El Senado se encamina a abrir esta semana un debate sensible y largamente postergado: la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, será tratado en un plenario de las comisiones de Salud -que se constituirá ese mismo día- y de Legislación General, presidida por la senadora neuquina Nadia Márquez. La discusión aparece en un momento en que el oficialismo busca reposicionar su agenda legislativa, tras los obstáculos para avanzar con la reforma electoral y otras iniciativas.

El eje de la propuesta pasa por modificar los criterios de internación y otorgar un rol más central a la mirada médica, en particular a los psiquiatras. En concreto, el texto plantea flexibilizar las condiciones para las internaciones involuntarias, habilitándolas en situaciones de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros. Se trata de un cambio significativo respecto de la legislación vigente, sancionada en 2010, que exige la existencia de un “riesgo cierto e inminente” para justificar este tipo de intervenciones.

La iniciativa mantiene, en términos formales, que la internación debe ser un recurso excepcional, pero introduce mecanismos para agilizar su aplicación en contextos de urgencia. En esos casos, el médico psiquiatra podrá indicar una internación no voluntaria, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Este punto sintetiza uno de los giros conceptuales del proyecto: sin eliminar el enfoque interdisciplinario, refuerza el peso de la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.

Además, el texto incorpora cambios en el lenguaje y en los criterios clínicos. El Gobierno propone reemplazar el término “padecimiento mental” por categorías diagnósticas más precisas, alineadas con la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el argumento de que la noción actual resulta demasiado amplia y puede generar demoras en la intervención. En la misma línea, se busca integrar de manera explícita el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental, habilitando la creación de dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es el rediseño del modelo de atención. A diferencia de la ley vigente -que promueve el cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes y su reemplazo por dispositivos comunitarios-, la propuesta oficial cuestiona la viabilidad de esa transformación en el corto plazo. En su lugar, plantea fortalecer una red de atención organizada por niveles de complejidad, en función de las limitaciones actuales de infraestructura, recursos humanos y condiciones de seguridad.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a “modernizar” la norma y mejorar la respuesta del sistema sanitario frente a situaciones que, bajo el esquema actual, no encuentran suficiente cobertura. También señalan que la implementación de la ley es desigual en el país: no todas las provincias adhirieron formalmente y persisten déficits en la disponibilidad de servicios y camas de internación en hospitales generales.

Resistencia de especialistas y organizaciones de derechos humanos

Sin embargo, la iniciativa ya genera resistencias en sectores del campo de la salud mental y en organizaciones de derechos humanos. Distintas entidades advierten que los principales problemas no radican en el texto de la ley sino en su bajo nivel de cumplimiento, especialmente en lo que respecta al financiamiento. La normativa establece que al menos el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a este área, una meta que, según relevamientos recientes, está lejos de alcanzarse.

En esa línea, voces críticas sostienen que flexibilizar las internaciones involuntarias puede implicar un retroceso en términos de derechos y abrir la puerta a prácticas de encierro que la ley de 2010 buscó limitar. Otros especialistas, en cambio, respaldan la reforma y consideran que el sistema actual presenta vacíos que dificultan intervenir de manera oportuna en situaciones de riesgo, especialmente en casos vinculados a consumos problemáticos o crisis agudas.

El debate, que comenzará en comisión, anticipa una discusión compleja que combina aspectos técnicos, sanitarios y éticos. En un contexto de creciente demanda en salud mental -atravesado por factores económicos y sociales-, la reforma pone en tensión dos enfoques: uno centrado en la ampliación de derechos y la atención comunitaria, y otro que prioriza la capacidad de respuesta del sistema frente a situaciones críticas. El resultado de esa puja comenzará a definirse en el Senado.

Con información de la agencia NA y de Chequeado

El Senado dará el puntapié inicial en el proceso de designación de 78 jueces, defensores y fiscales, con la audiencia pública que se efectuará el próximo jueves, donde unos 16 postulantes rendirán examen ante los legisladores.

En una nueva tanda de designaciones, el Poder Ejecutivo sumó 30 nombres a la lista de aspirantes a vacantes judiciales. Una de las propuestas centrales es la continuidad de Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el Gobierno busca que el magistrado permanezca en su cargo por un nuevo período de cinco años, superando el tope de edad jubilatoria.

Pesino y María Dora González dejaron sin efecto la cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma laboral decretada por el juez Horacio Ojeda.

Ahora los nuevos pliegos deben tener ingreso formal en una sesión de la Cámara de Senadores que posiblemente se realice el 6 de mayo, para que la Comisión de Acuerdo pueda avanzar en el tratamiento de esas propuestas, como lo hizo en el caso de la prórroga del mandato del padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques.

Lo mismo ocurrió en la sesión del 9 de abril, cuando el Senado otorgó estado parlamentario a unos 78 pliegos enviados por el Gobierno para cubrir vacantes en el Poder Judicial, de los cuales 16 defenderán sus postulaciones en la audiencia de este jueves 30 de abril. 

Será la primera de las cuatro Audiencias Públicas que se efectuarán entre el 30 de abril y el 13 de mayo, previo a que esos 78 pliegos se traten en el recinto de sesiones del Senado, que con mayoría simple votará la designación de postulantes para el Poder Judicial.

De todos modos, los pliegos que más atención política tendrán se tratarán en mayo, que es cuando expondrán Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

En la segunda semana de dicho mes, también lo hará María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Otro pliego que despierta el interés de los legisladores es el de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del Caso Libra, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Primeros postulantes

En la primera Audiencia Pública de la comisión de Acuerdos —que preside Juan Carlos Pagotto— expondrá María Inés Restón como Defensora Pública ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un lugar estratégico para el Gobierno.

Restón obtuvo el primer lugar en el orden de mérito del Concurso N° 175 para el Ministerio Público de la Defensa y ha figurado con altos puntajes en el Concurso N° 216.

Expondrán también a Ricardo Lombardo, a quien se propone como juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal; a Santiago Poncio, como magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal; y a Javier Santiso, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal.

En la lista para exponer figuran, como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal, Ignacio Labadens, y Julián Herrera para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal.

Se presentarán en la Audiencia Pública para ser juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, Santiago Munilla, y Gloria Capanegra para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal.

También defenderán ante los senadores sus pliegos: Soledad Mariño, propuesta para el Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 18 de la Capital Federal; Paula Fuertes, como jueza para el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 14 de la Capital Federal; y Laura Kvitko, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23 de la Capital Federal.

Asimismo, defenderá su pliego Hugo Decaria, como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 3 de la Capital Federal; Juan Balcázar, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 95 de la Capital Federal; y Ezequiel Sobrino Reig, como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N.º 80 de la Capital Federal.

La primera Audiencia Pública contempla que también expongan Santiago Poncio, que se postula como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13 de la Capital Federal; Germán Degano, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 64 de la Capital Federal; y José Guerrero, como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Capital Federal.

El Senado otorgó estado parlamentario a 78 pliegos de jueces, fiscales, y defensores

Entre los pliegos que se tratarán figuran la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. 

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

También se propuso a Cristina María Juan —esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del caso Libra— para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Con información de NA.

“Cristina, la única manera de que salgas es si hay uno nuestro en Casa Rosada. Te la tienen jurada, te van a dar 15 años más”, se lamenta un dirigente peronista en el living de Cristina Fernández de Kirchner. El orador busca que afloje en su interna con Axel Kicillof, pero no le dice nada que la ex presidenta no sepa. CFK sospecha que el fallo de Vialidad es solo el primer paso, que detrás está Hotesur y Cuadernos y que la Justicia quiere mantenerla presa para siempre. El problema, sin embargo, es otro. Y es que la minoría vetadora con la que CFK esperaba negociar con Karina Milei en el Senado desapareció: Karina encontró sus dos tercios sin ella. 

La estrategia judicial de CFK, quien hace casi un año que cumple con una restrictiva prisión domiciliaria en San José 1111, depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los asesores de la ex presidenta apuestan a que sean los organismos internacionales quienes intervengan en su liberación. Es por eso que el principal objetivo es sostener la campaña de “Cristina Libre” en el exterior –a eso fue Wado de Pedro a Barcelona, en donde consiguió una foto con Lula Da Silva y Claudia Sheinbaum durante la Cumbre Progresista– y esperar a que la CIDH tome el caso y determine, como vienen sosteniendo sus abogados, si hubo persecución política y judicial.  

Es una estrategia de largo aliento. Rafael Correa, por ejemplo, tuvo que esperar ocho años hasta que un organismo internacional interviniera en su caso. Pero la alternativa, el indulto, no termina de convencer a CFK. La ex presidenta pretende que declaren su inocencia y un indulto implicaría admitir su culpabilidad. 

Las dos estrategias requieren que el peronismo gane las elecciones en 2027. No son pocos los dirigentes que sostienen, en público y en privado, que el candidato del peronismo debe prometer indultar a CFK como una de sus primeras medidas. Pero, incluso en el caso de la estrategia internacional, resulta imprescindible que el Estado nacional defienda la postura de CFK de que el fallo de Vialidad fue arbitrario y discrecional. Necesita, en palabras del dirigente que se reunió con ella hace unas semanas, que haya uno “propio” en Casa Rosada que apure los tiempos en la CIDH. Y que, cuando la CIDH falle a favor, apure los tiempos de la Corte Suprema. 

El primer intento del cristinismo para negociar con el Gobierno la integración de la Corte fracasó. Las conversaciones –siempre negadas oficialmente, pero reconocidas en privado– con Ariel Lijo para respaldar su pliego como juez de la Corte Suprema se cayeron a pedazos en el momento que Santiago Caputo decidió avanzar con la designación de los supremos vía decreto. El Gobierno, cuestionan en el peronismo, nunca se ocupó de juntar los votos, lo dejó a Lijo rosqueando su propio ingreso y, cuando vio que algunos aliados radicales y del PRO no estaban dispuestos a respaldar, decidió presionar nombrándolos por DNU. A él y a Manuel García Mansilla.

El resto es historia conocida: CFK rechazó el mecanismo y mandó a rechazar los pliegos, lo que llevó a que todo el peronismo, incluso muchos senadores que tienen un buen vínculo con el juez de Comodoro Py, lo votaran en contra. Después de eso, la puerta de la negociación no volvió a abrirse. Hubo intentos, a través de Juan Martín Menna, pero el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia cambió el escenario. 

La guerra de Comodoro Py y los dos tercios de Bullrich

Uno de los mayores logros legislativos del Gobierno, luego de las elecciones, fue quebrar al peronismo en el Senado. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, no controla ya a los díscolos que comenzaron a votar con el oficialismo –como la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza– y teme que haya más fugas. Apenas sí pudo contener al puntano Fernando Salino, y observa que los dos santiagueños de Gerardo Zamora no dudarán en jugar con Javier Milei si lo consideran necesario. 

El eje de poder en el Senado cambió. El cristinismo no controla ya los votos peronistas de la Cámara alta, y el Gobierno logró establecer un canal de negociación con el peronismo que le permite saltearse la intermediación de CFK. Sus interlocutores, ahora, son los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, quienes lograron establecer, con ayuda de Moisés, una nueva mayoría que les permite interceder para negociar un tema de particular interés: las más de 200 vacancias judiciales. 

 “El kirchnerismo se quedó afuera de la negociación, y se lo merecen. No puede ser que fuimos gobierno durante 4 años y dejamos servidas en bandeja 200 vacantes judiciales”, se queja una de las armadoras de los gobernadores, quien acusa al cristinismo de haber perdido su vocación de poder. Un reclamo que se escucha con insistencia en algunas provincias del interior de cara a las candidaturas presidenciales. “Te están dando cátedra de cómo conseguir mayorías los tipos que, hasta el año pasado, tenían solo 7 senadores. No puede ser”, señala, mordaz.

En efecto, los peronistas vienen negociando con Karina Milei, a través de Mahiques y Santiago Viola, las vacancias para sus provincias, y calculan que, cuando llegue el momento, el oficialismo podrá aprobarlos con casi dos tercios de los votos. No porque los necesite, sino porque puede. Una demostración de poder que podría verse expresada, en un par de semanas, cuando se debata el pliego de “Coco” Mahiques, el juez de Casación Penal que participó del viaje a Lago Escondido y cuyo hijo, el ministro de Justicia, impulsó para continuar como juez apenas asumió en el cargo. 

“Patricia ya tiene los dos tercios si quiere”, admite, irritado, un senador del cristinismo, que fue corrido de la mesa de negociación con el Gobierno. Las conversaciones ya no pasan por los despachos de De Pedro, Anabel Fernández Sagasti o Mayans, sino por el de Moisés, Sáenz y Sergio Massa. También por el de Lijo, quien no cree ya que podrá ser juez de la Corte, pero aspira, ahora, a convertirse en procurador general. 

La semana pasada se llevó a cabo un festejo curioso. En ocasión del cumpleaños de Sáenz, se organizó una reunión, revelada por LPO, con Jalil, Moisés, Andrada, Mendoza y el juez Lijo. Ninguno de los participantes quiso revelar de qué se conversó en el encuentro, pero fuentes judiciales advierten que el juez se mueve como primus inter pares de la “vieja escudería” de Comodoro Py –que incluye a Mariano Borinsky, Marcelo Martínez de Giorgi y María Servini– y está jugando para conseguir los votos para ser procurador. 

“Sabe que el enemigo está en el Ministerio de Justicia, así que se junta con los ‘traidores’”, señala un operador judicial cristinista, aludiendo a la interna que existe entre el grupo de Lijo y el grupo que lidera Mahiques, quien está alineado con el supremo Horacio Rosatti. 

La guerra interna de Comodoro Py –a la que se le suma la guerra que hay en la Corte por el mecanismo de selección de los jueces, que tiene enemistados a Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti con Rosatti– no es el único motivo por el cual el juez se podría haber reunido con los dirigentes peronistas, sin embargo. Otro motivo es la interna del PJ, ya que Saenz viene impulsando la intervención del partido y la que se encargará de tomar la decisión es la jueza Servini. 

Al final, incluso en las negociaciones judiciales, todo vuelve al mismo punto: la interna peronista.

MCM/MG

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, padre del ministro Juan Bautista Mahiques, defendió este jueves su continuidad en el cargo ante el Senado en una audiencia atravesada por el escándalo del viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022. El magistrado buscó relativizar el episodio al afirmar que se trató de “un viaje de distracción con amigos”, mientras el oficialismo avanzó con su pliego y dejó encaminada su renovación por cinco años más, en lo que fue leído como un guiño político para su permanencia.

La exposición se dio en la Comisión de Acuerdos, donde Mahiques respondió preguntas de senadores sobre su trayectoria y sobre el viaje realizado en octubre de 2022 a la estancia del empresario británico Joe Lewis, en Río Negro. Allí coincidió con otros jueces federales, funcionarios y directivos vinculados al conglomerado de medios. Frente a los cuestionamientos, el camarista insistió en que se trató de una actividad privada: “Fue un viaje de distracción con amigos”, sostuvo, y negó que hubiera existido algún tipo de contraprestación o vínculo indebido con su función judicial.

Las respuestas no lograron disipar las críticas de la oposición. Desde el peronismo, varios senadores remarcaron que el traslado se hizo en un vuelo privado y que la estadía fue en una propiedad de Lewis, lo que dio lugar a denuncias por presuntas dádivas. En ese sentido, plantearon que no se trata de un hecho menor sino de un episodio que pone en discusión la independencia y la transparencia de integrantes de uno de los tribunales más importantes del país. Las consultas fueron planteadas por la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el rionegrino Martín Soria.

Con Mahiques viajó Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Incluso fue Juan Bautista Mahiques, actual ministro, que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

Mahiques explicó: “Me cuide muy bien de verificar, cuando hicimos ese viaje de amigos, que no me financió ninguna empresa”. También reiteró que “no pedí licencia porque el único tribunal que tiene jurisdicción en todo el país es Casación Federal y en consecuencia, de algún modo, seguí trabajando”. Agregó, en ese sentido, que participó “de un seminario que está grabado en la Universidad Austral durante el viernes y el sábado, y el domingo me volví”.

Pese a esa polémica, el oficialismo avanzó con el tratamiento del pliego enviado por el Poder Ejecutivo para renovar su mandato. Mahiques cumple 75 años en noviembre de 2026, el límite constitucional para ejercer como juez, por lo que necesita un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo por otros cinco años. La continuidad en Casación —tribunal clave para revisar causas penales de alto impacto— convierte la decisión en un movimiento de peso dentro del esquema judicial.

Fernández Sagasti recordó dos impugnaciones que recibió el pliego de Mahiques por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) porque fue beneficiado con el cargo actual por una decisión de Mauricio Macri en 2017, pese a que su cargo original era el de juez de la Cámara Nacional de Casación Penal: “Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”, y cerró al respecto que “el Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”, dijo Mahiques.

El senador Soria cargó contra el magistrado y recordó que “fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri” y sostuvo que “pertenece a un grupo selecto de magistrados contrario a la Constitución y al Reglamento sin concursar a la máxima instancia”. “¿Usted cree que esto no lo afecta su independencia judicial? ¿No es falta de idoneidad moral?”, lo inquirió.

“No me hago cargo ni acepto de ninguna de las denuncias de sus imputaciones que hizo en general a un selecto grupo que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”, se defendió Mahiques. Al finalizar la audiencia pública, tras casi cuatro horas de reunión, el pliego del juez Mahiques obtuvo dictamen de comisión.

MC

“Feliz cumpleaños Victoria Villarruel”. Con ese mensaje Bartolomé Abdala, el senador de La Libertad Avanza que ocupa la presidencia provisional de la Cámara alta, saludó a Victoria Villarruel este lunes a través de Facebook. Pero el saludo tenía una lectura entre líneas: la vicepresidenta tiene que definir si le embarga la dieta al legislador, luego de que la Justicia de San Luis le exigiera ejcutar una orden judicial por una deuda que Abdala tiene con el fisco provincial.

elDiarioAR supo que el requerimiento judicial ya fue procesado en la cúpula del Senado: “Se envió el requerimiento judicial al área de Sueldos y Dietas del Senado, para, de corresponder si así fuera, aplicar las deducciones, conforme la medida judicial”, recogió este medio de una fuente parlamentaria con conocimiento del caso. La frase, cuidadosa en su forma, confirma que el mecanismo está en marcha aunque deja abierta la puerta a eventuales impugnaciones que pueda presentar el propio senador.

El juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis, Alberto Spagnuolo, dispuso el embargo ejecutivo sobre los haberes de Abdala por una deuda de $45 millones en concepto de impuesto inmobiliario y otros tributos provinciales. El oficio, basado en la ley 22.172, fue emitido el 6 de abril e ingresó formalmente por la mesa de entradas del Senado el viernes pasado. La resolución obliga al Senado a retener el porcentaje que fije la ley de la dieta del legislador hasta cancelar el monto total. Un senador nacional gana actualmente unos 11 millones de pesos mensuales, por lo que el embargo podría extenderse varios meses.

El caso tiene una carga institucional difícil de ignorar. Abdala llegó a estar a cargo del Poder Ejecutivo nacional por unos días el año pasado, cuando tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta Villarruel se encontraban fuera del país. Es, en la práctica, el número dos del Senado. Y es uno de los suyos: senador de La Libertad Avanza.

El argumento de Abdala: persecución política

El senador reaccionó antes de recibir notificación formal. En declaraciones a Clarín, dijo que “no me notificaron nada” en forma oficial y que este lunes se reuniría con sus abogados para definir cómo afrontar la deuda. Pero rápidamente ubicó el conflicto en clave electoral. Abdala calificó la medida como “una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi” y la vinculó con sus posibilidades de candidatearse para sucederlo en las elecciones provinciales del año próximo.

“En San Luis, cuando alguien se anima a discutirle el poder a la casta, se transforma en un problema. Y para la política tradicional, cuando sos un problema, también te convertís en alguien a quien operar y amedrentar”, escribió el legislador. Calificó la medida como “una operación burda, habitual en el gobierno de Claudio Poggi”. La semana pasada, en el Senado, había dicho que “el gobierno de mi provincia está más sucio que una papa”.

También apuntó contra la política fiscal puntana en general: la Dirección Provincial de Ingresos Públicos inició más de 5.200 juicios a deudores de impuestos provinciales por un total de 9.113 millones de pesos.

El problema para Abdala es que la deuda existe, y que él mismo declaró tener con qué pagarla. En su última declaración jurada, correspondiente a 2024 y presentada ante la Oficina Anticorrupción, informó cinco inmuebles, tres vehículos y un patrimonio estimado en 197 millones de pesos. Contador de profesión, alega desconocer una deuda impositiva de 45 millones pese a las propiedades declaradas.

La réplica del gobierno de San Luis

Desde la administración de Poggi no dejaron pasar la oportunidad. La directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, rechazó de plano las acusaciones de intencionalidad política y explicó que la política fiscal se basa en el principio de capacidad contributiva: “El que tiene más, contribuye más. No es lo mismo la tasa de un barrio común que la de una vivienda en un country, ni un vehículo de alta gama que un utilitario”.

La frase de remate apuntó directo al senador: “Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto.” En otras palabras: es un contribuyente con capacidad económica declarada que no paga sus impuestos provinciales.

En 2023, el gobernador Poggi, en alianza con Juntos por el Cambio, desplazó del poder a Alberto Rodríguez Saá, quien junto con su hermano venía gobernando la provincia desde 1983. Desde entonces, la relación entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza fue deteriorándose. Abdala, que fue ministro de Turismo durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá y luego migró al PRO y finalmente a LLA, se convirtió en el principal vector de esa tensión.

MC

El Senado de la Nación avanzó este jueves con una agenda cargada que incluyó el ingreso formal de 78 pliegos judiciales, la aprobación de ascensos en las Fuerzas Armadas y el aval a la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá, en medio de cuestionamientos de la oposición.

Durante la sesión, los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores tomaron estado parlamentario tras su lectura en el recinto. Se trata de la primera tanda de postulaciones, en un contexto en el que el Poder Judicial acumula más de 300 vacantes.

A partir de ahora, se abrirá el proceso de publicación de antecedentes, presentación de impugnaciones y respaldos, y posteriormente los candidatos deberán asistir a audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos, que se realizarían en los primeros días de mayo. Luego, los pliegos deberán ser aprobados por mayoría simple en el recinto.

Entre los nombres incluidos aparecen figuras con vínculos relevantes dentro del ámbito judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, propuesto para un tribunal federal en Santa Fe; María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini; y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso $LIBRA.

El avance de estos nombramientos forma parte de una estrategia del Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia, una deuda pendiente en los primeros años de gestión, y que ahora busca destrabar con un escenario más favorable en la Cámara alta.

En paralelo, el Senado aprobó con 45 votos a favor y 26 en contra el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. La designación generó fuertes críticas del peronismo, que la acusó de haber negociado el cargo a cambio de su voto favorable a la Ley Bases.

Desde el oficialismo rechazaron esas acusaciones y defendieron la trayectoria política de la neuquina. La votación contó con el respaldo de bloques aliados, mientras que sectores opositores mantuvieron su rechazo durante el debate en el recinto.

La sesión también incluyó la aprobación de los ascensos de los jefes militares Oscar Santiago Zarich, Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, así como el tratamiento de otras designaciones.

El clima político estuvo atravesado por fuertes cruces. Legisladores del peronismo impulsaron cuestiones de privilegio contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, en medio de críticas por la situación económica, los escándalos de Manuel Adorni y el caso $LIBRA. Incluso, desde ese espacio se deslizó la posibilidad de avanzar en un juicio político contra el Presidente. “No entiende nada, está pirado”, dijo José Mayans en pleno recinto.

CRM

El Senado aprobó este miércoles un proyecto de declaración por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en medio de diferencias entre los bloques sobre el enfoque del texto y, en particular, sobre la inclusión del concepto de “terrorismo de Estado”. La votación terminó con 49 votos positivos y 20 abstenciones del bloque de Patricia Bullrich, aunque tuvo a Luis Juez como excepción.

La iniciativa fue presentada por el senador Eduardo “Wado” de Pedro, de Unión por la Patria (UP), donde propuso que la Cámara alta expresara su compromiso con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, al tiempo que reafirme el valor del consenso democrático alcanzado desde el retorno institucional en 1983.

El tratamiento del proyecto generó tensiones desde el inicio de la sesión. Si bien el cuerpo aceptó avanzar con el debate, se resolvió postergarlo para el final a pedido de La Libertad Avanza (LLA), que manifestó objeciones sobre el contenido de la parte resolutiva. En paralelo, UP accedió a retirar los fundamentos del proyecto y dejar únicamente el articulado, tras un planteo de la Unión Cívica Radical (UCR) para facilitar la discusión.

El eje de la controversia giró en torno a la caracterización del último régimen militar. El texto original hacía referencia al “terrorismo de Estado”, una definición histórica sostenida por organismos de derechos humanos y amplios sectores políticos, pero cuestionada por el oficialismo libertario.

Desde LLA impulsaron una redacción alternativa que proponía que el Senado declarara “su compromiso permanente con la defensa del orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho”, además de condenar “cualquier tipo de violencia” y reivindicar el consenso democrático expresado en el informe “Nunca Más”.

De este modo, la discusión excedió lo conmemorativo y se trasladó al terreno político actual, donde persisten diferencias sobre cómo interpretar el pasado reciente y qué conceptos deben formar parte de los consensos institucionales.

El proyecto de De Pedro, en línea con las políticas de derechos humanos sostenidas desde la recuperación democrática, buscó ratificar el posicionamiento histórico del Estado argentino frente a los crímenes de la dictadura. Al mismo tiempo, puso el foco en la necesidad de preservar esos acuerdos como base del sistema democrático.

En tanto, la postura de LLA apuntó a una formulación más general, sin referencias específicas al accionar del terrorismo de Estado, y con una condena amplia a todas las formas de violencia política.

La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, dejó un mensaje en sus redes sociales: “El kirchnerismo se adueñó durante décadas de los DDHH para convertirlos en un negocio político. Impuso un relato, persiguió al que pensaba distinto y adoctrinó a toda una generación. Hoy repitieron lo mismo con una declaración sesgada y excluyente en el Senado de la Nación. La Libertad Avanza propuso algo distinto: una mirada completa, sin relato y sin grieta. Se terminó el monopolio de la memoria. La historia es completa o no es”.

CRM

Las dietas de los integrantes del Senado de la Nación Argentina superarán en marzo los 11 millones de pesos brutos luego del acuerdo salarial alcanzado entre los gremios y las autoridades del Congreso de la Nación Argentina para los trabajadores legislativos. El incremento impacta directamente en los ingresos de los senadores porque sus haberes están atados al valor de los módulos que se utilizan para calcular los salarios del personal parlamentario.

El entendimiento fue firmado por representantes de los sindicatos legislativos y las autoridades de ambas cámaras y establece una suba acumulada del 12,5% entre diciembre y mayo. El esquema contempla aumentos retroactivos y progresivos: 2% en diciembre, 2,5% en enero, 2,2% en febrero, 2% en marzo, 1,7% en abril y 1,5% en mayo.

Debido a que las dietas de los senadores se calculan en función de esos módulos, el ajuste impactará automáticamente en sus ingresos. Desde noviembre del año pasado los legisladores de la Cámara alta percibían alrededor de $10,2 millones brutos, cifra que ahora se elevará hasta unos $11,6 millones a medida que se apliquen los incrementos acordados.

Cómo se compone la dieta

El salario de los senadores se compone de 4.000 módulos: 2.500 correspondientes a la dieta básica, 1.000 por gastos de representación y 500 adicionales en concepto de desarraigo. Este último ítem se paga a los legisladores que viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

Hay, sin embargo, algunas excepciones. No cobran el adicional por desarraigo los senadores porteños Patricia Bullrich, Agustín Monteverde y Mariano Recalde, mientras que Alicia Kirchner decidió mantener su jubilación como exgobernadora en lugar de percibir ese plus.

Diferencias con Diputados

El sistema salarial no es el mismo en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde las dietas de los legisladores no están atadas a las paritarias del personal del Congreso. En ese caso, los ingresos dependen de decisiones administrativas de las autoridades de la Cámara.

Actualmente, los diputados perciben alrededor de $6 millones brutos, con un ingreso neto cercano a $4,5 millones, más un adicional de aproximadamente $600.000 por gastos de representación. La brecha entre ambas cámaras genera reclamos desde hace tiempo entre legisladores de la Cámara baja, que señalan que sus sueldos son casi la mitad de los que perciben sus pares del Senado.

Un sistema que se definió tras la polémica

El mecanismo que vincula la dieta de los senadores con las paritarias legislativas fue definido en 2024, cuando la Cámara alta resolvió que cada aumento acordado con los trabajadores del Congreso impactaría automáticamente en los haberes de los legisladores. La decisión buscó evitar nuevas controversias públicas por aumentos votados directamente por los propios senadores.

El gobierno de Javier Milei celebró este viernes la aprobación definitiva de la Ley de Modernización Laboral y de la reforma a la Ley Penal Juvenil como una doble señal política en el cierre de las sesiones extraordinarias. En la Casa Rosada hablaron de una jornada “histórica” y destacaron que ambas sanciones consolidan la agenda estructural que el Presidente había anticipado para esta etapa de su gestión.

El debate en el Senado fue seguido de cerca por el ministro del Interior, Diego Santilli, que se instaló en el Congreso para monitorear el poroteo y coordinar la estrategia parlamentaria. Al igual que durante el tratamiento en Diputados, trabajó en articulación con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y en esta instancia coordinó con la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, para asegurar la sanción final de ambas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

En la previa, Santilli había marcado el tono político que el oficialismo buscó imprimirle a la jornada. “Después de medio siglo, la Argentina avanza hacia una legislación laboral moderna, acorde a los desafíos actuales”, afirmó. Según el ministro, la reforma permitirá “incorporar a todos los argentinos que están en la informalidad” y “fortalecer a las economías regionales y a las provincias, generando condiciones reales para el crecimiento y la inversión”.

Sobre la reforma de la Ley Penal Juvenil, en tanto, Santilli destacó que el Gobierno “está cumpliendo con su compromiso: ‘el que las hace, las paga’”. Y agregó: “Hay que proteger a las víctimas y asegurar que los delitos de adultos tengan penas de adulto”. La baja de la edad de imputabilidad a los 14 y el nuevo esquema punitivo fueron presentados como parte de una política integral de seguridad que el oficialismo considera central para su identidad.

Desde el oficialismo también buscaron subrayar el ritmo legislativo como parte del mensaje político. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó en su cuenta de X que “es la primera vez en la historia argentina que el Senado de la Nación sesiona tres veces en una misma semana” y contrastó ese dato con 2023, “último año de la gestión Fernández-Fernández”, cuando, según señaló, la Cámara alta sesionó apenas ocho veces en todo el año.

Un camino sinuoso, pero de éxito

La discusión de la Ley de Modernización Laboral, sin embargo, estuvo lejos de ser un trámite lineal. El proyecto atravesó semanas de negociaciones con gobernadores y bloques dialoguistas, concesiones en el articulado y momentos de tensión interna. El punto más crítico fue la incorporación del artículo 44, que modificaba el régimen de licencias médicas e incluía descuentos salariales para ausencias vinculadas a enfermedades atribuibles al empleado.

La redacción generó resistencia incluso entre aliados del oficialismo y obligó al Gobierno a retroceder. Finalmente, el artículo fue eliminado para garantizar los votos necesarios y evitar que el proyecto naufragara en el Senado. Esa marcha atrás permitió ordenar el frente parlamentario y cerrar la sanción sin sobresaltos en la votación final.

Pero el balance oficial de las sesiones extraordinarias no se limita a la reforma laboral y a la Ley Penal Juvenil. Este jueves, el oficialismo también consiguió la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares, considerada estratégica por los libertarios para ampliar el margen de desarrollo minero en las provincias. En Balcarce 50 sostienen que esa modificación es incluso más relevante en términos económicos que la propia reforma laboral, por el supuesto impacto potencial en exportaciones y generación de divisas. A eso se sumó la ratificación parlamentaria del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, un movimiento que el Ejecutivo presenta como una señal de apertura comercial y alineamiento internacional.

La lectura interna es que el oficialismo logró cerrar extraordinarias con una secuencia de votaciones que, pese a las tensiones iniciales, terminaron consolidando su capacidad de negociación. El Ejecutivo consiguió articular con bloques dialoguistas, ordenar su frente interno y evitar fisuras mayores en temas sensibles. En un Congreso fragmentado y sin mayorías propias, ese resultado es leído como una demostración de músculo político.

Con este escenario, Milei llega a la apertura de sesiones ordinarias de este domingo con la iniciativa política nuevamente en sus manos. En Balcarce 50 entienden que el cierre exitoso de extraordinarias no solo consolida la agenda legislativa del Ejecutivo, sino que le permite al economista libertario exhibir capacidad de gestión parlamentaria después de semanas atravesadas por el conflicto sindical, la presión opositora y la negociación voto a voto.

PL/MG

Tal como había pedido el presidente Javier Milei, el Senado convirtió en ley este viernes el proyecto de Modernización Laboral con el apoyo de fuerzas aliadas, y que concitó el rechazo cerrado del peronismo. Desde el oficialismo celebraron una nueva victoria legislativa en el periódo de sesiones extraordinarias.

Con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, el Gobierno cerró un exitoso raid legislativo. Es la séptima iniciativa que el oficialismo consigue aprobar luego de las elecciones de octubre y con la nueva conformación de las cámaras.

El Gobierno logró aprobar la reforma luego de más de 11 horas de debate, en una sesión que comenzó con otro triunfo, la sanción de la ley Penal Juvenil. Javier Milei podrá lucir ambas conquistas, tal como quería, este domingo, cuando hable ante la Asamblea Legislativa, en la inauguración del 145° período ordinario.

La Casa Rosada tuvo el camino allanado a partir de haber aceptado la semana pasada quitar el artículo 44 –que reducía a la mitad los sueldos en casos de accidentes o enfermedades por fuera del ámbito laboral– a cambio de blindar el corazón del proyecto: la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Con los consensos enhebrados con la oposición aliada del PRO, la UCR y los bloques de los gobernadores cercanos, el oficialismo ya logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado en primera instancia y el jueves 19 en Diputados, aunque con la modificación del artículo 44. Este viernes el cuerpo solo rarificó aceptar el cambio propuesto en la Cámara baja.

Ahora el Senado convalidó la modificación aplicada en la Cámara de Diputados, que establece la eliminación del polémico artículo que reducía hasta un 50% el sueldo a personas con licencias por accidentes o enfermedades graves.

El resto de la reforma laboral se aprobó tal cual llegó del Senado, con artículos controversiales como los que regulan las indemnizaciones y el Fondo de Asistencia Laboral, la supresión de la ultraactividad de convenios colectivos, la restricción de las tutelas sindicales, la limitación del derecho a huelga, la derogación de estatutos profesionales y el desfinanciamiento del INCAA.

“Una ley gorila hecha por gorilas para afectar duramente al trabajador, al jubilado y al pensionado argentino”, dijo el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, durante su discurso de cierre.

“Nació mal y termina mal”, indicó, y agregó que “es un proyecto inconsulto, hecho por estudios de abogados de empresarios que están en contra de los derechos de los trabajadores”. 

Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza, volvió a cargar con el peso de defender la reforma: “Esta ley va a desmontar una de las mayores mentiras de la historia laboral argentina: la idea que destruir empleo es defender derechos, que si la Argentina quiere crear trabajo, tiene que generar un sistema absolutamente inentendible, que hace que nadie contrate a nadie. Es una realidad que viene año tras año. En nombre de trabajadores se mandó a la informalidad a millones de trabajadores, es una estafa moral que nosotros vamos a intentar corregir”, sostuvo.

La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.

Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.

Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Los despidos serán más económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.

Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.

En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.

MG

El Senado aprobó este viernes la baja de edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años con la reforma de la Ley Penal Juvenil. La votación resultó 44 votos positivos y 27 negativos.

Así, La Libertad Avanza (LLA) consiguió un nuevo triunfo legislativo para el período de sesiones extraordinarias. Incluso, la jefa del bloque de senadores oficialistas, Patricia Bullrich, pidió un minuto de silencio para las víctimas de los hechos de inseguridad.

El debate tuvo momentos de fuertes cruces y exposiciones llamativas, como la de Nadia Márquez, senadora por Neuquén de La Libertad Avanza: “Por favor, me muero si alguien hoy dice que un chico de 14 o 15 años no entiende o no sabe que robar está mal. Si en pleno uso de sus facultades ¿no sabe que robar está mal? Sí que sabe. ¿También sabe que pegarle al compañero y molerlo a palos en una casita ahí al costado cerca de donde está la escuela no es un delito? Por supuesto que saben que es un delito. ¿Saben que dispararle a alguien está mal? Si lo sabe”, planteó la legisaldora.

El oficialismo a pleno y sus aliados hicieron una fuerte defensa del proyecto. La senadora de la UCR Carolina Losada planteó que los menores “entienden lo que están haciendo” cuando comenten un delito, por lo que llamó a “no decir que un chico de 15 no es responsable si mata o si tortura a alguien”. “Si decimos eso, estamos mirando para otro lado. ¿Bajar la edad de imputabilidad a 14 va a solucionar el problema? No. Pero al menos puede generar un cambio el ejemplo de que el que las hace las paga”, puntualizó.

El régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo estipula un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión e incluye medidas complementarias de resocialización.

Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, mientras para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.

La norma es fuertemente cuestionada por organizaciones civiles. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) advirtió que la iniciativa vulnera el principio de no regresividad en materia de derechos humanos y no garantiza que la privación de libertad sea una medida excepcional, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica. Además desconoce recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño y del Comité contra la Tortura, que instaron al Estado argentino a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años.

Según datos relevados por el CNPT, al 31 de diciembre de 2024, 4.119 adolescentes se encuentran bajo el sistema penal juvenil y solo 48 tienen menos de 16 años (1,2% del total). Además, 865 están bajo medidas de privación de libertad y 44 menores de 16 años se encuentran privados de libertad (5,1%).

El CNPT sostuvo que la “población no punible es cuantitativamente reducida” y reiteró que cualquier reforma debe adecuarse estrictamente a la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 26.061 y los estándares internacionales vigentes, “priorizando medidas alternativas al encierro y políticas públicas de protección integral”.

MC

Javier Milei tiene los votos para su reforma de flexibilización laboral: el oficialismo consiguió abrir el recinto del Senado con 40 votos gracias al apoyo de los aliados. La mayoría circunstancial le permitiría al Gobierno entonces aprobar la ley que fue modificada en la Cámara de Diputados y darle sanción definitiva.

El camino está allanado para la Casa Rosada a partir de haber aceptado la semana pasada  quitar el artículo 44 –que reducía a la mitad los sueldos en casos de accidentes o enfermedades por fuera del ámbito laboral– a cambio de blindar el corazón del proyecto: la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

La sesión sin embargo comenzó por el debate de la baja de edad de imputabilidad, que el Gobierno propone llevar a 14 años. La media sanción en Diputados –que contó con el apoyo del radicalismo, el PRO, un sector del peronismo y varias fuerzas provinciales– disminuye de 16 a 14 la edad en que un menor es penalmente responsable y establece penas máximas de hasta 15 años para los niños y adolescentes. En casos de delitos que no superen los seis años de prisión y no hubieran implicado la muerte o una gran violencia contra las víctimas, habilita el establecimiento de penas no privativas a la libertad. 

Los cambios en la reforma laboral

Con los consensos enhebrados con la oposición aliada del PRO, la UCR y los bloques de los gobernadores cercanos, el oficialismo ya logró aprobar el 11 de febrero el proyecto en el Senado en primera instancia y el jueves 19 en Diputados, aunque con la modificación del artículo 44. Este viernes el cuerpo solo ratificará aceptar el cambio propuesto en la Cámara baja.

La ley impactará de lleno en las relaciones laborales ya que introducirá cambios en las vacaciones, horas extras, negociaciones colectivas y derecho de huelga.

Entre otras reformas, el proyecto establece que las vacaciones podrán no otorgarse durante el verano ya que una vez cada 3 años le corresponderán al empleado en la temporada estival, además de que se podrán fraccionar en plazos no menores a 7 días.

Además, las empresas no tendrán obligación de pagar a los empleados horas extras porque habrá un sistema de compensación: si un trabajador trabaja 12 horas en lugar de 8, se le podrán dar 4 horas a compensar.

La jornada máxima será de 12 horas (con 12 horas obligatorias de descanso) y esa extensión laboral será compensada con la reducción de la jornada en otra fecha del calendario.

Los despidos serán más económicos para las empresas ya que no se computará el aguinaldo, vacaciones o premios y solo se hará en base al salario básico; se tomará como base el salario promedio de la actividad.

Las indemnizaciones se podrán pagar en 12 cuotas en las empresas grandes y 18 en las pymes, igual que las sentencias judiciales.

En materia de gremios, se mantendrá el aporte que le descuentan a los trabajadores para el sindicato con un tope del 2%, y el empleador se mantendrá como agente de retención, como exigía la CGT.

En tanto, los convenios colectivos con plazo vencido no mantendrán sus efectos en el transcurso de tiempo hasta la firma de un nuevo acuerdo colectivo.

También se permitirá en la negociación colectiva de actividad, rama, región, acuerdo de empresa y/o mediante acuerdo individual o decisión unilateral del empleador, incorporarse por encima de los salarios otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables.

Se restringe el derecho a huelga al declararse determinadas actividades como “servicios esenciales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75%, y “servicios trascendentales”, con la obligación de garantizar una cobertura mínima del 50%.

Asimismo, serán consideradas “infracciones muy graves”, con el impedimento a realizar bloques, cuando se cumpla alguna de las siguientes hipótesis: “Afectar la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza mediante actos y/o hechos y/o intimidaciones o amenazas”.

MC

Será el broche de oro del mes en que el Gobierno se hizo del control del Congreso. Este viernes, el oficialismo se prepara para darle la sanción definitiva a la reforma laboral después de dos meses de negociaciones sectoriales con los aliados radicales, los gobernadores peronistas, las cámaras empresarias y la CGT. Se espera que el Senado ratifique la versión de Diputados, en la que el Gobierno aceptó quitar el artículo de las licencias médicas a cambio de hacerse de una mayoría inapelable. Afuera, en la plaza del Congreso, los sindicatos más combativos volverán a llevar a cabo una protesta en contra de la ley, pero lo harán sin la CGT.

El Gobierno ya tiene preparado el comunicado: cuando el Senado vote aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, Javier Milei celebrará haber dado el primer paso como el presidente “más reformista de la historia”. El camino se terminó de allanar la semana pasada, luego de que La Libertad Avanza aceptase quitar el artículo 44 –que reducía a la mitad los sueldos en casos de accidentes o enfermedades por fuera del ámbito laboral– a cambio de blindar el corazón del proyecto. Es decir, la creación del Fondo de Asistencia Laboral.

Resuelto el último escollo, el resto fue cuestión de reordenar los tiempos legislativos para poder tener la sanción definitiva antes del discurso del Presidente frente a la Asamblea Legislativa el domingo 1 de marzo. Martín Menem envió rápido el proyecto aprobado con los cambios al Senado, Patricia Bullrich lo dictaminó menos de dos horas después y, pasada la semana reglamentaria que exige el Senado para tratar un proyecto desde su dictamen, el oficialismo lo llevó nuevamente al recinto de la Cámara alta. 

Será una votación simple en la que los senadores deberán definir si aceptan o no los cambios introducidos en Diputados. Bullrich ni transpirará para conseguir el quórum: después de haber roto al peronismo, la jefa del oficialismo tiene espalda para jugar con una mayoría de 47 aliados. Le sobran los votos.

Los sindicatos agrupados en el Frente de Sindicatos Unidos, como la CTA, ATE, Aceiteros y la Unión Obrera Metalúrgica, marcharán hasta el Congreso. La CGT, en cambio, no se movilizará ni llevará a cabo un paro general. Resignada ante el hecho de que la ley –que elimina las horas extra, fracciona las vacaciones, borra la ultraactividad de los convenios colectivos y limita las huelgas– está virtualmente sancionada, su plan es apostar a la judicialización. El lunes harán una presentación a la Justicia y la dirigencia movilizará a Tribunales como señal de fuerza.

La otra bandera: la reforma del régimen penal juvenil

La sesión, que comenzará a las 11 de la mañana, no culminará con la sanción de la reforma laboral. El Gobierno apuesta a finalizar la jornada con otra victoria: la sanción de la reforma del régimen penal juvenil. Con media sanción en la Cámara de Diputados, el Senado buscará aprobar también un proyecto del Ejecutivo, impulsado por Bullrich, que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. 

El proyecto original bajaba a 13 años esa edad, pero el oficialismo tuvo que negociar cambios con los aliados para asegurarse los votos. La media sanción en Diputados –que contó con el apoyo del radicalismo, el PRO, un sector del peronismo y varias fuerzas provinciales– disminuye a 14 la edad en que un menor es penalmente responsable y establece penas máximas de hasta 15 años para los niños y adolescentes. En casos de delitos que no superen los seis años de prisión y no hubieran implicado la muerte o una gran violencia contra las víctimas, habilita el establecimiento de penas no privativas a la libertad. 

Pese a los reclamos de las provincias, el proyecto no prevé recursos extra para que los sistemas penitenciarios locales puedan readecuarse a las nuevas condiciones. La ley establece que los niños y adolescentes condenados no podrán ser alojados en los mismos centros que los adultos, por lo que cada gobernador tendrá que readecuar la infraestructura penal para poder hacer frente al nuevo régimen penal juvenil. El proyecto establece que se podrán habilitar convenios entre la Nación y las provincias, pero esos convenios dependerán de la buena relación de cada gobernador con el Presidente. 

“Piden recursos y después reclaman federalismo. Que gestionen con lo que tienen, o si no déjenos a nosotros las provincias para gobernar”, respondió un dirigente cuyano de La Libertad Avanza ante las críticas de los gobernadores por la falta de financiamiento. Un adelanto del objetivo de Karina Milei para 2027: pintar el mapa de violeta, barrer a los gobernadores aliados de sus provincias y convertir a LLA en el partido que gobierna la mayor cantidad de territorios en el país.

Menos de 24 horas después de haber aprobado la reforma de la Ley de Glaciares, LLA buscará cerrar las sesiones extraordinarias con una nueva muestra de fortaleza legislativa. El oficialsimo ya festeja.

MCM/MG

Con 40 votos a favor y 31 en contra, el Senado aprobó una reforma de la ley de Glaciares que habilita a las provincias a reducir a piacere los cuerpos de hielo a proteger. Impulsada por las provincias mineras cordilleranas, el proyecto contó con el respaldo de una parte de la UCR, el PRO y el peronismo. A la hora de votar, pesó más el origen provincial que el partidario. La iniciativa gira ahora a la Cámara de Diputados, en donde se enfrentará a un escenario más hostil. 

Los borradores del proyecto circularon hasta dos horas antes de la votación. Como sucedió con la reforma laboral, Patricia Bullrich negoció la letra chica del proyecto para conseguir los votos hasta último momento. “¿Otra vez van a votar un texto sin leerlo? ¿Qué les dieron a los que los discutieron y modificaron? Es una vergüenza: estamos cambiando una de las leyes medioambientales más importantes, y lo hicieron entre cuatro paredes entre gallos y medianoche”, se quejó, al comienzo del debate, el peronista Daniel Bensusán (La Pampa), mirando la bancada de aliados radicales. 

Mientras el pampeano hablaba, el texto nuevo iba circulando por el recinto. Eran modificaciones cosméticas que tenían como objetivo blindar la reforma ante una futura judicialización. Una amenaza que estaba presente en todos los discursos de los senadores que se manifestaban en contra: si la ley se aprobaba, advertían, la Justicia la frenaría por inconstitucional y regresiva. 

“Es un error debilitar el IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) y dejar en manos de las provincias la decisión de eliminar los glaciares. Se invierte jerarquía normativa, se viola la uniformidad de la ley de presupuestos mínimos ambientales. Si este proyecto se convierte en ley va a ser pasible de muchos recursos de inconstitucionalidad”, advirtió el radical Maximiliano Abad, que votó en contra de la ley al igual que la mitad de la UCR. 

La Ley de Glaciares, sancionada en 2010, deja en manos de un organismo nacional –el IANIGLA– la facultad de inventariar la cantidad de glaciares y ambientes periglaciares y establece que no se pueden realizar actividades que puedan afectar su condición natural. El proyecto de reforma, por el contrario, invierte las responsabilidades: serán las jurisdicciones locales las que determinarán si un glaciar o zona periglaciar cumple o no con una función hídrica y si se puede, en consecuencia, realizar una actividad productiva en la zona.  

El proyecto había sido impulsado por las provincias que integran la “Mesa del Cobre” –Mendoza y San Juan– y la “Mesa del Litio” –Catamarca, Salta y Jujuy–, por lo que los protagonistas del debate, más que los libertarios, fueron los senadores de provincias mineras. Eran ellos quienes exigían respetar el derecho de las provincias sobre los recursos naturales, a la espera de poder destrabar inversiones extranjeras en algunas zonas periglaciares en donde hoy la ley prohíbe la actividad minera. 

“Se quiere dejar ver esta ley como que se quiere entregar la llave de los glaciares a los gobernadores. Acá en esta cámara tenemos ex gobernadores y conocen perfectamente que no es la decisión política de un gobernador lo que habilita un proyecto. Es faltarle el respeto a los equipos técnicos. ¿Qué nos hace creer que los cuerpos nacionales son mejores que los de las provincias?”, cuestionó Flavia Royón, senadora salteña que responde a Gustavo Sáenz y una de las principales defensoras de la reforma de la ley. 

En el oficialismo, mientras tanto, optaron por respaldar los argumentos de las provincias. Algunos optaron por vuelos más poéticos. “Es una ley redactada dentro del frasco de empanadas en el barrio de Palermo por dos chetos”, graficó el libertario Agustín Coto sobre la ley sancionada en 2010. 

Provincia mata partido

No hubo bloque que no se partiera al momento de votar, a excepción de LLA. Pesó más el origen provincial del senador que su origen partidario. Aquellos que pertenecen a provincias mineras –como San Juan o Catamarca– se volcaron por unanimidad en favor de la reforma. Mientras que los originarios de provincias no beneficiadas por la ley o, incluso, afectadas directamente por ella –como el caso de La Pampa, que teme que las nuevas inversiones en Mendoza sequen el caudal del Río Colorado como ya lo hicieron con el Río Atuel– votaron en contra. 

La única excepción a esta división interna fue el oficialismo. Hasta Luis Juez, que había votado a favor de la Ley de Glaciares en 2010, terminó plegándose a la disciplina partidaria y votó en contra de lo que había votado 16 años antes. “No me arrepiento, a algunos les gusta el patrullaje pero yo tengo el cuero duro como una tortuga. En aquel momento le dije a Pino (Solanas) que había que escuchar a los gobernadores que decían que así tenían recursos para salir de la pobreza y no estar mendigando ATN”, argumentó el cordobés que se sumó hace unos días a LLA.

El peronismo, mientras tanto, se dividió a la mitad. La gran mayoría votó en contra, pero hubo fugas y no solo de parte de los tres peronistas díscolos –la jujeña Carolina Moises, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza– que rompieron con el interbloque que conduce José Mayans. La catamarqueña Lucía Corpacci –vicepresidenta del PJ Nacional y senadora muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner– y el sanjuanino Sergio Uñac también votaron a favor. 

El PRO votó en su mayoría en contra: solo el jefe de la bancada, Martín Goerling Lara, votó a favor de la ley. La pampeana Victoria Huala, por ejemplo, votó en contra, así como la chubutense Andrea Cristina. 

La UCR iba a estar más dividida, pero con los cambios superficiales de último momento –se fijó que se tiene que hacer un informe “técnico-científico” si una provincia quiere remover un glaciar del inventario para poder llevar a cabo una actividad productiva en la zona– Bullrich logró convencer a la mayoría. Solo Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger votaron en contra, el resto se plegó al oficialismo.

A la hora de definir el voto, la actividad productiva de la provincia de origen triunfó sobre la disciplina partidaria. “Nosotros no tenemos glaciares, si no tal vez votaba otra cosa”, ironizó un senador peronista, al finalizar la sesión. 

MCM/MG

En medio de una fuerte expectativa del Gobierno, el Senado convirtió este jueves en ley el proyecto que ratifica el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea por 69 votos afirmativos y 3 negativos.

El consenso fue casi total ya que hasta el bloque Justicialista había anticipado su apoyo a la iniciativa, que ya había tenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados.

El oficialismo cantó victoria pero la alegría no fue total porque en la previa a la sesión, en Casa Rosada y en Cancillería se aferraban a la ilusión de que el Senado convalidaría el acuerdo antes que el Parlamento uruguayo, algo que al final no sucedió porque hacia el mediodía el Congreso del vecino país ganó la carrera.

De todos modos, hubo expresiones de satisfacción y altos funcionarios del Gobierno como el ministro de Interior, Diego Santilli, monitorearon in situ el desarrollo de la sesión y el resultado final. 

El acuerdo bilateral entre el Mercosur y la Unión Europea fue firmado el 17 de enero pasado en Asunción, en el marco de una ceremonia que tuvo la participación del presidente Javier Milei y de sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y de Uruguay, Yamandú Orsi, y a la que se ausentó el mandatario de Brasil, Lula da Silva. 

El tratado comercial, uno de los mayores acuerdos birregionales del planeta, aún no puede implementarse porque el Parlamento Europeo decidió con la mayoría de los votos de sus integrantes la revisión por parte del Tribunal de Justicia de Europa para que analice su impacto y decida sobre su puesta en vigencia.

Según sus promotores, la implementación del acuerdo comercial entre los dos bloques económicos regionales permitirá bajar aranceles al 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará acceso preferencial al restante 7,5% y recortará las barreras de acceso para bienes industriales provenientes del Viejo Continente.

Entre otras implicancias, se suprimen los aranceles de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria, ropa y bebidas.

El acuerdo supone la creación de una zona de libre comercio con un mercado de más de 800 millones de consumidores, que representa el 25% del PBI mundial.

La Unión Europea es el segundo mayor socio comercial del Mercosur después de China y por delante de Estados Unidos.

Además, la Unión Europea es una de las principales fuentes de Inversión Extranjera Directa, y es el segundo mayor importador global de bienes.

El debate

El miembro informante del oficialismo, el formoseño Francisco Paoltroni, celebró la firma del acuerdo comercial y señaló que va a permitir potenciar el perfil exportador de minerales, hidrocarburos y de la producción de las economías regionales.

“Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado”, señaló.

“Creo que poner en marcha al sector energético, de los hidrocarburos, y el sector minero van a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron escasas en nuestro país”, sostuvo el senador de La Libertad Avanza.

Y agregó: “Sacarle el pie a la cabeza del campo va a significar incrementar la producción a lo largo y ancho del país generando empleo en el primer eslabón de la cadena”.

Por su parte, Jorge Capitanich (Justicialista) anunció que su bloque “acompañará la votación” con “observaciones” de algunos de sus miembros “debido a la heterogeneidad del impacto de estas cuestiones”.

“Queremos expresar que todo acuerdo de carácter comercial requiere acompañamiento de medidas de carácter complementario, por ejemplo un sistema de negociación que esté enmarcado en un sistema de consultas previas con evaluación de impacto ambiental y de los mecanismos que implican medidas compensatorias para resolver los problemas y asimetrías de productividad que esto produce”, planteó el ex gobernador chaqueño.

El también ex jefe de Gabinete reclamó que a partir del inicio del período ordinario de sesiones se pueda trabajar en un proyecto para crear una comisión bicameral de seguimiento de acuerdos comerciales.

“Efectivamente Argentina puede tener oportunidades muy importantes. Hay sectores que pueden verse perjudicados. Es muy importante generar las condiciones para ensanchar e incrementar estos acuerdos”, analizó Capitanich.

El senador opositor recordó que el acuerdo fue remitido por la Comisión Europea a un tribunal de Justicia que podrá tomarse hasta 18 meses para revisarlo, y además existen objeciones de países de la euro región, especialmente de Francia.

“Y también objeciones de establecimientos de carácter industrial en la República Argentina por eventuales perjuicios que estos signifique, especialmente conurbano bonaerense y provincia de Buenos Aires”, subrayó.

De cualquier forma, Capitanich enfatizó que es “muy importante fortalecer el Mercosur en las alianzas estratégicas internacionales”. 

“Este acuerdo es clave para el equilibrio económico de base mundial porque tenemos una puja de dos gigantes, Estados Unidos y China. Y tenemos serios problemas que tiene que ver con apertura indiscriminada de importaciones a través de plataformas como Amazon, Temu y Shein que afectan sustancialmente el comercio, que destruye empleos e industrias”, advirtió.

Por la UCR, Gabriela Valenzuela pidió “tomar dimensión de lo que significa para Corrientes y también para Argentina la trascendencia de apoyar el acuerdo UE-Mercosur, ya que profundiza la inserción internacional, dinamiza la economía y genera más oportunidades de empleo y desarrollo”.

Por La Libertad Avanza, Pablo Cervi remarcó que “es un gran desafío ser el primer país que pueda aprobar este tratado que nos permitiría llegar a un acuerdo de libre comercio con el 30% del PBI mundial”.

“Estamos ante la gran oportunidad de tener una Argentina prospera nuevamente”, añadió el senador de la provincia de Neuquén.

El pampeano Daniel Pablo Bensusan (Justicialista) opinó que “el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur presenta una gran oportunidad para la Argentina, por eso creo con estos acuerdos vamos a fortalecer la capacidad de negociación”. 

“Argentina solo negocia desde la debilidad, el Mercosur negocia con mucha más fuerza regional”, explicó el senador peronista.

Adrián Bahl (Fuerza Entre Ríos) admitió que “existen tensiones” alrededor de “un acuerdo de esta magnitud” y que “existen situaciones disimiles en distintas industriales”, pero afirmó que el acuerdo tiene previsibilidad en el tiempo“. 

“No hay que dejar a esas economías libradas al azar. Tiene que estar el Estado acompañando para atender esas divergencias y para poder aprovechar esta oportunidad histórica”, culminó el senador entrerriano.

“Necesitamos crecer, expandir los mercados y reglas claras para invertir con seguridad y en este contexto el acuerdo con la Unión Europea es muy importante porque fortalece al Mercosur y, también, fundamentalmente, a nuestras provincias que exportan”, analizó.

Marcelo Lewandowski (Justicialista) destacó que “el proyecto es transversal a distintos gobiernos y que es una política de Estado de todo el Mercosur”.

“Este acuerdo solo tendrá sentido si sirve para exportar trabajo argentino, industrializar nuestra producción y no primarizarla. Sin industria no hay nación, sin trabajo no hay justicia y sin justicia social no hay una patria en donde la gente tenga dignidad”, resaltó el santafesino.

Belén Monte de Oca (La Libertad Avanza) apuntó que este acuerdo comercial “se da en un camino de reformas que lleva adelante este Gobierno, que le da un mensaje al mundo diciendo que Argentina es un socio abierto y confiable”.

“Abrirnos al mundo es crecer y vamos en ese camino con la aprobación de este acuerdo”, manifestó la representante de la provincia de Tierra del Fuego.

“Este acuerdo con la Unión Europea nos consolida como un actor económico comercial y nos referencia desde el punto de vista político internacional. Es un acuerdo moderno y ventajoso que nos otorga reglas claras, previsibilidad e institucionalidad”, aseguró.

A su turno, el radical bonaerense Maximiliano Abad también respaldó el proyecto de ley al señalar que “esta asociación estratégica” birregional “es una ventana de oportunidad” para el país.

“Este acuerdo nos garantiza competir. Lo que no va a garantizar a la Argentina es ganar, por eso debemos profundizar esta senda”, aseveró.

El legislador subrayó que la apertura de nuevos mercados representa una oportunidad concreta para los sectores productivos bonaerenses: “Van a crecer los sectores que trabajen con reglas claras y previsibles. La provincia de Buenos Aires tiene el potencial productivo y exportador para aprovechar esta nueva etapa”.

Durante su intervención, Abad enmarcó el acuerdo en una perspectiva histórica: “Treinta años después de la Declaración de Iguazú, estamos a punto de ratificar el acuerdo más importante de la historia del Mercosur. Aquel primer entendimiento entre Argentina y Brasil no fue sólo económico. Fue una decisión estratégica”.

“Más allá de los beneficios comerciales, estamos ratificando una alianza entre bloques democráticos que comparten reglas, estándares y valores. Más que un tratado, hoy estamos convalidando un rumbo para las próximas décadas: un rumbo de integración inteligente y ambición productiva que puede generar más oportunidades para todos los argentinos”, finalizó.

En el discurso de cierre del oficialismo, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, destacó que el propósito del Gobierno es “ dialogar de igual a igual con las economías grandes del mundo”.

La ex ministra de Seguridad recordó que el proceso de discusiones de este convenio bilateral lleva 26 años.

“Hemos avanzado muchísimo con grandes dificultades pero estamos cambiando la Argentina. Estamos en un momento en que el país decidió cambiar el retraso por la prosperidad”, resaltó.

Según dijo, “durante mucho tiempo Argentina giró bajo una lógica proteccionista donde prácticamente se miraba al mundo como un enemigo”.

Bullrich reafirmó que la mirada filosófica del Gobierno de La Libertad Avanza es que “el comercio aumenta la libertad”. 

“Las barreras comerciales generan un modelo corporativo, donde los precios son mas altos y el poder adquisitivo se destruye”, apuntó.

“Para nosotros el comercio es la manera más importante en la que crecen los pueblos”, consideró.

En ese sentido, indicó que lo que se propone el Gobierno “es recuperar un lugar trascendente de la Argentina en el mundo, un país que vuelve a ser mirado, escuchado, tenido en cuenta”. 

“Volver a ser mirados implica volver a entrar en una comunidad internacional que nos relegaba porque Argentina estaba en la insignificancia”, opinó. 

En otro pasaje de su discurso, Bullrich aclaró que desde el oficialismo “reivindican el Mercosur”, y admitió que “al principio” eso no se decía.

Agregó que también reivindican la posibilidad de “tener otros amigos comerciales” como pone de manifiesto el tratado con Estados Unidos. __IP__

Por último, la senadora de La Libertad Avanza aseguró que la firma de este tratado comercial “va a traer confianza y eso va a bajar el riesgo país” y en consecuencia va a reducir el costo del crédito

Con información de la agencia NA

El Gobierno llega al jueves con el número más justo del que le hubiese gustado. La reforma de la Ley de Glaciares, un reclamo de los gobernadores de provincias mineras que necesitan reducir las áreas protegidas para habilitar inversiones extranjeras, se convirtió en una prioridad para La Libertad Avanza. El oficialismo dilató el debate, introdujo modificaciones en el proyecto y negoció hasta último momento. Pero aún así no logró juntar la mayoría contundente de las últimas leyes: su aprobación en el Senado dependerá, esta vez, del voto de los peronistas.

El proyecto del Ejecutivo redefine el área a proteger de las áreas periglaciares, que son las zonas que rodean a los glaciares y que cumplen funciones estratégicas en la reserva de agua. La ley original, que se sancionó en 2010, deja en manos de un organismo nacional –el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA)– la facultad de inventariar la cantidad de glaciares y ambientes periglaciares y establece que no se pueden realizar actividades que puedan afectar su condición natural. El proyecto que se debatirá el jueves en el Senado pretende flexibilizar esta prohibición.

A pedido de las provincias que integran la “Mesa del Cobre” –Mendoza y San Juan– y la “Mesa del Litio” –Catamarca, Salta y Jujuy–, el proyecto del oficialismo lo que hace es dejar en manos de las provincias la definición de si la zona periglaciar cumple con una “función hídrica relevante”. Esa facultad, que hasta ahora está en manos de la Nación –en línea con la facultad constitucional del gobierno nacional de establecer presupuestos mínimos ambientales–, pasará a ser de cada jurisdicción. 

Hay varias provincias, como San Juan, Catamarca y Mendoza, que aseguran tener proyectos mineros en pausa –en su mayoría de explotación de cobre– que están a la espera de que se modifique la ley actual para ponerse en marcha. El argumento de estas provincias es que la ley original no termina de definir con claridad los límites de las zonas periglaciares y que, por lo tanto, ha prohibido proyectos en zonas que no contaban con mucha relevancia hídrica. Lo que habría generado, argumentan, pérdidas millonarias para las provincias. 

Las organizaciones ambientales, por el contrario, denuncian que el proyecto del Ejecutivo es una ley hecha a la medida de un conjunto de proyectos mineros. Señalan específicamente un conjunto de proyectos ubicados en San Juan: El Pachón, Los Azules y José María. Varias organizaciones, incluso, están organizando movilizaciones en contra de la reforma de la ley en diferentes ciudades del país para este jueves. Y se espera, además, una concentración frente al Congreso bajo la consigna “Los glaciares no se tocan”.

La votación será ajustada y dependerá, en muchos casos, de la provincia de origen de cada senador.

Poroteo y negociaciones

La reforma de la Ley de Glaciares será uno de los pocos proyectos incluidos en el temario de sesiones extraordinarias que el Gobierno no podrá tener sancionado para cuando Javier Milei dé su discurso frente a la Asamblea Legislativa el 1 de marzo. El motivo fue la resistencia que el proyecto generó en los sectores aliados del Gobierno, como el radicalismo y un sector del PRO. Y, habiendo fallado el alineamiento automático de estos sectores, Patricia Bullrich tuvo que arremangarse y ponerse a negociar.  

En la UCR, por ejemplo, el oficialismo estima que sólo 5 de los 10 senadores acompañarán la reforma. Uno de los principales rebeldes es el pampeano Daniel Kroneberger que, como el resto de los legisladores de La Pampa, está preocupado por el impacto que pueda tener en su provincia una flexibilización de la ley de Glaciares. Con el antecedente del Río Atuel, que tiene su origen en la cordillera y se secó hace unos años, los pampeanos temen que los proyectos mineros en pausa por la Ley de Glaciares en Mendoza afecten el cauce del Río Colorado. 

La resistencia al proyecto de ley no es prerrogativa, entonces, de un solo partido: el gobernador peronista Sergio Ziliotto se manifestó en contra de la ley del Ejecutivo, pero así también el radical Kroneberger. La macrista pampeana Victoria Huala duda, a su vez, de si acompañar esta vez al Gobierno.  

La cordobesa Alejandra Vigo y el correntino “Camau” Espínola, de Provincias Unidas, también pusieron en duda su apoyo. Por el contrario, la salteña Flavia Royón y los misioneros que responden al gobernador Hugo Passalacqua acompañarán. En el oficialismo confían en que tendrán el número, pero están justos y es por eso que Bullrich estuvo negociando modificaciones en el dictamen hasta tarde a la noche.

El futuro de la reforma dependerá, fundamentalmente, de lo que haga el peronismo. El oficialismo descuenta el apoyo de los tres peronistas disidentes que rompieron con el interbloque que lidera José Mayans: la jujeña Carolina Moisés, a quien Bullrich obsequió el lugar de la vicepresidencia primera del Senado como reconocimiento por haber roto al peronismo, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza.

“No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza. Esto viene a generar una economía que mejora y yo le agradezco al presidente Milei que hoy se esté debatiendo en el Congreso”, expresó el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, horas antes del inicio de la sesión. 

Los díscolos alineados con Milei no serán los únicos peronistas que podrían votar a favor de la reforma de la Ley de Glaciares, sin embargo. En el interbloque Popular –que es como se llama la bancada que lidera Mayans–, calculan que el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci podrían también acompañar el proyecto del Ejecutivo.

MCM/CRM

“Vos no aprendiste de Perón, vos que fuiste peronista. Todo en su medida y armoniosamente. Pero como dijo Milei: vos que tenés una formación violenta, haces todo violentamente”, le espetó José Mayans a Patricia Bullrich en la cara minutos antes de la sesión preparatoria que dejaría al peronismo, por primera vez desde el retorno de la democracia, sin autoridades en el Senado. “Es una decisión estratégica”, atinó a responder Bullrich, quien cerró un acuerdo con la jujeña Carolina Moisés para cederle a ella la silla que le correspondía a la bancada peronista. Moisés, que acababa de romper el interbloque que lidera Mayans, no dijo nada. Quedó en silencio. 

La decisión se venía gestando hace semanas, pero se ejecutó el lunes por la noche. Tres gobernadores peronistas alineados con el Gobierno –Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz– habían digitado, primero, el respaldo a la reforma laboral y, luego, la ruptura del interbloque peronista en el Senado. El Gobierno estaba exultante: ya habían logrado hacerse con la primera minoría en la Cámara de Diputados de este modo –Jalil había mandado a romper a los diputados catamarqueños del bloque Unión por la Patria– y ahora se anotaba un triunfo no menor en el Senado. El peronismo, por primera vez desde el 83’, se había quedado a un voto de perder el tercio vetador. 

La partida de Moisés, Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) fue anticipada, primero, por La Libertad Avanza. El Gobierno ya había dejado correr la voz de que había logrado partir el interbloque Popular –que es como se llama la bancada peronista oficial que preside Mayans– y Moisés tuvo que apurar el anuncio de que se iban del bloque para armar un “espacio propio dentro del peronismo federal”. 

La contracara de la ruptura vendría el día después, con la designación de Moisés como vicepresidenta primera del Senado.

El grupo de los 47

“Tomamos esta decisión porque forma parte de nuestra estrategia general”, explicó Bullrich en la reunión de labor parlamentaria, que se desarrolló en el despacho de Victoria Villarruel, previo a la sesión preparatoria en la que se designarían las autoridades del Senado. Mayans se enteró ahí de que, pese a contar con 25 senadores y ser la primera minoría en el Senado, el peronismo no contaría con la vicepresidencia primera. El lugar, que antes le había correspondido a la neuquina Silvia Sapag y que el peronismo quería ahora para Lucía Corpacci –ex gobernadora de Catamarca enfrentada con Jalil–, sería para Moisés.

Moisés, que presidía un bloque de 3 senadores, se había quedado con el lugar que le había correspondido a su ex interbloque. Mayans estaba furioso y, como toda respuesta, Bullrich explicó que era una estrategia que se había digitado en pos de priorizar la consolidación de una mayoría propia. La senadora de LLA trabaja para ofrecerle al Gobierno una mayoría contundente en el Senado y, con la fuga de los senadores peronistas, había logrado anotarse tres porotos más. El club de los 44 se había convertido, en solo un mes, en el club de los 47.

“El Gobierno está construyendo gobernabilidad. Aquellos senadores que quieran acompañar esta propuesta reformista son los que tienen que ocupar esos cargos”, afirmó Bullrich en una conferencia de prensa, en donde aseguró que el acuerdo era que todos los senadores del grupo se habían comprometido a acompañar el quórum de las leyes del Gobierno y la mayoría de las votaciones en general. 

La jefa del oficialismo blanqueó, así, lo que en Convicción Federal –la bancada que preside Moisés– se resistía a admitir: los senadores peronistas rompían con el interbloque liderado por Mayans para pasar a formar parte del engranaje oficialista en el Senado. El comunicado que habían sacado la noche anterior –en el que insistían su pertenencia peronista y opositora al Gobierno– había quedado trunco. La propia Bullrich los había mandado al frente. 

La aritmética peronista

“Ellos ya no votaban con nosotros en las cuestiones estratégicas. Solo se blanqueó lo de Jalil, Jaldo y Sáenz. El problema no es Moisés, sino quien le paga”, sostuvo, irritado, un peso pesado del interbloque peronista poco después de que hubiera finalizado la sesión preparatoria que los había dejado sin autoridades.  

Casi como si supieran lo que iba a pasar, la respuesta de la conducción cristinista había llegado de manera premonitoria, el día anterior. A través de un comunicado del PJ Nacional, Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la reforma laboral de Javier Milei y denunció que quienes la votaron lo hicieron en contra “de la doctrina histórica del movimiento”. Era un tiro por elevación a Jalil, Jaldo y Sáenz, con quienes el cristinismo viene sosteniendo una relación tirante hace años. El PJ Nacional ya intervino los PJ locales de dos de las tres provincias e, incluso, desafilió a Moisés –que es jujeña, pero juega políticamente con Sáenz– por haber votado el Presupuesto 2026.

La intervención del PJ nacional sobre los PJ locales fue, de hecho, una de las excusas que utilizaron los senadores de Convicción Federal para romper. La pelea del peronismo del interior con CFK tiene más de 10 años, pero terminó de implosionar poco después de la derrota electoral del año pasado. Y la suspensión de Moisés, que venía intentando negociar lugares con el resto del cristinismo –exigía, por ejemplo, una silla en la Auditoría General de la Nación–, terminó de acelerar el trámite.

Con 25 senadores propios, el peronismo se arriesga a quedarse en minoría por primera vez en 40 años de democracia. Bullrich negoció la incorporación de Luis Juez a LLA en paralelo a la ruptura del bloque peronista y festejó, casi en simultáneo, que el bloque libertario subiera a 21 senadores cuando el peronista bajaba a 25. Casi iguales. 

Por fuera del efecto simbólico, sin embargo, hay un interés político muy concreto: si logran sacarle un senador más al peronismo, Karina Milei podrá prescindir de CFK para negociar los pliegos de la Corte Suprema. Con 48 senadores más o menos alineados, el oficialismo cuenta con una mayoría calificada para hacer cualquier cosa: designar al procurador general de la Nación, distribuir las más de 300 vacancias judiciales y reordenar la Corte Suprema a piacere.

El peronismo cristinista, por ahora, no se alarma. Confía en que, cuando llegue el momento, Karina prefiera negociar con ellos que con un ramillete de intereses que incluyen, además de los radicales y las fuerzas provinciales, a Mauricio Macri. La negociación por la Corte Suprema todavía no empezó: la secretaria de la Presidencia necesita primero encontrarle un reemplazo a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia y, a partir de entonces, comenzará a profundizar las conversaciones por la Corte. 

El peronismo espera que sea con ellos. Pero una cosa es segura: el lugar de fuerza desde el que CFK negociaba –y volteaba– los pliegos de la Corte Suprema ha desaparecido.

MCM/CRM

El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido en el Senado el viernes, luego de un cambio en el plan de Labor dispuesto por el oficialismo y aliados.

Finalmente, la agenda parlamentaria para este jueves pondrá el eje en los debates sobre la Ley de Glaciares (26.639), sancionada en 2010, para lograr la modificación de la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios.

Por otra parte, también se tratará el acuerdo UE-Mercosur, la asociación estratégica y de libre comercio, que fue firmada a principios de este año y que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes.

Por último, se discutirá la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea, cuyo objetivo es unificar ambas representaciones diplomáticas para optimizar recursos en el marco de la negociación del acuerdo Mercosur-UE.

Para el viernes 27, quedaron los dos temas más importantes para el Gobierno Nacional como el Proyecto de Modernización Laboral, que entra en revisión, junto con la modificación del régimen penal juvenil. 

NB con información de NA.

El libertario Bartolome Abdala fue reelecto hoy como presidente provisional del Senado en una sesión preparatoria donde se eligieron las autoridades del cuerpo para este año. En medio de su tensión con los Milei y en la previa a la Asamblea Legislativa del próximo domingo, Victoria Villarruel abrió la Cámara alta este martes para renovar los cargos de presidente provisional y las tres vicepresidencias, así como los titulares de las Secretarías Parlamentarias y Administrativas.

Por tercer año continuará el legislador puntano Bartolomé Abdala como segundo de Villarruel, pese a que en algún momento había circulado que el oficialismo podría inclinarse por uno de los legisladores que ingresaron en diciembre. El presidente provisional del Senado es el funcionario tercero en la línea sucesoria, detrás del jefe de Estado y la vice.

En los demás casilleros de la Cámara alta punteó la senadora Carolina Moisés (Jujuy) en vicepresidencia, bendecida por el Gobierno luego de romper con el bloque de José Mayans. Los senadores peronistas Moisés, Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) dejarán el interbloque por diferencias internas no solo en su conducción sino también por el hartazgo a la agenda impuesta por la ex presidenta Cristina Kirchner.

Ahora el bloque Convicción Federal (CF), junto a Fernando Salino (San Luis), que lo preside, y Fernando Rejal (La Rioja) tienen como terminales a los gobernadores del norte alineados con el presidente Javier Milei: Raúl Jalil, de Catamarca, Osvaldo Jaldo, de Tucumán, y Gustavo Sáenz, de Salta. Son clave en el nuevo esquema de alianzas que construyó la Casa Rosada para aprobar la reforma laboral y otros proyectos.

En la vicepresidencia primera, en tanto, continuará la radical Carolina Losada, mientras que aún no se definió a quién corresponderá la vicepresidencia tercera, ya que, hasta ahora, era detentada por la cordobesa Alejandra Vigo, quien hoy tiene un bloque de solo dos miembros.

El Senado también definió este martes la continuación de Agustín Wescenlao Guistinian como secretario parlamentario y de Eduardo Fitzgerald como secretario administrativo, además de Dolores Martínez como secretaria parlamentaria y de Lucas Clark en la Prosecretaria Administrativa.

La puja por la AGN

En el Senado además aprobó que el abogado Mariano Piazza, que responde a los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, sea quien represente al oficialismo del Senado en la mesa de auditores de la Auditoria General de la Nación (AGN) . Lo definió ayer el Gobierno en la reunión de mesa chica que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó en Casa Rosada.

Los nombres para completar la AGN, que preside el peronista Juan Manuel Olmos, se destrabó tras un acuerdo con el kirchnerismo y la UCR, que ya tienen elegidos a sus auditores.

Javier Fernández, ex auditor y de profesión abogado, es el representante del peronismo, mientras el ex senador radical Luis Naidenoiff es por la UCR. Con Piazza se completaron así los tres representantes del Senado en el organismo auditor.

Por la Cámara de Diputados, en tanto, los representantes elegidos el año pasado son Mónica Almada (LLA); Pamela Caletti, que responde al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y el kirchnerista Juan Ignacio Forlón.

Con información de agencia NA

MC

El senador cordobés Luis Juez, que integraba el monobloque del Frente Cívico, anunció su pase formal a la bancada de La Libertad Avanza (LLA), según confirmaron fuentes legislativas.

Este movimiento tuvo lugar en la previa de las sesiones del Senado que tendrán lugar esta semana: el martes para designar autoridades, el jueves para tratar Ley Penal Juvenil y ley de Glaciares y el viernes próximo para sancionar la reforma laboral.

Con la incorporación de Juez, el bloque de La Libertad Avanza tendrá 21 legisladores, por lo que habrá paridad con el bloque Justicialista, que tiene también 21 miembros.

En cambio, como interbloque, el peronismo tenía hasta este lunes 28 miembros, ya que tres legisladores de Convicción Federal cercanos a los gobernadores dialoguistas quieren armar un nuevo bloque alejados del kirchnerismo.

Se trata de los legisladores Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza, que responden a los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

Juez se había ido en diciembre del PRO y armó un monobloque con el nombre de su propio partido en Córdoba, Frente Cívico, aunque pertenecía al interbloque de LLA. Ahora decidió integrarse formalmente al oficialismo.

Con información de la agencia NA