presidencia del Central en 1982 y terminó estatizando la deuda, es decir, que ni siquiera tuvieron que devolver ese capital que habían tomado o lo devolvieron fue a un precio irrisorio. Eso generó un agujero muy fuerte en las cuentas del Estado. Pero además hay otros elementos que tienen que ver con el grado de desarrollo industrial que tenía la Argentina, que era muy superior al de Chile, y con el grado de fortaleza y organización que tenía la clase obrera en la Argentina.

–¿Qué ve de similar entre aquel plan económico y el actual?

-Hay bastantes similitudes. Por un lado, la convicción fundamental de que el mercado lo resuelve todo y que el Estado es todo malo. Siempre estamos hablando de la intervención en la economía y cuando sea a favor de los sectores trabajadores. Porque en ese momento hubo una intervención del Estado en favor del sector empresario. Por otro lado, los dos gobiernos arrancan con una fuerte devaluación y una pérdida de salarios e ingresos muy fuerte. Los dos gobiernos apuntan a una apertura comercial para contener la inflación, para disciplinar los precios. Y los dos fallan en eso también, porque estamos viendo que no se está logrando. En la dictadura pasó algo parecido en cierto sentido: se buscó también contener el tipo de cambio, como ahora, que está más o menos controlado, pero la inflación no se redujo lo suficiente. También porque aumentaban mucho sobre todo los servicios. Se fue destruyendo la actividad industrial, además de quitar buena parte de las medidas de apoyo que había a determinadas industrias estratégicas. Hay una filosofía en común que es la del achicamiento del Estado y dejarse en manos del mercado, que sobreviva el más apto. También tiene similitudes con lo que ocurrió durante los 90 con (Carlos) Menem.

Hoy hay una filosofía en común con la dictadura que es la del achicamiento del Estado y dejarse en manos del mercado, que sobreviva el más apto. También tiene similitudes con lo que ocurrió durante los 90 con (Carlos) Menem

–También hay una tendencia pro desigualdad en todos estos casos...

–Claro. Desde el punto de vista de los ejecutores del plan económico de la dictadura o de este gobierno, la desigualdad es algo positivo porque permite que tengan más ingreso los más aptos en la economía. Eso no funcionó en ninguna parte del mundo. Es la teoría del derrame. Fue más brutal, una redistribución más regresiva, al inicio de la dictadura, además en un contexto absolutamente distinto en términos represivos. Pero lo que viene sucediendo ahora inclusive puede ser hasta más grave. ¿Por qué? ¿Porque se monta sobre una economía y una estructura social que ya viene muy deteriorada, muy golpeada, que no es la misma con la que se encontró la dictadura. Ahora partimos de niveles de pobreza muchísimo más altos. Hasta mediados de los 70, la pobreza en la Argentina estaba abajo del 6%, la desocupación estaba abajo del 4% y los niveles de desigualdad eran muchísimo menores. Son ciclos que vienen a profundizar el deterioro social, la desigualdad sobre escalones cada vez más bajos: estoy hablando de dictadura, sobre todo el menemismo, el gobierno de Macri, también el actual. Y los pocos ciclos de alza que vienen habiendo no logran volver al estadio anterior, sino que mejoran un poquito, pero ya quedaron en un escalón más bajo. Antes alguien de clase media podía caer un poquito, pero tenía de dónde sostenerse. Después cae un poquito más y ya no tiene más de dónde sostenerse. Vemos el pluriempleo, que no les alcanza con tres o cuatro trabajos para llegar a fin de mes. Esto era impensado antes de la dictadura: la gente tenía más o menos un trabajo que más o menos muchas veces era para toda la vida y con eso se mantenía un hogar, no necesariamente con lujos, pero alcanzaba. Esa desigualdad que genera la dictadura parte de una unidad de una sociedad más justa, con menos diferencia entre capital y trabajo, el empleo en negro prácticamente no existía, no había esa desigualdad entre los trabajadores que hay ahora, entre un obrero que puede trabajar en una fábrica de Acindar, un trabajador de un banco o un repartidor de Rappi.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aumentó su patrimonio declarado en pesos un 319% entre el inicio del gobierno de Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023, y el final de 2024, pasados un año y 20 días de gestión. Es casi el doble que la inflación de diciembre de 2023 y todo 2024, del 173%, y del aumento del dólar oficial, que rige para las valuaciones, del 165%. Aún mejor les ha ido al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras que los salarios registrados caían 5,1% en términos reales (ajustados por inflación).

El ex vocero presidencial comenzó con $25 millones de aquel tiempo y terminó el 31 de diciembre de 2024 con 107 millones. En el medio se compró un Jeep Compass Sport 2021, siguió teniendo su Renault Captur, pero dejó valorarla y en su declaración jurada patrimonial figura como que vale cero pesos. En el mismo periodo redujo sus depósitos en el exterior de US$22.000 a 6.000, pero elevó de US$5.000 a 42.000 su dinero en el colchón en el país. Veremos si termina bancarizando en la Argentina todas esas divisas, ahora que Caputo llama a depositarlas. Vale la aclaración: en esta declaración no figura la casa de country que compró su esposa en 2024 y que debería haberse incluido, como la de todas las parejas de funcionarios.

Lo novedoso también en la evolución patrimonial es que antes tenía una deuda con el Banco Galicia que equivalía a sólo el 11% de sus activos. Ahora, en cambio, le prestaron por el valor del 88% de sus bienes. Habrá que ver si se trata o no de uno de los habituales créditos que toman los funcionarios para justificar aumentos de la riqueza. En su momento, Mauricio Macri declaraba un préstamo de su amigo y exsocio Nicolás Caputo y Alberto Fernández, del empresario de seguros Héctor Martínez Sosa. En el caso de Adorni, le debe $20,6 millones a su madre, Silvia Pais; 7 millones a la contadora Victoria Cancio; 43 millones a la agente inmobiliaria Graciela Molina y 23 millones al sucesorio de Norma Zuccolo.

Karina Milei pegó un salto mayor en su patrimonio desde que entró a la función pública. Antes había tenido una gomería, un negocio de pastelería y colaboraba con las relaciones públicas de su hermano. Mas allá de las sospechas de coimas del 3%, está claro que pasó a tener un empleo estable y eso se reflejó en mayores depósitos en el banco. Su patrimonio pasó de $1,7 millones a 11 millones, un 569% más.

Caputo pasó de $2.307 millones a 11.851 millones, un 413% más. Su patrimonio se cotizó por la devaluación de diciembre de 2023, pero también por su habilidad para las inversiones financieras, que en un 99% las tiene en el exterior. En 2025, comenzó su campaña para que los argentinos saquen el dinero del colchón y lo lleven a los bancos argentinos. Habrá que ver si lo hizo él. A mediados de 2026 se conocerá su declaración jurada al 31 de diciembre de 2025.

Javier Milei también le ganó a la inflación en el primer año y 20 días de gobierno: su riqueza pasó de $54 millones a 206 millones, un 276%. Tiene US$20.000 en efectivo. En cambio, el canciller Pablo Quirno, que arrancó el Gobierno como secretario de Finanzas, mantuvo su patrimonio, que aumentó sólo a la par de la inflación, justo 173%, ni más ni menos, casi clavada su confesión de patrimonio: de $160 millones a 438 millones. Lo curioso es que repatrió el dinero que tenía en el exterior, el equivalente a $32 millones, pero ahora aún cuenta con fondos en efectivo fuera del sistema bancario, unos $77 millones. Se pierde de hacerlos rendir en una billetera virtual...

La otra integrante del gabinete que sigue allí es Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano. Ella contaba con $52 millones, casi lo mismo que Milei al inicio, y a fines de 2024 sumaba 78 millones, un 149% más. Pero al crecer menos que la inflación, se puede concluir que perdió patrimonio. Ya no junta más dólares en efectivo, como al principio de la gestión, pero lo llamativo es que cotiza un departamento suyo al mismo precio en pesos que antes de la devaluación de 2023. Magias de las declaraciones juradas patrimoniales.

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Al final, no todos los despedidos consiguen trabajo manejando para Uber, Cabify o Didi o repartiendo mercadería para Mercado Libre, Rappi o Pedidos Ya. No todos los que pierden empleo formal lo consiguen en el informal, como se vanagloriaba el gobierno de Javier Milei. El desempleo saltó de un año a otro del 6,4% al 7,5%, comparando los cuartos trimestres. Hasta los sectores a los que les va bien como la minería y la banca destruyen trabajo en tiempos de robótica e inteligencia artificial.

Mientras, los sobreocupados, los que trabajan más de nueve horas diarias, se mantienen en 29,2% respecto de un año atrás, pero vienen creciendo trimeste a trimestre desde principios de 2025. Es decir, a cada vez más gente le cuesta conseguir laburo, mientras que otros se ven obligados a deslomarse más tiempo para conseguir la misma plata. Es que el salario sigue 5,8% abajo del de por sí deteriorado nivel en que lo dejó el anterior gobierno, según calcula a partir de datos oficiales la economista Mariana González, del Centro de Investigación y Formación (Cifra) de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En una encuesta de QSocial, la consultora del analista político Rafael Prieto, se advierte que la principal preocupación económica de los argentinos son los sueldos (35%), seguida por el empleo (24%), mientras el 74% debió recortar gastos para llegar a fin de mes.

Pero esta vez, como otras, no se evidencia la llamada curva de Phillips: a mayor desempleo, menor inflación. Pese a que el Gobierno pisa el tipo de cambio con altas tasas de interés, el consumo y el salario –la pauta subió del 1% al 2%, pero sigue lejos del índice de precios al consumidor (IPC) del 2,9%–, la inercia, los tarifazos para evitar que suban más los subsidios y ahora el encarecimiento de los combustibles por la guerra de Irán y su impacto ya inmediato en los alimentos están impulsando mes a mes el indicador hacia arriba desde mediados de 2025.

Y esa inflación mayor a la esperada está complicando el equilibrio de las cuentas públicas, una de las banderas de Milei junto a la increíble promesa de IPC cero para agosto próximo. El vicepresidente de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), Güido Rangugni, advierte que el gasto presupuestado por el Gobierno para 2026 se quedará corto. Sucede que hizo el cálculo a partir de una inflación prevista del 24% en 2025, cuando fue 31%, y del 10% para este año, cuando el consenso de economistas recogido por el Banco Central refiere un 26%.

Un 45% del presupuesto es gasto de la seguridad social, que en su mayoría se ajusta por inflación (jubilaciones y pensiones, ya no la asignación por hijo). O sea que casi la mitad del gasto irán aumentando a la par de un IPC creciente. Y mientras buen parte de las erogaciones se actualizan de manera automática, desde mediados de año, a la par de una inflación ascendente, se repiten las caídas de la recaudación tributaria, entre las rebajas que otorga el gobierno libertario –sobre todo a los que más tienen, como con el gravamen a los autos de lujo– y el consumo alicaído.

“No sé cómo van a resolver el equilibrio de las cuentas: la evolución para el resto de los gastos que no son los previsionales es incierto” analiza Rangugni. Ya de por sí se aplicó la motosierra en 2024, apenas repuntaron las erogaciones en 2025, pero queda poco margen para seguir podando porque los niveles están por el piso, según el vice de ASAP. En 2025, de los $123 billones de egresos, 56 billones fueron de la seguridad social; 22 billones de subvenciones al sector privado, que ahora están subiendo pese a los tarifazos y que serán difíciles de ajustar en tiempos de disparada del petróleo por la guerra; 13 billones de salarios a empleados estatales, cuya planta ya se recortó en cantidad y sueldo pero se prevén más despidos; 10 billones de intereses de la deuda, que son intocables, pues para Milei los acreedores son prioridad; 7 billones de giros a empresas públicas, lo que incluye las ferroviarias y Aysa, en supuestas vías de privatización; 4,4 billones a las universidades, que arrancaron el año de paro, para perjuicio del capital humano que Milei dice cultivar; 2,5 billones las raquíticas transferencias a las provincias, a las que necesita para seguir aprobando sus reformas en el Congreso; y 2,4 billones de la decadente inversión en infraestructura.

Desequilibrio fiscal y estanflación

“El problema es que la preocupación trasciende lo fiscal, sino que traspasa a la economía real”, añade el vicepresidente de ASAP. Es que por un lado caen los ingresos y, por otro, un ajuste drástico del gasto puede afectar la actividad económica. En 2024, la motosierra desalentó la economía menos de lo esperado, entre la recuperación de la cosecha y el efecto expansivo de la baja de la inflación alta a moderada. Pero con cierto retardo se corre el riesgo de que el ajuste de los egresos estén derivando en una merma de los ingresos, que después obligue a bajar otra vez las erogaciones y así sucesivamente, como círculo vicioso, como ha ocurrido en Argentina y en otros países del mundo en el pasado. No por nada el exministro de Economía Domingo Cavallo vuelve a advertir que puede regresar la estanflación de hace dos años, es decir, estancamiento económico con ascenso de precios.

En este contexto, el ministro de Economía y fan de la compra de ropa en el extranjero, Luis Caputo, sigue apostando a la apertura comercial para disciplinar los valores internos. Y lo hace aunque eso cueste el cierre de empresas y el despido de su personal. Lo curioso es que no toda liberalización trae baja de precios, como las que enfrentaron el grupo Techint, de Paolo Rocca, contra los tubos chinos, o los neumáticos de cerrada Fate, de Javier Madanes Quintanilla. Este miércoles, Caputo y su par de Salud, Mario Lugones, firmaron un decreto que favorece a los laboratorios extranjeros (Pfizer, Roche, MSD, Novartis, Abbot, Bayer, GSK, Merck, entre otros) y sus medicamentos patentados y desalientan los remedios genéricos que a partir de aquellos elaboran las farmacéuticas nacionales. Así cumplieron el compromiso de la Argentina con los Estados Unidos de Donald Trump por el reciente tratado comercial. Pero la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) sostuvo que la legislación del año 2000 ahora modificada había permitido abaratar entre 45% y 87% los precios de determinadas medicinas, aliviando el bolsillo de pacientes y del Estado, que también es comprador.

Pero no todas son malas noticias para todos los laboratorios nacionales. Dos semanas antes Lugones se preocupó de firmar un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde la Argentina y EE.UU. siguen como miembros tras su salida de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ese convenio arranca con un contrato para que la local Sinergium exporte vacunas a la región por US$240 millones. ¿A quién le pertenece la empresa? A Laboratorios Bagó, de los hermanos Juan Carlos y Sebastián Bagó, y a Elea, de Hugo Sigman, su esposa Silvia Gold y la familia Sielecki, la misma del embajador en Francia, Ian Sielecki.

La estratégica aduana de Campana y la mano de Santiago Caputo

En tiempos de dólar bajo y contrabando alto, otra novedad que atañe a las importaciones se registró en pleno verano en una de las principales aduanas del país, la de Campana. Quedó a cargo de Julio César Nieto, un antiguo funcionario de carrera que carga con una investigación judicial por enriquecimiento ilícito –lo allanaron en 2024–, que militaba en el peronismo de Quilmes junto a Mayra Mendoza hasta 2023, pero el 8 de enero pasado se mostró con su contrincante el intendente de Avellaneda, Julio Ferraresi. Sin embargo, el 23 de ese mes el jefe de la Aduana, Andrés Vázquez, lo ascendió en Campana. Se sabe que el mandamás de Vázquez, el asesor presidencial Santiago Caputo, siempre prefirió a los funcionarios con prontuario porque confía en que son mejores para hacer los trabajos sucios. A su vez, Santiago Caputo coordina estos nombramientos con su amigo y consejero Leonardo Scaturicce.

Claro que el exespía residente en EE.UU. que se compró Flybondi, Oca y el grupo logístico Flecha el año pasado ahora está más preocupado por la supervivencia de la low cost, en medio del encarecimiento del petróleo, que por rellenar los ravioles de la Aduana. Ahora le ofreció un poco tentador retiro voluntario a todos los 1.500 empleados de la aerolínea: antes de fin de mes deben decidir si aceptan la indemnización legal más medio o un cuarto de sueldo. La pregunta que se formulan los trabajadores es qué pasará de ellos si rechazan la oferta: ¿sobrevendrá un procedimiento preventivo de crisis, por el que les pagarán menos por echarlos? Al menos en la empresa prometen que no serán reemplazados por las tripulaciones extranjeras que vinieron con aviones alquilados por el verano. Se supone que tras la temporada alta los pilotos y tripulantes de España, Francia, Portugal o Brasil ya dejarán de venir. Son empleados de empresas de aeronaves de renta, las mismas que días atrás se negaron a prestar servicios a Flybondi y dejaron a los pasajeros en tierra porque la firma de Scaturicce no les había pagado a tiempo. Pero por más que haya cancelaciones y vuelos la low cost respira tranquila que el jefe de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), Oscar Villabona, por ahora no la ha multado ni sancionado, ni siquiera por usar talleres no habilitados.

Milei, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, andan por estos días entretenidos por las revelaciones judiciales de la causa $LIBRA y la nueva de los vuelos. Pero el otrora poderoso Santiago Caputo y su gente tampoco descansan. Uno de ellos es el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, que en la gira del Presidente por EE.UU. de la semana pasada firmó un memorando de entendimiento con la empresa norteamericana Salesforce para que, sin mediar licitación, introduzca inteligencia artificial en el Estado. Está claro que el sector público debe modernizarse pero llama la atención la eventual contratación directa y vale la pena seguir el ejemplo de países europeos que toman recaudos para que tampoco quede delegado el control total de la administración estatal en manos de estas grandes corporaciones privadas. Porque mientras el empleo retrocede, otros negocios avanzan.

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Flybondi, la línea aérea que compró Leonardo Scaturicce hace un año, le ofreció este jueves el retiro voluntario a todos sus 1.500 empleados. La línea aérea fundada en 2016 atraviesa tiempos económicos difīciles, con permanentes cancelaciones de vuelos.

“La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios”, anunció la firma de Scaturicce, amigo y consejero del asesor presidencial Santiago Caputo, que se hizo conocido hace un año por un vuelo de un avión suyo que no fue controlado por Aduana, después consiguió diversos contratos con el Estado y compró el correo Oca y el grupo logístico Flecha.

“Esta iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa. El programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente, contemplando condiciones acordes para quienes decidan adherir. La compañía continúa enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera”, agregó.

Los empleados tienen pocos días para decidir, según comentaron los que recibieron la propuesta de la empresa. El primer llamado a retiro voluntario va hasta el 25 de marzo y equivale a un despido tradicional (un salario por año trabajado) más medio salario extra, a cobrarse en tres cuotas, con cobertura de salud por 6 meses y cuatro pasajes sin cargo. El segundo llamado es del 25 al 27 de marzo para firmar el 30 de marzo e incluye menos beneficios: un despido más un cuarto de salario extra, prestación sanitaria por tres meses y dos pasajes sin cargo.

En la empresa no aclararon cuánto personal planean retener. Pero la idea es seguir operando con personal propio. Sólo en temporada de verano utilizaron aviones alquilados en el extranjero con tripulación del exterior, sobre todo española, pero no prevén usarlos en lo que resta del año, según informaron en la empresa.

Flybondi se ha caracterizado en los últimos años por las cancelaciones y las demoras. Antes la excusa era que el gobierno anterior no le proporcionaba los dólares para pagar el alquiler de los aviones en el extranjero. Ahora expertos señalan las dificultades financieras derivadas de la acumulación de costos como los seguros, los alquileres, la tripulación y el combustible cada vez más costoso por la guerra de Irán. Sólo el 57% de sus vuelos sale puntual, según la consultora Adventus. En el caso de Aerolíneas llega al 89% y en el de JetSmart, el 78%.

Tras cancelar 150 vuelos y dejar en tierra a 22.000 pasajeros en enero, la provincia de Neuquén multó a Flybondi por $228 millones. En cambio, la Administracion Nacional de la Aviación Civil (ANAC) no la sancionó, ni siquiera cuando descubrió que el año pasado usó talleres no habilitados. Su conductor es Oscar Villabona.

Atrás quedaron los anuncios de diciembre pasado, cuando la aerolínea low cost informó la firma de un acuerdo con las fabricantes de aviones Boeing y Airbus para la incorporación de aeronaves salidas de fábrica. Con una inversión aproximada de US$1.700 millones, preveía “consolidar la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay”. Pese a los retiros voluntarios, en la empresa aclaran que el plan inversor sigue vigente.

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Javier Milei encabezó esta semana la Argentina Week en Nueva York para promover la inversión en Argentina. Llevó para ello a un inédito pelotón de grandes empresarios, todos vinculados a los sectores que pretende fomentar. Ya en su discurso inaugural de las sesiones ordinarias 2026 del Congreso los había identificado: minería, agroindustria y energía, que serviría para abastecer a la petroquímica, la siderurgia, el aluminio y los data centers. Los inversores ya de por sí interesados en los recursos naturales ratificaron sus intenciones, según fuentes de dos de los principales bancos norteamericanos. El problema radica en que diversos estudios académicos evidencian que sólo con las materias primas no alcanza para despegar al desarrollo que promete el presidente.

En la banca estadounidense destacan que la Argentina ha vuelto a tener una semana de negocios en la ciudad central del capitalismo, como la tienen otros países emergentes, y valoran los cambios introducidos por Milei con el apoyo de la voluntad popular. Sin embargo, advirtieron que su discurso contra el principal millonario de la Argentina, el siderúrgico, constructor y petrolero Paolo Rocca, despertó dudas, lo mismo que la ratificación del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, de que continuarán los controles remanentes del cepo cambiario a empresas; la salida de capitales especulativos de naciones riesgosas como la Argentina por la guerra de Irán y la incertidumbre sobre el futuro político de proyecto libertario si se repiten escándalos que dañan su reputación como el nuevo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Sin embargo, en los bancos rescatan que la Argentina tiene recursos naturales que el mundo necesita. ¿Pero qué precisa el país para convertirse en desarrollado, como Irlanda, Alemania o EE UU, los que ha mencionado Milei? El mes pasado, los economistas e investigadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Andrés López y Juan Carlos Hallak publicaron un paper titulado El lugar de Argentina en el mundo más allá de los recursos naturales: las oportunidades de agregación de valor a través de la diferenciación de productos y servicios que advierte que “la posibilidad de explotar intensivamente los recursos hidrocarburíferos y minerales disponibles en el país a partir de la esperada estabilización macroeconómica ha alimentado la ilusión de que dicha explotación constituirá la base de un crecimiento económico sostenido”, pero “nuestra disponibilidad de recursos naturales, presente y futura, no es tanta como la de países de referencia, como Australia, Noruega y Canadá”, que son presentados como modelos de naciones que con su riqueza en estos rubros han podido dar el salto a sociedades de altos ingresos.

¿Sobre qué se basan López y Hallak para su afirmación? Sencillo: calcularon cuánto sumaron por habitante las exportaciones de materias primas agrícolas, mineras y petroleras en 2023. En el caso de la Argentina, US$1.200 per cápita, sobre un total de US$60.000 millones en estos sectores. Calcularon cuánto podrían crecer con el continuo crecimiento de Vaca Muerta, que aceleraría cuando se exporte gas en barco, y con la minería, una vez que los proyectos del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) estén produciendo: para 2030 se sumarían US$40.000 millones y el ratio por argentino llegaría a US$2.000. Con un optimismo que estos dos economistas llaman exagerado, podrían agregarse otros 40.000 millones para 2035 y elevar la cuenta por persona a 2.900. Pues se trata de niveles alejados de la riqueza natural por habitante de los países desarrollados.

La petrolera Noruega exporta US$29.300 por noruego. La minera Australia, 13.000 por australiano. La también minera Canadá, 7.300 por canadiense. Nueva Zelanda, 5.000 millones. Suecia, 4.000 millones. Chile, que no ha salido de la llamada trampa de los países de ingresos medios para alcanzar el desarrollo, 3.500, es decir, más que el nivel que López y Hallak consideran “exagerado”.

“Es obvio que estos nuevos recursos mineros y energéticos son bienvenidos desde el punto de vista macroeconómico, ya que van a ayudar a aliviar a las restricciones al crecimiento que han venido acosando aun país como el nuestro, con acceso todavía restringido al mercado internacional de capitales”, celebran López y Hallak. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que la riqueza natural de las naciones no lleva automáticamente a buenos desempeños en materia económica y social. Guinea Ecuatorial, Irak, Gabón, Turkmenistan o Irán, por ejemplo, se destacan por susa bundantes recursos naturales, pero distan de ser ejemplos exitosos de desarrollo. En cambio, los países avanzados que disponen de grandes stocks de recursos naturales han logrado administrar de manera eficaz los dilemas o conflictos macroeconómicos e institucionales que pueden emerger de explotar dichos recursos, distribuir de manera relativamente equitativa los ingresos que generan e invertir las rentas resultantes en actividades que contribuyen a objetivos de crecimiento y mejora del bienestar. Adicionalmente, usualmente han implementado políticas de desarrollo productivo orientadas, por ejemplo, a promover encadenamientos o derrames de conocimiento en torno a las actividades basadas en recursos naturales”, señala el documento.

Uno de los economistas jefes de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Fernando Navajas, coincide con la opinión de López y Hallak. “Es una gran oportunidad para la Argentina sumar a la energía y a la minería al set o conjunto de sectores que empujan la productividad y el crecimiento a largo plazo, junto a la agroindustria. ¿Eso alcanza, no alcanza? Uno tiene que referenciar si eso permea y difunde a la productividad del resto de los sectores de la economía. La pregunta es si el índice de difusión del shock positivo que uno está viendo ahora en energía, que va a estar viendo con más fuerza en minería, agregado al del sector agropecuario, alcanzan a los dos tercios del conjunto de los sectores de la economía.”

“¿Cuándo la Argentina tuvo esto en el pasado?”, se pregunta Navajas. “Lo tuvo solamente en dos instancias. Hay un período que es la década del 60, cuando la Argentina tenía política industrial, hacía mal o bien, pero era lo que se usaba en esa época y empujaba un proceso de industrialización. Eso sabemos que hoy no está presente por varias razones, ni en la Argentina ni en otras partes del mundo. El segundo periodo es la década del 90. La Argentina se estabiliza macroeconómicamente, se da un conjunto de cambios y el crecimiento de la productividad del sector petrolero y gasífero, sobre todo con un descubrimiento de recursos convencionales de una década anterior, en Loma La Lata, que está justo justo arriba de Vaca Muerta. La Argentina tiene tanta suerte que los depósitos de Vaca Muerta están situados abajo y entonces usan la misma infraestructura que lo que usaba Loma La Lata. Ahí la Argentina logró tener un índice de difusión muy alto, merced también a que hizo una apertura de la economía, pero una apertura sin China, a un mundo más multilateral que el de ahora. Otra cosa que tuvo la Argentina en ese momento fue un fenomenal empuje de la infraestructura, que no está presente ahora.”

Navajas reconoce que ahora el país “tiene un empuje de productividad más alto en energía y minería” que en los 90, “pero no tiene empuje de infraestructura”. Admite que hay un “empuje de reformas económicas, como desregulación sectorial, reforma laboral, que llevan tiempo, pero ”la apertura se da en un contexto internacional diferente porque ahora está China ahora, por lo que es un juego de productividad relativa“. Es decir, abrir la economía ahora puede, en lugar de forzar una mejora en la productividad local, derivar en cierres frente a la competencia asiática.

López y Hallak recuerdan que los países que saltaron al desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial, desde Japón, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, Singapur, China, España, Portugal e Irlanda, se basaron exportaciones de bienes y servicios que a su vez fueron cambiando hacia sectores de mayor productividad. “Por ello, argumentamos que el crecimiento sostenido de nuestra economía debería estar basado en un patrón de inserción internacional más complejo y sofisticado, que aproveche las oportunidades de agregación de valor que ofrece la diferenciación de productos y servicios. A la vez, mostramos que el camino propuesto no parte de cero, sino que ya existe una estructura productiva en el país capaz de innovar y exportar productos y servicios diferenciados en un amplio abanico de sectores pertenecientes tanto al agro como a la industria y los servicios”, escriben los investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet).

Los investigadores citan una gran cantidad de ejemplos que debería potenciarse para dar el salto exportador al desarrollo. Eso incluye productos y servicios diferenciados:

Los autores también dan ejemplos en biotecnología, industria nuclear y espacial, bioeconomía, proveedores de los sectores de hidrocarburos y minerales, así como productos derivados de estos con mayor valor agregado, desde fertilizantes hasta la posibilidad de elaborar material catódico para baterías.

AR