El Senado convirtió en ley el proyecto de Zonas Frias, que restringe el subsidio de gas a las provincias del sur, Malargüe y la Puna y deje sin ese beneficio a mas de tres millones de personas.

El Gobierno logró la sanción del proyecto luego del acuerdo celebrados con las provincias del norte para otorgar un subsidio a la electricidad en los meses de verano.

La iniciativa fue sancionada por 38 votos que fueron aportados por 21 legisladores de la Libertad Avanza, 4 radicales, 3 del PRO, 3 de Convicción Federal, 1 de Primero los Salteños, 1 de Despierta Chubut, 1 de Provincias Unidas, 1 de Independencia, 2 de Movimiento por Misiones, 1 de La Neuquinidad y 1 de Independencia. 

En tanto, el proyecto fue rechazado por 6 senadores de la Union Civica Radical, y 2 de Movere Santa Cruz.

Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo debería garantizar el quórum de 37 senadores para votar esta iniciativa.

Con la sanción de esta ley, el Gobierno podrá reducir el déficit energético de unos 400 millones de pesos y ordenar las deudas que mantiene con la empresa distribuidora de energía mayorista Camessa.

La iniciativa aprobada afectará a más de 3 millones de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis y solo se mantiene en la Patagonia, la Puna y Malargüe.

El debate

El debate fue abierto por la presidenta de la comisión de Mineria, Energía y Combustibles, Flavia Royon, quien afirmó que “tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios. Pero fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 de usuarios que dependen de las garrafas”

“Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país, que contemple no solo regiones bioclimáticas, sino también capacidades socioeconómicas, y que se subsidien volúmenes de gas o de energía que sean razonables”, agregó.

Detalló que “en el caso de la zona fría ampliada se pasa de un criterio de región geográfica a un criterio donde se incorpora el nivel socioeconómico de la familia y un consumo indispensable. Pero quiero aclarar que en la zona fría ampliada el proyecto no retira totalmente los subsidios”.

El radical Maximiliano Abad denuncio que “1,3 personas de la provincia de Buenos Aires se quedarán sin el subsidio al gas ”

Señaló que esta ley comete “ actos de enorme injusticia: mansiones y hoteles de lujo de la Patagonia van a pagar menos por el gas que una familia de clase media de Mar del Plata, Tandil o Necochea”, 

También señaló que “los inviernos son más crudos en Bahía Blanca que en Comodoro Rivadavia y los bahienses tienen ingresos en promedio un 50% inferiores”

También rechazó el proyecto el senador santacruceño,  José Carambia, quien señaló que “no podemos tolerar ni una suba del 1% de tarifas de gas, las cuales promedian como mínimo los 300 mil pesos. Debemos tener una excepción, al igual que Tierra del Fuego”. 

También, apuntó que hay “otro error en la norma, porque no es lo mismo una canasta básica o el costo de vida de la Patagonia que roza un 20% más que la zona centro del país, entonces creo que debería aumentarse el mínimo no imponible”.

En cambio, la senadora chubutense Edith Terenzi, respaldó el proyecto de reducción de subsidios y pidió “recuperar un criterio de focalización que contemple las particularidades de cada región del país”

Terenzi planteó que este proyecto “vuelve a poner el foco en las verdaderas necesidades de cada región”.

Detalles del proyecto

La ley fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe, la Puna.

También tendrán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

Otro clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

Las personas que pierden el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta 3 canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos.

Se prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.

“La llamada 'cultura de la muerte' (...) se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto o en el impulso de ideologías que contradicen la biología, generando una atmósfera de pesimismo y desaliento”. La pluma de Victoria Villarruel abre un libro de 206 páginas que el Senado acaba de publicar para intentar horadar políticas públicas como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y vincularla con la baja natalidad, situación que ya fue negada científicamente. La publicación fue presentada el martes pasado en la Cámara alta, en un acto donde se ausentó la vice por estar a cargo del Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Nueva York pero con presencia de senadores libertarios como Bartolomé Abdala (presidente provisional del Senado) y Carmen Álvarez Rivero.

El libro, titulado Políticas para cuidar la vida, de distribución gratuita y venta prohibida, publicado por la Dirección General de Publicaciones de la Cámara; es decir, impreso con recursos del Senado. El volumen compila las exposiciones de cuatro seminarios realizados durante 2025 en el Palacio Legislativo —sobre el llamado “Día del Niño por Nacer”, niñez y familia, adicciones, y trata de personas— y funciona como un programa ideológico con el aval institucional de Villarruel.

En cuatro capítulos, hay una cruzada contra el aborto, el “descarte” y la “cultura de la muerte”. La clave de ese programa aparece condensada en el prólogo del libro, firmado por la vice: “El desafío demográfico que enfrenta Argentina, con la tasa de natalidad más baja de nuestra historia, no es un problema meramente estadístico. Es un síntoma de una crisis cultural más profunda, marcada por lo que he denominado una 'cultura de la muerte', que, en lugar de celebrar el milagro de la vida, la presenta como una carga y un obstáculo al desarrollo individual del ser humano. Frente a ello, Políticas para cuidar la vida propone una revolución moral, espiritual y política: una revolución que no se resigna al descarte, que no abandona a las madres en su vulnerabilidad, que no considera a los niños como un obstáculo, sino como la mayor promesa de nuestro futuro”.

La evidencia disponible no respalda la causalidad que propone Villarruel, que ya fue reproducida por Milei. Los estudios sobre la caída de la natalidad en Argentina —que en la última década se redujo casi a la mitad— coinciden en señalar causas económicas (dificultades para acceder a la vivienda, precarización laboral, costo de la crianza), sociales (maternidad cada vez más tardía, cambios en los vínculos de pareja) y de autonomía reproductiva, antes que una supuesta crisis moral. También por la caída del embarazo adolescente gracias a la Educación Sexual Integral (ESI). El acceso a la anticoncepción y al aborto legal aparece en esos análisis como un factor que permite posponer la maternidad de forma más segura, no como su causa. De hecho, el proceso de caída de la natalidad comenzó antes de la sanción de la IVE, en 2020.

Tampoco ayuda a la tesis de Villarruel la experiencia de los países que el libro toma como modelo, incluso con los propios datos que exhibe. El volumen presenta como modelos a imitar los de Hungría, Italia y Estados Unidos. Sobre Hungría, un capítulo asegura que “los abortos se han reducido de 80.000 en 1980 a menos de 24.000 en 2020” y que la tasa de fecundidad “aumentó de 1,23 en 2011 a 1,59 en 2020” gracias a los subsidios de Viktor Orbán. Lo que el libro omite es que, según cifras oficiales húngaras posteriores, esa tasa volvió a caer a 1,39 en 2024, y que buena parte de la suba previa reflejó nacimientos adelantados en el tiempo, no un aumento real de la fecundidad, pese a que Hungría destina cerca del 5% de su PBI a subsidios familiares, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. Italia, el otro espejo natalista que recorre el libro, tiene hoy una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa pese a los incentivos fiscales del gobierno de coalición derechista.

Ese cruce entre natalidad y aborto es explícito en el libro. En la introducción, Isolina Correa Monterrubio, directora de Relaciones Internacionales del Senado, escribe que “la adopción de políticas importadas, enajenantes, como las de género y aborto, han hecho estragos en el capital social del país, deteriorando la familia argentina y erosionando los cimientos de la sociedad”.

El primer capítulo, que retoma la conferencia “25 de marzo: Día del Niño por Nacer” —una actividad reaccionaria contra la ley del aborto—, es el que dedica más espacio a cuestionar puntualmente la ley 27.610. Un artículo firmado por Lorena Aguilar y Matilde Gagliolo, de la organización ultracatólica La Merced Vida, sostiene que la norma “restringe la capacidad de los profesionales de salud para explorar opciones alternativas o brindar un asesoramiento integral que contemple la continuidad del embarazo” y que ese marco normativo “se configura, de facto, como un incentivo estructural que favorece el aborto sobre otras posibles resoluciones”.

También tiene presencia en el libro Abel Albino, pediatra y fundador de la Fundación CONIN, que despliega su fórmula de siempre contra la desnutrición infantil: preservar el cerebro en los primeros mil días de vida, educar, y garantizar cloacas, agua corriente y luz eléctrica, todo envuelto en su estilo de prédica. Albino ya fue duramente cuestionado por sostener que el VIH “atraviesa la porcelana” y que el preservativo no protege de la transmisión. En febrero de 2024, en plena polémica por los alimentos retenidos en los galpones de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello firmó un convenio con la Fundación CONIN para distribuir mercadería a comedores, acuerdo renovado en junio de ese año.

El mismo texto cuestiona cómo se cumple en la práctica el consentimiento informado que exige la ley y concluye que “la implementación de la ley 27.610 ha difundido el acceso al aborto y no ha resuelto las carencias en el acompañamiento que la mujer con embarazo vulnerable necesita”. El artículo incluye además el testimonio en primera persona de Gagliolo sobre un aborto clandestino que atravesó a los 18 años, presentado como argumento central contra la ley vigente, y cita en su bibliografía los estudios de Vincent Rue y Priscilla Coleman sobre un supuesto “síndrome posaborto”, una hipótesis que ni la OMS ni las principales asociaciones de psiquiatría reconocen como diagnóstico clínico y que buena parte de la literatura científica considera sin sustento epidemiológico.

El cuestionamiento más extenso y técnico a la ley aparece en el artículo de Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del Senado, titulado “La protección jurídica de la persona por nacer en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. Allí escribe: “Insólitamente, en el art. 3° del texto legal, con un epígrafe denominado 'Marco normativo constitucional', se citan diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos para justificar la sanción de la ley” 27.610, que —afirma— “legaliza el aborto a simple demanda”. El autor desmenuza además el artículo 4° de la norma, que habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de invocar motivo, y sostiene que las excepciones previstas para después de esa fecha (riesgo de vida o de salud de la persona gestante) “en realidad habilitan el aborto de personas por nacer que son viables, sin límite de tiempo alguno”. Cierra el punto denunciando lo que llama “la utilización de un lenguaje deshumanizante” en el texto legal.

La adopción de políticas importadas, enajenantes, como las de género y aborto, han hecho estragos en el capital social del país, deteriorando la familia argentina y erosionando los cimientos de la sociedad

Ese cuestionamiento legal desemboca en un capítulo de “iniciativas y proyectos” que propone crear una Defensoría de los Derechos del Niño por Nacer —inspirada explícitamente en la figura del Ombudsman for the Unborn Child de Polonia— y otras figuras de protección jurídica prenatal, con “experiencia internacional” tomada de Polonia, Hungría, Malta y El Salvador, cuatro de los países con las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto. El mismo apartado dedica una sección a “iniciativas legislativas con antecedente internacional en la promoción de la natalidad” que, además de Hungría e Italia, incluye a Estados Unidos: cita como “marco legal provida” el fallo de la Corte Suprema estadounidense en Dobbs v. Jackson (2022), que anuló el derecho constitucional al aborto y devolvió su regulación a los estados, y afirma textualmente que “la Heritage Foundation, a través de su Project 2025, propone un modelo de gobernanza inspirado en Hungría, que incluye fortalecer la familia mediante reformas institucionales y educativas que prioricen valores tradicionales”.

El capítulo cierra con otra intervención de Villarruel, que retoman la fórmula del prólogo: “Emerge también la llamada 'cultura de la muerte', que se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto (...) ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada en dificultad es abandonarnos a la mediocridad y al desaliento (...) Es un mensaje terrible”.

El segundo capítulo, “Niñez, adolescencia y familia”, avanza sobre otro frente: la educación sexual integral y los tratamientos de identidad de género en adolescentes. Uno de los textos incluidos celebra el DNU 62/2025, el decreto con el que el Gobierno modificó la Ley de Identidad de Género para impedir que menores de 18 años accedan a tratamientos hormonales o quirúrgicos de modificación corporal. La norma fue impugnada judicialmente por organizaciones LGBT+ y, este año, una Cámara Federal la declaró inconstitucional, aunque la discusión sigue sin resolución definitiva en instancias superiores.

El tercer capítulo, sobre adicciones, exhibe el contraste más marcado del libro entre contenido profesional y discurso ideológico. Conviven allí la mirada clínica del psiquiatra Federico Pavlovsky sobre el impacto de las pantallas y las apuestas online en adolescentes —con referencias a estudios de The Lancet y UNICEF— y una intervención del padre Ariel Solé, presidente de la Comisión de Pastoral de las Adicciones de la Arquidiócesis de La Plata, que enmarca el consumo problemático en una teoría conspirativa sobre una “guerra cognitiva”. En su exposición, Solé cita sin criticar un libro titulado El proyecto de la izquierda y el gran capital para describir lo que llama una “ingeniería social”: “Destrucción de las sociedades, y para esto hay que destruir la familia, imponer la ideología de género, promover inmigraciones descontroladas, sacar el sentido a la libertad. Hay que abortar, permitir matar; la muerte se hace natural, y el proyecto que impera es un proyecto de muerte y de destrucción”.

El cuarto capítulo, sobre trata de personas, es el más alejado en tono del resto: reúne a jueces, fiscales, referentes de la Iglesia y funcionarios del Ministerio Público que abordan el fenómeno con datos y un enfoque consensuado sobre prevención y asistencia a víctimas. Pero incluso allí reaparece el cruce con la agenda antiaborto: las conclusiones de Villarruel incorporan la subrogación de vientres como una forma de trata y cierran el libro con la misma premisa de “la vida desde la concepción”: “Un niño no es un producto (...), es un fin en sí mismo, un ser digno de amor, respeto y protección desde el momento de su concepción”.

MC

El Senado aprobó este jueves en general la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) por 46 votos a favor y 22 en contra, aunque introdujo modificaciones al proyecto que había recibido media sanción en Diputados, por lo que la iniciativa deberá regresar a la Cámara baja.

El oficialismo consiguió el respaldo de la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, pero debió ceder en uno de los puntos centrales del proyecto para reunir los votos necesarios: la designación y remoción del presidente y los directores del Banco Central quedará exclusivamente en manos del Senado y requerirá una mayoría absoluta de 37 votos.

El esquema modifica lo aprobado previamente por Diputados, que establecía la intervención de ambas cámaras y un requisito de dos tercios para la remoción de las autoridades de la entidad monetaria.

La modificación introducida por el Senado obtuvo un respaldo todavía mayor que la votación general: fue aprobada por 66 votos contra dos, superando ampliamente los dos tercios de la Cámara alta.

Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, confirmó el acuerdo alcanzado entre los bloques para modificar el texto proveniente de Diputados.

Monteverde defendió la necesidad de reformar la Carta Orgánica por “la tragedia en que nos sumió la permeabilidad de la ley orgánica del Banco Central entre el año 2003 y el año 2023”, período que calificó como “20 años de saqueo institucional”.

“Esta reforma devuelve al BCRA un mandato único: el de preservar el valor de la moneda y, también, sustituir la discrecionalidad política de los poderes de turno por reglas institucionales de largo plazo”, sostuvo.

Desde el peronismo, el senador Jorge Capitanich adelantó su rechazo al proyecto y propuso “discutir cuatro reglas en profundidad: una fiscal que tienda al equilibrio, una monetaria que tienda a la estabilidad, una cambiaria que tienda a la competitividad y una institucional que tienda a la calidad”.

Capitanich acusó además al Gobierno de pretender “usar las reservas para aumentar la oferta de divisas y mantener el tipo de cambio apreciado, y así tener un escenario electoral más favorable”.

Por su parte, la senadora de Primero los Salteños Flavia Royon manifestó su respaldo general a la reforma, aunque anticipó que no acompañaría los artículos 12, 13, 19 y 21 durante la votación en particular.

Royon cuestionó especialmente el artículo 13 porque, según sostuvo, “permite usar las reservas como garantías, incluido el oro, sin ningún tipo de límite, sin especificar qué se puede comprometer y tampoco se obliga a informar al Congreso”.

En el cierre del debate, el jefe del bloque peronista, José Mayans, cuestionó duramente la iniciativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el sistema financiero.

“Acá se utiliza un relato para justificar este desastre que están por hacer con el Banco Central: la moral como política de Estado, que lo iba a pagar la casta y que iban a destruir el Banco Central. Ese relato cambió totalmente”, afirmó.

Mayans sostuvo además que con la reforma “se van a usar los depósitos de la gente” y advirtió que esto podría provocar “un corralito y corralón”.

“Se van a robar el depósito de la gente”, afirmó el senador, quien vaticinó que la reforma podría generar retiros de depósitos y un desbalance en las entidades financieras.

Los principales cambios

Además de modificar el mecanismo para la designación y remoción de las autoridades del BCRA, el proyecto elimina funciones vinculadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que esas herramientas exceden las tareas esenciales de una autoridad monetaria.

La reforma apunta a concentrar el mandato del Banco Central en la preservación del valor de la moneda y a separar a la entidad de las necesidades de financiamiento del Tesoro, en línea con la política impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Otro de los puntos relevantes habilita al BCRA a utilizar activos y reservas —entre ellos oro, dinero líquido y títulos— como garantía colateral en operaciones propias, como la toma de financiamiento internacional o los acuerdos de tipo REPO.

Precisamente, la posibilidad de utilizar las reservas como garantía fue uno de los aspectos cuestionados durante el debate por sectores de la oposición.

Con los cambios introducidos este jueves, las autoridades del Banco Central serán designadas y podrán ser removidas exclusivamente por el Senado mediante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros. De esta manera, queda eliminado el requisito de los dos tercios para desplazar a un director del organismo.

Con información de la agencia NA

El Senado aprobó por amplia mayoría el proyecto de reforma de la ley de biocombustibles, que abre el negocio a las grandes cerealeras, además de aumentar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

La iniciativa fue respaldada por 41 a 25 votos y será girada para su revisión a la Cámara de Diputados.

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, PRO, Independencia, Primero los Salteños, Convicción Federal, Movimiento por Misiones, la mayoría de la UCR y el senador tucumano y exgobernador José Manzur.

En tanto, fue rechazado por el bloque justicialista, Movere por Santa Cruz y el senador radical Maximiliano Abad.

Esta propuesta se pudo debatir luego de que se superaran las diferencias que existían sobre la participación de las pymes de biodiésel, dado que se acordaron modificaciones entre los libertarios y los aliados.

Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto contemplaba una reducción progresiva hasta su eliminación en 2031.

Con la nueva propuesta, las empresas no integradas tendrán el piso mínimo a partir del 1° de enero de 2031 hasta 2036 del 4%, con lo cual tendrán una porción del mercado asegurada.

El debate

La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royón, señaló que este “dictamen busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías”.

Señaló que “este dictamen no solo aumenta los cortes del bioetanol y del biodiésel, sino que también regula cómo se abastecen esos cortes y cómo se comercializan estos productos, es decir, cómo se garantiza una transición ordenada”.

Destacó que “en el caso del biodiésel se establece un período de transición hasta el año 2036, y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta; es un esquema que progresivamente reduce la porción reservada a empresas no integradas y amplía gradualmente la competencia en el sector”.

La senadora de Independencia, Beatriz Ávila, señaló que “apoyo elevar al 15% el corte obligatorio de biocombustibles y votar favorablemente la ley por su impacto positivo en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional”.

“Esta ley tiene un sesgo federal en una Argentina desigual, con asimetrías. En el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar en esta ley que es de vanguardia”, manifestó.

Dijo que la reforma “no solo permitirá el incremento en los cortes obligatorios, sino también en la reducción de las emisiones, en la mejor calidad de los combustibles, en la innovación y la tecnología y, por supuesto, si es favorable en términos de precios, en la economía regional”.

Por su parte, el exgobernador tucumano, Juan Manzur, apoyó la reforma de la ley de biocombustibles y señaló que “esta ley lo que hace es poner la mirada en el norte argentino, en una zona pobre, una zona castigada”.

Destacó que esta iniciativa “va a repercutir muy positivamente en mi provincia, en Tucumán”, apuntó, y destacó que la sanción de la ley impactará en forma positiva en los pequeños productores de la región.

La senadora cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, señaló que “Córdoba sigue marcando el camino en la industria de biocombustibles”.

“Esa es la Argentina que queremos. Gracias a la decisión de la provincia, hoy Córdoba lidera el mercado de bioetanol y concentra casi el 70% de la capacidad instalada en la producción de etanol”, aseveró.

El senador peronista Fernando Salino mostró reparos a aspectos del dictamen de mayoría al señalar que “hay muchas cosas que quisiéramos corregir. No podemos permitir todas las cosas que este proyecto delega en la reglamentación y que deberían estar contenidas en la propia ley”.

A su vez, la presidenta de Convicción Federal, Carolina Moisés, señaló que “votaré hoy esta ley de biocombustibles, una ley que trabajé siempre porque vengo de San Pedro, rodeada de cañaverales”.

Agregó que votará esta ley “pensando en Jujuy, en los productores y en cada familia cuando escucha la sirena del ingenio, que significa trabajo”.

En el cierre del debate, el presidente del bloque justicialista, José Mayans, dijo: “no podemos acompañar por solidaridad con las provincias que nos están advirtiendo que las industrias se les pueden ir del lugar”.

Por su parte, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, señaló que “se está discutiendo algo más grande que un porcentaje de corte. Estamos discutiendo qué reglas queremos para una industria estratégica para la Argentina durante los próximos 15 años”.

El Senado sesiona este jueves con el objetivo declarado de convertir en ley la Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma del régimen de biocombustibles, pero el temario oficial quedó relegado a un segundo plano en el inicio del debate. El oficialismo llegó al recinto con 37 legisladores propios y debió salir a buscar el respaldo de bloques provinciales y federales para garantizar el quórum, en una jornada que comenzó dominada por los reclamos de la oposición contra los recortes en discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro fue el más duro. Vinculó los cambios que el Gobierno impulsa sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad con el articulado del nuevo Presupuesto y acusó al Ejecutivo de desentenderse del problema: “El Gobierno desconoce la Emergencia en Discapacidad, la veta y el Congreso vuelve a insistir. Parece que el presidente Javier Milei disfruta ver sufrir a los más vulnerables”, lanzó. También apuntó contra la lógica de ajuste familiar que, dijo, el oficialismo pretende trasladar a los hogares con una persona con discapacidad a cargo: “Los discapacitados dependen de la ayuda del resto de la sociedad. Es imposible que el pluriempleo pueda sostener a un hijo o a un miembro de la familia que necesita ayuda.”

A los cuestionamientos por discapacidad se sumaron las críticas del kirchnerismo por el endeudamiento de las familias argentinas. La senadora Alicia Kirchner advirtió sobre lo que definió como “usura social” y describió un escenario de “precariedad y abandono” que, sostuvo, alcanza a una gran mayoría de la población. La legisladora señaló que buena parte de las familias recurrió al crédito para sostener el consumo básico y que ese fenómeno quedó legitimado por la falta de respuestas del Estado.

El trasfondo de los reclamos tiene nombre y artículo: el 39 del proyecto de Presupuesto 2027, que habilitaría la eliminación del nomenclador nacional de discapacidad, el instrumento que fija valores de referencia uniformes para tratamientos, traslados y prestaciones en todo el país. Sin esa regulación unificada, los montos quedarían sujetos a negociaciones individuales con cada obra social, con el riesgo de que la diferencia termine cayendo sobre las familias.

La incomodidad no quedó circunscripta a la oposición. La propia jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció públicamente que ni ella ni el resto de la Mesa Política habían sido informados de los cambios en discapacidad que terminaron incorporados al Presupuesto. “A mí me sorprendió porque, estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz. No nos enteramos, es la verdad”, admitió en radio Rivadavia, y reconoció que ese tipo de desprolijidades “resiente un poco las relaciones” dentro del espacio libertario.

El episodio se inscribe en una tensión que el Gobierno viene arrastrando desde hace meses. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue vetada por Javier Milei en 2025 y el Congreso insistió con su sanción, convirtiéndola en la Ley 27.793. Desde entonces, sucesivos intentos oficiales de introducir modificaciones —incluida una propuesta del ministro de Salud, Mario Lugones, en abril— reavivaron el conflicto con los aliados legislativos y con el sector de prestadores, que denuncia pagos demorados de hasta 90 días y familias que abandonan coberturas por la crisis económica.

Más allá del ruido por discapacidad y endeudamiento, el Senado busca avanzar este jueves con el resto de un temario cargado: además de convertir en ley la Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma del régimen de biocombustibles, está en el temario el traspaso de competencias penales a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la incorporación del Parque Nacional Monte León y una serie de pliegos judiciales, entre ellos las designaciones para tribunales en materia de delitos económicos. En cambio, quedó nuevamente postergado el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que el oficialismo negocia con los bloques dialoguistas y que todavía no logró destrabar.

El Senado realizará este jueves una sesión ordinaria para tratar convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal, aprobar tres pliegos de jueces y la transferencia de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, y la reforma de Biocombustibles.

El oficialismo logró un acuerdo con los bloques aliados para sesionar desde las 11, luego de que la LLA aceptó incluir en el temario el proyecto de biocombustibles, aunque ahi todavía hay diferencias sobre la proteccion que tendrán las Pymes de biodiesel.

El temario de la sesión fue acordado en una reunión de Labor Parlamentaria donde también se decidió postergar hasta la próxima semana el debate sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y una iniciativa sobre el Mercado Voluntario de Carbono.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, informó el temario de la sesión y señaló que la reforma del BCRA se postergó por una semana porque “hay una diferencia sobre la elección de los directores”.

Si bien el oficialismo aceptó demorar el debate del Banco Central podrá mostrar este jueves una victoria ya que tiene los votos para sancionar la ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa clave para captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero.

Los proyectos del Gobierno

La reforma de la denominada Ley de Inocencia Fiscal II, implica que el Gobierno busca incentivar el ingreso al circuito financiero de dólares que permanecen fuera del sistema formal.

La iniciativa contempla la eliminación de restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias, ya que esta ley establecia que solo podían ingresar a ese régimen aquellos que tengan hasta un patrimonio de 10.000 millones de pesos. 

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Además, el temario incluirá el traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de los delitos penales cometidos por los menores, y de integridad sexual.

Otro punto en el temario es la aprobación de los pliegos de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania, y Juan Manuel Mejuto.

Las diferencias por la Ley de Biocombustibles

El oficialismo accedió a incluir la reforma de Biocombustibles, que establece elevar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

Sin embargo, las diferencias se mantienen en torno a la participación de las pequeñas y medianas empresas no integradas de biodiésel en el mercado.

Las pymes reclaman mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto establece una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.

La propuesta contempla dos segmentos: por un lado, las compañías integradas, que pueden participar en distintos eslabones de la cadena productiva, y por otro, las empresas no integradas. Cuando el corte de biodiésel alcance el 10%, las firmas no integradas tendrían una participación del 6,5% del mercado total.

Ese porcentaje se reduciría al 5,5% en 2029, al 5% en 2030 y al 3% en 2031. A partir de 2032, el 7% del mercado podrá ser comercializado entre todas las empresas. Este esquema es rechazado por los bloques aliados que responden a las provincias del centro del país, que reclaman garantizar una participación para las pymes del sector.

El Senado tendrá esta semana una agenda monopolizada por dos de sus principales proyectos económicos: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la ley de Inocencia Fiscal II.

El oficialismo apunta a acelerar el tratamiento de las iniciativas económicas antes de que la Cámara de Diputados comience a debatir el Presupuesto 2027, cuyo proyecto será girado el próximo 15 de septiembre.

En ese marco, las comisiones del Senado comenzarán esta semana a analizar los proyectos que ya cuentan con media sanción de Diputados. La intención de la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, es conseguir los dictámenes necesarios para que puedan ser tratados en una sesión durante septiembre.

A la agenda oficialista se suman proyectos promovidos por bloques aliados, vinculados con biocombustibles y el Mercado Voluntario de Carbono, que podrían llegar al recinto en una sesión prevista para el 10 o el 17 de septiembre.

Reforma del Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central será analizada este miércoles por las comisiones de Economía e Inversión y de Presupuesto, que presiden el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde, respectivamente.

El proyecto fue aprobado por la Cámara de Diputados por 144 votos a favor, 102 en contra y nueve abstenciones y constituye una de las principales iniciativas económicas que el Gobierno busca convertir en una de las banderas de su gestión.

La propuesta establece como objetivo central del Banco Central la preservación del valor de la moneda y busca limitar la posibilidad de que la autoridad monetaria financie al Estado nacional, las provincias y otros niveles de gobierno.

De esta manera, el Gobierno pretende restringir una herramienta que, según sostiene el oficialismo, fue utilizada durante años para financiar el déficit fiscal mediante la emisión monetaria.

El proyecto también plantea eliminar funciones relacionadas con el direccionamiento del crédito y las políticas crediticias diferenciadas, al considerar que exceden las funciones principales de una autoridad monetaria.

Para el Gobierno, la modificación forma parte de una concepción que apunta a un Banco Central concentrado en preservar el valor de la moneda y separado de las necesidades de financiamiento del Tesoro. Bullrich defendió la iniciativa bajo la premisa de que busca “cuidar el valor de la moneda”.

Inocencia Fiscal II: los principales cambios

Otro de los proyectos que el oficialismo buscará impulsar esta semana es el de Inocencia Fiscal, que será tratado en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde.

La iniciativa apunta a incentivar el ingreso al sistema financiero de dólares que permanecen fuera de la economía formal mediante una ampliación del Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias.

Entre las modificaciones propuestas se encuentra la eliminación de los topes establecidos para acceder al régimen simplificado. Actualmente, el sistema alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan con determinados requisitos, entre ellos un límite patrimonial.

El proyecto también redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Reforma de Salud Mental

En paralelo, el Senado buscará avanzar el miércoles a las 15 con el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, en un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General.

El oficialismo espera obtener dictamen luego de los cambios acordados durante las conversaciones mantenidas con ministros provinciales y senadores dialoguistas.

La estrategia parlamentaria del Gobierno apunta a avanzar con las iniciativas económicas durante septiembre y despejar el escenario legislativo antes de que Diputados concentre su actividad en el tratamiento del Presupuesto 2027.

De esta manera, el Gobierno buscará durante las próximas semanas consolidar una agenda legislativa que combine sus principales proyectos económicos con iniciativas acordadas con sectores aliados y bloques dialoguistas.

Con información de agencias.

La Libertad Avanza apuesta esta semana a avanzar con proyectos reclamados por radicales y bloques provinciales, como parte de una estrategia para garantizar acuerdos que le permitan llevar al recinto sus principales reformas en septiembre.

El régimen para medianas inversiones, el mercado de carbono y los biocombustibles son los temas que quieren tratar la oposición dialoguista, mientras que el Gobierno quiere sancionar los proyectos de reforma del Banco Central, Inocencia Fiscal II y la reforma electoral.

Por ese motivo, el oficialismo buscará esta semana aceitar su vínculo con los bloques dialoguistas del Senado mediante el avance de una serie de proyectos que responden a demandas de radicales y representantes provinciales, en una estrategia destinada a construir acuerdos antes de intentar aprobar su propia agenda legislativa.

La bancada de La Libertad Avanza, que conduce Patricia Bullrich, apunta así a conceder espacio a iniciativas vinculadas con las economías regionales y los sectores productivos de distintas provincias, con la expectativa de que ese gesto facilite luego el tratamiento de las reformas que el Gobierno considera prioritarias.

La estrategia oficialista tiene un objetivo político concreto: construir los acuerdos necesarios para que el Senado pueda avanzar con las reformas que el Gobierno pretende llevar al recinto durante septiembre.

El escenario obliga al oficialismo a negociar con una oposición que no actúa como un bloque homogéneo y que, en distintas iniciativas, condiciona su respaldo a cambios que contemplen intereses productivos y fiscales de las provincias.

Un gesto hacia la UCR y los bloques provinciales

En ese marco, uno de los proyectos que concentra la atención es el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, presentado por Vischi, que busca generar beneficios fiscales para medianas empresas que realicen inversiones productivas superiores a los US$12 millones durante los primeros dos años.

La iniciativa funciona como un complemento del esquema de incentivos para grandes inversiones que impulsa el Gobierno y comenzó a cosechar respaldo transversal durante su tratamiento en comisión.

El proyecto volverá a ser analizado este miércoles en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economías Regionales y Legislación General. Fuentes parlamentarias no descartan que pueda obtener dictamen, incluso con acompañamiento de legisladores del peronismo.

La señal hacia el radicalismo y los sectores provinciales es parte de la negociación más amplia que lleva adelante LLA para evitar que sus proyectos centrales queden trabados por falta de acuerdos.

El régimen establece beneficios como la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales del IVA. A su vez, excluye de los beneficios a las inversiones financieras, de portfolio y a los bienes de cambio.

El mercado de carbono suma otro capítulo

La agenda también contempla el tratamiento del Mercado Voluntario de Carbono, un proyecto que involucra a distintos bloques dialoguistas y que puede adquirir especial relevancia para las provincias del norte.

El debate volverá a las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda. Las iniciativas buscan establecer un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos vinculados con la reducción de emisiones y la generación de créditos de carbono.

Entre los incentivos contemplados aparecen beneficios fiscales para los ingresos derivados de la primera venta de créditos de carbono, amortización acelerada para determinadas inversiones tecnológicas y estabilidad fiscal para los proyectos registrados.

El tema, sin embargo, también genera discusión fuera del Congreso. Organizaciones ambientales reclamaron recientemente que el Senado incorpore mayor participación de especialistas, comunidades y organizaciones en el debate y advirtieron sobre las implicancias ambientales, sociales y federales que podría tener la regulación.

Biocombustibles: el otro punto de negociación

La reforma del régimen de biocombustibles es otro de los temas que puede servir como terreno de negociación entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

Existen distintas iniciativas presentadas por senadores de provincias productoras y por Bullrich, con diferencias sobre los porcentajes de corte obligatorio de biodiésel y bioetanol y sobre el esquema de participación de los distintos actores del mercado.

Entre los autores de los proyectos figuran Beatriz Ávila, José María Carambia, Natalia Gadano, Alejandra Vigo, Carlos Espínola, Flavia Royón, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut, Jorge Capitanich y Bullrich. La discusión viene desarrollándose desde hace varias semanas y el objetivo es alcanzar un texto unificado que permita avanzar hacia un dictamen.

La negociación que mira a septiembre

Con este paquete de iniciativas, el oficialismo intenta mostrar que la negociación parlamentaria también puede traducirse en resultados concretos para los bloques aliados.

En ese escenario, la actividad de las comisiones durante esta semana será una primera prueba para medir hasta dónde puede llegar el acuerdo entre La Libertad Avanza, la UCR y los bloques provinciales antes de la discusión de los proyectos centrales del Gobierno.

Con información de Noticias Argentinas.

El Senado aprobó este jueves los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Cámara Federal porteña, un tribunal que tendrá intervención en la revisión de causas de alto impacto político e institucional.

La designación de Bertuzzi fue aprobada por 44 votos contra 23, con el respaldo del oficialismo y sus aliados y el rechazo del bloque justicialista. En el caso de Yadarola, el pliego fue sancionado por unanimidad, con 66 votos, junto con las restantes postulaciones de jueces, defensores y fiscales incluidas en el temario.

Durante la sesión también ingresaron otros 24 pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo, que fueron girados a las comisiones correspondientes para iniciar el trámite parlamentario.

Con las 67 designaciones previstas para esta jornada, durante la gestión de Javier Milei el Senado habrá aprobado 176 pliegos judiciales. Se trata de una cifra que no se registraba desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando fueron aprobadas alrededor de 287 designaciones.

Una vez que el Senado dio su aval, el Poder Ejecutivo deberá emitir el decreto correspondiente y publicarlo en el Boletín Oficial para formalizar las designaciones de Bertuzzi y Yadarola en la Sala I de la Cámara Federal porteña.

La integración de esa sala es considerada estratégica debido a que tendrá a su cargo la revisión de resoluciones de los tribunales de Comodoro Py en expedientes vinculados con delitos económicos, corrupción, lavado de dinero y otras investigaciones de relevancia institucional.

Entre las causas que eventualmente podrían llegar a esa instancia se encuentra el denominado caso $Libra, en el que están investigados el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei y otros imputados.

La Sala I también tendrá intervención en expedientes relacionados con denuncias por presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, además de otras investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios.

Bertuzzi, el juez que ya integra la Cámara

Pablo Bertuzzi actualmente integra la Cámara Federal porteña y se presentó al concurso convocado por el Consejo de la Magistratura para cubrir de manera definitiva el cargo que ocupa.

En 2018, Bertuzzi y Pablo Bruglia fueron trasladados por el entonces presidente Mauricio Macri a la estratégica Sala I de la Cámara Federal. La decisión fue cuestionada por el kirchnerismo y dio lugar a un prolongado conflicto institucional en torno a la permanencia de ambos magistrados en esos cargos.

Ahora, con la aprobación del Senado, Bertuzzi podrá ser designado formalmente para ocupar de manera definitiva una de las vacantes de la Cámara.

Yadarola, del fuero Penal Económico

Pablo Yadarola, por su parte, es juez del fuero Penal Económico y también integró la terna elaborada por el Consejo de la Magistratura para cubrir una de las vacantes de la Cámara Federal.

El magistrado fue además uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido junto con el actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y otros magistrados y funcionarios judiciales.

El viaje a la estancia del empresario Joe Lewis, en la Patagonia, generó un fuerte escándalo político y judicial debido a la presencia de empresarios, funcionarios y jueces vinculados con distintas investigaciones.

Otros pliegos aprobados

Entre las restantes designaciones aprobadas durante la sesión se encuentra la de Agustín Rubiero, actual fiscal adjunto de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Tribunal de Apelaciones de la AFA desde 2021.

También fueron incluidos Facundo Cortés Olmedo y María Soledad Mancini, postulados para ocupar cargos en salas de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Con información de la agencia NA

El proyecto del denominado Súper RIGI entra en la etapa decisiva de su tratamiento en el Senado. Luego de las exposiciones de funcionarios del Gobierno realizadas la semana pasada, este miércoles se llevará a cabo la última reunión informativa del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, antes de avanzar hacia la firma del dictamen y su eventual tratamiento en el recinto.

El encuentro comenzará a las 16 en el Salón Azul de la Cámara alta y marcará el cierre de la etapa de debate en comisiones. Las reuniones son encabezadas por Agustín Monteverde, en Presupuesto y Hacienda; Martín Goerling Lara, en Economía Nacional e Inversión; y Nadia Márquez, en Legislación General.

Durante la jornada de la semana pasada expusieron funcionarios vinculados al área económica y productiva, entre ellos el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. Los representantes del Gobierno defendieron la iniciativa y respondieron las consultas planteadas por los distintos bloques.

¿Qué diferencia al Súper RIGI del régimen original?

El nuevo esquema que busca atraer inversiones como las del magnate Peter Thiel toma como antecedente al RIGI incluido en la Ley Bases de 2024, pero apunta a un universo de inversiones diferente.

Mientras el régimen original estuvo orientado principalmente a proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales, el Súper RIGI busca atraer mega inversiones en actividades consideradas estratégicas y de frontera tecnológica, entre ellas la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables.

El proyecto contempla además actividades que todavía no se encuentran desarrolladas en la Argentina o que atraviesan etapas de experimentación.

Para acceder al régimen se establece un requisito de inversión mínima de US$1.000 millones, una cifra considerablemente superior al piso de US$200 millones establecido por el RIGI original.

A cambio, las empresas que ingresen al esquema tendrán acceso a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de un período de estabilidad de 30 años en esas materias.

Otra de las diferencias está vinculada con el período para adherir al régimen. El RIGI original contemplaba una vigencia de dos años, con la posibilidad de extenderla por un año adicional, mientras que el Súper RIGI establece un plazo de cinco años, con una prórroga de un año.

El nuevo régimen también resulta más restrictivo respecto de las actividades alcanzadas: quedan afuera los proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura, así como los emprendimientos preexistentes que busquen ampliar sus instalaciones.

Durante la exposición ante los senadores, González Casartelli definió al Súper RIGI como un programa diseñado para generar condiciones para proyectos estratégicos que actualmente “todavía no están en el mapa”.

Lavigne, en tanto, sostuvo que el objetivo de la iniciativa está relacionado con la industrialización de los recursos naturales y con la posibilidad de que la Argentina pueda ingresar a sectores tecnológicos de vanguardia en los que, según explicó, sería difícil competir sin un esquema de incentivos.

Los beneficios fiscales y cambiarios

El proyecto establece una serie de ventajas para las empresas que cumplan con los requisitos para ingresar al régimen.

Entre ellas se encuentra una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, junto con un sistema de amortización acelerada de las inversiones: se podrá computar el 60% durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes.

También se contempla la utilización de certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.

En cuanto a los quebrantos, podrán deducirse sin límite temporal. Los dividendos, por su parte, tributarán inicialmente al 7%, aunque esa tasa se reducirá al 3,5% después de cuatro años de permanencia en el régimen.

El esquema incluye además la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.

Uno de los principales beneficios cambiarios está relacionado con la disponibilidad de las divisas generadas por las exportaciones. El proyecto establece un esquema progresivo: a partir del tercer año, los inversores podrán disponer del 100% de los dólares provenientes de sus exportaciones.

Qué pasa con el “Compre Nacional”

Uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos durante el debate fue la modificación de las condiciones de contratación de proveedores locales. A diferencia del RIGI original, el proyecto aprobado por Diputados flexibiliza la obligación de destinar un 20% de las compras a proveedores nacionales.

El texto establece que las empresas podrán ser obligadas a contratar firmas locales únicamente cuando estas puedan ofrecer condiciones de precio y calidad equivalentes a las existentes en el mercado internacional. La modificación había sido incorporada a partir de una propuesta del bloque MID y despertó dudas entre senadores de la UCR y de distintos bloques provinciales.

Desde la oposición también se cuestionaron los alcances de los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y su posible impacto sobre las empresas locales y la capacidad regulatoria del Estado.

El senador justicialista Jorge Capitanich puso el foco, particularmente, en la falta de precisión sobre cuáles serán las “nuevas actividades económicas” que podrán quedar comprendidas dentro del régimen.

El ex gobernador de Chaco y ex jefe de Gabinete advirtió que el proyecto contempla beneficios para inversiones multimillonarias vinculadas con actividades que todavía no aparecen identificadas de manera concreta en el texto.

Incentivos para investigación y desarrollo

El proyecto también incorpora un mecanismo destinado a promover la investigación y el desarrollo tecnológico.

Las empresas que destinen recursos a actividades de I+D o a programas de becas locales, como las Manuel Belgrano, podrán computar esos desembolsos por el doble de su valor real a la hora de alcanzar el monto mínimo de inversión requerido para ingresar al régimen.

El objetivo declarado es incentivar la transferencia de tecnología y generar algún tipo de vinculación entre las grandes inversiones y el sistema científico y educativo local.

La propuesta recibió media sanción en la Cámara de Diputados el 24 de junio, con 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones.

El rechazo de investigadores y universidades

La iniciativa también generó cuestionamientos en sectores vinculados con el sistema científico y universitario.

Un grupo de docentes, investigadores y representantes de universidades nacionales y organismos científicos de distintas partes del país difundió una carta abierta dirigida a los senadores en la que expresó su preocupación por los alcances del Súper RIGI.

Los firmantes consideran que el proyecto establece un esquema de beneficios fiscales y estabilidad regulatoria durante varias décadas, acompañado por mecanismos de protección jurídica para grandes corporaciones tecnológicas internacionales.

Según plantearon, el régimen no establece como contrapartida obligaciones suficientes en materia de generación de empleo local, transferencia tecnológica o aportes concretos al desarrollo nacional.

En ese sentido, sostuvieron que la iniciativa implica una cesión de capacidad regulatoria sobre sectores estratégicos durante un período que puede alcanzar a varias generaciones.

La carta reclama que el debate parlamentario tenga en cuenta los efectos de largo plazo que el régimen podría generar sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado para definir políticas de desarrollo.

Los investigadores reconocen la necesidad de atraer inversiones y promover nuevas tecnologías, pero plantean que ese objetivo debería alcanzarse sin resignar de manera permanente herramientas regulatorias ni limitar la capacidad de decisión de las futuras generaciones.

Con información de la agencia NA

La Libertad Avanza consiguió esta madrugada sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas. La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos. Ya había tenido que eliminar los artículos referentes a la extranjerización de tierras.

Crónica de un extenso debate

Pese a la caída del capítulo sobre la extranjerización de las tierras, la plaza del Congreso se llenó igual. Iniciada la sesión en el Senado, en donde se debatían los restos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, cientos de personas movilizaron al Palacio Legislativo para reclamar en contra de la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego, los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones. “Que se caiga la ley no se negocia nada”, decía uno de los carteles que poblaba la plaza, un par de horas antes de que la policía comenzara a reprimir.

Puertas adentro, en el Congreso, Patricia Bullrich se movía con tranquilidad: después del fracaso del capítulo de Tierras, la jefa del oficialismo se mostraba confiada de que tendría el número para aprobar el resto de la ley. Lo importante era evitar una nueva derrota –era la quinta vez que el proyecto se debatía en el Senado– y ofrecer alguna demostración de fuerza luego de que los gobernadores aliados le hubieran soltado la mano con el capítulo de Tierras debido al rechazo popular a la iniciativa.

Sin embargo, el oficialismo negoció hasta el final pero perdió el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, de 2020, y que prohíbe cambiar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

La votación final, con los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones incluidos, fue de 37 senadores a favor y 33 en contra. El oficialismo obtuvo el respaldo de los 21 miembros de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Para el rechazo a los cambios en la Ley del Manejo del Fuego, los peronistas recibieron el apoyo de los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros.

Movilización masiva, represión y agitado debate

El debate en el Senado fue acompañado por una masiva movilización. Pero al caer la tarde, hubo incidentes, destrozos y una fuerte represión policila que dejó un saldo de 10 detenidos, una fotógrafa con traumatismo de cráneo y un gendarme hospitalizado tras recibir un piedrazo.

“Este proyecto no es el original, hubo modificaciones porque la gran mayoría de los oradores no estaban de acuerdo. Es el fruto del trabajo de múltiples bloques, de ese trabajo de consenso nació este proyecto”, reivindicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA), antes de anunciar formalmente que se eliminaría el capítulo 3 que modifica la Ley de Tierras Rurales. Y agregó, buscando mostrarse optimista: “El espíritu original es que quien es el dueño de un bien no sea castigado por eso, que quien es titular de un departamento pueda hacerse de su bien de forma rápida cuando es ocupado”.

A diferencia de otros debates, en los que los senadores libertarios apenas toman la palabra y dejan en manos de los aliados la defensa de sus proyectos, esta vez el bloque oficialista tuvo mandato de intervenir. Durante la jornada, los senadores de La Libertad Avanza defendieron los tres capítulos sobrevivientes de la ley.

“Durante años se castigó al que invierte en la Argentina, así queremos blindar el proceso judicial contra trampas judiciales y poner orden donde antes había caos”, celebró la fueguina Belén Monte de Oca, defendiendo la reforma del Código Civil y Comercial que habilita a los jueces a disponer de la entrega inmediata del inmueble solo con la denuncia del propietario. Estos cambios, que habilitan los desalojos exprés, no solo alcanzan a quienes ocupan un domicilio de manera ilegal, sino también a los inquilinos que adeudan el alquiler o cuyo contrato haya vencido.

“El propietario tiene título, paga impuestos, recurre a la Justicia y no a la violencia, como el intruso que recurre a la banda organizada que le dio ese lugar. El resultado de recurrir a la Justicia es nulo”, denunció Agustín Monteverde, quien aseguró que los “usurpadores” se instalan a propósito con “menores, discapacitados y ancianos” con el objetivo de blindarse frente a la Justicia. “Buscan la protección de una Justicia abolicionista”, cuestionó.

Mientras los senadores encadenaban discursos, la oposición trabajaba para voltear alguno de los capítulos. Tras el rechazo al capítulo de extranjerización, el peronismo esperaba que la victoria fuera contagiosa y que la presencia callejera sirviera como incentivo para voltear, al menos, el capítulo que modifica la Ley de Manejo del Fuego, algo que finalmente consiguió en la votación, pasada la 1 de la madrugada. El proyecto del oficialismo eliminaba la prohibición de vender o cambiar el uso del suelo de pastizales, humedales y tierras productivas incendiadas por 30 años.

“Los incendios en Argentina casi siempre son intencionales pero no se encuentra a quienes los producen. Con la Ley de Manejo del Fuego se había logrado un efecto disuasivo y con esta modificación, lo estamos eliminando. Es una regresión”, cuestionó el entrerriano Adan Bahl (PJ).

“La patria no solo no se vende. La patria no se incendia, no se privatiza y tiene que ser para todos y todas”, agregó el camporista Mariano Recalde.

El peronismo cosechó votos entre los radicales y patagónicos, que eran quienes estaban más incómodos con la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego.

El primer intento del peronismo de voltear la sesión, a su vez, ya había fracasado. Poco después de que comenzara la sesión, el jefe del interbloque, José Mayans, pidió devolver la iniciativa a comisiones, pero no consiguió los votos. Por 38 votos en contra y 31 a favor, el oficialismo consiguió seguir sesionando.

MCM/MG

La interna que desde hace semanas atraviesa al oficialismo misionero llegó este jueves al Senado y terminó de romper la representación unificada de la provincia en la Cámara alta. Apenas comenzada la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Sonia Rojas Decut anunció la conformación del monobloque Movimiento por Misiones (MPM), una decisión que formaliza su alineamiento con el gobernador Hugo Passalacqua y profundiza el distanciamiento con Carlos Rovira, cuyo principal referente parlamentario pasa a ser el senador Carlos Arce.

El anuncio confirma, además, el escenario que elDiarioAR había adelantado durante los últimos días. En medio de la discusión por el capítulo que derogaba la Ley de Tierras —finalmente retirado por La Libertad Avanza para facilitar el tratamiento del proyecto— comenzaron a multiplicarse las versiones sobre un eventual voto dividido de los senadores misioneros. La creación del monobloque, comunicada antes del inicio del debate, terminó de consolidar esa posibilidad.

Después de casi tres años en los que los dos senadores actuaron en forma coordinada y acompañaron la estrategia parlamentaria definida por Rovira, la representación de Misiones en la Cámara alta quedó oficialmente dividida en dos espacios con referencias políticas distintas. La fractura también representa un nuevo dolor de cabeza para Milei: desde el inicio de su gestión, Arce y Rojas Decut integraban el grupo de aliados más confiables del oficialismo en la Cámara alta. Con la conformación del nuevo bloque, la Casa Rosada pierde uno de esos apoyos previsibles y suma un nuevo foco de incertidumbre en un Senado donde cada voto resulta determinante para sostener su agenda legislativa.

En el comunicado difundido por su despacho, Rojas Decut sostuvo que la conformación del monobloque “Movimiento por Misiones” “representa la consolidación de un camino político que pone en el centro a Misiones, su identidad y el mandato de los misioneros” y aseguró que el nuevo espacio será “una herramienta de gestión al servicio del Gobierno de la provincia y de cada misionero que abraza los ideales del federalismo”.

La senadora procuró presentar la decisión como una reafirmación de una identidad provincial antes que como una ruptura política. “Vine al Senado a defender a mi provincia”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el nuevo bloque nace para sostener “un compromiso territorial directo con los 79 municipios” de Misiones, un guiño a los intendentes que en su inmensa mayoría están alineados con el gobernador Passalacqua.

No resulta casual que el primer punto de la agenda del flamante monobloque esté dedicado a la defensa de la tierra misionera. El documento rechaza expresamente “cualquier reforma que facilite la extranjerización indiscriminada de tierras rurales” o debilite la protección de las zonas de frontera vinculadas al Acuífero Guaraní, precisamente el capítulo que desencadenó la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores y que finalmente fue retirado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“La tierra misionera es identidad, soberanía, seguridad y arraigo para nuestras familias. Ante la más mínima duda sobre la protección de nuestro territorio, mi deber no es arriesgar: es proteger”, sostuvo Rojas Decut. Sin embargo, la definición política más significativa aparece sobre el final del texto. “Estoy a disposición para llevar la voz del Gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, concluye la senadora.

La creación del monobloque agregó un nuevo elemento de incertidumbre a la sesión de este jueves. Si bien en los pasillos del Senado seguía firme la versión de que los representantes de Misiones podrían votar de manera diferente el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el anuncio de Rojas Decut terminó de institucionalizar una ruptura que ya no se limita a una diferencia circunstancial sobre una ley, sino que refleja la reconfiguración del poder dentro del oficialismo misionero.

En la votación final, los dos representantes misioneros votaron en contra de las modificaciones al Manejo del Fuego y a favor de los demás capítulos de la norma que fueron aprobados en la madrugada de este viernes.

PL/CRM

El dictamen final de la Ley de Propiedad Privada que el Senado trata este jueves, ya sin el capítulo de reforma de la Ley de Tierras, incorporó un cambio que no había circulado en las versiones previas: una desregulación mayor a la prevista sobre la Ley de Manejo del Fuego (N° 26.815). Hasta la víspera de la sesión, el proyecto derogaba únicamente el artículo 22 quater de esa norma; la versión que llegó al recinto y al que accedió elDiarioAR sumó, sin aviso previo, la derogación del artículo 22 ter.

Los dos artículos regulan qué puede hacerse con la tierra después de un incendio. El 22 quater prohíbe por 30 años realizar emprendimientos inmobiliarios o cambiar el uso del suelo en pastizales, matorrales y zonas agropecuarias afectadas por el fuego. El 22 ter, incorporado en 2020, es el que permitía a cada provincia extender más allá de los 60 años la restricción sobre bosques nativos incendiados, según lo que estableciera su propio ordenamiento territorial.

Con ambas derogaciones, el proyecto deja sin ese resguardo tanto a las tierras no boscosas como a los bosques nativos. La reforma de 2020 a la ley de incendios, impulsada por Máximo Kirchner al frente de la comisión de Recursos Naturales, buscaba justamente desalentar la especulación inmobiliaria posterior al fuego; el cambio de último momento en el dictamen de hoy retrocede sobre ese punto en un país donde los incendios forestales reabren cada año el debate sobre el cambio de uso del suelo.

“Nos mandaron la última versión por WhatsApp. Esto no es serio, tiene que volver a comisión”, se quejó en SenadoTV el legislador Daniel Bensusán (PJ-La Pampa). A su vez, Carolina Moisés (Convicción Federal-Jujuy), que pugnó por la caída del capítulo de reforma de la Ley de Tierras, planteó también reparos al resto de la ley: “Nos preocupan los otros temas. Vamos a votar en contra”.

En el inicio de la sesión, el Senado estuvo de acuerdo en posponer el pedido de los senadores Anabel Fernández Sagasti (UP-Mendoza) y Flavio Fama (UCR-Catamarca) para sumarse al debate de manera virtual por estar impedidos de viajar desde sus provincias a Buenos Aires por recomendación médica. Esos reclamos fueron enviados a discusión en comisión.

Antes del inicio de oradores, una larga lista que suma a más de 30 senadores con uso de la palabra y se estima que la votación llegará pasadas las 22 de este jueves, el peronismo intentó dar un golpe de efecto en la sesión. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, pidió que el proyecto de ley vuelva por completo a comisión tras la infinidad de cambios que sufrió. Pero la jugada fracasó: hubo 38 votos a favor de que la sesión continúe y 31 en contra, lo que marca una primera temperatura de que el oficialismo tendría los votos para aprobar la ley en general, luego de quitar el incómodo capítulo de reforma de la Ley de Tierras.

Noticia en desarrollo

El senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch salió a responder las críticas en contra por tener una empresa que asesora a extranjeros para la compra y venta de tierras, y que le significó una denuncia por conflicto de intereses en medio del debate por la reforma de la Ley de Tierras. El legislador libertario no solo admitió ser dueño de Glocal Terra, una empresa dedicada a asesorar a inversores rurales, sino que insistió en modificar la norma, que ya fue quitada del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se vota este jueves.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador entrerriano confirmó ser “socio fundador y mayoritario” de la firma desde hace seis años. Detalló que la compañía “se dedica a administrar campos, asesorar a dueños de campos y compradores y a valorizar campos”, con clientes “argentinos y extranjeros” en la Argentina y otros países de la región.

La senadora peronista Juliana Di Tullio denunció a Benegas Lynch porque su rol de socio gerente de Glocal Terra S.R.L. configura un “severo conflicto de intereses” que debía impedirle votar, firmar dictámenes o participar del debate sobre la norma, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y de la Ley de Ética en la Función Pública.

En su descargo, el senador defendió el proyecto que, según explicó, “vendría” a votar de lograrse el apoyo necesario: una reforma al capítulo de Tierras que, sostuvo, “viene a reformar la nefasta ley de tierras actual”. Con ese calificativo apuntó contra la Ley 26.737, vigente desde 2011, que impone un tope del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales. Según Benegas Lynch, esa norma “no frenó ninguna invasión” y, como ejemplo, citó que mientras se le ponía un límite “al productor italiano o español”, el gobierno kirchnerista otorgó una concesión por 50 años en la Patagonia a una empresa vinculada a un Estado extranjero. El senador remató que la ley vigente “achicó la demanda y castigó el patrimonio de los argentinos”, que hoy controlan, según sus palabras, el 95% de las tierras rurales del país, y comparó el modelo que impulsa con los de Uruguay, Australia y Estados Unidos, donde —afirmó— no existen cupos por nacionalidad para el sector privado.

La reforma que defendió prohíbe explícitamente la compra de tierras por parte de Estados extranjeros, sus empresas estatales y sus fondos soberanos, pero abre la puerta a la adquisición por privados extranjeros. Ese capítulo, sin embargo, ya no estaba en discusión al momento de su publicación: horas antes, Patricia Bullrich había debido retirarlo del proyecto por falta de votos, tras la resistencia de gobernadores y senadores aliados que rechazaban la desregulación de la venta de tierras a extranjeros.

Benegas Lynch no explicó por qué, a su criterio, su participación en el negocio de intermediación de tierras con extranjeros no debería considerarse un conflicto de intereses en los términos que marca la normativa de ética pública.

El senador cerró su descargo asegurando que “no hay en esta ley una sola línea escrita” para su empresa y que un eventual beneficio del sector agropecuario no equivale a “un privilegio particular”. También enumeró otras votaciones en las que acompañó al oficialismo —el Presupuesto, la reforma laboral con el RIMI y tratados de libre comercio— para reafirmar su alineamiento con lo que definió como “el sector privado, los argentinos laburantes, emprendedores y empresas que compitan”.

Caído el capítulo más polémico del proyecto, este jueves el Gobierno intentará avanzar en la aprobación de lo que queda de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La sesión comenzará a las 14 horas en el Senado, cuando empiecen a llegar los primeros manifestantes a la plaza del Congreso. Pese a que Patricia Bullrich bajó el capítulo de extranjerización de tierras por falta de votos, las organizaciones sociales y sindicales movilizan igual y aspiran a dar una gran demostración de fuerza en contra del gobierno de Javier Milei.

La oposición ya volteó dos de los capítulos más importantes de la ley de Sturzenegger: el que barría el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), muy resistido por la Iglesia Católica, y el que avanzaba contra la Ley de Tierras Rurales. Pero quedan tres capítulos más, que avanzan sobre el régimen de expropiaciones, flexibilizan la Ley de Manejo del fuego y habilitan los desalojos exprés para inquilinos endeudados.

Tres capítulos que, después de la derrota del martes, Bullrich buscará aprobar a como dé lugar.

Los restos de la Ley de Inviolabilidad

Uno de los principales puntos de la iniciativa de Sturzenegger, que quedó en un segundo plano por la avanzada contra la Ley de Tierras Rurales, es el que modifica el Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos. No solo para las personas que estén ocupando un domicilio de manera ilegal, sino también para inquilinos que adeudan el pago del alquiler o se les haya vencido el contrato.

En ambos casos se habilita un trámite sumarísimo y habilita a que el juez disponga la entrega inmediata del inmueble solo con la denuncia del propietario. En un contexto de alza del endeudamiento familiar y de que, según una encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado, la ley permite la desocupación inmediata cuando la causal sea falta de pago o vencimiento contractual.

Otro de los cambios del proyecto refiere al régimen de expropiaciónes. Es uno de los puntos que el peronismo rechaza con más ahínco, resuelto el rechazo del capítulo de Tierras, y es el que intentará voltear en el recinto. “Están queriendo blindar la venta de las empresas públicas”, advierten en la oposición.

El objetivo del proyecto es endurecer los requisitos para poder expropiar, aumentando el valor de las indemnizaciones. Hoy el Estado paga el valor de la empresa expropiada más daños directos. El proyecto de la Libertad Avanza, en cambio, suma el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y fija que el valor del bien expropiado –una represa, un camino, una compañía de energía– lo fijará el mercado y se actualizará por inflación.

El proyecto establece, además, que la declaración de utilidad pública debe interpretarse de manera restrictiva. Obliga al Estado a justificar con más detalle la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de cada expropiación, lo que abre más espacio a que expropiaciones sean judicializadas ya que, en la práctica, el expropiado podrá discutir más fácilmente si la expropiación esta bien fundada o no.

Finalmente, otro de los cambios que introduce el proyecto es la flexibilización ambiental de la Ley de Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada por Máximo Kirchner en 2020 con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria sobre las tierras incendiadas.

Originalmente, el proyecto eliminaba la prohibición de vender, por al menos 60 años, aquellos bosques nativos o áreas protegidas que fueron incendiados. Pero, al igual que sucedió con gran parte de la ley, los aliados se mostraron incómodos con la derogación absoluta de la protección sobre el territorio, y se acordó solo eliminar la prohibición de vender las tierras por 30 años en las zonas agropecuarias.

El caso Sagasti

Al comienzo de la sesión, sin embargo, se buscará zanjar el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien solicitó que le permitieran votar de manera remota debido a que cursa un embarazo de riesgo de 32 semanas y no puede viajar por recomendación médica. Victoria Villarruel hizo lugar a su pedido, pero dejó en manos de los senadores que se habilitara, de manera excepcional, si puede votar o no de manera virtual. Lo mismo hizo con el radical Flavio Fama, que aprovechó para solicitar el mismo pedido debido a una operación que se hizo en una rodilla.

Bullrich buscará rechazar el pedido, pero hay dudas dentro del mismo peronismo respecto a si avanzar con el reclamo de Sagasti. Algunos senadores peronistas temen que, si se la habilita, se siente un precedente que permita a cualquier senador enfermo que sesione desde su casa. Y en un contexto de mayorías para el oficialismo, en el cual la estrategia principal de la oposición es dejarlo sin quórum, le permitirá a LLA contar con más herramientas en el futuro para avanzar con sus leyes.

MCM/MG

A menos de 24 horas de que el Senado retome el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que en su capítulo central modifica el régimen de compra de tierras rurales por extranjeros—, la resistencia ya no viene solo de la oposición. Gobernadores y senadores que en otros temas acompañaron al oficialismo empiezan a marcar diferencias, en una sesión que el propio bloque libertario reconoce como la más ajustada del año.

A este mediodía de jueves en el oficialismo reconocieron ante elDiarioAR no tener los votos para abrir siquiera la sesión. El golpe a las aspiraciones de Javier Milei llegó desde distintas provincias: hubo expresiones públicas del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y del neuquino Rolando Figueroa, y también del senador radical por La Pampa Daniel Kroneberger.

Tucumán: Jaldo dice que sus dos senadoras rechazan el proyecto

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo informó que, según las conversaciones que mantuvo con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas le expresaron su rechazo al proyecto de cara a su tratamiento en el recinto. Las dos bancas integran el Bloque Independencia, un espacio que el oficialismo suele necesitar para reunir números en votaciones clave.

La Pampa: Kroneberger confirmó el rechazo

En La Pampa, el senador radical Daniel Kroneberger fue el más terminante: adelantó que votará en contra de los últimos cambios introducidos a la reforma y remarcó que ya se lo comunicó a su bloque. Justificó su postura en el desacuerdo con la flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros. Su compañera de bancada por la provincia, Victoria Huala, todavía no definió su voto.

Neuquén: Figueroa reclama un límite nacional

El gobernador neuquino Rolando Figueroa reafirmó su postura contraria a la extranjerización de la tierra. Lo hizo al ratificar el envío a la Legislatura provincial de un proyecto para que las tierras fiscales de Neuquén queden en manos de argentinos, y sostuvo que no acompañará iniciativas que en el plano nacional avancen en ese sentido. En paralelo, había pedido a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulsara en el recinto un límite cuantificable a la compra extranjera para todo el país.

Un poroteo que sigue sin cerrar

Estos tres frentes provinciales se suman a un escenario que ya venía complicado para el oficialismo. En el bloque libertario reconocen que la votación está prácticamente empatada y que la definición puede quedar en manos de uno o dos senadores. La bisagra sigue siendo la UCR: el bloque nacional pidió a sus diez senadores votar en contra, pero la conducción de la bancada apuesta a que la mayoría acompañe al Gobierno. A los rechazos de Kroneberger y de su par Maximiliano Abad se suma ahora la incertidumbre sobre Huala.

El texto que llega al recinto es, además, la versión número diecisiete: ante la falta de apoyos, el oficialismo resignó su objetivo original de eliminar el tope a la compra extranjera y lo reemplazó por un límite del 25% por provincia, sin fijar restricciones a nivel de departamento, que es donde se concentra la extranjerización real según advierten especialistas en la materia.

La sesión se dará en medio de una movilización convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones campesinas, ambientales y de pueblos originarios frente al Congreso.

MC

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, autorizó a la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti a participar y votar de manera remota en la sesión de este jueves, en la que la Cámara alta debatirá, entre otros temas, la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno.

La autorización, sin embargo, fue otorgada ad referendum del pleno del Senado. Esto significa que la decisión deberá ser ratificada por mayoría simple al comienzo de la sesión para que la legisladora pueda intervenir y emitir su voto de manera electrónica desde Mendoza.

Fernández Sagasti había solicitado la habilitación al argumentar que cursa la semana 32 de embarazo y que una indicación médica le impide viajar desde Mendoza hasta la Ciudad de Buenos Aires. El pedido fue presentado mediante una nota dirigida a Villarruel y también difundido a través de un video en sus redes sociales.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó la senadora al hacer público su reclamo. Allí sostuvo que el Senado “fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias” y consideró que la distancia no debería impedir el ejercicio de la representación cuando existen herramientas tecnológicas para participar de manera remota.

La legisladora explicó que su médico le prohibió realizar viajes largos, tanto por vía aérea como terrestre, y remarcó que esa situación afecta especialmente a quienes representan provincias alejadas de la Capital Federal. “Si yo fuera una senadora de la Ciudad o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría. Pero viajar más de mil kilómetros podría poner en riesgo mi salud y la de mi bebé”, señaló.

Además, aclaró que no se trata de una licencia por maternidad, sino de la posibilidad de ejercer plenamente su función legislativa. “No estoy incapacitada para leer expedientes, debatir ni votar; simplemente no puedo viajar largas distancias”, sostuvo, al tiempo que recordó que los mecanismos virtuales ya fueron utilizados anteriormente por el Congreso y cuentan con antecedentes de validación judicial.

La sesión de este jueves será clave para el oficialismo, que intentará avanzar por quinta vez con la reforma de la Ley de Tierras, luego de haber pasado a un cuarto intermedio el pasado 16 de julio por falta de votos. El proyecto modifica el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y, tras negociaciones con bloques dialoguistas, propone elevar del 15% al 25% el límite de tierras que podrán quedar en manos de capitales extranjeros, manteniendo las restricciones para Estados extranjeros y empresas controladas por ellos, además de preservar las facultades de las provincias para fijar sus propios límites.

La reunión tendrá además una particularidad institucional: Villarruel no presidirá el debate porque ejercerá interinamente la Presidencia de la Nación durante la gira de Javier Milei por Ecuador y Colombia. En su reemplazo estará al frente de la sesión el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

“72 personas deciden quién puede comprar la Argentina”. Con esa frase una web invita a comunicarse con los senadores nacionales a través de su mail institucional o sus redes sociales para exigirles que voten en contra de la reforma de la Ley de Tierras que propone el Gobierno para desregular la venta a extranjeros. La plataforma es parte de un ecosistema de acciones de autoconvocados que impulsan el rechazo a la norma, que se vota este jueves en el Senado.

El plato fuerte será la movilización que se está gestando para este 6 de agosto frente al Congreso y en distintos puntos del país. La resistencia está creciendo en grupos de WhatsApp y espacios virtuales, y ya tuvo acciones callejeras como volantedas y hasta un banderazo en el Obelisco el sábado pasado, como anticipó elDiarioAR.

En el medio, el Gobierno avanza con su iniciativa tras incorporar cambios de último momento. Este martes temprano el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que se cambió el tope de 15% al 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. “Está poniendo un límite parecido en la región, sin ir más lejos me voy a Brasil”, dijo el ministro coordinador, que buscó no anticiparse demasiado a la conferencia de prensa que agendó Patricia Bullrich para esta tarde a las 16.

“No creo que vaya a haber un desempate. Por mis conversaciones con Patricia, creo que está encaminado el tema”, dijo Santilli en diálogo con radio Rivadavia, en referencia a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, encargada de presentar oficialmente las modificaciones al texto original.

El proyecto en discusión es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en su versión original eliminaba por completo el límite a la propiedad extranjera de tierras rurales. Tras las negociaciones de las últimas semanas, el oficialismo resolvió no derogar el tope sino elevarlo al 25% de la superficie rural como promedio nacional y provincial, pero deja al descubierto a nivel departamental. “Hay 36 departamentos que superan el límite del 15%, creemos que ahí están los recursos que quieren vender”, denunció Julieta Caggiano, cofundadora del Observatorio de Tierras, otra de las plataformas virtuales que denuncian el avance de la extranjerización de la ltierra. “Los intereses están donde hay agua potable y minerales”, alertó la socióloga.

El rechazo de abajo

Mientras el oficialismo negocia los votos necesarios para destrabar una iniciativa que ya sufrió cuatro intentos fallidos de tratamiento, el rechazo social al proyecto se organiza a nivel federal. La red de asambleas "Ponete la camiseta" convocó movilizaciones para el mismo jueves 6 de agosto en al menos veinte provincias, con epicentro en el Congreso de la Nación, donde se prevén un verdurazo, una radio abierta y un festival durante toda la tarde.

Bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, también habrá concentraciones en Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Salta, San Juan, Tucumán y localidades de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, entre otras.

A la movilización callejera se sumó la herramienta digital de seguimiento legislativo que reúne la posición declarada de cada uno de los 72 senadores nacionales sobre la Ley de Tierras y permite a cualquier ciudadano identificar a los representantes de su provincia y enviarles un mail con un texto pre armado para pedirles el rechazo del proyecto. La iniciativa busca capitalizar la presión ciudadana en un debate donde el oficialismo, que parte de una base de 21 senadores propios, necesita sumar al PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar la mayoría de 37 para tener quórum y aprobar la ley.

La presión también llegó por escrito. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos —que integran, entre otras, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos— envió el 30 de julio una carta a los 72 senadores para pedirles que rechacen lo que calificó de “rapiña” y “desguace de la Nación”. El texto menciona el caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con dinero no declarado, como advertencia sobre las “enormes presiones de grupos económicos extranjeros” que —sostienen— pueden alcanzar “no solo tierras sino también la voluntad de quienes gobiernan nuestras provincias y la de sus representantes en el Congreso”. La carta enmarca el proyecto de tierras junto al Decreto 70/23 y las leyes de RIGI, Súper RIGI y de Glaciares, y advierte a quienes voten a favor: “No olvidaremos, no perdonaremos ni nos reconciliaremos jamás con quienes faciliten, del modo que sea, tamaña rapiña”.

MC

La senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti pidió que se le permita participar de forma remota en la sesión del Senado convocada para este jueves 6 de agosto, en la que se debatirá la reforma de la Ley de Tierras impulsada por el Gobierno. La legisladora mendocina fundamentó el pedido en una indicación médica que le impide viajar desde su provincia a Buenos Aires, debido a que cursa la semana 32 de su embarazo. La solicitud fue presentada mediante una nota dirigida a Victoria Villarruel, en su carácter de titular de la Cámara alta, y difundida además en un video en sus redes sociales.

“¿Me van a dejar sin votar por estar embarazada?”, planteó la senadora, y agregó que el Senado “fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias” y que “la distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo”. En el video, explicó que su médico le prohibió viajar largas distancias, ya sea por tierra o por aire, y remarcó la diferencia con legisladores de distritos cercanos a la Capital: “Si yo fuera una senadora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría, podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de mil kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé”.

Fernández Sagasti aclaró que su capacidad para ejercer el cargo no está en discusión: “No estoy incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar, simplemente no puedo viajar largas distancias. Y existiendo medios virtuales que ya han sido probados y autorizados incluso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no veo por qué se me pueda negar este pedido”. También diferenció el planteo de la licencia por maternidad que le corresponde, que dijo que tomará “en su debido tiempo”: “Es el derecho de una senadora y de una provincia a estar representada en el momento en que se quieren entregar las tierras a los extranjeros. Y es mi derecho, mi deber y mi obligación como argentina y mujer del interior defender a los ciudadanos que me votaron”.

El pedido llega en la antesala de una sesión con final abierto. La reforma de la Ley de Tierras busca modificar el régimen vigente para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Tras negociaciones con bloques aliados, el oficialismo modificó el proyecto original y, en lugar de eliminar el tope existente, propuso elevarlo del 15% al 25% del límite de tierras rurales que pueden quedar en manos de capitales extranjeros. El nuevo texto mantiene las restricciones para la compra de tierras por parte de Estados extranjeros o empresas controladas por ellos, y conserva la potestad de las provincias para aceptar o rechazar solicitudes de adquisición y fijar sus propios límites porcentuales. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, tiene previsto este martes a las 16 presentar oficialmente esas modificaciones en una conferencia de prensa.

Se trata del quinto intento del Gobierno por aprobar los cambios a esa normativa, junto con modificaciones a las leyes de Expropiaciones y de Manejo del Fuego, luego de que el oficialismo pasara a un cuarto intermedio el 16 de julio pasado por no contar con los votos necesarios. La Libertad Avanza parte de una base de 21 senadores propios y buscará sumar al PRO, la UCR y a bloques provinciales para llegar a los 37 votos requeridos.

La sesión tendrá, además, una particularidad institucional: Villarruel no la presidirá, porque quedará a cargo del Poder Ejecutivo durante la gira del presidente Javier Milei por Ecuador y Colombia. En su lugar, conducirá el debate el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quien tendrá la posibilidad de desempatar en caso de igualdad de votos.

Patricia Bullrich comprobó durante el fin de semana que no están los votos para aprobar el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de un puñado de díscolos radicales y de fuerzas provinciales usualmente aliadas, que le hicieron saber que no acompañarían el capítulo en la sesión del jueves, la obligó a ensayar una modificación de último momento: aumentar del 15% al 25% el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y enterrar, así, la fantasía desreguladora de Federico Sturzenegger.

La jefa del oficialismo se lo estaba anunciando este lunes temprano a la mañana al resto de sus compañeros de La Libertad Avanza en el Senado: sin los votos garantizados de todo el bloque radical y de los senadores misioneros y santacruceños, el capítulo que avanzaba con la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros amenazaba con caerse en la votación en particular. Ella proponía, a sugerencia de los aliados con los que había conversado el viernes, dejar fijo un tope, pero aumentarlo a un 25%. Que es el mismo que tiene, por ejemplo, Brasil.

“Yo el proyecto así no lo acompaño”, le hizo saber a Bullrich, a través de Eduardo Vischi (jefe de bloque radical), uno de los senadores radicales que mantenían su voto en suspenso. La jefa del oficialismo necesita que al menos 9 de los 10 radicales acompañen la iniciativa para poder estar tranquila, pero el rechazo hasta ahora de Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y, su vez, de la chubutense Edith Terenzi, le arruinaba los planes.

Este lunes el bloque libertaria buscaba acordar la estrategia parlamentaria definitiva, en una semana marcada por varios movimientos: el presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia entre el miércoles y el jueves, y el Ejecutivo quedará a cargo de Victoria Villarruel, quien no podrá presidir la sesión agendada para el jueves sobre la ley de Propiedad Privada. La vice ya se manifestó en contra del proyecto libertario y desde la Casa Rosada ya le pidieron explícitamente que renuncie a su cargo.

La iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas fue craneada por el ministro Federico Sturzenegger luego del Consejo de Mayo, donde tuvo visto bueno de los gobernadores hasta que se conoció la letra chica. Fuera del capítulo de Tierras –que en el último borrador conocido elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras–, endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El volantazo para conseguir el apoyo de los aliados quedaría certificado en una conferencia de prensa que Bullrich analiza dar este martes. “Va a haber algunos cambios pero todavía seguimos trabajando en la redacción”, comentó a este medio uno de los negociadores del oficialismo.

MCM/MC