El empresario cripto Mauricio Novelli, uno de los organizadores del lanzamiento de la memecoin $LIBRA, pidió a la Cámara Federal que confirme el apartamiento como querellantes de cinco inversores y sostuvo que quienes compraron el activo “no fueron estafados”, sino que asumieron voluntariamente un riesgo de mercado y perdieron dinero.

En una presentación patrocinada por el abogado Daniel Rubinovich, Novelli afirmó además que el emprendimiento fue exclusivamente privado y desvinculó al presidente Javier Milei de cualquier responsabilidad penal por el mensaje que publicó en la red X el 14 de febrero de 2025 para anunciar el lanzamiento de $LIBRA.

La presentación fue realizada ante la Sala I de la Cámara Federal, que debe resolver si cinco inversores mantienen o recuperan su condición de querellantes en la causa. Se trata de Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.

La defensa de Novelli reclamó que se confirme la decisión del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había apartado a esos inversores del expediente al considerar que no correspondía que continuaran ejerciendo el rol de querellantes. Según el escrito, el caso se transformó en “un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria”.

Rubinovich sostuvo que no existe una hipótesis de estafa que justifique que los inversores continúen como parte querellante y recordó que el derecho penal argentino “no sanciona las pérdidas especulativas, las malas decisiones financieras ni la volatilidad” de un activo. Para que exista una estafa, argumentó, es necesario “un engaño idóneo para provocar un error y determinar una disposición patrimonial perjudicial”.

La defensa también rechazó el argumento de que los compradores hayan actuado por el temor a quedarse afuera de una oportunidad de inversión, conocido en el mercado como FOMO.

Según el escrito, actuar por euforia, viralización, impulso del mercado o temor a perder una oportunidad no significa que el comprador desconozca los riesgos o haya sido inducido mediante una falsedad. “La fluctuación del precio de un activo no puede convertir a todo comprador en víctima de estafa”, sostuvo la defensa de Novelli, que remarcó que se trataba de un mercado no regulado y que quienes adquieren activos altamente volátiles asumen una cuota de responsabilidad por sus decisiones.

Respecto de Milei, la defensa calificó de “jurídico-penalmente irrelevante” el posteo que el Presidente publicó y luego eliminó en X anunciando el lanzamiento de $LIBRA. Novelli sostuvo que aquel mensaje presentó un “proyecto privado” destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina y aseguró que no prometió rentabilidad, estabilidad del precio, respaldo estatal, cobertura frente a pérdidas ni un retorno determinado.

Para la defensa, se trató de un mensaje de carácter político que destacaba la utilización de tecnología blockchain para financiar pequeñas y medianas empresas mediante mecanismos descentralizados, sin recurrir al sistema financiero tradicional. “Es sorprendente que un mensaje que festeja un mecanismo de financiamiento privado pueda ser entendido como una iniciativa estatal”, sostuvo Rubinovich.

La presentación también cuestionó que los inversores pretendan transformar el expediente en una causa de corrupción a partir de la hipótesis de negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que el apartamiento de los querellantes dejaría esa acusación exclusivamente en manos del fiscal federal Eduardo Taiano.

La decisión de la Sala I será adoptada en medio de una renovación del tribunal, actualmente integrado por Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. El Gobierno impulsa la designación de Pablo Yadarola y la ratificación de Bertuzzi. Ambos deberán presentarse ante la Comisión de Acuerdos del Senado para sus respectivas audiencias públicas.

Si los cinco inversores quedan definitivamente apartados, la acusación particular perderá capacidad para proponer medidas de prueba, pedir indagatorias y apelar decisiones judiciales.

Novelli participó junto a Manuel Terrones Godoy en la organización del Tech Forum Argentina en 2024, evento en el que Milei conoció a Julián Peh, empresario radicado en Singapur y señalado en el expediente entre los responsables de la creación del token.

De acuerdo con la información incorporada a la causa, del teléfono de Novelli surgieron comunicaciones con Karina Milei y una videollamada que incluyó al asesor presidencial Santiago Caputo, además de unas 200 interacciones durante el fin de semana en que se produjo el derrumbe de $LIBRA.

El Gobierno designó a Ana María Cristina Juan como jueza federal del Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, en la provincia de Buenos Aires, mediante el Decreto 589/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. Juan es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal de Comodoro Py a cargo de la causa $LIBRA, en la que se investiga al propio Javier Milei y a su hermana Karina por la promoción de la criptomoneda que provocó pérdidas millonarias a inversores.

“Nómbrase jueza Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, a la doctora Ana María Cristina Juan”, indica la norma firmada por el presidente Milei.

El nombramiento llega apenas doce días después de que Martínez de Giorgi resolviera apartar a las dos querellas que impulsaban la causa. El 3 de julio, el juez hizo lugar a un planteo del lobista Mauricio Novelli —una de las personas investigadas— y excluyó del expediente a los damnificados representados por los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust.

En su resolución, el magistrado cuestionó que las pérdidas de los inversores constituyeran el perjuicio directo que exige la ley, al considerar que podían responder a fluctuaciones propias del mercado cripto y no necesariamente a una maniobra fraudulenta. Con esa decisión, la causa quedó con un único acusador, el fiscal Eduardo Taiano, cuyo desempeño fue señalado por las querellas apartadas por su lentitud para impulsar la investigación. Los damnificados ya apelaron el fallo y el planteo se encuentra ahora en la Cámara Federal.

La designación de Juan no fue una sorpresa de último momento: la jueza había atravesado el proceso de acuerdo en el Senado, donde compareció en tres oportunidades ante la Comisión de Acuerdos, y obtuvo el primer lugar en el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura. Su carrera judicial es extensa: se recibió de abogada hace 34 años en la Universidad de Buenos Aires, se doctoró en Derecho en la Universidad de Palermo y se incorporó a la Cámara Federal de Comodoro Py en la década de 1990, donde ocupó los cargos de auxiliar, escribiente y prosecretaria hasta llegar a secretaria letrada, función que desempeñó durante más de diez años en un área considerada estratégica dentro de esa cámara.

El vínculo familiar con Martínez de Giorgi no pasó inadvertido durante el trámite legislativo. En la audiencia pública del 13 de mayo, el abogado Ramón Encina impugnó su postulación por ser la esposa del juez que investiga a Milei. Juan respondió que la objeción no cuestionaba “idoneidad” ni “moral, ética o trayectoria”, sino su vida privada y su vínculo conyugal con “otro magistrado, que casualmente está a cargo del juzgado donde se investiga la causa $LIBRA”. La impugnación fue desestimada por la titular del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, quien ironizó que también podría “impugnarse la impugnación” argumentando que es Martínez de Giorgi quien resulta el esposo de Juan.

El caso se suma a otros pliegos con fuertes vínculos familiares que el oficialismo impulsó en el Senado en los últimos meses, como el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, o el de Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán. A esto se agrega un dato llamativo: el Juzgado Federal de Hurlingham, creado por la Ley 27.225 con competencia en los partidos de Merlo e Ituzaingó, todavía no fue habilitado formalmente por la Corte Suprema de Justicia, el mismo argumento que el Gobierno había esgrimido meses atrás para justificar la demora en la designación de otra candidata, María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

La voz —central en Comodoro Py— trazó el martes un cuadro inequívoco en uno de los salones del Palacio Bosch, durante la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. “Vamos a terminar de tomar la Cámara, quedan totalmente neutralizados”.

Ninguna otra celebración diplomática como la de Washington congrega una concurrencia de tan alto nivel y tan variada entre abogados, jueces y fiscales del fuero federal. Año tras año, se agrupan en el salón lateral que da a la Avenida Colombia. A diferencia del resto de una asistencia que ronda las mil personas, los magistrados no deambulan en busca saludos, miradas a las que esquivar y copas para el chinchín. Como si conocieran el poder que da la estabilidad en el cargo, las terminales disponibles y sueldos que no bajan de los $20 millones, dejan que los saludadores vayan al pie.

La sentencia de la voz citada en el primer párrafo hizo referencia al mapa que dejarán las designaciones de jueces que impulsa Juan Bautista Mahiques, “el mejor ministro de Justicia que tuvo la democracia”. La primera persona del plural (“vamos a…”) aludía a arrinconar a la línea del juez supremo Ricardo Lorenzetti, que dejó un tendal con sed de venganza. Algún juez sindicado como “militante” del kirchnerismo no significaba mayor riesgo antes, tampoco ahora.

El nudo de atención pasa en este momento por las dos salas de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Dos candidatos son número puesto para ocupar las sillas que dejarán vacantes Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, camaristas que el gobierno de Cambiemos metió por la ventana en 2018, salteándose el concurso, y cumplieron un servicio a rajatabla para el macrismo desde entonces.

En Comodoro Py dan por descontado que Pablo Yadarola ocupará una de las vacancias. Considerado del círculo más próximo de J. B. Mahiques, sus terminales satisfacen a Clarín —que lo incluyó el tour de lujo a Lago Escondido para jueces, fiscales y espías—, a la SIDE y a las facciones en pugna dentro del Ejecutivo. Desde el juzgado en lo Penal Económico que ocupa, Yadarola se encargó de no investigar el trasiego de valijas en aquel famoso vuelo de un avión negro de lujo propiedad de Leonardo Scatturice, el empresario estelar de la era Milei.

Después de saltos ornamentales en el orden del concurso, en la otra silla de la sala I de la Cámara sería ratificado Bertuzzi, aunque el grado de certeza de la predicción es menor que con Yadarola. A diferencia de su colega Bruglia que se declaró víctima ante el inminente desplazamiento y acudió a la CIDH, Bertuzzi aceptó concursar para el cargo al que había ingresado por decreto de Macri. En Comodoro Py, algunos afirman que el juez saliente-entrante supo sortear enemistades ancestrales con los Mahiques. Otros dicen que ese clan tiene enorme cintura política y no es dogmático, pero cuando hace la cruz, es para siempre.

La sala I quedaría conformada por Yadarola, Bertuzzi y Mariano Llorens, otro camarista designado en tiempos de Macri —con aval del Senado—, a quien la fuente ubica en la vereda de enfrente de Lorenzetti.

Si se repasa el listado de pasajeros de la excursión a Lago Escondido, que reveló una convivencia promiscua con el poder económico y los servicios, lejos de haber marcado el final de carreras judiciales, selló el camino al ascenso.

De la otra sala de la Cámara Federal, se despide en cuestión de semanas Martín Irurzun, un histórico afín a la UCR, por lo tanto, ideológicamente cercano al macrismo y al mileísmo, que paga caro su encadenamiento a Lorenzetti. Mahiques no lo incluyó en la propuesta de prórroga en el cargo al cumplir los 75 años. El ministro no tuvo con Irurzun la deferencia que concedió a su padre, Carlos Mahiques —otro pasajero de Clarín a Lago Escondido—, ratificado como juez de Casación federal.

Es curioso, pero si se repasa el listado de pasajeros de aquella excursión a la estancia de la Patagonia en octubre de 2022, que reveló una convivencia promiscua con el poder económico y los servicios, y dejó expuestas ilegalidades de todo tipo, lejos de haber marcado el final de carreras judiciales, selló el camino al ascenso.

La sala II de la Cámara pasará a ser integrada por el reemplazante de Irurzun —a definir, si es que no prospera un amparo que presentó para quedarse—, Eduardo Farah —considerado adverso a Lorenzetti— y Roberto Boico, un exabogado de Cristina designado por el Senado en 2021, con presuntas conexiones vigentes con el Instituto Patria y movimientos que causan desconcierto en algunas oficinas.

El trofeo mayor

Si lo consigue, Mahiques coronará el máximo trofeo que podía ofrecerles a los Hermanos Milei.

El ministro, conocedor cabal de los pasillos de tribunales, negoció con diferentes tribus para lograr aprobaciones amplias en el Senado a dos centenares de jueces —de allí la indignación de Clarín y La Nación por el aval a algún “militante K”, “garantista” o claudiotapista—, pero se reservó una línea férrea en el fuero penal federal que tratará durante los próximos años los asuntos de corrupción del Presidente, su hermana y sus socios.

Las idas y vueltas de Lorenzetti con todos los gobiernos, promesas que no pudo cumplir y métodos persuasivos poco edificantes multiplicaron sus enemigos. A Horacio Rosatti, némesis en la Corte Suprema, no le atribuyen menos ambición, pero sí mayor capacidad política y vocación de ceder espacios en aras de la convivencia. Rosatti ya obtuvo de Mahiques parte de lo que quería, como la designación de su hijo en un tribunal de Santa Fe y el compromiso de no alterar la Corte y la instancia penal previa, Casación Federal, si los cambios eventualmente pusieren en riesgo el statu quo.

Otra experimentada fuente, anotada en el equipo “derrotado” de Lorenzetti, invita a no precipitar lecturas. “Las lealtades inamovibles caducan cuando se instalan en el juzgado”, advierte. Sabe por qué lo dice.

Es claro que el fuero federal ofreció invariantes en la última década y media —el blindaje de Macri y Clarín; la mira en Cristina—, pero los espacios de influencia no son estancos. No son pocos los jueces y fiscales que hicieron de sus despachos una fortaleza en sí misma, generándose una dosis de autonomía para la pulseada. El futuro no está determinado.

Vida de monarca

Mauricio Macri se da una vida de monarca desde que terminó su inolvidable paso por Casa Rosada. El expresidente viaja por hoteles seis estrellas, sea por su misterioso cargo en la FIFA o simplemente porque puede. Cada tanto, los canales de noticias lo invitan a conversar. La última semana, el streaming Olga dejó de lado su desinterés explícito por la actualidad y se prestó a acompañar un día en la vida de Macri. Un relax que causaría envidia a todo el mundo, menos a su ex, Juliana Awada, que muestra en redes sociales que el placer no tiene límites de tiempo y dinero.

Los cajones de Comodoro Py albergan expedientes sobre negocios multimillonarios arbitrados por la gestión Cambiemos que tuvieron a la familia Macri como beneficiaria. El lucro con los parques eólicos, el pago de cientos de millones de dólares a los socios de Socma en las autopistas, la autocondonación de la deuda por el canon impago del Correo, los cientos de millones de dólares gastados en el fallido soterramiento del tren Sarmiento con el primo Calcaterra como contratista, el salvataje del aportante de campaña Vicentin, las cuentas offshore en Panamá o en Luxemburgo, etcétera. Ninguna de esas causas siquiera despeinó al exmandatario, todas se encuentran paralizadas.

No todos los expedientes son de presunta corrupción. También los hay sobre espionaje a propios y extraños, afición constante desde que Macri ocupó su primer cargo ejecutivo en la Ciudad, en 2007. Todo fue legal y con buena intención; a lo sumo, una aventura de espías aficionados, dijeron los jueces. No se pudo probar que esas células estatales y paraestatales que remitían el resultado de sus seguimientos al despacho presidencial actuaran bajo las órdenes de Macri. Los pocos jueces y fiscales que se atrevieron a dar un paso, terminaron destituidos o con el sello de la desconfianza en la frente, el “militante K”.

Nada de eso es tema para los partidos que integraron Juntos por el Cambio —PRO, UCR y Coalición Cívica—, ni para los medios y las ONG que la se dicen de tradición “republicana”. Fingir demencia, deporte nacional.

El dispositivo que garantizó a Macri y sus funcionarios el blindaje absoluto sirvió a los Milei en sus primeros dos años. Fue un “préstamo” que no elimina riesgos para Hermanos que han demostrado una inusitada avidez por el dinero, al punto de implicarse en burdas gestiones personales en negocios con apariencia de delito.

La reconfiguración encargada a Mahiques explica una transición hacia un esquema que brinde garantías más firmes en los próximos años. No se trata sólo de los Milei. La motosierra está desmantelando el Estado y el llamado a lavar dinero en Argentina es explícito en el discurso oficial. Políticas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) mueven miles de millones de dólares. En círculos asociados a ganancias exorbitantes que no estaban en los planes de nadie hasta hace poco, califican el beneficio como “un escándalo”. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse ese instrumento venal llamado Inocencia Fiscal?

Vandalismo en $LIBRA

Con cargos en plena transición y jueces y fiscales que aguardan la definición de su propio destino o de algún cónyuge, hijo o ahijado profesional, están en juego las causas por las coimas en la Agencia de Discapacidad (el supuesto 3% extra de Karina), la presunta criptoestafa $LIBRA y los ¿cuentapropistas? Manuel Adorni y José Luis Espert. Es tiempo de determinar nulidades, querellantes y rutas de apelación.

De todas ellas, $LIBRA es la más grave para los Hermanos. En ese expediente hay pruebas de que los presuntos estafadores Mauricio Novelli y Hayden Davis estaban dispuestos a pagarle al menos US$5 millones al Presidente si promocionaba la criptomoneda. También hay datos sobre transferencias por US$1 millón ejecutadas en el momento en que Novelli visitaba en Casa Rosada invitado por Milei y pocas horas después. Se suman cajas de seguridad vaciadas en los días posteriores, gastos suntuarios en negro porque quemaba el dinero, textos que afirman que la banda tenía bajo control a Karina y, sobre todo, un posteo presidencial que activó un presunto fraude de US$100 millones.

Bajo un estándar aceptable del estado de derecho, se pondrían en juego la continuidad de un gobierno y la libertad de sus cabezas. Sobre ningún presidente de la democracia pesaron sospechas tan directas como en $LIBRA.

El riesgo es tan alto, que Milei ni atina a criticar a los integrantes de la banda que ventilaron a los cuatro vientos que lo tenían contratado, y el sistema de poder acepta al fiscal Eduardo Taiano como instructor, y al juez Marcelo Martínez de Giorgi como juez de primera instancia. La especialidad y tarea casi única del primero es no investigar ninguna causa que llegue a su despacho. Una nota de la periodista y abogada Natalia Volosín demostró cómo Taiano escondía prueba fehaciente sobre el vínculo comercial de Novelli y Davis con los Milei.

El registro de Martínez de Giorgi da cuenta de favores en diferentes direcciones. Sólo con su actuación dilatoria en el soterramiento del Sarmiento —un fraude de centenares de millones de dólares—, benefició tanto al entorno de los Kirchner como de los Macri. Tras permanecer inerte durante un año y medio en el caso $LIBRA, el juez acaba de tomar una decisión que procura herir de muerte el expediente. Apartó a todas las querellas de quienes se presentaron como damnificados de la presunta estafa. En consecuencia, el impulso único de la causa quedó en manos de Taiano.

Una fuente con acceso al expediente especula: si en cuestión de semanas, bajo el efecto distractivo de algún asunto deportivo o político, Martínez de Giorgi decreta la nulidad con alguna excusa pueril y Taiano no apela, la causa se cierra.

El juez mostró un camino esta semana. Argumentó que tiende a creer que $LIBRA se trató de un negocio en el que hubo ganadores y perdedores que aceptaron un juego especulativo —exactamente, el argumento de Milei que ni siquiera necesitó sostenerlo en el expediente porque no fue convocado—, antes que un fraude montado por una gavilla desde el despacho presidencial, que contó con información privilegiada y retiró ganancias exorbitantes apenas se acumularon fondos aportados por inversores que se tentaron por el tuit de Milei. Martínez de Giorgi ni se molestó en comentar o tomar alguna medida sobre el dato crucial de que el posteo presidencial que facilitó el negocio pudo haberse disparado a partir de un pago millonario.

El silencio sobre el tema de medios oficialistas que se encendieron con el frenesí comprador de Adorni es elocuente de las complicidades en juego.

En lo inmediato, las querellas de los inversores damnificados apelarán su exclusión ante una sala de la Cámara Federal en plena reconfiguración (Llorens, Bertuzzi y Bruglia).

Feliz, el cryptobro Mauri disfruta el Mundial. Cuando salió a la luz el contrato de US$5 millones, Novelli publicó en Instagram una imagen suya arrojando una pelota a un aro de basket. El viernes, horas después de que Martínez de Giorgi diera lugar al requerimiento de su abogado de expulsar a los querellantes, el bro se mostró por la noche en el estadio de Miami en el que jugó la selección argentina. Vive con la tranquilidad de quien es socio de Davis, ese gánster que transmitió en una red: “Podemos hacer que Milei tuitee, haga reuniones en persona y haga una promoción. Yo controlo a ese ‘nigga’ (negro)… Le envío $$ a su hermana y él firma lo que sea que diga y hace lo que yo quiera”.

Mientras, Cristina permanece en reclusión en San José 1111.

La juzgan por lo que hizo; lo que intentó hacer; lo que no hizo ni intentó, pero pudo haber hecho; y lo que hicieron segundas, terceras y cuartas líneas, porque no podía no saber. Le prohíben recibir visitas, asomarse al balcón o ir a tomar sol a la terraza. Toda querella en su contra, aunque sea una ONG formada por funcionarios macristas, es aceptada. Si un expediente se archiva porque se agotaron las instancias, se reabre o duplica con un testimonio obtenido de una escucha que le acercan a Majul. Se la juzga por decisiones de política internacional votadas por el Congreso, sin ninguna consecuencia real (memorándum con Irán), y porque trasladó diarios y muebles en el avión presidencial. Quienes deciden sobre la suerte judicial de Cristina son jueces y fiscales que frecuentaron a Macri en sus quintas para jugar al fútbol o al pádel, o simplemente confraternizar.

El resultado de todo ello es la exclusión electoral de una de las dirigentes más populares del país.

Ningún argumento racional permitiría inferir que Cristina buscó o pactó esta situación. Con más de setenta años, la expresidenta está privada de la libertad y no puede siquiera ver a su gente, como hace cualquier preso domiciliario.

En segundo plano, la persecución les sirve a los Kirchner para eximirse de dar cuenta de la corrupción estructural en la obra pública entre 2003 y 2015, con su socio y cliente Lázaro Báez como uno de los aventajados. También les acerca una narrativa, el reclamo de “Cristina Libre”, ante el notable agotamiento de respuestas a problemas económicos y políticos de los que no fue ajena su gestión.

Madre e hijo pusieron una vara extravagante: sólo está validado como opositor quien visita San José 1111 y acepta el mandato político de Cristina. Útil para la vigencia política de su figura, no para proponer un plan de gobierno y ganar una elección.

Entre la impunidad para unos, la persecución a otros y un loop endogámico en las fuerzas en pugna, el tablero de la democracia se vuelve tóxico.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La investigación por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA —promocionada por Javier Milei y bajo sospecha de estafa desde febrero de 2025— tuvo en las últimas horas un giro decisivo cuando el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi apartó a todos los querellantes, a pedido del principal imputado, el lobista y trader Mauricio Novelli.

La medida redefine quiénes pueden impulsar el expediente y deja la causa sin la presión de los damnificados que venían motorizando las medidas de prueba. La investigación continúa bajo la órbita del fiscal Eduardo Taiano.

La resolución del magistrado se apoyó en un argumento central: los querellantes no lograron demostrar un perjuicio directo, requisito legal para intervenir como acusadores privados. Según el juez, tampoco pudieron acreditar de manera fehaciente la titularidad de las billeteras virtuales con las que dicen haber comprado el token, un punto clave en un ecosistema donde las wallets no custodiadas —como Phantom o Solana— no vinculan identidades reales y operan solo con claves públicas y privadas.

El fallo sostiene que los documentos aportados —links, capturas de pantalla, alegaciones sobre claves privadas— son indicios, pero no pruebas determinantes. En consecuencia, los cinco querellantes (Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo) quedaron fuera del expediente.

Martínez de Giorgi remarcó en su resolución que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

Asimsimo, el juez sostuvo que “aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley”, de acuerdo a la información del diario Clarín.

Y completó: “La información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello”.

El pedido de Novelli

La decisión responde a un planteo de Novelli, quien argumentó que los denunciantes no eran víctimas de una estafa y que la caída del valor de $LIBRA fue producto de la volatilidad inherente a una memecoin, no de una maniobra fraudulenta. Para su defensa, el proyecto existió, las empresas eran reales y la operatoria fue pública y trazable en blockchain.

El fallo llega en un contexto que alimenta suspicacias: Martínez de Giorgi espera que el presidente Milei firme la designación de su esposa, Ana Juan, como jueza federal. En Comodoro Py, la decisión fue leída como un movimiento que favorece al Gobierno, que desde hace meses busca desactivar el caso.

La defensa de Novelli aseveró en su presentación judicial que los querellantes no consiguieron demostrar que resultaron ser víctimas de un engaño y que no se cumplen los requisitos necesarios para considerar que se trató de una estafa.

Además, en el mismo, el empresario dijo que la compra de $LIBRA fue de manera voluntaria, el ingreso al mercado volátil, del cual tenían conocimiento de los riesgos. Y sumó que los demandantes ya tenían experiencia en las operaciones con criptomonedas y plataformas especializadas.

“Todo lo que dijo el presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”, dijo, y argumentó que “no se ha identificado ninguna afirmación objetivamente falsa atribuible a los imputados. Lo que aparece en el sumario es sólo un fenómeno especulativo propio de un mercado no regulado; un activo digital de extrema volatilidad; un proyecto tecnológicamente posible; y un cúmulo de decisiones patrimoniales adoptadas libremente por quienes decidieron operar dentro de ese entorno”, sostuvo Novelli.

En este sentido, añadió que “los inversores no actuaron bajo una falsa representación de la realidad, sino que decidieron voluntariamente ingresar a un mercado de altísimo riesgo con la expectativa de ganancias rápidas”.

A su vez, la defensa del lobista explicó que el token existió y que fue emitido de manera pública funcionando de manera real mediante la tecnología blockchain, sosteniendo que el tuit publicado por el presidente Milei no fue una oferta de inversión, sino un mensaje político a fin de promocionar iniciativas de índole privado.

En consecuencia, la defensa de Novelli dijo que la caída del precio de LIBRA fue por la dinámica habitual propia de un mercado especulativo e impugnó que se haya tratado de un caso de “rugpull”, ya que, “lo que caracteriza al rugpull no es la volatilidad. Es la decisión previa de captar valor mediante engaño, para luego abandonar el emprendimiento y desaparecer con el producido de la maniobra. Nada de eso surge acreditado en el presente caso. Todo lo contrario”, cerró Novelli.

Qué implica para la causa

Con las querellas afuera, el expediente queda exclusivamente en manos del fiscal Eduardo Taiano, cuya actuación fue cuestionada desde diferentes sectores por su lentitud. Los querellantes eran quienes impulsaban medidas de prueba, pedidos de indagatoria y apelaciones. Sin ellos, la causa pierde su motor más activo.

La resolución no define si hubo o no estafa: se limita a la legitimación de las partes. Pero abre la puerta a futuros planteos de nulidad por parte de los imputados, que ya cuentan con nuevos argumentos para cuestionar el proceso.

La disputa de fondo: ¿estafa o riesgo asumido?

Mientras la defensa de Novelli insiste en que los inversores asumieron un riesgo propio del mercado cripto, los querellantes sostienen que la instrucción reunió elementos que refuerzan la hipótesis de una maniobra defraudatoria vinculada a personas del máximo poder estatal:

La causa $LIBRA continúa, pero con un solo impulsor: la fiscalía. El fallo de Martínez de Giorgi no cierra el expediente, pero sí redefine quién puede moverlo. En un proceso donde la presión de los damnificados había sido decisiva, la investigación entra ahora en una fase más estrecha, más lenta y más dependiente de un fiscal que hasta aquí no mostró demasiado interés en avanzar.

La vida pública de Javier Milei y Manuel Adorni encuentra un trayecto paralelo que los hermana. Desde las pantallas ultras, $LIBRA y el manejo del presupuesto de un país, el economista y el contador formaron una sociedad que explica el porqué de una despedida tardía y lacerante.

Surgieron hace unos diez años como panelistas capaces de expresar un “sentido común” que diera voz a odios latentes en la sociedad. Milei ganó aire con un estilo gritón y procaz; Adorni, con la mordacidad como bandera. Cada uno a su modo atizó el fuego de un país en el que pisarle la cabeza al prójimo (por zurdo, empleado estatal, feminista, kirchnerista, subsidiado, familiar de desaparecidos) estuviera no sólo justificado, sino que fuera celebrado.

Los años de Mauricio Macri en Casa Rosada cruzaron sus caminos. Se encontraron en streamings y programas de radio de los que entonces eran grupúsculos a la derecha de Cambiemos. Fue la plataforma común de economistas, conservadores históricos y advenedizos que luego pegarían el salto: Carlos Maslatón, Diego Giacomini, Diego Spagnuolo, Victoria Villarruel, Lilia Lemoine y Luis Rosales, entre un par de docenas más. Carlos Rodríguez y Roberto Cachanosky eran los patriarcas de una tesis que apuntaba al macrismo por “blando” y “socialdemócrata”. Esos espacios no eran los empleos principales de ninguno de ellos. Milei vivía del puesto de economista en Corporación América, la firma de Eduardo Eurnekián, y Adorni vendía autos Renault en las concesionarias Mapemfi de las avenidas La Plata y Belgrano, en los barrios de Almagro y Monserrat, CABA.

Las usinas libertarias promovieron la candidatura presidencial de José Luis Espert en 2018. Este economista —citado el martes próximo a indagatoria por lavado de dinero por sus andanzas con Federico “Fred” Machado— era la voz más altisonante y conocida con la que contaban.

Milei se entusiasmó con “el Profe” o “el Pelado”, pero pronto se bajó del barco, en el primero de sus divorcios en medio de acusaciones de delitos. Adorni se mantuvo firme y llegó a ser proclamado candidato a jefe de Gobierno por el Frente Despertar, cuando Federico “Fred” Machado contaba los primeros fajos de dólares para gastar en el proyecto “liberal” de Espert. “Adooorni”, “Adooorni”, cantó la concurrencia a un acto en el boliche New York City a fines de 2018. Finalmente, Manuel declinó por razones que en el entorno de Espert interpretaron como fruto de presiones de un emisario mediático de Macri.

La pandemia, ya con Alberto Fernández y Cristina en Casa Rosada, configuró un campo fértil para terraplanismos de todo tipo. Millones encerrados en sus casas con la pantalla omnipresente como ventana al mundo. Oportunidad de oro para los Milei y los Adorni. El argentino Marcelo Grandio y el empresario uruguayo Rolando Rozenblum —un exconvicto en Brasil— les pagaron por un talk show en un auditorio de Punta del Este, el 11 de febrero de 2022. Nacería una sociedad de fierro. En paralelo, se les acercó Mauricio Novelli, el aventurero que luego crearía $LIBRA. Les propuso brindar “masterclasses” para los clientes “gold” de NW Professional Traders. Milei, ya electo diputado, había dejado su puesto en la empresa de Eurnekián, y Adorni había cobrado la indemnización tras desvincularse de la concesionaria Mapemfi.

Los negocios con Grandio y el presunto criptoestafador Novelli ganaron vuelo durante 2023. Aquellas charlas y participaciones en paneles tasadas en unos US$2.000 en tiempos de pandemia multiplicaron su valor por diez, con el Soez metido de lleno en la carrera presidencial.

Así maduró el ofrecimiento de la vocería de Casa Rosada. En el afán de provocar y difundir cifras disparatadas sobre inflación, pobreza y gasto público con el poder de fuego de la palabra estatal, Adorni se mostró eficaz. Si el vocero encontraba una radiografía de la cola de un perro para fabular que se había concedido un subsidio por discapacidad como sinónimo de dispendio de fondos públicos, lejos de un demérito, era una mentira más para viralizar desde las redes presidenciales. En una mesa ínfima compuesta por los Hermanos Milei, allegados provenientes de Corporación América y estudios jurídicos de la City que pasaron a ocupar sillas del Estado, Adorni pronto encontró espacio y presupuestos. Motosierra para todo menos para la SIDE, la esposa de Sturzenegger, los viajes para recoger premios y los contratos de vocero.

Los negocios con Grandio y Novelli ganaron vuelo durante 2023. Aquellas charlas tasadas en unos US$2.000 en tiempos de pandemia multiplicaron su valor por diez, con el Soez metido de lleno en la carrera presidencial

A Mauricio Novelli, su hermana Pía, su socio estadounidense Hayden Davis y otros con pinta de bandidos vieron cómo se les abrían las puertas de Casa Rosada y Olivos. El tarifario anotado por algunos de ellos en su celular al salir de reuniones con los Milei y Adorni dio cuenta de que el precio a pagar por tuits y fotos con el Presidente había saltado de decenas de miles a millones de dólares. $LIBRA, la criptoestafa promovida por Milei, generaría ganancias inmediatas, cuya verdadera magnitud y beneficiarios finales se niega a investigar el fiscal federal Eduardo Taiano.

La partida del vuelo

El año 2025 fue el del despegue. Adorni repartió sus días entre comprar propiedades y otras cositas, los viajes de lujo y ganar espacios de poder en el gobierno, a caballo de la elección legislativa en CABA de abril, en las que pareció enterrar al macrismo en la disputa por la derecha.

Desde que este diario publicó el 11 de marzo pasado que Adorni había viajado a Punta del Este en Carnaval, junto a su familia y el amigo Grandio, en un vuelo privado que costó US$9.000, la pregunta de “por qué no lo echa” comenzó a escalar, hasta llegar a las puertas de la Casa Rosada. Primero fue la revelación del periodista Emiliano Russo en Clarín de que Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, se había colado en el avión presidencial rumbo a la Argentina Week. “Nos estamos deslomando en Nueva York”, respondió Adorni, y comenzó a cavar su fosa política.

Javier y Karina Milei se la jugaron por su elegido y pusieron a todo el gobierno a su servicio. Sandra Pettovello, siempre solícita, se inmortalizó vitoreando “Vamos Manuel” desde un balcón de Diputados, cuando las mentiras se contaban de a decenas. Otros tantos dibujaron una sonrisa para fotos de ocasión con un Adorni que “nunca va a renunciar”.

Podría pensarse que los Milei no son personas dispuestas a conceder una victoria a su enemigo: el periodismo que informó el enriquecimiento de Adorni lo es. Por lo tanto, exigir la renuncia a un funcionario tan íntimamente vinculado al crecimiento de los Hermanos, y con tan pocos pergaminos políticos más allá de la lealtad, no era algo que estuviera en el primer orden de prioridades.

En paralelo con el affaire Adorni, el Presidente lanzó aquello de “la moral como política de Estado”. Hilarante. Si algo demostró Milei con las coimas de Karina denunciadas por Spagnuolo, $LIBRA y el cúmulo de negocios turbios que rodean a Santiago Caputo, es que la corrupción no es un condicionante para permanecer en el Ejecutivo. Por el contrario, la denuncia de ilícitos desata la furia y condenas al ostracismo en el despacho de los Hermanos. “Los evasores son héroes”, dijo Milei ante evasores consuetudinarios.

La corrosividad de Adorni, otrora tan celebrada por los medios oficialistas, terminó siendo irritante en este multiplicador descontrolado de su propia riqueza. No obstante, había una razón última para resistir según los preceptos de Milei. Adorni, Adorni, qué grande sos, sos el primer evasor. ¿Por qué motivo echar a un ser tan virtuoso?

El Mundial parecía lejano cuando el sistema de poder ya le había bajado el pulgar al vocero de Milei. Funcionarios y periodistas de las pantallas de Clarín y La Nación empezaron a quejarse de que las desprolijidades de Manuel impedían resaltar los “logros” del Ejecutivo, y alertaban que el costo de sostenerlo afectaba la imagen presidencial y, con ello, la calma financiera para 2027.

Adorni esperó hasta horas antes de la inauguración del Mundial para presentar una declaración jurada en la que pretendió subsanar el cúmulo de inconsistencias detectadas desde marzo, con la aparición de una herencia de US$200.000 y una ganancia en criptomonedas de US$500.000, y se contuvo hasta horas antes de un partido de Argentina para renunciar. Del manual de Manuel.

La causa judicial en los tribunales federales de Comodoro Py perdió algo del impulso inicial, con poco más por investigar antes de un llamado a declaración indagatoria, pero la confesión de evasión y omisión maliciosa de Adorni —indicios de delitos más graves— dejó sin oxígeno a los opositores amigables del Congreso. En dos años de administración ultra, el PRO, la UCR, los provinciales y los peronistas de un puñado de provincias del Norte demostraron estar dispuestos a avalar casi todo. La aceptación sumisa de que Adorni les mintiera en la cara a los diputados como lo hizo significaba un nuevo umbral de indignidad. Patricia Bullrich, llamada a lo suyo, olió sangre y se activó.

¿Daños controlados?

En su renuncia difundida anoche, Adorni siguió en su mundo: se declaró víctima y volvió a involucrar a sus propios hijos en el argumentario, como nadie lo hizo hasta ahora.

Circuló que Karina Milei, mentora de uno y mil apoyos a Adorni, cambió de opinión por algún detalle incongruente en sus compras suntuarias. No fue el caso. La secretaria general de la Presidencia se ocupó de ofrecerle una despedida lacrimógena, tan negadora de los hechos como el renunciante, quien dejó claro que se va sin que lo echen. Una persona que conoce bien a Adorni y lo defendió hasta hace horas elaboró que “dejar el cargo era lo mejor que le podía pasar, si no, iba a ser una masacre”. “No digo que a partir de ahora no lo sea, pero iba a ser peor”, se corrigió la voz de inmediato.

Si algo demostró el caso Adorni, es que tratar de controlar el daño puede ser en vano. Cada detalle, cada omisión, multiplicaba el interés de las audiencias. Si no era la cascada, eran los viajes de Bettina; si no eran las remodelaciones en la casa de fin de semana de Indio Cua, eran los videos de Manuel promocionando negocios cripto. El Grupo Clarín, después de desatender varios de los asuntos más urticantes para los Hermanos desde 2023, esta vez tomó el tema y no lo soltó. La especulación de demorar la declaración jurada hasta el Mundial no dio resultado. Los goles de Lio alternaron con los dólares de Manu.

La renuncia abre un nuevo capítulo. Adorni deberá buscarse un medio de vida y sus padrinos Milei podrían ayudarlo, acaso confirmándolo como director de YPF y que pase a cobrar —ahora sin puesto de gobierno— los más de $90 millones mensuales estipulados por el directorio de la empresa petrolera. La causa en Comodoro Py podría perder tensión, y Milei y sus medios arreciarán con que “ahora sí”, llegó la hora de hablar de los “éxitos”.

También podría ocurrir que cobre fuerza el agobio de hogares con ingresos por el piso y una vida repleta de penurias, con un Estado que renunció a sus funciones, así como que la pista del origen de los fondos de Adorni multiplique las sospechas de corrupción sistemática, y la mira se traslade hacia $LIBRA, donde los verdaderos protagonistas son los Milei.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Un análisis forense elaborado por un área especializada en cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) debilitó la explicación que el presidente Javier Milei dio sobre el tuit con el que promocionó la criptomoneda $LIBRA, apenas minutos después de su creación y antes de que estuviera disponible en cualquier plataforma centralizada.

El informe, incorporado ahora al expediente judicial, concluye que el 14 de febrero de 2025 a las 18:38 se generaron mil millones de unidades del token y que solo una billetera tenía el “control primario absoluto” del activo. Esa cuenta fue identificada como la billetera fundacional del proyecto, bajo control del equipo del empresario estadounidense Hayden Davis, de acuerdo a la información que publica el Diario La Nación.

La semana pasada, los diputados nacionales de la oposición Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino le habían reclamado al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que dispusiera de manera “urgente” los recursos necesarios para “garantizar la continuidad de la investigación” judicial del caso $Libra que lleva adelante la Unidad Especial de Investigación de Ciberdelincuencia (UFECI).

🔍 Un token sin listar y un código que no estaba disponible

El documento técnico contradice el argumento de Milei, quien había asegurado que $LIBRA “era pública” al momento de su tuit. Según la PFA:

“Al momento de la publicación del token, el mismo no se encuentra enlistado en exchanges centralizados”.

Esto implica que no existía forma de comprar $LIBRA sin contar con el contrato alfanumérico de 44 caracteres que habilita la operación. Ese código —según el informe y según lo que ya había declarado el experto cripto Fernando Molina en el Congreso— no estaba disponible en ningún sitio de internet a las 19:01, cuando Milei lo publicó.

La única plataforma local que llegó a listar la moneda fue Ripio, pero recién a las 21:40, más de dos horas después del tuit presidencial.

📱 Las comunicaciones previas y posteriores al tuit

El peritaje sobre el teléfono de Mauricio Novelli, el lobista argentino que habría acercado el proyecto al Presidente, reveló que Milei habló con él en los minutos previos y posteriores a la publicación del mensaje que impulsó el valor inicial del token.

Ese día, Novelli estaba en Texas, reunido con Davis, tal como había informado Clarín. En una entrevista, el empresario dijo:

“No me hagan el enemigo público número 1. No es que yo lo hackeé o algo. Estaba en la sala con gente que representaba al Presidente. Él dijo lo que iba a hacer. Él estaba al teléfono”.

El análisis del celular también recuperó una imagen borrosa que describía un presunto acuerdo por US$ 5 millones para condicionar la actuación de Milei en redes sociales en los días previos al lanzamiento de $LIBRA.

🧩 Un relato oficial bajo tensión

Cuando estalló el caso —con el derrumbe inmediato del token y la pérdida masiva de fondos de pequeños inversores— Milei sostuvo que los damnificados eran “operadores de la volatilidad” y que solo alguien “hiper especializado” podía acceder a un activo tan reciente. Pero el informe policial muestra que la única vía de acceso inicial era la información provista por el propio proyecto o el envío directo desde la billetera fundacional.

La secuencia temporal es clave:

El token se desplomó horas después, tras una extracción masiva de fondos desde la billetera inicial.

⚖️ Qué significa para la causa

El informe de la PFA es preliminar, pero se suma a un conjunto de evidencias que ponen en duda la distancia que Milei intentó marcar respecto del proyecto. La Justicia ya cuenta con:

Todo ello alimenta la pregunta central del expediente: qué sabía el Presidente sobre el origen, el control y la distribución inicial de $LIBRA cuando decidió promocionarla.

Con información del Diario La Nación.

Los diputados nacionales de la oposición Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino le reclamaron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que disponga de manera “urgente” los recursos necesarios para “garantizar la continuidad de la investigación” judicial del caso $Libra que lleva adelante la Unidad Especial de Investigación de Ciberdelincuencia (UFECI).

Los cuatro legisladores, que fueron parte de la comisión investigadora del caso Libra, se hicieron eco de trascendidos públicos según los cuales “la UFECI habría manifestado encontrarse imposibilidad de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de dicha investigación por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias para ello”.

“Tal limitación afectaría el cumplimiento de medidas de prueba orientadas a reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas, comprometiendo el avance de la una investigación de evidente trascendencia institucional”, concluyeron.

Según remarcaron, “ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

“Por ello, solicitamos tenga a bien arbitrar, con carácter urgente, los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente”, finalizaron.

“Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad”, denunció Ferraro en su cuenta de la red social X, donde compartió la nota enviada a Casal.

Para el diputado de la Coalición Cívica, “es inadmisible que la investigación judicial de $Libra pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del dinero y analizar las billeteras virtuales involucradas”. 

“Sobre todo, teniendo en cuenta que se investiga al Presidente y es la causa judicial de mayor trascendencia institucional del país”, indicó.

A su entender, “la falta de medios no puede convertirse en una excusa para paralizar una causa ni en un obstáculo para conocer la verdad y denegar justicia”.

El expediente de Manuel Adorni acumula datos de propiedades, refacciones, préstamos de jubiladas y viajes que disparan la sospecha, pero hay otra cuenta reconstruida que concita la atención en funcionarios judiciales de Comodoro Py: gastos mensuales consecutivos de entre US$18.000 y US$ 20.000.  

Ese monto, que sólo se refiere a la parte en blanco de una familia con alta propensión a gastar en efectivo y sin factura, quintuplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar en febrero de 2026, de $5,5 millones (USD 3.900) en mano, y decuplica los $2,7 millones (USD 1.900) que obtenía hasta enero. Con ese panorama, una fuente clave, al tanto de los pormenores del expediente, da cabida a la hipótesis de un delito con pena no excarcelable (5 a 22 años): lavado de activos.

Comprobantes obtenidos en allanamientos, requerimientos a bancos y oficinas públicas o aportados por testigos indican que la familia Adorni-Angeletti afronta mensualmente erogaciones por unos $2,5 millones de expensas (USD 1.700) entre el departamento de Caballito en el que vive, el de Parque Chacabuco que está a la venta, otra unidad en La Plata y la casa en el barrio privado Indio Cua en Exaltación de la Cruz, norte de Buenos Aires. A ello se suman montos fijos de servicios, seguros, tasas e impuestos sobre las propiedades y la camioneta Jeep Compass adquirida en 2024, la cuota del colegio de los dos hijos ($ 1,6 millones o USD 1.100), y resúmenes de tarjeta de crédito que, en los últimos 24 meses, tuvieron un piso de $10 millones en septiembre de 2024 y un máximo de $22millones en el mismo mes de 2025.

La estrategia del abogado de Adorni, por ahora, es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar

El 10 de abril, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto bancario, financiero y fiscal de Adorni, su esposa, Bettina Angeletti, la firma AS Innovación Profesional, propiedad de ambos, y +BE, de la mujer.

Según la fuente citada, la suma de gastos que, tomados por separado, no llamarían la atención en una familia de ingresos medios-altos, es una vía por la que Adorni trataría de dar “apariencia de legitimidad” a ingresos que provendrían de un delito precedente.

El complemento de esos resúmenes pagados en el banco serían los viajes a Aruba, Punta del Este, Llao Llao, Gualeguaychú, Madrid y Nueva York, realizados desde 2024, por al menos US$30.000. En el rubro turístico, la familia del jefe de Gabinete abonó en efectivo y, cuando pudo, en negro. No se trata de un gasto mensual, pero sí habitual para el nivel de vida que Adorni y Angeletti decidieron darse.

El funcionario no respondió una consulta de este medio sobre sus gastos mensuales.

Con la mira en el notable incremento patrimonial, el fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la instrucción de la causa, maneja la hipótesis de enriquecimiento ilícito como principal delito.

Desde diciembre de 2023, Adorni y Angeletti sumaron a su patrimonio una casa en Indio Cua escriturada a US$120.000, a la que le agregaron US$245.000 en refacciones; un departamento en la calle Miró, Caballito, anotado a US$ 230.000, más US$ 65.000 en obras; la camioneta Jeep valuada en al menos US$28.000. Todo ello, sin vender las propiedades en Parque Chacabuco y La Plata, declaradas tras la designación de Adorni como secretario de Comunicación, su primer puesto en el gobierno.

Cada una de sus adquisiciones tuvo el consiguiente gasto de escribanía e inmobiliaria, nuevamente, sin factura cuando fue posible. Parte de los US$690.000 abonados sólo en propiedades —un valor que de por sí genera dudas por indicios de subfacturación—, fue solventada mediante singulares préstamos de mujeres policías, dos jubiladas y amigos por unos US$ 365.000, de los cuales ya habría devuelto US$30.000.

El papel de la defensa de Adorni, en manos del penalista Matías Ledesma, llama la atención en fuentes que siguen el expediente. Hasta ahora, el abogado presenció declaraciones de testigos y constató los movimientos, pero no requirió una sola medida ni presentó ninguna aclaración o posicionamiento de Adorni. La estrategia es el silencio, como quien evita dar un paso en falso, porque no sabe qué más se va a encontrar, evalúan.

Además de los tipos penales de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, que serían los más graves que se barajan hasta ahora, Adorni enfrenta la sombra de negociaciones incompatibles con la función pública, por los contratos de su amigo y socio Marcelo Grandio con Canal 7-TV Pública, y dádivas, si se comprueba la menor de las hipótesis del viaje en vuelo privado a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero. A propósito, la excursión carnavalesca, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

La figura del lavado de activos despierta polémica entre penalistas y funcionarios de Comodoro Py. Es un delito cuya prueba es trabajosa y tiene pocos condenados en comparación a otros tipos asociados a la corrupción (fraude, cohecho, evasión), en la medida en que se requiere establecer con claridad cuál fue el delito precedente que condujo al lavado.  

La excursión a Punta del Este en carnaval, ¿se trató sólo de un viaje de descanso con sus hijos, como el propio Adorni se encargó de publicitar en los últimos días?

Uno de los casos más emblemáticos es la condena a Lázaro Báez, en 2021. El excontratista allegado a la familia Kirchner fue sentenciado a 12 años de prisión por lavado de activos provenientes de la evasión fiscal y el fraude con la obra pública en la provincia de Santa Cruz, entre 2010 y 2013.

Por ahora, el criterio tanto de Pollicita como de Lijo es avanzar en la recolección de pruebas, sin descartar ninguna hipótesis. Llegado el caso, el fiscal podrá proponer indagatorias y describir los hechos investigados, y el juez determinará procesamientos y el tipo penal en juego.  

El precedente $LIBRA

Hay, sin embargo, indicios del delito precedente. El vínculo de Adorni con los hermanos Novelli y otros cryptobros que acercaron la estafa $LIBRA al despacho presidencial es nítido.

Cuando el actual jefe de Gabinete era panelista en programas de La Nación + y Radio Rivadavia, también recibió ingresos por dar una “master class exclusiva a los alumnos gold del mejor instituto de inversiones de toda Latinoamérica”. La “master class” fue dictada el 2 de mayo de 2022. Además de Adorni, otros promotores de los negocios de esa firma fueron Milei y José Luis Espert.

N&W (Mauricio Novelli y Jeremías Walsh) son hacedores de la presunta estafa que generó beneficios de decenas de millones de dólares para unos pocos avisados de un tuit presidencial, en febrero de 2025. Algunas visitas que Novelli y sus socios (Manuel Terrones Godoy, Hayden Davis, Pía Novelli) hicieron a despachos de Milei en Casa Rosada y Olivos fueron con Adorni presente. En definitiva, reuniones de camaradería nacida antes de que cualquiera de ellos pusiera un pie en Casa Rosada.

“Cerré un deal tremendo. Quiero festejar”, celebró Novelli al salir de la oficina presidencial, el 30 de enero de 2025. Desde la misma Casa de Gobierno, el empresario transfirió US$500.000 dólares a un destinatario por ahora desconocido. Por la tarde, se precipitó a comprarse relojes Rolex, y buscó que fueran sin factura.

En el celular de Novelli quedó registrado un modelo de contrato por el que se le pagaría al menos US$5 millones al Presidente si éste promocionaba $LIBRA y declaraba a sus mentores como asesores en blockchain, hitos que, en efecto, ocurrieron. También fueron grabadas órdenes de pago para “Javi-Kari” y “los 4.000 que hay que darle a Karina”, cuando el Soez y su hermana ya reinaban en Casa Rosada. Davis —otro jefe de la presunta banda— se vanaglorió de manejar al mandatario a control remoto porque le enviaba dólares a su hermana.

El rastro de Adorni en los negocios montados por Novelli y los presuntos pagos relacionados con el “deal tremendo” debe ser probado.

La diputada Marcela Pagano, exintegrante del entorno de Milei y hoy opositora, denunció que Adorni recibió US$3 millones depositados en billeteras virtuales, provenientes de $LIBRA y el cobro de reuniones y gestiones. No es un dato que conste a Pollicita ni a Lijo, aunque el fiscal recibió informes de que el funcionario realizó movimientos de entrada y salidas con criptomonedas, informó ayer el diario Clarín. Por su parte, mediante un comunicado, la firma de inversiones cripto Lemon Cash confirmó que el jefe de Gabinete tiene una cuenta a su nombre, pero desmintió el monto mencionado por Pagano.

La investigación de Comodoro Py también sigue la pista vinculada a los negocios de Angeletti como coach ontológica y su empresa +BE, en particular, con el Grupo Foggia. Esta firma, que perteneció a Mara Gorini, una asesora plenipotenciaria de Karina Milei, puja con La Nación y Fénix Entertainment por quedarse con la concesión del predio de Tecnópolis.

Una tercera pista que no descartan en Comodoro Py es el cobro de entrevistas y gestiones, un rubro en el que Milei podría dar una verdadera “master class”. Una cuarta serían las versiones sobre sobresueldos, algo que en la exótica conferencia de prensa del viernes, ni Adorni ni los ministros Luis Caputo y Alejandra Monteoliva se animaron a desmentir.

La frutilla del postre, reveladora cabal de la vara ética de los Hermanos Milei, sería que el gobierno que propagó a los cuatro vientos que congeló los sueldos de los altos funcionarios durante dos años, en realidad funcionaba aceitado por fajos de billetes en negro, mientras hacía padecer lo indecible a profesores universitarios, médicos del Garrahan, jubilados y empleados públicos en general.

¿Por qué no lo echa?

Adorni, vocero del Ejecutivo ultra, permanece imposibilitado de esbozar un argumento sobre su repentina riqueza o de cambiar el eje de la agenda gubernamental mediante algún anuncio. Se esfuerza, el gobierno monta escenas, pero no lo logra. Las encuestas, unánimes, señalan un descenso sensible en la aprobación del gobierno y de Milei, aunque el mandatario sigue siendo un firme candidato a la reelección.

Patricia Bullrich se activa como si oliera sangre mientras las internas del oficialismo se dirimen en las pantallas de Clarín, La Nación, América 24, Carajo y Neura. Adorni ni siquiera junta fuerzas para responderle y atina a calificar a la senadora como “una fenómena”, ante un ataque indisimulado de quien fuera, hasta hace dos meses, su competidora para la candidatura en la Ciudad en 2027.

Aquí se impone la pregunta de por qué Milei hace trascender que está dispuesto a perder una elección antes que despedir a su jefe de Gabinete.

Semanas atrás, podría leerse que el ultraderechista tenía razones para no conceder una victoria a la oposición, con el desprendimiento de uno de los máximos responsables del entramado oficialista, pese al alto costo de su permanencia. Un equipo pequeño, reducido al Presidente, su hermana y pocos más, tenía en Adorni a un vocero dañado, probablemente anulado para siempre, pero la apuesta a que el tiempo subsanara heridas e hiciera olvidar las explicaciones pueriles sobre hipotecas concedidas por jubiladas era atendible.

El testimonio del constructor Matías Tabar de que Adorni le había abonado US$245.000 en efectivo y sin factura entre 2024 y 2025, y que había intentado influir en su declaración ante Pollicita, desbarató por completo la precaria ingeniería de préstamos y propiedades subvaluadas. Adorni maneja cientos de miles de dólares como si le quemaran.

¿Por qué no lo echa?, se preguntan dentro y fuera del Ejecutivo, incluso en tribunales. Milei se desprendió en su momento de Nicolás Posse y Diego Spagnuolo cuando complicaron la vida de la Casa Rosada y afectaron el equilibrio con Santiago Caputo. El Presidente se olvidó en cuanto lo necesitó de las cuarenta veladas en Olivos con Spagnuolo y los abrazos desmesurados con quien consideraba su otro yo, Posse. Con Manuel es distinto.

Una probable respuesta es que el salto económico de Adorni es inescindible del de los Milei. No podría existir un flujo de fondos desde Novelli y $LIBRA al jefe de gabinete sin que el Presidente recibiera su parte, mucho mayor, ni se daría un esquema de sobresueldos y cobro de entrevistas y charlas, una práctica con tanta pregnancia en los Milei. La ruta del Grupo Foggia, asociado al privilegiado Grupo Werthein para el proyecto en Tecnópolis, también remite a Karina, la protectora principal de Adorni.

No faltan quienes apuntan a la particular psiquis de Milei como razón última de todo. Como su flamante vara moral se basa en preguntarse “si mató a alguien”, y Adorni no es sospechado de asesinato, entonces que se quede.

Milei asume un riesgo. Podría darse que, de buenas a primeras, la investigación judicial entre en un pantano por intervención de la Cámara, que los indicadores económicos reviertan en parte la pérdida de ingresos que lastra a la población, que la inflación se quede entre el 1% el 2%, que la oposición se hunda en sus traumas y, con ello, cambie el “humor social”, y Adorni permanezca como un pasivo asumible de cara a 2027.

O podria ocurrir lo contrario: que la economía de Milei continúe mostrando su cara recesiva para la gran mayoría y Adorni sucumba ante pruebas irrefutables.

Así las cosas, su hundimiento sería el del gobierno. Bullrich se dio cuenta.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Manuel Adorni construyó su exposición ante la Cámara de Diputados como un relato guionado y casi sin fisuras. Su objetivo fue dar cuenta de un gobierno que corrige desvíos históricos, jaqueado por una oposición que conspira contra ese rumbo y una gestión que, aun con demoras, avanza en la dirección correcta. Pero a medida que el jefe de Gabinete se adentró en los temas más sensibles empezaron a aparecer zonas de tensión que desbordan ese esquema y dejan expuesta una distancia entre el discurso oficial y la dinámica real.

El primer punto aparece en su propia defensa patrimonial. Adorni insistió en que no hubo “ocultamiento alguno” en sus declaraciones juradas y que las denuncias buscan instalar “una hipótesis incorrecta”. Sin embargo, ese planteo convive con inconsistencias concretas: en su presentación como candidato en 2025 omitió consignar su casa en el country Indio Cua, una propiedad adquirida como bien ganancial, junto con la deuda hipotecaria asociada, pese a que la normativa exige declarar ese tipo de activos.

No se trata de un detalle técnico. Es, más bien, un punto que tensiona el corazón del argumento oficial: la idea de transparencia como diferencial político. En ese sentido, la apelación a anexos reservados y a formalidades administrativas aparece más como una forma de encapsular el problema que de resolverlo.

Algo similar ocurre con las acusaciones por conflictos de interés. Allí, Adorni negó de manera tajante cualquier irregularidad. Afirmó que es “falso” que haya intervenido para favorecer contrataciones de terceros con vínculos previos y aseguró que no existe contrato alguno entre la TV Pública y su amigo, el periodista Marcelo Grandio. Sin embargo, según publicó la periodista Martina Garbarz, existen seis contratos con la productora Imhouse vinculada a Grandio que suman $97.943.995. Otra vez, el mecanismo fue reducir el debate a su dimensión legal, donde el oficialismo se siente más cómodo.

El caso $LIBRA sintetiza esa lógica con mayor nitidez. Durante su exposición, el jefe de Gabinete volvió a enmarcar las denuncias como parte de una ofensiva opositora, pero omitió un dato clave: el propio Gobierno decidió disolver en mayo de 2025 la Unidad de Tareas de Investigación creada apenas tres meses antes para analizar ese entramado. La unidad había sido concebida como una herramienta para recabar información y asistir a la Justicia. Su cierre, formalizado por decreto presidencial, dio por concluida esa tarea tras la remisión de los datos recolectados.

En materia educativa, el discurso volvió a apoyarse en la idea de reformas estructurales y planificación de largo plazo. Adorni habló de transformación, de cambio de época, de un nuevo paradigma. Sin embargo, en paralelo, el conflicto con las universidades sigue abierto y sin resolución de fondo. La Ley de Financiamiento Universitario continúa sin aplicación efectiva, en un contexto de reclamos persistentes por recursos. La brecha entre la ambición del discurso y la implementación concreta vuelve a hacerse visible.

El caso del PAMI introduce un elemento aún más sensible, porque impacta de manera directa en la vida cotidiana. Adorni sostuvo que las prestaciones continúan con normalidad y buscó transmitir una imagen de estabilidad en el sistema de salud. Pero esa afirmación convive con decisiones recientes del propio organismo, como la eliminación de la cobertura total de medicamentos para más de 1,7 millones de afiliados. Lejos de ser un ajuste marginal, se trata de una modificación estructural que redefine el acceso a prestaciones básicas. En ese marco, la idea de “normalidad” queda tensionada por una política que, en los hechos, recorta beneficios sobre una población particularmente vulnerable.

Algo parecido ocurre en el área de discapacidad, donde el Gobierno sostiene un discurso de ordenamiento y eficiencia, pero la implementación de políticas específicas sigue siendo fragmentaria. La falta de aplicación plena de marcos normativos vigentes y las dificultades en el acceso a prestaciones configuran un escenario que contrasta con la narrativa de reorganización y mejora del sistema.

Incluso en el frente económico, donde el oficialismo construye su principal fortaleza, aparece una tensión interna que el propio Adorni dejó entrever. El jefe de Gabinete reconoció que “algunos de los resultados todavía no muestran un impacto directo en la vida cotidiana” y atribuyó ese retraso a una “operación golpista” durante la campaña. La explicación desplaza la responsabilidad hacia factores externos, pero al mismo tiempo revela la dificultad de traducir logros macroeconómicos en mejoras perceptibles para amplios sectores de la sociedad.

Según su propia exposición, la gestión evidencia resultados “contundentes y positivos”. Y, en efecto, ese es el núcleo del relato oficial. Pero en varios de los temas más sensibles el discurso deja ver una distancia persistente entre esa narrativa de orden y la complejidad del presente. Lo que quedó planteado en el recinto no fue solo una disputa entre oficialismo y oposición. Se trató de algo más estructural: hasta qué punto el Gobierno puede sostener un relato de coherencia y control cuando, en los márgenes de su propia exposición, empiezan a acumularse señales que lo contradicen.

PL/CRM

Manuel Adorni llegó este miércoles a la Cámara de Diputados para su primera exposición presencial ante el cuerpo, pero el informe escrito que su Jefatura de Gabinete presentó en paralelo —1.936 páginas, 2.149 preguntas— ya contenía las respuestas oficiales a algunos temas explosivos de la gestión. Desde el escándalo $LIBRA hasta el destino del oro del Banco Central, pasando por los jubilados, el Hospital Garrahan y el pago a influencers, el documento oficial es un mapa de lo que el Gobierno está dispuesto a decir —y de lo que prefiere no decir.

$LIBRA

Las preguntas sobre el criptoactivo $LIBRA ocupan el bloque temático más extenso del informe: al menos 91 consultas de distintos bloques, que van desde si el presidente Milei, Karina Milei y Santiago Caputo mantuvieron comunicaciones con Mauricio Novelli antes y después del lanzamiento del token, hasta si existió algún contrato o acuerdo con Hayden Mark Davis en materia de blockchain o activos digitales.

La respuesta de la Jefatura de Gabinete es uniforme: toda la información está “bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial” en el marco de la causa N° 574/2025, radicada ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 8. El informe advierte que divulgar los datos “podría comprometer la integridad de la investigación”. No confirma ni desmiente ninguna reunión en la Quinta de Olivos la noche del 14 de febrero de 2025.

Lo que sí reconoce es que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 114/25 para impulsar una investigación administrativa a cargo de la Oficina Anticorrupción, que la OA remitió copias del expediente a la Fiscalía Federal N° 3 el 28 de abril de 2025, y que la Comisión Nacional de Valores abrió su propio expediente —el N° 36/2025— que fue archivado el 16 de abril de ese año “una vez agotada la investigación”. En síntesis: el gobierno se escuda en la Justicia para no responder, pero entrega algunas fechas procesales que hasta ahora no habían sido confirmadas oficialmente.

El oro del Central

En diciembre de 2025, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central revelar el destino de las reservas de oro enviadas al exterior en 2024. La oposición preguntó en el informe si esa orden judicial fue cumplida. La respuesta es no: el BCRA recurrió la sentencia mediante Recurso Extraordinario Federal el 13 de febrero de 2026, que fue concedido el 1° de abril para su tratamiento por la Corte Suprema de Justicia.

El gobierno sí informa que las reservas en oro pasaron de US$5.170 millones en diciembre de 2024 a US$9.238 millones al 31 de marzo de 2026, valoradas a precio de mercado. Pero declara “confidencial” —amparado en la Carta Orgánica del BCRA— todo lo relativo a los contratos con depositarios, la entidad financiera que custodia el oro y los eventuales mecanismos de protección frente a embargos. El argumento oficial para el traslado fue que el oro “era un activo improductivo”; el informe no aporta ningún detalle sobre los beneficios económicos concretos obtenidos desde entonces.

Jubilados vs. camiones militares

Una de las preguntas más directas del informe confronta dos decisiones simultáneas del Gobierno: el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria —que, según la oposición, implicó una pérdida de cerca de un millón de pesos por jubilado— y la compra de camiones militares por $15.200 millones en febrero de 2026. ¿Cómo se justifica ese gasto mientras se recorta a los jubilados?

La respuesta del Ministerio de Defensa es escueta: ambas partidas responden a “programas plurianuales” que son “independientes” entre sí, y que las inversiones en equipamiento logístico buscan “garantizar la capacidad operativa” y la “presencia soberana en todo el territorio”. El informe no desglosa qué tipo de camiones se adquirieron, a qué proveedor, ni bajo qué modalidad de contratación.

“Ñoquis” en el Garrahan

La mención de funcionarios del Poder Ejecutivo a trabajadores del Hospital Garrahan como “ñoquis” generó una pregunta explícita en el informe: ¿por qué lo dijeron y lo sostienen? La respuesta oficial no pide disculpas. Aclara que el término no apuntaba a médicos sino a quienes “provocaron 40 paros en un año”, liderados por dirigentes sindicales que “lejos de preocuparse por los pacientes, buscaban hacer política en un año electoral”.

A continuación, el informe enumera las mejoras que el gobierno atribuye a su gestión en el hospital: un aumento del 61% en el salario base de médicos y residentes, el inicio de lo que describen como “el plan de obras más grande en la historia del Hospital” con más de $30.000 millones de inversión en recursos propios, e incorporación de equipamiento de última tecnología, incluyendo un acelerador lineal, un tomosimulador y 310 camas en renovación.

Influencers

La oposición preguntó si algún área del gobierno abona dinero —de forma directa o a través de intermediarios— a influencers o militantes del partido de gobierno, y solicitó que se detallaran montos, origen de los fondos y beneficiarios. La Secretaría de Comunicación y Prensa responde que no contrata influencers “ni en forma directa ni indirecta” y que tampoco efectúa pagos a militantes partidarios por intermedio de terceros.

El informe, sin embargo, no desglosa la pauta publicitaria digital por plataforma ni por beneficiario, pese a que esa información fue expresamente solicitada. Tampoco responde con cifras la pregunta sobre fondos destinados a plataformas como YouTube, Instagram o X. La respuesta se limita a afirmar que la distribución de publicidad oficial sigue “criterios objetivos” sin detallarlos, lo que deja abierta la posibilidad de que los legisladores vuelvan a presionar por esos datos en la sesión presencial.

MC

El Gobierno tiene un problema judicial. O, más precisamente, una acumulación de problemas judiciales que empiezan a superponerse en el tiempo y a dialogar entre sí. $LIBRA, ANDIS y el caso Adorni son expedientes distintos, con lógicas propias, pero atravesados por un mismo hilo conductor: todos rozan, de una u otra manera, el núcleo de poder que rodea a Javier Milei. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue solo un cambio de nombres, sino la designación, en los hechos, de un rol que nadie explicitó en público pero que en privado nadie se molesta en negar: el de escudo.

No se trata, además, de un actor ajeno a ese mundo. Mahiques viene de la llamada “familia judicial”, hijo de un histórico camarista de Casación y formado en los códigos, vínculos y lógicas de Comodoro Py, un capital que en la Casa Rosada le reconocen y por el que fue elegido para cumplir justamente esa función. La apuesta era clara: alguien que hablara el idioma de los tribunales, que conociera sus tiempos y sus reflejos, y que pudiera ofrecer cobertura en un momento de tensión creciente. El problema es que, a poco más de un mes de asumir, ese escudo todavía no logra mostrar eficacia, o peor aún, no termina de cubrir.

Hay escenas que lo delatan. En marzo, durante su primera entrevista en LN+, Mahiques ensayó la fórmula esperable, pero apenas unos segundos después cruzó esa línea y se metió de lleno en el caso $LIBRA, donde terminó actuando más como abogado defensor del Presidente que como ministro de Justicia. No lo hizo en un expediente ni en un dictamen, sino en televisión, como quien tantea el terreno, al esbozar una estrategia para desarmar la prueba central.

En Comodoro Py la hipótesis es conocida: si el origen de una prueba es cuestionable, todo lo que se construye sobre ella puede caerse. Es la mentada teoría del “fruto del árbol envenenado”. Por lo que cualquier filtración aparece, en el razonamiento de Mahiques, como una posible llave de nulidad. Ese corrimiento tuvo consecuencias, porque en los tribunales lo leyeron como una señal de debilidad más que de fortaleza. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque reveló la urgencia del oficialismo y expuso que las pruebas, lejos de ser marginales, preocupaban.

Esa preocupación se vuelve más tangible cuando se mira el estado de las causas. En $LIBRA, el expediente que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli empezaron a aportar elementos incómodos para la defensa oficial, incluyendo referencias a un presunto acuerdo económico con el propio Presidente para promocionar la criptomoneda meme que dio lugar a acusaciones de estafa y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.

En paralelo, la causa que investiga los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Ariel Lijo, acaba de escalar con un movimiento que en Tribunales funciona como señal de cambio de fase: los fiscales pidieron 27 nuevas indagatorias, ampliaron la imputación a una estructura que combina funcionarios y empresarios y pusieron bajo la lupa un esquema de direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones, con pedidos de inhibición de bienes incluidos, lo que indica que la investigación no solo sigue abierta sino que se expande. A su vez, en el caso Adorni, también bajo la órbita de Lijo, el expediente que más rápido se movió en los últimos días, la hipótesis de dádivas por el viaje a Punta del Este y las sospechas de enriquecimiento ilícito empiezan a consolidarse con pruebas que, al menos por ahora, resultan difíciles de desactivar. “Nos conviene que la causa avance rápido”, deslizan en Casa Rosada.

En ese mapa hay un dato que sobresale y que conecta los casos más sensibles que orbitan alrededor del oficialismo: aunque no todas están en el mismo juzgado, la figura de Lijo aparece como un actor central en este momento judicial. Su comportamiento en las últimas semanas no pasa desapercibido. Licencias llamativas, movimientos políticos y reuniones que trascienden pueden no significar demasiado por separado, pero en conjunto construyen la imagen de un magistrado en estado de activación, una percepción que circula cada vez con más fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Allí no lo dicen en voz alta, pero lo sugieren con insistencia. Lijo está en campaña, no en términos electorales sino institucionales, en un contexto en el que la Procuración General de la Nación volvió a entrar en la conversación como horizonte de poder, junto con los nombres de quienes aspiran a ocuparla, entre los que aparecen tanto el propio juez como el ministro Mahiques.

La paradoja es evidente, porque el funcionario que debería garantizar un vínculo aceitado entre el Gobierno y la Justicia compite, en los hechos, por el mismo objetivo que uno de los jueces que investiga a sus principales figuras. No es una disputa explícita, pero tampoco hace falta que lo sea, ya que se expresa en gestos, silencios y movimientos que se leen más por lo que insinúan que por lo que dicen, en un juego donde la exposición también construye posicionamiento.

Para Lijo, la ecuación pasa por recuperar centralidad después del traspié que significó su fallida llegada a la Corte Suprema impulsada por el asesor Santiago Caputo, mientras que para Mahiques el desafío es consolidarse en un cargo que, por ahora, lo expone más de lo que lo protege. Ambos saben que para llegar a ser jefe de los fiscales no alcanza solo con antecedentes técnicos, sino con poder político, y que ese poder se construye en el cruce, siempre inestable, entre los tribunales y la Casa Rosada.

Es que mientras en los pasillos de Comodoro Py empiezan a circular versiones que amplían el mapa —como la que menciona a Mahiques como posible nexo informal entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, las causas que acorralan a Milei dejan de ser solo expedientes para convertirse también en herramientas de negociación. Por eso, cuando en Balcarce 50 hablan de levantar un escudo ante al frente judicial, quizás estén mirando el partido equivocado. Echando mano a la metáfora del último video compartido por el Presidente en su cuenta de Instagram, del otro lado, más que delanteros aislados, empieza a haber un equipo que juega en bloque y que, sin apurarse, empieza a empujar la pelota hacia el arco con cada vez menos intermediarios.

PL/CRM

La previa de la sesión de la reforma de la Ley de Glaciares, que consiguió quórum con facilidad, estuvo marcada por un monotema: el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, que comenzó con el viaje privado a Punta del Este y continúa, hace más de un mes, con el desfile de testigos ante el despacho del fiscal Gerardo Pollicita. La oposición agarró el tema y machacó durante toda la sesión, sumando el caso $LIBRA, la persecución contra periodistas y la guerra contra Irán en la mezcla. Perdió todas las votaciones, pero esgrimió una mayoría sorpresiva que despertó las alarmas oficialistas. 

“Es un papelón, no pueden explicar nada de todas estas propiedades, nada de todos estos viajes y lo más paradojal que parece que el gobierno de La Libertad Avanza, que tenía un vocero, ahora tiene que esconderlo y son los funcionarios los que se transformaron en los voceros de Adorni”, provocó la camporista Paula Penacca comenzada la sesión. La diputada de Unión por la Patria fue la primera en presentar un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni para que diera explicaciones sobre sus viajes y propiedades, que tienen envuelto al Gobierno en una crisis hace un mes.

El PRO y la UCR, así como los gobernadores de Tucumán, San Juan y Salta, salieron en defensa del jefe de Gabinete y frustraron la avanzada opositora. La votación salió 124 votos y 118 en contra: dado que la propuesta, al ser un apartamiento del reglamento, necesitaba de tres cuartos de los presentes para ser aprobada, se rechazó. Pero dejó un mensaje. La oposición había fracasado en sostener una mayoría especial, pero no una mayoría simple. Hubo aliados del Gobierno que, al momento de votar, decidieron ausentarse y dejaron expuesto al jefe de Gabinete.

Fue el caso, por ejemplo, de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro (que 24 horas antes había cerrado un acuerdo por la deuda previsional con Nación y se preparaban para acompañar la reforma de la ley de Glaciares). También de los ex libertarios Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, y de Marcela Pagano. Todos ausentes al momento de la votación que, sin embargo, estaban presentes en otros pasillos del Congreso. 

Una situación similar se vivió cuando Maximiliano Ferraro pidió un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni y a Karina Milei por el caso $LIBRA, que sumó novedades sobre la participación de los funcionarios en el lanzamiento de la criptomoneda a raíz de las filtraciones periodísticas del celular de Mauricio Novelli. La oposición consiguió 125 votos a favor y 116 en contra. Una vez más, perdió la votación pero demostró fuerza. Con una novedad: la salteña Yolanda Vega acompañó el proyecto pese al alineamiento de su gobernador, Gustavo Sáenz, con Javier Milei.

El jefe de Gabinete tendrá que pisar la Cámara de Diputados el 29 de abril en un escenario hostil. Existe una mayoría incipiente que está dispuesta a llevarlo por la fuerza a dar explicaciones y, en la vereda de enfrente, un oficialismo que no termina de convencer a todos sus aliados para que salgan en su defensa. “Lo van a destruir”, coincidió un aliado del Gobierno, poco después de la sesión.

La oposición apunta a utilizar esta mayoría incipiente en una futura sesión. El objetivo de la bancada peronista, que preside Germán Martínez, es convocar dentro de unas semanas una sesión especial con un temario que incluya todos los temas rechazados –incluido el “No a la Guerra”, un proyecto de ampliación de licencias parentales y otro destinado a las PYMES– para que puedan ser emplazados y tratados en comisión. Una maniobra que, por discusiones técnicas, la oposición no pudo implementar en el recinto y planea, ahora, utilizarlo como insumo para pasar a la ofensiva en el Congreso. 

No será el único tema. La oposición tiene planeado volver a la ofensiva en el Congreso y buscará hacerlo de la mano del escándalo Adorni, por un lado, y del rechazo del DNU 941 que reestructuró la SIDE. 

El PRO y la UCR apoyan la censura a periodistas

Otro de los temas que se incluyó al comienzo de la sesión fue el repudio a la decisión del gobierno nacional de quitar la acreditación en Casa Rosada a periodistas y medios de comunicación vinculados a una supuesta red de espionaje ruso. Hubo dos proyectos de resolución presentados, uno por Romina del Plá (PO) y otro por Lorena Pokoik (UxP), y ambos fueron rechazados. 

Votaron en contra LLA, pero también el PRO y la UCR. Los gobernadores, en esta ocasión, decidieron ausentarse. Sí acompañaron el rechazo a la censura, en cambio, el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. 

Una situación similar se vivió con el proyecto de resolución de No a la Guerra de Eduardo Valdés y Juan Marino (UxP). “Paz, paz, paz, esto es lo que quiero escuchar de este recinto”, pidió Valdés, pero con 121 votos a favor y 117 en contra no logró conseguir conseguir los tres cuartos del recinto.

MCM/CRM

El empresario Mauricio Novelli, involucrado en la presunta criptoestafa $LIBRA que fue difundida en redes por el presidente Javier Milei, solicitó este jueves la nulidad del análisis técnico realizado sobre su teléfono celular. La defensa argumentó que el procedimiento presentó “fallas graves” y denunció accesos irregulares a la información del dispositivo.

El planteo fue presentado por su abogado, Daniel Rubinovich, quien cuestionó el peritaje llevado adelante por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. Según sostuvo, el estudio carece de validez debido a irregularidades en la manipulación de la evidencia.

De acuerdo con la presentación judicial, una resolución administrativa (PER 171/2026) habría detectado “accesos indebidos” por parte de personal técnico. En ese marco, la defensa sospecha que un agente ingresó sin justificación a archivos específicos, los duplicó y los almacenó en un equipo propio, lo que habría comprometido la cadena de custodia.

El escrito señala que la “integridad, autenticidad y trazabilidad” del material analizado quedó afectada, lo que, a criterio de la defensa, invalida todo el contenido obtenido durante el peritaje. También cuestiona que el análisis se haya extendido a unos 812 gigabytes de información sin los controles adecuados, lo que habría implicado una “exploración general” sobre datos de la vida privada del empresario.

En esa línea, Novelli sostuvo que se incorporaron chats y archivos sin relación directa con el objeto de la investigación, lo que derivó en un volumen de información mayor al necesario. Por ese motivo, reclamó la nulidad total del procedimiento y pidió que el material sea descartado como prueba.

Además, el empresario exigió la realización de una auditoría externa que permita garantizar la transparencia del proceso y evitar nuevas filtraciones, como -según denunció- habría ocurrido con el informe técnico cuestionado.

La causa $LIBRA continúa en etapa de investigación, mientras la defensa de Novelli busca desacreditar una de las pruebas centrales del expediente.

Con información de la agencia NA

El fiscal federal Eduardo Taiano respondió a los cuestionamientos surgidos en la comisión investigadora del Congreso y aseguró que no ocultó informes periciales, al tiempo que brindó detalles sobre el estado de la causa $LIBRA.

A través de un comunicado de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8, el funcionario explicó el recorrido de los informes técnicos vinculados al análisis de dispositivos electrónicos secuestrados en el marco de la investigación. Según precisó, el 17 de noviembre de 2025 se emitió un informe preliminar elaborado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en el que se dejaba constancia de que el trabajo se encontraba “en curso”.

Taiano remarcó que ese documento tenía carácter “orientador” y no incluía conclusiones definitivas. En ese sentido, indicó que el informe final fue remitido a la fiscalía el 13 de enero de 2026 y que se incorporó al sistema judicial el 24 de febrero, quedando a disposición de las partes antes de que se produjera la filtración pública de documentación, el 6 de marzo.

Las aclaraciones del fiscal se producen luego de que desde el ámbito legislativo se lo acusara de haber demorado o retenido información clave para la causa. Frente a esas críticas, sostuvo que el proceso siguió los tiempos técnicos correspondientes y que no hubo ocultamiento de pruebas.

El comunicado también abordó la citación de la periodista Natalia Volosin, que había generado controversia. Según explicó la fiscalía, esa medida respondió a un pedido de una de las partes querellantes ante la filtración de documentación privada de los imputados. Sin embargo, la citación fue posteriormente dejada sin efecto.

La decisión se tomó luego de que el procurador general Eduardo Casal iniciara un sumario administrativo y promoviera una investigación penal por esa presunta filtración, que quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10.

Finalmente, Taiano reafirmó su “compromiso con el avance de la investigación”, así como con el respeto de las garantías procesales y la preservación de información sensible, en un intento por llevar claridad frente a las críticas y sostener la legitimidad del proceso judicial.

CRM

Nuevas pericias incorporadas a la causa por el caso $LIBRA expusieron los movimientos del empresario Mauricio Novelli en las horas previas al lanzamiento del token, donde aparecen intentos de compras de lujo, manejo de dinero en efectivo y medidas de seguridad personal.

Por peritaje de telefono celular, el día previo al lanzamiento de la criptomoneda que promocionó en redes sociales Javier Milei, Novelli buscó adquirir un reloj suizo de alta gama valuado en unos 45 mil dólares y también consultó por modelos de Rolex, incluso con la posibilidad de comprarlos sin factura.

En paralelo, el empresario analizaba gastos en propiedades y oficinas, con pagos en efectivo y decisiones rápidas, mientras proyectaba inversiones y consumos de alto nivel. De acuerdo a los registros, manejaba grandes sumas de dinero y priorizaba operaciones inmediatas bajo la lógica de “cash” y sin reparar en los costos.

Tras el lanzamiento de la criptomoneda y el posterior escándalo por su desplome, el escenario cambió abruptamente. Novelli pasó de planificar compras de lujo a contratar custodia privada y armar un equipo de abogados y asesores ante las denuncias que comenzaron a multiplicarse.

Los datos forman parte del material recuperado por peritos judiciales y se suman a la investigación que busca determinar responsabilidades en torno a la promoción y caída del token, en un expediente que continúa sumando elementos sobre la trama detrás de $LIBRA.

Así promocionaba Milei los cursos de Novelli en 2023

Así promocionaba Agustín Laje los cursos de Novelli

Así promocionaba Novelli sus cursos “para evitar estafas” con Milei y Laje como cara visibles

La charla de Milei y Novelli en 2021

Con información de NA.

Los senadores de Unión por la Patria (UxP) Martín Soria y Juliana Di Tullio embistieron este miércoles contra el presidente Javier Milei, a quien calificaron como un “estafador serial” a raíz de los últimos hallazgos del caso $LIBRA, y señalaron que cobró “más de cinco millones” de dólares en concepto de sobornos a cambio de la promoción de la criptomoneda. Fue durante la sesión de la Cámara alta por los pliegos de Carlos Mahiques y Lucila Crexell.

El exministro de Justicia, Martín Soria, opinó que el lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero del 2025 “no fue un error” sino que reveló “un modus operandi” del jefe de Estado.

“Estamos en presencia de una estafador serial”, fulminó el senador rionegrino al exponer su cuestión de privilegio contra el presidente.

En los últimos días se filtró el contenido de un informe surgido de un peritaje judicial que está incorporado al expediente que lleva el fiscal Eduardo Taiano, el cual da cuenta de numerosas llamadas telefónicas entre Milei y el lobbysta cripto Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit de lanzamiento del token $LIBRA.

En el peritaje al teléfono de Novelli también aparecieron pruebas de conversaciones telefónicas con la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, con el exjefe de gabinete de Asesores de Presidencia, Demian Reidel, y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En su cuestión de privilegio contra Milei, Juliana Di Tullio aseveró que “este es un gobierno de estafadores”. E insistió: “El presidente de la República Argentina es una estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones para estafar a 40.000 personas”.

Un rato más tarde, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas contra Javier Milei e hizo una enfática defensa: “Nuestro presidente es absolutamente inocente”. 

“La Justicia está actuando, dejen actuar a la Justicia”, continuó la exministra de Seguridad, que denunció la “hipocresía” del peronismo por denunciar al jefe de Estado cuando tiene a su líder Cristina Kirchner presa con condena firme.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Las revelaciones publicadas en las últimas horas reactivaron el corazón del caso que investiga los vínculos entre el trader cripto Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei. Lo que hasta hace poco parecía un entramado difuso de contactos y guiños digitales ahora aparece respaldado por peritajes oficiales, mensajes recuperados y registros de ingresos a la Casa Rosada que dibujan un circuito de presuntos pagos, favores y acuerdos en lo que también aparece el nombre de Karina Milei.

El peritaje realizado por la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y que fue incorporado tardíamente al expediente por el fiscal Eduardo Taiano, reveló llamadas directas entre Milei y Novelli en los minutos previos al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, así como un borrador de acuerdo confidencial que incluía un presunto pacto de pagos por US$ 5 millones, según reconstruyó Chequeado.

Ese documento, que La Nación había mencionado días atrás, estaba en poder del fiscal desde noviembre de 2025, pero no había sido incorporado al expediente ni puesto a disposición de las partes. La omisión abrió un nuevo frente: el manejo discrecional de pruebas sensibles en una causa que involucra al Presidente.

Un mensaje recuperado del celular de Novelli, enviado el 1 de noviembre de 2024, con tres palabras que reconfiguran el caso: “Pago Javier kari”, según publica El Destape en las últimas horas.

Ese mismo día, Novelli había ingresado a la Casa Rosada durante 40 minutos, con autorización desde la antesala del despacho presidencial. Diez días después, volvió a ver a los Milei en la Residencia de Olivos. La secuencia coincide con un momento clave: el trader buscaba cerrar acuerdos con el empresario cripto Hayden Davis, quien celebró esa noche que el Presidente “firmó todo”.

Cómo se pagaba: efectivo, transferencias y una cuenta a nombre de Karina Milei

El modus operandi de los pagos previos al estallido de $LIBRA. Según los mensajes recuperados, Milei —entonces candidato— recibía pagos en efectivo y transferencias bancarias que se canalizaban a través de una cuenta a nombre de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, según revela El Destape.

Los chats muestran además que Novelli financiaba la promoción cripto en redes mediante pagos regulares a influencers como Emmanuel Danann y Agustín Laje, un esquema que replicaba el modelo de “amplificación digital” que luego se vería en el caso $LIBRA.

Un ecosistema de negocios que antecede a la política

Las nuevas evidencias no sólo comprometen a Milei en el episodio puntual de $LIBRA: sugieren la existencia de un ecosistema de negocios previo, sostenido en intercambios de favores, promoción digital y pagos encubiertos. La línea temporal muestra que:

Otros negocios que llevó Novelli a Casa Rosada

De acuerdo a la información que brinda este miércoles el periodista Ari Lijalad en El Destape, el peritaje al teléfono celular de Mauricio Novelli revela “otra serie de negocios que le acercaban a los hermanos Milei una vez llegados a la Casa Rosada. Se trata de una conexión directa con un banco y una casa especializada en metales preciosos de Suiza que le propusieron crear una moneda de oro con la cara de Javier Milei y que tuviera valor comercial y el desarrollo de merchandising de todo tipo con la imagen y las consignas del presidente. Novelli llevó a los autores de estas iniciativas a la Casa Rosada a reunirse con Karina Milei al menos dos veces. La idea, según consta en los chats de de Novelli, era firmar un contrato con una firma en Uruguay para eludir impuestos”, afirma la nota periodística.

De acuerdo a la información periodística, se trata de cuatro documentos que El Destape detectó en el peritaje del celular de Novelli. Dos están fechados en septiembre de 2024 y tienen el lema “estrictamente confidencial preparado por ICV Advisors”, una consultora que según su web opera en toda Latinoamérica, con la “idea, realización y creación” de estos negocios es de Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de ICV Advisors y gerente de relaciones de Degussa Global Custodian, una firma suiza especializada en metales preciosos y monedas de oro.

Los otros dos tienen fecha de noviembre de 2024 y figura como autor Gregor Beck, a quien Novelli agendó como “Gregor Fondo Suizo” en el grupo de Whatsapp que armaron para este negocio, y que es uno de los miembros del Consejo de Administración del Bank Von Roll de Suiza y de Degussa.

Novelli y el presunto pago de US$5 millones para que Milei promocionara $LIBRA

El acuerdo para que el presidente Javier Milei escribiera el tweet impulsando la critpomoneda $LIBRA incluyo un acuerdo por el pago de US$5 millones, según reveló este sábado una investigación de El Destape. De acuerdo a un archivo encontrado en el celular de Mauricio Novelli el precio pactado por la estafa $LIBRA fue un pago de US$ 1,5 millones por adelantado, otra suma similar por el tweet, y otros US$ 2 millones por la firma de un contrato en persona junto a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia.

De acuerdo con la investigación, el borrador del contrato fue acordado entre Novelli y Hayden Davis, el CEO de Kelsier Ventures y creador del token $LIBRA. El archivo fue creado el 11 de febrero de 2025, tres días antes de que se lanzara la critpo y estallara el escándalo.

El contrato, en inglés, establece:

Hola amigos,

Este es el acuerdo final discutido con H.

$1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto

$1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis

$2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoriaen blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revision con Javier y Karina

El archivo estaba en los dispositivos secuestrados a Novelli por la justicia y suma una nueva prueba sobre el rol del Presidente y su hermana. Se conoce luego de que las partes pudieran acceder a las pericias que habían sido ocultadas por el fiscal Eduardo Taiano, según viene denunciando la abogada Natalia Volosin.

Este sábado, además, se conocieron los registros de llamadas incorporados a la investigación judicial por el caso $LIBRA que revelan una intensa comunicación entre el entorno más cercano del presidente Javier Milei y el lobista argentino Mauricio Novelli durante las horas previas al lanzamiento del token y también después de su colapso. Los registros telefónicos revelan que Milei y Novelli intercambiaron 7 llamadas el día del lanzamiento de la criptomoneda: 5 de ellos fueron realizados dentro de la hora previa al posteo y otro dos, en la media hora posterior.

La causa judicial y el silencio oficial

A fines de febrero de este año, el fiscal federal Eduardo Taiano incorporó al expediente un peritaje realizado en enero por la Dirección General Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), del Ministerio Público Fiscal, con información sobre el contenido del teléfono celular de Mauricio Novelli.

A los pocos días, una nota del periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación reveló que en ese peritaje se encontraron borradores de un acuerdo confidencial entre Milei y Hayden Davis, el creador de la criptomoneda.

Sin embargo, la abogada Natalia Volosín reveló que ese documento ya estaba en manos del fiscal desde noviembre de 2025, y que no se había incorporado al expediente ni se le había dado acceso a las partes. También denunció que las partes no habían podido acceder a los anexos reservados del informe que Taiano sí había incorporado al expediente el 24 de febrero.

Luego de esto, según pudo averiguar Chequeado, Taiano dio acceso a las partes a los anexos incorporados en febrero y también a los borradores del contrato, presentados como informes preliminares. Volosín brindará declaración testimonial el próximo martes.

Aunque Milei está bajo investigación, aún no fue formalmente imputado ni designó abogados en la causa.

El Gobierno, por ahora, evita pronunciarse sobre los nuevos hallazgos. La estrategia parece ser la misma que en episodios anteriores: minimizar, desmentir sin detalles y apostar a la erosión del impacto público con el paso del tiempo.

La causa, que parecía estancada, vuelve a moverse. Y lo hace con un volumen de evidencia que ya no puede ser explicado como “operación política” ni como “malentendido tecnológico”. El teléfono de Novelli, por ahora, es el testigo más elocuente.

Con información de La Nación, El Destape, Natalia Volosín y Chequeado.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo este lunes que resulta necesario “dejar que la Justicia investigue la causa $LIBRA”, en tanto que calificó de “muy grave” que se haya filtrado información confidencial del expediente que obra en manos del fiscal Eduardo Taiano que involucran al presidente Javier Milei por la presunta cripto estafa perpetrada el 14 de febrero del 2025.

“Que se haya filtrado es grave. Los ministerios tienen que colaborar con lo requiere el fiscal o el juez, pero lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende la cadena de custodia no está garantizada”, analizó el funcionario de Gobierno.

“No podemos garantizar que parte de este archivo haya sido manipulado”, insistió el titular de la cartera judicial en declarciones a LN+.

Según Mahiques, “hay una causa que investiga si pudo haber sido adulterado, modificado, adulterado el material o parte de lo que salió en los medios, y por otro lado se está investigando la causa $LIBRA”. 

“Tenemos que dejar que la Justicia investigue la causa $LIBRA”, instó el ministro.

Recordó asimismo que el Ministerio de Justicia, cuando estaba al frente su antecesor en el cargo, Mariano Cúneo Libarona, elaboró un informe sobre la causa que entregó a la Justicia.

Por otra parte, Mahiques defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en un escándalo luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, había sido parte de la comitiva presidencial que viajó a Nueva York la semana pasada, con vuelo y estadía sin cargo en un hotel de lujo de la Gran Manzana.

“Adorni tuvo la entereza y la altura de venir y pedir disculpas. Reconoció el error y se está investigando en la Justicia si hay o no hay delito”, indicó.

Luego agregó: “Yo no soy quien para juzgarlo. Yo no me puedo poner en juez de la moral de colegas o del jefe de Gabinete”.

“Hay denuncias penales que se están investigando. Esperemos a ver qué dice la Justicia”, cerró.

El borrador del supuesto contrato por US$5.000.000 con Javier Milei que se encontró en los chats de Mauricio Novelli, el trader que funcionó como pata local del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, rompió con el triunfalismo libertario en el Congreso. En menos de 24 horas, el peronismo, la izquierda y la Coalición Cívica convocaron a una conferencia de prensa, denunciaron al fiscal Eduardo Taiano, conversaron con los abogados de los damnificados en Estados Unidos y comenzaron a limar al ecosistema oficialista con el objetivo de romper la red de alianzas de Milei en la Cámara de Diputados.

“Hay que dejar de criticar tanto a Santiago (Caputo) que lo vamos a necesitar”, ironizó una diputada del peronismo, poco después de que terminara la conferencia de prensa opositora de este lunes por la tarde. Los diputados opositores reaccionaron poco después de que se sucedieran varias revelaciones mediáticas en los últimos días: el diario La Nación detalló los contactos entre Milei y Novelli del 14 de febrero de 2025 y El Destape reveló un archivo que daba cuenta de que Hayden Davis, el creador de la cripto $LIBRA, habría acordado con Novelli el pago de 5 millones de dólares por el apoyo de Milei. Entonces los legisladorres se reunieron en un zoom el domingo a la noche, plantearon los pasos a seguir y comenzaron con el verdadero desafío: conseguir los votos para instalar el tema en el Congreso. 

La oposición apuesta a utilizar las últimas revelaciones del criptoescándalo como ariete para cambiar el clima en el Congreso. El objetivo enunciado es interpelar al presidente y Karina Milei, así como a Santiago Caputo y Damian Reidel, el ex titular de Nucleoeléctrica que fue desplazado luego de que estallara el escándalo por sobreprecios en la empresa estatal, para que den explicaciones en la Cámara de Diputados sobre el trasfondo de la difusión de la cripto $LIBRA el 14 de febrero. 

El objetivo real, sin embargo, es otro: mantener el tema en agenda, aún a conciencia de que cuesta instalarlo en la sociedad, y utilizarlo para romper el blindaje legislativo que Milei construyó tras las elecciones de octubre. 

Por eso el chiste: en la oposición apuestan a explotar el internismo furioso del Gobierno –con sus aliados y sus propios funcionarios– para sumar adhesiones. Quieren dejar servida en bandeja de plata una vendetta a quien quiera tomarla. En el caso de Caputo, quien es sospechado en el karinismo de haber filtrado el video de Manuel Adorni subiéndose a un avión privado para viajar a Punta del Este, el interés está puesto en sus aliados en el Congreso. Es decir, el MID y el PRO. 

El MID, que lidera Oscar Zago, está enojado con Karina porque Pilar Ramírez le “robó” una legisladora porteña, Sandra Rey. Alineados detrás del Gobierno desde la victoria electoral, el MID tiene una relación ambivalente con el oficialismo y aprovecha, cuando puede, para diferenciarse. El caso $LIBRA es uno de ellos: el MID, al principio, acompañó la creación de la comisión investigadora, pero luego se plegó a la estrategia de bloqueo del oficialismo. Ahora, en cambio, vuelve a utilizar el tema como munición contra el Gobierno. 

El MID juega en equipo con Cristian Ritondo, jefe de bancada del PRO que mantiene un vínculo cercano con Caputo. “Es quien apostó al caballo perdedor”, ironizan sus ex compañeros que hicieron el pase a LLA, marcando la diferencia con Diego Santilli, quien se acercó desde un principio a la secretaria de la Presidencia y hoy apuesta a convertirse en el candidato a gobernador bonaerense de Milei. Ritondo, sin embargo, alinea la estrategia legislativa con Mauricio Macri y en la oposición están a la expectativa del momento en el que el ex presidente pretenda vengarse de los Milei.

“El PRO es difícil, acá a los que hay que convencer es a los gobernadores”, advierte, en cambio, otro de los diputados opositores que está trabajando en la avanzada legislativa. Si bien desde las elecciones de octubre los gobernadores se han plegado a la agenda del Ejecutivo, la oposición tiene expectativa de que, después del Mundial, empiecen a mostrar interés en diferenciarse de cara a las elecciones. Y ahí es cuando apostarán a intervenir para meter cuña.

La apuesta de la oposición es de largo aliento. Saben que, de momento, no tienen los votos para avanzar con la interpelación de los funcionarios o para reactivar la comisión investigadora (otro de los objetivos de la oposición, así como el apartamiento de Taiano de la causa por “encubrimiento”). Pero están cerca: según contabilizan, con optimismo, en la oposición, cuentan con una base de 124 votos para avanzar con la agenda $LIBRA en la Cámara de Diputados. Es decir, están a solo 5 votos de conseguir quórum. 

Este poroteo preliminar incluye al peronismo, la izquierda, los radicales de Provincias Unidas y el pichettismo. Para llegar al número y romper la red de alianzas del Gobierno, sin embargo, necesitarán de algunos gobernadores aliados y los ex oficialistas ahora alineados (como el MID, Lourdes Arrieta o algunos PRO). 

“Estamos hablando con todos, pero es difícil de romper”, admite una dirigenta opositora, quien, en las últimas horas, estuvo recibiendo llamados del estudio de abogados de Estados Unidos que está trabajando con los damnificados norteamericanos de la caída de la criptomoneda $LIBRA. La filtración del supuesto contrato con Milei que se encontró en los chats de Novelli tuvo repercusión en EE.UU., y algunos querellantes comenzaron a ahondar en el trabajo que la comisión investigadora realizó el año pasado.

El informe elaborado por la comisión no incluye las conversaciones de Novelli, que Taiano se negó a mostrar –así como cualquier otra prueba que la comisión le solicitó–, pero sí tiene algunas coincidencias con lo que el cruce de llamadas entre Novelli, Milei y Karina demostró después. Ahí aparece la sincronización previa al lanzamiento de la criptomoneda que barre con el argumento inicial de Milei de que se enteró del contrato del token de manera casual. Ese es el hilo que la oposición pretende tirar. 

“Cuando decimos que vamos a presentar proyecto es un llamado dirigido al resto de los bloques para que se pronuncien. ¿Van a contribuir para tener número y votar alguna de estas iniciativas? La pelota está del lado de ellos”, advirtió Juan Marino, quien ofició de secretario de la comisión investigadora, al final de la conferencia de prensa.

MCM/MC

Cristina Kirchner calificó este lunes de “farsa procesal” la causa Cuadernos, denunció una operación mediática detrás de la convocatoria presencial a Comodoro Py este martes y aprovechó para atacar la gestión de Javier Milei y el escándalo por la criptomoneda $LIBRA.

“Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla”, escribió la expresidenta, que cumple arresto domiciliario en su departamento de Constitución tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad. Este martes deberá dejar su domicilio para enfrentarse a una indagatoria con los jueces del tribunal.

“El show debe continuar”

Cristina apuntó directamente contra la decisión del Tribunal Oral Federal 7 de convocarla a declarar de manera presencial. “El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada 'Cuadernos', que se viene tramitando vía zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'”, escribió. Y añadió con ironía: “Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras 'en cuadraditos' no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'”.

Sobre la citación, fue escueta y desafiante: “Por esa razón, los jueces me citaron a indagatoria presencial en Comodoro Py para mañana martes a las 9 de la mañana… Faltaba más…”

En esa causa, la fiscal Fabiana León la acusa de haber liderado una asociación ilícita dedicada a recaudar sobornos de empresarios de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Su abogado, Carlos Beraldi, sostiene que los cuadernos fueron manipulados y que los imputados colaboradores declararon bajo extorsión, planteos que el tribunal rechazó.

Un cuadro económico como “postal”

En la primera posdata de su mensaje, Kirchner extendió el argumento: sostuvo que ni las fotos de su traslado ni los videos alcanzarán para “ocultar las postales del nuevo paisaje nacional generado por el economista experto en crecimiento con o sin dinero”. Enumeró entonces una serie de indicadores que describió como síntomas de “la catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal”: fábricas cerradas o tomadas, locales vacíos, inflación que según afirmó supera los dos puntos mensuales “desde hace meses”, salarios en caída libre, deudas bancarias sin precedentes desde el fin de la convertibilidad y “cada vez más gente en situación de calle”.

$LIBRA y Milei en la segunda posdata

En un segundo agregado, Kirchner se sumó a la controversia en torno a la criptomoneda $LIBRA y apuntó contra el presidente. “Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase 'la moral como política de Estado', habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares”, escribió.

La mención al fiscal Taiano alude a las críticas del kirchnerismo por la velocidad con que avanza —o no avanza— esa investigación en los tribunales de Retiro.

La segunda salida desde su detención

La audiencia de este martes será la segunda vez que Kirchner abandona su domicilio desde que fue detenida el 17 de junio de 2025. La primera fue cuando debió ser internada de urgencia por una peritonitis en diciembre pasado. Al estar en arresto domiciliario, el Servicio Penitenciario Federal no interviene en el traslado: llegará a Comodoro Py en su propio auto, acompañada por su custodia, con la tobillera electrónica como único control de sus movimientos.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu autorizó el traslado por escrito el 11 de marzo pasado y estableció que debe regresar “inmediatamente” una vez finalizada la audiencia. En su entorno no estaba definido CFK hará uso de la palabra o preferirá guardar silencio, aunque se descuenta un alegato político desde el estrado.

MC