La reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada, luego de una semana cerrada, no es una buena noticia. Es más bien, la demostración de que su cierre fue producto de otro berrinche presidencial. El argumento, investigar las condiciones de seguridad de la Casa de Gobierno luego de que TN pusiera al aire un informe sobre los “pasillos del poder”, resultó tan infantil como peligroso.

La originalidad y el ingenio de dicho informe quedará a consideración de quien lo haya visto. Lo que sí es cierto es que de ningúna manera puso en peligro la seguridad presidencial. TN no mostró más que el recorrido que suelen hacerse en las visitas escolares y lo condimentó con un poco de intriga. Es imposible saber que fue lo que disparó el enojo de Javier Milei para decidir cerrar la sala de prensa y acusar a los periodistas de TN de “basuras repugnantes”. Pero hay algunas pistas.

La semana comenzó así, con los periodistas acreditados agolpados contra las rejas sin poder entrar a la sala por primera vez en la historia. Y siguió en el Congreso el miércoles, durante la presidentación de Manuel Adorni, el investigado jefe de Gabinete quien no respondió sobre cómo en dos años logró volverse una persona acaudalada, con múltiples propiedades, viajes en aviones privados y vacaciones en destinos exclusivos.

En otro evento sin precendentes, el Presidente de la Nación se pone a la cabeza de todo el gabinete y todos juntos marchan hacia el Congreso para apoyar al cuestionado jefe de ministros. Desde un palco, el mandatario se dedica a burlarse de la oposición y arengar, cual barrabrava, los gritos de apoyo a Adorni.

Al salir, los periodistas intentan preguntarle por el cierre de la sala de prensa en la Casa Rosada. La respuesta del Presidente, los deja paralizados. “¡Chorros!”, les grita. Tampoco hay antecedentes de que un presidente le haya gritado chorros a los periodistas.

Ese mismo miércoles, horas más tarde, Javier Milei encabeza el cierre de la Expo EFI 2026. Allí ensaya una defensa sobre sus insultos a la prensa:  “No voy a aceptar la psicopateada de los kukas y los periodistas. Hablan de mis respuestas y no dicen el montón de mentiras, calumnias, injurias y las barbaridades que dicen de mí, de mi familia, de mis hijitos de cuatro patas”. El Presidente concluye que de ningúna manera sus insultos constituyen violencia y cierra:  “Esto es para todos los llorones”.

Enumerar la lista de insultos y acusaciones de la semana sería largo, tedioso y aburrido. A dos años de gobierno de Javier Milei ya sabemos de los arrebatos del Presidente contra la prensa. Hace poco días, Sebastián Lacunza contó aquí en elDiarioAR como ordenó retirar por la fuerza a Fernán Saguier, director de La Nación, del depacho presidencial. Y sabemos como su ensañamiento es especial con las mujeres. Luciana Geuna se sumó a una larga lista de periodistas menospreciadas por el Presidente que comenzó en 2018 cuando a los gritos le dijo “burra” a Teresita Frías, una colega de Salta. La periodista tuvo la mala idea de contradecir sus opiniones.

Con Milei en el poder, los ataques aumentaron hasta tal punto que terminaron, peligrosamente, siendo parte de la forma en que el oficialismo hace política.

Esta semana fue particularmente molesta para el Presidente. La investigación por enriqueciemiento ilícito a la que está siendo sometido Adorni, parece haber empezado a dañar la imagen del Gobierno.

El lunes, el mismo día en que se anunció el cierre de la sala de prensa, se conoció el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Por quinto mes consecutivo, la imagen del Gobierno cayó y marcó un retroceso del 12,1% con respecto a marzo. El Gobierno descendió en los cinco ejes de desempeño sobre los que se construye el índice: “Honestidad”, “Capacidad”, “Eficiencia”, “Evaluación general del Gobierno” y “Preocupación por el interés general”.

Es apenas una señal de un Gobierno que empieza a sentir el peso de la gestión, que comienza a darse que cuenta que el hechizo de los pulgares a arriba y el baile desenfrenado no alcanzan para llegar a fin a mes. Alejandro Rebossio escribe una crónica en la edición de hoy que muestra como la falta de empleo, la inflación, los salarios congelados y el recorte de la ayuda del Estado están golpeando en los sectores más desprotegidos y acerca un dato que refleja la profundidad de la crisis, el regreso del trueque, ese que en 2001 se convirtió en el mecanismo de supervivencia de miles de familias.

En la edición de ayer de elDiarioAR, León Nicanoff dio cuenta de un panorama cada vez más complejo: cada vez más jubilados se ven forzados a seguir trabajando porque con sus haberes no llegan a cubrir los gastos mínimos. Al mismo tiempo, los jóvenes dejan de buscar empleo porque descubren que las promesas del cuentapropismo de delivery es apenas un espejismo, un disfraz de trabajos de miseria.

Pero el Presidente elige insultar. ¿Pensemos por un instante cuántas veces le hemos dicho a una persona “basura repugnante” en las redes sociales? ¿A cuántos otros “sorete”? Es cierto que en las redes sociales se insulta y se insulta mucho, pero la gran mayoría no lo hace. El Presidente, en cambio, elige comportarse como lo más bajo de ese bajo mundo de las redes, donde se dice lo que jamás se diría cara a cara.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca fue fundada en 1914 por un grupo de periodistas que cubria las conferencia de prensa del entonces presidente Woodrow Wilson. El mandatario quería suspendarlas porque no le gustaba lo que escribían. Consideraba que a las notas se les agregaba demasiada información en off the record. Los periodistas decidieron crear esa asociación para defender ese espacio y su trabajo. Aún hoy es la Asociación la encargada de otorgar las acreditaciones para entrar a la Casa Blanca y distribuir los lugares en la sala de prensa. ¿La razón? Es sencilla. Se considera que quien ocupa la Casa es simplemente un inquilino que está de paso y que por nada del mundo el inquilino puede estar por encima de la prensa que seguirá estando allí cuando el ocupante de turno se vaya.

MG

“No tiene sentido vivir así”, le dijo Gastón Arcuchín, un jubilado de 72 años a León Nicanoff en esta nota que elDiarioAR publica hoy. Su historia es la de los miles de jubilados que viven con la mínima, $450.000 y una obra social que está al borde del colapso con menos cobertura, menos atención y más deudas.

En un comunicado conjunto, las dos CTA advirtieron este viernes que el PAMI está a un paso del “colapso sanitario” provocado por la decisión del gobierno de Javier Milei de aplicar allí su “motosierra”, en particular, el recorte del programa Remediar y la reducción del 50% en los honorarios que reciben los profesionales de la obra social que atiende a casi 6 millones de personas, la más grande del país.

La situación del PAMI, que estalló esta semana con el paro de 72 horas que llevaron adelante los médicos de cabecera, es quizás la muestra más extrema del estado de la salud pública en Argentina desde la llegada del gobierno libertario. Pero no es la única. Este martes, la periodista Emilse Pizarro publicó en su cuenta de X un cuadro detallando año a año, mes a mes, gran parte de los recortes que sufrió la salud desde febrero de 2024, apenas dos meses después de la asunción de Milei.

Es un cuadro minucioso pero el ajuste es tan grande que sigue siendo incompleto. Aquí mismo hemos contado sobre la falta de vacunas que vienen denunciando en distintas provincias y que dejan sin cobertura para enfermedades como la gripe, varicela, VPH o COVID pediátrico.

Un relevamiento que la Red Federal de Periodismo da cuenta que la cantidad de preservativos entregados por el Ministerio de Salud a lo largo de 2025 fue cero. Sí, no se entregó un sólo preservativo, eso a pesar de que el acceso a este medio de protección sexual y reproductivo está garantizado por la La Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable.

En paralelo, el último Boletín Epidemiológico Nacional del mismo Ministerio da cuenta de un aumento del 75,6% respecto a 2022 de los casos de sífilis en Argentina.

El mismo informe de la Red, señala que los recortes del Plan Remediar –que debería garantizar el acceso a medicamentos básicos– van del 38% al 100% en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego, Corrientes y Jujuy.

El ajuste en salud tiene consecuencias concretas. A contramano de la tendencia mundial, en Argentina la tasa de mortalidad infantil aumentó 0,5 puntos en 2024. Es la primera vez desde 2002.

No hay registros de que en los más de dos años de gobierno el Presidente haya recorrido un centro de salud público, descontando la vez que visitó un hospital de campaña en Bahía Blanca, luego del temporal. Para alguien como Javier Milei –o sus ministros–, criado en una familia de clase media, el contacto con un hospital público no es algo menor. No se trata de una foto de ocasión, un paso fugaz. Es, más bien, la oportunidad de tomar contacto con aquello que se desconoce, ver sin filtro las salas de camas repletas, los pasillos abarratodos de camillas, las esperas infinitas, la posibilidad de sentir los olores, ver las caras y escuchar las voces.

Javier Milei sigue recortando donde no hay más que recortar y sin siquiera haber visto en persona las consecuencias de su motosierra.

MG

“Es una foto no sacada por mi, por lo tanto tampoco hice el texto. Hay CM de redes”. Con un particular uso del español, la diputada libertaria Juliana Santillán se defendió este miércoles del papelón que protagonizó en su propia cuenta de Instagram cuando celebró una reunión en la residencia de la Unión Europea con representantes de Brasil, Croacia y... Checoslovaquia. Curioso, ya que Checoslovaquia dejó de existir como tal hace más de 33 años.

Llama más la atención su posteo no sólo porque se trata de una diputada de la Nación, sino porque además es quien preside la comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Cámara baja.

En su cuenta de Instagram, la diputada aparece posando con varios representantes extranjeros, enfundada en un solero negro, y con la leyenda: “Embajadores de Brasil, Checoslovaquia, Croacia en la residencia de la Unión Europea”, junto con las banderas de Argentina y la UE.

No tardó en convertirse en el hazmerreir de las redes sociales. Pero lo primero que rodó fue, claro, la cabeza del community manager. “Es una foto no sacada por mi, por lo tanto tampoco hice el texto. Hay CM de redes. No voy a aplicar guillotina, ya que preguntó y escucho mal, dado a se hablaba en otro idioma. Errar es humano y me rodean seres humanos”.

Santillán eligió hacer su descargo respondiendo un posteo del periodista Ricardo Benedetti. Por eso, terminaba su respuesta con un “Ni cosquillas. CIAO”

No es un dato menor que desde el 1 de enero de 1993 Checoslovaquia se dividió en República Checa y Eslovaquia como parte del proceso de disolución de la Unión Soviética. Como titular de una comisión que maneja las relaciones internacionales, es un dato que Santillán debería saber.

Pero ya son varios los papelones que la diputada va sumando. En junio pasado, refutó en vivo en TN a dos médicas del Hospital Garrahan quienes cobraban $800.000 por mes. Según Santillán, con ese dinero tenían plata de sobra para afrontar una canasta básica de $360.000. En seguida se le aclaró que la canasta ascendía a $1.110.063, pero ella, lejos de corregirse, insistió: “Ella decía que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la canasta básica. Bueno. 360 mil pesos es lo que se necesitó, de acuerdo al INDEC. Mucha carga sobre las opiniones políticas de muchos”.

También habló de un supuesto “fusilamiento” de Mariano Moreno, quien murió en alta mar, dijo de Federico Sturzenegger que era un “haz” (por las dudas, es as) y que Manuel Adorni era una “candidatoso” (va con z). Hay más: a Axel Kicillof le dijo que Almirante Brown no tiene “CLUACAS”, y en otros post escribió “serro” para referirse al “Cerro Campanario”, “esepcion” y “atraza”.

Para terminar, el pasado 25 de diciembre dejó un mensaje de “Feliz Nochebuena de Resurrección y Feliz Navidad para todos”, cuando los católicos celebran la víspera del nacimiento de Cristo

Por las dudas, desde aquí le avisamos a la diputada que en la calle Mendoza, en Belgrano R, existe la “Embajada de Transilvania”. Le aclaramos que no existe, es un chiste de su propietario.

Este martes, se cumplen 50 años desde que la voz engolada del locutor anunció “Comunicado número 1: Se comunica a la población que, a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas”. Comenzaba así el periodo más sangriento de la historia reciente. Si para entonces, el poder militar operaban como una herramienta más dentro del sistema politico, el llamado de emergencia al que se recurria una y otra vez cada vez que tambaleba el orden constitucional, esta vez, los represores mostraron sin reparos que sus ansias de poder venian también con un sadismo descomunal.

El informe elaborado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), el Nunca Más, mostró no sólo como funcionó el aparato represor, dejó al descubierto el gozo que había en esa maquinaria de secuestra, torturar, violar, robar bebés y hacer desaparecer cuerpos.

Cincuenta años después de aquel comunicado, Argentina sigue pagando las consecuencias del delirio mesiánico de los dictadores. En sus 48 años de lucha, las Abuelas de Plaza de Mayo lograron devolverle la identidad a 140 hijos de desaparecidos pero aun quedan 252 nietos, adultos que todavía no fueron encontrados. Cientos de abuelas y abuelos murieron en este recorrido sin poder recuperar ese pedazo de su vida que la dictadura les arrebató.

A fuerza de una voluntad infinita, en sus 40 años de trabajo, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró recuperar los restos de 1.664 desaparecidos. Sin embargo, sólo 860 pudieron ser identificados. Es un porcentaje bajísimo aun si se toman los 8.960 casos denunciados ante la Conadep.

Desde que en 2006 se reabrieron los juicios por delitos de lesa humanidad, fueron condenadas 1.231 personas y se dictaron 361 sentencias. Veinte años despues todavía hay 12 juicios en curso.

Esta semana, la justicia de Córdoba reveló los 12 nombres de los desaparecidos identificados en el predio de La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención del país por el que pasaron unas 2.500 personas. Dos de las identificadas son las mellizas Adriana y Cecilia Carranza Gamberale. Tenían 18 años.

“En el fondo, toda la vida hubo una lucecita, contra toda razón y contra toda lógica”, dijo Olga Carranza en declaraciones a La Voz de San Justo. Olga es una de los otros seis hermanos de las mellizas. “Fue caer una ficha muy dura, de poder decir: acá están, en realidad acá estuvieron”, siguió la mujer de 88 años. Olga se enteró del hallazgo por su hija, quien continuó con la búsqueda que empezaron sus abuelos, siguió su mamá y pasó a ella.

El Equipo de Antropologia Forense sólo pudo identificar que un diente pertenecía a una de las mellizas, pero no a cual. Por eso, Olga le escribió una carta al Presidente para pedirle que el Estado garantice los recursos para que el equipo pueda continuar con la búsqueda de los restos.

“Lo que realmente nos hace libres es saber que somos respetados en todos nuestros derechos. Señor Presidente, atienda este pedido por los miles que lloran ante tumbas vacías y por mí, que todavía tengo una tumba por llenar”, escribió Olga.

David Correa viene documentando en elDiarioAR los trabajos para identificar los restos encontrados en el Pozo de Vargas, la fosa común más grande del país. Durante 20 años, el EAAF trabajó allí para recuperar los restos de más de un centenar de desparecidos arrojados a más de 40 metros de profundidad. Logró identificar a 116, pero todavía quedan más de 30.

Un informe difundido esta semana por Ministerio Público Fiscal señala que en esos juicios de lesa humanidad que se están llevando adelante hay 1.582 personas investigadas que permanecen en libertad. Nunca antes hubo una brecha tan grande entre represores detenidos (504 al día de hoy) y acusados que gozan los beneficios de la excarcelación.

El mismo informe elaborado agrega que en este 2026, 425 represores permanecen detenidos con arresto domiciliario. Otros 61 están en una unidad especial en Campo de Mayo y sólo 18 en el Servicio Penitenciario. Un dato más que relevante si se tiene en cuenta la visita que diputados del oficialismo hicieron a un grupo de genocidas, entre ellos Alfredo Astiz, al penal de Ezeiza.

La campaña ciudadana Son Sin Cuenta publicó esta semana un video con el relato de dos mujeres y un hombre sobre escenas de tortura. Son los testimonios de Liliana Furio, Javier Vaca, Erika Lederer. Los tres son hijos de represores y los tres terminan su relato casi de la misma manera: “¿Te imaginás que uno de los responsables de ese horror fue tu papá?”.

La dictadura y su crueldad atravesó todo, incluso a las propias familias de quienes aplicaron los tormentos. Cincuenta años después una infinidad de cuentas pendientes dejadas por los genocidas siguen sin saldarse.

Este cincuenta aniversario llega con una Argentina que por primera vez desde el regreso de la democracia está en manos de un gobierno negacionista. Un gobierno que se burla de un símbolo como “30.000 desaparecidos”, con un Presidente que amenaza “zurdos van a correr” , que volvió a reflotar la falacía de la “verdad completa”. Acuerdos democráticos sellados hacía tiempo vuelven a cuestionarse con chicanas baratas a 50 años de aquel Comunicado número uno cuando todavía queda mucho por resolver.

MG

Las mujeres de alto valor cuidan su apariencia, se esfuerzan por vestir bien sin buscar llamar la atención, con modestia. Van arregladas hasta para ir al supermercado. Son femeninas, agradables, familiares y emocionalmente receptivas. Son exclusivas y saben que lo que puede tener todo el mundo no tiene valor.

El texto es parte del spot que el Ministerio de la Igualdad de España lanzó esta semana para recordar el Día Internacional de la Mujer . Lo protagoniza la actriz Ángela Molina y está hecho en base a publicaciones en redes sociales a lo largo de 2025. Con esas frases, que como el video aclara parecen de 1950, el gobierno español busca alertar sobre el avance de los discursos machistas que quieren regresar a la mujer a la cocina y forzarla a los modales sumisos. Una mujer destinada a procrear y cuidar a la familia. “No dejaremos que el pasado avance”, concluye el video con la imagen de una Ángela Molina liberada del maquillaje, el pelo suelto, yendo a marchar.

La avanzada contra los derechos de las mujeres es universal. Desde la tendencia de las tradwives hasta la embestida contra el derecho al aborto en los Estados Unidos o las continuas descalificaciones del presidente Donald Trump hacia las mujeres, el feminismo parece, una vez más, puesto a prueba.

En Argentina, las mujeres se movilizarán en el tercer 8-M de la era Milei. Y no hay nada que celebrar. El gobierno libertario no sólo arrasó con las políticas de género, instaló un discurso que vuelve a cuestionar a la mujer y hace retroceder todos los avances, desde negar la brecha económica de género hasta mentir sobre el valor de la figura del femicidio. Y si bien no hay hasta ahora intentos concretos por derogar la ley que garantiza el acceso al aborto seguro y gratuito, lo cierto es que tampoco hacen falta: se vació de recursos y cada vez resulta más difícil recibir asistencia para interrumpir un embarazo.

A diferencia de España o Estados Unidos, es cierto que en Argentina la aparición de las tradwives, esas influencers que pregonan un regreso a la vida como amas de casa, viene rezagada. La explicación está en los números de la economía que el Presidente no quiere mirar. Un informe del Instituto Argentina Grande señala que la brecha salarial de género alcanzó su nivel más alto: por cada hora trabajada, los hombres ganaron en promedio un 9,4% más que las mujeres. Uno de los principales factores detrás de esta diferencia es la caída de los salarios en el sector público, donde se emplea una mayor proporción de mujeres: el 19% de las trabajadoras ocupadas se desempeña allí, frente al 13% de los varones. La contracara es que hay menos mujeres en el sector privado formal.

El deterioro de los salarios públicos —que perdieron más de un tercio de su poder adquisitivo desde el cambio de gobierno— afecta especialmente a las mujeres. Además, ellas se concentran en áreas del Estado particularmente golpeadas, como la educación y la salud, sectores altamente feminizados en los que las paritarias del sector público también suelen marcar el ritmo de los aumentos salariales, incluso para parte del empleo privado, agrega el informe.

Si se considera el total del ingreso laboral, la brecha entre hombres y mujeres se amplía aún más. Esto se explica porque las mujeres, en promedio, trabajan menos horas remuneradas. Bajo ese cálculo, la diferencia trepa al 44% en el último año, tomando como referencia las medias salariales.

Además, desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) señalan que, en base a datos del INDEC del segundo trimestre de 2025, las mujeres de 25 a 59 años recibieron en promedio un salario 26,1% menor que los varones. 

En paralelo, el deterioro de las políticas destinadas a las mujeres fue advertido el pasado 23 de febrero por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas. En un documento, el Comité “expresó su preocupación por la significativa reducción en las asignaciones presupuestarias y la capacidad operativa de los principales mecanismos de protección. Destacó, por ejemplo, la modificación del Programa Acompañar, que redujo la duración de las prestaciones e introdujo requisitos adicionales de elegibilidad. El Comité también señaló la disminución sustancial en la financiación, el personal y la accesibilidad de la línea directa Línea 144, incluyendo la supresión de servicios especializados para mujeres con discapacidad. Recomendó que Argentina restableciera y garantizara una financiación y capacidad operativa adecuada, sostenida y transparente para estos mecanismos. También pidió eliminar los requisitos de reporte como condición de acceso, alinear la duración de las prestaciones con las necesidades de las mujeres y garantizar servicios especializados, accesibles e inclusivos”.

Entre la larga lista de políticas arrasadas, Naciones Unidas mencionó la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el cierre de los Centros de Acceso a la Justicia, el desmantelamiento del plan ENIA para la prevención del embarazo adolescente, o el ajuste en la línea 144, sólo por mencionar algunas.

Desde 1985, Argentina adhiere a la CEDAW y por lo tanto está obligada a prestar informes. Sin embargo, la presentación de los representantes del Estado argentino fue vaga o con datos falsos. Por ejemplo, cuando aseguraron que el país mantiene “uno de los estándares más altos de igualdad, equiparable a los europeos”.

“El Estado nacional abandonó su rol de rectoría en salud sexual y reproductiva: paralizó la distribución de insumos para acceder al aborto, recortó anticonceptivos, y dejó en manos de las provincias responsabilidades sin mecanismos de transición, profundizando las desigualdades territoriales y poniendo en riesgo el acceso al aborto legal”, dijo entonces Lucía de la Vega, del CELS. 

Este año, la movilización central será el lunes a las 16:30 desde Santiago del Estero y Avenida de Mayo para marchar hasta la Plaza de Mayo. También habrá otras consignas como el rechazo a la reforma laboral, la ley de Glaciares y la baja en la edad de imputabilidad. Para hoy, el colectivo Ni Una Menos convocó una “mateada” a las 15 en el Parque Centenario. Y aunque la decisión de pasar la marcha para mañana generó rispideces entre las distintas organizaciones, lo cierto es que la convocatoria de hoy y mañana, tanto en la Ciudad como en cada una de las actividades que se realicen en todo el país, tiene como telón de fondo un mismo reclamo, que en la Argentina de las políticas arrasadas para las mujeres, los femicidios siguen sin bajar. Según el Observatorio de Femicidios de La Casa del Encuentro, durante 2025 se registraron 262 víctimas por violencia de género. Desde que se creó el registro, en 2008, son unas 5000 mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres, algo que para el gobierno libertario no merece una respuesta por parte del Estado.

MG

La Asamblea Legislativa es convocada para ocasiones muy especiales, como la asunción de un presidente o la apertura de sesiones ordinarias. En este último caso, se espera que el Presidente rinda cuentas ante los representantes del pueblo, los legisladores, sobre lo actuado a lo largo del año pasado y lo que espera hacer en el próximo período.

Nada de eso ocurrió esta noche.

Javier Milei llegó al Congreso para anunciar nada. A cambio, convirtió la apertura de sesiones en un show, su propio show. Lo dejó en claro desde su llegada con un despliegue inusitado de Granaderos en un número que parecía superar a las pocas personas que se acercaron al Congreso. O con el desplante que le hizo a su propia vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien le negó el saludo. Un mal educado, dirían en el barrio.

Javie Milei buscaba show y eso ofreció, para así poder desplegar su versión más ultra, la del insulto y la intolerancia.

Fue recién sobre el tramo final de su discurso que mencionó vagamente algunas medidas. Anunció, sin más precisiones, que cada mes sus ministerios presentarán “diez reformas estructurales”, un total de “90 reformas estructurales”.

El resto de la más de hora y media que duró su presentación fue la reiteración de una fórmula ya trillada: mencionar logros con números incontrastables. Pero esta vez todo apuntó a un objetivo: atacar a los legisladores opositores que estaban presentes. Ante cada frase, se volvía a su izquierda para lanzar un insulto: “Chorros, brutos, ignorantes”, “me encanta domarlos”, “la chorra”. “Chilindrina troska”, le disparó a Myriam Bregman, convencido de su humor.

El espectáculo se completó con el elenco aplaudidor conformado por los legisladores de La Libertad Avanza y dirigidos desde los palcos por sus esbirros –Gordo Dan, etc.–. “Presidente”, “Tobillera”, “Libertad”. El coro libertario pareció impedido de salir de los monosílabos. Solo lo hicieron para cantar “saquen al pingüino del cajón”, un cántico que en el barrio tampoco dejarían pasar. No se habla de quien no se puede defender, dicen las personas con código.

Esta noche, Javier Milei transformó la apertura de sesiones ordinarias en una arenga de barra brava y volvió a instalar el agravio y la bravuconada como política de Estado. No es algo menor. Cuando los insultos y la violencia provienen desde lo más alto del poder, se vulneran las instituciones y, en definitiva, la propia democracia.

MG

Darío Lopérfido murió a los 61 años en Madrid, arrasado por una enfermedad impiadosa: ELA. Fue un hacedor cultural, un provocador, un rebelde con una habilidad tremenda para construirse a sí mismo. Hijo de la clase media porteña y trabajadora, un pibe de barrio que no terminó el secundario, fue levantando poco a poco cada ladrillo de su imagen. Nada quedaba librado al azar: sus gustos, sus modales, las palabras, su manera de moverse; todo en él parecía haber sido elegido tal como quería.

Convivían en Lopérfido dos etapas: la que lo forjó como el visionario que dejó su huella en la cultura porteña de los '90 y, luego, la de los comienzos del nuevo milenio, la del político.

De aquella primera etapa quedan sus primeros pasos como director del Centro Cultural Ricardo Rojas, al que convirtió en el refugio de la vanguardia y la resistencia de la Argentina postdictadura. Luego llegó el salto a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde pergeñó festivales icónicos como el Buenos Aires No Duerme y otros que aún perduran, como el de cine independiente, el BAFICI.

Extremadamente delgado, de ojos azules y mirada penetrante, tenía una risa tan fácil como la sonrisa sobradora. Cada paso que dio fue calculado y siempre hacia arriba.

La Secretaría de Cultura fue el trampolín hacia las ligas mayores. Desde allí conquistó a dos nombres clave: Antonio y Aíto de la Rúa, los hijos de su jefe político, que por entonces aún compartían cuarto en la casa paterna de Recoleta. Esa llegada le permitió entrar de cabeza al cerrado círculo del entonces candidato presidencial Fernando de la Rúa, un hombre desconfiado hasta de su propia sombra.

Juntos, Lopérfido y los hijos presidenciales, conformaron el llamado “grupo sushi”, un nombre que tenía más que ver con el menemismo que con el nuevo gobierno de la Alianza. En el reparto de cargos, a Lopérfido le tocó la estratégica Secretaría de Cultura y Comunicación. Ocupaba una oficina en la Casa Rosada, con vista a la Plaza de Mayo y muy cercana a la del Presidente.

A Lopérfido le gustaba el poder, los disfrutaba. Pero a poco de empezar, el nuevo gobierno empezó a hacer aguas y el grupo sushi, que había mostrado destreza para diseñar una campaña electoral moderna —de allí surgió el spot “Dicen que soy aburrido”—, una vez en el poder no pudo reaccionar. Mientras Argentina se derrumbaba en la peor crisis desde el regreso de la democracia, el grupo sushi insistía en suplir la falta de política con imagen.

Terminada la Alianza, el grupo quedó desarticulado y sumergido en el ostracismo. No se les escuchó nunca una autocrítica sobre su participación en aquel desastre. A Lopérfido tampoco.

Pero el exsecretario no se iba a resignar. Le llevó varios años hasta que pudo reaparecer, esta vez, de la mano de Mauricio Macri como director del Teatro Colón.

Si la provocación fue el sello que transformó a Lopérfido en un gran hacedor cultural, un vanguardista, en política fue su costado más cuestionable. Fue en 2016 cuando, sin que la discusión estuviera en agenda, soltó que los desaparecidos no eran 30.000 y que “ese número se arregló en una mesa” para “conseguir subsidios”. Fue eso: una provocación de la que nunca se arrepintió y siguió sosteniendo cada vez que pudo.

El diagnóstico de ELA lo encontró casi al borde los 60, lejos de Argentina y con un hijo pequeño. Fue la pieza de su vida que no pudo controlar. El 7 de diciembre publicó en Seúl una columna en primera persona contando su vida con ELA. “Tener ELA es una mierda” fue el título, y allí escribió: “La ELA es una enfermedad de una ordinariez insoportable. No hay anécdotas para contar”.

MG

En unos días Beto Casella cumplirá 66 años. Su coequiper en el programa de las mañanas de la Rock and Pop, Joe Fernández, cumplió los 51 en enero. Son dos señores grandes que llevan varias décadas vividas en la adultez.

Días atrás, se conoció un fragmento de su programa en el que Fernández lanzaba una serie de insultos homofóbicos contra Valentín Fresno, un jovencísimo bailarín que integra el ballet estable del Colón. Fue el propio Valentín quien lo subió a su cuenta de Instagram con un breve mensaje: “Pleno 2026 y se siguen escuchando este tipo de comentarios; estoy sin palabras”.

Y continuaba: “Es una lástima que medios de comunicación con tanta influencia difundan y avalen comentarios homofóbicos. Con tantas cosas lindas que se pueden comentar sobre el ballet, se centren en la sexualidad de un artista. Este comentario a mí no me lastima ni me perjudica. A los que perjudica son a los futuros niños que quieran hacer ballet y sus familias, o ellos mismos, no los dejen porque piensen que el ballet es de ”putos“. No normalicemos este tipo de lenguaje y bromas”.

Con el escándalo estallado, llegaron los pedidos de disculpas. Joe Fernández difundió un video de 45 segundos en los que decía: “Me extralimité, me pasé, hice comentarios desubicados, estoy acá poniendo la cara para lo que necesites”.

Después, en su cuenta de X, siguió Casella. Dejó en claro que el “autor del insulto” fue Fernández, y le ofreció a Valentín ser su encargado de prensa ad honorem.

Valentín no dijo más. Su mensaje había sido contundente.

Esta semana Casella debutó en la pantalla de América en un horario fuerte, las 22. No es un advenedizo en los medios. Tiene más de 30 años de carrera. Lo que ocurrió en su programa de radio resulta difícil de explicar en alguien con tanta experiencia. No fue un comentario al pasar. La escena ocurrió mientras el conductor, Casella, y el resto del equipo, incluido Fernández, se burlaban y mostraban en el streaming de la radio el video que Valentín subió a sus redes para mostrar cómo es la vida de un bailarín del Teatro Colón.

Los exabruptos y los chistes desubicados pueden ocurrir en un programa en vivo. Se requiere profesionalismo para saber frenarlos a tiempo. Pero eso no ocurrió. El video de Valentín fue buscado para someterlo al escarnio. No hubo improvisación.

Es cierto, fue Fernández quien dijo “puto”, pero el resto de la mesa, incluido Casella, participó de la burla de un chico al que triplican en edad. Un joven que quiso mostrar como es su vida como integrante del Colón. No hace falta ser un ilustrado para saber el esfuerzo, la pasión y el amor que se necesitan para llegar a formar parte de ese cuerpo de ballet. Pero a esos dos señores grandes les pareció que era una buena idea burlarse de él con chistes que, por lo menos, se quedaron en los 80. Hubo risas burlonas. Sumaron los audios con más chistes homofóbicos de Tangalanga –rescatados de los 80–. Lo que no hubo fue nadie que pensara que aquello era solamente un acto de discriminación.

Lo que ocurrió en el estudio de la Rock and Pop no es un tema menor, porque pasa en una Argentina en la que la homosexualidad vuelve a usarse como insulto. Alcanza con ver los agravios que reciben los diputados Esteban Paulón y Maxi Ferraro, ambos referentes de la comunidad LGBT en el Congreso. O recordar que fue el propio presidente Javier Milei quien comparó, en el foro de Davos, la homosexualidad con la pedofilia. Es un síntoma del país de los mandriles y los niños “envaselinados”. Una Argentina en la que la homofobia se legitima desde arriba.

MG

Hace más de 12 años enfermé de leucemia. Trabajaba entonces en el diario Clarín. No viene al caso contar lo difícil que es enfrentar una enfermedad así porque es bastante obvio. Lo cuento porque en aquel momento vivía sola con mi hijo y cómo iba a llegar a fin de mes era mi última preocupación. Me amparaba la ley, pero también la empresa.

El tratamiento implicaba internaciones de más de un mes y las salidas de apenas 10 días eran sólo para recuperar algo de fuerza y volver a internarme. Al cabo de un año me llamó el jefe de personal, por quien guardo un gran cariño, para avisarme que me iba a llegar un telegrama en el que me comunicaban que la licencia terminaba. “Pero no te hagas problema, es sólo una formalidad. Tomate todo el tiempo que necesites”, me dijo. “Lo importante es que te pongas bien”.

Me tomé dos meses más. Cuando volví, sólo hubo alegría. Jamás tuve una queja ni un reclamo. Ese apoyo —no tener que preocuparme por el trabajo y contar con la tranquilidad de recibir un salario completo cada mes— fue una parte fundamental de mi recuperación.

La actitud de la empresa no fue una excepción. En los más de 20 años que trabajé allí ocurrió lo mismo con muchos compañeros y compañeras que pasaron por situaciones similares. La empresa, es evidente, no se fundió ni tuvo una crisis económica por respetar y apoyar a sus trabajadores en un momento de extrema debilidad.

Este miércoles, el Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral. Es una iniciativa que llega en un momento en el que el mundo del trabajo está marcado por salarios que no alcanzan, por la necesidad de contar con un empleo extra, una changa o dos —o tres— para llegar a fin de mes, por puestos laborales de baja calidad y empresas que pagan en negro o no cumplen con sus obligaciones. Es cierto que el mundo del empleo cambió, pero el proyecto impulsado por el oficialismo no viene a mejorar la situación de trabajadores cada vez más precarizados: viene a darle garantías a las empresas de que no tendrán sanciones.

Durante el debate, fue la senadora de Unión por la Patria, Juliana Di Tullio, quien denunció lo que el proyecto escondía: las licencias por enfermedad, que hoy son de 12 meses y representan el 100% del salario del trabajador, pasarían —en caso de aprobarse en Diputados— al 75% y bajarían a sólo seis meses. Y, dependiendo del tipo de enfermedad, podrían reducirse al 50% del sueldo. “No se les ocurra tener cáncer”, ironizó

Es decir que, si el proyecto se aprueba tal como está, un trabajador que se enferma de cáncer deberá apurar el tratamiento porque a los seis meses no tendrá más remedio que reintegrarse. En el medio, entre quimioterapia y quimioterapia, podrá aprovechar para hacer alguna changa que cubra ese 25% del sueldo que le faltará.

Pero hay más. Con total normalidad, el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, detalló al día siguiente en un reportaje con Radio Mitre que, efectivamente, Di Tullio tenía razón. “Por supuesto que si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, el empleador tiene la obligación de pagarte por un tiempo el sueldo en un 75%. Ahora, si te lastimaste jugando al fútbol —es decir, si tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver—, entonces ahí es el 50%. Esto apunta a estas licencias eternas”.

La media sanción de la reforma laboral se produce en un contexto de extrema vulnerabilidad para los trabajadores. Desde que Javier Milei llegó al poder se perdieron 193.590 empleos privados registrados, según un estudio del Instituto Argentina Grande. Además, otro informe del propio Ministerio de Capital Humano reveló que en los últimos seis meses hay 86.000 puestos de trabajo menos.

Esta semana el debate continuará en Diputados. De aprobarse, además de empleos más precarizados, los trabajadores ya no podrán ni siquiera enfermarse en paz, mucho menos disfrutar de su tiempo libre —o del poco que les quede—, porque tendrán que pensar dos veces si se juntan a jugar un partido de fútbol, si salen a andar en bicicleta o si les agarra una lumbalgia por bailar de más en un casamiento.

De no haber sido por los ataques previos a la prensa, y en especial a las mujeres periodistas, el anuncio de la Oficina de Respuesta Oficial parece un chiste. Es que la idea de montar un organismo para combatir las noticias que desde la óptica del Gobierno son falsas parece más una fotocopia de mala calidad de la creada por la administración Trump.

Como ya lo habían hecho con la “Oficina del Presidente”, el Gobierno reproduce en criollo la estética de la versión estadounidense: la Rapid Response 47, “la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca”. Ambas, la original y la fotocopia, son en los hechos una boca desde donde esparcir el relato oficial, desmentir información y presionar periodistas.

Esta semana se repitió hasta el hartazgo la comparación con el Ministerio de la Verdad imaginado por George Orwell en su novela 1984, publicada en 1949.

Según anunció el propio presidente Javier Milei en su cuenta de X, el objetivo de la nueva dependencia es “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”. Al frente de la oficina colocó Juan Pablo Carreira, uno de los fusibles del ecosistéma libertario en redes quien, a fuerza de tweets, insultos y mentiras, ya se había hecho con el cargo de director de Comunicación Digital de la Presidencia.

Hasta ahora, todas las intervenciones de la Oficina no hicieron más que ratificar la intención del Gobierno de calificar como falsas opiniones diferentes. Por caso, una de las primeras en caer bajo el escrutinio de Carreira fue María O’Donnell, acostumbrada a esta altura a ser blanco del enojo presidencial. A partir de una entrevista que la periodista realizó en su programa radial sobre el proyecto de bajar la edad de imputabilidad, la Oficina le respondió que su opinión era falsa y que en Uruguay los menores de entre 13 y 17 años pueden ser juzgados y condenados. Sin embargo, lo que es falso es la desmentida ya que en ese país la edad de imputabilidad es de 18 años.

Otra de las cayó bajo el examen de la Oficina fue la legisladora porteña de izquierda Vanina Biassi, quien en su cuenta X salió en defensa de los profesionales del Garrahan suspendidos. Según la moral oficial, su opinión es “falsa” porque no se trata de quienes “cuidan chicos”, como señaló Biassi, sino de “gremialistas” que “pusieron en riesgo el funcionamiento del Hospital”.

Los intentos por controlar a la prensa existen desde que existe el periodismo. La “respuesta rápida” de Trump y su versión criolla no inventan nada nuevo: son una respuesta política, el reflejo del afán por disciplinar la información que no logran dominar.

El lanzamiento de la Oficina coincide además con un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) que señala: “El segundo año de gobierno del presidente Javier Milei se caracterizó por recortes en el financiamiento de programas sociales, obstáculos al ejercicio de la libertad de reunión pacífica e intentos de socavar los controles constitucionales sobre el poder ejecutivo”. En concreto, el informe detalla que “el presidente Milei y altos funcionarios del gobierno han utilizado una retórica hostil para estigmatizar a los periodistas. Milei ha dicho en repetidas ocasiones que los argentinos 'no odiamos lo suficiente a los periodistas' y ha acusado a los periodistas, sin pruebas, de recibir sobornos”.

Pero además, la creación de la Oficina de Respuesta Oficial va de la mano con el intento del Gobierno por derogar el Estatuto del Periodista, creado hace 80 años para resguardar los derechos de los trabajadores de prensa.

Lo que subyace entonces detrás de la fotocopia de mala calidad es el intento por consolidar las presiones al periodismo como una política de estado en la que las opiniones no son toleradas y se catalogan como falsedades. Así, la Oficina de Respuesta Oficial parece más una Oficina de Advertencia.

MG

Marixa Balli –actriz, vedette, bailarina– es una de esas personas que se definen como “apolítica”, esa palabra que eligen quienes prefieren andar sueltos de ataduras como para no tener problemas con nadie. Pero esta semana Marixa fue noticia por dos motivos. Después de casi dos décadas tuvo que cerrar su local de zapatos en Flores. Explicó que ya no podia sostener los costos. El segundo, porque Marixa será apolítica pero conserva intacto su sentido común y sin que nadie se lo preguntara se despachó contra la actitud del presidente Javier Milei en Mar del Plata en medio de los incendios de la Patagónia.

“No deja de ser el Presidente. Un poco poco de respeto a la Bandera. A mi me preocupa la Patagonia... y tanto canto... te juro que me preocupa. ¡O sea, nos estamos incendiando!”, soltó Marixa en la mesa de “A la Barbarossa”  cuando todos opinaban sobre la aparición de Javier Milei en el show de su exnovia Fátima Flórez. Pero Marixa no se detuvo ahí: “No podemos fingir demencia. La gente está perdiendo sus casas. Yo no lo puedo creer, la verdad es que no me entra en la cabeza, y reitero: soy apolítica. Porque después empiezan a decir: ‘Esta de qué lado está’. En ningún lado. Quiero ser feliz y quiero que la gente esté feliz. Eso es el resultado de un buen gobierno. Ver la agente feliz”, siguió sin disimular su enojo.

A Marixa nadie podrá acusarla ni de “kuka” ni de “zurda”. Lo que tuvo fue desborde de sentido de común, de empatía.

El martes pasado, Javier Milei se subió al escenario con Fátima Flórez a dejar en claro que, para él, el ejercicio de la Presidencia de la Nación incluye también la revancha del rockstar que no pudo ser. Para entonces, la Patagónia llevaba un mes y medio quemándose.

El incendio en el Parque Los Alerces comenzó el 9 de diciembre. Recién este jueves, cuando ya había más de 45.000 hectáreas de bosque quemadas, el Gobierno declaró la emergencia ígnea. Mientras los noticieros mostraban en loop las imágenes desoladoras del fuego arrasando todo, ningún funcionario del Gobierno nacional viajó a la zona. No hubo un gesto de solidaridad o de congoja frente a la tierra arrasada o el compatriota que perdió todo. Nada de eso que tuvo Marixa, empatía.

El de Chubut es el peor incendio del que se tenga registros según datos de la Secretaría de Bosques de la provincia. Pero si se suman las 168.000 hectáreas quemadas de La Pampa, las 10.000 de Río Negro, otras 6.000 de Neuquén y las 700 de Santa Cruz, el panorama es aún peor: 230.000 hectáreas arrasadas por el fuego.

La emergencia ígnea no sólo llegó tarde, vino para intentar cubrir el enorme recorte gastos que la administración de Javier Milei –un negacionista, entre otras cosas, del cambio climático– viene haciendo sobre las áreas destinadas a prevenir y combatir los incendios forestales.

Entre otras cosas, la emergencia dispuso la entrega de $120.000 millones para los bomberos voluntarios de todo el país. Es más del doble de todo lo que tenían asignado en 2025: $ 52.300 millones de los que, en rigor, sólo recibieron $ 40.163 millones. Pero además de recortar fondos para los bomberos voluntarios –que ponen el cuerpo y no reciben salario–, el gobierno de Milei disolvió en julio del año pasado el Fondo Nacional de Manejo del Fuego.

Según un informe de la Fundacion Ambiente y Recursos Naturales (FARN) desde el comienzo de 2026 y hasta el 28 de enero, el Estado nacional ejecutó apenas el 0,2% del programa Acciones ante Desastres y Emergencias Socio-Naturales ($323,32 millones de los $151.675,23 millones disponibles) y 3,25% ($221,11 millones) de Manejo del Fuego, dependiente de la Administración de Parques Nacionales (APN).

Hay más: a lo largo de 2025 quedó sin ejecutar el 25% del presupuesto que estaba destinado para Manejo del Fuego, unos $ 20.000 millones. El panorama para este 2026 es peor: el Presupuesto de este año prevé un recorte del 68,9% en los fondos destinados al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) respecto de 2023. Comparado con los de 2025, el achique es del 71,6%.

Cómo dijo Marixa, “no podemos fingir demencia. La gente está perdiendo sus casas”.

Sólo una mujer que haya pasado por una contracción sabe el dolor que produce. El cuerpo no responde. Huesos y músculos se retuercen de una manera inimaginable. Y mientras todo eso sucede, adentro hay un ser que pelea por salir. Cada contracción suele durar entre 30 y 60 segundos y cesa en el momento exacto en que el dolor se vuelve insoportable. Para darle un respiro a esa madre que ya no puede más.

En el parto en cadena, exprés o precipitado, nada de eso ocurre. La contracción no tiene fin. Se dispara y no cesa hasta que se produce el nacimiento. Un parto normal puede durar entre seis y 18 horas. En un parto en cadena, todo se resuelve en menos de tres. No hay tiempo para nada. Desaparece esa ventana que, entre contracción y contracción, permite a la mujer prepararse para el parto, pedir ayuda y llegar a un hospital. El dolor es tan grande que no se puede pensar.

Por eso, los médicos recomiendan que, para evitar los daños que un parto de este tipo puede provocar en la madre y el bebé, es fundamental que la mujer haya completado previamente sus controles prenatales, que sepa con anticipación a qué centro de salud dirigirse y, sobre todo, que tenga a alguien a su lado que la contenga.

Paola Ortiz no tuvo nada de eso. León Nicanoff contó este sábado su historia en esta nota. Paola vivía en una situación de extrema pobreza cuando tuvo un parto en avalancha, sola, en el cuarto que le prestaba su exsuegro a cambio de favores sexuales. Paola no recuerda con claridad qué fue lo que ocurrió: si se desmayó por el dolor o por la sangre que perdió. Lo cierto es que, cuando pudo reaccionar, el bebé estaba muerto. Fue detenida, acusada del asesinato de su hijo y condenada a prisión perpetua. Lleva ya 13 años presa.

Su caso es similar al de Belén, en Tucumán. Ese caso derivó en la investigación que realizó Ana Correa y que luego fue el sustrato de la película que dirigió y protagonizó Dolores Fonzi. Y es similar al de tantos otros que no llegan a una pantalla de cine: como el de Eva, también de Tucumán; el de Fátima, de Bahía Blanca; o el de Flor, de Misiones. Todas acusadas de haber provocado la muerte del bebé o del feto en medio de un parto en avalancha.

A fines de diciembre, aquí también contamos el caso de Vanesa, una mujer de 42 años y madre de seis hijos. Una diabetes descompensada ponía en riesgo su embarazo y su propia vida. Cuando quiso acceder a un aborto, se le cerraron todas las puertas: no había medicación, no estaban los médicos, no había voluntad.

Este 30 de diciembre se cumplieron cinco años de la ley que garantiza el acceso legal y gratuito al aborto. El acceso sigue siendo una cuenta pendiente, agravada durante la gestión de Javier Milei. A lo largo de 2025, las denuncias por barreras de acceso al aborto se triplicaron en comparación con 2024. A la falta de información en los centros de salud se suma la escasez de misoprostol y mifepristona, dos de los medicamentos más seguros para la práctica de abortos.

Pero hay más. El presupuesto 2026 reduce la cobertura de métodos anticonceptivos del 54 % al 34 %, mientras que un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) señala que el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y sólo el 8 % del nivel de 2021.

Lo que hay, entonces, son mujeres pobres, con poco acceso a los centros de salud, a las que les cuesta obtener información y métodos para tener relaciones sexuales seguras; que, cuando cursan un embarazo no deseado, no pueden ejercer su derecho a un aborto legal, seguro y gratuito; que son forzadas a parir en soledad, sin apoyo ni contención, aun cuando acaban de perder a un bebé.

No hay errores individuales en estas historias: hay una política pública. Un Estado que se retira de la salud sexual y reproductiva no se vuelve neutral, se vuelve punitivo. Llega tarde, llega mal y llega con patrulleros y expedientes judiciales. Llega para colocarles el rótulo de malas madres.

En 1985, Enrique Pinti estrenó Salsa Criolla, uno de los espectáculos más vistos de la escena teatral porteña con casi 3 millones de espectadores. Allí, el genial humorista desmigajaba la escencia del ser argentino y en uno de sus pasajes se referia a la cantidad de muertos que cada verano se producían a causa de siniestros viales en la Ruta 2. “¡La ruta trágica, la ruta trágica!”, se enojaba Pinti en su monólogo. “Los argentinos hacemos inventos con el lenguaje, ma que trágica, una merda, la ruta es angosta, es nada mas que angosta”, razonaba.

Pinti tenía razón. La conversión de la ruta en autovía con doble mano –cuando dejó de ser angosta– bajó de manera drástica las muertes y demostró que la única tragedia fue no haber invertido antes en su ampliación.

Pero lo ocurrido en la Ruta 2 lejos estuvo de haberse convertido en una lección. El descontrol siguió en otros ámbitos. Se encendieron bengalas en lugares cerrados hasta que ardió Cromañon, se contaminaron medicamentos hasta que el fentanilo adulterado se cobró más de 170 muertes.

El lunes pasado, el 12 de enero, los canales de televisión, los informativos de radio y los portales de noticias repitieron en cadena el accidente que dejó la vida de Bastián, de 8 años, pendiendo de un hilo. El niño iba junto a su padre y otros chicos en un UTV, un   todoterreno más potente que los cuatriciclos tradicionales. El vehículo chocó de frente contra una 4X4 en La Frontera, esa zona del norte de Pinamar a la que los autos comunes y silvestres no acceden y mucho menos quien van de a pie. A La Frontera, donde hace años impera la ley del más fuerte, solo llegan quienes ostentan un motor poderoso se puede acceder con ese tipo de transporte y

Se estima que en temporada alta unas 15 mil personas por día pasan por allí a medir el tamaño de sus motores. La periodista de Clarin, Candela Toledo, quien viene dando cuenta del descontrol en que se convirtió esa zona, la describió como “un escenario de riesgo permanente, a la vista de cualquier que pase por allí”. Los videos que los mismos protagonistas suben a las redes no hace más que ratificarla.

La Frontera es el lugar donde se refugiaron quienes antes hacían sus picadas de cuatriciclos en medio de la playa de Pinamar. Sólo que ahora aumentaron la potencia de sus motores y lograron escapar al control estatal. Allí no hay control y no es una apreciación. El predio, unas 900 hectáreas de tierras sin urbanizar, pertenece a un puñado de empresas privadas. El Municipio sostiene que no tiene juridiscción para intervenir precisamente, porque se trata de una propiedad privada y así, los accidentes en La Frontera se volvieron parte de la rutina del verano de Pinamar. En lo que va del año ya hubo seis, el último este viernes, el mismo día que Bastián era sometido a una cuarta operación.

Desde diciembre de 2023, Pinamar está en manos de Juan Ibarguren, de Juntos por el Cambio, quien ganó la intendencia por la difencia de un solo voto con la candidata de Unión por la Patria.

En la nota de Clarín, el secretario de Gobierno, Francisco Montes, explicó: “Hay momentos donde es de autodeterminación y de responsabilidad individual. Me parece que hasta es correcto que el Estado no llegue”. Es decir que hay una zona que pertenece a un grupo de empresas privadas que, por voluntad, error u omisión, posibilitan que cada día asistan allí miles de personas para hacer picadas, mostrar su destreza –o falta de ella– para conducir entre dunas, y llevar niños sin ningún tipo de protección. Pero al encargado de cuidar que esto no suceda, le parece que es correcto que el Estado no haga nada.

Ayer, el Municipio daba a conocer un decreto (el 0104/2026) firmado por el intendente y el propio secretario de Gobierno en el que se establecen multas de hasta $15 millones para la circulación indebida de cuatriciclos, motocicletas, UTV, camionetas y otros vehículos motorizados en zonas no habilitadas, incluidas propiedades privadas. En 48 horas Montes pasó de un Estado que no debía hacer ante la propiedad privada –aunque niños vuelen por el aire ante sus ojos– a un Estado que sí tiene facultades para intervenir tal como establece que la ley de tránsito del año '94 y el propio decreto ahora recuerda su existencia.

MG

Este miércoles, la Cámara de Diputados debatió una de las leyes más importantes para cualquier gobierno: el Presupuesto, la norma que ordena —o desordena— toda la gestión. Para Javier Milei, la discusión tenía un peso adicional: a un año de asumir, su administración sigue funcionando con el presupuesto heredado de Alberto Fernández. El resultado volvió a dejar al desnudo una dificultad ya conocida: la torpeza del oficialismo para construir acuerdos estables.

La Libertad Avanza consiguió aprobar el Presupuesto pero una vez más fracasó en la intentona de derogar las leyes de financiamiento para universidades y emergencia en discapacidad metidas por la ventana en el Capítulo XI del proyecto.

El oficialismo pretendía que quienes votaron esas leyes y luego las ratificaron tras el veto del Presidente ahora dieran marcha atrás y se desdijeran de lo votado. Pero nada de eso ocurrió, la votación dejó un tendal de heridos entre los aliados y le mostró al Gobierno que hace falta mucho más que un buen resutado electoral para gobernar.

Mientras en el recinto Martín Menem veía cómo se desmoronaba el capítulo más sensible del proyecto, el Presidente hacía otra cosa. Javier Milei asistía a La Misa, el programa del agitador ultra Daniel Parisini, el “Gordo Dan”, en un clima cómodo, sin repreguntas ni contradicciones.

La del miércoles fue una jornada calurosa, como cualquier día de diciembre en Buenos Aires. Pero el Presidente llegó a los estudios de Carajo enfundado en su mameluco de YPF. Contó que tiene 14 de ellos, que usa dos por día porque quedan cubiertos de pelos cuando juega con sus “hijitos de cuatro patas” y eso lo obliga a hacer cambios diarios del atuendo. También explicó que llevó la monopieza a su viaje a Oslo –donde participó de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado– porque se le hizo tarde y no hizo a tiempo a cambiarse. Para rematar anunció que sorterará entre los seguidores del streaming otros cuatro más que la empresa le regaló.

Como los chicos cuando reciben un traje de Batman o el Hombre Araña y no les importa si llueve o el termómetro marca 40 de sensación térmica, el Presidente se aferra a su mameluco, tal como hizo antes con el verde militar de camuflaje.

Durante cuatro horas, Javier Milei permaneció en sentado con su mameluco en el streaming ultraoficialista de Parisini donde los anfitriones auspician más como soporte para darle un respiro entre frase y frase que como entrevistadores. Luz baja, bebida isotónica azul, un coro de aplaudidores y ningún límite.

Habló de todo lo que se le vino a la mente, porque en defintiva, de eso se tratan sus apariciones en la pantalla. Se explayó largo y tendido sobre sus teorías económicas, habló de Bilardo, de Mick Jagger, del pasillo de Estudiantes a Rosario Central, y de sí mismo.

La charla promediaba las 3 horas y media, cuando una pregunta sobre que opinaba del asesinato de una niña en el ataque terrorista de Australia –¿puede acaso haber muchas opiniones sobre el crimen de una niña?– se convirtió en el disparador para que el Presidente apunte contra todos sus fantasmas, una mezcla sin escalas de conceptos y enemigos: antisemitismo, wokismo, izquierda, medios, educación, feminismo, Black Lives Matter, Zaffaroni, Axel Kaiser. Todo junto, sin jerarquías ni matices, en un relato que ya no busca explicar la realidad sino ordenarla según una lógica propia, impermeable a los hechos.

La postal del Presidente hablando durante horas ante un auditorio complaciente contrastó con la del recinto, donde cada voto costó más de lo previsto. Entre mamelucos, teorías y enemigos imaginarios, el Gobierno volvió a enfrentar su límite más concreto: el Congreso, ese espacio donde la épica no alcanza y la política exige algo más que fidelidad de seguidores.

MG

“Nosotros estamos para gobernar y ustedes para contar la verdad. Y confiamos en que, si hacemos las cosas bien, lo van a contar; y, si hacemos las cosas mal, lo van a contar”. La frase es parte del discurso que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pronunció el último jueves en la cena anual de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa).

“Nos sentimos más que cómodos con la crítica”, insistió en otro tramo. Su discurso resultó difícil de sostener frente a lo que se anunció ese mismo día: la intención del Gobierno de derogar el estatuto del periodista, establecido por ley hace casi 80 años –fue sancionado el 18 de diciembre de 1946–, un instrumento pensado para darle a los trabajadores de prensa garantías en el ejercicio de su profesión.

La decisión de avanzar sobre el estatuto es un nuevo escalón en una política sistemática de hostigamiento que el gobierno de Javier Milei ejerce sobre la prensa. Desde su llegada al poder, el Presidente desmanteló los medios públicos, cerró la agencia Télam, y naturalizó como política de Estado los ataques contra los trabajadores de prensa. Sus burlas, en particular, dejaron al descubierto su misoginia.

Sobre eso ya hemos hablado en estas columnas. Lo que hoy nos preocupa es la soltura con el jefe de Gabinete describe la relación de su gobierno con la prensa. El mismo día de la cena de Adepa, Adorni hizo en su cuenta de X un balance autocelebratorio sobre la cantidad de conferencias de prensa ofrecidas a lo largo de sus dos años como vocero y mencionaba, entre otras cosas, “1.341 entrevistas de funcionarios a medios de comunicación”. Cerraba el posteo así: “Nunca un gobierno respetó tanto la libertad de prensa”.

En este racconto el ex vocero no olvida, mas bien decide omitir que en estos dos años el Presidente sólo ofreció entrevistas a periodistas que comulgan con sus pensamientos, quizás con la excepción del reportaje que aceptó darle a Eduardo Feinmann a pocos días de las elecciones. ¿Se preguntará acaso que resulta inconcebible en cualquier democracia que quien ejerce la máxima autoridad de un país llame a odiar más a los periodistas?

Hace apenas dos semanas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su intención de visitar el país para conocer de cerca la situación que viven los trabajadores de prensa. Un relevamiento de Foro de Periodismo Argentino (Fopea) indica que los ataques a la prensa pasaron de 179 casos en 2022 a 256 en 2023. Según indicó Paula Moreno, su titular, las agresiones parten en su mayoría del propio Presidente y superan, incluso, a las de Nicolás Maduro.

Adorni no es periodista. Estudió Economía –en una universidad pública, la de La Plata, y luego se recibió de contador–. Su carrera en los medios es más bien errática, basada más en su voluntad para construir un blog personal que luego lo convirtió en columnista. Quizás por eso, por no haber asistido a las clases de Periodismo I, no aprendió que la función de un periodista no es celebrar lo que está bien, para eso están los acólitos. El periodismo, por definición, está para meter el dedo en la llaga incluso cuando el poder prefiere el aplauso.

Adorni no es periodista. Pero es jefe de Gabinete. Un cargo lo suficientemente relevante como para entender —o hacerse cargo— del rol central que cumple la prensa en una democracia.

Cada nota que se publica en elDiarioAR ofrece al lector la posibilidad de avisarnos si encontró algún error. De todos los avisos que nos llegan, los que más me conmueven son los que señalan la falta de alguna tilde. Me gusta cuando el lector se toma el trabajo de advertirnos algo tan pequeño porque, en definitiva, nos muestra cercanos. Es como cuando uno va a la casa de un amigo muy amigo y se permite acomodarle un cuadro torcido porque siente que esa también es su casa.

Hoy elDiarioAR cumple cinco años y uno de nuestros mayores logros es haber creado esta comunidad de lectores, nuestros socios. Lectores que sienten que esta es también su casa y que pueden alinearnos los cuadros o avisarnos que nos faltó una tilde.

Hace cinco años, en plena pandemia, nacía este proyecto con una apuesta innovadora: un medio que se sostenga con el aporte de los socios, donde la transparencia de las finanzas sea una declaración de principios tan importante como el compromiso con la calidad y la honestidad con que ejercemos esta profesión. Parecía una locura. En un clima marcado por las noticias virales y un bombardeo constante de información, elDiarioAR proponía volver a informar sin ruidos: un regreso a las fuentes, al periodismo que se toma el tiempo que haga falta para ofrecer un producto transparente y de referencia.

A lo largo de este tiempo hemos tenido tropiezos. No es fácil mantener a flote un medio independiente en las turbulencias económicas de este país. Pero cinco años de vida no es poca cosa. Todavía no alcanzamos el objetivo de solventarnos plenamente por medio de los socios, pero estamos en ese camino y, mes a mes, vamos sumando nuevos adherentes que nos ratifican que estamos haciendo las cosas bien. Es cierto que no siempre tenemos los recursos para contar todo lo que queremos, pero nuestros lectores saben bien que lo hacemos con total honestidad y transparencia.

En estos años, nuestros lectores pudieron leer la investigación sobre los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de documentos de la historia; también las notas sobre las sociedades offshore y las propiedades en Florida, Estados Unidos, vinculadas a Romina Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo. Fue en elDiarioAR donde comenzó la investigación que vinculó a José Luis Espert con el presunto narcotraficante “Fred” Machado.

Los lectores de elDiarioAR saben que nuestros principios no se negocian, que controlar el poder en todas sus formas es una de las tareas más importantes del periodismo y que la independencia editorial es parte de nuestra genética.

Desde julio de este año ocupo la dirección del diario. Mis antecesores —Martín Sivak, Silvina Heguy y Delfina Torres Cabreros— dejaron la vara muy alta. Cada uno de ellos se preocupó por ofrecer un producto de excelencia y comprometido con los lectores. Espero continuar por ese camino que ellos fueron trazando: la loca idea de hacer periodismo en estado puro. De un lado, los lectores; del otro, los periodistas; en el medio, un pacto de confianza no escrito.

Tengo la suerte de contar con el mejor equipo de profesionales, que cada día trabaja con un compromiso admirable para hacer de elDiarioAR un medio respetado.

Vivimos un tiempo difícil para el periodismo. Al descrédito de los medios se suman los ataques del poder, con el Presidente y su frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. No son solo enunciaciones. El fotógrafo Pablo Grillo sigue intentando rehabilitarse después de que un proyectil de gas lacrimógeno impactara en su cabeza. La imagen de reporteros con máscaras de gas en las manifestaciones ya dejó de sorprendernos y forma parte del paisaje urbano. Contar la pobreza, retratar el hambre y la desesperación, mostrar la violencia contra las mujeres y la comunidad LGBT, o relatar la reaparición de defensores de la dictadura genera angustia e impotencia. Pero aquí estamos porque creemos firmemente que este es nuestro compromiso y que no podríamos hacerlo de otra manera.

Gracias a quienes nos acompañaron a lo largo de estos cinco años. Es un camino maravilloso que vale la pena recorrer.

Villa Parque Síquiman es una pequeña localidad del Valle de Punilla, en Córdoba, ubicada a unos 40 kilómetros de la capital provincial. Allí vivía Samuel Tobares, 34 años, quien todos los días tomaba el colectivo para viajar hasta su trabajo en un hotel de Villa Carlos Paz. Eso mismo hizo el 23 noviembre. Después de una jornada agotadora y repleta de turistas por el fin de semana largo, Samuel tomó el colectivo de regreso, bajó sobre la ruta 38, a pocas cuadras de su casa, y encendió un cigarrillo. Horas después, una patrulla llegó hasta la casa de sus padres para informarles que su hijo había “fallecido” al descompensarse durante un operativo policial.

Con el correr de las horas aparecieron los testigos que aportaron las piezas que faltaban: una patrulla del destacamento de Bialet Massé lo interceptó en la parada y comenzó agredirlo. “Puto de mierda”, le gritaron, le “dieron como a una bolsa de boxeo” y se sentaron sobre su cuerpo entre 15 y 20 minutos. Recién cuando se dieron cuenta que Samuel se moría comenzaron a practicarle RCP. Pero ya no había nada que hacer. Entonces, declaró un testigo, uno de los policías se tomó la cabeza. Samuel estaba muerto.

Por su crimen hay dos policías detenidos: un oficial ayudante y un sargento con 10 y 12 años de antigüedad.

El último reporte del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ muestra que durante los primeros seis meses de 2025 los ataques contra personas del colectivo aumentaron 70% respecto al mismo período de 2024: fueron 102 agresiones contra 60 del año anterior.

Quienes más sufren la violencia son las mujeres trans, víctimas del 70,6 % de los casos, seguidas por varones gay con el 16,7 % y las lesbianas con el 6,9 %. Cuatro de esas agresiones terminaron en asesinatos, tres de ellos fueron varones gay. A estos datos hay que sumarle las muertes de Samuel, la de Fernanda Daniela Arias, una mujer trans de 34 años en Salta, y la de Treinti, una fotógrafa trans en Ciudad Evita. Según un informe de la agencia Presentes, todas tienen algo en común: hay policias involucrados y ocurrieron en apenas 8 días.

El aumento de los ataques a la comunidad LGBT+ no son casuales. Desde su llegada al poder, Javier Milei amaga con quitar una legislación que fue pionera en el continente, desde los DNI no binarios, hasta el cupo trans en el Estado y el mismo matrimonio igualitario. Las alusiones fálicas del Presidente, sus constantes menciones a dejar como “mandriles” a los opositores, el desprecio por las conquistas feministas y la ignoracia que demuestra al calificar como “ideología de género” la educación sexual tiene sus implicancias, directas y concretas.

El Presidente ha elegido como su biógrafo a Nicolás Marquez y colocado al frente de la Fundacion Faro, su “think tank” libertario, a Agustín Laje. Basados en mentiras, estudios inexistentes o sin rigor científico, ambos intentan darle una pátina intelectual a lo que es sencillamente homofobia. Voceros de la llamada “la batalla cultural ” del Presidente, imaginan que la homosexualidad puede ser “enseñada” y “aprendida” a través de un manual de la ESI o que los homosexuales viven menos que los heterosexuales.

Nada de lo que dicen es cierto pero el Presidente los convalida. Y entonces, lo que son solo frases ramplonas terminan convirtiéndose en una política de Estado.

En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América y el número 10 del mundo en garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue el paso inicial de muchos más derechos que irían llegando. Y no fue obra de un gobierno sino de años de lucha de la comunidad LGBT+. Nada de eso convirtió a Argentina en un país sin discriminación pero sí en un lugar mucho más amigable. Una sociedad con más derechos es una sociedad más justa, aunque esos derechos no afecten necesariamente la vida propia, por qué una sociedad más justa es mas justa para todos.

Por el contrario, un gobierno que hace bandera de la homofobia implica un retroceso enorme para toda la sociedad.

MG

El Hormiga está atrapado en el tiempo. Imagina conspiraciones y ve “zurdos” por todos lados. Habla con un tono que recuerda al Coronel Hellman, el personaje de Federico Luppi en “Bajo Bandera”, con la voz áspera y el modo prepotente.

El Hormiga fue uno de los organizadores de la marcha que ayer juntó a un puñado de hombres y mujeres que en Plaza de Mayo pidieron la libertad de los genocidas condenados a prisión por haber cometido crímenes de lesa humanidad. Pero El Hormiga no pudo ir. El es uno de esos condenados y cumple arresto domiciliario, prisión perpetua.

Hace exactamente 8 años, el 29 de noviembre de 2017, el Tribunal Oral Federal N° 5 condenó a Orlando González, tal el nombre de El Hormiga, a la pena de prisión perpetua en la causa unificada ESMA que juzgo el accionar de 54 represores por la desaparición de casi 800 personas en ese centro clandestino de detención. Fue uno de los juicios más importantes y además de González otros de los condenados con la misma pena fueron Alfredo Astiz, Guillermo Suárez Mason, Antonio Pernías y Adolfo Donda.

En la ESMA, además de torturar y secustrar, El Hormiga pudo despuntar su otra pasión, la fotografía. En 1979, ganó el Gran Premio de Honor Cóndor de la Federación Argentina de Fotografía (FAF) por su retrato “La Parca”. La retratada, una detenida-desaparecida.

Esta semana, El Hormiga se enojó con el elDiarioAR por la cobertura que este medio hizo sobre la marcha negacionista. “Pensé que era una persona noble a pesar de ser zurdo”, fue uno de los mensajes que envió desde su arresto domiciliario.

La voz de El Hormiga parece una caricatura de lo que fue. El puñado de personas en Plaza de Mayo no pasaron los 40. Pueden parecer datos aislados, menores, pero no lo son. Otra de las organizadoras de la marcha es Asunción Benedit, fundadora de organización negacionista “Pañuelos negros”, una provocación que además de innecesaria deja al descubierto la falta de ingenio. Benedit es además la hermana del diputado nacional libertario Beltrán Benedit. Y es entonces cuando todo empieza a tomar otro color, porque el legislador es quien organizó el viaje junto a varios compañeros de bancada al penal de Ezeiza para visitar a los represores que allí se están detenidos, entre ellos, Astiz.

Pero si las amenazas caricaturescas de un genocida y la marcha del puñado de negacionistas ocurre en un Gobierno que, a su vez, es también negacionista entonces la anécdota de El Hormiga pasa a ser algo serio.

Es que esta semana se conoció un informe del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT) en el que se advierten sobre graves violaciones a los Derechos Humanos en Argentina a partir de la aplicación del protocolo antipiquetes y alertan por el desmantelamiento de las políticas públicas de memoria durante la gestión del gobierno libertario. Entre los señalamientos figuran: uso excesivo de la fuerza en protestas y manifestaciones; detenciones prolongadas e inhumanas en comisarías; malos tratos, torturas y muertes bajo custodia; condiciones de encierro degradantes; deficiente atención sanitaria, incluso en salud mental; abusos en comunidades terapéuticas e instituciones para jóvenes; y una casi nula investigación judicial de estos casos.

El informe se conoció poco después de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, repitiera ante el Comité la postura negacionista de la gestion libertaria. El Gobierno no tardó en reaccionar ante las advertencias y acusó al CAT, un organismo de Naciones Unidas, de estar “abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista” y de mostrar “un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos”.

Lo más curioso fueron los argumentos utilizados. Dijo que el organismo “omite graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández”, y citó por caso las medidas de aislamiento en Formosa, el “vacunatorio VIP” y los “apremios ilegales y hostigamiento a trabajadores esenciales”.

En un país donde es el propio Presidente quien amenaza con eso de “zurdos van a correr”, la amenaza farsesca de El Hormiga poco tiene de chiste.

MG

El pasado lunes 3 de noviembre, el presidente Javier Milei, su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron en la Casa Rosada al Consejo Directivo Nacional de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (ACIERA). Un acto protocolar que incluyó el canto de himnos y canciones de fe. Entre los asistentes, también estuvo Gabriel Ballerini, pastor evangélico y ferviente militante en contra del derecho al aborto legal.

Ballerini venía de participar también en La Derecha Fest donde pidió: “Argentina necesita volver a Dios”. Esta semana, el pastor fue tendencia en X por el cruce que tuvo con Ernesto Tenenbaum en su programa radial. Allí, volvió a repetir que el aborto es “un eufemismo para decir que una mamá está matando a su hijo”, que Cometierra, la novela de Dolores Reyes, es pornográfica, y que en las Marchas del Orgullo los manifestantes se pasean desnudos.

Al día siguiente de la visita de ACIERA a Casa de Gobierno, el Presidente recibió a una nueva comitiva evangélica encabezada por Franklin Graham, director ejecutivo de la Asociación Evangelista Billy Graham, su padre. A los tres días, Graham hijo colmó el estadio de Velez con el Festival evangélico Esperanza Buenos Aires. Allí, el asesor de Donald Trump dijo: “El sexo debe ser usado dentro del matrimonio. No entre dos hombres. No entre dos mujeres”. Los detalles los contó León Nicanoff en esta crónica.

Al avance de personajes con discursos que implican un retroceso sobre derechos que parecían garantizados –como el acceso al aborto o la libertad para decidir con quien ir a la cama–, esa semana se sumó el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, quien se refirió al número de 30.000 desparecidos: “Si uno llegara a cuestionar el famoso número de la cantidad de desaparecidos que hubo durante el periodo de la dictadura militar de 1976–1983 automáticamente cae en el negacionismo. Y todos sabemos, no podemos ser ingenuos, cómo se arribó a ese número, porque además hoy en día quien lo ideó lo reconoce públicamente y lo dice públicamente y hay un montón de reportajes que en los medios y en las redes sociales están guardados donde confiesa por qué se hizo y con qué intención se hizo”.

Baños habló ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) donde fue citado para dar explicaciones sobre los recortes en el área de Derechos Humanos. En la ONU, el funcionario negó recortes en su área y de paso se despachó con todo el discurso negacionista de la gestión libertaria.

Nada de todo esto es nuevo. Los cuestionamientos al número de desaparecidos, al “curro de los derechos humanos”, y a la supuesta “ideología de género” comenzaron durante la administración macrista. Sin embargo, parecieron casos aislados que si bien no tuvieron sanción tampoco cosecharon demasiado eco. De hecho, durante los cuatros años macristas no prosperaron los intentos por declarar la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos por las organizaciones guerrilleras y los juicios por crímenes de lesa humanidad continuaron.

El papel de varios legisladores macristas también fue clave en la aprobación del matrimonio igualitario –Patricia Bullrich fue una de las que votó a favor–, lo mismo que el activismo que algunos de sus dirigentes, como Silvia Lospennato o Daniel Lipovetzky, tuvieron para lograr la aprobación de la ley de acceso al aborto.

Prevalecía en todo caso, la convicción de seguir adelante con acuerdos básicos sobre como evoluciona una sociedad en democracia.

Esta semana, volvieron a sonar las señales de alarma para recordar que es el Presidente y su Gobierno desde donde habilita y amplica discursos que retroceden sobre esos consensos democráticos.

MG

Entre los memes que disparó el posteo de Patricia Bullrich para reclutar detectives de la Federal, el mejor fue el de Santiago Korovsky. En su cuenta de X, el creador y protagonista de División Palermo –la comedia negra que cuenta las andanzas de un grupo de guardias urbanos con distintos tipos de discapacidad cuya misión es darle una lavada de cara a la policía de la Ciudad– anunciaba el fin de la serie: “Dejamos de hacer División Palermo porque ya se hace sola”, escribió el actor quien republicó el posteo de la Ministra de Seguridad.

En su publicación, una Bullrich creada con Inteligencia Artificial emulaba al Tío Sam de los afiches que en 1917 llamaban a enlistarse en el ejército de los Estados Unidos para pelear en la Primera Guerra Mundial: “QUERÉS SER DETECTIVE? TE BUSCAMOS”, convoca Bullrich desde cuenta de X.

La imagen ilustra bien la fascinación libertaria por los universos ficticios y por todo lo que lleve la etiqueta Made in USA. Alcanza con ver alguna de las creaciones que el propio Javier Milei comparte en sus redes sociales y lo muestran como un joven atlético, de pectorales inflados y cabellera voluptuosa.

Bullrich sueña con crear una fuerza de elite dentro de la Federal: su propio FBI criollo. Así lo comunicó ella misma junto al Presidente, cuando el pasado 17 de junio presentaron el plan para modernizar a la fuerza. El anuncio se hizo en el cuartel que la Policía Montada tiene en…Palermo.

Allí, frente a la plana mayor de la Federal y un invitado de lujo, Rick Hernández, representante del FBI en la Argentina, el Presidente y su ministra desplegaron su visión tecnocrática sobre la seguridad y detallaron la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI), orientado a delitos como narcotráfico, trata de personas y terrorismo. Es para ese departamento donde Bullrich está buscando reclutas.

Pero detrás de esa épica de serie norteamericana, los resultados muestran una historia muy distinta. El proyecto “Mapping Police Violence” que elabora de manera independiente un mapa con casos de violencia policial muestra que a lo largo de 2024 al menos 1260 personas murieron a manos de la policía de los Estados Unidos. Las cifras coinciden con otro informe de Amnistía Internacional que muestra un total de 1.133 muertes por parte de agentes policiales. Se trata del número más alto de los últimos diez años. En estos 10 meses de 2025, el número de muertos alcanza los 1098. También señala que la población negra tiene 2.8 veces más ser asesinada por la polícía que la blanca.

En breve, Patricia Bullrich dejará el gabinete nacional para asumir como senadora. Su paso al frente del Ministerio de Seguridad tampoco tiene mucho de serie norteamericana: Apenas asumió imaginó desbaratar una célula terrorista que con el correr de los días se fue desarmando. Sólo se trataba de un mitómano, un peluquero argentino víctima de una estafa y un profesor de tenis de mesa de nacionalidad siria. Al tiempo, detuvo por error a un periodista a quien acusó de “pornografía infantil”. Difundió su imagen y utilizó un término, “pornografía infantil”, que la propia Interpol pide no usar porque esconde el verdadero delito, abuso sexual infantil. También encarceló a un hombre a quien acusó de traficar más de dos kilos de cocaína en tarros de talco. 21 días después se comprobó que era efectivamente talco.

Cada uno de esos detenidos no recibieron un pedido de disculpas, ni una explicación de por qué sus vidas quedaron detenidas sin razón. Tampoco las recibió hasta ahora Pablo Grillo. Este martes, el fotógrafo fue operado nuevamente. Desde que el pasado 12 de marzo recibió un disparo de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, Grillo pelea por su recuperación. El gas fue lanzado por el gendarme Héctor Jesús Guerrero como parte de un operativo de represión ordenado por Bullrich. En esa misma marcha,  Jonathan Navarro, quien fue apoyar a los jubilados que protestaban frente al Congreso, perdió la visión completa de su ojo izquierdo.

Un dato más. A pesar del discurso de mano dura, la motosierra no se detuvo al pasar por el Ministerio de Bullrich. El presupuesto asignado para Formación y capacitación de la Federal este año fue de 31.422 millones de pesos, esto es un 33% menos desde 2023, según una investigación que acaba de publicar el equipo de Mapa de la Policía, una “Red de cuidado ciudadano para contrarrestar la violencia policial en la Ciudad”.

En su cruzada por profesionalizar la seguridad, Bullrich deja un legado de errores, víctimas y silencios. Ninguna inteligencia artificial puede disimular eso.

MG