El Gobierno tiene un problema judicial. O, más precisamente, una acumulación de problemas judiciales que empiezan a superponerse en el tiempo y a dialogar entre sí. $LIBRA, ANDIS y el caso Adorni son expedientes distintos, con lógicas propias, pero atravesados por un mismo hilo conductor: todos rozan, de una u otra manera, el núcleo de poder que rodea a Javier Milei. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue solo un cambio de nombres, sino la designación, en los hechos, de un rol que nadie explicitó en público pero que en privado nadie se molesta en negar: el de escudo.

No se trata, además, de un actor ajeno a ese mundo. Mahiques viene de la llamada “familia judicial”, hijo de un histórico camarista de Casación y formado en los códigos, vínculos y lógicas de Comodoro Py, un capital que en la Casa Rosada le reconocen y por el que fue elegido para cumplir justamente esa función. La apuesta era clara: alguien que hablara el idioma de los tribunales, que conociera sus tiempos y sus reflejos, y que pudiera ofrecer cobertura en un momento de tensión creciente. El problema es que, a poco más de un mes de asumir, ese escudo todavía no logra mostrar eficacia, o peor aún, no termina de cubrir.

Hay escenas que lo delatan. En marzo, durante su primera entrevista en LN+, Mahiques ensayó la fórmula esperable, pero apenas unos segundos después cruzó esa línea y se metió de lleno en el caso $LIBRA, donde terminó actuando más como abogado defensor del Presidente que como ministro de Justicia. No lo hizo en un expediente ni en un dictamen, sino en televisión, como quien tantea el terreno, al esbozar una estrategia para desarmar la prueba central.

En Comodoro Py la hipótesis es conocida: si el origen de una prueba es cuestionable, todo lo que se construye sobre ella puede caerse. Es la mentada teoría del “fruto del árbol envenenado”. Por lo que cualquier filtración aparece, en el razonamiento de Mahiques, como una posible llave de nulidad. Ese corrimiento tuvo consecuencias, porque en los tribunales lo leyeron como una señal de debilidad más que de fortaleza. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque reveló la urgencia del oficialismo y expuso que las pruebas, lejos de ser marginales, preocupaban.

Esa preocupación se vuelve más tangible cuando se mira el estado de las causas. En $LIBRA, el expediente que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli empezaron a aportar elementos incómodos para la defensa oficial, incluyendo referencias a un presunto acuerdo económico con el propio Presidente para promocionar la criptomoneda meme que dio lugar a acusaciones de estafa y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.

En paralelo, la causa que investiga los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Ariel Lijo, acaba de escalar con un movimiento que en Tribunales funciona como señal de cambio de fase: los fiscales pidieron 27 nuevas indagatorias, ampliaron la imputación a una estructura que combina funcionarios y empresarios y pusieron bajo la lupa un esquema de direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones, con pedidos de inhibición de bienes incluidos, lo que indica que la investigación no solo sigue abierta sino que se expande. A su vez, en el caso Adorni, también bajo la órbita de Lijo, el expediente que más rápido se movió en los últimos días, la hipótesis de dádivas por el viaje a Punta del Este y las sospechas de enriquecimiento ilícito empiezan a consolidarse con pruebas que, al menos por ahora, resultan difíciles de desactivar. “Nos conviene que la causa avance rápido”, deslizan en Casa Rosada.

En ese mapa hay un dato que sobresale y que conecta los casos más sensibles que orbitan alrededor del oficialismo: aunque no todas están en el mismo juzgado, la figura de Lijo aparece como un actor central en este momento judicial. Su comportamiento en las últimas semanas no pasa desapercibido. Licencias llamativas, movimientos políticos y reuniones que trascienden pueden no significar demasiado por separado, pero en conjunto construyen la imagen de un magistrado en estado de activación, una percepción que circula cada vez con más fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Allí no lo dicen en voz alta, pero lo sugieren con insistencia. Lijo está en campaña, no en términos electorales sino institucionales, en un contexto en el que la Procuración General de la Nación volvió a entrar en la conversación como horizonte de poder, junto con los nombres de quienes aspiran a ocuparla, entre los que aparecen tanto el propio juez como el ministro Mahiques.

La paradoja es evidente, porque el funcionario que debería garantizar un vínculo aceitado entre el Gobierno y la Justicia compite, en los hechos, por el mismo objetivo que uno de los jueces que investiga a sus principales figuras. No es una disputa explícita, pero tampoco hace falta que lo sea, ya que se expresa en gestos, silencios y movimientos que se leen más por lo que insinúan que por lo que dicen, en un juego donde la exposición también construye posicionamiento.

Para Lijo, la ecuación pasa por recuperar centralidad después del traspié que significó su fallida llegada a la Corte Suprema impulsada por el asesor Santiago Caputo, mientras que para Mahiques el desafío es consolidarse en un cargo que, por ahora, lo expone más de lo que lo protege. Ambos saben que para llegar a ser jefe de los fiscales no alcanza solo con antecedentes técnicos, sino con poder político, y que ese poder se construye en el cruce, siempre inestable, entre los tribunales y la Casa Rosada.

Es que mientras en los pasillos de Comodoro Py empiezan a circular versiones que amplían el mapa —como la que menciona a Mahiques como posible nexo informal entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, las causas que acorralan a Milei dejan de ser solo expedientes para convertirse también en herramientas de negociación. Por eso, cuando en Balcarce 50 hablan de levantar un escudo ante al frente judicial, quizás estén mirando el partido equivocado. Echando mano a la metáfora del último video compartido por el Presidente en su cuenta de Instagram, del otro lado, más que delanteros aislados, empieza a haber un equipo que juega en bloque y que, sin apurarse, empieza a empujar la pelota hacia el arco con cada vez menos intermediarios.

PL/CRM

“Tenés que sacar un crédito del Nación. ¿Querés el contacto?”. La voz, segunda línea en un ministerio, narra el diálogo de un año atrás y da cuenta de un reparto que define como “una locura” de los préstamos hipotecarios del principal banco público, ése que Javier Milei propuso cerrar o privatizar. “Lo ofrecían por los pasillos”, recuerda ahora, cuando en los despachos oficiales repasan de memoria quiénes aceptaron y quiénes se perdieron la oportunidad.

La cartera más comprometida es —una vez más— la de Luis “Toto” Caputo. Allí se anotan como receptores el secretario de Finanzas, Federico Furiase (US$280.000), y el asesor y director del BICE, el picante Felipe Núñez (US$315.000), entre otros. Una y otra vez, se demuestra que un plantel “exitosísimo” en el mundo privado llega a la función pública y exprime al Estado. En este caso, se hace entregar un crédito a tasa subsidiada, que cubre un porcentaje de la “primera vivienda” mucho más alto que cualquier entidad privada.

Si pueden y quieren, los tribunales deberán evaluar si los créditos a decenas de funcionarios y diputados transfugas al oficialismo cumplieron con las exigencias de ingresos, o si se trató de un favoritismo a la hora de darles prioridad sobre ciudadanos de a pie, o nada de eso. El listado de violetas que usufructuaron la línea del Banco Nación habla por sí solo de la anormalidad en curso.

En el Palacio de Hacienda se vive un clásico: tirria contra Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano que se desprendió de su jefe de Gabinete, Leandro Massacessi, apenas veinte minutos después de leer un tuit que lo sindicaba como beneficiario de una hipoteca del Banco Nación por unos US$ 300.000. Pettovello le pidió explicaciones por teléfono al hijo del “Menem Rubio” Horacio Massacessi, éstas fueron insatisfactorias y dispuso su despido inmediato.

“Los dejó reexpuestos a todos, están recalientes”, razona un testigo de la pelea con Caputo. Ayer, inmerso en la realidad paralela en la que se autopercibe domador del universo, Milei se desgañitaba en X para aclarar que el despido del jefe de Gabinete de Pettovello nada había tenido que ver con el crédito del Banco Nación, contra lo obvio explicado por el propio expulsado y por múltiples fuentes oficiales.

La rivalidad entre Pettovello y el ministro de Economía se remonta a comienzos de la gestión ultraderechista, cuando la ministra trataba de destrabar partidas urgentes para asistencia social, salud y educación, y se encontraba con la negativa tajante de su colega, porque “no hay plata”. Aquellos tironeos derivaron en al menos una renuncia de la ministra, finalmente retirada.

Núñez o el jefe de campañas digitales de Casa Rosada, Juan Pablo Carreira (Juan Doe, US$76.000), caen bajo el mismo tipo de daño autoinfligido que padece Manuel Adorni. Fueron tan agraviantes, abusaron tanto de la injuria y la calumnia, que ahora, cuando quedan expuestos por avivadas, corruptelas o corrupción a gran escala, se acumularon los enemigos y son pocos los dispuestos a dar la cara por ellos. Señalados por los vecinos del consorcio del edificio al que se mudaron o los tribunales, nada los incrimina tanto como el goce expresado en redes ante el dolor social generado por la motosierra.

Aunque los oficialistas beneficiados con los créditos que detectó el diseñador gráfico y experto en datos Andrés Snitcofsky pertenecen a las distintas tribus, el escándalo no escapa a la interna. Unos trataban de hilvanar explicaciones y otros buscaban salir por arriba, con imposturas que decían no entender “qué está mal” de solicitar un crédito.

La misma fuente gubernamental antes citada acotaba ayer: “Qué barato le está saliendo a Darío Wasserman. ¿Por qué nadie lo nombra?”. Se trata del presidente del Banco Nación, responsable principal de un esquema de créditos canalizado por el método de la casta voraz enquistada en el Estado. Además de administrador de una pauta publicitaria generosa, Wasserman es esposo de Pilar Ramírez, una ex filocamporista que se volvió inseparable de Karina Milei, la terminal donde conducen casi todos los indicios de corrupción en el Gobierno del Soez.

Territorio Mahiques

El martes tuvo lugar una reunión clave y reveladora entre el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y ocho de los nueve jueces de la Cámara de Casación Federal. El único ausente entre los magistrados fue Alejandro Slokar, quien prefirió ahorrarse la foto de una cita convocada sin agenda. En un dato elocuente, el lugar central en la foto protocolar lo ocupó el décimo participante del encuentro, Santiago Viola, el viceministro de Justicia, proveniente de la línea SIDE y otro de los adoptados por Karina.

El comienzo de la cita tuvo un tono emotivo. El más veterano de los jueces, Carlos Mahiques, no es el presidente de la máxima instancia penal del sistema judicial, pero ofició como anfitrión. Se mostró movilizado por el hecho de ser visitado por el ministro Juan Bautista. No fue ni de cerca el primer encuentro semipúblico del que participan padre e hijo. Por caso, ambos compartieron el inolvidable viaje a Lago Escondido organizado por el Grupo Clarín, en 2022, periplo de lujo que incluyó a jueces, espías, directivos del conglomerado mediático y funcionarios del entonces gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta.

La filtración oral y escrita del Telegram del grupo de Lago Escondido, en plena efervescencia por esconder el hecho, alumbró el papel de Mahiques padre caracterizado por la irascibilidad y la promesa de venganza, mientras que a Mahiques hijo le tocó pergeñar el invento de “una facturita” para justificar gastos y el diseño para trasladar la investigación a Comodoro Py, donde consiguió un éxito rotundo meses después, cuando la causa fue archivada.

Mahiques padre se juega mucho en las próximas semanas. En noviembre próximo cumple 75 años, edad de retiro para los jueces, pero Javier Milei quiere que permanezca en esa silla. La conexión con el ministro será fundamental en la instancia penal por la que pasan todas las investigaciones de corrupción de funcionarios nacionales y que además interviene en los procesos inferiores, reasignando causas entre juzgados, separando jueces, vetando pruebas o atrayendo expedientes a Comodoro Py.

El 3 de febrero, el Gobierno envió al Senado el pedido para extender el acuerdo de Mahiques padre hasta sus ochenta años, lo que tiene altas chances de prosperar. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) ya impugnó el proyecto. Esa organización menciona los antecedentes de Lago Escondido y el festejo de la familia Mahiques en el predio de la AFA como razones para que el patriarca efectivice su jubilación de una vez por todas, pero se basa en un argumento de mayor peso.

En 2013, Mahiques fue designado por concurso como juez de la Cámara de Casación Penal (fuero ordinario, no federal). Tras un interregno como ministro del Gobierno de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Mahiques volvió a tribunales, pero fue trasladado por decreto de Mauricio Macri a la estratégica Casación federal, sin concurso, en 2017. Al año siguiente, ante las quejas por esa práctica de la que abusó el Ejecutivo de Cambiemos, el Senado votó el nombramiento, pero —recuerda INECIP— ello no salva la falta de concurso establecida en la ley. En esa línea, la extensión del mandato de Mahiques con la que ahora pretenden premiarlo los Milei sería la prolongación de una ilegalidad. Si el Senado consigue los 37 miembros que levanten la mano, les tocará al Presidente y a Mahiques hijo firmar la extensión. Otro brindis emotivo.

El encuentro en la sala de Acuerdos de Casación Federal no fue sólo camaradería, emoción y protocolo. El juez Guillermo Yacobucci —otro veterano del fuero— aprovechó para reforzar la idea de que no es necesario completar las cuatro vacantes de la Cámara (son trece asientos y hay nueve ocupados). Según dos fuentes al tanto del contenido de la reunión, varios de sus colegas y el ministro Mahiques celebraron la idea, que podría materializarse en un proyecto de ley para reducir el número de integrantes del tribunal o, más sencillo, con la simple inacción del Ejecutivo. Si no propone a nadie, las sillas siguen vacías. Son varios los jueces de Casación que enfrentaron pedidos de juicio político, algunos de ellos con mucho cuerpo, pero todos fueron anulados o hibernados. Mejor dejar todo como está y ganan todos.

El frente de Casación Federal parece despejado con la influencia de los Mahiques, mientras la Corte Suprema reducida a tres miembros tampoco presenta mayores problemas para el Gobierno ultraderechista. Ninguno de los supremos supone un desafío para los deseos de Karina, y la mala relación entre los cortesanos contribuye a neutralizar algún intento individual de salirse del guion.

Más abajo, en la segunda y primera instancia del fuero criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires, parece estar en curso un tránsito desde un esquema que en la última década y media pareció orbitar en el macrismo, sea por adhesión ideológica o comunidad de intereses, a otro de impronta mileista. Hasta ahora, el Ejecutivo de La Libertad Avanza convivió a gusto con esa trama dominada por la mesa judicial constituida en el Gobierno de Macri, estamentos tradicionales del fuero federal y la SIDE. Algo está cambiando bajo la dirección de la dupla Mahiques-Viola. Una terminal propia permitiría a los Milei moverse con soltura sin tener que pedir lealtades prestadas.

Vetos

Los movimientos alcanzan a la Cámara Federal, dividida en dos salas de tres miembros cada una. Martín Irurzun también tiene 74 años y aspira a lograr una extensión de su designación como camarista federal. Uno de los más veteranos de Comodoro Py y considerado afín a la UCR, fue el autor de la doctrina que sirvió para encarcelar a varios funcionarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, bajo el argumento del peso residual que podrían conservar para entorpecer el proceso judicial. El concepto se restringió exclusivamente a funcionarios peronistas, que pasaron meses y años en la cárcel sin sentencia. La relación con el macrismo de Irurzun, considerado propio por la UCR, fue inmejorable, pero por algún motivo —acaso ése— el tándem Mahiques-Viola no muestra intenciones de enviar al Senado la solicitud de extensión del mandato.

Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis jueces que integran la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de magistrados federales en todo el país.

Meses atrás, Irurzun tuvo una intervención que dio que hablar en el expediente de las presuntas coimas asociadas a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocida como “el 3% de Karina”. En línea con las defensas de los lobistas y empresarios imputados, el camarista puso el foco en la necesidad de constatar la legalidad de los audios del amigo de Milei Diego Spagnuolo. El argumento está en el aire y podría definirse en los próximos días.

A la vacante que dejaría Irurzun en la Cámara, se podrían sumar las de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Ambos fueron trasladados, en 2018, sin concurso por Macri a Comodoro Py, al igual que Mahiques padre, pero sin siquiera contar con el acuerdo posterior del Senado. La Corte Suprema ya estableció que su designación fue ilegal, aunque permitió su permanencia hasta que la Cámara alta nombre a sus reemplazantes. En el edificio de Retiro se narra que el hoy viceministro Viola les hizo la cruz por su intervención en un expediente de inteligencia ilegal contra el juez Sebastián Casanello. Bruglia y Bertuzzi votaron por procesar a Viola, quien oficiaba como abogado de los hijos de Lázaro Báez y había armado una operación con sello de la SIDE. El interinato de Bruglia y Bertuzzi se da por acabado.

De tal manera que Milei tiene la oportunidad de congelar la foto actual de Casación, designar a tres de los seis integrantes de la Cámara Federal porteña, unos cuantos de la primera instancia, además de jueces y fiscales federales en todo el país.

Apellidos permanentes

El concepto de “familia judicial” es más viejo que la democracia argentina. Hay un montón de Mahiques en diferentes cargos judiciales. Por aludir a otro apellido ya mencionado en la nota, el camarista de Casación Yacobucci —un juez muy receptivo a los pedidos de las defensas de los represores de la dictadura— tiene a su hijo, Ignacio, como secretario de la vocalía de su colega Javier Carbajo. La endogamia es ley, pero se avizora una nueva escala.

En la primera tanda de 62 propuestas de designación de jueces, fiscales y defensores oficiales, Mahiques se propuso agrandar la familia. Entre ellos, el hijo del fallecido fiscal ultramenemista y macrista Germán Moldes, Juan Andrés Moldes, para cubrir un puesto de juez penal económico; Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que tiene paralizada la causa $LIBRA, como titular de un juzgado federal en Hurlingham; y Emilio Rosatti, hijo del supremo Horacio Rosatti, para el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. De unos cuarenta jueces propuestos en esta instancia, al menos el 10% tienen relaciones de parentesco primario con apellidos de primer orden de la magistratura.

Los problemas de Emilio Rosatti con el alcohol —en dos oportunidades, 2021 y 2022, fue hallado al volante con más de 2 gramos de alcohol en sangre, unas cinco veces lo permitido, en caminos de su provincia, Santa Fe— y una denuncia por un divorcio turbulento que en el pasado lo obligaron a retirarse de un concurso, parecen zanjados para la vara moral de los hermanos Milei.

Una voz con peso en Comodoro Py define el mapa que quedará con los movimientos, remociones y designaciones que lleva adelante la sociedad Mahiques-Viola. “Con un promedio de edad de unos cincuenta años y horizonte de jubilación a los 75, se están asegurando un cuarto de siglo de dominio de Comodoro Py mediante un clan asociado al Gobierno”.

Procesión sin resurrección

En el corto plazo, los reacomodamientos en curso dejan capítulos a dilucidar. Uno de ellos es la investigación por las coimas en ANDIS. El fiscal Franco Picardi, quien instruyó una primera parte de la causa que derivó en 19 procesamientos, acaba de solicitar otras treinta indagatorias. El juez Ariel Lijo recibió en febrero la causa de manos de su colega Sebastián Casanello y debe decidir ahora si da curso a las indagatorias en una causa que, si escala, tocaría las puertas de la Presidencia.

Entre Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano tienen estaqueada la investigación por la criptoestafa $LIBRA, pero las pruebas difundidas por medios periodísticos que apuntan directamente a los hermanos Milei son tan contundentes, que enterrar ese expediente no será tan fácil.

Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

En cuanto a José Luis Espert y el financiamiento por parte de un presunto narco, la causa está radicada en un juzgado federal de San Isidro. El último movimiento del exdiputado fue para mudar la investigación a Comodoro Py.

La causa que aportó más color y efervescencia en las últimas semanas es la de los gastos desmesurados y la expansión de bienes de Adorni, verdadero monotema puertas adentro de Casa Rosada. Sin voz, el exvocero y jefe de Gabinete petrificó su sonrisa para sacarse selfies con ministros que se acercan para mostrarle su apoyo y darle el pésame. Cada vez que sale un posteo con la foto y a Adorni le surge otra propiedad, otro viaje, otra trapisonda.

El miércoles deberá prestar declaración testimonial la escribana Adriana Nechevenko, en apariencia, la armadora del pase de manos, hipoteca sospechosa y subfacturación del departamento en la calle Miró 550, barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cua. El fiscal Gerardo Pollicita, en quien Lijo delegó la investigación, prepara más citaciones a testimoniales para encontrar la punta del ovillo. Dilucidar los pasos de Lijo en pleno reacomodamiento de Comodoro Py y tras haber sido rechazado para ocupar una silla en la Corte Suprema despierta múltiples elucubraciones en despachos oficiales.

Nechevenko conoce bien a Adorni, a quien frecuentó en Casa Rosada. Tienen un punto en común. El jefe de Gabinete no pagó las expensas de enero, febrero y marzo de la calle Miró, por lo que acumula una deuda de $3 millones. Nechevenko, por su parte, debería siete meses de expensas en su oficina del edificio de Luis Sáenz Peña 259, unos $2,2 millones.

El jefe de Gabinete designó abogado en la causa por los vuelos a Punta del Este y el presunto enriquecimiento ilícito. Su letrado es Matías Ledesma, hijo de un juez que condenó a las Juntas militares. Entre varios clientes famosos, Ledesma representó a Rosatti en un juicio por enriquecimiento ilícito en Santa Fe, que no prosperó, y a Silvio Robles, mano derecha de Rosatti en su vocalía de la Corte Suprema. En este caso, lo defendió por su indebida asesoría a Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia de Larreta y pasajero de Lago Escondido, en el marco de una disputa entre Nación y Ciudad. Para sorpresa de nadie, la causa tampoco avanzó.

El hijo de Robles es el community manager de Martín Menem.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trazó rápidamente las coordenadas para encauzar los múltiples casos de corrupción que apuntan de lleno a la cúpula del Gobierno: trasladar todos los expedientes al fuero criminal federal sito en la calle Comodoro Py y cuestionar la legitimidad de las denuncias, con la teoría del fruto del árbol prohibido como dé lugar.

Hombre que camina por Comodoro Py como si fuera su casa; con terminales en las diferentes vertientes y disidencias del PRO, desde los primos Macri y Daniel Angelici a Horacio Rodríguez Larreta; y nexos fluidos con los servicios de Inteligencia y el Grupo Clarín, Mahiques sabe de lo que habla. Todas esas intersecciones llevaron al ministro a ser ungido por Karina Milei y su hermano, condición indispensable para ocupar una silla en el Gobierno ultraderechista.

La estategia de defensa elaborada por Mahiques repercute en expedientes que involucran a Javier y Karina Milei como la presunta criptoestafa $LIBRA y las coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, el nexo del procesado por narco Federico “Fred” Machado y José Luis Espert, y la vida lujuriosa de Manuel Adorni.

En un cono de sombras sobre gastos exorbitantes y multiplicación de viviendas asociadas a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, el titular de Justicia lanzó un fuego de artificio para tratar de ensuciar la causa más urgente. Apeló a un video, que el Gobierno asocia a espionaje ilegal, para invalidar el expediente en el que el jefe de Gabinete debe dar cuenta de quién pagó los vuelos privados de ida y vuelta desde San Fernando a Punta del Este en el feriado de carnaval, a un costo de US$9.000.

El registro fílmico en el que se ve a los Adorni y al oportunista acomodado en la TV Pública Marcelo Grandio en la partida del 12 de febrero salió a la luz horas después de que elDiarioAR publicara los detalles horarios, pasajeros, matrícula de la nave, precio y declaraciones juradas de ingreso y salida. No hay indicios de que esa filmación fuera producto de inteligencia ilegal, ni tiene ninguna relevancia ante el cúmulo de documentos, fotos y facturas que comprometen a Adorni. Pero Mahiques lo tiró y la prensa oficialista se dedicó a atizar las llamas. Un último capítulo lamentable fue la difusión de la identidad de quien supuestamente registró a los Adorni, tras una “investigación” de Casa Rosada.

“Podríamos averiguar el tema de alguna facturita”, dijo la voz del propio Mahiques en el grupo de Telegram cuando jueces federales, fiscales, funcionarios de Larreta, espías y ejecutivos tramaban delitos para esquivar la investigación por la excursión de lujo al paraíso patagónico de Lago Escondido al que invitó el Grupo Clarín, en octubre de 2022. El entonces fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue el gestor para arrancar la causa de los tribunales federales de Bariloche para aterrizarla en Comodoro Py. En la Navidad de diciembre de 2023, con Milei recién asumido, el juez Sebastián Ramos se ocupó de liquidar el investigación para siempre. Mahiques se anotó un poroto ante sus pares.

La “facturita” de Lago Escondido sentó un precedente que Adorni ahora utiliza. En otro anticipo de elDiarioAR, apareció un comprobante del vuelo de regreso a nombre de Grandio emitida por el broker de vuelos y piloto de Consultatio Agustín Issin. Sobre esa factura, hay que prestar atención a la fecha: 9 de marzo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su programa en La Nación Más que el jefe de Gabinete había viajado en vuelo privado a Punta del Este en los días de Carnaval. La facturita que hizo aparecer Adorni esta semana soluciona poco. El funcionario quedó demudado a la hora de explicar cómo pagó unos US$14.000 en vuelos a Punta del Este y Nueva York entre febrero y marzo.

El propio Pagni resultó beneficiado en otro diciembre, pero de 2015, a días de la asunción presidencial de Mauricio Macri, del abrupto final de una causa por espionaje ilegal que habría perpetrado el exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre. Tras años de investigación pormenorizada de esa trama que combinaba a espías y periodistas, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado también apeló al “fruto del árbol prohibido” para dar un carpetazo y archivar la denuncia que ella misma había impulsado.

En el expediente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocido como el 3% de Karina, el intento de alegar espionaje ilegal sobre el amigo Diego Spagnuolo tiene todo un recorrido. Comodoro Py parece estar calentando motores para otro sablazo con el sello de Mahiques. Los interesados en la teoría del fruto del árbol prohibido son empresarios de laboratorios que pagaban coimas, lobistas y funcionarios que sirvieron a Macri y hoy a los Milei. En $LIBRA, en tanto, el ministro también intentó fraguar un argumento de “contaminación” del peritaje que expone un aluvión de indicios sobre pagos directos de los cripto gángsters a los hermanos Milei.

Contra viento y marea, el fiscal Eduardo Taiano reza para el cajón de su escritorio no se abra.

¿Y Espert?

Necesidad y urgencia

El exdiputado de La Libertad Avanza enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con el fiscal Fernando Domínguez a cargo de la instrucción. Con un sinnúmero de ingresos y egresos de fondos que no cierran, Espert tiene sus bienes inhibidos, a la espera de datos solicitados a la Justicia de Guatemala que podrían probar que su benefactor Machado había montado una falsa explotación minera como vehículo del lavado. Dispositivos incautados a Machado tanto por tribunales argentinos como de Texas, donde se lo investiga por presuntos fraude y narcotráfico, podrían aportar más detalles sobre su vínculo con Espert.

El juzgado de Mirabelli no es un lugar cómodo para Espert, un economista cuyo ascenso en la política estuvo íntimamente ligado a los Milei y personajes surgidos de las redes como Spagnuolo y Adorni. La llegada de Mahiques a Justicia reactivó en Espert esperanzas de mudar el expediente de San Isidro a Comodoro Py.

El 16 de marzo, el aguerrido abogado de Espert, Alejandro Freeland, presentó un pedido ante le juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi para concentrar la investigación allí. Se trata del mismo juez que toleró el tenaz empeño del fiscal Taino de adormecer la investigación de $LIBRA.

El argumento de Espert es que el juzgado federal 8 de CABA, a cargo de Martínez de Giorgi, tiene radicada una denuncia presentada el 19 de abril de 2021, cuando salió a la luz que Machado le había prestado sus aviones para la campaña presidencial de 2019. El expediente hibernó durante cuatro años y recién mostró señales vitales cuando se inició la causa por supuesto lavado en San Isidro, a raíz de la información del pago de US$200.000 de Machado a Espert publicada por este diario.

Por ahora, Martínez de Giorgi solicitó a Mirabelli, su par de San Isidro, una “certificación” del expediente. Es decir, un informe que exponga cuáles son los delitos investigados y quiénes son los imputados.

En San Isidro lidian con ese intento desde que comenzaron a investigar a raíz de una denuncia presentada por Juan Grabois, en octubre pasado. Además del hecho de que, en pocos meses, el expediente alcanzó muchos más resultados que el de Comodoro Py en cuatro años, fuentes judiciales argumentan que el intento de Espert es vano. “Son dos objetos procesales distintos. En Comodoro Py se investiga el uso de los aviones durante la campaña, así está delimitado, mientras en San Isidro se sigue el posible lavado de dinero a partir de la transferencia realizada por Machado en enero de 2020”, indicó una voz.

La ruta de esos US$200.000 llevó a una realidad económica y financiera de Espert y su pareja, Mercedes González, con múltiples inconsistencias. Por ejemplo, la compra de la vivienda en la que viven en Beccar, escriturada en US$ 487.000 días después de la elección presidencial de 2019, un BMW deportivo de alta gama adquirido en 2020, fideicomisos conformados con hermanos e hijos armados desde entonces, pagos recibidos en el exterior que no habían sido declarados y otros indicios que apuntalarían enriquecimiento ilícito.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones

El expediente de San Isidro aportó recientemente dos novedades, que motivaron la prórroga de la inhibición sobre sus bienes por 90 días a partir del 9 de marzo pasado.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones “sin que se conozca, de momento, el destino o aplicación de tales fondos”.

Además, se conoció la participación de Mercedes González en el fideicomiso Costa Dunas, al que aportó un pago de US$55.501 y de $50.893.221,38 el 18 de febrero de 2025, que serían cuotas de un monto pactado mucho mayor.

Con esos datos inquietantes, el juzgado de San Isidro dispuso extender la prohibición de innovar sobre bienes y activos financieros de la pareja, y de los bienes muebles del fideicomiso El Encuentro de Castello, el condominio con sus dos hijos, y Killaco SA. El juez Mirabelli también dispuso un embargo sobre los fondos de González en el fideicomiso Costa Dunas.

Así las cosas, la ruta hacia Comodoro Py se transformó en indispensable para Espert. Mahíques se podría ocupar del resto.

slacunza@eldiarioar.com

SL

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes desde las 9 y por espacio de una hora ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro.7 (TOF 7) en la Causa Cuadernos, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio. 

En su declaración indagatoria, tras la cual no respondió preguntas y se retiró, CFK calificó como “mafiosa” el proceso de investigación en la causa y apuntó directamente contra el exjuez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. 

“La causa vialidad es emblemática en materia de persecución judicial. Hay un estadío superior en orden a la ideología. Ahora estamos inmersos en prácticas mafiosas de jueces y fiscales”, dijo la exmandataria ante el TOF 7.

Para la ex jefa de Estado, Bonadio y Stornelli “tuvieron una manejo criminal de la figura del arrepentido” y siguió: “Hay jueces que responden a directivas políticas y económicas”.

“Estamos ante un estadio superior porque fraguan las pruebas que son no lo son para detener una persona. Uno ya fallecido, Bonadio, pero Stornelli sigue siendo fiscal en este edificio”, continuó. Para Cristina Fernández de Kirchner, “hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas: fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona. Mafia pura y dura”, disparó ante el tribunal.

De acuerdo a CFK, “metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo. ¿Cuándo, cómo, quién lo recibió (el dinero de los supuestos cohechos)?, ¿yo?, ¿de quién?”, se preguntó mirando a los jueces del Tribunal. Y detalló: “Me dieron vuelta mi casa de Rio Gallegos, mi departamento de Juncal y Uruguay y me rompieron la casa de Calafate. ¿Ustedes saben cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Qué es esto de se robó un PBI? Si me hubera robado miles de millones no estaría sentada acá”, remarcó.

Al final de su declaración y antes de retirarse de la sala de audiencias para volver a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario, la expresidenta calificó a la causa Cuadernos como un “gran disparate”: “Vialidad es un poroto al lado de esto. Quiero decir señores jueces y a todos los que están escuchando que me parece sinceramente un gran disparate esta causa. ”Con este Poder Judicial me puedo morir presa“, concluyó.

Contra Milei y los jueces

Además, la exmandataria, apuntó contra el Gobierno libertario: “En la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, el Presidente de la República anunció que voy a seguir presa por la causa Cuadernos y por la causa del Memorándum con Irán”, disparó la exmandataria. Y agregó: “Invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente o presidenta que haya anunciado en una Asamblea Legislativa que otro ciudadano argentino iba a ser preso por causas judiciales en trámite. Más violatorio de la Constitución Nacional, que impide que se interiorice el Poder Ejecutivo por causas judiciales, no hay desde la época de la dictadura”, recalcó.

Acompañada en el tribunal por exfuncionarios y militantes leales, como Horacio Pietragalla, Agustín Rossi, Mariano Recalde, Oscar Parrilli, Felipe Solá, Adolfo Pérez Esquivel, Mayra Mendoza, Jerónimo Ustarroz, Juan Martín Mena, Eduardo Wado de Pedro, Anabela Fernández Sagasti, Germán Martínez y José Glinsky, entre otros, CFK apuntó al final contra la Justicia para justificar que no respondería preguntas de los magistrados del TOCF 7: “Voy a contestar preguntas el día que ustedes llamen a declarar a Stornelli por las barbaridades que hizo en este expediente; cuando declare Mauricio Macri por los parques eólicos, que duerme en estos tribunales; o el día que llamen a Toto Caputo a declarar por la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, sentenció antes de retirarse.

La causa

La citación de la exmandataria se activó luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”. 

Particularmente, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.

El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.

Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Fernández de Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido (hizo un breve declaración después de CFK y se retiró sin responder preguntas) y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa. 

La audiencia de este martes fue la segunda vez que CFK abandona su domicilio desde que fue detenida el 17 de junio de 2025. La primera había sido cuando debió ser internada de urgencia por una peritonitis en diciembre pasado. Al estar en arresto domiciliario, el Servicio Penitenciario Federal no intervino en el traslado: llegó a Comodoro Py en su propio auto, acompañada por su custodia, con la tobillera electrónica como único control de sus movimientos.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu autorizó el traslado por escrito el 11 de marzo pasado y estableció que debe regresar “inmediatamente” una vez finalizada la audiencia. En su entorno no estaba definido CFK hará uso de la palabra o preferirá guardar silencio, aunque se descuenta un alegato político desde el estrado.

Desde las 7, militantes y seguidores de Cristina Fernández de Kirchner se concentraron en la puerta de su casa, en San José 1111. Los manifestantes recalcaron que el presidente Javier Milei utiliza su condena con prisión domiciliaria “para tapar el desastre” de su gestión.

CFK calificó de “farsa procesal” la causa Cuadernos y apuntó a Milei por $LIBRA

Cristina Kirchner calificó este lunes de “farsa procesal” la causa Cuadernos, denunció una operación mediática detrás de la convocatoria presencial a Comodoro Py este martes y aprovechó para atacar la gestión de Javier Milei y el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió la expresidenta, que cumple arresto domiciliario en su departamento de Constitución tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. 

Cristina apuntó directamente contra la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de convocarla a declarar de manera presencial. “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada 'Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'”, escribió. Y añadió con ironía: “Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'”.

Sobre la citación, fue escueta y desafiante: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”

En esa causa, la fiscal Fabiana León la acusa de haber liderado una asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Su abogado, Carlos Beraldi, sostiene que los cuadernos fueron manipulados y que los imputados colaboradores declararon bajo extorsión, planteos que el tribunal rechazó.

El posteo completo de CFK previo a su declaración

Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla.

El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada “Cuadernos”, que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de “presencialidad”. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras “en cuadraditos” no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el “show debe continuar”.

Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…

P/D 1: Igualmente, las fotos en las tapas o los videos en la tele no van a alcanzar para ocultar (como le gustaría a la selecta minoría que se beneficia con las políticas de Milei) las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero…

Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle…

Sólo por mencionar algunas de las imágenes de la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina.

P/D 2: Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase “la moral como política de Estado”, habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares.

En fin…

A esta altura, la pregunta que cabe es si hay alguna acción emprendida por la cúpula del Gobierno que no conduzca tarde o temprano a un episodio de corrupción desenfrenado, voraz y chapucero.

Los indicios y las pruebas se amontonan. Incluyen giros bancarios, testimonios, whatsapps impúdicos, frenesí de llamadas, fotos, videos y tropiezos de sus protagonistas cuando no les queda otra que defenderse, hasta en entrevistas arregladas.

Existen contratos sospechosos de menor y mayor escala que involucran arribistas criados bajo el ala presidencial y emporios permanentes que se adaptan a todo escenario, vigentes desde mucho antes de la patria contratista. Hasta allí, más o menos la historia de todos los Gobiernos. Lamentable, pero real.

La novedad que aporta la administración libertaria es la frecuencia e intensidad con que los rastros conducen a Javier y Karina Milei en persona, sin mediaciones, con dedicación particular por la contabilidad y los giros. No tan inesperado si se tienen en cuenta los cobros de US$25.000 por charlas de cuarenta minutos que daba el economista cuando ya se había lanzado a la carrera presidencial, en un conflicto de intereses —razonarían los hermanos— de “costo marginal” para el Estado.

El arco narrativo de la presunta corrupción mileista va desde la coima sistemática de 3% en las licitaciones de medicamentos descripta por el exíntimo amigo del Presidente, Diego Spagnuolo; la organización de una criptoestafa global; o el abuso de bienes del Estado y funcionarios que de buenas a primeras se lanzan a pagar miles y miles de dólares por vuelos privados.

La bajísima vara ética expone ejemplos de poca monta, pero reveladores. En su enésimo viaje a una convención de la ultraderecha, en este caso en Madrid, Milei recibió ayer el premio Ludwig von Mises por parte de Philipp Bagus, un fan alemán. Su esposa, la española Eva María Carrasco Bañuelos, fue designada al frente de la residencia para estudiantes Colegio Mayor Argentino en Madrid, dependiente de la Secretaría de Educación, con un sueldo de € 7.500, tal como reveló este diario hace un año. Bagus parece extasiado con la recompensa y no para de escribir libros sobre Milei.

El sello personalísimo de los Milei en casos tan variados de probable corrupción tiene un correlato en el ascenso de dos hermanos con traumática vida social y familiar, y exigua foja laboral. Por diversos motivos —talento escénico, crisis económica, fascistización de una sociedad, frustraciones políticas, azar de la historia—, los Milei están ahora en la cabeza del Estado argentino y hacen y deshacen con su sello indeleble.

Los casos de corrupción salvaje abarcan todas las magnitudes. Por lo general, chocan con la complicidad del fuero federal criminal de la Ciudad de Buenos Aires conocido como Comodoro Py, por la calle en que se encuentra su principal edificio.

Esta semana, la periodista Natalia Volosin reveló en el sitio La Justa que el fiscal Eduardo Taiano escondía hacía meses documentación clave como un borrador del contrato entre Javier Milei y Mauricio Novelli, mentor del presunto criptofraude $LIBRA. Taiano también cajoneaba registros de transferencias por cientos de miles de dólares y mensajes entre protagonistas de la estafa.

Los indicios sobre la gestión directa de Milei en el asunto —confesión del cryptobro Hayden Davis, otro mentor; visitas a Casa Rosada; movimientos de dinero; retiro de bolsos de cajas de seguridad— tenían un largo recorrido en medios nacionales e internacionales, incluidos algunos de los locales que son habitualmente amables con el Soez. Se sabía que Taiano remoloneaba, es su expertise. Descubierto su encubrimiento por la publicación de Volosin, el fiscal se vio forzado a habilitar las pruebas a las partes. El jueves, el periodista Ariel Zak reveló en C5N más información obtenida de peritajes que dormían en el expediente. Las huellas de Milei como coorganizador de la presunta estafa aparecen por todas partes.

El Presidente y su amigo y contratante Novelli se comunicaron varias veces antes y después de las 19.01 del 14 de febrero de 2025, momento en que Milei lanzó la criptomoneda $LIBRA en X. Uno en Olivos y otro en Dallas.

El mensaje del especialista en crecimiento con o sin dinero incluyó la dirección del contrato, un conjunto de más de cuarenta caracteres entre letras, números y signos. Casi en simultáneo, Novelli, Davis y otros secuaces disparaban giros, como lo habían hecho cuando visitaron la Casa Rosada dos semanas antes. Las llamadas y mensajes con Milei, su hermana, el asesor Demian Reidel y Santiago Caputo son decenas, ese día, los anteriores y los posteriores.

El mensaje del especialista en crecimiento con o sin dinero incluyó la dirección del contrato, un conjunto de más de cuarenta caracteres entre letras, números y signos. Casi en simultáneo, Novelli, Davis y otros secuaces disparaban giros

Algunos de los datos fueron recuperados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) desde archivos borrados en el teléfono de Novelli.

El 17 de febrero de 2025, días después de la estafa que habría generado ganancias de decenas de millones hasta US$180 millones para un puñado de personas, Milei dio una entrevista al periodista Jonatan Viale en el canal TN. El diálogo se hizo famoso en el mundo porque el asesor Santiago Caputo intervino y obligó a reeditar una pregunta, con anuencia de Viale y el canal de Clarín. Según informó Hugo Alconada Mon en La Nación, Milei y Novelli habían intercambiado mensajes para coordinar qué ocultar durante la entrevista, según surge del teléfono del segundo.

En un último hecho conocido que podría ser un golpe letal para la estrategia de los Hermanos, el celular de Novelli también contendría un archivo en el que se detallan pagos escalonados hasta US$5 millones a Milei, divididos en US$1,5 millones como adelanto, US$1,5 millones por un posteo en X en el que el Presidente anunciaría que Davis y la empresa Kelsier Ventures eran sus asesores, y US$2 millones por la firma del contrato.

La información fue dada a conocer ayer por los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizrahi en El Destape. El archivo, creado el 11 de febrero de 2025, tres días antes de la estafa lanzada por Milei, reproduce un mensaje de Novelli sobre su acuerdo con “H”, que sería Hayden Davis, y fue rescatado del teléfono del cryptobro por la DATIP.

Milei mintió en todo lo que adujo sobre el caso. Por empezar, en su posteo de la misma noche de la estafa, cuando borró el tuit fijado y dijo ser totalmente ajeno al asunto. Sin su intervención, la estafa no se habría consumado. Hasta ahora, eligió entrevistadores que se privaron de preguntar quién le pasó la dirección del contrato $LIBRA que posibilitó la comercialización, y que hasta entonces sólo estaba en manos de un puñado de adelantados que compraron activos minutos antes del posteo presidencial y luego se retiraron con sus ganancias exorbitantes, dejando miles de damnificados.

Ahora, ante el grave delito descripto en el celular de Novelli, le queda un camino: soltarle la mano, algo que siempre resistió. Si ocurre, todo puede pasar.

El sistema de impunidad judicial respondió con actos autómatas ante la difusión de la información escondida en el expediente. Taiano convocó a declarar a Volosin en calidad de testigo, mientras la Procuración General, a cargo del interino Eduardo Casal, formuló una denuncia por la filtración del informe de la DATIP.

Llueven datos que denotan enorme gravedad institucional, ¿aguanta el dique de impunidad?

Política marginal

Antes de las últimas informaciones sobre $LIBRA, la semana estuvo dominada por los vuelos de Manuel Adorni.

Primero, por el aventón en el ARG-01 a la experta en “coaching de vida” Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete. Iba para la Gran Manzana, pagó US$ 5.345 por un pasaje, se enteró Milei y la subió al avión estatal. ¿Le devolvieron lo pagado por el ticket de línea? No tan marginal sería ese costo. Un tuit involuntario de la radio amiga FM Jai en una visita a una secta judía y una rápida lectura del periodista de Clarín Emiliano Russo arruinaron la estadía.

Siguió la información sobre el vuelo privado a Punta del Este el 12 de febrero. Adorni, Angeletti, dos integrantes de la familia y el amigo Marcelo Grandio completaron los asientos disponibles en el Hondajet, matrícula LVHWA. En el regreso, el 17 de febrero, sólo viajaron los Adorni, tal como informó este diario.

Dada la precisión de los datos informados, que incluyó la declaración jurada de entrada y salida del país, el foco se posó en el jefe de Gabinete y vocero presidencial, con ingresos y patrimonios incoherentes con el pago de US$10.000 sólo en vuelos por un fin de semana largo. Desde Nueva York, Adorni, atribulado, remó como pudo la escasez de asistentes extranjeros a la Argentina Week, algo que quedó reflejado en fotos y selfies de funcionarios nacionales y provinciales, siempre con argentinos.

La primera línea de defensa corrió a cargo de Grandio, un periodista deportivo radicado en Uruguay al que Adorni acomodó con varios contratos en la TV Pública. En su raid mediático, Grandio dio al menos cuatro versiones: que Adorni pagó el vuelo, que cada uno se pagó lo suyo, que lo pagó él y Adorni le dio su parte y que lo pagó el Estado.

Agregó, fuera de sí, que la Argentina le debía agradecer el hecho de que hubiera viajado semanalmente a Buenos Aires en vuelos privados para hacer los programas que le consiguió Adorni en la TV Pública, que se caracterizaron por entrevistar al propio Adorni. Como según Grandio no cobraba honorarios, su presencia en la emisora estatal era inocua, similar concepto que utilizó Milei para explicar por qué había subido a Angeletti al ARG-01.

Como único recurso a su alcance, el amigo del jefe de Gabinete pretendió bajarle el precio al costo del viaje en el Hondajet operado por la empresa Alpha Centauri. Afirmó que toda la excursión le costó a Adorni US$ 3.600 o US$ 3.800.

Los ingresos declarados del jefe de Gabinete están lejos de poder afrontar ese monto, pero quedan menos lejos de los US$10.000, sobre todo, luego de que el propio Adorni dijera que el primer pasaje de Angeletti a Nueva York costó US$5.345. Sean US$8.000 o U$S15.000 en un bimestre sólo en pasajes, vuelan los dólares en el día a día de los Adorni.

El valor barajado por Grandio, luego asumido como propio por voceros del Gobierno, no sólo está largamente fuera de mercado por lo bajo, sino de lo que ofrece la propia empresa Alpha Centauri que voló con los Adorni el 12 de febrero.

Fuentes del negocio de la aviación afirman que un tramo de ida desde Aeroparque o San Fernando a Punta del Este y otro de regreso cinco días después tiene un precio de US$11.600, lo que es concordante con el presupuesto de US$10.000 emitido por una empresa menos reconocida como Alpha Centauri, adjunto en esta nota. Las firmas que dominan el mercado son Baires Fly, de Luis Grande; Royal Class, de socios de la familia Yabrán o Leonardo Scatturice; y Flyzar, de Gustavo Carmona.

Grandio explicó que el descuento en el viaje de su amigo se debió al esquema de “pata vacía”. En la jerga de la aviación, significa que una empresa es contratada con determinado destino, a precio de mercado, y luego, si consigue un interesado circunstancial, comercializa el regreso con una oferta especial para no volar vacío.

Resume una fuente del negocio. “La pata vacía existe poco en verano a Punta del Este, porque la demanda es alta, y nadie cobraría más barata la ida porque a la vuelta el avión podría estar ocupado. Si una empresa puede ganar el doble, con el avión lleno ida y vuelta, obviamente lo cobra”.

Luego, voceros gubernamentales exploraron la teoría del “taxi aéreo”, y arriesgaron valores de US$450 por persona por tramo, para tratar de que cuadrara dentro de los US$3.600 que Grandio afirmó que pagaron los Adorni. Ese precio muy barato por un vuelo privado —máxime si se lo compara con un pasaje de línea a Punta del Este, sacado a último momento, de cara a un feriado de carnaval— requeriría frecuencias regulares a un mismo destino, en horarios estables.

La teoría del “taxi aéreo” falla por varios motivos. Los vuelos de Alpha Centauri no son en horarios regulares y cambian de destino con frecuencia, según la demanda. La empresa no ofrece “taxi aéreo” en la página web ni en ninguna publicación en la web, entre otros motivos, porque sus naves son de alta gama, pero pequeñas, ineficientes para el negocio taxi.

El vuelo de ida de los Adorni y Grandio en el Hondajet LVHWA fue el 12 de febrero a las 20.21, desde San Fernando a Punta del Este. Se trató del primer movimiento de la nave ese día, es decir, el modelo “pata vacía” —se aprovecha un vuelo de regreso y se cobra menos— no corre. El avión hizo el camino inverso esa misma noche a las 21.56 —dejar el Hondajet a dormir en el aeropuerto de Laguna del Sauce en Punta del Este habría tenido un costo de US$2.000, indicó una fuente del negocio—. Una versión indica que el avión regresó vacío, aunque este diario no pudo constatar la declaración jurada presentada ante las autoridades aeroportuarias.

El valor de US$3.600 es de por sí inexplicable para la economía de Adorni y Angeletti y su declaración jurada de bienes. “Eso no quiere decir que no se haya facturado a ese valor y el resto haya sido en negro, es algo frecuente en el negocio”, indicó la misma fuente.

Ante las consultas de este diario sobre un recibo o alguna aclaración coherente, Adorni no respondió. Grandio, en cambio, solicitó dejar de ser molestado.

SL

slacunza@eldiarioar.com

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La narración de la política a partir de conspiraciones que solapan tramas del poder en principio antagónicas es muy tentadora en un país como Argentina, aunque no siempre sea tan real o genuina. Hay poderes y poderes. En la mezcolanza de intrigas, se arma un lodo en el que salen todos manoseaos y quienes discepoleanamente “viven de los otros” quedan disimulados en sus quinchos VIP, sus cuentas en Luxemburgo y sus atalayas en Miami o la Costa Azul.

Sin embargo, hay instancias en las que el tejido enhebra vínculos impensados y deja a la luz pública al sistema de poder con toda su crudeza. La verba inflamada queda achicharrada y las operaciones de prensa se reconfiguran. Las cosas son porque son, no hay espacio para declaraciones de principios.

Una vértice de esa dinámica se encontró en el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y Santiago Viola como su segundo; es decir, un integrante del tronco central de la Familia Judicial y un primo hermano de la rama de los Servicios.

Las terminales de Mahiques y Viola fueron repasadas por la prensa esta semana. Hay que hacer un esfuerzo para unir los fragmentos y conformar un texto, porque la implicancia de los reyes de los medios de comunicación en la hoja de ruta de ambos funcionarios es tan profunda, que las prevenciones sanitizantes ante el periodismo “polarizado” se tornan insuficientes.

Continuidad

Un primer dato, esencialmente político, es la ratificación de que no existiría el mileísmo sin el precedente del macrismo. Los fundamentals —dirían técnicos de ambas vertientes— son comunes.

Mahiques y Viola prestaron servicios clave en la administración 2015-2019, el primero como delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y responsable de la Mesa Judicial en la tarea de recorrer persuasivamente despachos de jueces y fiscales, y el segundo, en el radio de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la Inteligencia estatal y paraestatal.

Cada tanto, despiertan voces que destacan la “virtud institucionalista” de Mauricio Macri, frente al Javier Milei “populista”. La ensoñación dura lo que demora echar una mirada a las votaciones en el Congreso desde diciembre de 2023, con asistencia perfecta de las bancadas de Juntos por el Cambio, o al gabinete de Milei, básicamente compuesto por exministros de Macri. Con los mismos intérpretes, no hay por qué pensar que las cosas serían muy distintas.

Cada tanto, se despiertan a desgano voces que destacan la 'virtud institucionalista' de Mauricio Macri, frente al Javier Milei 'populista'. La ensoñación se evapora enseguida

Si se observa el manejo de áreas como la SIDE, las finanzas, el sistema de medios, telecomunicaciones, redes sociales y Comodoro Py, la continuidad Macri-Milei es, antes que nada, procedimental. Allí se insertan los apellidos Mahiques y Viola como articuladores.

Por algún motivo que no termina de quedar claro, aun asumiendo la pelea por los negocios del fútbol y el innegable interés público que despierta la AFA, el bimedio Clarín y La Nación ha desplegado un seguimiento desmesurado del “escándalo del Chiqui Tapia” desde hace un semestre. No hay criterio periodístico válido que justifique lejanamente la obsesión traducida en media docena de títulos diarios y horas y horas en los diferentes soportes de los dos principales grupos de comunicación de Argentina. Ni el ataque de Israel y EE.UU. a Irán, ni la Venezuela intervenida, ni la consolidación política y electoral de Milei, ni las causas ANDIS y $LIBRA, ni el juicio Cuadernos, ni las crisis futbolísticas de Boca y River, ni la persistente inflación, ni la estanflación merecieron tanto despliegue en continuado como las sospechosas cuentas del Chiqui.

Saltó la ficha de Mahiques por su presencia en la fiesta de cumpleaños de su padre en una lujosa quinta de Pilar que estaría a nombre de un testaferro de Tapia y por su papel como vicerrector de un experimento universitario de la AFA. El nuevo ministro niega en forma oblicua el festejo en la quinta: “Lo que dicen que sucedió, no sucedió”. Algún día contará lo que no dicen.

El cumpleaños 74 del camarista de Casación Federal Carlos Mahiques dividió aguas en el elenco mediático oficialista. Unos impugnan a los Mahiques como cómplices de Tapia; otros señalan a los impugnadores como deudos de Santiago Caputo, quien acaba de perder otra batalla con Karina Milei.

No todo es tan esquemático. Mahiques llega con la meta de implementar el sistema de sociedades anónimas deportivas, un esquema de negocios que mueve oscurísimos capitales multimillonarios en Europa y algo menos voluminosos en América Latina. Se supone que ese negociado va en contra de Tapia y de casi toda la oficialidad de los clubes del fútbol argentino. ¿A qué lealtad responderá el ministro?

Será, sin dudas, un funcionario poderoso, con unas doscientas designaciones pendientes de jueces que estarán al alcance de la mano en el gentil Senado que dejaron las urnas y el transfuguismo. Mucho por negociar, mucho por repartir.

Lago Ocultado

Los socios en Papel Prensa, Expoagro y Costa Salguero —reciente concesión del Gobierno de CABA— se vieron obligados a distraer de la agenda —Clarín mucho más que La Nación— el dato más importante del currículum de Juan Bautista Mahiques: su participación en la excursión al paraíso patagónico de Lago Escondido en octubre de 2022, junto a jueces —entre ellos, su padre, Carlos Mahiques—, agentes de Inteligencia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. El entierro informativo obedece a que Clarín fue el organizador del viaje.

El poder como sinónimo de impunidad —certera definición de Alfredo Yabran en su agonía— quedó expuesto sin mediaciones. Fue un festival de intereses en conflicto y delitos registrados en la mera realización del viaje y en la posterior divulgación del chat de Telegram en el que “los huemules” —así se llamaban entre ellos— tramaron maniobras y venganzas.

Mahiques, desde 2019 fiscal general de la Ciudad, se grabó con la propuesta de fraguar “alguna facturita” para poder engañar a la población y a las instituciones si a alguien se le ocurría llevar a los jueces al banquillo.

El tour a la estancia de Joe Lewis dejó huellas marcadas mucho más allá del anfitrión Clarín, los Mahiques, los otros jueces y los agentes de la SIDE.

Horacio Rodríguez Larreta, el presidenciable más firme cuando se conoció el hecho (2022), estuvo representado por dos miembros en la comitiva de Lago Escondido: Juan Bautista Mahiques, designado al frente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y todavía hoy con relación cordial, y su entonces ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.  

Alberto Fernández perdió a su jefe de Asesores, Julián Leunda, porque el chat de Telegram registró su promesa de que el viaje sería borrado de la agenda del Grupo Indalo (C5N, Radio Diez, Ámbito Financiero y otros). Tras su abrupta salida del Ejecutivo, Leunda regresó a la cúpula del multimedios de Cristobal López y Fabián de Souza.   

Cuando a mediados de 2025 López tomó las riendas de Indalo, que había estado década y media en manos de su socio De Souza, Leunda dejó la empresa. Hoy es vocal titular en River Plate y se dedica a la “consultoría de poder”, en la proximidad de Lucas Nejamkis y Antonio Jaime Stiusso, el megaespía al se le alargó el trámite de jubilación.

El recambio de autoridades de Indalo supuso la incorporación, como director de Relaciones Institucionales, de D’Alessandro, el mismo ministro de Larreta al que los chats de Lago Escondido también le costaron el puesto de ministro de CABA. Una de sus metas es suavizar las aristas de C5N y Radio 10, y enterrar la conflictividad con Clarín, algo que el Grupo Poderoso ya responde con reciprocidad.

Mahiques dice que el episodio Lago Escondido quedó aclarado por “la Justicia”. Se refiere a lo decidido en Comodoro Py. Primero, el fuero federal en lo criminal de CABA arrancó la causa desde los tribunales de Río Negro, donde se había originado, dado el aterrizaje de los huemules en el aeropuerto de Bariloche. Al juez federal Sebastián Ramos le bastaron unos pocos meses para sobreseer a los pasajeros, incluidos sus colegas de Comodoro Py Julián Ercolini y Mahiques padre. Ramos adujo que la difusión del caso surgió de un supuesto espionaje ilegal, que primero registró el viaje y luego difundió el Telegram. Atención al argumento, que volverá más abajo.

El nuevo ministro niega nexos relevantes con Eduardo “Wado” de Pedro, durante años, delegado de La Cámpora en la negociación con el fuero federal. Ambos son oriundos de Mercedes. Aunque suenen desconcertantes los modos y las zonas de acuerdo, las conexiones amistosas de De Pedro no son explicables como un arrojo o una excursión individual de quien fuera uno de los preferidos de Cristina. En el eje Patria-La Cámpora argumentan que “siempre se necesita un blanco”, y Wado es (¿era?) el suyo. Los resultados están a la vista.

Foja de servicios

El viceministro Viola tiene un perfil algo diferente al de Mahiques, de quien fue compañero de trabajo hace dos décadas y hoy es amigo personal. La foja de servicios de este hijo de la influyente abogada Claudia Balbín es menos publicable que la de su colega.

El antecedente más conocido del actual apoderado de La Libertad Avanza es que ejerció como abogado de los hijos de Lázaro Báez en la causa que Clarín tituló “ruta del dinero K”. Era 2016, primeros meses de Macri en Casa Rosada. Se sucedían los arrestos de funcionarios y allegados a Cristina Kirchner, con chaleco antibalas y casco frente a los focos de las cámaras en el prime time. Jorge Lanata dedicaba un Martín Fierro a “tortuga Casanello”, el juez que investigaba el lavado de los Báez.

En ese contexto se echó a rodar la versión de que Sebastián Casanello había visitado en Olivos a Cristina, con la confesión de dos presuntos testigos. La denuncia, tendiente a apartar al juez del expediente, fue enarbolada por Viola en nombre de los hijos de Báez, y contó con el impulso indisimulado de Clarín. Títulos principales del diario, notas con y sin firma y los programas de Lanata así lo demuestran.

Se trató de un montaje. En un recorrido inusual para los estándares de Comodoro Py, los dos testigos —un empleado de la ANSES y un chofer— admitieron haber mentido y pactaron una pena en un juicio abreviado En cambio, Viola y el fiscal Eduardo Miragaya —línea SIDE-Servini de Cubría— fueron finalmente sobreseídos. Mientras Báez y sus hijos cumplen su condena, una versión sostiene que el caso dejó heridas en Comodoro Py, con una línea más macrista y de tradición judicial, que buscó poner un freno a tropelías de Inteligencia, y otra más inorgánica y vandálica. Las consecuencias —afirman— se verán ahora, con Viola y Mahiques empoderados. Nadie debería creer que la línea divisoria es demasiado tajante.

Objetivos

El baile de nombres y conexiones lleva la pregunta de por qué Milei encara su tercer año de Gobierno con un movimiento de este tipo en la cartera de Justicia. Las causas contra Cristina marchan de acuerdo al plan, según explicitó el Presidente en su sosegado mensaje de apertura de sesiones del Congreso, por lo que la explicación transita por otras vías.

El ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, no era considerado por nadie como el titular real del área. La atribución recaía en su segundo, Sebastián Amerio, con mayor ascendencia real, pero invalidado ante Karina por su dependencia de Santiago Caputo.

Una lectura del ascenso de Mahiques y Viola que comparten fuentes de Comodoro Py es la consolidación de la estrategia de impunidad de los hermanos Milei. De las múltiples sospechas de corrupción sobre casi todos los presidentes de la democracia, en pocas un mandatario quedó tan directamente implicado como Milei en $LIBRA y ANDIS.

El frente de la criptoestafa $LIBRA cuenta con el fiscal federal Eduardo Taiano como garantía de no investigación. El expediente tiene incorporados contratos de contraprestación, constancias de movimientos entre cuentas, visitas al despacho presidencial, whatsapps e imágenes reveladores. Taiano juega al distraído. Cada tanto, emite un oficio y vuelve a pisar el expediente.

La investigación de la corrupción en la disuelta Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) descripta en detalle en los audios atribuidos al exmejor amigo de Milei, Diego Spagnuolo, tuvo hasta ahora otro destino, pero se podría torcer.

En febrero, antes de dejar el expediente en el juzgado que estaba subrogando, el juez Casanello procesó a Spagnuolo y 18 acusados por defraudación, cohecho, asociación ilícita y/u otros presuntos delitos. Los procesados son funcionarios que habían montado un sistema de corrupción en el Gobierno de Macri y fueron recontratados por Milei, empresarios y lobistas. La causa es importante por el detallado esquema que describió el procesamiento, pero también por su potencial. Según la voz de Spagnuolo, todo termina en un 3% para Karina.

El expediente quedó a cargo de Ariel Lijo tras la salida de Casanello en febrero. El fiscal Franco Picardi avanza con la investigación, en la que podría haber novedades en cuestión de días, y resiste la ofensiva para anular la causa de parte de Spagnuolo y la familia Kovalivker, dueña de Droguería Suizo Argentina, ubicada en el corazón del esquema de presunta corrupción.

La estrategia de Sagnuolo —que se siente abandonado y por momentos deprimido, según personas al tanto de su vida— es invalidar la investigación con el argumento de que los audios fueron creados con inteligencia artificial —su abogado, Mauricio D’Alessandro, presentó un peritaje realizado en España, que afirma que una parte del registro tiene rastros “sintéticos”—, mientras que los Kovalivker cuestionan el origen presuntamente ilegal de las escuchas, con el argumento jurídico del “fruto del árbol prohibido”.

Tanto Casanello como Picardi desestimaron las impugnaciones, bajo el concepto de notitia criminis, que indica que, si una autoridad toma conocimiento de un presunto delito, debe actuar. En este caso, la denuncia inicial relata hechos verosímiles, lo que se vio corroborado por la decisión de Milei de apartar a Spagnuolo de la ANDIS, sostuvo el juez.

Ni la acusación ni los procesamientos tomaron en cuenta los audios, sino que se basaron en registros contables, contenidos de teléfonos incautados, fotos, grabaciones y testimonios.

La moneda de la nulidad está en el aire. Fuentes con acceso al expediente apuntan a los argumentos de los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, en contra del voto de su colega Eduardo Farah, quienes intervinieron tras la desestimación de Casanello.

Irurzun, uno de los jueces más veteranos del fuero, de afinidad histórica con la UCR e intención de prolongar su estadía más allá de los 75 años, coincidió con Boico, exabogado de Cristina Kirchner, en ordenar que se establezca “el origen y veracidad de los audios” difundidos originalmente por el sitio Carnaval, y “exponer qué otros elementos abonaron” la investigación.

Si bien los camaristas no anularon una causa que acumula pruebas sólidas y generó un cántico popular sobre Karina y el 3%, “les están mostrando el camino a las defensas, si no para archivar, para ganar tiempo”, dice una voz con conocimiento del expediente.

Hay vías alternativas para tira la pelota afuera, como que Lijo solicite un peritaje sobre los audios en el exterior que demore meses o años.

Interesante invariante. Un fuero federal que trabaja tan codo a codo con los servicios de Inteligencia encuentra en la sospecha de espionaje ilegal un comodín al que acudir en caso de necesidad y urgencia.

Ocurrió con Lago Escondido el 23 de diciembre de 2023, días después de la asunción presidencial de Milei. Ocho años antes, el 30 de diciembre de 2015, con Macri recién llegado a Casa Rosada, la jueza Sandra Arroyo Salgado hizo lo propio —con idéntico argumento del “fruto del árbol prohibido”— con un expediente que ella misma había construido sobre una organización presuntamente extorsiva y de trasiego de información liderada por el exjefe de la SIDE y actual funcionario Juan Bautista Yofre, que abastecía con filtraciones —según describió la magistrada— a los periodistas Carlos Pagni y Edgard Mainhard. Todos fueron desprocesados.

En un tiempo, alguna tarde confundida entre Navidad y Año Nuevo, cuando pocos tengan el apellido Spagnuolo en mente, acaso algún juez dictamine el archivo de la causa ANDIS con el mismo comodín.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Comodoro Py cierra el año con un movimiento que contradice la presunción generalizada de que se transformó en un lodazal inoperante, imposibilitado de que una causa avance en un lapso menor a un lustro. La mala noticia es que el mecanismo, que resolvió en poco tiempo la instrucción, una disputa por competencia jurisdiccional y decisiones en sentido opuesto en diferentes instancias, se activó para una causa que pugna por el liderazgo en su listado de desmanes jurídicos.

El viernes, el juez federal Daniel Rafecas dio por concluida la instrucción de la causa caratulada “Biasi, Vanina Natalia s/inf. art. 3 de la ley 23.592” y envió a juicio oral a la legisladora de la Ciudad, tras procesarla por presunta incitación al odio religioso.

El caso se originó en una serie de posteos en X de Vanina Biasi, empleada no docente de la UBA, exdiputada nacional, militante del Partido Obrero (PO) e integrante del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT).

Semanas después del ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023, cuando ya se había desatado la respuesta de Israel que terminaría en el asesinato de más de 70.000 gazatíes, Biasi publicó textos como los siguientes.

“El estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”.

“Sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”.

Al fiscal Carlos Stornelli le parecieron mal esas expresiones, vio delitos consumados y radicó una denuncia, que arribó al juzgado de Rafecas el 29 de noviembre de 2023.

En la elevación a juicio de la semana pasada, Rafecas reprodujo casi todo el texto original del fiscal, pero tuvo la precaución de omitir un párrafo: aquél que citaba a “Sergio Pikholtz, vicepresidente segundo de la DAIA, quien, entre otras cosas, expresó: ‘Vanina Biasi será recordada como una de las máximas instigadoras del nazismo en la Argentina desde el comienzo de la democracia moderna hace 40 años’”.

La única persona citada como autoridad validante en la denuncia de Stornelli —Pikholtz— se volvió un problema poco después, cuando opinó en redes que “no hay inocentes civiles en Gaza, tal vez los niños de menos de cuatro años. Sin piedad con los asesinos de judíos”. El alto dirigente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) no hizo más que reproducir un discurso arraigado en ministros del Gobierno de Benjamín Netanyahu y en medios y redes de Israel y Argentina. De todas formas, la explicitación de esa idea inhumana y supremacista por parte de una autoridad de la DAIA, al tiempo que morían decenas de niños palestinos por día bajo las bombas israelíes, fue demasiado incluso en el contexto de la era Milei, que porta la crueldad como bandera. Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo mencionó en el texto que concluye su actuación.

El titular del juzgado 3 en lo criminal y correccional federal imprimió una inusitada celeridad al expediente, incluso para sus propios estándares, pese a que no es de los más lentos ni forma parte de los jueces y fiscales que actuán como si fueran digitados por los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y/o el chasis de la “mesa judicial” que instauró el macrismo en la última década, camarilla que quedó retratada en la inolvidable excursión a Lago Escondido.

El centro del debate en el expediente contra Biasi pasó a ser si la acusación al “sionismo” de “nazi” y perpetrador de un genocidio constituía un acto antisemita.

Pikholtz fue relegado y, dos años después, Rafecas, con buen tino, prefirió disimular la autoría intelectual de la denuncia que le tocó investigar: ni lo menciona en su último texto.

La dirigente del PO expresó en múltiples oportunidades dentro y fuera de la causa su rechazo a los agravios antijudíos, pero reivindica su oposición al sionismo, que es un movimiento de autodeterminación nacional en “el Monte de Sion” (Jerusalén), nacido en siglo XIX y coronado en 1948, pocos años después del Holocausto. Como la deriva posterior significó la ocupación de los territorios palestinos en un régimen que Human Rights Watch y Amnesty International califican como apartheid, y se repitieron matanzas en Gaza y Cisjordania, a veces en represalia por ataques terroristas, para la izquierda trotskista y mucho más allá, el sionismo es inescindible de lo que haga el Estado de Israel.

Para quien escribe, esa identificación es a todas luces errónea e injusta. Por empezar, porque hay sionistas dentro y fuera de Israel que denuncian el genocidio perpetrado en Gaza desde octubre de 2023. Más de un tercio de los judíos de la ciudad de Nueva York, muchos de ellos sionistas, votaron por el demócrata de izquierda Zohran Mamdani como alcalde, quien denunció repetidamente la masacre en el territorio palestino. Se trata de un principio elemental. Una cosa es el nacionalismo israelí, argentino o guatemalteco, y otra cosa es lo que hagan los gobernantes y los militares en su nombre.

Los ejemplos de israelíes sionistas, sobrevivientes del Holocausto o sus descendientes que expresan solidaridad con las víctimas de Netanyahu y sienten ofendida la memoria del pueblo judío son numerosos, algunos muy notables. Entre ellos, Omer Bartov, profesor de Estudios del Holocausto y de Genocidio en Brown University, exsoldado del Ejército israelí, quien escribió en julio pasado en una columna en el New York Times: “Es una conclusión dolorosa, a la que me resistí todo lo que pude. Israel está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino”.

Salta a la vista

El paso del tiempo no favoreció la ofensiva contra Biasi. Los muertos palestinos, que a fines de 2023 eran miles, pasaron a ser decenas de miles, y llegarían a centenares de miles por la crítica situación humanitaria en Gaza, según proyecciones académicas de universidades europeas y estadounidenses. La palabra “genocidio” comenzó a ganar terreno y llegó a la boca del papa Francisco, académicos como Bartov, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo, gobernantes como Gabriel Boric y Pedro Sánchez, y expertos de máximo nivel que elaboraron un informe para el Consejo de DDHH de la ONU. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes de guerra y la Corte Internacional de Justicia tramita una causa contra el Estado de Israel bajo la figura de genocidio.

En todo caso, la acepción de sionismo, si Israel comete o no un genocidio, si los palestinos no merecen un Estado hasta que repudien unánimemente los actos terroristas de las Brigadas Al Qassam de Hamás o si los palestinos o los judíos deben ocupar todo el territorio “desde el río hasta el mar” —lo que supone la no existencia del país del otro— forman parte de debates políticos, que pueden ser altisonantes o agresivos, pero legítimos. El límite debería ser el derecho internacional. Sobran expresiones de líderes árabes que rechazan la mera existencia de Israel como país, sin ningún reconocimiento de derechos a sus diez millones de habitantes. También ocurre lo contrario: políticos israelíes que llaman a terminar de ocupar Gaza y Cisjordania, e impedir para siempre la creación de un Estado palestino. Salta a la vista una diferencia. Esto último está ocurriendo.

El expediente contra Biasi transcurrió entre argumentos, testigos y amicus curiae que apuntaron que ser antisionista equivale a ser antisemita, y quienes defendieron el derecho a denunciar un genocidio.

En paralelo, surgió otra causa, que esta vez tuvo a Biasi como denunciante. En las semanas siguientes al ataque de Hamás, la entonces diputada nacional recibió unas 250 amenazas de muerte. Gran parte de los mensajes recibidos fueron proferidos por alumnos adolescentes que incorporaron su número a la fuerza a chats grupales, a veces compartidos con sus padres.

Uno de los mensajes recibidos:

“Antisemita Hdp,”Ojalá te mueras con los árabes“, ”Basura“, ”Te van ir a buscar“, ”Forra“, ”Hija de puta, negra de mierda, la concha de tu hermana, puta barata, palestina hija de puta, chupame bien la poronga hija de puta. Te voy a re cagar a tiros hija de puta, puta barata. Chupamela y haceme un pete puta del orto. Te voy a tirotear y te voy a descuartizar la cabeza hija de puta“.

El autor de este texto emitido el 10 de octubre de 2023 por la noche fue el empresario textil Marcos Ezequiel Attar Cohen, entonces de 27 años. Fue condenado a realizar en probation los cursos “Discriminación, un problema social que nos convoca a todos” y “Comportamiento ciudadano”, y a pagar $100.000.

Rafecas procesó a Biasi por inicitación al odio en abril pasado, semanas antes de la elección a legisladores de la Ciudad, para las que la dirigente trotskista encabezaba la lista del FIT. Una fuente con acceso al expediente explicó que los dichos de Biasi “prácticamente estaban instigando un nuevo atentado antisemita”, una hipérbole imaginativa que parece reflejar la debilidad del procesamiento.

En agosto, antesala de las legislativas de la provincia de Buenos Aires, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia —camaristas puestos en comisión por Mauricio Macri— junto a su colega Mariano Llorens, ratificaron el procesamiento. En octubre, el mismo tribunal dispuso que el expediente debía ser tratado en la Justicia ordinaria de la Ciudad (no federal), pero la semana pasada, la Cámara de Casación Federal ordenó lo contrario. Con la “instrucción” concluida, Rafecas decidió habilitar el juicio oral.

Parecido y diferente

De Stornelli, el denunciante original, no hay mucho por agregar. Hace años que sus decisiones parecen una huida hacia adelante motorizada por los presuntos delitos que cometió, como tentarse con plantarle droga al ex de su actual pareja o hacerle una cámara oculta a un abogado defensor con fines extorsivos. Cabe reforzar el adjetivo “presunto”, porque la camarilla de Comodoro Py fue implacable para enterrar cualquier posibilidad de investigación que afectara a uno de sus principales miembros.

Tampoco es necesario abundar sobre el fiscal asignado a investigar la denuncia contra Biasi, Eduardo Taiano, el mismo que estaqueó el expediente de la estafa $LIBRA que involucra a los hermanos Milei, y mantiene con respirador artificial la causa por el suicidio de Alberto Nisman, impedido de avanzar por sus propios desmanejos

La trayectoria de Rafecas es distinta. No sólo sería un error ubicarlo dentro de la trama más sórdida de Comodoro Py, sino que padeció la artillería que ahora celebra sus decisiones. Fue uno de los jueces de primera instancia más incisivos y eficientes en las causas de lesa humanidad durante la última década. En sus decisiones, profundizó en la vertiente que estudia los nexos teóricos y procedimentales entre el terrorismo de Estado en Argentina y el Holocausto.

Diez años atrás, cuando demostró con argumentos contundentes que la denuncia de Nisman contra Cristina por supuesto encubrimiento de los responsables del atentado a la AMIA constituía un engendro mal elaborado, Rafecas fue puesto en la mira por el Grupo Clarín, la DAIA y la Asociación Empresaria Argentina. El diario La Nación publicó solicitadas a repetición en su contra, encabezadas por la firma Saguier.

No existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.

Pasó el tiempo, el juez reparó diferencias con la DAIA, se dejó halagar en actos públicos; salió de la mira de Clarín y La Nación; administró los tiempos de las causas sensibles —signo de identidad de Comodoro Py— y soportó la oposición de Cristina a su designación como procurador general, en el marco de la pelea entre la entonces vicepresidenta y Alberto Fernández.

Así recompuso su imagen hasta que llegó al punto de que de su firma salió un procesamiento con argumentos pueriles y el ocultamiento del mentor de la denuncia —Pikholtz— contra una dirigente que denunció el presunto genocidio en Medio Oriente.

Desde el punto de vista de la libertad de expresión, resulta irrelevante si un fiscal, un juez o un periodista aprueba el uso de determinados términos. Se puede polemizar con el abordaje de Biasi sobre Gaza, pero no existen en democracia tutores de las palabras, puesto que se autoasignó Rafecas.

Subyace un fin último, con seguridad, el más importante.

En pocos países como Argentina hubo tal silencio ante la matanza en Gaza, definido por historiadores como el primer genocidio constatado en tiempo real a través de las redes sociales. Los dirigentes políticos que denuncian lo mismo que Bartov o Francisco son contados. A saber: los legisladores del FIT, algún kirchnerista que compensa con otro en sentido contrario, Juan Grabois, el exPRO Nicolás Massot y pocos más. En el peronismo prima el silencio, mientras que, en la derecha y la ultraderecha, la adhesión a Netanyahu y Donald Trump es una prueba automática de identidad.

Así, queda consumada una paradoja. En un país cuyo Presidente agravia, insulta y amenaza impunemente, con frecuencia diaria, a personas por su ideología (“zurdos de mierda, los vamos a perseguir”), a determinados trabajadores (“no odiamos lo suficiente a los periodistas”), a familiares de desaparecidos (Lemoine, su maquilladora, se rie de quienes fueron arrojados al río); trata como subhumanos a quienes se oponen a sus políticas, expresa misoginia sin inhibiciones, discrimina a los musulmanes y todo aquel que no forme parte de lo que entiende como Occidente y atribuye perversiones a los gays (“son pedófilos”), Rafecas elige llevar a juicio a una de las pocas voces del espacio público que nombra la palabra Gaza.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, se presentó este jueves en los tribunales de Comodoro Py acompañado por su abogado Maximiliano Ruscon para cumplir en prisión la condena de cuatro años impuesta por la Tragedia de Once, luego de que la Corte Suprema dejara firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 4.

El abogado defensor, Maximiliano Rusconi, había solicitado el beneficio de la detención en su domicilio en razón de la edad del exministro, de 75 años, y su estado de salud, pero el tribunal rechazó el planteo y ratificó la citación para el 13 de noviembre de 2025. Quedaría alojado en el penal de Ezeiza.

En un comunicado titulado “Una nueva decisión arbitraria y violatoria de los derechos humanos fundamentales”, Rusconi calificó de “arbitraria” la decisión judicial y cuestionó la “velocidad sospechosa y oportunismo evidente” con la que, según él, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja presentado por la defensa.

El letrado adelantó además que realizará una presentación ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, por considerar que la medida vulnera los derechos de su defendido.

El fallo firmado por los jueces Fernando Canero, Ricardo Ángel Basilico y Néstor Costabel determinó “mantener indefectiblemente la convocatoria” y negar la prisión domiciliaria, dejando sin efecto los argumentos esgrimidos por la defensa.

De Vido está condenado por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

Según el fallo del TOF 4, integrado por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñíguez, el Ministerio de Planificación no controló el destino del dinero a pesar de los informes públicos que advertían sobre el mal funcionamiento del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena y la defensa recurrió ante la Corte Suprema; en 2024, el máximo tribunal confirmó la responsabilidad penal de De Vido por defraudación, aunque ordenó revisar el monto de la pena, que finalmente fue fijada en cuatro años de prisión.

Con el rechazo a los planteos de las partes, la Corte Suprema dejó firme la condena y desestimó el último intento de la defensa que buscaba la prescripción de la causa.

Con información de NA

La Cámara Federal de Casación Penal convocó para el martes próximo a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 7 para definir la organización del juicio por la causa Cuadernos, ante la gran cantidad de imputados y la complejidad del expediente.

La decisión fue adoptada por Casación en el Acuerdo de Superintendencia celebrado este martes, bajo la presidencia del juez Daniel Petrone e integrado por los magistrados Gustavo Hornos, Angela Ledesma, Carlos Mahiques y Mariano Borinsky.

Según la resolución, a la que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, el objetivo es “abordar las herramientas necesarias que se pueden adoptar desde la Cámara, para coadyuvar con la mayor eficacia, eficiencia, celeridad e inmediación de dicho juicio”.

La reunión está prevista para el martes 18 de noviembre en la Sala de Acuerdos de Casación y en horario a confirmar.

El llamado se produce mientras el TOF 7 avanza con un proceso judicial que fue caracterizado como el más extenso del fuero penal federal: la causa comprende más de 300 hechos de presunta corrupción, 87 imputados y la declaración prevista de unos 400 testigos.

En los tribunales existe creciente preocupación por la duración que podría tener el debate, que actualmente se realiza con una audiencia semanal y modalidad mixta presencial-virtual, un esquema que podría extender el proceso durante varios años.

En resoluciones previas, Casación ya había advertido que ese ritmo “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la razonabilidad de los plazos procesales.

El Consejo de la Magistratura trabaja en la habilitación de una nueva sala en Comodoro Py para afrontar las exigencias logísticas del juicio, que requiere espacio para más de 200 asistentes por audiencia entre imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales.

Se trata del juicio penal más extenso en curso y las audiencias se realizan una vez por semana, en formato mixto presencial y virtual, lo que según fuentes judiciales podría extender el debate durante un largo período.

En la Corte Suprema de Justicia se sigue con atención el desarrollo del caso y se analizan las posibles consecuencias que una duración excesiva podría acarrear sobre los principios de celeridad y eficacia procesal.

También se examinan las dificultades estructurales que enfrentan los tribunales orales para llevar adelante juicios complejos, con limitaciones de espacio, personal y tecnología.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales se mencionan además los problemas logísticos que rodean el juicio, entre ellos la necesidad de albergar a más de 200 personas por audiencia, lo que incluye imputados, defensores, querellantes y funcionarios judiciales. Esa situación afecta la dinámica del debate y podría traducirse en mayores demoras.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio; en esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una frecuencia semanal “limita el dinamismo inherente al debate oral y público” y compromete la duración razonable del proceso y, en consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias.

El Consejo de la Magistratura también intervino para intentar acelerar el desarrollo del juicio; el organismo se encuentra trabajando en la habilitación de una nueva sala de audiencias en el edificio de Comodoro Py, con mayor capacidad y soporte técnico para transmisiones remotas.

Fuentes del Consejo señalaron que “un proceso de esta magnitud no puede sostenerse con una audiencia semanal” y subrayaron la necesidad de reforzar los equipos de trabajo para evitar que el juicio se convierta en un problema estructural para el sistema judicial.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Una forma de constatar si el Caso Cuadernos representa “el mayor juicio contra la corrupción de la historia” o una fraudulenta maniobra judicial es dar cuenta de la versión oficial de quienes edificaron el expediente: el diario La Nación, el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

En septiembre u octubre de 2017, un expolicía, José Bacigalupo, recibió una caja cerrada de manos de su conocido Oscar Centeno, un exsargento y exchofer del ex subsecretario de Planificación Federal Roberto Baratta. Bacigalupo sintió curiosidad porque Centeno le comentó la sensibilidad de la información contenida en la caja, la abrió y se encontró con una bitácora con fechas, lugares, montos, coimeros y coimeados, anotados en ocho cuadernos a lo largo de varios años. Estaban mencionados buena parte de los empresarios más acaudalados del país y el entramado de obras públicas de los gobiernos de los Kirchner. El escándalo golpeaba, literalmente, las puertas de Cristina.

Bacigalupo sentía —según contó a La Nación— que el problema del país no eran “los que están (Macri), sino que éstos (Cristina) van a volver si no se los para”. Tamaña vocación ética y republicana empujó al expolicía a entregar el material a su vecino Diego Cabot, a quien admiraba por su trabajo periodístico. Era enero de 2018, cuando el Gobierno de Cambiemos comenzaba a empantanarse por el fin del festival financiero y el recorte de 20% de las jubilaciones, versión macrista de la motosierra. Bacigalupo olfateaba —con alguna razón— que Cristina podía volver.

La Nación clasificó y fotocopió el contenido de los ocho cuadernos, y los devolvió a Bacigalupo el 21 de marzo de 2018. El expolicía reintegró los textos a Centeno, quien le reprochó que la caja estuviera abierta. La queja, por suerte, se desvaneció en el instante, según contó el expolicía a Cabot.

Pocos días después, La Nación contactó al fiscal Carlos Stornelli. El medio entendió que debía coordinar las acciones con el fiscal que se había transformado en un azote de los funcionarios kirchneristas desde Comodoro Py, junto al juez federal Claudio Bonadio. Éste había intentado avanzar contra Baratta y su histórico jefe, Julio de Vido, en una causa por la compra de gas natural licuado, pero tuvo un traspié porque un perito plagió su informe con fuentes inconexas de internet. La frustración, que ya entonces estaba expuesta, no impidió que el mismo juzgado absorbiera la denuncia que llegaba desde Bacigalupo por intermedio de La Nación.

El diario analizó que la publicación del contenido de los cuadernos sin la venia de Stornelli y Bonadio daría tiempo a que los nombres anotados por Centeno eliminaran pruebas o se dieran a la fuga. Correspondía —evaluó La Nación— darle cuerpo a una causa en beneficio del país, al costo de resignar el valor periodístico esencial de informar con plena libertad.

“Avanzá”

Pasaron unos meses y llegó el momento. “Avanzá lo antes que puedas”, instruyó una fuente de Comodoro Py a Cabot el 30 de julio de 2018. Al día siguiente, el periodista se reunió con Bacigalupo y Stornelli en un café en la intersección de Cabildo y Federico Lacroze, barrio de Belgrano.

El expolicía que había descubierto ese tesoro periodístico sintió algún remordimiento porque la judicialización del caso perjudicaría a su compinche Centeno, quien había confiado en él al entregarle los cuadernos en custodia. “Yo le dije al Negro que iba a terminar preso si no se presentaba ante la Justicia”, se consoló Bacigalupo.

El 1 de agosto de 2018, el diario conservador informó en un título secundario de tapa que Centeno había sido arrestado, sin mayores detalles. “Coimas: una detención impacta al kirchnerismo”. Fue una forma sigilosa de dar la campana de largada y pisar la primicia. En la madrugada de ese día, con los diarios en proceso de distribución, se dispararon decenas de allanamientos y arrestos gestionados por Stornelli y aprobados por Bonadio.

La Nación se felicitaría en las horas posteriores por “privilegiar la institucionalidad a la primicia”. Tuvo su recompensa. Con el dato de los allanamientos que le habían pasado desde Comodoro Py, consiguió la foto exclusiva de Baratta saliendo de su domicilio en Belgrano, esposado y con la mirada desconcertada.

Además de Cristina y funcionarios de su Gobierno, el festival de nombres lanzados entre el 1 y el 2 de agosto de 2018 incluía a íconos del mundo empresarial como supuestos pagadores de coimas: Corporación América (Eurnekián), Roggio (Aldo Roggio), IECSA (Calcaterra-Macri), Electroingeniería (Ferreyra), IMPSA (Pescarmona), Isolux, Taselli, Chediack, MSU (Santos Uribelarrea), Albanesi (Loson), Panedile (Dragonetti), Esuco (Wagner) y otros.

Sin embargo, uno en particular, acaso el más relevante del firmamento económico argentino, no fue mencionado ni por La Nación ni por Stornelli en su raid mediático de aquellas horas. Pasarían tres días hasta que Infobae, tras acceder a los textos, titulara el 4 de agosto: “Los detalles de los traslados de ‘bolsos’ y ‘paquetes con dinero’ entre el Grupo Techint y el departamento de los Kirchner”.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

Resultó que el chofer de Baratta había constatado nueve visitas a la sede de Techint para trasladar “bolsos” y “paquetes”. En particular, el contacto del Gobierno de los Kirchner con Techint había sido a través de Héctor Zabaleta, encargado de operaciones no estructuradas, y Luis Betnaza, principal ejecutivo del grupo y mano derecha de su mayor accionista, Paolo Rocca.

¿Por qué se habrán privado La Nación y Stornelli de poner el foco en el mayor emporio económico argentino, cuyo patrimonio y actividad habían crecido exponencialmente durante los Gobiernos de los Kirchner y Macri?

La respuesta se terminaría de redondear con el tiempo.

Rocca asumió la responsabilidad días después de los allanamientos iniciales. Dijo que había entregado millones de dólares en coimas para “defender a nuestra gente” en Venezuela luego de la decisión de Hugo Chávez de expropiar la siderúrgica Sidor, en 2008. “Entiendo que Luis Betnaza cedió a una exigencia del Gobierno de aquel entonces (de Cristina)” para organizar la salida de cientos de empleados de ese país, que supuestamente se encontraban en condiciones apremiantes. Cabe intuir que la amenaza de Chávez a Rocca por la integridad física de sus ejecutivos fue bastante silenciosa, porque no había habido ninguna noticia por el estilo entre 2007 y el 16 de agosto de 2018, cuando Rocca explicó lo sucedido.

Esa versión no es la que reflejaron los documentos diplomáticos estadounidenses expuestos en los cables de WikiLeaks. Por el contrario, esos textos confidenciales expusieron reuniones del embajador estadounidense con Rocca que dieron cuenta de una coordinación acompasada entre la empresa y el Gobierno de Cristina para reclamar a Chávez una indemnización. Si el accionista de Techint tenía alguna preocupación por sus empleados, no la mencionó a la Embajada de Washington en Buenos Aires. Al embajador estadounidense le sorprendió el generoso monto de la compensación obtenida por Techint: US$1.970 millones.

En 2021, el juez federal Julián Ercolini, con la causa derivada en su juzgado tras el fallecimiento de Bonadio, dio por probada la entrega de dinero a Baratta por parte de Techint, pero argumentó que obedeció a “razones humanitarias” para salvar a su gente de las represalias de Chávez. Rocca, Betnaza y Zabaleta fueron sobreseídos. Stornelli no apeló, tampoco lo hizo en tiempo y forma la Unidad de Información Financiera bajo el Gobierno de Alberto Fernández, y la decisión quedó confirmada.

Las sortijas del fiscal

Otro pilar de la causa son los arrepentidos.

Según informó La Nación el 8 de agosto de 2018, Stornelli les dijo a los abogados de un ejecutivo de Isolux que no había “sortijas para todos”, como si el arrepentimiento no fuera una delicada figura penal acorde a pautas estrictas, sino una zanahoria a discreción del fiscal.

Quienes obtuvieron sortijas fueron más de treinta imputados entre empresarios, exfuncionarios y dos figuras centrales en el caso: el chofer Centeno y José López, aquel de los bolsos en el convento, ícono esperpéntico de la corrupción en los años de los Kirchner en Casa Rosada.

La ley establece que un arrepentido no puede ahorrarse información ni obstaculizar el desarrollo de la causa. Si esos extremos se comprueban, los beneficios otorgados se revierten, la pena se agrava y lo presuntamente confesado pierde valor. Centeno tuvo suerte.

Disparadas las primeras detenciones, Stornelli se lanzó con cierta desesperación a buscar los originales de las anotaciones, ya que sólo había recibido las fotocopias entregadas por La Nación. El fiscal allanó varios domicilios, sin éxito. Unos días después, Centeno confesó que había incinerado sus cuadernos Gloria, Convenor, Rivadavia y América en el mes de mayo de 2018, por sugerencia de un amigo. Su relato fue pormenorizado. “Me fui al fondo donde está el quincho y en la parrilla los rompí uno por uno, los amontoné y los quemé. Me quedé atizando el fuego hasta que se terminaron de quemar”. Es decir, el chofer no colaboró, pero, no obstante, Stornelli aceptó sus confesiones y le concedió la libertad.

Centeno vivió desde entonces en una casa en Capital Federal a costa del erario público. Un año y medio después de su afirmación de que había quemado los cuadernos, éstos aparecieron sanos y salvos, menos uno, el quinto. Un desconocido abordó a Cabot en una esquina de Núñez como lo había hecho tiempo antes Bacigalupo. Tampoco ese giro implicó la revocatoria de la condición de colaborador de Centeno, lo que habría desmoronado buena parte del expediente.

Uno de los imputados, Armando Loson, accionista de la generador eléctrica Albanesi, detectó que su nombre había sido anotado en un cuaderno como Marcelo, y luego apareció corregido con otra letra. Encargó un peritaje y detectó cientos de presuntas modificaciones. Este año, informes oficiales de Gendarmería y Policía Federal incorporados al expediente confirmaron la existencia de tachaduras, enmiendas con corrector y agregados de terceros autores. Todo ello, en contenidos clave, como direcciones, nombres y montos de dinero. Otro peritaje de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA reportó recursos lexicográficos distintos entre un cuaderno y otro, como si hubieran sido escritos o pensados por personas diferentes.

Jueces como fichas

A la turbiedad del origen de la causa direccionada al tándem Stornelli-Bonadio, premios y castigos a través de supuestos arrepentimientos e influencias políticas y económicas, y la prueba original que resucitó de sus cenizas como el Ave Fénix, se suma la composición del tribunal.

Un clásico de Comodoro Py consiste en manosear las causas hasta que son desplazados los jueces inconvenientes y quedan a cargo otros que ni siquiera corresponden al fuero penal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los tres integrantes del tribunal que juzgará a Cristina, Germán Castelli, forma parte del cardumen que fue trasladado a dedo a Comodoro Py por el Gobierno de Mauricio Macri, sin cumplir el requisito constitucional, en 2018. La Corte Suprema ya determinó que esas designaciones no son válidas, pero los trasladados seguirán en el cargo hasta que sean designados los ocupantes definitivos, con el voto del Senado. En otra de las piruetas absurdas del máximo tribunal, hace años imparten justicia magistrados que entraron por la ventana al fuero de las causas más políticas del país.

Una jueza suplente del tribunal oral, Gabriela López Iñiguez, que no responde a la mesa judicial que mueve las fichas en Comodoro Py, fue separada del caso porque en otro expediente dedicó párrafos críticos al fiscal Stornelli. Sus colegas intuyeron que podía ser parcial. En su lugar fue designado Néstor Costabel, recusado por Cristina porque ya actuó en otros expedientes que la tuvieron como imputada, pero resultó confirmado en el puesto. Por la aparente salud delicada de un magistrado titular, se supone que el primer suplente deberá actuar pronto.

Una mirada mínimamente legalista obligaría a diseccionar “el mayor juicio sobre corrupción de la historia” para separar la podredumbre y salvar indicios que, en efecto, alumbran una corrupción sistemática con la obra pública y las concesiones durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En un fuero federal dominado por patas del macrismo, los servicios de Inteligencia, el Grupo Clarín y una aristocracia judicial anquilosada, no caben esperanzas de que se cumpla el debido proceso.

El debate oral tendrá que escuchar a 71 imputados y más de seiscientos testigos. Salvo alguna maniobra procesal para economizar tiempo, cabe prever que el caso permanecerá abierto varios años. Si se quiere leer la influencia electoral que tendría otra sentencia condenatoria sobre Cristina, habría que pensar más en 2031 que en 2027.

El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso

En cualquier caso, el latido de un caso con estas características alimentará el engranaje que mueve la política argentina hace años. Un sector farisaico de la política, las instituciones y los medios clamará a los cielos ante algún testimonio o detalle “revelador”. Habrá indignaciones lacerantes en las noches televisivas de Clarín y La Nación, comunicados compungidos de alguna asociación empresarial y tuits lanzados por Fernando Iglesias desde su palacete en Bruselas.

Cristina y los suyos argumentarán que el proceso no es más que un escarmiento por su atrevimiento a meterse con “el poder real”.

Sin respuestas

La expresidenta tiene argumentos para señalar un mecanismo sistemático que la tiene a ella en el banquillo y a sus acusadores, impunes. La lentitud y negligencia en todo lo que atañe a Macri y Javier Milei son proporcionales a la animadversión en contra de Cristina.

La proclama será levantada en el expediente y en la política. El eje Cámpora-Instituto Patria arrinconará a los adversarios del campo peronista y de izquierda para que se definan sobre la injusticia en curso. Exigirá que cualquiera que esboce una candidatura pose con el cartel “Cristina Libre” como elemento central de campaña. Mientras, una gran mayoría de la sociedad seguirá pensando que la expresidenta es culpable y muchos hasta gozarán con la arbitrariedad en su contra, con lo que la derecha no se resistirá al incentivo de mantener el mecanismo vigente.

Nada de ello ahorra a Cristina y los suyos la necesidad de hacerse responsable de preguntas elementales.

Estas cuestiones, entre muchas otras, ya no serán respondidas por los Kirchner. Las tropelías judiciales que se cocinan en Comodoro Py les brindan un puente de plata para eludir explicaciones, con una razón legítima. En un sistema democrático, rigen el principio de inocencia y el derecho de defensa.

Sin embargo, la letanía de que toda acusación sobre corrupción responde a una “venganza” por aquellos años “maravillosos” no es lo que cabe para un nuevo liderazgo que se proponga pensar un futuro del peronismo y que el país salga de la encerrona en que se encuentra.

Las nuevas melodías deben exigir el respeto al estado de derecho, a la vez que retomar la decencia como bandera del progresismo y/o el peronismo. Sin atajos ni explicaciones pueriles que agravian el sentido común.

Si no es por convicción, que sea por estrategia.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La noche del viernes en la Casa Rosada tuvo aire de intriga cortesana. Minutos después de que el streaming Carnaval difundiera los primeros audios atribuidos a Karina Milei, los despachos de Balcarce 50 se convirtieron en un escenario febril. La hermana del Presidente permanecía en el lugar, pero no en la sala donde se tramaba la respuesta: allí, en el despacho de Santiago Caputo, se reunían su mano derecha, Manuel Vidal, junto al vocero Manuel Adorni; el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y, sobre todo, Santiago Viola. El apoderado de La Libertad Avanza se movía de un lado a otro como emisario permanente entre el asesor estrella y la Secretaria General de la Presidencia. Esa imagen, la de Viola entrando y saliendo, condensaba el estado de alarma de un poder que se sabe vigilado.

La decisión política fue inmediata, pero la acción judicial se concretó recién este lunes: el Gobierno presentó dos denuncias. Una, civil y comercial, que derivó en una cautelar firmada por el juez Alejandro Maraniello ordenando frenar la difusión de los audios. Y otra, penal, en el juzgado federal 12 a cargo de Julián Ercolini, por supuesto espionaje ilegal. En el escrito de 20 páginas, redactado por el Ministerio de Seguridad y rubricado por Fernando Soto, se describió una “operación de inteligencia clandestina” con patrones “rusos y chavistas”, destinada a desestabilizar al Ejecutivo en plena campaña. La medida cautelar de Maraniello incluso involucró al ENACOM para que frenara la circulación de las grabaciones.

Pasado el mediodía, el vocero Adorni fue el encargado de anunciar la novedad. Publicó en X la frase que sintetizó la estrategia oficial. “El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral”, escribió, antes de precisar que “se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo”. Y remató: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”.

En la denuncia presentada en Comodoro Py, el Gobierno identificó como responsables de la supuesta operación a los periodistas Mauro Federico y Jorge Rial; al dirigente Pablo Toviggino, y al operador Franco Bindi. No se trata de una enumeración inocente: cada nombre carga con un trasfondo distinto. Federico y Rial, comunicadores con larga trayectoria en medios; Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los dueños del canal de streaming Carnaval donde se difundieron las grabaciones; y Bindi, abogado y empresario de medios, actual pareja de la diputada Marcela Pagano. La mención conjunta de estos actores funcionó como un gesto político: marcar un mapa oficial de sospechosos que vincula a periodistas, dirigentes del fútbol y operadores judiciales con el escándalo. A su vez, en la denuncia, la cartera que comanda Patricia Bullrich también llama a allanar los domicilios particulares de los involucrados.

En el caso de Toviggino, además, pesa el antecedente inmediato de su enfrentamiento con Guillermo Francos. Apenas un mes atrás, el jefe de Gabinete lo acusó de “jugar un rol político” junto a Claudio “Chiqui” Tapia por la decisión de la AFA de habilitar el regreso del público visitante a los estadios, a lo que Toviggino respondió en X llamándolo “hombrecito de dientes amarillos”. El cruce se reeditó ahora con los audios: la semana pasada, Francos lo señaló como “una expresión del kirchnerismo”, al tiempo que en la Casa Rosada se reforzaba la hipótesis de que Carnaval no solo había sido la plataforma de difusión, sino también parte de la operación.

Otra sombra que sobrevuela Balcarce 50 es la de Marcela Pagano. La diputada, recién escindida de La Libertad Avanza, irrumpió el miércoles en el Congreso con un discurso explosivo contra el propio Francos en el que buscó instalar a José Luis Vila, actual secretario de Estrategia Nacional, como responsable de las filtraciones de Spagnuolo.

Fue una intervención que sonó más a alegato judicial que a interpelación parlamentaria, y que obligó al jefe de Gabinete a defender a Vila públicamente como “uno de los especialistas más importantes en inteligencia”. La jugada, leída como un movimiento de Pagano para reposicionarse desde afuera del oficialismo, reforzó en el Gobierno la sospecha de que la diputada y Bindi, figura de fuertes vinculaciones con el submundo de la inteligencia, podían estar detrás de la operación.

A fondo

El clima interno en el Gobierno es de cierre de filas. Las propias rencillas libertarias quedaron en suspenso, al menos por unas horas, ante lo que todos calificaron como “gravísimo”. La voz de Karina, grabada supuestamente dentro de la Casa de Gobierno, convirtió el episodio en algo más que una filtración: un asunto de seguridad nacional. “Si eso ocurrió, no tiene precedentes”, reconoció Guillermo Francos, que descartó la hipótesis de fuego amigo pero abonó la idea de una “gran operación opositora”. Esa reacción contrastó con lo ocurrido días antes en el caso Spagnuolo, donde la administración libertaria había mostrado desorientación y falta de reflejos. Con Karina en la mira, en cambio, la respuesta fue inmediata y coordinada: de la parálisis a la contraofensiva.

Puertas adentro, mientras tanto, el operativo de urgencia reveló también el desconcierto. Nadie sabía qué otros materiales podían difundirse, ni de qué época eran las grabaciones. Algunos colaboradores especulaban con micrófonos ocultos, otros con funcionarios infieles en la periferia de Karina. La hipótesis que predomina es que no se trató de una pinchadura sofisticada, sino de un celular de alguien presente en la reunión, lo que multiplica las sospechas y erosiona la confianza en el primer anillo del poder.

Así y todo, en Balcarce 50 interpretan que quienes difundieron los audios “hicieron una de más”: al involucrar a Karina con un material sin peso sustancial, la “operación” habría quedado al desnudo como un golpe mediático antes que judicial. La preocupación, sin embargo, excedía lo electoral: en el mismo ámbito donde se cree que se hicieron las grabaciones pasaron delegaciones internacionales y jefes de Estado. Por eso, en paralelo, se evalúan nuevos protocolos de seguridad a cargo de Casa Militar, conscientes de que la filtración golpea no solo a la hermana del Presidente sino a la investidura presidencial en su conjunto.

Durante el fin de semana, el eco de los audios resonaron como una advertencia: la vulnerabilidad estaba dentro. Y al calor de la campaña, el Gobierno ensaya un relato de victimización que le permite unificar tropa, poner nombres propios en la mira y denunciar que detrás de los audios opera un dispositivo clandestino destinado a erosionar al oficialismo en las elecciones legislativas. Pero debajo de esa unidad forzada persiste la tensión: los servicios de inteligencia, con sus facciones y sus fantasmas, vuelven a ser el escenario donde se define la política.

PL/MC

El Mundo de los Hermanos Milei mostró tres de sus facetas constitutivas en la semana que pasó.

Sobre todo, el mal mayor del texto ultraderechista: la Libertad Avanza (LLA) carece de un solo senador con un universo lexicográfico superior al de un niño de cuarto grado

Ante esta escena de inspiración mileísta, cabe preguntarse cuál es la interpretación posible de un inversor extranjero, que podría tener los dólares que le faltan a la economía argentina.

Desde Manhattan, Londres o Hong Kong, el hombre o la mujer en cuestión seguramente tendrá afinidad epidérmica con un libertario con motosierra en un país del sur. Podría no preocuparse por peligros autoritarios, excentricidades y estafas cripto, pero sabrá sacar cuentas. Si escucha a un Presidente y a su ministro alertar que “quieren dar un golpe institucional” y “lo único que les interesa es volver para robar”, y constata que los mentores de tan aviesas intenciones se las ingenian para sumar a tres cuartos del Senado y a “todos” los gobernadores, lo mejor —en la propia lógica del Gobierno— es mantenerse lo más lejos posible. Está en riesgo la estabilidad cambiaria y el descenso inflacionarios, logros exclusivos de un plan que deterioró el empleo, forzó la deserción estatal de las funciones más básicas, hundió jubilaciones y fijó los precios del supermercado entre los más caros del mundo.

Las seguridades del ultra

En un arco narrativo que va de catástrofes bíblicas a penetraciones inconmensurables, Milei reaccionó a la derrota legislativa con la enunciación de tres seguridades, dos de ellas, relativas, y una, absoluta. Dijo que aplicará el veto a todo lo aprobado porque “el superávit no se negocia”, aunque exista una “mínima probabilidad” de que las cámaras de origen confirmen la ley con dos tercios de los votos (primera seguridad relativa). Ante esa eventualidad, acudirá a los tribunales, para que el asunto quede enterrado por meses o años. Basa su argumento jurídico en que la sesión del jueves —convocada, validada y votada por mayorías muy holgadas— no habría respetado el reglamento del Senado. También en ese punto, el ultra admitió como probable que un juez desestime el intento de bloquear al parlamento (segunda seguridad relativa).

Milei no concibió la más mínima duda en que va a “aplastar para siempre” y “hacer mierda” a la oposición en las elecciones legislativas de octubre.

Esa escala de seguridades merece ser revisada.

Tiene motivos el Presidente para intuir que podrá convencer a los radicales, algún cordobesista, provinciales y el puñado de peronistas necesarios para alcanzar el tercio en la Cámara de Diputados que le permitiría confirmar el veto a las reparaciones sociales y jubilatorias aprobadas el jueves.

El torcimiento de voluntades, la aparición oportuna del bloque “darle-las-herramientas-al Presidente” y ausencias sospechosas fueron la norma en el primer año y medio del economista en la Casa Rosada. El método dio sus frutos para aprobar la ley Bases, mantener vigente el mega-DNU 70/2023 y frenar cualquier intento opositor. De ser necesarios, Margarita Stolbizer, Rodrigo de Loredo y Florencio Randazzo siguen ocupando bancas.

Tiene motivos el Presidente para intuir que podrá convencer a los radicales, algún cordobesista, provinciales y el puñado de peronistas necesarios para alcanzar el tercio en la Cámara de Diputados que le permitiría confirmar el veto

Es cierto que la dinámica de borocotización se encuentra previsiblemente en crisis ante la sobreoferta oficialista — con tinte local o nacional— en muchas provincias. Se pueden buscar explicaciones en la relatada “intransigencia” de Karina, el “pragmatismo” de Santiago y la orfandad del PRO y la UCR, pero lo cierto es que los lugares elegibles son finitos y, en un punto, aliados dispuestos a casi todo, como el gobernador correntino Gustavo Valdés o el senador cordobés Luis Juez, se ven forzados a mostrar los dientes. La política sabe cómo resolver esos conatos de rebeldía.

Lo mismo cabe para los tribunales. El fuero federal y la Corte Suprema se manejan con una ley propia, mutante y sórdida, por lo que Milei no debería temer demasiado en ese frente. El bloqueo a una decisión a todas luces válida del Congreso se parece bastante al fin de la democracia, pero la aventura ultraderechista no teme meterse en ese terreno.

El Gobierno se prepara para vetar las leyes aprobadas en el Congreso dentro de los diez días hábiles, con un texto que pondrá el acento en que la sesión del jueves no respetó el reglamento del Senado. En las últimas horas, se afirmó la confianza de la Casa Rosada en que el bloqueo en la Cámara de Diputados está garantizado.

Voces cercanas al Gobierno libertario arrimaron la idea de dejar las normas aprobadas en un limbo, sin pronunciamiento del Ejecutivo, de modo de evitar un veto que, en sí mismo, incluye el reconocimiento de la validez de lo aprobado en el Senado. Ello habilitaría un proceso de judicialización y lucha de poderes constitucionales, que serviría para ganar tiempo y llegar a las elecciones de octubre.

La alternativa fue descartada. Suponía una violación constitucional pura y dura, causa nítida de juicio político, algo que hoy suena ilusorio, pero quizás mañana no tanto.

La justificada confianza de Milei en el tercio de la Cámara de Diputados y la mano de algún juez radica en la tercera de las premisas: La Libertad Avanza arrasará en octubre y ello reconducirá a gobernadores que hoy se muestran atrevidos. La estridencia en el enunciado de la hipótesis de victoria arrolladora es inversamente proporcional a la certeza que brinda el escenario al respecto.

La lectura triunfante del mandatario y sus medios cautivos sobre las elecciones locales de este año, llevadas a cabo en siete provincias y la Capital Federal, no tiene un correlato nítido en los porcentajes obtenidos. Se trató de comicios provinciales, no necesariamente proyectables a la Nación, aunque aportan indicios.

Un dato probado es que el sello LLA se nacionalizó, cuando hace apenas dos años dejó de presentarse en ciertas provincias, y con ello, resignó bancas. El partido oficialista está presente en casi todas las provincias con esa identidad, mientras se borronean algunos de sus adversarios, amigables o reales.

La lectura triunfante del mandatario y sus medios cautivos sobre las elecciones locales de este año, llevadas a cabo en siete provincias y la Capital Federal, no tiene correlato nítido en los porcentajes obtenidos

El mapa se mueve

La cosecha de LLA mostró, hasta ahora, desde un resultado marginal a una porción significativa, de entre 10% y 30% de los votos, que a veces alcanzó para ganar (Ciudad de Buenos Aires) y otras para salir segundo, tercero o cuarto. Con márgenes de abstención sin precedentes, una lectura realista del recorrido electoral de este año abre incógnitas.

Entre estas últimas, la más comprobable es que el partido de los Hermanos está absorbiendo al de Mauricio Macri. Tras dos años de seguidismo acrítico, el PRO se quedó sin margen para resistir la avanzada. Sensible trasvase desde la derecha a la ultraderecha, aunque puede sumar cero a la hora de contar bancas en las cámaras.

Si entre los bloques libertarios y el PRO hoy cuentan unos ochenta diputados y el número, a partir de diciembre, no difiere mucho de eso, los Hermanos no tendrán demasiado para festejar. Desde el requisito de disciplina y lealtad, el PRO fue incluso más orgánico desde diciembre de 2023 que las propias bancadas oficialistas.

Hay escenarios en los que la división de la oferta electoral en las competencias por cargos provinciales se repetirá en las legislativas nacionales de octubre. Por caso, distritos importantes, como Córdoba, Tucumán, Santa Fe y —con más dudas— Mendoza. Sus cuatro gobernadores (dos radicales y dos peronistas) pusieron y sacaron diputados de acuerdo a las necesidades del ultra, a veces, arrojando la piedra y escondiendo la mano.

Se viene una campaña electoral. Con ella, crecerá la necesidad de ahondar diferencias, sea por cambio de ciclo político o porque conviene disimular un rato. Nuevamente, ante la casi segura existencia de frentes realmente opositores, liderados por el kirchnerismo u otras identidades peronistas, que competirán con los armados de gobernadores amigables, un resultado positivo para La Libertad Avanza rondaría el tercio de los votos. Probablemente alcanzará para ganar, pero estará lejos de “arrasar” y otras proyecciones escatológicas que suelen salir de boca de Milei.

Menos kirchnerismo en el Senado

En el Senado, las cuentas pueden marcar un avance neto del oficialismo, real o aliado, dado que las sillas en juego son las electas en 2019, cuando triunfó el fallido Frente de Todos. Renuevan sus senadores Salta, Santiago del Estero, Chaco, CABA, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro. En principio:

Con este mapa, un resultado positivo —no necesariamente arrasador— para LLA y sus aliados marcaría un sensible retroceso de hasta diez bancas para la oposición, y con ello, se extinguiría cualquier capacidad de avanzar con iniciativas propias, y mucho menos insistir con mayorías calificadas ante un veto del ultra. En un cálculo conservador, LLA pura podría agregar cuatro senadores a sus siete actuales.

Es con esa realidad con la que debe lidiar el peronismo. Todo un desafío, no ya para “volver a enamorar” al electorado, sino para, al menos, no causar indiferencia y desprecio.

El eje Instituto Patria-Cámpora se propone centrar la campaña en el reclamo “Cristina libre”. Tras dos años de prédica para no asumir la más mínima responsabilidad por el ciclo 2019-2023, defensa cerrada de “los años maravillosos 2003-2015”, concentración de decisiones en una mesa ínfima entre el Instituto Patria y La Cámpora, con un Kirchner a cada lado, manejo de la lapicera en los PJ nacional y bonaerense y retórica “Che, Milei”, el liderazgo estratégico de la expresidenta se pone a prueba.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Cristina Fernández de Kirchner ultima detalles para hacer de su presentación en Comodoro Py con una protesta multitudinaria y épica de que el peronismo aún tiene con qué dar pelea al gobierno de Javier Milei. Este martes en el PJ habrá una cumbre de la CGT y otra de los gobernadores para terminar de definir su adhesión a la caminata agendada para mañana desde el domicilio de la exmandataria a los tribunales federales. Para marcarle la cancha, el Presidente armó un acto este mismo martes con Patricia Bullrich en la Policía Federal.

Funcionarios, militantes y figuras del peronismo que pertenecen a diferentes espacios acompañarán este miércoles desde las 10 a Cristina hasta Retiro, donde tiene que presentarse para que se dé inicio a la condena en su contra a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la causa Vialidad. Si bien existen versiones de que la Justicia la podría notificar hoy por teleconferencia sobre las condiciones de su detención y evitar así la movilización, los organizadores de la convocatoria ratificaron la protesta.

Las CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y diversos espacios políticos como el PJ, La Cámpora, Principios y Valores, Patria Grande, el Movimiento Derecho Al Futuro, el Partido Obrero, entre otros, ya confirmaron su presencia en la movilización que comenzará en San José y San Juan. Harán una caminata acompañando el auto de CFK hasta Comodoro Py; hay unos 5 kilómetros de distancia. Se espera que esas columnas se refuercen con la participación de la CGT, que hoy se reunirá en el PJ de Matheu desde las 15. Dos horas más tarde hay una cumbre de gobernadores peronistas, donde irá Axel Kicillof.

Justamente el bonaerense encolumnó detrás de CFK su Movimiento Derecho al Futuro. Fue un gesto para desescalar la interna con La Cámpora a partir del fallo de la Corte Suprema. De hecho el MDF puso en pausa las actividades políticas que tenía previstas para esta semana a fin de no crispar los ánimos ni herir susceptibilidades en medio de la delicada situación que vive la expresidenta.

Una agenda incesante

Para el hoy las autoridades del PJ tienen en agenda una reunión a las 15 con la CGT que contará con la presencia del triunviro cegetista Héctor Daer y una comitiva de la central obrera.Tras el encuentro con referentes del sindicalismo, se espera en la sede del PJ la presencia de los gobernadores peronistas desde las 17.

En el feriado de ayer, Cristina Kirchner salió dos veces a saludar durante la tarde a la militancia reunida en los alrededores de su departamento del barrio de Constitución. Arengó cánticos con la consigna “Vamos a volver” y los militantes corearon su nombre al grito de “Cristina presidenta”.

Entre los distintos dirigentes y referentes que se acercaron al departamento durante el día estuvieron la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, Taty Almeida, el exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla y el exsecretario de Deportes Claudio Morresi.

Máximo Kirchner habló ayer en la sede nacional del PJ en conmemoración a los 70 años de los bombardeos a la Plaza de Mayo en 1955. El referente de La Cámpora y presidente del PJ Bonaerense cuestionó a los sectores a los que “les molesta ver bailar una mujer en un balcón con su pueblo”, en referencia a las críticas sobre la reacción de CFK ante las movilizaciones frente a su casa.

El jueves vence formalmente el plazo para su presentación en los tribunales y la expresidenta define por estas horas su estrategia judicial. Existe también la posibilidad de que no tenga que trasladarse hasta la sede judicial y sea notificada del inicio del cumplimiento de la condena por teleconferencia, en caso de que efectivamente el Tribunal Oral Federal 5 acepte hoy el pedido de su defensa de prisión domiciliaria.

Esto iría en sintonía con lo que dijo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que señaló que si se concreta la marcha para acompañar a la expresidenta “no va a ser nada positivo”, porque “va a generar tensión, cortes y movilización de fuerzas federales”. En declaraciones al canal de noticias A24 resaltó: “Si yo fuera magistrado federal pensaría en que intentemos no generar esta situación social”.

El desafío de Milei y Bullrich

Por su parte, el presidente Javier Milei, que tuvo breves comentarios sobre la condena a CFK, reaparecerá públicamente tras su gira internacional hoy a las 15 junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la sede del Cuerpo de Policía Montada (en Cavia 3300) del barrio porteño de Palermo. Ahí anunciarán la nueva estructura de la Policía Federal Argentina (PFA)

El dato sugestivo es que esa sede policial es uno de los lugares donde CFK podría ser detenida por orden de la Justicia. No está claro aún que el juez Jorge Gorini acepte automáticamente que la exmandataria cumpla prisión domiciliaria. Podría enviarla, tras su presentación en Comodoro Py, a una celda acondicionada especialmente para ella. Ante esa incertidumbre es que la marcha peronista exige su retorno este mismo miércoles a su domicilio de San José 1111.

“Hacia una PFA moderna y orientada a la investigación” se titula el comunicado del Gobierno para la convocatoria. Se espera en el lugar la presencia de otros funcionarios como legisladores nacionales. El plan que presentarán incluye una reforma estructural para ampliar la autoridad de la cartera de Seguridad sobre el despliegue, control y jerarquías internas de la PFA, dándole así mayor poder a Bullrich.

El objetivo oficial de la medida es impulsar una mayor verticalidad en la conducción, cambios en los criterios de ascenso y nuevos mecanismos de auditoría. También optimizar el trabajo de los agentes ante delitos complejos, como el narcotráfico, la trata de personas y las redes criminales urbanas. La reforma se concretaría a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia.

El anuncio se dará en medio de las críticas hacia el gobierno por el uso excesivo de la fuerza en las protestas callejeras y la expectativa por lo que pueda pasar mañana con el operativo de seguridad durante el viaje de Cristina Kirchner a Comodoro Py rodeada de una multitud.

MP/MC

El sistema de poder argentino asume dos certezas: que el vínculo entre los Kirchner y Lázaro Báez vulnera, como mínimo, estándares éticos elementales, con pistas nítidas de probable corrupción, y que el proceso judicial contra Cristina comprende un continuado de burdas arbitrariedades que liquidan el Estado de Derecho.

El consenso en torno a esos dos ejes es amplio e incursiona a ambos lados de la polarización. En el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda, muchos más de quienes lo reconocen en público perciben un vínculo inadmisible entre los Kirchner y un ejecutivo bancario convertido en contratista, en simultáneo con la llegada del expresidente santacruceño a la Casa Rosada, en mayo de 2003. A su vez, en el antikirchnerismo y las derechas, pocos se atreven a maquillar fuera de micrófono las chapucerías pergeñadas entre los tribunales de Comodoro Py, el Grupo Clarín y los servicios de Inteligencia.

La dinámica de trincheras que rige la política argentina obtura un debate más útil, menos hipócrita, en el que las banderas de la honestidad en la vida pública y las garantías de la democracia sean levantadas al unísono, sin intermitencias, con coherencia. Frente a las cámaras, unos sólo denuncian una persecución de una poderosa mafia contra Cristina, como vendetta por sus políticas redistributivas —las reales y las declamadas—, y otros visten su discurso de una farsa honestista, postulada para escarmentar a rivales y proteger a los propios, sin reparo en lo que prescriben las leyes y la Constitución. Podría ser una contradicción ética, que algo vale en política, pero representa también una dinámica que prolonga una suerte de empate, en el que ningún bloque termina de prevalecer, pero ambos mantienen cierta capacidad de bloqueo.

Así planteada, la condena a la expresidenta demanda una postura inequívoca. Nadie puede ser declarado culpable si hubo jueces y fiscales federales que reprodujeron causas sobre los mismos temas o colindantes hasta que alguna prendiera; o que visitaron las residencias de Mauricio Macri en decenas de oportunidades para mascaradas sociales y deportivas; o no eran jueces naturales de la causa, sino que fueron impuestos a dedo, sin concurso, por la mesa judicial del PRO; o viajaron a Lago Escondido en un tour venal organizado por Clarín; o ellos mismos eran sospechosos de delitos graves, por lo tanto, pasibles de ser extorsionados por los servicios de Inteligencia. En un Estado de Derecho, tan sólo un juez, entre la docena que intervino en el proceso, que haya cometido alguna de esas tropelías bastaría para anular o revisar una sentencia contra una de las principales líderes de la historia argentina.

Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, a esta altura, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida por ella, su hijo y su fallecido esposo con un contratista-lavador de US$60 millones. En un Estado de derecho, se requieren pruebas, no intuiciones ni operaciones urdidas por jugadores del club Liverpool en el torneíto de Los Abrojos. A diferencia del expediente Vialidad, la condena a Lázaro Báez por lavado encontró un proceso sólido, en el que se comprobó una ruta del dinero a la que el Grupo Clarín le puso la letra K, sin que fuera hallada la pista Kirchner, aunque algún fleco apunte a la letra M, del Grupo Macri, excompetidor-socio de Austral Construcciones en la obra pública.

Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida con un contratista-lavador de US$ 60 millones

El cuadro conduce a otra evidencia irrefutable. Si los jueces que juzgaron a Cristina, Amado Boudou, Julio de Vido, José López, Báez, Cristóbal López, César Milani, Carlos Zannini, Ricardo Jaime y otros kirchneristas hubieran puesto un quinto de su enjundia e imaginación para investigar a Macri, su primo Calcaterra, su hermano Gianfranco, su otro hermano Mariano, Javier Milei, Karina Milei, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Luis Caputo, Oscar Aguad, María Eugenia Talerico, Mariano Federici, Nicolás Caputo, Alfredo Coto, Paolo Rocca y otros macristas y millonarios, poseedores algunos de ellos de cuantiosas cuentas offshore y adherentes a blanqueos a través de allegados y familiares, la secuencia de indagatorias, esposados en pijama a la medianoche y condenados sería mucho más pareja en el arco político. Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, todos ellos son, hasta hoy, inocentes.

Elisa Carrió, fiscal de set televisivo que hoy manifiesta pesar por la saña que muestran los canales de los grupos Clarín y La Nación contra Cristina, debe ser razonablemente excluida de la lista de sospechosos por corrupción. Su generosa residencia en Capilla del Señor bien pudo haber sido adquirida por herencia, trabajo profesional y sueldos de diputada durante dos décadas. Aunque la líder de la Coalición Cívica acaso podría ser apuntada por algún juez al que se le ocurriere investigar si el haber fraguado un falso arrepentimiento de un narco en el living de su casa, junto a la producción de Jorge Lanata, con el fin de señalar a Aníbal Fernández como “la Morsa”, pudo haber constituido una asociación ilícita. U otro tanto por sus andanzas con Marcelo D’Alessio, el espía inorgánico y panelista de Alejandro Fantino. El delito de autor perpetrado en Comodoro Py no llegó hasta ahí.

Encerrona y omisiones

Así, la democracia argentina transita una encerrona de larga data. Ensayos presuntamente libremercadistas que propenden a la fuga de dólares activan un sistema persecutorio de la resistencia en general y el kirchnerismo en particular, y éste, bajo la conducción de Cristina, arbitra la oposición a ajustes regresivos, recorre su bucle melancólico de la denominada —y cada vez más lejana— década ganada, y borra de su gramática un postulado que ocupó un breve espacio en el primer gobierno de Néstor Kirchner: la regeneración ética y la lucha contra la corrupción como un vehículo esencial de la equidad social.

Un dirigente peronista patagónico, quien formó parte del riñón político de los Kirchner y luego se alejó, apunta un nombre que suele esquivar titulares, pese al fuego cruzado. El Grupo Petersen, emporio de la familia Eskenazi, no protagoniza encendidos discursos de Cristina, ni editoriales del prime time, ni oficios de Comodoro Py. La omisión, en el contraste del foco omnipresente en Báez, resulta extraña.

Antes de volcarse por entero a Austral Construcciones, Lázaro fue gerente general del Banco de Santa Cruz, del que el Grupo Petersen es controlante y tiene como socio minoritario al Estado provincial.

Los tres ocupantes de la Corte Suprema garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad

La fuente citada, conocedora al detalle de los contratos del Estado santacruceño, enumera tres empresas que monopolizaron la obra pública en la provincia en la primera década larga del siglo: Austral Construcciones, de los Báez; Esuco, de Carlos Wagner, y Thiele & Cruz, de los Eskenazi.

Desde la década de 1990, esta familia proyectó su fortuna en la provincia austral, que llegó a la cúspide cuando Kirchner pergeñó la “nacionalización” sui géneris del 25% de YPF. Para intuir la turbiedad del asunto, el método de compra los explica sin mayores aclaraciones: el accionista mayoritario y vaciador de la empresa nacional de gas y petróleo, Repsol, junto a un consorcio de bancos, anticiparon los fondos a Petersen para la operación, que serían repagados con dividendos generados por la propia YPF. Salió mal y hoy Argentina afronta un juicio en tribunales de Nueva York por el que tendría que pagar varios miles de millones de dólares. Los Eskenazi están silenciosamente anotados para recibir un tercio de esa hipotética indemnización, aunque algunos señalan que ese regalo de la vida sería íntegramente transferido a sus acreedores en España, donde se sustanció la quiebra de una filial gemela del Grupo Petersen.

Proscripción, conmoción, obsesión

La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no ahorró ningún elemento que hiciera honor a la venalidad de todo el proceso Vialidad. Los tres ocupantes de la Corte Suprema, enterradores consuetudinarios de causas que afectan intereses poderosos, actuaron con premeditación, filtraron su voto a medios afines y garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad. Al no existir una grabación de lo conversado entre copas, partidos de paddle y tours de caza, fuera días u horas antes de decisiones trascendentales en el expediente, la pulcritud de los magistrados está fuera de duda. Inobjetable guion del trío Rosenkrantz-Lorenzetti-Rosatti.

La sentencia alteró naturalmente las prioridades del peronismo. Finalmente, la proscripción —denunciada sin sustento por Cristina en diciembre de 2022, cuando quedaba un camino para la condena definitiva— se hizo realidad. Con su capacidad de oratoria intacta, la expresidenta construyó un texto sólido sobre qué está en juego. No es una mera inhabilitación de un rival, sino una maniobra artera para despejar resistencias ante objetivos económicos lacerantes.

La conmoción se apropió del sistema político. Una vez más, Cristina en el centro de la escena. No está claro cuál es la valoración real de la sentencia por parte de la opinión pública, algo que se verá en el tiempo. Por lo pronto, la reacción en las calles se hizo sentir, pero no fue mucho más allá de los núcleos que siguen respondiendo a la exmandataria, en franco declive en la última década. Esta página de la historia está abierta, pero los trazos iniciales no se acercaron a una reacción popular que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos, sin desmerecer la vigilia de sus seguidores en una esquina del barrio de Constitución, y a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días.

El eje Cámpora-Instituto Patria no perdió de vista el eje principal que lo motoriza hace años, consistente en obturar cualquier voz alternativa para blindar el liderazgo de Cristina. La propia expresidenta, horas antes y después de conocida la sentencia, se hizo espacio para transmitirle a Axel Kicillof un mensaje elocuente: “Déjense de joder con las listas”.

Cristina machacó que “lo único” que escucha en las reuniones con “algunos compañeros” es cuál es el lugar en las boletas electorales de septiembre y octubre. Tres días más tarde, el destinatario del mensaje fue explícitamente desinvitado de una reunión en la sede del Partido Justicialista, en la que tallaron el impopular trumpista Guillermo Moreno, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Sergio Massa. La lista de convocados no responde a ninguna otra lógica más allá de dejar fuera de la foto al gobernador bonaerense.

Y Kicillof parece, un día sí y otro también, estar más que dispuesto a “dejarse de joder”. El exministro de Economía transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia, a la espera de una mejor oportunidad, que nunca llega.

Quienes interpretan a Kicillof esgrimen que el tiempo probará lo contrario, y que el trayecto desde 2015 demostró escalones de autonomía que hicieron cumbre en la ruptura con Máximo en 2023. Bajo ese prisma, no habría que descartar que el líder del flamante Movimiento Derecho al Futuro valore en su fuero íntimo desplantes como el del jueves en la sede del PJ en la calle Matheu, con la mira en una ruptura que acontezca por decantación y en la que la responsabilidad recaiga del lado del maximismo.

Kicillof transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia

Indulto como programa

Antes de la confirmación de la condena, parte del entorno del gobernador dejó saber que no objetaría las candidaturas a legisladores provinciales de Cristina en la tercera sección y Massa en la primera. Semejante oferta en las dos secciones que congregan 75% del voto en la Provincia arrasaría con el objetivo de Kicillof de plebiscitar su gestión y delimitar su perfil. Si ese es el punto de partida de la negociación, el final es inimaginable.

Ahora, el eje Patria-Cámpora aprovechó para poner a Kicillof a contestar si indultaría a Cristina en una eventual Presidencia, a partir de diciembre de 2027. El gobernador dio a entender que sí, pero no cerró del todo la respuesta, para disgusto del cristinismo ortodoxo. Una voz del axelismo más puro resultó más asertiva ante este diario: “No tenemos la más mínima duda de que corresponde el indulto”.

Ese perdón institucional tiene un significado inequívoco en Argentina. El indulto a los perpetradores del terrorismo de Estado por parte de Carlos Menem en el inicio de su mandato, por lo que extenderlo a Cristina supone sumarle una acepción en el diccionario político.

Ni siquiera está claro que la expresidenta, quien rechazó en 2022 la aplicación de la figura para sí, haya cambiado de opinión, pero la obsesiva y extemporánea alusión de representantes del eje Patria-Cámpora permite inferir que, además de un ariete para alinear desobedientes, será un estandarte principal de cara a 2027.

De modo que si lo que está en juego es un reforzamiento del liderazgo de Cristina y una elevación del estatus de personajes como Moreno, cabe preguntarse si es cierto que a Milei no le convenía la ratificación de la condena, como se elaboró incluso en esta columna. Al tenor de las celebraciones del ultra y sus allegados, tan mal no les cayó.

Una cuenta probable es que un proyecto ultraderechista de semejante magnitud, apoyado por múltiples resortes de poder, encuentra un rival ideal en un partido encajonado en la propuesta del indulto a su líder, todo ello, sobre la fundada presunción de que una sólida mayoría cree que la expresidenta es culpable. Lejos de “borrar” a Cristina de la agenda, la condena prolonga su permanencia con el foco en su costado más cuestionable, del cual deberá opinar todo dirigente peronista hasta 2027. El plan económico de Caputo puede colapsar, pero si no ocurre y se cristaliza un país más desigual, parecido al promedio de América Latina, polarizar contra una Cristina confinada en su domicilio, con acceso limitado a la palabra, se parece al escenario ideal para los Hermanos Milei.

Inflación, transparencia y gatillo fácil

La expresidenta suele desdeñar la inflación como un problema central de la economía. Elabora teorías sobre lo inocuo que resulta el déficit fiscal sin financiamiento genuino, lo que inexorablemente dispara la impresión de billetes. La expresidenta muestra gráficos en los que Dinamarca o Japón tienen déficit en sus cuentas públicas y mantienen los precios en calma. Hasta ahora, que se sepa, Kicillof no está en desacuerdo con ese abordaje.

El kirchnerismo, como fue dicho, borró hace años la transparencia y la honestidad como un pilar de su discurso. Sus voces más altisonantes se dedican a ejemplificar, muchas veces con razón, que sus rivales del PRO, la UCR y la ultraderecha incurren en actos sospechosos graves y permanecen impunes, pero no dan cuenta de tramas estructurales de venalidad que acompañaron la obra pública desde 2003.

Ocurre que inflación y corrupción son temas centrales en la preocupación de los ciudadanos desde hace décadas. Es cierto que el trabajo y la pobreza también lo son, pero ambos se ven implicados por los pilares que el cristinismo prefiere mirar de costado.

Un tercer eje de interés social es la inseguridad. Al respecto, el abordaje privilegiado de la expresidenta es a través de Sergio Berni, otro dirigente que ganó escala en la intersección de San José y Humberto Primo esta semana. Berni es un reproductor de las consignas de Patricia Bullrich. Para apoyar a alguien que celebra la represión de las protestas y el gatillo fácil, ¿será mejor votar a una irredenta apasionada por las armas como Bullrich, o a su Salieri excarapintada?

Con Javier Alonso en el ministerio de Seguridad bonaerense, otro fan de las ejecuciones policiales por la espalda y hombre de Berni, la nueva melodía de Kicillof también se demora en ese sensible asunto.

SL/DTC

slacunza@eldiarioar.com

El Partido Justicialista (PJ) reunió este sábado a más de 250 intendentes de distintos sectores del peronismo, en el inicio de una agenda de actividades orientadas a garantizar una masiva movilización el próximo miércoles a Comodoro Py, en respaldo a la ex presidenta Cristina Kirchner.

De cara a la marcha por la presentación de la ex mandataria en los tribunales federales, el PJ tiene en carpeta una serie de reuniones políticas, eventos conmemorativos y la posibilidad de una vigilia el día previo a la detención de la titular del espacio.

En ese marco, la foto de hoy con jefes comunales de extracción camporista y del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), espacio que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof, fue una muestra más de unidad frente a lo que en el justicialismo entienden como un intento de proscribir a su máxima líder.

A pesar de que muchos jefes comunales tienen sus diferencias con la conducción kirchnerista, en el cónclave aceptaron prestar su estructura territorial y delinear actividades para darle cuerpo a la movilización del próximo miércoles, que desde el PJ anticiparon que será “histórica”.

El punto central de la marcha, como anticipó ayer la senadora provincial de Unión por la Patria (UxP) Teresa García, será asegurar que la ex presidenta “vuelva a su casa” y no permitir que haya “humillaciones” por parte de lo que califican como la “mafia judicial”.

Según indicaron a Noticias Argentinas fuentes del PJ, el encuentro contó con la presidencia de jefes comunales de “todas las provincias” del país para coordinar De Ushuaia a la Quiaca: Argentina con Cristina, como dieron en llamar al encuentro en la sede de la calle Matheu.

Entre los jefes comunales presentes estuvieron Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Andrés Watson (Florencio Varela), Mariel Fernández (Moreno), Mayra Mendoza (Quilmes), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Menéndez (Merlo), entre otros.

Además, participaron los senadores nacionales Eduardo “Wado” de Pedro y Anabel Fernández Sagasti, quien también se desempeña como secretaria de Asuntos Legales y Constitucionales del PJ, entre otras autoridades partidarias.

“Los jefes comunales buscan garantizar que la del miércoles 18, 'Argentina con Cristina', sea una movilización histórica con el objetivo de garantizar que Cristina vuelva a su casa y no permitir la humillación a la que quiere someterla la mafia judicial”, expresaron en un comunicado.

En el encuentro, que se realizó de forma presencial y virtual, los intendentes expresaron su repudio al fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra la exmandataria en la causa Vialidad.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, afirmó: “Vamos a esperar ese día para manifestarnos a lo largo y ancho del país”. Por su parte, las intendentas de Quilmes, Mayra Mendoza, y de Moreno, Mariel Fernández, encabezaron la convocatoria y remarcaron la necesidad de “demostrar un respaldo contundente a Cristina Fernández de Kirchner y rechazar las decisiones judiciales arbitrarias”.

Durante el fin de semana, los intendentes avanzarán en la organización de encuentros y actividades en cada distrito para asegurar una masiva presencia en la movilización. “El trabajo territorial de los intendentes incluye la convocatoria a asambleas, reuniones y actividades culturales en cada localidad, con el propósito de informar y movilizar a la mayor cantidad de personas posible”, detallaron los organizadores.

Por su parte, el senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro en declaraciones radiales afirmó: “Lo que han hecho es despertar esa fibra más sensible, que en el peronismo genera una épica. Nos vamos a organizar muchísimo mejor y vamos a enfrentar no solo las elecciones de 2025 y de 2027, sino también una fuerte campaña para que Cristina quede libre” Y advirtió: “Para el Gobierno que viene, la primera condición será Cristina libre”.

Además, el senador planteó como segunda condición para un futuro gobierno la revisión de la situación del Poder Judicial. De Pedro sostuvo que la consigna central será “libertad a Cristina” y consideró paradójico que el término “libertad”, tan utilizado por Javier Milei en su campaña presidencial, se convierta ahora en bandera del peronismo.

El senador nacional insistió en la existencia de una “persecución” contra el peronismo, impulsada por grupos económicos concentrados, sectores de la prensa y el macrismo, a través del Poder Judicial.

Mensaje para Kicillof

El dirigente de La Cámpora también manifestó su confianza en que Kicillof y su entorno reflexionarán sobre la importancia de la unidad en este momento histórico. “Confío en que Axel y los compañeros que lo rodean van a reflexionar, van a entender que no está en juego un legislador más o menos. En la historia, la prisión para Cristina Kirchner es un hecho de los que en el peronismo marcan un antes y un después, y nadie sabe cómo sale la elección provincial o quién puso un legislador y quién no. Son etapas de la historia que requieren que estemos juntos, unificar y economizar fuerzas, coordinar, pensar, volver a generar confianza”, expresó el senador.

De Pedro también subrayó la necesidad de dejar de considerar adversarios a los compañeros dentro del mismo espacio político y de identificar al verdadero adversario en el Poder Judicial, los grupos económicos concentrados y el gobierno de Javier Milei. “Me parece que hay que ser un poco más humildes, escucharnos un poco más y empezar a unificar esta fuerza política, el movimiento nacional peronista, para volver a gobernar en favor de las mayorías y para que Cristina vuelva a estar en libertad”, remarcó.

Otra vez en el balcón

La expresidenta Cristina Kirchner volvió a saludar este sábado a la militancia desde el balcón de su departamento ubicado en el barrio de Constitución, y recibió al dirigente social Juan Grabois y la ex legisladora porteña Ofelia Fernández, quienes marcharon desde Parque Lezama para respaldarla.

Grabois, junto a representantes de su fuerza política, Argentina Humana (AH), planteó desde el escenario del anfiteatro del Parque Lezama, que “hay que volver al tópico del amor”.

La agenda antes de la marcha

El PJ tiene previsto para el lunes desde las 16 en la sede partidaria un acto para conmemorar los 70 años del bombardeo a Plaza de Mayo bajo el lema “No nos han vencido”.

La actividad estará encabezada por el diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, quien estará acompañado por dirigentes de la Juventud Peronista (JP).

Para el martes, en tanto, las autoridades del PJ tienen en agenda una reunión a las 15 con la CGT que contará con la presencia del triunviro cegetista Héctor Daer y una comitiva de la central obrera.

Tras el encuentro con referentes del sindicalismo, se espera en la sede del PJ la presencia de los gobernadores peronistas desde las 18.

Aunque desde la Gobernación bonaerense ya confirmaron su apoyo a la movilización a Comodoro Py, fuentes consultadas por la Agencia Noticias Argentinas no dieron por hecho la presencia de Axel Kicillof en ese mitín.

Tampoco aseguraron su participación ante la pregunta de esta agencia Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Sergio Ziliotto (La Pampa); en tanto, desde el entorno de Ricardo Quintela (La Rioja) también mantuvieron el hermetismo con relación a su intervención en el encuentro partidario.

Existe la posiblidad de que haya una vigilia desde la noche anterior a la presentación de Fernández de Kirchner en Comodoro Py. Y también, que los tribunales federales concedan la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner antes del miércoles, lo que podría alterar lo pautado hasta el momento.

MP con información de NA

La tormenta de la criptomoneda $LIBRA no se disipó, sino que va ganando intensidad. Mientras el gobierno de Javier Milei intenta encapsular el escándalo en la figura de Sergio Morales, exasesor en criptoactivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que acaba de renunciar a su cargo, el silencio del Presidente sobre los verdaderos artífices del proyecto genera dudas. Es un tema que, el próximo miércoles, podría derivar en un serio revés político para La Libertad Avanza en el Congreso si la oposición logra el quórum para debatirlo en el recinto de Diputados.

Pero la sombra que realmente inquieta a la Casa Rosada es la de Karina Milei. La hermana del Presidente no es una espectadora de este escándalo, sino que estuvo en el centro de las negociaciones que derivaron en la estafa de $LIBRA. Karina supervisó la firma de una “carta de intención” con Cube Exchange, el exchange que luego sirvió de plataforma para la fallida criptomoneda, y revisó personalmente el borrador del acuerdo con Hayden Mark Davis, el enigmático empresario estadounidense que encabezó la operación junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. No pasaba un solo documento sin su visto bueno.

La conexión es innegable. Morales, el primer caído en desgracia, pasó por la Secretaría General de la Presidencia antes de recalar en la CNV. Su relación con Novelli y Terrones Godoy es directa, y la foto de los tres en la Casa Rosada el 11 de junio pasado es una prueba difícil de ignorar. Todo indica que se abrieron las puertas del poder para un negocio que terminó desplumando a cientos de inversores y dejando un hueco de entre 87 y 107 millones de dólares.

El expediente que instruye la jueza federal María Servini, con el fiscal Eduardo Taiano al frente, busca reconstruir ese entramado. La investigación avanza sobre los presuntos delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La jueza ya solicitó registros de llamadas, correos electrónicos y entradas a la Casa Rosada y Olivos de todos los involucrados. Y hay testigos que apuntan directamente a la hermana del Presidente.

Hay un dato que resuena en los pasillos de Comodoro Py: los registros de ingresos de Novelli a la Casa de Gobierno. Diez veces durante 2024. A veces solo, a veces con Terrones Godoy, otras con el CEO de Cube Exchange, Bartosz Lipinsk, o con Hayden Davis. Demasiadas visitas para alguien que solo era un “empresario independiente”. Y a esas reuniones, Karina Milei siempre estaba.

El temor de la Casa Rosada es que la investigación termine revelando algo peor: que hubo pagos. El trader Hayden Davis habló, y lo que dijo en sus mensajes filtrados es explosivo. “Le mando $$ a su hermana y él firma lo que quiero”, escribió en referencia a Karina y Javier Milei. Y cuando Charles Hoskinson, fundador de Cardano, reveló que le pidieron dinero para reunirse con el Presidente, las sospechas explotaron.

Pero el golpe más fuerte llegó con la investigación del New York Times, que reveló documentos y testimonios que comprometen de lleno al entorno presidencial. En la nota publicada, el diario estadounidense expuso contratos de “consultoría” por cifras de hasta 500.000 dólares, firmados por empresarios cripto que buscaban acceder al poder político en Argentina. Algunos de esos documentos mencionan a Novelli y a Davis, pero lo más inquietante es la conexión directa con Karina Milei. Según la publicación, los empresarios eran direccionados hacia ella para obtener reuniones con su hermano.

Silencio calculado

Milei mantiene un silencio calculado. Se limitó a llamar “chismes de peluquería” a las acusaciones y a despegarse de cualquier responsabilidad. Pero lo llamativo es que, a diferencia de otros casos, no insultó ni atacó a Novelli ni a Davis. Ni siquiera intentó desacreditarlos. “Están investigados, no son los culpables aún”, se justifican en Balcarce 50.

Pero la causa está lejos de enfriarse. No faltan quienes aventuran que la jueza Servini podría citar a declarar a Karina Milei en las próximas semanas, y en la oposición hay quienes ya hablan de indagarla por violación de la Ley de Ética Pública. En la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade presentaron una denuncia que la acusa de cohecho y tráfico de influencias. En la Justicia de Estados Unidos, el escándalo también empieza a tomar vuelo.

El jueves pasado, un hecho dejó en evidencia que la investigación avanza más rápido de lo que esperaba la Casa Rosada: el fiscal Taiano ordenó el allanamiento de las casas de Novelli y de Morales. Los procedimientos incluyeron también la sede de Tech Forum, la empresa de Novelli vinculada al entramado de $LIBRA. En todos los casos se secuestraron teléfonos y computadoras, en busca de pruebas que permitan reconstruir la trama de la estafa, lo que deja ver que las autoridades judiciales ya tienen en la mira los nexos financieros de la operación.

Mientras tanto, en Diputados, la oposición logró las firmas para tratar el tema en el recinto el miércoles y se prepara para un nuevo intento de instalarlo en la agenda legislativa. Si consigue quórum, el escándalo volverá al centro de la escena política, abriendo la puerta a una investigación parlamentaria. La Casa Rosada, consciente del riesgo, mueve fichas para evitarlo: se activaron llamadas a gobernadores y legisladores aliados para frenar el avance.

Si el oficialismo logra vaciar el recinto, habrá una tregua momentánea. Pero si la sesión prospera, la presión sobre Karina Milei y el Gobierno se volverá insoportable. En medio de una semana en la que Milei pretende firmar su DNU de acuerdo con el FMI, lo que está en juego no es solo la continuidad del caso, sino la credibilidad de una gestión que, hasta ahora, no pudo dar una explicación creíble sobre el criptogate.

PL/MC

Un elemento no previsto pasó a ocupar un lugar relevante en el segundo año de Javier Milei en Casa Rosada.

Fue tan primaria la participación del ultra en la presunta estafa $LIBRA, que deberá afrontar la decisiva cita electoral de octubre con el riesgo latente de imputaciones, citaciones y quizás algo más, tanto en Argentina como en Estados Unidos.

La mira de una investigación podría posarse sobre el propio Milei, pero hay un escenario más inquietante. Si el nombre de su hermana pasa a recorrer expedientes judiciales, podría tener consecuencias devastadoras para la particular psiquis que habita la residencia de Olivos.

Un primer reflejo, razonable, indicaría que las posibilidades de que avance la investigación en los tribunales federales de Comodoro Py son nulas. La instrucción quedó a cargo del fiscal Eduardo Taiano, acaso el máximo exponente de la práctica de adormecer expedientes en el edificio de Retiro (están o estuvieron en su despacho las causas Nisman, Papel Prensa, Ritondo, Insaurralde y Luis Caputo, entre otras).

Taiano comparte con María Romilda Servini de Cubría, titular del juzgado federal 1, donde quedaron radicadas decenas de denuncias por el fraude con la criptomoneda $LIBRA, cierta vulnerabilidad por una multitud de razones personales y familiares, que los hacen pasibles de condicionamientos. Servini suele hacer más ruido y manejarse con algo más de autonomía por sus variadas conexiones políticas, pero ni uno ni otra escapan a la dinámica que adquirió Comodoro Py desde la década de 1990, cuando llegaron a las sillas que ocupan.

El fuero penal federal actuó en los últimos años bajo una impronta prácticamente inexorable a la hora de abordar intereses políticos. Con o sin sustento, sólo avanzan las causas que apuntan al kirchnerismo y el resto se absuelve o se cajonea. Sin embargo, esta vez, protagonistas y habitués de los tribunales de Retiro habilitan dudas sobre el derrotero del expediente por la criptoestafa.

Se incriminó

Un primer elemento a tener en cuenta es lo burdo de la maniobra de Milei en el atardecer de nueve días atrás. Hubo unos pocos ganadores de al menos US$100 millones a costa de varios miles de apostadores en la criptorruleta rusa disparada por el Presidente. Esos insiders se habían ocupado en los últimos meses de sacarse selfies con el mandatario en pasillos y despachos oficiales, y de dejar marcas del acuerdo espurio alcanzado.

Segundo, la actuación en tribunales estadounidenses y en el organismo regulador del mercado de capitales del país del norte, Securities and Exchange Commission, podría presionar a sus pares de Comodoro Py, entre otras razones, para conservar la jurisdicción.

El tercer factor es de índole netamente política.

Milei y Mauricio Macri manifestaron voluntad de llegar a un amplio acuerdo político de cara a las elecciones legislativas de octubre. La negociación promete ser ríspida y enmarañada.

Macri, cuando un asunto le interesa realmente, no sabe disimular. Así, se metió de lleno en un cruce de acusaciones en el que ambos bandos se endilgan interés económico detrás de los oferentes por la Hidrovía

El Presidente y su entorno emitieron señales de que pretenden hacer un uso unilateral de la birome que ordenará las listas, con un desprecio no disimulado por lo que queda del PRO. La amenaza de quedar afuera activó el salto a las filas ortodoxas del oficialismo. Algunos se adelantaron (Diego Valenzuela, Florencia Arietto, el bullrichismo) y otros se encontraban en plena transición cuando a Milei se le ocurrió obedecer la orden del arribista Hayden Davis, quien alardeaba controlarlo (Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sabrina Ajmechet).

El inicio de las negociaciones encuentra a Macri y a Santiago Caputo en una sórdida disputa por la licitación de la Hidrovía, contrato de tres décadas por US$420 millones anuales, probablemente el mayor que asignará el Ejecutivo ultraderechista hasta 2027. Hay que reconocer que Macri, cuando un asunto le interesa realmente, no sabe disimular. Así, se metió de lleno en un cruce de acusaciones en el que ambos bandos se endilgan interés económico detrás de los oferentes, o, en criollo, coimas.

Las terminales de Comodoro Py

Es en este contexto cuando la mirada vuelve sobre el expediente de $LIBRA que comenzó a rodar en Comodoro Py. Las terminales en ese edificio son variadas: SIDE, Grupo Clarín, Washington, facciones de la UCR y el PJ, pero, en años recientes, ninguna supo amalgamar esos intereses como el macrismo puro. Para los objetivos del expresidente, los juzgados de primera, segunda y tercera instancia del fuero federal, más la Corte Suprema, han actuado como un reloj suizo.  

Del lado de Milei, ese hilo no está tan claro. Se yuxtaponen intereses, pero su hombre en Justicia y mentor de su defensa en $LIBRA, Mariano Cúneo Libarona, es visto como un enemigo por la mesa judicial que forjó el macrismo, vigente en las sombras. El secretario de Justicia y virtual interventor del ministerio, Sebastián Amerio, subsana parcialmente ese déficit por su pasado en la burocracia de la Corte, pero en la divisoria de aguas del “tríángulo de hierro”, su nombre es atribuido a la órbita de Santiago. ¿Alcanzará para frenar embestidas contra el mundo Karina? En el Gobierno transmiten que las versiones de un cisma son erradas y que el vínculo con Amerio es fluido. “No cambió nada”.

Tanto si las negociaciones para armar un frente PRO-LLA progresan total o parcialmente, o se derrumban, los movimientos de Comodoro Py pueden ser decisivos.

Un texto de whatsapp que se filtra, un vivillo que se profuga, un registro de ingresos a Olivos y una citación a indagatoria a la abrepuertas Karina podrían amenizar las negociaciones electorales de la derecha y la ultraderecha

Taiano comenzó la instrucción con pedidos de informes al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y Google, que pueden tardar semanas, llegar incompletos y servir de poco, pero encuadró la acusación en probables delitos graves, como estafa, cohecho, tráfico de influencias y abuso de autoridad, con Milei y los cryptobros singapurense, Julian Peh; estadounidense, Hayden Davis; y argentinos, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, entre los imputados.

Un allanamiento de un celular por allá, un texto de whatsapp que se filtra por acá, un vivillo que se profuga, un inconveniente registro de ingresos a Olivos, más billeteras cripto etiquetadas bajo el nombre MILEI y, en un escenario límite, una citación a indagatoria a la abrepuertas Karina podrían amenizar las negociaciones electorales de la derecha y la ultraderecha. Constatar esas tensiones en los diferentes segmentos de los canales de noticias de los grupos Clarín, Nación y América, y dilucidar las amenazas que profiera Alejandro Fantino en el streaming Neura prometen un festín.

Tradición, familia y propiedad

La frenética tarde que llevó a Milei a cometer voluntaria o involuntariamente una estafa surge como corolario de una característica intrínseca de su proyecto: el solapamiento de intereses públicos y privados.

El ultra era un aspirante a la Casa Rosada y diputado nacional en 2023 cuando Karina respondía por whatsapp a pedidos de encuentros con inversores con un tarifario: US$2.000 por cabeza para citas individuales o con pocas personas. Una charla grupal de menos de una hora, presencial o por zoom, podía multiplicar varias veces esa cifra. Iván Dubois, encargado junto a Karina de llevar la agenda de Milei y hoy alojado en el Parlamento del Mercosur, pedía entre US$10.000 y US$20.000 por orquestar un encuentro con el candidato poco antes de la elección presidencial de 2023, muy por encima de lo habitual en el mercado de los consultores financieros. Con un requisito extra: debía ser cash, sin ningún registro de transferencias.

Los testimonios que dan cuenta de esa forma de recaudación son varios. Ni Karina Milei ni los voceros del Gobierno atinan a confirmar o desmentir.

De todas formas, la versión queda corroborada por dichos del entonces candidato presidencial y diputado en ejercicio en marzo de 2023, cuando alardeó de que vivía de conferencias por las que cobraba entre US$10.000 y US$25.000, y ello le permitía sortear su salario como legislador. “A los políticos les cuesta entender eso”, dijo entonces a TN, sin repreguntas.

El sistema mediático, político y judicial normalizó la forma de ganarse la vida de un candidato presidencial cuyas eventuales decisiones posteriores podrían disparar ganancias siderales para alguno de sus clientes que abonó US$2.000 por un café de media hora en la penumbra del lobby de un hotel. No se trató sólo de la anuencia del establishment, sino también de millones de votantes que se declaraban enfurecidos con “la casta”.

Nada que reprochar, ni siquiera ante el dato inquietante de que la última declaración de bienes de Javier alcanzara los US$125.000 (seis de sus charlas más caras), y la de Karina, US$3.600 (360 tortas).

Un dato de la época es la caída definitiva de la careta institucionalista de asociaciones empresariales, unas cuantas ONG, los vestigios de la UCR, el PRO en pleno, muchos jueces y fiscales y los medios tradicionales. Ya con Macri implicaba una alta dosis de violencia ética e intelectual sostener la agenda de la “transparencia”. Con los extremistas en Casa Rosada, esas fuerzas vivas de la sociedad y una porción significativa del electorado que se declara preocupado por la República se dedican a avalar o disimular a un inadaptado que agravia a diario, sostiene posturas autoritarias y retrógradas en escenarios internacionales, acude a encuentros en los que circulan saludos nazis, celebra muertes a los cuatro vientos y hace gestos masturbatorios en público. Si para sostener la cruzada en pie hace falta dictarle las preguntas a un periodista o comprar un senador correntino, se hace.

El enchastre de intereses se institucionalizó no bien el 56% de los argentinos confió en los Milei para regenerar el sistema político. Primero, desembarcaron los conocidos del consultor provenientes de Corporación América, y de inmediato se sumaron ejecutivos de Techint y otros conglomerados del área de energía, medicina privada y el mercado financiero. Federico Sturzenegger orquestó al galope la redacción de la ley Bases y el DNU 70, pilares del Ejecutivo ultra. Abogados de los estudios Bruchou & Funes de Rioja, Marval, O'Farrell y Mairal, Kesselstatt, Deppeler y otros trajinaron la ruta a Olivos, mientras los borradores legislativos iban y venían desde despachos privados a oficiales.

Todo muy lindo, hasta el viernes 14 de febrero a las 19.01.

El río suena

Aquella práctica de cobrar el acceso al candidato-consultor Milei resonó esta semana cuando el sitio CoinDesk reveló que Davis, el motor de $LIBRA que dice tener en sus manos US$100 millones a la espera de que los Milei le digan qué hacer, escribía en diciembre pasado que tenía “controlado a ese nigga” porque había pagado a Karina, por lo que podía “hacer firmar cualquier cosa”.

Si alardeó de más, le salió bien, porque llegado el día y la hora indicadas, el Presidente tuiteó.

Al probable charlatán Davis se suma Charles Hoskinson, un inversor con seniority en el mundo cripto, quien narró que allegados a Milei le pidieron dinero para organizar un encuentro en Buenos Aires, en octubre pasado.

Así las cosas, el Presidente quedó frente al mundo ante la agria disyuntiva de asumirse como estafador o como un hombre precipitado, con pocas luces, fácil de engañar. En cualquier caso, un peligro.

El traspié de Jonatan Viale en la entrevista con Milei desató un pandemonio.

Viale, descubierto ante el mundo como un cronista que acepta que le dicten preguntas para ayudar a un Presidente sospechado, sacó la metralleta. Apuntó a su excolega de la pantalla de LN+, hoy en A24, Eduardo Feinmann, quien había señalado la escena en el despacho presidencial como “una vergüenza”: Lo acusó de recibir dinero de Horacio Rodríguez Larreta en un sobre marrón en un estacionamiento, durante la pasada campaña electoral. No nombró a su excompañero, pero fue tan obvio, que Feinmann se dio por aludido y anunció que lo demandará, según deslizó su abogado Gabriel Iezzi, quien también se privó de mencionar el apellido de Viale, en un extraño juego que al parecer es lo normal en esas lides.

El Presidente quedó frente al mundo ante la agria disyuntiva de asumirse como estafador o como un hombre precipitado, con pocas luces e instrucción, fácil de engañar

Viale y Feinmann ocupan dos de los lugares más visibles del Grupo Clarín. El primero, en el prime time del canal de noticias TN, y el segundo, en la primera mañana de Radio Mitre.

Ambos espacios son tribunas aguerridas de defensa del Gobierno y ataque a los opositores. En la feroz batalla, ambos parecieron coincidir en un punto: manifestaron su deseo de que a Milei le vaya bien, e incluso ayudarlo, para que no vuelva el kirchnerismo. Cabe inferir que el objetivo de esos periodistas es el mismo del grupo que los emplea en lugares estelares.

El rostro de Clarín

Más allá de las prácticas de Viale y del ruido desatado alrededor, Clarín quedó descripto cabalmente por el hecho. Por empezar, en la decisión de enviar a ese cronista a hacer la entrevista a un Presidente que necesitaba preguntas controladas. Luego, por admitir la publicación de la versión censurada por Santiago Caputo y descartar la original, que incluía la respuesta en la que Milei se enredó. En ello intervinieron editores y jefes periodísticos por encima de Viale. Una vez expuesta la entrevista en crudo por error involuntario o vendetta de algún empleado —de Presidencia o del Grupo—, TN siguió sin difundir el registro completo, dejó a Viale disparar estiércol a mansalva y no atinó a dar ninguna explicación.

Los lanzamientos envenados entre colegas no se agotaron en estrellas del Grupo Clarín. Cristina Pérez, conductora de ciclos en Radio Rivadavia y LN+, ubicada en la misma línea de Viale y Feinmann para combatir al kirchnerismo, dijo que “tres fuentes” le revelaron que hay una trama en el entorno de Milei que cobra para acercar empresarios.

Una vez expuesta la entrevista en crudo por error involuntario o vendetta de algún empleado —de Presidencia o del Grupo—, TN siguió sin difundir el registro completo, dejó a Viale disparar estiércol a mansalva y no atinó a dar ninguna explicación

La respuesta llegó de inmediato de boca de Fantino, militante y confidente de Milei. En un diálogo en su canal online Neura, el periodista santafesino llenó de elogios a su colega tucumana, pero deslizó que el cobro de coimas podría ser, en realidad, de parte de Luis Petri, ministro de Defensa y esposo de Pérez. Fantino narró que ministros del gabinete creen que Petri cobró sobornos por la millonaria compra de aviones F16 a Dinamarca.

Luis Majul, conductor y programador en LN+ y radio El Observador, también inscripto en la línea periodística de Fantino, Pérez, Viale y Feinmann, rozó la malicia cuando, en un pase con la esposa de Petri en el canal del Grupo La Nación, sugirió que el ministro de Defensa ya estaba afuera del gabinete.

El episodio Viale brindó otra señal reveladora. Milei aparece como un loco gritón y soez que actúa por impulsos. Conforma un personaje que sorprende a algunos de quienes convivieron con él en su década larga de Corporación América.

En la entrevista, el Presidente y Viale mostraron una inenarrable capacidad de cinismo cuando ironizaron sobre las preguntas “dictadas” por Santiago, “malo, malísimo”, Karina y Manuel Adorni.

Un minuto después, cuando Santiago en efecto pasó a dictar la pregunta y la respuesta, Milei, “el loco”, asimiló con calma la interrupción y obedeció lo indicado, porque comprendió que podría comprometerse judicialmente, como apostilló sagazmente Viale.

El entorno presidencial trasmitió luego que el Presidente estaba muy enojado con su asesor Caputo. Lejos de ello, en la escena grabada, pareció sumiso.

Al final, podría no estar tan loco. 

SL/DTC

Alberto Fernández se presentó esta mañana en los tribunales federales de Retiro para ser indagado en la causa por violencia de género contra la ex primera dama Fabiola Yañez. El exmandatario se negó a responder preguntas y solamente presentó un escrito. No hizo referencias orales ni se pronunció sobre la imputación en su contra, limitándose a argumentar que no declaraba debido a la recusación en curso contra el juez Ercolini. 

La indagatoria se concretó después de dos postergaciones el año pasado a raíz de diferentes recursos presentados por la defensa del expresidente.

Convocado inicialmente para las 11 de la mañana, Fernandéz adelantó la citación ante Ercolini alrededor de las 10. La audiencia transcurrió en un clima tenso y poco cordial. Solo estuvieron presentes la defensa, el fiscal Ramiro González y el juez Julián Ercolini. El trato con el magistrado fue seco, sin intercambios fuera de lo estrictamente formal. Según testigos, el ambiente fue frío y distante.

El procedimiento duró aproximadamente 40 minutos. Durante la audiencia, se le leyó la imputación y las pruebas. La declaración se adelantó una hora y, según trascendió, la reprogramación se habría coordinado el día anterior, en el que Fernández se presentó por la causa de los seguros.

En los próximos 10 días hábiles -aunque los tiempos de la Justicia a veces se extienden- el juez Ercolini deberá definir los pasos a seguir. Puede ordenar el procesamiento del expresidente si considera que existen elementos suficientes para estimar que cometió el delito. Si entiende que no hay pruebas concluyentes para procesarlo ni para sobreseerlo, podría dictar la falta de mérito, lo que implicaría que la causa siguiera abierta y que Fernández podría ser indagado nuevamente si aparecieran nuevas pruebas. La tercera opción es el sobreseimiento, que cerraría definitivamente el caso si se determina que el delito no existió o que no fue cometido por Fernández.

Fernández está imputado por “lesiones leves doblemente agravadas por ser cometidas mediante violencia de género y contra su entonces pareja; una lesión grave por el debilitamiento permanente de la salud de la ex primera dama -también doblemente agravada- y el delito de coacciones”. Estos delitos, en conjunto, prevén un máximo de 18 años de prisión en caso de una eventual condena.

Posteriormente, el exmandatario posteó su descargo en redes. “Hoy presenté mi descargo en una causa que es una estafa procesal sin precedentes. Después de muchos meses de silencio quiero que conozcan lo que tengo para decir”.

Luego de que la denuncia contra el diputado Cristian Ritondo y su esposa, Romina Aldana Diago, quedara a cargo del juez federal Sebastián Ramos y de la fiscalía de Eduardo Taiano, la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica)  advirtió en la red social X que un hijo del fiscal trabajó con el exministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Federico Nicolás Taiano fue nombrado por Ritondo en abril de 2016 como responsable ejecutivo del Programa Integral de Protección Ciudadana, con rango y remuneración equivalente a un director, de acuerdo con el escrito que lleva las firmas de Ritondo y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal.  

Federico Taiano renunció al puesto tras la salida de Cambiemos de la provincia de Buenos Aires, en diciembre de 2019. Fue concejal de Escobar por el mismo partido, entonces liderado por Mauricio Macri. En agosto de 2024, asumió como titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Unidad Bienes Decomisados”, en el Ejecutivo de Javier Milei. Depende de Jefatura de Gabinete.

elDiarioAR intentó contactarse con el fiscal Taiano para conocer su posición sobre un eventual conflicto de interés pero al cierre de esta nota no recibió respuesta.

El caso

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo. Los datos surgen de la investigación publicada por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El trabajo periodístico sacó a luz documentos confidenciales de la filtración Pandora Papers que revelan un entramado de sociedades offshore y otras compañías radicadas en Florida, Estados Unidos, para adquirir propiedades en Miami y Hallandale, en el sur del estado de las palmeras.

La presentación judicial, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez.

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

CC/JJD

El diputado Cristian Ritondo y su esposa, la abogada Romina Aldana Diago, fueron denunciados este lunes en los tribunales federales de Retiro, tras las revelaciones de una investigación sobre los vínculos de la pareja del jefe de la bancada del PRO en Diputados con sociedades en paraísos fiscales y Florida, y la adquisición de propiedades en Miami y el sur de la Florida, Estados Unidos. El caso fue revelado este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El matrimonio Ritondo-Diago fue denunciado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. También por los supuestos delitos contra el orden económico y financiero e incumplimiento de deberes de funcionario público, en el caso de Ritondo.

La presentación, a la que accedió elDiarioAR, fue realizada en Comodoro Py 2002 por el abogado Jeremías Rodríguez y quedó a cargo del juez federal Sebastián Ramos. El fiscal del caso será Eduardo Taiano, de acuerdo al sorteo informado por el Centro de Información Judicial (CIJ). 

La denuncia detalla los hallazgos de la investigación periodística junto a un análisis legal de las hipotéticas conductas de Ritondo y Diago. “Para el régimen normativo argentino ambos denunciados son socios por estar casados, más allá de otras sociedades comerciales que integren”, sostuvo Rodríguez. 

El denunciante afirmó que la sociedad conyugal “se rige por las reglas del contrato de sociedad” y que los “bienes que cada uno de los cónyuges, o ambos, adquiriesen durante el matrimonio, por cualquier título que no sea herencia, donación o legado ...o por compra u otro título oneroso, aunque sea en nombre de uno solo de los cónyuges, son considerados bienes gananciales que integran la sociedad conyugal”.

Eso, sostuvo el abogado, “demuestra que la comisión de los delitos es cometida por ambos cónyuges indistintamente, más allá de que en la compra de los bienes inmuebles y la constitución de las sociedades offshore figure uno solo de ellos”.

Además, Rodríguez planteó que “el diputado Nacional Ritondo no podía desconocer el régimen normativo de la sociedad conyugal que integra con su esposa Romina Diago, por lo tanto, está más que claro que ocultó información de manera intencional, en la declaración jurada obligatoria que exige la ley 25.188”, Ley Ética en el Ejercicio de la Función Pública, en caso de que estos bienes en Estados Unidos no estén declarados por Ritondo en el legajo reservado a los bienes de su pareja.

El denunciante solicitó al juez que cite a declarar tanto a Ritondo como a Diago para determinar también el origen de los fondos que se utilizaron para la adquisición de bienes en Florida.

La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Retiro debido a que Ritondo es diputado nacional, además de los delitos de materia federal que se presumen en la presentación.

El caso

Diago aparece en los documentos públicos y confidenciales de una red de sociedades en Islas Vírgenes Británicas, Delaware y Florida vinculadas a la adquisición de departamentos por US$2,6 millones en Miami y Hallandale, en el sur de Florida. Voceros de Ritondo desligaron al diputado y su esposa de parte del entramado pero no respondieron si las sociedades estaban debidamente declaradas ante la exAFIP, hoy Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La sociedad Goformore LLC podría traducirse del inglés casi literalmente como “Vamospormás”. Esta compañía nació el 4 de junio de 2012 en el estado de Florida, Estados Unidos. Tenía una manager/miembro: Romina Aldana Diago, la esposa del diputado Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO en la cámara baja, de acuerdo a la investigación publicada este domingo por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

El 14 de marzo de 2013, Goformore LLC adquirió un departamento en el 10275 de Collins Avenue, Miami Beach, por US$580.000. Se lo compró a otra sociedad: denominada Harbour House 1533 Corp, presidida por otro hombre del espacio que lidera Mauricio Macri: Juan Alberto Pazo, flamante titular a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Hasta la semana última, Pazo era el segundo al mando del ministerio de Economía que lidera Luis “Toto” Caputo. Era el virtual secretario de Industria del gobierno de Javier Milei. El miércoles, Caputo anunció por la red social X que Pazo dejaba su cargo de secretario de Coordinación de Producción en el Palacio de Hacienda para ocupar el de secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Tres días más tarde, en un giro inesperado, el Ejecutivo echó a la jefa de ARCA, Florencia Misrahi y nombró a Pazo a cargo del organismo de control tributario y recaudación.

Diago, que ejerce como abogada y asesora de integrantes del PRO en organismos de la Ciudad de Buenos Aires, permaneció en los documentos públicos de la compañía hasta junio de 2013, de acuerdo a los registros públicos de Florida. Luego, jamás volvió a aparecer en los papeles abiertos de la sociedad, que pueden consultarse vía web.

Tras su salida de Goformore LLC, Diago fue sustituida por una agente inmobiliaria que actuó únicamente como manager de la sociedad, no como manager/miembro. La nueva manager es María José Pérez-Millán.

El departamento que Goformore adquirió a la empresa de Pazo -de la que además el abogado figura como accionista en 2018 fue vendido un año y medio más tarde, en septiembre de 2014, en US$650.000, según el registro oficial de Miami Dade. Para esa fecha, Diago acababa de constituir el fideicomiso Warwick Trust y había activado una sociedad en Islas Vírgenes Británicas (Sunstar Point) para resguardar una propiedad en Florida valuada en ese mismo valor.

Otros bienes

Goformore LLC tiene otros tres inmuebles en Miami, adquiridas entre enero de 2013 y julio de 2015, y valuadas en US$467.843, US$656.900 y US$446.900, según el registro oficial de Miami Dade. Juntas, las tres propiedades superan el millón y medio de dólares. Si se suma el departamente que le adquirieron a Pazo en 2013 y luego vendieron, los activos de la sociedad ascienden a US$2,6 millones.

Cuando Diago dejó de figurar en los documentos públicos de Goformore, en julio de 2013, fue reemplazada por María J. Pérez-Millan. Pérez-Millan sigue en el cargo de directora de Goformore hasta la actualidad. Además de figurar como representante de Goformore, Pérez-Millán es representante de otra sociedad: Ilustre LLC, radicada en Delaware en febrero de 2015.

Ilustre LLC es propiedad de una tercera sociedad, Bonita Holdings 39, de Florida, integrada por Diago, como reveló la investigación de la UDI de elDiarioAR y CLIP.

Además, la esposa de Ritondo aparece como beneficiaria final de Sunstar Point, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, y maneja un fideicomiso en Florida para controlar sus bienes en el exterior, denominado Warwick Trust.

Hace pocos meses, Ritondo  celebró cuando fue designado presidente del PRO con un mensaje en la red social X que cerró con la frase: “¡Vamos por más!”. 

Esta investigación fue realizada gracias al soporte del Consorcio para Apoyar el Periodismo Independiente en la Región de América Latina (CAPIR), un proyecto liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).

ED