El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dice que los jovenes están volviendo al país, pero cada vez más argentinos se van y más jovenes dejan de estudiar para buscar trabajo precario y un quinto de ellos no lo encuentran. Hace un mes, Sturzenegger viajó a Austria y contó que antes de que llegara Javier Milei a la Casa Rosada temía que sus hijos emigraran. Incluso confesó que estaba decidido a pedirles que se marcharan al exterior si ganaba el peronismo. Pero después comentó entre lagrimas: “Los jóvenes están volviendo al país”. “Perdón que me emocione”, se disculpó. El problema es que se emocione con lo que sería una fake news.

La Argentina no elabora estadísticas sobre emigración. Ni en este gobierno ni en los anteriores. Por eso, los investigadores que se dedican a estudiar el fenómeno migratorio como Camila Jiménez Zunino, socióloga de la Universidad de Córdoba e investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet), toma como referencia las estadísticas oficiales de España, principal destino de emigración de los argentinos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España cada vez más argentinos viven en España: a fines de 2025 sumaban 476.000 nacidos en Argentina, incluidos los que tienen pasaporte europeo.

En los primeros dos años de gobierno de Milei aumentó la cantidad de argentinos en España a razón de 30.000 por año. Se trata de un promedio apenas inferior a los 31.000 que se radicaban cada año en la gestión de Alberto Fernández, cuando se disparó la emigración. En la administración de Macri se iban a razón de 10.000 por año y en los 12 años del kirchnerismo, 4.000. El peor momento fue la crisis de 2001: 58.000 por año. Ahora estamos en la mitad, pero no hay datos para festejar de emoción.

La Argentina es el quinto origen del flujo actual de inmigrantes en España, detrás de Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú, según datos de 2025. No son datos de jóvenes argentinos emigrantes en  España sino sobre el total de compatriotas de todas las edades en ese país. Pero confirman que el fenómeno de la emigración, que se disparó en el gobierno de los Fernández, continúa. Y ocurre en un contexto difícil para los jóvenes en Argentina, esos mismos que estaban cansados del peronismo en el que se criaron y que encontraron en Milei un presidente.

De por sí en la Argentina y en la mayoría del mundo, los jóvenes sufren más desempleo y más trabajo precario que los demás adultos, pero este problema se agravó en lo que va del gobierno de Milei, según el director del programa Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETID) de la Universidad de San Martín, Matías Maito. En la kilométrica cola de 4.000 personas que hace un mes se formó para conseguir 60 empleos en un frigorífico de Moreno, un joven de 18 años confesaba al canal C5N: “Estoy terminando el secundario online porque dejé en quinto año porque tuve que trabajar. Trabajé de mantenimiento desde los 16 años, en un local, en negro. Trabajé en limpieza también”.

“Desde la asunción del actual gobierno crece mucho la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo, es decir, jóvenes que en general interrumpen sus estudios o relegan o destinan una menor cantidad de tiempo en sus estudios para incorporarse al mercado laboral a buscar un trabajo”, advierte Maito. Siempre la tasa de actividad, es decir, la de quienes trabajan o buscan hacerlo, es más baja entre los jóvenes de 18 a 24 años que en el promedio de todas las edades porque están terminando la secundaria o estudiando en un terciario o una universidad. Pero entre el último trimestre de 2023, final del anterior gobierno, y el mismo periodo de 2025, esta tasa subió del 52,8% al 53,7%.

Trabajo precario para los jóvenes

“Muchos de esos jóvenes consiguen trabajo, pero en general se da en condiciones precarias, como subocupados –es decir, trabajan menos horas que las deseadas–, en la informalidad y es un trabajo que en general sirve como una fuente adicional de ingresos para los hogares”, cuenta Maito. “¿Por qué se da esta necesidad de que los jóvenes se incorporen tempranamente al mercado de trabajo? Justamente porque en un contexto en donde los ingresos no logran acompañar el ritmo de la inflación, más personas en un mismo hogar tienen que trabajar y generar ingresos para que ese hogar logre de alguna forma llegar a fin de mes”, prosigue el investigador del Cetyd. Todo sea para ayudar a la familia, que ya no les puede bancar el estudio. Mirado desde lo macroeconómico, esta desinversión en capital humano, al igual que el ajuste presupuestario de la universidad, impacta en el futuro desarrollo del país.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos marcan que en el primer trimestre de 2026, la desocupación entre quienes tienen hasta 29 años rondó el 15%. Es prácticamente el doble de la tasa general, del 7,8%. “Entre la población más joven, de 18 a 24 años, el problema es todavía más grave, porque la desocupación alcanza al 20%”, señala Ana Rameri, economista del Instituto de Pensamiento y Políticas Publicas (Ippyp). “Es decir, uno de cada cinco jóvenes que busca trabajo no lo consigue.”

“Pero el problema no termina ahí, porque cuando logran insertarse lo hacen de lleno en las formas más precarias del mercado laboral”, coincide Rameri con Maito. “Casi ocho de cada diez jóvenes atraviesan una inserción vulnerable, ya sea por desempleo, informalidad, precariedad contractual o insuficiencia de ingresos. De hecho, los jóvenes tienen una tasa de asalarización superior al promedio, pero con una informalidad mucho más elevada. Mientras el empleo no registrado alcanza el 37% de los asalariados, en general supera el 62% entre los jóvenes. Son trabajos inestables, de bajos ingresos y con escasa protección social, que muchas veces obligan a priorizar la supervivencia cotidiana y restringe las oportunidades de continuar estudiando o formándose.”

En los primeros dos años de gobierno libertario, el empleo privado registrado cayó 1,9% en la Argentina, pero sobre todo cayó entre quienes tienen entre 18 y 24 años, un 8%. Los jóvenes son el eslabón mas débil a la hora de despedir. Con menos antigüedad en las empresas, es más barato echarlos. En cambio, creció 6% entre los de 46 a 55 años porque el mercado ahora valora más la experiencia. Y aumenta hasta 11% entre los de más de 65 años, lo que tiene su aspecto positivo, el hecho de que no se descarta a los más añosos, pero también su flanco negativo, dado que la jubilación no alcanza y hay que seguir trabajando. En el mundo de la inteligencia artificial se reemplazan más los jovenes, que tienen tareas más rutinarias, mientras se requiere gente más madura para controlar que la IA haga bien su tarea.

Pobres y endeudados

Pero encima este desempleo y este trabajo precario juveniles derivan en una mayor morosidad de créditos con bancos, billeteras, tarjetas y casas de electrodomésticos. “Cruzamos datos de morosidad tardía con desempleo y el sector joven es el más castigado por la dificultad de acceso al mercado de trabajo y por el menor ingreso”, apunta Ricardo Delgado, socio de la consultora Analytica. Así como el 27% de los argentinos está en mora, entre los jóvenes el rojo impago llega a casi el 40%, lo que les complica no sólo el presente sino también el acceso futuro al crédito formal.

Encima crecen las sospechas de que algunos se endeudan para apostar online, esta pseudo salida laboral y pseudo entretenimiento que ha llevado a que en los consultorios de ludopatia ya no aparezcan sólo los cincuentones y sesentones sino adolescentes de 15 años hasta jóvenes de 25. Un flagelo que está agravando con este Mundial, el de más partidos de la historia, todos para apostar. En el consultorio del psiquiatra Federico Pavlovsky llegan pacientes endeudados, amenazados por sus acreedores, tanto que hay quieren irse del país.

Obviamente no es el motivo principal de emigración. Pero el flujo al exterior continua. La socióloga Jiménez Zunino comenta que 1,2 millones de argentinos viven afuera, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Cuatro de cada diez están en España. Otros están EE.UU., Italia, en países limítrofes o Israel. “Hay una emigración persistente y por goteo”, afirma la investigadora. Los datos de argentinos emigrados a España muestran que todavía para muchos compatriotas la Argentina sigue siendo poco atractiva. Para los jóvenes que deben dejar de estudiar para trabajar porque no les alcanza y consiguen malos empleos o nada, no es país para quedarse.

AR/MG

Javier Milei renunció el 9 de diciembre de 2021 a Corporación América, el grupo de Eduardo Eurnekian y sus sobrinos Hugo y Martín, para ser diputado y desde entonces debían dejar pasar tres años, según la ley de ética pública, antes de firmar cualquier decisión sobre quien fuera su empleador durante 21 años e incluso su impulsor mediático. Ese plazo finalizó el 9 de diciembre de 2024, cuando Milei ya cumplía un año al frente de la presidencia. Todavía no rubricó nada, pero su gobierno llegó a firmar en septiembre pasado un acta acuerdo para prorrogarle la concesión de Aeropuertos Argentina de 2028 a 2056, con la opción de otra extensión hasta 2066, con inclusión en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y privatización del 15% que el Estado tiene en esa empresa. Pero ahora se renegocia un nuevo acuerdo.

¿Qué sucedió en el medio? El Acta Acuerdo de Readecuación Contractual (ver abajo) fue firmada el 26 de septiembre de 2025 por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Facundo Leal.

Al mes siguiente, el 23 de octubre, en un reunión “secreta”, según consta en el acta del ORSNA (ver abajo), el directorio de este ente lo ratificó, con la firma de Leal, la entonces vicepresidenta, Noelia Ruiz, y el resto de sus integrantes. En febrero pasado, el abogado mendocino renunció al cargo porque también había dimitido como secretario de Transporte su coprovinciano que lo había llevado al cargo, Luis Pierrini.

Pero el problema fue que Leal cayó preso este 1 de junio después de que le allanaran su departamento de Palermo Chico con US$2,3 millones en dólares, euros, pesos, otras monedas sudamericanas y hasta chelines tanzanos, además de ketamina, MDMA y cocaína. Está investigado por presunta corrupción de cuando presidía la empresa estatal de satélites Arsat en el gobierno anterior. Como muchos otros, pasó de massista a libertario.

Luego de la caída de Leal tras las rejas, era difícil que al acta acuerdo por él firmada recibiera la aprobación de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para que después lo termine de rubricar el presidente Milei. Faltaban esos ganchos para consagrar la extensión. Así fue que Ruiz, sucesora de Leal en la presidencia del ORSNA, reunió al directorio del organismo este 10 de junio y en otra reunión “secreta”, según su acta (ver abajo), dejó sin efecto tanto el convenio como la ratificación que ella misma había hecho. Se argumentó por escrito que el acta acuerdo no había sido refrendada aún por Aeropuertos Argentina y que la constitución de un nuevo directorio a partir del reemplazo de Leal por Ruiz en febrero pasado justificaba la necesidad de “evaluar el estado del proceso y adoptar las decisiones que el interés público requiera”.

Por eso, el nuevo directorio del ORSNA que encabeza Ruiz dispuso “la reanudación del procedimiento de negociación contractual, oportunamente iniciado en la reunión del 27 de diciembre de 2024, estableciendo en este acto nuevas bases operativas orientadas a mejorar la motivación, el análisis del impacto económico-financiero y la fundamentación técnica, con especial referencia los aspectos abordados en el acta acuerdo de fecha del 26 de septiembre de 2025, la que servirá como antecedente de trabajo”. Es decir, se dejó sin efecto el preacuerdo de Leal, pero servirá como referencia para que lo vaya a rubricar Ruiz. Ambos han respondido en este gobierno al asesor presidencial Santiago Caputo, pero el exfuncionario llegó por Pierrini, que a su vez respondía al exjefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) Juan Pazo. Ella, en cambio, es apodada La Killer de Santi.

En aquella reunión también secreta de 2024 (ver abajo) el directorio del ORSNA había instruido a su entonces presidente, Hernán de Arzuaga Pinto, a renegociar el contrato. Y eso que el anterior gobierno peronista ya había prorrogado en noviembre de 2020, en plena pandemia, el contrato que en principio duraba de 1998 a 2028 y que podía extenderse por diez años más. En la gestión de Alberto Fernández, con el argumento del impacto de la extensa cuarentena en la paralización de vuelos y del consiguiente cobro del servicio aeroportuario, se prolongó la concesión hasta 2038, a pesar de que faltaban entonces ocho años para su vencimiento.

En 2024, otra vez con el razonamiento de que el Covid-19 prolongó las restricciones aéreas hasta mediados de 2021, el gobierno de Milei y la empresa de los Eurnekian comenzaron a dialogar sobre prorrogar el contrato que vencía 14 años más tarde. Ahora le faltan 12 años a la concesión. En el acta de 2024, el ORSNA alegaba que la ley Bases permitía la renegociación de contratos de obras públicas e incluía en ese universo la administración de los aeropuertos de casi todo el país y sus necesidades de inversión. También le reconocía a la empresa que se le había roto la “ecuación económica” de su negocio. No hay que olvidar que en la pandemia, cuando sólo era un economista mediático, Milei era un férreo opositor a ese aislamiento que el propio Fernández violó.

En 2025, el acta acuerdo ahora dejada sin efecto pero que servirá de antecedente establecía que el contrato iniciado por el gobierno de Carlos Menem se extendiera a 2056 con una tasa interna de retorno (TIR) del 14,3%. Es decir, 30 años de acá en más. Pero no sólo eso: se incluía una opción de otra prórroga hasta 2066, o sea, de acá a 40 años, con una TIR del 14,45%. Se argumentaba que la extensión resultaba necesaria para conferir “suficiente certeza, estabilidad y seguridad jurídica que posibiliten la obtención de una eficaz provisión de financiamiento para llevar adelante la ejecución de las inversiones previstas”. Suena extraño que se requiera tan largo plazo para acceder al crédito.

La otra opción que tendría la Argentina es que a futuro otro gobierno llame a licitación otra vez los aeropuertos para que los Eurnekian u otro grupo los gestionen desde 2038 en adelante. En Corporación América han conseguido que en Armenia –la tierra de donde migraron los padres del empresario de 93 años– y en Uruguay les prorroguen los contratos con el argumento de la pandemia. También ha habido otros casos en Grecia, República Dominicana y Georgia.

Sin embargo, en otros países desarrollados y latinoamericanos ni extendieron las concesiones ni duran 58 o 68 años, como establecía el preacuerdo del gobierno de Milei con los Eurnekian. En Brasil duran 20 o 30, con opciones de alargarlos cinco más; en Chile, de 15 a 30; o en Japón, de 30 con alternativa a diez más. Claro que también está el caso de Australia, con 50 años con prórroga por 49.

También se disponía que Aeropuertos Argentina presentaría su plan de inversión en el RIGI, que premia con desgravaciones impositivas y de aranceles a la importación, así como beneficios cambiarios, a inversiones que superen los US$200 millones. En el acta se hablaba de un plan de inversiones 2026/2030.

El otro punto clave del pacto consistía en disponer que el Estado se deshiciera del 15% que tiene en Aeropuertos Argentina con una oferta pública de acciones en la bolsa de Buenos Aires y en otras del país. Sería una manera de quitarse de encima la mano de cualquier gobierno en el directorio e incluso de que los Eurnekian recompren al menos parte de esos papeles.

Ya el periodista Carlos Pagni había adelantado en el diario La Nación el dato de la prórroga. Ahora que se conocen todas las actas secretas y los detalles del acta acuerdo frustrada, incluido los del RIGI y la privatización, habrá que ver cómo continúa el diálogo contractual entre el gobierno de Milei, representado por Ruiz, y el grupo económico de su exempleador. Se trata de una renegociación que deberán ratificar no sólo el directorio del ORSNA sino también por Ibarzabal Murphy, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Procuración del Tesoro de la Nación y hasta el propio jefe de la Casa Rosada.

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La Fundación Faro, que crearon los libertarios de Javier Milei para propagar sus ideas, presentó con casi un año de demora su primer balance, el de 2024, ante la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, y todavía no cumplió con la obligación de acercar las cuentas de 2025, pese a que debió haberlo hecho antes del 30 de abril pasado. Pero no sólo eso: omitió declarar quiénes eran sus grandes aportantes, pese a que debe hacerlo, y sólo los informó a la IGJ después de que elDiarioAR advirtiera sobre el faltante en un artículo publicado el 31 de mayo. El 1 de junio la IGJ reclamó el listado a la fundación, que los detalló tres días más tarde.

Entonces elDiarioAR volvió a solicitar a la IGJ el balance 2024 con el objetivo de conocer el anexo referido a los donantes. Pero esta dependencia que encabeza Alejandro Ramírez sólo suministró otra vez las cuentas de la fundación, pero no el detalle de los aportantes, sin más explicaciones. La respuesta lleva la firma de María Luciana Ducca, responsable de despacho y documentación de la IGJ. elDiarioAR consultó a Andrea Basile, jefa del Departamento Contable de Entidades Civiles de la IGJ y quien firmó la recepción del balance de Faro, pero la funcionaria remitió al área de prensa del organismo. “En la IGJ dicen que ya se dio todo lo que corresponde dar según el pedido”, explicó la responsable de comunicación del ministerio que encabeza Juan Bautista Mahiques.

Días antes, el portal Chequeado había formulado un pedido de acceso a la información específico a la IGJ para consultar los donantes. El organismo respondió lo siguiente: “Dicha declaración jurada no forma parte de los estados contables de la entidad y no constituye documentación registral de acceso público. En consecuencia, la Inspección General de Justicia ni ningún sujeto obligado se encuentra habilitada a suministrar información sobre ella, por prohibición expresa de la ley 25.246, vigente desde 2000”, en alusión a la norma de lucha contra el lavado de dinero. “La normativa vigente, independientemente de la entidad de que se trate, impone confidencialidad sobre toda la información recabada en cumplimiento de las obligaciones del régimen PLA/CFT”, se refirió a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. “Divulgar esa información a personas no autorizadas por la ley implicaría una violación directa del marco normativo bajo el cual fue obtenida”, completó la IGJ.

Pero en 2017 regía esa misma norma antilavado, pero la IGJ bajo el gobierno de Mauricio Macri suministró a este cronista los balances de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Formar, con el detalle de quiénes eran sus principales donantes. Y así fue publicado en Chequeado y la revista Noticias. En ese momento se pudo saber que el Banco Ciudad, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Autopistas Urbanas (AUSA), Adecoagro, Despegar, OSDE, Minera Alumbrera, IRSA, los banco Santander, Comafi y Galicia, Pan American Energy (PAE), la Fundación Banco Macro y Farmacity aportaron a esas fundaciones. Es decir, la administración de Cambiemos no tuvo problemas en entregar los balances con la lista de aportantes, pero ante el mismo tipo de solicitud la de La Libertad Avanza los oculta.

Por ahora no se sabe quiénes aportaron los $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) que recabó Faro en 2024. En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de aquel año, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Bettina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, embajadora de la Marca País y ahora presidenta de la Iniciativa del Sector Privado de la Organización de Estados Americanos (OEA); Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.

Esta noche, otra vez en el mismo club, Faro recaudará fondos en una cena en la que hablará el presidente de la Nación. También comparecerá el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, que oficiaba como economista de la fundación hasta que en diciembre pasado asumió como diputado. En esta organización donde los Neuss y Francisco Caputo, hermano del asesor, están involucrados en la recaudación de fondos, el presidente es Ignacio María Bilbao de la Vieja; el director ejecutivo, Agustín Laje, secundado por el chileno Axel Kaiser, y el director académico, Martín Krause.

AR/MG

El presidente de EE.UU., Donald Trump, puede resultar imprevisible, pero tiene un incentivo para respetar el acuerdo de paz que acaba de firmar con Irán: las elecciones legislativas de medio término de noviembre próximo, que había comenzado a perfilársele mal por el encarecimiento del combustible en una sociedad tan dependiente del auto grande y propio. El final del conflicto depende no sólo de ambos países sino también de lo que haga el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pero en caso de sostenerse la tregua, provocará impactos económicos en el mundo en general y en la Argentina, así como el inicio de la guerra los había tenido también.

El barril de petróleo Brent, antiguo yacimiento escocés cuyo precio sirve de referencia en países como la Argentina, había arrancado 2026 en US$60, un nivel que si se perforaba podía ralentizar inversiones en yacimientos como Vaca Muerta. Con el inicio de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán y la respuesta iraní atacando instalaciones de hidrocarburos en el Golfo Pérsico y cerrando el estrecho de Ormuz, por donde salen y entran los buques de la zona, el crudo llegó a tocar los US$120, el doble que a principios de año. Ahora está en US$80, 33% menos que en el peor momento del conflicto bélico, pero 33% más que cuando el mercado ni imaginaba que se desatara semejante guerra con parate productivo en la región que produce la mitad del petróleo mundial.

Cuando comenzaron a tronar las armas hubo quienes interpretaron que se trataba de una buena noticia económica para la Argentina, dado que se ha convertido en un país exportador de petróleo y gas gracias a Vaca Muerta y la construcción de gasoductos y oleoductos. Pero otros advirtieron que un conflicto que encarecía el combustible y todos los otros derivados del crudo, como los fertilizantes, iba a elevar la inflación local y global y, por tanto, iba a ralentizar la actividad económica criolla y planetaria, al tiempo que los capitales especulativos huirían de mercados emergentes, como el nuestro, para refugiarse en los ricos y seguros. ¿Ahora se desandará todo ese camino y ocurrirá lo contrario? En parte sí, en parte no.

“En qué valor se estabiliza el valor internacional del crudo en los próximos meses va a depender de la velocidad de la recuperación de la producción en Arabia Saudita, Irak, Kuwait y el resto del Golfo Pérsico y por la velocidad con que se recupere el almacenamiento a nivel internacional”, señala el consultor Nicolás Arceo. China, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, evitaron el colapso de sus mercados gastando sus reservas de petróleo importado.

En EE.UU, el galón (3,70 litros) de nafta subió de US$2,80 a principios del año hasta US$4,55, un 62%, y ahora bajó a 2,90, 3% más que antes de la guerra. En la Argentina, en cambio, el gobierno libertario optó por no seguir los vaivenes tan bruscos del mercado y entonces la estatal YPF remarcó el litro de nafta un 30%, de $1.500 a $2.000, pero desde abril aplicó un buffer (amortiguador) por el que estabilizó el precio en la cumbre del barril, lo que se compensará ahora que se abarató la materia prima.

“La baja en el precio local del combustible más lento, que no se debería verificar en el corto plazo. Dependiendo de la evolución internacional, debería empezar a bajar recién en agosto o septiembre”, apunta el economista Arceo. Sus colegas Juan Francisco Pisano, analista financiero, y Orlando Ferreres, consultor, coinciden en que así como el encarecimiento del petróleo impulsó la inflación argentina en los meses anteriores, incluidas las tarifas de luz y gas, la merma del barril puede contribuir a la desinflación que se inició en mayo y que viene explicada también por la contracción monetaria. De todos modos, Ferreres advierte que todavía las tarifas de luz, gas, agua, colectivo y tren deben aumentar más para cubrir sus costos y dejar de depender de subsidios y de ahí que espera que la inflación cierre el año en 31,8%, apenas por encima de la de 2025.

En los primeros cinco meses del año, la Argentina aumentó sus exportaciones de energía un 33%, medidas en dólares. Es que subió 44% su valor y además se aprovechó la escasa oferta de Medio Oriente y la mayor cotización para enviar al exterior 8% más volumen. Eso explica por qué en mayo se batieron récords de exportaciones y superávit comercial en el país. Dado que se espera que el barril continúe por encima del nivel inicial del año, Arceo pronostica que la balanza energética elevará su saldo positivo de US$7.800 millones el año pasado a más de 10.000 millones en 2026.

Y eso que se espera que a partir de ahora ingresen al país menos dólares de exportaciones petroleras que en el comienzo del año porque ya pasó el pico de la cotización y de la escasez en el mercado mundial. “Cada suba de US$10 del Brent equivale aproximadamente a US$1.300 millones de exportaciones adicionales en términos anuales, y viceversa”, calcula Pisano.

“El aumento del precio internacional les otorga a las petroleras un flujo de caja adicional en torno a los US$5.500 millones, lo cual va a potenciar y permitir acelerar los niveles de inversión”, sostiene Arceo. Es decir, no pareciera necesitaran que el Gobierno haya incluido la extracción de crudo y gas en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Por el contrario, la guerra no sólo les mejoró los valores del barril y del gas, también reforzó el posicionamiento de Vaca Muerta como proveedora segura de hidrocarburos. Es un proceso que había comenzado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania, pero se potenció ahora. Hace una semana, en el festejo por el Día del Periodista el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que ya tiene todo el gas natural licuado (GNL, el que se exporta por barco) contratado a largo plazo para vender a Europa, aunque también Asia lo demanda. La Argentina comenzará a exportar GNL en 2027, comenzando por Alemania.

El negocio del crudo se maneja con pedidos de corto plazo y durante la guerra de Irán en una petrolera local recibieron peticiones de la costa oeste de EE.UU., Singapur y otras naciones asiáticas, todas regiones que antes nunca lo habían hecho. En otra compañía argentina comentan el interés europeo y japonés por el gas y en una multinacional hablan de exportar más gas natural por gasoductos a Chile y Brasil.

“Así como el inicio de la guerra nos beneficiaba, el fin de la misma, con la posible caída del precio del petróleo y otras commodities como las agropecuarias, seguramente nos perjudicará un poco”, advierte Ferreres. No obstante, el campo, mientras espera que dentro de dos meses baje el gasoil, se ilusiona con un descenso de los fertilizantes, que en su mayoría produce el Golfo Pérsico, y que se llegue a tiempo para la siembra de trigo, que comenzó en mayo pero finaliza en julio.

Por eso, algunos economistas prevén que suba un poco el dólar, que estaba bastante barato en términos históricos. De hecho, en el último mes se elevó de $1.410 a $1.480, un 4,9%, bastante más que la inflación y que el rendimiento del plazo fijo o las billeteras virtuales. Sin embargo, a la vez que el aumento de las exportaciones petroleras crecerán a menor ritmo que en la primera mitad del año, también se espera el ingreso de divisas por el canal financiero por la menor inflación mundial que puede derivar en menores tasas de interés internacionales y, por tanto, en mayor apetito por mercados emergentes. Una entrada semejante contrarrestaría el impacto de los envíos del crudo y sostendría el tipo de cambio bajo.

“Un clima internacional más relajado, con menor inflación internacional por la caída de los precios del petróleo, facilita a los bancos centrales la baja de los tipos de interés, lo que hace que el Tesoro argentino pueda colocar deuda internacional, si así lo quisiera, más barata”, observa Pisano. El riesgo país estaba arriba de los 500 puntos básicos a principios de mes y bajó a 429. En la medida en que se reduzca por debajo de los 300, el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé colocar deuda en los mercados internacionales para afrontar los abultados vencimientos pendientes en 2026 y 2027. De esta manera, ingresarían divisas y, al mismo tiempo, se liberaría financiamiento local que hasta ahora va al Estado y que en adelante iría al sector privado para impulsar el crecimiento económico.

Pero al menos dos integrantes de la Academia Nacional de Ciencias Económicas advierten en privado que también puede ocurrir que no se alineen los planetas y que el riesgo país se mantenga alto. Y que en caso de que efectivamente baje se consolidará un modelo económico basado en la producción de materias primas agrícolas, mineras y energéticas, con un tipo de cambio bajo, que alienten el consumo de productos y servicios importados, en detrimento de los locales, con altos costos para los alimentos, la industria y la construcción privada, con destrucción de empleo de calidad, creación de puestos de trabajo precarios, sin suficiente inversión en capital humano e infraestructura, y con los sectores más rezagados de la economía sosteniendo un Estado desfinanciado por las actividades más pujantes pero que menos tributan por el RIGI y si se aprueba en el Congreso, por el Súper RIGI.

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Que economistas peronistas y progresistas criticaran el Súper RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) no es novedad: ya lo habían hecho el kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el colectivo Misión Productiva, la fundación Fundar y la consultora Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Pero sorprende que lo haga la Fundación Mediterránea, la entidad con sede en Córdoba que hace décadas sirvió de think tank para el exministro de Economía Domingo Cavallo y que le armó a Patricia Bullrich un plan económico en las últimas elecciones de la mano de Carlos Melconian. La misma que preside la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito (de la familia accionista del Banco Macro), Sergio Roggio (del grupo de construcción, el subte, el ferrocarril Urquiza y el negocio de la basura), Adriana y Roberto Urquía (dueños de Aceitera General Deheza, AGD) y Euclides Bugliotti (grupo Dinosaurio, de supermercados, hoteles, desarrollos inmobiliarios y parque solar), entre otros.

“Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, arranca el texto. “Para lograrlo es imprescindible generar un ambiente más amigable para la producción eliminando el cúmulo de distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo. Establecer reglas generales que hagan más fácil cualquier tipo de emprendimiento es el camino para revertir el crónico déficit de inversión. Apelar a regímenes especiales con incentivos para determinados tipos de proyectos, como el caso del Súper RIGI, es una estrategia con limitaciones y puntos débiles que es recomendable ponderar. Mejorar el RIGI es una alternativa superadora a la de crear un nuevo régimen especial”, advirtió la Mediterránea.

La advertencia llegó justo un día antes de que este miércoles se busque firmar en comisión en Diputados el dictamen del Súper RIGI. Habrá que ver si el oficialismo, el PRO, la UCR y los gobernadores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca recapacitan ante la advertencia. Por ahora el Gobierno apenas negocia que el Súper RIGI incorpore una exigencia de que 20% de la inversión se haga con proveedores locales, pero analistas advierten que ese porcentaje en el RIGI no está funcionando para adquirir materiales nacionales, únicamente cubre la obra civil. Hasta un campamento entero se traerá de China para el mayor proyecto minero, Vicuña, en San Juan.

“El Súper RIGI supone un desvío respecto de la estrategia original”, señala la Mediterránea, en alusión a la promesa del presidente de Javier Milei de que los beneficios del RIGI se extenderían a toda la economía, llámese rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, eliminación de retenciones a la exportación y fin del cepo cambiario para empresas. “Una desventaja muy importante es que aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado (responsable de administrar los regímenes especiales) como para las empresas (que tienen que demostrar que su proyecto encuadra en las reglas que regulan el régimen especial)”, arranca la fundación a enumerar inconvenientes.

“Otra desventaja importante de sumar regímenes especiales es que se generan señales ambiguas y riesgos de que se reduzca la prioridad a avanzar en las reformas que generen condiciones generales favorables para la inversión”, apunta. Temen que el resto de la economía quede sin ventajas, que sólo se favorezcan la minería y la energía con el RIGI y los centros de datos de inteligencia artificial con el Súper RIGI, mientras el campo, la industria, el comercio y la construcción siguen relegados.

“También merece considerar posibles impactos de estos grandes proyectos promovidos sobre el tipo de cambio”, señala el Ieral sobre el problema de que la lluvia de divisas que trae la producción de materias primas abarata el dólar y encarece la producción local de manufacturas y servicios. “La expansión de las exportaciones, en parte estimuladas por proyectos de gran envergadura promovidos a través del RIGI, y a lo que se podrían sumar los que genere el Súper RIGI, generan una oferta creciente de divisas. Esto sin dudas es positivo, pero tiene como derivación una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Una eventual contracción de estos sectores, o su no expansión, tendría consecuencias sociales significativas en términos de empleo urbano”, señala hacia el final la Meditarránea, que concluye: “Este perjuicio cambiario que se ocasiona a las actividades urbanas que son las que más contribuyen al PBI y al empleo hacen más urgentes, prioritaria y esenciales las reformas generales para la inversión en toda la economía en lugar de seguir expandiendo regímenes especiales.”

AR/MC

Supongamos que Manuel Adorni esta vez haya dicho la verdad, que se encontró con un pendrive con medio millón de dólares y que cometió el delito de evasión, ahora perdonado por la ley de inocencia fiscal. Creámosle que se enriqueció, se implantó cabello, viajó y compró y remodeló inmuebles apostando a las criptomonedas y sin pagar los impuestos que en parte van a remedios oncológicos, salarios universitarios y jubilaciones, y no con sobresueldos de la Secretaría de Inteligencia o de la Fundación Faro ni con coimas por las compras de medicamentos para discapacidad.

Aún así sigue vigente la discusión sobre el intento de naturalización del fraude impositivo. Este fenómeno se combina con los reiterados blanqueos de capitales, ahora permanentes con la nueva ley, con la sobrecarga sobre los gravámenes que pagan todos por igual, y que por tanto pesan más a los pobres y la clase media que a los ricos, y con los descuentos tributarios a determinados sectores económicos privilegiados en detrimento de otros, llámese minería y energía frente al campo, la industria, el comercio y la construcción. Y la pregunta de fondo es quién sostendrá lo que queda del Estado rebajado por la motosierra.

En el informe 2026 sobre evasión del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), que elaboró el experto uruguayo Fernando Peláez Longinotti con datos de 2021a 2023, previos al gobierno de Javier Milei, la Argentina es el país con más evasión del impuesto a las ganancias en Latinoamérica: se pierde el 69,6% del potencial recaudatorio, frente al 43% en Brasil, el 36% en Chile, el 44% en Colombia, el 41% en México, el 62% en Perú y el 45% en Uruguay. Habrá que ver qué impacto ha tenido el discurso y las políticas pro evasión del Presidente desde 2024 en adelante. Para él, el que evade es un “héroe” y el impuesto es un “robo”

A ese pelotón de evasores se debe sumar a Adorni, según él confesó. Recordemos que no todo el que evade comete un delito: para ello hay que evadir en forma, a razón de $100 millones por año (equivalente a US$69.000). Se supone que el jefe de Gabinete acumuló US$506.000 en cinco años y como máximo podría haber tributado hasta el 35%, unos US$177.000, más de $250 millones.

El impuesto a las ganancias es el más progresivo porque grava más a las personas y empresas que más tienen, salvo a aquellas a las que se les otorgan beneficios o a las que cuentan con la buena asesoría de bancos, escribanos, contadores y otros facilitadores de la elusión tributaria. Pero también se evaden otros gravámenes más regresivos, es decir, aquellos que consolidan la desigualdad natural del mercado. Es el caso del IVA, lo que a veces reporta en un descuento para el cliente y en otras, en una ventaja para el vendedor. Como en toda evasión, la perjudicada termina siendo la sociedad, pero no nos adelantemos.

La Argentina es la segunda nación con más evasión del IVA de Latinoamérica: se escurre el 43,7% del potencial recaudatorio, lo mismo que en República Dominicana, sólo menos que en México, con 54%, según el CIAT. Siempre son datos de cuando gobernaba Alberto Fernández, que le dejó este problema en herencia a Milei. Mejor están Brasil, con el 34% de fraude; Chile y Colombia, con el 21%; Perú con el 33% y Uruguay, con el 17%.

A la evasión se suma las exenciones fiscales a los sectores que hacen mejor lobby para conseguirlas. El informe del CIAT rescataba que al menos en este sentido hasta 2021/2023 la Argentina era el segundo país que menos recaudación resignaba por desgravaciones de Ganancias, sólo el 3,2% del potencial, únicamente superada por Perú, con 1,4%. A la cabeza de las excepciones figuraba Uruguay, con 18,8%; seguido por Costa Rica y Honduras, con 17%, y Brasil y El Salvador, con 16%. En el caso del IVA, por beneficios se pierde en la Argentina el 8,6%, la tercera nación con menos descuentos, frente al 4% de Bolivia y el 7% de Chile, contra el 39% de Colombia, el 28% de Honduras y el 27% de Nicaragua.

Los beneficios del RIGI y el Súper Rigi

Pero el Gobierno, con el apoyo del Congreso aliado, ya rebajó además el universo de contribuyentes y la alícuota del impuesto a los bienes personales, así como también la tasa de Ganancias del 35% al 25% a los proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), de más de US$200 millones, que se concentran en minería y energía. Esta próxima semana se debatirá el comisión el Súper RIGI, para inversiones de más de US$1.000 millones, que tributarán sólo 15% y que apunta a centros de datos de inteligencia artificial, entre otros pocos sectores. Mientras, seguirán tributando al 35% la industria, el campo, el comercio y la construcción. Apenas se beneficiaron por rebajas de retenciones a la exportación el sector manufacturero y el agrícola. ¿Sectores más ineficientes deben sostener a los más eficientes?

El diputado peronista Guillermo Michel calculó que por cada US$100.000 millones de inversión del RIGI, el Estado dejará de recaudar el 1% del PBI por año, porque no sólo se les baja la alícuota de Ganancias sino que se desgravan los dividendos, se quitan retenciones, aranceles a la importación e impuesto a las transferencias y se devuelve todo el IVA. En el caso de aprobarse el Súper RIGI, que además rebaja las contribuciones patronales, se resignaría el 1,27% anual por el mismo monto invertido. En el presupuesto 2026 no figura el impacto del RIGI, pero sí el de la promoción de Tierra del Fuego (0,17% del PBI), la minería (0,06%), la economía del conocimiento, es decir, las empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar (0,05%) y un régimen a favor de las pymes (0,1%). Es decir, todos estos beneficios, los más onerosos que otorgaba el Estado antes del RIGI, suponen poco dinero comparado con este régimen impulsado por Milei. El RIGI y el Súper RIGI juntos implican desgravaciones 13 veces mayores al cuestionado régimen fueguino.

La energía y la minería tributarán menos con el RIGI y los data centers aún menos con el Súper RIGI mientras otros contribuyen por ellos. En la conferencia 2025 de la Unión Industrial Argentina (UIA), el entonces director ejecutivo de la entidad y actual consultor, Diego Coatz, presentó los últimos datos oficiales disponibles, de 2022 y 2023, que demostraban que el sector manufacturero aportaba entonces el 30% de la recaudación tributaria; el comercio, el 20%: y el agro, el 15%. Menos del 10% contribuían los bancos, la construcción, los servicios inmobiliarios y profesionales, la minería, el transporte, la electricidad y los hoteles y los restaurantes. Se adjunta el gráfico.

Con tanta evasión y tanta exención, ¿sobre quién recae el costo de mantener los servicios que aún ofrece el Estado? El 30,5% de los ingresos viene del IVA que pagamos todos, según los datos oficiales de 2025. El 18,4% proviene de Ganancias. Así como en la Argentina el tributo a los que ganan recauda poco más que la mitad que el IVA, en Alemania, Reino Unido, Italia o España la relación es al revés: el gravamen a la renta recaudan alrededor del doble que el del consumo. Así se construyen sociedades más justas.

Encima, en la Argentina el 40% del impuesto a las ganancias a los individuos sale del bolsillo de los 527.000 empleados de la llamada cuarta categoría, que tributan en total más dinero que los 117.000 de la primera categoría, los que tienen renta del suelo, los 49.000 de la segunda, los de renta del capital, y los 61.000 de la tercera, los de beneficios empresariales. Así lo advierte la economista María Julia Eliosoff, de la Fundación Friedrich Ebert, a partir de las estadísticas oficiales.

Las contribuciones y aportes a la Seguridad Social de parte de empleados, patrones, autónomos y monotributistas, suman el 30,6% de la recaudación. El impuesto a las transferencias recauda el 6,9%. El de los combustibles, el 2,4%. Los internos, sobre todo el del tabaco, 1,5%. El de Bienes Personales, o la riqueza, quedó en sólo 0,9%.

A su vez, ese dinero recaudado va a sostener un Estado destruido desde dentro por el topo, como diría Milei. ¿Qué bancan los impuestos, que pesan sobre todo en el consumo y el trabajo? Según los datos de 2024, con motosierra incluida, en los gastos de la Nación, las provincias y los municipios, se distribuye así:

O sea, por cada 100 pesos que se evaden o se desgravan por regímenes especiales, los jubilados se quedan con 25 pesos menos, la salud con 17 abajo y la educación con 10 afuera.

AR/MG

No basta con que Manuel Adorni haya confesado haber sido un evasor porque total los evasores son “héroes” y los impuestos son un “robo”, según el presidente Javier Milei, y “ahorramos en negro como la mayoría de los argentinos”, como sostuvo el propio jefe de Gabinete. Por más que se haya adherido al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que creó la ley de inocencia fiscal, el contador recibido en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), devenido periodista, tendría que ofrecer explicaciones, no ante un programa de televisión, sino ante la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF, de lucha contra el lavado de dinero) sobre el origen de los fondos antes ocultos y ahora declarados.

“Adorni no está exento de investigaciones rectificativas de ARCA y mucho menos de la UIF”, sostiene el abogado y master en finanzas Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). “Los dos organismos tienen, incluso en el marco de la ley de inocencia, obligación de investigarlo”, añade. Otro experto que fue alto directivo de fiscalizaciones de la antecesora de la ARCA, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), coincide en que están obligados, pero advierte que “si no le preguntan, Adorni zafa de dar explicaciones”.

¿Pero por qué ARCA preguntaría si está encabezada por otro adherente al régimen simplificado de Ganancias que está investigado por la Justicia por su patrimonio, Andrés Vázquez? “Más allá de lo que haya hecho Vázquez, este mismo gobierno tiene la obligación de investigarlo por las funciones de ARCA y UIF previstas en sus marcos normativos. El debate es la distinción entre el ámbito de recaudación tributaria, si pagó o no impuestos, y el propio de la investigación por el origen ilícito de fondos que no tienen un ingreso en una actividad identificada de manera clara”, argumenta Biscay, exdirector del Banco Central entre 2014 y 2017, cuando fue removido por el entonces jefe de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, otro adherido al régimen de inocencia fiscal, aunque sin cuestionamientos por su patrimonio. Al ministro de Desregulación sólo le iniciaron una demanda por los contratos de su esposa, María Josefina Rouillet, para enseñar inglés en la Cancillería. Nadie lo denunció por su obsesión por que se importen vacunas antiaftosa.

“Si ARCA detectara una diferencia mayor al 15% entre lo que declara el contribuyente y lo que ellos suponen a partir de los controles automáticos propios y de la UIF en operaciones significativas como inmobiliarias y bancarias, se caerían los beneficios de la inocencia fiscal”, explica el contador Jorge Gebhardt, de estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. Otro colega suyo de la City porteña agrega que, pese a la ley tributaria vigente desde enero último, la unidad antilavado sigue teniendo la obligación de controlar el origen de los fondos.

Las declaraciones de Adorni sobre sus ahorros evadidos provocaron irritación en más de un ciudadano. Primero, porque siete de cada diez argentinos ni siquiera llegan a ahorrar, según diversas encuestas como las de Brain Network y Quiddity. Segundo, porque no todos los que ahorran lo hacen sin tributar. El contador Arnaud Iribarne reconoce que tiene clientes que buscan pagar lo mínimo posible, unos no tienen forma de evadir y otros quieren cumplir con todo: “Unos porque trabajan en multinacionales que no quieren problemas y otros porque te dicen que quién pagará las tizas de las escuelas”.

No es que en los blanqueos de capitales previos a la nueva ley de blanqueo permanente se adhirieran millones de argentinos: 254.000 en 2016/2017 y 278.000 en 2024. A la ley de inocencia fiscal –que fue votada por LLA, PRO y la mayoría de la UCR, y los partidos provinciales– se sumaron unos 94.000.

“Evadir impuestos es un delito penal y los funcionarios zafan porque por primera vez la ley de inocencia fiscal los habilita a ingresar al blanqueo. Es bochornoso”, advierte la exjefa de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. En la actualidad, quien evade más de $100 millones en un año puede ir a la cárcel. Es decir, cualquiera puede evadir, pero sólo la gente con plata puede convertir esa práctica en delito. Delincuentes son los que evaden mucho. Pero sólo unos pocos famosos terminaron tras las rejas por no pagar impuestos en la historia argentina: apenas el carnicero Alberto Samid, el valijero Leonardo Fariña y el fallecido peluquero Roberto Giordano quien cumplió arresto domiciliario. Sin la amnistía fiscal que votaron los libertarios, quizás Adorni también podría haberse mudado del country Indio Cuá a la prisión, dado que acumuló US$506.000 sin tributar un peso. Siempre con el argumento de que el dinero se lo roban los“kukas”.

“Este gobierno y la ley de inocencia fiscal tienen una visión totalmente pro evasor”, lamenta otro exjefe de AFIP que se define “hastiado de cómo funcionarios y contadores le ocultan la verdad a los contribuyentes de que cada vez que compran algo en el supermercado pagan los impuestos indirectos sin chistar”. El 31% de la recaudación de 2025 provino del IVA, el gravamen que más plata recolecta, que pagan por igual ricos, clase media y pobres pero que pesa más en el bolsillo de estos últimos y menos en el de los primeros. “La nueva ley es un blanqueo encubierto a costo cero nunca visto en nuestro país”, continúa el exjefe de AFIP. “Una justificación totalmente mentirosa se basa en que los ciudadanos no podían comprar dólares y entonces iban a las cuevas y operaban en negro. La pregunta real no es por las compras en dólares en negro, también existían mecánicas para comprar en blanco con cupos mensuales y con dólares MEP y contado con liqui, si no cómo obtuvieron los pesos para ahorrar en dólares –criptomonedas en el caso de Adorni–. Y la respuesta es clara: no facturaron nunca sus ingresos por ventas, honorarios u otros conceptos. En mi país eso se llama evasión fiscal y muy probablemente lavado de activos ya que tuvieron que tener algún vehículo para blanquear ingresos de pesos no declarados”, agrega el antiguo recaudador indignado.

Aquel que evade contribuye al desequilibrio fiscal y, de ese modo, a la inflación. Es cierto que ha habido y hay corrupción en el Estado, desde antes del kirchnerismo, durante la era K y presuntamente hasta en las compras libertarias de medicamentos para discapacitados, pero también funciones básicas que requieren los ciudadanos. Entre la inocencia fiscal, el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de Súper RIGI, ¿quién sostendrá esos servicios esenciales como educación, salud, seguridad, rutas, trenes, urbanización de barrios populares, control ambiental o apoyo a sectores económicos con potencial o personas vulnerables que prestan Nación, provincias y municipios?

No hay que ser un “zurdo de mierda”, como descalificaría Milei, para sostener que el robo no son los impuestos sino la evasión. Tampoco hay que ser de derecha para oponerse al malgasto del dinero público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el club de países ricos al que se han unido otros como Chile, Colombia, Costa Rica y México) se ha comprometido en la lucha contra el fraude impositivo porque reduce la capacidad de financiar educación, salud, infraestructura y protección social y obliga a recortes y endeudamiento. Se podría agregar que también impulsa a algunos gobiernos a la emisión monetaria inflacionaria. Cuando un ciudadano evade para costear su implante capilar, frecuentes vacaciones de lujo, compras de departamentos y casas de fines de semana y su remodelación, le está quitando medicamentos oncológicos a un paciente, transporte a una persona con discapacidad, salario a un docente de escuela o universidad, jubilación a un anciano o infraestructura clave para impulsar el crecimiento económico.

Pero la OCDE también critica la evasión porque deriva en una competencia desleal entre empresas e individuos que tributan o no y rivalizan por el mismo mercado. Este fenómeno desalienta la innovación. Reprocha que provoque inequidad: los que más tienen suelen contar con estrategias financieras para pagar menos impuestos, cuya función justamente debería ser redistributiva. El organismo además apunta que la evasión facilita otras actividades ilícitas como el lavado, la corrupción y la economía informal. Además deteriora la confianza en las instituciones y genera efecto contagio.

“Todo esto erosiona la relación fisco-contribuyente, evadir es un robo a la comunidad”, opina Iribarne. Antes de la ley de inocencia fiscal, los autónomos y empleados que tributan Ganancias debía declarar cada año cuánto cobraban, sus gastos deducibles del impuesto, sus consumos personales y su evolución patrimonial. A los que se adhieren al nuevo régimen ARCA sólo les revisa facturación y gastos, pero puede consultar por los bienes si observa alguna inconsistencia y la UIF debe seguir auditando el origen del dinero.

Pese a que han sido los bancos uno de los que más trabas han puesto a los blanqueadores de la inocencia fiscal al preguntarles por la procedencia de los fondos, como parte de las exigencias antilavado, en el cóctel de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) este miércoles por el Día del Periodista reinaba el entusiasmo entre muchos banqueros por el rumbo económico. Ese mismo día, la calificadora de riesgo crediticio S&P subió la nota a la deuda argentina y el riesgo país bajó este jueves a 443 puntos básicos, el menor nivel en ocho años, lo que acerca a la Argentina a la auspiciosa posibilidad de refinanciar deuda en el mercado internacional. Al mismo tiempo, el Instituto de Estadística (Indec) informaba una baja de la inflación al 2,1% en mayo. Si el dólar se mantiene quieto, la merma del índice de precios podrá continuar.

“No se puede dejar pasar esta oportunidad”, sostenía uno de los banqueros en un sentimiento compartido de defensa de las reformas liberalizadoras de Milei. Eso sí, hay algunos que cuestionan la política, la corrupción y la violencia verbal del Presidente. “No podemos volver al pasado, con gente que quiere reestructurar la deuda o reestatizar empresas”, sostenía otro. ¿Por quién lo dice?, preguntó elDiarioAR. “Por (Axel) Kicillof”, respondió. Pero si no lo dijo, volvió a cuestionar este cronista. “Pero tampoco dijo que no lo haría. Hay que ver si lo dice y si lo dice, si le creemos”, contestó. Entre los presentes estaban el presidente de Adeba, Javier Bolzico; los dueños del Banco Galicia, Eduardo Escasany, del Macro, Jorge Brito, del Comafi, Guillermo Cerviño, del Banco de Valores, Juan Nápoli, del Superviell, Patricio Supervielle, además de ejecutivos de esas entidades y de otras como Ualá, CMF y Banco de San Juan (grupo Eskenazi).

Brito, expresidente de River, esquivó las preguntas de si también quiere presidir la Argentina o si al menos está armando una alternativa a Milei y Kicillof. Pero en sus filas reconocen que si la economía no comienza a recuperarse y continúan los errores propios del Gobierno, como el caso Adorni, entonces habrá margen para otra opción. El dueño del Macro venía de reunirse en Jujuy -el banco es fuerte en el Norte- con el sindicalista Carlos “El Perro” Santillán, a quien conoce desde la crisis de 2001. Discutieron sobre el impacto ambiental del litio. A Brito le parece que no hay que ser de izquierda para defender el medio ambiente ni de derecha para sostener un equilibrio fiscal con menos impuestos. Hay colegas suyos que se preguntan si el pueblo está preparado para votar a un banquero, más allá de que el arquitecto del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, lo haya soñado como candidato presidencial outsider. Brito tiene reparos con este gobierno, pero se quedó con el 26% de la privatización de Transener, la mayor transportista eléctrica del país, en sociedad con Edison, donde además de los Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo- están exejecutivos del Macro, Carlos Giovanelli y Damian Pozzoli.

Pero mientras finanzas, campo, minería, Vaca Muerta y negocios digitales caminan, los sectores que más empleo generan, comercio, industria y construcción siguen con dudas sobre cuándo se recuperarán. En la Unión Industrial Argentina (UIA) las grandes empresas se ilusionan con fin de año, pero las pymes piden que se declare una emergencia. En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), este lunes se celebró la 71ma convención anual y por primera vez en la historia ningún funcionario del gobierno nacional se hizo presente. En 2024 había ido el ministro de Economía, Luis Caputo, pero se enojó porque el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, le advirtió por la paralización de la obra pública. El freno continúa, las deudas por proyectos pasados siguen sin pagarse.

El Gobierno impulsa concesiones de rutas con peaje en un cuarto de la red vial, hay múltiples ofertas pero la enorme competencia lleva a que se propongan tarifas tan bajas que difícilmente sostengan el mantenimiento. La construcción de viviendas no repunta sin crédito hipotecario. Y la licitación de los trenes dividió tanto la operatoria que provoca dudas entre los pretendientes. En la disputa por el Belgrano Cargas, el Grupo México quiere morderle negocio a la minera británico Rio Tinto y a un conglomerado de las cerealeras (Cargill, Bunge, Dreyfus, Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, y Aceitera General Deheza, AGD) y para eso ha afinado su lobby entre los funcionarios. Veremos quién gana.

AR/MG

Manuel Adorni pidió adherirse este martes al régimen establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) antes de presentar su declaración jurada patrimonial, prometida para el lunes 15 de junio. La maniobra tiene una consecuencia concreta y deliberada: el funcionario no está obligado a explicar ante ARCA ni ante la Justicia cómo creció su patrimonio durante 2025. Su esposa, Bettina Angeletti, había dado el mismo paso diez días antes.

La ley funciona así: quien se adhiere paga el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo que facturó ese año, sin importar cuánto aumentaron sus bienes o su consumo personal. No hay obligación de declarar qué activos se regularizan ni de dónde salieron. Esa información queda blindada bajo secreto fiscal.

El mecanismo fue impulsado en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrado públicamente por el propio Milei. Adorni se encargó de comunicarlo desde la Jefatura de Gabinete. El 26 de diciembre de 2025, escribió en sus redes: “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”. Ahora se sabe a quién le venía como anillo al dedo esa dimensión.

La propia ARCA sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Contadores consultados por elDiarioAR explican que el régimen tiene tres efectos concretos. El primero es la simplificación impositiva, aunque uno de los especialistas advierte que “no es tan simplificado como dicen”. El segundo, y “lo mejor que tiene el régimen”, es el llamado tapón fiscal: quien declara correctamente el período 2025 genera un blindaje que impide que ARCA revise los períodos anteriores. El tercero es la posibilidad de regularizar bienes no declarados —“la guita del colchón”, en palabras de uno de los especialistas— sin que técnicamente se llame blanqueo, denominación que el Gobierno evita por las exigencias del GAFI.

Sobre la adhesión de Adorni, el contador Jorge Gebhardt advierte que “da para cualquier interpretación”: alguien puede adherirse sin tener nada irregular, pero el régimen también permite bancarizar dinero no declarado para realizar compras. “Ahí siempre está la duda”, señala, “no sé, diez, 20.000 dólares que hacés... un millón de dólares, no sé”. A montos muy significativos, agrega, debería haber reportes que impedirían esa posibilidad.

El otro especialista consultado, que prefirió el anonimato, suma un dato político relevante: el régimen simplificado que está dentro de la ley de inocencia fiscal “parece que va a ser modificado, eliminando los topes para adherirse”. Si eso ocurre, el blindaje que hoy tiene Adorni se volvería aún más amplio. Pero hay un límite claro, según una fuente del sector contable consultada por este medio: la adhesión “lo hace zafar solo de la parte penal tributaria”. La causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py sigue su curso sin que este régimen la afecte.

Adorni tiene una causa judicial abierta por presunto enriquecimiento ilícito en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Los registros de ARCA revelan además un dato que los investigadores ya tienen en la mira: Adorni tiene actividades económicas registradas desde noviembre de 2013, pero recién se inscribió en el impuesto a las ganancias en enero de 2020. Un intervalo de casi siete años en el que operó bajo múltiples categorías —servicios personales, asesoramiento empresarial, contabilidad— sin tributar por ese régimen.

La solicitud actual de cambio al régimen simplificado representa un nuevo escalón en ese proceso de ordenamiento tardío, que ahora ocurre bajo la lupa judicial. Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio del funcionario habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, con severas discrepancias entre declaraciones juradas, omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.

El expediente analiza la compra de un departamento en Caballito con una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses de dos jubiladas, la adquisición de una casa en el country Golf Club Indio Cuá por US$120.000 con una hipoteca tomada de una policía retirada y su hija —a quienes aún les debería 70.000 dólares—, y el pago de US$245.000 en efectivo y sin facturar a un contratista por las refacciones de esa propiedad.

A partir del impulso fiscal, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio del jefe de Gabinete con una batería de medidas orientadas a establecer si hubo un incremento patrimonial no justificado, que incluyó pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos nacionales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES.

El patrón se repite en su esposa: Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017, pero regularizó su situación frente al IVA y al impuesto a las ganancias recién en octubre de 2025, tras casi ocho años de operación. La proximidad de ambas adhesiones y el historial de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales, que evalúan los movimientos como parte de un ordenamiento fiscal integral del matrimonio bajo escrutinio.

Según consignó La Nación, el fiscal Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere a Adorni que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos. Esta solicitud es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria. La fiscalía aguarda el resultado final de un peritaje contable encargado a expertos de la Procuración General de la Nación, al que se suma un estudio especializado sobre criptomonedas y la trazabilidad de operaciones financieras de Adorni. El informe técnico definitivo podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, Adorni deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria. Fuentes de Comodoro Py estimaron a elDiarioAR que la citación a indagatoria podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio. También está el interés de Adorni de presentar su DDJJ ante el comienzo del Mundial.

La adhesión al régimen de inocencia fiscal no equivale a una confesión ni genera por sí misma consecuencias penales. Pero quien se acoge a él reconoce implícitamente que tiene activos o ingresos que no puede justificar. La ley no excluyó a los funcionarios públicos —técnicamente denominados Personas Expuestas Políticamente— del beneficio de no rendir cuentas sobre el incremento patrimonial. Adorni usó para sí mismo el instrumento que desde su cargo ayudó a instalar.

MC

Un día después de que elDiarioAR publicara el balance 2024 de la Fundación Faro, con $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) en donaciones, y de que advirtiera que se había incumplido con el deber legal de informar allí quiénes eran sus grandes donantes, aquellos que habían aportado el equivalente a más de US$10.000, la Inspección General de Justicia (IGJ) le pidió el lunes pasado a la organización libertaria que los informara. Apenas 72 horas después, el jueves, Faro contestó a la IGJ con el detalle de los contribuyentes. La información aún no es pública: cualquier interesado podrá pedirla a partir de ahora a través de un trámite a distancia.

Faro, la fundación que decidieron armar el presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo para juntar fondos de empresarios comprometidos con su proyecto político, demoró casi un año en presentar su primer balance. Las cuentas al 31 de diciembre de 2024 debían presentarse hasta el 30 de abril de 2025, cuatro meses después del cierre del ejercicio. Pero lo hizo el 10 de abril de 2026, después de una nota del portal Chequeado en la que se advertía sobre el faltante y en el que se informaba que la fundación había invertido más de $1.000 millones en propaganda política en redes sociales entre marzo de 2025 y el mismo mes del año actual.

Pero Faro incumplió con la obligación de acompañar su balance con el detalle de los grandes donantes. El 6 de mayo, elDiarioAR pidió el estado contable 2024 y lo obtuvo el día 22. El 31 lo publicó con el alerta sobre la falta de información sobre los aportantes. Y así es que la IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia, reaccionó.

En diversos medios de comunicación se interpretó que la requisitoria de la IGJ, situada bajo las órdenes del ministro Juan Bautista Mahiques y la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondía a la pelea interna con el rival de la hermana del presidente, Caputo. En las filas del ministerio lo negaron: “Hay quienes tienen ganas de inventar entramados políticos de algo ordinario que encima es de carácter público”.

“La vista (el pedido de información de la IGJ a la fundación) es porque le faltaba un requerimiento meramente formal que se olvidaron de adjuntar: un anexo que es pedido por ley”, ampliaron en las filas de Mahiques. “Hicieron la aclaración y en menos de 30 horas se subsanó el error. Todo está dentro de los plazos normales, es lo que demoramos y el pedido no es una excepción”, agregaron.

Este cronista ya había investigado en su momento las fundaciones políticas en 2017 para Chequeado y la revista Noticias y se había encontrado con que la Fundación Dar, de Daniel Scioli, entonces ex candidato presidencial peronista, ahora funcionario libertario, nunca había presentada nada ante la IGJ, mientras que tres fundaciones del PRO sí habían cumplido, Pensar, Suma y Formar, sí había cumplido con la norma que las obliga a informar sus balances. Eso sí, a veces detallaban sus donantes, otras veces lo hicieron después de reclamos de la IGJ y en ciertas oportunidades este periodista preguntó a las autoridades por qué el organismo dependiente del Ejecutivo no lo había requerido. Pero en todos los casos se terminó haciendo público el listado de grandes donantes. Es de esperar que ahora suceda lo mismo con Faro.

La fundación que preside Ignacio María Bilbao de la Vieja y dirige Agustín Laje había mantenido hasta ahora ocultos sus donantes ante los pedidos de la prensa. Ahora debió informarlos a la IGJ. Corresponde que este organismo lo informe a cualquier periodista en particular o ciudadano en general que le reclame. Siempre ha sido información pública y así debería seguir siéndolo.

En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de 2024, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos de Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Betina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, y embajadora de la Marca País; Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico y amigo de Laje; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio), la francesa Total y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.

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A principios del año pasado, el Gobierno festejó que el consumo de bienes durables repuntaba, como el de autos, entre la concreción de compras postergadas de un tiempo pasado en que faltaba oferta importada, la reaparición del crédito y una merma de la inflación que mejoraba el salario. Pero en la segunda mitad de 2025 le echó la culpa al llamado “riesgo kuka” de la suba de las tasas de interés de los préstamos y el alza de precios, y su consiguiente impacto en los sueldos. Pasadas las elecciones, y ante el aumento de la morosidad crediticia, el financiamiento sigue caro y las remuneraciones tampoco se recuperaron. ¿Consecuencias? Varias, pero una de ellas es el derrape ya no sólo de la producción nacional sino también de las ventas de automóviles y pickup ups, incluidas las extranjeras, en mayo y la consolidación de una baja en los primeros cinco meses de 2026.

La fabricación local ya venía cayendo con Milei, mientras crecían los importados, sobre todo los chinos como BYD, BAIC o Chery. Pero la novedad del mes pasado fue que se derrumbaron 25,6% interanual las ventas totales de vehículos, tanto nacionales como extranjeros, según la Asociación de Concesionarios (Acara). Ya no zafa nadie. Los patentamientos de autos retrocedieron 26%, pero también lo hicieron en la misma medida (-26,7%) los comerciales livianos, es decir, las pick ups y los utilitarios. Y eso que el campo, la minería, Vaca Muerta y el comercio electrónico, usuarios de las camionetas, están creciendo.

En una de las principales fabricantes de pick ups explican que la demanda de los sectores productivos continúa firme, pero lo que hizo caer la comercialización fue la menor compra en las ciudades. “Cayó la venta para uso particular”, detallan. Es decir, si las usás para hacer pinta, mejor esperá otro momento mejor. Ahora, no hay plata en el bolsillo ni crédito, todavía caro y escaso, pese a la baja reciente de tasas y por motivo de que las financieras y los bancos tienen el foco en sanear la cartera morosa, no en otorgar nuevos préstamos. Salarios bajos y créditos caros explican el fenómeno, según reconocen en concesionarias. Pero hasta los camiones pesados disminuyeron aunque menos que los otros segmentos, el 14,5%.

“El mercado se paró porque está pensando: hay incertidumbre de nuevos modelos, nuevas tecnologías, en la financiación, si bajan las tasas”, quiso ser más diplomático el presidente de Acara, Sebastián Beato, en Mdz Radio. Su hipótesis es que la población está esperando a que vuelva en algún momento un crédito barato, pero también duda qué comprar en un mercado donde irrumpe un aluvión de autos importados que antes no se ofrecían y se desconocían, muchos de ellos con sistemas eléctrico o híbrido que tampoco estaban disponibles hasta que este gobierno abrió la economía.

“Junio va a levantar un poco, pero 2026 no va a ser como 2025, calculamos un 8% abajo”, pronostica Beato. En los primeros cinco meses de este año, el patentamientos de autos cae 8,7%; el de comerciales livianos, 13,9% y el de pesados, 4,5%. El total del mercado merma 9,7%. “2026 calculábamos que iba ser un año meseta. Si bajan las tasas, aumentará la financiación. El que tiene dólares, quizás espera a que suba para venderlos y comprar un auto. Tenemos un sobrestock de tres meses en las concesionarias y hay presión para bajar los precios (N. de la R.: esa expectativa de abaratamiento también demora la decisión de compra). No quiero ser alarmista sobre la pérdida del poder adquisitivo”, prefirió evitar una definición sobre el impacto de los ingresos deteriorados en las ventas.

En mayo, todos a la baja

En mayo casi todas las marcas de coches y comerciales livianos despistaron, incluidas las líderes Toyota, Volkswagen y Fiat. Entre las pocas excepciones figuraron Mercedes-Benz, entre el lujo y el nuevo impulso al utilitario Sprinter que le dio el nuevo dueño de la fábrica local, Prestige Auto -propiedad de Pablo Peralta como accionista mayoritario, Daniel Herrero y Alfonso Prat-Gay como minoritarios-; los importados de las BYD, BAIC, Chery, Haval, Changan, Jetour y Foton, la surcoreana Hyundai, las japonesas Honda y Suzuki y las alemanas Audi y BMW. La alta gama sigue ganando en la Argentina, no sólo los autos asiáticos eléctricos e híbridos que entran sin arancel en la Argentina, mientras las fábricas locales apenas están invirtiendo en comenzar a fabricarlos.

Entre los camiones pesados también redujeron en mayo ventas casi todas las marcas, incluidas las que más venden, Mercedes-Benz, Iveco y Scania. Sólo mejoraron la sueca Volvo y Foton, entre otras. Es decir, tampoco anduvieron bien aquellos que le venden a las grandes industrias extractivas.

El derrape en ventas impacta en la producción: en una torta que se achica, la porción de lo nacional ya se venía empequeñeciendo. El mes pasado, la industria argentina produjo 21,5% que un año atrás y acumula una merma del 19,3% en lo que va de 2026. El retroceso se debe claramente al mercado interno porque la exportación apenas se achicó 4,2% en mayo y 2,1% en los primeros cinco meses del año. El 64% de lo enviado al exterior va a Brasil –donde los vehículos chinos avanzan–, seguido por América Central, con el 12,9%, y Perú, con el 7,8%. El mes pasado se exportaron 17.800 utilitarios y 7.300 autos. La Argentina se ha especializado con éxito en pick ups, apuntando a una Latinoamérica productora de materias primas, aunque no a todas las empresas les fue tan bien como a la japonesa Toyota con Hilux y a la estadounidense Ford con la Ranger.

Hay marcas que dejaron de producir en la Argentina este año: en Córdoba, la japonesa Nissan, que antes hacía una pick up, y en El Palomar la francesa Citroën, del grupo europeo Stellantis. Este conglomerado también fabrica Fiat en su planta cordobesa y Peugeot en esa localidad bonaerense, incluidos los primeros modelos híbridos argentinos, pero esta última fábrica está ahora paralizada por un mes por la menor demanda. En la provincia mediterránea elaborará dos nuevas camionetas, una Fiat y otra RAM, ambas con versiones híbridas pero con el modelo CKD (Completely Knocked Down, completamente desmontado), que consiste en que acá se ensamblan casi todos componentes importados, en este caso de China. Es decir, poco trabajo para las fábricas autopartistas locales.

El avancese de los híbridos

Otras automotrices discontinuaron modelos mientras invierten para futuros lanzamientos: son los casos de la alemana Volkswagen, que dejó de armar la Taos en Pacheco, y la francesa Renault, que ya no hace la Sandero ni el Logan ni la camioneta Alaskan en Córdoba. Ambas planean empezar a producir pick ups. En el primer caso será un CKD chino. En el de Renault, en cambio, tendrá más partes locales e incluirá una versión híbrida.

La norteamericana General Motors (GM) sobrevive cerca de Rosario. Toyota y Ford planean versiones híbridas de sus pick ups en Zárate y Pacheco, respectivamente. Mercedes- Benz Buses y Camiones inauguró el mes pasado una planta en Zárate que había anunciado en el gobierno anterior, mientras Prestige Auto opera en La Matanza la fábrica que vendió la compañía alemana en 2025. Se espera que la argentina Corven, fabricante de motos, arme acá los primeros modelos chinos, los Chery y los Foton. Otras pymes locales llevan años elaborando sus eléctricos: Sero Electric en Castelar, Volt Motors en Córdoba y Tito (Coradir) en San Luis. Pero ahora enfrentan la dura competencia asiática. Las autopartistas también cierran: diez en la era Milei. Otras 52 habían bajado las persianas de 2010 a 2023.

La discontinuidad de fábricas, modelos y autopartes locales obedece siempre a motivos particulares de las estrategias de cada empresa, pero también existen factores argentinos para las tomas de decisiones que evidencian un retroceso de la industria automotriz local en general. Son decisiones que se tomaron años antes, es decir, a partir de la experiencia del gobierno anterior. Si bien el peronismo tenía un discurso pro industrial, era muy difícil producir porque estaban restringidas las importaciones, faltaban piezas para ensamblar, se incumplían compromisos de exportación, falta certidumbre de largo plazo y por eso se minimizaban inversiones. La japonesa Honda dejó en 2020 de producir autos en la Argentina y ahora sólo hace motos.

Con los libertarios hay más estabilidad macroeconómica, libre importación de partes pero también de productos terminados, bajan algunos impuestos, pero no hay política industrial como en Brasil, se bajan tanto los aranceles a la importación que al final de cuentas a las multinacionales les conviene destinar su capacidad ociosa de sus fábricas en otros países a vender importados en la Argentina, en lugar de producir acá. Juegan en contra los tributos que pesan sobre la producción, así como un tipo de cambio que si se sigue atrasando a largo plazo encarece cada vez más lo que se elabora localmente. Los cambios de reglas con cada gobierno que llega no ayudan a planificar. Así es el análisis de al menos dos fuentes productivas criollas.

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Sorprende que en un aprovincia beneficiada por la minería como Salta el presidente de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa), Daniel Romano, cuente que la clientela compra un kilo para reemplazar la misma cantidad de carne vacuna. Se supone que en sus pagos la economía debería marchar de acuerdo con el plan. Pero no es tan así. No sólo el conurbano bonaerense aparece como perdedor de un modelo económico que impulsa las minas, Vaca Muerta, el campo y las finanzas, según un nuevo informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad de San Martín (Unsam), titulado “Argentina, ¿entre dos realidades? La nueva geografía del empleo bajo el modelo de Milei”.

Entre septiembre de 2023 y el mismo mes de 2025, 318 de los 498 municipios del país perdieron empleo formal privado y, si bien el área metropolitnana de Buenos Aires (AMBA) concentró la mayor pérdida en términos absolutos, en proporción la caída fue más intensa fuera de la capital y su periferia. El dato discute la idea de “desconurbanización”, de que los habitantes del Gran Buenos Aires desindustrializado deberían mudarse al interior para buscar trabajo en yacimientos o en ciudades pequeñas e intermedias que dependen de la extracción de materias primas.

En el noreste argentino (NEA) el empleo privado formal cayó 7,1% en dos años; en el noroeste (NOA), 3,4; y en Cuyo, el 2,2%. En la Patagonia y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) bajó 2%. Incluso en el centro también descendió, aunque menos, el 1,6%. En cantidad de personas que perdieron el trabajo registrado en las empresas, el AMBA, con más población, lideró en 61.000; el centro, en 28.000; el NEA, en 21.000; el NOA, en 16.000 y Cuyo y la Patagonia, en 8.000.

Sólo dos provincias crearon este tipo de empleo, es decir, ni estatal ni informal: Neuquén y Río Negro, es decir, la de Vaca Muerta y su vecina también productora de gas con el mismo método del fracking. En el NOA y el NEA, “la caída de la construcción golpeó sobre estructuras productivas más frágiles y menos diversificadas”, según el reporte

“No hay evidencia de una desconurbanización virtuosa del empleo porque cuando observamos la proporción de puestos de trabajo perdidos en los departamentos de tamaño medio y chico, vemos que fue superior a la que tuvo lugar en los grandes aglomerados urbanos”, indica el estudio de la Unsam. En los grandes se perdió el 1,8% del empleo privado formal; en los suburbios y ciudades intermedias, el 3,2% y en las pequeñas y zonas rurales, el 3,9%.

Entre los municipios ganadores figuraron aquellos vinculados a Vaca Muerta, la minería (claro que eso fue insuficiente para una mejora global del empleo en todo el NOA y Cuyo), la agroindustria (tampoco cambió la realidad del centro), la vitivinicultura y la expansión suburbana puntual. Pero no alcanzó para cambiar la situación general. Los departamentos con aumento del empleo privado formal fueron Confluencia (Neuquén), General Roca (Río Negro), El Carmen (Jujuy), Yerba Buena (Tucumán), Biedma (Chubut), Vicente López, Ezeiza y Tres de Febrero (Buenos Aires), Maipú y San Rafael (Mendoza).

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A partir de las compras de viviendas, refacciones y viajes por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comenzó a surgir la pregunta de si se financiaba acaso con eventuales sobresueldos provenientes de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), uno de los pocos organismos que aumentó su presupuesto en la era de la motosierra libertaria, o de la Fundación Faro, que a fines de 2024 pasó a manos del elenco que rodea al presidente Javier Milei y a su asesor Santiago Caputo. No hay pruebas de que Faro pague salarios para complementar los magros honorarios con los que los funcionarios se jactan de cobrar poco, pero sí de que la fundación que dirige el político ultraconservador Agustín Laje ha sabido recaudar incluso mucho más que lo que juntaban las fundaciones del PRO en sus mejores tiempos.

Una vez llegados al poder, Milei y Caputo quisieron armar una fundación que en principio propale su ideología. Después el portal Chequeado descubrió que financiaría publicidad electoral o política en el año de las elecciones legislativas de 2025. No está confirmado lo de los sobresueldos. Para evitar el engorroso y largo trámite de inscribir la entidad en la Inspección General de Justicia (IGJ), el encargado del asunto, Francisco Caputo, hermano del asesor, se ocupó de encontrar una fundación ya existente, Valorar, que se dedicaba a atender personas en situación de vulnerabilidad, de que renunciara su consejo directivo y de reformar su objeto social. En noviembre de 2024, la rebautizaba Fundación Faro Argentina debutaba con una cena en el Yacht Club Puerto Madero -propiedad de los Neuss, amigos de los Caputo y promotores de la entidad- en la que los empresarios pagaban US$25.000 el cubierto. José Luis Manzano (Edenor), Hugo Eurnekian (Corporación América), Martín Migoya, Guibert Englebienne (ambos de Globant), Betina Bulgheroni (Pan American Energy, PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Claudio Belocopitt (Swiss Medical), Sebastián Bagó, Horacio Marín (presidente de la estatal YPF) y representantes de Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio), la francesa TotalEnergies y Techint (de Paolo Rocca) dijeron presente. Milei y Laje disertaron aquella vez.

A pesar de que la remozada fundación arrancó en los últimos dos meses de 2024 le bastó para recaudar ese año $4.961 millones, equivalentes a lo que entonces eran US$4,8 millones, según consta en el balance que presentó en abril de 2026, con 12 meses de retraso, ante la IGJ. Esa multimillonaria cifra contrasta con lo que recolectaba la Fundación Valorar en 2023, unos $49,8 millones, unos US$61.000 de aquellos tiempos. Es decir, los ingresos se multiplicaron por 78. Está claro que una organización vinculada a la política va a recaudar más que una ignota dedicada a la ayuda social, pero lo que llama la atención es que en dos meses de 2024 levantaron US$4,8 millones, cuando la sumatoria de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Fundar, juntaban en promedio alrededor de US$1 millón anual cuando se preparaban para gobernar la Argentina, entre 2013 y 2015, antes de que Mauricio Macri llegara a la Casa Rosada, según constó en otra investigación de Chequeado. Una vez instalado Cambiemos en el poder, estas fundaciones perdieron peso y ahora sólo persiste Pensar, aunque sin tanto ímpetu como en aquel entonces.

Si bien Laje es el director ejecutivo, el presidente de la entidad es Ignacio María Bilbao La Vieja, que estudió administración de empresas en la Universidad Católica Argentina (UCA) casi a la par de Juan Neuss, uno de los empresarios que más ha crecido en este gobierno a partir de las privatizaciones de empresas eléctricas y las licitaciones de áreas que dejó YPF en Chubut y Santa Cruz. Bilbao La Vieja trabajó antes en el banco Citi, en Moët Hennessy y Toyota. Lo secundan Lucía Aldao y Marcelo Macías.

Los nuevos dueños de la fundación no pudieron cambiar el objeto principal: “Abordar la realidad de personas y comunidades en contexto de desigualdad”. A los libertarios la igualdad no les interesa: sólo la libertad... y la propiedad privada. En la memoria se habla del nuevo rol: “Durante 2024 desarrolló una serie de iniciativas destinadas a fortalecer su misión institucional: promover la educación, el pensamiento crítico y los valores liberales y de libertad individual como pilares fundamentales para el progreso social. Las acciones llevadas adelante reflejan un enfoque integral que combina la generación de oportunidades, la formación de líderes con compromiso activo y la creación de espacios de diálogo y participación activa”.

“Una de las actividades más relevantes del año fue la Cena Solidaria (sic), organizada con el fin de recaudar fondos para el financiamiento de los programas formativos que la fundación llevará adelante durante 2025, así como para apoyar el Curso de Emprendedores, desarrollado en colaboración con Endeavor”, siguió la memoria. Pero Chequeado comprobó que entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue la organización que más dinero gastó en redes sociales en la Argentina: más de $1.000 millones en unos 15.000 posteos calificados por Meta (la dueña de Instagram y Facebook) como publicidad electoral. Una cifra sólo superada en ese periodo por la Jefatura de Gabinete, que pasó de manos de Guillermo Francos a las de Adorni... y eso que el gobierno de Milei iba a terminar con la pauta...

En cuanto a Endeavor, es la fundación de grandes empresarios que promueven a otros emprendedores de negocios. Su directora ejecutiva es desde hace 10 años Julia Bearzi, licenciada en administración en la Universidad de La Plata, con un master en la de San Andrés e hija de desaparecidos. Vaya a saber qué tal se lleva con Laje, defensor de la llamada memoria completa. Pero Bearzi cuenta con la confianza del directorio de Endeavor, que preside Migoya y que integran, entre otros, Nicolás Szekasy (del fondo Kaszek), Alec Oxenford (fundador de OLX y actual embajador en EE.UU.), Sofía Pescarmona (Bodega Lagarde), Alfredo Poli, Englebienne, Marcos Galperin (Mercado Libre), Luciano Nicora (Pampa Start), Eduardo Elsztain (IRSA), Roberto Souviron (fundador de Despegar y actual gestor de Win Win Ventures), Carlos Miguens (Central Puerto), Federico Braun (La Anónima), Franco Mignacco (Minera Exar y Unión Industrial Argentina, UIA), Karina Román (Puerto Asís Investments, que no tiene negocios en común con su primo Leonardo Román, socio de la belga Jan De Nul en la licitación de la hidrovía del río Paraná) y Federico Lauría (Dale Play).

“En diciembre de 2024 se llevó a cabo una conferencia de alto impacto público, que contó con la participación de los presidentes académicos de la fundación, destacados referentes del pensamiento liberal en Argentina: Laje, Adrián Ravier -actual diputado libertario- y Alberto Benegas Lynch (h) -que ya entonces integraba la Cámara de Diputados-”, continuó la memoria. El texto finaliza con un llamado a construir una “sociedad más libre, responsable y próspera”.

Los activos de la entidad pasaron de $12,3 millones en 2023 a $4.529 millones en 2024. De este último dinero, unos $4.188 millones se destinaron a inversiones. Se nota que lo recaudado en la cena pasó a ese fin, de modo de gastarlo en 2025. En el balance se detalla que esos 4.188 millones se invirtieron en fondos comunes de inversión, letras y bonos del Tesoro Nacional.

A su vez, la fundación finalizó 2024 habiendo otorgado créditos por $278 millones y con deudas por $125 millones. En instalaciones, muebles, útiles y equipos de computación se fueron $24 millones. De los ingresos, $4.957 millones provienen de donaciones, pero hay $1 millón que surge de intereses -las inversiones quizás han sido rentables- y $3,2 millones de un concepto de alquileres, lo que hace presuponer que la fundación dispone ya de algún inmueble.

En cuanto a las gastos, $205 millones se destinaron a eventos, campañas y difusión, $2,9 millones en viajes, $25,6 millones en presupuesto de oficina, $92,8 millones en alquileres y $47,9 millones para una elevada partida de “servicios de seguridad”. En sueldos y cargas sociales, $23,9 millones.

En el balance no se detallan los donantes de más del equivalente de más de 40 salarios mínimos, que es lo que exige la normativa de la IGJ. Serían los que ponen más de US$10.000 en la actualidad. En los estados contables de las fundaciones del PRO sí solían figurar y si no, este organismo dependiente del Ministerio de Justicia lo reclamaba. elDiarioAR consultó a Faro quiénes fueron los principales aportantes, por qué no se los mencionó, cómo se lograron multiplicar tanto los ingresos y a qué fines de destinó el dinero y una vocera respondió: “Todo aquello a lo que podés acceder es público. El resto es información confidencial, la fundación no revela quiénes son sus aportantes”.

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Un director de uno de los cinco mayores bancos de la Argentina admite un parecido entre el país que está revolucionando Javier Milei y aquel de la segunda mitad de los 90 que había transformado Carlos Menem. Entonces el dólar se mantenía estable, la inflación también, el peso se apreciaba y eso encarecía los bienes hechos en la Argentina, que enfrentaban la apertura importadora. El turismo local sufría con el extranjero, la economía crecía, pero el desempleo también. Como entraban dólares -en aquel tiempo por la revolución de la soja transgénica- y crecían las inversiones extranjeras y el endeudamiento externo, parecía que el tipo de cambio estable había llegado para quedarse. Tardó 11 años en explotar la convertibilidad de un peso un dólar.

Con las divisas que trajo Vaca Muerta gracias las inversiones en los tres gobiernos anteriores, con los proyectos de litio que también vienen de antes, con el campo impulsado por el clima y las políticas de la actual gestión -aunque el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, se queje de que no lo aplauden- y con el seguro anticrisis que le aseguró Donald Trump -al menos hasta las elecciones legislativas de EE.UU. en noviembre próximo-, tampoco hay hoy crisis cambiaria a la vista. El riesgo es que crezca la economía mientras se deteriora la situación social, en un proceso lento que quizás llegue a las elecciones de 2027 con algo de aire como para que Milei sea reelecto, como Menem en 1995, que tenía 17% de desocupación. O tal vez se acelere su desgaste entre bolsillos flacos y casos de corrupción engordados, y pierda como le ocurrió al peronismo en las legislativas de 1997, cuando la economía creció al 8% pero el desempleo apenas bajó al 13%. En el primer trimestre de 2026, el PBI aumentó sólo 1,7% y el desempleo en el periodo anterior subió al 7,5%, en un tiempo donde existen las apps como refugio precario para los despedidos del empleo formal.

Pero también existen otras diferencias entre aquellos años 90 y la actualidad. En ese tiempo había echados de las empresas estatales y de la industria, pero también había algunos sectores manufactureros en expansión, como Citroën, que en 1998 volvía a producir en la Argentina, después de casi 20 años. Ahora, casi 30 años más tarde, la marca francesa deja de fabricar en el país, importará desde Brasil y España, aunque tal vez venga a instalarse una fábrica china, Omoda & Jaecoo. Pero los mayores cambios vienen por la tecnología, del fax al celular, por ejemplo, que destruye puestos de trabajo en pos de la eficiencia en todo el mundo, y por la hegemonía industrial de China en el planeta, ya no como vendedor de baratijas sino a la vanguardia.

Ante ese avance asiático, EE.UU., Europa y Latinoamérica se defienden más que la Argentina. Este martes, en la reunión habitual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), Elio Del Re, pidió que la entidad reclame con más fuerza: apuntó contra el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, para que adopte medidas concretas para frenar el aluvión de productos chinos en un mercado en contracción, donde hay menos para repartir.

Lo apoyaron otros como su par de la Cámara de Indumentaria, Claudio Drescher, y el representante de la del Calzado en la UIA, Alberto Sellaro. El presidente de la UIA, Martín Rappallini, y uno de los vicepresidentes, David Uriburu, están de acuerdo pero quieren mantener el buen tono con el Gobierno. Rappallini acaba de recibir la aprobación de un proyecto minero suyo, el de cobre San Jorge, en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), y Techint, el grupo para el que trabaja Uriburu, presentó en el RIGI una iniciativa de extracción petrolera de su firma Tecpetrol en Vaca Muerta.

Pero este año Lavigne se ha ocupado más de firmar resoluciones para determinar el origen de mercancías asiáticas o cuestiones inherentes al régimen de electrónica de Tierra del Fuego o del automotriz. Son empresas las que empujan esos expedientes, a veces bien asesoradas por consultores influyentes. Lavigne, que también supo ser consultor antes de incorporarse al gobierno libertario, tampoco tiene que firmar tanto expediente como cuando su antecesor, Matías Tombolini, secretario de Comercio Interior, y su subsecretario de Política Comercial, Germán Cervantes, aprobaban o rechazaban los trámites del derogado Sistema de Importaciones (SIRA).

Lavigne no comunicó que haya investigado los rumores de pagos de supuestas coimas en el Hotel Madero, pero ahora el fiscal Franco Picardi está poniéndoles la lupa. Quizás se le ocurra indagar en las sociedades que creó Tombolini cuando era funcionario del gobierno anterior, la constructora Malquele o la de venta de obras de arte Artemati, o las exitosas inversiones de Cervantes en bolsa o la renovación de su Jeep, según constan en sus declaraciones patrimoniales de fines de 2023, cuando terminaron su gestión a las órdenes del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Sergio Massa.

Milei, mientras tanto, habla de nueva industrialización de la mano del bajo costo energético por Vaca Muerta: habrá tres RIGI en la materia, la siderúrgica Sidersa, de uso intensivo de gas, y Profertil, de Adecoagro, y Pampa Fértil, de Marcelo Mindlin, ambas de fertilizantes, que utilizan el recurso gasífero como materia prima. O sea que no sólo hay dualidad entre sectores que crecen y que caen sino que también dentro de la industria hay subsectores que caminan y otros que no.

Lo mismo sucede con el supermercadismo: en marzo la venta cayó 5%, pero al mismo tiempo abrieron este año sucursales en Mar del Plata, Puerto Rico (Misiones), San Martín de los Andes, Resistencia, Córdoba, Junín y Bahía Blanca. Sólo en Neuquén y San Luis se mantuvieron las ventas en marzo, apenas cayeron en la ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Río Negro, mientras que se derrumbaron sobre todo en Corrientes, La Rioja, el conurbano bonaerense y Tucumán. En regiones con Vaca Muerta o campo hay más consumo y en las de más empleo público e industrial, menos.

Milei, Caputo y Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, están difundiendo en equipo que la economía va bien y está lejos de una recesión. Se ilusionaron con el repunte de actividad de marzo, tras el derrape de febrero. “Más allá del rebote de marzo, no esperamos un crecimiento elevado para este año”, advierte la consultora LCG, que dirige Javier Okseniuk. “Mantenemos nuestra proyección de una expansión de la actividad por debajo del 3% anual promedio, traccionado por unos pocos sectores (petróleo, minería, agro e intermediación financiera). Para el resto no hay drivers claros que impulsen el crecimiento”, señaló.

“La demanda interna no logra consolidar una recuperación, afectada por el bajo poder adquisitivo y la retracción del crédito. A su vez, parte del consumo se desplaza hacia bienes importados, en un entorno de mayor competencia asociada a la apertura comercial y a un tipo de cambio real relativamente apreciado. El posible derrame de los sectores ganadores hacia el resto estará limitado, y los beneficios de una eventual persistencia de la tranquilidad cambiaria serán compensados por el perjuicio que generaría dicha estabilidad; en tanto que el tipo de cambio se estaría ubicando en niveles que afectan los márgenes de varios sectores mano de obra intensivos”, completa LCG, una de las consultoras que más acierta en sus pronósticos.

Otras que también pronostican bien están en la misma. Ecolatina, que preside Santiago Paz, tituló “La dualidad de la economía argentina” su informe de mayo. La de Orlando Ferreres calculó que en abril hubo crecimiento cero en relación a un año antes y una baja del 0,7% respecto de marzo. “No esperamos que esta dinámica de marcha a dos velocidades cambie en el corto plazo”, admite el centro de estudios de Ferreres, aunque augura que si baja la inflación podrían mejorar los ingresos de las familias y eso revertiría el cuadro del comercio y la industria.

En el Latam Economic Forum, que reunió este jueves sobre todo a empresarios de la colectividad judía, Milei y Caputo argumentaron que agro, minería, Vaca Muerta y economía del conocimiento crean empleo. En el mismo foro, Marcelo Mindlin, dueño de Pampa Energía, también se quejó: “Cuando periodistas y economistas dicen que el sector energético es ganador pero no genera empleo, no es así”. Y mostró un video de Pro Pymes, fundación de Techint, que muestra toda la industria, el comercio, el servicio y el transporte que moviliza el gas. Claro que el peso está sobrevaluado y los costos son altos, entonces los proveedores de bienes se buscan en el exterior, desde galpones enteros hasta camionetas.

Por eso, no hay que ser kirchnerista para criticar al RIGI, que rebaja el impuesto a las ganancias del 35% al 25% y exige sólo un 20% de compre nacional, que en general se gasta en la obra civil y no en insumos nacionales.

Juan Carlos Hallak, doctor en Harvard, y Ricardo Carciofi, master en Sussex, ambos investigadores de la Universidad de Buenos Aires, expresan reproches. Hallak considera excesivo haberles bajado el impuesto a las ganancias del 35% al 25% porque considera que lo que se gana con las inversiones se pierde por recaudación tributaria y habla de “escándalo” que se haya extendido este año el beneficio a la extracción de hidrocarburos. Le preocupa que el proyecto de ley del Súper RIGI reduzca la alícuota al 15% y advierte que quizás los sectores inexistentes que se radicarían también lo harían sin tanto incentivo. Por ejemplo, los data centers de empresas tecnológicas como Palantir, del vecino palermitano Peter Thiel.

Hallak también alerta que falta una política de desarrollo de proveedores locales, más allá del 20% de compre nacional. Carciofi también plantea la ausencia de recetas para asegurar el derrame de los RIGI y el riesgo de dar estímulos a negocios que se hubiesen concretado sin ellos, en alusión a la explotación petrolera y gasífera.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, alertó que sólo el 2% de los US$95.000 millones de inversiones anunciadas en 36 proyectos del RIGI entrará al país en los primeros dos años del régimen. A esa cifra llega a partir del dato que el cuestionado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, admitió en su último informe al Congreso: calculó que 12 iniciativas traerán US$1.920 millones en este bienio. A su vez, de esos desembolsos, hasta un 80% se puede ir en importaciones de maquinarias e insumos extranjeros, lo que reduce la entrada de capital. Las llegadas de divisas por exportaciones también serán menores a las esperadas: a partir del primer año sólo debe liquidarse el 80% de las ventas externas y desde el cuarto el 0%.

Pero Milei está por la tarea de seguir bajando impuestos y achicar al Estado. Ahora con su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apunta a reemplazar servicios básicos del Estado como la salud, la educación y la seguridad, financiados por tributos, por la contratación individual de seguros. Leyeron esa idea anarcocapitalista en el libro que el presidente regaló esta semana a los miembros de su gabinete, Chaos Theory (“La teoría del caos”, del economista norteamericano de la escuela austríaca Robert Murphy).

Otro estadounidense presentó libro esta semana sobre un aspecto central de la vida actual, la inteligencia artificial: Robert Prevost, más conocido como León XIV. En su LinkedIn, el economista Eduardo Levy Yeyati, actual asesor sobre IA en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comentó su primera encíclica como papa: “Leí Magnifica Humanitas como un agnóstico de mente abierta. Es un documento largo, profundamente arraigado en la Doctrina Social de la Iglesia Católica, con la que no estoy familiarizado. Aun así, varios pasajes merecen ser tomados seriamente independientemente de la fe de cada uno, especialmente por quienes creemos —como yo— que la dimensión humanista de este debate debería eventualmente ocupar el centro de la escena”.

“No alcanza con moralizar las máquinas si los marcos éticos que se incorporan en ellas son definidos por un pequeño número de actores. Es una objeción política, y resuena con las críticas crecientes a la idea de la IA como un árbitro neutral e independiente del contexto para los problemas morales”, plantea Levy Yeyati. También se refiere al impacto laboral: “La preocupación no es la automatización en sí, sino quién controla su ritmo y dirección. Una transición demasiado acelerada corre el riesgo de destruir empleo de manera subóptima”.

“Algoritmos, plataformas, infraestructura digital y datos son colocados junto a la tierra y el agua como bienes que pertenecen a todos”, señala el economista y agrega que surgen “de un 'común' de la ”cultura humana extraído del comportamiento y las interacciones de millones de personas que no capturan ninguno de los retornos“. ”Estamos ocultando sesgos algorítmicos bajo una presunción de neutralidad. El modelo es un espejo de quienes lo construyeron y de aquello que optimizaron, vuelto ilegible por la escala y la complejidad“, comenta también Levy Yeyati sobre la obra del papa que quiere domar la IA.

AR/MC

Javier Milei está decidido a tapar la agenda del bajo consumo y los escándalos como los de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una ametralladora de propuestas radicales. Este jueves, en el Latam Economic Forum, que organiza la financiera Research For Traders y convoca sobre todo a empresarios de la comunidad judía, el presidente planteó: “Si ustedes quieren achicar el Estado, deben sustituir sus servicios por los seguros”. Y puso como ejemplo la medicina prepaga -donde ya se puede derivar el aporte directo a empresas privadas-, la seguridad privada y la educación privada.

“Como no están satisfechos con el Estado, buscan al sector privado”, ahondó. No es de extrañar que durante décadas de malas prestaciones estatales hayan crecido estos y otros servicios privados, pero la motosierra que Milei aplicó está deteriorando aún más la calidad de las prestaciones médicas estatales y de las escuelas y universidades públicas. La excepción es la seguridad, donde a pesar del ajuste, el presidente celebró que bajaran los índices de criminalidad, de por sí bajos en el contexto latinoamericano, a niveles históricamente mínimos. Se lo agradeció a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, más allá del supuesto distanciamiento reciente de la senadora. También la felicitó por pasar de 9.000 piquetes a cero.

“Ahí se desarrollan seguros”, ejemplificó Milei. No mencionó otros como los de jubilación. “Eso nos permitirá seguir bajando impuestos”, se entusiasmó. Y contó que con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, están planeando la “revolución de los seguros”. Contó que hay que terminar con la visión del Estado como prestador de seguros. “Vamos a hacer una transición ordenada hacia un nuevo sistema, no se puede hacer de manera instantánea, va a demandar tiempo. Si es instantáneo, el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

Antes de su alocución, el dueño de Research For Trades y excandidato a presidir la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Darío Epstein y un rabino que dirige la corriente judía Jabad Lubavitch Argentina, Tzví Grunblatt, le otorgaron un galardón. “Este premio me sacude emocionalmente”, admitió Milei.

“Los argentinos van a ser investment grade (calificación de menor riesgo crediticio para un país) el día en que los argentinos definitivamente decidan abrazar las ideas de la libertad y terminen de sepultar al populismo”, planteó el presidente mientras el riesgo país aún se mantiene en torno a los 500 puntos básicos, lejos de los 200 que se requerirían para acceder a crédito barato en el exterior. Es decir, Milei considera que deben ganarse las elecciones presidenciales de 2027 para alcanzar esa meta.

“Nunca hubo en Argentina un spread (diferencia) tan grande entre lo que sucede en la economía y lo que cuentan los medios”, siguió con la perorata que horas antes había pronunciado su ministro de Economía, Luis Caputo, en el mismo auditorio. “Desde que llegamos la economía está 11% arriba de cuando recibimos el poder”, contó. “La tendencia es clara: Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento.

“Vamos a seguir abriendo la economía argentina”, prometió y quiso dar un ejemplo: “Sacamos ley de alquileres, multiplicamos la oferta y bajaron los alquileres 30% en términos reales”, alegó. La realidad que muestra el propio Instituto de Estadística (Indec) es lo contrario: la inflación fue del 303% en la era Milei y los alquileres se encarecieron 562%.

Milei volvió a hablar de una “nueva industrialización” de la Argentina “por el bajo costo energético”. “Argentina se está convirtiendo en un polo de atracción industrial”, alegó pese a la caída del sector. Sólo tres proyectos industriales aspiran al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI): la acerera Sidersa, la fabricante de fertilizantes Profertil, que ampliará la conversión del gas en urea para el trigo, y otra competidora que se instalará, Fértil Pampa, de Marcelo Mindlin.

AR/CRM

A diferencia de otros años, quedó a medio llenar el auditorio en la inauguración del Latam Economic Forum este jueves en Golden Center (ex Parque Norte) para escuchar a Luis Caputo. Pero el ministo de Economía no perdió el optimismo en este foro que organiza la financiera Research For Traders, de Darío Epstein, y que suele convocar a parte del empresario de la colectividad judía y cuya recaudación está destinada a la Fundación de Acción Social de la organización judía Jabad Lubavitch y la cooperadora del hospital de niños Ricardo Gutiérrez.

Caputo arrancó planteando la diferencia entre “dato y relato, que es lo que tratan de hacerle creer a la gente que está pasando”. Quiso convencer al público de que los datos coinciden con lo que le pasa a la población. Mencionó que la inflación bajará otra vez en mayo y en los próximos 12 meses el mercado no espera “cimbronazos”. Destacó que en abril hubo récord de exportaciones de bienes, de casi US$9.000 millones, y prevé que este año se llegue a US$100.000 millones. Destacó que la Argentina pasó de importador a exportador de energía, aunque no reconoció que fue gracias al gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno, como reconocen expertos energéticos nada kirchneristas como Daniel Gerold. 

El ministro admitió que la inversión extranjera directa en el país está “muy por debajo” entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), pero quiso mirar el vaso un poco lleno: “Hay muchísimo para crecer, esto muestra todo el potencial que hay”. Subrayó el récord de la cosecha, el de la actividad aérea y, por último, el de la actividad económica. “Parece un chiste ver noticieros o diarios y que te hablen de crisis”, comentó.

Parece un chiste ver noticieros o diarios y que te hablen de crisis

Luis Caputo

“No puede haber una divergencia tan grande entre lo que se dice y lo que está pasando”, dijo. Reconoció que “agro, minería, energía y economía del conocimiento por supuesto están motorizando más este crecimiento”, pero no mencionó que se hunden comercio, industria y construcción, los que más empleo generan. Tampoco que los sectores minero y energético ya venían repuntando desde antes de este gobierno o que los servicios informáticos, audiovisuales y profesionales en realidad están blanqueando lo que antes estaba en la informalidad por el cepo cambiario. “No es cierto que estos sectores no generen empleo directo, crean y sobre todo empleo indirecto”, alegó Caputo, aunque claro que si el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) sólo exige 20% de compre local o la oferta de bienes y servicios hechos en Argentina están caros por el tipo de cambio, los impuestos a la producción y los costos logísticos, no hay mucho derrame.

“Los datos son la realidad”, insistió. “Lo otro son encuestas, sensaciones de 2.000 personas. No nos dejemos psicopatear más con lo que se escucha y lo que se ve. Me dicen cómo hacen para aguantar al periodismo. Te dicen que tenés que mostrar empatía. Pero si mostrás empatía, validás. Y los periodistas son muy hábiles en preguntar. Un periodista me dice cuando van a bajar impuestos. La pregunta es cuándo vamos a seguir bajando impuestos. No hemos hecho otra cosa que bajar impuestos”, señaló, momento en que fue aplaudido. Las rebajas tributarias impuestas hasta ahora por el Gobierno se centran en los que más tienen, no en las clases media y baja.

“Te dicen la gente no llega a fin de mes: ¿es la totalidad, es una parte?”, se preguntó el ministro. “Hace dos anos la gente estaba muchísimo peor”, se refirió a la estadística de baja de pobreza. “Hay que focalizarse en lo que efectivamente está pasando, en lo bueno, nadie niega que falte mucho. Mientras en el mundo se valora y celebra todo lo que se está haciendo, acá hay una versión periodística que nada tiene que ver con la realidad. No busco el debate, estoy abriéndole los ojos”, sostuvo.

Y habló del 2027, donde Milei revalidará su título de presidente. “Todos quieren inculcar que el año que viene es electoral. Va a ser lo opuesto a lo que creen los periodistas o el mercado. Van a ser un año totalmente atípico, porque la economía se va a llevar puesto la política, por las inversiones, y el presidente ganará cómodamente”, batieron palmas otra vez entre los empresarios, en su mayoría PyMEs. “No era para aplaudir”, se sonrojó.

Caputo contó que la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, en la reciente reunión de las 20 economías principales del mundo le habló del modelo argentiino. “Hoy no es casualidad que antes el shock externo (de la guerra de Irán y su impacto en el petróleo) estamos navegándolo como el mejor país en el G20”, dijo. “Ella mostró un gráfico que destacaba que sólo la Argentina reunía dos condiciones positivas: superávit fiscal y energético. A mí me daba vergüenza, bueno, represento a Argentina”, recordó Caputo.

Caputo no dijo que las demás naciones tienen margenes para afrontar el shock con déficit porque tienen acceso a los mercados internacionales de deuda, y él no. Tampoco mencionó que ese saldo fiscal se hizo sobre la base de desinvertir en capital, tanto en infraestructura como educación, lo que complica el futuro económico, o sobre la base de ajustes a jubilados y personas con discapacidad. Y menos que menos admitió que ese balance energético fue fruto de una política dirigista.

AR /MC

No sólo el diputado libertario jujeño Manuel Quintar, el que fue al Congreso en su Tesla, tienen origen empresario en las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. Claro que no son grandes empresarios devenidos legisladores, como en su momento fue el caso de Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), la de las marcas Natura y Mazola, que fue senador peronista por Córdoba. Algunos son importantes en su provincia, otros de medio pelo y unos han creado pymes o emprendimientos en paralelo con sus carreras laborales. En total, un cuarto de los diputados de LLA, 25 sobre 91, y un tercio de los senadores, siete sobre 21, tienen empresas, incluidos los que se dedican a la producción agropecuaria o al menos saca provecho de ella por compañías de su familia. Es decir que del total de 112 legisladores nacionales, 32 son empresarios.

No hay ningún problema con que haya empresarios metidos en política, como los hay sindicalistas. Quintar diría que se pagó el Tesla con la suya, no con dinero amasado en la función pública. Los debates giran en torno a si consiguieron su fortuna pagando todos los impuestos, sin sobornar funcionarios y respetando los derechos de sus empleados y el medio ambiente. También en cómo accedieron a ser candidatos: si se compraban las candidaturas en LLA, como denunció en 2023 quien entonces se alejaba del partido, Carlos Maslatón, o si los aportes que debería haber sido en blanco de US$5.000 a 50.000 eran para financiar sólo las propias postulaciones, fin que esgrimió Javier Milei en esa oportunidad. Por último, la duda es si la población al elegir a este tipo de representantes escogió personas que defenderán intereses particulares o el bien común.

“El riesgo de incorporar con tanta preeminencia a tantas personas que provienen del mundo empresarial a la función pública tiene que ver con los riesgos de captura de la decisión pública, o sea, darle una excesiva preeminencia a los intereses y a la visión del mundo que tiene una fracción para el conjunto y hacer perder de vista la defensa del interés general por sobre el interés particular”, señala Ana Castellani, socióloga e investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet). “Las cuestiones de lobby, que son tan habituales, se introyectan en el funcionamiento del organismo y eso es lo que hay que contrarrestar”, opina Castellani.

En el caso de las campañas de LLA, diversas fuentes que participaron de esos procesos cuentan que, por un lado, en 2023 la fuerza política apenas naciente buscaba personas que aportaran dinero y sellos partidarios para participar, pero admitían que la recaudación estaba centralizada en torno de la figura de Karina Milei, quien sería después secretaria general de la Presidencia. En 2025 ya no necesitaban más alianzas con otros partidos porque habían constituido LLA al nivel nacional, pero siguieron necesitando de fondos y además querían deliberadamente armar las listas de candidatos con lo que ellos llaman “emprendedores”, modelos de éxito para la ideología libertaria.

El caso de Quintar llamó la atención. Êl defendió su actuar con el argumento de que llevaba adelante una batalla cultural para que ser rico dejara de ser algo malo para la sociedad. Con sus clínicas de la empresa Servicios Sociales de Salud ha hecho fortuna, con pacientes particulares pero también de obras sociales, es decir, con los aportes de los empleadores y trabajadores a la Seguridad Social. Sus empleados más de una vez han protestado por los salarios que cobran.

Veamos aquí los negocios particulares que tienen cada uno de los diputados de LLA:

En el Senado, estos son los libertarios y empresarios:

AR/MG

El jefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, dispuso este lunes 246 recategorizaciones al alza en el escalafón del organismo. La medida despertó polémica. La Unión del Personal Superior de la agencia (UPS), que encabeza Julio Estévez, emitió un comunicado titulado “La arbitrariedad no es política de recursos humanos” que advierte que “en un acto que carece de toda razonabilidad y sustento administrativo, se han asignado subas de escalafón de manera discrecional, vulnerando el convenio colectivo de trabajo y premiando el amiguismo por encima del mérito”.

En la lista de ascensos en la Dirección General Impositiva (DGI) y la Aduana figuran Yael Bialostozky, vocera del ministro de Economía, Luis Caputo, y Nicolás Velis, hijo del jefe aduanero, José Velis. “No cuestionamos la valia personal de quienes integran la lista, pero resulta inadmisible e injusto para el resto de los compañeros que día a dia sostienen una recaudación en caída libre desde hace doce meses”, apuntó la UPS.

“Nada que comentar porque ese gremio no tiene personería gremial, no está avalado jurídicamente”, respondieron en ARCA ante la consulta de elDiarioAR. No es el primer ascenso polémico decidido por Vázquez: en enero su esposa, María Eugenia Fanelli, fue promovida a subdirectora general de Operaciones Impositivas Metropolitana de la DGI. No es tampoco la primera polémica en torno del jefe del organismo que debería combatir la evasión: la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió el mes pasado su indagatoria por ocultar propiedades en Miami con un valor mayor a US$2 millones.

“Es la propia superioridad –el Ministerio de Economía, en el presupuesto de ARCA 2026– la que reconoce por escrito que el Fisco Nacional padece un 'ecosistema tecnológico obsoleto' y una 'gestión de talento limitada' con serios problemas para retener personal calificado”, continuó la UPS. “Ante este diagnóstico lapidario, la respuesta de Vázquez es profundizar la grieta interna con designaciones a dedo. Señor director: no se beneficia a unos manipulando un convenio y postergando a la mayoría en medio de una paritaria cerrada y una recomposición salarial adeudada al 100% de la planta. No se usa una organización de profesionales de carrera como si fuera la caja de un barrabrava donde se premia al más amigo. No se compran voluntades con grupos discrecionales, ni se expone a los allegados al escarnio de sus propios pares.”

“No se despedaza a la mejor organización del Estado –orgullo en foros internacionales– permitiendo la pérdida de más de 4.300 funcionarios, mientras se premia a quienes debieron frenar las barbaridades administrativas que nos trajeron hasta aquí”, siguió el sindicato. “No se pretende que los verdaderos hacedores de la recaudación se comporten como mendigos a la espera de un próximo revoleo de grupos.”

“Mientras se firman estas subas injustificadas, sigue pendiente la exigencia de este gremio para el reencasillamiento de todos los funcionarios de determinaciones de oficio y de penal, así como de aquellos que cumplen funciones de investigación y fiscalización bajo el principio de igual tarea, igual remuneración”, advirtió el gremio. “Las administraciones salientes solían cometer estas arbitrariedades al retirarse; si esta no es su despedida, no puede admitirse como política de gestion”, prosiguió la entidad liderada por Estévez, en la que también militan María Laura Struba, Ricardo Prado, Mirta Vallejos Quiroz, Maximiliano Dajos, Gerardo Gola, Mariana de Alva -esposa de Ricardo Echegaray, exjefe K y actual empleado de ARCA-, Guilermo Tabellione, Florencia Barbieri, Verónica Laurenzi, Luis Faggiani y Néstor Grau.

AR/MG

El consorcio liderado por la belga Jan De Nul (al 60%) en sociedad con Servimagnus, de Ricardo Román y su hijo Leonardo, va camino de adjudicarse la concesión por 25 años de la hidrovía del río Paraná, por la que navegan y pagan peajes el 80% de las exportaciones argentinas, no sólo del agro sino también de la industria, el 90% de las paraguayas y el 6% de las brasileñas. Un negocio de US$300 millones anuales en el que deberán invertir US$10.000 millones, según el Gobierno, para profundizar el calado y permitir que los barcos circulen más cargados.

Los favoritos a quedarse con la operación se impondrían a la belga DEME porque suman más puntos en la oferta técnica, que se había conocido hace dos semanas. La económica, que se difundió hoy, quedó empatada. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpym), que dirige Iñaki Arrreseygor, deberá revisar los detalles y en el sector se espera que en una semana se expida sobre el ganador.

Pero ya se sabe que Jan de Nul y los Román, familia con larga experiencia en el negocio portuario local, consiguieron 66 puntos en la evaluación técnica contra 42 de DEME, es decir, 24 más. Fuentes vinculadas a la licitación explicaron que este consorcio se impuso por varias razones.

Por un lado, Jan de Nul, que viene dragando el Paraná desde hace 30 años, acreditaba por eso mismo una mayor experiencia que DEME en el trabajo en un río tan largo, de 1.400 kilómetros, como este, casi único en el mundo. Los otros dos tan extensos son el Misisipi, en manos del Ejercito norteamericana, y el Yang Tsé Kiang, en China, que está operado por la empresa estatal de ese país CCCC.

Pero el Gobierno prohibió la participación de empresas públicas, en un guiño a EE.UU., preocupado por el interés de CCCC por la hidrovía criolla. Por eso, los críticos del proceso señalaban que en este aspecto el pliego le jugaba a favor a Jan de Nul.

Por otro lado, la empresa asociada con Servimagnus superó en puntaje a DEME por su plan de trabajo a futuro. El Gobierno dice que con esta concesión apunta a una “modernización de infraestructura estratégica”.

En lo que no hubo competencia es en la tarifa, pues se estableció una mínima. Nadie podía ofertar menos. Las autoridades destacan que sea de US$3,80, un 13,5% menos que en la actualidad. Pero expertos como el consultor Alejandro Bustamante advierte que “la tarifa mínima admisible es prácticamente el doble de la que podría ser si no se hubieran subestimado los ingresos, sobreestimado los costos y agregado costos que no corresponden a una concesión de dragado”.

En este último sentido, Bustamante ha criticado que, a diferencia de la concesión anterior, esta vez no sólo se incluyan tareas de dragado y balizamiento sino también el relevamiento batimétrico e hidrométrico, el control de derrames, el reflotamiento y salvamento de buques y la provisión y el mantenimiento de infraestructura para control de tráfico.

Es allí donde se sospecha desde un principio que Jan de Nul y los Román podrían subcontratar para estas tareas a los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo que habrían sugerido el nombramiento de Arreseygor en su cargo. Los Neuss ya ganaron la licitación de tres de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno y apuntan también a Metrogas, que YPF puso a la venta. El tiempo dirá si los subcontratan en el Paraná o eran todas habladurías del empresariado interesado en el negocio y en el servicio que prestará a exportadores, importadores y puertos.

Este es el segundo intento por concesionar la hidrovía en la era libertaria. El primer fracasó tras objeciones de DEME contra un proceso supuestamente favorable a Jan de Nul. En esta oportunidad DEME no rechazó el trámite sino que Servimagnus haya sido en el pasado socia local de CCCC. Incluso el gobierno de EE UU dejó trascender dudas. Detrás de DEME se suponía que iba a haber subcontratistas norteamericanas. Todo un juego geopolítico detrás de una vía navegable clave para el comercio internacional de granos.

Pero esta segunda licitación sí fue criticada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). La semana pasada emitió un dictamen sobre “diversas irregularidades”, como “ausencia de evaluación de impacto ambiental previa al llamado licitatorio”, la “cláusula anticorrupción”, los “límites a la posibilidad de impugnar” y “la fórmula para evaluar las ofertas”. “Surgen elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos, lo cual, en lógica consecuencia, conducirá inevitablemente a un procedimiento y posible adjudicación pasibles de reproches administrativos y/o penales”, advirtió la PIA, que encabeza el fiscal Sergio Rodríguez. Apuntó a un presunto direccionamiento. Otra vez, Jan de Nul en la mira, junto a sus socios Román y, eventualmente, los Neuss.

Mientras se abrían este martes los sobres con ofertas económicas, el diputado peronista Jorge Taiana encabezó una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados junto a legisladores del bloque Unión por la Patria, especialistas, representantes sindicales, activistas ambientales y referentes de organizaciones en “defensa de la soberanía sobre el Paraná”. mLos asistentes coincidieron en cuestionar la actual licitación de la Vía Navegable Troncal por la supuesta falta de transparencia, la ausencia de participación federal -no se convocó a las provincias vecinas del río- y las presuntas “serias irregularidades” en el proceso.

Una serie de organizaciones no gubernamentales nucleadas en el Foro por la Recuperación del Paraná presentó este martes un pedido de medida cautelar para frenar la licitación de las obras de ensanchamiento y profundización de dragado. “Es muy grave que se avance sin un estudio de impacto ambiental con el agravante que ya han sido identificados graves impactos ambientales en el río y sus humedales, con consecuencias como faltantes de agua, contaminación, entre otros, además de otras ilegalidades y/o irregularidades”, completaron.

AR/CRM

Que a los ricos no les interese pagar impuestos puede llegar a resultar lógico. No salen a la calle y se topan con frecuencia con gente durmiendo en la calle, otros que los fuerzan a comprarles medias ni que les piden comprarles una leche en la entrada del supermercado. No van al hospital público ni pelean con la obra social ni la prepaga barata y sus copagos. No se educan en el ámbito público, aunque se nutren de los empleados que sí pasaron por sus aulas. No toman transporte público ni miran la agenda de espectáculos gratuitos. Y así es que se las ingenian para ser los que menos ingresos destinan a impuestos, a diferencia de las clases media y baja, que en menor o mayor medidas utilizan todos esos servicios del Estado.

En tiempos en que se discute que no haya fondos para las universidades, pero tampoco para remedios y prestaciones médicas, salarios de maestros y policías, frecuencias de colectivos y trenes o instalación de cloacas, esta semana el asesor senior del International Tax Observatory (ITO, las siglas en inglés del Observatorio Tributario Internacional) Vicente Silva, chileno residente en la ciudad sede de esta organización, París, presentó en la Universidad de Buenos Aires (UBA) un informe latinoamericano que especifica cuánto tributa cada segmento social. Los datos demuestran que el 1% más rico de los argentinos paga de impuestos sólo el 30% de sus ingresos, casi lo mismo que la clase media, que abona el 29% y menos que los pobres, que destinan el 37%. Incluso el 10% más rico tributa menos: el 25%. Es decir, los ultramillonarios pagan igual que las familias de ingresos medios, pero más que los apenas menos ricos, quizás por el impacto del ahora licuado impuesto a los bienes personales.

“El sistema argentino cobra mucho impuesto cuando la gente consume: cuando compra comida, remedios, ropa o paga el transporte, paga el IVA”, comienza a explicar Silva. “Y como los hogares de menores ingresos gastan casi todo lo que ganan en consumo básico, una parte muy grande de sus ingresos se va en impuestos. Y con los más ricos pasa lo contrario: como consumen una parte mucho menor que su ingreso, el IVA les pesa muchísimo menos. Después pagan otros impuestos, pero no lo suficiente para compensar esa diferencia”, advierte el investigador con un posgrado en la London School of Economics, la escuela de economía de Londres.

“Pero el problema más fuerte se da en la cima: el 0,01% más rico de Brasil y Chile -en la Argentina no están los datos disponibles- pagan tasas efectivas de impuestos que son la mitad que el resto de la población”, advierte Silva. ¿Por qué? “Básicamente porque retienen utilidades dentro de sus empresas y mientras no las distribuyan, no generan ingresos que puedan gravarse. En ese tramo de la sociedad prácticamente no se cobra impuesto a la renta (ganancias)”, advierte el experto.

La Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, apoyó la investigación del ITO y su directora de asuntos económicos en la Argentina, María Julia Eliosoff, agrega que ha quedado comprobado que los grandes millonarios en el mundo usan las tarjetas corporativas para sus gastos personales y suelen usar la ingeniería financiera para evitar la tributación en los países donde más impuestos se pagan. Pero no sólo eso: en Latinoamérica el gravamen que más recauda es el IVA y en Europa, Ganancias. En la Argentina, el IVA supone el 40% de lo recolectado y Bienes Personales, el 1,3%, señala Eliosof, que también integra el Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad (ETFE).

“Esta es una discusión entre desigualdad y democracia: es un problema para la democracia que haya grandes mayorías que reclaman mientras se concentra el poder en pocas manos, grupos de ricos con más poder que los estados”, añade la experta de la Ebert. Politólogos como Vicente Palermo o Roberto Gargarella también aluden a los problemas que las desigualdades provocan en las democracias por esa misma concentración de poder.

“En la Argentina sólo seis personas, los milmillonarios, poseen más de US$20.000 millones e incrementan su fortuna a un ritmo que va alrededor del 8% anual y lo hacen gracias a las rutas, los puertos y el capital humano que se forma en las escuelas y las universidades públicas y que son pagadas con los impuestos de todo el resto”, advierte Silva. Esos seis son, según el informe, las de Marcos Galperin (de Mercado Libre, con US$ 7.200 millones), Alejandro Bulgheroni (de Pan American Energy, PAE, con 5.100 millones), Eduardo Eurnekian (de Corporación América, con 4.800 millones), Eduardo Costantini (de Consultatio, con 1.300 millones), Delfín Carballo (del Banco Macro, con 1.000 millones) y el italiano residente en Buenos Aires Paolo Rocca (de Techint, con 7.300 millones). Por cierto, ni Galperin ni Bulgheroni viven y tributan acá sino en Uruguay.

“Tras años de alta inflación, deterioro del poder adquisitivo y fuerte inestabilidad macroeconómica, el debate tributario en Argentina se ha reordenado en torno a la estabilización de las cuentas públicas y a la contención de los precios”, contextualiza el reporte. “Desde que asumió, el actual gobierno lo ha hecho principalmente mediante recortes en el gasto público, incluidos programas destinados a financiar políticas sociales. En paralelo, se ampliaron las exenciones y los alivios fiscales para los sectores de mayores ingresos”.

“Este giro ocurre en un país que combina una presión tributaria relativamente alta en comparación con los estándares regionales —27,8% del PBI—, pero por debajo del promedio de los países de la OCDE (34%)”, se refiere a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que integran en general países ricos. “Argentina necesita una reforma fiscal que corrija las regresividades del sistema actual. La pregunta no es si Argentina debe abrir una discusión sobre cómo gravar mejor la riqueza extrema, sino cómo hacerlo con un diseño capaz de llegar donde los instrumentos tradicionales no llegan”.

“La evidencia muestra que los instrumentos convencionales tienen límites claros para gravar a los ultrarricos”, continúa. De ahí que surja la siguiente propuesta para toda Latinoamérica, el continente más desigual del mundo: un impuesto mínimo del 2% sobre fortunas superiores a US$100 millones. “Se trata de un mecanismo diseñado para asegurar que las personas con grandes patrimonios paguen al menos un nivel mínimo de tributación sobre su riqueza total, independientemente de cómo estén estructurados sus activos o de cuánto logren reducir su carga tributaria mediante el impuesto sobre la renta. A diferencia de los impuestos patrimoniales tradicionales, el impuesto mínimo funciona como un piso: si los impuestos ya pagados sobre el ingreso y la riqueza no alcanzan ese umbral, se cobra la diferencia. Si los impuestos pagados alcanzan el umbral, no se debe nada adicional”, expone el ITO.

Un debate que aún está fuera del radar en un país donde el presidente Javier Milei considera que los impuestos son robos, donde el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, alega que gasta su dinero pero oculta su origen, donde el jefe de la Agencia de Recaudación (ARCA), Manuel Vázquez, omite declarar su patrimonio real y donde uno de los varios legisladores libertarios que son empresarios, el jujeño Manuel Quintar, reivindica la batalla cultural en defensa de los ricos como él. Cada vez van quedando menos hombres de negocios como Víctor Fera, el dueño del mayorista Maxiconsumo, el único que defendió el impuesto extraordinario a las grandes fortunas en la pandemia con el argumento de que el dinero que él destinaba impuestos no le pertenecía a él sino a la sociedad que consumió en sus locales y que, por tanto, debía retornar a ella.

AR/CRM

“Pueden juntar 100.000, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, rechazó esta semana el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, el reclamo multitudinario de que se cumpla con la ley de financiamiento universitario. Pero no es tan así. La manta corta del presupuesto después de dos años y medio de motosierra más y más profunda ante una recaudación tributaria que cumple nueve meses en caída también es fruto de las políticas adoptadas por el experimento libertario de Javier Milei que vinieron a ver de cerca por unos meses, desde su mansión en Barrio Parque, el dueño de la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial Palantir Technologies, Peter Thiel, y su esposo, Matt Danzeisen.

Es que no todos los gastos se rebanaron, pero sí todos los ingresos, entre bajas de impuestos para ricos y sectores privilegiados y el impacto de una política que desalientan el consumo, la industria y la construcción con tal del noble objetivo de volver a bajar la inflación.

La sierra motorizada podó ya el 32% del gasto en términos reales (ajustados por el índice de precios al consumidor, IPC), si se compara el primer cuatrimestre de 2026 con el mismo periodo de 2023, cuando gobernaban Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Año tras año el topo que vino a destruir el Estado desde adentro, como se definió Milei, viene achicándolo más y más. Pero algunos rubros zafan del recorte, según comprueba un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en los datos oficiales de ejecución presupuestaria. El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas gastó 33% más que hace tres años.

Además, el 10% de las privatizaciones de empresas públicas y de las concesiones al sector privado irá a reequipamiento militar. El resto, a cubrir los pagos de deuda pública y a evitar con ingresos extraordinarios que se pierda el déficit fiscal por la merma recaudatoria. También ahora le devolvieron a las Fuerzas Armadas las tareas de contrainteligencia que les había quitado el kirchnerismo.

La Procuración del Tesoro de la Nación elevó 1,5% sus erogaciones. Es el área que logró el fallo de segunda instancia de EE.UU. a favor de la nacionalización de YPF. Habrá que ver si el Estado logra revertir ahora la sentencia local a favor de Tecpetrol, la petrolera de Techint, por un reclamo de subsidios al gas. Esta semana, la abogada del Estado Karina De Matteo apeló el fallo en un texto tan escueto que no ofreció ningún argumento en defensa del erario público. Sorprende que pese a las diatribas de Milei contra el dueño de Techint, Paolo Rocca, su gobierno no argumente en este juicio con el mismo ímpetu que sostuvieron las dos administraciones antecesoras, la de Mauricio Macri y la peronista. Y eso que Rocca y el dueño del Banco Macro, Jorge Brito, suman cada vez más empresarios al colectivo de los que buscan un candidato “normal”, alternativo a Milei y a Axel Kicillof.

Mucho mejor le va a la Secretaría de Inteligencia (SIDE): incrementó sus egresos un 25%. Queda por dilucidar si el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y otros funcionarios reciben sobresueldos de la SIDE, como ocurría en el gobierno de Carlos Menem, o si se reparten coimas de cajas como la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), como es la hipótesis de uno de sus denunciantes, el diputado socialista Esteban Paulón. Como gobiernos anteriores, el de Milei también mimó a los gobernadores aliados y castigó a los opositores. Así como secó por completo el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, elevó 77% las transferencias del programa de relaciones con las provincias.

Sorprende que se más que duplique (+118%) el gasto del Instituto de Ablación e Implante (Incucai). Milei, que en la campaña presidencial había abogado por la compraventa de órganos, finalmente excluyó los trasplantes de la motosierra, a diferencia de otros gastos de salud. Mientras, las asignaciones familiares crecieron 12%, sobre todo por la universal por hijo (AUH), a la que apostó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para compensar la eliminación de las otras ayudas sociales que se canalizaban por las desarticuladas organizaciones sociales. Cada vez más se oyen dirigentes peronistas que se preguntan por qué les dieron tanto poder a los piqueteros.

Los ingresos tributarios, mientras tanto, cayeron 11% en el primer trimestre de 2026 en relación al mismo periodo de 2023, según otro reporte del CEPA. No es casualidad sino consecuencia de la receta económica, que incluye hundimiento de ciertos sectores, privilegios para otros y elogios presidenciales de la evasión de impuestos tachados como robo. El IVA, el impuesto que más recauda y el más regresivo porque castiga por igual a todas las clases sociales, recaudó 17% menos. Y no es que el presidente libertario lo rebajó ni un ápice sino que es fruto del descenso del consumo de un subsuelo a otro más profundo.

El impuesto a las Ganancias recolectó 38% menos. Es lógico en un contexto de desaparición de 22.608 empresas, en el balance entre nuevas y cerradas. Entre las nacidas encabezan la lista las de servicios personales, actividades administrativas, minería e hidrocarburos. Entre las muertas, las de transporte, comercio, inmobiliarias, industrias, servicios profesionales y científicos y construcción. En este último sector se presentaron en concurso preventivo GCDI, el grupo de Marcelo Figoli que había comprado años atrás la constructora de Nicolás Caputo, y Esuco, la de Carlos Wagner, que presidió la Cámara de la Construcción durante el kirchnerismo.

Pero Ganancias seguirá recaudando menos en la medida en que los sectores más pujantes gocen de la rebaja de alícuota del 35% al 25% por el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). El Gobierno ya aprobó 16 proyectos dentro de este esquema: en transporte de hidrocarburos (tres) -este año decretó que también se incluyera la extracción de petróleo y gas, pese a que cuando se aprobó la ley consideraba que no necesitaba de apoyo adicional y por tanto implicaría un costo fiscal innecesario-, en minería (nueve) -este jueves se sumó el de cobre Proyecto San Jorge, de la suiza Zonda Metals y del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini-, energías renovables (dos), un puerto y una industria siderúrgica.

El Gobierno que se jacta de carecer de una política industrial sí tiene una política energética y otra minera. Es decir, elige ganadores, pese a que en teoría debería dejar que el mercado los escoja. Lo que no hace es transparentar el costo fiscal del RIGI. Así como en el presupuesto 2026 se calcula que el régimen de electrónica de Tierra del Fuego (Newsan, Mirgor y BGH, entre sus mayores protagonistas) aún cuesta el 0,17% del PBI; el de minería (que ampara a Barrick, Rio Tinto, Ganfeng, José Luis Manzano, Posco, Zijin, AngloGold Ashanti, Newmont y Pan American Silver, entre otras), el 0,06% y el de economía del conocimiento (el que beneficia a Mercado Libre, Globant, Despegar y Accenture, entre otras firmas), el 0,05%, no se prevé nada del RIGI.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentó una serie de pedidos de acceso a la información pública reclamando datos sobre cuántos impuestos se resignarán para fomentar ciertas actividades con el RIGI, pero no hubo respuesta. “No sólo no tienen las estimaciones sobre el gasto tributario que genera el RIGI sino que lo que evidencian estos pedidos de acceso a la información pública es que se diseñan las medidas de política económica sin adecuados análisis previos del impacto fiscal y menos aún del impacto socioambiental”, advierte el coordinador del área de investigación de FARN, Ariel Slipak. Entre los beneficiarios están YPF, Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell, Golar, Rio Tinto, Sidersa, Galan Lithium, Acindar, PCR, McEwen Copper, Minas Argentinas -del español Juan José Retamero-, Barrick, Ganfeng y America Lithium, entre otros.

El Gobierno que dice que no hará política industrial pretende volver a elegir ganadores con el Súper RIGI, que rebajará Ganancias al 15% para determinados sectores: la cadena de valor del litio y del uranio; la manufactura de baterías; el hidrógeno verde o de bajas emisiones; el GNL (gas natural licuado) onshore (es decir, el que se comprime en plantas y no en barcos, como está proyectándose hasta ahora); los reactores nucleares pequeños y medianos; la producción de paneles solares y turbinas eólicas; los vehículos 100% eléctricos; los nuevos productos petroquímicos y los de la industria aeroespacial; los bienes industriales a partir de la pesca; los fertilizantes de potasio o fósforo, entre otros. También se menciona a la industria tecnomilitar de Palantir, Anthropic o Boeing.

Una pregunta es cómo se proveerá de energía a estas ideas del Súper RIGI si incluso hay dificultad para abastecer los proyectos del RIGI. Dos iniciativas aprobadas de minería en San Juan, Vicuña y Los Azules se enfrentarán el próximo 3 de junio en audiencia pública para definir cómo se reparte el escaso suministro eléctrico que pretenden ambos. La primera es de la canadiense Lundin y la australiana BHP y su rival, McEwen, también de Canadá. Después deberá resolver el ente regulador. “La oferta de energía va a tener que crecer junto con los proyectos. Hay varias compañías que quieren construir esa infraestructura. Nadia se va a quedar sin energía sino que compiten por mejores términos”, se ilusionan altas fuentes del Ministerio de Economía.

Otra duda radica en si se privilegiará a sectores inexistentes en Argentina, mientras otros que vienen de antaño se desmoronan pero pagan 35% de Ganancias y sostienen al Estado. Es lo que reclamó Rappallini en un artículo publicado por Infobae: un RIGI industrial. Los que en la UIA critican su anterior condescendencia con el Gobierno explican que este giro más duro responde a la presión de las bases ante derrumbes de la actividad. De todos modos, tampoco pierde las formas porque aspira a negociar la semana próxima cara a cara con el ministro de Economía, Luis Caputo. Claro que si a todos los sectores económicos les rebajas tributos, ¿quién pagará los impuestos que sostienen servicios básicos? ¿Las clases media y baja?

Porque además de Ganancias, el Estado mínimo de Milei resignó la recaudación de otros impuestos. La de bienes personales se derrumbó 81% por la baja de alícuotas y la elevación del nivel de patrimonio a partir del cual se tributa. Los ricos, felices de pagar menos impuestos, total ellos tienen seguridad propia, salud prepaga o educación privada -aunque claro que se sirven de la mano de obra formada en la pública-. No son de los que duermen en la calle ni de los que son mendigados por estos. Circulan por otras vidas. La recolección de impuestos internos también bajó 32%, en parte por las rebajas de los gravámenes a los consumos de lujo. Otra manito a los que más tienen.

La recaudación del gravamen de débitos y créditos cayó 8%, en otra señal de la fría actividad. Los aranceles a la importación, apertura mediante y ante el consumo retraído, recabaron 24% menos. Sólo mejoró lo recogido por las retenciones a la exportación, un 31%: pese a que el Gobierno benefició al campo con un recorte parcial de este impuesto -la Mesa de Enlace pide eliminarlas-, la comparación con 2023 resulta muy positiva porque aquel año la cosecha se derrumbó por una sequía histórica.

Ahora la seca pega a otros. A la salud, la ciencia, las jubilaciones, el desarrollo social, la educación, incluso las fuerzas armadas y de seguridad en su conjunto, la obra pública, las provincias y los municipios. Todos rubros recortados por la motosierra.

AR/MC