Una foto el 8 de marzo en el cementerio de Queens disparó el mayor escándalo del segundo año del gobierno de Javier Milei. Este sábado, 110 días después, Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete. En el medio: una esposa en el avión presidencial, una frase viral, dos jubiladas que le financiaron casi sin intereses un departamento, una casa en un country que nunca declaró, y un pendrive con medio millón de dólares en bitcoins que “perdió y luego encontró”. El patrimonio de Adorni creció más del 2.000% en dos años. La justicia lo puso bajo la lupa y la presión política terminó finalmente con su carrera política.

El detonante: la foto en la tumba del Rebe

En marzo de 2026 Milei viajó a Miami y Nueva York para la “Argentina Week”, una semana de encuentros con empresarios e inversores. En la comitiva que abordó el avión presidencial ARG-01 iba Manuel Adorni, entonces jefe de Gabinete, y a su lado viajaba Bettina Angeletti, su esposa.

El 8 de marzo, la delegación argentina rindió homenaje en la tumba del Rebe de Lubavitch, en Queens. Miguel Steuermann, director de Radio Jai, tomó una foto. En ella aparece Adorni y a su lado, una mujer rubia: era Angeletti. La imagen circuló, fue identificada, y se convirtió en el primer eslabón de una cadena que no paró.

La pregunta era sencilla: ¿quién pagó el vuelo de la esposa de un funcionario que no ejerce ninguna función oficial?

“Vine a deslomarme”

Acorralado por la presión política, Adorni intentó explicarse con Eduardo Feinmann. La frase que eligió para justificar la presencia de Angeletti en el viaje se transformó en tendencia de inmediato:"Vine a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe”.

Las redes sociales y los memes hicieron el resto. Al día siguiente, Adorni se retractó: había sido “una frase desafortunada” y “la palabra no debió ser 'deslomarse'”. El daño ya estaba hecho.

En paralelo trascendió otro viaje incómodo: Adorni había tomado en Carnaval un jet privado a Punta del Este junto a Marcelo Grandio, periodista con vínculos comerciales con el funcionario y con programas en la TV Pública.

Country y jubiladas

Diez días después de la foto, el 19 de marzo, Adorni quedó más acorralado con datos nuevos: en las expensas del lote 380 del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, figuraba el nombre de Bettina Angeletti, pagando cerca de $700.000 por mes. Una casa en un country que vale en promedio US$150.000 y que Adorni no había incluido en ninguna de sus declaraciones juradas.

Mientras ya avanzaba una causa por enriquecimiento ilícito en la fiscalía de Gerardo Pollicita, comenzó a conocerse la trama detrás de la compra del departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito, donde vive Adorni con su familia. Lo había adquirido en noviembre de 2025 por US$230.000.

Lo llamativo no era el precio sino cómo lo había pagado: casi el 90% del valor —US$200.000— lo financiaron las propias vendedoras: Beatriz Viegas, jubilada de 72 años del barrio de Flores, y Claudia Sbabo, de 64, no solo le vendieron el departamento a Adorni sino que también actuaron como acreedoras de la hipoteca con la que el jefe de Gabinete completó la compra. Sin intereses. En 12 cuotas.

Adorni compró ese departamento sin haber vendido el anterior, el que tenía en el barrio de Parque Chacabuco y que aún sigue en venta. Tampoco había vendido el departamento que declaraba en sus DDJJ originales en La Plata. Así acumulaba tres propiedades a la vez mientras asumía la Jefatura de Gabinete.

Y había más datos: el inmueble de Parque Chacabuco también tiene hipoteca. Otras dos mujeres le prestaron US$100.000 adicionales sobre ese inmueble, en noviembre de 2024.

El 15 de abril de 2026, Viegas y Sbabo declararon ante la justicia en Comodoro Py. Ambas dijeron cobrar la jubilación mínima de $350.000. Semanas después declaró el hijo de una de ellas: según su relato, fue quien gestionó la venta a Adorni porque tiene una relación de amistad. Aseguró que el trato incluía otros US$65.000 que nunca quedaron documentados.

El 28 de marzo el fiscal Pollicita formalizó la imputación de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. La causa en el juzgado de Ariel Lijo apuntaba a las inconsistencias entre su estilo de vida y lo que había declarado ante la Oficina Anticorrupción.

La ruta del dinero

El derrotero patrimonial de Adorni es, en sí mismo, la historia del escándalo. Cuando asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023, sus bienes declarados sumaban apenas $4,4 millones. Un hombre austero, según esa imagen. Lo que vino después desmiente esa imagen punto por punto.

En su declaración jurada anual por 2023, presentada en noviembre de 2024, informó un patrimonio que pasaba de $11,6 millones a $61 millones al cierre del año. Pero cuando empezó a ser investigado, presentó una rectificación de esa misma declaración —a inicios de junio de 2026, con la causa ya abierta— en la que el valor inicial saltó a $131 millones y el cierre a $515,5 millones.

Para el período 2024 ocurrió algo similar: declaración original, $12,4 millones netos. Rectificación: $570 millones. Un aumento de más del 4.500% en el mismo documento, del mismo año, presentado mientras la causa judicial ya corría.

La declaración 2025, publicada el 11 de junio de 2026, cerró el cuadro: $944,5 millones en total. El aumento patrimonial declarado entre 2023 y 2025 supera el 2.241% nominal. Según Chequeado, las rectificaciones implicaron “blanquear” un aumento real superior al 400%.

Adorni tardó 35 días en presentar la que había prometido “en forma inminente”. Cuando lo hizo, el 10 de junio, eligió la televisión para dar la explicación antes de que los papeles llegaran a la Oficina Anticorrupción. Según su relato, el crecimiento sideral de su patrimonio se explicaba por inversiones en bitcoin guardadas en un pendrive físico que había “perdido y luego encontrado”. El dispositivo contenía, dijo, activos por cerca de 500.000 dólares. También admitió, en la misma entrevista, que había tenido dinero sin declarar: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”.

El final

En la semana que pasó la oposición sumó presión sobre Adorni buscando reactivar en la Cámara de Diputados una interpelación al funcionario, pero no hubo quórum por un acuerdo entre el oficialismo y sus aliados, lo que terminó en un quiebre en el PRO de Mauricio Macri. La ofensiva entonces iba a sellarse la semana próxima, luego de que Pollicita ordenara nuevas medidas de prueba y pidiera información a Binance, Lemon Cash, ARCA y al country Indio Cuá. Quería tener todo listo para pedir la indagatoria del funcionario posiblemente antes del receso judicial de invierno .

Pero el desenlace se aceleró este sábado 27 de junio: Milei regresó de España y se reunió con Adorni en la Quinta de Olivos. A las 19 —horas antes del partido de la Selección Argentina contra Jordania en el Mundial— se confirmó la salida. Diego Santilli asumiría como nuevo jefe de Gabinete.

En la semana más delicada desde que quedó envuelto en la controversia por su patrimonio no declarado, Manuel Adorni intentará exhibir una imagen de respaldo político dentro del oficialismo. A partir de las 11, el jefe de Gabinete recibe en la Casa Rosada a los 21 senadores de La Libertad Avanza en una serie de encuentros escalonados que, oficialmente, tendrán como objetivo discutir la dinámica parlamentaria del segundo semestre. Extraoficialmente, la intención es bastante más urgente: reforzar la defensa interna ante la sesión del jueves, en la que la oposición buscará aprobar una interpelación en su contra y dejar encaminada una eventual moción de censura.

La convocatoria se desarrollará en tres tandas, a las 11, 13.30 y 16, en el despacho que Adorni ocupa en la planta baja de la Casa Rosada. La organización estuvo a cargo del secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los principales articuladores entre el Poder Ejecutivo y el Congreso.

La foto, sin embargo, nacerá incompleta. Patricia Bullrich, presidenta del bloque oficialista en el Senado y una de las voces más críticas hacia Adorni dentro del propio Gobierno, ya anticipó que no participará de la reunión. Cerca de la senadora argumentaron que deberá abocarse a la reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 18, donde se definirá la estrategia oficialista frente al intento opositor de avanzar con la interpelación.

La ausencia tiene un peso político particular. No se trata del primer gesto de distanciamiento de Bullrich hacia Adorni. A comienzos de mayo, durante una reunión de gabinete, la exministra de Seguridad había sugerido que el entonces vocero presidencial se apartara temporalmente de la gestión. La semana pasada volvió a cuestionarlo públicamente tras sus explicaciones sobre los 500.000 dólares que reconoció haber mantenido sin declarar y calificó el episodio como “más que un error” y como una “omisión ética”.

En los últimos días, sin embargo, Bullrich moderó su discurso. “El Presidente cree que Adorni dio una explicación razonable”, sostuvo, en un intento por bajar la tensión pública. La contradicción no deja de ser llamativa: la dirigente que más cuestionó la situación patrimonial del jefe de Gabinete es, al mismo tiempo, quien hoy encabeza la ingeniería parlamentaria para intentar evitar que la oposición consiga los votos necesarios para obligarlo a dar explicaciones en el recinto.

La discusión gira alrededor de una cuestión reglamentaria que el oficialismo pretende convertir en una barrera política. Mientras la oposición sostiene que alcanza una mayoría simple para habilitar el tratamiento de una iniciativa sin dictamen de comisión, la Casa Rosada insiste en que son necesarios los dos tercios de los presentes. La reunión de Labor Parlamentaria de este martes buscará justamente reabrir esa discusión.

Poroteo

El poroteo que hacen en Balcarce 50 alimenta cierto optimismo. La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y apuesta a sumar a los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, además de la radical Silvana Schneider. Con apenas un aliado adicional, el oficialismo llegaría a 25 votos, un número que consideran suficiente para bloquear el avance opositor.

Este martes, el Gobierno ya consiguió una primera victoria política en Diputados, donde la oposición no logró reunir el quórum necesario para abrir una sesión especial destinada a debatir una eventual interpelación y una moción de censura contra Adorni. La ausencia del PRO, la UCR y los bloques provinciales que habitualmente acompañan al oficialismo terminó por frustrar la ofensiva y confirmó el acuerdo político que Martín Menem venía tejiendo desde hacía horas.

A cambio de no bajar al recinto, el oficialismo se comprometió a habilitar desde la próxima semana la comisión de Asuntos Constitucionales para discutir allí el procedimiento y los alcances de una eventual interpelación. La maniobra les permitió a todos ganar algo: los libertarios obtuvieron tiempo para intentar descomprimir la crisis y preservar su agenda legislativa, mientras que los aliados evitaron quedar alineados con una avanzada impulsada por el kirchnerismo y asumir el costo político de precipitar la caída del jefe de Gabinete.

La jugada de Menem tuvo, además, un objetivo adicional: despejar el camino para la sesión de este miércoles, donde el oficialismo intentará aprobar dos proyectos que considera prioritarios, el denominado súper RIGI y el acuerdo para saldar con 171 millones de dólares los últimos litigios pendientes con los fondos Bainbridge y Attestor derivados del default de 2001.

La maniobra funciona como un mensaje hacia el Senado, donde la discusión pasó a centrarse también en la interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula la eventual remoción de un jefe de Gabinete.

En la Casa Rosada insisten en presentar la convocatoria a los senadores libertarios como un simple encuentro de coordinación legislativa. Sin embargo, el contexto le otorga otro significado. Adorni acaba de desprenderse de la vocería presidencial y atraviesa el momento de mayor fragilidad política desde que desembarcó en la Jefatura de Gabinete. Lo que ocurra esta semana en el Congreso servirá para medir algo más profundo que una correlación de fuerzas parlamentarias: hasta dónde llega la voluntad del oficialismo de seguir blindándolo.

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“El Gobierno tiene una semana para resolverlo ahora”, murmuró, irritada, Patricia Bullrich antes de abandonar el Senado. La rodeaban sus colaboradores más cercanos, que corrían detrás de ella para enterarse del detalle de la negociación con los senadores que permitió postergar una semana la moción de censura contra Manuel Adorni. Bullrich le había obsequiado a Javier Milei un regalo envenenado, un ultimátum: el Presidente tenía hasta el miércoles 24 para echar al jefe de Gabinete o sus aliados en la UCR y el PRO avanzarían con su expulsión desde el Senado. 

La respuesta de Milei tardó 48 horas en llegar y no fue la que sus funcionarios esperaban. En vez de desplazar a Adorni –un reclamo que solo puede pronunciarse a puertas cerradas y en voz muy baja, a riesgo de despertar la ira presidencial–, lo blindó con el nombramiento de un nuevo vocero. La designación de Adrián Ravier para difundir la postura presidencial pretende sortear la parálisis comunicacional que arrastra el Gobierno desde que estalló el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete sin resolver el problema de fondo: la permanencia de Adorni en el organigrama estatal. 

“Adorni no va a renunciar, Milei fue claro. Es responsabilidad del Presidente elegir a su Gabinete”, zanjó el debate uno de sus principales negociadores en Casa Rosada. Ni premios consuelo en embajadas ni elusivos pedidos de licencias hasta que la tormenta pase: Milei está decidido a sostener a Adorni y prefiere esperar a que el Congreso lo eche antes que aceptarle la renuncia. Amenaza, incluso, con volver a recontratarlo si la oposición es exitosa. 

Milei provoca a los aliados y advierte que prefiere estrellarse contra la pared antes de ceder ante las presiones de Bullrich o Mauricio Macri. Una lógica del juego de la gallina que sus negociadores más pragmáticos –la línea política interna encarnada en Martín y Lule Menem, Diego Santilli, Ignacio Devitt y la propia Bullrich– buscarán matizar en la próxima semana, presionando y seduciendo a gobernadores y aliados en el PRO y la UCR para evitar que el Congreso expulse, por primera vez en la historia argentina, a un jefe de Gabinete. 

Primer desafío: el Senado

Fue el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, quien selló la sentencia de muerte. “Tiene el boleto picado”, aseguró el senador misionero, apenas unas horas después de acordar con Bullrich la semana de sobrevida para Adorni. Una advertencia para Milei que, sin embargo, responde a una lógica aritmética: con el apoyo del PRO, al menos 9 de los 10 senadores de la UCR –la chaqueña Silvana Schneider tiene mandato, por ahora, de no hacer enojar a los Milei–, los 28 senadores del peronismo y los provinciales de Salta (Flavia Royón), Corrientes (“Camau” Espínola) y de Santa Cruz (José Carambia y Natalia Gadano), la oposición cuenta con al menos 43 senadores para expulsar a Adorni. 

El Gobierno deberá hacer frente a dos votaciones distintas. Primero, el 25 de junio, el Senado abrirá el recinto para debatir el pedido de interpelación y, a su vez, la moción de censura contra Adorni. Se requieren al menos 37 votos y, si se aprueba, el jefe de Gabinete tendrá siete días para presentarse ante el Senado y dar explicaciones. Esa será la segunda etapa, que se llevará a cabo el 2 de julio. Ese día es cuando el Senado definirá si remueve o no a Manuel Adorni. 

La clave de este cronograma, sin embargo, reside en un detalle técnico que Bullrich resolvió en favor de la oposición. Un detalle técnico que pasó desapercibido y que constituye la piedra basal sobre la que se sostiene toda la estrategia opositora. Es decir: una interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional –expresa la facultad del Congreso de remover al jefe de Gabinete– que habilita que el pedido de remoción se debata de manera “operativa”, en el momento, sin necesidad de un dictamen previo. 

Esta interpretación elimina la necesidad de pasar por comisiones en las que el oficialismo tiene mayoría y deja expuesto al Gobierno en el Senado. Es decir, queda sin herramientas para resistirse.

Hubo tres actores clave que habilitaron este mecanismo. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien mantiene un buen vínculo con Bullrich y fue quien la convenció de aceptar esa interpretación del artículo 101 y dejar todo el poder de decisión a una nueva mayoría opositora. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien se reunió con Mayans y le prometió que, si conseguía los 37 senadores para abrir el recinto, ella habilitaría la sesión. Y, finalmente, la propia Bullrich. 

La jefa del oficialismo fue la primera en diferenciarse de Adorni con el objetivo de cuidar su núcleo duro de votantes. Fue la primera en llamar por teléfono a Milei para decirle que tenía que pedirle la cabeza y fue la primera en recriminarle a Adorni, en público, que no hubiera presentado la declaración jurada. Más rápida que Macri, que juega el mismo juego que Bullrich pero con delay, Bullrich hizo equilibrio, se posicionó como una leal con límites, provocó a Karina Milei y salió victoriosa. 

Y, cuando el Gobierno le pidió que negociara la postergación de la sesión, Bullrich pudo decir que cumplió, pero con una salvedad: a cambio de una semana de vida, la senadora libertaria le regaló a la oposición la herramienta que le faltaba para destituir a Adorni. 

Segundo desafío: Diputados

Pero la verdadera batalla se dará en la Cámara de Diputados, que también tendrá que debatir la moción de censura de Adorni. Pero con una particularidad: la Cámara baja se rige bajo el imperio de la ley de Martín Menem, quien, a diferencia de Villarruel y Bullrich, es solo leal a Karina Milei. Y cuenta a su favor con un control sobre los aliados que, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, todavía están analizando el plan de acción. 

 “Diputados es el club de fans de Menem. Veremos porque ni el PRO ni la UCR tienen ganas de avanzar, están en el peor de los mundos: si bajan a la sesión son funcionales al peronismo pero si no lo hacen son encubridores de Adorni”, ironiza, molesto, uno de los armadores del peronismo en la Cámara de Diputados que está trabajando en juntar el quórum para la sesión del martes 23. 

Y es que el martes, antes de que se lleve a cabo el debate en el Senado, la oposición buscará sesionar en Diputados para tratar un paquete de proyectos de pedidos de interpelación a Adorni y de mociones de censura. Con el apoyo del bloque de Unión por la Patria, la izquierda, los lilitos de la Coalición Cívica y gran parte de Provincias Unidas, así como los libertarios excomulgados del MID, la oposición calcula unos 120-121 diputados para el quórum. Son necesarios al menos 10 más para poder abrir el recinto, por eso, necesitan que el PRO y la UCR, que están deseosos de avanzar en el Senado, se decidan a hacer lo mismo en Diputados.

Se da una situación paradigmática. En Diputados, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, mantiene una agenda distinta a la del Senado. Ritondo está dispuesto a habilitar el emplazamiento de una comisión para tratar la interpelación de Adorni, pero no mucho más. Hombre de confianza de Milei, con quien se ha juntado a cenar en varias ocasiones, Ritondo tiene un solo objetivo y es que Santilli sea el candidato a gobernador por LLA en la Provincia de Buenos Aires. Y cada movimiento que haga, durante lo que resta del año, dialogará con ese objetivo. 

En paralelo, Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, sostiene que Adorni no puede ser jefe de Gabinete “ni un día más” y presiona para expulsarlo. Pero su postura no es compartida por todo el bloque PRO, que se encuentra dividido respecto a si participar o no de la sesión del martes. “Nosotros no podemos acompañar una moción de censura porque todos nuestros votantes piensan que somos lo mismo, ¿quién va a entender esa diferenciación?”, advierte un peso pesado del PRO bonaerense. 

El PRO dará el debate interno el lunes, así como la UCR, con la que busca coordinar una posición común. La incógnita no es solo si dar quórum o acompañar los pedidos de interpelación a Adorni, sino algo más técnico: la discusión que Bullrich saldó a favor de la oposición en el Senado volverá a repetirse en Diputados y la postura que adopte el PRO y la UCR será lo que defina el futuro de Adorni. 

Si los aliados del Gobierno exigen, como quiere Menem, que los proyectos pasen primero por las comisiones, la moción de censura morirá en el debate parlamentario: el oficialismo tiene mayoría en todas las comisiones y la oposición no podrá nunca conseguir dictamen para llevarlo al recinto. Sin dictamen, la oposición necesitará dos tercios para aprobar la expulsión de Adorni, un número imposible de conseguir. 

Si los aliados aceptan, en cambio, la postura de Bullrich de la Constitución, la oposición tiene una chance de expulsarlo. El futuro de Adorni depende, finalmente, de una interpretación técnica del artículo 101 de la Constitución Nacional.

MCM/MG

“Si tenemos 37 votos y voluntad política, el jueves el tipo se va”, promete, entusiasmado, un senador del peronismo antes de entrar a su despacho para empezar a porotear los votos para la moción de censura contra Manuel Adorni en la sesión del jueves. El jefe de Gabinete no tiene quién lo defienda en el Senado: el PRO, por orden de Mauricio Macri, decidió soltarle la mano, el radicalismo propone salidas elegantes y Patricia Bullrich no tiene interés en inmolarse por Adorni. El funcionario está solo. 

El mensaje de Bullrich fue el disparo de largada. Horas después de que la senadora libertaria saliera a calificar, el mismo día de su cumpleaños, que Adorni había incurrido en una “omisión ética” al no declarar más de 565 mil dólares cuando ingresó al Gobierno, el resto de las fichas fueron cayendo detrás de ella. El PRO salió a cuestionarlo con dureza –con tres comunicados distintos–, y le siguió la UCR. Los ex socios de Juntos por el Cambio, de a poco, empezaron a allanar el camino para el golpe final: acompañar la moción de censura que impulsa el peronismo.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete puede ser removido por el Congreso. No por un juicio político, no por una decisión del presidente, sino por el voto de las dos cámaras. Ese mecanismo, incorporado en la reforma constitucional del 94’, se llama moción de censura. Consta de dos etapas: primero la interpelación, que tiene como objetivo que el jefe de Gabinete vaya a dar explicaciones al recinto, y luego la moción de censura, que es cuando se vota, por mayoría absoluta (la mitad más uno), la expulsión del funcionario. 

Nunca el Congreso expulsó a un jefe de Gabinete, pero Adorni podría ser el primero. El Gobierno advierte esta amenaza y es por eso que le indicó a Bullrich que, si ve que resulta imposible desactivar la avanzada opositora, apunte a postergar la sesión del jueves, en la que se iba a tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pero tiene un problema: la sesión ya fue convocada, el miércoles a las 18 hay una reunión de labor parlamentaria y el peronismo, si así lo quiere, puede forzar que haya una sesión al día siguiente, aún con la resistencia del oficialismo. Solo necesita tener 37 senadores presentes. 

El apoyo de Villarruel

El mayor problema del jefe de Gabinete es que no tiene aliados en el Senado. La presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, admite en público y privado que la defensa de Adorni es un “bochorno” y está dispuesta a avalar la embestida opositora si cuenta con la mayoría necesaria. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, ya conversó con ella.

El apoyo de la vice es clave, porque el peronismo quiere avanzar con la moción de censura vía una resolución que no requiera ser dictaminada antes. Es una discusión técnica, pero fundamental: si Villarruel insiste en que tiene que haber un dictamen antes, como reclama Martín Menem en la Cámara de Diputados, la oposición necesitaría alcanzar los dos tercios del recinto para poder avanzar en la moción de censura. O convocar a un debate en comisión, en donde el peronismo es minoría, y conseguir antes un dictamen. 

En cambio, si logra avanzar con la mayoría absoluta de 37 senadores, el camino para la aprobación de la moción sería mucho más expeditivo. La resolución se somete a votación, se aprueba con la mayoría absoluta y se establece que, en 7 días, Adorni tiene que ir a dar explicaciones al Senado. Ese día, luego de la interpelación, los senadores pueden votar si lo echan o no. Si la oposición consigue 37 votos, el tema gira a la Cámara de Diputados, que ya convocó a una sesión para el 23 de junio.

Villarruel, desde que asumió como vice, se valió de su perfil institucional en el Senado para resistir a los embates de su propio Gobierno. Se preocupa por no incurrir en “ilegalidades” y trabaja para consolidar un perfil político diferenciado al de Milei, más amigo del institucionalismo y de la división de poderes. Como el PRO y ahora Bullrich, la vice aprovecha estos roces “republicanos” con el Gobierno para consolidarse de cara al 2027. Lo hizo cuando habilitó la sesión que volteó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, y lo hizo cuando se reunió con Verónica Michelli, la candidata a jueza a quien Milei pidió correr por ser cuñada de Hugo Alconada Mon.

La oposición necesita, este jueves, que vuelva a hacer lo mismo. Y la vice está decidida, según quienes dialogaron con ella, a repetir la misma lógica: si hay mayoría, ella habilitará la sesión. 

Sin aliados

El gesto de Villarruel es un reflejo de la actitud del resto de los aliados del oficialismo. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, advirtió el PRO, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el viernes. Durante el fin de semana se fueron sumando otras voces, como la del diputado Fernando de Andreis, el ex secretario de la Presidencia de Macri, que advirtió que el PRO se estaba preparando para competir en 2027 y que la designación de Adorni como jefe de Gabinete había sido un “escándalo”. 

En el Senado, el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling, analiza acompañar la moción de censura, así como también el jefe de bloque de la UCR, Eduardo “Peteco” Vischi. Entre los dos partidos, la oposición puede sumar unos 11 votos más. Si se le suman los 28 senadores que tiene el peronismo y al menos los 3 provinciales que ya advirtieron que Adorni tiene que dar un paso al costado –la salteña Flavia Royon, el correntino “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo–, la oposición cuenta a su favor con unos 42 votos para echar a Adorni. 

“Debería irse, le haría bien al país”, deslizan desde la bancada radical, en donde aún esperan, como en el PRO, que el Gobierno mueva primero y le pida la renuncia a Adorni. Milei, sin embargo, está decidido a mantenerlo en el cargo y, una vez más, jugará al juego de la gallina en el Congreso: forzará hasta último momento la situación, intentará negociar con los gobernadores y, cuando llegue el momento, festejará un triunfo o denunciará el golpismo del Congreso. No hay un término medio. 

Bullrich, por si acaso, está intentando conseguir más tiempo. La senadora no esconde su animadversión por Adorni –a quien desprecia desde que tuvo que hacer campaña con él en la Ciudad–, pero sabe que no puede enemistarse públicamente con los hermanos Milei si quiere un futuro político en 2027. “Ya va a venir a dar el informe de gestión el mes que viene”, intentó convencer a los senadores del peronismo, sin suerte. 

El miércoles, todos los jugadores se reunirán en el despacho de Villarruel para tomar una decisión. Estarán todos los jefes de bloque opositores y aliados, así como la vice y Bullrich: el futuro de Adorni se definirá en una sala en donde el jefe de Gabinete no tiene un solo amigo.

MCM/MG

Hasta hace tres meses, en la Casa Rosada se discutía cómo fortalecer a Manuel Adorni. Hoy, en cambio, todo gira en torno a quién podría reemplazarlo si la presión judicial y política continúa escalando. La diferencia entre una conversación y la otra ayuda a medir hasta qué punto el caso llegó a una zona de máxima tensión para el Gobierno. Nadie habla de una salida inminente ni mucho menos de una decisión tomada. Javier Milei sigue sosteniéndolo. Pero el hecho mismo de que haya comenzado una silenciosa danza de candidatos a sucederlo revela que la figura del jefe de Gabinete se transformó en un asunto que la Casa Rosada siente que ya no puede administrar indefinidamente.

El nombre que aparece primero en casi todas las conversaciones es el de Pablo Quirno. El canciller reúne varias de las características que el oficialismo considera imprescindibles para el cargo. Tiene perfil técnico, buena relación con los distintos ministerios y, sobre todo, un vínculo fluido con Karina Milei. En Balcarce 50 destacan además su bajo perfil y una cualidad que hoy se volvió especialmente valiosa: no arrastra controversias propias que amenacen con consumir la agenda política del Gobierno.

Sandra Pettovello es otra dirigente que aparece recurrentemente en la danza de nombres. Sin embargo, quienes la conocen descartan que tenga intenciones de abandonar el Ministerio de Capital Humano. La funcionaria conserva un vínculo privilegiado con Milei y mantiene un margen de autonomía poco habitual dentro del gabinete. Pero la Jefatura de Gabinete implica otra dinámica: una subordinación cotidiana mucho más intensa respecto de la hermana del Presidente, la figura que concentra buena parte del poder político del oficialismo. Y Pettovello no parece dispuesta a resignar el lugar que construyó para pasar a administrar el día a día de la secretaria general.

Es que el cargo de ministro coordinador se convirtió en uno de los menos atractivos del organigrama oficial. Exige absorber conflictos ajenos, administrar tensiones internas y quedar inevitablemente expuesto a la dinámica cotidiana del poder. Algunos funcionarios reconocen, incluso, que el principal obstáculo no es encontrar un nombre sino encontrar a alguien dispuesto a asumir un puesto que hoy se percibe como un lugar de enorme desgaste. Esa limitación ayuda a explicar por qué las alternativas son pocas y ninguna termina de generar consenso.

Los hermanos Milei mantienen una postura inalterable: consideran a Adorni “inocente”. Para el Presidente, la discusión debería terminar allí: hasta que la Justicia demuestre lo contrario, el jefe de Gabinete no tiene nada que explicar. La pregunta que nadie termina de responder con precisión es por qué Milei decidió invertir tanto capital político en sostener a Adorni.

¿Se trata únicamente de una cuestión de confianza personal? ¿De la necesidad de proteger a uno de los pocos dirigentes que, aunque haya mentido acerca de su patrimonio, nunca cuestionó una sola decisión del núcleo de poder? ¿O del temor a que una eventual caída sea interpretada como una señal de debilidad? En la Casa Rosada conviven todas esas hipótesis y ninguna termina de imponerse sobre las demás.

Las señales que llegan desde el entorno de Karina Milei, sin embargo, son algo más ambiguas que semanas atrás. Quienes la frecuentan aseguran que el vínculo personal con Adorni permanece intacto, pero también perciben un cambio de actitud. ¿Es verdad que ya no existe la misma vocación por cerrar filas automáticamente cada vez que surge una crítica interna? La prioridad estaría en evitar que la polémica siga condicionando la hoja de ruta oficial.

Por eso, aunque públicamente minimizan el impacto de la controversia, en privado empezaron a aparecer señales de preocupación. Algunos aliados de la UCR y del PRO ya transmitieron un mensaje concreto a Balcarce 50: evitar exponerlos a una eventual interpelación parlamentaria que pueda derivar en una derrota política. “No nos hagan votar esto porque la van a perder”, fue la advertencia que distintos interlocutores hicieron llegar durante los últimos días.

El calendario tampoco ayuda. El 23 de junio aparece como una fecha sensible porque la oposición intentará avanzar en Diputados con una interpelación apoyándose en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a remover a un jefe de Gabinete. La herramienta existe desde la reforma constitucional de 1994, pero nunca fue utilizada exitosamente. El 2 de julio, en tanto, Adorni ya tiene otro compromiso agendado: volverá al Congreso para presentar su informe de gestión, ahora ante el Senado, y, según repiten cerca suyo, piensa hacerlo como si nada hubiera ocurrido.

Esa decisión forma parte de una estrategia deliberada. En la Casa Rosada la describen como una forma de recuperar iniciativa política y escapar de la lógica defensiva en la que quedó atrapado desde marzo. Una fuga hacia adelante. Hay, además, una segunda convicción que atraviesa a todo el oficialismo. En Balcarce 50 están persuadidos de que la controversia no altera en absoluto la principal fuente de legitimidad del Gobierno: la economía. “Va viento en popa”, repiten. Y agregan un argumento que se escucha cada vez más seguido en los despachos oficiales: el patrimonio del jefe de Gabinete no figura entre las prioridades de “lo que verdaderamente le importa a la gente”. Dudoso.

En el fondo, el problema ya no es Adorni en sí mismo, sino el tiempo que el Gobierno está obligado a dedicarle a Adorni. El ministro coordinador, por lo pronto, no parece contemplar un paso al costado. En su entorno prevalece la idea de que su posición institucional le ofrece hoy un margen de protección mayor al que tendría fuera de la gestión. Más que lo que pueda resolver la Justicia, la verdadera incógnita es hasta dónde el Gobierno podrá sostener este equilibrio sin verse obligado a tomar una decisión propia.

PL/MC

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el Jefe de Gabinete puede ser removido por el Congreso. No por un juicio político, no por una decisión del presidente: por el voto de las dos cámaras en conjunto. Ese mecanismo, incorporado en la reforma de 1994, lleva 32 años sin estrenarse. Ninguno de los 19 Jefes de Gabinete que pasaron por el cargo desde 1995 llegó a enfrentarlo. Manuel Adorni podría ser el primero.

El mecanismo tiene dos etapas y están encadenadas. La primera es la interpelación. Cualquiera de las dos cámaras puede citar al Jefe de Gabinete para que comparezca, responda preguntas y dé explicaciones. Para eso alcanza con la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros, es decir, 129 de los 257 diputados, o 37 de los 72 senadores.

La segunda etapa es la moción de censura propiamente dicha, y ahí se necesita el voto favorable de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas cámaras. Se entiende que serían las dos al mismo tiempo. Si Diputados vota a favor pero el Senado no llega al número, el Jefe de Gabinete sigue en su cargo. La remoción, si se produce, es inmediata. No hay período de transición ni plazo de gracia.

En Diputados, la oposición suma en torno a 91 bancas. Con el peronismo impulsando un pedido de sesión especial para el 23 de junio junto a un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la Izquierda, y algunos monobloques, podría haber 115 votos. Faltan 14 para el quórum. En el Senado, el Bloque Justicialista que encabeza José Mayans tiene 33 senadores. Necesitaría cuatro más de bloques provinciales o de la oposición dialoguista para llegar al piso de 37.

El 23 de junio: ¿Día D?

La oposición convocó a una sesión especial para el martes 23 de junio en la Cámara de Diputados. El temario incluye seis proyectos: dos pedidos de informes sobre el patrimonio de Adorni y presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado, y tres proyectos que van al hueso: la interpelación del Jefe de Gabinete como paso previo a la moción de censura.

El primer obstáculo es el quórum. Sin 129 diputados presentes, la sesión no puede abrirse. Los convocantes hoy no llegan solos.

Pero incluso si ese obstáculo se superara, hay un segundo problema: los proyectos de interpelación no tienen dictamen de comisión. Para tratarlos sobre tablas —es decir, sin pasar por comisión— hace falta el voto de los dos tercios de los presentes. Ese número también está fuera del alcance opositor.

Lo que sí puede pasar el 23 de junio es que, si hay quórum, la sesión apruebe el emplazamiento a comisiones: básicamente, forzar a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento —hoy en manos de La Libertad Avanza— a reunirse y dictaminar sobre los proyectos en un plazo determinado. Una vez que haya dictamen, la oposición podría pedir una nueva sesión y en esa instancia sí votaría la interpelación con mayoría simple de presentes.

En síntesis: el 23 de junio es una apertura de juego, no un partido. La moción de censura, si finalmente avanza, no llegaría antes del segundo semestre. Es decir, después del Mundial.

El Senado quiere ir más rápido

Mientras en Diputados el camino se presenta largo, en el Senado el Bloque Justicialista de Mayans impulsa un formato diferente: una sesión única donde se interpele a Adorni y se vote la censura en una sola jornada. La lógica es reducir los tiempos y no darle al oficialismo margen de maniobra entre una instancia y otra.

El oficialismo intentó neutralizar esa presión anunciando que Adorni asistirá voluntariamente al Senado en julio para brindar un informe de gestión. La apuesta es que esa comparecencia descomprima la demanda de interpelación formal y diluya el impulso opositor. Hasta ahora, la maniobra no parece haber convencido a los senadores peronistas.

El PRO y la UCR definen

La oposición dura sola no alcanza. El resultado de todo este proceso depende en buena medida de dos bloques que hasta ahora juegan al borde: el PRO y la UCR.

Ambos partidos emitieron comunicados duros contra Adorni. El PRO dijo que “un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo.” La UCR afirmó que sus declaraciones son “incompatibles con la ejemplaridad” del cargo y que “quien le miente al Congreso no está en condiciones de conducir el Estado.”

Pero los comunicados no son votos. Las dirigencias del PRO y el radicalismo están haciendo sus propios cálculos: muchos creen —y desean— que Adorni no llegará al cargo hasta el 23. En el PRO se habla de “esperar el panorama” antes de definir una estrategia. La UCR, más cerca de acompañar, tampoco confirmó su presencia en la sesión.

Las preguntas sin respuesta que dejó la Constitución

El artículo 101 tiene agujeros porque, en 32 años, nadie los tuvo que resolver en la práctica. El primero: ¿deben interpelar las dos cámaras, o alcanza con una? El texto dice que cualquier cámara puede citar al Jefe de Gabinete, pero también dice que la remoción requiere que ambas voten. ¿Cómo puede votar válidamente la remoción una cámara que nunca escuchó al funcionario? Algunos constitucionalistas, como Félix Lonigro, que escribió una columna en Infobae, sostienen que lo lógico es que ambas cámaras interpelen antes de poder votar la censura.

El segundo: si el Congreso remueve al Jefe de Gabinete, ¿puede el presidente volver a designar a la misma persona? La Constitución no lo prohíbe expresamente.

¿Qué pasa si Adorni es removido?

El Jefe de Gabinete cesa de inmediato. El presidente queda obligado a nombrar un reemplazo —un cargo que recae en la persona que él mismo elija—. Si Milei lo redesignara, la discusión constitucional sobre si eso es válido pasaría a ser el nuevo campo de batalla.

Si no lo redesigna, Adorni termina su ciclo como Jefe de Gabinete. El proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito seguiría de todos modos: la remoción política no tiene efecto sobre la causa penal.

—Ya lo escucharon al Presidente. Al que le guste bien, al que no ya sabe qué hacer.

La frase cayó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada apenas unos segundos después de que Javier Milei abandonara la reunión de gabinete. Acababa de protagonizar una defensa cerrada de Manuel Adorni frente a sus ministros. Ya en su ausencia, el jefe de Gabinete tomó la palabra y dejó ese mensaje sin matices. No era una explicación ni una invitación al debate. Se trataba de una advertencia respaldada por el único aval que realmente importa dentro del oficialismo: el del propio libertario.

La escena ocurrió en una semana particularmente sensible. Era la tarde del 8 de mayo y el clima estaba cruzado por los primeros cuestionamientos acerca de la demora de Adorni en la presentación de su declaración jurada patrimonial, la que finalmente dio a conocer el viernes. Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado y una de las dirigentes con mayor peso político de La Libertad Avanza, acababa de reclamar públicamente que el jefe de Gabinete presentara de una vez la documentación. El planteo generó inquietud en Balcarce 50: la exministra no estaba cuestionando a un funcionario cualquiera. Estaba poniendo el foco en uno de los alfiles predilectos de Karina Milei.

Más de un mes después, la historia está lejos de haber terminado. La declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción mostró una evolución patrimonial significativa: pasó de declarar bienes por $662,6 millones a informar un patrimonio de $944,6 millones al cierre del período. Un crecimiento que, durante la entrevista con LN+ del miércoles por la noche, intentó explicar mediante ganancias obtenidas con bitcoin y ahorros “en negro” acumulados durante años junto a su esposa. Lejos de cerrar la discusión, sus argumentos abrieron nuevas preguntas. Y Bullrich volvió a aparecer en escena.

“Esto es más que un error. Es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, sostuvo la senadora en declaraciones a la agencia NA. Después fue todavía más lejos: “Y ahora será la Justicia la que tendrá que determinar”. La paradoja es que todo esto ocurre alrededor de un dirigente que hasta hace apenas unos meses era mencionado regularmente en las conversaciones internas del oficialismo como una de las opciones más competitivas para encabezar una futura candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Leal a Karina Milei y convertido en una de las caras más conocidas del Gobierno, Adorni parecía reunir varios de los requisitos que La Libertad Avanza necesitaba para construir una oferta electoral competitiva en territorio porteño, como ya había ocurrido exitosamente en las elecciones de 2025.

Ese escenario empezó a desmoronarse en marzo, cuando estalló la polémica por su viaje a los Estados Unidos en el avión oficial junto a su esposa, Bettina Angeletti, y comenzó la investigación judicial que todavía sigue abierta. La transformación tuvo efectos concretos sobre su desempeño cotidiano. Cuando asumió como jefe de Gabinete, el karinismo esperaba que Adorni evolucionara desde su rol de portavoz hacia funciones más clásicas de coordinación política y administrativa. Que ordenara la relación entre ministerios y se transformara en un articulador de la gestión. Sin embargo, desde que estalló la controversia patrimonial, su agenda parece haber quedado empantanada.

La reunión de mesa política del viernes reflejó con bastante precisión esa tensión. Mientras el Gobierno intentaba retomar su agenda legislativa y discutir proyectos como la reforma política, el Super RIGI o la ley de lobby, una parte importante de las conversaciones seguía orbitando alrededor de Adorni. La imagen que trascendió del encuentro buscó transmitir otra cosa: se ve a Patricia Bullrich soplando la vela de cumpleaños 70 rodeada por el resto de la plana mayor oficialista. El detalle es que la torta la había llevado el propio jefe de Gabinete, tal como había anticipado la noche anterior en LN+.

La foto mostró, una vez más, que Adorni conserva un lugar privilegiado dentro del esquema de poder libertario. Pero también dejó en evidencia una paradoja. ¿Cuánto tiempo puede dedicar un jefe de Gabinete a explicar su patrimonio sin que eso termine afectando el rol para el que fue designado? No casualmente, de esa misma reunión surgió la decisión de que vuelva al Senado durante julio para presentar su informe de gestión. En la Casa Rosada lo presentan como una obligación institucional. Otros lo interpretan como un intento de recuperar iniciativa política y escapar, aunque sea por unas horas, de una agenda que desde marzo parece perseguirlo siempre hacia el mismo lugar.

La historia sin fin

El clima al interior del oficialismo está lejos de ser homogéneo. Existen funcionarios que consideran que la situación terminará disipándose y que el respaldo de Milei alcanzará para atravesar la tormenta. Otros creen que la explicación ofrecida por Adorni dejó abiertas más preguntas de las que cerró. Lo que prácticamente nadie discute es que el episodio modificó la dinámica de funcionamiento de la Casa Rosada. Desde marzo, una parte significativa de las conversaciones políticas alrededor del jefe de Gabinete gira menos alrededor de sus decisiones de gobierno que de sus estrategias de defensa.

La situación genera incomodidad ya que la cuestión no es solamente jurídica. Es, sobre todo, profundamente simbólica. Durante los últimos años, el Gobierno hizo del discurso contra los privilegios de la dirigencia tradicional uno de los pilares de su identidad política. En ese sentido, las palabras de Bullrich parecen buscar hablarle a su propio electorado, al expresar su preocupación genuina acerca del desgaste que indefectiblemente tiene una controversia tan prolongada en el tiempo. No fue la única señal en esa dirección. El PRO, por ejemplo, difundió un mensaje breve pero cargado de significado dirigido directamente a Milei: “Queremos que defienda el cambio, no a Adorni”.

En los últimos meses, la Casa Rosada creyó en varias oportunidades que el asunto estaba cerca de quedar atrás. Sin embargo, cada nuevo capítulo terminó reabriendo la discusión. Las burlas que se multiplicaron en redes sociales después de la entrevista en LN+ fueron apenas la última manifestación de un deterioro que se arrastra hace tiempo y sin un fin en el horizonte. ¿Cuántas veces puede un gobierno volver sobre el mismo tema sin que eso termine generando un costo político insalvable?

Los hermanos Milei, por ahora, parecen aferrarse a una convicción simple: considerar inocente a Adorni hasta que la Justicia demuestre lo contrario. Pero cada vez que parece haber encontrado una respuesta definitiva, aparece una nueva pregunta. Cada vez que cree haber cerrado la discusión, la discusión vuelve. En política, pocas cosas erosionan tanto como quedar atrapado en un loop del que no se encuentra una salida convincente.

PL/MG

Anoche, mientras intentaba explicar el origen de su patrimonio en los estudios de LN+, Manuel Adorni se permitió una pausa para hablar de otra cosa. Contó que este jueves pensaba llevarle una torta a Patricia Bullrich por su cumpleaños. La escena buscaba transmitir normalidad en medio de una de las semanas más difíciles desde que llegó al Gobierno. Pero para cuando amaneció en la Casa Rosada, el clima estaba lejos de parecerse al de una celebración. La presentación de su declaración jurada patrimonial, la admisión pública de que durante años mantuvo ahorros “en negro” junto a su esposa y la polémica por la adhesión de ambos al régimen simplificado de Ganancias habían dejado abiertas más preguntas de las que cerraron.

A diferencia de otras crisis recientes, la estrategia desplegada por Adorni durante las últimas horas no fue diseñada por la mesa política libertaria ni coordinada con el núcleo duro que rodea a Javier Milei. Según pudo saber elDiarioAR, la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción y la posterior entrevista televisiva fueron preparadas por un reducido grupo de abogados y contadores ligados al jefe de Gabinete. El dato no pasó inadvertido dentro del oficialismo. Tampoco sus consecuencias.

Las primeras lecturas que circularon este jueves entre funcionarios y dirigentes libertarios estuvieron lejos del entusiasmo. Nadie discute que Adorni sigue siendo uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei ni que conserva, por ahora, el respaldo de la secretaria general de la Presidencia. Sin embargo, la entrevista no consiguió dejar atrás las dudas que sobrevuelan sobre su situación patrimonial. Hay quienes comenzaron a reavivar un debate silencioso que atraviesa desde hace meses a la cúpula libertaria. ¿Quién podría ocupar el lugar de Adorni si la presión judicial o política terminará obligándolo a concentrarse exclusivamente en su defensa?

En la Casa Rosada nadie cuestionó la solvencia con la que Adorni enfrentó la entrevista televisiva, pero se remarcó que la estrategia fue concebida por fuera de los canales habituales de decisión del oficialismo. “Lo que mostró y lo que explicó fue una construcción exclusivamente de su entorno más cercano”, sintetizaron. Para algunos funcionarios, la explicación ayudó a completar el rompecabezas judicial. Para otros, abrió interrogantes políticos que hasta ese momento no existían.

Es que, durante meses, el jefe de Gabinete había insistido en que su situación patrimonial estaba debidamente informada ante los organismos correspondientes. Sin embargo, este miércoles por la noche incorporó nuevos elementos para justificar la evolución de sus bienes, como ganancias obtenidas con inversiones en bitcoin y hasta una herencia y ahorros no declarados acumulados durante años junto a su esposa, Bettina Angeletti.

En ese marco, algunos dirigentes incluso empiezan a observar con otros ojos ciertos movimientos recientes de Karina Milei. Como reveló Delfina Celichini en La Nación, la cena que compartió esta semana con Sandra Pettovello, Martín Menem y otros referentes libertarios en un restaurante de Villa Urquiza fue leída por algunos sectores como una demostración de cohesión interna. Otros, en cambio, la interpretaron como una señal de que la secretaria general ya comenzó a pensar escenarios alternativos.

Por ahora, no obstante, esas especulaciones chocan contra un mismo límite. La propia hermana del Presidente sigue siendo el principal ariete político del jefe de Gabinete. Ninguno de los integrantes de la mesa política salió este jueves a respaldar a Adorni públicamente en las redes sociales, pero tampoco hubo señales de ruptura. Pero si una dirigente tan central para el oficialismo como Patricia Bullrich ya habla de una “omisión ética”, ¿qué ocurrirá si la causa judicial suma nuevos capítulos o aparecen más preguntas sobre el patrimonio del funcionario?

La entrevista en LN+ tenía la intención de cerrar un capítulo. Sin embargo, dentro y fuera del Gobierno existe la sensación de que apenas constituyen el primer movimiento de una estrategia defensiva que todavía no terminó de desplegarse. Si el fiscal Gerardo Pollicita decide profundizar las medidas de prueba o aparecen nuevos interrogantes sobre los movimientos patrimoniales del matrimonio, Adorni deberá encontrar argumentos adicionales a los que ofreció anoche. La incógnita pasa ahora por la capacidad de sostener en el tiempo una explicación que resista simultáneamente el escrutinio de los tribunales, de la opinión pública y de sus propios compañeros de Gobierno.

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Manuel Adorni construyó su carrera entre la consultoría, la docencia universitaria y los medios. Columnista de medios, conductor de su propio programa radial: el perfil del “economista libertario” que lo llevó a convertirse en el vocero más visible del gobierno de Javier Milei. Cuando asumió en diciembre de 2023, declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $25,7 millones de pesos —dos departamentos modestos, un auto y algo de efectivo en pesos—. Sin Bitcoin. Sin dólares significativos. Sin ningún rastro de los ahorros que, según afirmaría dos años y medio después, había acumulado “en negro, como todos los argentinos”.

Desde que asumió Adorni, la Justicia identificó más de US$400.000 en efectivo aplicados a obras de lujo en un country de Exaltación de la Cruz, compras de propiedades y viajes pagados cash en avión privado y clase premium. Mientras tanto, los únicos dólares que figuraban en sus declaraciones —US$42.500— estaban clasificados como “CRÉDITOS”: dinero prestado. Con una hipoteca por US$200.000 de dos jubiladas adquirió el departamento en Caballito donde vive hoy con su familia.

Este 10 de junio Adorni confesó públicamente haber presentado una declaración jurada rectificativa en la que sumaría (aún no está publicada en la web de la Oficina Anticorrupción) US$513.000 en ocho billeteras de Bitcoin, US$79.000 en herencias y las propiedades que había omitido. El mismo día se adhirió al régimen de Inocencia Fiscal, al igual que su esposa Bettina Angeletti una semana antes. La adhesión resuelve parte de la deuda tributaria pero no extingue la causa penal por enriquecimiento ilícito. Ante el Congreso, Adorni ya había invocado el “carácter confidencial” para no explicar de dónde venía el dinero, aunque había dicho que todo estaba declaradop. La línea de tiempo a continuación reconstruye la ruta del dinero Adorni y su trayectoria en los últimos 13 años, desde que comenzó a invertir en Bitcoin.

Después de varios meses de incertidumbre, Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Pero lejos de cerrar la discusión sobre su patrimonio, la abrió todavía más. Horas después de quedar envuelto en una polémica por la adhesión de él y de su esposa al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, el jefe de Gabinete reconoció públicamente que durante años mantuvo ahorros no declarados y atribuyó buena parte de su crecimiento patrimonial a ganancias obtenidas con inversiones en bitcoin.

“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, afirmó este miércoles por la noche durante una entrevista con LN+. La frase tuvo un impacto inmediato en la Casa Rosada. No solo porque llega en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales, sino porque contradice parcialmente algunas explicaciones previas del propio funcionario. En marzo, cuando comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre su patrimonio, Adorni había asegurado que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

La explicación que ofreció ahora fue diferente. Según relató, tanto él como su esposa Bettina Angeletti acumularon durante años ahorros no registrados formalmente como una forma de protegerse de la inestabilidad económica argentina. “Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, sostuvo. Además aseguró que parte de la evolución patrimonial observada por la Justicia se explica por ganancias cercanas a los 300.000 dólares obtenidas mediante inversiones en bitcoin y por una herencia recibida en los últimos años.

La secuencia resultó particularmente incómoda para el oficialismo porque coincidió con la controversia generada por la adhesión de Angeletti y del propio Adorni al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal. Durante toda la jornada, funcionarios y dirigentes libertarios intentaron relativizar la polémica y sostuvieron que no existía ninguna irregularidad. “No hay ninguna ilegalidad”, repetían este jueves en distintos despachos oficiales. El argumento era sencillo: si el propio Gobierno impulsó esa ley para que los contribuyentes utilizaran las herramientas previstas en ella, resultaría contradictorio cuestionar que funcionarios o familiares de funcionarios decidieran hacerlo.

La explicación oficial fue en la misma dirección. Después de que trascendiera la adhesión de su esposa y luego la propia, Adorni transmitió a su entorno una aclaración tajante: “Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo”. Cerca del jefe de Gabinete insistieron en que se confundieron dos instrumentos distintos incluidos dentro de la misma ley. Según esa versión, el matrimonio únicamente adhirió al régimen simplificado de Ganancias, un mecanismo administrativo mediante el cual ARCA confecciona una declaración jurada preliminar que el contribuyente solo debe revisar y validar. “En nuestro caso solo utilizaremos uno de los instrumentos previstos por la ley, el régimen simplificado de Ganancias”, señalaron.

De hecho, la ley que Javier Milei celebró como uno de los mayores logros de su administración y que el propio Adorni describió meses atrás como una norma que “quedará en la historia grande de nuestro país” tiene una particularidad difícil de ignorar: muchos de sus principales defensores fueron también algunos de sus primeros usuarios. Los registros de ARCA muestran que durante los últimos meses un nutrido grupo de funcionarios, asesores y dirigentes cercanos al oficialismo solicitó adherir al régimen, lo que ayuda a explicar por qué dentro del Gobierno existe tan poca disposición a cuestionarlo.

Para buena parte del oficialismo se trata, sencillamente, de una herramienta que está funcionando exactamente como fue concebida. Algunos contadores consultados por elDiarioAR señalaron que el esquema ofrece tres ventajas concretas: simplificación administrativa, un límite a las facultades de revisión de ARCA sobre períodos anteriores y la posibilidad de regularizar determinados bienes o inconsistencias fiscales sin recurrir formalmente a un blanqueo tradicional. Precisamente por eso la adhesión de Angeletti encendió alarmas fuera del Gobierno, aunque dentro de la Casa Rosada predomina la idea de que el debate está políticamente sobreactuado.

Paradoja fiscal

La defensa tiene además un componente ideológico difícil de soslayar. La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada hace exactamente un año en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada y constituyó uno de los proyectos tributarios más ambiciosos de la administración Milei. Aquella tarde, desde el atril, José Luis Espert encabezó la presentación política de la iniciativa. El economista, que por entonces era una de las principales espadas parlamentarias del oficialismo antes de quedar definitivamente corrido del escenario político por las denuncias que lo vinculaban con presuntos aportes provenientes del narcotráfico, reivindicó la reforma en términos casi fundacionales. “Este cambio comienza con un cambio conceptual: no es el argentino el que está en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos. El Estado les puso el arma y el gatillo en la cabeza. Eso se termina con nosotros”, afirmó ante funcionarios, periodistas y con el ministro Luis Caputo sentado en primera fila.

A su lado estaba Juan Pazo, entonces titular de ARCA y principal arquitecto técnico del proyecto. Fue él quien explicó los aspectos más novedosos de la reforma. “Vamos a abandonar el esquema persecutorio de la ex AFIP. A partir de ahora, todos son inocentes hasta que ARCA diga lo contrario”, sostuvo. Pero hubo una frase que hoy, a la luz de la polémica alrededor de Adorni, adquiere una resonancia especial. Al describir las ventajas del régimen simplificado de Ganancias, Pazo aseguró que quienes ingresaran al sistema quedarían protegidos frente a futuras investigaciones patrimoniales.

“Para que se entienda: en el ejemplo extremo, si durante ese ejercicio fiscal una persona compra cinco departamentos, ARCA solo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado”, explicó el entonces titular del ente recaudador. Y remató con una definición que hoy vuelve a ser observada con atención: “Van a pagar por lo facturado y nada más. No importa si aumentó su patrimonio o su consumo. Ningún gobierno del futuro podrá ir a buscarlos”. Pazo, como no podía ser de otra manera, también figura entre quienes terminaron adhiriendo al régimen.

Es que la discusión pública ya no gira únicamente alrededor de si se trata o no de un blanqueo. El problema para el Gobierno es que algunos de los argumentos utilizados para promover la ley el año pasado parecen haber adquirido una lectura distinta ahora que varios de sus propios funcionarios comenzaron a utilizarla. La polémica, además, horas antes de que Adorni presente la declaración jurada patrimonial y que deberá responder buena parte de las preguntas formuladas por la investigación que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita sobre la evolución de su patrimonio y el de su esposa.

En los pasillos de Casa Rosada repiten que no existe ninguna incompatibilidad, que el régimen fue creado precisamente para que los contribuyentes se adhieran y que utilizar una herramienta legal no puede transformarse en una sospecha. El problema es otro. Visto desde afuera, el cuadro ofrece una imagen incómoda para cualquier gobierno: una ley presentada como una revolución tributaria, defendida con el argumento de que limitaría futuras investigaciones y utilizada poco después por algunos de sus principales impulsores.

Aunque jurídicamente no implique ninguna irregularidad, la secuencia alimenta una pregunta políticamente difícil de desactivar: si el Gobierno diseñó una herramienta para liberar a los ciudadanos del control fiscal o si terminó construyendo un mecanismo que también podía servir para protegerse de eventuales acusaciones sobre el origen de sus propios patrimonios.

PL

La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena. Apenas días después de asegurar que su declaración jurada patrimonial sería publicada “más temprano que tarde”, el jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se conociera que tanto él como su esposa solicitaron adherir al régimen simplificado de Ganancias contemplado dentro del paquete de medidas que el Gobierno bautizó como “Inocencia Fiscal”.

La defensa oficial apuntó a diferenciar dos instrumentos que, según sostienen cerca del funcionario, fueron confundidos en parte de la cobertura periodística. “Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes”, explicaron fuentes cercanas a Adorni, según publicó Clarín.

De acuerdo a esa versión, la denominada Inocencia Fiscal constituye el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos previstos en la Ley de Procedimiento Fiscal, con el objetivo de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores. “Asimismo, se actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletos”, agregaron.

Distinto sería, afirman, el caso del régimen de declaración jurada simplificada al que adhirió primero su esposa, Bettina Angeletti, y luego el propio jefe de Gabinete. Cerca de Adorni lo describen como un mecanismo meramente administrativo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales. “En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema”, explicaron.

La aclaración oficial incluyó además una definición terminante que, según distintas fuentes, Adorni transmitió en privado durante las últimas horas: “En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias”. Y agregaron: “Es información de público conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA”.

“Entendiendo que la ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta”, adujo Adorni en declaraciones al diario Clarín.

La propia ARCA realiza una aclaración similar en la información oficial sobre el programa. Allí sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Sin embargo, la controversia difícilmente quede reducida a una discusión técnica sobre instrumentos tributarios. El episodio se produce en un momento especialmente sensible para Adorni, que todavía enfrenta cuestionamientos por la demora en la publicación de su declaración jurada patrimonial. Por eso, más allá de las explicaciones sobre el alcance concreto del régimen simplificado, la polémica volvió a poner el foco sobre una pregunta que el Gobierno todavía no terminó de responder: cuándo se conocerá finalmente el patrimonio completo de uno de los funcionarios más importantes de la administración Milei.

Expectativa por la DDJJ

La promesa de Adorni tiene además una fecha precisa. Según pudo reconstruir elDiarioAR, el jefe de Gabinete asegura que no dejará pasar del lunes 15 de junio la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento, sin embargo, está lejos de ser inocente. En la Casa Rosada confían en que el inicio del Mundial de fútbol contribuya a bajar la intensidad mediática de una discusión que acompaña al funcionario desde hace meses y que se encuentra directamente vinculada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales.

La demora tiene, según comentan cerca de Adorni, una doble explicación. La primera es técnica. El funcionario buscó evitar cualquier movimiento que pudiera interferir con las medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La segunda es abiertamente política. Durante semanas se resistió a ceder ante los reclamos públicos de Patricia Bullrich, quien le exigía que presentara cuanto antes la documentación patrimonial. Fue la exministra, de hecho, quien terminó acelerando los tiempos al anticipar la presentación de su propia declaración jurada y dejar a Adorni cada vez más expuesto.

Mientras tanto, la investigación patrimonial sigue avanzando. Pollicita encomendó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis exhaustivo de la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El interrogante central es relativamente sencillo: si el nivel de vida del matrimonio resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario, cuyo salario permaneció durante gran parte de 2024 y 2025 en torno a los tres millones de pesos mensuales de bolsillo.

Entre los elementos bajo análisis figuran la compra de un departamento en Caballito financiado parcialmente mediante un préstamo otorgado por dos jubiladas, del que todavía restarían cancelar unos 70.000 dólares, y la adquisición de una vivienda en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada íntegramente a nombre de Angeletti. La fiscalía también puso la lupa sobre al menos 21 viajes realizados por la pareja durante los últimos cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, varios de ellos con alojamiento en hoteles de alta categoría.

PL

Manuel Adorni pidió adherirse este martes al régimen establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) antes de presentar su declaración jurada patrimonial, prometida para el lunes 15 de junio. La maniobra tiene una consecuencia concreta y deliberada: el funcionario no está obligado a explicar ante ARCA ni ante la Justicia cómo creció su patrimonio durante 2025. Su esposa, Bettina Angeletti, había dado el mismo paso diez días antes.

La ley funciona así: quien se adhiere paga el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo que facturó ese año, sin importar cuánto aumentaron sus bienes o su consumo personal. No hay obligación de declarar qué activos se regularizan ni de dónde salieron. Esa información queda blindada bajo secreto fiscal.

El mecanismo fue impulsado en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrado públicamente por el propio Milei. Adorni se encargó de comunicarlo desde la Jefatura de Gabinete. El 26 de diciembre de 2025, escribió en sus redes: “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”. Ahora se sabe a quién le venía como anillo al dedo esa dimensión.

La propia ARCA sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Contadores consultados por elDiarioAR explican que el régimen tiene tres efectos concretos. El primero es la simplificación impositiva, aunque uno de los especialistas advierte que “no es tan simplificado como dicen”. El segundo, y “lo mejor que tiene el régimen”, es el llamado tapón fiscal: quien declara correctamente el período 2025 genera un blindaje que impide que ARCA revise los períodos anteriores. El tercero es la posibilidad de regularizar bienes no declarados —“la guita del colchón”, en palabras de uno de los especialistas— sin que técnicamente se llame blanqueo, denominación que el Gobierno evita por las exigencias del GAFI.

Sobre la adhesión de Adorni, el contador Jorge Gebhardt advierte que “da para cualquier interpretación”: alguien puede adherirse sin tener nada irregular, pero el régimen también permite bancarizar dinero no declarado para realizar compras. “Ahí siempre está la duda”, señala, “no sé, diez, 20.000 dólares que hacés... un millón de dólares, no sé”. A montos muy significativos, agrega, debería haber reportes que impedirían esa posibilidad.

El otro especialista consultado, que prefirió el anonimato, suma un dato político relevante: el régimen simplificado que está dentro de la ley de inocencia fiscal “parece que va a ser modificado, eliminando los topes para adherirse”. Si eso ocurre, el blindaje que hoy tiene Adorni se volvería aún más amplio. Pero hay un límite claro, según una fuente del sector contable consultada por este medio: la adhesión “lo hace zafar solo de la parte penal tributaria”. La causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py sigue su curso sin que este régimen la afecte.

Adorni tiene una causa judicial abierta por presunto enriquecimiento ilícito en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Los registros de ARCA revelan además un dato que los investigadores ya tienen en la mira: Adorni tiene actividades económicas registradas desde noviembre de 2013, pero recién se inscribió en el impuesto a las ganancias en enero de 2020. Un intervalo de casi siete años en el que operó bajo múltiples categorías —servicios personales, asesoramiento empresarial, contabilidad— sin tributar por ese régimen.

La solicitud actual de cambio al régimen simplificado representa un nuevo escalón en ese proceso de ordenamiento tardío, que ahora ocurre bajo la lupa judicial. Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio del funcionario habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, con severas discrepancias entre declaraciones juradas, omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.

El expediente analiza la compra de un departamento en Caballito con una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses de dos jubiladas, la adquisición de una casa en el country Golf Club Indio Cuá por US$120.000 con una hipoteca tomada de una policía retirada y su hija —a quienes aún les debería 70.000 dólares—, y el pago de US$245.000 en efectivo y sin facturar a un contratista por las refacciones de esa propiedad.

A partir del impulso fiscal, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio del jefe de Gabinete con una batería de medidas orientadas a establecer si hubo un incremento patrimonial no justificado, que incluyó pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos nacionales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES.

El patrón se repite en su esposa: Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017, pero regularizó su situación frente al IVA y al impuesto a las ganancias recién en octubre de 2025, tras casi ocho años de operación. La proximidad de ambas adhesiones y el historial de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales, que evalúan los movimientos como parte de un ordenamiento fiscal integral del matrimonio bajo escrutinio.

Según consignó La Nación, el fiscal Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere a Adorni que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos. Esta solicitud es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria. La fiscalía aguarda el resultado final de un peritaje contable encargado a expertos de la Procuración General de la Nación, al que se suma un estudio especializado sobre criptomonedas y la trazabilidad de operaciones financieras de Adorni. El informe técnico definitivo podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, Adorni deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria. Fuentes de Comodoro Py estimaron a elDiarioAR que la citación a indagatoria podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio. También está el interés de Adorni de presentar su DDJJ ante el comienzo del Mundial.

La adhesión al régimen de inocencia fiscal no equivale a una confesión ni genera por sí misma consecuencias penales. Pero quien se acoge a él reconoce implícitamente que tiene activos o ingresos que no puede justificar. La ley no excluyó a los funcionarios públicos —técnicamente denominados Personas Expuestas Políticamente— del beneficio de no rendir cuentas sobre el incremento patrimonial. Adorni usó para sí mismo el instrumento que desde su cargo ayudó a instalar.

MC

Manuel Adorni solicitó su adhesión al régimen simplificado de Ganancias establecido por la llamada Ley de Inocencia Fiscal, según consta en la constancia de inscripción emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El documento confirma que el funcionario se acogió al mecanismo para el período fiscal 2025, mientras la Justicia lo investiga por un presunto enriquecimiento ilícito que no logra justificar.

La movida no es aislada. Su esposa, Bettina Angeletti, ya había pedido acogerse al mismo régimen el 31 de mayo, según registros de ARCA. Ambas solicitudes se presentaron antes de que Adorni entregue su declaración jurada patrimonial, cuya demora viene siendo señalada por la oposición y la prensa.

La Ley de Inocencia Fiscal —impulsada en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrada por el propio Milei— permite pagar el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo facturado, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio ni el consumo personal durante ese período. En términos prácticos: quien se adhiere no está obligado a explicar la brecha entre sus ingresos declarados y sus bienes reales.

Ese mecanismo es exactamente lo que la investigación judicial puso en el centro. Según los registros de la causa, Adorni y su esposa compraron en 2025 un departamento en Caballito por el que pagaron 30.000 dólares en efectivo y tomaron una hipoteca sin intereses de 200.000 dólares de parte de las vendedoras, dos jubiladas. El expediente, en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, analiza también la compra de una casa en el country Golf Club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares, con 20.000 en efectivo y una hipoteca de 100.000 dólares suscripta con una policía retirada y su hija. Las propias vendedoras declararon que Adorni aún les debe 70.000 dólares de esa operación. Además, el contratista Matías Tabar declaró que recibió 245.000 dólares en efectivo y sin facturar por las refacciones de esa propiedad.

La adhesión al régimen no implica una amnistía total ni constituye, por sí misma, una irregularidad, pero la constancia se convierte en un elemento concreto dentro del expediente que ya recopila testimonios, movimientos inmobiliarios y registros financieros del matrimonio.

Adorni prometió presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción antes del lunes 15 de junio. La elección del momento no es casual: el jueves 11 arranca el Mundial de fútbol y el Gobierno apuesta a que el ruido del torneo le dé cobertura mediática a un trámite que lleva meses demorado.

Adorni fue uno de los voceros más entusiastas de la ley que ahora lo ampara. Cuando se reglamentó el régimen, el jefe de Gabinete escribió en sus redes que la norma “devuelve a los argentinos la libertad de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie”. Ahora él y su esposa son los primeros en beneficiarse de esa libertad.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni dice que no pasará del lunes 15 de junio para presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento no es casual. El jueves 11 arranca el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, y el Gobierno apuesta a que el ruido del torneo más visto del planeta le dé cobertura mediática para un trámite que lleva meses demorado y que está directamente vinculado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que el juez federal Ariel Lijo tiene abierta sobre el funcionario.

La demora de Adorni tiene dos explicaciones según su entorno. La primera es técnica: querían evitar interferir en la recopilación de pruebas que impulsa el fiscal a cargo de la causa. La segunda es política: el funcionario buscó no ceder ante la presión que en las últimas semanas ejercieron sobre él tanto la senadora Patricia Bullrich como la vicepresidenta Victoria Villarruel, que reclamaban públicamente que presentara la declaración sin más dilaciones. Fue Bullrich quien forzó los tiempos al adelantar la propia.

Lo que termina de completar el cuadro es el viaje que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hará a París entre el 15 y el 19 de junio. Mahiques encabezará la delegación argentina ante el GAFI, el organismo internacional que evalúa las políticas del país en materia de lavado de dinero. En esa misma comitiva viajarán el juez federal Sebastián Casanello y el propio Lijo: el magistrado que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, que tiene en sus manos la causa de las coimas en la ANDIS y que concentra los expedientes más sensibles para el Gobierno, compartirá estadía en la capital francesa con el ministro de Justicia.

La interna que rodea al viaje tampoco es menor. Mahiques está alineado con Karina Milei en el seno del Gobierno. Lijo, en cambio, es visto históricamente como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, el otro polo de la disputa interna que lleva meses tensando al oficialismo.

¿Qué es exactamente lo que la declaración jurada de Adorni deberá explicar? El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis pormenorizado del patrimonio de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. El eje central de la causa es si el nivel de vida del matrimonio puede justificarse con el sueldo del funcionario, que durante 2024 y buena parte de 2025 estuvo congelado en alrededor de $3 millones en mano.

Entre los elementos bajo escrutinio figuran dos compras de propiedades: un departamento en Caballito —adquirido con un préstamo de dos jubiladas al que faltan devolver 70.000 dólares— y una casa en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada a nombre de Angeletti como titular del 100%. A eso se suman al menos 21 viajes del matrimonio en cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, con estadías en hoteles de alta gama. El último frente que abrió la investigación son los movimientos en criptomonedas: la fiscalía detectó operaciones de entrada y salida en más de 20 exchanges —entre ellos Binance, Ripio y Lemon— con activos en BTC, ETH y USDT que aún no tienen explicación patrimonial oficial. Todo eso es lo que Adorni prometió aclarar antes del lunes 15. El Mundial empieza el jueves.

Mientras Javier Milei emprende su viaje de vuelta a la Argentina tras su visita fugaz a los Estados Unidos, donde participó de la Conferencia del Instituto Milken, Karina Milei encabezó este jueves en San Juan una cumbre política y empresarial que dejó varias lecturas dentro del oficialismo. La más evidente fue una ausencia. No estuvo el jefe de Gabinete Manuel Adorni, habitual integrante de las recorridas y reuniones políticas del karinismo hasta antes del estallido de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo presión desde hace dos meses.

La secretaria general arribó a las 10.30 al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y fue recibida por la ministra provincial Laura Palma. Desde allí partió hacia el departamento Sarmiento para recorrer las instalaciones de Caleras San Juan S.A., en la localidad de Los Berros, acompañada por el gobernador Marcelo Orrego. La actividad formó parte de la agenda organizada alrededor de la Expo San Juan Minera y de las celebraciones por el Día de la Minería, uno de los sectores estratégicos para el Gobierno en su búsqueda de dólares e inversiones.

La comitiva recorrió los hornos industriales, la planta fotovoltaica y distintas áreas del complejo ubicado en Divisadero, antes de continuar con actividades en Pocito y un almuerzo protocolar en Energía Provincial Sociedad del Estado. Pero más allá de la agenda minera, el viaje tuvo una dimensión política evidente. Karina Milei se mostró rodeada por funcionarios que, dentro y fuera del Gobierno, empiezan a ser leídos como parte de un nuevo esquema de poder interno en medio de la crisis por el caso Adorni.

La acompañaron el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los principales articuladores políticos del Gobierno con los gobernadores; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ganó centralidad en las últimas semanas por el frente judicial que enfrenta el oficialismo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, además del secretario de Minería, Luis Lucero. También participaron gobernadores que forman parte del núcleo de mandatarios dialoguistas con los que el oficialismo intenta reconstruir puentes de cara al 2027.

De la foto junto a Santilli formó parte el anfitrión Orrego, uno de los gobernadores que desde el inicio de la gestión libertaria mantuvo una relación pragmática con el Gobierno. El sanjuanino necesita sostener el flujo de inversiones para el desarrollo minero de su provincia, especialmente en litio y cobre, y observa en la administración Milei una oportunidad para acelerar proyectos estratégicos que requieren apertura al capital extranjero.

También dijeron presente Alfredo Cornejo y Raúl Jalil, dos de los principales impulsores de la expansión minera en la región cuyana y del NOA. Cornejo mantiene con la Casa Rosada un vínculo político oscilante, pero alineado en temas económicos y productivos, especialmente alrededor de la minería metalífera y el RIGI. Jalil, por su parte, fue uno de los gobernadores peronistas más colaborativos con Milei desde el inicio de la gestión y se convirtió en un aliado clave para el oficialismo en distintas votaciones legislativas sensibles.

La nómina incluyó además a Gustavo Sáenz, otro mandatario con fuerte interés en el desarrollo del litio y una relación de cooperación permanente con la Casa Rosada; a Carlos Sadir, heredero político del radicalismo jujeño y protagonista de la estrategia regional vinculada al triángulo del litio; y a Maximiliano Pullaro, cuya presencia tuvo una lectura más política que minera, en momentos en que el oficialismo busca recomponer vínculos con sectores de la UCR.

También estuvo Martín Llaryora, otro de los actores que el Gobierno considera centrales para cualquier acuerdo político de mediano plazo. Aunque el cordobés mantuvo diferencias públicas con la Casa Rosada por temas fiscales y de coparticipación, el oficialismo sigue viendo a Córdoba como un territorio clave tanto para la gobernabilidad legislativa como para el armado político rumbo al año que viene.

La visita a San Juan funcionó así como una postal de las alianzas que el karinismo intenta preservar. En su entorno aseguran que el apoyo de esos gobernadores dialoguistas será indispensable para avanzar con proyectos centrales, especialmente la reforma política y la eliminación de las PASO, dos objetivos que la hermanísima considera prioritarios para consolidar el armado nacional de La Libertad Avanza.

La ausencia de Adorni, sin embargo, fue el dato que más comentarios generó en Balcarce 50. En el oficialismo reconocen que el escándalo judicial modificó el equilibrio interno y obligó a redistribuir funciones. La lectura se repite en distintos despachos y también de la oposición. Desde que el caso Adorni empezó a escalar, Karina Milei viene delegando parte de la interlocución política en Santilli y en el armado territorial de los Menem. El corrimiento del jefe de Gabinete de determinadas actividades empezó a ser interpretado como una forma de bajar el nivel de exposición pública mientras continúa el desgaste judicial y mediático.

En la Casa Rosada insisten en que los hermanos Milei siguen respaldando a Adorni. Pero admiten, por lo bajo, que la situación golpea directamente la imagen presidencial. Algunos funcionarios reconocen la caída en la popularidad y que las distintas estrategias para contener el impacto no lograron frenar el deterioro. Por eso, la decisión de Karina de no viajar a los Estados Unidos junto a su hermano fue leída en clave estríctamente política, a modo de fuga hacia adelante. “Hay que seguir gobernando”, remataron cerca de la secretaria general.

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El 1 de mayo pasado el diputado libertario Damián Arabia publicó una foto junto a Patricia Bullrich y la también legisladora Sabrina Ajmechet: “Se vienen cositas”. Cinco días después, se cononocieron las “cositas”: este miércoles la jefa del bloque oficialista en el Senado golpeó en el riñón de la mesa política del Gobierno. Exigió públicamente que Manuel Adorni presente su declaración jurada cuanto antes y por lo bajo –como informó ayer elDiarioAR– desafió a Javier Milei para que removiera al jefe de Gabinete hasta que se aclare el escándalo por su patrimonio. Bullrich es la primera figura de peso que se planta abiertamente ante el Presidente y Karina Milei. La pregunta es si sobrevivirá en un esquema de poder que no tolera el más mínimo signo de traición.

El desafío de Bullrich a Milei se cristalizó anoche cuando el mandatario se auto-obligó a dar una entrevista que no quería dar. Estaba solo de viaje en Estados Unidos –su hermana se quedó en Buenos Aires– y para colmo su anfitrión –Michael Milken, el “rey de los bonos basura”– le canceló un encuentro privado a último momento por problemas de salud. 

El libertario eligió la pantalla de LN+ con Luis Majul y Esteban Trebuq para reafirmar que “el presidente soy yo”, pero quedó más embarrado. Se peleó con los periodistas que siempre lo adulan, aseguró que “ni en pedo” se va a Adorni y dijo que Bullrich “espoileó” al jefe de Gabinete sobre la inminente presentación de su declaración jurada. Incluso dijo que él mismo había hablado con la senadora antes de la polémica. Esa charla ocurrió el lunes; Bullrich esperó 48 horas antes de romper públicamente.

La secuencia completa deja entonces la gran pregunta de qué pasará hacia adelante. Se reveló una grieta en la sociedad Milei-Bullrich que se había forjado cuando la excandidata de Juntos por el Cambio traicionó a Mauricio Macri y saltó a La Libertad Avanza para el balotaje. Esa diferencia existe desde meses atrás, sobre todo por la desconfianza entre la senadora y Karina. Ahí la disputa tiene tintes electorales porque Bullrich aspira a ser candidata a jefa de Gobierno porteño y “el Jefe” no acepta que le impongan nada. A su vez, la senadora está cansada de los modos de la hermanísima. “Hay una dinámica de subordinación o exterminio que no va más”, dicen al lado de la legisladora.

La expectativa está en cómo jugarán los Milei. ¿Expulsarán definitivamente a Adorni, buscarán una pax pasajera o correrán a Bullrich? “Las negras también juegan, pero no sé cómo reaccionarán ante esta situación”, dicen en el bullrichismo, que saben que Karina está “enojada”. No trascendió que haya habido un llamado directo entre ambas dos mujeres de poder.

Un horizonte a develar es 2027. Karina imaginaba a Adorni como su postulante, pero recién esta semana cedió ante la crisis y le dio el OK a Bullrich para que empiece a caminar la Ciudad como posible candidata, como anticipó María Cafferata en este medio. ¿Entonces la jugada de la senadora de ayer no fue un desafío a Milei sino que estaba todo orquestado entre ellos? ¿TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan)?

Pero la tirria entre Bullrich y Karina tiene otros elementos. La jefa del bloque de LLA se queja porque tiene la agenda parlamentaria paralizada desde que estalló el escándalo Adorni, principalmente la reforma electoral que pretende eliminar las PASO. En ese río revuelto, los opositores aliados –el PRO, la UCR y los provinciales– ya vieron la oportunidad para impulsar un proyecto de Ficha Limpia como iniciativa separada y sin el visto bueno libertario. El karinismo pretendía utilizar ficha limpia como zanahoria dentro del paquete de la reforma para lograr que los legisladores dialoguistas levantaran la mano a una ley que incluye la eliminación de las primarias, que es en definitiva el verdadero designio del Gobierno.

Bullrich expresó a viva voz una presión interna que desde hace días recorre el gabinete sobre Adorni y los Milei no pueden hacerla callar tan fácil. La jefa del Senado ostenta una docena de legisladores propios en los bloques de LLA de ambas cámaras del Congreso y es la dirigente del Gobierno que mejor mide, incluso más que el Presidente. ¿“Se cortó sola” entonces para cuidar su propia reputación, siempre pensando en 2027? “Tenemos espalda”, se regocijan. ¿Hubo traición? “Es a la inversa de la traición: es para cuidarlos, inclusive de el propio Milei. Fue hacer lo que había que hacer”. Aparece en la mente de Bullrich la metáfora de Pepe Grillo o del tábano del filósofo griego Sócrates.

La exmontonera, exdelaruista y exmacrista también le puso un tic-tac a Adorni para que presente su DDJJ correspondiente al 2025. Allí debería reflejarse que vive en un departamento –en Caballito– que compró sin vender donde vivía antes –en Parque Chacabuco–, y que además tiene una casa en un country –que en realidad es de 2024–. Todo con hipotecas cruzadas y luego de haber gastado millones de pesos para viajes al exterior –Aruba en clase premium y Punta del Este en jet privado–. 

Adorni tenía plazo hasta el 31 de julio próximo (la Oficina Anticorrupción extendió el deadline que originalmente era del 29 de mayo), pero “el reloj Bullrich” lo obliga a apurarse. Ahora en la Casa Rosada anticipan que lo haría dentro de este mes de mayo. 

“Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado. Ustedes saben que hay una fecha en la cual se hacen las presentaciones y Manuel decidió por las estupideces que se debaten públicamente de gente que ni siquiera sabe sumar y restar y viola la partida doble, los números Manuel de hecho estaba en eso”, dijo anoche Milei en LN+, tal como se puede leer en el desgravado de la entrevista que hizo circular el propio Gobierno. Fue en esa misma respuesta que el Presidente buscó matizar el desafío interno de Bullrich: “Lo que hizo Patricia fue espolear lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números, para que todo… tiene que ver con la dinámica de la Justicia”.

Milei vuelve hoy de Estados Unidos y para este viernes está programada una reunión de Gabinete donde estarán Adorni, Bullrich y Karina, además del resto de los funcionarios. Será una reunión de trabajo con excelente clima laboral, que anoche desveló a varios. A las 2 de madrugada de este jueves, Santiago Caputo, el creador de la sigla TMPAC, tuiteó: “Nunca pierdan de vista que lo que está en juego es la salvación de una nación luego de un siglo entero de oscuridad y empobrecimiento”.

MC

“Javier, yo vengo de varios gobiernos que han fracasado y cuando un ministro no termina de explicar todo lo mejor es esperar a la Justicia”. Patricia Bullrich le dijo estas palabras a Javier Milei poco después de que trascendiera el testimonio del contratista Matías Tabar, que relató que cobró US$245.000 por refaccionar la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cúa. La presidenta del bloque de senadores oficialistas expuso lo que, por lo bajo, varios funcionarios y dirigentes libertarios murmuran sin animarse a decirle al Presidente y a su hermana: que el jefe de Gabinete es un lastre, que paraliza el Gobierno y que hay que dejarlo ir. 

No fue la primera vez que Bullrich transmitió en público su irritación con el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, que ella denuncia que le impide avanzar con las reformas del Gobierno en el Senado. Ya en la última reunión de gabinete, que se llevó a cabo hace dos semanas, Bullrich le lanzó a la cara: “Manuel acomodá tus papeles que todo es un quilombo, se me traban todas las leyes en el Congreso”. No sólo estaba Adorni presente, sino todo el gabinete, incluidos el Presidente y su hermana, Karina Milei. 

Según explica un dirigente de confianza de la senadora, los ministros están acostumbrados a los exabruptos de Bullrich y ya empiezan a hacer caras cuando ven que va a tomar la palabra. Esa última reunión de gabinete no fue la excepción. “Ella siente que su rol es decir las cosas”, justifica un referente bullrichista. 

Bullrich, que acaba de recibir el visto bueno de Karina Milei para recorrer la Ciudad de Buenos Aires como virtual candidata a jefa de Gobierno porteño, dejó transmitir primero su malestar a través de una nota en La Nación. Allí, sus asesores advertían que la ex ministra volvería a pedirle al Presidente que le pidiera la renuncia a Adorni. La nota generó tal nivel de ruido interno, amplificado por un sector de Casa Rosada, que tu Bullrich tuvo que salir a declarar públicamente que no se iba del Gobierno. 

En diálogo con Eduardo Feinman, Bullrich respaldó a Milei, dijo que trabajaría en su reelección, pero advirtió: “Si él (Adorni) dijo que tiene todo probado, bueno esa prueba tiene que ser inmediata. Porque necesitamos dejar de discutir esta situación que él dice que tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba, y la prueba mientras antes mejor”, remató.

Este viernes, el Presidente volverá a encabezar una reunión de gabinete en una de las peores semanas del Gobierno en lo que viene siendo uno de los peores bimestres de la gestión libertaria desde que asumió Milei. Luego de arribar de Estados Unidos, a donde viajó de nuevo para participar de la Conferencia del Instituto Milken, el Presidente convocará a todos sus funcionarios para medir hasta dónde llega el respaldo político al jefe de Gabinete. Un respaldo que, a medida que pasan los días, cada vez es más escueto. 

Otro de los que dejó trascender su irritación con la permanencia de Adorni en el gabinete es Luis Caputo. Tal como relató Pedro Lacour en elDiarioAR, el ministro de Economía teme que el ruido político termine contaminando la credibilidad del Gobierno y, con ella, el frente económico. Para Caputo, los mercados no terminan de convalidar el programa por una falta de confianza en la sostenibilidad política del plan económico. Cuestiona que las crisis políticas afectan la gobernabilidad y, con ello, la posibilidad de bajar aún más el riesgo país. 

El resto del gabinete, mientras tanto, viene acumulando malestar. Pero en silencio. Ninguno se anima a decirle a los hermanos Milei –especialmente a Karina– que creen que llegó el momento de correr a Adorni. Que lo que podría haber sido originalmente un pararrayos que concentra en sí mismo, y en toda la investigación judicial por enriquecimiento ilícito, todos los ataques del Gobierno se convirtió, en la última semana, en un costo político demasiado grande para Milei.

Este jueves Adorni le dará una entrevista a Alejandro Fantino en Neura con el objetivo de matizar la última revelación del contratista que le refaccionó la casa en el country Indio Cúa. Ni la conferencia de prensa ni el informe de gestión lograron clausurar el escándalo, sino todo lo contrario: cada día que pasa, un nuevo testigo arriba al despacho del fiscal Gerardo Pollicita y suelta un testimonio que hunde más al jefe de Gabinete. 

El miércoles, encaramado a los coletazos del cascadagate, se conoció la declaración de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas que financió la compra del departamento de Caballito, que causó una nueva cuota de malestar en el Gobierno. ¿El motivo? Miano aseguró que la operación inmobiliaria incluía un pago adicional de US$65.000 por fuera de la escritura.

La sangría parece no detenerse, y son cada vez más los funcionarios y dirigentes libertarios que presionan para que Adorni dé un paso al costado. Circulan muchos nombres de posibles reemplazantes, pero el que conciliaba más adhesiones, el de Martín Menem, fue rechazado por su protagonista: el presidente de la Cámara de Diputados aseguró enfáticamente que él no asumiría en el lugar de Adorni. Otro de los nombres que circulan es el del canciller Pablo Quirno, aunque por lo bajo. 

A excepción de Bullrich y Caputo, que son los únicos que dejaron trascender su mal humor, el resto de los funcionarios se queja en silencio. El motivo es que Milei y Karina se resisten, de momento, a echar a Adorni. Y ninguno se anima a cruzar a la hermana presidencial. 

La parálisis del Senado

Uno de los principales motivos de la irritación de Bullrich es que considera que el escándalo patrimonial de Adorni le paraliza la agenda legislativa en el Senado. La jefa del oficialismo tenía previsto sesionar hace un par de semanas para aprobar el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, pero tuvo que suspenderlo porque los senadores del radicalismo se le rebelaron y le empezaron a pedir cada vez más cambios. Bullrich tuvo que aceptar que, por primera vez desde el recambio legislativo, no tenía el control absoluto del Senado. 

El miércoles, sin embargo, Bullrich volvió a reunir a los aliados en el Senado con el objetivo de volver a intentarlo. En la cumbre con Eduardo Vischi (UCR), “Camau” Espínola (correntino que rompió con el peronismo) y Martín Goerling (PRO), así como otros senadores de fuerzas provinciales, se acordó avanzar con el dictamen del proyecto de Federico Sturzenegger. Pero con cambios. Uno de ellos es la eliminación del capítulo que disolvía el Registro Nacional de Barrios Populares y daba por concluido el régimen de regularización dominial en villas y barrios populares. 

El objetivo es sesionar el 14 de mayo e incluir, además, el pliego de Carlos “Coco” Mahiques. Quedará afuera, por falta de acuerdo, el proyecto de Carolina Losada que aumenta las penas para denuncias falsas en casos de violencia de género que fue duramente cuestionado por organizaciones feministas y de derechos humanos. Habrá que ver, si Adorni continúa en la jefatura de Gabinete para entonces. En el bullrichismo esperan que no.

MCM/MG

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó un testimonio que complica su situación judicial. Leandro Miano, hijastro de una de las jubiladas que intervinieron en la compraventa del departamento de Caballito, declaró que el funcionario se comprometió a pagar US$65.000 en efectivo por fuera de la operación formal.

Según su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita, Miano —quien aparece como uno de los nexos en la operación inmobiliaria— sostuvo que ese monto formaba parte del acuerdo con el vendedor, pero no fue incluido en la escritura. El testimonio se suma a otras evidencias que buscan reconstruir cómo se estructuró la compra del inmueble.

La propiedad fue escriturada por unos US$230.000, con un esquema de pago que también está bajo análisis judicial: un anticipo en efectivo y el resto financiado sin interés. En ese contexto, la Justicia intenta determinar si existieron montos no declarados y si las condiciones de la operación son compatibles con los ingresos del funcionario.

Miano ya había sido mencionado en el expediente como una de las personas vinculadas a la compraventa del departamento y su testimonio es considerado relevante para esclarecer el rol de las jubiladas que financiaron la operación y de sus familiares en la intermediación. Confirmó la versión que dio Pablo Martín Feijoo, el hijo de la otra jubilada que le vendió el departamento a Adorni.

Lijo ordenó analizar más comunicaciones

En paralelo, el juez federal Ariel Lijo dispuso una medida central: ordenó revisar las comunicaciones de Marcelo Grandio, empresario y periodista cercano a Adorni.

La tarea fue encomendada a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), que analizará llamadas, mensajes y registros desde 2023 para detectar posibles contactos relevantes para la causa.

Grandio es dueño de una productora que obtuvo contratos con la TV Pública, lo que abrió otra línea de investigación por posibles negociaciones incompatibles con la función pública. La Justicia busca establecer si existieron vínculos indebidos o beneficios cruzados entre el entorno del funcionario y esas contrataciones.

Con estas medidas, el expediente avanza en dos frentes: por un lado, la reconstrucción de la operación inmobiliaria bajo sospecha; por otro, el análisis de las relaciones personales y comerciales de Adorni, en busca de determinar si hubo irregularidades en su evolución patrimonial.

¿Cómo se paga una cascada de US$3.500? La respuesta, en el caso de Manuel Adorni, es en efectivo, sin papeles, sin rastro.

Este lunes declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita el arquitecto Matías Tabar, contratista a cargo de las refacciones en la casa que el jefe de Gabinete tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Dijo que las obras costaron 245.929 dólares y el funcionario las pagó sin registro de por medio, en cuotas, en persona, con billetes verdes que sacaba no se sabe de dónde. Una pregunta que atraviesa toda la ruta del dinero de Adorni.

El punto de partida: un funcionario de clase media (en el papel)

Cuando Adorni asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023, su primera declaración jurada –presentada el 29 de enero de 2024– dibujaba un perfil patrimonial modesto. Dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, comprado en 2014 con hipoteca cancelada en 2019, a nombre de él y su mujer; y un departamento de 107 metros cuadrados en La Plata, recibido por donación familiar en 2016. En cuentas del exterior, unos diez mil dólares al tipo de cambio de entonces. En cajas de ahorro locales, 182 mil pesos. En efectivo, 2.400 dólares. Patrimonio total declarado: 11,6 millones de pesos. 

Pero en un año la DDJJ saltó el 500%. La declaración correspondiente al período 2023 –presentada en noviembre de 2024, fuera de término– mostró un patrimonio que había trepado de 11,6 millones a 61 millones de pesos en apenas meses. Un incremento de más del 500%. La explicación de Adorni: préstamos familiares y la revaluación de los bienes. Concretamente, 42.500 dólares en efectivo provenientes de dos fuentes: su madre, Silvia Pais, y una jubilada de 95 años llamada Norma Zuccolo, descrita como familiar. 

El salto a la vida de rico

Tres meses después de asumir, Adorni y su esposa Bettina Angeletti incorporaron a su patrimonio una Jeep Compass Sport 2.4 modelo 2021. En la declaración jurada, el origen de los fondos figura como “venta de activos”, sin precisar cuáles. El valor de mercado de ese vehículo, según estado y kilometraje, oscila entre 20.000 y 30.000 dólares. El Renault Captur que tenía en un 50% desapareció del patrimonio declarado con valor cero, que en el sistema de la Oficina Anticorrupción generalmente indica una venta, aunque en el siguiente año volvió a aparecer

El 20 de junio de 2024, Adorni y Angeletti viajaron a Bariloche con sus dos hijos. Volaron por Aerolíneas y se alojaron cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort. La cuenta incluyó casi 5 millones de pesos de hotel y más de 2,4 millones en excursiones y comidas. Total: alrededor de 9,1 millones de pesos. La familia se fue sin pagar; la deuda se canceló tres meses después desde una cuenta bancaria. En ese momento Adorni cobraba menos de tres millones de pesos netos como vocero presidencial. Su esposa era monotributista en una categoría baja.

El 29 de diciembre de ese año, la familia partió hacia Aruba en cuatro pasajes de Latam en clase premium, a 1.450 dólares cada uno: 5.800 dólares solo en vuelos. La estadía sumó otros 8.674 dólares. La Dirección Nacional de Migraciones no tenía registrado ese destino: Adorni figuraba con un vuelo de ida a Perú y otro de vuelta de Ecuador. La fiscalía de Pollicita confirmó el periplo recién en abril de este año.

Pero entre viaje y viaje, en noviembre de 2024, el matrimonio compró la casa del lote 105 en Indio Cuá. El country está sobre la Ruta 6, a 82 kilómetros de CABA: 61 hectáreas, cancha de golf de 18 hoyos, caballerizas, canchas de tenis y fútbol. Los inmuebles del predio cotizan entre 90.000 y 200.000 dólares.

El vendedor, Juan Ernesto Cosentino, declaró ante la fiscalía que Adorni le propuso primero pagar solo 20.000 dólares en efectivo y cubrir los 100.000 restantes con una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. Cosentino rechazó. La operación se cerró en 120.000 dólares, con un préstamo no bancario por 100.000 dólares que Adorni tomó de dos mujeres –una retirada de la Policía Federal y su hija–, presentadas por la escribana interviniente, al 11% anual. A eso se sumaron 5.000 dólares de ingreso al country. El departamento de Asamblea, que ya había sido hipotecado cuando Adorni lo compró en 2014, volvió a ser usado como garantía.

Adorni omitió incluir Indio Cuá en la declaración jurada correspondiente a 2024 que presentó ante la Oficina Anticorrupción. La agregó recién cuando la investigación judicial sobre su patrimonio ya estaba en marcha.

Las obras: 245.929 dólares en efectivo, en negro, en cuotas

Sobre la casa del country la declaración de Tabar tiene otra dimensión. Según el testigo, el trato con Adorni se cerró el 14 de septiembre de 2024 con un presupuesto inicial de 94.000 dólares. Después vinieron los extras: cascada en el patio, jacuzzi, mármol travertino en la pileta, porcelanato, parrilla, isla de cocina. El presupuesto trepó a casi el triple. Y el método de pago nunca varió.

Noviembre de 2024: 35.000 dólares en efectivo. Diciembre: 20.000. Abril de 2025: 30.000. Mayo: 100.000. Junio: 30.000. Julio: 50.000. Al cierre de obra quedaban 20.929 dólares que Adorni también saldó. Siempre en mano, siempre en el country, siempre sin factura. El valor total de las refacciones duplicó el precio de compra de la propiedad. La cascada sola costó 3.500 dólares.

Para entonces, el dinero que Adorni tenía declarado al cierre de 2024 –48.720 dólares– ya lo había gastado en Aruba, en el Llao Llao, en la seña de Caballito y en la cancelación parcial de la primera hipoteca. Solo esos tres ítems superaban en más de 25.000 dólares lo que figuraba en sus cuentas. Y las obras de Indio Cuá recién empezaban. 

2025: el departamento de Caballito y la arquitectura financiera

En mayo de 2025, un desarrollador inmobiliario llamado Pablo Martín Feijoo –allegado a Adorni, sus hijos van al mismo colegio– compró en 200.000 dólares un departamento de casi 200 metros cuadrados en la calle Miró al 500, en Caballito. El inmueble había estado publicado por su anterior dueño, el exfutbolista Hugo Morales, en 375.000 dólares. La operación figuró a nombre de dos jubiladas: Beatriz Viegas, madre de Feijoo, y Claudia Sbabo. Ambas declararon que Feijoo condujo la operación y que no conocían a Adorni; lo vieron solo el día de la firma.

Feijoo declaró que su plan era refaccionar y revender en 345.000 dólares. Pero apareció Adorni y dijo que solo tenía 30.000 dólares disponibles. Acordaron escriturar en 230.000 dólares: 30.000 al contado y 200.000 financiados en una segunda hipoteca sin intereses, en doce cuotas. Por fuera de la escritura, Feijoo dijo haber acordado un pago adicional de 65.000 dólares, todavía no cancelado. El precio real de la operación, según la propia declaración de Feijoo: 295.000 dólares por un departamento que la inmobiliaria estimaba en 345.000.

La arquitectura del financiamiento tiene su propio perfil. Ninguna de las dos hipotecas que pesan sobre el patrimonio de Adorni es bancaria. Las acreedoras de la primera –la de Indio Cuá– son una retirada de la Policía Federal y su hija. Las de la segunda –la de Caballito– son una jubilada y una afiliada al PAMI. Ambas hipotecas vencen en noviembre de 2026. En seis meses, Adorni deberá cancelar 270.000 dólares de capital, más intereses, más los 65.000 del acuerdo de palabra con Feijoo. Por eso vende el departamento de la avenida Asamblea por unos US$285.000, monto que le permitiría cancelar las deudas comprometidas.

Lo que la declaración jurada no dice

Los gastos corrientes que la causa le anota a Adorni también tienen peso propio. Las expensas del departamento de Asamblea son 500.000 pesos mensuales. Las de Indio Cuá, 700.000. A eso se suman impuestos y mantenimiento de seis propiedades, patente y seguro de la camioneta, colegio de dos hijos y servicios varios. La central de deudores del Banco Central muestra que las deudas mensuales en el Banco Galicia llegaron a superar los 10 millones de pesos en el caso de Adorni y los 15 millones en el de su esposa.

El total comprometido desde que asumió, sumando pagos realizados y deudas vigentes, supera los 800.000 dólares, según un relevamiento del diario La Nación. El salario bruto de Adorni fue de 3,5 millones de pesos hasta enero de 2026, cuando un decreto de Milei lo llevó a 7,1 millones –menos de 5.000 dólares al tipo de cambio oficial–.

En febrero de este año, Adorni viajó a Punta del Este en un vuelo privado junto a su familia y el periodista Marcelo Grandio. La ida –4.830 dólares– fue facturada por la empresa AlphaCentauri a la productora de Grandio. La vuelta costó 3.000 dólares. Poco después, en marzo, la causa se activó judicialmente cuando trascendió que Angeletti había viajado en la comitiva oficial a Nueva York durante la Argentina Week: el regreso de ese vuelo costó 5.154 dólares.

Adorni dijo que los números que circulan son falsos, que el contratista miente, que analiza denunciarlo. Con el secreto fiscal y bancario ya levantados, los investigadores trabajan sobre una pregunta que el funcionario todavía no respondió: de dónde salió la plata.

La ruta del dinero sigue abierta.

MC

La fiscal federal Alejandra Mangano le pidió este jueves al juez Daniel Rafecas que archive la denuncia contra Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, por el viaje en el avión presidencial a Nueva York.

Mangano explicó que “el cotejo entre el número de integrantes de la comitiva oficial y la capacidad del avión Boeing 757-200 (39 plazas), permite verificar que la decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales y carece de entidad para configurar algunos de los delitos denunciados”.

Además, profundizó la fiscal en su dictamen, “no implicó ninguna erogación presupuestaria particular o extraordinaria, menos aun cuando existían más de 10 plazas disponibles para cada uno de los tramos aéreos realizados entre el 6 y el 11 de marzo”.

“A partir de los informes aportados tanto por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación respecto de la aeronave de la flota oficial, así como por la Jefatura de Gabinete de la Nación respecto de los restantes gastos de viaje; no se advierte la concurrencia de los extremos tipificados en el art. 260 del Código Penal o en alguna de las figuras legales contempladas en el Capítulo VII del CP”, concluyó Mangano.

La denuncia se realizó luego de la noticia donde se conoció que Adorni había invitado a su pareja a formar parte de la comitiva oficial que acompañó al presidente a Nueva York para participar en la “Argentina Week”.

En aquel entonces, el funcionario había dicho que él iba a “deslomarse” a Estados Unidos y que por eso necesitaba estar con su “compañera de vida”. La frase generó críticas.

Tras ser consultado por el viaje de Angeletti, el jefe de Gabinete aseguró que el viaje de su esposa “no tiene un gasto adicional” y que sus gastos “se los paga ella”. “El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta también, los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me los pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado. No le sacamos un peso al Estado”, insistió.

Días después, la denuncia por malversación de fondos fue radicada en Comodoro Py y recayó en el juzgado de Rafecas, que ahora deberá decidir si archiva la causa o continúa con la investigación.

Rafecas delegó la investigación en Mangano, quién, entre otras medidas, solicitó pedidos de información a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para que informe sobre quienes integraron la comitiva que viajó a Estados Unidos en el avión presidencial.

NB