La visita del magnate tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada no fue un episodio más en la agenda oficial. Su encuentro con Javier Milei llegó después de una reunión previa con el asesor Santiago Caputo por fuera del circuito institucional y se concretó en una jornada histórica, marcada por restricciones para la totalidad de la prensa acreditada. Salvo una breve mención del propio Presidente en el canal de streaming Neura, no hubo comunicación oficial sobre el contenido del intercambio con una de las figuras que mejor conectan el mundo tecnológico con las estructuras globales de inteligencia y seguridad. En ese clima de hermetismo, una pregunta recorre el poder por lo bajo: ¿qué está pasando con la SIDE?

El telón de fondo de esa inquietud es doble. Por un lado, la decisión del Gobierno de exhibir capacidad operativa con la puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), una estructura formalizada por decreto en octubre del año pasado, que busca “centralizar información, coordinar agencias y fijar prioridades en la lucha contra el terrorismo”, según detallan oficialmente. Por otro, una seguidilla de episodios que, lejos de consolidar ese relato de profesionalización, abrieron interrogantes sobre el funcionamiento real del organismo y, sobre todo, sobre quién conduce efectivamente esa agenda.

La inauguración del CNA, realizada el 16 de abril, funcionó como vidriera. Con presencia del FBI y del embajador estadounidense, Peter Lamelas, el acto tuvo al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, como protagonista, pero fue presentado como un punto de inflexión por el subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, quien en paralelo empezó a construir algo inusual para ese cargo: visibilidad pública. “La presencia del FBI y del embajador de Estados Unidos en la Argentina en la inauguración del Centro Nacional Antiterrorismo es un paso clave para fortalecer la protección de la República Argentina”, celebró a través de un comunicado. Y fue más allá: “Después de décadas de abandono e improvisación, estamos profesionalizando el Sistema de Inteligencia Nacional”.

Su nombre es nuevo en los pasillos del poder, aunque en los últimos meses empezó a pesar cada vez más. Abogado de formación, Lago Rodríguez proviene de los estudios Cassagne, donde integró el equipo que encabezaba María Ibarzábal Murphy, hoy al frente de la Secretaría de Legal y Técnica. Su perfil combina ese recorrido jurídico con una identidad más ligada al mundo de la seguridad: en la biografía de su flamante cuenta de X —abierta a la par del acto de inauguración de la CNA— se presenta como “Subsecretario de Inteligencia” y también como “oficial de reserva del Ejército Argentino”. Ese doble registro no es menor para entender el lugar que empezó a ocupar.

Sin embargo, su desembarco en la primera línea de la SIDE no fue leído como un movimiento técnico sino como la instalación de un “comisario político” en un área sensible. Y esa lectura se reforzó en noviembre pasado, cuando elDiarioAR reveló su tumultuosa visita nocturna al domicilio de Sergio Neiffert, entonces titular del organismo, en un episodio cargado de tensión interna que dejó al descubierto la disputa por el control de la inteligencia entre Santiago Caputo y Karina Milei.

Aquella escena, tan inusual como grotesca, funcionó como un anticipo de lo que vendría. Hoy, con Auguadra en la conducción nominal, distintas fuentes coinciden en que el poder real dentro del organismo está más distribuido. En ese esquema, Lago Rodríguez no solo ganó volumen propio sino que, en algunos casos, aparece con mayor capacidad de decisión que su superior formal. ¿Quién conduce realmente la SIDE en este nuevo esquema de poder? No es un dato menor en un área donde las jerarquías suelen ser más rígidas que en el resto del Estado, pero también más opacas.

El crecimiento de Lago Rodríguez no se explica solo por su cercanía con Santiago Caputo, sino también por los movimientos en el resto del organigrama. En particular, por la virtual salida de Diego Kravetz, cuyo corrimiento abriría un vacío precisamente en el mismo casillero con el que el joven abogado decidió presentarse en redes sociales. La coincidencia no pasó desapercibida en el mundo de la inteligencia: su autoidentificación como “Subsecretario de Inteligencia” funciona, en los hechos, como una señal de posicionamiento en esa transición aún no formalizada.

Pero ese reordenamiento no ocurre en el vacío. Forma parte de una interna más amplia en el vértice del poder libertario. El esquema que responde al asesor presidencial viene siendo observado de cerca por Karina Milei, que en los últimos meses buscó avanzar sobre ese territorio con su propia lógica de control. Si hace un mes la tensión era más explícita, hoy aparece algo más contenida, aunque lejos de resolverse. En ese contexto, la exposición de Lago Rodríguez también puede leerse como un movimiento dentro de ese equilibrio inestable.

El despliegue del CNA, en ese sentido, también puede leerse en clave interna. La estructura apunta a coordinar políticas antiterroristas y a articular información con organismos locales y extranjeros. También ofrece una plataforma desde la cual construir legitimidad y mostrar resultados. Lago Rodríguez lo entendió así y se posicionó como uno de sus principales voceros. “El terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla”, sostuvo. Y remarcó que “la participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”.

Pero ese relato de apertura y profesionalización convive con episodios que lo ponen en tensión. El más evidente fue el comunicado que la SIDE publicó el 24 de marzo, en el que informaba una reunión entre Auguadra y el director de la CIA en Langley. El mensaje, amplificado al día siguiente por Manuel Adorni, fue eliminado horas después sin explicación inmediata. La versión posterior, recogida por elDiarioAR, habló de una decisión estratégica: esperar la foto oficial para reforzar el anuncio. Sin embargo, no faltaron quienes pusieran en duda el núcleo del relato. Según fuentes con conocimiento del viaje, el encuentro no habría sido con el director sino con su número dos, una diferencia que en el mundo de la inteligencia tiene un peso específico. ¿Fue un error de comunicación o una forma de sobreactuar un vínculo que todavía está en construcción?

A ese episodio se le suma otro, distinto pero igual de revelador. El 2 de abril, la SIDE publicó un nuevo comunicado donde se subía a la investigación realizada por un consorcio de periodistas acerca de una supuesta campaña de desinformación contra el gobierno de Milei financiada por Rusia. Allí se afirmaba que se trataba de un caso que “ya había investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025”. Esa declaración fue la que motivó una presentación judicial del abogado Jorge Monastersky. Sin embargo, cuando la causa recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, lo primero que hizo el magistrado fue buscar ese expediente previo al que hacía referencia el organismo.

La sorpresa fue que no existía. No había ninguna causa anterior impulsada por la SIDE. Ante ese escenario, Ramos delegó la investigación en el fiscal Ramiro González, que todavía espera una respuesta formal del organismo a un oficio enviado para esclarecer qué información maneja. Mientras tanto, el expediente sigue sin avanzar y los abogados de los periodistas señalados en la investigación original no logran acceder a elementos concretos. La reconstrucción de ese derrotero —dada a conocer por el periodista Camilo Cagnacci en boga.ar— agrega un elemento incómodo para el Gobierno: no solo no hay evidencia de una investigación previa, sino que la propia afirmación oficial fue la que terminó activando una causa judicial sin sustento inicial. ¿Qué quiso decir entonces la SIDE cuando aseguró que ya había intervenido en el caso? ¿Se trató de una sobreactuación discursiva o de un intento de construir iniciativa donde todavía no la había?

Es en ese punto donde la historia se corre del plano técnico y entra de lleno en la lógica del poder. La SIDE no solo se reconfigura hacia afuera, con acuerdos de cooperación, promesas de equipamiento y vínculos con agencias internacionales. También se redefine hacia adentro, en una disputa que atraviesa al oficialismo. El intento de capitalizar una foto en Langley, la sobreexposición del CNA y la emergencia de figuras como Lago Rodríguez parecen responder tanto a una estrategia de posicionamiento interno como a una narrativa de política exterior alineada con Estados Unidos.

En ese tablero, la figura de Peter Thiel agrega una capa adicional. Cofundador de PayPal y cerebro detrás de Palantir, una empresa especializada en el análisis masivo de datos, su trayectoria lo ubica en un cruce sensible entre tecnología, inteligencia y poder estatal. Se trata de alguien que trabaja con agencias de seguridad y defensa y que desarrolla plataformas capaces de integrar grandes volúmenes de información, cruzar bases de datos y producir análisis predictivo.

En ese sentido, y como señaló Mauricio Caminos en este diario, el desembarco de Thiel en la Argentina puede leerse como parte de un movimiento más amplio del Gobierno orientado a expandir esas capacidades y además reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad. Tras el polémico DNU 941 de enero de este año, el área de ciberseguridad dejó de depender de la SIDE y pasó a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete. Pese a ese corrimiento institucional, al frente del área se mantiene el criptógrafo Ariel Waissbein. Según especialistas, el foco oficial se posa sobre el potencial de Palantir como infraestructura para articular y cruzar datos estatales: el propio decreto, en su artículo 15, habilita la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), una arquitectura pensada para centralizar información sensible de distintos organismo.

Bajo ese contexto, la escena cobra otro cariz. Que Thiel haya tenido acceso al corazón del poder argentino en simultáneo con el cierre de la Casa Rosada a la prensa puede haber sido una coincidencia, pero no parece un dato menor. Tampoco lo es que todo ocurra en paralelo al relanzamiento de la SIDE como actor visible, con nuevas estructuras, nuevos voceros y viejas disputas. En ese cruce de agendas, la inteligencia vuelve a ocupar un lugar central. La incógnita es si ese protagonismo responde a una política de Estado en consolidación o a una puja interna que todavía no terminó de resolverse.

PL

El tuit duró lo suficiente como para instalar una escena. El 24 de marzo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hizo una publicación que la ubicó en el centro de una postal internacional: su titular, Cristian Auguadra, reunido en Langley, Virginia, con el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe. Al día siguiente, Manuel Adorni ratificó el dato en su fallida conferencia de prensa. “Otro hito silencioso para sumar a la lista de nuestra gestión”, leyó el jefe de Gabinete. Sin embargo, pocas horas después de ese mensaje exultante, algo extraño ocurrió: el comunicado desapareció. Había sido borrado.

En su versión original, el texto no dejaba demasiados márgenes para la ambigüedad. La SIDE informaba que Auguadra había mantenido una reunión bilateral “privada” con Ratcliffe en la sede de la agencia, en paralelo a la denominada Reunión por las Américas realizada en Washington, donde delegaciones de distintos países discutieron cooperación en materia de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. También anticipaba la entrega de un reconocimiento al organismo argentino en abril, en Langley, como resultado de “operaciones conjuntas” y del impulso al flamante Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

¿Por qué el Gobierno eliminó una noticia que, en principio, reforzaba a la perfección el relato oficial? ¿Acaso hubo una violación del secreto? Las explicaciones oficiales no llegaron de inmediato. Recién después de una semana de silencio, y tras la consulta de elDiarioAR, fuentes de la SIDE aseguraron que la publicación fue retirada porque se decidió volver a difundirla “una vez que se cuente con el material fotográfico oficial de la reunión mantenida ese día en Langley”. Aclararon que “no hubo ningún otro motivo detrás de la decisión” y que el objetivo es “aprovechar la foto para dar más información respecto del robustecimiento de la relación con la CIA”, además de anticipar anuncios vinculados al CNA.

¿Alcanza esa explicación para justificar la desaparición del comunicado? ¿O llega demasiado tarde para cerrar las dudas que ya se habían abierto? Según pudo reconstruir este medio a partir de distintas fuentes con conocimiento del viaje, Auguadra efectivamente estuvo en Washington y participó de la reunión regional, tal y como se informó. Ese dato no está en discusión. Lo que sí aparece bajo sospecha —y se espera que la foto venga a echar luz— es el corazón del mensaje: el cara a cara con el director de la CIA

De acuerdo con esas versiones, la reunión del titular de la SIDE no habría sido con Ratcliffe, sino con su número dos, David S. Cohen. Un encuentro de carácter protocolar, sin anuncios ni definiciones estratégicas, centrado en “generalidades”. ¿Es lo mismo? En el lenguaje de la inteligencia, claramente no: cada nivel de interlocución tiene un peso específico. La diferencia entre una bilateral con el director y un contacto con su segundo no es menor. ¿Por qué, entonces, se decidió comunicarlo de otra manera?

Ahí es donde la historia empieza a correrse del plano diplomático y a meterse en la lógica de la política doméstica. “Santiago pudo haber jugado una carta fuerte de ‘tengo esto que ustedes no’”, deslizó una fuente malpensada y al tanto de la dinámica interna del oficialismo. La SIDE, como otras áreas sensibles, es hoy un territorio en disputa entre el asesor presidencial y Karina Milei, en una interna que se expresa de manera cada vez más descarnada, pero que el affaire Adorni paradójicamente ayudó a dilatar.

La interna sin fin

La pulseada en la cúpula del poder libertario no es nueva, pero en las últimas semanas sumó capítulos. Mientras Santiago Caputo busca sobrevivir con su influencia en lugares estratégicos como la SIDE o ARCA, la secretaria general de la Presidencia intenta ordenar ese esquema bajo su propia lógica de control y lealtades. La decisión de postular a Sebastián Pareja como titular de la Bicameral de Inteligencia del Congreso es un botón de muestra. En ese sentido, el comunicado —ahora borrado— fue leído por muchos más como una señal hacia adentro que como un gesto hacia afuera. ¿Y si se trató de una forma apresurada de marcar territorio por parte del asesor? ¿Una manera de mostrar acceso directo a Washington en medio de esa puja?

Más allá del alineamiento automático de Javier Milei con la administración Trump, es evidente el lazo que une a Caputo con el lobby de Mar-a-lago a través del empresario Leonardo Scatturice, figura de su extrema confianza. Hay determinados niveles de la estructura norteamericana cuya llave de ingreso no depende solo de la afinidad política, sino de redes previas, confianza acumulada y validación técnica. “La visita a Langley no es tan difícil de conseguir, pero necesitás que los burócratas de defensa y seguridad de Washington te la validen, y a esos no los conoce cualquiera”, explicó a elDiarioAR un exfuncionario con vínculos en Estados Unidos, al describir los circuitos formales e informales que habilitan ese tipo de encuentros.

Sobre ese telón de fondo se dibuja, en paralelo, un clima interno en la SIDE que se volvió cada vez más inestable. Como reveló elDiarioAR, en el último mes se configuró un escenario de incertidumbre que incluso agentes con larga trayectoria describen como inusual. Hubo corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma del año 2024. La sensación dominante, según los testimonios recogidos, es la de un organismo desorientado, sin una directriz clara y atravesado por niveles de intriga que empiezan a afectar su funcionamiento cotidiano.

Todo alimenta el runrún de pasillo. Desde las versiones de nombres de la “vieja guardia” que podrían incorporarse, hasta los rumores —ahora menos insistentes— sobre una inminente eyección de Auguadra de su silla en el piso 5 de 25 de Mayo 11. En ese marco, el episodio del comunicado fantasma aparece como una pieza más de una trama mayor: la de una SIDE en transición permanente, donde lo doméstico y lo internacional se cruzan de manera cada vez más problemática.

PL/MG

La Justicia decidió no abrir la feria judicial para tratar los amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei reformó el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El dictamen del fiscal del fuero contencioso administrativo federal Fabián Canda le dio al Gobierno una primera señal de alivio en el frente judicial, al considerar que no se verifican las condiciones de “urgencia” necesarias para habilitar el tratamiento del caso durante el receso de enero.

Según confirmaron fuentes judiciales, Canda se pronunció en el mismo sentido en todos los expedientes vinculados al DNU 941/2025. En uno de los dictámenes, elaborado en respuesta a una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fiscal sostuvo que habilitar la feria implicaría ingresar en cuestiones de fondo que deben ser analizadas por los jueces naturales una vez retomada la actividad judicial. “La habilitación durante la feria es una medida de excepción y debe acordarse con carácter restrictivo”, señaló, y agregó que no se acreditó un “riesgo previsible e inminente” de afectación de derechos que justifique apartarse de esa regla.

Ahora será el juez de feria del fuero, Walter Lara Correa, quien deberá resolver sobre la totalidad de las presentaciones, aunque el dictamen fiscal marca una línea clara. Las causas quedaron radicadas en los juzgados 3, 4 y 11 del contencioso administrativo federal. Una fue impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón; otra por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo; y una tercera por la Fundación Apolo, que encabeza Yamil Santoro.

La decisión del fiscal choca de frente con el planteo del CELS, que había solicitado la habilitación de la feria al advertir que el decreto “no admite demoras”. En su presentación, la organización sostuvo que el DNU constituye un “actuar ilegal e inconstitucional” del Poder Ejecutivo, incompatible con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y alertó sobre la afectación actual o inminente de derechos fundamentales como la privacidad, la libertad personal y la participación política.

El decreto firmado por Milei el 31 de diciembre pasado —cuando ya habían concluido las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Ejecutivo— reordena el sistema de inteligencia, redefine competencias y ensancha de manera significativa el rol de la SIDE. Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación para que personal de inteligencia pueda realizar aprehensiones en el marco de sus tareas, una facultad históricamente reservada a fuerzas policiales y de seguridad y que abrió una fuerte controversia política y jurídica.

En uno de los escritos presentados ante la Justicia, el grupo de abogados encabezado por Leopoldo Moreau advirtió que el nuevo esquema “habilita la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia de carácter encubierto sin orden judicial previa, sin delimitación precisa de los supuestos habilitantes y sin control externo eficaz”. Para los denunciantes, el DNU avanza sobre materias vedadas al Poder Ejecutivo y vulnera el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

La negativa a abrir la feria judicial encaja, además, con la estrategia política que el oficialismo viene desplegando desde Balcarce 50. En el entorno presidencial descuentan que, al menos por ahora, el frente judicial no alterará el calendario del Gobierno y confían en ganar tiempo también en el Congreso, donde apuestan a que el debate sobre el DNU quede postergado hasta después de la discusión de la reforma laboral. La decisión de la Justicia de no acelerar los plazos refuerza esa hoja de ruta.

Con los amparos en pausa y el tratamiento parlamentario aún lejano, el decreto seguirá vigente durante las próximas semanas. La disputa, sin embargo, está lejos de cerrarse: los jueces naturales deberán pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y el Congreso mantiene la facultad de rechazar el DNU en su totalidad. Por ahora, el Gobierno consiguió lo que buscaba: tiempo. Pero el conflicto por el alcance del poder de la SIDE y los límites democráticos del sistema de inteligencia apenas empieza a recorrer su capítulo en los tribunales.

PL/MG

El conflicto abierto por el DNU 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia, pasó a una nueva fase: ya no se discute solo el contenido del texto, sino quién y cómo pondrá límites a una norma que amplía de manera inédita el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Con presentaciones judiciales en marcha, advertencias de organismos de derechos humanos y una oposición que busca activar los resortes del Congreso, el decreto quedó atrapado en una carrera contra el calendario político y judicial.

En los tribunales, la discusión inmediata pasa por la feria de enero. Al menos cuatro presentaciones ingresaron al fuero Contencioso Administrativo Federal y fueron giradas a la fiscalía para que dictamine si corresponde habilitar el receso y tratar medidas cautelares urgentes. En todos los casos se solicita la suspensión inmediata de la vigencia del DNU, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo utilizó un decreto para modificar aspectos sustantivos de la Ley de Inteligencia Nacional sin acreditar una situación real de necesidad y urgencia.

Entre los planteos más relevantes se encuentra el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentó un amparo colectivo al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado. En su escrito, la organización sostuvo que la norma amplía de forma “imprecisa y genérica” las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia y habilita una intervención directa sobre derechos fundamentales como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, la participación social y política y la igualdad ante la ley. También advirtió que el decreto eleva el nivel de sospecha sobre toda la población y refuerza el carácter secreto del sistema sin controles democráticos efectivos.

A esas acciones se sumaron presentaciones de diputados de distintos espacios políticos, como el socialista Esteban Paulón o el lilito Maximiliano Ferraro, que sostienen que el decreto de Milei viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, avanza sobre materias vedadas y modifica de hecho el Código Procesal Penal al habilitar aprehensiones por parte de agentes de inteligencia. Para los firmantes, no existió ninguna situación de necesidad y urgencia que justificara eludir el debate parlamentario, más aún cuando el decreto fue firmado al día siguiente de finalizadas las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Poder Ejecutivo.

Desmentidas y “urgencias”

Frente a ese escenario, la Casa Rosada decidió salir a defender la reforma en el plano discursivo. A través de un comunicado oficial, difundido a modo de desmentida de una nota publicada en el diario La Nación, la SIDE negó que el decreto habilite espionaje interno sobre militantes políticos, organizaciones sociales o periodistas. También rechazó que la norma borre los límites entre Defensa Nacional y Seguridad Interior y afirmó que, lejos de militarizar la inteligencia, elimina superposiciones y tareas de investigación criminal que no le corresponden al organismo.

Otro de los puntos centrales de la defensa oficial es la justificación del carácter “urgente” del decreto. En Balcarce 50 sostienen que el contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto en Venezuela, obligó a acelerar una reforma que, argumentan, no podía esperar a las sesiones ordinarias de marzo. Con ese razonamiento, el Ejecutivo admite que los cambios “más profundos” se discutirán luego en el Congreso, pero defiende la necesidad de haber avanzado ahora con un primer reordenamiento por decreto.

Incluso dentro del propio oficialismo circulan posturas más duras, que van bastante más allá de la letra del decreto y de los protocolos internos que ahora el Gobierno promete redactar. Según pudo saber elDiarioAR, en la Casa Rosada hay quienes sostienen, sin demasiados pruritos, que cualquier funcionario público debería estar habilitado a aprehender a una persona si presencia la comisión de un delito. Bajo esa lógica, la polémica por las facultades policiales otorgadas a la SIDE aparece relativizada: no se trataría de una excepción propia del sistema de inteligencia, sino de una potestadque debería extenderse a todo agente del Estado en nombre del orden y la seguridad.

En cuanto a la conducción y los nombres que integran la cúpula del organismo, por ahora no se esperan movimientos inmediatos. “Sin cambios por ahora, pero a tiro de firma de Cristian si no responden”, sintetizan cerca de Santiago Caputo cuando se les consulta por eventuales desplazamientos o recambios internos. La referencia es al contador Cristian Auguadra, el flamante titular de la SIDE, anunciado en su cargo el pasado 3 de diciembre, que concentra la lapicera formal para avanzar con ajustes finos en un organismo todavía en plena reconfiguración. La señal es doble: no habrá purga inmediata, pero tampoco margen para desmarques en un esquema que busca alineamiento político y operativo sin fisuras.

Objetivo: blindar y dilatar

En el entorno presidencial hacen oídos sordos a una advertencia que circula incluso entre aliados: desde el punto de vista político, no faltan voces “amigables” que argumentan que hubiera sido más pragmático enviar un proyecto de ley y debatirlo artículo por artículo. Es que, si el DNU es rechazado, cae completo. No admite correcciones parciales ni negociaciones quirúrgicas. Aun así, la estrategia elegida por el laboratorio caputista fue avanzar por esa vía y apostar a blindarlo en al menos una de las dos cámaras.

En ese tablero, el Congreso aparece como el próximo campo de batalla. Diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y otros bloques reclamaron formalmente a Martín Menem y a Victoria Villarruel la conformación urgente de dos comisiones clave: la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar sobre la validez de los DNU.

Según admiten en el propio oficialismo, parte de la estrategia pasa por no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios. Sin ellas, los plazos corren a favor del Ejecutivo. Milei tiene diez días hábiles para girar el decreto al Congreso y, una vez cumplido ese paso, la comisión bicameral cuenta con otros diez días hábiles para dictaminar. Como hoy no está integrada, recién hacia fines de enero ambas cámaras quedarían habilitadas para discutir el DNU en el recinto.

La ley es clara: para que un decreto presidencial quede sin efecto deben rechazarlo ambas cámaras por mayoría simple, como ocurrió en 2024 con el que aumentaba en 100 mil millones el presupuesto de la SIDE. En el Gobierno confían en que ese escenario es improbable y recuerdan el antecedente del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado pero nunca llegó a tratarse en Diputados por falta de votos opositores. En ese marco, la Casa Rosada puede concentrarse en blindar una sola cámara para sostener la reforma.

Poroteo

En Balcarce 50 transmiten además una confianza explícita en que no habrá sobresaltos inmediatos. Admiten que la prioridad política de las próximas semanas estará puesta en la reforma laboral y descuentan que la oposición no logrará forzar una discusión de fondo sobre la inteligencia antes de ese debate. “No va a pasar nada”, repiten en el entorno presidencial, convencidos de que el tema espionaje es áspero y difícil de convertir en una ofensiva parlamentaria sostenida.

Los números, por ahora, acompañan esa lectura. La oposición no está tan lejos del quórum, pero todavía necesita sumar voluntades. A los 93 diputados del peronismo se agregan 22 de Provincias Unidas, 4 de la Izquierda y algunos legisladores sueltos, como Natalia De la Sota o Jorge “Gato” Fernández. Aun así, faltan al menos ocho apoyos más. En ese escenario, el rol de los gobernadores y el posicionamiento del radicalismo aparecen como claves. En la UCR, por ahora, guardan silencio.

El PRO, en tanto, expresó un respaldo condicionado a través de un comunicado: avaló la necesidad de modernizar el sistema de inteligencia, destacó la integración de bases de datos como una deuda histórica, pero reclamó conocer los protocolos de uso, además de los alcances operativos de facultades sensibles como las aprehensiones. En la Casa Rosada leen ese apoyo como suficiente para resistir un intento de volteo.

Sin embargo, lejos de cerrarse, el conflicto recién empieza. Con el decreto ya vigente, protocolos todavía en borrador y la promesa de una futura ley que nadie vio, el Gobierno eligió avanzar primero y explicar después. En Balcarce 50 apuestan a que la polémica por el DNU de la SIDE se diluya entre la reforma laboral y el calendario parlamentario. Pero la pregunta incómoda ya quedó instalada: cuánto poder está dispuesta a concentrar el Estado en nombre de la urgencia y cuán frágiles pueden volverse los controles democráticos cuando el espionaje deja de ser un subsistema y pasa a ser un eje del poder.

PL/MF

El Gobierno empezó a trabajar en un protocolo interno para regular las aprehensiones por parte de agentes de inteligencia, uno de los puntos más controvertidos del DNU 941/2025 que reformó el sistema de espionaje y abrió una tormenta política y jurídica. Fuentes cercanas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) admiten que la letra del decreto dejó zonas grises que ahora buscarían acotar para evitar excesos operativos, denuncias judiciales y un desgaste mayor en un terreno especialmente sensible.

Según explican, la reglamentación reforzaría la letra del decreto con el fin de delimitar la posibilidad de que personal del organismo realice aprehensiones en tres escenarios puntuales. El primero es el caso de flagrancia, es decir, cuando se sorprende al autor de un delito cuando lo está cometiendo. El segundo, operativos conjuntos con la Justicia, cuando exista una orden judicial y se trate de una persona que represente un riesgo concreto. El tercero es el más delicado: operaciones de inteligencia en las que podría aprehenderse a un civil que no esté formalmente sospechado, “con el único objetivo de proteger al personal o preservar la operación”, según se describe.

Ese último supuesto es, justamente, el que encendió las mayores alarmas dentro y fuera del sistema de inteligencia en los últimos días. No sólo por la ampliación de facultades en sí, sino por el margen de discrecionalidad que abre en un organismo históricamente opaco. Consciente de ese riesgo, voces extraoficiales aseguran que el protocolo, en caso de aplicarse, pretendería cerrar el cerco interno y limitar el criterio individual de los agentes.

En ese sentido, según expresa el DNU, toda actividad de inteligencia deberá estar “expresamente aprobada” por la SIDE, autorización que deberá detallar de manera previa qué tipo de acción se realizará y qué agentes estarán afectados. Sólo ese personal podrá intervenir en una eventual aprehensión, siempre bajo el control de la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), el organismo creado para reemplazar a la ahora extinta División de Asuntos Internos (DAI).

La IGI es presentada como una válvula de control interno frente a las críticas por la concentración de poder en la SIDE. Sin embargo, en la opinión pública persisten las dudas sobre su autonomía real frente a la conducción política del organismo —personificada en el asesor presidencial Santiago Caputo a través del contador Cristian Auguadra— y sobre su capacidad efectiva para auditar operaciones sensibles en tiempo real.

Amparos y cauterales

Otro de los puntos que hizo ruido en las últimas horas fue el temor a que la nueva normativa habilite tareas de inteligencia sobre periodistas, bajo el paraguas de la “fuga de información clasificada”. En el oficialismo niegan de plano esa interpretación y sostienen que el decreto fue redactado justamente para evitar cualquier sospecha de ese tipo. Como respaldo, citan el artículo 4, inciso 3, que prohíbe producir inteligencia nacional o contrainteligencia sobre personas por su raza, fe religiosa, opiniones políticas, pertenencia a organizaciones o por el desarrollo de actividad lícita, incluida la periodística.

Sin embargo, nada logra descomprimir el conflicto que ya se desplazó a los carriles institucionales. La controversia empezó a judicializarse este lunes: el diputado socialista Esteban Paulón, junto a Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del decreto, además de una medida cautelar para suspender de inmediato sus efectos y toda normativa dictada en su cumplimiento.

En la presentación sostuvieron que “no hubo ni hay necesidad ni urgencia” que justifique el decreto, que violaría el artículo 99 inciso 3 de la Constitución y avanza sobre materias penales vedadas al Poder Ejecutivo, al otorgar al personal de inteligencia atribuciones propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia quedó bajo presión para asumir un rol activo. El órgano parlamentario deberá requerir informes al Ejecutivo, analizar los protocolos de aplicación y pronunciarse sobre el alcance real de una reforma que, aun antes de reglamentarse por completo, ya generó polémica.

El protocolo que prepara la SIDE podría leerse así como una herramienta defensiva, más orientada a contener daños que a cerrar la discusión de fondo. Lejos de disipar las críticas, confirma que uno de los aspectos más sensibles del DNU abrió un debate que excede lo operativo y vuelve a poner en el centro una pregunta estructural: hasta dónde puede expandirse el poder de la inteligencia del Estado sin erosionar los límites democráticos.

PL/MC

El DNU 941/2025 con el que el Gobierno acaba de reformar el sistema de inteligencia abrió una polémica inmediata que excede largamente la discusión técnica. No sólo porque amplía de manera inédita las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sino porque le concede una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia, al modificar aspectos sustantivos tanto de la Ley de Inteligencia como de la Ley de Defensa. En el Congreso, en la oposición y también dentro del propio sistema de espionaje, la decisión empezó a leerse como un salto cualitativo en la concentración del poder informativo del Estado.

Puertas adentro del mundo de la inteligencia, el escepticismo es marcado. Una fuente con trayectoria en el área, que pasó por distintas gestiones, relativiza el alcance real de la reforma y pone el foco en el método. “Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si con 40 se cierran”, explica en contacto con elDiarioAR. En su lectura, el Gobierno ya ganó la batalla comunicacional, pero la implementación aparece plagada de obstáculos y la posibilidad de una transformación profunda luce, como mínimo, incierta. “En estas condiciones, con áreas desarticuladas y problemas de seguridad elementales ¿te parece que va a ser esta transformación tan grandilocuente? Yo creo que es medio inviable”, advierte.

Ese mismo diagnóstico anticipa tensiones políticas y operativas. “Va a generar ruidos con los militares, va a generar ruidos con las fuerzas de seguridad y va a generar ruidos internos en la propia SIDE”, sostiene la fuente. Y agrega un elemento clave para entender el trasfondo del decreto: “El interés de fondo es el control presupuestario más amplio que van a tener con las fusiones de las áreas”.

Uno de los puntos que más ruido generó es la transferencia del área de ciberseguridad, que deja de depender de la SIDE y pasa a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que en el organigrama oficial depende de la Jefatura de Gabinete. Pese a que es un área que controla Karina Milei, al frente de esa secretaría está Darío Genua, un funcionario cercano al asesor Santiago Caputo, el estratega que controla políticamente el área de inteligencia a través del contador Cristian Auguadra.

En el sistema, la lectura fue inmediata. Otra voz especializada en inteligencia apunta que el corrimiento del área no es neutro. “El negocio de la ciber bajo la órbita de Jefatura de Gabinete tiene connotaciones ad hoc, porque tiene que ver directamente con la interna política”, señala. En ese marco, vuelve a aparecer el nombre del empresario Leonardo Scatturice, proveedor de tecnología digital ligado al entorno de Caputo, que podría verse beneficiado por un esquema en el que Innovación concentra decisiones sobre infraestructura, sistemas y contratos estratégicos.

“Una locura”

La ampliación de atribuciones operativas también encendió alarmas. El decreto habilita que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad históricamente reservada a fuerzas policiales y de seguridad. Dentro del propio mundo del espionaje, la reacción fue directa. “Una locura”, resumió un agente con responsabilidades operativas. Para esa fuente, la medida rompe un límite histórico entre inteligencia y funciones policiales y expone al organismo a conflictos judiciales difíciles de contener.

En el Congreso, en tanto, el DNU activó movimientos cruzados. Mientras que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia formalizará un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los fundamentos y alcances del decreto, el PRO optó por una posición de cautela que, en los hechos, funciona como respaldo político al Gobierno.

En un comunicado, el bloque que comanda Cristian Ritondo evitó fijar una postura definitiva hasta conocer los protocolos de aplicación y anunció que analizará la medida través de un equipo técnico. Aunque reconoció que la reforma podría tener aspectos “positivos” y relativizó el uso del DNU al señalar que fue una herramienta utilizada por gestiones anteriores, el partido amarillo destacó la integración de bases de datos como un avance y descartó riesgos legales en ese punto.

Desde la oposición, en cambio, las críticas se acumulan. El exdiputado Leopoldo Moreau denunció que el DNU “significa la creación de una policía secreta” y que “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. También recordó que es la segunda vez que Javier Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y acusó al Gobierno de “pasar descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. Para Moreau, el nuevo esquema “obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política” y representa “un claro retroceso democrático”.

En la misma línea se expresó el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, quien cuestionó el método elegido por el Ejecutivo. “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural y contralor efectivo?”, planteó. Y fue más allá: “Si este DNU lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”.

Otro eje sensible es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM) y la concentración de la inteligencia estratégica bajo el Estado Mayor Conjunto. La reforma abrió allí un frente político inmediato. El exministro de Defensa Jorge Taiana sostuvo que el nuevo esquema “autonomiza la inteligencia del control civil del Ministerio de Defensa” y, al mismo tiempo, subordina a las Fuerzas Armadas al área de seguridad. En su interpretación, el Gobierno avanza hacia una concepción de “Guardia Nacional”, una idea que, advirtió Taiana, promueve desde hace años el Comando Sur de Estados Unidos.

Una urgencia normativa “inexistente”

Desde el propio universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve una y otra vez al mismo punto. Una fuente con larga experiencia en la SIDE subraya que, a diferencia del decreto de julio de 2024, esta reforma no busca coordinar sino concentrar. “En dos años no se hizo una sola reunión de coordinación real”, remarca en diálogo con elDiarioAR. Y advierte sobre la celeridad del cambio, ya que el DNU “construye una urgencia normativa que no existe” y avanza hacia un esquema donde todas las áreas del Estado pasan a funcionar como “reservorios” de inteligencia. “La SIDE tiene que ser un proveedor de información estratégica para la toma de decisiones, no el organismo que concentre y administre todo el flujo informativo del Estado”, resume.

Es que la polémica se potencia además por el timing político de la medida. El fortalecimiento de la Secretaría como nodo central de información coincide con un momento de alta circulación de datos sensibles, en medio de disputas abiertas del Gobierno con actores de peso como la AFA y de una ofensiva discursiva contra supuestas redes de poder enquistadas en el Estado.

En ese contexto, la ampliación de la Comunidad Informativa Nacional, que obliga a organismos públicos a suministrar información estratégica al sistema de inteligencia, es leída por sectores opositores como un riesgo de utilización política del flujo informativo.

Las críticas internas también apuntan al sesgo doctrinario del texto. Esa misma fuente subraya que el decreto tiene “un perfume muy militar”, con pasajes que remiten a normas propias de las Fuerzas Armadas y a esquemas de intervención en seguridad interior. En particular, genera inquietud la posibilidad de que los militares actúen como auxiliares de la SIDE en determinadas circunstancias. “Eso requiere mucho cuidado”, advierte, al señalar que se trata de una frontera históricamente sensible en la democracia argentina.

Vigilancia política

A esas advertencias se sumó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que alertó sobre un cambio estructural en el modelo de inteligencia que introduce el decreto. Según el organismo, la reforma desplaza a la SIDE de un enfoque de seguridad nacional hacia uno centrado en la contrainteligencia, un concepto que el DNU amplía hasta englobar cualquier amenaza externa o interna al Gobierno. En esa redefinición, señaló, la Secretaría corre el riesgo de convertirse en una agencia orientada a la inteligencia política, con capacidad para vigilar y controlar todo aquello que sea definido como “riesgo interno”.

El CELS también advirtió que la reforma reactualiza la lógica del “enemigo interno” y plantea un serio riesgo para la libertad y la privacidad de las personas. En particular, cuestionó que el decreto transforme a distintas áreas del Estado —como el ReNaPer o ARCA— en terminales del sistema de inteligencia, obligadas a entregar información sensible de la ciudadanía sin controles democráticos efectivos.

En un pronunciamiento más amplio, el organismo recordó que en los últimos dos años el Gobierno reformó por decreto tanto el sistema de inteligencia como las leyes orgánicas de la Policía Federal y de las fuerzas de seguridad, pese a que ese tipo de modificaciones están vedadas por la Constitución. Con este nuevo DNU, sostuvo, se siguen corriendo los límites constitucionales y se construye, sin pasar por el Congreso, un marco normativo orientado a la vigilancia política de actores que ya aparecían señalados como “enemigos internos” en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) filtrado.

La reforma, así, no sólo reorganiza estructuras: redefine equilibrios. Al concentrar información, ampliar facultades operativas y redistribuir áreas clave como la ciberseguridad, el Gobierno empuja un rediseño profundo del sistema de inteligencia en un contexto político cargado. Con el antecedente del rechazo al decreto que ampliaba los fondos reservados en 2024, la posibilidad de judicialización y una creciente circulación de información sensible, el DNU abrió un conflicto que excede la coyuntura y vuelve a poner en debate los límites del poder, el control civil y los mecanismos democráticos de supervisión del espionaje estatal.

PL/MF

El 2026 arrancó activo para el Gobierno: decidió avanzar con una reforma de segunda generación del sistema de inteligencia. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este viernes, vuelve a modificar la Ley 25.520 con el fin de terminar de reordenar un esquema plagado de disputas de mando y bordeando los límites entre inteligenicia y seguridad. La decisión refuerza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como vértice del espionaje estatal y la habilita a aprehender personas en casos de flagrancia. Pero también deja una lectura política explícita: es un espaldarazo a Santiago Caputo, el asesor que controla el área, y al mismo tiempo una señal del peso creciente de Karina Milei en la arquitectura del poder libertario.

El Decreto 941/25, firmado el 31 de diciembre por Javier Milei y todo su gabinete, profundiza los cambios iniciados en 2024 con el Decreto 614/24 y busca cerrar una etapa de transición marcada por internas y reordenamientos parciales. La SIDE queda consolidada como autoridad central del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), con mayores facultades operativas y de coordinación, mientras que el dominio digital se reconfigura por fuera del organismo.

En ese marco, Caputo retiene el control político del corazón del sistema de inteligencia y ratifica a Cristian Auguadra como jefe de la SIDE, un funcionario recientemente designado tras la salida de Sergio Neiffert y alineado con su esquema de conducción. En paralelo, la secretaria General de la Presidencia gana influencia directa sobre el área de ciberseguridad, que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, bajo control de Manuel Adorni, uno de sus hombres de mayor confianza. El equilibrio interno queda así explicitado: mientras el asesor conserva el espionaje clásico y estratégico, Karina se asegura un rol clave en el frente digital, sin disputar el mando formal de la SIDE.

Estructura interna

El DNU redefine además la estructura interna del organismo. La actual Agencia de Seguridad Nacional (ASN) que comanda Alejandro Cecati cambia de denominación y pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con un mandato exclusivo centrado en la prevención del espionaje, el sabotaje y la injerencia extranjera, evitando superposiciones con las fuerzas policiales. A su vez, la División de Asuntos Internos (DAI), al mando del contador Diego Valdiviezo, será reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que amplía sus atribuciones en auditorías, investigaciones internas, control de legalidad y supervisión presupuestaria.

En el plano digital, el decreto introduce una separación explícita entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La SIDE conserva la producción de inteligencia estratégica en el ciberespacio a través de la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), que reemplaza a la disuelta Agencia Federal de Ciberseguridad que conduce Ariel Waissbein. En paralelo, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete y tendrá a su cargo la protección de redes, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos del Estado.

Ese punto es central en la lectura política del decreto. Mientras la AFC queda bajo la órbita directa de la Secretaría de Inteligencia —y, por lo tanto, del esquema que conduce Caputo—, el CNC se convierte en una caja de poder propia de Manuel Adorni, reforzando la incidencia de Karina Milei en un área clave para la seguridad nacional, la cooperación internacional y el control de datos sensibles.

La norma también crea dos ámbitos de articulación que amplían el alcance de la SIDE. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a los organismos de espionaje y a áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad bajo conducción directa de la SIDE. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y organismos con capacidad de generar información relevante —Migraciones, Aduanas, autoridades de identificación, sector nuclear, entre otros— aunque no produzcan inteligencia en sentido estricto. Será la SIDE la que defina los procedimientos y condiciones para el suministro de datos.

Inteligencia militar y criminal

En materia de inteligencia militar, el decreto avanza de manera explícita: se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM) y se concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de fortalecer la conducción conjunta y mejorar la articulación con la inteligencia nacional. La medida busca cerrar una superposición histórica y reordenar un área especialmente sensible dentro del Ministerio de Defensa, ahora comandado por el teniente general Carlos Presti.

Distinto es el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). Pese a versiones iniciales que hablaban de una absorción completa por parte de la SIDE, fuentes del oficialismo consultadas por elDiarioAR aclararon que la inteligencia criminal no será modificada por el decreto. “No se toca”, aseguraron, en un gesto destinado a descomprimir tensiones con el área que comanda Alejandra Monteoliva y a marcar un límite político al avance del organismo de inteligencia sobre funciones operativas.

El nuevo DNU amplía además las atribuciones de la SIDE: podrá requerir información a cualquier organismo del sector público, coordinar acciones con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, articular con agencias extranjeras y proveer su propia seguridad. También se habilita que su personal pueda aprehender personas en casos de flagrancia, con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, un punto que vuelve a tensionar los límites entre inteligencia y funciones policiales, pese a que el texto insiste en que el sistema no cumple tareas judiciales ni de investigación criminal.

Desde el Ejecutivo presentan la reforma como un intento de modernizar, ordenar y legitimar el Sistema de Inteligencia Nacional, eliminar duplicaciones y dotar de respaldo legal a una actividad históricamente opaca. Pero la lectura política va más allá. El decreto, en realidad, intenta ordenar la feroz interna en La Libertad Avanza, fija jerarquías y reparte áreas de influencia en uno de los núcleos más sensibles del Estado.

Con Auguadra al frente de la SIDE, el Gobierno consolida un esquema en el que el control de la información estratégica queda cuidadosamente distribuido. No será sólo una reforma normativa: se trata, una vez más, de una definición política sobre quién manda, desde dónde y hasta dónde, en el corazón mismo del poder libertario.

PL/MC

La reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa Javier Milei empezó a mostrar su verdadero alcance. Bajo la nueva conducción de Cristian Auguadra, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) avanza con un diagnóstico severo sobre el estado del organismo y vuelve a empujar una decisión que promete abrir un conflicto interno de alto voltaje: absorber las direcciones nacionales de Inteligencia Criminal y Militar para concentrar bajo su órbita directa el control operativo y la información sensible del Estado. No es un giro técnico ni una discusión abstracta. Es una disputa por poder real, con antecedentes recientes y resistencias activas.

En ese marco, el eventual desmantelamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, y de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, aparece como uno de los ejes más sensibles del rediseño que el Ejecutivo proyecta hacia 2026. La iniciativa se inscribe en los primeros pasos de Auguadra al frente del organismo, con el mandato explícito de ordenar el esquema desordenado que habría dejado la gestión de Sergio Neiffert, y reaviva una discusión que el propio oficialismo ya había ensayado sin éxito apenas iniciado el gobierno de La Libertad Avanza.

En marzo de 2024, cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) todavía existía, el entonces interventor Silvestre Sívori, hombre de extrema confianza del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, intentó avanzar con una iniciativa que ya entonces encendió alarmas internas: unificar físicamente ambas áreas en la sede histórica de la SIDE, sobre la calle 25 de Mayo. La medida fue presentada como una mudanza administrativa destinada a “eliminar barreras” y mejorar la coordinación frente al terrorismo y el narcotráfico.

Pero aquel planteo abrió una discusión política y jurídica que nunca terminó de resolverse y el tema quedó latente, a la espera de un contexto más favorable. Desde el entorno de Patricia Bullrich advirtieron en ese momento que, si la integración dejaba de ser edilicia para volverse orgánica y funcional, resultaba inevitable modificar la Ley de Inteligencia, algo que el oficialismo hasta ahora nunca impulsó, ni siquiera en julio de 2024 cuando decidió relanzar el organigrama de la SIDE mediante un DNU.

La nueva Política de Inteligencia Nacional

Un año después, ese debate vuelve, pero sin eufemismos. Ya no se trata de compartir oficinas ni de coordinación logística: el objetivo es subsumir estructuras, vaciar de poder a las direcciones nacionales y verticalizar el sistema de inteligencia bajo una conducción única. En Balcarce 50 el diagnóstico es contundente. La fragmentación del sistema, profundizada durante la gestión de Neiffert, habría derivado en mandos dispersos, superposición de funciones y competencia interna. “Cuando la inteligencia se reparte en compartimentos estancos, cada estructura empieza a jugar su propio partido y el control se diluye”, describe una fuente con trayectoria en la SIDE.

Se trata de un movimiento que encontró respaldo formal apenas dos días después del desplazamiento de Neiffert, cuando el Gobierno publicó el Decreto 864/2025, que establece la Política de Inteligencia Nacional. El documento, de 34 páginas, fijó por primera vez en más de dos décadas un marco doctrinario explícito para el sistema de inteligencia (que incluye tanto a la SIDE como a ambas direcciones ministeriales) y trazó un diagnóstico lapidario: décadas de deterioro institucional, fragmentación operativa y vulnerabilidad frente a amenazas internas y externas. En los hechos, el texto funcionó como sustento conceptual para una ofensiva que ya estaba en marcha.

En ese esquema, la DNIC y la DNIM aparecen como estructuras paralelas que ahora el Gobierno busca subordinar. El modelo que se menciona en los despachos oficiales es el estadounidense, con una conducción central fuerte que articula y condiciona al resto de las agencias.

La inteligencia criminal fue históricamente una herramienta clave del Ministerio de Seguridad y su progresivo vaciamiento ya provocó fricciones abiertas con la gestión de Bullrich. En sectores del oficialismo creen que ese obstáculo podría allanarse con la llegada de Alejandra Monteoliva, una ministra con menor peso político propio y una posible mayor predisposición a aceptar un rediseño de mandos.

En Defensa, en tanto, la Inteligencia Militar representa un núcleo especialmente sensible del ministerio y de las Fuerzas Armadas. Avanzar sobre su estructura implica redefinir el vínculo entre la inteligencia civil y la militar, una frontera que en la Argentina siempre fue delicada. Hasta el momento, tras la jura de Carlos Presti al frente de la cartera, no se conoce quién encabezará el área.

El futuro de los CICRE

La polémica en torno a la DNIC, de hecho, ya se expresa en los hechos. Durante los últimos meses, el Ministerio de Seguridad avanzó en una reubicación —y en algunos casos desarticulación— de los denominados Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), los nodos territoriales que concentran información sensible sobre narcotráfico, trata de personas y clanes delictivos en puntos estratégicos del país. En la práctica, se trató de una recentralización geográfica que debilitó el esquema federal de inteligencia criminal construido en los últimos años.

Según publicó Hugo Alconada Mon en La Nación, las decisiones incluyeron el cierre o mudanza de oficinas en Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza, además del traslado forzado de personal con conocimiento del terreno y vínculos aceitados con gobiernos provinciales, juzgados federales, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y fuerzas de seguridad. También se ordenó el cierre de oficinas en Córdoba y Mar del Plata, esta última sostenida mediante un comodato, y reubicaciones de personal entre Buenos Aires y Rosario.

El redespliegue implicó además el traslado de los coordinadores regionales: el NOA pasó de Salta a Buenos Aires; el NEA, de Chaco a Iguazú; la Patagonia Sur, de Ushuaia a Bariloche; la Patagonia Norte, de Neuquén a Bariloche; y el área Buenos Aires, de Mar del Plata a La Plata. Para varias fuentes del sistema consultadas por elDiarioAR, el resultado fue una pérdida de anclaje territorial y de conocimiento local.

La reestructuración coincidió con el regreso de Ramiro Anzit Guerrero a la Inteligencia Criminal, un funcionario de máxima confianza de Bullrich cuyo paso anterior por el área durante el gobierno de Mauricio Macri había terminado con un sumario administrativo. Al menos dos funcionarios que intervinieron en aquel expediente figuran ahora entre los desplazados, un dato que alimentó suspicacias internas.

Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron que se trate de una desarticulación y hablan de un “redespliegue” orientado a fortalecer las llamadas “zonas calientes”, bajo planes como Güemes en el NOA, Bandera en Rosario o Guacurarí en el NEA. Pero puertas adentro del mundo de la inteligencia, varios leen estas decisiones como una señal política: el debilitamiento progresivo de la DNIC como estructura autónoma, en un contexto donde la SIDE vuelve a reclamar centralidad operativa.

La flamante Política de Inteligencia Nacional funciona así como respaldo doctrinario de una estrategia que combina diagnóstico técnico y decisión política. Aunque no menciona explícitamente la eliminación formal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y de la Inteligencia Militar, deja claro que el Gobierno busca ordenar, concentrar y controlar el sistema bajo una conducción fuerte. En ese marco, la coexistencia de direcciones nacionales bajo distintos ministerios aparece como una anomalía a corregir.

A diferencia del ensayo de 2024, algunas voces en la Casa Rosada admiten que no hay forma de avanzar sin abrir un conflicto político. La virtual decisión oficial implica redefinir quién concentra el poder informativo del Estado, quién queda subordinado y bajo qué reglas. Por lo tanto, lo que está en juego ya no es un organigrama, sino el control de la inteligencia como herramienta política en el corazón del Gobierno.

PL/MG

El nuevo secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), el contador Cristian Auguadra, creó en 2021 y mantiene activa hasta ahora una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) en el estado de Florida, EE.UU., pero no la incluyó en su declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). La empresa se llama Bizarak LLC, que es la sigla de norteamericana para referirse a las SRL. elDiarioaAR consultó a Auguadra y al subsecretario de Prensa del Gobierno, Javier Lanari, sobre la función de esa compañía y la razón por la que se la omitió de la declaración ante la OA, pero no hubo respuesta.

Bizarak fue fundada hace cuatro años en el Boulevard Biscayne 2275 de Miami bajo el manejo de Auguadra y Héctor Hermida, con quien al mismo tiempo armada una SRL en la Argentina, Cerrito Broker, dedicada a la compraventa de inmuebles. Hermida fue dirigente del club Ferro Carril Oeste y por presuntas irregularidades como tal fue expulsado de esa institución y estuvo involucrado en una causa penal que finalmente prescribió. En 2022, Hermida siguió figurando como socio de Auguadra en Bizarak, pero a partir de 2023 y hasta 2025 fue reemplazado por la esposa del actual jefe de la SIDE; Valeria Fillmore.

Auguadra se graduó de contador en 1993 en la Universidad de Morón, privada, y al año siguiente creó su propio estudio, Global Consultancy Services. En 2024 se incorporó a la SIDE como inspector general de la Division de Asuntos Internos. Su hijo Gonzalo también se sumó a la secretaría y, como tal, viajó este año a una reunión internacional de espías en Azerbaiyán en la que aprovechó para ir a ver el gran premio de Fórmula 1 en el que corrió Franco Colapinto.

Ni en la declaración jurada inicial de gestión en 2024 ni en la que siempre se presenta a fin de ese año aparece Bizarak ni ningún activo en el extranjero. En cambio, declaró una casa en la ciudad autónoma de Buenos Aires de 180 metros cuadrados, otra inversión inmobiliaria acá, un departamento en San Martín de los Andes, un Mercedes-Benz de 2012, una Toyota Hilux, un Volkswagen Golf, un scooter Yamaha, US$30.000 en efectivo, depósitos de menor monto, la financiera Option Securities, la empresa inmobiliaria Elovate y el Grupo del Centro, de servicios de tratamientos médicos como diálisis.

Después del escándalo de aquella noche de principios de noviembre, en el que entonces jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, salió en calzoncillos de su casa a recibir agresiones de su entonces número dos, José Francisco Lago Rodríguez, por perder la confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, comenzó el proceso de recambio que derivó en el ascenso de Cristian Auguadra. El nuevo 'señor 5' se mantiene dentro del ala de Caputo, en la rivalidad interna ahora sosegada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De hecho, elDiarioAR también consultó a fuentes internas de la SIDE sobre la función de Bizarak y su omisión en la declaración jurada y allí sugirieron consultar a Caputo, que tampoco contestó. No será tampoco el primer caso de un funcionario de este ni de anteriores gobiernos que evitan declarar algunos de sus activos más llamativos ante las autoridades.

AR/MG

En la mañana del 27 de diciembre de 2024, el murmullo rutinario de la esquina de Colón y Almirante Brown, en Morón, se interrumpió por un alarido. Un hombre de mediana edad, robusto, camisa azul desprendida y la cara enrojecida, cruzó la explanada de los tribunales locales casi a los tropezones y se plantó frente a la escalinata. Extendió un brazo hacia la puerta, como si necesitara apuntalar el grito con el cuerpo entero, mientras un grupo de policías lo observaban desde unos metros sin dar un paso.

—¡Ahora el mundo va a saber! ¡Ahora el mundo va a saber de los asados! —vociferó, con la voz quebrada entre la furia y el llanto—. ¡Le arman causas a los narcos y el hijo de Rodríguez los defiende! ¡Anotá vos, que sos de acá! ¡El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre mete presos…!

La escena duró apenas unos minutos. El hombre, fuera de sí, siguió descargando nombres propios como si arrojara piedras contra el frente de tribunales. Señaló el edificio, insultó a “estos hijos de puta, que son socios”, dejó flotando la palabra “Parque Leloir” como una pista inconclusa. Nadie intentó detenerlo. Cuando se quedó sin aire, se dio media vuelta y se fue tal como había llegado, con los dos agentes todavía inmóviles en la puerta.

Detrás de esa figura desencajada —se supo después de varios meses— estaba Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y preso desde agosto pasado acusado de ser uno de los responsables de la distribución del fentanilo adulterado. El motivo coyuntural de su bronca era preciso: la Cámara de Apelaciones de Morón había rechazado su pedido para agravar la acusación contra un joven que golpeó a su hijo en un boliche de Hurlingham en 2022. Furfaro pretendía un procesamiento por tentativa de homicidio; la Justicia ratificó un juicio abreviado por lesiones.

Pero la escena de hace un año desbordó con mucho ese expediente familiar: en su descarga pública, el empresario no sólo cuestionó a los jueces que habían firmado la resolución, sino que apuntó directamente contra un engranaje que, a su juicio, enlaza al fuero federal de Morón con algunos de los nombres más pesados del mapa narco argentino.

Furfaro hizo referencia a Sebastián Rodríguez Barbaró, abogado, socio del penalista Fernando Arias Caamaño. Entre sus defendidos figuran Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina”, condenado en abril a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que contrabandeó un fusil y explosivos para bandas narcocriminales de Rosario, y Esteban Alvarado, quien cumple varias penas, la más grave a perpetua por liderar una organización dedicada al narcotráfico, ademas de otros actores del subsuelo narco. Rodríguez Barbaró es, a la vez, jefe de división en el Banco Central.

Ese nexo familiar condujo inevitablemente hacia el verdadero centro de gravedad del video: su padre, Jorge Rodríguez, juez federal de Morón desde 1994 y uno de los magistrados con mayor poder silencioso del Gran Buenos Aires.

Una figura controvertida

Rodríguez es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con competencia en narcotráfico, delitos económicos, trata, contrabando y causas ambientales. A la trama de relaciones que acompaña su carrera se suma otro elemento que circula hace años en la familia judicial. El recorrido de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora y protagonista de varios expedientes de inteligencia, se ata con frecuencia al de Rodríguez, a quien muchos describen como su referente generacional. En esos ámbitos lo llaman, con ironía, “el Canicoba del Conurbano”: un magistrado sin la exposición mediática de Comodoro Py, pero con un poder territorial que supera al de varios intendentes.

La genealogía judicial abona ese diagnóstico. Rodríguez inició su carrera en los años ochenta, nombrado por el radicalismo en una Defensoría Oficial, y ascendió a juez de Primera Instancia con el apoyo del camarista Luis María Cabral, a quien reconocen como su primer mentor político-judicial. Una de sus causas emblemáticas, en 1989, fue el sobreseimiento del entonces intendente Juan Carlos Rousselot, acusado de administración fraudulenta. Para quienes conocen el paño, ese recorrido marca una continuidad.

Desde 2012, por decisión de la Corte Suprema bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, Rodríguez supervisa una de las porciones más sensibles del expediente “Mendoza” sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo tras el desplazamiento del juez de Quilmes, Luis Armella. Ese gesto, señalan fuentes judiciales, lo colocó en un escalón de confianza dentro del máximo tribunal y le dio un protagonismo inusual en temas donde confluyen empresas, municipios y organismos estatales.

Las “tertulias de los viernes”

Pero la influencia del juez se construyó también en espacios menos visibles. Desde hace años que organiza asados y fiestas —algunos aseguran que incluso de disfraces—, que reunen a figuras de peso de todo el arco político y judicial. En cada uno de esos eventos no suele faltar el respectivo cura, encargado de dar la bendición. Uno de sus cumpleaños más comentados tuvo lugar en 2016 en la quinta Vaccarezza, en Udaondo, escenario recurrente de sus denominadas “tertulias de los viernes”.

Sin ir más lejos, la última tuvo lugar anteayer. A modo de cierre del año, se trató de una demostración de escala y de alineamientos políticos difíciles de ver en público. Más de seiscientas personas circularon por los senderos y livings dispuestos alrededor del parque: jueces federales, intendentes del conurbano, gobernadores, sindicalistas de peso, funcionarios nacionales y operadores de todos los espacios. Había islas de comidas que iban de carnes a pastas, estaciones de cocina en vivo y champagne sin interrupciones.

Entre los invitados sobresalió un grupo que alteró el tono de la noche: Santiago Caputo, acompañado por parte de su mesa chica, se movió con naturalidad entre fiscales, dirigentes y empresarios. Su presencia, confirmada a elDiarioAR por varios asistentes, funcionó como ratificación de la amplitud de la red que orbita alrededor de Rodríguez.

La celebración se extendió hasta bien entrada la madrugada de este sábado, con música en vivo y conversaciones que oscilaron entre el brindis festivo y las negociaciones informales: una postal precisa del tipo de sociabilidad que acompaña el peso real del juez en la política ya no solo bonaerense, sino nacional. Un punto de encuentro privilegiado donde se procesan lealtades, se tantean alianzas y se recalibran jerarquías en el nuevo mapa de poder.

Nexos territoriales

El detalle del lugar de la fiesta no pasaría de ser folclórico si no fuera porque la quinta Vaccarezza pertenece al CEAMSE —hoy presidido ni más ni menos que por Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la AFA—. Es justamente uno de los organismos que el juzgado de Rodríguez debe supervisar en el marco del Riachuelo. En los pasillos, ese gesto se interpreta como la mejor radiografía de su sociabilidad política: un juez que circula suelto de cuerpo entre funcionarios, comisarios y empresarios, incluso en espacios donde los límites institucionales deberían ser nítidos.

A ese ecosistema, según pudo saber elDiarioAR, también se suma su vínculo de larga data con la Policía Bonaerense. Diversos funcionarios lo describen como un “nodo estable” entre la justicia federal del oeste y los mandos de la fuerza provincial. No se trataría de subordinación sino de intercambio: información, territorios, investigaciones cruzadas, contención política.

Ese mismo perfil es el que explica su cercanía con el peronismo municipal, cuya estructura policial y política se entrelaza con muchos de los expedientes que pasan por Morón. En 2013, una investigación por corrupción desnudó un circuito paralelo de favores entre mandos de la Policía Federal, estudios jurídicos privados y sectores de la justicia federal del conurbano.

Instruida por el juez Juan Ramos Padilla, la causa expuso la fluidez de esos vínculos y reveló que el comisario Marcelo Emilio Pecorelli negociaba defensas, agilización de expedientes y contactos judiciales a cambio de dinero, y que en ese esquema habría incorporado al hijo de Rodríguez a su estudio jurídico. Las escuchas registraron conversaciones donde el magistrado aparecía gestionando vínculos con intendentes y empresarios investigados por ACUMAR, mientras que Sebastián intervenía en causas sensibles.

El juez y el nuevo ecosistema de inteligencia bajo Milei

La reaparición pública, involuntaria, de Rodríguez ocurrió en un momento en el que su nombre ya circulaba, en voz baja, en otra esfera de poder: la del reordenamiento de la inteligencia durante el primer año de gobierno de Javier Milei. En ese mundo, donde los rumores operan como moneda corriente y las lealtades rara vez son lineales, el apellido Rodríguez volvió a escucharse en noviembre de 2024, cuando la Casa Rosada buscaba redefinir el mando de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE.

Antes de que el contador —y hoy flamante Señor 5— Cristian Auguadra fuera finalmente designado al frente del área encargada de auditar al propio aparato de inteligencia, una de las versiones que circuló con fuerza señalaba al juez como candidato a ese puesto. En Balcarce 50 y en el ecosistema de espías retirados y activos, la hipótesis no sonaba descabellada: Rodríguez, moronense como Auguadra, tenía una larga relación con sectores de la Bonaerense, vínculos fluidos con operadores judiciales que frecuentan sus asados y un historial de contactos con áreas de seguridad que, para algunos, lo convertían en un “puente natural” hacia la estructura más sensible del Estado.

Un año después, otro episodio volvió a ponerlo sobre el tapete: la sospecha de que un abogado cercano a Rodríguez habría participado en el operativo nocturno frente a la casa del ahora extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, en el momento más delicado de la interna del organismo. Desde entonces, la pregunta circula con mayor insistencia: ¿qué lugar ocupa el juez en el entramado de influencias que se teje alrededor del gobierno de La Libertad Avanza? ¿Es un magistrado que orbita ocasionalmente la inteligencia, o un operador con más peso del que figura en los organigramas?

En la lógica del gobierno de Milei, donde las lealtades se recalibran de forma constante y las internas definen quién cae y quién asciende, la figura de Rodríguez reapareció como un eco de otra época. La historia reciente de Milei sugiere que eso nunca es casual. Y que el silencio del juez, lejos de disipar versiones, funciona como confirmación involuntaria de que su sombra, para bien o para mal, sigue proyectándose sobre algunos de los rincones más delicados del Estado.

PL/MG

La designación de Cristian Auguadra al frente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no sólo abrió una nueva etapa en el organismo: también reactivó preguntas incómodas sobre su pasado societario. Mientras el Gobierno intenta instalar la idea de una “profesionalización” y una “limpieza” interna, vuelven a la superficie los vínculos que Auguadra mantuvo durante años con Ángel Stafforini, el contador de José Pedraza involucrado en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, y reaparecen ahora con la llegada de Diego Valdiviezo, otro socio suyo, a la jefatura de la División de Asuntos Internos (DAI).

Según fuentes del oficialismo, esta última designación no tuvo margen para el suspenso. “Lo eligió Cristian, trabajaron juntos durante años y es una persona de su confianza”, explicaron, en un intento de encuadrar el movimiento como un reacomodamiento lógico en la nueva estructura. El discurso político se alineó con el mensaje formal que difundió la central a través de un comunicado, que subrayó la experiencia contable de Valdiviezo y lo definió como un activo para “fortalecer” los mecanismos de control interno en el marco de la etapa de “modernización institucional” encabezada por Auguadra.

Pero la narrativa técnica choca con un dato que vuelve a ganar relevancia. En 2012, tanto Auguadra como Valdiviezo fueron socios en la firma de servicio de transporte West Transfer SRL junto con Stafforini, un exvicepresidente de Belgrano Cargas señalado hoy como uno de los participantes en la maniobra para manipular el sorteo judicial de la causa Ferreyra. La información figura en el Boletín Oficial y la reconstruyó en primera instancia Luciana Bertoia en Página/12.

La relación societaria entre Auguadra y Valdiviezo no se habría agotado ahí. En 2021, ambos también conformaron Cerrito Broker SRL, dedicada a la administración de inmuebles, esta vez junto a Héctor y Ezequiel Hermida, según reveló Camilo Cagnacci en el sitio Sección País. Como si fuera poco, uno de ellos fue expulsado de Ferrocarril Oeste en 2005 por irregularidades en una transferencia de 1,5 millones de pesos. Son vínculos que se suman y que contrastan con la retórica oficial sobre la “transparencia” y el “fortalecimiento institucional” de un organismo que arrastra décadas de opacidad, disputas internas y desvíos operativos.

Un testigo clave

La causa en la que está implicado Stafforini comenzó a ser juzgada en agosto pasado por el Tribunal Oral Federal N°8 y expone con crudeza la dimensión de aquel intento de soborno. El expediente reconstruye cómo, entre diciembre de 2010 y febrero de 2011, un grupo integrado por exfuncionarios judiciales, directivos de Belgrano Cargas y operadores vinculados a la Unión Ferroviaria montó una operación para manipular el sorteo que iba a definir qué sala de la Cámara de Casación revisaría el caso del crimen de Mariano Ferreyra.

Los tribunales federales investigan la reunión de 50.000 dólares para direccionar el sistema informático hacia un grupo de jueces considerado favorable a los intereses del hoy fallecido Pedraza. La acusación sostiene que el objetivo era claro: garantizar una resolución que permitiera revocar los procesamientos por el asesinato del joven militante del Partido Obrero. La causa reconstruyó intercambios telefónicos, movimientos bancarios y encuentros en cafés del microcentro donde se negoció el pago, y ubicó a Stafforini como uno de los nexos financieros dentro de la trama que articuló a operadores judiciales y dirigentes ferroviarios.

En el marco de este juicio oral, una escena reciente llamó la atención de quienes siguen el debate: se vio a Antonio “Jaime” Stiuso tomando un café junto a uno de los agentes de inteligencia que declaró como testigo clave, el mismo que intervino en la investigación que permitió detectar el supuesto circuito del dinero. La presencia en Comodoro Py del exdirector de Operaciones de la SIDE kirchnerista reavivó las lecturas sobre los respaldos y tensiones que se mueven alrededor de un caso que vuelve a tocar fibras sensibles del sistema judicial.

Ese testigo ratificó ante el TOF 8 que los fondos provenían de la Unión Ferroviaria y eran retirados en el banco por el propio Stafforini y una exdirectora suplente de Belgrano Cargas, Susana Planas. El seguimiento operativo estuvo en manos del equipo encabezado por Hugo García, por entonces mano derecha de Stiuso. Según reconstruyeron personas al tanto de aquella investigación, la SIDE logró documentar gran parte de la maniobra a través de intervenciones telefónicas, aunque algunos agentes aún cuestionan que el procedimiento se haya cortado antes de conocer el destino final del maletín. “Tendrían que haber esperado un poco más”, repiten puertas adentro. Sospechan que pudo haber habido una estrategia para evitar saber realmente a dónde iba el dinero.

Espionaje gatopardista

La llegada de Diego Valdiviezo, un contador de 48 años, a la DAI —el área encargada de investigar al personal, instruir sumarios y supervisar la legalidad de los procedimientos— completa el cerco de control del universo de Santiago Caputo sobre los eslabones más sensibles de la SIDE. Su rol no es menor: desde ese lugar deberá monitorear la conducta interna en medio de una purga que ya dejó afuera a 130 empleados de la gestión Neiffert y que anticipa una depuración selectiva del plantel.

Según la versión oficial, el perfil técnico de Valdiviezo permitirá “ordenar” y “corregir desórdenes administrativos”. Puertas adentro, la lectura es menos lineal. “Es un hombre de ellos, veremos si viene a ordenar o a garantizar que todo siga igual”, admitió un funcionario de carrera. Otro fue más aún más escéptico: “Hablan de transparencia, pero los nombres no acompañan”.

La SIDE ingresa así en una fase donde el discurso modernizador convive con antecedentes empresariales que tensan la promesa de renovación. La pregunta que se escucha en los pasillos resume esa inquietud: si el Gobierno busca limpiar el organismo, ¿qué significa que la tarea quede en manos de quienes compartieron sociedades con un hombre juzgado por intentar manipular la justicia en una causa emblemática?

A esa tensión se suma otro elemento que inquieta a los cuadros de carrera: la concentración de poder en un esquema compuesto por dos figuras sin experiencia operativa ni recorrido dentro del sistema de inteligencia. Tanto Auguadra como Valdiviezo llegan desde afuera, sin haber construido autoridad interna, una combinación que puede generar resistencias en un organismo habituado a medir cada gesto, cada jerarquía y cada línea de mando real o simbólica.

En paralelo, el reordenamiento no despeja las dudas sobre el rumbo estratégico del organismo. La ampliación presupuestaria reciente y a la instalación de un nuevo núcleo de confianza de Caputo, convive con un vacío: no está claro si la SIDE avanza hacia un rediseño institucional o si simplemente atraviesa una etapa de consolidación política. En ese escenario, la dependencia de figuras sin trayectoria en inteligencia revive una vieja preocupación de “la Casa”: que el mando formal no logre traducirse en conducción efectiva, repitiendo el problema que terminó por desgastar y eyectar a Sergio Neiffert.

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A media mañana del miércoles, en el edificio de 25 de Mayo 11, varios empleados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) descubrieron que sus huellas dactilares ya no abrían las puertas. El mensaje era inequívoco: estaban despedidos. La purga alcanzó a 130 funcionarios de la gestión de Sergio Neiffert, el ahora ex Señor 5 cuya salida el Gobierno anunció el martes y que ayer quedó formalizada con la designación de Cristian Auguadra, contador con vínculos históricos con la familia de Santiago Caputo. El recambio fue inmediato: el personal que había llegado con Neiffert quedó fuera en cuestión de horas, en lo que en el organismo ya describen como un movimiento quirúrgico para desmontar su estructura interna.

La magnitud del operativo dejó un clima de shock dentro de la SIDE, pero no necesariamente de desorientación. Según coincidieron ante este medio fuentes con recorrido en la central, el organigrama permanecería prácticamente igual. La nueva conducción no moverá a las figuras con trayectoria ni alterará las áreas estratégicas. “Todo va a continuar así, pero habrá que trabajar mejor”, resumieron cerca de una figura que conservó su puesto. Otro agente, más directo, apuntó que “había gente sin experiencia ni criterio; esto ordena”. El mensaje interno, al menos por ahora, es continuidad con depuración selectiva.

Auguadra fue visto el martes en la Casa Rosada, pocas horas antes de que se anunciara su nuevo cargo. Su presencia reforzó la idea de que su desembarco fue diseñado en el corazón de la conducción libertaria. Al día siguiente, reapareció, pero acompañado por el subsecretario administativo del organismo José Francisco Lago Rodríguez. Para algunos fue la confirmación de que las redes internas siguen activas. Para otros, un recordatorio de que el reordenamiento aún no está del todo cerrado.

El desplazamiento de Neiffert no fue repentino. Como reveló elDiarioAR, la noche en que se le pidió la renuncia tuvo como protagonista no solo a Lago Rodríguez, sino también al propio Auguadra, en ese momento al frente de la Divisón de Asuntos Internos (DAI). Ambos se presentaron en el domicilio del por entonces titular de la SIDE, el pasado 7 de noviembre, para transmitirle la decisión política que ya estaba tomada, pero todo terminó en escándalo. El episodio, que dejó al descubierto el deterioro total de la relación de Neiffert con Caputo, marcó el principio del fin para un jefe de inteligencia que había empezado a moverse por cuenta propia, a abrir canales paralelos y a reunirse con Karina Milei sin informar a quien lo había impulsado.

Su salida se produjo en paralelo a una ampliación presupuestaria de más de $26.000 millones para la SIDE, un refuerzo que el Gobierno atribuyó a la reconducción presupuestaria pero que dentro del organismo fue leído como parte de la misma reconfiguración política en marcha. No es casual que ocurriera justo cuando el nombre de Auguadra ascendía: elDiarioAR ya había puesto la lupa sobre él el domingo pasado, cuando sus movimientos internos anticipaban un nuevo equilibrio de poder.

Pulseada interna

Pese a la conmoción inicial, la SIDE transita una transición que, en apariencia, busca más estabilidad que ruptura. La instrucción no escrita es ordenar, no refundar. “El problema no era la institución, sino quienes no entendían dónde estaban”, justificó un viejo agente que participó de múltiples gestiones. Por eso, las distintas agencias conservarían a sus responsables.

En el plano político, el entorno de Caputo intenta instalar que el desplazamiento de Neiffert confirma que mantiene el control pleno de la inteligencia y que desbarató una supuesta “operación mediática” motorizada por el ala karinista. Pero lo cierto es que el plan de desembarco de la hermanísima y los primos Menem en la SIDE ya estaba en marcha, solo que no llegó a efectivizarse. Un desenlace distinto al ocurrido en otras áreas sensibles del Estado, donde la secretaria general de la Presidencia avanzó sin resistencia efectiva y expuso los límites de la capacidad de incidencia del asesor presidencial.

Ese contraste dibuja el escenario que deberá administrar Auguadra: un organismo que se depura pero no se reestructura, un asesor presidencial que recupera terreno pero pierde espacio en otras zonas del Gobierno, y una interna libertaria donde el poder cambia de manos más rápido que los organigramas.

En ese contexto, el interrogante final es inevitable. Aunque llegue con respaldo político y conocimiento interno, Auguadra también carga con el riesgo que marcó el declive de su antecesor: ser un titular de la SIDE sin experiencia en inteligencia, sin la cintura que exige el ecosistema y sin una autoridad consolidada frente a cuadros que sobreviven a todos los gobiernos. En esas condiciones, Javier Milei podrá haber cerrado un conflicto, pero no necesariamente la dinámica que lo produjo. Y acaso, en germen, el nuevo jefe ya enfrente el mismo problema que terminó sepultando al anterior.

PL/CRM