Hasta los 80 era estatal el servicio de agua potable y cloacas en lo que ahora se llama AMBA, área metropolitana de Buenos Aires (AMBA): se llamaba Obras Sanitarias de la Nación. En los 90, el gobierno de Carlos Menem lo privatizó, se rebautizó Aguas Argentinas, en manos de la francesa Suez y Aguas de Barcelona. Fue una de las concesiones con más incumplimientos y por eso la administración de Néstor Kirchner la reestatizó: nació Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). Ahora la gestión Javier Milei, con el apoyo del Congreso aliado, la volvió a manos privadas: hoy se anunció que la administrará un consorcio integrado por la empresa logística Rowing, del empresario Walter Román; la brasileña Arcos, de la familia Setúbal y el fondo de inversión soberano de Singapur GIC; Transclor, el proveedor de cloro de AySA que pertenece a Mauricio Filiberti, también accionista de otros dos servicios básicos del AMBA, la eléctrica Edenor y Metrogas, y PHX Aqua, de Países Bajos. Filiberti es socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor y Metrogas, pero no en esta nueva privatización.

El consorcio denominado Rowing ofertó US$340 millones por el 90% AySA, menos de los 500 millones que el Gobierno esperaba recaudar. Sin embargo, fue suficiente para superar a los 285 millones ofrecidos por el grupo Roggio, que tiene Aguas de Córdoba y la concesionaria del subte Emova, y que había prometido contar con el asesoramiento de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni. El otro 10% de AySA quedará en manos de los trabajadores, un mecanismo similar al de las privatizaciones de Menem que asegura la paz sindical, en este caso con el gremialista José Luis Lingeri.

“AySA era un modelo de disfunción administrativa”, argumentó el Ministerio de Economía, que encabeza Luis Caputo, al anunciar los resultados de la contienda. “Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de US$13.400 millones. Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%.”

“El nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario”, continuó el Palacio de Hacienda. “El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura, mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio. Las obligaciones de inversión están vinculadas además a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente”, completó el ministerio.

Pero las críticas a la privatización se acumulan. En junio, el juez Mariano López, del Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, dictó una cautelar: le ordenó no recortar inversiones, no postergar obras críticas y no relajar los controles de calidad del agua hasta que haya una evaluación ambiental, sanitaria e institucional. Además, giró a la justicia federal el planteo de la Defensoría del Pueblo sobre la legitimidad de la venta. Un amparo del intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, ya había contribuido a postergar la licitación.

En el Senado, Eduardo “Wado” de Pedro presentó dos proyectos para frenarla, con el apoyo de otros 11 senadores. Su argumento es que el agua es un derecho y no un negocio. Recuerda que con Aguas Argentinas en los 90 las tarifas se duplicaron en términos reales, faltó inversión y los líquidos cloacales se volcaban sin tratar. Con la gestión estatal, dice, la cobertura de agua pasó del 79% a más del 85% y la de cloacas del 60% al 70%.

Desde el ambientalismo, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó un amparo colectivo junto con el Foro Hídrico de Lanús y otras organizaciones. Cristian Fernández, coordinador de Legales de FARN, sostuvo que la venta antepone la rentabilidad al interés público y pone en riesgo obras como el Sistema Riachuelo. Criticó que no hubo auditoría pública de obras pendientes ni pasivos ambientales. Y que la información técnica quedó en un “data room” reservado a los oferentes, sin audiencia pública, lo que a su juicio viola la ley de acceso a la información ambiental y el Acuerdo de Escazú.

Hay otro punto discutido: la licitación no tiene precio base, aunque toda oferta debe superar la valuación hecha por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Los diputados peronistas Ana Ianni y Florencia Carignano y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich se presentaron ayer a la Justicia para denunciar que se cambió el método de valuación para privatizar AySA y otras empresas públicas.

Además, el contrato no promete agua y cloacas para todos dentro de los 30 años de concesión. La universalización queda para una eventual prórroga. Estos son las condiciones exigidas al nuevo contratista.

Periodo

Cobertura de hogares con agua potable

Con cloacas

Hoy

74,5%

63%

A 5 años

75,3%

63,9%

A 10 años

78,9%

65,3%

Fin de la concesión (mejor caso)

90%

75%

En el primer quinquenio, la cobertura de agua sube menos de un punto. El propio pliego habla de “estabilización operativa” antes que de expansión, y las obras grandes quedan mayormente fuera de la primera década. Una proyección de AySA ubica la cobertura del 100% de agua potable recién en 40 años, y el de cloacas cinco años después.

Encima, uno de los integrantes del consorcio, Arcos, no tiene los mejores antecedentes como operador de Águas do Río, en Río de Janeiro. En diciembre de 2024, el Procon Carioca, el organismo de defensa del consumidor de Río, la multó con 13,6 millones de reales por cortar el suministro durante un mantenimiento del sistema Guandu. En 2025 volvió a notificarla por una interrupción que afectó a 37 barrios en plena ola de calor. Las quejas ante el Procon pasaron de 48 en 2021 a 1.550 en 2024. La empresa puede alegar que heredó un sistema deteriorado de la estatal Cedae.

AR / NB

Pasó el último baile de Lionel Messi con la selección, el 3-0 a Benín, el astro seguía en el campo y más de 80.000 personas miraban el cielo del Monumental, esperando el show de drones en homenaje al capitán. Lo primero que apareció no fue el 10 sino el logo de Sancor Seguros. Los silbidos bajaron enseguida de las tribunas, y el enojo siguió en el Instagram de la aseguradora, con hinchas que amenazaban con cambiarse de compañía. Según versiones que circularon después, sin confirmación oficial, el espectáculo costó unos US$100.000.

¿Quién es la empresa que pagó por ese momento? Sancor Seguros es una cooperativa, no una sociedad con accionistas. Nació en Sunchales, Santa Fe, en 1945, como herramienta de protección colectiva para los productores de la cuenca lechera. Con los años armó un grupo que suma Prevención ART, la prepaga Prevención Salud y el digital Banco del Sol. También tiene un brazo inmobiliario y fondos para startups de insurtech, fintech y healthtech, y opera en Brasil, Uruguay y Paraguay. La empresa no tiene nada que ver con la quebrada láctea Sancor ni con la prepaga Sancor Salud, ambas con sede también en Sunchales.

Su peso en el mercado es enorme. El grupo dice ser el número uno del país, con más del 12% de participación y más de 9 millones de asegurados. Esa cifra incluye todas sus compañías. Si se mira solo la aseguradora, la porción ronda el 7% y compite por el podio con Federación Patronal y La Caja. Cuenta con 770 oficinas, 11.000 productores asesores y 3.300 empleados.

Este mes la asamblea de delegados eligió presidente a José Sánchez, de la zona Rosario, en reemplazo de Carlos Casto, como presidente de la cooperativa. Los cargos rotan entre los mismos nombres: Casto pasó a tesorero y preside Prevención Salud, Eduardo Reixach es protesorero y titular de Prevención ART, y Willy Borgnino es vicepresidente y conduce la fundación del grupo. La gestión diaria está en manos del CEO, Alejandro Simón. Hizo toda su carrera en la compañía y reemplazó a Néstor Abatidaga tras una transición generacional que empezó en 2014.

La vidriera elegida por la aseguradora es la Selección. Sancor es sponsor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2012, y desde 2018 tiene a Messi como cara de sus campañas. Este año reforzó la apuesta: celebró sus 80 años con una campaña mundialista protagonizada por el crack y, días antes del último partido en el seleccionado, festejó en Sunchales con 500 drones y un saludo del rosarino. En junio había hecho una gala en el Teatro Colón, a la que fueron el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y el canciller Pablo Quirno.

Este martes, la marca logró algo que pocas pautas consiguen: se volvió tendencia en redes sociales. Falta saber si eso juega a su favor o en contra.

AR/MG

En el cierre del coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), su presidente, Santiago Mignone, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se unieron para encender las sirenas contra una “vuelta al pasado”. Mientras el riesgo país subía este viernes otro 2,2%, a 650 puntos básicos, por el creciente temor inversor al impago de la deuda, tanto Mignone, socio de la auditora contable y consultora norteamericana PwC en la Argentina, como Caputo y Santilli alertaron una y otra vez sobre lo que ellos consideran el peligro de desandar las reformas que Javier Milei acometió en los últimos tres años.

Primero habló Caputo, que está en París promoviendo inversiones en la Argentina Week junto al Presidente, ministros, gobernadores y empresarios. Lo hizo en una entrevista grabada con anterioridad en el Ministerio de Economía, en un salón decorado con la Virgen de Luján, en diálogo con el presidente del coloquio, Fabián Kon, CEO del Grupo Financiero Galicia. “Hoy estamos en más de 600 de riesgo país. La mitad es atribuible a un contexto internacional que a todos los países les perjudica en la inflación y la actividad económica. En cualquier otro momento la Argentina no hubiera durado ni cinco minutos”, reivindicó el ministro para decir que el país ahora está mejor preparada para afrontar el salto al mayor nivel en diez meses.

“No es solo eso: también es parte propia, por temor de algunos (inversores) a que se vuelva al pasado”, disparó Caputo. “El temor a volver al infierno”, dijo para volver a las metáforas que días atrás lo llevaron a comparar al gobernador bonaerense y eventual presidenciable, Axel Kicillof, con el “Anticristo”. “No es el escenario base que esperamos, pero sí nos preparamos como si pudiera pasar. Volver a votar el pasado después de los números que tenemos es subestimar al votante argentino”, opinó el ministro, que en otro pasaje destacó que el gobernador peronista y aliado de Catamarca, Raúl Jalil, haya propuesto eliminar el impuesto a los ingresos brutos para la industria. “No se va a volver al pasado”, concluyó a partir de esa iniciativa... Claro que no todos los jefes provinciales cuentan con recursos extra de la minería para compensar esas rebajas de gravámenes.

En el mundo financiero, la analista Ana Gerber Comba, de GMC Valores, atribuye el salto del riesgo país sólo al contexto internacional: “Las subas de tasas de la Fed (Reserva Federal de EE UU) nunca son una buena noticia para los mercados emergentes”, dado que encarecen el crédito a los demás países, “mientras tanto, lo único que parece resistirse a caer es el Brent (barril de petróleo) y sus productos derivados, llevando de la mano una inflación global que vuelve a dar que hablar”. Su compañero de GMC Valores Manuel Caneda relaciona el alza del riesgo país al factor externo, pero también a la falta de recuperación del consumo argentino y su impacto en las elecciones presidenciales de 2027. El colega Marcelo Lipovetzky también refiere al “componente internacional” y al “trade electoral”. Es decir, la probabilidad decreciente de que Milei sea reelecto en 2027.

El ministro coordinadoor Santilli dejó un mensaje grabado pero desde Francia. “Cuando veo al gobernador en Nueva York diciendo que va a dar vuelta todo me pregunto si será Kicillof el mejor jefe de campaña de Milei”, planteó Santilli. “A ese país no hay que volver: el de la destrucción de valor, la brecha, los cepos. El año que viene está en juego volver para atrás o avanzamos. Volver a una economía cerrada, oscurantista y de pobreza extrema o el crecimiento ininterrumpido. El gran milagro mileísta es que el presidente nos sacó del ostracismo”, añadió.

“El empresariado no quiere volver al pasado”, concluyó Mignone en su discurso final del evento de tres días en el hotel Sheraton de Mar del Plata. Abogó por “sostener el esfuerzo realizado, persistir en el esfuerzo de estabilización”. “La estabilidad no es fin en sí mismo, sino la condición necesaria para el crecimiento, que tiene sentido si trae más desarrollo humano, si recuperamos la agenda de ascenso social.”

“Sólo lo lograremos si consolidamos la estabilidad, sostenemos equilibrio fiscal, de la deuda, una inflación compatible con el mundo”, planteó el presidente de IDEA. Después habló de “respeto irrestricto de los compromisos asumidos, sin importar quién ni cuándo se asumieron”, aludió en forma implícita al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que sobre todo se concentró en energía y minería, aunque ahora ha sumado una segunda iniciativa industrial, de la automotriz japonesa Toyota (antes sólo estaba la siderúrgica Sidersa).

Mignone habló de competitividad, productividad, tecnología en tiempos de inteligencia artificial, eliminación de impuestos distorsivos, combate a la informalidad e integración internacional. También de “asegurar la transición con inclusión social, apoyo, capacitación y educación”. Pero advirtió que la “transición con sectores que no la están pasando bien no puede llevar a demonizar la coyuntura sino construir sobre lo hecho”.

AR/MC

Una Mar del Plata invernal pese a la primavera, sede del 62 coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), ha sido fiel reflejo del clima que percibe la mayoría de los hombres y mujeres de negocios aquí reunidos. Y ya no son sólo los que se dedican al mercado interno, al consumo, la industria y la construcción, sino también los de los sectores exportadores boyantes, el agro, la minería y los hidrocarburos, que prevén inversiones pero sopesan retrasarlas hasta después de las elecciones presidenciales del próximo año.

“La opción de esperar es razonable”, les reconoció Javier Milei en una videoconferencia que les ofreció este miércoles desde París, donde está promocionando la inversión en la Argentina. Se conectó desde la habitación de su hotel, con una imagen bastante casera, aunque siempre con un plano picado que evita enfocarle la papada. Planteó que el país votará entre ser “grande o miserable”, “cambio o decadencia”. Del otro lado, en el Sheraton marplatense el auditorio lo acompañó con tibios aplausos. El economista anarcocapitalista nunca fue el candidato preferido del establishment, que en 2023 prefería a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich.

Lo que sorprendió es que este jueves tampoco la exposición pública de la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza en el coloquio logró superar a la de Milei en el aplausómetro. Sólo logró que los empresarios batieran fuerte las palmas cuando propuso eliminar lo que ellos llaman “impuestos al trabajo”, las contribuciones patronales. Vaya a saber cómo se financiarán entonces las coberturas médicas y las jubilaciones. Que cada uno se las arregle.

“Guste o no las formas, no hay otra que Milei”, sostenía uno de los empresarios más ricos del país al salir de una de las disertaciones del coloquio. “Conozco mucho a Patricia y creo que va a ser sensata y apoyará la reelección”, agregaba. Coincidió con el pedido de paciencia que formuló Milei en su discurso. Claro que no todos los argentinos pueden esperar tanto. El empresariado en general espera que ni los gobernadores de la cordillera, del norte al sur, ni la clase media permitan que un futuro gobierno desarme el RIGI, el superávit fiscal y la apertura económica. Pero reconocen la volatilidad de los votantes, no sólo en la Argentina, con lo que el péndulo puede volver a cambiar de lado.

El presidente del encuentro y CEO del Grupo Financiero Galicia, Fabián Kon, lo planteó en la apertura del miércoles: “Apoyamos todas las medidas y reformas”. El establishment apoya el ajuste del Estado, las rebajas de impuestos, las desregulaciones y la flexibilización laboral. Por eso, muchos acompañan la reelección. Los matices comienzan cuando se pone sobre la mesa la apertura indiscriminada de las importaciones, por la vía legal o por contrabando, por altos costos o bajo tipo de cambio, una liberalización que bien han aprovechado las manufacturas chinas. O cuando se discuten las formas, desde la construcción de un Poder Judicial corrupto hasta el maltrato a los empresarios y trabajadores perdedores del modelo libertario. De ahí que gustara tanto a algunos coloquistas la disertación previa a la de Milei, la del expresidente uruguayo Luis Lacalle Pou, un conservador de buenos modales y rostro humano.

Algunos empresarios industriales desearían que Bullrich se candidatee. La ven más sensible a sus reclamos. No es que estén en desacuerdo con sus métodos represivos de cuando era ministra de Seguridad. Pero se preguntan si Milei admitiría unas primarias con ella o si la senadora podría volver a cambiar de partido, dejar LLA y erigirse en postulante de una tercera vía entre el presidente y el peronismo. Después se responden que esas elucubraciones parecen difíciles de concretar y terminan resignándose a promoverla como vicepresidenta de una fórmula libertaria.

En las filas de Bullrich aseguran que Paolo Rocca, el dueño del grupo Techint, la fogonea, pero en el conglomerado petrolero-industrial lo niegan. Cerca de Don Chatarrín, como lo apodó Milei tras acusarlo de proteccionista, señalan que también Daniel Hadad, propietario de Infobae, anda contando en las múltiples reuniones que mantiene con otros empresarios que Rocca lo respalda. “Todos se cuelgan de él”, sonríen. Al menos rescatan que el ministro de Economía, Luis Caputo, esté intentando reunir a los proyectos del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) con proveedores nacionales. Bullrich, en su discurso público, criticó que Neuquén y San Juan impongan un compre-provincial que deje afuera a los competidores de otros distritos.

Más de un empresario desearía que la alternativa a Milei fuese otro candidato comprometido con el superávit fiscal, pero reconocen que está difícil de construirlo. No sólo Bullrich les resulta inviable sino mucho más la opción de un outsider como Hadad o el dueño del Banco Macro y expresidente de River, Jorge Brito. Ninguno de los dos despega por ahora en las encuestas. Igual, el empresario de medios aclara en sus citas privadas con colegas que él no pretende el sillón de Rivadavia sino ser ministro de Educación. Se ve como un Sarmiento, a quien le dedicó un documental.

A la pesca en el río revuelto de votantes que apoyan parte del recetario de Milei y rechazan el regreso al peronismo, pero se perciben perdedores y huérfanos de espacio político, también aparecen dos autoproclamados candidatos presidenciales: Hernán Lacunza, del PRO, y el radical Ernesto Sanz, de regreso a la arena política. Lacunza pasó por el coloquio. IDEA organizó este jueves dos almuerzos privados: uno con él y otro con Bullrich, mucho más concurrido. Está complicada la continuidad de las reformas sin Milei, pero ella está atenta a percibir el desgaste del votante con el Presidente. Por eso, en público dijo que no puede ser que caigan la industria, el comercio y la construcción, y en privado aseguró que lo importante es la reelección del modelo, sin mencionar a su supuesto jefe político de turno.

Cualquier alternativa es mejor para los coloquistas que Axel Kicillof, a quien recuerdan como el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, el que expropió YPF, no le pagó a los fondos buitre, mantuvo la manipulación de las estadísticas públicas y desbordó el gasto público. Como en todas las ediciones del encuentro de IDEA, siempre se invita al gobernador bonaerense de turno. Kicillof nunca vino, pero este año por primera vez no “les clavó el visto” a los organizadores del convite y al menos respondió que no asistiría. Les contó que podría asistir a una reunión a puertas cerradas, pero no a una disertación abierta al público de empresarios y periodistas. De hecho, compartieron un almuerzo tiempo atrás en la ciudad de Buenos Aires.

Incluso algunos ejecutivos llegan a admitir que preferirían que el aspirante peronista fuera Sergio Massa antes que Kicillof. Si bien quedaron con una mala imagen suya como un ministro de Economía irresponsable con las cuentas fiscales y con una inflación peor, también confían en su pragmatismo, el mismo que lo llevó del kirchnerismo a apoyar el inicio del gobierno de Mauricio Macri. Son los que se ilusionan con que Cristina Kirchner y los gobernadores peronistas del interior lo apoyen frente al mandatario bonaerense para terminar de girar al peronismo hacia una suerte de progresismo con orden fiscal, como Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Yamandú Orsi en Uruguay o como lo fue Gabriel Boric en Chile. Ya hay algunos que le piden cita. Igual, la mayoría desconfía del abogado trigrense. También subestiman sus posibilidades de conquistar el voto de las mayorías tras su inflacionario paso por el Ministerio de Economía.

La bendición del establishment, sin embargo, tampoco asegura un triunfo. Por más que se traduzca en financiamiento para la campaña. “El empresariado siempre se equivoca en el candidato al que apoya”, reconoce uno de los que más ha crecido en la era libertaria. En general, el postulante que ellos más prefieren no suele vencer en las urnas. Por eso, aunque prefieran a Bullrich, Hadad, Brito o Lacunza, terminarán conformándose con más Milei. Y eso que a algunos coloquistas les provocó escozor cuando este miércoles el libertario prometió que aceleraría las reformas si consigue la reelección. Incluso evalúan que esa promesa puede desalentar el voto de los perdedores del modelo que aún lo escogerían con tal de evitar el regreso al peronismo.

Son pocos los empresarios que respaldan una opción progresista al estilo Lula, Orsi o Boric. Uno de ellos es Sebastián Ceria, fundador y exdueño de la empresa de gestión y control de riesgos financieros Axioma y actual propietario del Racing de Santander. Como presidente de Fundar, promueve un modelo productivo pero sin volver atrás a una economía cerrada. Apoya al colectivo digital Popurrí, que está armando el Partido Regeneración para competir por la ciudad de Buenos Aires con la candidatura de María Migliore, exministra de Desarrollo Humano de Larreta. Migliore fue invitada al coloquio de IDEA para disertar este viernes sobre cómo construir influencia hoy en día. Otros que también están creciendo en las redes son Rosendo Grobocopatel, Ofelia Fernández y Pedro Rosemblat. A su vez, también hay otros empresarios que plantean en privado escenarios alternativos, como Miguel Galuccio (dueño de Vista Energy), Roberto Murchison (Grupo Murchison, del negocio portuario), Carolina Castro (Industria Guidi, autopartista) o Tommy Karagozian, CEO de la textil TN&Platex y cofundador y conductor de La Fábrica Podcast.

Más allá de las preferencias políticas, casi nadie en el coloquio imagina un 2027 con una economía boyante. Observan una industria que sigue cayendo, un consumo hundido y planchado, y una construcción que se recupera apenas desde el fondo. En los sectores exportadores están confiados de que todos los proyectos del RIGI consigan financiamiento porque el mundo necesita materias primas, pero admiten que muchos demorarán los desembolsos hasta que se clarifique quién presidirá la Argentina. Incluso admiten que todos los RIGI juntos sólo elevarían la inversión anual del país del bajo nivel del 16% del PBI actual al 18%, lejos del 25% necesario para el progreso nacional.

Es decir, el bolsillo de la mayoría de la población llegaría a las urnas un poco peor que ahora, sin crédito, sin recuperación del salario ni del empleo formal. En una consultora comentaban que las grandes empresas ya no contratan “juniors” porque la inteligencia artificial los ha reemplazado. En otra vaticinan que seguirán con el goteo de despidos, mientras reacomodan sus costos para ganar dinero con menores ventas y reemplazando producción local por importada.

“Veo a los argentinos cascoteados, lejos del espíritu triunfalista”, admite uno de los empresarios que más se han expandido con el gobierno libertario. “No sé cómo manejará el descontento de la gente, de los que apoyaban en un principio pese a que no les gustaban las formas pero ya se quedaron sin empleo o sin pyme, ya no llegan a fin de mes”, agrega. Otro coloquista coincide pero apunta que Milei no está perdido porque ha demostrado ya que es un as en campaña. Ahora ya la planteó como el dilema entre la nueva promesa de un futuro venturoso o una vuelta al pasado de ruina.

“En el primero y segundo año de Milei, muchos empresarios apoyaban sin importar lo mal que estaban, confiaba en una recuperación en V, pero en el primer trimestre de 2026 cayeron en la cuenta de que estaban muy mal, 10% o 15% abajo de 2023”, relata uno de los disertantes del coloquio. “Entones empezaron a rajar gente. Un hito fue el cierre de Fate y otro el caso Adorni, que desarmó el discurso anticasta. Ahora están preocupados por sus negocios, por lo que hace este gobierno y por si gana Kicillof; desearían que el sacrifico hubiese valido la pena. Se sorprenden de que se haya adelantado la campaña electoral. Temen que si se adelantan las elecciones bonaerenses, una victoria peronista ahí descalabre el clima financiero y perjudique al Gobierno. Al menos, si ganan plata, la cambian a dólares y se cubren de una futura devaluación”, se consuela. Pero fuera del Sheraton marplatense no todos tienen la misma paciencia ni la misma fortuna.

AR/MC

El 62 coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) abrió este miércoles en Mar del Plata con una adhesión total al proyecto libertario de Javier Milei. Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el presidente del coloquio y CEO del Grupo Financiero Galicia, Fabián Kon, lo dijo con todas las letras: “Apoyamos todas las medidas y reformas que el pais esta haciendo”.

Kon, que se hizo tiempo para organizar el coloquio 2026 mientras su banco renegocia las deudas morosas de las familias, recordó que esas reformas son las que se venían reclamando en los encuentros de años anteriores de IDEA, como la desregulación, la reforma laboral y del Banco Central, el equilibrio fiscal“. Pero la cita de este año plantea la pregunta de si podrá sostenerse la ”estabilidad“ para crecer y reducir la pobreza. Puso como ejemplos a Brasil, Uruguay y Polonia, aunque también citó otros casos como los de Australia, Irlanda, Chile e Israel.

“La inflación baja llevó de 4 a 10 años, incluso con crisis intermedias. Lo importante es que sostuvo el rumbo”, destacó Kon en medio de una coyuntura en que la economía comienza a contraerse el desempleo y la pobreza suben. :“Estabilidad son contratos que se cumplen”, sostuvo en otro pasaje de su discurso, lo que reflejó la preocupación de que un gobierno peronista venga en 2027 a revisar, por ejemplo, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

A las 18.30, cuando eran las 23.30 en París, Milei habló por videollamada ante los 1.000 asistentes al coloquio. Formuló promesas de más cambios si logra la reelección: “No vamos a cesar en reformas estructurales. Si ganamos, la velocidad será única e irrepetible”. “Nuestra gran apuesta es al capital humano y la apertura”, sorprendió el mismo presidente que viene ajustando el presupuesto de educación a la mitad. “Nosotros queremos convertirnos en un hub de la inteligencia artificial”, soltó. Prometió “salarios enormes y calda de la pobreza fabulosa por efecto riqueza”. Por ahora no lo estaría cumpliendo.

El Presidente observó que en los comicios de 2027 los argentinos decidirán “si quieren ser un país grande o miserable”. “Se van a jugar el futuro en la próxima elección. La opción de esperar (para invertir), es razonable”, se refirió implícitamente a las razones por las que caen las inversiones en 2026.

“El 70% apoya el cambio. No creo que los argentinos vayan para atrás”, opinó. “Obviamente que mi programa es seguir creciendo, acelerando el crecimiento, una vez pasado el test de abrazar cambio o un pasado decadente. Si gano, se va a desplomar riesgo país y la inversión va a volar. Si los argentinos deciden otra, pagarán las consecuencias”, amenazó Milei, que igual reconoció que otros países “han tardado más de 10 años en bajar inflación”.

No todos, pero muchos empresarios lo interrumpieron para aplaudirlo. Poco impartan sus ataques a la prensa. De hecho, la exposición de Milei fue moderada por el secretario general de redacción del diario La Nación, José del Río, a quien reprochó: “Usted tiene colegas que se ponen mal cuando salen datos buenos y celebran los datos malos”,  “hay dos colegas suyas, que trabajan en su canal, que insultaron a funcionarios del Gobierno” y “¿querés que diga los nombres de las periodistas que fueron?”. También lamentó cuando La Nación reprodujo sus propios dichos de las estadísticas oficiales de contracción económica: “Los datos oficiales están dando cualquier cosa”. “Esa cita fue recortada de una forma muy maliciosa por el medio en el que vos trabajás, José”, le recriminó Milei.

AR/MG

El gobierno de Javier Milei logró reducir, según el Instituto de Estadística (Indec), la pobreza del 40% heredado en el primer semestre de 2023, el último completo del peronismo, al 32%, menor al 35% del 2019 prepandémico. Pese a la suba de la primera mitad de 2026, aún puede jactarse de una baja. Claro que si se aplicara otra metodología más precisa y actualizada para medirla, la merma sería a alrededor del 38%, según coinciden las estimaciones preliminares de expertos del Centro de Estudios Distributivos (Cedlas) de la Universidad de La Plata, del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Es decir, sólo 2 puntos porcentuales de merma respecto de 2023 y tres puntos arriba de 2019.

Otros países, en cambio, han logrado disminuir la pobreza respecto del nivel previo al salto que produjo el Covid-19 y las consiguientes cuarentenas. No son muchos en el mundo que lograron ese desempeño, la mayoría mejoró respecto del drama de 2020. Entre los pocos figuran Brasil, México y China. Ninguna de estas tres potencias usaron la receta libertaria de Milei.

Si se toma como referencia la estadística de pobreza del Banco Mundial sobre la cantidad de personas que sobreviven con menos de US$8,30 por día, ajustados por paridad de poder de compra, la Argentina se mantuvo en 14% entre 2019 y 2024, último dato disponible, mientras que México la bajó del 34% al 20%; Brasil y China, del 27% al 20%; Indonesia, del 69% al 62%; Honduras, del 53% al 48%; Paraguay, del 24% al 19%; El Salvador, del 33% al 28%; Costa Rica, del 15% al 9%; Chile del 8% al 4%; Colombia, del 40% al 36%; República Dominicana, del 17% al 13%; Vietnam, del 23% al 20% e India, del 69% al 62%.

“Son países que hicieron políticas diferentes, pero lo común es que todos crecieron”, se refiere Leopoldo Tornarolli, economista del Cedlas, sobre los casos exitosos de Latinoamérica en esta década. “Se recuperaron de la caída de la pandemia y después siguieron creciendo. En políticas sociales hacen transferencias directas de ingresos, como la Argentina”, agrega.

Pero enfoquémonos en los ejemplos de los países que más puntos porcentuales redujeron la pobreza: México, Brasil y China. En el caso de México, bajo el anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sucedido por su correligionaria Claudia Sheinbaum, la mejora fue más por ingresos laborales que por ayudas sociales, aunque se destacó la Pensión para Adultos Mayores. Al igual que en Brasil, en el país latino de América del Norte influyó la suba del salario mínimo, a contramano de la Argentina de Milei, donde cada vez se licúa más y pierde el valor de referencia para el mercado.

En México, la economía creció de la mano de los servicios, pero también de las inversiones industriales. El llamado nearshoring, la deslocalización cercana, consistió en la radicación de fábricas en territorio mexicano para abastecer a EE.UU., en lugar de hacerlo desde China, dada las barreras que los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden impusieron al gigante asiático. Al plan de atraer industrias que antes se instalaban en Asia, López Obrador y Sheinbaum sumaron las políticas salarial y social, el proteccionismo frente a los productos chinos y el Estado presente en el negocio energético. Se les cuestiona por los déficit fiscales, al igual que a Luiz Inácio Lula da Silva, pero sin llegar a los niveles del peronismo en la Argentina.

En Brasil, con el regreso al poder de Lula en 2023, se reestructuró y amplió el plan Bolsa Familia. Pero además de la asistencia social, la mejora salarial y la menor inflación redundaron en un progreso, combinado con una economía que creció por el agro y el consumo y, en menor medida, por los servicios y la industria. Al igual que México y en contraposición a Milei, el socio mayor del Mercosur despliega una política a favor de la producción de manufacturas. El desempleo descendió, a contramano de la Argentina. De ahí a que este buen desempeño se traduzca en reelección de Lula el próximo domingo frente a Flávio Bolsonaro es otro cantar: influye la polarización política, la corrupción a ambas bandas pero también problemas económicos como el alto endeudamiento, las altas tasas de interés, una actividad que se expandió sólo 1,9% y una inflación del 4,2% anual pero con presiones al alza.

En China, con un régimen de partido único, entre 2019 y 2020 se terminó la campaña para eliminar la pobreza rural, con una polémica relocalización de pobladores de zonas remotas en complejos urbanos y desarrollo industrial Entre 2021 y 2025 comenzó un plan para administrar la vulnerabilidad a largo plazo, identificando a los hogares con riesgo de ser pobres, con cobertura médica básica para que las enfermedades no empeore la economía familiar y con mecanismos para que los niños no dejen la escuela. En 2026, se pasó a un nuevo programa de asistencia permanente y focalizada, con transferencias y empleos del Estado.

El crecimiento chino, que ya no es tan potente como en el pasado, dejó de concentrarse en la construcción y el sector inmobiliaria y ahora se basa en manufacturas avanzadas, desde autos eléctricos y baterías hasta equipamiento de energías renovables, siempre con crédito estatal y apuntando a la exportación. También se enfoca en la alta tecnología. El gigante asiático ya no crece al 9% anual, como en las décadas en que despegó desde los 80, pero su expansión es aún mayor que la de Brasil o México: 8,6% en 2021, tras la pandemia; 3,1% en 2022, y alrededor del 5% de 2023 a 2025. La economía brasileña creció en ese periodo 4,8% en 2021, 3% de 2022 a 2024 y un moderado 2,3% en 2025. La mexicana mejoró aún menos: 6% en 2021, 3,7% en 2022, 3,1% en 2023, un flojo 1,4% en 2024 y todavía peor 0,6% en un 2025 de estancamiento.

AR /MG

La pobreza volvió a subir en el gobierno de Javier Milei. Había arrancando creciendo después de un brutal sinceramiento de precios en el inicio de la gestión vía devaluación del peso, tras la sobrevaluación que dejó la gestión anterior: del 40,1% del primer semestre de 2023 al 52,9% en el mismo periodo del año siguiente. Después, con la baja de la inflación logró reducirla al 28,2% en la segunda mitad de 2025, el menor nivel desde 2018. Claro que había polémica por la metodología de medición. Pero ahora ha vuelto a elevarse: saltó al 32,3% en el primer semestre de 2026, según el Instituto de Estadística (Indec).

La indigencia, es decir, la falta de recursos para comer, subió del 6,3% al 7,5% entre el segundo semestre de 2025 y el primero de 2026. El sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), explica la suba de la pobreza por diversos factores. Por un lado, los ingresos que crecen a menor ritmo que los precios de las canastas básicas, tanto la alimentaria, para evitar la indigencia, para la total, para sortear la pobreza, y que incluye gastos básicos de vestimenta, calzado, transporte, medicamentos, consultas médicas, educación, servicios de luz, gas y agua, equipamiento del hogar, entre otros rubros.

Por otro, el debilitamiento del mercado de trabajo. Se destruye empleo formal y es más que compensado por el informal y el cuentapropismo, en los que se gana entre 14% y 28% menos. Pero también aumenta la desocupación.

En tercer lugar, Salvia señala una distribución menos favorable de la recuperación de los ingresos. Es decir, se incrementa la desigualdad. No es extraño que haya un boom de llegada de marcas de lujo mientras el consumo masivo no encuentra piso, cae año tras año.

En cuarto término, menor dinamismo y mayor heterogeneidad de la actividad económica. El PBI cayó en el segundo trimestre y arrancó el tercero con una baja en julio. A su vez, los sectores que vuelan son los que menos empleo necesitan, como agro, hidrocarburos y minería, mientras siguen retrocediendo la industria, la construcción y el comercio, que son los que más trabajo generan.

En quinto lugar, la menor capacidad protectora de las ayudas sociales. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan por inflación pero con dos meses de rezago. Pero además el índice de precios al consumidor (IPC) se basa en una canasta de consumo desactualizada, que subestima el impacto de los tarifazos de servicios públicos. Esta es una de las polémicas no sólo en torno al IPC sino al propio índice de pobreza.

Por último, Salvia señala la mayor presión de tarifas, alquileres y servicios públicos, los gastos fijos que dejan menos ingreso disponible para las familias. Como estos rubros pesan poco en el IPC, también influyen menos en el dato de la cantidad de pobres. Por tanto, hay más inflación y más pobreza de la que calcula el Indec. Por la negativa del Gobierno a actualizar estos indicadores es que Marco Lavagna renunció a la dirección del Indec en febrero pasado. Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, prefirieron mantener sus estadísticas pero la realidad comenzó a colarse aún en ellas.

El investigador de la UCA, entre otros, ha señalado problemas en la medición de la pobreza: problemas en la captación de ingresos, de una canasta total construida con ponderadores desactualizados y del desfase entre los ingresos declarados y las canastas utilizadas, factores que durante un período de alta inflación alteran tanto los niveles como la evolución. Aunque el IPC haya bajado del 211% en 2023, aún se mantiene en 33%, entre los más elevados del mundo.

AR

“El riesgo país se mantiene en la zona de los 500 (puntos básicos), sube, fluctúa. Si aparecen pelotudos hablando por New York, sube, obvio, porque dicen: 'Uy, no, creíamos que era boludo, pero no tanto'', soltó este miércoles Javier Milei, que coincidió en esa ciudad norteamericana con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y posible rival e las elecciones de 2027, Axel Kicillof, aunque con agendas paralelas, pero ambos con reuniones con inversores. El presidente no se hizo responsable de que el índice de peligro de impago de la deuda haya llegada a 556, el mayor nivel en cinco meses, por la menor acumulación de reservas y la caída de la actividad económica, que a su vez redunda en su mayor impopularidad. Otra fue la mirada de Kicillof.

En un encuentro el martes con una decena de fondos de inversión, entre ellos, Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree, Mesarete y BlackRock, Kicillof, que por ahora no confirma su candidatura presidencial, fue llamado “proto precandidato” por uno de los ejecutivos de finanzas. El gobernador viajó en calidad de tal para hablar en teoría con los inversores en bonos bonaerenses. Además se juntó con empresarios de Microsoft, Mastercard, Google, MetLife, Dreyfus, a los que se sumó José Luis Manzano (dueño de Edenor, Metrogas, entre otras firmas) , participó de un evento con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, la revelación de la izquierda norteamericana, y el presidente español, Pedro Sánchez, y disertó en la Universidad de Columbia y en la New School.

Ante los inversores financieros, Kicillof relató en el inicio cómo el ajuste de Milei había afectado a la provincia de Buenos Aires, tanto a las transferencias de la Nación como a la herencia de obras públicas inconclusas. Advirtió que los recortes del Gobierno contra su distrito eran en materia de litigio, es decir, un pasivo contingente. Después explicó cómo suplió el faltante de recursos. “Fue una forma de admitir que había excedente de gastos”, razonó después uno de sus interlocutores. Otro de ellos destacó que sus bonos preferidos son los bonaerenses, pero aclaró que no es por mérito del gobernador ni su modelo económico.

Kicillof, acompañado de los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Hacienda, Pablo López, se refirió después al “daño colateral” del “programa de ajuste clásico sin programa de desarrollo” de Milei, y recordó la morosidad crediticia de las familias, el cierre de empresas y la pérdida de casi medio millón de empleos privados formales en su gestión. No explicitó ninguna medida para un futuro gobierno suyo. “Primero deberíamos saber qué va a dejar Milei cuando se vaya...”, suele decir Bianco.

Por eso Kicillof habló de objetivos. Criticó el peso sobrevaluado de la actualidad y sugirió que debería estar más depreciado. Razonó que el dólar barato es usado como método del Gobierno para bajar la inflación, pero alertó sobre el impacto en el encarecimiento de la producción local de bienes y servicios. Habló de proteger a la industria local y en eso se mostró de acuerdo con el proteccionismo de Donald Trump.

El gobernador opinó que el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) era innecesario para estimular la producción de Vaca Muerta, que ni las petroleras lo pedían y, por tanto, era un uso inútil de recursos fiscales. Pero no aclaró qué haría con el RIGI. “De las políticas de la gestión Milei la que se presenta como más difícil de ser modificada por una futura administración es el RIGI”, analizó el mes pasado en sus informes el analista político Ignacio Labaqui, muy consultado en Wall Street. Entre los motivos, figura el apoyo de los gobernadores andinos, inclusive los peronistas, a este carnaval de rebajas de impuestos y aranceles a la importación y también la amenaza de que cualquier inversor, sin importar si es local o del país que sea, puede demandar a la Argentina en tribunales internacionales.

Pero la pregunta es quién va a financiar una reconstrucción al menos parcial del Estado y sus funciones en educación, salud, jubilación y obra pública si los sectores económicos ganadores, la energía y la minería, tributan menos que los perdedores, como industria, construcción y comercio, y si los ricos cuentan con el respaldo de una reforma del impuesto de bienes personales que impide aplicarse nuevos gravámenes a su patrimonio hasta 2038. Por algo al diputado Máximo Kirchner -rival interno de Kicillof y de recorridas por el interior mientras crece la popularidad de su madre inhabilitada para ejercer cargos públicos- propuso esta semana un impuesto del 3% al 5% a la salida de capitales al exterior como método para recaudar los ingresos que cada vez escasean más en la economía libertaria.

El gobernador evitó ese tipo de definiciones, que hubiesen quizás irritado a unos inversores que lo miran con desconfianza. Cayeron bien algunas de sus frases: “¿A quién no le gusta que haya baja inflación?” y “no creo que haya que llevar el gasto por las nubes”. Cuando fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner entre 2013 y 2015, era de los que sostenían que podía darse rienda suelta a las erogaciones, lo que fue criticado después hasta por Martín Guzmán, que ocupó ese mismo cargo con Alberto Fernández de 2019 a 2022.

“Es dificil estar muy entusiasmado con un candidato que nacionalizó YPF, como gobernador hizo una renegociación complicada de la deuda bonaerense y que tiene una ideología con la que la economía sufrió bastante”, reflexiona un inversor tras el encuentro neoyorquino, que igual atribuye la suba del riesgo país a la caída de la popularidad de Milei y a una campaña electoral que ha comenzado muy temprano en un contexto de suba de tasas de interés internacionales que daña a todos los mercados emergentes. Kicillof recordó que como ministro y gobernador siempre abonó los pasivos: es cierto que normalizó los pagos al Club de París (grupo de naciones acreedoras) e indemnizó a la petrolera española Repsol por la expropiación de YPF, pero incumplió el fallo de EE UU a favor de los fondos buitre.

Para Mauricio Monge, economista de la consultora británica Oxford Economics, quien observó desde Ciudad de México la gira de Kicillof, la mirada es distinta: “Es un buen paso que dio, pero me parece que los inversores aún seguirán del lado de Milei”. “Axel se está moderando mucho. Sabe que volver a las viejas prácticas de la izquierda no es algo que ni los inversores ni la gente en la Argentina quieren. Es muy pronto para saber si puede ganar, pero aparece como el rival de Milei. Prevemos que Milei se quede en el gobierno, no porque la gente esté contenta con él, pero puede ganar porque no hay un candidato fuerte”.

“Kicillof quiere mostrarle a los inversores que no se va a volver a las políticas pasadas, con déficits fiscales gigantescos financiados por el Banco Central, lo que traía problemas de inflación”, opina Monge. “Ahora la Argentina tiene un modelo exportador en pleno boom, con Vaca Muerta, el agro, que generan dólares de manera sana, sin préstamos”, destaca, para sostener que el eventual candidato presidencial del peronismo quiere mantener esas fuentes de divisas pujantes.

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Al antropólogo y sociólogo Pablo Semán no le sorprendió la victoria de Javier Milei en las primarias presidenciales de 2023. Ya venía investigando a los jóvenes varones que le dieron el triunfo desde la pandemia de 2020. Este investigador del Consejo de Investigaciones Cientíticas (Conicet) ahora está detectando en sus encuestas cualitativas, en sus paneles de conversación con muchachos del conurbano bonaerense, pero también del interior de esta provincia, como Chascomús, o de Rosario, que comienza a aparecer una cierta desilusión con el emprendedurismo que se incluía dentro de la ideología libertaria, aunque ello no implica que hayan dejado de apoyar el experimento de Milei.

No es extraña la desazón. El sector privado registrado emplea a 240.000 personas menos que en 2023, mientras ahora hay 164.000 monotributistas más, incluidos choferes y repartidores de aplicación, y 506.000 trabajadores informales más, según datos del Instituto de Estadística (Indec). Pero que los pasaron de ser empleados del sector privado “en blanco” a uno “en negro” -como se dice en la calle- bajaron sus ingresos en 13,9% y aquellos que se reconvirtieron en trabajadores por cuenta propia, un 27,8%, según advierte la consultora C-P, de los economistas Federico Pastrana y Pablo Moldovan, a partir de los testimonios de personas concretas con esa trayectoria laboral que aparecen en los paneles de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec.

“Solamente muestran el empleo formal, como si el empleo informal no fuera empleo. Suelen degradarlo diciendo que no es empleo de calidad”, sostuvo Milei hace pocas semanas en el congreso anual del Instituto Argentina de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). Al menos las estadísticas muestran que en el informal se gana menos y se carece de cobertura médica y de aportes a la futura jubilación. Como monotributista se cobra una cifra inferior aún inferior, se puede acceder a un puñado de obras sociales con pocas prestaciones, se aporta poco para el retiro y se carece de licencias por vacaciones, enfermedad o maternidad.

Los jóvenes quizás no han experimentado ese tránsito de empleado formal de una empresa a la precariedad o el emprendedurismo. Pero su visión sobre ambos comienza a cambiar, según constata Semán. “Hacia 2023 se expresó en las urnas un sentido común que se había forjado en los lustros anteriores: desde el punto de vista económico cada uno se las arregla como puede y con lo que tiene”, recuerda el autor del libro Está entre nosotros. ¿De dónde sale y hasta dónde puede llegar la extrema derecha que no vimos venir? (Siglo XXI, 2023). “Cualquier expectativa de asignación de recursos mediada o determinada por él estaba deslegitimada por su costo colectivo y por la arbitrariedad que se suponía que originaba. Estos eran los conceptos duros de un electorado que independientemente de su variabilidad se había volcado a posiciones en las que la sociedad era igual al mercado y sus contingencias.”

“Últimamente en una parte de los electores surgen formas de resignificación y desvío de esa posición”, ha descubierto Semán en sus diálogos frecuentes con jóvenes. “No nos referimos aquí a los que rechazan desde siempre o pasaron a rechazar directamente a Milei sino a aquellos que discuten desde adentro, desde su experiencia, los supuestos sociales que llevaron al gobierno al actual presidente.”

“En discusiones grupales y en entrevistas surgen posicionamientos reveladores de los modos, no la del quantum, de erosión de consensos sociales”, apunta el investigador del Conicet. Aparecen algunos que “ven de distintas maneras la clausura del camino de la 'autonomía económica'”.  “Cuando se discute, por ejemplo, sobre la crisis de ingresos y la imposibilidad de llegar a fin de mes nuestros interlocutores señalan que 'estaría muy bien tener un ingreso fijo'. Este señalamiento es muy significativo porque en contextos semejantes a los que hicimos este relevamiento pero hace cuatro años un posicionamiento como este hubiera significado recibir la crítica de parásito o de ser una persona poco valiente e incapaz de asumir el riesgo cotidiano. La simple afirmación de la preferencia por un ingreso fijo implica una discusión en uno de los supuestos básicos de aquel consenso que hoy está mostrando en este punto rajaduras más importantes que la variabilidad del voto.”

“En ese mismo contexto de interlocuciones grupales vemos emerger referencias a la dificultad de emprender”, continúa Semán. “'Emprender es cada vez más difícil', nos decía un interlocutor que también era consciente del carácter polémico de esa afirmación que se confrontaba a lo que antes aparecía como la solución a la mano de cualquiera que tuviera un mínimo de voluntad y no estuviese esperando que le solucionen los problemas, como se decía tan fácilmente en el mismo tipo de conversaciones y grupos sociales hace unos pocos años.”

“La decepción con el agotamiento de esa posibilidad aparece en otro de nuestros entrevistados: 'Yo todavía puedo emprender –se refería a un conjunto de actividades que iban desde lo que llamaríamos changas hasta la venta de productos por internet–, pero mi hermano ya no puede. Al final, como él, tenés que terminar muriendo en una fábrica'. El empleo fijo, objeto del repudio previo, es en este caso, aúnque denostado, visto como un destino inevitable”, continúa observando el sociólogo formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y doctor en antropología de la Universidad de Río Grande do Sul, Brasil. “En la misma senda de la promesa imposible está el caso de una de nuestras entrevistadas que en los últimos tres años pasó de un pequeño emprendimiento textil del cual tuvo que vender las máquinas para pagar las deudas a la venta de perfumes consignados y de allí a la tentativa frustrada rápidamente de comprar y vender productos de Temu. Al final de ese recorrido nos decía: 'Siento que me muevo en arenas movedizas, finalmente mejor quedarse quieto'.”

“Esa decepción tiene grados más avanzados en una circularidad que no sabemos qué pronóstico tiene: la parálisis de los que no encuentran que más hacer, que han visto todos su proyecto fracasar y caen en accesos de ira como el que registramos en una plaza en que un repartidor de Rappi que intentaba cargar un mueble para reciclar y, al no poder hacerlo, gritó: '¡Mierda, qué vida de negro, hermano!'”, continúa Semán. “El trecho breve pero pleno de ribetes interpretables revela el enojo con el fracaso en términos de los parametros laborales y sociales que, incluso en la lona, se defienden. Sin embargo, a este grado de tensión le sucede una reacción más recurrente en muchos de nuestros interlocutores jóvenes. En muchos de ellos ya no hay palabras, sino, sobre todo inmovilidad y depresión: todo lo que aparece como problemas de salud mental es en realidad una sensación, esta sí ampliamente presente, de desazón que se expresa en retracción de todo tipo de proyecto. De un grupo de seis jovenes mileístas que entrevisté en 2023 dos estaban desocupados, dos deprimidos y dos con ingresos menores a los que tenían en 2023”, apunta.

Pero atención: la desesperanza no se traslada en voto opositor. :La distancia con los puntos propios del mileísmo social emergente en 2022/2023 surge, se manifiesta, pero no se redistribuye exclusivamente hacia la oposición a los valores mileístas o contra el Gobierno“, aclara Semán. ”A veces sedimenta como escepticismo, otras como renovación en un nivel menor de esperanza, pero como reaseguro de que el pasado no vuelve. Finamente, no faltan los que en el camino desarrollan nuevos argumentos para renovar esa misma esperanza y promueven la capacidad de adaptación“, concluye.

Eso se explica en parte por una reflexión posterior de Semán: “¿Pero qué otra cosa les queda a las personas? Una cosa es el emprendedurismo esperanzado y otra cosa es el emprendedurismo obligado y con pesimismo. Es el punto previo al decir 'yo ya no sé más qué hacer', 'no hay más salidas'”. Habrá que ver cómo evoluciona la economía y la situación social de aquí a un año, de un presente con riesgo de recesión, a las elecciones presidenciales para dilucidar si Milei logra reelegirse.

“Si bien el fenómeno de la informalidad trasciende a las políticas de este gobierno y está relacionado con la incapacidad de la economía de generar un crecimiento sostenido, desde 2024 se observa un crecimiento importante en el empleo asalariado privado no registrado y el cuentapropismo, que compensa parte de la caída en el empleo formal”, observa un informe de la consultora C-P. “Esto explica por qué la tasa de desempleo no crece a una velocidad mayor. El empleo informal opera como empleo refugio de parte de la destrucción de puestos de trabajo registrados, tanto en el sector privado como el público”, señala, aunque la desocupación aumentó en un año del 7,6% al 7,9%.

“El crecimiento de la informalidad –en un año subió del 43,2% al 45%– no solo está asociada a la caída del empleo registrado sino a la reproducción de la crisis de ingresos que atraviesa la economía argentina en la actualidad”, explican Pastrana y Moldovan. :La informalidad retroalimenta una economía de bajos ingresos y baja productividad, dado que no sólo deprime los ingresos familiares sino también la demanda interna.“

Los datos de los paneles de la EPH demuestran que “dentro de los trabajadores que tenían un empleo en el sector privado registrado y migraron a otro al año siguiente, el 26% consiguió un trabajo en el sector público, el 47% uno no registrado y el 27% en el cuentapropismo”, cuenta C-P. Sí, el Estado contrata: no el nacional, salvo los funcionarios libertarios, pero sí el provincial o el municipal. “Ahora bien, todos los trabajadores asalariados privados registrados que perdieron su trabajo y consiguieron otro como refugio sufrieron una caída importante de su ingreso real. Aquellos que consiguieron un empleo en el sector público, perdieron 5% de su poder adquisitivo. Solo lograron sostener sus ingresos quienes pudieron seguir teniendo un empleo registrado en el sector privado.”

“Los cambios regulatorios introducidos por la reforma laboral podrían estar afectando la dinámica del empleo formal, en un contexto donde estas tendencias se intensifican debido a que la economía real atraviesa un proceso de ajuste estructural”, advierten Pastrana y Moldovan. “Uno de los pilares de la reforma fue la flexibilización laboral, junto con la reducción de los costos de contratación y la facilitación de los despidos. Lejos de fomentar la creación de empleo privado registrado, esta agenda de flexibilización y reducción de costos laborales tiene un impacto limitado sobre la generación de empleo formal, mientras que sí favorece una mayor rotación e inestabilidad laboral, al abaratar las contrataciones y facilitar las desvinculaciones. Esto ayuda a explicar la reducción de personal en las empresas: en un escenario de alta capacidad ociosa y bajas ventas y producción, donde sobra personal, la mayor facilidad para despedir acelera las bajas y repercute de forma más directa e inmediata en la pérdida de empleo formal”, agregan.

AR

La economía evoluciona y resulta difícil de anticiparla. Sobre todo cuando hay un gobierno como el de Javier Milei que cambia su propio programa económico en el tiempo. Al comienzo del experimento libertario, cuando el economista del insulto irrefrenable abandonó sus ideas de dolarización y cierre del Banco Central y adoptó el enfoque más ortodoxo que le acercó el ministro de Economía, Luis Caputo, en este panorama económico de elDiarioAR se preveía una recesión inicial con la devaluación inicial del peso y la licuación del salario. También una política monetaria restrictiva, como la aplicada por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 1979 y 1987, Paul Volcker, había derivado en dos recesiones en 1980 y 1982, antes de un fuerte repunte en 1983. Claro que Volcker contaba con una moneda fuerte como el dólar para estabilizar los precios.

La depreciación del peso inaugural de la gestión de Milei aceleró primero la inflación y eso licuó tanto el gasto público como la bola de letras (deuda) del Banco Central. Y así se bajó la inflación de un nivel alto (150% fue el último mes de la administración de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y su ministro de Economía, Sergio Massa) a uno moderado (33% actual). El primer impacto de la reducción del índice de precios al consumidor (IPC) fue positivo para la actividad económica: medio año después de la devaluación el PBI empezaba a reactivarse.

Doblegar la inflación alta es reactivante. Es que el Estado cobra menos impuesto inflacionario y la gente pasa a tener más dinero en el bolsillo: en lugar de abonar a razón de $25 de tributo por mes, como sucedió en diciembre de 2023, primer mes del gobierno de Milei, se pasó a pagar 2 o 3. Además, al reducirse la inflación, la población ya no tiene que salir a comprar con desesperación porque al día siguiente aumentan los productos y entonces dejan dinero en los bancos, que a su vez así se fondean para prestar. Las entidades financieras también se encontraron con capacidad prestable porque ya no debían adquirir las letras del Central. Así fue que apareció el crédito al sector privado, como un oasis en una economía que en un principio había caído en un desierto mayor al que había dejado el peronismo.

Otros dos factores contribuyeron no tanto a la actividad como al ingreso de dólares: el clima acompañó, se pasó de la sequía de 2023 a cosechas normales en 2024 y los años subsiguientes, mientras que el actual gobierno se benefició de la herencia del anterior en lo que hace a la reversión del déficit energético en superávit. Milei, a su vez, reforzó a estos sectores primarios con rebajas impositivas, entre otras ventajas de las que privó a otros rubros de la economía.

Allá por la segunda mitad de 2024 y la primera de 2025 resonaban los consejos de economistas, incluidos los del Fondo Monetario Internacional (FMI), de que la autoridad monetaria que preside Santiago Bausili acumule reservas. Desoyó. En paralelo, la oposición peronista le preguntaba a dónde había llevado el oro y sólo ahora respondió que a Suiza, al Banco Internacional de Pagos, el banco central de los centrales. La senadora Juliana Di Tullio descree y teme que esté en Londres.

Si se hubiese acumulado reservas por aquel entonces, se hubiese tenido que emitir pesos para comprar los dólares y parte de esa moneda hubiera terminado en la demanda privada de esas divisas, con lo que el descenso del IPC habría sido más lento que el actual. Pero en vez de 1,7% en agosto, podríamos tener un nivel más alto aunque tolerable, sobre todo teniendo en cuenta la gestión del mismo Massa que ahora delira con pelear otra vez por la presidencia.

Milei, Caputo y Bausili, en cambio, optaron por atrasar el dólar desde mediados de 2024 hasta ahora, lo que encarece y resta competitividad a la producción de bienes, no sólo manufacturas sino hasta producciones primarias también, y de servicios, desde turismo e informática hasta construcción. Apreciar el peso, abaratar la moneda norteamericana, la fórmula de siempre para bajar la inflación. Incluso en este 2026, en que por presión del FMI comenzaron a acumular reservas, tampoco juntan lo suficiente como para reforzar al Central ni para evitar la sobrevaluación del peso. Una sobreapreciación que también deriva de la bonanza del campo, Vaca Muerta y la minería, pero que se podría ecualizar al menos en parte.

Cuando llegaron las elecciones legislativas de 2025, como siempre, se reforzó el apetito argentino por el dólar y, como no habían acumulado reservas, debieron recurrir al salvavidas de Donald Trump. Ahora el equipo económico está preparando refuerzos para los comicios presidenciales de 2027, pero el hambre criollo por el verde siempre puede sorprender. De hecho, la demanda de la divisa ya está fuerte incluso en tiempos de estabilidad, cuando comprarla trae pérdidas.

Pero el año pasado el gobierno libertario no sólo recurrió al presidente de EE UU sino también empujó a una suba sideral de las tasas de interés para frenar las ansias de dólar. Así es que mataron el crédito y volvió el desierto al consumo, ya de por sí vapuleado por un salario que nunca se recuperó. Milei y compañía sostienen que la mora de los préstamos a las familias es un problema entre privados, pero fue su gobierno el que encareció la tasa hasta volverlos impagables. Y fue su gestión la que aplastó los sueldos por debajo de la inflación. Elevados intereses y devaluados ingresos explican la irregularidad crediticia y su futuro desalentador. Seis millones de argentinos quedaron morosos, pese a que no deben mucho, pero no les alcanza entre remuneraciones bajas, retroceso del empleo formal, aumento del informal, peor pago, e incremento del desempleo.

La desocupación subió en un año de 7,6% a 7,9% en el segundo trimestre de 2026 y la informalidad del 43,2% al 45%. Mientras, el PBI mejoró 2% interanual, pero bajó 0,6% en relación al primer trimestre. Si en el tercero vuelve a caer respecto del anterior, se podrá declarar técnicamente la segunda recesión en la era Milei.

El encarecimiento del crédito no sólo perjudicó al consumo sino a la construcción. Ahora el Gobierno intenta estimularla en parte aunque con sólo 18.000 préstamos hipotecarios. Pero además construir está caro en dólares, que es la moneda con la que se transan los inmuebles en la Argentina. Por más que el salario del obrero en particular y del trabajador en general esté bajo en términos de poder de compra, está alto en divisas en relación a los costos de construir y producir. Esto impacta también a las fábricas, además afectadas por la apertura de la competencia importada. Se destruyen empleos privados formales mientras se crean los de baja productividad, informales y cuentapropistas, como los de Uber o Rappi. La que consume es la clase media alta, la que compra autos chinos, pero el resto está peor. El único aliciente ha sido la recuperación de la asignación universal por hijo (AUH), deteriorada por el gobierno anterior, pero con el proyecto de Presupuesto 2027 se elimina su actualización por inflación y su valor se pone en duda a futuro.

Sin financiamiento, por el elevado endeudamiento y a pesar de las nuevas líneas para inmuebles y autos, y con salarios estancados, no se moverá la economía doméstica. La amenaza de la recesión pende de un hilo. A esos dos factores se agregan otros contractivos: el atraso cambiario y el ajuste fiscal y monetario pro cíclico, es decir, que refuerza el estancamiento. Como se cae la recaudación tributaria, entonces Milei mete más motosierra al gasto, y eso enfría más la economía.

El autodenominado topo que vino a destruir el Estado no puede renunciar su dogma. ¿Qué pasará si el Súper Niño deriva en inundaciones que dañan la cosecha y, por consiguiente, la recaudación tributaria? Habrá que ajustar el gasto, en lugar de aumentarlo, en contraposición a lo que sostiene el proyecto de presupuesto del año electoral. Encima esta iniciativa está calculada a partir de previsiones muy optimistas: la mayoría en el mercado descree que la economía crezca en 2027 un 4%, por lo que los ingresos públicos serían menores a los estimados por Caputo, y desconfía en que la inflación baje tanto como para acomodarse en 18% en diciembre del año próximo, con lo cual el nivel de gastos se encuentra subestimado.

En el Monitor Presupuestario de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se puede constatar que si uno toma el pronóstico optimista de IPC del Gobierno, las erogaciones de la administración pública nacional -no abarca todo el gasto estatal federal- crecerán en 2027 10% respecto de 2026, aunque seguirán 26% por debajo del nivel de 2023. Si se adopta la referencia del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), que elabora el Central, la inflación sería del 20%, las partidas crecerían 8% en relación al presente año y permanecerían 28% abajo de la herencia peronista.

En su primer informe del presupuesto, la ACIJ señala que el gasto nacional total aumentaría 5% respecto de 2026 pero se mantendría 26% debajo de 2023, en caso de cumplirse la proyección oficial de IPC. La ONG también advierte que el presupuesto de las universidades seguirá 32% inferior a lo estipulado por la ley de financiamiento de estas casas de estudios. Además, señala el ajuste en discapacidad: por un lado, señala que las prestaciones serán desiguales según la cobertura médica de cada persona y, por otro, se advierte que se elimina la pensión por protección social y se recorta 13,9% el Programa Incluir Salud. Se lamenta la discontinuidad de la Línea 144 para atender a víctimas de violencia de género y del Programa Acompañar, que las ayudaba en la independencia económica respecto de sus parejas violentas. Por último, se alerta que no se calcule cuánto le cuesta al Estado dejar de percibir impuestos y aranceles a la importación por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), que, lejos de la teoría libertaria, escoge a sectores ganadores, en este caso a la energía y la minería sobre todo.

En contraste con el mercado doméstico, el exportador está mejor que nunca, camino al récord. A diferencia del boom de la soja durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), cuando la irrupción de la demanda china benefició a la Argentina por precios, pero no hubo un salto en las cantidades exportadas, ahora se combina un alza circunstancial de cotizaciones de petróleo y gas por la guerra de Irán con un incremento sostenido de la producción de ambos frutos de Vaca Muerta. Con los dólares que dejaron de salir por la energía y que comenzaron a entrar, la economía argentina debería estar creciendo a altas tasas y la importación de maquinaria e insumos deberían ampliarse. Pero las divisas se van atesoramiento de dólares y viajes al exterior. La inversión cae, y no se le puede echar la culpa al fantasma del regreso del peronismo, sino más bien a la falta de rentabilidad y mercado y a un gobierno que promociona jueces de mala reputación que ponen en duda la seguridad jurídica. Magistrados que apenas ascienden libran a Milei, Caputo y a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, de causas que pesan sobre ellos.

Pero el presidente confía en que con vencer la inflación los argentinos lo reelegirán. Claro que ahora se enfrenta a la llamada Curva de Phillips: si baja el IPC moderado actual, le sube el desempleo. Para cumplir su promesa de 2023, deberá ser estricto en su política monetaria, a costa del crédito. También en lo fiscal, por lo que seguirá con la motosierra y no podrá reducir los impuestos. Con la excepción de Vaca Muerta, que trae nuevos dólares, el resto de la economía pone en jaque las ilusiones del presupuesto. Pero aun así puede que a Milei le alcance para reelegirse ante un electorado que en buen parte rechaza volver al pasado peronista, aunque crece la angustia sin que nadie la capitalice.

En sus recientes informes, el consultor político Raúl Timerman analizó, por un lado, la figura influyente del sacerdote jesuita Rodrigo Zarazaga, que investiga la pobreza, forma a líderes políticos y acaba de llamar a armar una “coalición de argentinos de bien”. Por el otro, preguntó a la gente qué atributos debería reunir el próximo presidente y las respuestas predominantes fueron honestidad, transparencia, empatía e inteligencia. Se buscan candidatos...

AR/MC

Todo cambia y muy rápido. En septiembre de 2024, el gobierno de Javier Milei designó al abogado Agustín García Sanz como árbitro (juez para casos específicos) del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial donde a lo largo de las últimas tres décadas la Argentina ha sido demanda por rupturas contractuales y estatizaciones por parte de multinacionales. Sanz pertenece al estudio Three Crowns, con sedes principales en Londres y París, pero con oficinas en Madrid, Washington y Singapur. Pero este martes García Sanz se presentó como patrocinante del estudio de abogados buitre británico Burford en una demanda contra la Argentina por la renacionalización de YPF en el CIADI, según reveló este miércoles el periodista Alejandro Bercovich en Radio Con Vos y de acuerdo con documentos a los que accedió elDiarioAR. Por cierto, ya no figura más como árbitro argentino al tribunal. Se supone que renunció a la postulación para representar a Burford.

En septiembre de 2024, el ministro de Justicia era Mariano Cuneo Libarona, secundado por Sebastián Amerio, mientras el procurador del Tesoro era Rodolfo Barra y su número dos, Andrés de la Cruz, exabogado de los Eskenazi. Precisamente, Burford compró el derecho que tenían estos empresarios exsocios de YPF para litigar en casos relativos a la petrolera nacional.

En aquel mes de 2024, el Gobierno nombró a cuatro árbitros ante el CIADI: tres argentinos, Diego Fernández Arroyo, Mónica Pinto, Raúl Vinuesa y García Sanz, residente en Madrid desde 2024. Este abogado antes había trabajado en estudios de la City porteña, Bomchill y Marval O'Farrell & Mairal, y en EE UU. Hasta julio pasado aparecía en los registros del tribunal del Banco Mundial como árbitro de la Argentina. Pero ya no (ver adjunto).

El abogado designado por la administración Milei, graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con un master en Chicago, pasó de representar a la Argentina a litigar en su contra dos meses después. Hace dos años escribía en la web del estudio Three Crowns al anunciar su nombramiento como árbitro: “Estoy honrado de ser designado en el Panel de Árbitros y Conciliadores del CIADI y estoy sinceramente agradecido a la República Argentina por la oportunidad de atender casos tan importantes” (ver aparte).

Pero este martes Burford, tras fracasar en su litigio ante la Corte Suprema de EE UU contra la nacionalización de YPF de 2012, cumplió su promesa de volver a intentarlo pero en el CIADI y lo hizo bajo el patrocinio de los estudios King & Spalding; Kellog, Hansen, Todd, Figel & Frederick y Three Crowns, que a su vez puso a diez letrados a cargo. Uno de los diez es García Sanz. En la web del CIADI, la demanda de Burford figura como la de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que son las sociedades de los Eskenazi que tenían el 25% de YPF y a partir de las cuales el estudio buitre británico demanda al país. Si vence, no sólo embolsará dinero para sí sino que podrá saldar las deudas de los Eskenazi con Repsol y bancos internacionales por la compra de aquel 25%.

Este es el tipo de abogados que el gobierno libertario había nombrado para terciar en millonarios litigios que enfrenta la Argentina por el pasado y que podrá encarar en el futuro, sobre todo porque el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) permite recurrir al CIADI no sólo a las empresas de más de 40 países con tratados bilaterales de protección de inversión sino a las de todo el mundo. Incluso las compañías argentinas pueden ir allá en lugar de someterse a los juzgados locales. No hay nación del mundo que haya delegado así la soberanía judicial, según expertos como Luciana Ghiotto, de la Universidad de San Martín. Consultado por elDiarioAR sobre el caso de Sanz, el Gobierno mantuvo el silencio.

Pero lo que Bercovich presentó como un escándalo no termina ahí. Sanz y el resto de los patrocinantes de Burford incluyeron en la demanda de este martes argumentos que incluyen una frase que pronunció Milei como presidente en contra de la reestatización. “Incluso, el presente gobierno de la Argentina ha desautorizado a sí mismo las medidas de 2012, y su actual presidente las ha admitido como ilegales e injustificadas. Después del juicio del Segundo Circuito (tribunal de Nueva York) de marzo de 2026, el presidente Javier Milei declaró en televisión que 'expropiar está mal porque robar está mal' y describió la renacionalización de YPF como una 'aventura suicida' que 'puso a toda la Argentina en riesgo'. La desautorización del presidente Milei sólo subraya que las medidas de la Argentina de 2012 sirvieron para un propósito no legítimo”.

Es curioso que ahora Burford utilice las palabras de Milei para litigar contra el país, cuando antes había usado las del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para lo mismo. En 2012, entonces viceministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner argumentó en el Congreso que sería “estúpido” si cumpliera con el estatuto de YPF que obligaba a comprar el 99% de la empresa y defendió que se podía expropiar por ley sólo el 51%, que era lo que el Estado podía pagar y finalmente le abonó a la española Repsol dos años después. En primera y segunda instancia en EE.UU. Burford ganó y parecía que la Argentina iba a tener que darle US$16.000 millones, más de lo que vale el 51% estatal de YPF, pero la Corte Suprema de la superpotencia terminó dándole la razón a Kicillof: la ley de un país estaba por encima del estatuto de una empresa. El gobierno de Milei se terminó jactando de que su amistad con el de Donald Tump había influido para dar vuelta los fallos previos.

Pero ahora Burford toca las puertas de otro tribunal: no desiste de buscar un resarcimiento por la expropiación. El negocio de los fondos buitres es comprar una deuda perdida y litigar por ella. A eso está abocado y no se rinde. Enfrenta otra vez a la Argentina, que tras la nacionalización de 2012 inició un camino de recuperación y ascenso en el negocio mundial de los hidrocarburos. Y para ello ha contratado al abogado que hasta hace muy poco que el gobierno de Milei había puesto a representar al país.

AR/MG

En abril, en el comienzo del segundo trimestre del año, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió ante empresarios que “los próximos 18 meses” iban “a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas”. No pareciera que el arranque de esa era dorada haya sido como la que preveía. Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará el nivel del desempleo y del PBI en ese trimestre y, a partir de los datos del estimador actividad mensual económico (EMAE) del organismo, economistas temen que el periodo abril-junio haya finalizado en contracción. Julio dio mal, agosto tampoco fue nada espectacular... si se encadenan dos trimestres seguidos de baja es técnicamente recesión, pero la mayoría de los analistas que más aciertan por ahora prefieren mantenerse cautos y hablan de estancamiento.

“En agosto hubo un recorte importante de expectativas del REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado, que elabora el Banco Central) respecto a cuánto va a crecer la economia en 2026 que refleja una desaceleración de corto plazo”, comenta uno de los más precisos en ese sondeo, que prefiere guardar el anonimato en tiempos en que el presidente Javier Milei descalifica como “mierda humana” a quien lo critique. “Pero no da para una recesión”, aclara.

La consultora Analytica, de Ricardo Delgado, relevó una merma económica del 1,1% en julio, mes en que el Indec detectó que no sólo siguieron cayendo sectores que venían en descenso, como construcción e industria, sino también uno de los que son estrella del modelo libertario, la minería, que también había empeorado en junio. El reporte advierte sobre el retroceso de la producción automotriz y siderúrgica, señales mixtas en el comercio y sólo mejoras en el agro. “Agosto está todavía en análisis, pero no vemos nada espectacular a priori. No sé si habrá tanto como una recesión, pero sí que vamos a reptar en torno a cero”, advierte Delgado. Hasta el primer trimestre del año la actividad en general crecía porque volaban el campo, la minería, los hidrocarburos y las finanzas, mientras bajaban las manufacturas, el consumo y la construcción, sectores que emplean más que los pujantes.

“La economía sí cayó en el segundo trimestre en los sectores relacionados al consumo doméstico y lo preocupante es que en julio la industria cayó”, analiza Mauricio Monge, experto de la consultora británica Oxford Economics. “Difícil decir que vayamos a una recesión, pero el sector doméstico sigue sin despegar. Puede ser que con las nuevas medidas del Gobierno para apuntalar crédito y soltar el tipo de cambio le ayuden a partir de septiembre”, se refiere al incentivo para que los bancos entreguen 18.000 créditos hipotecarios y la intención de bajar las tasas de interés y permitir que al menos el dólar haya superado la barrera de los $1.500.

“En julio dio negativo la producción industrial (-5%) y la construcción (-4,9%), siempre respecto del mes anterior, aunque cifras anuales dieron algo positivo”, sopesa el consultor Orlando Ferreres. “No sé si habrá recesión en este año, pero las cifras nos sorprenden por su fragilidad. La inversión bruta interna fija (IBIF) anda muy mal, nos dio cifras muy bajas, del 11,6% del PBI. Sin esto es difícil crecer. Por eso que el Gobierno quiere concentrarse en la inflación, para bajarla aún más, en julio el 1,7%, fue bastante bajo”, comenta Ferreres, aunque otros colegas suyos advierten de que ese menor índice de precios al consumidor (IPC) resultó posible justamente por el enfriamiento de la economía.

La economista Melisa Sala, de la consultora LCG, sostiene que “el EMAE ya anticipó una caída del 0,9% trimestral desestacionalizada” en abril-junio, pero es “consistente con un crecimiento del 1,6% anual”, “A nosotros nos da caída de 0,8% en julio. No sé si es recesión, pero definitivamente no puede esperarse un crecimiento marcado. De los seis meses con datos en el año, tres fueron con crecimiento y tres con caída. Vemos un dinámica parecida para lo que resta del año”, pronostica Sala.

Ariel Ferrari, economista de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos), reconoce que en el segundo trimestre el PBI cayó entre 0,6% y 1%, respecto del periodo anterior. Fundecos prevé, al igual que el consenso de los economistas consultados para el REM, un crecimiento del 2,1% para todo 2026. Ferrari aclara de que depende de una mejora del consumo, pero eso es lo que está en duda para otros de sus colegas.

Un académico que prefiere resguardar el anonimato había pronosticado al comienzo del gobierno de Javier Milei en 2023 que, al igual que en EE.UU. en los 80, la receta antiinflacionaria iba a derivar en una larga y profunda recesión, incluso en una depresión económica. Ahora admite que no todo ocurrió como él preveía, lo atribuye a los cambios de la política económica, pero advierte que el resultado terminó siendo similar al previsto.

AR/MG

Dos días después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara la nueva caída de la construcción y la industria en julio, un día después de que revelara que inclusive un sector estrella como la minería también bajó por segundo mes consecutivo, el organismo reportó que en agosto la inflación al menos descendió. Y lo hizo hasta alcanzar el 1,7%, el menor nivel desde el 1,6% de junio de 2025 pero lejos de la promes del presidente Javier Milei de que fuera menor al 1% en agosto, de que empezar con cero. En 12 meses acumula un 33,5% y en 2026, 21,3%, el doble de la meta del Gobierno en el presupuesto, del 10,1%.

El ajuste fiscal y monetario, la sobrevaluación del peso -el dólar domado en torno de $1.500-, la apertura a importaciones más baratas que la producción local, el deterioro salarial y, por consiguiente, del consumo constituyen las principales causas de la merma del índice de precios al consumidor (IPC).

La receta que aplicó Milei desde un principio de su gobierno, similar a la que habían impuesto otros países que lograron doblegar la inflación, iban a provocar una profunda y larga depresión del mercado interno, según reconocían por aquel entonces empresarios cercanos a él y académicos de la economía. Y así sucedió.

La economía crece, aunque poco, por el impulso de los sectores exportadores de materias primas, pero mientras tanto caen año tras año los que más empleo generan, como la construcción, la industria y el comercio, que ya de por sí venían afectados en el final del gobierno anterior. El enfriamiento de la actividad doméstica aquieta los precios, que es la promesa y la obsesión de Milei. No está mal bajar la inflación, pero la pregunta es cómo y si es sostenible.

Hay sectores que se abarataron: ropa y calzado, un 0,6%. Recreación y cultura, tras las vacaciones de invierno, mantuvieron congelados sus valores. Equipamiento y mantenimiento del hogar fueron de lo que menos aumentaron: 1,4%. Los rubros que más se encarecieron incluyen a vivienda (alquileres), luz, gas y agua, un 2,8%; educación, 2,5%; bienes y servicios varios, como cuidado personal, y salud (prepagas y remedios), 2.4%.

En los alimentos hubo fuertes subas de la banana (30%), la papa (22%), la cebolla (42%) y el zapallo (35%). En cambio, bajaron los precios de pan, 2,6%, paleta, 0,4%, pollo -aparece el importado de Brasil, 0,5%, salchichón, 3,8%, yogur, 1,4%, manzana, 1,6%, limón, 2,3%, naranja, 0,9%, lechuga, 18% y tomate, 17%. También cuesta menos el vino, 0,6%, que sufre la merma mundial del consumo; el algodón, 1,3% y los pañales, el 1,4%, al compás de la reducción de la natalidad.

En el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hay varios rubros bien por encima del IPC: pan y cereales, 2,4%, aceite, grasa y manteca, 2,2%, frutas, 6,9%, aguas, gaseosas y jugos, 2,7%, tabaco, 2,9%, alquiler, 2,3% -firme arriba de la inflación pese al discurso oficialista de que la desregulación y la mayor oferta iban a bajar los valores-, luz y gas, 2,5% -tarifazos mediante-, bienes y servicios para conservación del hogar, 2,2%, medicamentos, 2%, prepagas, 2,1%, transporte público, 2,9% -se viene más caro y peor, por la menor frecuencia-, telefonía e Internet, 2,5%, servicios recreativos y culturales, 4,5% -donde se abarataron fue en el noroeste del país-, educación, 2,5%, restaurantes, 2,5% y cuidado personal, 2,3%.

La canasta básica alimentaria y la total se encarecieron 2,6%, por encima de la inflación, lo que puede agravar la indigencia y la pobreza, respectivamente. Lo que antes se llamaba familia tipo, de cuatro integrantes, y que cada vez es menos usual necesita ahora $1.605.000 para no ser pobre y 726.000 para no ser indigente.

AR/CRM

“Mi hija tuvo dos intentos de suicidio. Tenía un local donde vendía ropa y zapatillas usadas y nuevas, bijouterie, y se endeudó tanto, tanto, pidiendo préstamos acá, allá, en todos lados, que llegó un momento que no pudo pagarlos más. Y sufría muchos hostigamientos de parte de los prestamistas”, le cuenta a elDiarioAR Graciela Oviedo, jubilada de José C. Paz, quien salió a difundir la situación de su hija y organizó una colecta para ayudarla.

Gimena tiene 35 años y cinco hijos, de 18, 17, 13, 11 y cuatro años. Trabajadora de la economía informal, nunca accedió al crédito bancario ni tampoco al de billeteras virtuales sino que recurrió, como siempre ha ocurrido en los barrios populares, a los prestamistas de la zona. No son narcos, aclara su madre, que ahora ha lanzado una colecta urgente para juntar $2,5 millones, la mitad de lo que debe su hija, con la idea de “parar la bronca” de los acreedores y que después consiga algún trabajo para abonar el resto.

“Vendió todas sus cosas para pagar, se quedó sin nada y aún así no terminó de pagar sus cosas”, relata Graciela quien hace años ya le había dado a su hija una pieza al fondo de su terreno para vivir. “Le quedaron dos camas y un par de colchones. Se quedó sin chapas ni muebles. Le quedó la pieza vacía. Vendió heladera, cocina, cama, sommier. Se estaba terminando su pieza y vendió chapas, ventanas, puertas. Y aún así siguen las deudas. O pagás o pagás, te dicen. Le piden si tiene cosas valiosas como televisores o heladeras, pero ya no tiene nada, vendió todo para darles.”

Es otra historia del drama de los endeudados, cuya morosidad bate récord en dos década y a nivel latinoamericano. Para sostener su emprendimiento laboral, Gimena tomaba créditos de $20.000 que había que devolver al día siguiente, o de $400.000 que debía devolver a lo largo de un mes hasta completar el doble, $800.000, con pagos diarios. Si se atrasaba un día, le imponían un recargo de $10.000 o $15.000. Otros le prestaban $550.000 y debía retornarlo en dos cuotas quincenales de $550.000 cada una.

La situación de Gimena se repite en la mayor parte de los hogares en la era Milei. Un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), difundido a fines de agosto, reveló que el 92,3% de los hogares argentinos registra algún tipo de deuda, mientras que casi nueve de cada diez obligaciones relevadas se encuentran impagas o en situación de incumplimiento.

“Ella se sintió muy acorralada. Intentó suicidarse dos veces. La está pasando muy mal”, lamenta Graciela. “La primera vez estuvo internada una semana en Salud Mental, fue mejorando, pero las deudas quedaron y la están hostigando continuamente y tiene que pagar poque dejó muchas deudas, con el alquiler del local, que debió dejar hace uno o dos meses, y con los prestamos que pidió a cada uno, sacaba plata pagar a otro, y al otro y al otro, y así fue vendiendo sus cosas para pagar a otro y se quedó sin nada. Ahora se quiso tirar bajo el tren y no lo logró. En Salud Mental le dijeron si la vuelven a llevar, la internan por tres o seis meses. Pero los hijos la necesitan y y están mal ellos también.”

“Necesitamos juntar lo antes posible. Anoche mismo la estuvieron hostigando, que querían la plata ya, ya, amenazándola y eso lo hace peor”, cuenta la jubilada. “Yo le digo: 'No contestes los mensajes, no recibas los mensajes, no los leas', porque eso la pone peor. Son muy amenazantes los usureros estos, los prestamistas del barrio. A uno lo conocemos, a los otros dos no, ni siquiera sabemos quiénes son. Te dicen: ”Vamos a mandar gente a tu casa', 'con esta gente no se jode'.“

“Yo sé que todo está mal, yo mucha ayuda no le puedo dar”, lamenta. “Pido ayuda por mi hija y por mis nietos, que están sin nada. Que se haga viral porque ella necesita mucha ayuda”, cuenta quien Graciela quien organizó una colecta (ver flyer). Pero su hija además está buscando trabajo para completar de pagar los $5 millones que debe y salir adelante con su familia y su vida.

AR

Raúl Dobarro, que manejaba hasta marzo los colectivos de Flybondi en el aeropuerto de Buenos Aires, se operó de dos nódulos en el pulmón pero en el medio la empresa de Leonardo Scatturice dejó de pagar la obra social y nunca pudo recibir la biopsia y no sabe cómo continuar el tratamiento. Matías Altamiranda, que hasta julio atendía en los mostradores de la low cost en Bariloche, se enteró de que le habían cortado la cobertura médica cuando un día fue a la farmacia para adquirir los medicamentos psiquiátricos y cardiológicos. Los toma desde hace tiempo, tras años de trabajar bajo el estrés de una empresa que acumula quejas de pasajeros. Johanna Belén Abba es de los 500 empleados que aún permanecen en la compañía pero también se quedaron sin obra social. Pide ayuda en Instagram para continuar con su tratamiento de un accidente laboral. Otras compañeras que esperan bebés afrontan sus embarazos sin los derechos que establece la ley para mujeres embarazadas.

Flybondi dejó de pagar los sueldos a partir del junio y también abandonó las contribuciones patronales a la seguridad social, con lo cual desde julio se quedaron sin protección médica tanto sus empleados como los que se habían acogido al retiro voluntario y que en teoría iban a seguir recibiendo esa cobertura hasta tres meses después. Flybondi empleaba hasta marzo pasado a 1.500 personas y entonces les ofreció el retiro a todos: unos 400 aceptaron, pese a la magra oferta, y otros 600 fueron despedidos después, según estiman estos extrabajadores que protestaron a mediados de agosto en Aeroparque Jorge Newbery y que siguen en la lucha en una cuenta de Instagram, Exempleados Flybondi.

“Me detectaron dos nódulos en el pulmón en marzo y yo pedí en abril el retiro voluntario porque no tenía el horario para hacerme el tratamiento”, recuerda Dobarro, de 44 años. No le daban tiempo para tratarse, debía trabajar tres días seguidos de 9 a 21, después descansaba tres y volvía a la rueda. “No me dieron licencia porque ya empezaron con los problemas dentro de la empresa”, explica el chofer. La low cost que comenzó a volar en 2018 empezó con cancelaciones y demoras a rolete después de la pandemia y fueron agravándose más y más hasta que en 2025 el fondo norteamericano Cartesian se la vendió a Scatturice, amigo y consejero del asesor presidencial Santiago Caputo.

Con el retiro, a Dobarro le aseguraba tener Swiss Medical hasta fines de julio. Así que se operó el 17 de ese mes. Tras la operación, el médico le contó que había podido ver que los dos nódulos eran benignos, pero quedaba pendiente que le dieran el resultado de la biopsia. Pero pocos días después se enteró que ya no tenía más prepaga. “La biopsia no me llegó. El médico me había dado ahí un resumen, pero me tenían que mandar la biopsia. Aparte me tenían que hacer una una revisión de los pulmones, me tenían que sacar una radiografía para ver cómo estaba, para ver cómo seguía el tratamiento”, explica el chofer.

“Recibí un mail de una chica del lugar donde ellos hacen la biopsia diciendo que, debido a que yo ya no estaba en el sistema de salud médica, no podía recibir lo el resultado de los nódulos”, lamenta. “No me dan los resultados para saber qué puedo llegar a tener en el pulmón, si seguía con otra enfermedad o si fue debido a algo.”

Dobarro no ha encontrado todavía trabajo, pero debe continuar con su tratamiento como puede. “Al no tener plata, no pude comprar ningún medicamento de mi bolsillo. Compré sólo los analgésicos para los dolores de la operación, pero no los que te manda el médico, y para eso me fueron ayudando mis hermanas, mi cuñada... Después fui vendiendo cosas de la casa también. Lo que estoy haciendo es ir a un médico particular cuando puedo conseguir plata. Gracias a Dios ya me sacaron los puntos porque tengo mi señora que es enfermera y me estuvo ayudando.”

Altamiranda tampoco está mucho mejor a sus 36 años. Sus padecimientos comenzaron en sus ocho años de empleado en el aeropuerto de Bariloche, antes de que en agosto lo despidieran. “Pasamos situaciones horribles de violencia, como maltratos verbal, psicológico, y no había respaldo de las autoridades”, despotrica a los anteriores y los actuales dueños. “Todos los días era lidiar con gente enojada y con razón, porque la empresa se venía manejando muy mal.”

“Tengo un tema médico propio ya nacido trabajando, que ya está en vías legales”, advierte. “Cursaba una licencia psiquiátrica porque todo lo acontecido me llevó a varias crisis, que también derivaron en mi otra enfermedad: tengo una deficiencia cardíaca severa. Tuve que operarme en base a eso en Buenos Aires y estuve cursando una licencia también. Y también estaba en tratamiento médico, tengo que tomar medicamentos diariamente para seguir el tratamiento.”

Este empleado de atención en mostradores llevaba sin cobrar tres meses cuando lo echaron. Pero antes del despido, en pleno junio, dejó de ser atendido por la obra social. “Un día que tenía que ir a retirar mis medicamentos me encontré con que la aplicación (de la cobertura médica) ya no me funcionaba”, recuerda. “Y no tuve manera de comunicarme con recursos humanos porque se borraron todos.”

“Yo sigo viendo a mi psiquiatra, a mi psicólogo, sigo tratando de ir, aunque conlleva un gasto y no estoy teniendo ingresos, pero trato de donde sea rasguñar y no faltar”, sostiene. “Los medicamentos desde agosto ya no los tengo. Tengo medicamentos que me quedaron porque armé un stock propio. Mi doctora, que me acompaña desde el día uno en esto, me dio un montón de muestras. Me ayudan chicos de Buenos Aires, que me están consiguiendo medicamentos. Nunca recibí ese trato de recursos humanos de la empresa. Ni siquiera sé si cubro la semana que viene, así que estoy viendo cómo hago. Los medicamentos son muy caros. Sin cobertura, prácticamente imposibles de conseguir para mí.”

Pero Altamiranda no baja los brazos: “Tengo a mi hija cargo. Así que tengo que mantenerme optimista. Anímicamente, es todo malo, pero yo tengo que pensar en la personita que viene atrás mío”, se compromete. “Esto se va a a resolver por temas legales porque los entes reguladores, el Gobierno o quien tenga que interceder ya dejaron mucho tiempo pasar. Miran para otro lado. Se habla mucho de favores políticos.”

Este cronista le escribió al WhatsApp a Scatturice para conocer su versión de los hechos, pero no respondió el empresariado con negocios en inteligencia e informática que el año pasado dio un salto en sus negocios criollos al comprar Flybondi, el correo Oca y el grupo logístico Flecha. Además, su firma OCP Tech consiguió unos 14 contratos con el gobierno de Javier Milei. En diciembre pasado había prometido inversiones por US$1.700 millones para comprar 35 aviones, pero en marzo, un mes después de la guerra de Irán que encareció el combustible a nivel mundial, anunció los retiros voluntarios, después profundizó las cancelaciones y demoras y desde el 6 de agosto que ya no vuela. Los empleados no cobran sus salarios y los extrabajadores tampoco reciben las cuotas de sus retiros voluntarios o indemnizaciones por despido, según el caso.

No se sabe qué ocurrirá a futuro, si se presentará en concurso preventivo. El Gobierno no la multa, a diferencia de Neuquén, ni le prohíbe volar, como sí hizo Brasil, pero sí le ha trabado embargos por deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Los exempleados de Flybondi especulan con que quizás transfiera las rutas aéreas a Oca y arme Oca Air, pero en el correo de Scatturice niegan que vaya a fundarse tal división.

La revolución de los aviones que prometió Macri

Fernando Dozo, profesor de política aérea de del Instituto de Derecho Aeronáutico y vocal de la Academia Argentina de Turismo, analiza por qué Flybondi, uno de los símbolos de la llamada “revolución de los aviones” de Mauricio Macri, haya terminado hundiéndose en la era de la desregulación y los cielos abiertos de Javier Milei. “La historia de Flybondi es una historia que termina mal, lamentablemente, a pesar de haber empezado muy bien porque fue la primera experiencia de low cost en la Argentina. Gracias a la presencia de low costs, un millón de pasajeros accedieron por primera vez al modo aéreo.”

“Pero presentó problemas desde el inicio porque Cartesian primero había presentado un equipo gerencial extranjero, de muy buen nivel y con antecedentes, pero lo sustituyó al poco tiempo por un equipo ya de no similares características”, relata Dozo, que fue gerente de Aerolíneas Argentina durante su etapa privada, de 1990 a 2009. “Ya se empezaron a notar ciertos incumplimientos en materia de horarios, particularmente por haber presentado una programación lo suficientemente extensa y muy ajustada para la cantidad de aeronaves de las que disponían y particularmente teniendo en cuenta que esas aeronaves eran aeronaves de cierta antigüedad.”

“La diferencia entre una low cost moderna adecuada a los tiempos actuales es que normalmente se opera con equipos de última generación, lo que facilita el cumplimiento de horarios poque no tienen ningún tipo de problema técnico”, explica Dozo. “Cuando los aviones van envejeciendo no es que sean menos seguros, sino que requieren de un mayor mantenimiento y la disponibilidad para la realización de vuelos disminuye en esos casos. Eso fue una una práctica que se fue repitiendo en el tiempo. Se hicieron anuncios de incorporar aeronaves que finalmente no se incorporaron. Se vendieron muchos más asientos de los que estaban en condiciones de transportar, lo que obligó a su vez a cancelaciones, cambios de programación y demás. Y finalmente esto terminó con una serie de problemas económicos financieros que hicieron que la flota disminuya notoriamente. Finalmente terminaron con la cuenta corriente de combustibles cancelada, con deudas con proveedores.”

El arribo de Scatturice

Sin más fondos para poner, Cartesian optó por vender Flybondi y entonces el gobierno de MIlei acercó a mediados de 2025 a Scatturice. El empresario residente en Miami, donde es vecino de su amigo Daniel Hadad, había saltado a la fama en la Argentina en marzo de ese año cuando su colaboradora íntima Laura Belén Arrieta llegó en un avión privado suyo y sus diez valijas no fueron revisadas por la Aduana. El juez Pablo Yadarola, recientemente ascendido a la Cámara Federal porteña por el voto unánime del Senado, se acaba de despedir de su antiguo cargo cerrando la causa de esas maletas.

“Scatturice compró sin saber, dice que puso US$70 millones, pero lo hizo mal y a destiempo”, cuentan fuentes internas de Flybondi. “Primero puso a Arrieta a llevar la gestión de la empresa, que no sabía nada, y luego puso de CEO a su mano derecha legal, pero también lo sacó en junio. Tuvo una enorme impericia, no sabe de grandes empresas, sólo manejaba una pyme (OPC Tech) con 300 tipos que representa el hardware de otro (Cisco). El plan de achique se hizo por decisión de él y otra mano derecha, a la que le dio el sombrero de recursos humanos... lo presentó en la Secretaría de Trabajo, donde le dijeron que podía hacerlo por goteo y que cumpliera con los pagos, no querían quilombo ni que el tema subiera públicamente a la agenda de desempleo. Finalmente hizo todo mal y eso generó mucho malestar en el Gobierno, que quedó expuesto como que no lo pueden tocar.”

“Lo que más llama la atención y preocupa es la total y absoluta inacción de la autoridad de aplicación, la Subsecretaría de Transporte Aéreo, la ANAC, ante el incumplimiento reiterado de los servicios, las demoras, los traslados interrumpido de los pasajeros, la falta de remuneración al personal”, opina Dozo. “Ni siquiera los fiscales han intervenido de oficio ante este cuadro de situación que en definitiva termina poniendo en riesgo la seguridad operacional. Lamentablemente esto termina muy mal. Paralelamente, vemos que esto no es lo que ha sucedido con la otra empresa de low cost que se presentó conjuntamente, JetSmart, y que ha venido desarrollando sus servicios con notoria eficacia y tiene la flota más moderna del país.”

Por ahora quedan solas en el mercado de cabotaje la estatal Aerolíneas Argentinas, que ha dejado de dar pérdidas, y JetSmart, de origen chileno. Hay dos empresas que están haciendo los trámites para comenzar a volar. Una es Joy, de Juan Maggio, exdueño de Southern Winds, que desapareció en 2005 tras la aparición de narcovalijas un año antes. La otra, Domus, de otro empresario argentino radicado en Miami, Damián Toscano, que en el gobierno de Macri había inscripto Alas del Sur pero nunca llegó a levantar vuelo.

Mientras, el drama de los empleados y extrabajadores de Flybondi continúa, incluso peor que el de los pasajeros que compraron vuelos y no pudieron viajar. “Es un abandono de persona, sabiendo que uno tenía una enfermedad, que trabajó cuatro años en la empresa, y nunca faltó”, se desconsuela Dobarro. Ahora busca trabajo y no encuentra. “Estoy con el temor de no poder conseguir, de que si consigo laburo, no me puedan tomar porque me tienen que hacer un preocupacional y no sé cómo va a salir la radiografía porque no seguí el tratamiento para ver si me habían quedado bien los pulmones.”

“Conmigo y con todos los trabajadores del país, el desamparo es total”, lamenta Altamiranda. “Los cabecillas que tenía esta empresa se reparten lo poco que quedó. Las personas que deberían ofrecer una cobertura a sus trabajadores, las del sindicato, todo negativo. Un ex delegado, al que veíamos todo el tiempo, apareció en una grabación en redes nombrando a seis personas que había que dejar en la calle”, se enoja quien cuenta que haber lidiado con la clientela de Flybondi le ayuda en su CV, pero trabajo “se consigue muy de a poquito por acá”. Ha conseguido algunas changas en informática y en un call center, pero nada formal. También ofrece sus conocimientos adicionales en electricidad, cableado, sonido y música.

AR/MG

No todo es tan lineal como la mentalidad polarizada intenta simplificar, ni en la Argentina actual ni en el resto del mundo. En el foro internacional antiwoke y libertario titulado Vientos de Libertad que este martes y miércoles se celebró en el hotel Sheraton de Retiro, y que cerró Javier Milei, los principales auspiciantes fueron un inversor de Sillicon Valley, Travis May; Chris Rufer, el dueño de un gigante procesador de tomates en California, The Morning Star; la Fundación Reynolds, que depende de un fondo de inversión norteamericano; Gerry Ohrstrom, un inversor de Nueva York con negocios en microscopía; y el colectivo internacional Gays for Capitalism and Freedom (GCF, por el capitalismo y la libertad). En el evento estaba anunciada la presencia de Peter Thiel, pero desapareció del cartel después de que un grupo de manifestantes vestidos de Gandalf protestaran hace dos semanas frente a la mansión de Barrio Parque que el dueño de la empresa de datos Palantir y su esposo adquirieron para instalarse, al menos un tiempo, con sus tres hijos.

En el foro no aclararon si Thiel está detrás de GCF pero adjudicaron el faltazo a sus negocios, que van desde la persecución de inmigrantes con la policía norteamericana ICE hasta el genocidio de Israel en la Franja de Gaza. Thiel no se va a amedrentar por unos disfrazados ni por los ecologistas de Basta de Falsas Soluciones que fueron el pasado sábado a su casona para protestar contra el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Igual, la iniciativa está ahora trabada: piden más cambios al Súper RIGI los senadores aliados del Gobierno como Carlos “Camau” Espínola, el medallista náutico que en política bornea tanto como el viento. Quieren que los proveedores nacionales puedan ganar las licitaciones de los centros de datos y demás inversiones aunque pidan hasta un 15% más de presupuesto. Fue un reclamo adicional después de que La Libertad Avanza aceptara que el 20% de compre local sea de bienes -no un global de manufacturas y servicios, como sí pasó con el RIGI, para perjuicio de la industria criolla- y que además concediera que los grandes proyectos se aseguren abastecimiento propio de energía, de modo tal de no afectar al resto de la sociedad. La preocupación por el suministro de agua, te la debo.

El foro organizado por la Fundación Libertad y Progreso, el Instituto Archbridge y el portal Reason también recibió el financiamiento de otros filántropos del libre mercado internacional: Linda y Bryant Edwards, Henry y Jean Haller, Dave Lindbergh y Suzana Marusic, Norine Rink, Mark y Johari Wels, Harry y Vondell White, Debbi Gibbs, Nancey Trevanian Tsai, Greg Hamer y Kerry Walsh. Además, lo patrocinaron empresas: el guatemalteco BI Bank; IRSA, la desarrolladora inmobiliaria de Eduardo Elsztain; Roberts Investment Group (RIG), de los antiguos dueños del Banco Roberts, vendido en los 90 al HSBC, que a su vez le vendió su negocio argentino al Galicia al comienzo del gobierno de Milei; el agrícola Ceibos Group, de Ciro Echesortu; la fabricante de cocinas, calefactores, termotanques y calefones Longvie, de la familia Zinzer; Hilton Global Investigations, consultora estadounidense; iFlow Integrated Logistics, de capital argentino; la chilena Energyasset; Colonia Express, la empresas de los Dupetit que une la capital argentina con Colonia del Sacramento; la proveedores de paneles solares Sustentator, de Daniel Nofal; OneClick, distribuidor local de Apple; el grupo IHSA Emergencias y el Instituto Argentino del Diagnóstico y el Tratamiento. Otro Benegas Lynch, el bodeguero Federico, y Luis Jáuregui aportaron a título personal. Todo sea por defender sus ideas sobre inversiones, impuestos o educación.

A diferencia del festejo del Día de la Industria, al que no asistió ningún ministro de Milei, a los Vientos de Cambio fueron el de Desregulación, Federico Sturzenegger, que se vanaglorió de miles de reformas; el de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que abogó por más apertura comercial y defendió que se siga intercambiando con China, por más alineamiento que haya con EE.UU.; y el de Economía, Luis Caputo, que admitió lo que el presidente negó hace dos semanas, que la economía marche a dos velocidades. Es lo que le sucede a otros expositores del foro como Martín Brandi, presidente del grupo PCR, que crece con el petróleo y las energía renovables pero sufre por su industria cementera.

“Me agarra una ulcera cuando escucho a Milei, Toto y Sturze”, confesaba un empresario libertario que asistió al encuentro. “Las reformas que hizo Sturze no son importantes, la única importante es el equilibrio fiscal que lograron Milei y Toto, pero tampoco es creíble su sostenibilidad en el tiempo. Se evaporará si vuelve el populismo. Hoy estamos resignados a Milei porque enfrente está (Axel) Kicillof, porque no hay alternativa. Pero eso que dijo Milei en el foro de que crecimos 10% en los primeros dos años de su gobierno y que vamos a crecer 17% en los cuatro años es Wonderland. De 2023 a hoy creciste sólo 4%, muy poco. Y creciste eso sólo por minería, Vaca Muerta y porque en 2023 tuviste la seca del campo, pero el resto te da para abajo. Argentina debería crecer mucho más de lo que crece, pero está estancada y va a seguir así cuatro años más. El riesgo político está en lo económico, en que haya una corrida cambiaria. Falta mucha inversión: el RIGI es una cargada, y es lo menos liberal que puede haber porque el Estado eligió cuáles son los sectores ganadores”, lapida el mismo hombre de negocios desilusionado en el Sheraton.

Me agarra una ulcera cuando escucho a Milei, Toto y Sturze

El negocio con los morosos

Pero no sólo los sectores extractivos hacen buenos negocios. También los cobradores de morosos. Ante los préstamos impagos, problema tanto para las entidades financieras como para los endeudados, las primeras terminan vendiéndoles las carteras a empresas e individuos especializados en perseguir a los segundos hasta hacerlos abonar. En el balance de Naranja X, una de las firmas con más individuos morosos, un millón --sólo superada por los 1,1 millones de Mercado Libre-, figuran los nombres a los que le cedió parte de su cartera de créditos en situación irregular.

Comafi Fiduciario Financiero y la sociedad de bolsa Cohen son los más conocidos, aunque esta última no figura a título personal sino en su calidad de fiduciario del fideicomiso privado HR&C Recupero. Recupero de Activos también es grande en este nicho. También aparecen Bia, Creditia, Exi, Sociedad de Crédito, Axxia Lending, HR&C Recupero, TFIN, Latin American Trust, Rosario Administradora Sociedad Financiera, Compañía Fiduciaria Americana (CFA) y cobradores a título personal como Santiago Reyna Álvarez, Alfredo Pueyrredón, Raúl Vera Ocampo, Guillermo Clark, Alejandro Waldovino, María de los Ángeles Real, Lorena Mayor y Ezequiel Castro Nalu.

El diputado peronista Rodolfo Tailhade comentó en la red social X que una de estas cobradoras, Exi, tiene como dueño a Rubén Ward, el mismo que posee la empresa ATX, que en diciembre pasado había ganado una licitación del entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para contratar un servicio de envío de 36 millones de mensajes SMS, 600 millones de correos electrónicos y 12 millones de llamada de voz en 2026. “¿Recuerdan este curro de Adorni para el envío masivo de mensajes ($3.650 millones para mandar no sabemos qué mensajes a no sabemos qué base de contactos)? Bueno, parece que la empresa que ganó la licitación está usando la base de datos que le dio el Estado para apretar a las familias endeudadas. Ya les conté que el dueño de ATX es también dueño de Exi Group, una financiera de esas que compran deudas para extorsionar. En enero ATX empezó a mandar los 650 millones de mails, SMS y llamadas de voz contratados por Adorni… y en febrero Exi Group compró $3.145 millones en deudas nominales de Naranja X (pagaron $134 millones). O sea, los mismos que te mandan mensajitos para contarte lo maravilloso que es el gobierno de Milei te mandan mensajitos para amenazarte por las deudas que no podés pagar por lo horrible que es el gobierno de Milei. Todo con la base de datos de vaya uno a saber qué organismo estatal”, denunció Tailhade.

Pero no sólo las personas están asfixiadas por deudas. También las empresas. Así lo expuso este miércoles el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, que por fin se decidió adoptar un discurso más duro con un gobierno que descalifica a su sector. “La combinación de tasas extraordinariamente altas y caída de actividad dejó a muchas pymes con deudas fiscales y financieras difíciles de regularizar”, advirtió Rappallini. También reclamó “un puente que permita llegar desde la economía distorsionada que estamos dejando atrás hasta la economía competitiva que queremos construir, preservando empresas, empleo y capacidades productivas durante la transición”. En la campaña presidencial de 2023, Milei decía que iba a haber un “industricidio” si él abría la economía sin antes bajarle los impuestos a las fábricas. Pero finalmente dejó a las plantas expuestas a la competencia china, a contramano del resto del mundo, pero prácticamente no les cambió la presión tributaria.

Más fuerte que Rappallini estuvo uno de los vicepresidentes de la UIA, Guillermo Moretti, pero no al acto del Día de la Industria en Laboratorios Elea, de Hugo Sigman, porque está recuperándose de una neumonía. “Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, apuntó Moretti contra Caputo. “No conocen el país y no conocen lo que es la industria”, agregó después de que el ministro de Economía apuntara hace un mes de los “tarados que hablan de la industria”. El jefe del Palacio de Hacienda sólo envió al evento al secretario de Producción, Pablo Lavigne, y a la subsecretaria de Industria, Daniela Ramos, que ni se quedaron a almorzar y que fueron definidos como “la nada misma” por uno de los integrantes del comité ejecutivo de la UIA. “Rappallini levantó un poco el tono de las críticas, pero no hay escucha activa del otro lado”, continuó el industrial mordaz. Son funcionarios a los que les debe resultar inevitable enterarse de los cierres de fábricas y despidos que suceden a diario. En el relevamiento de noticias del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sólo en agosto se sumaron ajustes de personal de Granja Tres Arroyos, Mirgor, Peabody, Unilever y Will Der, la textil Santiago “Tati” Phelan, ex jugador de los Pumas.

Piensen la próxima vez que voten

Santiago "Tati" Phelan, ex-Puma y empresario textil.

“Piensen la próxima vez que voten”, les pidió Phelan a los 120 obreros cuando cerró la fábrica. Muchos operarios industriales prefirieron en 2023 a Milei antes que a un peronismo que les aumentaba el sueldo pero un mes después de que la inflación saltara 12% cada 30 días. Quizás hoy lo analizan distinto. Como les sucede a los jóvenes que encuesta el antropólogo y sociólogo Pablo Semán, que hace tres años percibió como nadie el aluvión libertario.

“En aquel momento una parte de los jóvenes tenía una esperanza. Luego de un período de hipereconomización de la vida cotidiana, se dio un período de hacer las cuentas y estas empezaron a ser negativas. Hasta llegar al momento actual en el que muchos de los jóvenes y las jóvenes que estaban en una dinámica de empleo por cuenta propia tienen lo que llamo una gran desazón porque ya no hay marcha atrás. E inclusive sus padres pueden apoyar mucho menos que antes. El futuro es al mismo tiempo oscuro y de muy corto plazo”, dice Semán, que completa: “Muchos de los que habían votado a Milei te empiezan a reconocer como nunca que no lo votarían o que se sienten mal con lo que él está haciendo. Yo había escuchado el año pasado distintas formas de dejar de ser mileísta, pero de no dejar de votarlo, eran como distintos grados de estar prendidos con alfileres. Esos alfileres se aflojaron muchísimo. Se pasó de evaluaciones negativas sobre el Gobierno que uno tenía que sacar con fórceps a distancias explícitas en las que los pibes toman la iniciativa de comunicarlas”.

El que había prometido asistir a la ¿celebración? de la UIA pero faltó fue el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Tampoco los industriales lo tenía como un hombre de palabra. Mientras, refuerzan contactos con Kicillof, que armó su propio acto por el día fabril, y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, que anduvo la semana pasada por Rosario. Igual, el gobernador bonaerense sólo ilusiona a ciertos empresarios pyme. Los grandes le desconfían, como quedó expuesto con el debut de Alejandro Gentile, director senior de relaciones institucionales del grupo Techint, como presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), la semana pasada, con un reclamo centrado contra Ingresos Brutos.

El presidenciable exministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner no sólo despierta desconfianza en ella, que prefiere soñar desde la prisión domiciliaria con su propia candidatura o con la de políticos ideológicamente en teoría menos afines como Sergio Massa, Gerardo Zamora o Sergio Uñac -estos últimos dos desconocidos para el gran público nacional-. También el establishment recela. ¿Buscará despejar las dudas de ese empresariado pero también de la clase media con un candidato a vicepresidente de centro, como hizo Lula en Brasil? ¿Un Horacio Rodríguez Larreta? Pero el exjefe de gobierno porteño y ahora legislador sueña con volver a aquel cargo. Claro que para eso deberá abrirse camino entre Jorge Macri, algún libertario que eventualmente rivalice, el peronismo que nunca gana pero tiene más votos que él y María Migliore, aquella que fue su ministra estrella encargada de la urbanización de barrios populares pero que se le ha abierto y quiere competirle con un nuevo partido que está juntando firmas para su inscripción, Renegeración.

AR

No es habitual que sindicalistas y sus trabajadores representados se junten con los patrones para unir fuerzas. Pasó en la crisis de 2001. También en el final del gobierno de Mauricio Macri. Este viernes volvieron a hacerlo en el camping del Sindicato de Mecánicos (Smata) en Cañuelas. Hasta allí se trasladaron, a hora y cuarto de viaje en auto, Daniel Herrero, el presidente de Prestige Auto, la fabricante de utilitarios Mercedes-Benz; el nuevo jefe de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba), Alejandro Gentile; el tesorero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Silvio Zurzolo; el número uno de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, entre otros. Los convocó la Confederación de Sindicatos Industriales (Csira), que encabeza el mandamás de Smata, Ricardo Pignanelli. Es que la crisis industrial lo ameritaba.

El sector manufacturero cayó 8,8% en lo que va del gobierno de Javier Milei, según un informe de la consultora Audemus, de Matías Kulfas. Se destruyeron 83.000 empleos. El salario alcanza para cada vez menos. Ahora el secretario de Trabajo, Julio Cordero, quiere promocionar que impulsará en las renegociaciones de convenios colectivos de trabajo un salario básico bruto de $1millón, pero eso no implicará aumento alguno si se tienen en cuenta que muy pocos sectores pagan tan poco. El economista Federico Pastrana, de la consultora CP, contabilizó que en una treintena de gremios sólo uno, maestranza, ganaba menos, unos $990.000, en abril pasado...

Pignanelli, Herrero, uno de los cosecretarios generales de la CGT, Cristian Gerónimo, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, y la diputada e integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Julia Strada cerraron el encuentro. A lo largo de toda la jornada buscaron juntos reaccionar ante la crisis sectorial. ¿Cómo? Elaborando un plan para sacarla adelante.

Herrero ha descartado las propuestas para que sea candidato presidencial que soñó uno de los operadores del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, que buscaba un outsider para desplazar al outsider que llegó a presidente, Javier Milei. Sin embargo, está por la labor de defender las fábricas. Habla de “ceder para crecer”. A Pignanelli no le gusta la palabra “ceder”, prefiere “consensuar”. Herrero sueña con que el Gobierno los escuche, pese a que Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, suelen menospreciar públicamente al sector. Pignanelli no tiene la misma confianza, pero el plan estará para quien quiera escucharlo.

Pocos empresarios se animan a hablar públicamente del tipo de cambio, del peso sobrevaluado, como factor que encarece la producción argentina de bienes y servicios. Prefieren hablar de impuestos, y es así que Gentile, empleado del grupo Techint, debutó en su cargo esta semana criticando el impuesto a los ingresos brutos del gobierno de Axel Kicillof. Explican que en Brasil un gravamen similar recae sobre el comercio, no sobre las fábricas. Pero también proponen poner freno a la apertura comercial de Milei, sobre todo, en relación a China, como está haciendo la mayoría de los países para defenderse de un gigante asiático que subsidia a sus plantas y donde tampoco se rigen por las normas laborales y ambientales que se aplican no sólo en el mundo desarrollado sino también por Latinoamérica.

Pero el futuro de los trabajadores industriales también está en riesgo en todo el planeta por la robótica y la inteligencia artificial, y por eso la Csira armó un panel del encuentro para abordar este asunto en específico. Hablaron empresarios y el rector de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, ante un auditorio lleno de obreros. Allí, Zurzolo pidió un “plan productivo con inclusión social”, sobre todo de jóvenes, para formarlos en IA. “Sin Estado presente es muy difícil hacerlo”, agregó, usando término irritantes para el ideario libertario. Andrés Cisaruk, dueño de la rosarina AC Ingeniería, habló del panorama económico en general: “Las cosas están mal, muy mal, es crítica la situación. La IA no es nuestra prioridad, sino ver con qué banco pagamos las deudas. Para tener IA, primero vemos si vamos a producir de acá a tres meses'.

Gastón Menvielle, presidente del Polo IT La Plata, recordó que los programadores fueron los creadores de su propio verdugo, la IA. También aquel mito pasado de “estudiá informática y te vas a llenar de guita. ”Hoy se paró. Se paró porque estamos caros en dólares y el comercio interno está devastado, ¿a quién le voy a vender software?“, se preguntó mientras advirtió por las divisas que se van en servicios como Netflix y Spotify. Habló de que ”nadie se salva solo“, de ”comunidad organizada“, de ”planificar el país“, todo muy en sintonía peronista. Alertó de un ”modelo feudal, con acceso a la tecnología al que puede pagar y al resto, asignación universal“. ”Tenemos pesca, tierras, energia, territorio, materias primas, pero la universidad pública es un gran valor y necesitamos que vuelva un modelo de país con la gente adentro“, siguió con términos duros.

“Cuando no se llega a fin de mes, se trata de vender, mantener la gente en las empresas, es difícil pensar en cualquier tipo de innovación”, reconoció Gentile. “Es dificil adaptarse a la velocidad requerida. Desde mayo de 2023 se perdieron en la provincia de Buenos Aires 1.300 establecimientos. Obviamente tienen más oportunidades de implementar IA a los que mejor les va.”

“Lo primero es que celebro este encuentro: hablar de industria y futuro en la Argentina que estamos viviendo tiene que ser algo que se debería multiplicar”, arrancó Galfione. “Hay que armar estos espacios con trabajo, empresarios, ciencia, educación. Cuánto mejor sería Argentina si estos espacios fueran espacios cotidianos. La industria es la que mejores salarios paga, la que trae desarrollo al pueblo, genera educación, innovación, tecnología, desarrolla naciones, estamos del lado del bien, tenemos que convencernos, no nos dejemos engañar. No estamos hablando de un papelito financiero. La IA es desafio pero también oportunidad. Lo que nos falta es infraestructura, wifi, ahi es donde está el rol del Estado, en países donde funciona es política de estado. Nuestras industrias se han aggiornado pero debemos estar preparados en infraestructura y con política publicas. ¿Qué país queremos? Estamos en democracia, depende de nosotros”, planteó Galfione en un discurso de tono opositor.

En otro panel se abordó el desafío de la educación técnica, en la que hablaron representantes del sector educativo, del sindical, estudiantes y empresarios como Alejandro Schwartz, de Visuar Samsung, y José Tamborenea, de la Cámara de Industrias Electrónicas (Cadieel). Al mismo tiempo se discutía de calidad de vida en una mesa Julia Eliosoff, economista de la Fundación Friedrich Ebert; Mariano Vilar, secretario general del Sindicato de Conductores Navales; Vanesa Siley, su par de los empleados judiciales porteños y diputada peronista; Héctor Ponce, al frente del sindicato lechero Atilra; su par de Aefip, los empleados de la agencia recaudatoria; la empresaria pyme Jimena Martin, de la metalúrgica Baires Group; y Débora Giorgi, secretaria de Producción de La Matanza. En un último panel se trató el problema comunicativo de la industria bajo la pregunta “¿sólo dulce de leche y biromes?”, en alusión a los dos sectores que Milei considera viables para las fábricas argentinas.

AR/MG

Pese a que Mercado Libre, con su billetera virtual Mercado Pago, sólo concentra el 3,4% de los préstamos a individuos en mora, y ocupa el octavo puesto de las entidades con más créditos irregulares en este segmento, está en el centro de la discusión pública. No aparecen en primera línea de fuego los líderes en la materia, los bancos Galicia y Nación y Naranja X. La empresa de Marcos Galperin tampoco figura entre las que enfrentan mayor índice de morosidad en sus carteras: 17,8%, menos que el 30,1% promedio de las billeteras virtuales, aunque más que el 12,8% de los bancos.

Sin embargo, Galperin se ha ubicado en el centro de la discusión sobre si es grave o no tener la mayor irregularidad en dos décadas, la más alta de Latinoamérica, y si deben resolverlo el sector privado, entre prestamistas y deudores, sin intervención del Gobierno, como asegura Javier Milei. Quizás sea por sus opiniones políticas en la red X no sólo cercanas al presidente libertario sino de neto tinte racista. Pero tal vez sea porque, aunque no sume mucho dinero en mora, sí es la segunda entidad con más clientes individuales morosos: 1,1 millones, según datos del Banco Central procesados por el sociólogo, analista de datos y economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) Francisco Martinelli Massa.

Sólo Naranja X supera a Mercado Pago. Entre su tarjeta y su compañía digital, que tiene licencia de banco, totalizan 1,7 millones de deudores. El tercer puesto es para el Banco Galicia, con 513.000. Tanto este banco como Naranja X pertenecen al mismo Grupo Financiero Galicia, de los individuales, Braun y Ayerza. Entre las tres entidades del podio de más personas morosas totalizan 3,3 millones, el 56% de los 5,9 millones de deudores en situación irregular en la Argentina.

Por cierto, son muchos más que los 1,5 millones de televisores que se vendieron en los primeros siete meses de 2026, según la auditora GfK. No pareciera que la mayoría de los morosos se hayan endeudado para comprar el aparato para ver el Mundial, como dice Milei, ni que dejaron de abonar la cuota porque se enojaron ante la derrota argentina en la final, como sostiene su diputado Bertie Benegas Lynch. En una cadena como Frávega, el televisor más barato cuesta $279.000 y el más caro, $2,8 millones.

El top ten es completado por los siguientes bancos y billeteras virtuales o fintech (financial technology): BBVA, 448.000; Nación, 375.000: Recupero de Activos Fideicomiso Financiero, 297.000 -se trata de una entidad especializada en comprarles a otras sus carteras de morosos para ejecutarlas, así como también lo hacen varios estudios jurídicos expertos en este negocio-; Provincia de Buenos Aires, incluida su Cuenta DNI, 281.000; Macro, 240.000; Santander, 222.000 y la financiera Credil, 186.000.

Pero los montos que se les debe a cada uno son bien distintos en promedio. En el caso de Mercado Libre, cada moroso le debe de media $457.000. Los clientes en estado irregular de Tarjeta Naranja deben $1,2 millones y los de su compañía digital, $325.000. Los del Galicia, $3,3 millones; BBVA, $1,8 millones; los del Nación, que preside Darío Wasserman, $4 millones; Recupero de Activos, $560.000; Provincia, $3,9 millones; Macro, $2,3 millones; Santander, $6,3 millones y Credil, $631.000.

Entre las entidades con morosos que más deben en promedio aparecen también la cadena de supermercados Cencosud (Jumbo, Vea, Disco, Easy), con $1,3 millones; la financiera Crédito Argentino, $1,5 millones; la cadena de electrodomésticos Megatone, $1,4 millones; Credicuotas, $1,3 millones; ICBC, $3,8 millones; Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), $3,8 millones y el Patagonia, $2,1 millones.

Para más datos sobre cuáles son las entidades que más créditos morosos a individuos acumulan, las que presentan mayor porcentaje de estos préstamos impagos y qué costo financiero total máximo llegan a cobrar, se puede dar click en esta otra nota de elDiarioAR.

AR/MG

Entre los interesados en que avance la causa judicial por una de los mayores contaminaciones de la explotación de Vaca Muerta crece la preocupación por las versiones que corren ese ámbito de que en las próximas horas el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén, expuesto a diversas presiones del poder político y económico, le otorgue la probation a los responsables del caso y les evite ir a juicio oral.

La Sala Penal del TSJ neuquino a cargo de la causa está integrada por Alfredo Elosu Larumbe y Soledad Gennari.

La causa fue iniciada a partir de una denuncia presentada en 2020 por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAAA). Investiga la acumulación ilegal sin tratamiento de más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos provenientes de la explotación petrolera y gasífera de fracking en instalaciones de la empresa Comarsa, ubicadas en el Parque Industrial Neuquén Oeste. Los acusados son su dueño, Juan Manuel Luis, y dos ex directivos, Héctor Basilotta y Federico Ponce. Aquellos residuos fueron derivados de los pozos no convencionales explotados con fractura hidráulica –los convencionales no generan tantos desperdicios– por las petroleras que explotaban en aquel tiempo Vaca Muerta: YPF, Pan American Energy (PAE), Shell, ExxonMobil, Tecpetrol, Pampa Energía, Vista Energía y Pluspetrol. Pero la responsable ante los tribunales es Comarsa.

La causa tiene dos vertientes: una en la que se analiza la contaminación y otra que abrieron las defensas de los acusados para evitar el juicio con una probation. En marzo pasado, un juez de garantías, Lucas Yancarelli, hizo lugar al pedido de los empresarios. Según su resolución, dos de los imputados sólo deberían sanear en el término de un año los residuos petroleros sin tratar y un plazo de tres años remediar el subsuelo, que, según los informes de la fiscalía, se encuentran también contaminados. Además deberían hacer una donación a un hospital público, abstenerse del consumo de estupefacientes, no abusar del consumo de alcohol ni cometer nuevos delitos. El otro acusado sólo debía donar $10 millones a la Dirección de Medio Ambiente de la provincia.

El fiscal de Delitos Ambientales neuquino Maximiliano Breide Obeid, la AAAA y la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, con el acompañamiento del Instituto Comparado en Ciencias Penales y Sociales y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), apelaron. En abril, un tribunal de impugnación revocó por mayoría la resolución de Yancarelli con el argumento de que la probation dejaría sobreseídos a Luis, Basilotta y Ponce, de que el fiscal, que lleva adelante la acción penal, se había opuesto y por tratarse de un “posible daño ambiental que puede afectar a la población actual de Neuquén y a las generaciones futuras”.

La semana pasada se hizo una audiencia de ampliación de argumentos ante el TSJ, que tiene plazo hasta el 5 de noviembre próximo para resolver, según una vocera del tribunal. “Aún no hay fallo”, agregó. Ese “aún” genera dudas entre los que temen que pronto Elosu Larumbe y Gennari ratifiquen la sentencia e Yancarelli, den la probation a los empresarios y los libren del juicio.

Los denunciantes temen que el “lobby petrolero” derive en un fallo “a favor de los poderosos y contra los derechos humanos y ambientales” que consagre la “impunidad”. Si hay probation, no habría juicio en el que se expongan ante la sociedad las pruebas acumuladas durante seis años de investigación judicial, ni condena ni pena. El pasado día 18, el juez que investiga la contaminación de Comarsa, Juan Manuel Kees, rechazó el sobreseimiento de los acusados y ordenó que el caso se eleve a juicio oral. Ahora todo queda supeditado al pedido de probation que analiza el máximo tribunal neuquino y que eventualmente podrá apelarse a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Hasta el obispo de Neuquén, Fernando Croxatto, se metió en la disputa con un comunicado este jueves titulado: “Por una justicia de cara a la comunidad, por un mensaje claro por el cuidado de la casa común”, tomando estas dos palabras últimas del léxico del anterior papa Francisco. “Hoy la Justicia neuquina se encuentra ante una encrucijada ética decisiva: permitir que los hechos investigados sean debatidos de cara a la sociedad en un juicio oral y público, donde se determinen las responsabilidades penales de los delitos corporativos que se han investigado durante años y se garantice el derecho de la ciudadanía a saber la verdad, o bien, tomar el atajo que implica habilitar vías alternativas como la probation, que diluyen las responsabilidades individuales y empresariales, cerrando el debate público y dejando una profunda herida de desamparo en las comunidades afectadas”. No es la primera vez que la Iglesia neuquina alza la voz contra la contaminación del fracking, así como en la última dictadura fue de las pocas jerarquías eclesiásticas que se opuso al terrorismo de Estado, con el obispo Jaime de Nevares a la cabeza.

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Argentina se encamina a entrar este año en el top 20 de exportación de petróleo, por encima de Colombia, y a partir de 2027 con el futuro oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en funcionamiento quizás supere a finales de la década a México (puesto 16) y Venezuela (17). En 2026 aspira a convertirse en el segundo exportador de litio, sólo por detrás de Australia, pero por arriba de Chile y China. Por ahora sólo una pequeña mina produce cobre, en Jujuy, pero sueña con entrar al top 10 exportador del mineral en 2035. Son todos resultados de políticas de gobiernos anteriores, pero también del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), con sus rebajas extraordinarias de impuestos y aranceles a la importación, con su cesión inédita de soberanía en los eventuales litigios, y gracias a la relajación de la ley que antes protegía a los glaciares.

Con ese salto en los hidrocarburos y la minería se va configurando una nueva burguesía empresaria, en parte nacional y en parte extranjera. Para identificar los rostros de esos ganadores, se pueden identificar, por un lado, las principales fusiones y adquisiciones (M&A, como se las llama en inglés) en dos años de gobierno de Javier Milei. Por otro, los ganadores de las privatizaciones que por ahora se han concretado. Y, finalmente, las mayores inversiones previstas en el RIGI.

El director de fusiones y adquisiciones de la consultora norteamericana KPMG en Argentina, Ramiro Isaac, elaboró un informe para elDiarioAR sobre las principales compras entre 2024 y 2026. “2024 marcó un punto de inflexión para el mercado argentino de M&A. En un contexto de políticas pro mercado, la actividad registró un crecimiento del 39% respecto de 2023, alcanzando el nivel más alto desde 2019. Se observó una mayor participación de compradores locales respecto de años anteriores, una dinámica habitual en etapas de transición donde dichos actores suelen mostrar una mejor capacidad para interpretar y anticipar los ciclos económicos locales”, comenta Isaac. Ese año se concretaron las siguientes operaciones:

“Durante 2025, el contexto local continuó condicionado por la incertidumbre originada por el proceso electoral de medio término. Sin embargo, grandes transacciones llevaron a un incremento interanual del 63% en el valor agregado de las operaciones anunciadas”, recuerda el ejecutivo de KPMG. En 2025 se materializaron las siguientes compras:

“Durante el primer semestre de 2026, la actividad se ubicó por debajo de los niveles alcanzados durante el mismo periodo de 2025”, admite Isaac. Estas fueron las operaciones registradas:

En la segunda mitad del año, la estatal YPF ya concretó la venta de Metrogas a Edenor, la eléctrica de Manzano, Vila y Mauricio Filiberti, por US$780 millones. No se descarta que juntos se presenten en la privatización de AySA, de modo de controlar así la mitad de la distribución de luz y el total del gas y el agua en la capital y sus alrededores. El Gobierno aspira a recaudar US$500 millones por la empresa de agua potable y cloacas de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Nuevas inversiones se sumaron esta semana a Vaca Muerta. El norteamericano Thiel Macro, el fondo del nuevo vecino palermitano Peter Thiel, compró el 1% de Vista en la bolsa por US$76 millones. Harold Hamm, uno de los pioneros del fracking estadounidense, compró con su empresa Continental Resources el 50% de Phoenix Global Resources, de Manzano.

Otras privatizaciones resonantes han sido las cuatro centrales hidroeléctricas de la región patagónica del Comahue: Central Puerto, de Guillermo Reca, los Miguens Bemberg y Eduardo Escasany, retuvo Piedra del Águila por US$245 millones, Manuel Santos Uribelarrea se quedó con El Chocón por US$235 millones y Edison, con Alicurá y Cerros Colorados, por US$226 millones. La hidrovía del río Paraná fue concesionada al anterior gestor, la belga Jan de Nul, pero ahora en sociedad con Servimagnus, de la familia Román, mientras que los ferrocarriles de carga Belgrano, San Martín y Urquiza serán disputados por el Grupo México contra un consorcio de cerealeras (Aceitera General Deheza, AGD, de Roberto Urquía; las norteamericanas Bunge y Cargill, la neerlandesa LDC y la cooperativa ACA.

El Observatorio RIGI, que integran diversas organizaciones no gubernamentales, señala que el 43% de las inversiones comprometidas son en petróleo, el 24% en cobre, el 17% en gas y el 10% en litio. En cuanto a la minería, los mayores compromisos de inversión corresponden a:

En cuanto a hidrocarburos, YPF promete US$28.777 millones; la norteamericana Chevron, US$14.214 millones; Pluspetrol, US$12.654 millones y Pampa, de Mindlin, US$10.379 millones. Pese a tantos anuncios, la inversión cae 7% en lo que va del año, según mide la consultora de Orlando Ferreres. “Normalmente sería del 21% del PBI, o sea un poco más de US$ 100.000 millones, pero ahora está alrededor de 14% del PBI, es decir, US$ 75.000 millones”, explica Ferreres. “Todos los RIGI dan un flujo de US$ 5.500 millones por año. Es decir es muy poco lo que se obtiene con los diferentes RIGI en relación a la inversión bruta total. Es un buen mecanismo, pero el que tiene capital le cuesta invertirlo ahora, cuando falta algo más de un año para las elecciones”, reflexiona Ferreres.

Más allá de las promesas de inversión, el Observatorio del RIGI, que nuclea a organizaciones como FARN, CELS y ETFE, entre otras, lanza las siguientes advertencias sobre el régimen:

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