Flybondi, la línea aérea que compró Leonardo Scaturicce hace un año, le ofreció este jueves el retiro voluntario a todos sus 1.500 empleados. La línea aérea fundada en 2016 atraviesa tiempos económicos difīciles, con permanentes cancelaciones de vuelos.

“La compañía puso en marcha un programa de retiros voluntarios”, anunció la firma de Scaturicce, amigo y consejero del asesor presidencial Santiago Caputo, que se hizo conocido hace un año por un vuelo de un avión suyo que no fue controlado por Aduana, después consiguió diversos contratos con el Estado y compró el correo Oca y el grupo logístico Flecha.

“Esta iniciativa forma parte de un rediseño organizacional que busca optimizar su capacidad y eficiencia operativa. El programa se desarrolla de manera voluntaria y en línea con la normativa vigente, contemplando condiciones acordes para quienes decidan adherir. La compañía continúa enfocada en fortalecer su operación y sostener sus compromisos con clientes, empleados y el entorno en el que opera”, agregó.

Los empleados tienen pocos días para decidir, según comentaron los que recibieron la propuesta de la empresa. El primer llamado a retiro voluntario va hasta el 25 de marzo y equivale a un despido tradicional (un salario por año trabajado) más medio salario extra, a cobrarse en tres cuotas, con cobertura de salud por 6 meses y cuatro pasajes sin cargo. El segundo llamado es del 25 al 27 de marzo para firmar el 30 de marzo e incluye menos beneficios: un despido más un cuarto de salario extra, prestación sanitaria por tres meses y dos pasajes sin cargo.

En la empresa no aclararon cuánto personal planean retener. Pero la idea es seguir operando con personal propio. Sólo en temporada de verano utilizaron aviones alquilados en el extranjero con tripulación del exterior, sobre todo española, pero no prevén usarlos en lo que resta del año, según informaron en la empresa.

Flybondi se ha caracterizado en los últimos años por las cancelaciones y las demoras. Antes la excusa era que el gobierno anterior no le proporcionaba los dólares para pagar el alquiler de los aviones en el extranjero. Ahora expertos señalan las dificultades financieras derivadas de la acumulación de costos como los seguros, los alquileres, la tripulación y el combustible cada vez más costoso por la guerra de Irán. Sólo el 57% de sus vuelos sale puntual, según la consultora Adventus. En el caso de Aerolíneas llega al 89% y en el de JetSmart, el 78%.

Tras cancelar 150 vuelos y dejar en tierra a 22.000 pasajeros en enero, la provincia de Neuquén multó a Flybondi por $228 millones. En cambio, la Administracion Nacional de la Aviación Civil (ANAC) no la sancionó, ni siquiera cuando descubrió que el año pasado usó talleres no habilitados. Su conductor es Oscar Villabona.

Atrás quedaron los anuncios de diciembre pasado, cuando la aerolínea low cost informó la firma de un acuerdo con las fabricantes de aviones Boeing y Airbus para la incorporación de aeronaves salidas de fábrica. Con una inversión aproximada de US$1.700 millones, preveía “consolidar la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay”. Pese a los retiros voluntarios, en la empresa aclaran que el plan inversor sigue vigente.

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La flamante designación de Andrés Vázquez al frente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) no inaugura un ciclo: lo deja al descubierto. Blanquea un mando que ya existía y ordena, hacia adentro del Gobierno, una relación de fuerzas que en los últimos meses había quedado en suspenso. Vázquez no aterriza como un outsider ni como una apuesta técnica. Ya conducía la Dirección General Impositiva (DGI), el verdadero núcleo duro del organismo recaudador, donde se cruzan bases de datos, se deciden inspecciones y se administra una de las herramientas de control más poderosas del Estado argentino.

Desde ese lugar, Vázquez ya funcionaba como el hombre fuerte de la ARCA antes de que el cargo máximo llevara su nombre. En la lógica del poder estatal, la DGI siempre pesó más que la jefatura política formal del organismo, y el contador lo entendió mejor que nadie. Su ascenso fue silencioso, persistente y quirúrgico. Llegó con la venia de Santiago Caputo, que desde las sombras viene construyendo —no sin resistencias— un esquema de control basado en información sensible, cruce de datos y capacidad de presión. ARCA es una pieza central de ese diseño. La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la otra.

El nombre de Vázquez para coronar la estructura, según reconstruyen distintas fuentes oficiales, fue acercado por Leonardo Scatturice, flamante dueño de OCA con asiento en Miami. El nexo original entre el polémico empresario y Caputo es Manuel Vidal, mano derecha del asesor y figura clave en la ingeniería de vínculos con actores privados que orbitan el nuevo sistema de poder. El movimiento no fue neutro ni casual: llegó cuando la influencia del consultor todoterreno sobre áreas sensibles del Estado parecía haber entrado en revisión, en medio de auditorías, filtraciones y una pulseada cada vez más áspera con Karina Milei.

Durante los últimos meses, en la Casa Rosada se habló de un Caputo en retroceso, forzado a replegarse tras haber acumulado demasiado poder. La entronización de Vázquez —y la recomposición paralela en la SIDE, con Cristian Auguadra— le devuelve aire, como mensaje interno de que el esquema de control sigue en pie. Con su venia, hace tiempo que el ahora flamante titular de ARCA operaba como el verdadero mandamás del organismo, por encima incluso de la conducción formal de Juan Pazo, de estrecha confianza del ministro Luis Caputo. La referencia a “Toto” queda como telón de fondo: la disputa real es, fue y será con la hermana del Presidente.

Una historia opaca

Vázquez no es un funcionario neutro ni un técnico aséptico. Es un sobreviviente del Estado profundo. Con más de veinte años en la exAFIP, atravesó gobiernos, purgas y cambios de época sin perder centralidad. Su foja incluye episodios de alto voltaje político, como el megaoperativo fiscal de 2009 contra el Grupo Clarín, ejecutado con más de 200 agentes en plena guerra del kirchnerismo con Héctor Magnetto. Fue una inspección transmitida en directo por televisión, con impacto simbólico y mensaje político. Cerca de Ricardo Echegaray todavía sostienen que el entonces jefe de la AFIP se enteró del operativo por la pantalla. A Vázquez, en cambio, nadie lo tocó.

Pero su trayectoria no se explica solo por ese episodio. Vázquez construyó su poder mucho antes de que la exAFIP se transformara en ARCA. Lo hizo de la mano de Carlos García Lorea, otrora titular de la Dirección de Inteligencia Fiscal en tiempos del menemismo, un área clave donde la recaudación se mezcla con la investigación patrimonial y el seguimiento fino de contribuyentes estratégicos. Desde allí tejió vínculos duraderos con el poder político y, sobre todo, con el mundo del espionaje.

En ese recorrido aparecen nombres centrales del submundo de la inteligencia argentina, como el del número 2 de la SIDE kirchnerista, Francisco Larcher y, con mayor peso, el de Antonio “Jaime” Stiuso. No se trata de contactos ocasionales: quienes conocen esa etapa describen a Vázquez como un operador fiscal con lógica de inteligencia, formado en una cultura donde la información vale más que la exposición y donde el poder se ejerce sin dejar huella.

Ese rasgo se mantiene intacto hasta hoy. Cuando asumió al frente de la DGI, Vázquez no quiso que le tomaran fotos. No hubo imagen oficial de su desembarco, ni registro interno difundido. En un organismo acostumbrado a la liturgia burocrática, el gesto llamó la atención. No fue un descuido: fue una decisión. De hecho, no existen fotos suyas disponibles en internet ni en redes sociales, un dato inusual para un funcionario que maneja una de las palancas más sensibles del Estado. En tiempos de hiperexposición, el ahora titular de ARCA eligió el anonimato como método.

Polémicas abiertas

Ese entramado quedó expuesto también por las investigaciones periodísticas que rodean su figura. En 2024, una pesquisa del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), publicada por elDiarioAR, reveló que Vázquez había comprado en 2013 tres departamentos en Miami por cerca de US$2 millones, nunca declarados ante la Oficina Anticorrupción. La revelación derivó en una denuncia judicial que todavía sobrevuela su nombre, sin impacto visible en su carrera.

En ese mismo período se produjo otro episodio que en la Casa Rosada todavía se lee en clave política: la filtración de listas internas de funcionarios y contribuyentes de la exAFIP —de la que Juan Pazo aseguró no estar enterado— , con datos sensibles de figuras vinculadas al kirchnerismo. El caso desató una tormenta mediática y obligó a abrir una auditoría interna en la ARCA. Puertas adentro del Gobierno, no faltaron quienes lo interpretaron como una maniobra deliberada de Santiago Caputo para correr el foco público de un tema que empezaba a incomodarlo: la concentración de poder de Vázquez en la DGI y, en particular, la designación de su pareja, María Eugenia Fanelli, en un cargo estratégico.

A través de un movimiento interno que generó malestar entre los empleados de carrera del organismo, Fanelli fue nombrada al frente de la Dirección Regional Centro II de la Ciudad de Buenos Aires apenas días después de que Vázquez asumiera como jefe de la DGI. Meses más tarde, el diario La Nación difundió una resolución interna del organismo que le asignaba —junto a otros funcionarios de extrema confianza— la categoría salarial más alta del escalafón, con ingresos que, según fuentes oficiales, oscilan entre los 12 y 13 millones de pesos brutos mensuales.

La retórica libertaria promete destruir el Estado y combatir a la casta. La práctica muestra algo distinto y más antiguo: usar los engranajes más profundos del aparato estatal para reordenar el mando. Andrés Vázquez no es una contradicción en ese esquema. Es su expresión más cruda. Un funcionario de bajísimo perfil, formado en la cultura de la inteligencia fiscal, con control sobre la base de datos más poderosa del país. En tiempos de poder inestable, no es un detalle menor quién mira, quién cruza información y quién decide cuándo apretar el botón.

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La adquisición mayoritaria de OCA por parte de COC Global Enterprise lleva la marca directa de su CEO y chairman, Leonardo Scatturice, empresario ligado al Gobierno, quien encabezará la reconversión de la mayor empresa de correo privado de la Argentina con un plan de crecimiento regional y fuerte inversión en tecnología.

Según el acuerdo al que accedió Noticias Argentinas, Claudio Espinoza seguirá como accionista y presidente del Directorio, mientras Scaturicce asumirá la conducción estratégica orientada a modernizar el management y llevar a OCA a estándares internacionales de eficiencia y competitividad.

El ejecutivo destacó que la integración con compañías del ecosistema COC será determinante para ese salto: Flybondi aportará capacidad de transporte aéreo internacional y OCP TECH desarrollará soluciones de ingeniería y digitalización para optimizar la logística, especialmente en la última milla.

OCA llega a esta etapa con una estructura robusta —más de 60 años de trayectoria, 760 puntos de atención, más de 100 centros operativos y una flota de 3.500 vehículos con cobertura nacional— que Scatturice busca potenciar a escala regional.

“El objetivo es aprovechar todas las sinergias del holding para convertir a OCA en un referente latinoamericano en carga aérea, logística y distribución”, afirmó.

Espinoza, en tanto, señaló que el acuerdo consolida la recuperación de la compañía y abre una fase de expansión basada en estándares de calidad e innovación.

La operación no altera el funcionamiento diario de OCA ni la situación laboral de sus 9.500 trabajadores. COC Global Enterprise ratificó su compromiso con la modernización del mayor operador postal privado del país.

Con información de la agencia NA

En Balcarce 50, el silencio se impuso a las tres de la tarde, cuando el avión presidencial despegó rumbo a Washington. Javier Milei viaja con su círculo mínimo para concretar, al fin, la bilateral más esperada: la foto con Donald Trump en el Salón Oval. En la Casa Rosada la definen como una “ceremonia política”, más que una misión de gestión. Un gesto que combina protocolo, campaña y una trama de vínculos que se mueve, discreta pero constante, por fuera de la Cancillería.

La comitiva se terminó de cerrar minutos antes del embarque: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, además del canciller Gerardo Werthein y del embajador Alejandro Oxenford. También, por pedido de los técnicos del Tesoro norteamericano, está el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Mañana, después de pasar la noche en Blair House, el Presidente cruzará a la Casa Blanca para su reunión privada con Trump y un almuerzo de trabajo entre las dos delegaciones.

La agenda oficial resume los objetivos: blindar el acuerdo financiero con los Estados Unidos —que incluye un swap por 20.000 millones de dólares y nuevas intervenciones para estabilizar el dólar— y proyectar un mensaje político de alineamiento con la Casa Blanca. Pero en los despachos del primer piso de la Rosada admiten que el viaje se gestó por canales menos formales. Nadie lo dice abiertamente, aunque todos saben de qué se habla cuando se menciona, en voz baja, la “embajada paralela”.

Esa red oficiosa tiene como nodo a Santiago Caputo y a su entorno más estrecho, con el politólogo y otrora dirigente del PRO Manuel Vidal a la cabeza. Según pudo saber elDiarioAR, ambos llegaron este lunes por su cuenta a suelo norteamericano, con agenda propia, para aceitar esos vínculos y reunirse con algunos interlocutores políticos en la previa de la cumbre. Entre ellos, se encontraría el polémico empresario Leonardo Scatturice, operador clave con nexos con el trumpismo.

La semana pasada, Caputo recibió dos veces en su despacho de Balcarce 50 al consultor republicano Barry Bennett y a la periodista Soledad Cedro, representante de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) en la Argentina. Repasaron la agenda política y los temas que se buscará sellar mañana: la continuidad del régimen de bandas, la hoja de ruta de las reformas estructurales y una señal explícita de respaldo político de Trump a Milei.

Los lazos de Milei con el universo CPAC vienen de antes. En diciembre de 2024, la filial argentina del movimiento conservador desembarcó en Buenos Aires con un evento que tuvo al Presidente como figura central y a Tactic COC, empresa en la que Scatturice y Bennett son socios, como organizadora. Dos meses después, esa misma firma firmó un contrato con la SIDE para “coordinar reuniones entre funcionarios” de ambos países y brindar “asesoramiento estratégico”. Los registros oficiales muestran que una delegación de quince miembros de CPAC Argentina visitó la Casa Rosada al día siguiente del evento que tuvo lugar el año pasado, como “invitados especiales del Presidente”. Desde entonces, los contactos se volvieron constantes: encuentros en Nueva York, reuniones reservadas en Buenos Aires y ahora, la cumbre en Washington.

Algunos en el Gobierno interpretan el viaje como algo más que una misión económica. “Es la ratificación de una alianza cultural”, explicó un funcionario. Milei y Trump comparten la idea de que la prosperidad depende de liberar fuerzas productivas retenidas por “la casta política” y por la regulación estatal. En esa narrativa, el anuncio de un swap o el ingreso de dólares no es solo un resultado financiero: sería la prueba de que el dogma libertario funciona. Una ensoñación.

Este lunes, horas antes de partir, Milei dejó una declaración que en el oficialismo fue leída como prólogo del viaje: “Nos van a salir los dólares por las orejas”. La frase, lanzada en una entrevista con El Observador, buscó transmitir optimismo en la antesala de una negociación cargada de expectativas. El Presidente habló de una “avalancha de divisas” producto del auge minero y energético, reivindicó su alianza con Estados Unidos e Israel, y aseguró que la Argentina “no tendrá problemas de liquidez” porque Washington “ya decidió liderar el continente y definir a la Argentina como un aliado”.

Mientras tanto, en el gabinete se intentaban disimular los roces solapados por el armado de la delegación. “No todos están cómodos con la manera en que se manejó la relación con Washington”, reconoció un funcionario, por lo bajo, a elDiarioAR. Es que la logística y los contactos fueron concentrados por la oficina de Santiago Caputo, en coordinación directa con la Secretaría General de la Presidencia.

El contexto le suma tensión al viaje. El Gobierno llega a Washington con la economía estabilizada en apariencia, pero con reservas frágiles, una inflación que volvió a acelerarse y una campaña electoral que se juega al borde del agotamiento financiero. En ese marco, el discurso de Milei de “avalancha de dólares” busca sostener el ánimo interno tanto como reforzar la narrativa externa de un país en recuperación.

En la Rosada saben que el viaje puede tener múltiples lecturas: la del pragmatismo económico, la de la diplomacia alternativa y la de la ideología compartida. La cumbre con Trump ofrecerá, probablemente, un poco de cada una. Lo que se dispute en el Salón Oval —más allá del protocolo— será el verdadero test de la política exterior libertaria: si la estrategia de afinidades personales puede traducirse en resultados concretos o si la fe, por sí sola, no alcanza para generar dólares ni gobernabilidad.

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Javier Milei apenas la nombró, pero bastó para encender antenas. “Gracias a Soledad Cedro, CEO regional de CPAC, por haberme invitado”, dijo desde el escenario de la CPAC Paraguay, en medio de un auditorio que lo vitoreaba. Fue una frase breve, casi protocolar, que pasó desapercibida para la mayoría, aunque en los pasillos del poder su nombre funciona como una contraseña: Cedro es hoy una pieza clave del entramado reservado que conecta a la Casa Rosada con los Estados Unidos.

De profesión periodista, en los últimos años se reconvirtió en operadora política con llegada directa al ecosistema conservador estadounidense. Es vicepresidenta de CPAC Argentina Inc, el brazo local de la influyente cumbre de la derecha global, y desde febrero de este año figura como CEO de Tactic COC LLC, una empresa registrada en Florida que firmó un contrato con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Ese convenio, rubricado por Cedro y el titular del organismo, Sergio Neiffert, le otorgó a Tactic un pago mensual de 10.000 dólares para “funcionar como enlace entre la Presidencia de la Nación y sus homólogos en Estados Unidos”.

La cifra, ínfima para ese tipo de servicios —países como Vietnam pagan hasta 200.000 dólares por tareas similares—, disparó sospechas en el Congreso. Según un informe presentado ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por el diputado Rodolfo Tailhade, el contrato podría ser una pantalla para triangular fondos reservados.

Cedro aparece inscripta como agente extranjera en el sistema FARA, el registro de lobby del Departamento de Justicia de EE.UU., al igual que Laura Belén Arrieta, exazafata y hoy empleada de OCP Tech y COC Global Enterprise, dos empresas fundadas por el empresario Leonardo Scatturice, piezas centrales de un engranaje que se mueve entre el espionaje, la política y los negocios.

Aunque su nombre comenzó a aparecer en documentos reservados, Cedro lleva dos décadas construyendo un perfil público en Estados Unidos. “Soy argentina y me fui a vivir en Estados Unidos a los 20 años luego de graduarme de periodista. Trabajé en CNN, después pasé por FOX News y por canales latinos cubriendo política. En un determinado momento di el salto y empecé a trabajar del lado político en campañas presidenciales y congresionales”, contó en una entrevista con Jorge Fontevecchia de noviembre del año pasado, días antes de la edición argentina de la CPAC.

Desde entonces, aseguró, se involucró en el Partido Republicano impulsando el voto latino, hasta convertirse en una de las organizadoras de la CPAC. “La CPAC se realiza de manera ininterrumpida desde la década del setenta en Washington y cobró otro tipo de popularidad con la llegada de Donald Trump. El éxito de la conferencia en los Estados Unidos llevó a los organizadores a querer llevar el evento a otros países”, explicó por entonces.

Vuelos misteriosos

El rastro del entramado que une a Cedro con Milei puede seguirse a través de una serie de vuelos discretos. El 26 de febrero de 2025, un jet privado de una de las empresas de Scatturice aterrizó en Aeroparque con más de diez valijas, aunque solo cinco fueron declaradas ante la Aduana. ¿Su única pasajera? Laura Belén Arrieta. La PIA abrió una causa de oficio por presunto contrabando, y lo que parecía un episodio aislado derivó en la reconstrucción de una red política, financiera y diplomática con ramificaciones internacionales.

Su llegada, primero desmentida por el vocero presidencial Manuel Adorni, terminó confirmada por imágenes de seguridad incorporadas a la causa judicial: se los ve evadiendo los controles de equipaje en Aeroparque. Durante los trece días que el avión permaneció en el país, no quedó registro oficial de sus movimientos. Según la denuncia, fue guardado en un hangar de Royal Class —también vinculado a Scatturice—, lo que le habría permitido operar sin controles migratorios ni aduaneros visibles.

El jet ya había aterrizado por primera vez en Buenos Aires el 24 de enero de 2025. Trece días más tarde, el 6 de febrero, la aeronave volvió a despegar rumbo a Estados Unidos con tres pasajeros a bordo: Arrieta, Víctor Du Plooy (director comercial de Surjet y oficial de negocios de Tactic) y uno de los tripulantes. Seis días después de ese vuelo, el 12 de febrero, Cedro firmó el contrato con la SIDE. Y en paralelo, Scatturice desplegaba otra operación: contrató a la consultora Forward Global, dirigida por el exasesor de Donald Trump José Mallea, para gestionar ante la FAA la habilitación de rutas de Flybondi hacia Estados Unidos.

El monto mensual fue idéntico al de Tactic: 10.000 dólares. Cuatro meses más tarde, el 18 de junio, su firma COC Global Enterprise anunció la compra de la low cost, en una operación presentada como un refuerzo de capital pero interpretada en el Gobierno como un movimiento estratégico: el armado de un sistema de transporte y financiamiento paralelo, bajo control libertario.

Scatturice se radicó en Estados Unidos hace cinco años. Antes vivía en Buenos Aires, donde dirigió una agencia privada de inteligencia llamada C3 Consulting. En 2012 fue investigado en la causa “Dark Star”, iniciada por el entonces jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso, con quien Scatturice supe tener una disputa soterrada. Y aunque sus voceros negaron que haya sido espía, admiten que trabajó en análisis de riesgo corporativo. Hoy, en el entorno libertario, lo consideran un operador confiable. Incluso habría participado en la reestructuración del sistema de inteligencia impulsado desde Casa Rosada.

Las pistas aéreas también conducen al núcleo del poder. Scatturice recibió en Miami, el 17 de enero, al asesor presidencial Santiago Caputo, su hermano Francisco —encargado del manejo financiero de La Libertad Avanza desde la Fundación Faro— y el dirigente del PRO Manuel Vidal. El viaje, reconstruido en su momento por Hugo Alconada Mon, coincidió con los actos de asunción de Trump pero, según fuentes al tanto del vínculo, tuvo otro propósito: consolidar relaciones estratégicas y financieras. “Se convirtió en un facilitador total del mileísmo. Pone recursos, abre puertas y ofrece soluciones”, resumió un alfil libertario que trata con Scatturice con frecuencia.

El empresario no es solo un proveedor: en el oficialismo lo describen como el operador de un dispositivo político, diplomático y financiero. Cada uno de sus pasos está documentado y forma parte de la mega-denuncia presentada en julio por la diputada Lourdes Arrieta ante la Bicameral de Inteligencia. Pero la sombra del escándalo no recae solo sobre la SIDE, sino que alcanza a la arquitectura de poder que lo habilitó, lo integró y lo necesita. El contrato con Tactic, aunque modesto en apariencia, es apenas el eslabón más visible de una cadena que atraviesa los cielos —y los sótanos— del poder.

En ese tablero, Cedro opera como el engranaje invisible: es quien conecta a Milei con el universo conservador de Washington, quien firmó el contrato que le abrió la puerta a los fondos reservados de la SIDE y quien aparece asociada a la red logística y financiera que orbita a Scatturice. Su nombre apareció por un instante en el discurso de Milei en Paraguay, pero su rol trasciende el protocolo. Es la punta de un dispositivo subterráneo que conecta la Casa Rosada con Miami, y la política con los secretos.

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Tras la reciente suspensión del viaje a Madrid, previsto para este jueves, el presidente Javier Milei tiene en agenda ir a Paraguay el próximo martes 16 de septiembre. La idea del libertario es concretar una nueva bilateral con su par Santiago Peña, uno de los pocos con los que mantiene sintonía ideológica de la región y aprovechar su paso por Asunción para participar de una nueva edición de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la conferencia de la ultraderecha global que impulsa Donald Trump.

La CPAC se celebrará en la capital paraguaya el próximo 15 y 16 de septiembre en el Hotel Sheraton. El evento tiene entradas que van desde los US$100 a los US$5.000.

Milei protagonizó meses atrás la versión argentina de la cumbre conservadora que luego le generó fuertes críticas: se fotografió allí con Laura Belén Arrieta, quien ingresó al país en un vuelo privado llevando valijas que, según la Justicia, no pasaron por los controles aduaneros. El avión era propiedad de Leonardo Scatturice, empresario ligado a Santiago Caputo y a la SIDE, y organizador de a CPAC Argentina.

La agenda de Milei en Paraguay

Tras la suspensión de su cuarto viaje a España a raíz de la abultada derrota en las elecciones bonaerense, donde participaría de un evento de VOX, Milei optó por la cercanía y volverá a desembarcar en Paraguay.

Se trata de la segunda visita a Asunción luego del viaje de abril de este año, oportunidad en la que Milei aprovechó para concretar una reunión con Peña, en la que destacó la afinidad ideológica y la gestión de su par paraguayo.

En aquella oportunidad, almorzó en el Salón Libertad del Palacio de Gobierno, desde donde sostuvo que Paraguay logró aplicar “diligentemente las ideas de la libertad económica” lo que atraía inversores y residentes. “Evidentemente algo están haciendo bien”, afirmó.

Esta vez la visita de Milei sería exprés, pero trascendió que -además de reunirse con Peña y hablar en la CPAC- visitará el Congreso Nacional en el marco de una sesión de honor con ambas cámaras y podría participar de un evento organizado por la Unión Industrial Paraguaya (UIP).

MC

Sólo tres empresas estatales zafaron el año pasado de la motosierra del presidente Javier Milei, pero una de ellas más que las otras dos. Fue el portal Educ.ar, que depende de la Secretaría de Educación y el Ministerio de Capital Humano. El portal –creado en la gestión de Fernando de la Rúa–, ofrece contenidos pedagógicos online a todos los colegios que los quieran aprovechar y conecta Internet a las escuelas públicas. Es la compañía que en octubre último contrató de forma directa a OCP Tech, la firma de Leonardo Scatturice que representa localmente a la norteamericana Cisco, para la renovación de licencias para las redes de soporte de conectividad en todas las escuelas estatales a nivel nacional por US$78,6 millones.

En 2024, Educ.ar recibió 302% más de transferencias del Estado ajustadas por inflación, es decir, cuatro veces más que en 2023, por encima del 202% de Ferrocarriles Argentinos, que absorbió a la desaparecida Trenes Argentinos Capital Humano, y del 35% de la Casa de Moneda, pese a que fue excluida de las tareas de imprimir billetes y chapas patente. Las demás 39 compañías estatales pasaron por el ajuste, según datos oficiales analizados en un reciente informe de la Fundación Pensar, del PRO.

En el reporte, que elaboró el economista Nicolás Gadano, se señala que “llaman la atención” casos como los de Educ.ar por el alza de transferencias, YPF por elevar 55% su gasto en publicidad o la agencia Télam, dado que se anunció su cierre pero siguió existiendo con el nombre de APE (Agencia de Publicidad del Estado). Agrega que, así como está explicado la razón del aumento de giros a Ferrocarriles, “el motivo que explica el incremento de las transferencias a Educ.ar es menos claro”. Allí se presenta una evolución de las transferencias ajustadas por inflación año a año.

Justo en septiembre pasado, la Secretaría de Educación, que encabeza Carlos Torrendell y depende de la ministra Sandra Pettovello, acordó con Educ.ar la renovación de licencias. La empresa estatal, que entonces dirigía Eduardo González pero estaba de licencia y era reemplazado por el gerente Matías Honono, recomendó mantener como proveedor a Cisco para evitar una inversión mayor en cambiar la tecnología adoptada en 2017. El único proveedor de la firma estadounidense acá es Scatturice, este contratista estatal y nuevo dueño de Flybondi que vive en el estado de Florida. Así es que se descartaron otras dos propuestas. En octubre, Honono firmó el contrato y al mes siguiente González fue reemplazado como interventor por Gastón Martín.

Las transferencias a Educ.ar crecieron porque se expandió su gasto. Datos oficiales sistematizados por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) muestra que medido en pesos de junio pasado el presupuesto ejecutado cayó de $20.227 millones en 2022 a $13.088 millones en 2023 y saltó $51.509 millones en 2024, es decir, un 293%, coincidente con los mayores giro. A su vez, en el primer semestre de 2025 subió a $36.775 millones respecto de los $4.700 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un alza del 682% o una multiplicación por casi ocho.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) confirma el salto en su informe de las empresas públicas del primer trimestre. Los ingresos corrientes (para gastos operativos) crecieron 61% y las erogaciones corrientes, un 126%, mientras que los recursos de capital (para invertir) se dispararon de apenas $3 millones a $31.884 millones de un inicio de año para el otro y las inversiones, de $12 millones a $51.631 millones. Así es que el resultado financiero de la compañía arrojó un rojo de $2.430 millones.

“Se explica principalmente por el aumento de los gastos de capital, debido a las transferencias otorgadas por la empresa en el marco del convenio de colaboración con la Secretaría de Educación para el funcionamiento del equipamiento de redes locales de conectividad en establecimientos educativos de gestión pública”, expone la OPC. “Se destaca el incremento de los recursos de capital, los mismos se componen casi en su totalidad por las transferencias otorgadas por el Tesoro Nacional”, agrega esta oficina.

“Los establecimientos educativos alcanzados por el Plan Nacional de Conectividad Escolar operan desde 2017 con equipamiento de tecnología Cisco Meraki para la conectividad wifi de acceso a Internet en el aula, en 2024 vencían las licencias y OCP Tech, que es partner de Cisco para América Latina, presentó la oferta más barata para renovar esas licencias, sin las cuales todo el equipamiento queda fuera de servicio y sin conectividad”, argumentan en la empresa de Scatturice. “Otras dos compañías realizaron ofertas menos convenientes”, añaden. “OCP Tech tiene presencia en 20 países de la región, en los que brinda servicios de infraestructura e ingeniería tecnológica, a gobiernos y empresas en todo el continente”, completan.

En el año y medio que va del gobierno de Milei, Scatturice con OCP Tech y con su otra empresa Tactic ya consiguió 21 contratos del Estado, algunos de ciberseguridad, según un relevamiento que hizo el diario La Nación a partir de información oficial. El mayor de ellos es el de Educ.ar. En el último año de la gestión anterior, la de Alberto Fernández, había logrado nueve.

Consejo del asesor presidencial Santiago Caputo, el nombre de Scatturice saltó a la fama pública cuando en febrero pasado llegó un avión suyo con valijas desde EE UU y la Justicia comenzó a investigar si la Aduana las controló o no. En junio compró a una Flybondi en crisis, que busca evitar desaparecer como ocurrió con otras líneas locales como Southern Winds, ente otras.

Con aceitado acceso al gobierno de EE UU, hasta se fotografió con Donald Trump, Scatturice lógicamente es socio de la Cámara de Comercio de EE UU (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina. Pero también lo de es de la Cámara de Comercio Argentino Israelí, que preside otro empresario del negocio de la tecnología y la seguridad, Mario Montoto.

AR/MG

Un mes atrás, la ex libertaria Lourdes Arrieta –una de las diputadas que visitó a represores en el penal de Ezeiza– reveó en la comisión de Inteligencia del Congreso los vínculos entre el polemico empresario Leonardo Scatturice con el titular de la SIDE, Sergio Neiffert, y su hijo Lautaro, y los acusó de integrar una red paralela de espionaje. A esa denuncia, se suma ahora una investigación que viene llevando adelante la abogada Natalia Volosin sobre las relaciones del dueño de Flybondi con el empresario y periodista Daniel Hadad.

elDiarioAR había revelado como la contratación de Tactic Global LLC, una firma dirigida por Scatturicce y radicada en Florida que actúa como enlace no oficial del gobierno argentino en Washington, había desatado una interna entre las distintas facciones dentro de la SIDE. La investigación de Volosín, publicada el domingo pasado y este en la revista Noticias– arroja nuevos datos sobre la influencia del empresario encargado de mantener aceitados los contactos entre Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump.

Según la abogada, Scatturicce y Hadad mantienen desde años un vínculo comercial que también roza lo familiar. Una de las hijas del dueño de Infobae, Camila Hadad, está casada con Mario Héctor De La Fuente, amigo de Scatturice desde hace más de dos décadas y propietario de “VORENO S.R.L.”, la empresa donde trabaja Laura Belén Arrieta. La ex azafata de 32 años fue quien el pasado 26 de febrero aterrizó en Aeroparque con más de diez valijas, aunque solo cinco fueron declaradas ante la Aduana y que terminó involucrada en una causa de contrabando iniciada de oficio por Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

En esa empresa, según Volosín, De la Fuente es socio de Antonio Gastón Sierra. Ambos fueron agentes de la Policía Bonaerense y ambos fueron condenados por el encubrimiento de los responsables de la represión en la que murieron Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. En particular, el yerno de Hadad fue acusado de mover los cuerpos de los militantes asesinados y por eso recibió una pena de cuatro años de prisión.

Los dos expolicías mantien una sociedad comercial en al menos cuatro empresas distintas. Una de ellas es la firma de ropa Boken, cuya representación de la marca en Estados Unidos está a cargo de Scatturicce.

De acuerdo con la investigación de Volosín, tanto Hadad como Scatturicce realizaron distintas operaciones inmobiliarias en las que compran entre sí propiedades que luego siguen utilizando como propias. Por ejemplo, Hadad y su esposa vendieron a Scatturicce un departamento en Miami cuya dirección el empresario usaba como domicilio comercial para alguna de sus empresas. La misma metodologia siguió utilizando Hadad, quien informaba como propia la dirección del departamento aun después de haberlo vendido.

Volosin sostiene que existen al menos 20 sociedades interconectadas entre ambos empresarios pero que no registran actividad comercial ni inmobiliaria visible. “La estructura es típica de maniobras de lavado de dinero. En ellas figuran Scatturice y personas vinculadas a otros casos resonantes, como Pamela Poveda —socia y escribana en operaciones inmobiliarias— y Laura Arrieta”, aseguró la abogada.

De todos modos, en el video en el que difundió si investigación, Volosin aclara que no está acusando a ninguno de los involucrados en un “delito o ilegalidad”. “Solamente muestro vínculos que pude documentar, después cada uno evaluará”, aclaró y agregó que en el caso de Scatturicce existe una estructura de “empresas cáscara” que “podrian tener alguna tipo de lavado de activos”.

La nota completa de Volosin se puede ver en Canal oficial de YouTube de Natalia Volosin

A lo largo de seis meses, un avión privado Bombardier Global 5000 voló siete veces entre Estados Unidos y la Argentina. No fue un jet cualquiera: era propiedad de Leonardo Scatturice, un polémico empresario argentino radicado en Miami, con vínculos aceitados con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el entorno presidencial de Javier Milei y el círculo de lobistas de Donald Trump. En cada uno de esos vuelos, según reconstruyó elDiarioAR y confirmó una reciente presentación judicial, se desplegó una coreografía precisa de valijas, reuniones en Casa Rosada y adjudicaciones públicas. Hoy, ese entramado está bajo la lupa de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

El punto de partida de la causa es un vuelo en apariencia menor, pero cargado de señales. El 26 de febrero de 2025, el jet —entonces con matrícula N18RU— aterrizó en Aeroparque con más de diez valijas, aunque solo cinco fueron declaradas ante la Aduana. ¿Su única pasajera? Laura Belén Arrieta, de 32 años, exazafata y hoy empleada de OCP Tech y COC Global Enterprise, las dos empresas fundadas por Scatturice. La PIA abrió una causa de oficio por presunto contrabando, y lo que parecía un episodio aislado derivó en la reconstrucción de una red política, financiera y diplomática con ramificaciones internacionales.

Según registros públicos, Arrieta trabajó en al menos dos aerolíneas comerciales, cursó estudios en una escuela para tripulantes de cabina ejecutiva, y hoy forma parte del staff de la empresa tecnológica OCP Tech, partner local de Cisco. También figura como tesorera de CPAC Argentina Inc, la sociedad registrada en Florida desde donde se organizó la filial local de la Conservative Political Action Conference. En la Casa Rosada reconocen que tuvieron trato directo con Arrieta durante la organización del evento realizado en diciembre en el Hotel Hilton. Ella aparece en fotos con Milei y otros funcionarios. Su jefe directo es Scatturice, y su rol fue clave para la logística local de la conferencia que ofició como trampolín de relaciones internacionales del mileísmo.

Los fiscales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez detectaron que la documentación oficial del vuelo consignaba falsamente que la aeronave provenía de Fort Lauderdale, cuando en realidad había despegado de Opa Locka, otro aeropuerto de Miami. La diferencia no es trivial: la trazabilidad ADS-B, una tecnología de monitoreo aeronáutico, permitió reconstruir los movimientos reales del avión. Y detrás del itinerario, apareció una red de relaciones que conecta a la inteligencia argentina con el aparato libertario y con la ultraderecha estadounidense.

El engranaje logístico

La llegada de Arrieta, difundida inicialmente por La Nación y desmentida por el vocero presidencial Manuel Adorni, quedó ratificada por imágenes de seguridad incorporadas a la causa. Allí se observa cómo ella y los dos tripulantes evadieron los controles de equipaje. Durante los trece días que el jet permaneció en Buenos Aires, sus movimientos no fueron registrados oficialmente. Según la denuncia, fue guardado en un hangar de Royal Class —también vinculado a Scatturice— lo que le habría permitido operar sin controles migratorios ni aduaneros visibles.

Todo había comenzado un mes antes. El 24 de enero de 2025, a las 21:38, ese mismo avión aterrizó por primera vez en Buenos Aires. Pertenecía a la firma COC Global Enterprise LLC, registrada a nombre de Scatturice. Una semana y media después, el 6 de febrero, la aeronave regresó a Estados Unidos. Además de Arrieta, uno de los pasajeros fue Víctor Du Plooy, director comercial de Surjet y oficial de negocios de Tactic COC LLC, la empresa que apenas seis días después, el 12 de febrero, firmaría un contrato con la SIDE.

El contrato entre Tactic y la SIDE —firmado por Soledad Cedro, CEO de la firma y vicepresidenta de CPAC Argentina Inc, y el titular del organismo Sergio Neiffert— estipula un pago mensual de 10.000 dólares para que la empresa funcione como “enlace entre la Presidencia de la Nación y sus homólogos en Estados Unidos”. Una cifra llamativamente baja: por servicios similares, países como Vietnam pagan hasta 200.000 dólares. Un informe presentado ante la PIA por el diputado Rodolfo Tailhade sostiene que ese contrato funcionó como una pantalla para triangular fondos reservados. Cedro, Arrieta y Scatturice aparecen registrados como agentes extranjeros en FARA, el sistema de lobby internacional del Departamento de Justicia de EE.UU.

Pero el engranaje no se detiene en ese contrato. En paralelo, Scatturice contrató a Forward Global, una consultora estadounidense liderada por José Mallea —exasesor de Trump— para gestionar ante la FAA la habilitación para que Flybondi opere vuelos hacia EE.UU. El costo mensual fue idéntico: 10.000 dólares. Poco después, el 18 de junio, COC Global Enterprise anunció la compra de la low cost, en una operación presentada como un refuerzo de capital pero leída por funcionarios del Gobierno como algo más: el despliegue logístico de un nuevo sistema de transporte y financiamiento libertario.

La pista aérea conecta con el poder. Scatturice recibió en Miami, el 17 de enero, al asesor presidencial Santiago Caputo, su hermano Francisco —clave en el manejo financiero de La Libertad Avanza desde la Fundación Faro— y el dirigente del PRO Manuel Vidal. El viaje, reconstruido en su momento por Hugo Alconada Mon, coincidió con los actos de asunción de Trump pero habría tenido otro propósito: consolidar vínculos estratégicos y financieros. Según fuentes al tanto del vínculo, el empresario se convirtió desde entonces en un “facilitador total” del mileísmo. “Pone recursos, abre puertas y ofrece soluciones”, resume un alfil libertario.

Las otras escalas

Hasta hace poco solo había trascendido el vuelo del 26 de febrero. Pero Tailhade aportó evidencia de otros seis viajes del jet entre Miami y Buenos Aires, antes y después de esa fecha. Uno de los más sensibles ocurrió entre el 25 de enero y el 6 de febrero. El 29 de enero, mientras el avión aún estaba en el país, el Ministerio de Economía adjudicó a OCP Tech S.A., propiedad de Scatturice, un contrato por $790.500 millones. Fue una de las adjudicaciones más grandes del año.

El escándalo por el ingreso de Arrieta con valijas no controladas generó una reacción inmediata en el entorno de Scatturice. Según reconstruyó la denuncia judicial y confirmaron fuentes aeronáuticas, el Bombardier Global 5000 fue transferido a la firma Surjet —radicada en Argentina y también bajo control del empresario— y su matrícula original, N18RU, fue modificada a N100LA. El objetivo, según la presentación de Tailhade, fue borrar el rastro del avión vinculado al presunto contrabando y reiniciar su actividad con una nueva identidad en los registros internacionales. La maniobra es legal, pero políticamente elocuente.

Con esa nueva matrícula, el avión volvió a operar el 14 de abril. Aquel día aterrizó en Buenos Aires con una comitiva integrada por Soledad Cedro, Matthew Schlapp (presidente de la American Conservative Union), y los empresarios Robert Citrone y Matthew Dell’Orfano. Todos ellos fueron recibidos en Casa Rosada por Milei y Caputo. En redes sociales, Cedro publicó una imagen junto a Arrieta y Scatturice con una leyenda sugerente: “¡Parte del equipo Tactic y amigos listos para hacer GRANDES cosas en todo el mundo!”. En paralelo, ese mismo día, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, ingresaba al edificio por otra puerta. La postal resumía la diplomacia a la medida del mileísmo: sin cancilleres, pero con poder real.

Después de eso, hubo al menos cuatro vuelos más: el 30 de abril, del 2 al 8 de junio, del 12 al 27 de junio y del 29 al 30 del mismo mes. Detrás de cada uno de ellos, hay una red de sociedades interconectadas: OCP Tech S.A., OCP Tech Global IT, OCP Digital Tech Partners, MDELM LLC, Tactic, Surjet y CPAC Argentina Inc, todas bajo el paraguas de COC Global Enterprise LLC. Scatturice figura como socio o gerente en cada una. Solo en los primeros meses de 2025, sus empresas obtuvieron más de $2.300 millones en adjudicaciones públicas del Ministerio de Economía y de ARCA. Según la presentación judicial, Caputo habría facilitado esas licitaciones colocando a “hombres de Scatturice” en áreas clave.

Una red entre cielos y sótanos

Scatturice se radicó en Estados Unidos hace cinco años. Antes vivía en Buenos Aires, donde dirigió una agencia privada de inteligencia llamada C3 Consulting. En 2012 fue investigado en la causa “Dark Star”, iniciada por el entonces jefe de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso. Y aunque sus voceros negaron que haya sido espía, admiten que trabajó en análisis de riesgo corporativo. Hoy, en el entorno libertario, lo consideran un operador confiable. Incluso habría participado en la reestructuración del sistema de inteligencia impulsado desde Casa Rosada.

Es que su rol no es el de un proveedor más. Scatturice es el operador de un dispositivo político, diplomático y financiero, lubricado con vuelos privados, contratos opacos y vínculos transnacionales. Cada uno de sus pasos está documentado y forma parte de la mega-denuncia realizada por la diputada Lourdes Arrieta ante la Bicameral de Inteligencia. Pero la sombra del escándalo no recae solo sobre la SIDE, sino que alcanza a la arquitectura de poder que lo habilitó, lo integró y lo necesita. El contrato con Tactic, aunque modesto en apariencia, es apenas el eslabón más visible de una cadena que atraviesa los cielos —y los sótanos— del poder.

PL/MC

Lourdes Arrieta no usa eufemismos. Tampoco parece dispuesta a dar marcha atrás. Hace apenas dos semanas, la diputada presentó una denuncia por escrito ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia: acusó al jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, a su hijo Lautaro y al polémico empresario Leonardo Scatturice de integrar una red de poder paralela. El martes pasado, por primera vez, sostuvo esas mismas acusaciones cara a cara ante los legisladores. Llegó al sexto piso del anexo del Senado acompañada de su abogado y con nuevos documentos bajo el brazo.

La reunión fue a puertas cerradas, sin micrófonos ni registros públicos. Duró poco más de dos horas. Según la versión de un integrante de la comisión, fue “anodina”: Arrieta ratificó cada una de sus denuncias, pero enfrentó una respuesta quirúrgica de los representantes del PRO, que se valieron de los descargos escritos de Neiffert para contrarrestar sus dichos. Desde el entorno de la diputada, sin embargo, afirman que el material presentado fue contundente.

Pero más allá del efecto inmediato, el paso de Arrieta por el Senado dejó en evidencia algo más profundo: en el interior de la SIDE se libra una guerra soterrada entre sectores que se disputan el control del organismo, el manejo de los fondos reservados y la legitimidad política que los respalda. Su denuncia fue, en los hechos, la primera filtración pública de ese conflicto.

Varios espías lo admiten en off: la diputada mendocina actuó como válvula de escape de un sistema que funciona bajo presión. Expulsada de La Libertad Avanza a mediados de 2024, tras el escándalo por su visita a represores detenidos en Ezeiza, pero aún con acceso a información sensible, Arrieta parece haberse convertido en portavoz de una interna feroz que enfrenta a los recién llegados —referenciados en Santiago Caputo— con los resabios del stiusismo, operadores históricos de gobiernos anteriores y técnicos que intentan conservar su lugar en el esquema. Neiffert, como jefe formal de la SIDE, busca contener la crisis, pero hay dudas crecientes sobre su capacidad de mando real.

La guerra secreta

Detrás de la denuncia de Arrieta hay algo más profundo que una disputa puntual. Hay una fractura estructural que atraviesa a la SIDE desde su reconfiguración bajo el mando de Javier Milei. El decreto 614, firmado en julio de 2024, no solo rebautizó la exAFI como la tradición lo indicaba: Secretaría de Inteligencia del Estado. También partió el organismo en cuatro áreas diferenciadas: el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la Dirección de Asuntos Internos. Con esa división, Santiago Caputo intentó concentrar el poder político en la figura de Neiffert, un viejo conocido de su padre, y delegar la administración operativa en cuadros de confianza.

Pero no todo salió como se esperaba. Lo que se diseñó como una estructura eficiente rápidamente derivó en una guerra fría entre alfiles con autonomía relativa y terminales propias. De un lado están los “caputistas”, funcionarios que responden al asesor todopoderoso del Presidente. Son los que llegaron con la ola libertaria y que controlan, entre otras áreas, la ASN. Allí destacan nombres como el de Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos del excomisario Alejandro Cecati en esa agencia, con presencia operativa en la Triple Frontera.

Del otro lado, los “stiusistas”: cuadros históricos, técnicos y reciclados del kirchnerismo que supieron operar con el exdirector de Contrainteligencia de la SIDE, Antonio “Jaime” Stiuso, o bajo su influencia, y que todavía sobreviven en algunos sectores. En el medio, una tercera fuerza: los “orgánicos”, operadores con años de trayectoria en inteligencia que no responden a ningún bando en particular, pero ven con preocupación cómo la SIDE se convirtió en campo de disputa entre modelos de poder.

El conflicto se desató cuando los sectores caputistas comenzaron a avanzar con una agenda propia, paralela a los canales diplomáticos formales. La contratación de Tactic Global LLC, una firma radicada en Florida que desde abril actúa como enlace no oficial del gobierno argentino en Washington, fue un punto de quiebre. Se supo que esa empresa, dirigida por el operador Leonardo Scatturice, fue contratada por la SIDE sin licitación ni decreto público. Cobra 10 mil dólares mensuales por representar al país ante actores del poder norteamericano, en tareas que normalmente le corresponderían a la Cancillería.

Según la denuncia hecha por Arrieta, detrás de ese contrato hay una estructura de lobby informal con terminales en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y en los equipos de campaña de Donald Trump. A ese entramado pertenecerían también los hermanos Caputo —Santiago y Francisco, hombre clave en la Fundación Faro—, el ex PRO Manuel Vidal y la mujer que fue noticia en los últimos meses por haber llegado a la Argentina en un vuelo privado con valijas sin declarar: Laura Belén Arrieta, figura clave de la CPAC Argentina.

Ese episodio, el del avión Bombardier matrícula N18RU que aterrizó el pasado 26 de febrero en Aeroparque con diez valijas de las cuales solo cinco fueron declaradas, terminó de encender las alarmas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) inició una causa de oficio, pidió los registros del hangar y los videos del desembarco. La publicación de las imágenes por parte del canal TN confirmó que las valijas no pasaron por controles de Aduana, pese a que el Gobierno lo había negado. En paralelo, la diputada incluyó el caso en su presentación ante la Bicameral, como muestra de cómo el oficialismo habría montado una “logística paralela” para mover recursos, operadores y mensajes fuera del radar institucional.

Enemistad histórica

El rol de Scatturice en esta trama también expone una tensión no resuelta en los subsuelos del espionaje argentino. A principios de siglo, el empresario fue señalado por sus vínculos con el mundo de la inteligencia, aunque sus voceros insisten en que jamás fue formalmente un espía. La primera vez que su nombre apareció en los medios fue durante los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, cuando su consultora, C3 Consultings, quedó involucrada en una investigación por presunto espionaje. Su teléfono fue intervenido en el marco de la feroz interna entre Stiuso y Fernando Pocino, jefe de Reunión Interior.

Scatturice mantenía una relación cercana con los agentes alineados con Pocino, lo que lo convirtió en blanco de sus adversarios. El escándalo dejó expuesta una red de vínculos entre espías y empresarios dedicados a la inteligencia comercial. En las escuchas judiciales no solo surgieron nombres como el exjefe del Ejército, César Milani, y operadores de Comodoro Py, sino también conversaciones privadas de Scatturice con algún que otro dueño de medios. Todo ese universo quedó encapsulado en una causa judicial aún abierta, conocida como “Dark Star”, impulsada por Stiuso bajo la denuncia de un presunto espionaje británico.

Aquel episodio marcó un punto de inflexión en la vida de Scatturice. Primero se radicó en Panamá y luego en Estados Unidos, donde contrajo matrimonio con la norteamericana Diana Marquardt y desde entonces busca obtener la green card. Desde el exterior, sin embargo, nunca cortó sus vínculos: amplió su red de negocios, afianzó su influencia en círculos de poder y mantuvo interlocución con exagentes, consultoras y operadores locales que, según diversas fuentes, todavía hoy lo consideran un actor relevante en las sombras.

Hoy, más de una década después de aquella denuncia realizada en 2014, algunas figuras ligadas al stiusismo habrían mutado de bando: en la central afirman que varios cuadros con pasado en la vieja escuela responderían, de forma directa o por vasos comunicantes, a los intereses de Scatturice. La reconciliación entre antiguos enemigos no sería total, pero el pragmatismo —y sobre todo, ciertos negocios en común— habría limado viejas asperezas. Del otro lado, los leales a Stiuso aún ven con recelo esta posible fusión.

Motivaciones

Es en ese contexto donde muchos ubican el germen de la denuncia presentada por Arrieta: no como un intento de saneamiento institucional, sino como un misil lanzado desde adentro del sistema, destinado a forzar una intervención externa que desmonte una red donde los bordes entre lo público y lo privado, lo legal y lo clandestino, se desdibujan cada vez más.

Es que la diputada no es una outsider. Tampoco es una aliada clásica del kirchnerismo ni del radicalismo, los dos espacios que suelen motorizar los controles sobre los organismos de inteligencia. Su salida de La Libertad Avanza tuvo más que ver con una interna de poder que con convicciones. Hace un mes, oficializó su pertenencia a Transformación, el espacio que lidera Eugenio Casielles, un dirigente con línea directa con el exjefe de la SIDE Miguel Ángel Toma.

Alrededor suyo también orbitan algunas otras figuras de peso. Una de ellas es su colega diputada Marcela Pagano, hoy enemistada con el núcleo duro del mileísmo, pese a seguir formando parte del bloque de La Libertad Avanza. Su pareja es el abogado y empresario de medios Franco Bindi, con vínculos en Comodoro Py y una historia cruzada con los servicios de inteligencia y el aparato mediático kirchnerista.

Desde su lugar, Arrieta juega un partido doble: formalmente se muestra como una diputada preocupada por el control parlamentario de los fondos reservados, pero su ofensiva también podría estar alimentada por sectores de la vieja guardia desplazada. En su entorno, sin embargo, niegan cualquier especulación. Aseguran que la diputada está actuando en solitario, con asesoramiento legal propio y con el respaldo necesario de documentación.

La intervención de Arrieta alteró la quietud habitual de la Bicameral de Inteligencia, una comisión que existe por mandato legal pero que rara vez incomoda al poder real de los servicios. Compuesta por catorce legisladores y con funciones limitadas, suele moverse con cautela entre informes reservados y sesiones selladas. En ese clima, su aparición en el Senado fue leída como un gesto inusual. Para algunos fue un acto valiente; para otros, una jugada impulsada por intereses ocultos. Lo cierto es que el sistema parece sacudirse. Y nadie puede asegurar si es apenas un chispazo o el inicio de algo más.

PL/MG

El misterioso vuelo privado que trajo al país a una mujer ligada a la derechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que tiene como aliado local a Javier Milei, volvió al centro de la escena pública esta semana. El caso resurgió luego de que el canal Todo Noticias (TN) revelara imágenes de las valijas que Laura Belén Arrieta ingresó al país en un vuelo privado y que se habrían hecho sin control aduanero, pese a que desde el Gobierno negaron en primer momento que el equipaje haya pisado suelo argentino.

El avión con matrícula PRV N18RU llegó al país el 26 de febrero y permaneció hasta el 5 de marzo de 2025 en el Aeropuerto Jorge Newbery. Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó presuntas irregularidades en los controles aeroportuarios y aduaneros, con posible participación de funcionarios públicos.

La causa se encuentra en el fuero Penal Económico, donde se investiga una posible violación a la ley 22.415, el Código Aduanero de Argentina, que regula la entrada y salida de mercaderías y medios de transporte, y el despacho aduanero.

A continuación, ocho claves sobre el trasfondo del caso que expone al Gobierno libertario, en base a las actuaciones judiciales realizadas hasta la fecha y que parten del análisis de la información oficial e imágenes. Las dudas que persisten y que tal vez nunca se logren responder: qué había en las valijas y por qué no se controlaron.

¿Cuál fue la ruta del avión?

El Bombardier Global 5000 aterrizó en el aeroparque de Buenos Aires el 26 de febrero de 2025, a las 08:15 de la mañana, procedente del aeropuerto de Fort Lauderdale (KFLL) o del aeropuerto de Opa-locka (KOPF), ambos ubicados en Florida, Estados Unidos. No está claro debido a inconsistencias en la información que analizó la PIA.

La aeronave permaneció en territorio argentino hasta el 5 de marzo de 2025 a las 20:30, cuando partió hacia el aeropuerto de París–Le Bourget (LFPB), pero realizó una escala previa en el aeropuerto de Tenerife Sur (GCTS), en las Islas Canarias, España.

Finalmente, el 12 de marzo partió desde París–Le Bourget hacia el aeropuerto de Opa-locka (KOPF). A pesar de ello, el registro oficial de Migraciones indica que dos tripulantes y dos pasajeros partieron con destino al aeropuerto de Fort Lauderdale (KFLL), Estados Unidos.

¿Quiénes iban a bordo?

El avión ingresó al país con dos tripulantes (José Luis Donato Bresciano y Juan Pablo Pinto) y una pasajera (Laura Belén Arrieta). A la salida, se sumó un cuarto ocupante, Víctor Germán Du Plooy, quien había llegado previamente al aeropuerto de Ezeiza el día 3 de marzo, en un vuelo comercial.

La PIA pudo corroborar que todos los ocupantes mencionados -tripulantes y pasajeros- tienen vínculos con OCP TECH, una firma especializada en la integración de soluciones tecnológicas que opera en la Argentina y en Miami.

La compañía informó que Bresciano y Pinto ingresó a la empresa en 2024 y operan como pilotos. Arrieta ingresó en junio de 2024 y cumple la función de Corporate Operation Manager (Gerente de Operaciones Corporativas), mientras que Du Plooy ingresó en febrero de 2024 y cumple la función de Corporate Business Manager (Gerente de Negocios Corporativos).

El avión es propiedad de otra empresa, COC Global Enterprise. Ambas compañías tienen el mismo dueño: Leonardo Scatturice, un poderoso empresario argentino radicado en Miami y ligado al negocio del espionaje.

¿Qué controles (no) fueron realizados sobre la aeronave y el equipaje de pasajeros y tripulación al momento de su ingreso?

En cuanto a la inspección de la aeronave, las autoridades sostuvieron que el procedimiento aplicado se ajustó al protocolo general.Tras la finalización del proceso migratorio y la intervención de la Declaración General de Arribo por parte de la autoridad migratoria, el personal aduanero procedió a acompañar a la tripulación, a la pasajera Arrieta y al personal de la compañía aérea hasta el sector de equipajes.

Las autoridades dejaron asentado que la pasajera transportaba un total de cinco bultos. Sin embargo, esto no coincide con las imágenes aportadas en la investigación preliminar. Entre los tripulantes y la pasajera tenían más de diez bultos que ingresaron al país.

A partir del análisis de las imágenes remitidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la PIA advirtió que el grupo vinculado al vuelo en cuestión atravesó un circuito de control aduanero distinto al que de manera simultánea se aplicaba al resto de los pasajeros que ingresaban al país en ese mismo momento.

Del material fílmico aportado por la PSA se constató que el punto operativo contaba con tecnología de control no intrusivo (escáner) y con un dispositivo tipo “semáforo” destinado a activar el mecanismo de revisión selectiva. A pesar de ello, mientras el área se encontraba libre de aglomeraciones, los tripulantes y la pasajera del vuelo N18RU fueron reconducidos por personal aduanero hacia una vía secundaria, sin atravesar los escáneres ni ser sometidos a revisión de equipaje.

Durante el mismo lapso -entre las 08:56 y las 09:20 de la mañana- comenzaron a ingresar otros pasajeros al mismo sector, los cuales, sin excepción, fueron sometidos al control de equipajes mediante escáner.

¿Qué llamó la atención de los investigadores?

La diferencia en el tratamiento a los pasajeros del vuelo privado “resulta particularmente significativa” para la PIA, ya que no obedeció a una situación de congestión ni a una saturación operativa que justificara una alteración en la dinámica de control, sostuvieron los investigadores.

Tampoco se trató de un procedimiento aleatorio accionado por el semáforo u otro dispositivo automatizado, sino que, según revelan las imágenes, desviaron las valijas y a los viajeros por decisión expresa y directa del personal aduanero, a pesar de la disponibilidad de medios tecnológicos para llevar a cabo la inspección.

Hubo un “tratamiento diferenciado”, justificado por las autoridades por la “inexistencia de alertas activas sobre el grupo”, según lo manifestado por el jefe de División.

Además, otras dos valijas ingresaron al país pero permanecieron dentro de la aeronave en calidad de equipaje en tránsito.

También se observaron inconsistencias en los registros migratorios correspondientes a los dos tripulantes y a los dos pasajeros. En particular, los datos del destino de salida “Estados Unidos”, cuando en realidad la aeronave partió con destino final París, realizando una escala intermedia en Tenerife, y recién retornó a Estados Unidos el 12 de marzo.

¿Cuáles son las conclusiones de la investigación preliminar?

Se constató una omisión en el control del equipaje ingresado al país por los dos tripulantes y la pasajera al momento del arribo de la aeronave, pero aún no se sabe por qué. No se descarta, como hipótesis, que alguien haya dado la orden.

Además, no hay registros oficiales que acrediten un control continuo sobre la aeronave durante su permanencia en el hangar de la firma Royal Class ni documentación que garantice su inmovilización e inviolabilidad durante dicho período.

También se detectaron inconsistencias en los registros migratorios vinculados a los tripulantes y pasajeros y sobre el origen del vuelo.

Se detectaron inconsistencias vinculadas al equipaje declarado a las autoridades nacionales y en relación con el contenido de la bodega del avión.

¿Cómo salió el caso a la luz pública?

Las sospechas de irregularidades fueron hechas públicas por el periodista Carlos Pagni, en Odisea Argentina, en LN+ en marzo último. Desde entonces se conocieron detalles del vuelo y de su pasajera. Arrieta es argentina, tiene 32 años y trabaja en las compañías de Leonardo Scatturice. Ambos organizaron la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC) en Buenos Aires, de la que participó Milei. La CPAC fue la plataforma para que el Presidente accediera en Estados Unidos a Donald Trump.

Scatturice también está ligado al gobierno libertario y sería intermediario entre el Ejecutivo y el gobierno de Estados Unidos. Es el nuevo dueño de Flybondi.

¿Qué dijo el Gobierno ante las revelaciones?

Tras las revelaciones de Pagni, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que era “imposible” que hubieran ingresado diez valijas en ese vuelo sin controles. También sostuvo que la pasajera Arrieta había entrado al país con un carry on y una valija que pasaron por los “chequeos correspondientes”. Los fiscales, sin embargo, probaron lo contrario.

¿Cómo sigue la causa?

En la causa intervienen el fiscal Claudio R. Navas Rial, interinamente a cargo de la Fiscalía Juzgado Nacional en lo Penal Económico números 2, y el juez Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico número 2 del mismo fuero. Con base en la investigación preliminar, la PIA y Navas Rial solicitaron una serie de medidas de pruebas que el magistrado deberá llevar adelante en las próximas semanas.

ED/MC

Por primera vez desde que presentó su denuncia por escrito, la diputada nacional Lourdes Arrieta asistió este martes de forma presencial a la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso. Durante poco más de dos horas, en una reunión a puertas cerradas celebrada en el sexto piso del Anexo del Senado, la legisladora mendocina ratificó punto por punto su acusación contra el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert; su hijo Lautaro; el empresario argentino radicado en Miami Leonardo Scatturice, y el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien señala como figura clave detrás de lo que considera una red paralela de poder montada desde los márgenes del Estado.

“Fue una reunión anodina”, resumió a elDiarioAR una fuente del entorno de uno de los legisladores que participó del encuentro. “Arrieta ratificó todo, le cuestionaron algunas cosas a partir de una respuesta que mandó Neiffert”, agregó. Desde el entorno de la diputada, por el contrario, celebraron haber entregado “un montón” de documentación respaldatoria. “Lo más sólido de todo es lo de Tactic”, se escuchó incluso entre algunos opositores. Fue el PRO, sin embargo, el que asumió el rol más crítico: “La corrieron lindo”, dijo uno de los presentes sobre el tono inquisitivo de los legisladores amarillos, que operan en defensa del oficialismo ya que La Libertad Avanza cuenta solo con Gabriel Bornoroni como representante dentro de la comisión.

Arrieta, exintegrante de La Libertad Avanza y hoy parte del monobloque Transformación, sostiene que la SIDE está operando por fuera de los canales institucionales, con fondos reservados destinados a actividades diplomáticas y logísticas que deberían estar bajo control del Congreso. En su denuncia, presentada el 18 de junio, apuntó a un conjunto de relaciones y operaciones que tienen su anclaje en tres puntos concretos: el edificio de 25 de Mayo 11, sede de la SIDE; el círculo íntimo de asesores de Javier Milei; y la ciudad de Miami, donde se consolidó un polo de influencia del oficialismo con ramificaciones políticas, comerciales y de inteligencia.

Uno de los ejes más contundentes de su presentación fue la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC, dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida, como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. Según consta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, la SIDE le paga US$10.000 mensuales para realizar tareas de lobby diplomático que, en circunstancias normales, serían competencia de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado en abril, sin licitación ni publicación oficial. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, denunció Arrieta.

La diputada pidió identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y describió a Tactic como parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria con terminales en el trumpismo. Ambas entidades, sostiene, funcionarían como pantallas legales para canalizar recursos, gestiones y alianzas políticas por fuera del control del Estado.

Scatturice —nuevo dueño de Flybondi a través del fondo COC Global Enterprise— no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios. Fue en Miami donde, en enero, recibió al propio Caputo, a su hermano Francisco y al dirigente Manuel Vidal, en una gira que terminó en la asunción de Donald Trump. Según Arrieta, esa ciudad funciona como una suerte de embajada paralela del oficialismo libertario, donde se negocian nombramientos, financiamiento y relaciones internacionales en el más absoluto hermetismo.

Otro capítulo de la presentación estuvo dedicado al avión privado matrícula N18RU, vinculado a Scatturice, que aterrizó en Aeroparque a fines de febrero con una decena de valijas que no pasaron por controles aduaneros. Las imágenes del desembarco, difundidas esta semana por el canal TN, contradicen la versión oficial, que afirmaba que las valijas ni siquiera habían ingresado al país. Según el parte de vuelo, solo se declararon cinco, aunque el material audiovisual muestra al menos diez. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) —la fiscalía especializada en corrupción— ya abrió una investigación y solicitó información a PSA, Migraciones, Aduana y ANAC.

La Triple Frontera, en la mira

Para Arrieta, ese episodio no es anecdótico: es la postal concreta de una estructura que combina blindaje institucional, privilegios logísticos y negocios opacos. Y que, además, tiene ramificaciones internacionales. Un ejemplo: el rol de Ignacio “Nacho” Jiménez, actual jefe de la delegación de inteligencia en la Triple Frontera y número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), uno de los organismos en que se reestructuró la SIDE. Según Arrieta, Jiménez organizó reuniones fuera de agenda con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —de su propiedad— que funciona como base informal del oficialismo en Parque Patricios. En el mundillo del espionaje, Jiménez es vinculado a Antonio “Jaime” Stiuso a través del abogado Lucas Nejamkis.

Desde Paraguay, el ministro del Interior Enrique Riera admitió los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido intercambio de dinero. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo la diputada en una entrevista con el medio ABC. A eso se suma una novedad geopolítica de las últimas horas: el ministro de Defensa paraguayo, Óscar González, confirmó públicamente que su país, junto a los gobierno de Brasil y Argentina, ultiman los detalles para instalar en diciembre una oficina antiterrorista conjunta en la ciudad de Puerto Iguazú. La iniciativa, liderada por el propio Riera y difundida por los medios del país vecino, contaría con participación militar y tendría como eje las tareas de inteligencia en la zona. El objetivo formal es “marcar presencia” frente a amenazas regionales.

Sin embargo, en paralelo a esa coordinación oficial, crece la versión de que un sector de la SIDE ya estaría montando una estructura paralela en la zona, financiada con fondos del FBI estadounidense. Según pudo saber elDiarioAR de fuentes con acceso directo a los organismos de inteligencia, se trata de una red operativa propia, sin articulación con el comando tripartito formal. La operación sería llevada adelante por la ASN, que dirige Alejandro Cecati, y tendría como articulador local a Jiménez.

La Comisión Bicameral de Inteligencia, presidida por el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Pero la práctica demuestra que sus investigaciones, muchas veces, terminan en la nada. Un antecedente reciente es el caso de Diego Kravetz, actual jefe de Operaciones de la SIDE, quien fue citado por la comisión en enero tras la difusión de un video en el que golpeaba a un joven detenido. Pese al escándalo, Kravetz fue confirmado en el cargo y quedó al frente de casi toda la estructura operativa del organismo.

Por eso, en los márgenes del encuentro de este martes, el escepticismo seguía flotando. Aunque el contenido de la reunión se mantiene bajo reserva, fuentes parlamentarias aseguran que no hubo mayores avances ni definiciones políticas. Arrieta, al menos, logró lo que se había propuesto: ratificar su acusación frente a los catorce miembros de la comisión, entregar documentación respaldatoria y poner en circulación, dentro del Congreso, una hipótesis de poder que hasta hace semanas se comentaba solo en voz baja. El resto, como casi siempre, dependerá de la voluntad política.

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Este martes, la diputada nacional Lourdes Arrieta comparecerá por primera vez de forma presencial ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia para ampliar y detallar la denuncia que presentó por escrito hace dos semanas. Será en el Congreso, pero la escena estará atravesada por el mismo clima de opacidad que marcó la reunión anterior: aquella sesión inusual que se celebró dentro del propio edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), donde Sergio Neiffert defendió el nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) sin despejar los temores sobre tareas de seguimiento interno a actores sociales.

Exintegrante de La Libertad Avanza, hoy parte del monobloque Transformación, Arrieta acusa al propio Neiffert, a su hijo Lautaro y al empresario Leonardo Scatturice de formar parte de una estructura paralela de poder financiada con fondos reservados, que tendría al asesor presidencial Santiago Caputo en el centro. En su presentación inicial, la diputada pidió investigar contrataciones, vuelos privados, vínculos diplomáticos informales y circuitos de negocios que, asegura, se mueven por fuera del control parlamentario.

Arrieta comparecerá junto a su abogado y promete entregar documentación adicional. En su entorno creen que el caso crecerá y podría derivar en un dictamen y eventualmente en una causa penal. Todo dependerá de cómo se muevan las piezas del oficialismo en el Congreso y en Comodoro Py. En paralelo, ya hay contactos entre legisladores peronistas, kirchneristas e incluso algunos radicales que ven con preocupación la opacidad del vínculo entre inteligencia y política exterior.

Es que uno de los ejes centrales de la denuncia de Arrieta es la contratación directa de la firma estadounidense Tactic Global LLC —dirigida por Scatturice y registrada en el estado de Florida— como “enlace estratégico” entre el Gobierno argentino y sus contrapartes en Washington. La empresa, inscripta en el sistema FARA del Departamento de Justicia, cobra 10.000 dólares mensuales por tareas diplomáticas que, en otras circunstancias, estarían a cargo de la Cancillería o de la embajada. El contrato fue firmado por la SIDE en abril, sin licitación ni difusión oficial.

La diputada solicitó identificar qué partida presupuestaria financia ese gasto y denunció que Tactic forma parte de una estructura más amplia, en la que también aparece CPAC Argentina, la usina libertaria local con terminales en el trumpismo que tuvo su evento en diciembre del año pasado en el Hotel Hilton. Según Arrieta, ambas entidades funcionarían como pantallas legales para canalizar gestiones diplomáticas, aportes financieros y campañas políticas sin pasar por las instituciones formales del Estado.

Con sede en Florida, Tactic Global se convirtió, en los hechos, en un enclave de poder del oficialismo en el exterior. Fue allí donde Scatturice recibió, en enero, a Santiago Caputo, a su hermano Francisco —integrante de la Fundación Faro, órgano “académico” y recaudatorio de La Libertad Avanza— y al dirigente de origen PRO Manuel Vidal, con escala final en la asunción de Donald Trump. La escena se repitió luego con otros postulantes a cargos en inteligencia, que viajaron a Miami a entrevistarse con el empresario. Scatturice no puede salir de Estados Unidos por problemas migratorios: quien quiera verlo, debe ir hasta allá. “El contrato refleja una anomalía: la inteligencia argentina ha contratado una firma extranjera para realizar gestiones políticas ante el gobierno norteamericano”, señaló Arrieta en su escrito, que exige investigar “la trazabilidad” del dinero.

Una línea de trabajo que la diputada ampliará este martes es la de las empresas satélite: menciona firmas radicadas en Paraná y en Florida como parte de una red vinculada a Scatturice, que a su vez es el nuevo dueño de la aerolínea Flybondi, a través del fondo COC Global Enterprise. Según la legisladora, la operación no sólo responde a una estrategia empresarial sino a una lógica de “logística paralela” del oficialismo.

En el Congreso ya se hablaba del avión N18RU, presuntamente propiedad de Scatturice, que habría traído valijas sin control aduanero desde Estados Unidos, y permaneció una semana en Aeroparque antes de partir a París. En las últimas horas, nuevas revelaciones fortalecieron esta línea de investigación. El canal TN publicó imágenes del ingreso a suelo argentino de una decena de valijas pertenecientes a Laura Belén Arrieta, la mujer que arribó en ese vuelo y que está ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), la organización derechista con terminales en el oficialismo.

Las imágenes muestran cómo el equipaje fue desembarcado sin pasar por controles aduaneros, contradiciendo la versión oficial que aseguraba que las valijas no habían ingresado al país. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), especializada en casos de corrupción, ya había iniciado una causa de oficio y solicitó a la PSA, a Migraciones, a la Dirección de Aduanas y a la ANAC los registros de pasajeros, cámaras de seguridad del hangar, y movimientos del avión entre el 26 de febrero y el 5 de marzo. Según trascendió, el vuelo declaró solo cinco valijas, pese a que transportaba al menos diez. Para Arrieta, este episodio es una muestra más de la existencia de una estructura paralela que combina privilegios logísticos, blindaje institucional y negocios opacos.

Altas conexiones

La oposición quiere saber desde cuándo Scatturice trabaja para el Estado y cómo se conecta con el asesor presidencial Santiago Caputo, figura central en el ecosistema libertario. También por qué el nombre de Lautaro Neiffert —hijo del “Señor 5” y accionista de la firma SEGUR&PROTECCIÓN SRL— aparece en registros de ingreso a Casa Rosada, autorizado al menos en una oportunidad a ingresar al sector de “Asesores SP”.

Otro de los señalados en la denuncia es Ignacio “Nacho” Jiménez, número dos de la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), una de las cuatro áreas en que fue reestructurada la SIDE. Arrieta lo acusa de haber organizado una reunión con el comisario paraguayo Nimio Cardozo en el restaurante Il Ombú —del que Jiménez es propietario—, ubicado en Parque Patricios. Según su presentación, ese lugar funcionaría como una suerte de base operativa paralela, sin control ni supervisión oficial.

Según pudo saber elDiarioAR, Jiménez fue designado hace poco más de un mes como jefe de la delegación de inteligencia en la triple frontera, tras ganar una pulseada interna con otro grupo del organismo. Su gestión en la zona de Iguazú, en Misiones, no es menor. Allí confluyen intereses de agencias extranjeras como la CIA, el Mossad y la Policía Federal brasileña, y su rol como articulador informal genera inquietud dentro y fuera del Congreso. En el mundo del espionaje se vincula a Jiménez con el exdirector de Operaciones Antonio “Jaime” Stiuso, a través del abogado Lucas Nejamkis, actual secretario privado del hombre fuerte del espionake en tiempos del kirchnerismo.

La denuncia de Arrieta también alude al exsenador Edgardo Kueider, detenido en Asunción con 200 mil dólares no declarados al cruzar desde Brasil. La diputada sugirió que los fondos podrían estar relacionados con operaciones de la SIDE y mencionó una posible conexión con inversiones inmobiliarias. “Hay demasiadas coincidencias”, dijo en una entrevista con ABC Paraguay. Desde el país vecino, la reacción fue inmediata. El ministro del Interior, Enrique Riera, reconoció los contactos entre Cardozo y la inteligencia argentina, aunque negó que haya habido un cobro de dinero. Para Arrieta, sin embargo, las declaraciones del funcionario exponen una “vulnerabilidad del sistema de inteligencia argentino”.

Por ahora, Arrieta —que dejó La Libertad Avanza en septiembre pasado, tras una fuerte disputa con Martín Menem y denuncias por haber visitado a genocidas en Ezeiza— avanza sola. Pero este martes no lo estará del todo: por primera vez se presentará en persona ante la Bicameral, con las cámaras apagadas y los micrófonos vedados, para exponer en detalle lo que hasta ahora había planteado sólo por escrito.

La comisión, que hoy preside el senador radical Martín Lousteau, está compuesta por catorce legisladores: siete diputados y siete senadores de distintos bloques. Fue creada por la Ley Nacional de Inteligencia (Nº 25.520) y, según su artículo 32, tiene amplias facultades para controlar e investigar de oficio el funcionamiento de los organismos del Sistema Nacional de Inteligencia. Entre sus atribuciones está la fiscalización del uso de los gastos reservados, la evaluación de las actividades que puedan vulnerar derechos constitucionales y el seguimiento de documentos clave como el PIN. Sin embargo, la práctica demuestra que rara vez sus investigaciones trascienden.

Aunque la Bicameral tiene atribuciones amplias, los antecedentes muestran que pocas veces logra traducir sus intervenciones en consecuencias concretas. Un ejemplo reciente fue el caso de Diego Kravetz, designado como jefe de Operaciones de la SIDE, a quien la comisión citó en enero tras la filtración de un video en el que aparecía golpeando a un joven detenido. Las denuncias acumuladas por su pasado como funcionario de Seguridad derivaron en un sumario parlamentario, pero el expediente nunca prosperó. Finalmente, Kravetz fue confirmado como número dos del organismo con más atribuciones que antes: quedó a cargo de todas las áreas operativas de la SIDE, a excepción de Asuntos Internos. “Están emulando la AFI de Stiuso”, advirtió entonces un dirigente opositor, sin que sus advertencias modificaran el curso de los hechos.

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