La Iglesia envió este martes una carta abierta a los legisladores para advertir sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsan Javier Milei y Federico Sturzenegger. El documento, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común”, señala que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

La carta llega en el marco del debate parlamentario por el proyecto promovido por el ministro de Desregulación, que modifica varias leyes clave: el régimen de expropiaciones, la ley de tierras rurales, la ley de manejo del fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares. El Senado había comenzado a debatirlo en comisiones y postergó su tratamiento en plenario.

El texto firmado por Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen llega justo cuando el Gobierno tiene trabada la votación en el Senado por el ruido que generaron los pliegos judiciales y el escándalo de Manuel Adorni.

Qué dice la Iglesia

Las organizaciones eclesiales fundamentan su preocupación en dos puntos concretos del proyecto. El primero es la eliminación de las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas—, “y en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”. Hoy, la ley de tierras rurales fija que los inversores privados extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal. El proyecto de Sturzenegger deroga ese límite y solo mantiene restricciones para los Estados extranjeros, con una excepción que el propio Ejecutivo puede levantar si considera que la operación no afecta la seguridad nacional.

El segundo punto que la carta califica de “alarmante” es la modificación de la ley de manejo del fuego. La norma vigente prohíbe durante 60 años el cambio de uso del suelo, la subdivisión, la venta y la actividad agropecuaria distinta en terrenos quemados, tanto en bosques nativos como en pastizales, humedales y zonas agropecuarias. El proyecto reduce esa protección solo a los bosques nativos y elimina el plazo de 30 años de restricciones para el resto de los ecosistemas.

Las organizaciones eclesiásticas también señalan que la iniciativa “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

Las citas papales

La carta recurre a la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León para sostener su posición: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones”. Y cita también a Juan Pablo II: “No es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”.

Frente a los argumentos de crecimiento económico del Gobierno, la carta opone la definición del Papa León sobre el desarrollo: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes. No es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades”.

Qué más cambia la ley

Más allá de las tierras y el ambiente, el proyecto tiene otros ejes que generaron rechazo de organizaciones sociales y de inquilinos. En materia de vivienda, acelera drásticamente los procesos de desalojo: convierte el trámite al proceso sumarísimo —el más breve del Código Procesal— y reduce a tres días el plazo de intimación por falta de pago antes de iniciar una demanda, el plazo más corto de la región según relevamientos de Inquilinos Agrupados.

También modifica la ley de integración socio-urbana que protege a los barrios populares: elimina la suspensión de desalojos por diez años y el mecanismo de expropiación estatal para regularizar la situación dominial de quienes viven en esos barrios. La organización TECHO advirtió que la reforma afectaría a más de cinco millones de personas, de las cuales el 35% son niños y niñas.

La carta de las organizaciones eclesiales pide a los legisladores que “guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, confirmó este jueves que concurrirá en julio a brindar su informe en el Senado. Sin embargo, tanto el PRO como la vicepresidenta Victoria Villarruel pidieron que lo haga este mes, dado que no asistió nunca desde que asumió en noviembre.

En su cuenta de X, Adorni anunció: “Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno”.

La presencia de Adorni fue reclamada por el interbloque peronista, que conduce José Mayans, y por el PRO, que preside el macrista Martín Goerlingo Lara.

Justamente el PRO, liderado por Mauricio Macri, había expresado más temprano en un comunicado que “lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

En medio del escándalo que causaron tanto su inscripición al llamado régimen de inocencia fiscal como las justificaciones que dio el miércoles por la noche en una entrevista con La Nación +, Adorni concurrirá al Senado luego de haber presentado su declaración jurada donde reconoce haber ahorrado en negro unos US$500.000.

Qué pidió Villarruel

Villarruel pidió que “se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”, en una nuevo capítulo del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno nacional.

“Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”, dijo Villarruel, en relación a la reunión donde se discutirá el temario que se tratará en la sesión del próximo jueves para debatir pliegos judiciales y propiedad privada.

“El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”, añadió Villarroel.

El presidente del PRO, Martin Goerling Lara, reclamó la presencia de del jefe de Gabinete en el Senado para este mes y se quejó que desde “hace casi un año que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025”.

“Desde que asumió, @madorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Presenté una nota para que se lo convoque este mes. Los gados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad”, dijo en una publicación en la red social X.

Pedido de sesión especial

El interbloque de diputados opositores formalizó un pedido de sesión especial para el próximo martes 23 de junio a las 14, con el objetivo de tratar seis proyectos de resolución que apuntan de lleno contra Manuel Adorni. Las iniciativas presentadas abarcan desde solicitudes de informes detallados hasta el pedido de una moción de censura.

El temario de la sesión solicitada se compone de tres ejes principales:

La moción de censura —prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional— está tipificada como una herramienta legislativa para remover de su cargo al Jefe de Gabinete de Ministros mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.

La solicitud de sesión especial logró amalgamar a sectores muy diversos de la Cámara Baja. El documento cuenta con las firmas de 31 legisladores pertenecientes a Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y agrupaciones monobloques, según consignó el sitio El Parlamentario.

Entre los firmantes destacados se encuentran, entre otros, Cecilia Moreau, Esteban Paulón, Myriam Bregman, Martín Lousteau, Natalia de la Sota, Jorge Fernández, Marcela Pagano, Paula Penacca, Néstor Pitrola y Nicolás del Caño.

Con información de NA

La Libertad Avanza dio un paso importante en negociaciones con los bloques dialoguistas para sesionar en el Senado el próximo jueves 18 y debatir el proyecto de propiedad privada, que tendrá nuevos cambios sobre la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.

LLA y los bloques dialoguistas mantuvieron este martes una reunión para consensuar los cambios sobre la venta de tierras, donde existen las mayores diferencias entre el oficialismo y las bancadas opositoras que vienen acompañando los proyectos del Gobierno.

Participaron del encuentro, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling Lara; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce.

Una de las alternativas que estudian es que en algunos casos donde un Estado o una empresa asociada a un gobierno quiera comprar tierras cercanos a la frontera tenga que tener el respaldo del Congreso Nacional.

De todos modos, en estos nueve días deben escribir los cambios del proyecto para que puedan ir a la sesión con todos los acuerdos cerrados.

En el resto de los casos, será el gobernador de una provincia quien deberá resolver si se aprueba o no la venta de tierras, pero para ello también deberá cada legislatura aprobar su propia ley de tierras.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

En la sesión del 18 de junio también podrán sumar los siete pliegos judiciales que hoy obtuvieron dictamen, entre los que figura el camarista Víctor Pesino, quien tuvo fuertes objeciones del peronismo por haber fallado a favor de la aplicación de la reforma laboral.

También se evalúa que se vote un proyecto que este martes obtuvo despacho que impone hasta cárcel de 15 años por graves delitos ambientales y convenios internacionales.

Además, consensuaron comenzar la próxima semana con reuniones informativas sobre la ley de Etiquetado Frontal y la ley de reforma de sociedades, la cual busca desregular de la conformación de las mismas, reduce la participación estatal y permite que se puedan armar con inteligencia artificial.

Los antecedentes de extranjeros dueños de tierras argentinas

En 1996, el multimillonario inglés Joe Lewis compró 13 mil hectáreas que rodeaban Lago Escondido, en Río Negro, ubicado al pie de la Cordillera y a solo 6 km de Chile. Lo hizo a través de una empresa nacional con accionistas argentinos, ya que la ley 15.385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 km de distancia de la frontera. Cercó las tierras, construyó una mansión y un aeropuerto privado y, durante casi 20 años, batalló judicialmente para evitar que le abrieran un acceso público al lago. El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, tres años atrás, le dio la razón: el camino Tacuifi debía cerrarse y quienes quisieran acceder al lago tendrían que hacerlo por la montaña. 

El caso de Lago Escondido es uno de los más famosos ejemplos de extranjerización de las tierras en la Patagonia, pero no el único. A nivel nacional, según un informe del Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas: el equivalente a la extensión del país de origen de Lewis, Inglaterra.

El proceso de extranjerización comenzó en los 2000 con el boom internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros. Fue en ese contexto que, en 2011, el Congreso sancionó la ley 26.737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras. Un límite que el Gobierno quiere eliminar y que, la semana que viene, buscará derogar en el Senado con el apoyo de los gobernadores. 

La Ley de Tierras Rurales de Sturzenegger

El proyecto lleva el nombre grandilocuente de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y, como muchas de las iniciativas desreguladoras de la gestión libertaria, es impulsado por Federico Sturzenegger. Incluye varias modificaciones a la legislación vigente –como la flexibilización de las restricciones sobre el uso de terrenos incendiados, en la Ley de Manejo del Fuego, o trámites sumarísimos para desalojos, en el Código Civil–, pero uno de los puntos clave los introduce en la ley de Tierras Rurales. 

“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”, aseguró Sturzenegger, durante una jornada organizada por las Confederaciones Rurales Argentinas, en donde prometió que, de eliminarse los límites a la propiedad extranjera, ingresarían capitales por más de US$ 15.000 millones. El argumento del ministro de Desregulación era que, si se eliminaban todas las restricciones a la propiedad extranjera se desbloquearían inversiones en todas las zonas productivas del país. 

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar contra la Ley de Tierras Rurales. Apenas asumió la presidencia, Javier Milei publicó el DNU 70/2023 que incluyó, entre decenas de derogaciones, la eliminación de la ley 26.737. La Justicia, sin embargo, aceptó una medida cautelar presentada por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata que advertía que eliminar la ley “libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de aquellas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”. 

El problema no era sólo la eliminación del tope del 15% para personas o empresas extranjeras, sino que barría con todas las restricciones existentes, incluso para los estados nacionales extranjeros. La ley de Tierras Rurales prohíbe también la adquisición de tierras ubicadas en zonas estratégicas, como las que contienen cuerpos de agua permanentes o están ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Y mantiene un control sobre la extranjerización de la tierra, ya que crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, que debe dar cuenta de la titularidad de todas las tierras provinciales. Milei buscaba eliminar todo. 

Suspendido el DNU por la Justicia, el Gobierno decidió avanzar con una ley que, según advierten diversas organizaciones ambientales, científicas y de las comunidades originarias, podría poner en peligro la soberanía nacional y el acceso de las poblaciones locales a sus propios territorios. 

“Ya hay una presión muy fuerte por parte de empresas extranjeras por quedarse con espacios valiosos de nuestro territorio. Si la ley de Tierras Rurales se modifica, el valor de la tierra se dispararía y haría muy difícil el acceso para productores que hacen circular el desarrollo local. Porque lo que hacen estas economías cuando llegan en forma de enclave extractivo es impedir que la población local haga uso de esos espacios”, explica Julieta Caggiano, socióloga, becaria del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, a elDiarioAR. 

El rol de los gobernadores

Al Gobierno no le fue fácil conseguir los votos para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Luego de la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los senadores del radicalismo y de las fuerzas provinciales aliadas endurecieron su postura y comenzaron a exigir cambios. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar varias modificaciones, llegando incluso a eliminar algunos artículos de la ley (como el que desmantelaba el régimen de integración socio urbana de barrios populares).

Luego de un mes de negociaciones, Bullrich llegó a un acuerdo con los senadores que terminó siendo clave para destrabar las resistencias: como con la Ley de Glaciares, serán los gobernadores quienes tendrán la última palabra para habilitar la compra de la tierra por parte de empresas extranjeras. Fue solo cuestión de agregar, a último momento, un artículo al dictamen de mayoría: “Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional”. 

“Si quiere la provincia poner límite o no poner límite a la venta de tierras lo decide la provincia. Federalismo puro y duro”, explicó Bullrich, durante el debate en comisiones, dando un giro argumental de 180 grados. Ya no era una defensa a la llegada de capitales extranjeros, era una defensa al federalismo. Y, como sucedió con la modificación de la Ley de Glaciares, que dejó en manos de las provincias la decisión de explotar productivamente una zona glaciar, el Gobierno consiguió las firmas que le faltaban. 

La sesión para aprobar el proyecto de ley será el próximo jueves y en el peronismo advierten que, gracias al apoyo de los gobernadores, Bullrich podrá conseguir su media sanción. “Quieren habilitar la compra de tierras estratégicas a empresas como Palantir. Para ellos el mundo no tiene alambrados, es todo de ellos. Y con esta ley es lo que van a conseguir”, señaló una de las autoridades del bloque peronista.

Con información de agencias

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por María Carolina Moises (Convicción Federal), realizó este martes una reunión informativa en el Salón Illia para receptar un proyecto de ley de un nuevo Estatuto del Periodista. El encuentro contó con la participación de legisladores, profesionales de prensa y entidades gremiales de la comunicación.“Este es el primer paso para lograr que el periodismo recupere su estatuto; es un deber de la política y del Poder Legislativo. El proyecto presentado hoy no se limita a restaurar lo que ya existía, sino que busca legislar sobre nuevos derechos, considerando los cambios tecnológicos y sociales”, afirmó la senadora Moises al abrir el encuentro.

La propuesta, presentada este martes por gremios y asociaciones sindicales de prensa, busca actualizar la normativa histórica que regula la actividad periodística. Para ello, preserva principios centrales como la libertad de expresión y la protección específica de los trabajadores de prensa. Asimismo, regula los nuevos derechos vinculados al uso de plataformas y al teletrabajo, define el rol de la inteligencia artificial en las tareas de prensa, reconoce derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la labor en las coberturas periodísticas. La iniciativa surge como respuesta a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, la cual establece la derogación del estatuto vigente a partir del 1 de enero de 2027.

La jornada contó con las exposiciones de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y secretaria adjunta segunda del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); María Ana Mandakovick, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CISPREN) de Córdoba; Diego Miner, secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes; Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe y los periodistas Mariano Obarrio y Gabriela Pepe.

Al inicio de los testimonios, Gabriela Pepe justificó la importancia de avanzar hacia un nuevo marco legal y reflexionó sobre la actualidad de la profesión: “La relación del periodismo con el poder de turno siempre es de tensión y hoy atravesamos un momento muy complejo. Nuestro trabajo cuenta con una protección especial y la libertad de expresión está amparada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esto tiene como contracara el derecho a la información de la sociedad; por eso es fundamental garantizar la diversidad de voces y de líneas editoriales”.

A su turno, Mariano Obarrio coincidió con la senadora Moises y sostuvo que es necesaria la regulación de la inteligencia artificial, argumentando que “está plagiando y usurpando contenidos de los medios periodísticos, lo que afecta tanto a las empresas del sector como a los propios periodistas”. Asimismo, consideró preocupante el actual tráfico de información y, tras el cierre de la agencia oficial de noticias Télam, señaló que el Gobierno Nacional busca centralizar el manejo informativo, motivo por el cual disolvió el organismo con el agravante del despido de sus trabajadores.

Por su parte, María Ana Mandakovick advirtió que la crisis internacional de la prensa se debe a la concentración de medios, al impacto del capital financiero sobre las empresas locales y a la dependencia extrema de las plataformas digitales. Sostuvo que la sobreabundancia de información y la precarización laboral caracterizada por bajos salarios y polifuncionalidad, configuran un escenario desolador que urge resolver mediante este nuevo marco regulatorio.

La representante sindical Carla Gaudensi destacó el espíritu de la iniciativa: “Este estatuto contiene los aspectos protectores más importantes que tenía nuestra norma, en el sentido de que los periodistas no podamos ser presionados por ejercer nuestra labor. Esa es la protección federal y la base que nos da el estatuto, a la vez que incorpora aspectos de modernización”. Concluyó enfatizando la urgencia del debate: “Necesitamos que el 1 de enero esta norma esté vigente, porque es una protección indispensable para seguir informando a la sociedad”.

Por último, los senadores presentes formularon preguntas y expusieron sus posturas frente a la propuesta del nuevo estatuto. “El proyecto quedará en circulación para que los senadores puedan verlo, analizarlo y firmarlo estableciendo un plazo hasta el próximo viernes para, luego, poder ingresarlo formalmente y realizar el giro correspondiente a las comisiones”, concluyó Moises.

La aprobación de 74 pliegos judiciales permitió al Gobierno exhibir este jueves un avance concreto en la cobertura de vacantes que llevaban años sin resolverse. Sin embargo, la jornada dejó también una situación incómoda para la Casa Rosada: entre los expedientes aprobados figura el de Verónica Michelli, cuya candidatura había sido objetada por el oficialismo en las últimas semanas, debido a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, y cuyo futuro depende ahora exclusivamente de una decisión de Javier Milei.

La primera reacción presidencial fue, llamativamente, de celebración. Apenas terminada la sesión, Milei replicó un mensaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y definió la aprobación de los acuerdos como “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”. El mensaje incluía a los 74 pliegos votados por el Senado. También al de Michelli.

La secuencia no deja de resultar paradójica. Durante las últimas semanas, la Casa Rosada intentó retirar el pliego de la candidata al Tribunal Oral Federal Criminal N°3 de La Plata y, cuando comprobó que ya no tenía margen reglamentario para hacerlo, buscó postergar su tratamiento. Ninguna de las maniobras prosperó. Finalmente, el Senado terminó aprobando su nombramiento junto al resto de los expedientes impulsados por el Poder Ejecutivo.

Ahora la decisión vuelve a quedar en manos del Presidente. Para que Michelli asuma efectivamente el cargo, Milei deberá firmar el decreto correspondiente junto a Mahiques, último paso previsto por la Constitución para completar el procedimiento de designación de jueces. En el Gobierno evitan anticipar qué hará el mandatario. Hasta horas antes de la sesión circulaban distintas interpretaciones jurídicas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo no avanzara con esa firma y dejara el expediente en una suerte de limbo administrativo. La alternativa genera reparos entre constitucionalistas, que comparan esa eventual decisión con la negativa presidencial a promulgar una ley ya sancionada por el Congreso.

El episodio volvió a exponer además algunas diferencias internas dentro del oficialismo. La Libertad Avanza fue el único bloque que votó en contra de un pliego enviado originalmente por el propio Poder Ejecutivo. Hubo, sin embargo, dos excepciones. Francisco Paoltroni acompañó la designación y Patricia Bullrich, la titular del bloque, optó por abstenerse.

La ministra ya había anticipado públicamente su posición durante el debate. Sin cuestionar de manera frontal la postura de la Casa Rosada, sostuvo que no estaba dispuesta a acompañar una eventual sanción contra una candidata por una relación familiar. “Tengo una objeción de conciencia”, explicó durante la sesión. “No se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar”.

Más allá de esa controversia, el oficialismo encontró motivos para reivindicar el resultado general de la jornada. Mahiques celebró la aprobación de los acuerdos y agradeció a Milei, a Karina Milei y a los senadores por destrabar una situación que mantenía vacantes judiciales sin cubrir desde hacía años. “Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una Justicia que funcione”, afirmó.

Una de cal y otra de arena

La jornada tampoco estuvo exenta de contratiempos para la Casa Rosada. El oficialismo se vio obligado a retirar del temario el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada luego de que bloques habitualmente cercanos al Gobierno condicionaran su apoyo a la incorporación de nuevos cambios. Sin los votos asegurados, la iniciativa quedó en pausa y su tratamiento fue postergado para las próximas semanas.

En contraste, el Senado sí le dio al Ejecutivo una noticia largamente esperada al aprobar el acuerdo de pago con los fondos Bainbridge y Attestor por 171 millones de dólares. Se trata de los últimos reclamos pendientes vinculados al default de 2001. El expediente ahora deberá superar una segunda escala legislativa en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Pero el interrogante político de la jornada quedó planteado en otro lugar. Después de intentar frenar la candidatura de Michelli y de votar en contra de su pliego en el Senado, el Gobierno terminó celebrando una sesión que la tuvo entre sus principales protagonistas. Ahora le toca a Milei decidir si completa el proceso con su firma o si abre una nueva controversia institucional. La reconstrucción de la Justicia que celebró este jueves podría comenzar, paradójicamente, por el expediente que más dolores de cabeza le provocó a la Casa Rosada.

PL/CRM

El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto que avala un plan de pago a dos “fondos buitre” por 171 millones de dólares, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica.  La iniciativa recibió 40 votos positivos y 22 negativos, y ahora seguirá su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento.

Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma “Bainbridge Ltd.” y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de 171 millones de dólares.

Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.

El proyecto sancionado este jueves en la Cámara alta estaba en el temario de la sesión ocurrida el 14 de mayo pasado, pero la redacción original sufrió correciones técnicas de último momento en decenas de artículos, lo que provocó quejas de la oposición y motivó la vuelta a comisión para volver a ser dictaminado. 

La aprobación en el Congreso nacional permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. 

El miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, aseguró que “este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina”. “Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Extingue los dos principales litigios pendientes”, explicó.

Para Monteverde, “esto que traemos a discusión significa la resinserción internacional de Argentina, significa salir del listado de morosos. Estamos discutiendo algo que además una cifra del total de la deuda totalmente insignificante, pero que resuelve los problemas”. 

“Honrar la deuda es también una restauración moral que se la debemos al país, a contramano de aquello de festejar el default como sucedió años atrás o festejar la pesificación con la que se defraudó a los ahorristas”, continuó. Según el libertario, se logró un acuerdo que es “una transacción” para salir de un litigio, sobre la cual ya había una sentencia contra la Argentina. “Se dijo que estamos apresurados. ¿Más de 30 años les parece premura?”, preguntó.

Luego tomó la palabra Jorge Capitanich (Justicialista), quien enumeró los argumentos por los cuales el peronismo votaría en contra de la iniciativa. Según dijo el chaqueño, “estos mecanismos (de pago a los acreedores remanentes) en realidad premian las conductas de los fondos buitre o holdouts”.

“Argentina mantuvo el mismo estudio jurídico y la misma posición correspondiente, y obviamente ha obtenido un triunfo significativo que es la defensa estratégica del capital accionario de YPF”, recordó. “Segundo no hay equidad. Tercero la quita no es verificable y comparable desde el punto de vista de cuáles son los parámetros de precios de adquisición”, subrayó. 

En cuarto lugar, mencionó que este plan de pago a fondos buitre introduce “un principio de tensión” con la resolución aprobada en septiembre de 2015 por 136 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que estableció nueve principios básicos para regular los procesos de reestructuración de deuda soberana de los países. 

Aquella iniciativa había sido impulsada fuertemente por Argentina con el objetivo de limitar el accionar especulativo de los fondos buitre.

Por otra parte, Capitanich resaltó que “la prórroga de jurisdicción” a favor de los holdouts “no implica convalidar prórroga de la inmunidad”.  Según dijo, la prórroga de jurisdicción puede ser “renunciable”, pero la prórroga de inumidad solo puede hacerse por la vía judicial. “La documentación es incompleta y el cierre parcial no implica una estrategia para poner fin a una negociación cuyas características de complejidad no permiten terminar de resolver”, finalizó.

Por su parte, Carmen Álvarez Rivero (LLA) destacó que “el Gobierno entiende perfectamente la seguridad jurídica, que no es solo un discurso para quedar bien”.  “Sin seguridad jurídica no hay inversiones, no hay crédito, no hay empleo de calidad. Por eso acompaño este rumbo”, subrayó la cordobesa.

El catamarqueño Guillermo Andrada garantizó su apoyo porque supone “un ahorro” para el Estado argentino “y porque tenemos que demostrar que la Argentina es responsable”. 

En el cierre del bloque justicialista, José Mayans, ratificó el rechazo y avisó: “No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina”.

Por último, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, afirmó que con la aprobación de este acuerdo el Congreso va a “cerrar una herida que tiene 25 años”. Recordó que el punto de origen fue “el default soberano más importante de la deuda mundial”. La ex ministra de Seguridad señaló que la Convertibilidad forzó algunos desequilibrios producto de la imposibilidad de emitir, lo que obligó a emitir deuda. 

“Eso generó una situación imposible. La explosión del sistema generó un ataque brutal contra un gobierno cuando en realidad la responsabilidad fundamental de esa acumulación de deuda había sido previa, sobre todo en la etapa de Roque Fernández”, apuntó. Al proseguir con su racconto histórico, Bullrich dijo que “durante el kirchnerismo hubo un relato inteligente, porque muchos lo creyeron, de que se había desendeudado a la Argentina”. 

“Esto se desarmó. La deuda pública creció durante la gestión kirchnerista. Todos los pagos que se hicieron -al FMI, al Club de París, a Repsol- fueron emitiendo deuda. Fue un pase de manos, no hubo desendeudamiento. Hubo maquillaje contable. Y los litigios siguieron”, consideró.  Por último, la senadora destacó las bondades que para ella significa la conclusión de este acuerdo económico por la deuda del 2001.

Además de implicar una quita “de entre el 30 y el 35 por ciento”, ponderó que “los honorarios de los abogados los pagan los holdouts, con lo cual es una buena negociación”. “¿Y qué ganamos con esto? El fin de los embargos, que es siempre un riesgo. Se levantan todas las órdenes de entrega contra las acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, tres empresas que se han saneado. Se termina el espionaje que sufrió la Argentina”, resaltó. 

Además, señaló que “los acreedores se comprometieron a no intervenir en futuras emisiones de deuda”. “Esto es importante porque nos permite recuperar reputación en los mercados internacionales. Al bajar el Riesgo País, todo esto se traduce en menor costo de financiamiento”, apuntó. 

Los detalles del acuerdo con los holdouts

El acuerdo de conciliación con los dos fondos buitre por 171 millones de dólares adoptó como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos. 

En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio. Además, se incluyó una cláusula de standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación. 

La Justicia norteamericana había puesto originalmente como deadline de aprobación el 30 de abril, pero el Gobierno de Javier Milei logró una prórroga hasta el 30 de junio para que se convierta en ley.

Con información de la agencia NA

El Senado postergó el debate del proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.

Tras la aprobación de los pliegos, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, pidió aplazar el debate de “inviolabilidad” de la propiedad privada hasta la próxima sesión.

Fuentes parlamentarias afirmaron que los cambios están vinculados al tema de tierras, donde se elimina los topes para que las empresas extranjeras puedan comprar tierras rurales.

Esa iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capitulo sobre cambios en la ley de barrios populares, y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego.

Límite a la compra de tierras

El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Se prohíbe que puedan comprar tierras estado extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés sólo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.

Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en en forma fehaciente.

La notificación será dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley que son 10 días hábiles.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días.

Manejo del fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Con información de la agencia NA

“A Michelli la van a cagar, todos ustedes la van a cagar”. La senadora Juliana Di Tullio estalló en furia este jueves pasadas las 13 cuando el oficialismo buscó ampliar la cantidad de candidatos a jueces por fuera de lo pactado, aunque sigue quedando afuera la polémica por la candidata que rechaza Javier Milei.

El planteo de La Libertad Avanza escaló en una fuerte discusión con el peronismo, ya que alertó que en la previa a la sesión solo se iban a votar 50 pliegos judiciales. La propuesta a último momento de LLA fue sumar otros 23, sin incorporar la candidatura de María Verónica Michelli, negada por los Milei porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La escena reveló un nerviosismo en la cúpula libertaria: las cámaras de la transmisión mostraron a Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en una intensa conversación. La jefa del bloque de LLA subió incluso al estrado donde se encuentra la vicepresidenta y titular de la Cámara alta.

Bullrich buscó salir de la polémica con un pedido de cuarto intermedio y dijo que “no tiene nada que ver con el pliego de la jueza Michelli, que pasa para la semana que viene”. Según la senadora, hubo una fuerte presión de los candidatos a jueces para que sus pliegos sean tratados este mércoles. “No es fácil elegir quiénes son los 50 y no 73. Ayer los 73 llamaron”, aclaró al micrófono“.

Antes que el cuarto intermedio se concrete, Bullrich comentó sobre el pliego de la discordia de Michelli: “Hoy ya entró el retiro del pliego del Presidente. El Presidente no es que no quiere que se trate: su posición es retirar el pliego. No esconderlo, sino retirarlo. Y eso se tiene que votar también acá. No es que va a quedar escondido”. El receso comenzó a las 14 y finalmente Bullrich cedió a la oposición: se incluyó en la votación el pliego de Michelli, pese a que el Gobierno quería retirarlo recién la semana próxima.

La tensión en el Senado se sentía en la previa, porque Villarruel habló con los periodistas acreditados al ingresar al Palacio y le expresó a Infobae: “Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco”.

Luego la vice agregó: “Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol”.

Además de Michelli, los 73 candidatos a magistrados con dictamen aprobado en las cinco audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos —realizadas entre el 30 de abril y el 14 de mayo— entraron al recinto este jueves. Varios de ellos generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

MC

El Senado se reúne este jueves desde las 11 con una agenda que concentra tres temas de interés para Javier Milei. La sesión convocada por Victoria Villarruel —que no está en el recin— incluye la aprobación de alrededor de 50 pliegos judiciales, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —el proyecto de desalojo exprés y venta de tierras— y el acuerdo con los holdouts para cancelar u$s 171 millones de deuda soberana en litigio desde el default de 2001.

Lo que no está en el temario es el pliego más caliente de la semana: el de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, que el Gobierno rechaza porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Patricia Bullrich decidió postergar esa definición para la semana que viene.

Los pliegos que sí se votan

Con Michelli en pausa, los cerca de 50 magistrados con dictamen aprobado en las cinco audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos —realizadas entre el 30 de abril y el 14 de mayo— entran al recinto. Varios de ellos generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

US$171 millones a los holdouts

El segundo punto del temario es el acuerdo con los fondos que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que desde entonces litigan contra la Argentina ante la justicia de Nueva York. El acuerdo implica pagarle US$67millones a BainbridgeLtd y US$104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El total de US$171 millones tiene una quita superior al 30% sobre los montos reclamados originalmente.

El acuerdo ya había sido devuelto a comisiones en una sesión anterior. El plazo límite original era el 30 de abril, pero el Ejecutivo logró extenderlo hasta el 30 de junio, lo que abre la ventana para que el Senado lo vote este jueves y luego lo remita a Diputados.

La ley de desalojo exprés y venta de tierras

El tercer punto del temario es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto del ministro Federico Sturzenegger que tiene varias aristas y que Bullrich tardó dos meses en negociar para conseguir los votos.

El capítulo más sensible es el de los desalojos. El texto habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el dueño de la propiedad pueda exigir la desocupación del inmueble luego de solo 10 días de aviso. El Código Civil y Comercial vigente establece que recién después de dos meses consecutivos sin pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley esa protección desaparece.

La negociación llevó a una distinción entre inquilinos morosos, con diez días de plazo, y ocupantes sin contrato —a los que el texto llama “usurpadores”—, para quienes el plazo se mantiene en tres días. También por presión de los aliados, y ante advertencias de la Iglesia y organizaciones sociales que alertaron sobre el riesgo de una emergencia habitacional, Bullrich aceptó eliminar el artículo que habilitaba desalojos en los barrios populares inscriptos en el RENABAP.

La ley también elimina el tope del 15% a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, una restricción que regía desde la ley de Tierras de 2011.

Hay un tercer componente que pasó casi desapercibido en el debate: la ley modifica también la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohibía por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios, una medida pensada para desincentivar la quema intencional con fines especulativos. El proyecto de Sturzenegger elimina esa restricción. Cuando fue a exponer en el Senado, el ministro defendió el cambio argumentando que era un “dislate” extender la protección de bosques nativos a la producción agropecuaria y afectar la propiedad privada durante décadas.

MC

El oficialismo tenía acordado hasta esta semana sesionar para votar dos iniciativas legislativas y avalar a 73 candidatos a jueces, defensores y fiscales. Pero la movida contra el pliego de María Verónica Michelli metió ruido en el tratamiento de las designaciones en la Justicia. El caso generó una repercusión política que alcanza a otros pliegos polémicos, como es el caso de Emilio Rosatii, el hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Los pliegos que ahora están en riesgo son el resultado de un proceso institucional que llevó más de un mes. Según el registro oficial del Senado, la Comisión de Acuerdos realizó cinco audiencias públicas consecutivas para debatir las postulaciones judiciales: el 30 de abril, el 6 y 7 de mayo, y el 13 y 14 de mayo. En cada una de esas jornadas, decenas de candidatos a jueces, camaristas, defensores y fiscales de todo el país fueron interrogados por senadores de distintos bloques antes de obtener su dictamen.

Los nombres

María Verónica Michelli estaba postulada para el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata. El Gobierno pidió retirar su pliego cuando Milei se enteró de que era cuñada de Alconada Mon, el periodista de La Nación que investiga el caso $LIBRA. Los senadores que firmaron su dictamen en comisión —incluida la propia Bullrich— se negaron a dar marcha atrás.

Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso, posición que escaló tras las entrevistas personales ante los consejeros. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por un caso de alcoholemia positiva al volante. Su padre se abstuvo de participar en la votación del Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones judiciales que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia. Bullrich se negó a firmar sus dictámenes en comisión.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA. Su pliego contaba con dictamen favorable.

Víctor Pesino, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que intervino en la causa vinculada a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Debe jubilarse al cumplir 75 años, pero el Gobierno propuso extender su permanencia por otros cinco años. Pesino integró junto a la camarista María Dora González el fallo que dejó en suspenso la cautelar dictada por el juez Horacio Ojeda a favor de la CGT, medida que frenaba 81 artículos de la reforma laboral.

¿Se puede retirar un pliego?

Por encima de la disputa política, un constitucionalista instaló una pregunta más profunda: si el Gobierno tiene derecho legal a hacer lo que pretende. El abogado Andrés Gil Domínguez afirmó que cuando el Poder Ejecutivo envía un pliego al Senado “no hay vuelta atrás”. Según explicó por Radio Splendid, el Senado puede no tratar el pliego, aprobarlo o rechazarlo, pero el Ejecutivo no puede retirarlo: “Cuando el Poder Ejecutivo elige a uno y pasa al Senado, el PEN no puede decir 'retiro' porque ya eligió”. Para Gil Domínguez, hacerlo sería inconstitucional.

El especialista agregó que la gravedad del caso Michelli se profundiza por los motivos del retiro: si la candidata es cuestionada por la ideología de un familiar —en este caso, su cuñado, el periodista Hugo Alconada Mon—, la situación configuraría además “discriminación basada en la opinión política”. Aunque advirtió que la práctica de retirar pliegos no es una invención de este Gobierno: “Muchos gobiernos lo han hecho de forma inconstitucional. Lo que uno observa con el gobierno de Milei es que no ha inventado tácticas inconstitucionales, sino que las lleva al paroxismo.”

La “rebelión” de Patricia Bullrich contra los Milei por retirar el pliego como candidata a jueza de María Verónica Michelli suma fuerza. A la decisión de la jefa del bloque libertario en el Senado se plegó este martes el radicalismo, que tiene diez miembros en el Cámara alta, número clave para alcanzar los dos tercios.

La vocera de la UCR fue la vicepresidenta primera del Senado, Carolina Losada, fiel aliada de La Libertad Avanza. Afirmó este martes que votará “en contra” de retirar el pliego de la candidata a magistrada cuestionada por el Poder Ejecutivo, en principio porque es cuñada del periodista de investigación Hugo Alconada Mon, quien ha denunciado hechos de corrupción que salpican a Javier y Karina Milei.

“No encuentro ninguna razón para que no pueda ser jueza y la voy a apoyar”, dijo Losada, quien apoyó de ese modo la posición de Bullrich, que este lunes adelantó que votará a favor de designar jueza a Michelli.

El Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Michelli, pero la semana pasada, luego de haber sido aprobado con la firma de nueve senadores de la Comisión de Acuerdos, pidió que sea retirado porque la postulante es cuñada de Alconada Mon.

Bullrich, mediante una publicación en la red social X, anticipó que hará uso de su “derecho a la objeción de conciencia” y votará en contra de retirar el pliego de Michelli, aunque aclaró que reconoce plenamente las facultades constitucionales del jefe de Estado para proponer y retirar postulaciones judiciales.

Esta mañana, en declaraciones a Radio Rivadavia, Losada se pronunció en el mismo sentido y advirtió: “Hasta que no haya una razón que esgrima el Ejecutivo, para mí es una candidata super válida, muy formada que dio una entrevista brillante ante la Comisión de Acuerdos”.

“Ella estuvo en la Comisión y no sabíamos si es cuñada de alguien, solo la valoramos por sus propias cualidades, porque no se puede evaluar a una persona porque es cuñada de alguien, ella es una persona con una carrera y con cualidades suficientes”, resaltó Losada.

La legisladora santafecina aseguró: “El bloque radical por completo va a votar de esa manera y el PRO entiendo que también se pronunció de esa manera. Yo voy a votar en contra de retirar el pliego y si gana esa moción luego votaré a favor de que sea jueza”.

El Senado convirtió en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

El proyecto del Gobierno se aprobó en general por 40 votos a favor y 26 en contra y solo se votó por unanimidad el artículo referido a la prórroga del plan de entrega de armas.

La iniciativa se aprobó con el respaldado de la Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, Frente de la Concordia de Misiones, Primero los Salteños y la Neuquinidad, mientras que se opusieron a la ley el interbloque del peronismo y Convicción Federal que reunieron 26 votos.

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Losada, quién dijo que “este proyecto prorroga la entrega voluntaria de armas de fuego. Se puede hacer de manera anónima, tiene un incentivo económico y quien la entrega no tiene sanción por entregar un arma de fuego no registrada”.

Dijo que “con esta ley se puede tener un control y una trazabilidad. A mí me parece que esa es una de las cuestiones más importantes de este proyecto de ley”.

Sobre el programa de entregas de armas, Losada destacó que “la entrega voluntaria de armas de fuego se hace y se puede hacer en manera de manera anónima. Hay un incentivo económico para que la entrega para que la entrega se haga en forma voluntaria”.

Por su parte, el senador peronista Martín Soria criticó el proyecto del Gobierno “las armas registradas ante el ReNAr aumentaron un 42%, la importación de armas de fuego se triplicó respecto a 2023 y las tenencias autorizadas crecieron casi 21%. Es imposible entender estos datos sin marcar la responsabilidad política de este gobierno”.

En el cierre, la jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, dijo que “con este plan de regularización de armas de fuego se busca una lógica de responsabilidad y que haya una fuerte regularización de las armas a través de un sistema digital. Armas que hoy son más peligrosas porque no existe ninguna trazabilidad sobre ellas”

Puntos centrales

Con información de agencias.

El Senado aprobó este jueves la prórroga del juez Carlos “Coco” Mahiques al frente de la vocalía séptima de la Cámara Federal de Casación Penal, en una sesión atravesada por fuertes cruces políticos y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el kirchnerismo. El pliego obtuvo 58 votos afirmativos y 11 negativos, lo que le permitirá al magistrado continuar en el cargo por cinco años más pese a alcanzar en noviembre próximo el límite constitucional de 75 años para ejercer funciones judiciales.

La continuidad de Mahiques había sido impulsada por el Poder Ejecutivo a comienzos de febrero, antes de la asunción de su hijo, Juan Bautista Mahiques, como ministro de Justicia. La Constitución Nacional establece que los jueces federales pueden seguir en funciones luego de los 75 años únicamente mediante un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

La votación dejó expuesta una división dentro del interbloque peronista. Entre quienes rechazaron el pliego estuvieron Eduardo “Wado” de Pedro, Juliana Di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, José Mayans y Martín Soria, mientras que otros referentes del espacio, como Juan Manzur, Sergio Uñac, Gerardo Zamora y Marcelo Lewandowski, acompañaron la designación.

Durante el debate, el kirchnerismo cuestionó duramente la continuidad del magistrado y puso el foco en su traslado a la Cámara de Casación durante el gobierno de Mauricio Macri. Martín Soria sostuvo que Mahiques “no reúne las condiciones éticas, constitucionales ni jurídicas” para seguir en el cargo y lo acusó de formar parte de una estructura judicial alineada con intereses políticos y económicos.

El senador rionegrino también recordó el viaje a Lago Escondido que involucró a jueces, funcionarios y empresarios de medios, y señaló que ese episodio “expuso el funcionamiento del blindaje judicial”. En la audiencia pública previa, Mahiques había defendido aquel viaje y aseguró que se trató de “un viaje de amigos camaradas” y no de una actividad oficial.

Desde el oficialismo salieron a respaldar al magistrado y defendieron la legalidad de su traslado. La senadora libertaria Nadia Márquez remarcó que el movimiento se concretó en 2018 bajo las normas vigentes de entonces y recordó que el fallo de la Corte Suprema en el caso “Bertuzzi”, utilizado como argumento por la oposición, fue posterior. Además, rechazó que el vínculo familiar con el ministro de Justicia fuera motivo para impedir su continuidad.

La defensa más encendida llegó por parte de Patricia Bullrich, quien cruzó al jefe del bloque Popular, José Mayans, luego de que este denunciara una supuesta “justicia a la carta” y vinculara a Mahiques con el lawfare contra Cristina Kirchner. La ministra acusó al kirchnerismo de atacar al juez por haber intervenido en causas de corrupción contra exfuncionarios del peronismo y aseguró que “no fue Mahiques el que se robó Vialidad, sino quienes hoy lo cuestionan”.

El debate terminó convertido en una nueva disputa política sobre el funcionamiento del Poder Judicial y la relación entre la justicia federal y la dirigencia política. Mientras el oficialismo defendió la continuidad de Mahiques como una decisión institucional para evitar vacantes en la Cámara de Casación, el kirchnerismo denunció una avanzada para consolidar una estructura judicial afín al Gobierno y a sectores de poder.

Con información de medios

JIB

Karina Milei ganó la pulseada, y Patricia Bullrich tuvo que romper el acuerdo que había cerrado con sus aliados en el PRO y el radicalismo (que la ex ministra siente cada vez más propios que del Gobierno). Este miércoles, el oficialismo comenzará a debatir en el Senado la reforma electoral con la que pretende eliminar las PASO. No tiene los votos y Bullrich les había prometido a sus aliados que solo debatirían la Ficha Limpia, pero Karina se metió en el medio y le intervino la estrategia: era toda la reforma o nada. 

La secretaria de la Presidencia salió a marcarle la cancha a la ex ministra en el territorio que considera propio: el Senado. Lo hizo luego de que Bullrich cuestionara públicamente a Manuel Adorni por no haber presentado la declaración jurada, una declaración de rebeldía que cayó pésimo en la hermana presidencial, que no tolera los librepensadores. Los hermanos Milei tomaron la decisión política de sostener al jefe de Gabinete pese a la acumulación de escándalos patrimoniales, y así se lo hicieron saber a todo el gabinete. Cuando Bullrich intentó, durante la reunión del último viernes, tomar la palabra, Milei la frenó en seco. 

“Ya escucharon al Presidente. Al que le gusta bien, al que no ya sabe qué puede hacer”, atinó a zanjar la discusión Adorni, una vez que Milei hubo abandonado la reunión. Según uno de los participantes de la cumbre, Bullrich volvió a protestar, pero la advertencia había surtido efecto en el gabinete libertario: el resto de los funcionarios no dijo ni pío sobre la situación patrimonial del jefe de ministros. Bullrich terminó quedando sola en el reclamo por la presentación de la declaración jurada.  

“El Presidente tiene una emocionalidad importante”, le restó importancia la exministra, días después, desde la Jornada Nacional del Agro, que organizó la CRA (Confederaciones Rurales Argentinas). En privado, la senadora continúa cuestionando la decisión de sostener políticamente a Adorni. Una decisión que, argumenta, le impide avanzar con la agenda del Gobierno en el Senado. 

El Senado, terreno de disputa

Bullrich logró construir, luego del recambio legislativo de diciembre, una sólida mayoría en la Cámara alta que le permitió fantasear, incluso, con la posibilidad de llegar a los dos tercios que necesita para avanzar con los pliegos de la Corte Suprema. Se ganó la confianza de senadores radicales y peronistas, de PRO y representantes de fuerzas provinciales. Repartió cargos y lugares en las comisiones y se aseguró de convertirse, así, en la principal interlocutora de los aliados con el Gobierno. Una actitud que despertó las suspicacias de un sector del bloque libertario, que la acusó de estar armando para ella misma. 

Karina decidió dejarla hacer, atenta a que Bullrich le conseguía resultados. Pero en la última semana, la hermana presidencial decidió intervenir. ¿Cuándo? Cuando se enteró de que Bullrich había cerrado un acuerdo con el jefe del PRO, Martín Goerling, y de la UCR, Eduardo “Peteco” Vischi para tratar por separado el proyecto de Ficha Limpia del resto de la reforma electoral del Gobierno, que propone la eliminación de las PASO y la privatización de las campañas y partidos políticos. 

Vía Gabriel Bornoroni, el jefe del bloque libertario en Diputados, Karina le hizo saber que la reforma electoral se votaba completa o no se votaba. Bullrich, que se había comprometido con los aliados, tuvo que ceder. Y el martes, cuando el libertario Agustín Coto convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para el día siguiente, aparecía todo el proyecto de reforma política en el temario.

Desafío reforma electoral

El Gobierno tiene una prioridad legislativa para el 2026: eliminar las PASO y dejar a la oposición sin una herramienta para ordenarse de cara a las elecciones presidenciales. El argumento es fiscalista –el “gasto” que representa llevar a cabo tantas elecciones–, pero el motivo de fondo es político. El Gobierno apuesta a ganar en primera vuelta en 2027 y, para lograrlo, necesita tener al peronismo disgregado y atomizado. 

Hace más de un mes que el ministro de Interior, Diego Santilli, comenzó a reunirse con gobernadores para negociar los votos que le permitan alcanzar una mayoría especial en el Senado. Es decir: no alcanza con tener la mayoría de los votos, sino que tiene que haber un mínimo de 37 votos a favor (la mitad más uno de las bancas del Senado). Algunos gobernadores fueron receptivos, como Rogelio Frigerio, pero otros no tanto. Es el caso del tucumano Osvaldo Jaldo, que ya manifestó su rechazo a eliminar las PASO y que arrastra consigo a todo el norte peronista aliado del Gobierno, como el catamarqueño Raúl Jalil o el salteño Gustavo Sáenz. 

“Nosotros negociamos la gestión para sobrevivir. Pero saben que para los temas políticos no estamos”, admitió un senador peronista de una provincia norteña que, en el último tiempo, viene votando con el Gobierno. 

Sin los gobernadores del peronismo, la aritmética para conseguir los votos está complicada. Y Bullrich lo sabe. Es por eso que intentó negociar, a modo de gesto de buena fe con los aliados del PRO y la UCR, comenzar a debatir primero, por separado, el proyecto de Ficha Limpia. Una iniciativa impulsada originalmente por los radicales y macristas que fracasó, hace un año, por una operación de último momento del Gobierno. Esta vez, el proyecto es diferente: la iniciativa prohíbe las candidaturas de las personas condenadas por cualquier tipo de delito doloso en segunda instancia, no solo por corrupción. 

Debido a la intervención de Karina, este miércoles a las 15 horas se comenzará a debatir todo el proyecto de reforma electoral, no solo el de Ficha Limpia. Una decisión que generó malestar entre los aliados, pero que desde un sector del oficialismo salieron a tranquilizarlos rápidamente: se podía dictaminar por separado la Ficha Limpia y dejar, aparte, la discusión por las PASO. 

“Hay que cuidar a los aliados. Pero desde acá mucho no podemos hacer”, murmura un importante senador libertario que considera, como Bullrich, que Adorni debería dar un paso al costado, pero que es decisión de los Milei sostenerlo en el cargo. Y con eso no hay nada que hacer. 

Incluso los más mileístas advierten que no estarán los votos para eliminar las elecciones primarias, por lo que ya empezaron a ensayar alternativas. Una es la posibilidad de hacerlas no obligatorias, que es la propuesta del PRO. Otra es modificarlas, de modo de hacerlas optativas y, además, habilitarlas para que sean solo para candidaturas presidenciales, de modo que el cargo de vicepresidente quede vacante. Una posibilidad que dejaría abiertas futuras alianzas políticas a posteriori de las PASO.

MCM/MG

El Senado se encamina a abrir esta semana un debate sensible y largamente postergado: la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental. El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, será tratado en un plenario de las comisiones de Salud -que se constituirá ese mismo día- y de Legislación General, presidida por la senadora neuquina Nadia Márquez. La discusión aparece en un momento en que el oficialismo busca reposicionar su agenda legislativa, tras los obstáculos para avanzar con la reforma electoral y otras iniciativas.

El eje de la propuesta pasa por modificar los criterios de internación y otorgar un rol más central a la mirada médica, en particular a los psiquiatras. En concreto, el texto plantea flexibilizar las condiciones para las internaciones involuntarias, habilitándolas en situaciones de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física” de la persona o de terceros. Se trata de un cambio significativo respecto de la legislación vigente, sancionada en 2010, que exige la existencia de un “riesgo cierto e inminente” para justificar este tipo de intervenciones.

La iniciativa mantiene, en términos formales, que la internación debe ser un recurso excepcional, pero introduce mecanismos para agilizar su aplicación en contextos de urgencia. En esos casos, el médico psiquiatra podrá indicar una internación no voluntaria, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Este punto sintetiza uno de los giros conceptuales del proyecto: sin eliminar el enfoque interdisciplinario, refuerza el peso de la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones.

Además, el texto incorpora cambios en el lenguaje y en los criterios clínicos. El Gobierno propone reemplazar el término “padecimiento mental” por categorías diagnósticas más precisas, alineadas con la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el argumento de que la noción actual resulta demasiado amplia y puede generar demoras en la intervención. En la misma línea, se busca integrar de manera explícita el consumo problemático de sustancias dentro de las políticas de salud mental, habilitando la creación de dispositivos específicos, tanto ambulatorios como de internación.

Otro de los aspectos centrales del proyecto es el rediseño del modelo de atención. A diferencia de la ley vigente -que promueve el cierre de los hospitales psiquiátricos monovalentes y su reemplazo por dispositivos comunitarios-, la propuesta oficial cuestiona la viabilidad de esa transformación en el corto plazo. En su lugar, plantea fortalecer una red de atención organizada por niveles de complejidad, en función de las limitaciones actuales de infraestructura, recursos humanos y condiciones de seguridad.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a “modernizar” la norma y mejorar la respuesta del sistema sanitario frente a situaciones que, bajo el esquema actual, no encuentran suficiente cobertura. También señalan que la implementación de la ley es desigual en el país: no todas las provincias adhirieron formalmente y persisten déficits en la disponibilidad de servicios y camas de internación en hospitales generales.

Resistencia de especialistas y organizaciones de derechos humanos

Sin embargo, la iniciativa ya genera resistencias en sectores del campo de la salud mental y en organizaciones de derechos humanos. Distintas entidades advierten que los principales problemas no radican en el texto de la ley sino en su bajo nivel de cumplimiento, especialmente en lo que respecta al financiamiento. La normativa establece que al menos el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a este área, una meta que, según relevamientos recientes, está lejos de alcanzarse.

En esa línea, voces críticas sostienen que flexibilizar las internaciones involuntarias puede implicar un retroceso en términos de derechos y abrir la puerta a prácticas de encierro que la ley de 2010 buscó limitar. Otros especialistas, en cambio, respaldan la reforma y consideran que el sistema actual presenta vacíos que dificultan intervenir de manera oportuna en situaciones de riesgo, especialmente en casos vinculados a consumos problemáticos o crisis agudas.

El debate, que comenzará en comisión, anticipa una discusión compleja que combina aspectos técnicos, sanitarios y éticos. En un contexto de creciente demanda en salud mental -atravesado por factores económicos y sociales-, la reforma pone en tensión dos enfoques: uno centrado en la ampliación de derechos y la atención comunitaria, y otro que prioriza la capacidad de respuesta del sistema frente a situaciones críticas. El resultado de esa puja comenzará a definirse en el Senado.

Con información de la agencia NA y de Chequeado

El Senado dará el puntapié inicial en el proceso de designación de 78 jueces, defensores y fiscales, con la audiencia pública que se efectuará el próximo jueves, donde unos 16 postulantes rendirán examen ante los legisladores.

En una nueva tanda de designaciones, el Poder Ejecutivo sumó 30 nombres a la lista de aspirantes a vacantes judiciales. Una de las propuestas centrales es la continuidad de Víctor Pesino en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el Gobierno busca que el magistrado permanezca en su cargo por un nuevo período de cinco años, superando el tope de edad jubilatoria.

Pesino y María Dora González dejaron sin efecto la cautelar que había suspendido 82 artículos de la reforma laboral decretada por el juez Horacio Ojeda.

Ahora los nuevos pliegos deben tener ingreso formal en una sesión de la Cámara de Senadores que posiblemente se realice el 6 de mayo, para que la Comisión de Acuerdo pueda avanzar en el tratamiento de esas propuestas, como lo hizo en el caso de la prórroga del mandato del padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques.

Lo mismo ocurrió en la sesión del 9 de abril, cuando el Senado otorgó estado parlamentario a unos 78 pliegos enviados por el Gobierno para cubrir vacantes en el Poder Judicial, de los cuales 16 defenderán sus postulaciones en la audiencia de este jueves 30 de abril. 

Será la primera de las cuatro Audiencias Públicas que se efectuarán entre el 30 de abril y el 13 de mayo, previo a que esos 78 pliegos se traten en el recinto de sesiones del Senado, que con mayoría simple votará la designación de postulantes para el Poder Judicial.

De todos modos, los pliegos que más atención política tendrán se tratarán en mayo, que es cuando expondrán Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe.

En la segunda semana de dicho mes, también lo hará María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Otro pliego que despierta el interés de los legisladores es el de Cristina María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del Caso Libra, para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Primeros postulantes

En la primera Audiencia Pública de la comisión de Acuerdos —que preside Juan Carlos Pagotto— expondrá María Inés Restón como Defensora Pública ante los juzgados y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, un lugar estratégico para el Gobierno.

Restón obtuvo el primer lugar en el orden de mérito del Concurso N° 175 para el Ministerio Público de la Defensa y ha figurado con altos puntajes en el Concurso N° 216.

Expondrán también a Ricardo Lombardo, a quien se propone como juez de la Cámara del Tribunal Oral de Menores N° 3 de la Capital Federal; a Santiago Poncio, como magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13 de la Capital Federal; y a Javier Santiso, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 5 de la Capital Federal.

En la lista para exponer figuran, como juez del Juzgado Nacional de Menores N° 2 de la Capital Federal, Ignacio Labadens, y Julián Herrera para el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 44 de la Capital Federal.

Se presentarán en la Audiencia Pública para ser juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 59 de la Capital Federal, Santiago Munilla, y Gloria Capanegra para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 17 de la Capital Federal.

También defenderán ante los senadores sus pliegos: Soledad Mariño, propuesta para el Juzgado Nacional en lo Criminal N.º 18 de la Capital Federal; Paula Fuertes, como jueza para el Juzgado en lo Criminal y Correccional N.º 14 de la Capital Federal; y Laura Kvitko, para el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 23 de la Capital Federal.

Asimismo, defenderá su pliego Hugo Decaria, como juez de la Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 3 de la Capital Federal; Juan Balcázar, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 95 de la Capital Federal; y Ezequiel Sobrino Reig, como juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil N.º 80 de la Capital Federal.

La primera Audiencia Pública contempla que también expongan Santiago Poncio, que se postula como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13 de la Capital Federal; Germán Degano, como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N.º 64 de la Capital Federal; y José Guerrero, como juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1 de la Capital Federal.

El Senado otorgó estado parlamentario a 78 pliegos de jueces, fiscales, y defensores

Entre los pliegos que se tratarán figuran la postulación de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, para ocupar un cargo en un tribunal federal de juicio de la ciudad de Santa Fe. 

También se incluyó el pliego de María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini, el magistrado que instruyó causas de alto perfil que involucraron a la ex presidenta Cristina Kirchner, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

También se propuso a Cristina María Juan —esposa del juez Marcelo Martínez Giorgi, que está a cargo del caso Libra— para el juzgado de primera instancia de Hurlingham.

Con información de NA.

“Cristina, la única manera de que salgas es si hay uno nuestro en Casa Rosada. Te la tienen jurada, te van a dar 15 años más”, se lamenta un dirigente peronista en el living de Cristina Fernández de Kirchner. El orador busca que afloje en su interna con Axel Kicillof, pero no le dice nada que la ex presidenta no sepa. CFK sospecha que el fallo de Vialidad es solo el primer paso, que detrás está Hotesur y Cuadernos y que la Justicia quiere mantenerla presa para siempre. El problema, sin embargo, es otro. Y es que la minoría vetadora con la que CFK esperaba negociar con Karina Milei en el Senado desapareció: Karina encontró sus dos tercios sin ella. 

La estrategia judicial de CFK, quien hace casi un año que cumple con una restrictiva prisión domiciliaria en San José 1111, depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los asesores de la ex presidenta apuestan a que sean los organismos internacionales quienes intervengan en su liberación. Es por eso que el principal objetivo es sostener la campaña de “Cristina Libre” en el exterior –a eso fue Wado de Pedro a Barcelona, en donde consiguió una foto con Lula Da Silva y Claudia Sheinbaum durante la Cumbre Progresista– y esperar a que la CIDH tome el caso y determine, como vienen sosteniendo sus abogados, si hubo persecución política y judicial.  

Es una estrategia de largo aliento. Rafael Correa, por ejemplo, tuvo que esperar ocho años hasta que un organismo internacional interviniera en su caso. Pero la alternativa, el indulto, no termina de convencer a CFK. La ex presidenta pretende que declaren su inocencia y un indulto implicaría admitir su culpabilidad. 

Las dos estrategias requieren que el peronismo gane las elecciones en 2027. No son pocos los dirigentes que sostienen, en público y en privado, que el candidato del peronismo debe prometer indultar a CFK como una de sus primeras medidas. Pero, incluso en el caso de la estrategia internacional, resulta imprescindible que el Estado nacional defienda la postura de CFK de que el fallo de Vialidad fue arbitrario y discrecional. Necesita, en palabras del dirigente que se reunió con ella hace unas semanas, que haya uno “propio” en Casa Rosada que apure los tiempos en la CIDH. Y que, cuando la CIDH falle a favor, apure los tiempos de la Corte Suprema. 

El primer intento del cristinismo para negociar con el Gobierno la integración de la Corte fracasó. Las conversaciones –siempre negadas oficialmente, pero reconocidas en privado– con Ariel Lijo para respaldar su pliego como juez de la Corte Suprema se cayeron a pedazos en el momento que Santiago Caputo decidió avanzar con la designación de los supremos vía decreto. El Gobierno, cuestionan en el peronismo, nunca se ocupó de juntar los votos, lo dejó a Lijo rosqueando su propio ingreso y, cuando vio que algunos aliados radicales y del PRO no estaban dispuestos a respaldar, decidió presionar nombrándolos por DNU. A él y a Manuel García Mansilla.

El resto es historia conocida: CFK rechazó el mecanismo y mandó a rechazar los pliegos, lo que llevó a que todo el peronismo, incluso muchos senadores que tienen un buen vínculo con el juez de Comodoro Py, lo votaran en contra. Después de eso, la puerta de la negociación no volvió a abrirse. Hubo intentos, a través de Juan Martín Menna, pero el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia cambió el escenario. 

La guerra de Comodoro Py y los dos tercios de Bullrich

Uno de los mayores logros legislativos del Gobierno, luego de las elecciones, fue quebrar al peronismo en el Senado. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, no controla ya a los díscolos que comenzaron a votar con el oficialismo –como la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza– y teme que haya más fugas. Apenas sí pudo contener al puntano Fernando Salino, y observa que los dos santiagueños de Gerardo Zamora no dudarán en jugar con Javier Milei si lo consideran necesario. 

El eje de poder en el Senado cambió. El cristinismo no controla ya los votos peronistas de la Cámara alta, y el Gobierno logró establecer un canal de negociación con el peronismo que le permite saltearse la intermediación de CFK. Sus interlocutores, ahora, son los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, quienes lograron establecer, con ayuda de Moisés, una nueva mayoría que les permite interceder para negociar un tema de particular interés: las más de 200 vacancias judiciales. 

 “El kirchnerismo se quedó afuera de la negociación, y se lo merecen. No puede ser que fuimos gobierno durante 4 años y dejamos servidas en bandeja 200 vacantes judiciales”, se queja una de las armadoras de los gobernadores, quien acusa al cristinismo de haber perdido su vocación de poder. Un reclamo que se escucha con insistencia en algunas provincias del interior de cara a las candidaturas presidenciales. “Te están dando cátedra de cómo conseguir mayorías los tipos que, hasta el año pasado, tenían solo 7 senadores. No puede ser”, señala, mordaz.

En efecto, los peronistas vienen negociando con Karina Milei, a través de Mahiques y Santiago Viola, las vacancias para sus provincias, y calculan que, cuando llegue el momento, el oficialismo podrá aprobarlos con casi dos tercios de los votos. No porque los necesite, sino porque puede. Una demostración de poder que podría verse expresada, en un par de semanas, cuando se debata el pliego de “Coco” Mahiques, el juez de Casación Penal que participó del viaje a Lago Escondido y cuyo hijo, el ministro de Justicia, impulsó para continuar como juez apenas asumió en el cargo. 

“Patricia ya tiene los dos tercios si quiere”, admite, irritado, un senador del cristinismo, que fue corrido de la mesa de negociación con el Gobierno. Las conversaciones ya no pasan por los despachos de De Pedro, Anabel Fernández Sagasti o Mayans, sino por el de Moisés, Sáenz y Sergio Massa. También por el de Lijo, quien no cree ya que podrá ser juez de la Corte, pero aspira, ahora, a convertirse en procurador general. 

La semana pasada se llevó a cabo un festejo curioso. En ocasión del cumpleaños de Sáenz, se organizó una reunión, revelada por LPO, con Jalil, Moisés, Andrada, Mendoza y el juez Lijo. Ninguno de los participantes quiso revelar de qué se conversó en el encuentro, pero fuentes judiciales advierten que el juez se mueve como primus inter pares de la “vieja escudería” de Comodoro Py –que incluye a Mariano Borinsky, Marcelo Martínez de Giorgi y María Servini– y está jugando para conseguir los votos para ser procurador. 

“Sabe que el enemigo está en el Ministerio de Justicia, así que se junta con los ‘traidores’”, señala un operador judicial cristinista, aludiendo a la interna que existe entre el grupo de Lijo y el grupo que lidera Mahiques, quien está alineado con el supremo Horacio Rosatti. 

La guerra interna de Comodoro Py –a la que se le suma la guerra que hay en la Corte por el mecanismo de selección de los jueces, que tiene enemistados a Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti con Rosatti– no es el único motivo por el cual el juez se podría haber reunido con los dirigentes peronistas, sin embargo. Otro motivo es la interna del PJ, ya que Saenz viene impulsando la intervención del partido y la que se encargará de tomar la decisión es la jueza Servini. 

Al final, incluso en las negociaciones judiciales, todo vuelve al mismo punto: la interna peronista.

MCM/MG

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, padre del ministro Juan Bautista Mahiques, defendió este jueves su continuidad en el cargo ante el Senado en una audiencia atravesada por el escándalo del viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022. El magistrado buscó relativizar el episodio al afirmar que se trató de “un viaje de distracción con amigos”, mientras el oficialismo avanzó con su pliego y dejó encaminada su renovación por cinco años más, en lo que fue leído como un guiño político para su permanencia.

La exposición se dio en la Comisión de Acuerdos, donde Mahiques respondió preguntas de senadores sobre su trayectoria y sobre el viaje realizado en octubre de 2022 a la estancia del empresario británico Joe Lewis, en Río Negro. Allí coincidió con otros jueces federales, funcionarios y directivos vinculados al conglomerado de medios. Frente a los cuestionamientos, el camarista insistió en que se trató de una actividad privada: “Fue un viaje de distracción con amigos”, sostuvo, y negó que hubiera existido algún tipo de contraprestación o vínculo indebido con su función judicial.

Las respuestas no lograron disipar las críticas de la oposición. Desde el peronismo, varios senadores remarcaron que el traslado se hizo en un vuelo privado y que la estadía fue en una propiedad de Lewis, lo que dio lugar a denuncias por presuntas dádivas. En ese sentido, plantearon que no se trata de un hecho menor sino de un episodio que pone en discusión la independencia y la transparencia de integrantes de uno de los tribunales más importantes del país. Las consultas fueron planteadas por la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el rionegrino Martín Soria.

Con Mahiques viajó Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Incluso fue Juan Bautista Mahiques, actual ministro, que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

Mahiques explicó: “Me cuide muy bien de verificar, cuando hicimos ese viaje de amigos, que no me financió ninguna empresa”. También reiteró que “no pedí licencia porque el único tribunal que tiene jurisdicción en todo el país es Casación Federal y en consecuencia, de algún modo, seguí trabajando”. Agregó, en ese sentido, que participó “de un seminario que está grabado en la Universidad Austral durante el viernes y el sábado, y el domingo me volví”.

Pese a esa polémica, el oficialismo avanzó con el tratamiento del pliego enviado por el Poder Ejecutivo para renovar su mandato. Mahiques cumple 75 años en noviembre de 2026, el límite constitucional para ejercer como juez, por lo que necesita un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo por otros cinco años. La continuidad en Casación —tribunal clave para revisar causas penales de alto impacto— convierte la decisión en un movimiento de peso dentro del esquema judicial.

Fernández Sagasti recordó dos impugnaciones que recibió el pliego de Mahiques por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) porque fue beneficiado con el cargo actual por una decisión de Mauricio Macri en 2017, pese a que su cargo original era el de juez de la Cámara Nacional de Casación Penal: “Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”, y cerró al respecto que “el Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”, dijo Mahiques.

El senador Soria cargó contra el magistrado y recordó que “fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri” y sostuvo que “pertenece a un grupo selecto de magistrados contrario a la Constitución y al Reglamento sin concursar a la máxima instancia”. “¿Usted cree que esto no lo afecta su independencia judicial? ¿No es falta de idoneidad moral?”, lo inquirió.

“No me hago cargo ni acepto de ninguna de las denuncias de sus imputaciones que hizo en general a un selecto grupo que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”, se defendió Mahiques. Al finalizar la audiencia pública, tras casi cuatro horas de reunión, el pliego del juez Mahiques obtuvo dictamen de comisión.

MC

“Feliz cumpleaños Victoria Villarruel”. Con ese mensaje Bartolomé Abdala, el senador de La Libertad Avanza que ocupa la presidencia provisional de la Cámara alta, saludó a Victoria Villarruel este lunes a través de Facebook. Pero el saludo tenía una lectura entre líneas: la vicepresidenta tiene que definir si le embarga la dieta al legislador, luego de que la Justicia de San Luis le exigiera ejcutar una orden judicial por una deuda que Abdala tiene con el fisco provincial.

elDiarioAR supo que el requerimiento judicial ya fue procesado en la cúpula del Senado: “Se envió el requerimiento judicial al área de Sueldos y Dietas del Senado, para, de corresponder si así fuera, aplicar las deducciones, conforme la medida judicial”, recogió este medio de una fuente parlamentaria con conocimiento del caso. La frase, cuidadosa en su forma, confirma que el mecanismo está en marcha aunque deja abierta la puerta a eventuales impugnaciones que pueda presentar el propio senador.

El juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis, Alberto Spagnuolo, dispuso el embargo ejecutivo sobre los haberes de Abdala por una deuda de $45 millones en concepto de impuesto inmobiliario y otros tributos provinciales. El oficio, basado en la ley 22.172, fue emitido el 6 de abril e ingresó formalmente por la mesa de entradas del Senado el viernes pasado. La resolución obliga al Senado a retener el porcentaje que fije la ley de la dieta del legislador hasta cancelar el monto total. Un senador nacional gana actualmente unos 11 millones de pesos mensuales, por lo que el embargo podría extenderse varios meses.

El caso tiene una carga institucional difícil de ignorar. Abdala llegó a estar a cargo del Poder Ejecutivo nacional por unos días el año pasado, cuando tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta Villarruel se encontraban fuera del país. Es, en la práctica, el número dos del Senado. Y es uno de los suyos: senador de La Libertad Avanza.

El argumento de Abdala: persecución política

El senador reaccionó antes de recibir notificación formal. En declaraciones a Clarín, dijo que “no me notificaron nada” en forma oficial y que este lunes se reuniría con sus abogados para definir cómo afrontar la deuda. Pero rápidamente ubicó el conflicto en clave electoral. Abdala calificó la medida como “una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi” y la vinculó con sus posibilidades de candidatearse para sucederlo en las elecciones provinciales del año próximo.

“En San Luis, cuando alguien se anima a discutirle el poder a la casta, se transforma en un problema. Y para la política tradicional, cuando sos un problema, también te convertís en alguien a quien operar y amedrentar”, escribió el legislador. Calificó la medida como “una operación burda, habitual en el gobierno de Claudio Poggi”. La semana pasada, en el Senado, había dicho que “el gobierno de mi provincia está más sucio que una papa”.

También apuntó contra la política fiscal puntana en general: la Dirección Provincial de Ingresos Públicos inició más de 5.200 juicios a deudores de impuestos provinciales por un total de 9.113 millones de pesos.

El problema para Abdala es que la deuda existe, y que él mismo declaró tener con qué pagarla. En su última declaración jurada, correspondiente a 2024 y presentada ante la Oficina Anticorrupción, informó cinco inmuebles, tres vehículos y un patrimonio estimado en 197 millones de pesos. Contador de profesión, alega desconocer una deuda impositiva de 45 millones pese a las propiedades declaradas.

La réplica del gobierno de San Luis

Desde la administración de Poggi no dejaron pasar la oportunidad. La directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, rechazó de plano las acusaciones de intencionalidad política y explicó que la política fiscal se basa en el principio de capacidad contributiva: “El que tiene más, contribuye más. No es lo mismo la tasa de un barrio común que la de una vivienda en un country, ni un vehículo de alta gama que un utilitario”.

La frase de remate apuntó directo al senador: “Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto.” En otras palabras: es un contribuyente con capacidad económica declarada que no paga sus impuestos provinciales.

En 2023, el gobernador Poggi, en alianza con Juntos por el Cambio, desplazó del poder a Alberto Rodríguez Saá, quien junto con su hermano venía gobernando la provincia desde 1983. Desde entonces, la relación entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza fue deteriorándose. Abdala, que fue ministro de Turismo durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá y luego migró al PRO y finalmente a LLA, se convirtió en el principal vector de esa tensión.

MC

El Senado de la Nación avanzó este jueves con una agenda cargada que incluyó el ingreso formal de 78 pliegos judiciales, la aprobación de ascensos en las Fuerzas Armadas y el aval a la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá, en medio de cuestionamientos de la oposición.

Durante la sesión, los expedientes remitidos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos de jueces, fiscales y defensores tomaron estado parlamentario tras su lectura en el recinto. Se trata de la primera tanda de postulaciones, en un contexto en el que el Poder Judicial acumula más de 300 vacantes.

A partir de ahora, se abrirá el proceso de publicación de antecedentes, presentación de impugnaciones y respaldos, y posteriormente los candidatos deberán asistir a audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos, que se realizarían en los primeros días de mayo. Luego, los pliegos deberán ser aprobados por mayoría simple en el recinto.

Entre los nombres incluidos aparecen figuras con vínculos relevantes dentro del ámbito judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, propuesto para un tribunal federal en Santa Fe; María Julia Sosa, secretaria del juzgado de Julián Ercolini; y Ana María Juan, esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo del caso $LIBRA.

El avance de estos nombramientos forma parte de una estrategia del Gobierno para cubrir vacantes en la Justicia, una deuda pendiente en los primeros años de gestión, y que ahora busca destrabar con un escenario más favorable en la Cámara alta.

En paralelo, el Senado aprobó con 45 votos a favor y 26 en contra el pliego de la exsenadora Lucila Crexell como embajadora en Canadá. La designación generó fuertes críticas del peronismo, que la acusó de haber negociado el cargo a cambio de su voto favorable a la Ley Bases.

Desde el oficialismo rechazaron esas acusaciones y defendieron la trayectoria política de la neuquina. La votación contó con el respaldo de bloques aliados, mientras que sectores opositores mantuvieron su rechazo durante el debate en el recinto.

La sesión también incluyó la aprobación de los ascensos de los jefes militares Oscar Santiago Zarich, Juan Carlos Romay y Marcelo Alejandro Dalle Nogare, así como el tratamiento de otras designaciones.

El clima político estuvo atravesado por fuertes cruces. Legisladores del peronismo impulsaron cuestiones de privilegio contra el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, en medio de críticas por la situación económica, los escándalos de Manuel Adorni y el caso $LIBRA. Incluso, desde ese espacio se deslizó la posibilidad de avanzar en un juicio político contra el Presidente. “No entiende nada, está pirado”, dijo José Mayans en pleno recinto.

CRM