Un informe de la autoridad tributaria de Guatemala termina por desbaratar la estrategia judicial de José Luis Espert para explicar su vínculo económico con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino que en mayo atrás se declaró culpable de fraude y lavado de dinero en un tribunal de Texas, Estados Unidos.

En su presentación escrita ante un juzgado federal de San Isidro del martes pasado, cuando fue citado a indagatoria, Espert se aferró a la explicación de que fue contratado en 2019 por la firma guatemalteca Minas del Pueblo, de Machado, para una asesoría de reestructuración de su deuda, a cambio de un compromiso de pago de US$1 millón, de los cuales se efectivizaron al menos US$200.000 en enero de 2020.

La acusación del fiscal federal Fernando Domínguez sostiene que ese contrato fue una mera pantalla para vehiculizar el lavado de activos. La sospecha parte de múltiples indicios: el exdiputado de La Libertad Avanza no realizó ninguna tarea relacionada al supuesto fin de la reestructuración de la deuda de la minera, ni tenía experiencia en ese tipo de auditorías, ni tampoco hubo ningún esbozo de Machado para recuperar el dinero transferido a cambio de nada. Los registros de mensajes entre Espert y su contador con la evasión como propósito, viajes, cuentas y fideicomisos que permanecían ocultos y una serie de transferencias sospechosas a lo largo del tiempo cierran el cuadro del presunto lavado.

A pedido de Domínguez, la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala envió en junio un informe sobre el estado patrimonial de Minas del Pueblo en los años previos al pago de Machado a Espert. Allí se detalla que, en 2018, la empresa declaró un capital de US$10 millones y una deuda de US$300.000. El año siguiente, en el que el economista ultraderechista y el empresario argentino establecieron el vínculo por un supuesto interés del segundo en apoyar la campaña electoral del Frente Despertar, Minas del Pueblo contabilizó un capital de US$30 millones y una deuda de US$5 millones.

Los números hablan por sí solos. “¿Qué empresa aceptaría pagar US$1 millón a una consultora para reestructurar una deuda de US$5 millones, que a su vez que representa un sexto del patrimonio declarado? ¿Cuál era el apremio por pagar 20% del monto adeudado a un asesor sin ningún tipo de experiencia en la materia?”, se preguntó una fuente con acceso al expediente.

El informe del par del ARCA en Guatemala llegó a Argentina después del dictamen de Domínguez en el que solicitó la indagatoria de Espert ante el juez Lino Mirabelli, titular del juzgado federal 2 de San Isidro. En el texto del fiscal, se detallaron los pasos para dar apariencia de legalidad al trasiego de fondos a Espert desde el fideicomiso Wright Brothers Aircraft, utilizado por Machado y su socia, Debra Mercer-Erwin, para cometer un fraude a gran escala.

En la secuencia aparece el contrato por US$1 millón firmado en 2019, la compra de la casa en Beccar en noviembre de ese año, la transferencia de US$200.000 el 22 de enero de 2020 y la adquisición inmediata de un automóvil BMW de alta gama. Esos movimientos son apenas posteriores a los aportes de campaña de Machado por un monto que, según fuentes vinculadas a la candidatura de Espert, alcanzó un rango de entre unos pocos cientos de miles de dólares a US$2,5 millones, además de la provisión de un avión privado y una camioneta blindada.

También entran en juego la creación de la firma Varianza SA a nombre de Espert y su pareja, Mercedes González, que sería otra pantalla de consultoría para ingresar dinero, según el fiscal. Con el tiempo, la pareja participó de fideicomisos para la adquisición de propiedades y sumó más automóviles de lujo.

En el marco de una estrategia judicial errática de Espert, otro dato anecdótico llamó la atención en la acusación. El 9 de octubre de 2025, agentes judiciales y de la Policía Federal allanaron el domicilio en Beccar, dirigidos por Domínguez. El entonces diputado acababa de bajarse de la cabeza de lista de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas que se realizarían ese mes. En un archivo muy a mano en la computadora, aparecieron supuestos textos de Espert sobre la actividad minera. Un cotejo posterior permitió dilucidar que esos informes no eran más que copias textuales de contenido fácilmente hallable en internet, por lo que se sospecha que fue un intento burdo de plantar una prueba que permitiera argumentar que el economista contaba con experiencia en el rubro minero.

Una pista en paralelo surge de transferencias a Espert de personas en situación económica muy precaria en los años posteriores, ya cuando el economista se había asociado, primero, a Juntos por el Cambio, y luego a La Libertad Avanza, en bruscos movimientos políticos, difíciles de explicar. En 2024 y 2025, cuando “el Profe” se había reconciliado con Javier Milei y pasó a ser la espada más aguerrida del gobierno en la Cámara de Diputados, se produjeron depósitos hormiga que servirían para cubrir gastos con tarjeta de crédito de la pareja Espert-González por varias decenas de miles de dólares.

En un archivo, aparecieron supuestos textos de Espert sobre la actividad minera. Un cotejo posterior permitió dilucidar que esos informes no eran más que copias textuales de contenido fácilmente hallable en internet

Los intercambios de whatsapp entre Espert, su contador en Buenos Aires, Mariano Cosentino, y el estudio contable de Fernando Escobar en Pergamino reflejan la preocupación por dar legalidad a ingresos irregulares y, en particular, a aquel contrato con Machado de 2019.

La tensión de los contadores creció cuando Machado fue detenido en Bariloche en abril de 2021, acusado de narcotráfico, fraude y lavado a gran escala por un tribunal en Texas.

A partir de entonces, el empresario argentino permaneció en prisión domiciliaria en Viedma hasta noviembre pasado, cuando, al cabo de un dilatado trámite de extradición, fue enviado a Estados Unidos. Con el correr de los meses, Machado llegó a un acuerdo con la fiscalía federal de Texas, mediante el cual se dejaría caer la acusación por narcotráfico y recibiría una pena pactada por los otros dos delitos. El acuerdo debe todavía ser homologado por el juzgado texano. La socia de Machado, Mercer-Erwin, fue condenada a 16 años de prisión en 2023.

Desde que este diario comenzó a publicar una serie de notas sobre el vínculo entre Espert y Machado hace un año, el exdiputado mostró cartas cambiantes. Primero, optó por ignorar el tema en público y minimizarlo en privado. Luego, ante la información sobre la transferencia de US$200.000, se declaró víctima de una operación y logró un enfático respaldo de los hermanos Milei, pero a los días debió admitir que, en efecto, había tenido una relación económica con Machado.

Una vez abierta la investigación judicial en San Isidro, los vaivenes de la defensa se multiplicaron. Primero, Espert adujo que los fondos que le permitieron comprar la casa en Beccar y el BMW eran producto de una herencia y de trabajos de consultoría en países tan distantes como Australia. En el camino, se vio forzado a admitir la existencia de cuentas bancarias en el exterior que había omitido en declaraciones juradas.

En la última movida, la presentación de un escrito en ocasión de la indagatoria, Espert circunscribió el incremento en sus ingresos al contrato de asesoría con Minas del Pueblo.

El cambio de penalistas, en abril pasado, desde Santiago Kent y Alejandro Freeland a Claudio Lamela estuvo vinculado al fallido intento de mudar la causa a los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires (Comodoro Py), un territorio en el que Mauricio Macri y Javier Milei manejan terminales. La ratificación de la sede en San Isidro significó una mala noticia para Espert.

Ahora, el exdiputado pidió que el fiscal Domínguez sea desplazado de la instrucción de la causa, para que quede a cargo el juez Mirabelli. “Declararé la verdad de los hechos cuando la instrucción sea objetiva e imparcial”, posteó Espert en X.

Son movimientos previos a lo que parece altamente probable: el procesamiento por lavado de activos.

El Gobierno resiste esa hipótesis. En mayo, cuando Machado se declaró culpable de fraude y lavado en Texas, Milei intentó hacer creer que, en realidad, el empresario era inocente, por la caída de la acusación de narcotráfico. El Presidente y los activistas digitales del oficialismo se precipitaron a exigir que se le pidieran disculpas a Espert. “Hicieron MIERDA a un tipo inocente”, denunció el Presidente en una intervención soez.

El intento de reivindicación de Espert fue archivado de inmediato, cuando quedó claro que los delitos por los que su financista, Machado, asumió culpabilidad —fraude y lavado— son suficientemente graves como para no hacer ruido.

SL

slacunza@eldiarioar.com

José Luis Espert declarará este martes 7 de julio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero por su vínculo con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos que admitió ese mismo delito pero recibió un perdón en la acusación por narcotráfico. Fuentes de la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez confirmaron a elDiarioAR que la indagatoria se realizará este martes, tal como había quedado pautada después de que hace siete días la defensa del exdiputado libertario consiguiera correrla una semana, cuando originalmente debía presentarse.

El caso investiga una transferencia de US$200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, no declarada ante el fisco argentino. El dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., a través de una cuenta del Bank of America, y el registro de esa transacción —incorporado como prueba en el juicio que en Estados Unidos condenó a la exsocia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, a 16 años de prisión— identifica al destinatario como “José Luis Espert N28FM”.

Según el dictamen fiscal, Wright Brothers formaba parte de una organización criminal transnacional liderada por el empresario aeronáutico Fred Machado, extraditado a Estados Unidos y procesado por posesión y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. Fue precisamente la revelación de esa transferencia, publicada por Sebastián Lacunza en elDiarioAR, la que eyectó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Para justificar el origen del dinero, Espert había presentado un contrato firmado en junio de 2019 en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo SA, representada por el propio Machado, por el que se comprometía a asesorar a la firma a cambio de un millón de dólares en cuotas. El dictamen fiscal desarma ese argumento: Espert nunca viajó a Guatemala, las minas no estaban operativas y no registraba antecedentes en el sector minero.

La fiscalía también reconstruyó qué hizo Espert con esos fondos: transferencias parciales a una cuenta del BBVA en Argentina que sirvieron para comprar un auto BMW en 2020, y retiros en efectivo. El contador Mariano Cosentino —también citado a indagatoria— llevaba un registro paralelo de esos movimientos en un archivo hallado en su computadora, y participó según la fiscalía de reuniones en las que se evaluó “mostrar todo” el ingreso ante la AFIP o directamente “no mostrar nada”. Se optó por la segunda vía: las declaraciones juradas de 2021 omitieron tanto la cuenta en Estados Unidos como su saldo.

El fiscal Domínguez encuadró la conducta en los artículos 45 y 303 inciso 1° del Código Penal, que prevén penas de entre tres y diez años de prisión por lavado de activos. La indagatoria de mañana será la primera oportunidad en que Espert deberá responder directamente ante el juez por una acusación que ya le costó su lugar en la boleta libertaria y que ahora avanza a paso firme sobre su situación judicial.

MC

José Luis Espert tenía que enfrentar este martes por primera vez la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero por su relación con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos y que ya confesó haber cometido ese delito para recibir una pena menor. Pero el exdiputado libertario logró patear una semana la indagatoria luego de que su abogada le pidiera más tiempo al juez federal Lino Mirabelli, en San Isidro. La indagatoria ahora será el 7 de julio próximo.

El fiscal Fernando Domínguez reconstruyó con detalle una operatoria que, según la acusación, siguió el esquema clásico del blanqueo de capitales en tres etapas: colocación, estratificación e integración. Por eso también citó a indagatoria al contador Mariano Alejandro Cosentino de la empresa Varianza SA, de la que Espert aparece como presidente.

El punto de partida, según la fiscalía, es una transferencia de US$200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley radicada en Estados Unidos que no estaba declarada ante el fisco argentino. El dinero provino de la firma WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC., a través de una cuenta del Bank of America. El registro de la transacción, incorporado como prueba en el juicio seguido en Estados Unidos contra la coimputada Debra Lynn Mercer-Erwin —condenada a 16 años de prisión—, identifica al destinatario como “JOSE LUIS ESPERT N28FM”.

Esa fue la revelación de Sebastián Lacunza en elDiarioAR que eyectó a Espert como candidato a primer diputado de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Wright Brothers no era una empresa común. Según el dictamen fiscal, formaba parte de una organización criminal transnacional (OCT) liderada por el empresario aeronáutico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos y procesado por la justicia federal del Distrito Este de Texas por cinco cargos: posesión y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. La OCT operaba adquiriendo aeronaves de manera ilegal para facilitar el contrabando de drogas y canalizaba las ganancias a través de entidades comerciales y cuentas financieras en distintos países.

Para intentar justificar el origen del dinero, Espert presentó un contrato firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo SA, representada por el propio Machado. Según ese documento —secuestrado en el domicilio donde Machado cumplía su detención preventiva y también en los archivos digitales incautados al contador Cosentino—, Espert se obligaba a realizar un análisis de mercado, asesorar en la refinanciación de deuda y confeccionar un plan estratégico de crecimiento de la empresa a tres años, a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas. El dictamen destruye ese argumento punto por punto: Espert nunca viajó a Guatemala, ni al momento de la firma ni en ningún momento posterior; las minas no estaban operativas; y Espert no registraba antecedente alguno en el sector minero más allá de algunas menciones macroeconómicas generales en sus libros y conferencias.

La secuencia financiera reconstruida por la fiscalía es precisa. Los US$200.000 ingresaron a la cuenta del Morgan Stanley el 22 de enero de 2020. Cuarenta días después, el 4 de marzo, Espert ordenó una transferencia de US$50.000 desde esa cuenta a su cuenta en pesos del BBVA en Argentina. Con ese dinero compró un auto BMW M240i por US$47.800. El 5 de junio de 2020 repitió la operación: otros US$50.000 del Morgan Stanley al BBVA, que luego retiró en efectivo en dos tramos —US$20.000 y US$30.200—.

Ambas operaciones quedaron documentadas en extractos bancarios del BBVA y en archivos de la computadora secuestrada al contador Cosentino, quien los había registrado en una planilla de cálculo denominada “JLE-Revisión impositiva.xlsx” que contenía el estado patrimonial real de Espert, incluyendo la cuenta del exterior y la transferencia de Wright Brothers. Ese archivo fue creado el 1° de mayo de 2021, dos días antes de una reunión entre Cosentino y Espert para decidir qué hacer con el dinero que seguía en la cuenta norteamericana —US$118.271,40 según el extracto del Morgan Stanley a diciembre de 2020—.

La detención de Machado el 16 de abril de 2021 precipitó una serie de reuniones de emergencia entre Espert y su equipo de contadores y abogados. Los chats de WhatsApp secuestrados al contador Fernando Escobar —otro asesor de Espert— revelan el tenor de esas conversaciones. “Uf, que cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Lei todo y esta todo re vinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo”, escribió Cosentino el 26 de abril de 2021, horas después de comunicarse con Escobar. En audios del mismo período, el propio Espert le explicaba a Escobar: “Acá sigue siendo el problema es... el ingreso de esos 200 del 2020, no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor [Machado].”

De los documentos incautados al contador Cosentino surge que en esas reuniones se analizaron cuatro alternativas para tratar los US$200.000 ante el organismo recaudador: “Mostrar todo”, “Prestación de servicio incumplida”, “Liberalidad” y “No mostrar nada”. Las tres primeras fueron descartadas por sus riesgos impositivos y penales. La cuarta —no declarar— fue la elegida, tal como refleja el archivo “Lluvia de ideas.vsd” creado el 7 de mayo de 2021 y el posterior “Resumen situación JLE.ppt”. La decisión se materializó en las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales presentadas el 29 de julio de 2021, que omitieron tanto la cuenta del Morgan Stanley como el saldo de US$118.271,40 que existía en ella.

La maniobra no terminó allí. Según el dictamen, el dinero siguió circulando en los años siguientes. En noviembre de 2024, Espert adquirió un Lexus RX 350 por US$129.999,88. El 18 de febrero de 2025, su esposa adhirió al fideicomiso inmobiliario Costa Dunas por US$55.501 más siete cuotas mensuales. Y el 27 de octubre de 2025, a escasos días de iniciada la presente denuncia, Espert retiró US$80.000 en efectivo de sus cuentas. Tanto el Lexus como el fideicomiso contaron con certificaciones de origen de fondos firmadas por el contador Cosentino, quien —según la fiscalía— incurrió así en participación necesaria del delito de lavado.

La empresa Varianza SA, integrada por Espert y su esposa y constituida el 13 de diciembre de 2019 —semanas antes del depósito de Machado—, aparece en el dictamen como otro instrumento de la maniobra: fue usada para generar asientos contables que ampliasen ficticiamente la base de ingresos de Espert y así justificar el uso de fondos de origen ilícito. Según la contadora Armendrares, en un audio de junio de 2021, Varianza “solo dos meses facturó” en toda su existencia.

El fiscal Domínguez encuadra la conducta en los artículos 45 y 303 inciso 1° del Código Penal —lavado de activos—, que prevé penas de tres a diez años de prisión. Espert no era funcionario público al momento de recibir el depósito, pero el tipo penal se aplica igualmente. La causa tramita bajo el número FSM44311/2025 ante el Juzgado Federal de San Isidro.

El exdiputado José Luis Espert fue citado a indagatoria para el 30 de junio por el juez federal Lino Mirabelli, en el marco de la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero.

La citación se produjo luego del pedido que realizó días atrás el fiscal federal Fernando Domínguez. La audiencia tendrá lugar el próximo martes y también fue citado a declarar su contador, Mariano Cosentino.

En esta causa, se investigan los nexos financieros entre el exdiputado libertario y el empresario aeronáutico Federico 'Fred' Machado, quien fue extraditado y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos vinculados al narcotráfico.

El punto de partida para esta investigación, de acuerdo a lo que considera la fiscalía, se centra en un depósito de 200.000 dólares que recibió Espert por parte de Machado, sin embargo, el exlegislador aseguró que se debía a un contrato de asesoría minera en Guatemala.

Posteriormente, la Justicia consideró que el documento presentado era falso y que se pretendió utilizar para blanquear dinero obtenido de manera ilegítima, ya que Espert nunca viajó a dicho país y que las minas a las que se refería no estaban operativas.

En la misma línea, la fiscalía sostiene que el exdiputado habría usado esos fondos presuntamente ilícitos para comprar autos de alta gama e integrar pagos en un fideicomiso inmobiliario. La investigación apunta a que Espert blanqueó ese dinero con la compra de un BMW 240i por más de US$90.000, un Lexus RX de US$130.000 y la adhesión a través de su esposa, María Mercedes González, a un fideicomiso para tener una casa de veraneo por la zona de Costa Esmeralda, una de las más cotizadas del Partido de la Costa.

Actualmente, el excandidato de La Libertad Avanza (LLA) mantiene la prohibición de innovar, además de tener congelado el total de sus bienes y sus cuentas financieras de forma preventiva.

Para el fiscal, Espert presentó un contrato falso para justificar US$200.000

De acuerdo a los argumentos en el pedido de la Fiscalía al juez Mirabelli, el documento de servicios profesionales que presentó Espert es falso y fue una simulación para blanquear los US$200.000 que recibió en su cuenta bancaria.

El exdiputado utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos ilegales. Sin embargo, la Justicia comprobó que Espert nunca viajó a dicho país para prestar los servicios que él mismo aseguraba y que las minas de la empresa no estaban operativas. 

Los fondos que investigan provienen de cuentas vinculadas a 'Fred' Machado. Por ese motivo, el fiscal realizó formalmente la semana pasada el pedido de indagatoria para Espert, bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por confeccionar informes contables ilícitos. 

Previamente, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades tanto del ex diputado nacional como los de su esposa, María Mercedes González.

Hasta el mometo, se sabe que la relación entre Espert y Machado consistiría en el financiamiento logístico y económico por parte del empresario para la campaña presidencial de Espert en 2019 y que derivó en esta causa judicial por presunto lavado de dinero.

En abril de 2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrentó un pedido de extradición hacia los Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso que fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia. 

El hilo rojo que conecta a Espert y Machado

Un juez de Estados Unidos aceptó a fines de mayo la culpabilidad de Federico “Fred” Machado en los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico y la sombra alcanza a José Luis Espert, quien recibió del empresario financimiento para su campaña presidencial 2019 (un avión, una camioneta blindada y un contrato millonario), apenas años antes de saltar a lado de Javier Milei en La Libertad Avanza. 

La decisión judicial es un eslabón más de un caso que estalló en julio de 2025 con las revelaciones de elDiarioAR, derivó en la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional y abrió en los tribunales federal de San Isidro una causa por presunto lavado de activos que sigue en trámite.

La cita en el avión

Espert y Machado se conocieron en marzo de 2019, en el Golf Club de San Isidro, presentados por el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro y por Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae. Días después se reunieron a bordo del avión Bombardier Challenger N28FM, estacionado en el aeropuerto de San Fernando. 

Allí acudieron Nazareno Etchepare y Gonzalo Díaz Córdoba, armadores del Frente Despertar. La charla duró menos de una hora. Machado prometió un avión King Air con piloto, una Jeep Cherokee blindada y fondos en dólares. Espert pidió US$5 millones; el piso comprometido fue de US$ 2,5 millones.

Entre el 21 y el 24 de marzo de aquel año, Espert viajó a Miami invitado por Machado. El empresario le organizó reuniones con argentinos de Florida para sumar aportes. El 18 de abril presentó su libro La Sociedad Cómplice en el Hotel Austral de Viedma. Cerró el acto con un agradecimiento “a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”.

El contrato y la transferencia

El 17 de junio de 2019, dos semanas antes del lanzamiento formal de su candidatura presidencial, Espert firmó con Machado un contrato por US$1.000.000 para asesorar a Minas del Pueblo, una empresa minera del empresario radicada en Guatemala. El acuerdo preveía pagos mensuales durante un año. Solo se supo que se concretó uno.

El 22 de enero de 2020, el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, vinculado a Machado y a su socia estadounidense Debra Mercer-Erwin, transfirió US$200.000 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley. 

La operación quedó registrada en una contabilidad clandestina que se incorporó después al expediente de Texas. Dos meses más tarde, Espert compró un BMW 240i por más de US$90.000. En noviembre adquirió una casa en Beccar. Consignó ambas operaciones como fondos propios en su declaración jurada.

El arresto y el silencio

El 15 de abril de 2021, la policía detuvo a Machado en el aeropuerto de Neuquén a pedido de un tribunal del distrito Este de Texas. Lo acusaron de narcotráfico, lavado de dinero y fraude por unos US$350 millones. 

Cumplió prisión domiciliaria durante cuatro años en una casa a veinte kilómetros de Viedma. En noviembre de 2023, Mercer-Erwin recibió en Texas una condena de 16 años. Espert minimizó el vínculo. Dijo que solo había compartido un vuelo a Viedma y denunció una “operación” en su contra.

El destape y la renuncia

Pasaron los años y el 27 de julio de 2025, Sebastián Lacunza publicó en elDiarioAR la reconstrucción de la cita en San Fernando. Comenzó a conocerse el préstamo del avión y los WhatsApps entre armadores de la campaña.

El 28 de septiembre, un hallazgo del equipo de Juan Grabois sumó al expediente la transferencia de US$200.000. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, lo contradijo en público: “Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba”. Un documento del Bank of America ratificó la operación.

El 5 de octubre, Espert renunció a la candidatura. Dos días después, la Corte Suprema habilitó la extradición de Machado. En un allanamiento a la casa del empresario en Viedma, la Policía Federal encontró el contrato por US$ 1.000.000 roto y abollado en un tacho de basura. El 11 de octubre, la Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza.

La culpabilidad por lavado y fraude

El 5 de noviembre de 2025, Machado partió extraditado desde Ezeiza en un vuelo de United Airlines, escoltado por agentes de US Marshals. Declaró su inocencia ante el juez federal Bill Davis. Pero el 12 de mayo de 2026 cambió de estrategia: firmó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de lavado y fraude. El convenio excluyó los cargos por narcotráfico, los más graves del expediente.

En mayo pasado, el juez de instrucción de Texas Don D. Bush aceptó el acuerdo. La trama que armó Machado supone una sofisticada estafa a nivel internacional montada sobre la venta de aeronaves que, en realidad, no estaban en venta. En esa cadena de operaciones Espert sería un eslabón más, con pata en la Argentina, por lo que se lo sigue investigando.

Federico “Fred” Machado, el empresario argentino procesado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude en un tribunal federal de Texas, podría recibir una pena de seis años de prisión, si prospera el acuerdo negociado con la fiscal federal de Texas Heather Rattan.

El financista del exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert admitió haber cometido los delitos de lavado de dinero y fraude entre 2010 y 2021, y el fiscal dejaría caer la acusación por narcotráfico, sostenida ante el tribunal desde 2020, según documentos presentados en el expediente radicado en la ciudad de Sherman, Texas, y anticipados por este diario.

La pena de seis años que —de acuerdo fuentes cercanas a la causa— Machado habría negociado con el fiscal y el acuerdo en general, que el lenguaje jurídico estadounidense denomina plea bargain, requiere la aprobación del juez de la causa, Amos Mazzant.

El delito de lavado de dinero y el fraude contemplan, cada uno, un rango de penas desde tres años de libertad condicional hasta 20 años de cárcel, y una multa de dos veces el monto lavado, según el código penal estadounidense.

Uno de los aspectos abiertos es si el tribunal aceptará computar el período que Machado estuvo detenido en Argentina

Esas penas pueden ser sustancialmente reducidas si prospera el plea bargain. Negociaciones de ese tipo son habituales en los tribunales estadounidenses, al punto de que el 90% de las acusaciones termina en reducción de las condenas máximas, en virtud de la complejidad del caso, la contundencia de las pruebas y el costo económico del procedimiento, indican documentos del Departamento de Justicia.

En el inicio de la acusación, Ernest González, exfiscal y actual juez federal de Texas, acusó a Machado y a Mercer-Erwin de ser cómplices del Cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, y sostuvo que la detención de ambos había sido decisiva para una sustancial reducción en el tráfico de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica a Estados Unidos.

Uno de los aspectos abiertos es si el tribunal aceptará computar el período que Machado permaneció detenido en Argentina.

En marzo de 2021, el financista de Espert se fugó desde Guatemala a Buenos Aires, y fue detenido en abril a pedido de Interpol, en el aeropuerto de Bariloche. Desde entonces, pasó la mayor parte del tiempo en prisión domiciliaria, en una vivienda a nombre de una hermana en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro. Es la misma casa que Espert visitó durante la campaña electoral de 2019.

El expediente de extradición se aceleró luego de la investigación de este diario y la comprobación, en septiembre pasado, de que Machado le había transferido US$200.000 a Espert en enero de 2020. El empresario, dueño de un negocio de minas en Guatemala y de la empresa de aviación South Aviation, fue extraditado el 5 de noviembre de 2025. Desde entonces, se encuentra alojado en la prisión del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma.

Si las cuentas le salen bien a Machado y el juez de Texas admite que ya cumplió cinco de los seis años de la probable condena, la expectativa del examigo de Espert es regresar al país antes de fin de año. Podría darse si el tribunal estadounidense le concede la repatriación para cumplir el resto de la condena en Argentina, o si se le da la pena por cumplida en Texas.

La admisión de culpabilidad indica que Machado y su socia, la estadounidense Debra Mercer-Erwin, utilizaron el fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation Holdings y la empresa Wright Brothers Aircraft, radicada en Texas, para canalizar dinero del fraude, y que el argentino en particular prestó sus firmas South Aviation y Pampa Aircraft como vehículos de las operaciones. A Machado, además, se lo acusa de haber organizado un esquema Ponzi de recaudación de fondos millonarios para la compra de aviones que no estaban a la venta o eran vendidos múltiples veces.

Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión en 2023. En su caso, la pena incluyó el delito de narcotráfico.

Este lunes, el juez que supervisó la legalidad de la negociación, Don Bush, recomendó a su par Mazzant la aceptación del acuerdo. Mazzant podría tomarse varias semanas o meses para decidir, o hacerlo de inmediato.

Machado contó con la asistencia legal de Jamie Solano, una abogada con amplia experiencia en fiscalías de Texas y New Jersey. También participó de su defensa Alex Spiro, socio del estudio Quinn Emanuel, uno de los más cotizados de Manhattan, que tiene a Elon Musk como uno de sus clientes. Los abogados del empresario en Argentina son Roberto Rallín y Franciso Oneto. Éste también representa a Milei.

Si el acuerdo en Texas se lleva a cabo, el plan de Machado es regresar a Argentina de inmediato y dedicarse al negocio de las tierras raras

El empresario oriundo de Río Negro y radicado en Estados Unidos desde comienzos de la década de 1990 fue considerado durante décadas como uno de los principales comercializadores de aviones privados en el mercado argentino, con magnates, figuras del deporte, la política y el espectáculo como clientes. Si el acuerdo en Texas se lleva a cabo, su plan es regresar a Argentina de inmediato y dedicarse al negocio de las tierras raras.

En el plano de la política local, Milei dijo haber interpretado que el acuerdo de Machado con la fiscalía de Texas beneficia a Espert. Con insultos y groserías irreproducibles, pidió una reivindicación para el diputado que debió renunciar a su candidatura para renovar el cargo, a raíz de la investigación de éste y otros medios. Luego de años de negar o minimizar el vínculo con Machado, el cúmulo de pruebas se tornó insostenible para el aliado de Milei.

En rigor, dado que Machado admitió el delito de lavado, la sospecha de que Espert fue parte de ese engranaje cobra fuerza, según fuentes con acceso al expediente radicado en tribunales federales de San Isidro.

Espert recibió de Machado un pago de US$200.000 en enero de 2020, con el supuesto fin de asesoramiento contable en la empresa Minas del Pueblo, de Guatemala. Esa transferencia, más otros US$100.000 de pago inicial, fueron parte de un contrato por US$1 millón firmado a mediados de 2019, a cambio de un trabajo que el exdiputado nunca realizó.

A partir de esa transferencia, el fiscal federal Fernando Domínguez indagó en los bienes y el flujo de dinero de Espert en los últimos años. El economista, rebautizado como “El Profe” por Milei tras la última reconciliación, adquirió propiedades, formó fideicomisos y y emergió como titular o beneficiario de cuentas bancarias en el exterior que no formaban parte de sus declaraciones juradas ante la Cámara de Diputados.

Sus bienes permanecen embargados.

SL/MC

slacunza@eldiarioar.com

Un juez federal de Texas aceptó este lunes la declaración de culpabilidad de Federico “Fred” Machado, el financista del excandidato libertario José Luis Espert, por los delitos de lavado de activos y fraude electrónico. Por el acuerdo, el empresario argentino recibió el beneficio de que no se lo acuse de narcotráfico, cargo por el que sí esta presa una de sus socias norteamericanas.

La audiencia duró apenas 16 minutos: entre las 11.05 y las 11.21 de la mañana, Machado compareció ante el juez de instrucción Don D. Bush junto a su abogada Jamie Solano y reconoció su participación en una sofisticada estafa montada sobre la venta de aeronaves que, en realidad, no estaban en venta. A cambio, la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, dejó caer el cargo de narcotráfico, que arrastraba mínimos obligatorios de hasta diez años de prisión. La sentencia quedó ahora en manos del juez de distrito Amos L. Mazzant III.

Machado es el empresario que financió la campaña presidencial “Avanza Libertad” de Espert en 2019 y que fue extraditado desde la Argentina a Estados Unidos en noviembre pasado. La revelación de elDiarioAR de que Espert cobró US$200.000 de Machado obligó al economista a dar de baja su candidatura el año pasado como primer candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Ayer este mismo medio informó que Espert sigue bajo la lupa de la Justicia federal argentina porque sería partícipe de la operatoria de lavado de dinero que admitió Machado.

La situación de Machado y Espert

El acuerdo que logró Machado en la justicia de EE.UU. representa un giro respecto de se estrategia inicial, porque después de su extradición se había declarado “no culpable” y apostaba a un juicio oral por jurados. Tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, cambió de táctica.

Según los documentos que él mismo firmó y que fueron presentados ante los tribunales texanos la semana pasada, Machado admitió haber captado millonarios depósitos de inversores por aviones que pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways y una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta, según detalló el diario La Nación. La trama funcionaba a través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing —controladas por el argentino desde Florida— en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que compartía oficinas y empleados con la empresa de Mercer-Erwin. En uno de los casos documentados, se firmó un contrato por un depósito de cinco millones de dólares sobre un avión de Air India, de los cuales 550.000 fueron transferidos directamente a cuentas de Machado.

Los cargos que asumió implican penas máximas de hasta veinte años de prisión por cada uno, más multas y decomiso de bienes. La defensa apuesta a que el tribunal compute los seis meses ya cumplidos en el penal de Cimarrón y los cuatro años de prisión domiciliaria que Machado purgó en las afueras de Viedma tras su detención en Bariloche en 2021, aunque este último punto queda a discreción del juez. Su entorno especula con una salida en meses o pocos años y un eventual regreso a la Argentina.

Lo que el acuerdo no despeja es la sombra política local. La Fiscalía Federal de Texas mantiene incorporada como evidencia la transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America como “further credit to” —una instrucción que fragmenta el recorrido del dinero a través de cuentas intermedias— y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM. Esa operación es utilizada por los investigadores para probar la ruta del dinero que Machado usó en sus delitos. Espert sostiene que se trató del pago parcial por una consultoría relacionada con una mina en Guatemala, por un contrato de un millón de dólares que no se completó a causa de la pandemia.

La investigación del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, no encontró pruebas concretas de que esa consultoría se haya realizado. La causa local sigue abierta. “Machado aceptó su actividad ilegal, que es lo relevante. Tiene impacto en la causa de Espert”, planteó a elDiarioAR una fuente involucrada directamente en la causa. 

La hipótesis de los investigadores es que la transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020 --que reveló el año pasado Sebastián Lacunza en este medio-- tuvo otros fines ocultos detrás del objetivo declarado de pagar una consultoría para una mina de Guatemala. El delito de lavado que lo conectan con Machado habría sido por la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables.

MC

José Luis Espert está lejos aún de ser considerado inocente en la causa en la que se lo vincula a Federico “Fred” Machado, como planteó este domingo el presidente Javier Milei. El exdiputado y excandidato a primer legislador por la provincia de Buenos Aires sigue en la mira de la Justicia federal y la aceptación del cargo del lavado por parte del empresario argentino detenido en Estados Unidos no hizo más que complicar su situación.

Dado que Machado reconoció en la justicia de Texas haber lavado dinero, la transferencia por US$200.000 que le hizo a Espert sería un eslabón de ese delito, entienden en la fiscalía de San Isidro donde está investigado “el Profe”, como lo llama Milei.

“Machado aceptó su actividad ilegal, que es lo relevante. Tiene impacto en la causa de Espert”, planteó a elDiarioAR una fuente involucrada directamente en la causa. Espert está siendo investigado por el fiscal Fernando Domínguez y su causa la tramita el juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli.

La hipótesis de los investigadores es que la transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020 --que reveló el año pasado Sebastián Lacunza en este medio-- tuvo otros fines ocultos detrás del objetivo declarado de pagar una consultoría para una mina de Guatemala. El acuerdo global era por US$1 millón. El delito de lavado que lo conectan con Machado habría sido por la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables.

La semana pasada se supo que “Fred” Machado, que financió la campaña presidencial de Espert, llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. El acuerdo haría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020, y por los que está detenida su ex socia Debra Lynn Mercer-Erwin.

Machado lleva seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, y podría lograr un drástico acortamiento de la pena tras el acuerdo con el fiscal Jay Combs. Se espera que en las próximas horas el juez Bill Davis convalide esa negociación.

Milei tomó solo una parte del acuerdo de Machado en EE.UU. para defender a Espert. “La Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, comentó el Presidente este domingo en X.

Pero el mandatario esquivó el reconocimiento de la culpabilidad en los delitos de lavado de dinero y fraude. Solo dice Milei al respecto: “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”.

Milei habló de fue una “operación política y mediática” la que obligó a Espert a bajar su candidatura como diputados por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado y volvió a cargar contra la prensa que informa sobre el caso.

Pero las palabras del libertario fueron mediáticas y sin efecto judicial. El expediente de Espert sigue en la justicia de San Isidro y allí continuará también pese a los deseos del exdiputado. Es que Espert hizo un pedido para trasladar la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.

MC

El presidente Javier Milei publicó este domingo un durísimo mensaje en la red social X en defensa del diputado José Luis Espert, al asegurar que fue víctima de una “operación política y mediática” destinada a destruir su imagen pública.

A través de un extenso posteo en X, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente.

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei en X, ex Twitter.

A través de un extenso posteo, el mandatario sostuvo que el economista liberal fue “difamado” y “condenado públicamente sin pruebas” en medio de acusaciones vinculadas a una causa de narcotráfico que, según afirmó, terminó con una declaración de inocencia por parte de la Justicia de Estados Unidos respecto de la persona involucrada en el expediente.

“Le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame”, escribió Milei.

El jefe de Estado defendió además la trayectoria personal y profesional de Espert y cuestionó las acusaciones que circularon en torno a él. “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, planteó el mandatario en uno de los tramos más duros del mensaje.

Más críticas a periodistas y dirigentes políticos

En el mismo posteo, Milei cargó especialmente contra sectores del periodismo y la política, a quienes acusó de “operar, mentir, difamar y ensuciar”.

“Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”, afirmó.

Además, consideró que muchos periodistas y dirigentes deberían pedir “disculpas públicas”, aunque sostuvo que eso “no va a ocurrir”.

El Presidente cerró su publicación con una frase que rápidamente generó repercusión en redes sociales: “Es por eso que no odiamos lo suficiente a los periodistas”.

Con información de agencias.

Federico “Fred” Machado llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declara culpable de lavado de dinero y fraude, según documentos presentados este martes ante un juzgado de la ciudad de Sherman, este de Texas.

Tras pasar seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, Machado intenta así lograr un drástico acortamiento de la pena. El fiscal Jay Combs dejaría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020.

La defensa de Machado aspira a que el tribunal compute los cuatro años que permaneció en prisión domiciliaria en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro, tras ser detenido en Bariloche en abril de 2021. El acuerdo con el fiscal Combs no especifica una pena, aunque la expectativa del entorno del exfinancista de José Luis Espert es que recupere la libertad en cuestión de meses o pocos años.

Una vez en libertad, el objetivo de Machado sería regresar a Argentina, donde tiene planeado hacer negocios. Sus conexiones empresariales son cuantiosas. En su época dorada, el empresario vendió cerca de cien aviones en el país, entre otros, al exgobernador y actual senador de Salta Juan Carlos Romero, al fallecido banquero Jorge Brito, y a las famlias Neuss, Frávega y Bada Vidal (Lácteos Vidal). Es amigo de personalidades como Juan “Pico” Mónaco, se entrevistó con gobernadores y transportó a figuras del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación.

El argentino, dueño de la firma de aviación South Aviation y un protagonista central del negocio aéreo privado en lo que va del siglo, fue extraditado desde Argentina a Estado Unidos el 5 de noviembre, luego de que este diario informara detalles sobre su vínculo económico con Espert. El socio político de Javier Milei recibió aportes del empresario en su campaña presidencial de 2019, de entre US$200.000 y US$2,5 millones, según fuentes muy próximas a aquel armado electoral. Un registro de una transferencia de US$200.000 realizado en enero de 2020, publicado por elDiarioAR y Perfil en septiembre pasado, terminó de comprobar la relación. A partir de allí, tras días vertiginosos, Espert debió abandonar la candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y la política en general, y se aceleró la extradición de Machado.

La acusación contra Machado y su socia, Debra Lynn Mercer-Erwin, incluía narcotráfico a gran escala desde países de Centroamérica y el norte de Sudamérica a Estados Unidos, un extremo que el argentino siempre negó. Mercer-Erwin, en cambio, se declaró culpable por ese delito y recibió una condena de 16 años de prisión en 2023. Ambos se valieron de un fideicomiso para inscribir aviones con licencia estadounidense, una herramienta por la que circularon cientos de millones de dólares.

Machado se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admite haber cometido un fraude.

En un caso intrincado, que contiene más de 20 terabytes de documentación, entre correos electrónicos, transferencias y registros financieros, y propiedades y movimientos comerciales en media docena de países, la hipótesis de un juicio oral suponía para Machado el riesgo de enfrentar décadas en la cárcel.

El empresario argentino se declaró culpable de haber formado una asociación para lavar dinero mediante transacciones financieras que procuraban ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, indican los documentos presentados este martes. También admitió haber cometido fraude, que es uno de los núcleos de la acusación.

Druante unos veinte años, Machado se presentaba como el puente para la compra-venta de aviones privados, y habría utilizado decenas de millones de dólares de inversores para otros fines, que el acuerdo no especifica.

El pacto con la fiscalía debe ser homologado por el juez federal de Texas Amos Mazzant. Según las prácticas de los tribunales estadounidenses, la probabilidad de corroborar el acuerdo entre la fiscalía y el acusado es alta.

Entre los detalles clave que falta dilucidar, es el grado de cooperación de Machado. Es probable que haya suministrado o prometido nombres de otros involucrados e ingenierías financieras que permitieron el fraude.

El frente Espert

Espert, por su parte, enfrenta una acusación en un juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli. El fiscal Fernando Domínguez encontró indicios de lavado de dinero para la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables. Aquella transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020, con el supuesto objetivo de pagar una consultoría para una mina de Guatemala, fue el disparador que permitió detectar una trama de la que Espert se habría enriquecido en los últimos años.

La expectativa del exdiputado —“el profe” para Milei— era que el acuerdo de Machado lo liberara de la sospecha de lavado. Luego de negar un vínculo comercial con el empresario de los aviones durante años, una vez que el pago de US$200.000 salió a la luz, Espert adujo que se trató de un contrato real para auditar las finanzas de Minas del Pueblo, en Guatemala, pese a que el economista no contaba con ningún antecedente en la materia. Con la documentación incautada por Domínguez, Espert no pudo negar que el acuerdo con Machado era por US$1 millón, del que se habría pagado una cuota. No hay ningún elemento que haya demostrado que la asesoría técnica se llevara a cabo, lo que alimenta la hipótesis del delito.

Con la admisión de culpabilidad de Machado, el frente judicial para Espert se ensombrece. Dado que el empresario reconoce haber lavado dinero, la transferencia de cientos de miles de dólares al exdiputado de ultraderecha podría haber sido un eslabón de ese delito.

Días atrás, el exdiputado hizo una presentación en el expediente para trasladarlo a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.

slacunza@eldiarioar.com

SL

José Luis Espert recibió millones de pesos de misteriosas fuentes en el tiempo en el que estuvo vinculado al empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos por presunto narcotráfico. El Juzgado Federal N°2 de San Isidro analiza un expediente de 2.000 páginas con llamativos movimientos bancarios en los que el exdiputado recibió más de $44 millones de ocho empresas constituidas en menos de un año, cuyos titulares viven en viviendas precarias del conurbano bonaerense, y otros $67 millones de personas físicas de recursos mínimos que le giraban dinero los mismos días en que pagaba sus tarjetas de crédito, según reveló El Destape. El documento, enviado por el banco BBVA, muestra un patrón de ingresos que no guarda relación con sus rentas declaradas.

El informe traza una línea clara entre la situación financiera de Espert antes y después de su encuentro con Machado, en marzo de 2019. Hasta ese momento, sus ingresos declarados se reducían a regalías editoriales y cobros esporádicos por consultorías. Cinco días después de perder la elección presidencial de octubre de ese año —obtuvo el 1,47% de los votos—, abonó 479.000 dólares por su casa en Beccar. En paralelo, había firmado con Machado un contrato de asesoría por un millón de dólares; está documentado que cobró al menos 200.000, como reveló elDiarioAR el año pasado, información que le costó a Espert su candidatura en la boleta de La Libertad Avanza.

Su nivel de gastos también trepó de forma sostenida. Pasó de operar con una Visa Platinum a hacerlo con una Visa Signature y una Mastercard Black, y sus consumos mensuales saltaron de aproximadamente US$3.000 en 2019 a unos 11.000 dólares en 2025.

Cajeros automáticos y $LIBRA

Para bancarizar los fondos, Espert recurrió a mecanismos que la investigación considera sospechosos. Entre enero y agosto de 2020 depositó más de $2,1 millones en efectivo por ventanilla. Luego reemplazó ese método por depósitos en cajeros automáticos —35 operaciones hasta fin de año—, presumiblemente para eludir las declaraciones juradas que los bancos exigen en ventanilla para montos superiores a los 280.000 pesos. Solo el 4 de diciembre de 2020 realizó 13 depósitos consecutivos por un total de 515.000 pesos.

A partir de octubre de 2023 comenzaron a llegar transferencias desde ocho sociedades anónimas con características llamativamente similares: todas fueron constituidas entre junio de 2022 y septiembre de 2023, tienen apenas dos socios cada una, comparten un objeto social vinculado a servicios electrónicos de pago y cobranza, y sus titulares residen en viviendas humildes del conurbano bonaerense.

Una de ellas, 77nauta SA, tiene su presidente domiciliado en Boulogne, San Isidro, y su socio en una calle de tierra de Ezpeleta, Quilmes. Entre todas, giraron a Espert 44.887.330 pesos en dos años. El último giro —$7 millones desde BOUCHE12 SA, el 7 de octubre de 2025— coincidió con el día en que Espert pagó sus tarjetas y anunció su renuncia a la candidatura a diputado nacional.

El informe también consigna transferencias directas desde personas físicas por montos que ascienden a $25 millones en 2024 y a 42 millones en los primeros diez meses de 2025. Entre los casos documentados, una persona con domicilio fiscal en La Boca y antecedentes de residencia en villas porteñas le realizó 19 operaciones por 21,4 millones de pesos. Otro remitente, empleado de una imprenta de Rafael Castillo, La Matanza, acumuló 13 transferencias por 13,5 millones.

El expediente incorpora también una serie de giros desde el CUIT de María Pía Novelli —hermana de Mauricio Novelli, ambos investigados en la causa por la estafa cripto $LIBRA— por un total de 150.000 pesos entre diciembre de 2020 y abril de 2021. Otro conjunto de transferencias proviene de una cuenta asociada a María de los Ángeles López, socia en Loro Comunication SA junto a Luis Alberto Rosales, quien fue candidato a vicepresidente de Espert en 2019 y no ha sido convocado aún por la Justicia.

El mes pasado, el fiscal Fernando Domínguez y luego el juez Lino Mirabelli rechazaron el pedido de la defensa de Espert para levantar la inhibición sobre sus cuentas bancarias. Los abogados del exdiputado argumentaron que mantenerlo sin acceso a sus fondos equivalía a “condenarlo a morir de hambre”. El fiscal respondió con un dato que clausuró el argumento: Espert retiró 80.000 dólares en los días posteriores al inicio de la investigación judicial.

MC

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, trazó rápidamente las coordenadas para encauzar los múltiples casos de corrupción que apuntan de lleno a la cúpula del Gobierno: trasladar todos los expedientes al fuero criminal federal sito en la calle Comodoro Py y cuestionar la legitimidad de las denuncias, con la teoría del fruto del árbol prohibido como dé lugar.

Hombre que camina por Comodoro Py como si fuera su casa; con terminales en las diferentes vertientes y disidencias del PRO, desde los primos Macri y Daniel Angelici a Horacio Rodríguez Larreta; y nexos fluidos con los servicios de Inteligencia y el Grupo Clarín, Mahiques sabe de lo que habla. Todas esas intersecciones llevaron al ministro a ser ungido por Karina Milei y su hermano, condición indispensable para ocupar una silla en el Gobierno ultraderechista.

La estategia de defensa elaborada por Mahiques repercute en expedientes que involucran a Javier y Karina Milei como la presunta criptoestafa $LIBRA y las coimas en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad, el nexo del procesado por narco Federico “Fred” Machado y José Luis Espert, y la vida lujuriosa de Manuel Adorni.

En un cono de sombras sobre gastos exorbitantes y multiplicación de viviendas asociadas a Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, el titular de Justicia lanzó un fuego de artificio para tratar de ensuciar la causa más urgente. Apeló a un video, que el Gobierno asocia a espionaje ilegal, para invalidar el expediente en el que el jefe de Gabinete debe dar cuenta de quién pagó los vuelos privados de ida y vuelta desde San Fernando a Punta del Este en el feriado de carnaval, a un costo de US$9.000.

El registro fílmico en el que se ve a los Adorni y al oportunista acomodado en la TV Pública Marcelo Grandio en la partida del 12 de febrero salió a la luz horas después de que elDiarioAR publicara los detalles horarios, pasajeros, matrícula de la nave, precio y declaraciones juradas de ingreso y salida. No hay indicios de que esa filmación fuera producto de inteligencia ilegal, ni tiene ninguna relevancia ante el cúmulo de documentos, fotos y facturas que comprometen a Adorni. Pero Mahiques lo tiró y la prensa oficialista se dedicó a atizar las llamas. Un último capítulo lamentable fue la difusión de la identidad de quien supuestamente registró a los Adorni, tras una “investigación” de Casa Rosada.

“Podríamos averiguar el tema de alguna facturita”, dijo la voz del propio Mahiques en el grupo de Telegram cuando jueces federales, fiscales, funcionarios de Larreta, espías y ejecutivos tramaban delitos para esquivar la investigación por la excursión de lujo al paraíso patagónico de Lago Escondido al que invitó el Grupo Clarín, en octubre de 2022. El entonces fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires fue el gestor para arrancar la causa de los tribunales federales de Bariloche para aterrizarla en Comodoro Py. En la Navidad de diciembre de 2023, con Milei recién asumido, el juez Sebastián Ramos se ocupó de liquidar el investigación para siempre. Mahiques se anotó un poroto ante sus pares.

La “facturita” de Lago Escondido sentó un precedente que Adorni ahora utiliza. En otro anticipo de elDiarioAR, apareció un comprobante del vuelo de regreso a nombre de Grandio emitida por el broker de vuelos y piloto de Consultatio Agustín Issin. Sobre esa factura, hay que prestar atención a la fecha: 9 de marzo. Ese día, el periodista Carlos Pagni deslizó en su programa en La Nación Más que el jefe de Gabinete había viajado en vuelo privado a Punta del Este en los días de Carnaval. La facturita que hizo aparecer Adorni esta semana soluciona poco. El funcionario quedó demudado a la hora de explicar cómo pagó unos US$14.000 en vuelos a Punta del Este y Nueva York entre febrero y marzo.

El propio Pagni resultó beneficiado en otro diciembre, pero de 2015, a días de la asunción presidencial de Mauricio Macri, del abrupto final de una causa por espionaje ilegal que habría perpetrado el exjefe de la SIDE Juan Bautista “Tata” Yofre. Tras años de investigación pormenorizada de esa trama que combinaba a espías y periodistas, la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado también apeló al “fruto del árbol prohibido” para dar un carpetazo y archivar la denuncia que ella misma había impulsado.

En el expediente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conocido como el 3% de Karina, el intento de alegar espionaje ilegal sobre el amigo Diego Spagnuolo tiene todo un recorrido. Comodoro Py parece estar calentando motores para otro sablazo con el sello de Mahiques. Los interesados en la teoría del fruto del árbol prohibido son empresarios de laboratorios que pagaban coimas, lobistas y funcionarios que sirvieron a Macri y hoy a los Milei. En $LIBRA, en tanto, el ministro también intentó fraguar un argumento de “contaminación” del peritaje que expone un aluvión de indicios sobre pagos directos de los cripto gángsters a los hermanos Milei.

Contra viento y marea, el fiscal Eduardo Taiano reza para el cajón de su escritorio no se abra.

¿Y Espert?

Necesidad y urgencia

El exdiputado de La Libertad Avanza enfrenta una investigación por presunto lavado de dinero en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli, con el fiscal Fernando Domínguez a cargo de la instrucción. Con un sinnúmero de ingresos y egresos de fondos que no cierran, Espert tiene sus bienes inhibidos, a la espera de datos solicitados a la Justicia de Guatemala que podrían probar que su benefactor Machado había montado una falsa explotación minera como vehículo del lavado. Dispositivos incautados a Machado tanto por tribunales argentinos como de Texas, donde se lo investiga por presuntos fraude y narcotráfico, podrían aportar más detalles sobre su vínculo con Espert.

El juzgado de Mirabelli no es un lugar cómodo para Espert, un economista cuyo ascenso en la política estuvo íntimamente ligado a los Milei y personajes surgidos de las redes como Spagnuolo y Adorni. La llegada de Mahiques a Justicia reactivó en Espert esperanzas de mudar el expediente de San Isidro a Comodoro Py.

El 16 de marzo, el aguerrido abogado de Espert, Alejandro Freeland, presentó un pedido ante le juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi para concentrar la investigación allí. Se trata del mismo juez que toleró el tenaz empeño del fiscal Taino de adormecer la investigación de $LIBRA.

El argumento de Espert es que el juzgado federal 8 de CABA, a cargo de Martínez de Giorgi, tiene radicada una denuncia presentada el 19 de abril de 2021, cuando salió a la luz que Machado le había prestado sus aviones para la campaña presidencial de 2019. El expediente hibernó durante cuatro años y recién mostró señales vitales cuando se inició la causa por supuesto lavado en San Isidro, a raíz de la información del pago de US$200.000 de Machado a Espert publicada por este diario.

Por ahora, Martínez de Giorgi solicitó a Mirabelli, su par de San Isidro, una “certificación” del expediente. Es decir, un informe que exponga cuáles son los delitos investigados y quiénes son los imputados.

En San Isidro lidian con ese intento desde que comenzaron a investigar a raíz de una denuncia presentada por Juan Grabois, en octubre pasado. Además del hecho de que, en pocos meses, el expediente alcanzó muchos más resultados que el de Comodoro Py en cuatro años, fuentes judiciales argumentan que el intento de Espert es vano. “Son dos objetos procesales distintos. En Comodoro Py se investiga el uso de los aviones durante la campaña, así está delimitado, mientras en San Isidro se sigue el posible lavado de dinero a partir de la transferencia realizada por Machado en enero de 2020”, indicó una voz.

La ruta de esos US$200.000 llevó a una realidad económica y financiera de Espert y su pareja, Mercedes González, con múltiples inconsistencias. Por ejemplo, la compra de la vivienda en la que viven en Beccar, escriturada en US$ 487.000 días después de la elección presidencial de 2019, un BMW deportivo de alta gama adquirido en 2020, fideicomisos conformados con hermanos e hijos armados desde entonces, pagos recibidos en el exterior que no habían sido declarados y otros indicios que apuntalarían enriquecimiento ilícito.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones

El expediente de San Isidro aportó recientemente dos novedades, que motivaron la prórroga de la inhibición sobre sus bienes por 90 días a partir del 9 de marzo pasado.

La instrucción detectó que Espert, pocos días después de iniciada la investigación, cuando la exposición de su vínculo con Machado estaba candente, realizó una extracción de US$80.000 de una de sus inversiones “sin que se conozca, de momento, el destino o aplicación de tales fondos”.

Además, se conoció la participación de Mercedes González en el fideicomiso Costa Dunas, al que aportó un pago de US$55.501 y de $50.893.221,38 el 18 de febrero de 2025, que serían cuotas de un monto pactado mucho mayor.

Con esos datos inquietantes, el juzgado de San Isidro dispuso extender la prohibición de innovar sobre bienes y activos financieros de la pareja, y de los bienes muebles del fideicomiso El Encuentro de Castello, el condominio con sus dos hijos, y Killaco SA. El juez Mirabelli también dispuso un embargo sobre los fondos de González en el fideicomiso Costa Dunas.

Así las cosas, la ruta hacia Comodoro Py se transformó en indispensable para Espert. Mahíques se podría ocupar del resto.

slacunza@eldiarioar.com

SL

La defensa de José Luis Espert denunció ante la Justicia federal que la inhibición de sus cuentas bancarias en el marco de la causa que investiga su vínculo económico con el empresario Federico “Fred” Machado lo deja sin acceso a sus fondos y sin posibilidad de subsistir, una situación que calificó de extrema. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos es condenarlo a morir de hambre”, advirtió su abogado en un escrito presentado ante el juzgado.

El planteo se produjo luego de que el Banco Central inmovilizara las cuentas del economista por orden judicial, impidiéndole depositar, transferir o extraer dinero, según sostiene la defensa. En la presentación, los abogados reclamaron que no figura en el sistema ninguna medida cautelar visible que justifique el bloqueo y exigieron al juez que informe quién ordenó la restricción, con qué fundamentos y bajo qué alcance, para poder ejercer una defensa efectiva.

La causa y el bloqueo patrimonial

La inhibición de las cuentas de Espert se da en el marco de la investigación que analiza el origen de los fondos con los que compró una casa en Beccar y un auto de alta gama, operaciones que quedaron bajo sospecha a partir de una denuncia penal y del seguimiento de transferencias vinculadas a Machado. En ese contexto, elDiarioAR reveló que Espert modificó en distintas oportunidades su versión sobre el origen del dinero, pasando de atribuirlo a una herencia familiar a justificarlo luego con ventas de bienes, renta financiera y facturación a empresas.

Esas inconsistencias patrimoniales, sumadas a omisiones en declaraciones juradas, llevaron a la Justicia a avanzar con medidas para preservar el patrimonio mientras se desarrolla la investigación, entre ellas la inhibición general de bienes y la inmovilización de cuentas.

El avance de la causa generó alarma en el entorno de Espert, con intercambios internos y maniobras de contadores orientadas a justificar pagos y movimientos vinculados a Machado, algunos de los cuales quedaron bajo análisis judicial. La investigación también puso el foco en mensajes y comunicaciones que habrían sido borrados o “limpiados” en medio del escándalo, un dato que encendió alertas en el expediente.

“Morir de hambre”, el eje del reclamo

Más allá del fondo de la causa, el escrito presentado por el abogado Alejandro Freeland pone el acento en el impacto inmediato de la inhibición. Según sostiene, la imposibilidad de disponer de dinero no solo afecta su actividad económica sino que lo deja en una situación personal crítica. Para Espert, el bloqueo de sus cuentas no es una medida administrativa más, sino una pena anticipada que —afirma— lo priva de medios básicos antes de que exista una definición judicial sobre su responsabilidad.

“El Sr. Espert ha intentado hacer una transferencia desde su cuenta en el Banco BVVA y no le fue posible. Ha preguntado por qué y le dicen que sus cuentas están inmovilizadas por oficio del BCRA y por orden de V.S. No se puede depositar, transferir, extraer ni nada”, dice en un párrafo el escrito. “Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos, es condenarlo a morir de hambre”, concluye el escrito.

En virtud de las inconsistencias del patrimonio de Espert y las sucesivas omisiones de bienes y cuentas bancarias en el exterior en declaraciones juradas ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la inhibición de activos de Espert por noventa días, para evitar transferencias a terceros o pases de manos siimulados. El juez Lino Mirabelli aceptó el pedido y ordenó la cautelar el 11 de diciembre.

MC

En menos de tres meses, José Luis Espert cambió drásticamente su versión sobre cómo logró comprar una casa en Beccar y un auto de lujo apenas terminó la campaña electoral de 2019, aquélla que le financió el empresario acusado en Texas de narcotráfico y fraude Federico “Fred” Machado.

El 2 de octubre, días antes de bajar su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires, Espert afirmó en un video posteado en redes que su incremento patrimonial había obedecido a la herencia de su padre, fallecido en agosto de 2017. Ahora, mediante un escrito presentado en tribunales federales de San Isidro, el exdiputado enterró aquella versión y sostuvo que la casa de Beccar y un auto deportivo BMW M240i fueron adquiridos con la venta de otras propiedades, honorarios profesionales de una firma domiciliada en Australia y CUIT en Panamá, y renta financiera.

En virtud de las inconsistencias del patrimonio de Espert y las sucesivas omisiones de bienes y cuentas bancarias en el exterior en declaraciones juradas ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP, hoy ARCA), el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez solicitó la inhibición de activos de Espert por noventa días, para evitar transferencias a terceros o pases de manos siimulados. El juez Lino Mirabelli aceptó el pedido y ordenó la cautelar el 11 de diciembre.

El juez tuvo en cuenta no sólo la llamativa adquisición de bienes, sino la formación de sociedades de Espert con sus hermanos y su esposa durante los años en que el exdiputado tuvo vínculo con Machado. Las irregularidades afloran a caDa paso, como valuaciones de propiedades que reducen su valor 90% entre un año y el siguiente, saltos en participaciones accionarias e intermediaciones financieras con poca lógica.

En un escrito presentado en el expediente el 30 de noviembre al que tuvo acceso este diario, los abogados del exdiputado de La Libertad Avanza, Alejandro Freeland y Santiago Kent, informaron que la casa ubicada en la calle Brasil 875, Beccar, valuada en US$487.000, fue solventada mediante la venta de una vivienda en Palermo, honorarios profesionales del fondo australiano-panameño Wellington Capital Markets Ltd y renta financiera de inversiones en el banco suizo UBS.

La casa de Beccar fue incorporada al patrimonio de Espert el 1 de noviembre de 2019, cuatro días después de la elección presidencial en la que el economista obtuvo 1,4% de los votos. Meses antes, el 7 de junio, Espert habría recibido un pago de US$100.000 de parte de Machado, según estipuló el contrato por US$1 millón hallado en un cesto de basura en la casa de Viedma del empresario hoy extraditado a EE.UU. Todo ello confirmó informaciones de elDiarioAR.

'Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que el trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que no tenía'.

José Luis Espert, 2 de octubre de 2025

El 22 de enero 2020, Espert cobró los US$200.000 de Minas del Pueblo, una empresa de Machado, y en marzo, el economista compró el BMW 240i, cuyo valor de mercado es reducido por los abogados a US$47.800, en lugar de los US$80.000 que indican fuentes del mundo del automóvil. Según los abogados del exdiputado, ese monto fue abonado con fondos originados en la venta de una propiedad en la calle Godoy Cruz, Palermo, por US$390.000, que habían sido girados a la cuenta de Morgan Stanley en EE.UU. el 11 de septiembre de 2017.

La explicación choca con el mensaje transmitido por Espert el 2 de octubre pasado. Hasta entonces, tanto el candidato como Javier Milei y la prensa oficialista habían optado por ningunear el tema, pero se tornó inmanejable. En el minuto 5 del video, Espert dijo: “Les cuento que en 2018 falleció mi padre. Junto con mis hermanos, heredamos en Pergamino el campo que el trabajó toda su vida. Es por eso que en los años siguientes mi patrimonio crece, porque empecé a cobrar un dinero que no tenía”.

La mira de la Fiscalía está en el crecimiento patrimonial y en giros inexplicables de Espert desde entonces. Los abogados defensores —excontratados por la familia Kovalivker, involucrada en las presuntas coimas de ANDIS— exploran diversas explicaciones en su presentación de noviembre, pero no mencionan una palabra de la muerte del padre de los Espert ni de la sucesión.

En medio de los pagos de Machado y las compras de propiedades, Espert conformó la sociedad Varianza SA junto a su esposa, Mercedes González, y el condominio con sus hermanos, Gustavo y Alejandra.

Fuentes con acceso al expediente elucubran que el cambio en la estrategia de Espert obedece a que no dan las fechas para justificar compras de bienes en 2019 y 2020, y que el rastro de la sucesión conduce a otros movimientos del fideicomiso difícilmente explicables, lo que multiplicaría los problemas antes que solucionarlos.

El fiscal Domínguez se posa sobre el pago de US$30.000 provenientes de la empresa australiano-panameña Wellington Capital. Fue efectuado el 28 de mayo de 2019, cuando la relación entre Espert y Machado estaba en pleno desarrollo. Se habían conocido apenas tres meses antes. El entonces candidato presidencial por el Frente Despertar ya había sido invitado a una gira por Florida, EE.UU., presuntamente para recaudar fondos, y utilizaba un avión y una camioneta Jeep Cherokee provista por su nuevo amigo. En junio de ese año firmarían el contrato para supuestamente reestructurar la deuda de Minas del Pueblo.

Este medio informó la semana pasada que contadores del estudio Escobar ordenaron “limpiar antecedentes” de la constitución del fideicomiso de los hermanos Espert cuando el vínculo con Machado salió a la luz.

Las revaluaciones sospechosas de propiedades continuaron en los años siguientes. Por caso, en 2021, una casa del fideicomiso de los hermanos en Pergamino aparece tasada al 10% de lo que valía el año anterior.

Domínguez detectó una sugerencia de la contadora Mercedes Armendrares, del estudio Escobar, para que Varianza simulara facturación, y así justificar gastos de Espert. Dos de las facturas anotadas por Armendrares son a María Pía Novelli, en 2020 y 2021. María Pía está involucrada en la presunta criptoestafa $LIBRA que habría coorganizado su hermano Mauricio Novelli, con la participación necesaria de Karina y Javier Milei. Según consta en el expediente estancado en Comodoro Py, la joven quedó registrada retirando bolsos tras pasar por la caja fuerte de un banco días después de cometida la aparente estafa.

Una de las actividades de la sociedad Varianza que los abogados reconocen como real fue el “asesoramiento” al condominio de los hermanos Espert, lo que termina de cerrar el círculo sobre el propósito de esa “consultora”.

Hasta ahora, el nexo financiero probado entre Machado y Espert son los US$200.000 girados en enero de 2020 y los US$100.000 pagados en el acto en que se firmó el contrato con Minas del Pueblo, en junio de 2019. Sobre lo último, no hay registros más allá de lo estipulado en el contrato, por lo que pudo haberse hecho en efectivo.

Una de las primeras reuniones que mantuvieron Espert y Machado fue en el avión Bombardier matrícula N28FM estacionado en el aeropuerto de San Fernando, cerca del 3 de marzo de 2019. Allí, como informó este diario en el origen de la investigación, las partes acordaron giros por US$2,5 millones, según dos fuentes con conocimiento directo del hecho. Posteriormente, otras personas próximas a Machado y/o a Espert redujeron el aporte a algunos centenares de miles de dólares.

La danza de cifras radica en que partícipes de aquella campaña sospechan que hubo sustracciones y negocios paralelos, por lo que se circulaban montos ficticios, para disimular el desfalco.

Espert tiene una doble condición en la trama. Cree que colaboradores de esa aventura presidencial le robaron, mientras otros lo apuntan a él como el autor del presunto delito.

A lo largo de meses, Espert fue contactado por este medio para conocer su versión de primera mano, pero no respondió.

SL/MC

slacunza@eldiarioar.com

Durante años, José Luis Espert simuló haber tenido un vínculo puntual, sin ningún relieve, con Federico “Fred” Machado. Hace dos meses, abrumado por la evidencia, el entonces diputado y candidato admitió haber recibido un pago de US$200.000 en febrero de 2020 por una supuesta asesoría profesional a una firma minera guatemalteca, pero lo desligó por completo de cualquier sospecha de fraude o narcotráfico, delitos por lo que se acusa a Machado en Texas. Sin embargo, surgen pruebas en el expediente que tramita en un tribunal federal de San Isidro de que Espert se alteró cuando Machado fue detenido en Argentina, en abril de 2021, y que sus contadores se apresuraron a “limpiar antecedentes”.

Machado fue detenido el 16 de abril de 2021 en el aeropuerto de Neuquén, por un pedido de extradición originado en una causa por narcotráfico y fraude de cientos de millones de dólares que investiga un tribunal federal de Texas. Dos años antes, en 2019, el empresario había aportado centenares de miles o incluso millones de dólares —las fuentes difieren en el monto— a la campaña presidencial de Espert, además de proveerle un avión privado y una camioneta Jeep Cherokee.

Ante el arresto de Machado, Espert apeló de urgencia al estudio contable Escobar, radicado en Pergamino, que había supervisado el contrato por US$1 millón con Minas del Pueblo, una de las firmas que utilizaba el presunto narco para girar dinero.

Los contadores del tradicional estudio Escobar entraron en fricción con Espert. “Nos mintió”, escribió una de ellas en el chat grupal. “Vos nos dijiste que era asesoramiento para restructurar la deuda pública y creímos (que) era con el Estado”, le reprochó Mercedes Armendrares, la profesional que llevaba la contabilidad del entonces aspirante a diputado nacional y sus hermanos. El diálogo, ocurrido el 25 de abril de 2021, días después de la detención de Machado, consta en intercambios de whatsapp que están incorporados a la causa producto de los allanamientos solicitados por el fiscal Fernando Domínguez y aprobados por el juez Lino Mirabelli, ambos del fuero federal de San Isidro.

“Buen día, tengo un tema delicado”, le escribió Fernando Escobar, titular del estudio pergaminense, a su colega Mariano Cosentino, socio de la firma BA Estudio, de Buenos Aires. Era el 26 de abril de 2021. Machado pasaba sus primeros días en una prisión de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche y Espert acusaba a sus rivales de derecha y ultraderecha de haberle armado una operación para desplazarlo de la carrera legislativa de ese año.

Cosentino evaluó el caso y respondió a Escobar cinco horas más tarde, a las 16. “Uf, qué cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Leí todo y está todo revinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo (Machado). ¿Querés que te llame para ayudarte a pensar?”.

Finalmente, ambos contadores aceptaron tomar el caso para realizar un “diagnóstico” y un “informe con sugerencias”. Evaluaron cobrarle hasta US$5.000 a Espert, pero finalmente le facturaron $150.000, unos US$1.500 de mayo de 2021.

Cosentino tomó la posta y mantuvo varias reuniones con Espert y sus abogados. El 8 de mayo, le escribió a Escobar: “Locura, recordar limpiar WA —whatsapp—, antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas, me pasas sueldo de JLE y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien”.

Varianza es una firma creada por Espert y su esposa, Mercedes González, en diciembre de 2019, semanas después de la elección presidencial en la que el candidato del Frente Despertar obtuvo 1,4% de los votos. Días antes, la pareja había comprado una casa de 450 metros cuadrados en Beccar, con piscina y quincho, y en marzo siguiente, el economista adquirió un BMW valuado en unos US$80.000.

Locura, recordar limpiar WA —whatsapp—, antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas, me pasas sueldo de JLE y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien

Mariano Cosentino, contador de José Luis Espert

En medio de esas compras, Espert recibió los US$200.000 de Minas del Pueblo por la consultoría que nunca realizó. Ése es el único pago de Machado a Espert del que hay prueba documental hasta ahora, además los aportes en especias de la camioneta y el avión. El contrato con Minas del Pueblo estipulaba giros por US$1 millón y hay testigos e indicios que apuntan a aportes millonarios durante 2019.

Una contadora del estudio mantuvo una larga charla con Espert cuando el estudio Escobar brindó el informe final y compartió su sensación al grupo: “Agotador JLE. ¡Que paciencia!”.

“Tremendo”, “un desastre”

Mercedes “Mechi” González solicitó a los mismos contadores que le armaran la “justificación de los fondos de 2021”. Un año después, en junio de 2022, Espert —ya diputado— pidió darse de baja de todos los impuestos y pasar a la categoría de monotributista.

El nexo entre Espert y Machado volvería a la superficie por las notas de este diario a partir de julio de este año. El Estudio Escobar se volvió a alterar. “Tremendo”, “un desastre”, comentaban sus integrantes mientras el caso crecía. Relataban paso a paso en el whatsapp grupal: “Están allanando la casa de Espert”, “le dieron con Tuti en la tele”.

A comienzos de octubre, con el caso en llamas, Mariano Cosentino volvió al ruedo. La esposa de Espert le pidió las declaraciones juradas de varios años para atrás. El estudio de Pergamino le envió a su colega de Buenos Aires toda la documentación referida a los manejos económicos de Espert.

En 2023, los hermanos Alejandra, Gustavo y José Luis Espert habían conformado el fideicomiso Encuentro de Castello, estructurado por el estudio Escobar. Los dos primeros temieron que el expediente Machado los afectara, pero Cosentino llevó tranquilidad. “La sociedad no tiene nada que ver”, les dijo en una reunión virtual del 8 de octubre pasado. Alejandra estaba “indignada” con su hermano José Luis.

El estudio Escobar trató de cortar amarras con José Luis Espert. “Le dije (a Cosentino) adelante de ellos (Alejandra y Gustavo) que aquí lo de JLE no lo llevamos más”, informó la contadora Armendrares a sus colegas el mismo día.

No sería tan fácil. “Allanaron el estudio”, informó lacónica Armendrares a sus compañeros. Ocurrió lo propio con el domicilio de Ignacia Escobar, hija del titular de la firma. Fernando Escobar subió el tono, aparentemente contra Espert. “Qué tipo hijo de re mil putas. Arrastra a mucha gente, sin comerla ni beberla”, escribió.

Espert le había ofrecido a Fernando Escobar la candidatura a intendente de Pergamino en 2019. Premonitoriamente, el contador, adherente radical, rechazó el convite. “¡Le dije que no!”, informó a sus colegas y empleados el 21 de junio de 2019. No sabía lo que le esperaba.

Ignacia Escobar dijo a este medio que nadie del estudio había intervenido para maquillar o borrar pruebas del nexo entre Espert y Machado, y negó cualquier vínculo con las causas que tienen al primero imputado por lavado de dinero en el juzgado de San Isidro, y al segundo, por narcotráfico en Texas. Cosentino, en tanto, declinó hacer comentarios.

Nuevos allanamientos

El jueves, Domínguez llevó a cabo el allanamiento de una propiedad y un comercio de Cosentino en Parque Leloir e Ituzaingó, y de la sede del fideicomiso Encuentro de Castello, de los hermanos Espert, en Pergamino.

Los allanamientos a Cosentino surgieron del contenido comprometedor de los whatsapps del estudio Escobar, mientras que el de la empresa de los hermanos Espert estaba demorado desde mediados de octubre, debido a una intervención de la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La magistrada, quien reemplazó a su colega Mirabelli unos días, sostuvo que esa firma estaba protegida por la inmunidad que le correspondía a Espert en tanto diputado, en una interpretación laxa de esa garantía.  

El fiscal Domínguez presentó un pedido de declaración de inconstitucionalidad de la inmunidad de allanamiento de oficinas y propiedades de legisladores nacionales. Entendió que la protección constitucional previene el arresto, pero no la posibilidad de allanar oficinas, y menos aún, un domicilio de un fideicomiso que Espert comparte con sus hermanos. Por otra parte, la propia Cámara de Diputados había autorizado a requisar la oficina de Espert en el Congreso. Según Domínguez, el hecho de que la inmunidad de allanamiento sólo alcance a legisladores nacionales y no, por ejemplo, a un presidente, constituye una diferencia ante la ley que no está prescripta en la Constitución.

El planteo no fue tratado y el juez Mirabelli autorizó el allanamiento recién cuando el mandato de Espert concluyó el 10 de diciembre.

Prima facie, el registro de las oficinas del fideicomiso de los hermanos Espert no arrojó ningún resultado relevante. De todas formas, entre el contrato de Espert con Minas del Pueblo, lo ya recolectado en otras requisas y evidencias clave por analizar, como los celulares y computadoras de Machado, la prueba acumulada en el expediente es sólida y podría haber novedades próximamente, indicó una fuente con acceso a la causa.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Patricia Bullrich fracasó en su primer desafío como jefa del oficialismo en el Senado: la rionegrina Lorena Villaverde, acusada por tener vínculos con el narcotráfico, no asumirá este viernes con el resto de los senadores electos. Bullrich no logró juntar una mayoría para impulsar su diploma y ahora este tendrá que volver a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde quedará en suspenso. Los aliados le soltaron la mano a Villaverde y más de uno le recomienda que, para evitar mayores escándalos, renuncie a su banca y vuelva a Diputados. 

La noticia cayó como una bomba en los pasillos del Senado, ya casi desiertos cuando los jefes de los bloques opositores abandonaron el despacho de Victoria Villarruel a las apuradas. Durante las 24 horas previas, la bancada oficialista se había mostrado confiada de que tendría el número para aprobar el título de Villaverde en la sesión del viernes. Bullrich así se lo había prometido a muchos de sus interlocutores, que no se esperaban lo que sucedería tarde a la noche: el anuncio de que sólo 23 de los 24 senadores electos jurarán al día siguiente a las 11 de la mañana. 

Fue el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, quien pidió enviar el pliego de vuelta a la comisión de Asuntos Constitucionales. Una formalidad que no hizo otra cosa que disimular que La Libertad Avanza no tiene los 36 votos necesarios para aprobar el diploma de Villaverde. Un fracaso que, según apuntaban en la propia bancada libertaria, le correspondía a una sola persona: la nueva jefe del oficialismo en el Senado, que reemplazará a Atauche a partir de la semana que viene. La espada de Karina Milei en el Senado. Patricia Bullrich.

No hay votos

Bullrich estuvo todo el jueves entrando y saliendo de los despachos de los senadores radicales. El oficialismo contaba con una base de 19 votos propios –no 20 porque Villaverde no puede votar a favor de su propia designación– y necesitaba superar los 28 votos que tenía el peronismo. Contaba a su favor con el respaldo de los 4 senadores del PRO –Luis Juez, incluso, salió a defender a Villaverde con mucho más ahínco que sus compañeros de bancada libertarios–, pero no alcanzaba. Necesitaba de los 11 senadores radicales.

Se reunió con el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi, una vez más. Ya se habían reunido el martes y Vischi se comprometió a intentar unificar una postura en su bloque. Pero no lo logró. Dentro de la UCR había posturas muy diferentes. Algunos, como los cornejistas Mariana Juri y Rodolfo Suárez, estaban dispuestos a votar el pliego de Villaverde. Pero la rebelión de algunos díscolos, como el catamarqueño Flavio Fama o el bonaerense Maximiliano Abad, volvió imposible llegar a un acuerdo. 

Horas antes, Bullrich había logrado desactivar los rechazos de la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino “Camau” Espínola. La primera se ausentaría para acompañar a su esposo, Juan Schiaretti, en una operación programada. Y el segundo se abstendría. Dos salidas elegantes para evitar el rechazo. Pero no alcanzaba. 

Los senadores de Misiones, Salta y Santa Cruz no comprometían su apoyo. Sin ellos, era imposible juntar el número. Bullrich necesitaba un compromiso de los radicales y, cuando Vischi le advirtió que el bloque que no querían acompañar en masa, tuvo que tomar una decisión. 

Jura en suspenso

Fue una maniobra desesperada para evitar confirmar lo que, por lo bajo, ya estaban festejando en el peronismo: Villaverde no tenía los votos y muy probablemente no los tendría en el futuro. La decisión fue enviar el pliego a la comisión de Asuntos Constitucionales, que ya había dictaminado en contra del título de Villaverde la semana pasada. Los senadores del peronismo habían denunciado que no tenía idoneidad moral para asumir, recordando su detención en Estados Unidos en 2002 por tráfico de cocaína y las acusaciones que la vinculan con “Fred” Machado. 

El futuro de Villaverde dependerá, ahora, de que el oficialismo logre conseguir los votos en la comisión y, luego, pueda aprobar su título en el recinto. Esperan que el recambio legislativo deje una comisión de Asuntos Constitucionales más amigable -la que le volteó el pliego todavía estaba compuesta por la vieja composición del Senado- y eso permita negociar los votos que faltan en las próximas semanas. 

En la oposición, sin embargo, son escépticos sobre las chances de Villaverde. “Si no tienen los votos ahora no creo que los tengan más adelante. Nadie quiere poner los dedos”, advirtió una senadora del peronismo que participó de la reunión de labor parlamentaria en el despacho de Villarruel. Es el efecto de la opinión pública: en el peronismo advierten que ningún senador quiere quedar “pegado” a una dirigente que está siendo acusada de tener vínculos con el narco. 

Sucedió algo similar con Edgardo Kueider, quien fue expulsado del Senado luego de haber sido atrapado in fraganti pasando 200 mil dólares por la frontera de Paraguay. “Al principio nadie quería echarlo, pero después le cortaron la cabeza”, recuerda una de las autoridades del Senado. 

En las próximas horas, Villaverde tendrá que tomar una decisión. O apostar a fondo a conseguir los votos que le faltan y pedirle al Ejecutivo que incluya su pliego en el temario de sesiones extraordinarias. O renunciar, volver a la Cámara de Diputados -todavía le quedan dos años- y dejarle el lugar al segundo en la lista, Enzo Fullone. 

Fullone, curiosamente, está siendo acusado de ser uno de los hijastros de “Fred” Machado, el empresario extraditado a Estados Unidos por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico. Fullone lo niega, pero en el peronismo insisten en la línea de parentesco.

La novela que une a Fred Machado con LLA podría recién estar empezando. No solo por Fullone, sino por la propia Bullrich, cuya campaña presidencial fue financiada por Lácteos Vidal. Una compañía que fue acusada de mantener vínculos con Machado.

MCM

La diputada electa por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires Karen Reichardt salió a rechazar de manera categórica en declaraciones a elDiarioAR las versiones que vinculan a su ex marido Gustavo Balabanian con presuntas operaciones irregulares mencionadas en el marco de la causa que investiga al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. También afirmó que un giro de 230.000 dólares revelado por elDiarioAR que aparece en el fideicomiso del empresario Fred Machado corresponde a una operación aeronáutica “en blanco” realizada en 2015.

Reichardt sostuvo que la operación financiera se desarrolló en el marco de actividades comerciales habituales. “Ese giro de 230.000 es algo que está totalmente en blanco, porque mi ex marido tuvo aviones y Fred Machado primero fue piloto, pero después también vendía aviones”, aseguró. Según su relato, el movimiento bancario podría corresponder a la compra, venta o arreglo de una aeronave: “Fue una operación de aeronáutica. Puede ser un arreglo del avión, puede ser el avión, pero está en blanco”.

A su vez, la dirigente remarcó que su ex marido, empresario del sector asegurador y propietario de Paraná Seguros, no tiene vínculo alguno con la política ni con el entramado que se investiga en torno a la gestión de Spagnuolo. “No hay relación entre todo esto y el ANDIS. No hay relación de ningún tipo”, afirmó. También descartó cualquier nexo entre los apuntes atribuidos a Calvete y el ex funcionario: “Esto que están poniendo del cuaderno de este señor… ya decantará. Pero no inventen”.

El audio de Karen Reichardt

Reichardt denunció además que la difusión del dato forma parte de una “opereta destinada a ensuciar” a su entorno a raíz de su exposición política. “Desde que entré en la política me están tratando de hacer cosas. Hablaron mal de mi padre, de mi hermano, dijeron barbaridades… ahora van por mi ex marido”, señaló. Aseguró que la repercusión del giro carece de sustento: “Obviamente que esto no va a tener trascendencia, porque como está en blanco es solamente manchar y difamar”.

Por último, insistió en que su ex esposo se dedica exclusivamente a actividades empresariales y que la operación citada se explicará fácilmente cuando avance la investigación. “Un juez no llama a una persona porque esté anotadito. Tiene que tener una relación. Y acá no la hay”, afirmó. Respecto de los aviones involucrados en las anotaciones, añadió: “Mi ex marido ya vendió el avión hace un montón. Fue una transacción legal, en blanco. Lo que aparece en ese cuaderno es un disparate más, y ya se va a demostrar”.

El empresario detenido en Estados Unidos por supuesto narcotráfico Federico “Fred” Machado no sólo tuvo relación económica con el fallido primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, sino también con la expareja de la segunda en la lista, Karen Reichardt. En los registros del fideicomiso investigado en Texas, sindicado como vehículo de lavado de dinero y transacciones comerciales de diverso origen, aparece el nombre de Gustavo Balabanian, exesposo de la diputada electa por el oficialismo.

Según el documento del Bank of America al que tuvo acceso elDiarioAR, Balabanian figura como beneficiario de un giro por US$230.000 que le realizó South Aviation, la empresa de Machado radicada en Florida, EE.UU. La operatoria está fechada el 24 de agosto de 2015, cuando se presume que Reichardt ya estaba divorciada de Balabanian, con quien tuvo dos hijos. Una entrevista a la modelo en la revista Caras fechada el 22 de febrero de 2012 la consigna como “separada”.

El nombre de Balabanian tomó estado público en las últimas horas porque aparece vinculado en los cuadernos del lobista Miguel Calvete en el supuesto cobro de las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En esa causa que involucraría a Karina Milei como destinataria de sobornos sistemáticos ya fue llamado a indagatoria Diego Spagnuolo para el próximo miércoles, además de otras catorce personas. El examigo íntimo del Presidente expresó, según audios validados por su entorno, aunque luego desmentidos, que la hermana de Milei y los primos Menem serían destinatarios de coimas por al menos el 3% de la facturación de medicamentos e insumos abonados por Andis.

En un cuaderno surgido del allanamiento a Calvete e incorporado al dictamen firmado por el fiscal Franco Picardi, se pueden leer las referencias “el exmarido de Karen” y “relación con Fred Machado”. En la misma página aparece una mención a la firma GMS, del diputado saliente cercano al oficialismo Florencio Randazzo, y las cifras 8% y 10%.

elDiarioAR le envió mensajes a Reichardt y en su entorno se limitaron a aclarar: “Es todo un disparate”.

La transacción por US$230.000 ocurrió cinco años antes de la de US$200.000 que recibió Espert en el marco de un contrato por US$1 millón a cambio de una supuesta asesoría financiera a Machado. En el concepto “origin to be paid” está registrado South Aviation, la firma de Machado, y la matrícula de la nave es N757M.

La revelación de ese movimiento por parte de elDiarioAR obligó al entonces candidato a diputado de LLA a dar un paso al costado a poco de las elecciones del pasado 26 de octubre. Ese desplazamiento ubicó a Reichardt como virtual primera candidata del Gobierno en la provincia más importante, aunque finalmente la Justicia Electoral habilitó a Diego Santilli —tercero en la nómina original— a encabezar la lista violeta.

La trayectoria como modelo y conductora televisiva de Reichardt volvió a la superficie durante la campaña, pero también hubo referencias a su vida personal.

Balabanian fue directivo de River Plate y del Banco de Valores, presidido por Juan Nápoli, referente cercano a Milei. Según consignan notas de La Nación, Página/12 y Noticias, Balabanian también tuvo participación en Paraná Seguros y en la cadena de heladerías Persicco, a través del grupo financiero Tutelar que preside, y que en 2021 fue denunciado por los empleados por falta de pagos y aportes. En 2024, junto a su socio Estaban Wolf, Balabanian creó Helados Latam.

La aparición del nombre de Balabanian abre otro capítulo en la causa Espert-Machado, luego de que elDiarioAR publicara el viernes pasado que un empresario que conectó a Machado con Espert también es investigado por las presuntas coimas de Spagnuolo. Se trata de Sergio Mastropietro, hombre del negocio de la aviación y quien en 2019 hizo de puente entre el supuesto narco hoy extraditado a Texas y el economista de ultraderecha.

Mastropietro es hallable en dos transacciones asociadas a South Aviation: una por US$200.000 y otra por US$628.537, en mayo y agosto de 2015, respectivamente. Dado que se trata de un comercializador de aviones, pudieron haber sido operaciones legítimas.

Mientras tanto, la causa sobre Espert-Machado sigue su curso. El aún diputado de Milei pidió la nulidad del expediente, pero la fiscalía de San Isidro solicitó nuevas medidas de prueba. El fiscal Federico Domínguez, a cargo de la instrucción, busca abrir unos treinta dispositivos electrónicos allanados y pidió información al juez de Texas que lleva el proceso judicial por estafas, lavado y narcotráfico por el que se lo acusa a Machado.

mcaminos@eldiarioar.com / slacunza@eldiarioar.com

SL/MC

José Luis Espert trata de sortear el avance de la causa que investiga su vínculo con Federico “Fred” Machado. El economista y fallido candidato de Javier Milei en las últimas elecciones pidió recientemente la nulidad de la causa en la que está investigado por recibir del presunto narco una transferencia de US$ 200.000 durante la campaña presidencial de 2019. Pero al mismo tiempo –según supo elDiarioAR de fuentes con acceso al expediente– la Justicia avanza en el análisis de unos 30 dispositivos electrónicos allanados y que pertenecían tanto al diputado con pedido de licencia como al empresario extraditado a Estados Unidos.

La reacción de la defensa de Espert se conoció el viernes a última hora, justo cuando otra novedad judicial golpeaba al corazón del Gobierno: el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Diego Spagnuolo para el 19 de noviembre por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Este medio reveló una conexión entre ambas causas: Sergio Mastropiero, el empresario que conectó a Machado con Espert, también es investigado por el escándalo que salpica a Karina Milei.

Espert pidió la nulidad de la causa que instruye el fiscal de San Isidro Ramiro González a través de sus defensores, Alejandro Freeland y Santiago Kent. Son letrados –como ya publicó este medio– especialistas en buscar interrumpir las causas. Hace apenas dos meses atrás representaron a la Droguería Suizo Argentina, de los Kovalivker, supuestos cómplices de los Menem y Milei en las coimas del 3%. Freeland y Kent dejaron esa defensa cuando comenzaron a trabajar para Espert el 30 de septiembre.

Según el escrito que presentaron, se vulneraron los derechos básicos de defensa desde el inicio del proceso. Dicen que hubo un “ocultamiento de la designación de defensores” y califican como un “refrito” de lo ya investigado hace años y señalan su carácter político-electoral, dado que se presentó en plena campaña y Espert era primer candidato del oficialismo bonaerense. Y afirman que los hechos señalados (vuelos o un pago en 2020) no pueden vincular a Espert con actividades ilícitas de Machado, que recién salieron a la luz en 2021.

Espert fue denunciado por el dirigente Juan Grabois ante la sospecha de que el dinero y los bienes que recibió de Machado son “provenientes de una organización criminal que está siendo juzgada por la justicia federal del Estado de Texas, EEUU, por el delito de tráfico de estupefacientes se corresponden con una maniobra de lavado de activos”. Hace 15 días Machado fue extraditado a Texas para enfrentar un proceso por lavado, estafa y narcotráfico en el que ya fue condenada a 16 años una socia suya.

En el ámbito judicial miran esa causa con mucha atención. Según supo elDiarioAR, el fiscal González remitió un exhorto al juez federal de Texas Bill Davis para que le envíe información sobre lo que declare Machado. Por ahora el empresario se consideró “no culpable” y tiene una ventana de tiempo para negociar una pena menor a cambio de información.

El fiscal también pidió información en Guatemala, donde una de las empresas de Machado contrató a Espert para una supuesta asesoría financiera. Ese acuerdo era por un total de US$ 1 millón y el economista libertario cobró al menos una primera parte de 200.000 dólares a través de una cuenta vinculada al fideicomiso de Machado, según reveló este medio semanas atrás.

La publicación generó tal revuelo que Espert terminó declinando a su candidatura de La Libertad Avanza y la justicia aceleró en su investigación. Se allanó su propiedad y la de Machado en Neuquén –donde se encontraron sendas copias del contrato–, así como domicilios de personas vinculadas a ambos. Se secuestraron unos 30 dispositivos electrónicos, entre ellos una veintena de teléfonos. Los investigadores están ahora en el proceso de apertura de esos aparatos para intentar acceder a la información de contactos, así como llamadas y comunicaciones.

La intención de los sabuesos es encontrar elementos que prueben el vínculo personal que tenían Espert y Machado, y acercarse a la hipótesis de que el dinero –así como el uso de aviones y una camioneta blindada– que recibió el diputado provenía de actividades ilícitas. 

Un detalle sobresaliente en la relación entre ambos es que el escribano que certificó el contrato fue Bernardo Mihura de Estrada, actual titular del Registro de la Propiedad Inmueble, designado allí por la venia del Gobierno y actualmente con llegada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Estrada confirmó en declaración testimonial haber sido el encargado de dar el visto bueno de ese pacto. 

Además de esperar los resultados de las pericias a los dispositivos, los investigadores tienen en carpeta una serie de medidas de prueba que están ahora suspendidas porque Espert cuenta con fueros parlamentarios que aún lo protegen. Al economista se le vence el mandato el 8 de diciembre próximo y, al no ser candidato, no renovará su banca en el mileísmo. 

*Con la colaboración de Sebastián Lacunza

MC

El empresario del negocio de la aviación Sergio Mastropietro fue apuntado por el fiscal federal Franco Picardi como uno de los presuntos receptores de fondos originados en las coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), según fuentes con acceso al expediente que tramita en Comodoro Py.

El trazo de Mastropietro en el caso surgido de las confesiones de Diego Spagnuolo —un examigo íntimo de Javier Milei— asoma a partir de giros de cientos de millones de pesos a las empresas Baires Fly y Baires Jet, acordados con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, a quien Picardi considera una pieza clave en las coimas bajo investigación.

El juez en lo criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires Sebastián Casanello, a cargo de la causa Andis, ordenó el allanamiento de todos los domicilios personales y empresariales de Mastropietro. Su papel en la trama —según las fuentes citadas— sería relevante y su situación procesal podría complicarse en un futuro cercano.

El nombre de Mastropietro en el expediente dispara una conexión sorpresiva. Se trata de la persona a la que Federico Machado le pidió que lo contactara con José Luis Espert en febrero de 2019. En ese entonces, Machado —hoy detenido en Texas— dijo ser admirador del economista que preparaba la candidatura presidencial, y le solicitó a su colega del negocio de los aviones que oficiara de intermediario. Mastropietro apeló a un conocido con recorrido en el mundo de la política y el periodismo, Pablo Deluca, director de relaciones institucionales de Infobae, y los cuatro más un asesor de Espert participaron de un primer encuentro en el Golf Club de San Isidro.

Allí nacería la relación entre Machado y el economista de ultraderecha, incipiente postulante entonces por el Frente Despertar. Con el tiempo, Machado, dueño de la firma South Aviation y de un emprendimiento minero en Guatemala, sería imputado por fiscales federales de Texas como una engranaje central de una organización de narcotráfico y un fraude masivo, que alcanzaría cientos de millones de dólares. Entre julio y septiembre pasado, elDiarioAR revelaría detalles sobre el financiamiento de Machado a la campaña de Espert y la transferencia al economista de US$200.000 en enero de 2020, corroborando una relación económica que “El Profe”, muy cercano a Milei, había negado persistentemente.

Mastropietro es descripto en el pedido de indagatorias, detenciones y allanamientos formulado por Picardi como quien recibió fondos de algunas de las empresas que orquestaban licitaciones ficticias para apropiarse de dinero destinado a pacientes discapacitados, sin cobertura de salud o con enfermedades raras o graves.

Su rol, de acuerdo a la acusación, habría sido el de facilitar el lavado de dinero de las coimas a través de su empresa Baires Fly, que facturó a firmas de medicamentos e insumos la “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”, una leyenda muy laxa, de improbable control.

El juez Casanello dispuso el allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro y de sus empresas Baires Fly y Baires Jets.

En el pedido de quince indagatorias, varios allanamientos y la detención de Spagnuolo y otras cinco personas, Picardi detalló que las empresas Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA, y Floresta SA se asociaron a funcionarios y lobistas para orquestar falsas licitaciones bajo la órbita de Andis, apropiándose así de cuantiosos retornos y sobreprecios.

Casanello hizo lugar a los allanamientos y las indagatorias, y ordenó la detención de Pablo Atchabahian, un médico urólogo que sería uno de los cabecillas del grupo. Se trata de un histórico del PRO que cumplió funciones en la municipalidad de Pilar, el Gobierno de María Eugenia Vidal y el Ejecutivo de Mauricio Macri. El juez también ordenó allanar Roche, uno de los principales laboratorios globales, donde se desempeñó Atchabahian en los últimos años.

La línea que llega hasta Mastropietro conduce a Miguel Ángel Calvete. Este exjefe de la cámara de supermercados chinos y exconcejal de La Matanza por Cambiemos habría actuado como articulador de las coimas, y mantuvo una relación de mucha complicidad con Mastropietro, a quien mencionaba como “Serginho”.

El expediente constata varios registros de mails y mensajes de texto y de audio en los que Calvete ordena transferencias a las empresas del dueño de Baires Fly, así como conversaciones en las que ambos acuerdan pagos en dólares billete.

Los giros a las empresas de Mastropietro son por varios cientos de millones de pesos. A su vez, Lorena di Giorno, una funcionaria de Andis que en los hechos actuaba como una empleada de Calvete, conformó la sociedad Megastática SA junto a Mastropietro en 2018.

Acompañados de sus respectivas parejas, Calvete y Mastropietro visitaron a Spagnuolo en el barrio cerrado Altos de Campo Grande, de Pilar, el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025.

Una fuente próxima a Mastropietro indicó que esos encuentros en Pilar fueron meramente sociales, porque la pareja del empresario y la de Spagnuolo eran brasileñas. A su vez, el dueño de Baires Fly admite haber realizado vuelos para laboratorios y empresas medicinales, como muchas de otros rubros, pero niega haber tenido contacto de ningún tipo con Andis.

Mastropietro estaba en el exterior cuando sus domicilios fueron allanados esta semana. Anoche aterrizó en Buenos Aires proveniente de Estados Unidos en un vuelo privado.

A partir de intercambios de whatsapp y anotaciones incautadas entre las pertenencias de Calvete, Picardi tuvo indicios para deducir que en los encuentros personales en Pilar o en un domicilio en San Telmo, el presunto vértice de las coimas le entregaba sumas de dinero a Spagnuolo.

El caso salió a la luz a fines de agosto pasado cuando el sitio Data Clave publicó un audio de Spagnuolo en el que reclamaba airadamente que Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem demandaban coimas mensuales por unos US$800.000 por mes para garantizar los contratos con Andis.

En la versión de Spagnuolo, la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, cumplía la función de recaudadora entre sus pares para entregarle los sobornos a Karina. La hermana del Presidente se llevaría 3% de la facturación con los laboratorios a título personal, se lo escucha decir al exdirectivo de Andis.

En un giro con respecto a su estrategia inicial, Spagnuolo sostuvo días atrás que los registros no eran reales y habían sido fraguados con inteligencia artificial. El cambio de versión se dio a partir de que el abogado mediático Mauricio D'alessandro asumió la defensa, después de la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

El juzgado y la fiscalía, no obstante, basaron la investigación en pruebas documentales, estados contables y mensajes telefónicos, según las fuentes con acceso al expediente antes citadas. Los audios difundidos por Data Clave y el streaming Carnaval fueron mencionados en la denuncia inicial que presentó un particular, pero el caso no se construyó sobre ese contenido.

Funcionarios provenientes de gobiernos de Cambiemos, como Daniel Garbellini —que también será indagado—, habrían sido asignados a puestos claves en Andis bajo la órbita de Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una vez que comenzó el mandato de Milei, como forma de garantizar el circuito de las coimas.

Los Milei y los Menem calificaron la denuncia como una operación en su contra.

Familia

El vínculo de Spagnuolo con Espert se remonta al menos a 2018, cuando grupos de las ultraderechas liberal y conservadora comenzaron a articular proyectos alternativos al Gobierno de Macri. Antes de convertirse en una de las personas más próximas a Milei, Spagnuolo consideraba que Espert y su esposa, Mercedes González, eran como su familia, tal como se encargó de exponer en redes sociales. Con el tiempo, “McBain” —el apodo que le asignaban— se alejó de Espert y se acercó a Milei.

Mastropietro conocía a “Fred” Machado como colega y socio en el mercado de la aviación. La relación incluyó viajes juntos desde Estados Unidos a Argentina en algunas de sus naves.

A su vez, el apellido del dueño de Baires Fly figura en la contabilidad del fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation que se ubicó en el foco de la investigación en un tribunal de Texas. Esa empresa fue un vehículo para transacciones de compra, venta, alquiler y reparación de aviones, pero también para lavado de dinero del narcotráfico, fraudes y otros delitos, según la acusación en Estados Unidos. Por ejemplo, el giro de Machado a Espert por US$ 200.000 está inscripto como una operación del fideicomiso, que fue computada por el Bank of America.

Mastropietro es hallable en dos transacciones asociadas a South Aviation, la firma de Machado. Una por US$200.000 y otra por US$628.537, en mayo y agosto de 2015, respectivamente. Dado que se trata de un comercializador de aviones, pudieron haber sido operaciones legítimas.

Este empresario también fue presidente de Avian, la filial de Avianca que compró la firma MacAir a la familia Macri en marzo de 2016, primer año de mandato del líder del PRO.

Esa aerolínea de origen colombiano aspiraba a desarrollarse en el mercado argentino, pero enfrentó varios problemas en su país de origen y a la vez quedó afectada por la recesión local, por lo que el intento fracasó.

En la vicepresidencia de Avian fue designado Carlos Colugna, histórico directivo de MacAir. Esa continuidad alimentó la especulación de que, en realidad, los Macri nunca se habían desprendido de la firma.

Poco después de la compra de MacAir por parte de Avian, el fideicomiso de Machado registra varias operaciones que suman US$11,6 millones y aparecen referenciadas a los aviones presidenciales Tango 01 y Tango 04, que estaban en desuso.

Funcionarios del Gobierno de Cambiemos desconocen por qué se anotó esa mención a las naves de Presidencia en el fideicomiso de Machado.

Hasta ahora, los tribunales argentinos no investigaron esa pista.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de lavado de dinero y narcotráfico, atraviesa un momento clave en su proceso judicial en Estados Unidos. El juez del Distrito Sur de Texas le dio un plazo de cinco semanas –hasta el 15 de diciembre– para decidir si se declarará culpable y colaborará con la investigación o si enfrentará un juicio por jurado el próximo año. 

La ventana de tiempo que le abrió la justicia norteamericana a Machado surge como la primera medida desde que fue extraditado desde Argentina la semana pasada. Según la acusación presentada por la fiscalía estadounidense, el empresario habría liderado una red de lavado de activos provenientes del narcotráfico, con operaciones en Argentina, Uruguay, México y Estados Unidos. La trama incluía el uso de empresas pantalla, transferencias millonarias y compraventa de aeronaves, un rubro en el que Machado desarrolló buena parte de su fortuna.

El proceso judicial de Machado se aceleró en octubre tras la revelación de elDiarioAR de su vínculo con José Luis Espert, a quien le transfirió US$200.000 como parte de un acuerdo mucho más abultado. Espert finalmente renunció a su candidatura como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y aunque Machado estaba detenido desde abril de 2021, la noticia generó que la Corte Suprema de Justicia y el gobierno de Javier Milei habilitaran su extradición a EE.UU., lo que se efectivizó la semana pasada.

Ahora Machado debe decidir su estrategia judicial. De acuerdo a los últimos avances de la causa, si el empresario no comunica su decisión antes del 15 de diciembre, perderá el beneficio de una reducción en la condena por aceptar responsabilidad. En caso de declararse culpable, podría negociar una pena menor a cambio de información relevante sobre las operaciones financieras y los socios involucrados en la red. Esa es la puerta que le abrió el juez federal de Texas Bill Davis, lo que según supo este medio, se trata de un procedimiento habitual en la justicia norteamericana.

Si Machado decide ir a juicio, el proceso se realizará en 2026 en el Distrito Sur de Texas, donde otros implicados en la misma causa ya recibieron condenas. Es el caso de la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, que enfrenta una pena de 16 años.

Machado permanece detenido en una prisión federal de Texas, donde fue presentado ante el juez apenas horas después de su llegada al país. Según pudo saber elDiarioAR, en su primera audiencia reclamó asistencia médica y acceso a sus medicamentos.

La figura de Machado tomó importancia a nivel público cuando este medio descubrió, en una serie de notas, su relación con Espert. Además de haber financiado su campaña presidencial en 2019 con aparentes fondos del narcotráfico, le habría facilitado el uso de aviones y una camioneta en ese periodo. Incluso hay relaciones con la entonces gestión presidencial de Mauricio Macri.

Durante la campaña para ser reelecto diputado nacional en octubre de este año, se confirmó una transferencia en la cuenta personal de Espert de 200.000 dólares en concepto de “asesorías” contables. Esta situación derivó a que el legislador libertario no sólo renunciara a su candidatura, sino que también se tomara licencia en sus funciones dentro del Congreso, donde era presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, hasta el próximo 8 de diciembre, un día antes de que termine su mandato.

MC