En una de las 15 entidades financieras, entre bancos y fintech, que concentran la mayor cantidad de préstamos morosos a las familias, el 72% del total, reconocen que la tasa de interés de cobra es “usuraria”, pero no cree que sea un problema de una particular sino sistémica. A diferencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, que dicen que se trata de un problema “entre privados” que debe resolverse entre ellos, es decir, con ofertas de refinanciaciones a menor tasa, como sucede hasta ahora, en una de las entidades involucradas coinciden con el exministro de Hacienda de Mauricio Macri lanzado a la carrera presidencial por el PRO, Hernán Lacunza, de que cuando los inconvenientes se generalizan –ya afecta a 6 millones de argentinos– puede poner en riesgo el sistema y deben adoptar soluciones macro, aunque no rescates ni subsidios, como plantea parte de la oposición peronista.

A partir de datos del Banco Central, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) puntualizó en un reciente informe con datos a mayo cuáles son las 15 entidades que concentran la mayor cantidad de créditos a individuos en situación irregular: el 11,5% el Banco Galicia; el 10,3% el Nación, que es uno de los que adoptó la política más proactiva para refinanciar a menor tasa, aunque pareciera insuficiente para resolver el problema, según fuentes del sector; el 9,8% el Santander; el 8,6% la Tarjeta Naranja, que opera como Naranja X es del Grupo Financiero Galicia; el 7,7% el Provincia de Buenos Aires (Bapro); el 5,7% BBVA; el 3,7% el Macro; el 3,4% Mercado Libre, con su app Mercado Pago; el 2% el Provincia de Córdoba (Bancor) y la financiera Crédito Argentino; el 1,9% el ICBC; el 1,7% Carrefour Banco, la aplicación del supermercado; el 1,5% Naranja Digital Compañía Financiera, otra división del grupo; 1,3% la casa de electrodomésticos Megatone y el 1,1% el Supervielle.

¿Pero cuáles de ellos cobran más tasa? De acuerdo con el Régimen de Transparencia del Central, que obliga a las entidades a informar periódicamente, sobre el costo financiero total (CFT) máximo que cobran en este tipo de préstamos, Carrefour aparece a la cabeza con 1.457%; seguido por Mercado Libre con 1.375% y Megatone, con 664%. Detrás aparecen Supervielle (414%), Galicia (398%), Naranja Digital (392%), Tarjeta Naranja (367%), BBVA (322%), ICBC (196%), Nación (186%), Bapro (178%), Macro (171%), Santander (165%) y Bancor (74%). Son datos disponibles en la web de la autoridad monetaria, pero difícil acceso. Lejos está de constituir un sistema transparente para cotejar tasas, como el que sugiere Lacunza, y que ni su gobierno ni el siguiente ni el actual crearon. Siempre se informan CFT máximos: después cada entidad puede prestar a menor valor según la evaluación de cada cliente.

Lo que está claro es que son tasas mucho mayores a la inflación. El índice de precios al consumidor (IPC) fue del 33,5% en los últimos 12 meses. Los bancos, consultoras, universidades y think tanks relevados por el Central prevén que en los próximos 12 haya 21,8%. Hay que tener un negocio extraordinariamente rentable, casi imposible de conseguir, para pagar las tasas de los créditos que ofrecen las entidades argentinas. Este margen sumado a salarios que corren por detrás de la inflación y el empeoramiento de la calidad del empleo, dado que el formal es reemplazado por el informal, donde se gana un tercio menos, explican la mayor mora crediticia de las familias en 20 años.

Entre las 15 entidades con más créditos a personas en rojo, Megatone y Crédito Argentino son las que presentan el mayor porcentaje en estado irregular: 55%. Otras casas de electrodomésticos tienen carteras en situación similar, aunque les deben menos: Frávega y Cetrogar, con 54%. Carrefour presentar un 52% de mora; Tarjeta Naranja, 24%, igual a otra app, Ualá; Naranja Digital y Galicia, 18%; Santander y Mercado Libre, 17%; Bapro, 15%; BBVA, 13%; Bancor e ICBC, 11%; Supervielle, 10% y Nación y Macro, 8%.

“Argentina: El aumento de los préstamos morosos lastrará el crecimiento del consumo” es el título de un nuevo reporte de la consultora británica Oxford Economics, que escribió en analista Mauricio Monge. “El reciente aumento de la tasa de morosidad en Argentina refleja un problema que probablemente se agravará a corto plazo: los elevados y crecientes costos reales del crédito, junto con un débil crecimiento de los salarios reales. Esto seguirá frenando el crecimiento del crédito y limitando su contribución a la actividad económica, especialmente en sectores impulsados por el consumo privado”, concluye.

“El aumento de la morosidad se ha concentrado en el sector de los hogares, especialmente en los préstamos personales y las tarjetas de crédito”, continúa el reporte de una de las consultoras que más acierta en sus pronósticos, según el relevamiento de la firma FocusEconomics. “Por el contrario, el índice de morosidad de las hipotecas, que ha sido un importante motor de la recuperación de la actividad de la construcción durante la administración de Javier Milei, se ha mantenido estable. Si bien el índice de morosidad ha alcanzado su nivel más alto desde 2005, los bancos siguen estando bien provistos para absorber posibles pérdidas crediticias. Además, el costo macroeconómico potencial de los impagos es bajo (entre el 0,3% y el 0,6% del PIB) debido al reducido tamaño del sector financiero argentino en relación con la economía en general”, aclara Oxford Economics.

Para buscar solucionar, hay que entender las causas del problema. La consultora aporta su explicación: “Desde una perspectiva macroeconómica, tres factores clave ayudan a explicar el aumento sostenido de los índices de morosidad:

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En la Argentina de Javier Milei, la inflación bajó del 12% mensual heredado al 2% en el que se estabilizó entre mayo y julio, y para el mes pasado economistas afines al Gobierno prevén entre el 1,9% y el 2,1%, según las mediciones de C&T Asesores Económicos y la Fundación Libertad y Progreso. En el mismo país también desacelera la actividad económica, tanto que la ortodoxa Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) está recalculando su pronóstico de crecimiento del 3% anual en 2026 para apuntar a un 2%, y sin esperanza de un repunte significativo en el 2027 electoral, porque la inversión no despega pese a la fuerte movilización de recursos de la minería y los hidrocarburos. En esta nación, ahora, como también sucedía antes, una parte importante de la población va a pedir ayuda a las iglesias.

En los últimos 12 meses, el 35,5% de los argentinos acudió a los templos de diversas religiones a buscar ayuda o contención, según el Tercer Informe 2026 del Barómetro de las Religiones y las Creencias en Argentina, que elabora el Observatorio de las Creencias (Ocrear) del Ciclo Básico Común (CBC) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El reporte se difunde este viernes, el día de la marcha de las centrales sindicales y organizaciones sociales por pan y empleo al santuario de San Cayetano, el patrono del trabajo. De ese tercio que fue a las iglesias, el 61% lo hizo para buscar apoyo espiritual, el 29% por problemas de salud, pero el 45% para pedir ayuda económica o alimentaria, capacitación laboral o un empleo. El 15% asistió para actividades educativas y el 8% porque sufría violencia familiar.

“En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas que buscan desde consuelo emocional hasta apoyo material”, explica Gabriela Irrazábal, investigadora participante del estudio. Se acercan más cuanto más bajo sean los recursos económicos, sociales y educativos. Son más proclives los mayores de 50 años, seguidos por los jóvenes y sólo después aparecen los de 30 a 49 años. Así es la tierra que visitará en noviembre próximo León XIV, el primer papa en venir a la Argentina en 39 años y después del legado del porteño Francisco al frente del Vaticano.

“La demanda es igual que siempre”, comentan en la pastoral social de la iglesia católica platense. 'Está difícil para todo, especialmente para los trabajadores de la construcción“, agregan. En Caritas Córdoba admiten que los pedidos en los templos se elevaron algo, pero lo que creció de manera exponencial es la gente en situación de calle y sus necesidades. En la provincia donde más votos obtuvo Milei en la elección presidencial 2023, la segunda más poblada de la Argentina, en el gobierno local del peronista cordobés Martín Llaryora admiten una economía dual con localidades agropecuarias exportadoras en expansión y grandes centros urbanos en ”situación crítica“ por el mal momento del comercio, la industria, la construcción y el turismo.

En la ciudad de Buenos Aires, cuarto distrito en población del país, detrás de Santa Fe, en la capital donde gobierna todavía el PRO con Jorge Macri a la cabeza, se repite el mismo cuadro que en las urbes cordobesas. En el oficialismo porteño analizan que la única apuesta económica y política de Milei radica en cumplir su promesa de baja la inflación para que así se reactive el consumo, pero no descenderá a menos del 1% este agosto, como había vaticinado el presidente. Ahora busca apuntalar su meta con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que centrará el mandato de la entidad en reducir la inflación, como lo hace la mayoría de las autoridades monetarias en el mundo, con pocas excepciones como EE UU, donde también se apunta a disminuir el desempleo. El equipo de Santiago Bausili alega que el mandato dual en la Argentina fracasó y que otros organismos públicos pueden ocuparse de la desocupación... aunque por ahora brillen por su ausencia.

El índice de precios al consumidor (IPC) descendió al 2% -una cifra aún considerable, como la que hubo en la mayoría de los años del kirchnerismo- y el Banco Central ha empezado a intervenir para evitar que el dólar suba más allá de $1.500 e impacte en el bolsillo. Claro que un peso sobrevaluado daña a la industria, el turismo y la construcción, que se encarecen en dólares. Las manufacturas también se perjudican por la apertura importadora y la merma del consumo, que a su vez responde salarios deteriorados, empeoramiento de la calidad del empleo -el formal se reemplaza por el informal, que remunera un tercio menos- y el mayor endeudamiento familiar en dos décadas.

Con esos panoramas en distritos afines a Milei, las encuestas de opinión, que han fallado muchas veces, en esta oportunidad muestran que nunca en estos dos años y medio de gobierno el Presidente estuvo peor, pero jamás en este periodo la oposición peronista ha estado tan mal. Por ahora el economista antiestatal lidera los sondeos presidenciales y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lo secunda, pero el electorado se muestra interesado en que aparezca una tercera opción política a libertarios y peronistas, según revela el analista de opinión política Raúl Timerman. La duda es si surgirá esa alternativa y un candidato que la encarne. Hay quienes fantasean con otro outsider como fue Milei, Daniel Hadad, dueño de Infobae, que sería un defensor de muchas de las reformas actuales, pero sin los malos modales que han llevado, por ejemplo, a rebajar la relación diplomática con Brasil al nivel de encargado de negocios.

Pero quizás ni Hadad quiera dar el salto a la política -ya se descarta que lo haga Jorge Brito, propietario del Banco Macro- ni la población quiera un presidente empresario. Con esa ilusión de crear una tercera vía la exministra de Desarrollo Humano porteña María Migliore lanzó esta semana una campaña en redes para convertir en partido político el colectivo del que participa en redes sociales, Popurrí, junto a un militante de la Villa 1-11-14, Nicolás Torres, y dos cofundadores de Jóvenes por el Clima, Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo. Sintonizan más con el discurso nacionalista que expresó la mayoría de la sociedad contra la reforma de la ley que restringe la propiedad extranjera de la tierra, campaña en la que se embanderó hasta Tini Stoessel y Emilia Mernes. Así como los jugadores de la selección explicitaron el sentimiento antipolítica en 2022 al convertirse en los primeros campeones mundiales que no saludaban al presidente de su país tras la consagración, habrá que ver si ahora expresan un matiz soberanista a partir de la bandera “Las Malvinas son argentinas” que puso en crisis al día siguiente la avanzada del capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada que permitía la extranjerización irrestricta. ¿Surgirá un candidato así que bajo el sentimiento albiceleste reúna desde ciudadanas como Tini y Mernes hasta otras más peronistas como Lali Espósito?

Por lo pronto está claro que no fue la mejor semana para el Coloso, Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Es cierto que el Senado dio media sanción a la ley de inviolabilidad, que dificulta que a futuro el Estado expropie y permite que los inquilinos morosos sean desalojados en diez días, ya no en hasta dos años. Una de las desregulaciones emblemáticas de Milei y Sturzenegger, la eliminación de toda regla para los alquileres, ha llevado a que este rubro sea uno de los que más se ha encarecido en el gobierno libertario, lejos de la promesa oficialista de que la mayor oferta iba a hacerlos abaratar. Por algo se acumulan las deudas de inquilinos con propietarios, las mudanzas y ahora también puede que aumenten los desahucios, si es que la Cámara de Diputados sanciona la iniciativa. Pero igualmente Sturzenegger perdió en estos días cuando se cayeron dos capítulos de la norma, el de extranjerización y el que permitía vender tierras incendiadas, así como cuando Milei le echó para atrás su desregulación del servicio de prácticos ante el paro que estos guías en la navegación de los ríos iniciaron el lunes y el martes y dejaron varados a todos los buques que llevan y traen las exportaciones y las importaciones del país.

El presidente está de acuerdo en todo con el ministro de Desregulación, pero a un año de las eventuales primarias presidenciales no quiere sumar ruido a su aspiración reeleccionista y por eso ahora se descarta que se avance con otras liberalizaciones. Entre ellas figura la eliminación del precio único de los libros, a la que se oponen las librerías independientes; el permiso para que los medicamentos se vendan fuera de las farmacias; la autorización para que cualquiera pueda ser agente inmobiliario, sin ser martillero público ni matricularse; las liberalizaciones de los mercados de garrafas y de los arrendamientos rurales y la supresión de los aportes obligatorios al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna, entre otras normas.

Quizás otras reformas persisten en agenda, como la que permitiría que barcos extranjeros ofrezcan transporte fluvial interno. Es una de las medidas reclamadas por las grandes cerealeras. Con el ánimo de bajar sus costos logísticos, son las mismas que apuntan contra el club de los prácticos y esperan unirse para ganar la futura privatización del ferrocarril Belgrano Cargas, que une el noroeste del país con los puertos. En este negocio deberán competir con la minera británica Rio Tinto y con Grupo México, que hizo un fuerte lobby para influir en la confección de los pliegos de acuerdo con sus expectativas. Veremos qué dice finalmente la letra chica de la subasta. Las cerealeras también despliegan sus agentes para influir: en el Senado empujan una reforma de la ley de biocombustibles para que el negocio no quede sólo en manos de pymes y apuntan contra empresarios como el bahiense Juan Carlos Bojanovich.

Sturzenegger suele invocar el argumento de bajar los costos para tornarlos más competitivos y así mejorar la economía y beneficiar a los consumidores. Pero hasta economistas ortodoxos advierten que si bien la Argentina estaba excedida en reglas, la eliminación de todas ellas puede terminar saliendo mal para aquellos a los que se pretende defender. En la Universidad Di Tella, el profesor y politólogo Sebastian Etchemendy está comenzando una investigación sobre todas las desregulaciones del Coloso. Está apenas en sus inicios, pero ya identifica algunas hipótesis de trabajo. Algunas liberalizaciones enfrentan al capital y el resto de la sociedad, otras favorecen al capital extranjero frente al nacional y están las que contraponen a grandes empresas contra pymes. Cita como emblemáticas las reformas laboral y de alquileres, los cambios en la normativa ambiental con la ley de glaciares y el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), la derogación del compre nacional y el proyecto de eliminación del precio único de los libros. “Es menos el gobierno de las corporaciones empresarias que el de (Mauricio) Macri. El fanatismo es el modo, no cree en la mediación social y se choca con la realidad”, describe Etchemendy en referencia al paro de los prácticos, que finalmente se sentarán a negociar su estatus.

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“Tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina”, declaró en primera personal del plural la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, el lunes pasado en una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, antes de viajar al día siguiente a la nueva fuente de divisas del país, Vaca Muerta, con las que aspira cobrar las deudas del mayor acreedor del organismo. “Ver Vaca Muerta de primera mano permitió apreciar el talento, la innovación y el emprendimiento que las empresas públicas y privadas están desplegando para impulsar el brillante futuro energético de Argentina”, comentó en X tras su visita a Neuquén.

El gobierno de Javier Milei se ha jugado un pleno a las materias primas con la esperanza de que eso derrame sobre toda la economía. Al campo le ha rebajado las retenciones, aunque no las ha eliminado. A la minería y los hidrocarburos les concedió el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, el derrame sobre la generación de divisas, empleos y negocios para proveedores locales puede resultar menor al esperado, mientras que el riesgo de vertidos sobre el medio ambiente, con su impacto en la salud humana, puede pasar de potencial a concreto.

Las inversiones en la economía argentina en general cayeron 7,6% en el primer semestre de 2026, respecto del mismo periodo de 2025, según el estudio Ferreres. Las exportaciones crecieron 24%, más por mayores cantidades que por suba de precios, sostenida por estos tres sectores primarios. Las de hidrocarburos estuvieron influídas por las circunstancias especiales de la guerra de Irán. Hay un consenso de economistas que consideran que la Argentina nadará en dólares y resolverá por fin su problema histórico de restricción externa, o escasez de divisas, pero no todos suscriben.

Martín Rapetti, director ejecutivo de la consultora Equilibra, lo advirtió en un reciente artículo en el diario Clarín: “Hoy es difícil prever una avalancha de dólares”. Primero, porque las exportaciones de recursos naturales por habitante llegarán, en el mejor de los casos, a US$3.500, muy por debajo de países verdaderamente ricos en naturaleza en relación a su población, como Noruega (US$29.300), Australia (13.000) o Canadá (7.300), según el paper publicado por los economistas Andrés López y Juan Carlos Hallak. Segundo, porque “de la cuenta de las exportaciones hay que restar el repago del capital invertido, las utilidades que se van a girar al exterior y las importaciones que se necesitarán para explotar los recursos; el flujo neto de divisas será bastante menor que lo que sugieren las exportaciones brutas”. En este último sentido, las compras externas están ganándoles terrenos a las nacionales.

Y en tercer lugar, “el proceso nace con el Banco Central con reservas netas negativas” y “en una economía bimonetaria donde los habitantes ahorran en dólares” la autoridad monetaria “necesita un alto nivel de reservas propias”, advierte Rapetti. Ahora sobran divisas, pero hay dudas de que ese exceso continúe en 2027, cuando lleguen las elecciones presidenciales. En su último reporte, el analista político Ignacio Labaqui plantea el reto en un contexto actual de caída de la popularidad del Gobierno: “El programa financiero del año que viene, presentado durante julio por el equipo económico, contempla que el Banco Central le venderá al Tesoro US$5.000 millones, un supuesto optimista (o desafiante) si pensamos que en años electorales crece de manera significativa la dolarización de carteras, es decir, la compra de dólares por parte de los particulares”.

El empleo privado tampoco se dispara. En los primeros dos años de gobierno de Milei se cayeron 193.000 puestos, un 2,8%. El campo, en cambio, contrató un 2%, 7.000 empleados más. Pero el rubro minería y petróleo, se contrajo en 8.000, de 99.000 a 91.000, un 8% menos, según datos de la Secretaría de Trabajo. La mayoría de la pérdida, unos 7.000 empleos, proviene de los hidrocarburos, sobre todo por la caída de los pozos convencionales en Chubut y Santa Cruz, según apunta Anastasia Daicich, directora ejecutiva de Qualy Consultora, pero también de los no convencionales, alerta el politólogo Mariano Novas, del Área Ambiente y Política de la Universidad de San Martīn, integrante a su vez del Observatorio del RIGI junto a otras cinco instituciones. En Añelo, la capital de Vaca Muerta, se perdieron 2.000 trabajos porque estos sectores son intensivos en el uso de capital, no de mano de obra, y a su vez crece el reemplazo de personas por tecnología, según observa Novas. En la minería sucedió lo mismo: se pasó de 41.000 a 40.000 en dos años.

No obstante, se espera que en la medida en que se pongan en marcha las inversiones del RIGI comience a recuperarse el empleo en minería y petróleo. “El total de puestos de trabajo generados por los proyectos RIGI ascendería a 54.984, lo que representa 60% del total de empleados actualmente en el sector”, calcula un informe de Qualy. “Sin embargo, estos números deben analizarse con cuidado. Se puede suponer que la mayoría de estos empleos se generarán durante el período de inversión, y no serán necesarios una vez que los proyectos entren en operación. De todas formas, el impacto, al menos de corto plazo, es positivo”, sopesa la consultora de Daicich.

Tampoco los proveedores locales consiguen mucho más trabajo. Fueron noticia este año el campamento hecho en China que se instalará en la que será la principal mina de la Argentina, Vicuña, en San Juan, de oro, plata y cobre; las estructuras metálicas también del gigante asiático para el yacimiento de litio Rincón, en Salta; los tubos indios para el futuro gasoducto que conectará Vaca Muerta con la costa de Río Negro para exportar gas natural licuado (GNL) por barco al mundo; o los 35 despedidos de la fabricante de maquinaria agrícola Metalfor justo cuando los dispensaban de permanecer en la fábrica de Noetinger, Córdoba, durante un partido de la selección en el Mundial.

La industria metalmecánica, que podría ser una beneficiada por estos tres sectores primarios, cayó 5,3% este primer semestre en el rubro de proveedores del petróleo y el gas, 4,6% en los de la minería y 3,7% en los del área agrícola, según datos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra). En maquinaria agrícola, en el primer trimestre bajaron 41% las unidades vendidas de tractores nacionales, aunque los importados mejoraron 23%, después de que en 2025 se habilitara traer equipos usados del exterior. Las automotrices con fabricación nacional sufrieron en el primer semestre una caída de sus ventas internas de utilitarios del 29,2%. Por algo Ford reducirá su ritmo de producción de la pick up Ranger en Pacheco a partir de octubre próximo.

El RIGI sólo obliga a contratar un 20% de la inversión en el ámbito local y los industriales temen que ese porcentaje se vaya casi todo en la construcción y no beneficie a las fábricas. Qualy calcula a partir de las presentaciones oficiales de las empresas ante el Gobierno que se alcanzará un 35% de compras locales, más de lo exigido por ley, pero advierte: “La evidencia internacional muestra que, si bien las exigencias de contenido local excesivas pueden afectar la competitividad de los proyectos, la ausencia de instrumentos específicos también puede limitar la generación de encadenamientos productivos y la captura de beneficios económicos por parte del país anfitrión”.

“Noruega representa uno de los ejemplos más desarrollados de utilización de recursos naturales como instrumento de construcción de capacidades productivas nacionales”, elogia Qualy. “Canadá y Australia se ubican en una posición intermedia: mantienen mercados relativamente abiertos, pero complementan esa apertura con programas destinados a fortalecer proveedores y empleo local. Chile también privilegia mecanismos de mercado, aunque incorpora políticas activas para desarrollar clusters (conglomerados) y proveedores especializados vinculados a la minería. Perú presenta una estrategia más explícita de promoción de empleo local y compras regionales”, resume la consultora de Daicich.

El impacto, en cambio, sí aparece en lo ambiental. Novas recuerda que ya en 2022, en el gobierno anterior, Río Negro modificó la ley que prohibía las actividades hidrocarburíferas en el Golfo San Matías, que ahora acogerá no sólo barcos regasificadores de GNL sino también un puerto petrolero. “Con su impacto en turismo y pesca”, apunta no sólo a los efectos ambientales sino también a los que atañen a otros sectores económicos, en una región donde se encuentran las playas de Las Grutas. También señala que proyectos mineros antes resistidos por la sociedad civil, como algunos de Mendoza, Catamarca y San Juan, fueron habilitados, mientras que el Congreso nacional echó por tierra la ley que protegía los glaciares para viabilizar yacimientos metalíferos. Además, cita el avance de la firma china Ganfeng en la explotación del litio sobre la Reserva Natural de Fauna Silvestre Los Andes, en Salta.

“Todo el paquete de leyes y la política económica están orientados a la reprimarización de la economía”, opina el presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, que incluye en ese concepto también a la futura instalación de data centers de la inteligencia artificial, demandantes de energía y agua, si es que se aprueba el proyecto de ley de Súper RIGI. “Todo esto está teniendo consecuencias muy concretas en los territorios, y tendrá muchas más: desde el avance sobre glaciares y ambientes periglaciales, que estaban protegidos antes, hasta la ampliación de la frontera agropecuaria sobre bosques nativos, humedales y pastizales, o hasta la ampliación de la infraestructura petrolera sobre el Golfo San Matías”, agrega Viale. Por supuesto que mineras y petroleras, desde Vicuña hasta el consorcio del GNL Southern Energy, juran y perjuran que cuidarán la naturaleza.

Queda por verse qué impuestos derramarán esta actividades ganadoras para sostener los servicios básicos de un Estado cada vez más ajustado. De por sí los proyectos del RIGI pagarán menos tributos que el resto de las empresas e individuos. Daicich reconoce que sin este régimen muchos de estos proyectos no se hubieran concretado y, por tanto, no hubiera generado ni un ingreso al Estado. Pero la economista admite también que algunas iniciativas mineras ya estaban previstas antes del RIGI pero lo aprovecharon para contar con más beneficios, lo mismo que la extracción de hidrocarburos en Vaca Muerta, que cuando se votó la ley en 2024 el Gobierno consideró que era un subsector que ya tenía rentabilidad suficiente y no requería de ayudas, pero este año lo incluyó en la promoción. Este cambio fue lo que llevó a que los anuncios de inversión -anuncios no son concreciones- pasaran de US$68.000 a millones a más de 140.000 millones, contabiliza Novas.

AR/MG

Entre la previa y el post de la semifinal del Mundial entre Lionel Messi y Jude Bellingham, cuatro contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal ultiman un informe sobre las sospechas de inconsistencia en la evolución patrimonial y los gastos del exjefe de Gabinete Manuel Adorni. El viernes se lo presentarán al fiscal de la causa, Gerardo Pollicita.

Desde que saltaron los escandalosos viajes, compras y decoraciones de inmuebles de Adorni a partir de marzo pasado, el juez Ariel Lijo y Pollicita vienen acumulando un buen número de datos sobre los modestos ingresos y las elevadas erogaciones del exfuncionario. Son la base de la causa de presunto enriquecimiento ilícito. En estos casos, se invierte la carga de la prueba: el ex funcionario es quien debe explicar que se ha enriquecido de manera lícita, que puede justificar desde los vuelos en jets privados hasta la casa del country Indio Cua, con cascada en la pileta incluida.

Con los datos que tiene Pollicita ya hay sospechas del presunto delito, pero necesita el peritaje de los profesionales contables. Una vez que lo reciba, lo estudiará durante la feria judicial de julio, que se extiende en las próximas dos semanas, y a principios de agosto formulará el requerimiento de explicaciones a Adorni. En ese momento, el exjefe de Gabinete deberá responder las preguntas y podrá justificar todas las presuntas inconsistencias. Sólo después el fiscal podrá pedir su declaración indagatoria.

En el expediente se acumulan tantas pruebas ya públicas en contra del también exvocero presidencial y vencedor de las elecciones locales porteñas de 2025 que llama la atención por qué y cómo el presidente Milei lo sostuvo tantos meses en el cargo. Pero en la causa Adorni nunca aportó documentos sobre el supuesto pendrive donde tendría una billetera de criptomonedas: aquello sólo quedó como declaración ante la prensa.

Una vez que se verifique el enriquecimiento ilícito quedará pendiente la pregunta de cómo financió sus gastos. De momento no hay pruebas. Sólo sospechas y versiones que van desde presuntos sobresueldos abonados por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) o la Fundación Faro, con su listado secreto de donantes, hasta repartos de supuestas coimas como las descubiertas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) o ganancias del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, a cargo del propio Milei y que está siendo investigada por eventual estafa.

Adorni resistió la presión hasta que, una vez comenzado el Mundial, terminó renunciando. La Copa del Mundo no pudo tapar el caso. Pero su dimisión corrió el asunto de la agenda mediática. Además, el nombramiento de un nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, y un nuevo vocero, Adrián Ravier, menos hostiles y más dialoguistas, permitieron distender el panorama para el sueño reeleccionista del presidente en 2027. La inflación ha comenzado a ceder, pero aún persisten ciertas penurias económicas.

Santilli enfrenta el desafío de lograr el apoyo de los gobernadores a una catarata de proyectos de leyes, en medio de la caída abrupta de la recaudación tributaria y de los consiguientes giros de la Nación a las provincias. Ravier procura ofrecer respuestas, aunque este martes responsabilizó a la gente de endeudarse por falta de conocimientos sobre cómo gestionar su economía personal. Pero sin Adorni de por medio y con un índice de precios al consumidor (IPC) por debajo del 2% mensual, Milei sueña igual con gobernar hasta 2031.

AR/MC

Hace 12 días que el slogan de Flybondi “la libertad de volar” ha quedado viejo. Desde hace casi dos semanas que no vuela la compañía de Leonardo Scatturice, el empresario de ascenso fulgurante y estrecho lazo con el asesor presidencial Santiago Caputo. En la firma, que en marzo pasado ofreció retiro voluntario a sus 1.500 empleados, se ha cerrado el área de comunicación y nadie informa por qué ya no despega ni aterriza, pero en el sector aeronáutico atribuyen la enésima crisis de la low cost fundada en 2018 al encarecimiento del combustible por la guerra de Irán.

Entre los empleados que quedan en Flybondi después del ajuste comentan que “técnicamente” están suspendidos todo este mes y hasta septiembre próximo, pero que “teóricamente” esta semana iban a volver a volar. Pese a que dejaron de operar en julio, todavía su página web sigue ofreciendo vuelos para mañana y los días posteriores, como si nada raro pasara.

Pero las agencias online de viajes han dejado de vender pasajes de la low cost hace tiempo, incluso antes de que dejara de volar. Es que ya venían profundizándose las cancelaciones, que ya eran frecuentes en el anterior gobierno, entonces con el argumento de que la escasez de dólares impedía abonar el alquiler de aviones. En el caso de Almundo, desde el 11 de junio que no ofrece tickets de Flybondi. En el de Despegar, desde mayo.

Empleados de Flybondi consignan que el problema ahora radica en el pago del combustible a la estatal YPF. Fuentes del sector energético explican que lo normal es que las líneas áreas carguen el Jet-A1 y después lo abonen, pero cuando se atrasan en los pagos la petrolera estatal comienza a venderles sólo si lo saldan por adelantado. La firma de Scatturice entró en esos retrasos y entonces YPF la pasó al sistema de previo pago. Ahora la línea ha puesto en regla sus deudas con la petrolera, pero ha dejado de pedirle nuevo combustible. Se nota que no tiene ni para eso y por eso no vuela.

Está claro que el encarecimiento del Jet-A1 ha complicado el negocio de todas las líneas aéreas en el mundo en general y en la Argentina en particular, pero ni la estatal Aerolíneas ni la chilena JetSmart, la otra operadora local, han dejado de volar como Flybondi. Tampoco sufrieron en el pasado los mismos inconvenientes para abonar el alquiler de sus aviones en el exterior, cuando el fondo norteamericano Cartesian aún no le había vendido la low cost a Scatturice. Esta venta se produjo en 2025, pero la firma siguió barranca abajo.

Los pasajeros, mientras tanto, son los que padecen la imposibilidad de volar. Algunos reciben el aviso de la cancelación antes de llegar al aeropuerto. Otros se enteran en la misma estación aérea, lo que provoca airadas protestas de pasajeros en los escritorios del check in y en los locales de venta de tickets. Un grupo de viajeros afectados han presentado un recurso de amparo judicial colectivo para que les devuelvan el dinero. Es que Flybondi siempre se limita a ofrecer un cambio de fecha. La pregunta es para cuándo, si la empresa ya no vuela.

El gobierno de Javier Milei, mientras tanto, no reacciona. elDiarioAR consultó a la Secretaría de Transporte, de la que depende la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), y la Secretaría de Coordinación de la Producción, que incluye la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, pero no ha habido respuestas concretas. El secretario de Transporte se llama Mariano Plencovich; el de Producción, Pablo Lavigne; el subsecretario de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Miuño, y el administrador de la ANAC, Oscar Villabona.

Las autoridades podrían multar a la empresa e incluso retirarle la licencia para volar. Desafortunadamente, en la Argentina no rigen normas como en la Unión Europea, donde los mismos pasajeros deben ser resarcidos económicamente por las empresas incumplidoras ante cancelaciones y atrasos. En este país, el cliente no tiene otra que recurrir a un engorroso proceso judicial.

Scatturice era un empresario sólo conocido en el mundo del espionaje y en el informático, con la firma OCP Tech, que cuenta con la licencia de la empresa norteamericana Cisco. Residente en EE UU, se hizo más famoso en la Argentina cuando un avión suyo llegó en marzo de 2025 a Aeroparque Jorge Newbery sin que le revisaran las valijas. Después compró Flybondi, el correo Oca y el grupo logístico Flecha.

Lobbysta en EE UU que ha conseguido reunir a Javier Milei con Donald Trump, Scatturice y su OCP Tech han conseguido 13 contratos con el gobierno libertario, según el portal Comprar. Eso incluye un polémico convenio con el portal Educar de la Secretaría de Educación -a cargo de Carlos Torrendell-, pero también con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el de Trabajo, Julio Cordero; y los ministerios de Justicia -en tiempos de Mariano Cuneo Libarona- y de Economía -de Luis Caputo, bajo cuya órbita están Transporte y Defensa del Consumidor-. Otras áreas contrataron a OCP Tech: el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, áreas que dependen de Luis Caputo y de su par de Capital Humano, Sandra Pettovello, respectivamente. Pero por fuera de lo que informa Comprar, también otra firma de Scatturice, Tactic Global, recibió un contrato en EE UU de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), de dominio de Santiago Caputo.

AR/CRM

“Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica. Si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian”, sostuvo en 2024 en Praga el presidente Javier Milei. Reidel ya no es su jefe de asesores y fue eyectado de la presidencia de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina (NASA) tras un escándalo sobre gastos, pero este miércoles Milei anunció en la red social X: “Habemus paper”. Se refería al trabajo académico que finalmente escribieron con Reidel, que quizás sea el que merezca el premio que distingue a los grandes investigadores económicos que elaboran estos escritos teóricos, no se galardona la práctica.

“En este paper resolvemos un modelo de economía con rendimientos crecientes y trabajo endógeno”, había anunciado Reidel en X cuatro minutos antes que Milei. “La microeconomía que se enseña habitualmente supone lo contrario, rendimientos decrecientes, a pesar de que la realidad muestra una y otra vez que esto no es correcto”, explicó este economista que, a diferencia de Milei, graduado en la Universidad de Belgrano y con posgrados en las de San Martín y Di Tella, es físico del Instituto Balseiro, master en matemático en Chicago y doctor en economía en Harvard.

El problema es que un profesor español de la Universidad de Pensilvania, de EE.UU., e investigador del Instituto Empresario Americano (AEI, según sus siglas en inglés), Jesús Fernández-Villaverde, sembró dudas sobre si Milei y Reidel usaron inteligencia artificial (IA) para elaborar el paper. En el pasado, el actual presidente ha sido acusado de plagio. “Ayer me topé con un artículo titulado ”Minimum Viable Scale: Extinction and Escape under Increasing Returns“, de Javier Milei (@JMilei) y Demian Reidel (@dreidel1): https://drive.google.com/file/d/1u8iZzdvEMwnIffV9gPB1_DArCPFX3UwW/view Lo descargué porque está cerca de algo en lo que estoy trabajando (y en realidad soy comprensivo con el punto que los autores intentan hacer)”, arrancó Fernández-Villaverde, un economista que pide en España limitar la inmigración y está en contra de los recursos que el gobierno central de su país envía a Cataluña.

“Mientras lo leía, tuve la clara sensación de que un modelo de lenguaje grande había producido el texto: el formato, el estilo, el tipo de suposiciones, la forma en que se presentaban las derivaciones, los artículos citados”, continuó Fernández-Villaverde. “Así que tomé el resumen y cuatro párrafos al azar y los pasé por Pangram”, se refirió a este programa detector de IA. “En los cinco casos, devolvió una probabilidad del 100% de generación por IA. Ahora, no me molesta que los economistas usen LLMs (sigla de Grandes Modelos de Lenguaje, de IA) en su investigación. Lo hago todo el tiempo, para muchos fines. Tampoco me molesta que economistas cuya primera lengua no es el inglés los usen para pulir su prosa. Yo también lo hago, y he sido abierto al respecto (esta misma publicación ha sido probada para precisión gramatical). Pero hay una línea entre 'uso LLMs para ayudar con mi investigación' y 'le pedí a un LLM que escribiera un artículo y puse mi nombre en él'. Por supuesto, puedo estar equivocado, y con gusto corregiré esta evaluación”, concluyó el catedrático español.

Sebastián Lacunza, periodista de elDiarioAR, citó entonces en X el comentario de Fernández-Villaverde: “La mitad del texto de Milei y Reidel fue escrito con inteligencia artificial, detectó el verificador de plagio Pangram”. Y añadió: “No hay otro jefe de Estado con tantos casos de plagio. Políticos de primer nivel tuvieron que abandonar la actividad pública cuando se les descubrieron plagios menos frecuentes y relevantes”.

Reidel reaccionó para contestarle a Lacunza y de paso intentar aclarar los conceptos del profesor español en EE.UU. Más allá de los modos violentos, el físico formuló su descargo en los siguientes pasajes del mensaje: “Los resultados del paper son lo contrario a plagio: son resultados novedosos sobre un problema muy complicado y que pudimos resolver usando algunas herramientas matemáticas que no se usan normalmente en economía. No puede ser plagio porque estos resultados no existían. Justamente el paper presenta resultados que no están en ninguna parte. Porque son nuevos”.

“Pangram no es un detector de plagio, sino un detector de estilo de escritura de inteligencia artificial”, continuó Reidel. “Después de obtener los resultados que obtuvimos (incluso algunas son pruebas asistidas por computadora Y LO DIGO EN EL PAPER), al terminar de escribir el texto, lo pasé por inteligencia artificial para corregir la escritura. Eso lo hice para mejorar el texto. Evitar repeticiones, etc. Hacer eso está perfecto y ni se me ocurriría no hacerlo. Igual los que me conocen pueden detectar fácilmente mi estilo como cuando digo que suponer rendimientos decrecientes es como buscar las llaves bajo el farol porque ahí hay luz. Y también pueden detectar el estilo del Presidente. Pero sí, obviamente lo pasamos por IA para editar y corregir”, añadió Reidel. Luego aclaró: “Esto todavía es un WORKING PAPER. Que aún no fue publicado. Vamos a mandar a publicar el working paper a una revista especializada y punto. Este proceso es el proceso habitual de un paper académico”.

“Demian, pasó por alto el tono desubicado y aprovecho para consultar, dado que no respondiste las preguntas periodísticas que envié en privado”, respondió, a su vez, Lacunza. “1 - Aclarás ahora que es un borrador, un texto preliminar, un 'working paper' cuyos supuestos descubrimientos académicos no corroboró nadie. Ok, no debieron haber anunciado que era un 'paper' a secas, porque da lugar a la confusión, y parece premeditada. ¿Lo revisarán pares? ¿Será publicado por una revista científica o una institución académica seria (no de cartón)? 2 - Como dice el post citado de @JesusFerna7026, la redacción con IA del 'paper' excede un pulido de redacción (quienes tienen dificultades primitivas con los acentos tienen ahí un aliado). El 'paper' aparenta haber incorporado un formato, citas de otras investigaciones, la estructura misma del texto. ¿Fue así, llegó a ese extremo el uso de la IA que ahora reconoce?”, preguntó el periodista.

En su tweet de presentación del trabajo, Reidel había expuesto sus conclusiones: “1- Toda economía tiene un tamaño mínimo. Por debajo, el colapso no es un riesgo: es un teorema. Algo que los modelos tradicionales no pueden ver. 2- Dos fuerzas empujan a un país debajo de ese umbral: perder la cultura del trabajo y el exceso de regulación. Cada una sube el piso para sobrevivir y baja el techo de lo posible. 3- En los modelos tradicionales todo cambia de manera suave y gradual. Acá no: una decisión de política equivocada puede gatillar un colapso económico. Este es el andamiaje teórico de las ideas del presidente Milei para sacar a la Argentina de su largo proceso de estancamiento. La batalla cultural y la desregulación no son consignas ideológicas. Son, literalmente, cuestión de supervivencia”.

AR/MG

Aunque mañana la Selección venza o pierda con Suiza, habrá argentinos que ganen igual con este Mundial. Uno es Daniel Angelici, el zar del juego y delegado al comité nacional de l UCR que en noviembre pasado se paseó por los pasillos de la Cámara de Diputados antes de que se le diera media sanción al proyecto de ley que prohibía la publicidad de este tipo de negocio. Junto a su socio Daniel Mautone constituyen la pata local de dos de las cuatro casas de apuestas internacionales que dominan las tandas de la televisión durante la Copa del Mundo: la sueca Betsson y la griega Betano. Otro es Federico de Achával, dueño de BetWarrior junto a Ricardo de Benedictis -exsocio de Cristóbal López- y a la griega Intralot. Y los hermanos Antonio y Rosana Tabanelli, cuyo grupo, Boldt, comparte BPlay con la británica 888 Holdings.

BetWarrior -la de la publicidad de Diego Maradona recreado con inteligencia artificial-, Betsson -que contrató a Zaira Nara-, Betano -la del dibujo animado que entra en trance en el estadio- y BPlay -la del taxista que maltrata a los turistas- apostaron fuerte y se llevarán lo suyo. Lideran la tanda publicitaria del Mundial, extendida por el cooling break, con el 17% de los minutos en los cuatro canales que transmiten los 104 partidos, según publicaron dos investigadores de la Universidad de San Andrés, Santiago Marino y Santiago del Carril, en el portal Chequeado. Encabezan los avisos en la norteamericana Disney+ y en Telefé -de Gustavo Scaglione, secundado por José Luis Manzano y Daniel Vila- junto a bebidas alcohólicas y, sin compartir el primer puesto, en TyC Sports -que los Werthein acaban de comprar a Clarín-. Sólo en DSports, también de los Werthein, el alcohol supera a las apuestas. El proyecto de ley que prohibía la publicidad del juego online naufraga en el Senado, mientras el Gobierno ha presentado otro que ratifica su legalidad.

Como en todo Mundial, la televisión triunfa, pero el negocio cambió algo respecto a cuatro años atrás en Qatar. En la Copa del Mundo de Norteamérica apareció por primera vez la transmisión por streaming de Disney+ y su compatriota Paramount. En el anterior gobierno peronista, los partidos se veían por TyC Sports y la TV Pública (ahora sólo emite algunos cotejos). Ahora además está Flow, de Telecom, propiedad de los dueños de Clarín, que con la venta de TyC Sports poco antes del torneo se aseguraron tener en su grilla la transmisión en ese canal y en DSports, que antes no figuraba en su oferta. Sin esa jugada maestra, el campeonato sólo se hubiese visto completo en DirecTV, el sistema satelital de los Werthein, y en los streamings. Pero en tiempos de scrolleo en el celular, los goles y los momentos más llamativos también se reviven y comentan en YouTube (propiedad de la estadounidense Google), Instagram (de su compatriota Meta) o la china Tik Tok. Por algo el tráfico en la red crece 30% los días en que juega la albiceleste, según la Cámara Argentina de Internet.

Pero mientras ganan las casas de apuestas y los canales que transmiten sus anuncios, el Consejo Publicitario Argentino (CPA) y una decena de entidades como Unicef, Cruz Roja, Chicos.net, las fundaciones Padres y Convivir, Faro Digital y los Scouts lanzaron una campaña de comunicación para prevenir que niños y jóvenes pierdan no sólo dinero sino la psiquis con las apuestas online. Los bancos Santander, ICBC, Supervielle y Macro, SanCor Seguros, SanCor Salud, la agencia de publicidad Ogilvy, las de influencers Jalife Brothers y Wave Brands y la de relaciones públicas Identia la sostienen. Las encuestas de Unicef y Cruz Roja a adolescentes estremecen:

Los cines y los teatros también pierden con el Mundial, pero sin malas artes. En cambio, se recupera algo el alicaído comercio minorista. Después de 13 meses consecutivos de bajas, las ventas de pequeños locales relevados por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) subieron 0,9% en junio. “Hay dos rubros que el Mundial empujó”, comenta el secretario de prensa de CAME, Salvador Femenía. “Uno es alimentos y bebidas, que tiene que ver con las juntadas de familias y amigos con picada o asado, y otro es textil e indumentaria, que dio positivo después de muchos meses y creo que tiene que ver con la venta de camisetas y otros accesorios”, detalle este empresario oriundo de Moreno.

Ganan la alemana Adidas, Lionel Messi -que también cobra cuando se vende una con el 10- y los fabricantes truchos. En cambio, sigue cayendo el consumo de materiales de la construcción, ferretería, bazar y artículos del hogar, y calzado y marroquinería. Y habrá que ver si los rubros que mejoraron sostienen el impulso después del Mundial, sobre todo si el empleo formal es reemplazado por el precario, como hasta ahora, y la inflación baja del 2% desde junio en adelante pero sin que el salario se recupere. Son varios negocios los que ya ganaron con la Copa, pero necesitan que la Argentina venza mañana para continuar embolsando. Una vez que termine el certamen, volverá la normalidad invernal.

En las grandes cadenas de supermercados también se siente el fervor de gastar cuando juega la selección. Esos días en particular las ventas de snacks crecen respecto de otros normales casi un 100%, las de cervezas, 80%; las de fiambres, 60%; las de pizzas, 50% y las de aperitivos, 33%, según datos de la Cámara Argentina de Supermercados. También están los que piden comida por aplicación. En los cinco partidos que disputó hasta el momento Argentina, las ventas de la alemana PedidosYa se incrementaron un 60% en promedio en las previas de los encuentros. Reparten empanadas, pizzas, hamburguesas, picadas enteras o snacks, fiambres y quesos, cervezas, gaseosas y helados. El 75% de los establecimientos asociados a esta app son pymes y las ciudades que más demandan fueron Buenos Aires y el conurbano, Córdoba, Rosario, La Plata y Neuquén, que de la mano del boom de Vaca Muerta superó a Bahía Blanca, Mar del Plata y San Miguel de Tucumán.

El apuro por llegar al partido también les rinde a las apps de transporte. En la previa de cada match de la Scaloneta, creció 87% la demanda de Didi respecto de un día normal. Sobre todo aumenta el pedido de motos y en especial se incrementa el movimiento en Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Mar del Plata y Tucumán. Aunque durante el juego cae 47%, como si el país se detuviera. Es lo mismo que pasó con el consumo eléctrico durante el encuentro con Egipto el martes al mediodía: bajó 30% porque se paralizó la actividad productiva. El problema ocurrió en la fábrica cordobesa de maquinaria agrícola Metalfor, que les permitió a sus empleados ir a casa a verlo y, mientras, les envió telegramas de despido a 35. Al terminar el cotejo, al menos Didi volvió a subir su ritmo por los que volvían a trabajar o se iban a festejar.

Hay quienes no pierden oportunidad y usan las aplicaciones pero para citas. La app happn reveló los bares que más frecuentan los solteros y solteras fanáticos del fútbol en Buenos Aires: La Fernetería, La Birrería, Baum Palermo Soho, La Mala Pub, Rabieta, La Puerta Roja, Temple Craft Madero, Peñón del Águila Puerto Madero, Desarmadero Bar y Growlers Palermo, a la cabeza.

Otros, por el contrario, se quedan en casa para verlo. Y muchos lo siguen en televisores nuevos. Continúa la costumbre de renovar el aparato cuando llega el Mundial. En los primeros seis meses del año, Mirgor, la empresa de Nicolás Caputo -primo del ministro de Economía, Luis, y tío del asesor presidencial, Santiago- licenciataria de Samsung y que tiene su marca propia Qüint, vendió 30% más que en el mismo periodo de 2025. Cuando hay Mundial se venden televisores de más pulgadas: 50 o 55, en lugar de 40. Y en la medida en que pasan las Copas del Mundo las pantallas más grandes se tornan más accesibles en términos relativos. Igual Mirgor cada vez depende menos de su negocio de electrónica de Tierra del Fuego: en 2018 era el 98% de su facturación, pero hoy es menos de la mitad porque diversificó sus intereses. Ahora más del 30% proviene de representar a Samsung en toda Latinoamérica y el resto, de las autopartes fueguinas pero también bonaerenses, agricultura y ganadería porcina, entre otros.

Están los más afortunados que no lo ven por TV sino en vivo en el estadio. Mientras la Flybondi de Leonardo Scatturice -consejero de Santiago Caputo- lleva casi una semana sin volar por su crisis, la aún estatal Aerolíneas Argentinas programó cinco vuelos especiales para la fase de grupos y dos más para el partido con Cabo Verde en Miami. Contra Egipto, al no haber ruta a Kansas City, se mantuvo la oferta de dos frecuencias diarias a la ciudad donde vive Messi. Para el encuentro ante Suiza, el portal Despegar, de origen argentino pero propiedad actual del grupo neerlandés Prosus, registró un aumento del 3.311% de las búsquedas de vuelos a Kansas City. Con trasbordo en Miami o Atlanta, el pasaje cuesta entre $1.437.000 y $1.692.000.

Divisas que se van en tiempos en que el dólar se recupera hasta alcanzar los $1.510, lejos de comprometer la estabilidad cambiaria e inflacionaria ni de ilusionar a los productores de bienes y servicios afectados en su competencia con el exterior. También vuelan a EE.UU. las norteamericanas American, United, Delta y la chilena Latam. Y allá muchos se alojan en viviendas ofrecidas por airBNB. La Argentina es el principal país de origen de reservas internacionales de esta app en Miami y Atlanta, y ocupa el segundo en Dallas y Kansas City. La mayoría de los hinchas se aloja en grupos de tres a cuatro personas, sobre todo jóvenes, y paga menos de US$300 la noche. Sólo en la primera semana de la Copa, los viajeros de Latinoamérica aumentaron 31% sus transacciones con tarjetas Visa en EE UU, Canadá y México en comparación con el mismo periodo del año anterior, siendo los de Brasil, Colombia, Ecuador y la Argentina los más contingentes más numerosos. Ahora quedan únicamente los argentinos: veremos por cuánto tiempo más.

Los que se quedan trabajando aseguran que mantienen la misma productividad o incluso la aumentan por el Mundial, según una encuesta del portal laboral Bumeran. Sólo el 5% confiesa que produce menos en este mes y medio de puro fútbol. El 47% cree que mejora el clima laboral. “Los datos derriban el mito de que el Mundial impacta negativamente en la productividad, el 56% de las personas dice que trabaja normalmente incluso durante partidos clave. Lo que cambia durante el Mundial no es la productividad, sino la conversación. La ilusión compartida es una gran oportunidad para humanizar los equipos y fortalecer de manera espontánea la cultura organizacional. Las personas no trabajan aisladas, trabajan en comunidad, y rinden mejor cuando sienten que forman parte de algo” , analiza el CEO de Bumeran, Federico Barni. Dos de cada tres encuestados contó que sus empresas les dejan ver el partido, la mayoría en el mismo lugar de trabajo y otros haciendo home office.

Siempre está el mito de que mientras se juega el Mundial los gobiernos distraen al pueblo. Como Benito Mussolini en Italia 1934, Jorge Videla en Argentina 1978 o Donald Trump en esta copa. Pero los torneos pasan y la realidad persiste. Tras la tercera estrella, los campeones del mundo, quizás movidos por el sentimiento antipolítica, fueron los primeros en 96 años de historia de mundiales que no fueron a mostrar el trofeo al presidente de su país, entonces Alberto Fernández, que al año siguiente entregó la banda presidencial al outsider Javier Milei.

El campeonato actual no logró tapar el escándalo de Manuel Adorni, que terminó eyectado de la Jefatura de Gabinete en fase de grupos. Su sucesor, Diego Santilli, menos provocador y más proclive al diálogo y la transacción, enfrente igualmente el serio desafío de convencer a esos 13 gobernadores que fueron a acompañar a Milei a la celebración de la independencia este jueves en Tucumán de votarle todo al Gobierno en el Congreso. En las filas de La Libertad Avanza (LLA) reconocen que no está fácil. En el primer semestre del año, en medio de la caída de la recaudación tributaria y de nuevos cortes de la motosierra, las transferencias de la Nación a las provincias cayeron 62%, incluso 88% en junio, según la consultora Analytica.

Por eso en LLA admiten que la principal reforma que quiere la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la suspensión de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) está complicada. Y que el nuevo ajuste de subsidios al gas de Zonas Frías del centro y el norte del país es lo más difícil de aprobar porque los gobernadores no quieren encarecerles el suministro a sus ciudadanos en pleno invierno. Luis Caputo deberá recortar por otro lado para seguir asegurando el pago de la deuda, que tanto lo ocupa, como quedó demostrado este lunes en la presentación de su programa financiero para 2026 y el electoral 2027.

En cambio, en el oficialismo creen que será más sencillo aprobar el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (Súper RIGI), que otorga rebajas extraordinarias de impuestos y aranceles a la importación de proyectos de más de US$1.000 millones, como los centros de datos de inteligencia artificial de Peter Thiel, dueño de Palantir. Los libertarios confīan en que los gobernadores no tendrán problema en apoyar una ley que resigna recursos pero de sectores que hoy no existen en el país, por eso hablan erróneamente de costo fiscal cero. Además creen que los jefes provinciales están entusiasmados con las iniciativas del RIGI, que se centran en provincias periféricas, no en el conurbano bonaerense.

Para más adelante quedará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: no hay ni siquiera un borrador escrito sino sólo unas ideas fuerza, como que su objetivo vuelva a ser sólo el combate a la inflación, ya no también al desempleo, como en la Reserva Federal de EE.UU., y que se prohíba la emisión de dinero sin respaldo para financiar las cuentas fiscales, una herramienta de la que se ha abusado por décadas pero que fue pedida hasta por los empresarios en la pandemia para pagar los sueldos de sus empleados.

AR/MC

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este lunes que la Argentina no enfrentará el 2027 electoral con las clásicas dudas por el pago de la deuda. A diferencia de su paso como ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, esta vez prometió no aumentar la relación entre el pasivo y el PBI y no colocar bonos a cualquier tasa de interés alta en el mercado internacional. El problema es que aún persisten dudas porque el pago está asegurado sobre la base de ajuste fiscal permanente ante la caída de la recaudación, sin aclarar cómo se revertirá la caída del empleo formal privado, con privatizaciones de empresas que en algunos casos proveen servicios básicos como el de agua potable y cloacas de AySA, y sin información sobre el cumplimiento de obligaciones del Banco Central.

En una conferencia de prensa junto al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el de Política Económica, José Luis Daza, Caputo comenzó diciendo que lo primero que hizo el gobierno de Javier Milei fue decidir “pagar todas nuestras obligaciones”. Se refería a las que se mantiene con los acreedores, no a las leyes de universidades o discapacidad, ni otras necesidades sociales y económicas.

“Si uno tiene déficit fiscal y deuda creciente, ese ratio aumenta y te vuelve insolvente, sobre todo en un país con nueve defaults”, sostuvo después, y con razonabilidad, el ministro. “Cancelando deuda, ese ratio de peso de la deuda sobre economia es cada vez más bajo”, agregó. “No es lo mismo financiarse al 6% o al 12%”, explicó sobre porqué no se han apurado en colocar bonos en el extranjero. “Esa menor tasa requiere menor esfuerzo fiscal, podemos usar esa plata para otras cosas o seguir bajando impuestos.”

También habló de “reducir la dependencia del exterior”, es decir, emitir títulos públicos en el mercado interno y no en EE.UU., por ejemplo. Otro dato razonable. Furiase explicó que esto es posible por el ordenamiento macroeconómico. Por ejemplo, los depósitos en dolares crecieron en este gobierno de US$15.000 millones a US$40.000 millones. El problema radica en cómo se hizo para cerrar el déficit fiscal.

“Los vencimientos de 2027 son menos desafiantes que 2026”, contradijo Caputo a los temores del mercado sobre los pagos en año electoral. “Refinanciando deuda de legislación local es suficiente. Para el final del segundo mandato de Milei, esperamos que la Argentina ya sea 'investment grade' (grado de inversión, categoría de países emergentes con financiamiento barato en el exterior). Es un objetivo, no es una promesa, lo creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras crediticias dicen que es difícil pero lograble. El grado de inversión es mucho mejor para todas las familias, implica estabilidad macro, inflación a nivel internacional, estabilidad cambiaria, mayor confianza en inversiones, mayor empleo, mayor productividad, sello de país confiable”, opinó Caputo. Claro que países como México, Perú y Colombia tienen ese grado y están lejos del desarrollo. Es condición necesaria, pero insuficiente.

Furiase dijo que el “objetivo es minimizar el costo financiero, extender perfil de vencimiento, mantener vencimientos ordenados y seguir reduciendo las tasas de interés, que es lo que necesitan las empresas para capital de trabajo e inversión”. Destacó que este gobierno redujo el índice de riesgo país de 2.700 puntos básicos a 414. Vaticinó un 2027 menos desafiante en pagos de deudas por el colchón de reservas que acumuló el Banco Central este año y por las refinanciaciones de deuda local con el sector privado, que en un 40% ya pateó para después de las elecciones presidenciales.

La explicación del equipo económico se reproducen en una serie de filminas sobre los vencimientos y las fuentes para cubrirlos en 2026 y 2027:

En 2026, el Tesoro ya compró los dólares al Central previstos para todo el año. Se tomarán prestados de bancos o fondos de inversión, no está explicitado aún, préstamos por US$4.000 millones con garantías de los bancos Mundial (BM) e Interamericano de Desarrollo (BID). Con el BM, al 6,3% y a seis años, con tres y medio de gracia. Con el BID, al 7%, a diez años, con tres y medio de gracia. Se seguirá tomando deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), se emitirán bonos pero en el mercado local y se privatizarán empresas por US$800 millones.

Ya se vendió la transportista eléctrica Transener y se liquidará ahora AySA y dos centrales termoeléctricas que había construido el kirchnerismo, la Belgrano y la San Martín.

Para 2027, el Gobierno espera usar US$3.700 millones que acumule en 2026, comprar otros US$4.900 millones al Central, endeudarse por otros US$1.700 millones con el FMI, colocar deuda interna por US$5.000 millones y privatizar compañías por US$1.500 millones. En la lista de venta está el astillero Tandanor y más centrales hidroeléctricas, entre otros activos. Además se prevé un préstamo de otro país por US$2.000 millones, pero se aclaró que no se contempla volver a recurrir al swap (canje de monedas) con EE.UU. En el mercado hay dudas de ese tipo de salvataje del gobierno del republicano Donald Trump al de Milei, como en 2025. Se puede dificultar si los demócratas vencen en los comicios legislativas de medio término de noviembre próximo. ¿Será entonces Israel el que auxilie?

Todas estas fuentes de financiamiento se usará para saldar el capital de la deuda. Los intereses, en cambio, se obtendrá del superávit fiscal primario (antes del pago del pasivo). Es decir, a fuerza de cerrar las cuentas, por más que siga bajando mes a mes la recaudación tributaria.

La visión de los economistas

“Lo más relevante fue la noticia de la semana pasada de que financiaron el Repo (préstamo con altas garantías), que era mucha guita y que vencía a principios de año”, observó sobre la conferencia Pedro Gaite, economista de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE).

“Ahí quedó bastante claro que los vencimientos del año próximo se van a poder pagar. Lo que no incluyeron hoy fue los vencimientos del Banco Central: hay unos US$5.000 millones de Bopreal (bonos) que hay que pagar. Pero aun con eso la deuda del sector público luce mucho más cumplible de lo que parecía hace varios meses, entre que se les acomodó el sector externo (ingreso de divisas), acumularon bastantes reservas, aún sin acceder al crédito internacional, y eso me parece que está bien. Asumen que el riesgo país no comprime lo suficiente como para volver al mercado externo”, valoró Gaite, pese a sus diferencias ideológicas con el Gobierno.

En cambio, Pablo Singerman, del estudio Singerman & Makón, se mostró crítico: “No tienen en cuenta el desastre que está sucediendo como la baja de la recaudación, sostener a rajatable el superávit fiscal mentiroso siempre a través del ajuste del gasto, nunca a través del ingreso, sobre todo de sectores que pueden aportar”. “El anuncio sigue siendo más y más deuda, con garantías de bancos multilaterales, del FMI, privatizaciones. Terminamos debatiendo sobre el anuncio, pero no sobre el fondo”, completó.

“El mensaje volvió a ser el mismo: primero el orden macroeconómico”, coincidió en la mirada Fernando Morra, economista en el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD, según sus siglas en inglés) y socio en Lambda Consultores. “Pero sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro de ese esquema. ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del ”orden“? La respuesta nunca aparece. También me llamó la atención el cambio de objetivo. Ahora el horizonte pasa a ser alcanzar el grado de inversión hacia un eventual segundo mandato de Milei. Es, en cierta forma, correr el arco. Antes de discutir 'investment grade', la Argentina ni siquiera logró volver a ser 'frontier market' (mercado de frontera). No queda claro por qué el objetivo relevante pasó a ser ese y cuál es el canal por el cual el supuesto acceso a mercados repercute en mejoras a la población.”

“El programa deja un faltante de aproximadamente US$2.800 millones para cerrar este año”, apuntó Morra. “Esa diferencia tendrá que resolverse de alguna manera: más presión sobre el Central, más colocaciones o mayor tensión en el mercado cambiario. Si uno mira el próximo año, aparecen desafíos bastante más importantes. Hay que conseguir entre US$10.000 a US$13.000 millones. Sólo del programa financiero quedan unos US$7.000 millones por obtener entre mercado doméstico y otras fuentes, en un año electoral. ¿A qué tasas? ¿Qué pasa si el mercado local deja de absorber deuda? La conferencia no ofreció ninguna respuesta para ese escenario. Después aparecen alrededor de US$1.200 millones de financiamiento neto de organismos internacionales y unos US$1.700 millones de desembolsos del FMI. Pero esos desembolsos tampoco son automáticos. ¿Qué pasa si el Gobierno llega políticamente debilitado al año próximo? ¿Los organismos van a hacer esos desembolsos? Tampoco hubo respuestas”, continuó el exviceministro de Economía.

Sigue sin quedar claro dónde entra el empleo dentro del esquema (del Gobierno). ¿Es un objetivo de política económica o simplemente un resultado esperado del "orden"?

dsa

“Quizás lo más interesante sea justamente lo que quedó afuera” , prosiguió Morra. “No se mencionó que el préstamo con bancos internacionales necesitó una garantía casi total del Banco Mundial, además de cesión de jurisdicción. Para los bancos se trata de un activo con muy poco riesgo residual y, aun así, la tasa terminó siendo superior al 6%. Más llamativo todavía es el uso de la garantía. En experiencias comparables, este tipo de instrumentos busca movilizar varias veces el capital comprometido por los organismos multilaterales y, además, generar un efecto de señalización que facilite el regreso del (estado) soberano a los mercados. En este caso ocurrió casi lo contrario: el ratio de movilización fue cercano a uno, cada dólar de garantía permitió obtener aproximadamente un dólar de financiamiento privado, muy por debajo de lo observado en otras operaciones similares.”

“En países con acceso normal a los mercados, una garantía sirve principalmente para reducir el costo de financiamiento o mejorar las condiciones de una emisión”, recordó el economista del IISD y Lambda. “En Argentina, en cambio, la garantía parece haber cumplido otra función: sustituir un acceso al mercado que todavía no existe. No fue abaratar el crédito, sino para hacerlo posible. El tamaño de la garantía también dice algo sobre la percepción de riesgo. Cuanto mayor es la cobertura que necesitan los acreedores para prestar, menor parece ser la disposición del mercado a asumir riesgo soberano sin respaldo multilateral. La operación no sólo muestra que Argentina necesitó una garantía extraordinaria para conseguir financiamiento; también ofrece una medida indirecta de la distancia que todavía la separa de un acceso genuino a los mercados internacionales.”

“Tampoco se dijo por qué”, insistió Morra. “El problema no es solamente el riesgo país. El mercado necesita entender cuál es la estrategia del Gobierno respecto de la deuda con el FMI. Decir que habrá 'rollover' (refinanciamiento) indefinido no es una respuesta: para la forma de ver el problema del mercado en algún momento esa deuda habrá que pagarla, sustituyéndola por deuda de mercado. Mientras esa estrategia no esté clara, mi impresión es que el acceso al mercado va a seguir siendo muy limitado.”

“¿Qué pasa en 2027 si el mercado doméstico se cierra?”, se pregunta Morra. “¿Cuál es el plan del Gobierno para los vencimientos con el FMI que empiezan a concentrarse en el próximo mandato? ¿Es realmente posible recuperar acceso al mercado internacional. o incluso alcanzar el supuesto objetivo de grado de inversión, sin una definición sobre ese punto? ¿Y, sobre todo, cómo se compatibiliza todo esto con una economía que necesita generar superávits externos para acumular reservas y crecer para poder afrontar pagos de intereses cada vez mayores?”.

El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI

Pablo Moldovan — Director de la consultora C-P

Pablo Moldovan, director de la consultora C-P, concluyó que “la estrategia para 2027 descansará principalmente sobre dos pilares: (i) nuevas colocaciones de deuda en moneda extranjera en el mercado local; (ii) la continuidad del proceso de compra de dólares del Central. ”En consecuencia, la reinversión de los pagos de (bonos) Bonares y Globales, la evolución de los depósitos en dólares y la capacidad del Central para sostener sus compras de divisas serán variables clave a monitorear para las perspectivas de la deuda. El programa presentado omite las necesidades de financiamiento en dólares del propio Central, asociadas a los vencimientos de Bopreal. Dicha ausencia tiende a presionar sobre las perspectivas de las reservas. El Central deberá, por lo tanto, comprar divisas no sólo para abastecer de dólares al Tesoro, sino también para pagar sus propios vencimientos y cumplir con las metas de reservas con el FMI.“

“Mientras no se tenga claro que la oposición deja de hablar de que la deuda es 'impagable', la llegada de cada elección va a generar una corrida cambiaria y en la bolsa, con aumento del riesgo país, como ya ocurrió varias veces”, alertó Alejandro González Escudero, presidente de la Fundación Economía y Sociedad (Fundecos). Y cerró: “En el peronismo, algunos ya no lo dicen, pero no todos. Al menos por ahora.”

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“Al gobierno de la ciudad: no se pasen de la raya”, arrancaba un reciente video del Equipo de Sacerdotes de Villas porteñas, con la voz de Lorenzo “Toto” de Vedia, párroco en Barracas, el pasado 26 de junio. “Luego de las cartas que enviamos al jefe de Gobierno de la ciudad (Jorge Macri) y que no fueron respondidas, expresamos repudio al hostigamiento a vecinos de nuestras villas: a cartoneros, vendedores ambultantes, personas que viven en la calle y a los que se organizan para ayudarlos. Pedimos que dejen de humillar a los pobres”, proclamaban una semana después de que la Legislatura de la capital aprobara una ley que pena con hasta dos meses de cárcel a los trapitos y limpiavidrios. Pero no se trata sólo de las tierras de Macri. Este tipo de política se va extendiendo por buena parte del país.

En la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de Gobierno no sólo impulsó esta nueva ley sino que viene desalojando desde inicios de su gestión a los vendedores ambulantes y manteros en todos los barrios, desde Once y la Villa 31 hasta Parque Centenario y Chacarita, con el secuestro de las mercancías ofrecidas. También desde el arranque de su administración con su operativo Orden y Limpieza manda personal a conminar a las personas de situación de calle para que se vayan a los paradores o al conurbano, pero no dan abasto ante un número creciente de sin techo. Los procedimientos también incluyen incautación de pertenencias como colchones.

En cuanto a los cartoneros, la capital endureció el registro de los habilitados y el control de los que están fuera de ese listado, a quienes les sacan sus carros. Quitó subvenciones al transporte, cerró una de sus plantas de reciclado, planea mudarlas todas fuera de su territorio y creó multas para quienes desarodenan la basura fuera de los tachos. A eso se suma que el precio que se paga por materiales para reciclado ha descendido, en parte por la apertura de la importación de residuos y la recesión de las industrias que los compran. Esta merma y el congelamiento del salario complementario que cobran los cartoneros desincentiva la actividad en todo el país. En ese contexto cerró la fábrica de reciclado de plástico pet de las botellas de Ecopek, de capitales mexicanos, en marzo pasado. Ya no era más negocio.

“Están destruyendo el tejido social”, comenta De Vedia. Advierten que algunos caen en la delincuencia o en las adicciones ante la falta de alternativas para conseguir trabajo. En el Bajo Flores, Nicolás Torres, referente del colectivo Popurrí, comenta que “la gente trabaja lo mismo, pero corriendo, escondiéndose, como si fueran delincuentes”. “La gente que trabaja en la calle, trapitos, vendedor ambulante, trabaja hoy para comer hoy. Sigue trabajando, pero con miedo de que la persigan, de que le saquen la mercadería. Cuando vos le sacás la mercadería, la gente arranca al otro día menos diez y encima se tiene que andar escondiendo porque es un trabajo digno para ellos. Hoy viven asustados y perseguidos por la Policía que debería darles seguridad”, agrega Torres.

Ariel Rivero, referente de la Unión de Vendedores Ambulantes de Once, cuenta que ya no quedaron manteros en Once, incluidos los senegaleses. “Se fueron a ferias del conurbano”, explica. Él y otros 50 vendedores siguen pero deambulando, sin detenerse ni ocupar la vereda, pero igual son perseguidos por la Policía Metropolitana, que les confisca la mercadería. “Hay una ley de vendedores ambulantes (de 2003), es mera subsistencia, no es delito. Antes, con (Horacio Rodríguez) Larreta nos sacaban, pero nos daban predios para vender o nos habilitaban puestos en la calle. A mí me habilitaron garrapiñadas, pero nos lo sacaron porque vendí golosinas... pero es que garrapiñadas no se venden todo el año... Dicen que nos pongamos un local, pero con una docena de guantés no podés.. Dicen que no pagamos impuestos, pero muchos locales tampoco pagan...”

“Es todo una persecución a la clase obrera, a los de abajo”, concluye Rivero. Pero advierte que tampoco les van mejor a quienes se emplean en los comercios formales de Once. “Vienen pibes a trabajar por $25.000 por día, pero entre pasaje y comida llegan a su casa con $10.000. Por eso a veces no comen ni toman un café”, ejemplifica. Lamenta que los policías persigan a vendedores ambulantes en lugar de concentrarse en el robo de celulares o la venta de objetos prohibidos.

En La Plata, se prohíbieron en 2024 los manteros y la venta ambulante en el centro y les propusieron sumarse a cooperativas de barridos o vender en otros lugares más alejados del centro. Este 26 de junio los cartoneros del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera el diputado Juan Grabois, protestaron frente a la municipalidad e incluso provocaron un principio de incendio porque el intendente peronista Julio Alak quiere licitar el servicio de recolección para reciclaje y dejar de contratarlos. A cambio, les ofreció una tarjeta para comprar alimentos, pero los cartoneros la rechazaron. Mientras, se controlan a cuidacoches y limpiavidrios.

En Mar del Plata, otro intendente del PRO, Guillermo Montenegro, arrancó 2025 persiguiendo a ambos al tacharlos de “delincuentes”, desalojando los “acampes” en la vía pública la gente sin techo y terminando con las ferias ilegales en plazas. “Van a terminar puliendo los barrotes de la celda”, prometió.

En la provincia de Córdoba, donde gobierna el peronista local Martín Llaryora, se aprobó este año una norma para arrestar por seis días a los limpiavidrios, a los que prohibió, y a los “naranjitas” (como les llaman a los cuidacoches), a los que reguló y les impidió el cobro compulsivo. La gestión Llaryora prometió capacitación e inclusión laboral para estos individuos. Después la ley fue ratificada por la ciudad de Córdoba, que gobierna Daniel Passerini. Entonces el arzobispo cordobés, Ángel Rossi, recibió a los naranjitas, se solidarizó con ellos y pidió que se le dé otras tareas urbanas: “Si retrocede la economía popular, avanza la economía criminal”, advirtió Rossi. En la ciudad se reiteran los operativos contra la venta callejera, con decomisos de mercancías.

En la provincia de Santa Fe, del radical Maximiliano Pullaro, el Senado dio por ahora media sanción a un proyecto para prohibir cuidacoches y limpiavidrios. El intendente Pablo Javkin, de la misma coalición, apoya la medida y ha ordenado demorar a cientos de trapitos por presunta extorsión. En la ciudad de Santa Fe se vetaron a quienes limpian parabrisas en las esquinas desde 2024.

En la ciudad Mendoza, en 2018, el entonces alcalde, el radical Rodolfo Suárez, prohibió trapitos y limpiavidrios, con la promesa de reinsertarlos en el mundo del trabajo. Fue pionera e imitada después por otras localidades. La capital mendocina también combate los “acampes”. En San Miguel de Tucumán, la peronista Rossana Chahla, quiere regular a los cuidadoches. Entre 2024 y 2025, había combatido los puestos informales en las veredas.

Bariloche prohibió en marzo pasado los limpiavidrios, trapitos, vendedores ambulantes y artistas callejeros sin autorización. Al mismo tiempo, Comodoro Rivadavia vedaba a los que limpian parabrisas. En 2025, la ciudad de San Luis desalojó a los vendedores ambulantes y manteros de la peatonal, pero los reubicó en otras zonas de la ciudad. Desde marzo pasado, San Fernando del Valle de Catamarca impide a los ambulantes y mendigos entrar a bares y restaurantes a ofrecer productos o pedir dinero, respectivamente.

En el conurbano, Vicente López y San Isidro aplican la tolerancia cero a los que limpiavidrios. San Miguel y Tres de Febrero desalojan puestos callejeros. En diciembre pasado, en Quilmes se reguló a los cuidacoches al adoptar un sistema de estacionamiento medido al que debían incorporarse estos trabajadores informales. El MTE rechazó la reforma con una violenta protesta que enfrentó a Grabois con la intendenta quilmeña, Mayra Mendoza.

La idea de controlar todos estos trabajos formales es liderada por la derecha, pero también se enarbola en el peronismo. El desafío radica en qué harán aquellos que se quedan sin fuentes de ingresos, si quedarán a merced del mercado, de la delincuencia o de políticas públicas que aporten soluciones.

AR/MG

El diputado socialista Esteban Paulón pidió este jueves que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), “informe con carácter urgente sobre el estado actual de la concesión otorgada a Aeropuertos Argentina y sobre la existencia de actos administrativos, acuerdos o actuaciones administrativas vinculadas a eventuales modificaciones, readecuaciones o extensiones contractuales de la misma”. El pedido fue elevado después que La Nación y elDiarioAR publicaran que el gobierno de Javier Milei había firmado el año pasado un acta acuerdo para que, en lugar de llamar a licitación cuando venza en 2038 la concesión por 40 años con la empresa de los Eurnekian, se prorrogue ahora el contrato hasta 2056, con opción a extenderlo incluso a 2066.

“En particular, se solicita: 1. Informe la fecha de vencimiento del contrato de concesión vigente y detalle, en orden cronológico, todas las prórrogas o extensiones de plazo aprobadas, indicando instrumento legal, fecha de dictado y autoridad interviniente”, redactó Paulón. El convenio original de los 35 aeropuertos era por 30 años con alternativa de prórroga por otros diez. Esa extensión ya fue otorgada por el anterior gobierno peronista en 2000, con el argumento de que la pandemia había afectado la ecuación económica de los aeropuertos, y por eso ya se alargó entonces el negocio de 2028 a 2038. En 2025, con el mismo argumento del Covid-19, el entonces presidente del Orsna, Facundo Leal, firmó el acta acuerdo para llegarlo a 2056, con opción a 2066, pero antes de que Milei lo ratificara, aquel exfuncionario cayó preso por presunta corrupción y su sucesora, Noelia Ruiz, lo dejó sin efecto pero aclaró que lo tomaría como antecedente de trabajo para un futuro convenio, según consta en una acta de una renión secreta del Orsna. De hecho, ella misma había ratificado aquel acta acuerdo cuando en 2025 era vicepresidenta de este organismo.

“2. Informe si se ha dictado acto administrativo que disponga la prórroga prevista en el artículo 2° del Decreto 375/1997, indicando su fecha, alcance y notificación al concesionario”, preguntó en su segundo término Paulón. La concesión original fue del gobierno de Carlos Menem. “3. Informe si se han otorgado otras prórrogas o extensiones contractuales no comprendidas en los incisos anteriores, indicando su instrumento legal de aprobación y el fundamento jurídico invocado. 4. Informe si existe algún 'acta acuerdo de readecuación contractual' o instrumento equivalente relacionado con la concesión, difundido públicamente o registrado en instancias administrativas y, en su caso, remita copia íntegra del mismo, e indique su estado jurídico”.

“5. Informe si existen negociaciones administrativas en curso vinculadas a la modificación, readecuación o extensión del contrato de concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos”, insistió el diputado por Santa Fe. “6. Informe el encuadre jurídico invocado para la readecuación, extensión o modificación del contrato de concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos en el marco de la Ley 27.742 y la Ley 17.520, indicando los actos administrativos dictados que lo sustenten y si dichos actos dispusieron una extensión del plazo concesional sin requerir un nuevo procedimiento de selección pública”, se refirió a la ley Bases, que permitió renegociar los contratos de la otra norma, la de obra pública. En el acta acuerdo de Leal con Aeropuertos Argentina, se invoca que la concesión de este negocio, por tratarse de inversiones en infraestructura, debe considerarse una obra pública y, por tanto, podría extenderse el contrato y no llamarse a licitación, como sí se hizo con otros licencias vencidas, como la hidrovía del río Paraná y las hidroeléctricas del Comahue.

Ayer, otro diputado, el peronista Rodolfo Tailahde, volvió a escribir en la red social X sobre la renegociación entre el gobierno de Milei y el grupo de su exempleador Eduardo Eurnekian. :El corrupto Milei no sólo le va a entregar a su ex patrón la concesión de los aeropuertos hasta 2066: también va a regalar la participación del Estado en la compañía. Efectivamente, el contrato clandestino que firmaron el 26 de septiembre pasado el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el reo presidente del ORSNA Leal (el de los dos palos verdes y la falopa en la casa) acordó 'la venta de la participación accionaria del Estado Nacional en la sociedad concesionaria'“. ”La privatización de la parte del Estado en Aeropuertos Argentina (el 15%) se hizo mediante negociaciones y acuerdos secretos e ilegales. No informaron al Congreso, ni a la opinión pública, y hasta las reuniones fueron clasificadas como 'secretas'.“

“Hoy los directores por el Estado son Federico Furiase (el secretario de Finanzas, que además recibió un hipotecario de $300 millones del Nación) y ese delincuente que se hace llamar Juan Pazo (ex titular del ARCA)”, apuntó Tailhade el exresponsable de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. “Pazo condujo y conduce las negociaciones junto a Leal, con el apoyo de una funcionaria muy, pero muy (pero muy, eh!) cercana a Pazo, de quien ya les hablaré. Milei iba a ratificar el acuerdo en medio del Mundial, pero la firma se frenó por la detención de Leal, y ahora están esperando que se disipe la tormenta para sacarlo con la firma de alguien que no esté preso. Vamos a seguir el tema, pese al silencio atronador que la pauta provoca en los medios”, cerró Tailhade.

Ante la consulta de elDiarioAR, ni el Gobierno ni Aeropuertos Argentina ha comentado hasta ahora sobre las reacciones de los diputados opositores.

AR/MG

Diversos diputados de la oposición, el kirchnerista Rodolfo Tailhade, el socialista Esteban Paulón y la cívica Mónica Frade, reclamaron este lunes una investigación sobre la negociación en marcha entre el gobierno de Javier Milei y Aeropuertos Argentina, concesionaria de Corporación América, de la familia Eurnekian, para que el contrato de 1998 que vence en 2038 se prorrogue en 2056, con opción a extenderlo incluso a 2066.

La administración de Milei -que trabajó en Corporación América de 2008 a 2021- había firmado en septiembre pasado un acta acuerdo en ese sentido y lo había ratificado en el Organismo Regulador de Aeropuertos (Orsna) en una reunión secreta, pero el pasado día 10 la dejó sin efecto después que a principios de mes quien firmara aquel convenio, Facundo Leal, expresidente del ente de control, fuera arrestado con US$2,3 millones y drogas en su departamento de Palermo Chico. Todos los documentos fueron publicados el pasado viernes por elDiarioAR.

El acta acuerdo, sin embargo, quedó como antecedente de trabajo para una nueva negociación que ha comenzado, según consta en el acta de la reunión también secreta del 10 de junio en el directorio del ORSNA, que ahora encabeza Noelia Ruiz. Aquel pacto, que se frustró antes de llegar a la firma del propio Milei, también contemplaba incluir el plan de inversiones 2026/2030 de Aeropuertos en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la privatización del 15% que el Estado tiene en esta empresa de Corporación América.

“¿Algún fiscal en la sala? En @eldiarioar revelaron un tremendo escándalo de corrupción que, por el chorro de Adorni y el Mundial, está pasando desapercibido: Milei, ex empleado de Aeropuertos Argentina, arregló en secreto la entrega de los aeropuertos hasta 2066 a su ex patrón Eduardo Eurnekian, dueño de AA”, escribió Tailhade en la red X. Paulón, en tanto, analiza la presentación de un pedido de información sobre la negociación contractual y Frade, de la Coalición Cívica, también está preparando un requerimiento. “Además, el ex empleado Milei le permite a su ex patrón Eurnekian meter el acuerdo en el RIGI y le promete la privatización del 15% de AA que tiene el Estado. En definitiva, un acto de corrupción de miles de millones de dólares”, criticó el diputado de Unión por la Patria (UP).

“Las negociaciones secretas (ilegales) las lleva adelante otro gran corrupto, Juan Pazo (a quien en 2024 denuncié por evasor cuando asumió en AFIP), que participa del negociado en representación del Timba Caputo”, prosiguió Tailhade en referencia al exjefe de la agencia recaudatoria y el actual ministro de Economía. “Pazo no se fue del gobierno 'para dedicarse a la actividad privada', como le dijeron a la gilada: sigue cobrando 15 palos por mes como director, justamente, de AA”, aportó un dato novedoso el diputado.

“El otro negociador fue Leal, quien como titular del ORSNA firmó las resoluciones y el contrato, antes de que le encontraran millones de dólares y drogas en la casa y quedara preso”, continuó Tailhade. “A este corrupto ya lo investigan por curros millonarios en la obra pública de los aeropuertos, causa que tiene los mismos protagonistas. Vamos a seguir el tema, porque es muy grave, porque los medios van a ocultarlo a fuerza de pauta, y porque atrás están el propio Milei y el malandra del Toto Caputo”, cerró el legislador su mensaje en redes sociales. La causa a la que se refiere se inició por una denuncia de la diputada exlibertaria Marcela Pagano, del bloque Coherencia.

AR/CRM

En el oficialismo y en el empresariado hay quienes consideran que la gota que derramó el vaso del escándalo de Manuel Adorni fue que la discusión sobre su eventual moción de censura en el Senado suspendiera el debate de leyes clave para ciertos sectores y empresas tecnológicas, como Palantir, del norteamericano residente en Buenos Aires Peter Thiel. El combo de proyectos de leyes que crean las empresas sin humanos, que elimina límites a la extranjerización de tierras y que otorga rebajas extraordinarias de impuestos y aranceles a la importación con el Súper Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (Súper RIGI), pensadas a la medida de Thiel y otros tecnomagnates, enfrentaba frenos con Adorni en el medio. Ya no.

Pero no sólo apoyan los empresarios tecnológicos y extranjeros que se beneficiarán con esas normas. Otros proyectos como el de la eliminación de los octógonos negros que advierten sobre la insalubridad de los alimentos también es un deseo del establishment. Se suman quienes veían que el caso del ahora exjefe de Gabinete estaba esmerilando la popularidad del presidente Javier Milei y sus expectativas de reelección en 2027, al combinarse con un consumo que sigue barranca abajo.

Por eso la bolsa de Buenos Aires reaccionaba este lunes con un alza leve de su índice S&P Merval del 1,4%, las acciones argentinas en Nueva York subían hasta 4,3% en el caso de Edenor y los bonos también se apreciaban, reduciendo el riesgo país 2%, a 428 puntos básicos. En cambio, otros hombres de negocios vinculados al mercado interno advierten de que nada cambia su triste realidad recesiva.

“Influyó bastante”, comenta una fuente de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso sobre el impacto de la obstaculización de la agenda legislativa de su partido por los intentos de la oposición de tratar la moción de censura a Adorni. “La parálisis de todas esas leyes, poner todo el tiempo a los legisladores en el el ojo de la tormenta, sobre si iban a decidir rajarlo o no, y la presión de gobernadores tuvo mucho que ver. La realidad es que ni propios ni ajenos podían verlo más. No había forma de sostenerlo”, agregan en el oficialismo.

Un informante de LLA en el Gobierno niegan que la traba a las leyes pro Thiel fuera el desencadenante: “Adorni ya tenía el boleto picado. Sólo seguía por un capricho de Milei”. “Acá se seguía trabajando al mismo ritmo. Ya en el Congreso entiendo era otra historia”, se refiere otra fuente del Ejecutivo a las iniciativas reformistas libertarias. Un alto cargo del Gobierno ratifica: “No creo que haya una vinculación directa entre la renuncia de Adorni y la demora en los proyectos de ley”.

“La salida de Adoni ayuda a que el Gobierno ponga foco a seguir avanzando con las reformas y cambios políticos que más tarde o más temprano generan mejoras en el entorno económico”, opina el mandamás de uno de los principales grupos empresarios de la Argentina, que apoya las reformas en líneas generales. Coincide en que su recambio facilitará la aprobación del Súper RIGI, las empresas sin humanos y la inviolabilidad de la propiedad privada -incluye la desregulación para extranjeros, los desalojos exprés y la eliminación de restricciones a la venta de campos incendiados- y otras por venir.

“Dios quiera que mejoren el clima y las relaciones. Esta nueva gestión es prometedora, conocen más la realidad económica y empresarial del país”, sostienen en otro de los principales conglomerados del país, en referencia al reemplazante de Adorni, Diego Santilli. Uno de los presidentes de las principales cámaras empresariales del país concuerda: “Todo cambio genera expectativa. En esta oportunidad, es muy positiva”.

Pero están también los empresarios vinculados a la industria, el consumo masivo y la construcción que siguen en la lona de las ventas. “No creo que la salida de Adorni cambie nada. Habrá que ver cómo evoluciona el nuevo jefe de Gabinete, pero las expectativas pasan por otro lado y no sé si puede mejorar algo, excepto que despeje dudas que son más políticas que económicas”, comenta un consultor de empresas. En una compañía proveedora de supermercados lo confirman: “No tenemos perspectivas de ningún cambio en la política económica en lo que respecta a incentivos o mejor clima para el consumo”.

“La crisis de Adorni no afectaba la capacidad de compra de la gente, pero sí tenía frenada la agenda legislativa y la Argentina necesita que la ley de etiquetado se derogue, es una ley antialimentos y desinforma a la gente”, comentan en una de las mayores firmas de alimentación. “Con la salida de adorni quizás se reactive esa agenda”, se ilusionan quienes pretenden derogar una norma que difienden desde organizaciones de la sociedad civil hasta las de cardiólogos y nutricionistas.

“Cualquier cambio, positivo o negativo, no está relacionado con Adorni”, observan en otra gran empresa de consumo masivo. “No tenemos un negocio en el que tenga impacto. Entiendo que para el mundo financiero y otros pueda tenerlo”, añaden.

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El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, dice que los jovenes están volviendo al país, pero cada vez más argentinos se van y más jovenes dejan de estudiar para buscar trabajo precario y un quinto de ellos no lo encuentran. Hace un mes, Sturzenegger viajó a Austria y contó que antes de que llegara Javier Milei a la Casa Rosada temía que sus hijos emigraran. Incluso confesó que estaba decidido a pedirles que se marcharan al exterior si ganaba el peronismo. Pero después comentó entre lagrimas: “Los jóvenes están volviendo al país”. “Perdón que me emocione”, se disculpó. El problema es que se emocione con lo que sería una fake news.

La Argentina no elabora estadísticas sobre emigración. Ni en este gobierno ni en los anteriores. Por eso, los investigadores que se dedican a estudiar el fenómeno migratorio como Cecilia Jiménez Zunino, socióloga de la Universidad de Córdoba e investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet), toma como referencia las estadísticas oficiales de España, principal destino de emigración de los argentinos. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de España cada vez más argentinos viven en España: a fines de 2025 sumaban 476.000 nacidos en Argentina, incluidos los que tienen pasaporte europeo.

En los primeros dos años de gobierno de Milei aumentó la cantidad de argentinos en España a razón de 30.000 por año. Se trata de un promedio apenas inferior a los 31.000 que se radicaban cada año en la gestión de Alberto Fernández, cuando se disparó la emigración. En la administración de Macri se iban a razón de 10.000 por año y en los 12 años del kirchnerismo, 4.000. El peor momento fue la crisis de 2001: 58.000 por año. Ahora estamos en la mitad, pero no hay datos para festejar de emoción.

La Argentina es el quinto origen del flujo actual de inmigrantes en España, detrás de Colombia, Marruecos, Venezuela y Perú, según datos de 2025. No son datos de jóvenes argentinos emigrantes en  España sino sobre el total de compatriotas de todas las edades en ese país. Pero confirman que el fenómeno de la emigración, que se disparó en el gobierno de los Fernández, continúa. Y ocurre en un contexto difícil para los jóvenes en Argentina, esos mismos que estaban cansados del peronismo en el que se criaron y que encontraron en Milei un presidente.

De por sí en la Argentina y en la mayoría del mundo, los jóvenes sufren más desempleo y más trabajo precario que los demás adultos, pero este problema se agravó en lo que va del gobierno de Milei, según el director del programa Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (CETID) de la Universidad de San Martín, Matías Maito. En la kilométrica cola de 4.000 personas que hace un mes se formó para conseguir 60 empleos en un frigorífico de Moreno, un joven de 18 años confesaba al canal C5N: “Estoy terminando el secundario online porque dejé en quinto año porque tuve que trabajar. Trabajé de mantenimiento desde los 16 años, en un local, en negro. Trabajé en limpieza también”.

“Desde la asunción del actual gobierno crece mucho la participación de los jóvenes en el mercado de trabajo, es decir, jóvenes que en general interrumpen sus estudios o relegan o destinan una menor cantidad de tiempo en sus estudios para incorporarse al mercado laboral a buscar un trabajo”, advierte Maito. Siempre la tasa de actividad, es decir, la de quienes trabajan o buscan hacerlo, es más baja entre los jóvenes de 18 a 24 años que en el promedio de todas las edades porque están terminando la secundaria o estudiando en un terciario o una universidad. Pero entre el último trimestre de 2023, final del anterior gobierno, y el mismo periodo de 2025, esta tasa subió del 52,8% al 53,7%.

Trabajo precario para los jóvenes

“Muchos de esos jóvenes consiguen trabajo, pero en general se da en condiciones precarias, como subocupados –es decir, trabajan menos horas que las deseadas–, en la informalidad y es un trabajo que en general sirve como una fuente adicional de ingresos para los hogares”, cuenta Maito. “¿Por qué se da esta necesidad de que los jóvenes se incorporen tempranamente al mercado de trabajo? Justamente porque en un contexto en donde los ingresos no logran acompañar el ritmo de la inflación, más personas en un mismo hogar tienen que trabajar y generar ingresos para que ese hogar logre de alguna forma llegar a fin de mes”, prosigue el investigador del Cetyd. Todo sea para ayudar a la familia, que ya no les puede bancar el estudio. Mirado desde lo macroeconómico, esta desinversión en capital humano, al igual que el ajuste presupuestario de la universidad, impacta en el futuro desarrollo del país.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos marcan que en el primer trimestre de 2026, la desocupación entre quienes tienen hasta 29 años rondó el 15%. Es prácticamente el doble de la tasa general, del 7,8%. “Entre la población más joven, de 18 a 24 años, el problema es todavía más grave, porque la desocupación alcanza al 20%”, señala Ana Rameri, economista del Instituto de Pensamiento y Políticas Publicas (Ippyp). “Es decir, uno de cada cinco jóvenes que busca trabajo no lo consigue.”

“Pero el problema no termina ahí, porque cuando logran insertarse lo hacen de lleno en las formas más precarias del mercado laboral”, coincide Rameri con Maito. “Casi ocho de cada diez jóvenes atraviesan una inserción vulnerable, ya sea por desempleo, informalidad, precariedad contractual o insuficiencia de ingresos. De hecho, los jóvenes tienen una tasa de asalarización superior al promedio, pero con una informalidad mucho más elevada. Mientras el empleo no registrado alcanza el 37% de los asalariados, en general supera el 62% entre los jóvenes. Son trabajos inestables, de bajos ingresos y con escasa protección social, que muchas veces obligan a priorizar la supervivencia cotidiana y restringe las oportunidades de continuar estudiando o formándose.”

En los primeros dos años de gobierno libertario, el empleo privado registrado cayó 1,9% en la Argentina, pero sobre todo cayó entre quienes tienen entre 18 y 24 años, un 8%. Los jóvenes son el eslabón mas débil a la hora de despedir. Con menos antigüedad en las empresas, es más barato echarlos. En cambio, creció 6% entre los de 46 a 55 años porque el mercado ahora valora más la experiencia. Y aumenta hasta 11% entre los de más de 65 años, lo que tiene su aspecto positivo, el hecho de que no se descarta a los más añosos, pero también su flanco negativo, dado que la jubilación no alcanza y hay que seguir trabajando. En el mundo de la inteligencia artificial se reemplazan más los jovenes, que tienen tareas más rutinarias, mientras se requiere gente más madura para controlar que la IA haga bien su tarea.

Pobres y endeudados

Pero encima este desempleo y este trabajo precario juveniles derivan en una mayor morosidad de créditos con bancos, billeteras, tarjetas y casas de electrodomésticos. “Cruzamos datos de morosidad tardía con desempleo y el sector joven es el más castigado por la dificultad de acceso al mercado de trabajo y por el menor ingreso”, apunta Ricardo Delgado, socio de la consultora Analytica. Así como el 27% de los argentinos está en mora, entre los jóvenes el rojo impago llega a casi el 40%, lo que les complica no sólo el presente sino también el acceso futuro al crédito formal.

Encima crecen las sospechas de que algunos se endeudan para apostar online, esta pseudo salida laboral y pseudo entretenimiento que ha llevado a que en los consultorios de ludopatia ya no aparezcan sólo los cincuentones y sesentones sino adolescentes de 15 años hasta jóvenes de 25. Un flagelo que está agravando con este Mundial, el de más partidos de la historia, todos para apostar. En el consultorio del psiquiatra Federico Pavlovsky llegan pacientes endeudados, amenazados por sus acreedores, tanto que hay quieren irse del país.

Obviamente no es el motivo principal de emigración. Pero el flujo al exterior continua. La socióloga Jiménez Zunino comenta que 1,2 millones de argentinos viven afuera, según la Organización Internacional de Migraciones (OIM). Cuatro de cada diez están en España. Otros están EE.UU., Italia, en países limítrofes o Israel. “Hay una emigración persistente y por goteo”, afirma la investigadora. Los datos de argentinos emigrados a España muestran que todavía para muchos compatriotas la Argentina sigue siendo poco atractiva. Para los jóvenes que deben dejar de estudiar para trabajar porque no les alcanza y consiguen malos empleos o nada, no es país para quedarse.

AR/MG

Javier Milei renunció el 9 de diciembre de 2021 a Corporación América, el grupo de Eduardo Eurnekian y sus sobrinos Hugo y Martín, para ser diputado y desde entonces debían dejar pasar tres años, según la ley de ética pública, antes de firmar cualquier decisión sobre quien fuera su empleador durante 21 años e incluso su impulsor mediático. Ese plazo finalizó el 9 de diciembre de 2024, cuando Milei ya cumplía un año al frente de la presidencia. Todavía no rubricó nada, pero su gobierno llegó a firmar en septiembre pasado un acta acuerdo para prorrogarle la concesión de Aeropuertos Argentina de 2028 a 2056, con la opción de otra extensión hasta 2066, con inclusión en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y privatización del 15% que el Estado tiene en esa empresa. Pero ahora se renegocia un nuevo acuerdo.

¿Qué sucedió en el medio? El Acta Acuerdo de Readecuación Contractual (ver abajo) fue firmada el 26 de septiembre de 2025 por el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian, y el entonces presidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Facundo Leal.

Al mes siguiente, el 23 de octubre, en un reunión “secreta”, según consta en el acta del ORSNA (ver abajo), el directorio de este ente lo ratificó, con la firma de Leal, la entonces vicepresidenta, Noelia Ruiz, y el resto de sus integrantes. En febrero pasado, el abogado mendocino renunció al cargo porque también había dimitido como secretario de Transporte su coprovinciano que lo había llevado al cargo, Luis Pierrini.

Pero el problema fue que Leal cayó preso este 1 de junio después de que le allanaran su departamento de Palermo Chico con US$2,3 millones en dólares, euros, pesos, otras monedas sudamericanas y hasta chelines tanzanos, además de ketamina, MDMA y cocaína. Está investigado por presunta corrupción de cuando presidía la empresa estatal de satélites Arsat en el gobierno anterior. Como muchos otros, pasó de massista a libertario.

Luego de la caída de Leal tras las rejas, era difícil que al acta acuerdo por él firmada recibiera la aprobación de la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, para que después lo termine de rubricar el presidente Milei. Faltaban esos ganchos para consagrar la extensión. Así fue que Ruiz, sucesora de Leal en la presidencia del ORSNA, reunió al directorio del organismo este 10 de junio y en otra reunión “secreta”, según su acta (ver abajo), dejó sin efecto tanto el convenio como la ratificación que ella misma había hecho. Se argumentó por escrito que el acta acuerdo no había sido refrendada aún por Aeropuertos Argentina y que la constitución de un nuevo directorio a partir del reemplazo de Leal por Ruiz en febrero pasado justificaba la necesidad de “evaluar el estado del proceso y adoptar las decisiones que el interés público requiera”.

Por eso, el nuevo directorio del ORSNA que encabeza Ruiz dispuso “la reanudación del procedimiento de negociación contractual, oportunamente iniciado en la reunión del 27 de diciembre de 2024, estableciendo en este acto nuevas bases operativas orientadas a mejorar la motivación, el análisis del impacto económico-financiero y la fundamentación técnica, con especial referencia los aspectos abordados en el acta acuerdo de fecha del 26 de septiembre de 2025, la que servirá como antecedente de trabajo”. Es decir, se dejó sin efecto el preacuerdo de Leal, pero servirá como referencia para que lo vaya a rubricar Ruiz. Ambos han respondido en este gobierno al asesor presidencial Santiago Caputo, pero el exfuncionario llegó por Pierrini, que a su vez respondía al exjefe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanera (ARCA) Juan Pazo. Ella, en cambio, es apodada La Killer de Santi.

En aquella reunión también secreta de 2024 (ver abajo) el directorio del ORSNA había instruido a su entonces presidente, Hernán de Arzuaga Pinto, a renegociar el contrato. Y eso que el anterior gobierno peronista ya había prorrogado en noviembre de 2020, en plena pandemia, el contrato que en principio duraba de 1998 a 2028 y que podía extenderse por diez años más. En la gestión de Alberto Fernández, con el argumento del impacto de la extensa cuarentena en la paralización de vuelos y del consiguiente cobro del servicio aeroportuario, se prolongó la concesión hasta 2038, a pesar de que faltaban entonces ocho años para su vencimiento.

En 2024, otra vez con el razonamiento de que el Covid-19 prolongó las restricciones aéreas hasta mediados de 2021, el gobierno de Milei y la empresa de los Eurnekian comenzaron a dialogar sobre prorrogar el contrato que vencía 14 años más tarde. Ahora le faltan 12 años a la concesión. En el acta de 2024, el ORSNA alegaba que la ley Bases permitía la renegociación de contratos de obras públicas e incluía en ese universo la administración de los aeropuertos de casi todo el país y sus necesidades de inversión. También le reconocía a la empresa que se le había roto la “ecuación económica” de su negocio. No hay que olvidar que en la pandemia, cuando sólo era un economista mediático, Milei era un férreo opositor a ese aislamiento que el propio Fernández violó.

En 2025, el acta acuerdo ahora dejada sin efecto pero que servirá de antecedente establecía que el contrato iniciado por el gobierno de Carlos Menem se extendiera a 2056 con una tasa interna de retorno (TIR) del 14,3%. Es decir, 30 años de acá en más. Pero no sólo eso: se incluía una opción de otra prórroga hasta 2066, o sea, de acá a 40 años, con una TIR del 14,45%. Se argumentaba que la extensión resultaba necesaria para conferir “suficiente certeza, estabilidad y seguridad jurídica que posibiliten la obtención de una eficaz provisión de financiamiento para llevar adelante la ejecución de las inversiones previstas”. Suena extraño que se requiera tan largo plazo para acceder al crédito.

La otra opción que tendría la Argentina es que a futuro otro gobierno llame a licitación otra vez los aeropuertos para que los Eurnekian u otro grupo los gestionen desde 2038 en adelante. En Corporación América han conseguido que en Armenia –la tierra de donde migraron los padres del empresario de 93 años– y en Uruguay les prorroguen los contratos con el argumento de la pandemia. También ha habido otros casos en Grecia, República Dominicana y Georgia.

Sin embargo, en otros países desarrollados y latinoamericanos ni extendieron las concesiones ni duran 58 o 68 años, como establecía el preacuerdo del gobierno de Milei con los Eurnekian. En Brasil duran 20 o 30, con opciones de alargarlos cinco más; en Chile, de 15 a 30; o en Japón, de 30 con alternativa a diez más. Claro que también está el caso de Australia, con 50 años con prórroga por 49.

También se disponía que Aeropuertos Argentina presentaría su plan de inversión en el RIGI, que premia con desgravaciones impositivas y de aranceles a la importación, así como beneficios cambiarios, a inversiones que superen los US$200 millones. En el acta se hablaba de un plan de inversiones 2026/2030.

El otro punto clave del pacto consistía en disponer que el Estado se deshiciera del 15% que tiene en Aeropuertos Argentina con una oferta pública de acciones en la bolsa de Buenos Aires y en otras del país. Sería una manera de quitarse de encima la mano de cualquier gobierno en el directorio e incluso de que los Eurnekian recompren al menos parte de esos papeles.

Ya el periodista Carlos Pagni había adelantado en el diario La Nación el dato de la prórroga. Ahora que se conocen todas las actas secretas y los detalles del acta acuerdo frustrada, incluido los del RIGI y la privatización, habrá que ver cómo continúa el diálogo contractual entre el gobierno de Milei, representado por Ruiz, y el grupo económico de su exempleador. Se trata de una renegociación que deberán ratificar no sólo el directorio del ORSNA sino también por Ibarzabal Murphy, la Sindicatura General de la Nación (Sigen), la Procuración del Tesoro de la Nación y hasta el propio jefe de la Casa Rosada.

AR /MG

La Fundación Faro, que crearon los libertarios de Javier Milei para propagar sus ideas, presentó con casi un año de demora su primer balance, el de 2024, ante la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, y todavía no cumplió con la obligación de acercar las cuentas de 2025, pese a que debió haberlo hecho antes del 30 de abril pasado. Pero no sólo eso: omitió declarar quiénes eran sus grandes aportantes, pese a que debe hacerlo, y sólo los informó a la IGJ después de que elDiarioAR advirtiera sobre el faltante en un artículo publicado el 31 de mayo. El 1 de junio la IGJ reclamó el listado a la fundación, que los detalló tres días más tarde.

Entonces elDiarioAR volvió a solicitar a la IGJ el balance 2024 con el objetivo de conocer el anexo referido a los donantes. Pero esta dependencia que encabeza Alejandro Ramírez sólo suministró otra vez las cuentas de la fundación, pero no el detalle de los aportantes, sin más explicaciones. La respuesta lleva la firma de María Luciana Ducca, responsable de despacho y documentación de la IGJ. elDiarioAR consultó a Andrea Basile, jefa del Departamento Contable de Entidades Civiles de la IGJ y quien firmó la recepción del balance de Faro, pero la funcionaria remitió al área de prensa del organismo. “En la IGJ dicen que ya se dio todo lo que corresponde dar según el pedido”, explicó la responsable de comunicación del ministerio que encabeza Juan Bautista Mahiques.

Días antes, el portal Chequeado había formulado un pedido de acceso a la información específico a la IGJ para consultar los donantes. El organismo respondió lo siguiente: “Dicha declaración jurada no forma parte de los estados contables de la entidad y no constituye documentación registral de acceso público. En consecuencia, la Inspección General de Justicia ni ningún sujeto obligado se encuentra habilitada a suministrar información sobre ella, por prohibición expresa de la ley 25.246, vigente desde 2000”, en alusión a la norma de lucha contra el lavado de dinero. “La normativa vigente, independientemente de la entidad de que se trate, impone confidencialidad sobre toda la información recabada en cumplimiento de las obligaciones del régimen PLA/CFT”, se refirió a la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. “Divulgar esa información a personas no autorizadas por la ley implicaría una violación directa del marco normativo bajo el cual fue obtenida”, completó la IGJ.

Pero en 2017 regía esa misma norma antilavado, pero la IGJ bajo el gobierno de Mauricio Macri suministró a este cronista los balances de las tres fundaciones vinculadas al PRO, Pensar, Suma y Formar, con el detalle de quiénes eran sus principales donantes. Y así fue publicado en Chequeado y la revista Noticias. En ese momento se pudo saber que el Banco Ciudad, Subterráneos de Buenos Aires (Sbase), Autopistas Urbanas (AUSA), Adecoagro, Despegar, OSDE, Minera Alumbrera, IRSA, los banco Santander, Comafi y Galicia, Pan American Energy (PAE), la Fundación Banco Macro y Farmacity aportaron a esas fundaciones. Es decir, la administración de Cambiemos no tuvo problemas en entregar los balances con la lista de aportantes, pero ante el mismo tipo de solicitud la de La Libertad Avanza los oculta.

Por ahora no se sabe quiénes aportaron los $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) que recabó Faro en 2024. En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de aquel año, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos del asesor presidencial Santiago Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Bettina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, embajadora de la Marca País y ahora presidenta de la Iniciativa del Sector Privado de la Organización de Estados Americanos (OEA); Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.

Esta noche, otra vez en el mismo club, Faro recaudará fondos en una cena en la que hablará el presidente de la Nación. También comparecerá el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, que oficiaba como economista de la fundación hasta que en diciembre pasado asumió como diputado. En esta organización donde los Neuss y Francisco Caputo, hermano del asesor, están involucrados en la recaudación de fondos, el presidente es Ignacio María Bilbao de la Vieja; el director ejecutivo, Agustín Laje, secundado por el chileno Axel Kaiser, y el director académico, Martín Krause.

AR/MG

El presidente de EE.UU., Donald Trump, puede resultar imprevisible, pero tiene un incentivo para respetar el acuerdo de paz que acaba de firmar con Irán: las elecciones legislativas de medio término de noviembre próximo, que había comenzado a perfilársele mal por el encarecimiento del combustible en una sociedad tan dependiente del auto grande y propio. El final del conflicto depende no sólo de ambos países sino también de lo que haga el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Pero en caso de sostenerse la tregua, provocará impactos económicos en el mundo en general y en la Argentina, así como el inicio de la guerra los había tenido también.

El barril de petróleo Brent, antiguo yacimiento escocés cuyo precio sirve de referencia en países como la Argentina, había arrancado 2026 en US$60, un nivel que si se perforaba podía ralentizar inversiones en yacimientos como Vaca Muerta. Con el inicio de los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán y la respuesta iraní atacando instalaciones de hidrocarburos en el Golfo Pérsico y cerrando el estrecho de Ormuz, por donde salen y entran los buques de la zona, el crudo llegó a tocar los US$120, el doble que a principios de año. Ahora está en US$80, 33% menos que en el peor momento del conflicto bélico, pero 33% más que cuando el mercado ni imaginaba que se desatara semejante guerra con parate productivo en la región que produce la mitad del petróleo mundial.

Cuando comenzaron a tronar las armas hubo quienes interpretaron que se trataba de una buena noticia económica para la Argentina, dado que se ha convertido en un país exportador de petróleo y gas gracias a Vaca Muerta y la construcción de gasoductos y oleoductos. Pero otros advirtieron que un conflicto que encarecía el combustible y todos los otros derivados del crudo, como los fertilizantes, iba a elevar la inflación local y global y, por tanto, iba a ralentizar la actividad económica criolla y planetaria, al tiempo que los capitales especulativos huirían de mercados emergentes, como el nuestro, para refugiarse en los ricos y seguros. ¿Ahora se desandará todo ese camino y ocurrirá lo contrario? En parte sí, en parte no.

“En qué valor se estabiliza el valor internacional del crudo en los próximos meses va a depender de la velocidad de la recuperación de la producción en Arabia Saudita, Irak, Kuwait y el resto del Golfo Pérsico y por la velocidad con que se recupere el almacenamiento a nivel internacional”, señala el consultor Nicolás Arceo. China, Japón y Corea del Sur, por ejemplo, evitaron el colapso de sus mercados gastando sus reservas de petróleo importado.

En EE.UU, el galón (3,70 litros) de nafta subió de US$2,80 a principios del año hasta US$4,55, un 62%, y ahora bajó a 2,90, 3% más que antes de la guerra. En la Argentina, en cambio, el gobierno libertario optó por no seguir los vaivenes tan bruscos del mercado y entonces la estatal YPF remarcó el litro de nafta un 30%, de $1.500 a $2.000, pero desde abril aplicó un buffer (amortiguador) por el que estabilizó el precio en la cumbre del barril, lo que se compensará ahora que se abarató la materia prima.

“La baja en el precio local del combustible más lento, que no se debería verificar en el corto plazo. Dependiendo de la evolución internacional, debería empezar a bajar recién en agosto o septiembre”, apunta el economista Arceo. Sus colegas Juan Francisco Pisano, analista financiero, y Orlando Ferreres, consultor, coinciden en que así como el encarecimiento del petróleo impulsó la inflación argentina en los meses anteriores, incluidas las tarifas de luz y gas, la merma del barril puede contribuir a la desinflación que se inició en mayo y que viene explicada también por la contracción monetaria. De todos modos, Ferreres advierte que todavía las tarifas de luz, gas, agua, colectivo y tren deben aumentar más para cubrir sus costos y dejar de depender de subsidios y de ahí que espera que la inflación cierre el año en 31,8%, apenas por encima de la de 2025.

En los primeros cinco meses del año, la Argentina aumentó sus exportaciones de energía un 33%, medidas en dólares. Es que subió 44% su valor y además se aprovechó la escasa oferta de Medio Oriente y la mayor cotización para enviar al exterior 8% más volumen. Eso explica por qué en mayo se batieron récords de exportaciones y superávit comercial en el país. Dado que se espera que el barril continúe por encima del nivel inicial del año, Arceo pronostica que la balanza energética elevará su saldo positivo de US$7.800 millones el año pasado a más de 10.000 millones en 2026.

Y eso que se espera que a partir de ahora ingresen al país menos dólares de exportaciones petroleras que en el comienzo del año porque ya pasó el pico de la cotización y de la escasez en el mercado mundial. “Cada suba de US$10 del Brent equivale aproximadamente a US$1.300 millones de exportaciones adicionales en términos anuales, y viceversa”, calcula Pisano.

“El aumento del precio internacional les otorga a las petroleras un flujo de caja adicional en torno a los US$5.500 millones, lo cual va a potenciar y permitir acelerar los niveles de inversión”, sostiene Arceo. Es decir, no pareciera necesitaran que el Gobierno haya incluido la extracción de crudo y gas en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

Por el contrario, la guerra no sólo les mejoró los valores del barril y del gas, también reforzó el posicionamiento de Vaca Muerta como proveedora segura de hidrocarburos. Es un proceso que había comenzado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania, pero se potenció ahora. Hace una semana, en el festejo por el Día del Periodista el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que ya tiene todo el gas natural licuado (GNL, el que se exporta por barco) contratado a largo plazo para vender a Europa, aunque también Asia lo demanda. La Argentina comenzará a exportar GNL en 2027, comenzando por Alemania.

El negocio del crudo se maneja con pedidos de corto plazo y durante la guerra de Irán en una petrolera local recibieron peticiones de la costa oeste de EE.UU., Singapur y otras naciones asiáticas, todas regiones que antes nunca lo habían hecho. En otra compañía argentina comentan el interés europeo y japonés por el gas y en una multinacional hablan de exportar más gas natural por gasoductos a Chile y Brasil.

“Así como el inicio de la guerra nos beneficiaba, el fin de la misma, con la posible caída del precio del petróleo y otras commodities como las agropecuarias, seguramente nos perjudicará un poco”, advierte Ferreres. No obstante, el campo, mientras espera que dentro de dos meses baje el gasoil, se ilusiona con un descenso de los fertilizantes, que en su mayoría produce el Golfo Pérsico, y que se llegue a tiempo para la siembra de trigo, que comenzó en mayo pero finaliza en julio.

Por eso, algunos economistas prevén que suba un poco el dólar, que estaba bastante barato en términos históricos. De hecho, en el último mes se elevó de $1.410 a $1.480, un 4,9%, bastante más que la inflación y que el rendimiento del plazo fijo o las billeteras virtuales. Sin embargo, a la vez que el aumento de las exportaciones petroleras crecerán a menor ritmo que en la primera mitad del año, también se espera el ingreso de divisas por el canal financiero por la menor inflación mundial que puede derivar en menores tasas de interés internacionales y, por tanto, en mayor apetito por mercados emergentes. Una entrada semejante contrarrestaría el impacto de los envíos del crudo y sostendría el tipo de cambio bajo.

“Un clima internacional más relajado, con menor inflación internacional por la caída de los precios del petróleo, facilita a los bancos centrales la baja de los tipos de interés, lo que hace que el Tesoro argentino pueda colocar deuda internacional, si así lo quisiera, más barata”, observa Pisano. El riesgo país estaba arriba de los 500 puntos básicos a principios de mes y bajó a 429. En la medida en que se reduzca por debajo de los 300, el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé colocar deuda en los mercados internacionales para afrontar los abultados vencimientos pendientes en 2026 y 2027. De esta manera, ingresarían divisas y, al mismo tiempo, se liberaría financiamiento local que hasta ahora va al Estado y que en adelante iría al sector privado para impulsar el crecimiento económico.

Pero al menos dos integrantes de la Academia Nacional de Ciencias Económicas advierten en privado que también puede ocurrir que no se alineen los planetas y que el riesgo país se mantenga alto. Y que en caso de que efectivamente baje se consolidará un modelo económico basado en la producción de materias primas agrícolas, mineras y energéticas, con un tipo de cambio bajo, que alienten el consumo de productos y servicios importados, en detrimento de los locales, con altos costos para los alimentos, la industria y la construcción privada, con destrucción de empleo de calidad, creación de puestos de trabajo precarios, sin suficiente inversión en capital humano e infraestructura, y con los sectores más rezagados de la economía sosteniendo un Estado desfinanciado por las actividades más pujantes pero que menos tributan por el RIGI y si se aprueba en el Congreso, por el Súper RIGI.

AR/MG

Que economistas peronistas y progresistas criticaran el Súper RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones) no es novedad: ya lo habían hecho el kirchnerista Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el colectivo Misión Productiva, la fundación Fundar y la consultora Audemus, del exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Pero sorprende que lo haga la Fundación Mediterránea, la entidad con sede en Córdoba que hace décadas sirvió de think tank para el exministro de Economía Domingo Cavallo y que le armó a Patricia Bullrich un plan económico en las últimas elecciones de la mano de Carlos Melconian. La misma que preside la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito (de la familia accionista del Banco Macro), Sergio Roggio (del grupo de construcción, el subte, el ferrocarril Urquiza y el negocio de la basura), Adriana y Roberto Urquía (dueños de Aceitera General Deheza, AGD) y Euclides Bugliotti (grupo Dinosaurio, de supermercados, hoteles, desarrollos inmobiliarios y parque solar), entre otros.

“Súper RIGI: otra isla en el océano de distorsiones”, se titula el documento de la Mediterránea, que redactaron en su Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral), a cargo de Osvaldo Giordano, primer y fugaz jefe de la ANSES de Milei. “Un aumento sustancial en la inversión es condición necesaria para posibilitar un proceso de crecimiento sostenido”, arranca el texto. “Para lograrlo es imprescindible generar un ambiente más amigable para la producción eliminando el cúmulo de distorsiones acumuladas a lo largo del tiempo. Establecer reglas generales que hagan más fácil cualquier tipo de emprendimiento es el camino para revertir el crónico déficit de inversión. Apelar a regímenes especiales con incentivos para determinados tipos de proyectos, como el caso del Súper RIGI, es una estrategia con limitaciones y puntos débiles que es recomendable ponderar. Mejorar el RIGI es una alternativa superadora a la de crear un nuevo régimen especial”, advirtió la Mediterránea.

La advertencia llegó justo un día antes de que este miércoles se busque firmar en comisión en Diputados el dictamen del Súper RIGI. Habrá que ver si el oficialismo, el PRO, la UCR y los gobernadores peronistas de Salta, Tucumán y Catamarca recapacitan ante la advertencia. Por ahora el Gobierno apenas negocia que el Súper RIGI incorpore una exigencia de que 20% de la inversión se haga con proveedores locales, pero analistas advierten que ese porcentaje en el RIGI no está funcionando para adquirir materiales nacionales, únicamente cubre la obra civil. Hasta un campamento entero se traerá de China para el mayor proyecto minero, Vicuña, en San Juan.

“El Súper RIGI supone un desvío respecto de la estrategia original”, señala la Mediterránea, en alusión a la promesa del presidente de Javier Milei de que los beneficios del RIGI se extenderían a toda la economía, llámese rebaja del impuesto a las ganancias del 35% al 25%, eliminación de retenciones a la exportación y fin del cepo cambiario para empresas. “Una desventaja muy importante es que aumenta los costos administrativos, tanto para el Estado (responsable de administrar los regímenes especiales) como para las empresas (que tienen que demostrar que su proyecto encuadra en las reglas que regulan el régimen especial)”, arranca la fundación a enumerar inconvenientes.

“Otra desventaja importante de sumar regímenes especiales es que se generan señales ambiguas y riesgos de que se reduzca la prioridad a avanzar en las reformas que generen condiciones generales favorables para la inversión”, apunta. Temen que el resto de la economía quede sin ventajas, que sólo se favorezcan la minería y la energía con el RIGI y los centros de datos de inteligencia artificial con el Súper RIGI, mientras el campo, la industria, el comercio y la construcción siguen relegados.

“También merece considerar posibles impactos de estos grandes proyectos promovidos sobre el tipo de cambio”, señala el Ieral sobre el problema de que la lluvia de divisas que trae la producción de materias primas abarata el dólar y encarece la producción local de manufacturas y servicios. “La expansión de las exportaciones, en parte estimuladas por proyectos de gran envergadura promovidos a través del RIGI, y a lo que se podrían sumar los que genere el Súper RIGI, generan una oferta creciente de divisas. Esto sin dudas es positivo, pero tiene como derivación una probable apreciación del tipo de cambio real en el mediano plazo, aumentando la presión sobre sectores más mano de obra intensivos concentrados en los grandes aglomerados urbanos. Una eventual contracción de estos sectores, o su no expansión, tendría consecuencias sociales significativas en términos de empleo urbano”, señala hacia el final la Meditarránea, que concluye: “Este perjuicio cambiario que se ocasiona a las actividades urbanas que son las que más contribuyen al PBI y al empleo hacen más urgentes, prioritaria y esenciales las reformas generales para la inversión en toda la economía en lugar de seguir expandiendo regímenes especiales.”

AR/MC

Supongamos que Manuel Adorni esta vez haya dicho la verdad, que se encontró con un pendrive con medio millón de dólares y que cometió el delito de evasión, ahora perdonado por la ley de inocencia fiscal. Creámosle que se enriqueció, se implantó cabello, viajó y compró y remodeló inmuebles apostando a las criptomonedas y sin pagar los impuestos que en parte van a remedios oncológicos, salarios universitarios y jubilaciones, y no con sobresueldos de la Secretaría de Inteligencia o de la Fundación Faro ni con coimas por las compras de medicamentos para discapacidad.

Aún así sigue vigente la discusión sobre el intento de naturalización del fraude impositivo. Este fenómeno se combina con los reiterados blanqueos de capitales, ahora permanentes con la nueva ley, con la sobrecarga sobre los gravámenes que pagan todos por igual, y que por tanto pesan más a los pobres y la clase media que a los ricos, y con los descuentos tributarios a determinados sectores económicos privilegiados en detrimento de otros, llámese minería y energía frente al campo, la industria, el comercio y la construcción. Y la pregunta de fondo es quién sostendrá lo que queda del Estado rebajado por la motosierra.

En el informe 2026 sobre evasión del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), que elaboró el experto uruguayo Fernando Peláez Longinotti con datos de 2021a 2023, previos al gobierno de Javier Milei, la Argentina es el país con más evasión del impuesto a las ganancias en Latinoamérica: se pierde el 69,6% del potencial recaudatorio, frente al 43% en Brasil, el 36% en Chile, el 44% en Colombia, el 41% en México, el 62% en Perú y el 45% en Uruguay. Habrá que ver qué impacto ha tenido el discurso y las políticas pro evasión del Presidente desde 2024 en adelante. Para él, el que evade es un “héroe” y el impuesto es un “robo”

A ese pelotón de evasores se debe sumar a Adorni, según él confesó. Recordemos que no todo el que evade comete un delito: para ello hay que evadir en forma, a razón de $100 millones por año (equivalente a US$69.000). Se supone que el jefe de Gabinete acumuló US$506.000 en cinco años y como máximo podría haber tributado hasta el 35%, unos US$177.000, más de $250 millones.

El impuesto a las ganancias es el más progresivo porque grava más a las personas y empresas que más tienen, salvo a aquellas a las que se les otorgan beneficios o a las que cuentan con la buena asesoría de bancos, escribanos, contadores y otros facilitadores de la elusión tributaria. Pero también se evaden otros gravámenes más regresivos, es decir, aquellos que consolidan la desigualdad natural del mercado. Es el caso del IVA, lo que a veces reporta en un descuento para el cliente y en otras, en una ventaja para el vendedor. Como en toda evasión, la perjudicada termina siendo la sociedad, pero no nos adelantemos.

La Argentina es la segunda nación con más evasión del IVA de Latinoamérica: se escurre el 43,7% del potencial recaudatorio, lo mismo que en República Dominicana, sólo menos que en México, con 54%, según el CIAT. Siempre son datos de cuando gobernaba Alberto Fernández, que le dejó este problema en herencia a Milei. Mejor están Brasil, con el 34% de fraude; Chile y Colombia, con el 21%; Perú con el 33% y Uruguay, con el 17%.

A la evasión se suma las exenciones fiscales a los sectores que hacen mejor lobby para conseguirlas. El informe del CIAT rescataba que al menos en este sentido hasta 2021/2023 la Argentina era el segundo país que menos recaudación resignaba por desgravaciones de Ganancias, sólo el 3,2% del potencial, únicamente superada por Perú, con 1,4%. A la cabeza de las excepciones figuraba Uruguay, con 18,8%; seguido por Costa Rica y Honduras, con 17%, y Brasil y El Salvador, con 16%. En el caso del IVA, por beneficios se pierde en la Argentina el 8,6%, la tercera nación con menos descuentos, frente al 4% de Bolivia y el 7% de Chile, contra el 39% de Colombia, el 28% de Honduras y el 27% de Nicaragua.

Los beneficios del RIGI y el Súper Rigi

Pero el Gobierno, con el apoyo del Congreso aliado, ya rebajó además el universo de contribuyentes y la alícuota del impuesto a los bienes personales, así como también la tasa de Ganancias del 35% al 25% a los proyectos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), de más de US$200 millones, que se concentran en minería y energía. Esta próxima semana se debatirá el comisión el Súper RIGI, para inversiones de más de US$1.000 millones, que tributarán sólo 15% y que apunta a centros de datos de inteligencia artificial, entre otros pocos sectores. Mientras, seguirán tributando al 35% la industria, el campo, el comercio y la construcción. Apenas se beneficiaron por rebajas de retenciones a la exportación el sector manufacturero y el agrícola. ¿Sectores más ineficientes deben sostener a los más eficientes?

El diputado peronista Guillermo Michel calculó que por cada US$100.000 millones de inversión del RIGI, el Estado dejará de recaudar el 1% del PBI por año, porque no sólo se les baja la alícuota de Ganancias sino que se desgravan los dividendos, se quitan retenciones, aranceles a la importación e impuesto a las transferencias y se devuelve todo el IVA. En el caso de aprobarse el Súper RIGI, que además rebaja las contribuciones patronales, se resignaría el 1,27% anual por el mismo monto invertido. En el presupuesto 2026 no figura el impacto del RIGI, pero sí el de la promoción de Tierra del Fuego (0,17% del PBI), la minería (0,06%), la economía del conocimiento, es decir, las empresas tecnológicas como Mercado Libre, Globant o Despegar (0,05%) y un régimen a favor de las pymes (0,1%). Es decir, todos estos beneficios, los más onerosos que otorgaba el Estado antes del RIGI, suponen poco dinero comparado con este régimen impulsado por Milei. El RIGI y el Súper RIGI juntos implican desgravaciones 13 veces mayores al cuestionado régimen fueguino.

La energía y la minería tributarán menos con el RIGI y los data centers aún menos con el Súper RIGI mientras otros contribuyen por ellos. En la conferencia 2025 de la Unión Industrial Argentina (UIA), el entonces director ejecutivo de la entidad y actual consultor, Diego Coatz, presentó los últimos datos oficiales disponibles, de 2022 y 2023, que demostraban que el sector manufacturero aportaba entonces el 30% de la recaudación tributaria; el comercio, el 20%: y el agro, el 15%. Menos del 10% contribuían los bancos, la construcción, los servicios inmobiliarios y profesionales, la minería, el transporte, la electricidad y los hoteles y los restaurantes. Se adjunta el gráfico.

Con tanta evasión y tanta exención, ¿sobre quién recae el costo de mantener los servicios que aún ofrece el Estado? El 30,5% de los ingresos viene del IVA que pagamos todos, según los datos oficiales de 2025. El 18,4% proviene de Ganancias. Así como en la Argentina el tributo a los que ganan recauda poco más que la mitad que el IVA, en Alemania, Reino Unido, Italia o España la relación es al revés: el gravamen a la renta recaudan alrededor del doble que el del consumo. Así se construyen sociedades más justas.

Encima, en la Argentina el 40% del impuesto a las ganancias a los individuos sale del bolsillo de los 527.000 empleados de la llamada cuarta categoría, que tributan en total más dinero que los 117.000 de la primera categoría, los que tienen renta del suelo, los 49.000 de la segunda, los de renta del capital, y los 61.000 de la tercera, los de beneficios empresariales. Así lo advierte la economista María Julia Eliosoff, de la Fundación Friedrich Ebert, a partir de las estadísticas oficiales.

Las contribuciones y aportes a la Seguridad Social de parte de empleados, patrones, autónomos y monotributistas, suman el 30,6% de la recaudación. El impuesto a las transferencias recauda el 6,9%. El de los combustibles, el 2,4%. Los internos, sobre todo el del tabaco, 1,5%. El de Bienes Personales, o la riqueza, quedó en sólo 0,9%.

A su vez, ese dinero recaudado va a sostener un Estado destruido desde dentro por el topo, como diría Milei. ¿Qué bancan los impuestos, que pesan sobre todo en el consumo y el trabajo? Según los datos de 2024, con motosierra incluida, en los gastos de la Nación, las provincias y los municipios, se distribuye así:

O sea, por cada 100 pesos que se evaden o se desgravan por regímenes especiales, los jubilados se quedan con 25 pesos menos, la salud con 17 abajo y la educación con 10 afuera.

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No basta con que Manuel Adorni haya confesado haber sido un evasor porque total los evasores son “héroes” y los impuestos son un “robo”, según el presidente Javier Milei, y “ahorramos en negro como la mayoría de los argentinos”, como sostuvo el propio jefe de Gabinete. Por más que se haya adherido al régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que creó la ley de inocencia fiscal, el contador recibido en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), devenido periodista, tendría que ofrecer explicaciones, no ante un programa de televisión, sino ante la Agencia de Recaudación (ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF, de lucha contra el lavado de dinero) sobre el origen de los fondos antes ocultos y ahora declarados.

“Adorni no está exento de investigaciones rectificativas de ARCA y mucho menos de la UIF”, sostiene el abogado y master en finanzas Pedro Biscay, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). “Los dos organismos tienen, incluso en el marco de la ley de inocencia, obligación de investigarlo”, añade. Otro experto que fue alto directivo de fiscalizaciones de la antecesora de la ARCA, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), coincide en que están obligados, pero advierte que “si no le preguntan, Adorni zafa de dar explicaciones”.

¿Pero por qué ARCA preguntaría si está encabezada por otro adherente al régimen simplificado de Ganancias que está investigado por la Justicia por su patrimonio, Andrés Vázquez? “Más allá de lo que haya hecho Vázquez, este mismo gobierno tiene la obligación de investigarlo por las funciones de ARCA y UIF previstas en sus marcos normativos. El debate es la distinción entre el ámbito de recaudación tributaria, si pagó o no impuestos, y el propio de la investigación por el origen ilícito de fondos que no tienen un ingreso en una actividad identificada de manera clara”, argumenta Biscay, exdirector del Banco Central entre 2014 y 2017, cuando fue removido por el entonces jefe de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, otro adherido al régimen de inocencia fiscal, aunque sin cuestionamientos por su patrimonio. Al ministro de Desregulación sólo le iniciaron una demanda por los contratos de su esposa, María Josefina Rouillet, para enseñar inglés en la Cancillería. Nadie lo denunció por su obsesión por que se importen vacunas antiaftosa.

“Si ARCA detectara una diferencia mayor al 15% entre lo que declara el contribuyente y lo que ellos suponen a partir de los controles automáticos propios y de la UIF en operaciones significativas como inmobiliarias y bancarias, se caerían los beneficios de la inocencia fiscal”, explica el contador Jorge Gebhardt, de estudio Aguirre Saravia & Gebhardt. Otro colega suyo de la City porteña agrega que, pese a la ley tributaria vigente desde enero último, la unidad antilavado sigue teniendo la obligación de controlar el origen de los fondos.

Las declaraciones de Adorni sobre sus ahorros evadidos provocaron irritación en más de un ciudadano. Primero, porque siete de cada diez argentinos ni siquiera llegan a ahorrar, según diversas encuestas como las de Brain Network y Quiddity. Segundo, porque no todos los que ahorran lo hacen sin tributar. El contador Arnaud Iribarne reconoce que tiene clientes que buscan pagar lo mínimo posible, unos no tienen forma de evadir y otros quieren cumplir con todo: “Unos porque trabajan en multinacionales que no quieren problemas y otros porque te dicen que quién pagará las tizas de las escuelas”.

No es que en los blanqueos de capitales previos a la nueva ley de blanqueo permanente se adhirieran millones de argentinos: 254.000 en 2016/2017 y 278.000 en 2024. A la ley de inocencia fiscal –que fue votada por LLA, PRO y la mayoría de la UCR, y los partidos provinciales– se sumaron unos 94.000.

“Evadir impuestos es un delito penal y los funcionarios zafan porque por primera vez la ley de inocencia fiscal los habilita a ingresar al blanqueo. Es bochornoso”, advierte la exjefa de la AFIP Mercedes Marcó del Pont. En la actualidad, quien evade más de $100 millones en un año puede ir a la cárcel. Es decir, cualquiera puede evadir, pero sólo la gente con plata puede convertir esa práctica en delito. Delincuentes son los que evaden mucho. Pero sólo unos pocos famosos terminaron tras las rejas por no pagar impuestos en la historia argentina: apenas el carnicero Alberto Samid, el valijero Leonardo Fariña y el fallecido peluquero Roberto Giordano quien cumplió arresto domiciliario. Sin la amnistía fiscal que votaron los libertarios, quizás Adorni también podría haberse mudado del country Indio Cuá a la prisión, dado que acumuló US$506.000 sin tributar un peso. Siempre con el argumento de que el dinero se lo roban los“kukas”.

“Este gobierno y la ley de inocencia fiscal tienen una visión totalmente pro evasor”, lamenta otro exjefe de AFIP que se define “hastiado de cómo funcionarios y contadores le ocultan la verdad a los contribuyentes de que cada vez que compran algo en el supermercado pagan los impuestos indirectos sin chistar”. El 31% de la recaudación de 2025 provino del IVA, el gravamen que más plata recolecta, que pagan por igual ricos, clase media y pobres pero que pesa más en el bolsillo de estos últimos y menos en el de los primeros. “La nueva ley es un blanqueo encubierto a costo cero nunca visto en nuestro país”, continúa el exjefe de AFIP. “Una justificación totalmente mentirosa se basa en que los ciudadanos no podían comprar dólares y entonces iban a las cuevas y operaban en negro. La pregunta real no es por las compras en dólares en negro, también existían mecánicas para comprar en blanco con cupos mensuales y con dólares MEP y contado con liqui, si no cómo obtuvieron los pesos para ahorrar en dólares –criptomonedas en el caso de Adorni–. Y la respuesta es clara: no facturaron nunca sus ingresos por ventas, honorarios u otros conceptos. En mi país eso se llama evasión fiscal y muy probablemente lavado de activos ya que tuvieron que tener algún vehículo para blanquear ingresos de pesos no declarados”, agrega el antiguo recaudador indignado.

Aquel que evade contribuye al desequilibrio fiscal y, de ese modo, a la inflación. Es cierto que ha habido y hay corrupción en el Estado, desde antes del kirchnerismo, durante la era K y presuntamente hasta en las compras libertarias de medicamentos para discapacitados, pero también funciones básicas que requieren los ciudadanos. Entre la inocencia fiscal, el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI) y el proyecto de Súper RIGI, ¿quién sostendrá esos servicios esenciales como educación, salud, seguridad, rutas, trenes, urbanización de barrios populares, control ambiental o apoyo a sectores económicos con potencial o personas vulnerables que prestan Nación, provincias y municipios?

No hay que ser un “zurdo de mierda”, como descalificaría Milei, para sostener que el robo no son los impuestos sino la evasión. Tampoco hay que ser de derecha para oponerse al malgasto del dinero público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, el club de países ricos al que se han unido otros como Chile, Colombia, Costa Rica y México) se ha comprometido en la lucha contra el fraude impositivo porque reduce la capacidad de financiar educación, salud, infraestructura y protección social y obliga a recortes y endeudamiento. Se podría agregar que también impulsa a algunos gobiernos a la emisión monetaria inflacionaria. Cuando un ciudadano evade para costear su implante capilar, frecuentes vacaciones de lujo, compras de departamentos y casas de fines de semana y su remodelación, le está quitando medicamentos oncológicos a un paciente, transporte a una persona con discapacidad, salario a un docente de escuela o universidad, jubilación a un anciano o infraestructura clave para impulsar el crecimiento económico.

Pero la OCDE también critica la evasión porque deriva en una competencia desleal entre empresas e individuos que tributan o no y rivalizan por el mismo mercado. Este fenómeno desalienta la innovación. Reprocha que provoque inequidad: los que más tienen suelen contar con estrategias financieras para pagar menos impuestos, cuya función justamente debería ser redistributiva. El organismo además apunta que la evasión facilita otras actividades ilícitas como el lavado, la corrupción y la economía informal. Además deteriora la confianza en las instituciones y genera efecto contagio.

“Todo esto erosiona la relación fisco-contribuyente, evadir es un robo a la comunidad”, opina Iribarne. Antes de la ley de inocencia fiscal, los autónomos y empleados que tributan Ganancias debía declarar cada año cuánto cobraban, sus gastos deducibles del impuesto, sus consumos personales y su evolución patrimonial. A los que se adhieren al nuevo régimen ARCA sólo les revisa facturación y gastos, pero puede consultar por los bienes si observa alguna inconsistencia y la UIF debe seguir auditando el origen del dinero.

Pese a que han sido los bancos uno de los que más trabas han puesto a los blanqueadores de la inocencia fiscal al preguntarles por la procedencia de los fondos, como parte de las exigencias antilavado, en el cóctel de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) este miércoles por el Día del Periodista reinaba el entusiasmo entre muchos banqueros por el rumbo económico. Ese mismo día, la calificadora de riesgo crediticio S&P subió la nota a la deuda argentina y el riesgo país bajó este jueves a 443 puntos básicos, el menor nivel en ocho años, lo que acerca a la Argentina a la auspiciosa posibilidad de refinanciar deuda en el mercado internacional. Al mismo tiempo, el Instituto de Estadística (Indec) informaba una baja de la inflación al 2,1% en mayo. Si el dólar se mantiene quieto, la merma del índice de precios podrá continuar.

“No se puede dejar pasar esta oportunidad”, sostenía uno de los banqueros en un sentimiento compartido de defensa de las reformas liberalizadoras de Milei. Eso sí, hay algunos que cuestionan la política, la corrupción y la violencia verbal del Presidente. “No podemos volver al pasado, con gente que quiere reestructurar la deuda o reestatizar empresas”, sostenía otro. ¿Por quién lo dice?, preguntó elDiarioAR. “Por (Axel) Kicillof”, respondió. Pero si no lo dijo, volvió a cuestionar este cronista. “Pero tampoco dijo que no lo haría. Hay que ver si lo dice y si lo dice, si le creemos”, contestó. Entre los presentes estaban el presidente de Adeba, Javier Bolzico; los dueños del Banco Galicia, Eduardo Escasany, del Macro, Jorge Brito, del Comafi, Guillermo Cerviño, del Banco de Valores, Juan Nápoli, del Superviell, Patricio Supervielle, además de ejecutivos de esas entidades y de otras como Ualá, CMF y Banco de San Juan (grupo Eskenazi).

Brito, expresidente de River, esquivó las preguntas de si también quiere presidir la Argentina o si al menos está armando una alternativa a Milei y Kicillof. Pero en sus filas reconocen que si la economía no comienza a recuperarse y continúan los errores propios del Gobierno, como el caso Adorni, entonces habrá margen para otra opción. El dueño del Macro venía de reunirse en Jujuy -el banco es fuerte en el Norte- con el sindicalista Carlos “El Perro” Santillán, a quien conoce desde la crisis de 2001. Discutieron sobre el impacto ambiental del litio. A Brito le parece que no hay que ser de izquierda para defender el medio ambiente ni de derecha para sostener un equilibrio fiscal con menos impuestos. Hay colegas suyos que se preguntan si el pueblo está preparado para votar a un banquero, más allá de que el arquitecto del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, lo haya soñado como candidato presidencial outsider. Brito tiene reparos con este gobierno, pero se quedó con el 26% de la privatización de Transener, la mayor transportista eléctrica del país, en sociedad con Edison, donde además de los Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo- están exejecutivos del Macro, Carlos Giovanelli y Damian Pozzoli.

Pero mientras finanzas, campo, minería, Vaca Muerta y negocios digitales caminan, los sectores que más empleo generan, comercio, industria y construcción siguen con dudas sobre cuándo se recuperarán. En la Unión Industrial Argentina (UIA) las grandes empresas se ilusionan con fin de año, pero las pymes piden que se declare una emergencia. En la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), este lunes se celebró la 71ma convención anual y por primera vez en la historia ningún funcionario del gobierno nacional se hizo presente. En 2024 había ido el ministro de Economía, Luis Caputo, pero se enojó porque el presidente de Camarco, Gustavo Weiss, le advirtió por la paralización de la obra pública. El freno continúa, las deudas por proyectos pasados siguen sin pagarse.

El Gobierno impulsa concesiones de rutas con peaje en un cuarto de la red vial, hay múltiples ofertas pero la enorme competencia lleva a que se propongan tarifas tan bajas que difícilmente sostengan el mantenimiento. La construcción de viviendas no repunta sin crédito hipotecario. Y la licitación de los trenes dividió tanto la operatoria que provoca dudas entre los pretendientes. En la disputa por el Belgrano Cargas, el Grupo México quiere morderle negocio a la minera británico Rio Tinto y a un conglomerado de las cerealeras (Cargill, Bunge, Dreyfus, Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, y Aceitera General Deheza, AGD) y para eso ha afinado su lobby entre los funcionarios. Veremos quién gana.

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Manuel Adorni pidió adherirse este martes al régimen establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) antes de presentar su declaración jurada patrimonial, prometida para el lunes 15 de junio. La maniobra tiene una consecuencia concreta y deliberada: el funcionario no está obligado a explicar ante ARCA ni ante la Justicia cómo creció su patrimonio durante 2025. Su esposa, Bettina Angeletti, había dado el mismo paso diez días antes.

La ley funciona así: quien se adhiere paga el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo que facturó ese año, sin importar cuánto aumentaron sus bienes o su consumo personal. No hay obligación de declarar qué activos se regularizan ni de dónde salieron. Esa información queda blindada bajo secreto fiscal.

El mecanismo fue impulsado en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrado públicamente por el propio Milei. Adorni se encargó de comunicarlo desde la Jefatura de Gabinete. El 26 de diciembre de 2025, escribió en sus redes: “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”. Ahora se sabe a quién le venía como anillo al dedo esa dimensión.

La propia ARCA sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Contadores consultados por elDiarioAR explican que el régimen tiene tres efectos concretos. El primero es la simplificación impositiva, aunque uno de los especialistas advierte que “no es tan simplificado como dicen”. El segundo, y “lo mejor que tiene el régimen”, es el llamado tapón fiscal: quien declara correctamente el período 2025 genera un blindaje que impide que ARCA revise los períodos anteriores. El tercero es la posibilidad de regularizar bienes no declarados —“la guita del colchón”, en palabras de uno de los especialistas— sin que técnicamente se llame blanqueo, denominación que el Gobierno evita por las exigencias del GAFI.

Sobre la adhesión de Adorni, el contador Jorge Gebhardt advierte que “da para cualquier interpretación”: alguien puede adherirse sin tener nada irregular, pero el régimen también permite bancarizar dinero no declarado para realizar compras. “Ahí siempre está la duda”, señala, “no sé, diez, 20.000 dólares que hacés... un millón de dólares, no sé”. A montos muy significativos, agrega, debería haber reportes que impedirían esa posibilidad.

El otro especialista consultado, que prefirió el anonimato, suma un dato político relevante: el régimen simplificado que está dentro de la ley de inocencia fiscal “parece que va a ser modificado, eliminando los topes para adherirse”. Si eso ocurre, el blindaje que hoy tiene Adorni se volvería aún más amplio. Pero hay un límite claro, según una fuente del sector contable consultada por este medio: la adhesión “lo hace zafar solo de la parte penal tributaria”. La causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py sigue su curso sin que este régimen la afecte.

Adorni tiene una causa judicial abierta por presunto enriquecimiento ilícito en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Los registros de ARCA revelan además un dato que los investigadores ya tienen en la mira: Adorni tiene actividades económicas registradas desde noviembre de 2013, pero recién se inscribió en el impuesto a las ganancias en enero de 2020. Un intervalo de casi siete años en el que operó bajo múltiples categorías —servicios personales, asesoramiento empresarial, contabilidad— sin tributar por ese régimen.

La solicitud actual de cambio al régimen simplificado representa un nuevo escalón en ese proceso de ordenamiento tardío, que ahora ocurre bajo la lupa judicial. Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio del funcionario habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, con severas discrepancias entre declaraciones juradas, omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.

El expediente analiza la compra de un departamento en Caballito con una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses de dos jubiladas, la adquisición de una casa en el country Golf Club Indio Cuá por US$120.000 con una hipoteca tomada de una policía retirada y su hija —a quienes aún les debería 70.000 dólares—, y el pago de US$245.000 en efectivo y sin facturar a un contratista por las refacciones de esa propiedad.

A partir del impulso fiscal, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio del jefe de Gabinete con una batería de medidas orientadas a establecer si hubo un incremento patrimonial no justificado, que incluyó pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos nacionales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES.

El patrón se repite en su esposa: Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017, pero regularizó su situación frente al IVA y al impuesto a las ganancias recién en octubre de 2025, tras casi ocho años de operación. La proximidad de ambas adhesiones y el historial de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales, que evalúan los movimientos como parte de un ordenamiento fiscal integral del matrimonio bajo escrutinio.

Según consignó La Nación, el fiscal Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere a Adorni que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos. Esta solicitud es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria. La fiscalía aguarda el resultado final de un peritaje contable encargado a expertos de la Procuración General de la Nación, al que se suma un estudio especializado sobre criptomonedas y la trazabilidad de operaciones financieras de Adorni. El informe técnico definitivo podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, Adorni deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria. Fuentes de Comodoro Py estimaron a elDiarioAR que la citación a indagatoria podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio. También está el interés de Adorni de presentar su DDJJ ante el comienzo del Mundial.

La adhesión al régimen de inocencia fiscal no equivale a una confesión ni genera por sí misma consecuencias penales. Pero quien se acoge a él reconoce implícitamente que tiene activos o ingresos que no puede justificar. La ley no excluyó a los funcionarios públicos —técnicamente denominados Personas Expuestas Políticamente— del beneficio de no rendir cuentas sobre el incremento patrimonial. Adorni usó para sí mismo el instrumento que desde su cargo ayudó a instalar.

MC