La Libertad Avanza resolvió este jueves postergar por cuarta vez el tratamiento en el Senado del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de constatar que no contaba con los votos necesarios para avanzar con la reforma que elimina las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, solicitó diferir el debate hasta la sesión prevista para el 6 de agosto, ante las diferencias surgidas con sectores aliados que se resisten a acompañar los cambios a la Ley de Tierras.

La iniciativa impulsada por el oficialismo propone eliminar las limitaciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por capitales extranjeros. La legislación actual fija topes a esas operaciones y establece restricciones sobre la superficie que puede quedar en manos de propietarios del exterior.

Durante la jornada ya circulaban versiones sobre un nuevo aplazamiento debido a las dificultades del oficialismo para reunir los apoyos necesarios para aprobar los artículos más controvertidos del proyecto.

La propuesta de pasar el debate a un cuarto intermedio llegó una vez que el Senado completó el tratamiento del resto del temario, que incluyó la aprobación de ascensos diplomáticos, 29 pliegos judiciales y un proyecto referido a la provincia de Tucumán.

Entre los pliegos aprobados se destacó el del juez Víctor Pesino, cuya continuidad en el cargo dependía de la votación debido a que cumplirá 75 años el próximo 27 de julio, edad a partir de la cual requiere un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en funciones.

De este modo, el oficialismo volvió a posponer una de las iniciativas centrales de su agenda legislativa, en medio de las dificultades para consolidar una mayoría que le permita avanzar con la reforma de la Ley de Tierras.

Con información de la agencia NA

El Gobierno consiguió con lo justo abrir la sesión de este jueves en el Senado para debatir la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y avanzar en la nominación de un grupo de jueces. Con 37 senadores, desde las 12.30 se abrió el recinto de la Cámara alta con la presidencia de Victoria Villarruel, que ayer tuvo un fuerte cruce con Patricia Bullrich por la ley que avala la extranjerización de la tierra.

Luego del triunfo de la Selección ante Inglaterra, que le dio el pase a la final del Mundial, Villarruel trató de suspender la sesión pero se encontró con la férrea oposición de Bullrich, y allí se inició una discusión a través de Whatsapp. Según consignó el diario La Nación, la vicepresidente señaló: “Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el Mundial”, a lo que Bullrich respondió “Para festejarlo”.

Sin embargo, Villarruel redobló la apuesta y le espetó: “Para vender el país”, y añadió “Nadie quiere festejar en el Senado” y propuso que cada legislador celebre en su provincia, y no “votando una ley que es indignante”, habida cuenta que la iniciativa elimina restricciones para que los extranjeros compren tierras en el país.

Pero Bullrich no se quedó atrás y retrucó: “Para vos. Para nosotros cambiar el país es el desafío”. A lo que Villarruel señaló “Y lo cambiás vendiendo tierras. Cómo se nota que la integridad territorial no les importa nada”.

“Ustedes nos quieren rifar, no seas hipócrita. Igual, no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina”, añadió Villarruel. En el final del intercambio, Bullrich subrayó “Si no te gusta renuncíá. Es lo que deberías hacer si escribís lo que escribís”, y Villarruel contestó: “A mí también me votaron y no te votaron a vos, así que agua y ajo”. Este jueves en la sesión muchos de los legisladores se mostraron con la camiseta de la Selección argentina.

Lo que cambia con la ley

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada fue redactado por Federico Sturzenegger y habilita la venta sin límites de las tierras nacionales a los extranjeros. Además permite los desalojos exprés para los inquilinos endeudados, flexibiliza la ley ambiental de Manejo del Fuego y elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es el capítulo 3, que modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011 con el objetivo de poner límites a la venta ilimitada de tierras en el país, especialmente en zonas de recursos naturales o hídricas. “Estamos muy cerca de voltear el capítulo 3, pero dependemos de algunos radicales”, deslizó una senadora peronista en la previa a elDiarioAR.

Bullrich negoció cambios hasta la semana pasada con el objetivo de conseguir los votos de algunos radicales, como Maxi Abad o Daniel Kroneberger. Habilitó límites para la venta de tierras a empresas con capital de estados extranjeros, así como dobles conformes –del Congreso Nacional y del gobernador– para las zonas de frontera.

El apuro por un juez

Los números para aprobar el capítulo de extranjerización de la tierra están justos, y en el oficialismo se mueven con cautela porque están movidos por una urgencia. La urgencia tiene nombre propio: el pliego del juez Victor Pesino, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y tiene hasta entonces para conseguir que le aprueben el pliego para continuar cinco años en el cargo. Pesino viene de dejar sin efecto la cautelar que suspendía la reforma laboral y, a su vez, de intervenir uno de los sindicatos más combativos contra el Gobierno, la UOM.

También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte, para el juzgado de Lomas de Zamora, que tendrá la causa del ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y la modelo Jésica Cirio.

Veinticuatro horas después de la semifinal que revolucionó al país, el oficialismo abrirá el Senado para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que habilita la venta sin límites de las tierras nacionales a los extranjeros. Con el apoyo de los gobernadores y bloques aliados, que lograron introducir cambios al proyecto redactado por Federico Sturzenegger, el Gobierno buscará coronar la semana dandole media sanción a un proyecto que habilita los desalojos exprés para los inquilinos endeudados, flexibiliza la ley ambiental de Manejo del Fuego y elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

Será el tercer intento en lo que va del año. Boicoteada sistemáticamente por los coletazos generados por el caso Manuel Adorni, Patricia Bullrich volverá a intentar aprobar la iniciativa insignia de Sturzenegger. El primer intento fue hace un mes, en la misma sesión que el Senado aprobó el pliego de la candidata a jueza que Milei quiso vetar por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Y el último fue hace unas semanas, cuando la propia Bullrich dejó sin quórum para evitar la moción de censura contra Adorni y presionar, así, para que el Gobierno lo echara. Tres días después, Karina Milei le pidió la renuncia.

En esta ocasión, sin embargo, la prioridad del Gobierno es otra. Los números para aprobar el capítulo de extranjerización de la tierra están justos, y en el oficialismo se mueven con cautela porque están movidos por una urgencia. La urgencia tiene nombre propio: el pliego del juez Victor Pesino, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y tiene hasta entonces para conseguir que le aprueben el pliego para continuar cinco años en el cargo. Pesino viene de dejar sin efecto la cautelar que suspendía la reforma laboral y, a su vez, de intervenir uno de los sindicatos más combativos contra el Gobierno, la UOM.

El motivo del oficialismo para convocar la sesión en las vísperas del receso invernal es aprobar el pliego de Pesino, y la oposición apuesta a utilizarlo en su favor. Envalentonados por la victoria de Argentina sobre Inglaterra, el peronismo apuesta a voltear la sesión antes de que llegue el momento de tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El jefe de interbloque, José Mayans, viene conversando con algunos senadores más díscolos del radicalismo y de fuerzas provinciales con el objetivo de convencerlos de rechazar, al menos, el capítulo de extranjerización de las tierras.

“Estamos muy cerca de voltear el capítulo 3, pero dependemos de algunos radicales”, deslizó una senadora peronista que, hasta último momento, venía poroteando la sesión. El capítulo 3 es el que modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011 con el objetivo de poner límites a la venta ilimitada de tierras en el país, especialmente en zonas de recursos naturales o hídricas.

Bullrich negoció cambios hasta la semana pasada con el objetivo de conseguir los votos de algunos radicales, como Maxi Abad o Daniel Kroneberger. Habilitó límites para la venta de tierras a empresas con capital de estados extranjeros, así como dobles conformes –del Congreso Nacional y del gobernador– para las zonas de frontera. Pero la jefa del oficialismo no está segura aún de tener el número. Lo sabrá recién el jueves a la mañana, cuando los senadores que vienen de festejar el triunfo de la Argentina se sienten para dar quórum.

MCM/CRM

El juez Víctor Pesino, de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, presentó una medida cautelar para impedir que el próximo 27 de julio, cuando cumpla 75 años, se active el procedimiento de cese de sus funciones si antes el Senado no aprueba su nuevo acuerdo. Pesino pidió que se ordene al Ministerio de Justicia abstenerse de comunicar al Consejo de la Magistratura la vacancia del cargo que ocupa hasta que finalicen las sesiones ordinarias del Senado de este año.

El magistrado quedó en el centro de la discusión política luego de que su sala dejara sin efecto la medida cautelar que suspendía la aplicación de 81 artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei.

Un día después de ese fallo, el Poder Ejecutivo envió al Senado el pliego de Pesino para extender su permanencia en el cargo por cinco años, una decisión que generó cuestionamientos de la oposición y de la CGT por la cercanía temporal entre ambos hechos. Ahora el pliego de Pesino para habilitar su continuidad está en agenda para una sesión que se espera en el Senado para la semana próxima.

El camino del pliego en el Senado

El 9 de junio, Pesino asistió al Senado para defender su postulación ante la Comisión de Acuerdos. Luego de un debate marcado por críticas de senadores peronistas, el pliego obtuvo dictamen con los votos de La Libertad Avanza y sus aliados. Ese día admitió que se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, pero negó recibir favores del Gobierno a cambio de sus fallos.

Sin embargo, el expediente no llegó aún al recinto. La actividad parlamentaria quedó condicionada por el conflicto político generado alrededor del caso Adorni y la sesión prevista para tratar distintos temas finalmente no se realizó.

Ante la posibilidad de que el Senado no avance antes del receso invernal, Pesino recurrió a la Justicia para intentar conservar su cargo mientras espera una definición legislativa. La idea del oficialismo es apurar esa sesión en los días próximos, pero aún no fue confirmada.

El cuestionamiento al límite constitucional

Además de solicitar la cautelar, el camarista anticipó que cuestionará la constitucionalidad del inciso 4 del artículo 99 de la Constitución Nacional, que establece que los jueces deben dejar sus cargos al cumplir 75 años, salvo que obtengan un nuevo acuerdo del Senado y un nombramiento presidencial.

En su presentación, sostuvo que esa norma no establece plazos para que el magistrado solicite la renovación, ni fija tiempos para la actuación del Poder Ejecutivo o del Senado. También planteó que no contempla qué ocurre cuando la demora responde a circunstancias ajenas al desempeño del juez.

El escrito repasa las reuniones que mantuvo con funcionarios del Ministerio de Justicia y el recorrido de su pliego en el Senado. Sobre la falta de tratamiento, Pesino sostuvo que respondió a “razones políticas” ajenas a su responsabilidad.

El antecedente de la Corte Suprema

En su planteo, Pesino también se diferenció de los antecedentes en los que la Corte Suprema analizó el límite de los 75 años para los magistrados, entre ellos los casos de Leopoldo Schiffrin y Ana María Figueroa.

En el caso de Figueroa, la Corte resolvió que la magistrada había perdido su investidura judicial al alcanzar la edad límite sin contar con un nuevo nombramiento con acuerdo del Senado.

El máximo tribunal estableció entonces que, para continuar en funciones, los jueces deben contar con el nuevo acuerdo legislativo y el decreto presidencial correspondiente antes de alcanzar los 75 años.

Pese a esa resolución, el kirchnerismo impulsó posteriormente la aprobación del pliego de Figueroa en el Senado y el entonces presidente Alberto Fernández firmó un decreto para renovar su mandato. Finalmente, la jueza decidió jubilarse luego del cambio de gobierno.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 57 ordenó el resarcimiento por “daño moral” a favor de la senadora nacional Juliana di Tullio (Fuerza Patria) en el marco de una denuncia por publicaciones injuriosas realizadas en la red social X por el fundador y CEO del grupo inmobiliario Remax, Ariel Champanier.

Champanier había acusado a Di Tullio de “consumir estupefacientes” como respuesta a una publicación de la senadora, del 19 de mayo de 2024, que cuestionaba al presidente Javier Milei, en el marco del conflicto diplomático entre Argentina y el Reino de España.

La legisladora nacional invitó a retractarse al empresario, o de lo contrario iniciaría las acciones legales correspondientes ante el comentario. Finalmente, Champanier no se retractó, pero borró el comentario y Di Tullio reaccionó: “Borrar el tuit y no retractarse, es de cobarde”.

La sentencia estuvo a cargo del juez federal Hernán Pagés, quien, en el fallo consideró que la exposición pública “no autoriza a legitimar expresiones insultantes, descalificadoras de la persona y que no se asocian al debate de opiniones”. También definió que “la expresión utilizada por el demandado no puede ser razonablemente interpretada como una crítica política ni como una opinión vinculada con el debate público”.

Pablo Tosco, abogado de la senadora, señaló a ElDiarioAR que “este fallo pone un límite claro a la violencia digital y a los agravios”.

“La defensa argumentó que X es una plataforma que se usa para las chicanas. Pero no chicana no es decirte falopero, y sacar el tuit no es igual a una retractación”, diferenció el letrado.

Finalmente, advirtió que “el fallo es del 24, pero se difundió hoy (viernes), para esperar a que quede firme, ya que la defensa dejó correr los 5 días hábiles sin apelar”.

CC

Durante toda la semana la oposición intentó instalar una idea: que el Congreso podía convertirse en el ámbito donde comenzara a definirse el futuro político de Manuel Adorni. Este jueves, la Casa Rosada respondió con una demostración de fuerza. La sesión especial del Senado terminó sin quórum y el oficialismo consiguió, con ayuda de la oposición dialoguista, postergar una vez más la discusión sobre la interpelación y la eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete.

En Balcarce 50 no leyeron el resultado únicamente como una victoria parlamentaria. Lo interpretaron como un mensaje político. La continuidad de Adorni, repiten cerca del Presidente, no será resuelta por el Congreso sino por Javier y Karina Milei. “Los tiempos los manejamos nosotros”, sintetizó un importante funcionario del oficialismo en diálogo con elDiarioAR.

La maniobra comenzó a tomar forma minutos antes del inicio de la sesión. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, terminó de cerrar un entendimiento con la UCR y con los bloques provinciales para convocar el próximo martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzarán a discutirse los proyectos de interpelación presentados por el kirchnerismo y otros sectores de la oposición. La oferta resultó suficiente para desactivar la sesión de este jueves y trasladar la pelea a un terreno mucho más favorable para el oficialismo.

El movimiento no fue gratuito. A cambio de ganar tiempo para Adorni, el Gobierno resignó el tratamiento de uno de los proyectos que impulsaba para la sesión, el de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que había quedado completamente eclipsada por la crisis política del jefe de Gabinete.

La apuesta, sin embargo, era otra. El oficialismo necesitaba impedir que el Senado fijara desde ahora una fecha para la comparecencia de Adorni y evitar que la oposición pudiera avanzar, apenas una semana después, hacia una eventual moción de censura. La convocatoria a comisión abre un nuevo plazo y, al mismo tiempo, fortalece la posición reglamentaria que impulsa la Casa Rosada: sin dictamen previo, cualquier intento de tratar el tema sobre tablas requerirá una mayoría de dos tercios.

Ese criterio quedó respaldado por los bloques dialoguistas con los que Bullrich reconstruyó una mayoría durante las últimas horas. Radicales, senadores de fuerzas provinciales y representantes de gobernadores que habitualmente colaboran con el oficialismo terminaron acompañando la estrategia dilatoria diseñada por la Casa Rosada. El kirchnerismo, que sostiene que alcanza con la mayoría absoluta prevista en el artículo 101 de la Constitución, quedó nuevamente en minoría.

Detrás de esa ingeniería volvió a aparecer Karina Milei. Después de varios días de versiones cruzadas sobre el manejo político del caso Adorni, la secretaria general de la Presidencia terminó imponiendo la estrategia que ya había funcionado en Diputados: evitar cualquier definición de fondo, trasladar el conflicto a las comisiones y convertir el procedimiento parlamentario en una herramienta para administrar el tiempo.

El protagonismo de Karina no pasó inadvertido ni siquiera dentro del propio oficialismo. El miércoles por la noche, mientras la Cámara de Diputados debatía el denominado Súper RIGI, la secretaria general apareció en uno de los palcos del recinto. Cuando los legisladores libertarios advirtieron su presencia comenzaron a cantar “Adorni no se va”. Ella respondió con una sonrisa y celebró el gesto. La escena fue interpretada por varios dirigentes como una señal política hacia adentro del Gobierno, en momentos en que todavía circulaban versiones sobre el futuro del jefe de Gabinete.

La imagen contrastó con la incertidumbre de apenas cuarenta y ocho horas antes, cuando Patricia Bullrich había anunciado que Adorni no concurriría al Senado para presentar su informe de gestión y el propio funcionario salió a desautorizarla a través de X. En la Casa Rosada sostienen ahora que aquella confusión quedó superada y que el mensaje definitivo fue el que terminó imponiéndose este jueves. El blindaje de Adorni es una decisión política del núcleo de poder que integran Javier y Karina Milei.

Eso no significa que el Gobierno considere cerrado el episodio. En Balcarce 50 reconocen que la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito seguirá condicionando al jefe de Gabinete y que el desgaste político difícilmente desaparezca en el corto plazo. Pero hacen una distinción que consideran central. Una cosa es el deterioro de un funcionario; otra muy distinta es quién administra su corrimiento.

La sesión frustrada dejó, según esa lectura, una enseñanza. La oposición puede instalar el debate, reunir firmas o intentar construir mayorías. Pero el oficialismo cree haber recuperado algo que durante varios días pareció perder: el control del calendario político. Y allí reside, probablemente, el principal mensaje que quiso enviar este jueves: el momento de su eventual salida no será decidido por una votación en el Senado. Será, insisten en la Casa Rosada, una decisión que tomarán exclusivamente los hermanos Milei.

PL/CRM

El Senado no sesionará este jueves por falta de quórum. Se iba a tratar un pedido de interpelación para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dictamen de comisión y que el oficialismo, representando allí por su jefa de bloque, Patricia Bullrich, iba a buscar frenar. 

El próximo martes 1 de julio LLA abrirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para darle curso natural a los proyectos para interpelar a Adorni. Hay uno del bloque peronista y otro del PRO, que presentó ayer el jefe de la bancada, Martín Goerling. 

De esta manera, el oficialismo no logra asomar la cabeza en la Cámara alta con su agenda. Tenía los votos para avanzar en Propiedad Privada y, como hace semanas atrás, ése tema deberá esperar hasta que se despeje el camino del funcionario nacional en esa arena política. 

Con solo 25 presentes registrados, de los bloques de la oposición dialoguista, aliados de LLA, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dio por levantada “inmediatamente” la sesión al haberse cumplido el plazo de espera y no haber quórum.

Por su parte, los oficialistas que estaban dentro del recinto se mantuvieron de pie, a pedido de Bullrich, por lo que el peronismo decidió no acercarse a sabiendas de la imposibilidad de conseguir los números necesarios para arrancar la sesión.

Idas y vueltas

La escena duró apenas unos minutos, pero alcanzó para condensar buena parte de la desorientación que atraviesa el oficialismo. Patricia Bullrich había anunciado este martes que Manuel Adorni no concurriría al Senado el próximo 2 de julio para presentar su informe de gestión. Poco después, el propio jefe de Gabinete salió a desautorizar esa decisión a través de sus redes sociales y aseguró que estaba dispuesto a asistir. En el medio apareció, una vez más, la figura de Karina Milei, la dirigente más poderosa del Gobierno después del Presidente y, al mismo tiempo, la más difícil de descifrar en medio de la crisis política que rodea al funcionario.

El episodio marcó la antesala de una sesión que no fue, pero que el oficialismo observaba con máxima atención, en la que el kirchnerismo intentaba avanzar con un pedido de interpelación y una moción de censura contra Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito tras haber reconocido que mantuvo durante años una parte de sus ahorros fuera de sus declaraciones patrimoniales.

Tal como contaba Pedro Lacour en elDiarioAR, la controversia de horas atrás se desató cuando Bullrich, al salir de una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado, confirmó ante los medios la decisión tomada. La jefa del bloque oficialista explicó que se buscaba evitar una exposición política innecesaria y sostuvo que no tenía sentido que el jefe de Gabinete concurriera a una jornada que, según su mirada, terminaría convertida en un largo cuestionamiento público antes que en un intercambio institucional sobre la marcha del Gobierno.

La senadora también dejó trascender que la decisión había sido conversada y acordada con Karina Milei y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los funcionarios encargados de articular el vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso. Pero la estrategia duró poco.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional”, escribió Adorni en X. El tuit abrió más interrogantes de los que cerró. Si la suspensión había sido efectivamente acordada con Karina Milei, la reacción de Adorni equivalía a una desautorización pública de una decisión tomada en el núcleo político del Gobierno. Si, por el contrario, la secretaria general de la Presidencia nunca había avalado la medida, la situación dejaba expuesta una preocupante falta de coordinación entre algunos de los principales actores del oficialismo.

La secuencia volvió a poner en evidencia un dato que en la Casa Rosada ya nadie discute demasiado: el vínculo entre Bullrich y Adorni está roto. La presidenta del bloque libertario en el Senado fue una de las primeras dirigentes en cuestionar las explicaciones que el jefe de Gabinete dio sobre su situación patrimonial y, desde hace semanas, mantiene una posición distante respecto de su continuidad política. Sin embargo, durante las últimas horas, Bullrich logró consolidar un acuerdo con los bloques dialoguistas para modificar las condiciones necesarias para avanzar con una eventual interpelación.

El cambio no es menor. La semana pasada existía un entendimiento político para que el Senado definiera este jueves el futuro de Adorni. Ahora el oficialismo impulsó otra interpretación reglamentaria: al no existir dictamen de comisión, cualquier intento de habilitar una discusión sobre tablas requerirá una mayoría agravada de dos tercios de los presentes.

La oposición sostiene otra cosa. Interpreta que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece un procedimiento específico para los casos de moción de censura y remoción de un jefe de Gabinete y que, por lo tanto, alcanza con una mayoría absoluta de 37 senadores. El oficialismo, en cambio, entiende que primero deben respetarse las reglas generales del funcionamiento parlamentario, mientras pone a prueba su capacidad de reunir nuevamente a los bloques dialoguistas que en Diputados ya le permitieron evitar una sesión incómoda.

Más allá de la discusión jurídica, la estrategia es transparente. El Gobierno busca ganar tiempo, algo que este jueves consiguió cuando el kirchnerismo no consiguió su objetivo y el expediente pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para intentar obtener dictamen y recién entonces regresar al recinto. Ese recorrido le garantiza semanas adicionales de oxígeno a un funcionario cuya situación política continúa deteriorándose.

La escena duró apenas unos minutos, pero alcanzó para condensar buena parte de la desorientación que atraviesa hoy el oficialismo. Patricia Bullrich anunció este martes que Manuel Adorni no concurriría al Senado el próximo 2 de julio para presentar su informe de gestión. Poco después, el propio jefe de Gabinete salió a desautorizar esa decisión a través de sus redes sociales y aseguró que estaba dispuesto a asistir. En el medio apareció, una vez más, la figura de Karina Milei, la dirigente más poderosa del Gobierno después del Presidente y, al mismo tiempo, la más difícil de descifrar en medio de la crisis política que rodea al funcionario.

El episodio ocurrió en la antesala de una sesión que el oficialismo observa con máxima atención. Este jueves, el kirchnerismo intentará avanzar con un pedido de interpelación y una moción de censura contra Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito tras haber reconocido que mantuvo durante años una parte de sus ahorros fuera de sus declaraciones patrimoniales.

La controversia se desató cuando Bullrich, al salir de una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado, confirmó ante los medios la decisión tomada. La jefa del bloque oficialista explicó que se buscaba evitar una exposición política innecesaria y sostuvo que no tenía sentido que el jefe de Gabinete concurriera a una jornada que, según su mirada, terminaría convertida en un largo cuestionamiento público antes que en un intercambio institucional sobre la marcha del Gobierno.

La senadora también dejó trascender que la decisión había sido conversada y acordada con Karina Milei y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los funcionarios encargados de articular el vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso. Pero la estrategia duró poco.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional”, escribió Adorni en X. El tuit abrió más interrogantes de los que cerró. Si la suspensión había sido efectivamente acordada con Karina Milei, la reacción de Adorni equivalía a una desautorización pública de una decisión tomada en el núcleo político del Gobierno. Si, por el contrario, la secretaria general de la Presidencia nunca había avalado la medida, la situación dejaba expuesta una preocupante falta de coordinación entre algunos de los principales actores del oficialismo.

La secuencia volvió a poner en evidencia un dato que en la Casa Rosada ya nadie discute demasiado: el vínculo entre Bullrich y Adorni está roto. La presidenta del bloque libertario en el Senado fue una de las primeras dirigentes en cuestionar las explicaciones que el jefe de Gabinete dio sobre su situación patrimonial y, desde hace semanas, mantiene una posición distante respecto de su continuidad política. Sin embargo, durante las últimas horas, Bullrich logró consolidar un acuerdo con los bloques dialoguistas para modificar las condiciones necesarias para avanzar con una eventual interpelación.

El cambio no es menor. La semana pasada existía un entendimiento político para que el Senado definiera este jueves el futuro de Adorni. Ahora el oficialismo impulsó otra interpretación reglamentaria: al no existir dictamen de comisión, cualquier intento de habilitar una discusión sobre tablas requerirá una mayoría agravada de dos tercios de los presentes.

La oposición sostiene otra cosa. Interpreta que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece un procedimiento específico para los casos de moción de censura y remoción de un jefe de Gabinete y que, por lo tanto, alcanza con una mayoría absoluta de 37 senadores. El oficialismo, en cambio, entiende que primero deben respetarse las reglas generales del funcionamiento parlamentario, mientras pone a prueba su capacidad de reunir nuevamente a los bloques dialoguistas que en Diputados ya le permitieron evitar una sesión incómoda.

Más allá de la discusión jurídica, la estrategia es transparente. El Gobierno busca ganar tiempo. Si el kirchnerismo no consigue su objetivo, el expediente deberá pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, obtener dictamen y recién entonces regresar al recinto. Ese recorrido le garantiza semanas adicionales de oxígeno a un funcionario cuya situación política continúa deteriorándose.

Desconcierto

La principal incógnita probablemente siga estando puertas adentro de la Casa Rosada. El enfrentamiento entre Bullrich y Adorni dejó de ser una novedad hace tiempo, pero lo que todavía nadie termina de comprender es cuál es la estrategia de Karina Milei. Si la secretaria general de la Presidencia avaló el movimiento de Bullrich, el mensaje de Adorni adquiere una dimensión inédita. Y si no lo hizo, el episodio deja al descubierto un nivel de improvisación que el Gobierno ya no consigue ocultar.

En las últimas horas comenzó a circular otra reconstrucción de los hechos dentro del oficialismo. Según esa versión, el tuit de Adorni no habría sido un gesto de autonomía ni una reacción improvisada, sino exactamente lo contrario: una intervención avalada por la hermana del Presidente para corregir un movimiento que Bullrich había realizado por cuenta propia.

La hipótesis encuentra sustento en lo que ocurrió durante las últimas 48 horas. La secretaria general de la Presidencia fue quien terminó ordenando la estrategia parlamentaria para blindar a Adorni. Primero en Diputados, donde su presidente, Martín Menem, logró frustrar una sesión destinada a emplazar las comisiones que debían tratar los proyectos de interpelación, y luego en el Senado, donde el oficialismo consiguió modificar las reglas de juego.

La nueva instrucción fue otra: replicar en la Cámara alta el mismo esquema que había funcionado en Diputados. Si la oposición quería avanzar contra Adorni sin dictamen, tendría que reunir dos tercios de los presentes, una cifra que el oficialismo considera prácticamente imposible de alcanzar. El movimiento volvió a exhibir otra dinámica consolidada: Karina Milei interviene poco, pero cuando lo hace sus decisiones rara vez son revisadas. El problema es que en esta oportunidad la señal llegó envuelta en una dosis adicional de confusión.

Este jueves, cuando el Senado abra sus puertas, la disputa encontrará una primera traducción numérica. El kirchnerismo necesitará reunir 48 votos para imponer su interpretación y avanzar con la interpelación sobre tablas, una meta que hoy aparece lejana. Pero la sesión también servirá para medir otra cosa: el alcance real del operativo blindaje que Karina Milei puso en marcha alrededor de Adorni.

A esta altura, la discusión ya no gira solamente alrededor del futuro del jefe de Gabinete. Lo que empezó a ponerse en juego es el método con el que se toman las decisiones dentro del Gobierno. Y las últimas horas dejaron una imagen difícil de ignorar: mientras Bullrich y Adorni exhiben una ruptura cada vez más explícita, es Karina Milei quien parece haberse reservado la última palabra. El problema es que nadie termina de saber cuándo está hablando ella, cuándo hablan en su nombre y cuándo unos y otros simplemente intentan interpretar sus silencios.

PL/CRM

En la semana más delicada desde que quedó envuelto en la controversia por su patrimonio no declarado, Manuel Adorni intentará exhibir una imagen de respaldo político dentro del oficialismo. A partir de las 11, el jefe de Gabinete recibe en la Casa Rosada a los 21 senadores de La Libertad Avanza en una serie de encuentros escalonados que, oficialmente, tendrán como objetivo discutir la dinámica parlamentaria del segundo semestre. Extraoficialmente, la intención es bastante más urgente: reforzar la defensa interna ante la sesión del jueves, en la que la oposición buscará aprobar una interpelación en su contra y dejar encaminada una eventual moción de censura.

La convocatoria se desarrollará en tres tandas, a las 11, 13.30 y 16, en el despacho que Adorni ocupa en la planta baja de la Casa Rosada. La organización estuvo a cargo del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los principales articuladores entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

La foto, sin embargo, nacerá incompleta. Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado y una de las voces más críticas hacia Adorni dentro del propio Gobierno, ya anticipó que no participará de la reunión. Cerca de la senadora argumentaron que deberá abocarse a la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 18, donde se definirá la estrategia oficialista frente al intento opositor de avanzar con la interpelación.

La ausencia tiene un peso político particular. No se trata del primer gesto de distanciamiento de Bullrich hacia Adorni. A comienzos de mayo, durante una reunión de gabinete, la exministra de Seguridad había sugerido que el entonces vocero presidencial se apartara temporalmente de la gestión. La semana pasada volvió a cuestionarlo públicamente tras sus explicaciones sobre los 500.000 dólares que reconoció haber mantenido sin declarar y calificó el episodio como “más que un error” y como una “omisión ética”.

En los últimos días, sin embargo, Bullrich moderó su discurso. “El Presidente cree que Adorni dio una explicación razonable”, sostuvo, en un intento por bajar la tensión pública. La contradicción no deja de ser llamativa: la dirigente que más cuestionó la situación patrimonial del jefe de Gabinete es, al mismo tiempo, quien hoy encabeza la ingeniería parlamentaria para intentar evitar que la oposición consiga los votos necesarios para obligarlo a dar explicaciones en el recinto.

La discusión gira alrededor de una cuestión reglamentaria que el oficialismo pretende convertir en una barrera política. Mientras la oposición sostiene que alcanza una mayoría simple para habilitar el tratamiento de una iniciativa sin dictamen de comisión, la Casa Rosada insiste en que son necesarios los dos tercios de los presentes. La reunión de Labor Parlamentaria de este martes buscará justamente reabrir esa discusión.

Poroteo

El poroteo que hacen en Balcarce 50 alimenta cierto optimismo. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y apuesta a sumar a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical Silvana Schneider. Con apenas un aliado adicional, el oficialismo llegaría a 25 votos, un número que consideran suficiente para bloquear el avance opositor.

Este martes, el Gobierno ya consiguió una primera victoria política en Diputados, donde la oposición no logró reunir el quórum necesario para abrir una sesión especial destinada a debatir una eventual interpelación y una moción de censura contra Adorni. La ausencia del PRO, la UCR y los bloques provinciales que habitualmente acompañan al oficialismo terminó por frustrar la ofensiva y confirmó el acuerdo político que Martín Menem venía tejiendo desde hacía horas.

A cambio de no bajar al recinto, el oficialismo se comprometió a habilitar desde la próxima semana la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir allí el procedimiento y los alcances de una eventual interpelación. La maniobra les permitió a todos ganar algo: los libertarios obtuvieron tiempo para intentar descomprimir la crisis y preservar su agenda legislativa, mientras que los aliados evitaron quedar alineados con una avanzada impulsada por el kirchnerismo y asumir el costo político de precipitar la caída del jefe de Gabinete.

La jugada de Menem tuvo, además, un objetivo adicional: despejar el camino para la sesión de este miércoles, donde el oficialismo intentará aprobar dos proyectos que considera prioritarios, el denominado súper RIGI y el acuerdo para saldar con 171 millones de dólares los últimos litigios pendientes con los fondos Bainbridge y Attestor derivados del default de 2001.

La maniobra funciona como un mensaje hacia el Senado, donde la discusión pasó a centrarse también en la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la eventual remoción de un jefe de Gabinete.

En la Casa Rosada insisten en presentar la convocatoria a los senadores libertarios como un simple encuentro de coordinación legislativa. Sin embargo, el contexto le otorga otro significado. Adorni acaba de desprenderse de la vocería presidencial y atraviesa el momento de mayor fragilidad política desde que desembarcó en la Jefatura de Gabinete. Lo que ocurra esta semana en el Congreso servirá para medir algo más profundo que una correlación de fuerzas parlamentarias: hasta dónde llega la voluntad del oficialismo de seguir blindándolo.

PL/MG

“Humo blanco, humo blanco”, anunció, irónico, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, apenas salió del despacho del bloque radical donde Patricia Bullrich llevaba reunida casi dos horas negociando con los aliados para suspender la sesión del jueves, en la que se iba a tratar la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR querían dar el tema por terminado: Adorni se tenía que ir y no tenía sentido dilatar el tema. Pero la senadora libertaria logró convencerlos de darle una semana de sobrevida.

El acuerdo fue patear la sesión para el 25 de junio y debatir ahí todos los proyectos en carpeta. El desafío no era solo dilatar el tratamiento de la moción de censura contra el jefe de Gabinete, que Bullrich sospecha que tiene ya los votos garantizados, sino también ganar tiempo para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Una iniciativa impulsada por Federico Sturzennegger cuyo capítulo más polémico, la modificación de la Ley de Tierras, no tiene los votos garantizados para ser aprobado en el recinto. 

El acuerdo sellado en la reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque opositores, que se llevó a cabo en el despacho de Victoria Villarruel, fue sesionar el 25 y, si el proyecto conseguía los 37 votos necesarios, el 2 de julio se avanzaría con la interpelación y, luego, la moción de censura. Es decir, la propuesta de expulsión de Adorni. “Como coincide con el hecho de que el jefe de Gabinete viene el 2 a dar el informe de gestión se planteó hacerlo el mismo día”, explicó Bullrich, a la salida del encuentro. 

La senadora libertaria selló, a su vez, una discusión técnica que el oficialismo venía planteando desde los pasillos de la Cámara de Diputados. Martín Menem está exigiendo a la oposición que, en la Cámara baja, primero avancen con un dictamen antes de avanzar con el pedido de remoción. Bullrich, en cambio, acordó con la versión del jefe del interbloque peronista, José Mayans, de que con una mayoría absoluta de 37 votos se puede aprobar la moción de censura. “Es un artículo operativo”, precisó, aludiendo al artículo 101 de la Constitución Nacional. 

Fue por este motivo que, pese a los deseos del peronismo de sesionar el jueves, Bullrich no tuvo mucha resistencia para dilatar una semana la sesión: tanto el oficialismo como la oposición saben que Adorni tiene los días contados. Al menos en el poroteo del Senado, en donde el peronismo calcula que cuenta con unos 42 votos para aprobar la remoción de Adorni. La Cámara de Diputados, que deberá tratar luego el pedido de remoción, es otta historia. 

“Tiene el boleto picado”, aseguró el jefe de bloque PRO, Martín Goerling, antes de abandonar el Senado. 

Negociar para ganar tiempo

Bullrich llegó al despacho de Villarruel, pasadas las 6 de la tarde, con el tema casi cocinado. Hace 48 horas que venía negociando con los aliados del “Grupo de los 44” –la mayoría de paraoficialistas que la ex ministra construyó en el verano, compuesta por macristas, radicales y fuerzas provinciales, para aprobar las leyes del Ejecutivo– con el objetivo de suspender la sesión convocada para el jueves, en la cual el peronismo quería avanzar con la moción de censura contra el jefe de Gabinete. 

La previa no había sido fácil. Temprano a la mañana, Martín Goerling y el vocero de Mauricio Macri en Diputados, Fernando de Andreis, habían salido, en simultáneo, a pedir la cabeza de Adorni. “Si llega a esa instancia (la sesión) el PRO va a acompañar el pedido de remoción. Si el presidente quiere evitar eso lo tiene que correr”, amenazó Goerling en el streaming de Infobae, en línea con lo que ya le había advertido a Bullrich y a los voceros del Gobierno más temprano.

El radicalismo había hecho lo mismo. Puertas adentro, el jefe de bloque, Eduardo Vischi, había transmitido que esta vez se acompañaría la moción de censura impulsada por el peronismo. “Hay unanimidad de que no debe seguir en el Gobierno”, aseguró el senador Maximiliano Abad, horas antes de que se llevara a cabo la reunión de labor parlamentaria que definiría el futuro de Adorni. 

La rebelión de los dos principales aliados del Gobierno, el PRO y la UCR, iba en la misma línea que la de Bullrich, que fue la primera en salir a diferenciarse: contener el voto propio “republicano”. Es decir, aprovechar el escándalo de Adorni para diferenciarse del Gobierno y reperfilarse como una fuerza autónoma a LLA. La senadora libertaria, sin embargo, no tiene espacio para votar en contra del jefe de Gabinete como sus ex compañeros del PRO: si quiere ser candidata de LLA en 2027, Bullrich no puede arriesgarse a enemistarse abiertamente con los Milei, como Villarruel. Prefiere serles útil y diferenciarse en ocasiones especiales. 

Por este motivo es que, pese a la animadversión que siente por el jefe de Gabinete, se encargó de negociar con los aliados para suspender la sesión del jueves. Bullrich sabía que, si el jefe del interbloque peronista, José Mayans, conseguía abrir el recinto, la moción de censura sería un trámite. Este mecanismo, que fue incluido en la reforma constitucional del 93’, nunca se había aplicado en la historia, pero Adorni llevaba todas las de perder. 

Bullrich se reunió con los jefes de bloque aliados antes de la reunión de labor parlamentaria. Durante más de dos horas, la senadora negoció con Goerling, Eduardo Vischi (UCR), “Camau” Espínola (Corrientes), Fernanda Ávila (Salta), Natalia Gadano (Santa Cruz) y Carolina Moises (Jujuy) para llegar a un acuerdo. para el 2 de julio, pero sí una semana. Era suficiente.

“El Gobierno tiene una semana para resolver esta situación”, advirtieron en las filas bullrichistas.

MCM/MG

La Iglesia envió este martes una carta abierta a los legisladores para advertir sobre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsan Javier Milei y Federico Sturzenegger. El documento, titulado “La tierra: madre, hermana y bien común”, señala que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

La carta llega en el marco del debate parlamentario por el proyecto promovido por el ministro de Desregulación, que modifica varias leyes clave: el régimen de expropiaciones, la ley de tierras rurales, la ley de manejo del fuego y el régimen de integración socio-urbana de barrios populares. El Senado había comenzado a debatirlo en comisiones y postergó su tratamiento en plenario.

El texto firmado por Cáritas Nacional, el Área de Ecología Integral de la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen llega justo cuando el Gobierno tiene trabada la votación en el Senado por el ruido que generaron los pliegos judiciales y el escándalo de Manuel Adorni.

Qué dice la Iglesia

Las organizaciones eclesiales fundamentan su preocupación en dos puntos concretos del proyecto. El primero es la eliminación de las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros —personas físicas o empresas—, “y en particular, la posibilidad ilimitada de acceder a aquellas ligadas a reservas de agua y otros bienes naturales”. Hoy, la ley de tierras rurales fija que los inversores privados extranjeros no pueden poseer más del 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal. El proyecto de Sturzenegger deroga ese límite y solo mantiene restricciones para los Estados extranjeros, con una excepción que el propio Ejecutivo puede levantar si considera que la operación no afecta la seguridad nacional.

El segundo punto que la carta califica de “alarmante” es la modificación de la ley de manejo del fuego. La norma vigente prohíbe durante 60 años el cambio de uso del suelo, la subdivisión, la venta y la actividad agropecuaria distinta en terrenos quemados, tanto en bosques nativos como en pastizales, humedales y zonas agropecuarias. El proyecto reduce esa protección solo a los bosques nativos y elimina el plazo de 30 años de restricciones para el resto de los ecosistemas.

Las organizaciones eclesiásticas también señalan que la iniciativa “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

Las citas papales

La carta recurre a la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León para sostener su posición: “El principio del destino universal de los bienes nos recuerda sobre todo que los bienes de la tierra —el suelo, el agua, el aire y los recursos naturales— han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos, hoy y en las futuras generaciones”. Y cita también a Juan Pablo II: “No es conforme con el designio de Dios, usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos”.

Frente a los argumentos de crecimiento económico del Gobierno, la carta opone la definición del Papa León sobre el desarrollo: “El desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no la acumulación de bienes. No es humano un desarrollo que aumenta el consumo de algunos a expensas de costos y heridas en otros, o que relega regiones enteras a roles subordinados impidiéndoles expresar sus propias potencialidades”.

Qué más cambia la ley

Más allá de las tierras y el ambiente, el proyecto tiene otros ejes que generaron rechazo de organizaciones sociales y de inquilinos. En materia de vivienda, acelera drásticamente los procesos de desalojo: convierte el trámite al proceso sumarísimo —el más breve del Código Procesal— y reduce a tres días el plazo de intimación por falta de pago antes de iniciar una demanda, el plazo más corto de la región según relevamientos de Inquilinos Agrupados.

También modifica la ley de integración socio-urbana que protege a los barrios populares: elimina la suspensión de desalojos por diez años y el mecanismo de expropiación estatal para regularizar la situación dominial de quienes viven en esos barrios. La organización TECHO advirtió que la reforma afectaría a más de cinco millones de personas, de las cuales el 35% son niños y niñas.

La carta de las organizaciones eclesiales pide a los legisladores que “guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”.

Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, confirmó este jueves que concurrirá en julio a brindar su informe en el Senado. Sin embargo, tanto el PRO como la vicepresidenta Victoria Villarruel pidieron que lo haga este mes, dado que no asistió nunca desde que asumió en noviembre.

En su cuenta de X, Adorni anunció: “Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno”.

La presencia de Adorni fue reclamada por el interbloque peronista, que conduce José Mayans, y por el PRO, que preside el macrista Martín Goerlingo Lara.

Justamente el PRO, liderado por Mauricio Macri, había expresado más temprano en un comunicado que “lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible”.

En medio del escándalo que causaron tanto su inscripición al llamado régimen de inocencia fiscal como las justificaciones que dio el miércoles por la noche en una entrevista con La Nación +, Adorni concurrirá al Senado luego de haber presentado su declaración jurada donde reconoce haber ahorrado en negro unos US$500.000.

Qué pidió Villarruel

Villarruel pidió que “se presente este mes de junio a dar su informe ante la Cámara de Senadores, tal como lo dispone el art. 101 de la Constitución Nacional”, en una nuevo capítulo del enfrentamiento que mantiene con el Gobierno nacional.

“Asimismo estoy convocando a Labor Parlamentaria el próximo miércoles para discutir este y otros temas”, dijo Villarruel, en relación a la reunión donde se discutirá el temario que se tratará en la sesión del próximo jueves para debatir pliegos judiciales y propiedad privada.

“El Jefe de Gabinete de Ministros debe ponerse a disposición de las Cámaras del Congreso para informar sobre la marcha del gobierno. Esta obligación es al menos 1 vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 25”, añadió Villarroel.

El presidente del PRO, Martin Goerling Lara, reclamó la presencia de del jefe de Gabinete en el Senado para este mes y se quejó que desde “hace casi un año que el Senado no recibe al Jefe de Gabinete. El último informe fue el 26 de junio de 2025”.

“Desde que asumió, @madorni nunca vino a rendir cuentas, como lo exige el artículo 101 de la Constitución. Presenté una nota para que se lo convoque este mes. Los gados a rendir cuentas ante el Congreso y ante la sociedad”, dijo en una publicación en la red social X.

Pedido de sesión especial

El interbloque de diputados opositores formalizó un pedido de sesión especial para el próximo martes 23 de junio a las 14, con el objetivo de tratar seis proyectos de resolución que apuntan de lleno contra Manuel Adorni. Las iniciativas presentadas abarcan desde solicitudes de informes detallados hasta el pedido de una moción de censura.

El temario de la sesión solicitada se compone de tres ejes principales:

La moción de censura —prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional— está tipificada como una herramienta legislativa para remover de su cargo al Jefe de Gabinete de Ministros mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras.

La solicitud de sesión especial logró amalgamar a sectores muy diversos de la Cámara Baja. El documento cuenta con las firmas de 31 legisladores pertenecientes a Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y agrupaciones monobloques, según consignó el sitio El Parlamentario.

Entre los firmantes destacados se encuentran, entre otros, Cecilia Moreau, Esteban Paulón, Myriam Bregman, Martín Lousteau, Natalia de la Sota, Jorge Fernández, Marcela Pagano, Paula Penacca, Néstor Pitrola y Nicolás del Caño.

Con información de NA

La Libertad Avanza dio un paso importante en negociaciones con los bloques dialoguistas para sesionar en el Senado el próximo jueves 18 y debatir el proyecto de propiedad privada, que tendrá nuevos cambios sobre la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.

LLA y los bloques dialoguistas mantuvieron este martes una reunión para consensuar los cambios sobre la venta de tierras, donde existen las mayores diferencias entre el oficialismo y las bancadas opositoras que vienen acompañando los proyectos del Gobierno.

Participaron del encuentro, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich; los presidentes de los bloques de la UCR, Eduardo Vischi; del PRO, Martin Goerling Lara; de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espínola; de Despierta Chubut, Edith Terenzi; de Independencia Beatriz Ávila; de Primeros los Salteños, Flavia Royon; y del Frente de la Concordia, Carlos Arce.

Una de las alternativas que estudian es que en algunos casos donde un Estado o una empresa asociada a un gobierno quiera comprar tierras cercanos a la frontera tenga que tener el respaldo del Congreso Nacional.

De todos modos, en estos nueve días deben escribir los cambios del proyecto para que puedan ir a la sesión con todos los acuerdos cerrados.

En el resto de los casos, será el gobernador de una provincia quien deberá resolver si se aprueba o no la venta de tierras, pero para ello también deberá cada legislatura aprobar su propia ley de tierras.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

En la sesión del 18 de junio también podrán sumar los siete pliegos judiciales que hoy obtuvieron dictamen, entre los que figura el camarista Víctor Pesino, quien tuvo fuertes objeciones del peronismo por haber fallado a favor de la aplicación de la reforma laboral.

También se evalúa que se vote un proyecto que este martes obtuvo despacho que impone hasta cárcel de 15 años por graves delitos ambientales y convenios internacionales.

Además, consensuaron comenzar la próxima semana con reuniones informativas sobre la ley de Etiquetado Frontal y la ley de reforma de sociedades, la cual busca desregular de la conformación de las mismas, reduce la participación estatal y permite que se puedan armar con inteligencia artificial.

Los antecedentes de extranjeros dueños de tierras argentinas

En 1996, el multimillonario inglés Joe Lewis compró 13 mil hectáreas que rodeaban Lago Escondido, en Río Negro, ubicado al pie de la Cordillera y a solo 6 km de Chile. Lo hizo a través de una empresa nacional con accionistas argentinos, ya que la ley 15.385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 km de distancia de la frontera. Cercó las tierras, construyó una mansión y un aeropuerto privado y, durante casi 20 años, batalló judicialmente para evitar que le abrieran un acceso público al lago. El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, tres años atrás, le dio la razón: el camino Tacuifi debía cerrarse y quienes quisieran acceder al lago tendrían que hacerlo por la montaña. 

El caso de Lago Escondido es uno de los más famosos ejemplos de extranjerización de las tierras en la Patagonia, pero no el único. A nivel nacional, según un informe del Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas: el equivalente a la extensión del país de origen de Lewis, Inglaterra.

El proceso de extranjerización comenzó en los 2000 con el boom internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros. Fue en ese contexto que, en 2011, el Congreso sancionó la ley 26.737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras. Un límite que el Gobierno quiere eliminar y que, la semana que viene, buscará derogar en el Senado con el apoyo de los gobernadores. 

La Ley de Tierras Rurales de Sturzenegger

El proyecto lleva el nombre grandilocuente de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y, como muchas de las iniciativas desreguladoras de la gestión libertaria, es impulsado por Federico Sturzenegger. Incluye varias modificaciones a la legislación vigente –como la flexibilización de las restricciones sobre el uso de terrenos incendiados, en la Ley de Manejo del Fuego, o trámites sumarísimos para desalojos, en el Código Civil–, pero uno de los puntos clave los introduce en la ley de Tierras Rurales. 

“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”, aseguró Sturzenegger, durante una jornada organizada por las Confederaciones Rurales Argentinas, en donde prometió que, de eliminarse los límites a la propiedad extranjera, ingresarían capitales por más de US$ 15.000 millones. El argumento del ministro de Desregulación era que, si se eliminaban todas las restricciones a la propiedad extranjera se desbloquearían inversiones en todas las zonas productivas del país. 

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar contra la Ley de Tierras Rurales. Apenas asumió la presidencia, Javier Milei publicó el DNU 70/2023 que incluyó, entre decenas de derogaciones, la eliminación de la ley 26.737. La Justicia, sin embargo, aceptó una medida cautelar presentada por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata que advertía que eliminar la ley “libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de aquellas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”. 

El problema no era sólo la eliminación del tope del 15% para personas o empresas extranjeras, sino que barría con todas las restricciones existentes, incluso para los estados nacionales extranjeros. La ley de Tierras Rurales prohíbe también la adquisición de tierras ubicadas en zonas estratégicas, como las que contienen cuerpos de agua permanentes o están ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Y mantiene un control sobre la extranjerización de la tierra, ya que crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, que debe dar cuenta de la titularidad de todas las tierras provinciales. Milei buscaba eliminar todo. 

Suspendido el DNU por la Justicia, el Gobierno decidió avanzar con una ley que, según advierten diversas organizaciones ambientales, científicas y de las comunidades originarias, podría poner en peligro la soberanía nacional y el acceso de las poblaciones locales a sus propios territorios. 

“Ya hay una presión muy fuerte por parte de empresas extranjeras por quedarse con espacios valiosos de nuestro territorio. Si la ley de Tierras Rurales se modifica, el valor de la tierra se dispararía y haría muy difícil el acceso para productores que hacen circular el desarrollo local. Porque lo que hacen estas economías cuando llegan en forma de enclave extractivo es impedir que la población local haga uso de esos espacios”, explica Julieta Caggiano, socióloga, becaria del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, a elDiarioAR. 

El rol de los gobernadores

Al Gobierno no le fue fácil conseguir los votos para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Luego de la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los senadores del radicalismo y de las fuerzas provinciales aliadas endurecieron su postura y comenzaron a exigir cambios. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar varias modificaciones, llegando incluso a eliminar algunos artículos de la ley (como el que desmantelaba el régimen de integración socio urbana de barrios populares).

Luego de un mes de negociaciones, Bullrich llegó a un acuerdo con los senadores que terminó siendo clave para destrabar las resistencias: como con la Ley de Glaciares, serán los gobernadores quienes tendrán la última palabra para habilitar la compra de la tierra por parte de empresas extranjeras. Fue solo cuestión de agregar, a último momento, un artículo al dictamen de mayoría: “Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional”. 

“Si quiere la provincia poner límite o no poner límite a la venta de tierras lo decide la provincia. Federalismo puro y duro”, explicó Bullrich, durante el debate en comisiones, dando un giro argumental de 180 grados. Ya no era una defensa a la llegada de capitales extranjeros, era una defensa al federalismo. Y, como sucedió con la modificación de la Ley de Glaciares, que dejó en manos de las provincias la decisión de explotar productivamente una zona glaciar, el Gobierno consiguió las firmas que le faltaban. 

La sesión para aprobar el proyecto de ley será el próximo jueves y en el peronismo advierten que, gracias al apoyo de los gobernadores, Bullrich podrá conseguir su media sanción. “Quieren habilitar la compra de tierras estratégicas a empresas como Palantir. Para ellos el mundo no tiene alambrados, es todo de ellos. Y con esta ley es lo que van a conseguir”, señaló una de las autoridades del bloque peronista.

Con información de agencias

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, presidida por María Carolina Moises (Convicción Federal), realizó este martes una reunión informativa en el Salón Illia para receptar un proyecto de ley de un nuevo Estatuto del Periodista. El encuentro contó con la participación de legisladores, profesionales de prensa y entidades gremiales de la comunicación.“Este es el primer paso para lograr que el periodismo recupere su estatuto; es un deber de la política y del Poder Legislativo. El proyecto presentado hoy no se limita a restaurar lo que ya existía, sino que busca legislar sobre nuevos derechos, considerando los cambios tecnológicos y sociales”, afirmó la senadora Moises al abrir el encuentro.

La propuesta, presentada este martes por gremios y asociaciones sindicales de prensa, busca actualizar la normativa histórica que regula la actividad periodística. Para ello, preserva principios centrales como la libertad de expresión y la protección específica de los trabajadores de prensa. Asimismo, regula los nuevos derechos vinculados al uso de plataformas y al teletrabajo, define el rol de la inteligencia artificial en las tareas de prensa, reconoce derechos de cuidado y de secreto profesional, y protege la labor en las coberturas periodísticas. La iniciativa surge como respuesta a la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, la cual establece la derogación del estatuto vigente a partir del 1 de enero de 2027.

La jornada contó con las exposiciones de Carla Gaudensi, secretaria general de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y secretaria adjunta segunda del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA); María Ana Mandakovick, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación (CISPREN) de Córdoba; Diego Miner, secretario general de la Asociación de Periodistas de Corrientes; Pablo Jiménez, secretario general de la Asociación de Prensa de Santa Fe y los periodistas Mariano Obarrio y Gabriela Pepe.

Al inicio de los testimonios, Gabriela Pepe justificó la importancia de avanzar hacia un nuevo marco legal y reflexionó sobre la actualidad de la profesión: “La relación del periodismo con el poder de turno siempre es de tensión y hoy atravesamos un momento muy complejo. Nuestro trabajo cuenta con una protección especial y la libertad de expresión está amparada por la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Esto tiene como contracara el derecho a la información de la sociedad; por eso es fundamental garantizar la diversidad de voces y de líneas editoriales”.

A su turno, Mariano Obarrio coincidió con la senadora Moises y sostuvo que es necesaria la regulación de la inteligencia artificial, argumentando que “está plagiando y usurpando contenidos de los medios periodísticos, lo que afecta tanto a las empresas del sector como a los propios periodistas”. Asimismo, consideró preocupante el actual tráfico de información y, tras el cierre de la agencia oficial de noticias Télam, señaló que el Gobierno Nacional busca centralizar el manejo informativo, motivo por el cual disolvió el organismo con el agravante del despido de sus trabajadores.

Por su parte, María Ana Mandakovick advirtió que la crisis internacional de la prensa se debe a la concentración de medios, al impacto del capital financiero sobre las empresas locales y a la dependencia extrema de las plataformas digitales. Sostuvo que la sobreabundancia de información y la precarización laboral caracterizada por bajos salarios y polifuncionalidad, configuran un escenario desolador que urge resolver mediante este nuevo marco regulatorio.

La representante sindical Carla Gaudensi destacó el espíritu de la iniciativa: “Este estatuto contiene los aspectos protectores más importantes que tenía nuestra norma, en el sentido de que los periodistas no podamos ser presionados por ejercer nuestra labor. Esa es la protección federal y la base que nos da el estatuto, a la vez que incorpora aspectos de modernización”. Concluyó enfatizando la urgencia del debate: “Necesitamos que el 1 de enero esta norma esté vigente, porque es una protección indispensable para seguir informando a la sociedad”.

Por último, los senadores presentes formularon preguntas y expusieron sus posturas frente a la propuesta del nuevo estatuto. “El proyecto quedará en circulación para que los senadores puedan verlo, analizarlo y firmarlo estableciendo un plazo hasta el próximo viernes para, luego, poder ingresarlo formalmente y realizar el giro correspondiente a las comisiones”, concluyó Moises.

La aprobación de 74 pliegos judiciales permitió al Gobierno exhibir este jueves un avance concreto en la cobertura de vacantes que llevaban años sin resolverse. Sin embargo, la jornada dejó también una situación incómoda para la Casa Rosada: entre los expedientes aprobados figura el de Verónica Michelli, cuya candidatura había sido objetada por el oficialismo en las últimas semanas, debido a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon, y cuyo futuro depende ahora exclusivamente de una decisión de Javier Milei.

La primera reacción presidencial fue, llamativamente, de celebración. Apenas terminada la sesión, Milei replicó un mensaje del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y definió la aprobación de los acuerdos como “el inicio de la reconstrucción de la Justicia”. El mensaje incluía a los 74 pliegos votados por el Senado. También al de Michelli.

La secuencia no deja de resultar paradójica. Durante las últimas semanas, la Casa Rosada intentó retirar el pliego de la candidata al Tribunal Oral Federal Criminal N°3 de La Plata y, cuando comprobó que ya no tenía margen reglamentario para hacerlo, buscó postergar su tratamiento. Ninguna de las maniobras prosperó. Finalmente, el Senado terminó aprobando su nombramiento junto al resto de los expedientes impulsados por el Poder Ejecutivo.

Ahora la decisión vuelve a quedar en manos del Presidente. Para que Michelli asuma efectivamente el cargo, Milei deberá firmar el decreto correspondiente junto a Mahiques, último paso previsto por la Constitución para completar el procedimiento de designación de jueces. En el Gobierno evitan anticipar qué hará el mandatario. Hasta horas antes de la sesión circulaban distintas interpretaciones jurídicas sobre la posibilidad de que el Ejecutivo no avanzara con esa firma y dejara el expediente en una suerte de limbo administrativo. La alternativa genera reparos entre constitucionalistas, que comparan esa eventual decisión con la negativa presidencial a promulgar una ley ya sancionada por el Congreso.

El episodio volvió a exponer además algunas diferencias internas dentro del oficialismo. La Libertad Avanza fue el único bloque que votó en contra de un pliego enviado originalmente por el propio Poder Ejecutivo. Hubo, sin embargo, dos excepciones. Francisco Paoltroni acompañó la designación y Patricia Bullrich, la titular del bloque, optó por abstenerse.

La ministra ya había anticipado públicamente su posición durante el debate. Sin cuestionar de manera frontal la postura de la Casa Rosada, sostuvo que no estaba dispuesta a acompañar una eventual sanción contra una candidata por una relación familiar. “Tengo una objeción de conciencia”, explicó durante la sesión. “No se pueden atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar”.

Más allá de esa controversia, el oficialismo encontró motivos para reivindicar el resultado general de la jornada. Mahiques celebró la aprobación de los acuerdos y agradeció a Milei, a Karina Milei y a los senadores por destrabar una situación que mantenía vacantes judiciales sin cubrir desde hacía años. “Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una Justicia que funcione”, afirmó.

Una de cal y otra de arena

La jornada tampoco estuvo exenta de contratiempos para la Casa Rosada. El oficialismo se vio obligado a retirar del temario el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada luego de que bloques habitualmente cercanos al Gobierno condicionaran su apoyo a la incorporación de nuevos cambios. Sin los votos asegurados, la iniciativa quedó en pausa y su tratamiento fue postergado para las próximas semanas.

En contraste, el Senado sí le dio al Ejecutivo una noticia largamente esperada al aprobar el acuerdo de pago con los fondos Bainbridge y Attestor por 171 millones de dólares. Se trata de los últimos reclamos pendientes vinculados al default de 2001. El expediente ahora deberá superar una segunda escala legislativa en la Cámara de Diputados antes de convertirse en ley.

Pero el interrogante político de la jornada quedó planteado en otro lugar. Después de intentar frenar la candidatura de Michelli y de votar en contra de su pliego en el Senado, el Gobierno terminó celebrando una sesión que la tuvo entre sus principales protagonistas. Ahora le toca a Milei decidir si completa el proceso con su firma o si abre una nueva controversia institucional. La reconstrucción de la Justicia que celebró este jueves podría comenzar, paradójicamente, por el expediente que más dolores de cabeza le provocó a la Casa Rosada.

PL/CRM

El oficialismo logró aprobar en el Senado el proyecto que avala un plan de pago a dos “fondos buitre” por 171 millones de dólares, con quienes el Gobierno de Javier Milei alcanzó un acuerdo de conciliación económica.  La iniciativa recibió 40 votos positivos y 22 negativos, y ahora seguirá su curso en la Cámara de Diputados, donde deberá aprobarse antes del 30 de junio, que es el último plazo fijado en el entendimiento.

Producto de este acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma “Bainbridge Ltd.” y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de 171 millones de dólares.

Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.

El proyecto sancionado este jueves en la Cámara alta estaba en el temario de la sesión ocurrida el 14 de mayo pasado, pero la redacción original sufrió correciones técnicas de último momento en decenas de artículos, lo que provocó quejas de la oposición y motivó la vuelta a comisión para volver a ser dictaminado. 

La aprobación en el Congreso nacional permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. 

El miembro informante del oficialismo, Agustín Monteverde, aseguró que “este acuerdo entraña una serie de ventajas para Argentina”. “Attestor y Bainbridge se obligan a no iniciar nuevas acciones legales y a no interferir en operaciones de financiamiento de la Argentina. Extingue los dos principales litigios pendientes”, explicó.

Para Monteverde, “esto que traemos a discusión significa la resinserción internacional de Argentina, significa salir del listado de morosos. Estamos discutiendo algo que además una cifra del total de la deuda totalmente insignificante, pero que resuelve los problemas”. 

“Honrar la deuda es también una restauración moral que se la debemos al país, a contramano de aquello de festejar el default como sucedió años atrás o festejar la pesificación con la que se defraudó a los ahorristas”, continuó. Según el libertario, se logró un acuerdo que es “una transacción” para salir de un litigio, sobre la cual ya había una sentencia contra la Argentina. “Se dijo que estamos apresurados. ¿Más de 30 años les parece premura?”, preguntó.

Luego tomó la palabra Jorge Capitanich (Justicialista), quien enumeró los argumentos por los cuales el peronismo votaría en contra de la iniciativa. Según dijo el chaqueño, “estos mecanismos (de pago a los acreedores remanentes) en realidad premian las conductas de los fondos buitre o holdouts”.

“Argentina mantuvo el mismo estudio jurídico y la misma posición correspondiente, y obviamente ha obtenido un triunfo significativo que es la defensa estratégica del capital accionario de YPF”, recordó. “Segundo no hay equidad. Tercero la quita no es verificable y comparable desde el punto de vista de cuáles son los parámetros de precios de adquisición”, subrayó. 

En cuarto lugar, mencionó que este plan de pago a fondos buitre introduce “un principio de tensión” con la resolución aprobada en septiembre de 2015 por 136 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) que estableció nueve principios básicos para regular los procesos de reestructuración de deuda soberana de los países. 

Aquella iniciativa había sido impulsada fuertemente por Argentina con el objetivo de limitar el accionar especulativo de los fondos buitre.

Por otra parte, Capitanich resaltó que “la prórroga de jurisdicción” a favor de los holdouts “no implica convalidar prórroga de la inmunidad”.  Según dijo, la prórroga de jurisdicción puede ser “renunciable”, pero la prórroga de inumidad solo puede hacerse por la vía judicial. “La documentación es incompleta y el cierre parcial no implica una estrategia para poner fin a una negociación cuyas características de complejidad no permiten terminar de resolver”, finalizó.

Por su parte, Carmen Álvarez Rivero (LLA) destacó que “el Gobierno entiende perfectamente la seguridad jurídica, que no es solo un discurso para quedar bien”.  “Sin seguridad jurídica no hay inversiones, no hay crédito, no hay empleo de calidad. Por eso acompaño este rumbo”, subrayó la cordobesa.

El catamarqueño Guillermo Andrada garantizó su apoyo porque supone “un ahorro” para el Estado argentino “y porque tenemos que demostrar que la Argentina es responsable”. 

En el cierre del bloque justicialista, José Mayans, ratificó el rechazo y avisó: “No vamos a ser cómplices del manejo de la deuda y del desastre que están haciendo con la economía argentina”.

Por último, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, afirmó que con la aprobación de este acuerdo el Congreso va a “cerrar una herida que tiene 25 años”. Recordó que el punto de origen fue “el default soberano más importante de la deuda mundial”. La ex ministra de Seguridad señaló que la Convertibilidad forzó algunos desequilibrios producto de la imposibilidad de emitir, lo que obligó a emitir deuda. 

“Eso generó una situación imposible. La explosión del sistema generó un ataque brutal contra un gobierno cuando en realidad la responsabilidad fundamental de esa acumulación de deuda había sido previa, sobre todo en la etapa de Roque Fernández”, apuntó. Al proseguir con su racconto histórico, Bullrich dijo que “durante el kirchnerismo hubo un relato inteligente, porque muchos lo creyeron, de que se había desendeudado a la Argentina”. 

“Esto se desarmó. La deuda pública creció durante la gestión kirchnerista. Todos los pagos que se hicieron -al FMI, al Club de París, a Repsol- fueron emitiendo deuda. Fue un pase de manos, no hubo desendeudamiento. Hubo maquillaje contable. Y los litigios siguieron”, consideró.  Por último, la senadora destacó las bondades que para ella significa la conclusión de este acuerdo económico por la deuda del 2001.

Además de implicar una quita “de entre el 30 y el 35 por ciento”, ponderó que “los honorarios de los abogados los pagan los holdouts, con lo cual es una buena negociación”. “¿Y qué ganamos con esto? El fin de los embargos, que es siempre un riesgo. Se levantan todas las órdenes de entrega contra las acciones de YPF, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas, tres empresas que se han saneado. Se termina el espionaje que sufrió la Argentina”, resaltó. 

Además, señaló que “los acreedores se comprometieron a no intervenir en futuras emisiones de deuda”. “Esto es importante porque nos permite recuperar reputación en los mercados internacionales. Al bajar el Riesgo País, todo esto se traduce en menor costo de financiamiento”, apuntó. 

Los detalles del acuerdo con los holdouts

El acuerdo de conciliación con los dos fondos buitre por 171 millones de dólares adoptó como mecanismo de pago el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos. 

En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio. Además, se incluyó una cláusula de standstill, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación. 

La Justicia norteamericana había puesto originalmente como deadline de aprobación el 30 de abril, pero el Gobierno de Javier Milei logró una prórroga hasta el 30 de junio para que se convierta en ley.

Con información de la agencia NA

El Senado postergó el debate del proyecto de propiedad privada que elimina las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales y contempla los desalojos “exprés” de aquellas viviendas o terrenos que hayan sido usurpadas.

Tras la aprobación de los pliegos, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, pidió aplazar el debate de “inviolabilidad” de la propiedad privada hasta la próxima sesión.

Fuentes parlamentarias afirmaron que los cambios están vinculados al tema de tierras, donde se elimina los topes para que las empresas extranjeras puedan comprar tierras rurales.

Esa iniciativa diseñada por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger tuvo sustanciales modificaciones ya que se eliminó el capitulo sobre cambios en la ley de barrios populares, y se reformaron los capítulos sobre extranjerización, expropiaciones, desalojos y manejo del Fuego.

Límite a la compra de tierras

El proyecto elimina los límites para que los extranjeros puedan adquirir tierras y dispone que las provincias tendrán que autorizar las ventas a extranjeros cuando no participe ningún país extranjero.

Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional.

Se prohíbe que puedan comprar tierras estado extranjeros, y otras organizaciones empresariales donde un Estado extranjero tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias o fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos de un Estado extranjero

Cómo quedan los desalojos

Se aplicará un desalojo exprés sólo en los casos de que se traten de inmuebles usurpados, en tanto que en el resto de los casos se mantienen los actuales plazos de intimación.

Habrá un plazo de 10 días para intimar el pago acordado en el contrato de alquiler que se deberá hacer en en forma fehaciente.

La notificación será dirigido al domicilio denunciado en el contrato por el locatario, sea éste real o electrónico, se tiene por válido aún si el locatario se negara a recibir la notificación o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables a él.

Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, la que debe sustanciarse por el procedimiento más breve que prevea la ley que son 10 días hábiles.

Las expropiaciones

La declaración de utilidad pública se deberá aplicar de manera restrictiva declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar los motivos claramente de esa medida

El dictamen estableció que habrá tope del 30% de indemnización por lucro cesante, ya que en el proyecto original no ponía ningún porcentaje. La tasa de interés que se deberá pagar será la del Índice de precios al Consumidor mas la tasa del Banco Nación a treinta días.

Manejo del fuego

Se deroga el artículo que establecía que en caso de incendio de un predio rural por 30 años no se podía cambiar el uso sobre superficies incendiadas en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas periurbanas.

En el caso de incendios de bosques nativos se prohíbe el cambio de uso y destino prevista en la actuales normas, pero se elimina el plazo de 60 años establecidos en la ley promovido por Máximo Kirchner.

Con información de la agencia NA

“A Michelli la van a cagar, todos ustedes la van a cagar”. La senadora Juliana Di Tullio estalló en furia este jueves pasadas las 13 cuando el oficialismo buscó ampliar la cantidad de candidatos a jueces por fuera de lo pactado, aunque sigue quedando afuera la polémica por la candidata que rechaza Javier Milei.

El planteo de La Libertad Avanza escaló en una fuerte discusión con el peronismo, ya que alertó que en la previa a la sesión solo se iban a votar 50 pliegos judiciales. La propuesta a último momento de LLA fue sumar otros 23, sin incorporar la candidatura de María Verónica Michelli, negada por los Milei porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La escena reveló un nerviosismo en la cúpula libertaria: las cámaras de la transmisión mostraron a Patricia Bullrich y Victoria Villarruel en una intensa conversación. La jefa del bloque de LLA subió incluso al estrado donde se encuentra la vicepresidenta y titular de la Cámara alta.

Bullrich buscó salir de la polémica con un pedido de cuarto intermedio y dijo que “no tiene nada que ver con el pliego de la jueza Michelli, que pasa para la semana que viene”. Según la senadora, hubo una fuerte presión de los candidatos a jueces para que sus pliegos sean tratados este mércoles. “No es fácil elegir quiénes son los 50 y no 73. Ayer los 73 llamaron”, aclaró al micrófono“.

Antes que el cuarto intermedio se concrete, Bullrich comentó sobre el pliego de la discordia de Michelli: “Hoy ya entró el retiro del pliego del Presidente. El Presidente no es que no quiere que se trate: su posición es retirar el pliego. No esconderlo, sino retirarlo. Y eso se tiene que votar también acá. No es que va a quedar escondido”. El receso comenzó a las 14 y finalmente Bullrich cedió a la oposición: se incluyó en la votación el pliego de Michelli, pese a que el Gobierno quería retirarlo recién la semana próxima.

La tensión en el Senado se sentía en la previa, porque Villarruel habló con los periodistas acreditados al ingresar al Palacio y le expresó a Infobae: “Hay que preguntarle a Patricia Bullrich que nos somete a esta situación. Ayer eran 50 pliegos, después 53 y hoy 73. No es serio, estamos hablando de jueces, no estamos juntando caramelos en un kiosco”.

Luego la vice agregó: “Nosotros no sabíamos el listado de pliegos que se iban a tratar hasta media hora antes. Hay que preguntarle a la Presidente del bloque de LLA, que nos somete a este descontrol”.

Además de Michelli, los 73 candidatos a magistrados con dictamen aprobado en las cinco audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos —realizadas entre el 30 de abril y el 14 de mayo— entraron al recinto este jueves. Varios de ellos generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

MC

El Senado se reúne este jueves desde las 11 con una agenda que concentra tres temas de interés para Javier Milei. La sesión convocada por Victoria Villarruel —que no está en el recin— incluye la aprobación de alrededor de 50 pliegos judiciales, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —el proyecto de desalojo exprés y venta de tierras— y el acuerdo con los holdouts para cancelar u$s 171 millones de deuda soberana en litigio desde el default de 2001.

Lo que no está en el temario es el pliego más caliente de la semana: el de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, que el Gobierno rechaza porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Patricia Bullrich decidió postergar esa definición para la semana que viene.

Los pliegos que sí se votan

Con Michelli en pausa, los cerca de 50 magistrados con dictamen aprobado en las cinco audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos —realizadas entre el 30 de abril y el 14 de mayo— entran al recinto. Varios de ellos generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

US$171 millones a los holdouts

El segundo punto del temario es el acuerdo con los fondos que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que desde entonces litigan contra la Argentina ante la justicia de Nueva York. El acuerdo implica pagarle US$67millones a BainbridgeLtd y US$104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El total de US$171 millones tiene una quita superior al 30% sobre los montos reclamados originalmente.

El acuerdo ya había sido devuelto a comisiones en una sesión anterior. El plazo límite original era el 30 de abril, pero el Ejecutivo logró extenderlo hasta el 30 de junio, lo que abre la ventana para que el Senado lo vote este jueves y luego lo remita a Diputados.

La ley de desalojo exprés y venta de tierras

El tercer punto del temario es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto del ministro Federico Sturzenegger que tiene varias aristas y que Bullrich tardó dos meses en negociar para conseguir los votos.

El capítulo más sensible es el de los desalojos. El texto habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el dueño de la propiedad pueda exigir la desocupación del inmueble luego de solo 10 días de aviso. El Código Civil y Comercial vigente establece que recién después de dos meses consecutivos sin pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley esa protección desaparece.

La negociación llevó a una distinción entre inquilinos morosos, con diez días de plazo, y ocupantes sin contrato —a los que el texto llama “usurpadores”—, para quienes el plazo se mantiene en tres días. También por presión de los aliados, y ante advertencias de la Iglesia y organizaciones sociales que alertaron sobre el riesgo de una emergencia habitacional, Bullrich aceptó eliminar el artículo que habilitaba desalojos en los barrios populares inscriptos en el RENABAP.

La ley también elimina el tope del 15% a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, una restricción que regía desde la ley de Tierras de 2011.

Hay un tercer componente que pasó casi desapercibido en el debate: la ley modifica también la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohibía por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios, una medida pensada para desincentivar la quema intencional con fines especulativos. El proyecto de Sturzenegger elimina esa restricción. Cuando fue a exponer en el Senado, el ministro defendió el cambio argumentando que era un “dislate” extender la protección de bosques nativos a la producción agropecuaria y afectar la propiedad privada durante décadas.

MC

El oficialismo tenía acordado hasta esta semana sesionar para votar dos iniciativas legislativas y avalar a 73 candidatos a jueces, defensores y fiscales. Pero la movida contra el pliego de María Verónica Michelli metió ruido en el tratamiento de las designaciones en la Justicia. El caso generó una repercusión política que alcanza a otros pliegos polémicos, como es el caso de Emilio Rosatii, el hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Los pliegos que ahora están en riesgo son el resultado de un proceso institucional que llevó más de un mes. Según el registro oficial del Senado, la Comisión de Acuerdos realizó cinco audiencias públicas consecutivas para debatir las postulaciones judiciales: el 30 de abril, el 6 y 7 de mayo, y el 13 y 14 de mayo. En cada una de esas jornadas, decenas de candidatos a jueces, camaristas, defensores y fiscales de todo el país fueron interrogados por senadores de distintos bloques antes de obtener su dictamen.

Los nombres

María Verónica Michelli estaba postulada para el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata. El Gobierno pidió retirar su pliego cuando Milei se enteró de que era cuñada de Alconada Mon, el periodista de La Nación que investiga el caso $LIBRA. Los senadores que firmaron su dictamen en comisión —incluida la propia Bullrich— se negaron a dar marcha atrás.

Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso, posición que escaló tras las entrevistas personales ante los consejeros. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por un caso de alcoholemia positiva al volante. Su padre se abstuvo de participar en la votación del Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones judiciales que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia. Bullrich se negó a firmar sus dictámenes en comisión.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA. Su pliego contaba con dictamen favorable.

Víctor Pesino, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que intervino en la causa vinculada a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Debe jubilarse al cumplir 75 años, pero el Gobierno propuso extender su permanencia por otros cinco años. Pesino integró junto a la camarista María Dora González el fallo que dejó en suspenso la cautelar dictada por el juez Horacio Ojeda a favor de la CGT, medida que frenaba 81 artículos de la reforma laboral.

¿Se puede retirar un pliego?

Por encima de la disputa política, un constitucionalista instaló una pregunta más profunda: si el Gobierno tiene derecho legal a hacer lo que pretende. El abogado Andrés Gil Domínguez afirmó que cuando el Poder Ejecutivo envía un pliego al Senado “no hay vuelta atrás”. Según explicó por Radio Splendid, el Senado puede no tratar el pliego, aprobarlo o rechazarlo, pero el Ejecutivo no puede retirarlo: “Cuando el Poder Ejecutivo elige a uno y pasa al Senado, el PEN no puede decir 'retiro' porque ya eligió”. Para Gil Domínguez, hacerlo sería inconstitucional.

El especialista agregó que la gravedad del caso Michelli se profundiza por los motivos del retiro: si la candidata es cuestionada por la ideología de un familiar —en este caso, su cuñado, el periodista Hugo Alconada Mon—, la situación configuraría además “discriminación basada en la opinión política”. Aunque advirtió que la práctica de retirar pliegos no es una invención de este Gobierno: “Muchos gobiernos lo han hecho de forma inconstitucional. Lo que uno observa con el gobierno de Milei es que no ha inventado tácticas inconstitucionales, sino que las lleva al paroxismo.”