Jorge Macri encontró la clave del éxito político: ya que gobernar bien no se le da, puede compensar su total ineficiencia con puestas en escena que simulen que está haciendo cosas. Buenas cámaras, algún dron, cartelería, listo. 

Todos recordamos su famosa campaña electoral, sacando pecho por una ampliación del subte totalmente imaginaria. Al día de hoy, casi tres años después, la famosa Línea F, que en su cartelería parecía un logro notable de su gestión, ni siquiera está licitada. De hecho, la gestión PRO en Buenos Aires fue la primera que detuvo completamente la expansión de la red. Desde que llegó Mauricio Macri al poder en 2007, el subte porteño, pionero en América Latina, que no había detenido su crecimiento ni siquiera durante la crisis de 2001, prácticamente quedó congelado (salvo por algunos pocos kilómetros que ya estaban iniciados antes de que asumiera). Desde entonces, varias capitales de la región y del mundo, incluyendo algunas que comenzaron hace poco, aventajaron a Buenos Aires en cantidad de kilómetros de subterráneo. Amante de las excusas, Mauricio primero culpó al gobierno kirchnerista, que supuestamente no le dejaba contraer créditos, para olvidar del todo el asunto cuando él mismo fue presidente y tuvo la lapicera.

Más inactivo incluso que su primo y que Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri se dedica fundamentalmente a generar narrativas represivas. Los videos de policías de la Ciudad violentando a manteros o señoras que venden paltas, presentados como una gesta heroica por la ley y el orden, inundan las redes, incluso a pesar de que, en lo que va de 2026, la venta callejera no habilitada en verdad creció. Los mismos videos proliferan respecto de los desalojos de viviendas ocupadas, incluso si las órdenes las imparten jueces desde sus juzgados y no Macri desde su despacho. El mayo vino el llamado operativo “Tormenta Negra”: el Estado porteño abandonó sus políticas para los sectores más vulnerables, pero no se privó de mandarles 1500 efectivos policiales a que irrumpieran simultáneamente, con armas largas y pasamontañas, en las villas. El propio Jefe de Gobierno se hizo filmar ingresando en una de ellas, cual Rambo, en una narrativa visual militarista que criminalizaba de manera indiscriminada a todos los habitantes. El resultado: algunos detenidos (la mayoría por tenencia de drogas) y clausuras de comercios no habilitados. Nada que no pudiese producirse en cualquier otro barrio porteño si hubiese ganas de dar un espectáculo similar. Como le recordó a Macri una vecina, si lo que querían era capturar narcos, el barrio a visitar debió haber sido Nordelta.

En esta vocación de tapar incompetencia con narrativa visual, hace unos días llegó el colmo del absurdo. En el llamado “Operativo Muro”, Macri mandó a su policía a desplegarse simultáneamente en todos los accesos a la Capital, simulando un bloqueo. “Blindar la Ciudad”, decían que era lo que hacían. Aunque cueste creerlo, el Jefe de Gobierno promocionó su nueva puesta en escena con el eslogan “Un muro contra la barbarie de Kicillof” y una fotografía aérea de CABA con la silueta de un muro de luces azules separándola del Gran Buenos Aires. Presuntamente, esa sería la temible residencia de la “barbarie” de la que los “civilizados” porteños necesitan ser protegidos. Ah, y también hay que cobrarle a los que quieran visitar el Ecoparque sin ser porteños. Y que paguen si visitan nuestros hospitales, sí señor. ¿Por qué vamos a gastar dinero en esos bárbaros que nos amenazan? 

Es agotador, en estos tiempos idiotas, tener que volver a explicar todo el tiempo lo mismo. ¿Hay que explicar de nuevo que hay una conexión obvia entre la narrativa de la “civilización” vs. “barbarie” y el racismo espantoso que nuestras élites han promovido durante décadas? ¿Hace falta volver a señalar que la antigua paranoia de Buenos Aires de ser “invadida” por “bárbaros” que vienen de afuera forma parte de ese discurso clasista y racista? Volvamos a decirlo, entonces. Aunque canse.

La Ciudad de Buenos Aires no podría “blindarse” aunque quisiera: cada día los porteños reciben en su territorio cientos de miles de trabajadores que cruzan desde el conurbano, viajando mucho y muy mal, para atender sus comercios, trabajar en sus empresas, construir sus viviendas, limpiar sus casas, cuidar a sus hijos. La Ciudad depende completamente de ellos. Sin ellos, la economía de la Ciudad literalmente colapsaría. Jorge Macri no les agradece que hagan la riqueza de los porteños. Para ellos, mejor un muro imaginario y tratarlos como bárbaros. Y para los porteños, circo. 

Digamos también, de nuevo, que la ciudad de Buenos Aires goza de una cantidad interminable de privilegios que le vienen del hecho de que el resto del país la haya consagrado su capital. Los miles de empleos públicos del aparato del Estado, las decenas de miles de empleos y los impuestos que le brindan las sedes de las multinacionales y los bancos que necesariamente deben estar aquí. Etcétera, etcétera. Debería darle vergüenza a un gobernante que gozara de todos esos privilegios cobrarle unos pesos más a un bonaerense o chaqueño que quiera visitar el Ecoparque. Sobre todo, además, porque el antiguo Zoológico de Buenos Aires, que el macrismo desmanteló para convertirlo en el Ecoparque, fue pagado con fondos de la nación y luego regalado a la ciudad. Otro privilegio de los porteños.

Lo triste del caso no es solo que los votantes porteños no aprecien y ni agradezcan esos privilegios y el trabajo de los habitantes del conurbano. Lo triste es que, desde hace tantos años, se conformen con gobiernos que hacen tan poco. Lo triste es que, viviendo en el distrito más rico del país, con arcas públicas comparables a las de ciudades europeas, consientan en no tener política de vivienda, ni de transporte. En tener las escuelas y hospitales tan descuidados. En carecer de espacios verdes y ver cómo venden los pocos que hay para hacer negocios inmobiliarios.

La Ciudad podría estar mucho mejor. Solo depende de que dejemos de conformarnos con manipulación de temores absurdos y puestas en escena baratas.   

Con el Indio Solari no se va solamente un artista de enorme trascendencia. Se va un referente ineludible, baluarte de una ética contracultural que marcó a más de una generación. A su modo, fue un puente entre las pasiones políticas de los años setenta y la resistencia juvenil de los noventa. Su formación insignia consiguió la proeza de rechazar el circuito comercial y convertirse aun así en una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos y la más convocante en actuaciones en vivo. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, “los Redondos”, sostuvieron durante toda su larga carrera la férrea decisión de no firmar con grandes discográficas ni aparecer en la TV, como forma de resistir la comercialización de su arte. En el momento dorado de los videoclips, rechazaron el género por completo. Quedaron solos en ese gesto –el rock argentino en general no emuló sus rebeldías– pero triunfaron en sus propios términos. 

Buena parte del fanatismo de su público venía de la valoración de esa actitud de “no transar”, de esa intransigencia que le daba brillo extra a su talento musical. Acaso el Indio habría querido ser representante de una legión de jóvenes en marcha a un mundo nuevo. Le tocó, en cambio, ser referente de los jóvenes desamparados –“desangelados”, así los describía él–, los excluidos que los sucesivos experimentos neoliberales, primero el de los militares, luego el de Menem, dejaban fuera de la mesa nacional.

El Indio les ofreció una poética que destacó entre la relativa sencillez de las letras del rock de los noventa. La ética redonda estaba allí, en el látigo que fustigaba a la “bestia pop” y al “rock del rico”. En el recuerdo del gran Octubre y de la Internacional. En las advertencias contra la “TV Führer”. Con las letras del Indio aprendimos a sentir asco por la “farsa actual”. Aprendimos que “el lujo es vulgaridad”, que “todo preso es político”, que “violencia es mentir”. Con él compartimos el fin de las ilusiones. “El futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves”.

De alguna manera, su público hizo propia esa rebelde amargura. Los enfrentamientos que en varias ciudades protagonizaron sus seguidores con la policía (y a veces entre sí) hicieron que la banda tuviera serias dificultades para dar recitales en los últimos tiempos.

Cuesta trabajo comprender qué quedó de todo eso hoy. La ética anticomercial ricotera no pareciera tener lugar en la Argentina actual de jóvenes libertarios, adictos a sus pantallas-führer, embobados con los magnates, impacientes por el orden represivo y decididos a comprar cuanta farsa se les ofrezca. 

Conviene, sin embargo, evitar el desánimo, aunque sea un poco inevitable cuando se pierde un referente de este calibre. Hay que recordar que el arte del Indio y los Redondos floreció precisamente en una década en la que también prosperaban visiones y discursos similares a los de hoy. El tendal de desangelados que quedará de este nuevo ciclo neoliberal seguramente encontrará el poeta que continúe con aquella tradición. 

EA/MG

Hace más de cien años que la ciencia ficción nos ofrece vívidas descripciones de sociedades totalitarias ficcionales en las que el espionaje sobre la vida privada es fundamental para sostener un orden opresivo. En su extraordinaria novela Nosotros (1920), Yevgueni Zamiatin imaginaba que las personas eran obligadas a vivir en casas transparentes, enteramente construidas de vidrio, para que cualquiera pudiese ver lo que sucedía dentro a toda hora. El Estado contaba, además, con una extensa red de espionaje y de delaciones para saberlo todo sobre cada individuo. No había escapatoria posible: la privacidad había desaparecido. En la más conocida 1984, publicada por George Orwell en 1949, el Gran Hermano –el líder supremo que nadie sabía si existía realmente o si era también él una creación de la propaganda oficial– lo veía todo. Los dispositivos tecnológicos le daban el régimen una vigilancia total sobre las personas: cámaras y micrófonos por todas partes, una “policía del pensamiento” que analizaba las microexpresiones de los rostros para saber lo que pensaba cada uno, agentes infiltrados por todas partes, espías infantiles. La idea quedaba clara: sin espacio privado, sin privacidad, solo queda lugar para la obediencia. La libertad se extingue.  

Desde que la humanidad comprendió esta verdad muy simple, las sociedades instauraron derechos y garantías para evitar ese riesgo. Algunos principios para proteger la privacidad son muy antiguos, como la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia. Otros son más recientes, como el habeas data. Pero siempre estuvo claro que la información personal en manos de los Estados podía ser un problema. 

En esta carrera alocada a la barbarie en la que ingresó el mundo en los últimos tiempos, no hay semana que no veamos un retroceso en los derechos y garantías de todo tipo. El derecho a la privacidad no es la excepción. Su erosión acelerada comenzó hace no tanto tiempo, pero en verdad no fue el Estado el que primero empujó en ese sentido, sino el sector privado. En pocos años, se erigieron un puñado de megacorporaciones que lo saben casi todo sobre nuestras vidas: nuestro domicilio y número de tarjeta, nuestras preferencias sexuales, nuestro gusto de helado favorito, las bandas que escuchamos y también a qué cosas le ponemos like o retuiteamos. Conocen nuestro rostro por las fotos que publicamos o porque nos los exigen para validar usuarios. También nuestra voz. Hasta nuestra huella digital les damos y ya están escaneando nuestros iris. Con todo eso construyen perfiles de consumidores para llenarnos de spam –eso todo el mundo ya lo sabe–, pero también perfiles políticos, que venden a empresas que se dedican a brindar servicios a candidatos en busca de votos. A nadie pareció importarle demasiado nada de esto porque toda esta información la manejan empresarios, no políticos. Ni Zamiatin ni Orwell nos advirtieron sobre ellos. Tampoco la filosofía política, que tendió a ver al Estado como fuente única del riesgo totalitario. El problema es el escenario actual, en el que poder político y poder corporativo están confluyendo de una manera inédita.

En nuestro país, Milei viene de anunciar un plan por el que pondrán toda la información de nuestra población que manejan las diversas reparticiones del Estado en manos de una corporación estadounidense que, dicen, ayudará a mejorar las políticas públicas con herramientas de IA. El principio es sencillo: recopilan todo lo que el Estado sabe de una persona –donde vive, de qué trabaja, cuánto gana, nivel educativo, si tiene o no propiedades o vehículos, antecedentes de salud, vínculos familiares, salidas del país, etc.– y crean un “gemelo digital”, un avatar único con sus mismas características y hábitos. Luego, la IA ayuda a predecir los comportamientos de esos avatares, lo que permite anticipar cómo se comportará colectivamente la sociedad y, así, en teoría, mejorar las políticas públicas. Todo esto, publicitado con las hermosas palabras habituales: “futuro”, “eficiencia”, “modernización”, “cambio”.

A los tontos les dicen, para tranquilizarlos, que son “metadatos”, que van sin la identidad real de cada ciudadano. Tranqui, juegan con tu gemelo virtual, no con vos. Pero incluso si uno fuera a creer que no entregan nombre y apellido, cualquiera comprende hoy la facilidad con la que la IA puede reponer esa información si cuenta con datos como domicilio y edad, simplemente cruzándola con los datos del padrón electoral. Agreguemos que toda esa masa de información personal va a una corporación privada que maneja o puede manejar toda la otra masa de datos personales, incluso más minuciosa, que está en manos corporativas. Empresas como Meta –dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas– colaboran con la policía y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, al menos desde 2007, compartiendo mensajes privados y otra información de los usuarios. Eso ya es suficientemente malo. Pero imaginemos por un momento que no sea un presidente maléfico el que quiera erigir un régimen autoritario aprovechando todo lo que sabe sobre cada uno de nosotros. Imaginemos lo que ni Zamiatin ni Orwell imaginaron: que el riesgo totalitario pueda venir del sector privado o, lo más probable, de una alianza de políticos y corporaciones.

Esto ya es suficientemente preocupante y todavía no comenzamos a hablar del magnate en cuestión, el que recibirá todos nuestros datos: Peter Thiel. Thiel reúne todas las características de un villano de dibujos animados. Antes de reunirse con Milei y comprar una residencia en Buenos Aires, ya había aclarado que está en contra del sistema democrático. No es que uno lo deduce: el hombre lo dijo con todas las letras. Con orgullo. La democracia, para él, es un obstáculo para el capitalismo. Habría que dejar de vivir en sociedades democráticas. Terminar con la democracia. Literal. A esta persona entregaremos todos los datos de los argentinos. Sabrá todo sobre cada uno de nosotros y podrá anticipar qué haremos. No es demasiado alocado pensar que podrá usar esa información para favorecer al político de su preferencia (que además le asegura un contrato suculento con el Estado). 

Nos seguimos haciendo los desentendidos, pero desde el punto de vista material, técnico, hoy ya estamos en el escenario de las casas transparentes de Zamiatin. Ya está disponible la posibilidad de llevar el ojo del Gran Hermano, literalmente, hasta el último rincón de nuestra existencia. Los rayos X totales ya están en funcionamiento. Las paredes de nuestra existencia ya son traslúcidas para el que quiera mirar y tenga el poder suficiente. La tecnología disponible vuelve incluso superfluas las extensas plantillas de espías que imaginaba la ciencia ficción. Hoy es mucho más fácil y barato. 

Está claro, sin embargo, que, al menos por ahora, eso no se ha traducido en la aparición de regímenes totalitarios pesadillescos, al menos no como los imaginábamos. El autoritarismo sin dudas viene en avance, pero no llevamos vidas parecidas a las de los habitantes del mundo de Zamiatin, que ni nombre tenían, apenas un código alfanumérico. Pero aquí viene a perturbarnos esa última tranquilidad otro de los clásicos distópicos, Un mundo feliz (1932), de Aldous Huxley, en el que el orden totalitario no está asegurado por la vigilancia policial y el miedo; por el contrario, el control se logra a través del placer, la distracción, el consumo y la gestión de las actitudes de cada uno mediante métodos de inducción psicológica. Gran Hermano S.A. avanza mientras también nosotros jugamos a espiar y controlar las vidas ajenas en el Gran Hermano (el productor holandés que bautizó así al popular programa de televisión tenía un sentido de la ironía exquisito o un cinismo siniestro, una de dos). 

Hablando de Orwell, se le atribuye una frase que no hay prueba de que sea suya, pero que bien podría haber dicho: “el fascismo regresará bajo el nombre de la libertad”. Dice mucho de la realidad en la que vivimos que la infraestructura más impresionante que se haya diseñado para la infiltración en la vida privada de las personas la esté por erigir un gobierno fervorosamente liberal en alianza con un magnate que también es libertario. Muchos se reconfortan con la idea de que no son “verdaderamente liberales”, pero eso ya es insostenible. Porque es un hecho que los que sí son liberales “verdaderos” tampoco están reaccionando contra eso: más bien lo contrario, permiten que avance desde hace años haciéndose los distraídos. Incluso lo fomentan.

Su estruendoso silencio contrasta con la intervención más enérgica que tenemos hasta hoy contra la “vigilancia invasiva” mediante herramientas de IA, que es la que acaba de hacer el Papa, en una encíclica que tiene toda la claridad que le falta a la política tradicional: advierte sobre los “pequeños grupos muy influyentes” que, mediante el control de la IA, pueden “condicionar procesos democráticos” e imponernos “su propia visión moral” convertida en una “infraestructura invisible de los sistemas” y llama a “desarmar la IA” (lo que no quiere decir desmantelarla, sino quitarle su carácter de arma de los poderosos, que hoy tiene).  

Saquen sus conclusiones.

EA/MG   

Hoy se cumplen ochenta años de un pequeño acontecimiento sorprendente, que marcó un punto de inflexión en los reclamos de los pueblos originarios. El 15 de mayo de 1946, 174 kollas de varias comunidades de Salta y Jujuy iniciaron una larga marcha a pie en demanda de la devolución de sus tierras, que dos meses y medio después los llevaría a la Plaza de Mayo.

Todo comenzó con un episodio perfectamente habitual. Una tarde de 1945, en las alturas de la Puna, León Cari Solís pastaba sus animales en tierras que consideraba propias, pero que el Estado había entregado a otros en propiedad privada. Como en varias partes del noroeste, los terratenientes obligaban allí a los kollas a pagar un tributo por cada animal, cultivo o pozo de agua que tuvieran. Para asegurarse la obediencia, era habitual que emplearan castigos físicos. Eso, precisamente, fue lo que pasó esa tarde, cuando hombres del propietario sorprendieron a León y le exigieron un pago. “Si nunca he pagado los arriendos, ¿los voy a pagar ahora que está Perón?”, les respondió desafiante. Por su osadía le dieron una golpiza y se llevaron parte de sus animales. Mascullando rabia, León decidió recolectar cientos de firmas para un petitorio que él mismo llevó a Buenos Aires en septiembre, acompañado por otros dos referentes de su comunidad. El 17 de octubre los sorprendió en la gran ciudad y sin dudarlo sumaron sus tres almas a la multitud reunida en la plaza. Ellos también hicieron historia. Días después consiguieron que un funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), el teniente Mario Bertonasco, finalmente los atendiera.

Allí nació entre ellos la idea de organizar una gran marcha hasta Buenos Aires. Debatieron el asunto con otros referentes de los kollas; algunos opinaban que no serviría para nada. Pero las dudas se disiparon a principios de 1946, poco después de las elecciones, cuando recibieron una carta de Bertonasco instándolos a marchar. Indudablemente el propio Perón estaba en conocimiento de la idea y la había aprobado. Para él se trataba de una buena oportunidad de realzar su imagen. Algunas de las tierras que reclamaban los indígenas eran propiedad nada menos que de Robustiano Patrón Costas, un líder conservador que, además, era accionista de una de las principales petroleras estadounidenses. Una marcha de kollas permitiría mostrar un Perón magnánimo atendiendo el reclamo de los más olvidados, combatiendo a la oligarquía y al imperialismo yanqui y repudiando el pasado de la década infame, todo al mismo tiempo. El único costo a la vista: expropiarle a Patrón Costas algunos de sus terrenos y ayudar a unos pobres indios a llegar a Buenos Aires. 

Para los kollas también se trataba de una oportunidad única. El Estado argentino no les había dado hasta entonces sino violencia. En 1916 se había creado una Honorable Comisión de Reducción de Indios que se suponía se ocuparía de su bienestar, pero el desinterés era tal que sólo en 1927 fue reglamentada. Tanto los kollas como otros pueblos se habían cansado de enviar pequeñas delegaciones a Buenos Aires a plantear sus reclamos, sin resultados. Pero algo parecía estar cambiando. En su gira proselitista por la zona, Perón había prometido la reforma agraria y en los meses anteriores había tenido varios gestos de simpatía hacia los pueblos originarios. Puesta bajo la órbita de la STP, la Honorable Comisión de Reducción fue redenominada Dirección de Protección al Aborigen y recibió mayores atribuciones. La oportunidad bien valía el esfuerzo de organizar una gran acción que les permitiera salir de la invisibilidad y recordarle a Perón que cumpliera con sus promesas. El costo, claro, era enorme: había que caminar 2000 kilómetros... La posibilidad de recuperar sus tierras, sin embargo, les dio el valor para encarar la marcha. 

Si querían lograr sus objetivos, había que pensar estratégicamente. Una marcha a pie de Jujuy a Buenos Aires sin dudas llamaría la atención de la sociedad sobre el hecho de que los indios seguían existiendo y sufrían la peor de las explotaciones. Pero mostrarse así llevaba el riesgo de reactivar los prejuicios en su contra. Por ello, los kolla debían demostrar que eran respetuosos del Estado y de sus autoridades; más aún, que ellos mismos eran verdaderos patriotas. Además, tenían que mostrarse ya “civilizados” y dignos miembros de la congregación católica. En fin, presentarse como kollas, pero sin que pareciera, por ello, que no eran parte del pueblo argentino. El nombre que decidieron utilizar estuvo cuidadosamente pensado a tal efecto. Se llamaron un “malón”, haciéndose cargo de los prejuicios que el ser indio evocaba (incluso si los kollas en verdad nunca habían hecho malones), pero le agregaron “de la Paz” justamente para contrarrestarlos. El nombre completo fue el de “Malón de la Paz por las rutas de la Patria”. Para resaltar su patriotismo, durante todo el trayecto utilizaron la bandera y participaron como invitados en desfiles militares durante las fechas patrias, aunque mostrándose con sus ropas e instrumentos musicales tradicionales. Para resaltar su condición de católicos marcharon con íconos religiosos (entre ellos el de una virgen morena de Copacabana). Y por supuesto, no rechazaron portar imágenes de Perón o símbolos de su partido cuando alguien se los acercaba. Otra estrategia fundamental era buscar aliados. Los kolla tenían sus propias autoridades y durante la marcha tomaban sus decisiones mediante una especie de consejo de referentes de cada comunidad. También tenían sus propios contactos con el mundo de la política. El fundamental era Viviano Dionisio, hijo de uno de los referentes principales del Malón. Como muchos jóvenes kolla, Dionisio había accedido a la educación escolar, gracias a lo cual había conseguido empleo como administrativo en una mina. Allí uno de sus compañeros de trabajo lo había convencido de presentarse a candidato a diputado provincial por el Laborismo jujeño, cargo que obtuvo en las elecciones de 1946, convirtiéndose en uno de los primeros indígenas en acceder a una banca. Su apoyo y sus gestiones fueron fundamentales para el desarrollo del Malón. Así y todo, era fundamental tener aliados entre los blancos y los maloneros tuvieron varios. El principal fue sin dudas el propio Bertonasco, que viajó para ponerse a la cabeza de la marcha. Los kollas no tuvieron problemas en permitir que el teniente apareciera ante la opinión pública como el “jefe” del malón, lo que los ponía a salvo de cualquier problema y les daba un vínculo directo con la STP. 

En parte gracias a la ayuda oficial, los medios de comunicación prestaron gran atención a los maloneros, que a su paso por las diferentes localidades fueron cosechando más y más muestras de simpatía. En Tucumán, Córdoba y Rosario tuvieron muestras de solidaridad cada vez más multitudinarias. El paso por la pampa húmeda fue de una repercusión inesperada. Al llegar a Pergamino el 21 de julio, el recibimiento fue apoteósico. En esa región, en la que todavía se recordaba el “Grito de Alcorta” de 1912, había fuertes sindicatos y ligas de arrendatarios. Tal como los kollas, aguardaban que Perón cumpliera la promesa de una reforma agraria. Si los kollas lograban su objetivo –pensaban– entonces se abría una posibilidad para que todos los sin tierra reclamaran las suyas. De hecho, antes de la llegada de los maloneros, una Sociedad de Arrendatarios e Hijos de Pequeños Propietarios Pro Reforma Agraria, había convocado a que se diera un recibimiento masivo a los indígenas. A Pergamino llegaron delegaciones de chacareros de Junín, Salto, Rojas, San Pedro, Baradero, Chacabuco, 9 de Julio y Chivilcoy. En nombre de las 60.000 personas que dijeron haber convocado ese día, la entidad se apresuró a enviar un telegrama a Perón pidiendo que se concedan las peticiones de los maloneros pero, de paso, solicitando mejoras para su propia situación. Por esos días evaluaron también la posibilidad de imitar a los kollas y organizar una gran marcha de chacareros sin tierra a Buenos Aires. Mientras tanto, la visibilidad que venía ganado el reclamo kolla había despertado expectativas también en otras naciones originarias. En su paso por San Antonio de Areco, los maloneros recibieron la visita de una delegación de caciques patagónicos encabezados por Jerónimo Maliqueo. El multitudinario acto público realizado allí se cerró con discursos en mapuche y en quechua y un abrazo entre los referentes de unos y otros que conmovió hasta las lágrimas a la multitud de chacareros presentes. 

Los kollas, que no podían salir de su asombro, no imaginaban entonces que el éxito que habían obtenido sería su perdición. La pequeña caravana que Perón había imaginado como una brillante acción propagandística de pronto se había transformado en un masivo clamor, en el que comenzaban a aunarse no sólo los reclamos de otros pueblos originarios, sino también los de los criollos y “gringos” más pobres de la pampa húmeda. Y el problema era que Perón no tenía ninguna intención de expropiar latifundios en cumplimiento de sus promesas de campaña. Tras dos meses y medio de marcha, el 3 de agosto el Malón de la Paz finalmente arribó a la Capital. Perón invitó a una delegación a ingresar a la Casa Rosada, les prometió atender sus demandas y se abrazó con algunos de ellos frente a la multitud en el histórico balcón. Se trató de un símbolo inédito de reconocimiento: parecía que los pobladores originarios finalmente eran aceptados en la mesa nacional. 

Pero los maloneros esperaron varios días sin que llegaran las buenas noticias sobre los títulos de propiedad que reclamaban. Poco a poco el tema fue desapareciendo de los diarios. Las autoridades intentaron convencer a los incómodos huéspedes para que volvieran a sus provincias a esperar allí la decisión de Perón. Pero ellos se negaron: no habían caminado 2000 kilómetros para irse con las manos vacías. Pronto los maloneros quedaron incomunicados: no se les permitía salir ni se autorizaba el ingreso de nadie al Hotel de Inmigrantes, donde irónicamente habían sido hospedados. Finalmente, en la madrugada del 29 de agosto más de un centenar de efectivos policiales irrumpió en el Hotel obligando a los maloneros, gases lacrimógenos y golpiza mediante, a subir a un vagón de tren especial, cerrado, que los llevó de vuelta directo a la Puna. Como el asunto inevitablemente trascendió, Perón fingió no saber nada y designó una comisión investigadora para averiguar quién había dado la orden de mandar de vuelta a los kollas. La comisión nunca investigó nada y el asunto fue olvidado. 

Aunque tuviese ese final, el Malón de la Paz se convertiría en uno de los primeros hitos del movimiento indigenista en la Argentina, al instalar por primera vez en la agenda pública los problemas de los pueblos originarios y al contribuir a la creación de lazos de solidaridad entre ellos. 

EA/MG

Hace unos días, Kristalina Georgieva, la directora del FMI, lanzó una advertencia: “No tenemos la habilidad colectiva de proteger el sistema monetario internacional contra riesgos cibernéticos de gran magnitud”. Se refería al anuncio de una nueva herramienta de IA que permite detectar y explotar fallas informáticas a una escala y velocidad sin precedentes, lo que amenaza a todo el sistema financiero. Nada menos. 

Agreguemos otro riesgo económico: la IA está absorbiendo una cantidad gigante de las inversiones a nivel global. Y, sin embargo, todavía no está claro que su aplicación vaya a redituar en los aumentos de productividad esperados. Todos confían en que sí, pero no hay elementos para anticipar que la inversión valdrá la pena. Muchos, al contrario, ven una burbuja que estallará en algún momento, dejando el tendal de víctimas que suelen dejar las burbujas financieras globales. Eso lo pagaremos todos. Y no hablemos la pérdida masiva de empleos, que ya está ocurriendo y que nadie sabe a ciencia cierta cómo reemplazaremos.

Saliendo del terreno económico, los riesgos no son menos. En política son múltiples, comenzando por la proliferación de imágenes, videos y audios falsos pero realistas generados por IA que condicionan respuestas electorales, y siguiendo por las herramientas para influir sobre ellas. Para no hablar del fetichismo de la IA, la tendencia a creer que “la IA dice tal o cual cosa” (en lugar de entender que hay muchas IA, cada una creada por empresas diferentes, que responden cosas distintas ante una misma pregunta) y a otorgar a sus respuestas el valor de verdades incuestionables, a pesar de que, lo sabemos, muchas veces son un disparate. 

En el terreno cognitivo y docente los problemas son colosales. Diversos reportes advierten sobre la pérdida de capacidades intelectuales por la dependencia de la IA. Los docentes en todo el mundo están improvisando a ciegas modos de adaptar la enseñanza y las evaluaciones. Las revistas científicas no saben cómo identificar trabajos hechos por un humano y refritos generados por una IA. Se podrían dar muchos más ejemplos. 

En el plano creativo hay desafíos similares. Los editores no saben cómo manejar la proliferación de libros y textos generados por IA. Los artistas, ilustradores y fotógrafos, lo mismo, pero con las imágenes. Los actores están siendo forzados a firmar contratos que permiten a las empresas usarlos como avatares incluso después de muertos. Los músicos se encuentran con hits que reproducen su estilo o incluso su voz. No es solo el reemplazo laboral: está comprometida la propiedad intelectual. 

Luego, están las alarmas por la salud mental: la habilidad de simular respuestas humanas y la disposición a “seguir la corriente” del usuario está generando efectos de todo tipo, desde la profundización de la soledad y la acentuación de los delirios personales hasta el suicidio. Las advertencias se suman aquí a las que desde hace mucho tiempo se vienen haciendo escuchar respecto del uso de smartphones y redes sociales. Todos lo vemos en los niños y adolescentes: en muchos sentidos es una catástrofe.

No hay semana que instituciones, universidades, periodistas o funcionarios no emitan alarmas similares. Padres, docentes, psicólogos, editores, productores audiovisuales, todos viendo qué hacer con el daño que causa la IA, o con el déficit de atención y los problemas que generan Apps deliberadamente pensadas para ser adictivas. Todos imaginando soluciones voluntaristas: que los padres dialoguen más con sus hijos, que la escuela se adapte de tal o cual modo, que las personas se reinventen laboralmente. Cada uno imagina un camino de salida. 

Entre todas las soluciones que se discuten para lidiar con estos riesgos, sin embargo, la más simple brilla por su ausencia. Nadie la plantea. Volvamos a Georgieva. Lo que dijo es bastante concreto: hay una aplicación que está por lanzar una empresa que puede generar un colapso en la economía mundial. No lo sabe a ciencia cierta, va demasiado rápido para que su equipo pueda entenderlo, pero el riesgo existe. ¿Por qué no tenemos, como sociedad, la alternativa de que esa empresa no lance esa aplicación? ¿Por qué no podemos decir, sencillamente, NO, no queremos que esté disponible, estamos mejor sin ella? 

La respuesta es simple y triste a la vez: no podemos hacerlo porque hemos construido sociedades en las que el derecho de un empresario de ganar dinero está por encima de cualquier otro. Hemos garantizado que el derecho del capital sea el de mayor jerarquía. Porque eso es lo que definimos en el fondo: que ni el derecho a la vida, ni el derecho al bienestar, ni el derecho a la salud, ni el derecho a la educación, ni siquiera el derecho a la propiedad intelectual, estarán por encima del derecho de una corporación a hacer dinero. Nadie puede decirles qué hacer ni cómo hacerlo.

Cuando uno intenta plantear que podríamos tener el derecho elemental a decir que no, o a definir el cómo, siempre aparecen los mismos argumentos remanidos. ¿Qué quieren, zurdos? ¿Detener el progreso, impedir la libertad? Teniendo la posibilidad de tener IA a mano ¿vamos a desaprovecharla? ¿Vamos a prohibir los smartphones o las redes sociales? ¿Con qué derecho? ¿Quién lo decide?

No se trata de nada de eso. Se trata, simplemente, de que podamos, democráticamente, definir los rumbos y el paso del progreso tecnológico. Supongamos que todos estos desarrollos son geniales y los queremos tal y como son hoy, pero al mismo tiempo entendemos que algunos requieren un poco de tiempo para que nos adaptemos. ¿No podrían los sistemas educativos haber tenido un plazo para pensar cómo adaptarse, en lugar de verse forzados a chapucear a ciegas? ¿No podría Georgieva tener unos meses para ver como evitar que colapsen los sistemas bancarios? No son preguntas descabelladas. Pero no. No se pudo. Nadie nos preguntó.

¿Y quién decidió que las respuestas de las IA sean cálidas, simulen una conversación humana e incluso repliquen el propio estilo discursivo del usuario? ¿No habría sido mejor que fuesen de tono más impersonal, que dejen más claro que uno no está dialogando con un humano? ¿Por qué no pudimos decidir sobre ese punto? Tampoco: nadie nos preguntó.

Nos encantan las redes sociales, claro. ¿Pero quién decidió que convenía que sean lo más adictivas posibles? ¿No podríamos tener redes que no generen adicción? ¿O al menos un poco menos adictivas? ¿Es tanto pedir? ¿Y por qué son secretos los algoritmos que utilizan? ¿No podríamos preferir algoritmos que orienten nuestra atención a cosas más lindas o, al menos, menos nocivas?  

Lo mismo vale para el scroll infinito. ¿No podríamos haber tenido apps y smartphones sin esa función? 

O, perdón la osadía, pero quizás pudiésemos reclamar el derecho a decidir que no queremos algunos “progresos” en absoluto. Hace años que estamos dando vueltas sobre el tema de las apuestas online y el modo en que destruyen familias e involucran a los niños. ¿Realmente nos perdemos el tren del “progreso” si decidimos que no queremos que existan empresarios que ganan dinero invitando a otros a apostar con un click? ¿Nos quedamos sin alguna “libertad” fundamental si para eso hay que caminar un poco e ir a un casino, un bingo, o una casa de apuestas?

La pregunta es por qué estas decisiones están fuera de nuestras manos. ¿Por qué sería autoritario y peligrosísimo que algo así lo decida un presidente, las Naciones Unidas o una consulta popular, pero no es autoritario ni peligroso si lo decide Mark Zuckerberg él solito? 

Hoy es un puñado de gente la que, como Zuckerberg, define todas estas cosas que afectan profundamente nuestras vidas y el curso del mundo. Sin ningún control democrático, sin rendir cuentas a nadie. Una verdadera dictadura del capital. 

Es hora de que pensemos cómo poner fin a esa dictadura y avanzar hacia una libertad verdadera. 

EA/MG

Tras once años de juicio, la Argentina acaba de ganar una apelación en los tribunales de Nueva York en un juicio que amenazaba con costarle US$18.000 millones. La demanda la había iniciado en 2015 Burford Capital, un fondo buitre que le había comprado el derecho a litigar a la familia Eskenazi, supuestos damnificados por la estatización del 51% de las acciones de YPF en 2012. Aunque los eventos habían ocurrido en la Argentina, los demandantes habían conseguido que la jueza Loretta Preska aceptara el argumento de que, ya que YPF cotiza en la bolsa de esa ciudad, tenía jurisdicción para entender en la causa. Lo que siguió fue una serie de decisiones igualmente antojadizas, que incluyeron una interpretación equivocada de las leyes argentinas, el cálculo sobredimensionado de la indemnización y la exigencia de que nuestro país le entregara a su juzgado las acciones de YPF. Ahora, los abogados de la Procuración del Tesoro que representaban a la Argentina consiguieron que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York entendiera el error de interpretación de Preska y revirtiera su sentencia, con lo que la demanda colapsó.  

Protagonista central de toda esta historia fue Mariana Lozza, quien condujo la defensa jurídica de nuestro país. En esta entrevista explica lo que estaba en juego, los pormenores del proceso y la importancia global que tiene el fallo. Mariana Lozza es de Bahía Blanca. Se recibió de abogada allí, en 2004, en la Universidad Nacional del Sur. Al año siguiente postuló para hacer una pasantía en la OEA y quedó seleccionada. Aprovechó su estadía en Washington para hacer un Master en derecho internacional, mientras trabajaba para costear sus estudios. En julio de 2007 regresó al país y ese mismo año fue contratada por la Procuración del Tesoro para atender demandas internacionales contra el Estado argentino. Tras diez años en esa función decidió renunciar y se dedicó a la actividad privada hasta que volvieron a convocarla en 2021, esta vez para ocupar el cargo de Directora Nacional de Asuntos Internacionales de la Procuración del Tesoro. En ese cargo de altísima responsabilidad estuvo hasta hace pocos meses, cuando decidió renunciar y regresar a la actividad privada.

–La escuché en otra entrevista describir el fallo por YPF como algo histórico, pero no solo para la justicia argentina, sino también para la justicia estadounidense. ¿Por qué le parece algo tan trascendente? 

–Por supuesto, para la Argentina, por el monto. La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme. En lo sustantivo también, porque sienta un precedente importante para definir cómo se manejan las cortes de los estados en este tipo de controversias. En este caso fue Estados Unidos, pero si Estados Unidos confirmaba un fallo así, podía también ser a la inversa. Podía ocurrir que otros estados empiecen a dictar sentencias de este tipo que también podrían involucrar a empresas estadounidenses. Por el solo hecho de que haya una compañía que cotice en alguna bolsa extranjera, eso entonces les da jurisdicción a las cortes extranjeras. En este caso se enjuició a la Argentina, pero iba a sentar un precedente muy complejo para otros estados también. De hecho, esa preocupación uno la ve reflejada en los amicus curiae que presentan sobre todo Brasil y Uruguay, también Ecuador y Chile. En esos amicus lo que se ve es la preocupación de ellos, de que, por el solo hecho de estar cotizando en Nueva York, cualquier reclamo vinculado al estatuto de una empresa o sociedad de esos países podría ser llevado a las cortes de Nueva York. 

La Argentina nunca había estado en un litigio de semejante monto. Pero es histórico también a nivel internacional. Tengo entendido que esta sería la tercera sentencia más alta que se dicta en EE.UU. y la más elevada contra un estado soberano. Con lo cual, en términos económicos era de una trascendencia enorme

–Un tema importante, además, porque la justicia en EE.UU. ha tenido una tendencia a absorber temas de otras jurisdicciones. 

–Exacto. Este es un caso que marca un límite a eso. Una de las cosas que planteamos nosotros es que esto incluso iba a ser complejo para las propias cortes de Estados Unidos, porque iba a generar un incremento de la litigiosidad en Estados Unidos que sus tribunales tal vez tampoco iban a poder absorber. 

– ¿Y cómo explica que haya habido una diferencia tan marcada entre el fallo de Preska, con todas esas extralimitaciones, y el fallo de la Cámara que lo revierte? 

–En la apelación, nuestros argumentos preliminares o jurisdiccionales tenían que ver con un principio que se llama el Forum Non Convenience, es decir, que Estados Unidos no es el foro más conveniente para resolver esto, porque es un caso netamente sobre derecho argentino. Y después estaba el argumento jurisdiccional de “cortesía internacional”, que significa que en un caso como este, en donde está involucrado un Estado, hay actos justamente de ese Estado involucrados, donde se discute sobre el derecho argentino, las cortes de Estados Unidos tenían que rechazar jurisdicción. 

Pero lo que ocurre es que a la Cámara esto llega diez años después. En la audiencia los jueces de hecho preguntaron “¿por qué tenemos que estar decidiendo este caso, que es puramente sobre derecho argentino?”. Esos dos argumentos jurisdiccionales que le generan una incomodidad a la Cámara, eran los primeros que tenían que resolver. Lo que hizo la Cámara, y yendo ahí a tu pregunta, fue mirar el abanico de argumentos planteados sobre el fondo de la controversia y elegir uno o dos que permitieran patear todo el caso, sin entrar a decidir en las cuestiones preliminares o jurisdiccionales.

En el fondo, la Argentina presentó ante la Cámara varios puntos, si mal no recuerdo eran siete, sobre derecho argentino, que habían sido algunos de los que Preska había resuelto en contra de la Argentina. Alcanzaba con que la Cámara nos diera la razón en uno de ellos para que revirtiera la decisión y entonces no hubiera condena. Y eso es lo que ocurrió.

–El fallo de Preska fue durísimo y veníamos de un fallo por los holdouts del juez Griesa, que también había sido muy duro para la Argentina. ¿Percibió en todo ese tiempo alguna dimensión política en las decisiones judiciales? ¿Cómo pesa lo político allí? Pregunto para bien o para mal, porque también está presente la afirmación de Milei de que el juicio terminó a favor de la Argentina gracias a que él tiene buen vínculo con Trump… 

–Uno está tan imbuido en los argumentos jurídicos que a veces esas cuestiones te exceden. Yo leo el fallo en términos jurídicos porque lo jurídico está claramente presente en la decisión de la Corte de Apelación, se ve todo un desmenuzamiento detallado del argumento jurídico, con citas a, por ejemplo, decisiones de la Corte Suprema argentina. En la instancia de apelación se genera un espacio que no hay en la primera instancia, que es la posibilidad de presentar amicus. En la apelación se presentaron, como te decía, Brasil, Uruguay, Chile y Ecuador. Después, se presentaron el grupo de las diez provincias que recibieron parte de las acciones de YPF expropiadas. Y también grupos de académicos en derecho público, en derecho privado, en derecho internacional. Todo eso son cosas que se pueden hacer en Cámara, no se hacen antes porque no hay un espacio procesal. 

–Le pregunto lo mismo en referencia al ámbito local. La defensa atravesó varios gobiernos distintos. ¿Los cambios de gobierno afectaron en alguna de alguna manera las estrategias? ¿Tuvieron indicaciones distintas de los distintos procuradores a lo largo del tiempo? ¿Hubo interferencias políticas que desviaran o cambiaran las estrategias en algún momento?

–No, la verdad que no. Es reconfortante, desde lo técnico, la confianza en el equipo técnico que hubo de cada autoridad nueva que venía. En sí, lo que fue la defensa técnica o jurídica se mantuvo. 

–Durante el juicio hubo por lo menos dos intervenciones de la máxima autoridad de ese momento del país, Macri en su momento y Milei luego, con declaraciones públicas que hablaban de la ilegalidad de la acción expropiatoria argentina, es decir, que de alguna manera socavaban los argumentos técnicos con los que ustedes estaban trabajando. ¿Qué pasa con ese tipo de declaraciones? ¿Le parece que pudieron haber tenido algún efecto en el curso de la causa? 

–En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública de un lado y de otro. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior, o de hace dos administraciones, si es del oficialismo, si es del de la oposición. Hasta debates parlamentarios con declaraciones de los partidos más diversos se traen. Al leer la decisión de la Corte de Apelaciones, en este caso no veo que haya impacto. En el correr de los litigios se debate mucho sobre esto. Esto le pasa a la Argentina y les pasa también a otros estados. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades.

En los litigios como este o en los arbitrajes siempre se trae mucho de la discusión pública. No importa si son declaraciones del funcionario de hoy o la de la administración anterior. Hay un caso contra España en donde todo terminó versando sobre un tuit, y entonces es ahí que uno empieza a dimensionar cuánto cuidado tienen que tener todas las autoridades o exautoridades. 

–También hubo una intervención del gobierno de Milei que de alguna manera se auto-adjudicó el mérito del éxito en la causa. ¿Qué le pasó con eso, con esa declaración? 

–Yo creo que se reconoce el trabajo de la Procuración y la Procuración viene interviniendo desde siempre, con lo cual, hay un mérito de esta administración y de las anteriores, que mantuvieron las líneas jurídicas que se habían planteado, con el equipo, con el mismo estudio jurídico extranjero, que podrían haberlos cambiado y no lo hicieron.  

–Este juicio es uno de tantos de los que hay y en los que Argentina está involucrada en los cuales los que promueven los juicios son fondos buitre que no son los damnificados directos, sino que compran los derechos a litigar. Argentina ya fue víctima de esta operatoria con el tema de los holdouts, también en Nueva York, que en ese caso perdimos. En ese momento hubo toda una serie de movimientos diplomáticos y también expresiones de especialistas que reclamaban poner fin a esa práctica de comprar derecho a litigar. Se invocó la doctrina Champerty en su momento. En 2015 parecía que iba a haber algún avance diplomático o incluso de doctrina jurídica en ese sentido. ¿En qué quedó eso? ¿Hubo algún avance en este tiempo para limitar este tipo de operatoria o estamos como en el mismo lugar que en 2015? 

–No. Que yo esté al tanto al menos, no hubo nada de eso. 

–¿Cómo imagina que va a seguir el caso por YPF? Entiendo que las chances son relativamente limitadas de que esto pueda ser apelado o que esa apelación, en todo caso, pueda ser atendida. 

–Los recursos en EE.UU. son limitados porque en general las chances de que se abran esos recursos es limitada. El éxito de un recurso ante la misma Cámara u otro ante la Corte Suprema son muy limitados en términos de porcentajes. Burford ha hablado de otra alternativa que barajan, que es llevar al tema a un arbitraje del CIADI. Acá lo que entra en juego es que en realidad este tipo de fondos se dedican a litigar, presentar reclamos y a generar incidencias procesales. Si van a un arbitraje CIADI, yo creo que la Argentina ahí tiene también una posición fuerte en varios aspectos. 

–Le hago la última: renunció hace poco, no lo sé, pero imagino que una persona de su nivel, fuera del Estado debe cobrar diez veces más de lo que ofrece el Estado, o incluso más ¿no? 

–Claro. Cuando uno elige estar en la función pública, hay mucho de vocación. Quise llegar a la audiencia con la Cámara porque en lo profesional es una experiencia increíble, sin dudas. Y en el caso puntual de la Dirección de Asuntos Internacionales, lo que le pasa es que está involucrada en litigio complejos, de mucha responsabilidad, donde están involucrados cientos de miles de millones de dólares; se precisan muchos recursos para la defensa de estos casos. Llega un punto en el que la brecha entre ese trabajo y los recursos con los que se cuenta es difícil de sostener en el tiempo.

EA/MG

Desde la organización nacional la Argentina había tenido dificultades e inestabilidades propias de cualquier país periférico, a pesar de las cuales habíamos conseguido un desarrollo económico y social bastante destacable. A comienzos de la década de 1970 teníamos una de las industrias más fuertes de la región, una de las redes ferroviarias más extensas del mundo y formábamos parte del pequeñísimo club de países con premios Nobel de ciencias y energía atómica. En los treinta años anteriores se había duplicado el ingreso per cápita y ampliado el PBI a ritmos superiores a los de Estados Unidos, el Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda; la brecha con los países más ricos se iba achicando. Era, además, un crecimiento que venía de la mano de mayor igualdad y bienestar. Hacia 1974 la Argentina había alcanzado una de las distribuciones del ingreso más equitativas de toda su historia y se contaba entre las sociedades menos desiguales y con menos desempleo del continente. La pobreza ese año rondaba el 10%. La deuda externa era irrelevante. 

El golpe de 1976 interrumpió de manera abrupta e irreversible ese camino ascendente de más de 120 años. A partir de entonces el desempeño económico de la Argentina fue peor que el de casi todos los países del mundo. El país inició un camino de declive económico que golpeó particularmente a su industria. La sociedad se empobreció y se volvió notoriamente más desigual. La salud pública, las jubilaciones, la educación, la infraestructura básica, las instituciones: todo se fue sumergiendo en el deterioro.

En ese rumbo penoso influyeron tanto los intereses locales como las dinámicas del capitalismo global. El golpe de 1976 no se entiende sin tomarlas en cuenta a ambas. En el plano interno, existía una puja de antigua data de los sectores empresariales, que deseaban desandar el camino de ampliación de los derechos laborales que se había iniciado décadas antes. Los sectores exportadores y financieros, además, querían quitarse de encima las políticas estatales que los privaban de parte de su renta, canalizada al fomento del sector industrial, que todavía no conseguía ser competitivo. En el plano internacional, el capitalismo presionaba para instaurar un nuevo orden económico global. Bajo el liderazgo de Estados Unidos, organizaciones como el FMI, el Banco Mundial y el GATT exigieron cada vez con mayor fuerza el fin de la protección a las economías nacionales y la concesión de una libertad total a los empresarios para mover sus inversiones aquí y allá, sin ninguna restricción, según sus conveniencias. Como resultado, unos antes, otros después, los países pobres fueron forzados a competir para ver cuál ofrecía los salarios más bajos, cuál cobraba menos impuestos y brindaba oportunidades extraordinarias sin hacer demasiadas preguntas. Los Estados debían dejar al mercado en libertad total.

En la Argentina, la fuerza que había adquirido el movimiento obrero impedía reorganizar la economía del modo esperado. La ciudadanía tampoco estaba dispuesta a validar ese proyecto con su voto. La dictadura vino a crear las condiciones para que las agendas globales, en coincidencia con los intereses de los sectores financieros y exportadores locales, se abrieran camino. Su inédita violencia estuvo al servicio de esos intereses. Puede discutirse interminablemente sobre las condiciones que hicieron posible el golpe, sobre las responsabilidades que tuvo el peronismo, sobre el contexto de inestabilidad y guerrilla de los meses previos, sobre los bloqueos que tenía la economía, sobre las orientaciones diversas que tuvieron distintas facciones militares, etc., todas discusiones válidas, siempre y cuando no se pierdan de vista los determinantes últimos de la acción militar y de sus políticas económicas. 

El 24 de marzo de 1976 un golpe planeado con mucha anticipación derrocó a Isabel Perón. La nueva dictadura contó con el apoyo del sector financiero y empresarial casi sin fisuras, de los Estados Unidos y el FMI, de la Iglesia y de los principales medios de comunicación. El nombre que los golpistas eligieron para el nuevo régimen –Proceso de Reorganización Nacional– fue bien indicativo de sus verdaderas intenciones. Aunque irrumpieron con la excusa de la lucha contra la guerrilla (que en verdad para entonces ya estaba bastante desarticulada), sus objetivos fueron mucho más amplios: buscaban sentar las bases para un profundo cambio en el modelo de país. 

La estrategia del Proceso fue doble. Por un lado, los militares desataron una represión sin precedentes: un plan sistemático de secuestro, tortura y “desaparición” de miles de personas. Las víctimas no fueron solo guerrilleros: muchos delegados sindicales sufrieron igual suerte (en 1976 el foro empresario Idea recomendó delatarlos y algunas empresas, como Mercedes Benz o Ingenio Ledesma, entregaron “listas negras” de los que eran demasiado demandantes). También fueron víctimas representantes estudiantiles y docentes, monjas y sacerdotes comprometidos con los más humildes, abogados de presos políticos, periodistas y académicos independientes, artistas contestatarios y, en general, personas que de cualquier manera participaban del vasto movimiento social que se había desarrollado en los años previos. El objetivo del plan represivo fue acabar con los mejores referentes y paralizar al resto de la población mediante el terror, de modo de quebrar cualquier resistencia y “despolitizar” la vida nacional.

Mientras despejaban así el camino, un grupo de economistas ligados a los sectores exportadores y financieros tomó las riendas de la economía. Buscaron replicar el camino que los Chicago Boys –jóvenes graduados de la Universidad de Chicago, faro de la ortodoxia liberal– venían ensayando en Chile bajo la feroz dictadura de Pinochet, uno de los primeros experimentos neoliberales del mundo. El ministro de Economía más duradero fue José Alfredo Martínez de Hoz, antes presidente del Consejo Empresario Argentino. Su persona encarnaba la continuidad de la vinculación entre la clase dominante argentina y la violencia de Estado: pertenecía a la familia del estanciero del mismo nombre que fundó la Sociedad Rural en 1866 y recibió luego como cesión una enorme porción de la tierra incorporada tras la Campaña del Desierto. Los elencos que lo acompañaron y sucedieron tuvieron la impronta del llamado establishment –la verdadera “casta”– un grupo de economistas liberales vinculados a empresas y a los Estados Unidos que se repetía en la función pública. El propio Martínez de Hoz ya había sido ministro en el gobierno de facto de José María Guido. Ricardo Zinn, uno de sus asesores, ocupó cargos con Frondizi, Levingston y Lanusse, y había diseñado el “Rodrigazo” (más adelante oficiaría como asesor para las privatizaciones de Menem y como mentor de Mauricio Macri). Roberto Alemann, al frente de la cartera desde fines de 1981, ya había desempeñado esa función bajo Frondizi y había sido embajador de Guido ante los Estados Unidos. Adolfo Diz, doctorado en economía en Chicago bajo la guía de Milton Friedman –uno de los mayores referentes del neoliberalismo– fue designado al frente del Banco Central; antes había sido director ejecutivo del FMI y funcionario de Onganía. Domingo Cavallo, quien luego sería ministro de economía de Menem y De la Rúa e ídolo de Javier Milei, también manejó el Banco Central durante un tiempo.

El programa económico de la dictadura incluyó un fortísimo endeudamiento externo que infló la deuda en más de un 700% (especialmente, a favor del FMI), la apertura irrestricta a la entrada de capitales y la desregulación de los servicios financieros, la devaluación de la moneda, una baja generalizada de los aranceles aduaneros, severos recortes en algunas áreas del gasto público, la reducción de los impuestos directos al capital (compensados por mayor tributación aplicada sobre el consumo) y de las contribuciones de los empleadores a la seguridad social y la privatización de 120 de las 433 empresas estatales que existían entonces. 

El efecto combinado de estas políticas resultó devastador. El sector industrial se redujo en cerca del 20% por la desaparición de numerosas empresas. Unos pocos grupos empresarios locales e internacionales concentrados, como Techint y Bunge y Born o los vinculados a las familias Bulgheroni, Macri, Pérez Companc y Fortabat, acapararon desde entonces lo fundamental del poder económico. El eje de la economía se corrió al sector financiero. Para 1982, el PBI per cápita era 15% menos que el de 1975. Por la desaparición de fuentes de trabajo y las limitaciones a la actividad sindical, el valor real de los salarios se desplomó en un 40%. La distribución del ingreso se volvió más regresiva: la participación de los asalariados en el PBI pasó del 45% que había alcanzado en 1974 a un 34% en 1983. Las tasas de desocupación y subocupación y el trabajo en negro y precario aumentaron. Numerosas disposiciones gubernamentales se tradujeron en pérdidas de derechos para los trabajadores. 

El beneplácito de los empresarios con la campaña de exterminio y con las medidas económicas fue tal que incluso en 1979, cuando el escándalo por las violaciones a los derechos humanos motivó cuestionamientos de la comunidad internacional, un centenar de entidades –entre las que se contaban la Bolsa de Comercio, la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de Comercio, el Consejo Empresario Argentino y la Asociación de Bancos Argentinos– salieron a declarar conjuntamente su apoyo incondicional al régimen (algunas pidieron incluso que, si se volvía a un gobierno civil, se lo eligiera mediante el voto calificado).

A pesar de todo el apoyo que recibieron, los militares no consiguieron ordenar la economía. Sus políticas, de hecho, profundizaron los problemas existentes. La crisis y la inflación fueron avanzando rápidamente. Durante 1981 hubo otra brusca devaluación y la inflación superó el 100% (en 1983 sobrepasaría el 400%). Por entonces, entre los argentinos y argentinas que podían hacerlo, terminó de arraigar la costumbre de comprar dólares para preservar los ahorros y también la de dolarizar los contratos y los precios. Mientras la crisis golpeaba a la mayoría, en 1982 el gobierno estatizó las deudas que las grandes empresas habían contraído en el exterior, lo que significó una enorme transferencia de dinero público al bolsillo de un puñado de empresarios. La deuda externa se multiplicó y en 1983 el pago de sus intereses ya se llevaba el 40% de los ingresos del Estado.

Tras la derrota de Malvinas y con la economía en caída libre, los militares se vieron forzados a convocar a elecciones en 1983. Pero los efectos de su dictadura fueron y siguen siendo persistentes. Desde la gestión de Martínez de Hoz, la Argentina se volvió un país enormemente vulnerable y dependiente del sistema financiero internacional. La deuda externa se volvió impagable y un instrumento para el drenaje permanente de excedentes hacia el exterior. La economía fue desde entonces bi-monetaria, con una ciudadanía que demanda dólares de manera insaciable. Los mandatos y condicionamientos de Estados Unidos y de los grandes empresarios y banqueros locales impondrían en el futuro una pesada hipoteca sobre las posibilidades de volver a un modelo económico más favorable a las mayorías. El Proceso no había conseguido dejar un nuevo orden económico estable. Pero a cambio había atado de pies y manos a los gobiernos siguientes, que ya no podrían adoptar o sostener una orientación diferente de la que le indicaran el FMI y los sectores financieros y exportadores. Los militares se fueron humillados en 1983, pero los sectores de la élite local y global que los impulsaron a tomar el poder en 1976 podían sentirse satisfechos. Cuando llegaba al final de sus días, Jorge Rafael Videla, reconocería la paradoja de haber cumplido bien una misión que, sin embargo, los había barrido de la escena. Los empresarios “se lavaron las manos”, recordó resentido desde la prisión: “Nos dijeron: ‘Hagan lo que tengan que hacer’, y luego nos dieron con todo. ¡Cuántas veces me dijeron: ‘¡Se quedaron cortos, tendrían que haber matado a mil, a diez mil más!’”. En ese recuerdo anida el sentido último de la dictadura. Seguramente Videla sentía algo parecido respecto de Estados Unidos, que a través de Henry Kissinger lo había alentado a hacer el “trabajo sucio” lo más rápidamente posible y más adelante se había desentendido de ese mandato.

Vista retrospectivamente, la dictadura nos sumergió en un loop del que no conseguimos salir. En lo esencial sus políticas se replicaron en otros dos ciclos neoliberales que fueron degradando cada vez más nuestra economía y nuestra sociedad. Primero, los doce años y medio de Menem-De la Rúa –una continuidad desde el punto de vista económico– que concluyeron con la peor crisis de nuestra historia. Luego, los cuatro años fatídicos de Macri, que nos volvió a megaendeudar, trajo de regreso la tutela del FMI y nos empujó a un régimen de alta inflación que no veíamos desde comienzos de los años noventa. Hoy, Javier Milei encabeza el cuarto ciclo, repitiendo fórmulas y planteles de Menem, De la Rúa y Macri. Es imposible escuchar los discursos de Martínez de Hoz, analizar sus medidas y los resultados alcanzados, sin sentir que seguimos atascados allí, que volvemos siempre a ese punto, que los objetivos son similares y los efectos, siempre repetidos. Lo único que va cambiando es la degradación de nuestra sociedad y de la democracia devaluada que nos quedó después de la dictadura.

Cuando concluya el mandato de Milei, habremos pasado 28 de los últimos 52 años bajo gobiernos de orientación económica liberal ortodoxa. Entre medio, una ciudadanía cada vez más desencantada y enojada eligió gobiernos que no supieron cambiar el ciclo y terminaron abriendo las puertas para el regreso de los mismos de siempre, que volvían para intentar las mismas políticas destructivas de antes, fantaseando que lo que había fallado la vez anterior era el timing o la profundidad del ajuste. Nunca piensan que, quizás, las fórmulas que repiten puedan no ser apropiadas para un país con la compleja estructura económica de la Argentina. 

Ojalá en este cincuentenario del golpe que nos metió en el loop podamos reflexionar sobre esas continuidades y repeticiones. Ojalá encontremos la forma de romper la encerrona autodestructiva a la que nos llevaron los militares (y los civiles que los acompañaron) y cambiar las reglas de un juego democrático que es garantía de frustración. Como lo hacemos hace 42 años, hoy inundaremos las calles para reafirmar nuestro derecho a la memoria. Puede que en ese ritual extraño y conmovedor titile aún la esperanza de que algún día lo logremos.

EA/MG

El vocabulario argentino no deja de ofrecernos innovaciones terminológicas que nos hablan del gran drama que recorre nuestra historia como nación: la enorme dificultad que tiene una parte de la población para aceptar como conciudadanos a la otra. 

Al menos desde fines del siglo XIX, nuestras clases acomodadas y no tanto asociaron sistemáticamente a las clases populares a lo negro, como modo de proyectar sobre ellas los prejuicios habituales que padecían los afrodescendientes. Ya a los seguidores de Yrigoyen los llamaban “negritos”. Más recordado es el “cabecitas negras” que se introdujo para rechazar a los de Perón, más tarde simplificado por “los negros”, sin más, para que no queden dudas. En nuestro país, el desprecio clasista por el mundo popular se combina con un intenso racismo y ambos con las identidades políticas.

Esa imaginación clasista/racista, además, se plasma sobre el territorio de nuestro país, en el que se imaginan concentraciones diferentes del “problema”. De los “cabecitas negras” se decía que invadían Buenos Aires llegados del interior mestizo. Desde hace mucho, incluso en la prensa, es un lugar común asociar el Conurbano con los “negros” o directamente extranjerizarlo, como si en verdad perteneciese al África y no a la Argentina. Los once millones de personas que lo habitan, entonces, no serían un cuarto de nuestra población, sino invitados indeseables. Todos somos argentinos, pero hay algunos más argentinos que otros. Los argentinos somos blancos, pero igual está lleno de negros. Raro.

El ascenso de la derecha –primero la macrista y luego su continuación mileísta– sumó términos nuevos a esa visión desgarrada y esquizofrénica de lo que somos. Desde 2014 se hizo común el nombre “Peronia” para referir a ese otro yo de la Argentina, ese país deforme que ocupa nuestro mismo territorio e impide florecer a la Argentina “bien”. Aquí la sospecha ya no pesa solo sobre las clases populares o sobre los peronistas, sino sobre el país todo.

Con el giro hacia la ultraderecha del macrismo-mileísmo se añadieron otras palabrejas. Una de ellas es el acrónimo “Congourbano” (“Congo” + “Conurbano”), que africaniza a la periferia de Buenos Aires de manera bastante transparente. La primera aparición que hallé es de 2004, en la cuenta de Twitter de alguien que reúne todos los elementos para un estereotipo de los fachos actuales: varón joven, blanco, racista, misógino, homofóbico, obsesionado por sus músculos, amante de todo lo estadounidense y hoy, previsiblemente, mileísta. Para 2017 el término ya era tan frecuente que llegó a un diccionario. Luego de 2019 su uso se disparó y hoy es moneda corriente en redes sociales. Para entonces se sumaron otros términos que con frecuencia lo acompañan: “marrón/marronaje” para aludir a las clases populares, “peronegros” para los peronistas y “Argensimia” que, al igual que Peronia, hace a la nación entera culpable de los males que los racistas/clasistas imaginan que nos afectan. 

El uso de estos términos está insistentemente asociado a fantasías de exterminio. Hay que matar a los negros/marrones/peronegros. Hay que fumigar el Congourbano. Matarlos a todos. Hay que aniquilar a Peronia/Argensimia para rescatar a la Argentina verdadera. Difícil construir una vida democrática desde esas visiones. 

Como explica la académica británica Sara Ahmed, el espacio geográfico siempre adquiere el color de los cuerpos que lo habitan. “Congourbano” es un excelente ejemplo. No importa la tonalidad de la tez que tenga quien viva en Lanús, José C. Paz o San Martín: aunque sea blanco se verá por default asociado al territorio amarronado en el que mora. Será un congourbanés. 

En sintonía con ella, la antropóloga Rita Segato argumentó hace tiempo que los cuerpos están inevitablemente conectados con el territorio en el que habitan, con la historia de sus violencias y despojos. En América Latina, la tez oscura y los rasgos faciales de la mayoría de los habitantes son las marcas más evidentes de esa conexión. Son cuerpos latinoamericanos y, por ello, asociados a lo indígena y a la afrodescendencia, al mestizaje, a un pasado de violencia colonial, servidumbre y esclavitud. Pero, como advirtió Segato, la contigüidad con esos cuerpos y con esas historias también afecta a los blancos. En el orden racial mundial, la marca del mestizaje se desborda sobre el territorio latinoamericano y sobre todos los cuerpos que lo habitan, incluidos los de tez blanca. 

Harían bien en tenerlo en cuenta los que inundan las redes con lamentos racistas por lo que somos y fantasías de lo iguales a los estadounidenses (blancos) que seríamos si no hubiese que compartir el espacio con todos esos peronegros. Desde el punto de vista de un estadounidense o un europeo, también ellos serán “latinos” o “sudacas”.

EA/MG

Un 24 de febrero de 1946, hace ochenta años, se celebraron las elecciones por las que Perón –dos años antes un perfecto desconocido– se convertiría en presidente de la República. Fue uno de los comicios más democráticos que tuvo nuestro país (masculinos, aclaremos, porque a las mujeres todavía no les era permitido votar). No sólo porque fueron transparentes, sino porque en ellos la población tuvo la oportunidad de decidir realmente sobre los rumbos del país, algo que no siempre sucede al votar. 

La Argentina venía de una brevísima experiencia democrática: las primeras elecciones limpias habían sido en 1916, y como en esa y las dos siguientes los electores dieron la victoria a los radicales, que no eran del agrado de las clases altas, el golpe de Estado de 1930 instauró una dictadura filofascista que pronto abrió el camino, fraude mediante, para el regreso de la derecha liberal-conservadora. Perón había surgido de entre los funcionarios de la segunda dictadura militar iniciada en 1943, también de orientación derechista, pero enemiga de los liberal-conservadores que ocupaban entonces la Casa Rosada.   

La historia previa a su llegada al poder es conocida. En su paso por la Secretaría de Trabajo y Previsión (STP), Perón había promovido varias medidas que superaban las conquistas que el movimiento obrero había obtenido hasta entonces. Lo que venía generando entusiasmo no eran tanto los aumentos salariales como una gama de nuevos e inéditos beneficios y derechos laborales. En su breve gestión, Perón había ido asumiendo una actitud más amistosa para con los sindicatos. Los hostigamientos iniciales pronto terminaron (excepto para los comunistas, a quienes se siguió persiguiendo sin tregua). Se invitó a cada uno a enviar asesores que trabajaran de manera permanente en la STP, colaborando en la confección de las nuevas medidas y presentando denuncias de abusos patronales.

La acción decidida de Perón se tradujo asimismo en la expansión de beneficios jubilatorios, mejores indemnizaciones por accidentes de trabajo, aguinaldos, más cantidad de días de vacaciones pagas y nuevas cláusulas de defensa de la estabilidad para varios gremios. Por otra parte, se dispuso la creación de un nuevo fuero judicial, con tribunales del trabajo a cargo de jueces especialmente dedicados a proteger los derechos de los trabajadores. Pero acaso la medida más importante fue el decreto que reglamentaba y extendía las negociaciones de convenios colectivos por rama de actividad. Este tipo de convenios había beneficiado hasta entonces a pocos gremios y tenía alcances limitados. La nueva disposición hizo obligatoria la mediación del Estado en caso de conflictos; los convenios firmados serían en adelante de cumplimiento forzoso y se dotó a la STP poderes de policía para garantizarlo. La Ley de Asociaciones Profesionales de octubre de 1945, que convirtió ese decreto en norma firme, otorgó también a los trabajadores amplios derechos de sindicalización, incluyendo la protección de los delegados y afiliados contra cualquier represalia de la patronal. 

Las conquistas de estos meses irritaron profundamente a los empresarios, no tanto porque los obligaran a pagar mejores salarios, sino por los cambios que ocasionaban en el trato cotidiano con su mano de obra. Por todas partes tuvieron que lidiar con delegados gremiales y abogados sindicales que se les plantaban de igual a igual. Los trabajadores sentían que ahora existía una voluntad superior, por encima de la de sus patrones, que velaba por sus intereses. Naturalmente, esto afectó la disciplina laboral, a medida que el temor y la sumisión fueron dando lugar a una actitud más orgullosa, incluso altanera, por parte de peones, empleados y obreros. Los empresarios y estancieros no podían soportar este desafío a las jerarquías tradicionales, y eso fue alimentando durante 1945 una formidable reacción antiperonista. Las protestas de las principales entidades patronales por el “clima de indisciplina” se hicieron públicas y muy pronto los trabajadores percibieron el peligro de una reacción. No había dudas de que, si caía Perón, los intereses del capital intentarían desandar el camino de las conquistas obreras. De hecho, la reacción se hizo visible apenas se produjo la renuncia del coronel a sus cargos, cuando la Corte Suprema anuló el decreto de creación de los tribunales del trabajo por “inconstitucional”. Incluso después del regreso triunfal de Perón, los empresarios se negaron a pagar los nuevos aguinaldos y realizaron un lock out contra el gobierno. 

Para comienzos de octubre de 1945 el escenario de lucha de clases estaba planteado con total claridad. Las entidades patronales, con ayuda de la embajada estadounidense, habían conseguido poner en marcha un gigantesco movimiento de oposición en el que consiguieron aglutinar a todos los partidos políticos. Jaqueado, el gobierno militar finalmente entregó la cabeza de Perón y se preparó para traspasar rápidamente el poder a la Corte Suprema. La reacción patronal estaba unificada y en marcha. 

Frente a ese escenario ¿Qué hacer? Era fundamental para los trabajadores adoptar una línea de acción sin pérdida de tiempo. Pero ¿cuál? Perón no era parte del movimiento obrero y muchos sindicalistas lo veían con desconfianza. Si por un lado sus medidas venían beneficiando a los obreros, su uniforme militar y su perfil ideológico generaba resquemores. La célebre movilización del 17 de octubre de 1945 respondió esa pregunta: los trabajadores apostaron por Perón como modo de defenderse de la reacción patronal en marcha. 

Apenas terminada esa gesta, los dirigentes sindicales concibieron el proyecto de crear un partido propio que fuera el brazo político del movimiento obrero. Sin demoras pusieron manos a la obra, y en noviembre más de 200 delegados sindicales llegados de todo el país fundaron el Partido Laborista (PL), presidido por Luis Gay, dirigente telefónico de larga trayectoria. La nueva agrupación se concebía como una fuerza de centroizquierda reformista y aspiraba a atraer no sólo a los trabajadores sino también a los sectores medios progresistas. La idea era llegar al poder en las elecciones previstas para febrero, llevando a Perón como candidato. 

Si quería ganar la elección, Perón, que carecía de un partido propio, necesitaba contar con el apoyo decisivo de los sindicatos. Pero no quería quedar atado de pies y manos a ellos. Desde muy temprano se notaron los síntomas de tensión que esta situación provocaba entre los aliados. En verdad, los tironeos venían de mucho antes. Desde 1944 todos los sindicalistas se vieron, en mayor o menor medida, en la necesidad de hacer malabares para mantener su autonomía aprovechando al mismo tiempo las ventajas que ofrecía Perón, que venían a cambio de gestos de apoyo. Una negativa total podía traer consecuencias dramáticas, como pronto aprendieron los comunistas. Para quitarlos de en medio el coronel había creado o ayudado a afianzar sindicatos rivales, para canalizar los nuevos beneficios a través de ellos, desacreditando de ese modo a los gremialistas opositores. Este tipo de maniobras inquietaba no sólo a los comunistas, sino también a los gremialistas moderados, que temían caer víctimas de ellas. Pero los eventos de octubre parecían haber dado vuelta la relación de fuerzas: ahora era Perón el que temía por su autonomía. Para no quedar preso de los dirigentes del PL, exigió que aceptaran una alianza con la UCR-Junta Renovadora, un pequeño grupo de políticos escindido del radicalismo. Los conflictos entre ambas agrupaciones no tardaron en aparecer, lo que dio mayor autoridad a Perón como mediador indispensable. 

El PL puso toda su energía en asegurar la victoria en las elecciones y de hecho fue el que consiguió por lejos la mayor cantidad de votos para el coronel. Las fuerzas antiperonistas se habían unificado tras los candidatos de la Unión Democrática, una coalición que agrupaba no sólo a la UCR y los demócrataprogresistas, sino también al socialismo y el Partido Comunista, que creían ver en Perón una amenaza “nazifascista”. La campaña estuvo marcada por una gran polarización y una intensa lucha social. Las manifestaciones y militantes peronistas recibieron frecuentes balaceras. Por su parte, en su recorrida por el interior el “Tren de la Victoria” de los antiperonistas fue constantemente apedreado. Fueron elecciones realmente vibrantes.

En febrero de 1946 Perón logró una ajustada victoria, con una diferencia importante en algunos sitios y menos categórica en otros, pero aun así triunfó en la gran mayoría, incluso en la Capital. Las elecciones fueron récord en participación de votantes. Lo votaron no sólo las clases populares sino incluso una porción importante de empleados, pequeños productores y otros sectores medios-bajos. Incluso algunas élites locales lo acompañaron (especialmente en Córdoba y Santa Fe), atraídas por su nacionalismo, por su clericalismo o por haberse declarado “un conservador, en el noble sentido de la palabra”. 

Los laboristas tuvieron poco tiempo para festejar la victoria: a poco de las elecciones Perón inició maniobras para quitarles todo poder autónomo. Para erigirse como líder indiscutido del movimiento tenía que contar con un aparato político propio. En mayo ordenó la disolución del PL y del resto de las agrupaciones que lo habían apoyado y su fusión en un nuevo Partido Único de la Revolución Nacional, luego redenominado simplemente Partido Peronista, como para que no quedaran dudas. Algunos laboristas, sorprendidos, intentaron resistir. Pero las presiones y la fuga de dirigentes los fueron haciendo desistir y en junio finalmente acataron la directiva. Los que se negaron a hacerlo, como Cipriano Reyes –quien como referente del gremio de la carne había tenido un papel crucial para movilizar a los trabajadores el 17 de octubre–, terminarían presos. Así terminó el primer y hasta ahora último intento del movimiento obrero argentino de incursionar en política con un partido propio.

Así y todo, la apuesta que entonces hicieron los trabajadores les permitió defender los derechos laborales conseguidos y sostenerlos durante décadas. Desde entonces las clases altas quisieron eliminarlos por todos los medios, por las buenas o por las malas. Avanzaron con retrocesos desde la última dictadura –contando no pocas veces con la ayuda de sectores del peronismo– hasta que encontraron en Milei el vehículo efectivo.

La historia de las elecciones de 1946 es rica en enseñanzas. De lo que la autonomía política de los trabajadores puede lograr. Y de la fragilidad de esos logros cuando se sostienen en liderazgos que no salen de su seno.

EA/MC

Milei no va a dejar gesto de Trump sin imitar. En estos días envía a la Policía Federal a hacer redadas en el barrio de Liniers para cazar inmigrantes ilegales, a la manera de la infame ICE, mientras los referentes libertarios en redes sociales y en los medios agitan el fantasma de una invasión de delincuentes indocumentados. Como dejó en claro Julio Bazán, movilero de TN, la policía detenía gente “aleatoriamente” en la calle pero, curiosamente, el 99% era de tez morena. Los liberfachos salieron a justificar: si buscaban extranjeros era “normal” que eligieran detener a los de rasgos “bolivianos”. Para ellos era una pura cuestión estadística. No se les ocurrió que pudiera haber inmigrantes ilegales blancos. Ni les importa que la principal colectividad inmigrante sea la de los paraguayos, de fenotipo indistinguible del de las clases populares bonaerenses. Tampoco, que hay una buena porción de la nuestra población que tiene rasgos andinos y tez marrón. Y por otra parte, cuando la Policía busca a un sospechoso de tez blanca y ojos azules no detiene gente al voleo en Puerto Madero. Detrás de la súbita histeria por la inmigración ilegal hay xenofobia. Y detrás de la xenofobia, el conocido racismo argentino. Molesta el extranjero insuficientemente blanco.

No pocas veces en la historia argentina hubo políticos que trataron de apretar la tecla de la xenofobia. Lo intentaron las élites en tiempos del Centenario, cuando culparon a los extranjeros por los disturbios sociales y las “ideas foráneas” y aplicaron deportaciones sumarias. Durante la Semana trágica de 1919 inventaron una conspiración de “rusos” y jóvenes de clase alta llegaron a realizar un pogrom contra los judíos. En los años treinta e incluso bajo el peronismo los nacionalistas de derecha culparon a rusos o “eslavos” por la difusión de ideas comunistas. Los judíos fueron objeto de racismo en varios momentos. Pero lo cierto es que la xenofobia nunca llegó a ser un movimiento arraigado. La población argentina era demasiado consciente de su carácter inmigratorio como para permitirlo y los lazos de solidaridad siempre predominaron. 

Detrás de la súbita histeria por la inmigración ilegal hay xenofobia. Y detrás de la xenofobia, el conocido racismo argentino. Molesta el extranjero insuficientemente blanco

Los inmigrantes de países limítrofes se volvieron foco especial de la xenofobia durante la última dictadura, cuando comenzaron a ser hostilizados por el Estado de diversas maneras (incluyendo la deportación) y se impusieron restricciones más severas a su ingreso al país, para preservar –según informó un funcionario– la “calidad” de la población. Poco después, como parte de la campaña del Estado nacional para regularizar la situación de los inmigrantes ilegales, en 1986 se notó cierta xenofobia. En Florencio Varela, por ejemplo, algunos comerciantes e inspectores se las agarraron contra las vendedoras ambulantes bolivianas con expresiones racistas. En los años noventa la discriminación contra los inmigrantes de países limítrofes se intensificó. Políticos como Menem y Duhalde hicieron de ellos el chivo expiatorio perfecto para culparlos por el creciente desempleo. Parte de la burocracia sindical –en especial la de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA)– contribuyó en el mismo sentido.

En agosto de 1998, por ejemplo, la UOCRA convocó una masiva movilización para exigir mejores medidas de seguridad laboral. Los obreros bolivianos que asistieron tuvieron que agruparse en una columna aparte. Desde las columnas principales les dirigieron entonces exclamaciones agraviantes, como “somos argentinos y no bolitas”. En 1999 funcionarios estatales también acusaron a los inmigrantes de países limítrofes, sin ninguna evidencia, de ser la principal causa de la creciente inseguridad. Al año siguiente una revista de gran circulación publicó una recordada e infame portada que denunciaba una “invasión silenciosa”. La ilustraba la fotografía de un hombre de tez morena en el Obelisco, intervenida para que pareciera que le faltaba un diente. Supuestamente ejemplificaba la invasión de bolivianos y peruanos, pero luego se supo que el hombre de la foto era perfectamente argentino, solo que había tenido el mal tino de nacer en el Noroeste.  

El contexto de la rebelión de 2001 puso por un tiempo en sordina ese tipo de intervenciones, que sin embargo volvieron en 2010 de la mano del gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, que acusó a los inmigrantes de países limítrofes, sin ninguna prueba, de ser los principales responsables de los delitos. Desde entonces, periódicamente, funcionarios y periodistas de derecha intentan activar el odio xenófobo para ganar votos. Sin embargo, a pesar de que no caben dudas de que parte de la población tiene prejuicios contra los inmigrantes, la Argentina todavía no conoció movimientos masivos de agresión como los que se ven en Europa o EE.UU., ni el tema es un movilizador central de votos, al menos por ahora. 

Veremos si los libertarios logran traernos también esa plaga.  

EA/MG

En octubre de 2023, antes de que Trump ganara su reelección, publiqué en elDiario.ar una columna que advierte sobre la etapa implosiva en la que ingresó el capitalismo. Como señalaba allí, era esperable que viésemos mayores niveles de violencia y rapiña sobre recursos que se vuelven escasos y un debilitamiento mayor del estado de derecho y la democracia.

El primer año de Trump al frente de la Casa Blanca aceleró esa deriva de una manera alarmante. El propio mandatario ya reconoció abiertamente que EE.UU. ignorará cualquier legalidad internacional. En esencia no es nada nuevo: al menos desde la Guerra de Irak (2003) las tropas de EE.UU. se sintieron libres de desatar ataques de gran escala sin respaldo de la ONU. Lo distintivo del bombardeo a Venezuela es que ahora ya no pretenden tener excusas válidas. No se toman la molestia de fabular “armas de destrucción masiva”, como aquel cuento que legitimó la masacre de iraquíes. Ahora anuncian que se impondrán por la fuerza militar simplemente porque pueden y les conviene. A propósito, qué patético el espectáculo de la derecha argentina tratando de sacar alguna excusa de la galera –que era por “la libertad” de los venezolanos, que se desalojaba un tirano o un “narcotraficante”– mientras Trump se empeñaba en aclarar que lo único que le interesaba era el control del petróleo. 

Hay que decir, sin embargo, que no llama la atención (ni escandaliza lo suficiente) que EE.UU. lance bombas y fuerce cambios de régimen en países habitados por poblaciones no-blancas. Al contrario, lleva casi dos siglos haciéndolo. Más aún, toda la historia del capitalismo es la historia de la violencia colonial y el despojo del mundo no europeo. 

Lo que sí aparece como una novedad es la disposición de Trump de hincar el diente sobre los recursos y el territorio de sus aliados europeos. Los líderes del viejo continente contemplan azorados cómo su principal socio anuncia que se quedará con Groenlandia por las buenas o por las malas. Han quedado mudos, sin saber qué decir. Irónicamente, la integridad territorial de los miembros de la OTAN se ve comprometida por primera vez en la historia de la alianza. Y no es por alguna avanzada de esos horribles rusos contra los cuales se estableció, sino por la del principal socio estratégico, el que se suponía que los iba a defender de cualquier amenaza. 

Nada de esto debe interpretarse como una simple megalomanía de Trump. Pase lo que pase con Groenlandia, está claro que el hombre está decidido a darle a los europeos el tipo de trato que normalmente propina a los demás. Hay movimientos en ese sentido desde hace tiempo. Su Secretario del Tesoro, el inefable Scott Bessent, lo dijo con todas las letras en agosto pasado: la política de tarifas y la presión para que sus aliados de la OTAN aumenten el gasto militar apunta a forzarlos a redirigir inversiones y compras hacia compañías estadounidenses, de modo de favorecer la reconstrucción de la industria local. En sus palabras, lo que intentan es convertir los excedentes de sus aliados en un “fondo soberano de inversión” manejado por EE.UU. Asombrado, el periodista que lo entrevistaba tradujo la expresión a otra más simple: sería una “apropiación extraterritorial” inédita en la historia. Con apenas menos sutileza se lo podría llamar una extorsión. Desde el punto de vista político hay gestos parecidos, como las inéditas sanciones que Trump impuso a funcionarios europeos que aplican regulaciones que afectan a empresas estadounidenses, a dirigentes de ONGs que denuncian sus atropellos o a jueces de la Corte Penal Internacional que someten a juicio a personas que a ellos les simpatizan. Sanciones, como si fuesen venezolanos, serbios o iraníes y no los respetables miembros de la Unión Europea que son. 

Que el colapso del orden legal y económico internacional puede revertir esta vez no solo en violencia y perjuicios contra pueblos insuficientemente blancos sino también contra la “gente bien” es algo que comienza a evidenciarse también dentro de EE.UU. Con una velocidad sorprendente, Trump convirtió a la pequeña ICE –la agencia de control de inmigración ilegal– en una fuerza armada considerable, en la que, según todos los testimonios, reclutó a los marginales que pululaban en grupos y grupúsculos de extrema derecha, los que ahora tienen cobertura legal para su amor por los disparos y su odio por los zurdos. Se suponía que irían contra los inmigrantes ilegales, pero como se comprobó en estos días, sus violencias se descargan también contra ciudadanos nacidos allí, con papeles y coloración de piel inobjetables. Las calles de EEUU de pronto exhiben escenas de bandas encapuchadas secuestrando gente en autos sin identificación que creíamos exclusivas de países del Tercer Mundo. Si matan a un extranjero, es prueba de que no debía estar allí. Si matan una mujer rubia, anglosajona, madre de tres niños y poeta, como Renee Good, aplica el comodín preferido de Patricia Bullrich: era una “terrorista”. ¿Qué otra cosa iba a ser si era progresista y se oponía a las políticas autoritarias? Para la dictadura del capital, cualquier resistencia es por definición terrorismo.

Mirando todo esto desde la periferia, uno se siente tentado a entregarse al placer morboso de pensar que ahora que los del norte son objeto de maltratos y expoliaciones acaso aprenderán una verdad vieja como el mundo: que la violencia que uno inflige sobre otros tarde o temprano regresa. Acaso entiendan que, si no alzan la voz frente a un genocidio en Gaza o un bombardeo en Caracas, alimentan un monstruo que tarde o temprano los devorará también a ellos. Hannah Arendt lo dijo hace décadas en referencia al nazismo: que su racismo asesino no vino de la nada, sino que fue incubado, ensayado y perfeccionado durante décadas en los espacios coloniales que ocupó Europa. La deshumanización requerida para violentar al otro revierte inevitablemente sobre los victimarios. 

Ojalá fuese solamente una cuestión moral, pero no lo es. Existen impulsos materiales, económicos, geopolíticos, para el incremento de la violencia y el colapso del estado de derecho. La deriva implosiva del capitalismo empuja hacia allí, especialmente en el orbe occidental, en franca decadencia frente a sus competidores. Toda esa presión que durante siglos proyectaron hacia afuera, hoy se vuelve hacia adentro. Más explotación, más vigilancia, más discursos de odio, más intolerancia, más fuerza desnuda. La salida de esta ciénaga requerirá sin dudas aprender la lección de Arendt, pero también, inevitablemente, construir un movimiento político y una visión estratégica que nos saque de la barbarie del capital. 

EA/MG

Avanza en estos días el plan de “modernización laboral”, eufemismo para nombrar lo que no es otra cosa que un plan para pulverizar nuestros derechos y nuestros ingresos. Vuelven en los mentideros de la TV, los diarios y las redes sociales los eslóganes engañosos, esos gráficos tendenciosos y datos falsos que intoxican nuestra comunicación. En mi columna anterior me ocupé de la idea falsa de que exista una “industria del juicio”. Hoy voy con otra: el eslogan del “costo laboral” (supuestamente alto) de la Argentina. Todos lo repiten, empezando por Milei. La implicancia es que los empresarios desearían contratar más, pero el malvado Estado les impone cargas imposibles. Sería una “cuña fiscal” o un “impuesto al trabajo”, como lo llama otro eslogan insidioso. Parece ridículo: si queremos que haya trabajo ¿Por qué ponerle un impuesto? Absurdo.

“Costo laboral” es la relación entre el costo total que paga un empleador cada vez que paga un salario y lo que el empleado recibe de bolsillo. En 2024, esa diferencia fue en la Argentina del 34,6%. Suficiente para la indignación: imposible contratar así, el Estado se queda con el salario del pobre obrero, en otros países el costo es mucho más bajo, la producción se vuelve poco competitiva. ¡Hay que bajar el “costo laboral”!

Primer engaño: buena parte de esa diferencia no es porque el Estado se la quede. No es ningún “impuesto”: es salario indirecto, dinero que va al trabajador, solo que no de manera inmediata, sino diferida. Por ejemplo, en la jubilación, que es parte del salario que se pospone hacia un momento futuro, o la obra social, que permite acceder a servicios de salud sin pagarlos, o la ART, que cubre los gastos en case de un accidente laboral. Nada de esto es un impuesto. Y los costos los pagan empleadores, pero también los trabajadores aportan su parte.

Este esquema que parte el salario en dos –salario de bolsillo + salario diferido– surgió hace mucho tiempo, por demanda de los trabajadores. De hecho, en sus inicios empezó como una iniciativa autónoma, fuera del Estado y sin que los patrones pusieran un peso: los trabajadores creaban asociaciones de ayuda mutua y acordaban entre ellos aportar cada mes una porción de su salario para tener luego alguna cobertura en caso de que fallara la salud o para pagar su propio sepelio. Era una forma colectiva de enfrentar los problemas que individualmente un trabajador pudiera tener. Luego, eso evolucionó hacia el esquema moderno: el Estado tomó esa función (a veces compartiéndola con los sindicatos) y pareció justo que los empleadores también pusieran una parte. Porque si se beneficiaban del trabajo de una persona, también tenían que contribuir a que esa persona no muriera de hambre al llegar a anciana o si se enfermaba. ¿Por qué hoy los empresarios quieren eliminar todo esto? Porque tienen una relación de poder que los favorece y saben que los trabajadores, sobre todo los jóvenes, se verían forzados hoy a resignar ese salario indirecto y a aceptar un salario de bolsillo “pelado” y ellos se ahorrarían un gasto. Ni más ni menos: quieren pagar menos a los trabajadores.

Pero el argumento es engañoso también por otros motivos. Para empezar, si vamos a hablar de la competitividad, veamos el costo total de emplear a alguien. No solo el “costo laboral”. Lo cierto es que los empresarios argentinos pagan salarios mucho más bajos que los que se pagan en países desarrollados. Peor aún, tenemos uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina (y no: los salarios promedio tampoco se destacan). Con o sin “costo laboral”, pagan una miseria. Así que a otro perro con el hueso de la “competitividad”...

Finalmente, ni siquiera es cierto que la proporción que estima el “costo laboral” sea muy alta en Argentina. La llamada “cuña fiscal” total en 2024, incluidas todas las cargas, contribuciones e impuestos que pesan sobre el trabajo, no dio un porcentaje particularmente alto. En una muestra de 39 países, la Argentina quedó en el puesto 26, por debajo de casi todos los países europeos y muy muy por debajo de Alemania, Bélgica o Francia. Nada del otro mundo.¿Podría la Argentina ser más competitiva bajando esa cuña, quitando todo derecho laboral y llevando los salarios a niveles de los que se pagan en Ruanda o Kenia? Claro que sí. Pero entonces que digan que el objetivo es que seamos como Ruanda o Kenia.

Pero vayamos más a fondo. Nos taladran con el problema del “costo laboral” y la competitividad. ¿Pero cuál es el “costo patronal”? ¿Cuánto les sale a las empresas sostener todos los gastos gerenciales, todo lo que le cuestan sus dueños y ejecutivos? ¿No habrá allí costos a ahorrar si de lo que se trata es de ganar en competitividad?

“Costo patronal” es un término que puso a circular el movimiento de empresas recuperadas luego de la crisis de 2001. En esos años, cuando cada mes quebraban cientos de fábricas, los obreros tomaron muchas de ellas y las pusieron a trabajar sin patrón, administradas por ellos mismos. Fábricas gigantes, como Zanón, quebrada por su dueño, se recuperaban, contrataban más trabajadores, florecían. Demostraban así que eran viables económicamente, incluso si los bancos no les daban créditos, incluso si los proveedores y clientes les tenían desconfianza. Bajo control obrero, eran viables. ¿La clave? Que lograban reducir drásticamente lo que comenzaron a llamar el “costo patronal”, la carga de los gastos gerenciales que aplastaba a muchas empresas. ¿Cómo definieron el “costo patronal”? Para empezar, por supuesto, la tajada que se llevan los accionistas, que es una enormidad. Sin eso las empresas podrían ser más competitivas y pagar sueldos mucho mejores. Pero dejemos eso de lado mientras vivamos bajo el capitalismo.

“Costo patronal” es también la cantidad de gastos que genera el modo de gerenciamiento habitual. En primer lugar, los salarios y bonos exorbitantes que se llevan los CEOs y ejecutivos, que vienen creciendo de manera injustificable. En Estados Unidos, donde hay estadísticas de todo, se ve claramente. En 1965, un CEO (Gerente General) cobraba en promedio 21 veces más que un trabajador. Para 2022 la brecha se había ampliado de manera fabulosa: ya ganaban 344 veces más. Pero además de eso hay que sumar toda una cantidad de prebendas gerenciales: comisiones, oficinas lujosas, choferes, pasajes en primera, viáticos, retiros a resorts lujosos, etc., una fortuna en costos que deben soportar las empresas. A eso hay que agregar lo que gastan en consultorías que, como mostró la famosa economista Marina Mazzucatto, muchas veces son poco menos que una gran estafa.

Y todavía nos queda estimar el costo de la corrupción empresarial. No me refiero solamente a las coimas que sistemáticamente pagan a jueces y funcionarios para asegurar sus privilegios –otra fuente de gastos enorme– sino a la corrupción interna de las firmas, que es rampante. Las empresas deben cambiar sus gerentes de compras cada pocos meses para evitar el cohecho de los proveedores, por el que las empresas pierden fortunas y tienen mayores costos (que obviamente paga el consumidor). Poca gente lo sabe, pero la corrupción en el sector privado es gigantesca.

¿No ganaríamos mucho más en productividad y competitividad discutiendo el costo patronal, en lugar de merodear obsesivamente en torno de un “costo laboral” cuya reducción no significa otra cosa que atacar el nivel de vida de quienes viven de su trabajo?

ED/MF

“Se embarazan por un plan”. Hasta hace poco, parecía un dato incontrovertible: las mujeres pobres buscan embarazarse como sea para cobrar un plan social. No habían pasado más que dos o tres años desde la creación de la Asignación Universal por Hijo y ya había derechistas que lo decían. En su imaginación, los planes (y las mujeres) estaban causando toda clase de problemas: sobrepoblación, pobreza descontrolada, familias inviables, anomia, vagancia, más gasto público. Se embarazan por un plan, dijeron Chiche Duhalde y referentes del PRO en 2015. Lo repitió Miguel Ángel Pichetto en 2021, mientras exigía a las mujeres pobres parir menos. Coincidió José Luis Espert en 2023, cuando ya era de La Libertad Avanza: se están embarazando por un plan y dan a luz “delincuentes, violadores y asesinos”. ¿Qué otra cosa iba a parir una mujer pobre, no? Los empresarios también se hacían oír: basta de planes embarazadores, terminemos con esta irresponsabilidad demográfica populista.  

Ni bien se echó a rodar esa frase hubo voces que mostraron que no había evidencia de tal cosa: con o sin AUH, las mujeres pobres no estaban teniendo más hijos, sino menos. Desde 2015, si no antes, esa información estuvo disponible para el público general. El CONICET y UNICEF estuvieron atentos a proveer datos confiables para el debate público. Pero no importó: la frase se repitió hasta el hartazgo en conversaciones familiares, redes sociales, programas de radio, diarios. Las muy turras “se embarazan por un plan”. Punto. Y ustedes, los de las ciencias sociales, zurdos, déjense de joder: todo el mundo sabe que es así.

Todavía hay gente que lo repite, pero este año el eslogan cayó súbitamente en desuso. No fue por la evidencia de que estamos ante una caída de la natalidad impresionante: eso ya se sabía de sobra cuando Pichetto y Espert vomitaron su odio de clase. Si cayó en desuso fue porque causaba interferencia a otro eslogan que la derecha salió a instalar hace poco: nos estamos quedando sin bebés porque feministas y aborteras woke convencieron a las mujeres de no tener hijos. Son enemigas de la familia, las muy turras. Pónganse a parir, sobre todo ustedes que perciben la AUH, ¡ingratas!

El ocaso del “Se embarazan por un plan” fue bastante atípico. Rara vez un eslogan así cae en desgracia. Hay decenas de frases igualmente insostenibles –incomprobables o directamente falsas– que se acumulan a nuestro alrededor con total indiferencia de los datos reales. La gente los repite, sin que las desmentidas consigan hacer mella. La galería es interminable. Milei comenzó su mandato aportando dos nuevos: que nos salvó de una “inflación anualizada de 17.000%” y que hace 100 años Argentina era “potencia mundial”. No importa cuántas decenas de economistas explicaran que la inflación no se anualiza así, ni cuántas personas que hayan agarrado alguna vez un libro advirtieran que la Argentina no estuvo jamás ni siquiera cerca de ser una potencia. Se dice, se repite, queda sedimentado. Listo. Una “verdad” establecida en el sentido común. Firme. 

Las capas sedimentadas de estupidez hecha eslogan crecen a un ritmo vertiginoso. Basta con que alguien lance una y van quedando acumuladas. Las repite un ejército de tontos munidos de memes, gráficos mal construidos, citas fuera de contexto o links de algún sitio web cualquiera. “¡En Neuquén hay una base militar China!” Ya está, se repetirá aunque otras 100 inspecciones como las que ya se hicieron comprueben que no es más que un observatorio astronómico. “¡CONICET gasta dinero investigando el ano de Batman!” No importa cuántas veces se desmienta, no importa que los hechos reales se puedan conocer con solo preguntarlo a ChatGPT: ya está, quedó. ¿No ves? ¡Gastan el IVA de la polenta en investigar estupideces! Otra: “¡Las universidades no permiten que las auditen!”: mil veces se explicó que las universidades nunca se negaron a nada, que no tendrían posibilidad legal de negarse incluso si lo quisieran, y que el organismo del Estado que se ocupa de ello, la AGN, hizo todas las auditorías que quiso y hoy mismo está haciendo otras. No importa. Quedó. No se dejan auditar, las muy turras.

La lista podría ampliarse hasta la náusea. Los eslóganes inventados para justificar políticas económicas ortodoxas son los más insidiosos. “Impuesto inflacionario”, dicen, como si los ingresos extra que obtienen los empresarios o comerciantes que remarcan para sostener sus ganancias fueran en verdad impuestos que pone el Estado. “Tenemos la presión impositiva más alta del mundo”, dicen, ignorando que la presión fiscal de la Argentina es más baja que la de Brasil y mucho más baja que la de países como Dinamarca, Francia o Austria. “Estado elefantiásico, sobredimensionado”, dicen, aunque Argentina tenía, incluso antes de la llegada de Milei, un porcentaje de empleo público como parte del empleo total menor al del promedio de los países de la OCDE (y mucho mucho mucho menor que los países nórdicos). 

Ahora que el Gobierno avanza con la destrucción de los derechos laborales más elementales con una reforma que implica jornadas de trabajo más largas, fin de las horas extra, francos fraccionados y más caprichosos, el regreso de los tickets canasta, mayores facilidades para el despido, reducción de indemnizaciones y un ataque a los sindicatos y al derecho a huelga, vuelve el viejo eslogan “industria del juicio”. Porque, parece, que los trabajadores gozan de demasiados derechos y los aprovechan, junto a abogados inescrupulosos, para esquilmar a los pobres empresarios con juicios espurios. Otra vez aquí: no hay ninguna evidencia de que la litigiosidad haya aumentado o que sea comparativamente demasiado alta (salvo, quizás, en cierto tipo de accidentes laborales, en juicios que de todos modos no suelen generar perjuicios para los empleadores, como se dice, sino para las ART). De hecho, la litigiosidad por incumplimiento de la ley de contrato laboral es muy baja si uno la considera en relación con la enormidad del trabajo no registrado y a su crecimiento reciente, que habilitaría a millones de trabajadores a llevar a juicio a sus empleadores, con justa razón, cosa que no sucede. Pero no importa: todo el mundo cree que hay una “industria del juicio” que justifica la reforma laboral. Los trabajadores se aprovechan de los empleadores, los muy turros. Son ellos los culpables de que haya informalidad, claro que sí. 

Alguien podía decir, con razón, que nada de esto es nuevo. Que los humanos han repetido tonterías desde que el mundo es mundo. Esto es cierto. Pero el consuelo olvida un dato fundamental. La estupidez de hoy no viene sola, ni se afirma solo porque la repetimos. Estamos asistiendo a un cambio tecnológico vertiginoso que implica condiciones inéditas para la comunicación humana. Ya no es solamente que las corporaciones de medios tengan lazos estrechos con las clases altas y reproduzcan sus visiones. Ya no son solamente las campañas masivas de fake news, patrocinadas por la derecha a través de todo un andamiaje de foros y fundaciones internacionales. Es todo eso, pero mucho más. 

En los últimos meses se abrió camino, en nuestra comunicación, la apelación a la IA como palabra última de validación. Si algo es o no verdad ya no parecería materia de discusión: se pregunta a la IA y listo. Palabra santa. Si uno pregunta a Grok si existe una “industria del juicio” en Argentina, por ejemplo, responderá que sí. ChatGPT también. Si uno lee luego las justificaciones, verá que en verdad describen un debate, en el que las cámaras empresariales y las ART dicen que sí y el resto de las voces dicen que no. Pero Grok y ChatGPT toman partido y responden que sí. La empresa china DeepSeek, en cambio, prefiere mantenerse neutral e informa que hay un debate al respecto.

Propiedad de billonarios, algunas de las IA más utilizadas son conocidas por basarse en algoritmos que tienen un sesgo hacia la derecha: suelen responder favoreciendo más a las posturas de derecha. Un usuario consiguió que Grok mismo lo reconociera y admitiera que eso se acentuó luego de que Elon Musk comprara la compañía. Además, Grok responde a cada usuario según su historial de opiniones: a cada uno ofrece una “verdad” acorde a sus creencias. 

Pero ni siquiera haría falta que Musk y sus colegas “toquen” el algoritmo o construyan perfiles de usuarios. La IA funciona sintetizando lo que los humanos decimos o dejamos escrito. Si cámaras empresariales, funcionarios, periodistas, abogados corporativos repiten mucho “industria del juicio” y los diarios y portales levantan la expresión, para la IA pasa a existir. Sumémosle que una porción cada vez mayor de los textos de los que se nutre la IA los hizo la propia IA regurgitando tonterías humanas. El loop va irá dejando capas sedimentadas de “verdades” hasta que ya no haya manera de distinguir realidad de ficción. 

¿Dónde podrá apoyarse hoy algo parecido a la verdad? ¿Qué defensa nos queda frente a la montaña de estupidez que las redes y los algoritmos potencian (redes y algoritmos –no lo olvidemos– enteramente manejados por millonarios)? ¿Qué sostendrá el pensamiento crítico, ahora que el impulso básico que lo anima –ponerse a buscar información uno mismo– ha sido hackeado? Quedan pocos bastiones, que resisten como pueden. En especial, los campos científicos o académicos, que producen conocimiento con métodos reglados, con procedimientos a la vista de cualquiera y bajo control de los pares (justamente lo contrario a los algoritmos secretos que nos imponen las corporaciones), sostenidos por las universidades e institutos de investigación. Y las maestras y profesores que los difunden en escuelas cada vez más deterioradas, a las que asisten niños cada vez más absorbidos por las pantallas y sus “verdades”.

¿Será por eso que las derechas en todo el mundo han convertido a la educación, a las universidades y la investigación en sus enemigos? 

Preguntáselo a ChatGPT antes de que cambie la respuesta.

EA/MG

Hace unos días, un diputado mileísta, en campaña permanente para difamar la educación pública, denunció en una radio que “la UBA tenía prostíbulos en el subsuelo”. La prensa no dudó en convertir la frase en un titular. En tiempos en que pocos leen los textos de las notas, seguramente mucha gente la dio por cierta. Se habrán hecho la idea de que las facultades de la UBA son utilizadas para albergar una red de prostíbulos, de la que, vaya a saber, se enriquecerían los decanos, los empleados, sin dudas los militantes, quién sabe si también los profesores. ¿Acaso se prostituirán las estudiantes? ¿Habrá un mercado de títulos a cambio de sexo? Y si había prostíbulos, ¡prostíbulos!, imaginen qué otras cosas habrá. Todo sucio, inmoral, corrupción, negociado.

La extrema derecha es extremadamente mentirosa, no se avergüenza de serlo ni se ruboriza cuando se nota. En este caso, sin embargo, el energúmeno aseguró que la noticia era real, googleable, y desafió al periodista que lo escuchaba azorado a comprobarlo. Como no aparecía nada, él mismo proveyó el link de una vieja noticia de hace 24 años. Era el 2001 y resulta que un empleado de la Facultad de Derecho, encargado de la cerrajería del edificio, había sido denunciado y sometido a juicio porque durante los miércoles por la noche, cuando no había clases, utilizaba su pequeño taller de cerrajería, en el segundo subsuelo, al que sólo él tenía acceso, para ofrecer servicios sexuales. Las autoridades obviamente no lo sabían y lo denunciaron apenas el hecho se conoció. En fin, un hecho policial muy menor. La UBA no tenía prostíbulos, obvio. Sin embargo, puede que ahora miles de personas crean que sí. UBA, prostíbulos, asco.

El episodio grafica bien lo que viene sucediendo en nuestro país desde hace años. Alguien busca con lupa algo, un poco de roña, lo que sea, donde sea. Lo encuentra. Porque siempre hay algo en algún rincón y, es sabido: el que busca, encuentra. Luego, magnifica esa roña que encontró y la hace aparecer como un rasgo general, constante, distintivo. No es “un cerrajero cometió un delito en un cuartito del segundo subsuelo de la Facultad de Derecho en 2001”. Es “la UBA tiene prostíbulos”.

Desde hace años, la derecha argentina aplica su lupa jodida a todo lo que busca destruir. Y cuando digo derecha no me refiero solo a los afiliados al mileísmo, al PRO y al resto de los partidos de derecha, sino a toda la red de influencias que manejan en medios de comunicación, redes, poder judicial, figuras públicas. Todo ese conglomerado aplica su lupa jodida sobre los demás. Todo lo estatal, todo lo que no es de derecha, todo lo que ellos no controlan, toda figura que represente algo y no los obedezca, es sometido a un escrutinio tan implacable como mala leche.

Lo sabemos bien en Conicet. Conicet rankea entre los organismos de investigación científica más prestigiosos del mundo. No hay mes que no genere noticias como la del descubrimiento crucial para la lucha contra el cáncer que reportó hace unos días. El listado de los logros del Conicet y las miles de maneras en las que benefician a la Argentina es verdaderamente interminable. Incluyendo los logros en Ciencias Sociales. Sin embargo, luego de 2016, la lupa jodida también se posó sobre el organismo. En manos de un conocido periodista, ha conseguido que miles de personas piensen que el Conicet se dedica a investigar sobre el ano de Batman. Porque eso es lo que la lupa jodida halló buscando con ahínco entre sus bases de datos: un título ocurrente de una comunicación que un investigador hizo por fuera de su proyecto financiado. Listo: a la lupa jodida le sirve. ¿Destruye la reputación de miles de científicos y de un organismo que nada tienen que ver? Perfecto.

La secuencia es siempre la misma: lupa, magnificación de un hallazgo, generalización, repetición incansable. Hasta que todos pensemos que todo es un gran prostíbulo: las universidades públicas, el Conicet, el Garrahan, los organismos de derechos humanos, los sindicatos, los partidos que no son de derecha, el INTA, el INCAA. Todo mugre, negociados, ñoquis, inmoralidad. Todo joda, roña; todo un asco. Menos el sector privado, la derecha y los denunciantes, of course.

La derecha argentina viene manejando su lupa jodida desde hace años. Les funciona bien, claro, en un país como el nuestro, en el que la mugre efectivamente abunda. Porque todos estamos predispuestos a sospechar que todo es roñoso. ¿Prostíbulos en la UBA? Suena a mucho, pero quién sabe, quizás sí. La derecha aprovecha esa credulidad y maneja la lupa jodida para atacar todo lo que funciona más o menos bien fuera de la órbita del mercado. Para degradarlo, humillarlo, hacerlo aparecer con la peor luz y justificar su desmantelamiento.

No hay nada que resista una lupa jodida. Nada ni nadie es 100% impoluto. No hay persona, por intachable que sea, que no haya hecho algo mal, aunque sea mínimo. No hay institución, por transparente que sea, que no tenga algún rincón opaco. No hay organización que agrupe a cientos de personas en la que alguna no sea defectuosa o incluso delincuente. Ni en Argentina ni en Suiza. Por más que uno limpie la casa con esmero, si el invitado llega con la lupa jodida, podrá magnificar esa pelusa que encuentra detrás de la pata de un sillón y denunciar que la casa es una mugre.

Para recuperar este país, habrá que recuperar el control de nuestra mirada, hoy direccionada en el sentido que conviene a los enemigos de la sociedad. Habrá que desactivar esa lupa jodida, quitarla de sus manos, para volver a mirar la realidad a simple vista. Para poder ver, antes que nada, la mugre que más nos afecta, que es precisamente la que la derecha nos trae: la de los negocios para pocos, el empobrecimiento planificado, el expolio del espacio urbano y de nuestros recursos naturales, la transferencia de ingresos hacia los ricos, la fuga de divisas, la corrupción de guante blanco, la violencia institucionalizada. Todo eso que la lupa jodida nos oculta.

EA/DTC

Hay pequeñas historias a través de las cuales se puede comprender el mundo. Les cuento dos que ocurrieron este verano en la costa Atlántica. No tienen nada de particular, son bien cotidianas.

La primera ocurrió en Santa Teresita, un balneario popular. Gente en la playa tratando de pasar un buen rato. Una familia pone la música demasiado alta, otra familia le pide que la bajen. La discusión sube de tono. Ambas se creen con derecho: la una a relajarse un rato sin ser aturdida, la otra a relajarse un rato con la música de su antojo. Después de todo la playa “es de todos”, lo que parece lo mismo que decir que “no es de nadie”, así que ¿quién tiene derecho a decirme que no escuche lo que se me antoja? Si no les gusta que se corran a otro lado. El problema es que la playa está bastante llena. No hay mucha escapatoria. Dondequiera que uno vaya hay algún idiota con un parlante, o algún histérico que no quiere escuchar la música ajena, depende como uno lo mire. El desacuerdo termina a las trompadas. Batalla campal. Tuvo que intervenir la policía y el asunto motivó una nota en el diario Clarín, que además informa sobre hechos similares por todas partes: un bañista que le pega a un guardavidas porque le indica que no debe ingresar al agua, un vendedor ambulante que pelea con otro por vender en el mismo rincón, etc. La policía trata de mediar pero no sabe bien cómo. No está prohibido escuchar música en la playa. ¿No podrán aplicar sentido común y respetarse? Ciertamente, si hubiese menos gente o la playa fuese más amplia podría decirles que se alejen y evitarse tales conflictos. Pero espacio ya no hay. Demasiados intereses en juego sobre un espacio demasiado limitado.

La segunda historia transcurre en Mar del Plata, donde se desarrolla un conflicto entre propietarios. Por una parte, empresarios inmobiliarios. Por la otra, vecinos de uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. Ambos están tranquilos con sus derechos de propietarios. Y aun así se encuentran disputando el patrimonio común de la ciudad. Los empresarios pretenden erigir torres frente al mar, con lo cual arruinarían el paisaje urbano, le quitarían la vista a las casas que quedan detrás y demolerían chalets históricos con valor patrimonial. Se suponía que no podían hacerlo porque el código urbanístico no lo permitía. Pero en Mar del Plata gobierna la derecha y, al igual que en Buenos Aires, todos los días aprueban alguna excepción para sus amigos empresarios. De nuevo, todos se sienten con derecho. Los empresarios, porque adquirieron una propiedad y, se sabe, el propietario es rey. Pero los vecinos también son propietarios. Como los bañistas de Santa Teresita, reclaman poder definir cómo se usa un patrimonio que es de todos y parece no ser de nadie. ¿De quién es la vista? ¿Derecho de quién es preservar una ciudad linda, que no sea un amontonadero horrible de torres? Un juez acaba de apiadarse de los vecinos y concedió una cautelar. Por ahora no habrá torres. Pero es obvio que la historia no terminará allí.

El espacio que se agota es un punto en común entre ambos episodios. La gente se aprieta, el espacio falta, todos quieren poder aprovecharlo o sacarle su tajada. El individuo soberano exige libertades personales a su antojo: te meto la música a todo lo que da, jodete. El capital presiona, necesita ganancias como sea: te meto una torre donde quiero, jodete. La presión que estas historias demuestran se viene intensificando cada vez más. El capitalismo ingresó en su fase implosiva: no tiene ya ningún “afuera” donde expandirse, ningún espacio exterior para colonizar. Ya lo ocupó todo y sin sostener su tasa de ganancia muere. Para mantenerse en pie solo le queda chupar más del territorio que ya ocupó, sacarle más jugo al patrimonio común, meter una torre más al lado de la que ya erigió el año pasado. El espacio personal se comprime. Los recursos se acaban, la explotación se intensifica, no hay lugar para que cada cual haga su vida sin molestarse. Las tensiones que estas microhistorias muestran tienden a intensificarse.

En los tiempos políticos en los que vivimos, nada contribuye a encontrar maneras razonables de lidiar con ella. Al contrario: los dirigentes favoritos son los que le dicen al individuo que tiene derecho a hacer lo que se le antoja y, al empresario, que se convierte en héroe si mete una torre más, si vuela una montaña más para extraer minerales, si consigue hacer trabajar más a sus empleados y pagar menos impuestos. Irónicamente, puede que no haya diferencias políticas entre los involucrados en estas dos historias. Posiblemente los bañistas de Santa Teresita hayan votado a Milei, lo mismo que todos los involucrados en el conflicto inmobiliario, tanto los vecinos del coqueto barrio Stella Maris como los empresarios. En Mar del Plata, de hecho, Milei tuvo uno de sus mejores resultados. Votaron a un topo que quiere destruir el Estado desde adentro, posiblemente imaginando que va a poner orden y decirle al de al lado que deje de hacer eso que me molesta a mí, eso que interfiere en lo que considero que es mi derecho individual.

Todos, sin embargo, necesitaron del Estado para dirimir sus problemas privados. Lo necesitaron para que las trompadas no terminaran en sangre, para conseguir una excepción a la ley o, al contrario, una cautelar que la defienda. No es difícil imaginar cómo podría haber terminado la trifulca en Santa Teresita si no hubiese habido algún mecanismo de mediación entre las partes. Y todos imaginamos cómo terminará el tema en Mar del Plata: los empresarios merodearán juzgados y oficinas de concejales y habrá sobres que ablanden voluntades o consigan remover obstáculos.

Hay una condición de posibilidad para que todo esto ocurra, que sin embargo permanece invisible, fuera de nuestra vista. Si estamos en una dinámica que multiplica las tensiones entre nosotros, que nos oprime, que nos quita espacios y nos empuja a la conflictividad, es porque quienes más la promueven pueden librarse de sus efectos. Porque, claro, a los verdaderamente ricos el espacio personal no se les acaba. Con su actividad económica o las medidas de los presidentes que apoyan intensifican esos problemas para los demás, pero no los padecen ellos mismos. Pueden tener mansiones con playa propia, en las que ninguna torre les tape el sol. O vacacionar en islas del Caribe en las que ninguna doña en chancletas te pone cuarteto a todo lo que da, ni hay vendedores ofreciendo pirulines, ni bañeros que osen decirte qué hacer. No dependen de lo común, ni necesitan leyes que los amparen. Ellos mismos imponen su ley.

¿Cuánto tiempo más resiste la ley (supuestamente) igual para todos, lo común, a la presión implosiva del capitalismo y a la creencia de que cada cual puede apropiarse de su metro cuadrado e imponer allí su deseo individual como sea? ¿Cuánto más resiste la vida civilizada subjetividades que se creen con derecho a llevar su vida desentendiéndose de toda responsabilidad colectiva?

Seguramente no sean preguntas que podamos responder en esta época boba que nos toca. Quedarán para mejores momentos, si sabemos conseguirlos.

EA/DTC

Algún día un historiador escribirá una historia de nuestro país a través de El Eternauta. Si lo hace bien –como lo hizo mi colega Isabella Cosse con el bellísimo trabajo que le dedicó a Mafalda, otro ícono nacional– tendremos un gran libro.

Quien lo haga, seguramente se detendrá en la biografía temprana de Héctor Oesterheld, en su típica familia de clase media porteña, en sus estudios en la universidad pública y en el clima cultural de la Buenos Aires que lo vio nacer en 1919. Referirá sin dudas la extraordinaria modernidad y vitalidad cultural de esa ciudad, que a pesar de su carácter periférico fue escenario de innovaciones sorprendentes, como la primera película de dibujos animados del mundo y acaso la primera (o una de las primeras, el tema se discute) transmisiones de radio con fines de entretenimiento. En ese marco, destacará el carácter pionero de Oesterheld como autor de ciencia ficción en lengua castellana y el valor de su obra en el desarrollo del género a nivel internacional. Y también el de su dibujante estrella, Francisco Solano López.

Luego vendrá seguramente el análisis del Eternauta original, el que salió en 1957-1959, de sus sutiles referencias culturales y políticas, de sus alusiones veladas al imperialismo, más evidentes en la nueva versión de 1969. El rasgo más distintivo –la construcción de un héroe que no es individual, sino colectivo– aparecerá destacado aquí. 

No debería faltar la narración de los sucesivos emprendimientos editoriales y revistas de Oesterheld, de los problemas con sus editores y con los gobiernos militares. Podría contarse toda una historia política y económica de la Argentina en torno de sus dificultades y quiebras y, por supuesto, de las censuras y ataques. Ni que hablar de lo que viene luego. 

La radicalización progresiva de su posicionamiento político, a medida que las élites argentinas y los militares vayan sumergiendo el país en la violencia, será un eje inevitable. Vendrá también el capítulo sobre su ingreso (y el de sus hijas) a Montoneros y la publicación de El Eternauta II en 1976, con un marcado cambio de tono que refleja esa radicalización del autor. Seguirá la historia de la prohibición de su obra y su secuestro, desaparición y seguro asesinato a manos de la dictadura, y de la desaparición de sus cuatro hijas. El asesinato de un creador cultural increíble, único, y la devastación de una familia entera como símbolo de la devastación de un país. Luego, la incansable manera en que su esposa, Elsa Sánchez, buscó a todos ellos primero y, junto con las Abuelas de Plaza de Mayo, a dos de sus nietos, nacidos en cautiverio, que todavía no aparecen, podría ser el marco para contar la historia de la Argentina post dictadura.

La diversas reversiones y continuaciones de El Eternauta producidas luego del asesinato de Oesterheld, cada una con su propia conexión con el momento político, seguramente atraerán la atención del historiador o historiadora. Las alusiones a la devastación Menemista, continuidad de la de la dictadura, serán muy evidentes. No escapará de su ojo la conexión de la obra con el surgimiento del kirchnerismo, y el modo en que los militantes de esa orientación imaginaron un “Nestornauta” liderando la lucha contra la invasión neoliberal. El nuevo intento de censura de la obra por parte de Mauricio Macri en 2012 no pasará inadvertido. 

Y llegará finalmente el capítulo sobre la adaptación para las pantallas, los proyectos frustrados, hasta la exitosa serie que acaba de estrenar Netflix y que termina de convertir a El Eternauta (como Mafalda) en un ícono internacional. Los deslizamientos de sentido político visibles en la adaptación de Bruno Stagnaro dan para un largo tratamiento. Notará la historiadora o historiador las referencias a la rebelión de 2001, su continuidad en el presente y la invasión extraterrestre como metáfora de la reacción ultraderechista en la que estamos inmersos. La compasión de los personajes, el héroe colectivo y la alianza entre clase media y clase baja y con los migrantes, puestos en primer plano por decisión de Stagnaro, funcionan como una crítica bastante evidente a los tiempos de individualismo facho y discriminación que vive hoy nuestro país. Sin dudas, habrá una referencia a la manera magistral en la que el episodio 3 se las arregla para aludir de manera explícita a los principales conceptos del discurso de la extrema derecha: libertad, mercado, seguridad, propiedad. Acaso se aludirá también al posicionamiento contra la violencia en el rechazo inicial de Salvo a portar armas (que contradice la premura del original) y al mayor protagonismo de las mujeres.  

Si al historiador o historiadora le queda espacio, se divertirá brevemente con el modo típicamente bobo, a tono con la época, en que algunos militantes libertarios intentaron desacreditar la serie, mientras que otros quisieron usar el éxito del producto de Netflix como ejemplo de las virtudes del mercado y contrastarlo con la supuesta inutilidad del INCAA. ¡Justo esta serie, dirigida por un creador cuya carrera habría sido impensable sin el Estado! Stagnaro, en efecto, hizo el secundario en una escuela pública, estudió cine en el ENERC (que es estatal y depende del INCAA), e hizo su carrera gracias al apoyo del INCAA y de la TV Pública. Buena parte de su equipo técnico hizo recorridos similares. Como si eso fuera poco, la propia serie de Netflix contó con financiamiento de varios Estados, incluido el argentino. Y podría irse más lejos. Sin dudas, a su éxito contribuyó también el reconocimiento internacional de Ricardo Darín. Ese reconocimiento le viene de su protagónico en Nueve Reinas (2000) y luego en la ganadora del Oscar El Secreto de sus ojos (2009), ambas producidas con financiamiento del INCAA. Como suele pasar, el sector privado (en este caso Netflix) entra a último momento para cosechar los frutos de una larga inversión pública en recursos humanos y saberes, que el empresario aprovecha gratis.

Como broche de oro de su obra, la historiadora o historiador podría ensayar un epílogo que reflexione acerca de cómo sería el mundo si la ciencia ficción predominante hubiese surgido de las periferias. Cómo sería si países como el nuestro hubiesen tenido la capacidad de colocar más ficciones de alcance global. Si sus gobiernos no hubiesen censurado, quitado los pocos recursos disponibles o incluso asesinado a los creadores capaces de hacerlo. Cómo sería el mundo si hubiese dominado la ciencia ficción que aportamos desde el sur con El Eternauta, con ese héroe colectivo popular y con esas escenas de apoyo mutuo que contrastan con el predominio de ese héroe individual que solo puede imaginar al Otro como un zombi o como un enemigo, típico de los dramas postapocalípticos. Cómo sería nuestro mundo con ficciones en las que lugares como Yakarta o Kinsasa no apareciesen apenas como sitios en los que se originó el peligro mortal y en las que la humanidad pudiese ser salvada no solo desde Nueva York o Los Ángeles, sino también desde Buenos Aires, El Cairo o Nairobi.

Como cierre, el libro podría invitarnos a tomar la insistencia de El Eternauta en nuestra historia como un signo, el mensaje en una cápsula que como sociedad protegemos del olvido, porque continuamente nos piden que lo olvidemos. Nadie se salva solo.

EA/DTC

Lo que está pasando en Estados Unidos es bastante inédito y anticipa lo que podremos esperar por todas partes. Trump avanza contra la autonomía de las universidades. Pretende decidir él qué se puede enseñar y qué no. Lo mismo en los museos: quiere controlar la narrativa de la historia, que no se hable de racismo ni del avance en los derechos de las mujeres. Los profesores tienen miedo de lo que dicen en las aulas. Todo este escenario totalitario, propio de dictaduras, a cuento de una supuesta lucha contra lo “woke”. El mismo discurso idiota que Milei ya puso en juego en Argentina.

En noviembre de 2021, apenas lanzado a la carrera política meteórica que lo acaba de colocar como vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance lo dijo con todas las letras. “Las universidades son el enemigo”. Así como lo leen. Para que no queden dudas, puntualizó: “Los profesores son el enemigo”. Vance es el típico liberal-fascista que prolifera en estos días: tiene vínculos aceitados con la élite de los megamillonarios, está en contra del aborto, odia a los gays, demoniza a los inmigrantes, quiere que cualquiera pueda portar armas y cree que el cambio climático es un invento. También piensa algo que a Milei no le gustaría: que las personas sin hijos son psicológicamente inestables y propensas a tener problemas mentales. ¿Por qué detesta a los profesores? En su discurso lo dijo con toda claridad: son un obstáculo para las políticas que la extrema derecha quiere llevar adelante. No los profesores de tal o cual idea o los de ciencias sociales: los profesores y las universidades. Todos ellos.

A esta altura del partido no está claro que los cambios que viene atravesando la humanidad en los últimos 300 años puedan seguir considerándose un “progreso”. Pasaron demasiadas cosas, en muchos aspectos hay mejoras, en otros retrocesos. Solía imaginarse al capitalismo como una fuerza progresista, que alentaba una mayor libertad, más bienestar y más derechos para las personas. Hoy hay dudas cada vez más acuciantes. La crisis ambiental amenaza el futuro de la especie, derechos personales que creíamos solidos se deterioran, la desigualdad corroe la democracia, el fascismo avanza. 

El progreso científico y tecnológico es sin embargo indudable. Se suele agradecer al capitalismo por ese avance, pero lo que más contribuyó no fueron incentivos económicos ni mucho menos iniciativas empresariales, sino un cambio en el plano de las ideas: la aparición del método científico. Fueron filósofos como David Hume, René Descartes o Isaac Newton quienes lo desarrollaron a partir del siglo XVII. Hoy parece una obviedad, pero fue una revolución. Para conocer la realidad, propusieron, no alcanzaba con interpretar la Biblia, repetir las nociones de los antiguos, o dibujar teorías especulativas: había que recoger evidencia, observar, medir, formular hipótesis, contrastarlas mediante experimentos. Fue ese método lo que permitió esa notable aceleración de la comprensión humana sobre el mundo que colocó a la Europa moderna por encima de todas las demás regiones. La medicina, la química, la física, el conocimiento astronómico, trajeron innumerables oportunidades nuevas para la especie. Científicos y académicos posteriores fueron refinando el método, generando metodologías cada vez más confiables, acumulando datos y observaciones, creando procedimientos para que el saber se produzca bajo controles de calidad estrictos. La tarea nunca termina. Siempre se va mejorando. Los empresarios supieron poner todo ese potencial a su servicio, pero no lo crearon.

El método científico implica un compromiso ético que todo investigador acepta: uno no dice cualquier cosa que se le ocurra. Hay que someterse a los datos, dudar de todo, permanecer abierto a las impugnaciones que puedan presentar los colegas, tener la capacidad de reconocer prejuicios propios que pueden distorsionar la práctica. La evidencia debe imponer su ley. La verdad surge de esa empresa colectiva y del apego al método. 

El atractivo del método científico fue tal, que muy pronto buscó aplicárselo a la política. Entre los primeros liberales se destacaron los fisiócratas franceses, como Lemercier de la Rivière, que sostenía que “el despotismo de la evidencia” era el único remedio contra el “despotismo de la opinión”. La política debía regirse por las mismas leyes que regían el mundo natural y los soberanos tenían que someterse a la evidencia. También en los asuntos de gobierno penetraría el espíritu de la ciencia y el caos se transformaría en orden.

Si bien ese futuro luminoso claramente no llegó, no caben dudas de que los Estados refinaron e hicieron más eficaz su labor gracias al conocimiento científico. Desde la construcción de puentes hasta las políticas sanitarias, desde el manejo de la economía hasta la carrera espacial, todo se potenció recabando datos, levantando censos y encuestas, aplicando estadística, contrastando experiencias. Ejércitos de sanitaristas, sociólogos, demógrafos, economistas, trabajadores sociales, psicólogos, politólogos y muchas otras disciplinas colaboraron en la tarea. Los políticos no siempre se someten a la evidencia, pero los científicos y académicos se ocupan de que tengan conocimiento controlado, de calidad, para poder tomar sus decisiones. 

El conocimiento científico colaboró con el poder tanto como fue su enemigo. Porque el apego a la evidencia no siempre conviene a los poderosos. Los investigadores con frecuencia debieron enfrentar el sentido común de la sociedad y a quienes se enojan porque exponen sus privilegios o sus falsas creencias. La prolongada querella entre la Iglesia y los científicos en la Europa moderna es bien conocida: los conocimientos sobre astronomía, geología o la evolución de las especies ponían en entredicho la narrativa de la Biblia y eso socavaba el poder de la religión.

Algo análogo sucede hoy con las extremas derechas y con los magnates que las apoyan en todo el mundo: no necesitan ni desean someterse a una evidencia que cada vez con mayor claridad indica que sus actividades dañan la sociedad. Detestan que haya voces autorizadas que desmientan sus visiones. No quieren oír hablar del cambio climático, ni que Thomas Piketty demuestre con estadísticas monumentales que el mercado librado a sus propios impulsos solo crea rentistas y herederos, ni que haya antropólogas como Rita Segato que les recuerden que hay relación entre el capitalismo y la opresión de género y entre ambos y el racismo. Detestan que haya un campo académico con prestigio como para ser, todavía, escuchado. Por eso atacan con tanta furia a los universitarios “woke” en Estados Unidos o a las Universidades y el Conicet aquí. 

La extrema derecha es, entre otras cosas, una rebelión contra la evidencia. Sus partidarios reclaman el derecho a liberarse de los datos, el derecho a que cada individuo se cree una realidad a medida. No hay equívoco en el entusiasmo con el que difunden toda clase de informaciones falsas y disparatadas: no se trata tanto de imponer un dato falso, como de destruir el compromiso ético con la evidencia que funda las sociedades modernas. Todos esos cuadritos y gráficos mal construidos y pseudo-estadísticas que inundan las redes buscan hacer imposible que las personas encuentren referentes autorizados que aporten conocimiento bien generado. Tampoco hay equívoco en la manera en que desnaturalizan nuestro vocabulario cuando llaman “socialista” a Hitler o a “comunista” a Kamala Harris: no les importa tanto que alguien lo crea, como destruir toda capacidad de comunicación reglada entre las personas. Que el ruido impida toda inteligibilidad política. Que es otro modo de destruir cualquier lazo colectivo, salvo el que organiza el mercado. El valor de cambio como única verdad.

EA/DTC

La carnicería de Israel en Gaza continúa como si nada. No importa que ya hayan muerto al menos 51.000 palestinos, buena parte de ellos niños. La carnicería sigue. No importa que la ONU y todos los organismos internacionales de derechos humanos hayan denunciado un genocidio en marcha. La carnicería sigue. No importa que el año pasado la Corte Penal Internacional haya ordenado la captura internacional de Netanyahu por crímenes contra la humanidad. En desobediencia de esa orden, varios presidentes lo reciben en sus países. Se junta con Donald Trump para decidir quién se quedará con la Franja de Gaza una vez que terminen de matar o expulsar a los palestinos. Y mientras tanto Israel sigue instalando colonias ilegales en Cisjordania. Poder es impunidad. La ley “es tela de araña”, decía Martín Fierro: solo atrapa a los débiles.

Ya no queda gente honesta que no denuncie que estamos ante uno de los intentos de limpieza étnica más brutales que se haya conocido. Decenas de miles de judíos en todo el mundo, además de referentes políticos y culturales, lo han manifestado con todas las letras. Los intentos de censura son cada vez más groseros, desesperados e inefectivos. En Estados Unidos, luego de las amenazas de Trump de quitarles los fondos, la Universidad de Columbia cedió y escribió una página más de la historia universal de la infamia: para no perder la plata aceptó suspender y expulsar a los estudiantes que manifestaron críticas a Israel. En Alemania la policía detiene sistemáticamente a cualquiera que ose abrir la boca. Adiós libertad de expresión. Quien critica a Israel es antisemita. No puede hablar. Punto.

Nuestro país acaba de sumarse a la persecución con el procesamiento de la diputada Vanina Biasi, del Frente de Izquierda. Lo decide el juez Rafecas, en una acusación absurda. Considera que, por criticar a Israel, la diputada incurre en una “acción discriminatoria que alienta al odio contra la comunidad judía”. Nada menos que odio racial, un acto de “antisemitismo” que viola la Ley antidiscriminatoria 23.592 y que, por ello, no está amparado por el derecho a la libertad de expresión. Procesada y con un embargo además. Quien critica a Israel pierde la libertad de expresión, parece.

Uno puede estar en desacuerdo con las palabras que eligió Biasi. La comparación de los crímenes de Israel con la solución final y el nazismo, por ejemplo, me parecen desacertadas e innecesarias. Pero es un hecho que la diputada ni siquiera refirió a “los judíos”: sus intervenciones apuntaron exclusivamente a las políticas actuales del Estado de Israel y a la ideología sionista en la que, en su opinión, se justifican. 

Parece mentira tener que seguir explicando lo mismo. Es perfectamente legítimo criticar las políticas de un gobierno o un Estado. Cada cual tiene la libertad de considerar que una ideología puede ser nociva o criminal. Se puede estar en contra de las políticas de un Estado sin que ello signifique estar en contra de sus ciudadanos y mucho menos del grupo étnico o religioso al que pertenecen. A nadie que haya denunciado el espantoso genocidio guatemalteco se lo acusó de ser “antiguatemalteco” ni mucho menos “antilatinoamericano” o “anticatólico”. Si se puede ser antiperonista o anticomunista, también se puede ser antisionista. Nos puede gustar o no, pero no hay delito en nada de eso. 

Ya miles de voces judías lo han dicho hasta el hartazgo: No en nuestro nombre. Israel no es sinónimo de judaísmo, ni representa a los judíos. Mucho menos su gobierno actual. En el mejor de los casos, representa a parte de los ciudadanos israelíes. Basta de usar la acusación de “antisemitismo” como arma para legitimar las atrocidades del Estado de Israel y para censurar a quienes lo critican. No en nuestro nombre.

Desde hace años que los defensores del apartheid israelí vienen intentando instalar la idea de que la izquierda es “antisemita”. Nada más lejano a la realidad: si hay una tradición política que se abrió al mundo judío antes y con mayor intensidad que las demás fue la izquierda. Y fueron los judíos de izquierda los que, en Argentina y en el resto del mundo, advirtieron antes que nadie sobre las consecuencias criminales que podía tener el proyecto del sionismo y las que en efecto tuvo y tiene el apartheid israelí. 

Basta de gritar “antisemitismo” en vano. Porque el antisemitismo existe y no debe ser banalizado invocándolo para cualquier cosa. Y ya que estamos, basta de dobles varas. Ya que Rafecas tiene tanta necesidad de retorcer la Ley antidiscriminatoria 23.592 para que le quepa una conducta que claramente no cabe, quizás quiera darse una vuelta por tuiter, donde el racismo abierto abunda. Por dar un solo ejemplo, todos recordamos que hace poco un influencer libertario que se la pasa por Casa Rosada justificó que se asesine a los “marrones” por ser “incivilizados”. Allí refiere explícitamente a un color de tez: el racismo no podría ser más evidente. El odio también es obvio: convoca a asesinar, nada menos. La violación a la ley 23.592 está configurada sin necesidad de las contorsiones que se hizo para aplicarla a Biasi. Y sin embargo, no hay procesamientos ni denuncias. 

Poder es impunidad.   

EA/DTC

Las guerritas culturales zonzas a las que ya nos tiene acostumbrados el Gobierno tuvieron una nueva entrega este 24 de marzo, con el video que un conocido difusor de ideas de ultraderecha grabó para la ocasión y Casa Rosada difundió. El video vuelve sobre el eslogan “Memoria completa”, que un puñado de extremistas partidarios de la última dictadura había enarbolado en soledad durante décadas, hasta que los intelectuales macristas del Club Político le dieron nueva vida luego de 2016, cuando también iniciaron la discusión banal del número de desaparecidos. Los partidarios de Milei abrazaron ambas cosas con pasión y aquí estamos, discutiendo pavadas.

El video reproduce falsedades ya muy conocidas, como el testimonio del exmontonero Luis Labraña, quien se atribuye haber “inventado” la cifra de 30.000 desaparecidos. Lo que es un invento es su testimonio: los historiadores ya han demostrado hace tiempo que la cifra circulaba desde mucho antes de la reunión en la que Labraña imagina haber hecho su aporte. 

Pero vayamos a lo importante: la pretensión del video de “completar la memoria” reponiendo datos “que nos han ocultado”. Es extraño: todos los datos que el locutor imagina estar “revelando” tras un largo ocultamiento son conocidísimos.

Para empezar, nunca nadie ignoró que las organizaciones guerrilleras hicieron atentados, mataron gente, coparon cuarteles, hicieron secuestros extorsivos. El locutor lista una retahíla de casos, como si nos estuviese contando algo que nos ocultaron. Pero no hay persona que haya vivido esos años, o que esté mínimamente informada, que no los conozca. Cada atentado que realizaron los Montoneros o el ERP fue informado por la prensa en su momento, con frecuencia en la tapa de los diarios. Los militares y los medios de comunicación no recordaron la “amenaza de la subversión” sin cesar entre 1976 y 1983. Hay decenas de documentales, libros muy vendidos y programas de TV que siguieron informando al respecto desde 1983 y hasta hoy. La guerrilla y sus acciones están perfectamente presentes en la memoria colectiva. Nadie las olvidó.

Que el video nos “revele” que la represión militar no comenzó en 1976 sino en 1975, por orden del gobierno peronista, es ya rayano al ridículo. Hay que no haber leído nada al respecto para creer que eso es una novedad. No hay libro de historia que no lo diga; el propio locutor cita nada menos que el informe Nunca Más para validar la “novedad” que nos trae. Si ya lo dijo el principal documento que dejó el movimiento de derechos humanos ¿Dónde está el “ocultamiento”? Absurdo. 

Es extraño ese énfasis en denunciar ocultamientos de hechos que son perfectamente conocidos y siempre lo fueron. Pasa que, en verdad, “Memoria completa” no busca reponer información escamoteada, sino que cambiemos el modo en que valoramos esos hechos, ya conocidos por todos. No nos dice “Ey, sucedieron estas cosas que no sabías”. Nos dice “Quiero que recuerdes estos hechos con la misma intensidad con la que recordás la represión militar y que les des el lugar de haber sido causantes de la dictadura”. Porque eso es lo que está en juego: quieren que hagamos equivalentes las violencias de los 70 y, subrepticiamente, que consideremos que la de los militares “respondió” a una previa, que es la de los guerrilleros. Que creamos que hubo una “guerra” desatada por un ataque de izquierdista y extranjero –el video machaca con una “conexión cubana” exageradísima— en la que, bien o mal, las Fuerzas Armadas defendieron el país. Lo que quieren no es que a los niños en las escuelas les enseñen que hubo guerrillas: quieren que el relato de los setenta comience con ellas, que sus acciones parezcan igualmente abominables, que se les de una magnitud mayor que la que tuvieron. Y sobre todo, que parezca que los que empezaron fueron los guerrilleros.

Esto no es otra cosa que una justificación de la dictadura. De nada vale que, de mala gana, el muchacho diga rapidito a cámara que hubo excesos injustificables en la represión. Lo mismo dijo Milei en el debate presidencial, retomando a su vez, textual, las mismas palabras de Emilio Massera en el Juicio a las Juntas, cuando intentó exculparse presentando el asunto como una “guerra” en la que hubo algunos lamentables excesos, qué se le va a hacer. “Memoria completa” es eso: un intento poco sutil para regresar a la narración de los hechos que habían planteado los militares. Una justificación lisa y llana de la dictadura. Eso es lo que intenta Milei. 

De hecho, lo que se proponen no es completar la memoria, sino cercenarla. Porque no hay que olvidar que fue el movimiento de derechos humanos y la sociedad argentina los que fueron completando una memoria muy parcial y condicionada por el relato de los militares. Para empezar, hubo que traer a la vista algo que sí se ocultó, que fue la represión clandestina, los secuestros en medio de la noche, las desapariciones, las torturas, los vuelos de la muerte, los niños apropiados. A diferencia del accionar de la guerrilla, que siempre se conoció, la memoria de todo eso hubo que asegurarla. 

Luego, hubo que incorporar un hecho que el relato militar negaba y hoy el video de Milei vuelve a esconder: que la represión no fue solo contra los que optaron por la lucha armada, sino contra los que luchaban por un mundo mejor de manera pacífica: delegados sindicales, sacerdotes, intelectuales, estudiantes, artistas. Nada dice sobre ellos la “Memoria completa”: los omite completamente para que creamos que el problema comenzaba y terminaba en el ataque que desató la guerrilla.

También tuvimos que ir reponiendo otro contexto que “Memoria completa” nos escamotea: que el ciclo de violencia de entonces no comenzó con la fundación de organizaciones armadas sino mucho antes. Los actores de la época lo decían con todas las letras: el país vivía en la violencia, la ilegalidad y la arbitrariedad desde el bombardeo a Plaza de Mayo de junio de 1955 que causó más de 300 muertes; desde que Perón fue derrocado en septiembre de ese año y se inició una proscripción de 18 años; desde los fusilamientos de militantes de José León Suárez en 1956; desde que Onganía asumió el poder en 1966 anunciando que se iba a quedar para siempre; desde que se aplastó a balazos al Cordobazo de 1969. Toda esa violencia antecedió a la formación de organizaciones armadas. El ciclo de violencia no comenzó desde abajo, sino desde arriba, con regímenes dictatoriales que representaban los intereses de las clases altas. Y si algún agente extranjero estuvo involucrado, fue Estados Unidos del lado de los dictadores. Esa parte de la memoria la borran.

También debimos completar la memoria con la constatación de que la dictadura no fue “militar”, sino “cívico-militar”. Que en el régimen de terror participó activamente el sector empresarial. Que la dictadura no tuvo que ver con controlar una guerrilla que en 1976 estaba ya políticamente derrotada –otro dato que tuvimos que reponer en la memoria–, sino con la vocación de quebrar el movimiento social para implementar un cambio en el modelo de país que el electorado no aceptaba. Y que ese modelo de país, impulsado por los sectores civiles que fueron cómplices y aliados del golpe de Estado, siguió generando efectos empobrecedores en las décadas siguientes, cuando ya los militares se habían ido. 

Los que hoy piden “Memoria completa” omiten todo eso. Quieren que lo olvidemos. Que contemos una historia recortada y fantasiosa a su gusto: cayeron en paracaídas unos guerrilleros enviados por Cuba, sus agresiones desataron una guerra, las Fuerzas Armadas tuvieron que restituir la paz, fin. Sí, cometieron “excesos”, qué mal.

Conocer la verdad completa es siempre un imperativo. Es siempre necesario y bienvenido. Pero ni el video ni las voces que hoy enarbolan el eslogan “Memoria completa” buscan la verdad. Más bien lo contrario. “Memoria completa” no apunta a completar nuestra memoria, sino exactamente lo contrario, a cercenarla, volviendo a un relato lleno de omisiones y datos ocultos.

Bienvenido todo ejercicio de la memoria. ¿Completarla? ¡Claro! Todavía nos falta conocer cosas que se nos han ocultado. Nos falta, nada menos, saber qué hicieron con los desaparecidos. Y dónde están los cientos de niños nacidos en cautiverio que las Abuelas todavía buscan. Ya que tienen tan buen vínculo con los militares condenados por la represión ilegal, ya que los visitan tanto, los mileístas bien podrían aprovechar para preguntarles. Podrían ayudar así a completar la memoria. De verdad. 

EA/DTC

Los sucesos de las últimas horas confirman lo que ya es claro desde hace unos días. Esto ya no es un régimen democrático. Se cruzó un límite. Ya no estamos bajo el imperio de la ley. Entramos de lleno en un período autoritario. 

La represión a la marcha de los jubilados mostró los ya habituales abusos de las fuerzas de seguridad cuando las comanda Patricia Bullrich. Los videos lo muestran todo: volquetes de piedras dejados en la zona a propósito; infiltrados de la policía; un patrullero abandonado, abierto, sin nadie que lo cuide y misteriosos encapuchados que lo prenden fuego para las cámaras sin que nadie intervenga; un supuesto panfleto incendiario atribuido al Frente de Izquierda, tan ridículo y con el nombre mal escrito que solo puede ser obra de los servicios de inteligencia. Luego, las detenciones al voleo y las causas judiciales con imputaciones fabulosas. Que nadie se sorprenda de que la policía haya disparado un cartucho de gas no hacia arriba, sino apuntando al cuerpo de un periodista, que ahora lucha por su vida. Lo hemos visto por toda América Latina en los últimos tiempos. Lo vimos también en Jujuy. Habilitada por gobiernos de derecha, la policía dispara balas de goma a los ojos o gases a la cabeza con la intención deliberada de matar o dañar a los manifestantes de manera permanente. No son accidentes. Es deliberado. 

Uno podría decir, no sin razón, que hubo represiones y abusos policiales en períodos perfectamente democráticos. Es cierto. En sí misma, no ameritaría tomarla por prueba de que estamos en un período autoritario. Sin embargo, otros datos del contexto en el que vivimos indican que se cruzó la línea y que la represión de ayer no es un incidente aislado o “normal”.

Ayer mismo, mientras sucedía la represión, legisladores oficialistas sacaron a un diputado a trompadas del recinto y le impidieron volver a su banca, con el fin de que se caiga el quorum e impedir que la oposición avance en un control de los actos del Presidente. Menem, presidente de la Cámara, aprovechó y levantó inmediatamente la sesión, en lugar de garantizar la seguridad del diputado agredido. No lo digo yo, lo informa el diario Clarín. Es un hecho gravísimo, que convierte el juego democrático y la división de poderes en letra muerta. Una ficción.

Sumemos a eso que el Gobierno viene emitiendo DNUs de todo tipo, totalmente ilegales. El último: el que nos impone nueva deuda con el FMI pisoteando una ley del Congreso que lo impide. Agreguemos que acaban de meter por la ventana, por decreto simple, dos nuevos jueces en una Corte Suprema que ya era bien “colaborativa”, por decirlo suavemente. Jueces de la Corte por decreto, violando claramente lo que manda nuestra Constitución. Todo esto, a días de que todos hayamos visto en directo al Presidente participar en una estafa con criptomonedas, sin que hasta ahora haya habido un fiscal que pida una medida elemental de prueba como es analizar los celulares de los involucrados.

Todo esto pasa, hay que decirlo, porque hay un aglutinante poderoso que sostiene este nivel de autoritarismo e ilegalidad: el interés de clase. El autoritarismo se sostiene en el deseo de los sectores dominantes de que el proyecto de Milei de desmantelar el Estado avance como sea. Las principales fuerzas políticas están sosteniendo un gobierno que no es propio. Milei está desde el comienzo en un virtual co-gobierno con el PRO, cuenta hasta ahora con apoyos decididos de la UCR y no pocos dentro del peronismo. La Coalición Cívica, Margarita Stolbizer y otras fuerzas le dieron aval para tener poderes ilimitados. Todos, menos la izquierda y el núcleo duro del kirchnerismo, a disposición de un gobierno no solo antipopular, sino directamente autoritario, que se maneja en la ilegalidad. La Corte Suprema le dejó pasar hasta ahora todo. Hasta lo más obviamente ilegal pasó. La prensa tradicional todavía mantiene a Milei entre algodones. Estados Unidos y el FMI decididos a darle un apoyo contundente. Los grandes empresarios locales y globales aplaudiendo como focas. Detrás de los bastonazos de la policía, detrás de cada ilegalidad que Milei comete, está ese conglomerado de intereses de clase. 

Es muy difícil imaginar cómo saldremos de este atolladero. No será, seguramente, protegidos por las instituciones que deberían garantizar el Estado de derecho pero hoy son arietes vueltos en contra nuestra. Habrá que pensar en alianzas amplias entre lo poco que queda de compromiso con la democracia dentro del campo político, y las poderosas fuerzas democráticas que, por suerte, nuestra sociedad civil todavía conserva. Cuando esta pesadilla termine –va a terminar– habrá que barajar y dar de nuevo. Repensar de raíz las reglas del juego democrático, hoy convertido en un juego bobo, con los naipes marcados, en el que siempre llevamos todas las de perder. 

DTC