Tras la muerte del exministro de Salud Ginés González García, políticos, exfuncionarios, periodistas e investigadores, entre otros, destacaron sus méritos a lo largo de su dilatada trayectoria. Muchos indicaron que fue uno de los sanitaristas más importantes del país, que se animaba a plantear ya hace veinte años, por ejemplo, la despenalización del aborto.

También destacaron el Plan Remediar, que garantizara el acceso a remedios esenciales de salud pública, sus campañas para conscientizar sobre las enfermadades de transmisión sexual, su compromiso con la ESI (Educación Sexual Integral), su apoyo a los medicamentos genéricos y la gestión de las vacunas durante la pandemia de Covid-19, aunque esta última iniciativa se viera empañada luego por el llamado Vacunatorio VIP.

“Sin duda uno de los sanitaristas más importantes del país. En Isalud, la universidad que creó e impulsó, se formaron gran parte de los sanitaristas argentinos”, escribió la periodista Nora Bär, que después enumeró varios de sus logros.

“Las mujeres siempre lo vamos a recordar por haber defendido nuestros derechos sexuales y reproductivos. En el 2005 un obispo militar (amigo de la vicepresidenta) dijo que había que tirarlo al mar atado a una piedra: siguió avanzando hasta conseguir la ley de ESI”, señaló la investigadora Sol Prieto.

“Ustedes eran chicas pero en 2005 Ginés dijo muy chill como si nada: ”hay que despenalizar el aborto“. El obispo castrense Antonio Baseotto le mandó una carta que decía que merecía ”que le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar“. Kirchner lo rajó al cura”, escribió la periodista Flor Alcaraz.

“Ginés González García fue el primer funcionario de Nestor Kirchner en apoyar públicamente el matrimonio igualitario en el año 2003. Cuando lo leí, sentí por primera vez en mi vida que las cosas en mi país podían cambiar para bien. Nada ni nadie me quita eso”, señaló el podcastero Axel Fritzler.

“Ginés fue un gran sanitarista y padre de una generación de cuadros de gestión y salud. La ingratitud de la política, lo olvidó y lo difamó. Pero su accionar fue importante y transformador”, escribió en X el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

CRM/JJD

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García por presunto “abuso de autoridad y peculado” a raíz del llamado ´Vacunatorio VIP´ durante el gobierno de Alberto Fernández.

La decisión también alcanzó al ex secretario privado del ex funcionario Marcelo Guille y al director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, según el fallo de la sala I del Tribunal de Apelaciones al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens dispusieron también que se profundice la investigación para determinar si quienes se inocularon por fuera del orden que establecía el Plan Nacional de Vacunación cometieron algún delito.

“El que unos pocos hayan recibido el tratamiento exclusivo que obtuvieron -según el relato de hechos- cristaliza una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía”, advirtió la resolución, que confirmó los procesamientos que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

Por eso ordenaron a la magistrada que realice una investigación integral de lo ocurrido “a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.

Los jueces sostuvieron que “aún cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación a ese tiempo, la desviación de recursos humanos y materiales para ser vacunados en la comodidad de su hogar, o en un vacunatorio instalado para la ocasión, es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”.

El Tribunal de Apelaciones redujo los embargos que había dispuesto Capuchetti y los fijó en 20 millones de pesos para Gonzalez García, 18 millones para Maceira y 10 millones para Guille y Alejandro Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, en tanto dictó la falta de mérito para María Elena Borda, otra funcionaria del Posadas que había sido procesada.

Uno de los hechos investigados ocurrió el 18 de febrero de 2021, cuando un equipo de vacunación del Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas” se trasladó hasta el Ministerio de Salud con 10 dosis de la vacuna contra el Covid-19 asignada para uso del personal.

En un “vacunatorio instalado al efecto, un grupo de personas aguardaba recibir una de las dosis de la Sputnik V, componente 1, recién llegadas al país desde la Federación Rusa”, entre quienes estaban Jorge Enrique Taiana, Eduardo Félix Valdés y Horacio Verbitsky, entre otros.

“Ese día eludieron criterios establecidos en la Resolución MSAL N° 2883/2020, dictada el 30/12/2020,” por el entonces ministro de Salud González García, recordó la Cámara.

El segundo hecho que forma parte de la causa tuvo lugar el 1 de febrero de 2021, cuando por presunta indicación de González García, el subsecretario Costa acudió al domicilio particular de Eduardo Alberto Duhalde con 5 dosis de la vacuna contra el Covid- 19 asignadas al Ministerio de Salud.

Duhalde, su esposa Hilda Beatriz González; sus hijas Juliana y María Eva Duhalde, y Carlos Alberto Mao fueron quienes “recibieron las ventajas que a otros -a ese tiempo- les eran negadas”, remarcó la acusación.

Con información de NA.

El exministro de Salud Ginés González García apuntó contra Alberto Fernández al manifestar que “no lo dejó defenderse”, y sostuvo además que en el país no hubo “cuarentena prolongada” tras los dichos de Martín Guzmán sobre que el Gobierno utilizó el cierre por los números positivos.

“A mí no me dejó defenderme Alberto Fernández. A mí no me gusta hablar de los soldados caídos. No creo que el país necesite tener siempre culpables”, expresó el imputado por el Vacunatorio VIP.

En diálogo Splendid AM990, Ginés sostuvo que “hay muchas personas que no pueden comer, que están en la calle” y que “habría que ocuparse de eso”.

En este sentido, se expresó sobre lo que dijo Guzmán acerca de por qué la cuarentena por el Covid-19 fue extensa y destacó: “El aislamiento no fue el más largo. La cantidad de casos luego del aislamiento fue grande”.

“Nadie puede decir que la pasamos bien por la cantidad de muertos, pero no fuimos el peor de América, mejor que otros países”, continuó.

Por este lado, Ginés señaló a la prensa como la que insiste en la cuarentena prolongada y expresó: “Fue el menor de Latinoamérica. Obviamente a uno no le gusta cosas del medioevo como el aislamiento, pero bueno, habíamos evitado la primera ola del Covid”.

El exministro de Economía Guzmán sostuvo que la cuarentena por la pandemia de Covid-19 durante la gestión de Alberto Fernández se prolongó porque “fue una bandera política que hacía más fuerte al Gobierno”, al tiempo que consideró que para él fue “más larga de lo que debió haber sido”.

Guzmán remarcó que las restricciones impuestas a partir del 20 de marzo de 2020 fueron “profundamente desigualadoras”, al explicar que la sufrieron los trabajadores formales y los informales, los cuáles vieron más afectados sus ingresos al ser de los sectores más vulnerables de la sociedad.

Frente a estos dichos, el fiscal federal Guillermo Marijuan presentó una denuncia contra el expresidente por supuesto abuso de autoridad.

El fiscal elevó la denuncia en los tribunales federales de Comodoro Py y consideró que el delito de abuso de autoridad le cabe a quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

CRM con información de la agencia NA

Dos fiscales solicitaron este jueves que el exministro de Salud Ginés González García que sea citado a indagatoria por la supuesta aplicación irregular de vacunas contra el Coronavirus a personas “elegidas discrecionalmente y por afinidad, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos”, según fuentes judiciales.

El requerimiento fue formulado por el fiscal Eduardo Taiano y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) Sergio Rodríguez, mediante un escrito de 100 páginas entregado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien en su momento había dispuesto el archivo parcial de la causa.

Los fiscales también pidieron la indagatoria del extitular del Hospital Posadas, Alberto Maceira; la exjefa del servicio de medicina preventiva de ese hospital, María Elena Borda; el exsecretario privado del exministro, Marcelo Guille; y de Alejandro Salvador Costa, quien se desempeñaba en ese entonces como subsecretario de Estrategias Sanitarias.

A todos ellos se los acusa de haber suministrado vacunas contra el Covid-19 a principios del 2021, a personas que no estaban entre las que encabezaban la “priorización establecida por la norma”, es decir que aún no habían sido alcanzadas por el Plan Estratégico de Vacunación.

Taiano y Rodríguez describieron tres hechos diferenciados en su imputación:

La Justicia les achaca los cargos de abuso de autoridad y peculado de bienes y servicios.

LC con información de agencia Télam

A poco de cumplirse un año del estallido en el seno del Gobierno de un “vacunatorio de privilegio” durante la gestión de Ginés González García al frente del Ministerio de Salud, en épocas donde la llegada de vacunas a la Argentina era incipiente e incierta, y que derivó en su renuncia a pedido del presidente Alberto Fernández, el exfuncionario relató este miércoles “el dolor grande” que le provocó su salida del Ejecutivo y cargó la tintas contra el mandatario: “No me pareció justificable lo que pasó conmigo y se lo dije. Es difícil de superar. No hice nada incorrecto, capaz cometí alguna estupidez”, sostuvo.

Ginés mostró su disgusto con Alberto Fernández cuando decidió su renuncia casi de inmediato tras las declaraciones del periodista Horacio Verbitsky del 19 de febrero de 2021 en las que reconocía por radio que había accedido a la vacuna contra el coronavirus tras llamar “a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco desde mucho antes de que fuera ministro. Me dijo que tenía que ir al hospital Posadas. Cuando estaba por ir, recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al ministerio y que fuera allí a darme la vacuna”, relató el periodista. Para el ex ministro, el Presidente tomó la decisión de su salida “en base a un comentario y sin escuchar” su versión de los hechos.

“Hubiera querido hablar yo (con Fernández), me enteré por la prensa de que me habían pedido la renuncia. Nunca tuve algún tipo de problema. Me bajoneó y me pareció injusto, pero la sociedad está muy difícil, no es fácil gobernar en este tiempo”, sostuvo el exfuncionario que fue reemplazado por Carla Vizzotti, en declaraciones a FM Delta.

Asimismo, González García manifestó que tiene allegados que creen que “fue una emboscada”, aunque aclaró no tener “pruebas al respecto”. Y agregó: “Verbitsky mintió al decir que es amigo mío”. 

Qué había pasado

El escándalo por las “vacunaciones VIP” estalló el viernes 19 de febrero cuando el periodista Horacio Verbitsky relató que se había dado la vacuna Sputnik V en el Ministerio de Salud, tras haber consultado al titular de la cartera, Ginés González García, sobre cómo acceder a la dosis.

“Decidí vacunarme. Me puse a averiguar dónde hacerlo, llamé a mi viejo amigo Ginés González García, a quien conozco de mucho antes que fuera ministro, y me dijo que tenía que ir al Hospital Posadas”, contó Verbitsky en su columna del Destape radio.

“El Hospital Posadas está en Palomar, creo que es partido de Morón, pero el barrio es Palomar y está ahí nomás de la villa Carlos Gardel. Y cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés, que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna”, siguió su relato Verbitsky.

El periodista, de 79 años, había afirmado tiempo atrás que no tenía intenciones de vacunarse, pero luego de que familiares cercanos se contagiaran de Covid-19, cambió de opinión.

“Ustedes se acuerdan que hace unos meses yo dije que prefería esperar unos meses antes de vacunarme y ver qué efectos secundarios podía haber. No tenía prisa, que no me iba a apurar para vacunar. Bueno, pues ayer (18 de febrero de 2021) me vacuné”, remarcó.

En la provincia de Buenos Aires había comenzado esa semana la vacunación de los mayores de 70 y en la Ciudad se empezaría a inmunizar a los mayores de 80 años recién la semana siguiente.

Poco después de las declaraciones de Verbitsky trascendió que al menos de 10 funcionarios del Gobierno saltearon también el esquema de turnos para la vacunación y fueron inoculados, entre ellos el canciller Felipe Solá y el diputado Eduardo Valdés, que iban a acompañar al Presidente en un viaje oficial a México la semana próxima, como también el senador Jorge Taiana.

También trascendió que el secretario general del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, de 77 años, recibió la vacuna junto a su esposa, Liliana Zulet, y su hijo Jerónimo, de 20 años, que convive con la pareja.

En los días previos se había conocido que el diputado nacional por Santa Cruz Juan Benedicto Vázquez, del Frente de Todos, también recibió la vacuna Sputnik V, pese a no revestir la condición de personal esencial de la Salud ni adulto mayor de 70 años para ser vacunado.

En el listado original también figuraban varios integrantes de la familia Aldrey, el titular del grupo económico, Florencio Aldrey, propietarios del diario La Capital de Mar del Plata y de varios hoteles, y colegas amigos de Ginés, como el traumatólogo Salomón Schächter, de 84 años.

El mismo día de los dichos de Verbitsky, Fernández le pidió la renuncia a Ginés.

La causa judicial

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó en julio pasado el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud, Ginés González García, y que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un supuesto trato especial para recibir la vacuna contra el coronavirus.

La magistrada sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación como receptoras de la vacuna estaban dentro del grupo de los “prioritarios”.

Ese grupo está integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía ni existe un orden normativo de prelación, ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea, según informaron fuentes judiciales.

La investigación está enfocada en un grupo de 70 personas que recibieron vacunas en el Hospital Posadas o alguna dosis que había sido asignada a ese nosocomio, pero fue suministrada en la sede del Ministerio de Salud.

La causa se inició luego de que el periodista Horacio Verbitksy contara en un programa de radio que había recibido la primera dosis de la Sputnik V en la sede del ministerio de Salud, tras comunicarse con González García.

Tras aquella revelación pública del periodista de 79 años, una lluvia de denuncias se desató sobre los tribunales federales de Comodoro Py. La mayoría se acumuló en el juzgado a cargo de Capuchetti, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Tan pronto como se desató la polémica, el Gobierno le facilitó a la justicia el listado de 70 personas que habían recibido las dosis del Posadas, en el que figuraban, entre otros, el presidente Alberto Fernández y el expresidente, Eduardo Duhalde, junto a su esposa y sus hijas.

Fuentes judiciales remarcaron que efectivamente se pudo establecer en el expediente que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población, pero que eso no sería un delito.

“Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre 5 casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señalaron las fuentes.

En el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación, indicaron las mismas fuentes consultadas por esta agencia al explicar lo resuelto por la jueza Capuchetti.

No obstante, aclararon que “esa situación sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”, señalaron.

“Más allá del reproche moral que puede hacerse sobre esta decisión, lo cierto es que la norma que regula la aplicación de vacuna contra el Covid-19 siempre permitió de manera expresa que se intercalen la aplicación de la vacuna entre los diferentes grupos prioritarios (…). Luego, en caso de que existan personas vacunadas que no se encuentran dentro de ninguno de sus grupos prioritarios, corresponderá profundizar la investigación para determinar los motivos y circunstancias por las cuales se aplicaron la vacuna”, sostuvo la jueza en el fallo al que accedió Télam.

“La indignación sobre la manera en la que se desarrollan en ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden por sí solas hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado los principios constitucionales que operan en materia penal”, resaltó la magistrada.

En la resolución de 70 páginas, Capuchetti ordenó formar un nuevo legajo de investigación respecto de las personas mencionadas en un anexo del informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Fuentes judiciales también indicaron que la jueza continúa investigando si existió alguna irregularidad en la vacunación de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y si hubo un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.

Además de González García este expediente tiene otros 3 imputados: su exJefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; su exsecretario privado Marcelo Guillé y el subsecretario subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Collia.

Pero en agosto de 2021, la Justicia determinó que se vuelva a investigar el tramo de la causa del vacunatorio VIP por coronavirus que se había archivado. La Cámara Federal declaró admisible el recurso de apelación y revocó la resolución que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La Sala I del tribunal hizo lugar al planteo del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Los camaristas ordenaron que se vuelvan a investigar a todas las personas que recibieron la inmunización contra el coronavirus de manera irregular, al “saltarse la fila”. Entre ellos el periodista Horacio Verbitsky, que fue el que reveló la maniobra que le costó el puesto como ministro de Salud a Ginés González García.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens plantearon que “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal”. Consideró que “ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”. Determinaron que “será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”. Mencionaron que la investigación “deberá enfocarse sobre estos últimos”.

Al poner la lupa sobre las personas que se “saltaron la fila” para recibir la vacuna, entre los que funcionarios, plantearon: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

Destacaron que “sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”. Consideraron que “recién en ese momento corresponderá a la jueza conciliar la tipicidad o no de las diversas conductas investigadas en la medida en que hayan estado por fuera del amparo legal”. Aclararon que “hasta entonces, cualquier evaluación será apresurada y, por tanto, imperfecta”.

IG

La Justicia determinó que se vuelva a investigar el tramo de la causa del vacunatorio VIP por coronavirus que se había archivado. La Cámara Federal declaró admisible el recurso de apelación y revocó la resolución que había dispuesto la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

La Sala I del tribunal hizo lugar al planteo del fiscal Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Los camaristas ordenaron que se vuelvan a investigar a todas las personas que recibieron la inmunización contra el coronavirus de manera irregular, al “saltarse la fila”. Entre ellos el periodista Horacio Verbitsky, que fue el que reveló la maniobra que le costó el puesto como ministro de Salud a Ginés González García.

Hace un mes la jueza resolvió archivar parcialmente por “inexistencia de delito” el llamado vacunatorio VIP que funcionó en el Ministerio de Salud y en el Hospital Nacional Posadas. Determinó en ese momento que de los 70 vacunados que informó el Gobierno sólo cinco serían investigados, como el exministro de Salud. La magistrada consideró que se “incumplieron determinadas pautas de comportamiento ético” y que eso “por sí solo, no alcanza para realizar un reproche penal”.

Los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens plantearon que “el mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal”. Consideró que “ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”. Determinaron que “será necesario indagar qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”. Mencionaron que la investigación “deberá enfocarse sobre estos últimos”.

Al poner la lupa sobre las personas que se “saltaron la fila” para recibir la vacuna, entre los que funcionarios, plantearon: “¿Por qué ellos, y no otros de entre los millones de ciudadanos del país en igual condiciones, fueron los beneficiarios de esa vacunación simultánea? Seguramente todos tendremos en mente a alguien que por edad o por alguna otra condición pudo haber sido favorecido en esa simultaneidad. Mas a ninguno de ellos les llegó la invitación”.

Destacaron que “sólo una vez revelados de forma completa los diversos hechos, cada uno en su propia dimensión y al mismo tiempo todos integrados bajo una mirada común, es que se estará en condiciones de poder definirlos jurídicamente”. Consideraron que “recién en ese momento corresponderá a la jueza conciliar la tipicidad o no de las diversas conductas investigadas en la medida en que hayan estado por fuera del amparo legal”. Aclararon que “hasta entonces, cualquier evaluación será apresurada y, por tanto, imperfecta”.

El fallo

NB

La crisis sanitaria por el Covid-19 se transformó en el contexto perfecto para la escalada de la disputa entre las empresas de medicina prepaga y el gobierno de Alberto Fernández: aumento de costos y de cuotas a los afiliados, reclamos salariales del exhausto personal de salud, falta de diálogo, intrigas políticas y una causa judicial se suman a un escenario con poco margen para aflojar las tensiones. 

Este miércoles, el juez el juez Pablo Cayssials, del furo Contencioso Administrativo Federal, falló a favor de uno de los planteos de las empresas de medicina privada al suspender dos resoluciones oficiales que habían frenado en 2020 dos aumentos en las cuotas que abonan los afiliados. El expediente se inició con la demanda presentada por 17 empresas de medicina privada, que aseguraron en un escrito que el “sistema está en llamas”. Los referentes del sector sostienen en entrevistas, conferencias de prensa y declaraciones informales que el kirchnerismo busca desfinanciar a las compañías para dejarlas al borde de la quiebra y propiciar la estatización del sistema. 

Tanto en el Ejecutivo como en el kirchnerismo descartan un plan o intento por estatizar la medicina privada, lo que consideran costoso e impracticable, y aseguran que su único objetivo es lograr un sistema de salud “más equitativo e integrado” con medidas. En el antagonismo, sobresale la falta de diálogo entre el ministerio de Salud y las privadas, y pasan desapercibidas ideas generales de integración entre lo público y privado con las que representantes de los distintos sectores están de acuerdo, según las consultas de elDiarioAR, como centralizar la compra nacional e internacional de medicamentos para abaratar los costos de todos.  

A la puja por los aumentos de cuota y la paritaria salarial del sector, se sumó a la discusión la idea de un “sistema integrado de salud”, que pocos saben explicar cómo podría ejecutarse en Argentina, donde no sólo coexisten tres subsistemas (público, privado y obras sociales) sino donde deberían coordinarse a su vez otros numeroso esquemas dentro de los subsistemas a nivel nacional, provincial y municipal. 

La crisis del sector genera una bola de nieve: las prepagas y obras sociales contratan muchas veces a sanatorios y clínicas privadas, empresas de urgencias, ambulancias, laboratorios, entre otros prestadores que forman parte de la cadena de pagos y costos, tanto a la hora de aumentar como de recortar, explicó Jorge Iapichino, cirujano y secretario de Hacienda de la Confederación Médica de la República Argentina. 

Todos dependen de las prepagas y obras sociales para cobrar y para pagar a sus propios proveedores y personal. Estas a su vez, dependen del Ejecutivo para fijar aumentos (en el caso de las prepagas) o de la liberación de fondos (para las obras sociales).

El empresario Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), fundador de Swiss Medical y accionista de América TV, es quien lidera la disputa con el gobierno de Fernández en todos los frentes: judicial, político y mediático. Swiss Medical es la segunda prepaga con mayor cantidad de afiliados en el país (alrededor de un millón; OSDE tiene un millón y medio). “Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo”, dice el escrito de demanda del 16 de junio, también promovida por OSDE, Galeno, Medicus, Medifé, Omint y Hospital Italiano, entre otros. El juez del caso autorizó ahora que se apliquen dos aumentos que habían sido aprobados por el Gobierno en 2020 y luego desaprobados por la misma gestión: un 10% para diciembre 2020 y otro 7% para febrero 2021. Los sectores deberán seguir discutiendo en sede administrativa para llegar a un acuerdo.

En las consultas realizadas por elDiarioAR a voceros y actores centrales de los distintos sectores queda en evidencia que la falta de diálogo, que se cortó tras la salida del exministro de Salud Ginés González García en febrero, es uno de los factores centrales en la escalada del conflicto que se dio en el último mes y medio. 

Fernández y Belocopitt no se han vuelto a reunir desde principios de enero, cuando el Presidente citó al empresario para disipar la versión de que su gobierno buscaba estatizar el sistema de salud, aseguró una fuente al tanto de ese diálogo. Desde entonces, según la fuente, los contactos entre ambos han sido sólo telefónicos.

Un ajuste injustificado y excesivo en las cuotas de los usuarios podría devenir en un grave perjuicio para aquellos que no puedan solventarlos.

Ministerio de Salud de la Nación. — Escrito ante la Justicia.

Puentes cortados

Un interlocutor de los privados es el Superintendente de Servicios de Salud, Daniel López, quien recibe y envía mensajes pero no tiene poder de decisión sobre el conflicto. El diálogo con la ministra Carla Vizzotti, es casi nulo, según fuentes del sector privado. 

“Hay diálogo constante pero esto requiere mucho trabajo, eliminar dudas y temores”, contrarrestó Homero Giles, presidente de IOMA y uno de los promotores de un sistema de salud integrado que incomoda a las prepagas.

En medio de la pelea, la ganadora hasta ahora fue la Confederación General del Trabajo (CGT). Los sindicatos consiguieron que el Gobierno les conceda un reclamo que vienen exigiendo a los gobiernos de las últimas dos décadas: recuperar parte de lo que llaman “la crema” de los trabajadores en relación de dependencia, los más jóvenes, que implican menos gastos. 

Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo.

Escrito de demanda de prepagas.

Las obras sociales acumulan más del 60% de los pacientes del sistema de salud, alrededor de 26 millones de personas, según datos del sector. La “crema” son unos 4,5 millones de trabajadores en relación de dependencia que actualmente eligen derivar sus aportes. En lugar de ir a las obras sociales que les impone el sistema, los aportes van a una prepaga. 

Los empleados tampoco pueden elegir la prepaga, ya que depende de un acuerdo entre empresas del sector privado y una serie de obras sociales pequeñas que existen a los fines de efectuar este proceso: derivar aportes (muchos trabajadores completan el valor de la cuota con dinero de su bolsillo).

Esos 4,5 millones de trabajadores representan alrededor del 75% de los 6 millones de clientes de las prepagas, explicó a este medio un representante del mercado privado de la salud. Sólo un millón y medio de usuarios son 100% privados y pagan la cuota total de su bolsillo. 

Hay diálogo constante pero esto requiere mucho trabajo, eliminar dudas y temores.

Homero Giles — Presidente de IOMA.

El miércoles, el Gobierno modificó ese sistema de libre elección y dispuso que quienes inicien un vínculo laboral “deberán permanecer un año en la obra social correspondiente a la rama de su actividad antes de poder ejercer el derecho de opción de cambio”. En el Ejecutivo reconocen que el DNU se basó en un “proyecto presentado por la CGT”.

Las demandas

Los empresarios liderados por Belocopitt afirmaron en el escrito presentado ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal que existe un “tremendo desfasaje entre el aumento de los costos y los escasos porcentajes de los aumentos que había autorizado el Ministerio” y critican que el Ejecutivo no autorice al sector a aumentar las cuotas a sus afiliados para compensar esa brecha. 

El juez subrogante Pablo Cayssials rechazó un segundo pedido de las prepagas: no dictará una medida cautelar para que las empresas apliquen un nuevo aumento de “emergencia” del 9,77% a las cuotas a sus afiliados (adicional al 28% ya autorizado y a cuenta de futuros aumentos). La negociación, por ahora, deberá girar en torno a los aumentos autorizados por el magistrado.

El ministerio de Salud contestó en el expediente que “un ajuste injustificado y excesivo en las cuotas de los usuarios podría devenir en un grave perjuicio para aquellos que no puedan solventarlos”, además de rebatir en duros términos los análisis económicos que presentaron las empresas sobre costos y aumentos. 

Salud sostuvo ante la Justicia que los costos han aumentado un 30% y que los aumentos anuales de cuotas tienen ese techo. Los privados afirman que sus costos se elevaron mucho más y que las cuotas están atrasadas en un 46,46%, a abril de 2021, según explican ambos sectores en el expediente consultado.

Al conflicto se sumó que el Sindicato de Sanidad reclama al sector privado un aumento del 45% salarial. El gremio es liderado en Capital Federal por Héctor Daer, uno de los sindicalista de la CGT con mejor llegada al Presidente. La falta de acuerdo por las paritarias forzó una conciliación obligatoria a finales de junio. 

Las empresas responden que están de acuerdo con el aumento reclamado por los trabajadores pero que no pueden costearlo sin un aumento de la cuota. “Es real que hay un problema de financiamiento pero las empresas también han crecido en otros momentos y nunca nos llamaron para distribuir la riqueza. Ahora somos socios en la pobreza”, respondió Norberto Maschio, secretario de Prensa de Sanidad.

La articulación entre los sistemas público, privado y obras sociales ya existe pero una integración sería más profunda. Eso no es una estatización ni un camino hacia la estatización.

Nicolás Kreplak — Viceministro de Salud bonaerense.

“El 60% del costo de un sanatorio es el personal”, explica Iapichino, de la Confederación Médica de la República Argentina. El mensaje que recibe el personal sanitario en plena segunda ola de la pandemia es “te quiero pagar el aumento pero no puedo” y “el aumento de salario depende del Ejecutivo”, sostiene. “El atraso salarial viene desde hace unos cuatro años”, agregó.

El sistema incomprendido

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner también es un factor que hace saltar alarmas en los empresarios del sector. “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos”, dijo la expresidenta a finales de diciembre, durante la clausura de un encuentro virtual organizado por la Fundación Soberanía Sanitaria, cuyo referente es el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepalk, uno de los promotores del sistema integrado de salud. 

Días después de esas declaraciones, el presidente Fernández debió reunirse con Belocopitt para asegurarle que su gobierno no busca estatizar el sistema. Luego vinieron marchas y contramarchas en la autorización de aumentos de las cuotas a los afiliados y la salida de González García por el caso del “vacunatorio VIP”, que alejó aún más a los interlocutores.

Los referentes del sector privado consultados sostienen que no saben de qué se trata el sistema integrado de salud, pero creen que apuntaría a debilitar al sistema de las prepagas, clínicas y sanatorios privados con el objetivo de allanar el camino hacia la estatización. 

Algunos referentes del sector privado -que prefieren no ser citados- sostienen que las palabras de Fernández de Kirchner se enmarcaron en la idea de “los cubanos”, como llaman a un grupo de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof, entre ellos el viceministro Kreplak y el presidente de IOMA, Homero Giles, quien se graduó de médico en la Escuela Latinoamericana de Medicina de Cuba. Ambos fueron funcionarios durante la presidencia de CFK.

“Hay tres modelos: el sistema privatizado; el sistema único (que creo que es el mejor); y el sistema integrado, que es el más razonable y factible en Argentina”, afirmó Kreplak a elDiarioAR. “La articulación entre los sistemas público, privado y obras sociales ya existe pero una integración sería una articulación más profunda. Eso no es una estatización ni un camino hacia la estatización”, aseguró.

Es real que hay un problema de financiamiento pero las empresas también han crecido en otros momentos y nunca nos llamaron para distribuir la riqueza.

Norberto Maschio — Sindicato de Sanidad.

IOMA, la obra social de los trabajadores bonaerenses, y PAMI, la de los jubilados, concentran el 50% de las compras de medicamentos de todo el sistema, explicó Giles. Se proveen, además, de los servicios de clínicas y sanatorios privados. Giles dijo a elDiarioAR que “nunca se habló de estatizar el sistema privado de salud. No existe esa discusión en la historia argentina”. 

“Los que luchamos por un sistema de salud más equitativo e integrado hablamos de integrar los distintos subsistemas (sector público, obras sociales y medicina privada) a través de mecanismos que no existen actualmente”, explicó el presidente de IOMA. 

Esos mecanismos son variados. Incluyen historias clínicas únicas de los pacientes, mayores regulaciones y el acceso a información financiera de los privados, como, por ejemplo, cuánto gastan en insumos y medicamentos. 

Tanto Kreplak como Giles aseguran que la integración permitiría abaratar los costos para los privados. El Estado, con alto poder de compra y negociación con los proveedores nacionales e internacionales, podría centralizar las compras para todos, pero a cambio deberán abrir sus cuentas.

El viceministro Kreplak sostuvo ante la consulta que la compra integrada de medicamentos e insumos sería factible en la provincia. “Para que eso funcione- dice Giles- el sector público debe poder acceder a información clave del sector privado. Hay que destrabar ese punto: cómo acceder a esa información”.

Ricardo Lilloy, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Privada, coincidió en que el sector privado se beneficiaría si el Estado encabeza las licitaciones internacionales de medicamentos de altísimo costo y de las nuevas coberturas pero opina que “el Estado debe prestar ese servicio sin que se convierta en un fondo de reintegros”.

Lilloy dirige el observatorio de precios de la UAS. sus últimos informes afirman que entre 2020 y 2021 los medicamentos hospitalarios aumentaron 278% en promedio y las drogas para terapias intensivas, otro 383% promedio. Ambos, muy por encima de la inflación interanual del 42%.

Primero hay que articular mejor lo que ya existe: al Estado dentro del Estado.

Jorge Iapichino — Cirujano y sec. de Hacienda de la Confederación Médica Argentina.

Para después

“No hay un proyecto, es una idea general que ilumina lo que hay que trabajar post pandemia”, responden en Casa Rosada. “El Estado no tiene dinero para afrontar una estatización, ni para expropiar”, aseguró la fuente oficial. “El Gobierno discute a cara de perro pero a la hora de la crisis pusimos los recursos que necesitaban todos los sectores privados para afrontar la crisis sanitaria” por el Covid-19, añadió.

“Primero hay que articular mejor lo que ya existe: al Estado dentro del Estado (entre Nación, las provincias y municipios) y pensar, por ejemplo, cuántos hospitales como el Garrahan o el Posadas se necesitan en el país y dónde específicamente deberían construirse”, afirmó el cirujano Iapichino, quien también cree que hay que repensar “si el rol del Ejecutivo es fijar los aumentos de las prepagas o sólo controlarlos”.

Hay un punto en el que tanto los privados como los funcionarios pro-integración coinciden: la necesidad de contener los aumentos de precios de las industrias farmacéutica y de tecnología médica. “Son las que más ganan y aquí es donde la integración es clave: que un sólo sector, el público, negocie las compras para todos, incluidos los privados”, dice Giles.

“Lo que nosotros nos preguntamos es por qué una persona que no puede pagar una operación en la Favaloro no puede operarse en la Favaloro”, afirmó Giles. ¿Cómo y quién financiaría esa posibilidad? “Los recursos están dentro del sistema, lo que falta es una coordinación y redistribución entre los distintos sectores, lo que debería formalizarse en al menos una ley y una mesa con todos los actores. En un sistema integrado, la medicina prepaga se distingue de las obras sociales o del público por su hotelería, sus servicios premium o determinados profesionales, por ejemplo”, aseguró el presidente de IOMA.

ED

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud, Ginés González García, y que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un supuesto trato especial para recibir la vacuna contra el coronavirus.

La magistrada sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación como receptoras de la vacuna estaban dentro del grupo de los “prioritarios”.

Ese grupo está integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía ni existe un orden normativo de prelación, ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea, según informaron fuentes judiciales.

La investigación está enfocada en un grupo de 70 personas que recibieron vacunas en el Hospital Posadas o alguna dosis que había sido asignada a ese nosocomio, pero fue suministrada en la sede del Ministerio de Salud.

La causa se inició luego de que el periodista Horacio Verbitksy contara en un programa de radio que había recibido la primera dosis de la Sputnik V en la sede del ministerio de Salud, tras comunicarse con González García.

Tras aquella revelación pública del periodista de 79 años, una lluvia de denuncias se desató sobre los tribunales federales de Comodoro Py. La mayoría se acumuló en el juzgado a cargo de Capuchetti, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Tan pronto como se desató la polémica, el Gobierno le facilitó a la justicia el listado de 70 personas que habían recibido las dosis del Posadas, en el que figuraban, entre otros, el presidente Alberto Fernández y el expresidente, Eduardo Duhalde, junto a su esposa y sus hijas.

Fuentes judiciales remarcaron que efectivamente se pudo establecer en el expediente que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población, pero que eso no sería un delito.

“Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre 5 casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señalaron las fuentes.

En el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación, indicaron las mismas fuentes consultadas por esta agencia al explicar lo resuelto por la jueza Capuchetti.

No obstante, aclararon que “esa situación sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”, señalaron.

“Más allá del reproche moral que puede hacerse sobre esta decisión, lo cierto es que la norma que regula la aplicación de vacuna contra el Covid-19 siempre permitió de manera expresa que se intercalen la aplicación de la vacuna entre los diferentes grupos prioritarios (…). Luego, en caso de que existan personas vacunadas que no se encuentran dentro de ninguno de sus grupos prioritarios, corresponderá profundizar la investigación para determinar los motivos y circunstancias por las cuales se aplicaron la vacuna”, sostuvo la jueza en el fallo al que accedió Télam.

“La indignación sobre la manera en la que se desarrollan en ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden por sí solas hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado los principios constitucionales que operan en materia penal”, resaltó la magistrada.

En la resolución de 70 páginas, Capuchetti ordenó formar un nuevo legajo de investigación respecto de las personas mencionadas en un anexo del informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Fuentes judiciales también indicaron que la jueza continúa investigando si existió alguna irregularidad en la vacunación de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y si hubo un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.

Además de González García este expediente tiene otros 3 imputados: su exJefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; su exsecretario privado Marcelo Guillé y el subsecretario subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Collia.

DA

El ex ministro de Salud, Ginés González García, apuntó contra el director del Fondo Covax, quien este martes indicó que el gobierno de Alberto Fernández le pidió que no enviaran vacunas de Pfizer.

García cargó contra el organismo que busca garantizar el acceso global a las vacunas contra el coronavirus al afirmar que el “incumplimiento” con la Argentina “fue absoluto”, ya que hasta el momento solo llegaron al país casi dos de los nueve millones de inoculantes solicitados.

“Covax dijo que les compramos y les pagamos 9.000.000 y al día de la fecha entregó un 1.900.000, es un caradura por lo que está diciendo. El incumplimiento de Covax es para que el Gobierno argentino le haga un lío a ellos”. En ese sentido explicó que frente al costo de 12 dólares de la dosis de Pfizer contra otras que cuestan 4 USD, desde Argentina solicitaron “las vacunas que tengan, pero preferentemente la que sea más barata”.

“El incumplimiento de Covax fue absoluto. Ya se avizoraba porque todo el mundo empezó a quejarse de que Covax no funcionaba y no cumplía con su propósito. Ha sido un fracaso, no lo digo yo, lo dice el mundo, porque se suponía que era con un ánimo distributivo con equidad de vacunas y no lo está haciendo”, cuestionó.

DA

El ex ministro de Salud Ginés González García dijo este viernes estar “repodrido” de la polémica en torno a la negociación del Gobierno con el laboratorio Pfizer y aseguró que hicieron “lo posible, lo imposible” y que llegaron a “ofrecer una cosa casi indigna, una firma de responsabilidad individual”.

En diálogo con el programa “Crónica de una tarde anunciada”, que conduce Nelson Castro por Radio Rivadavia, González García, afirmó que durante las negociaciones sintió “que no tenían vacunas suficientes” y que le “corrían el arco” al Gobierno, tras lo cual agregó: “Posiblemente esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo. Pero estoy repodrido”.

“Hicimos lo posible, lo imposible y hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna: que hubiera una firma de responsabilidad individual, de cada uno de los vacunados, diciendo que no iban a hacer ningún reclamo y nosotros, el Estado, trabajaríamos con ellos para ver cómo los resarcíamos, y siempre nos dijeron que no”, afirmó el ex ministro.

En varios pasajes de la entrevista González García aludió a lo “difícil” de conseguir las vacunas en medio de la competencia que existe entre los distintos países para hacerse con ellas y de los problemas de los laboratorios para cumplir con la producción y entrega de lo pactado.

“Con Moderna también negociamos, lo hicimos con el presidente del laboratorio, pero nos dijo que después del segundo semestre de este año sería posible entregar algún cargamento”, graficó.

El ex funcionario anticipó que “felizmente se viene de ahora en más un cuello de botella, que va a ser la capacidad de vacunación, porque viene una gran cantidad de vacunas”, y agregó: “Atrasadas, si, pero un montón”.

Y agregó: “Después terminamos negociando con ocho empresas, tuvimos una pluralidad absoluta de negociación. Nuestra primera pregunta con todos los laboratorios siempre era cuándo la terminan (de producir), cuántas dosis tienen y recién la tercera era cuál es el precio”.

Consultado sobre si sabía si a los demás países Pfizer también les exigió lo mismo que a la Argentina, el ex ministro respondió: “Yo no lo sé a eso, la confidencialidad (de los contratos) hace que la mayoría no cuente”.

“(El presidente de Brasil, Jair) Bolsonaro dijo que las condiciones de Pfizer eran inaceptables, después no sé que pasó y aceptaron, pero igual no tienen las vacunas (pactadas). A los demás países siempre les entregó algo testimonial, evidentemente tienen problema de producción”, siguió.

Por otro lado, negó versiones de que ese laboratorio estadounidense haya ofrecido durante las negociaciones con la Argentina 14 millones de vacunas a tres dólares cada dosis (“cuando se habló del precio fue de 10 dólares”, dijo) y que la caída de las conversaciones fue por un pedido del Gobierno para la transferencia de tecnología para producirla en el país (“nunca fue una variable central” en las tratativas, señaló).

E insistió en que “lo de que pedimos sobornos es demencial”, en referencia los dichos de Patricia Bullrich sobre la negociación del Gobierno con Pfizer.

“Nunca terminamos de romper o insultar, siempre seguimos negociando (con Pfizer). Pero ellos pedían también prácticamente otra ley (a la que había votado el parlamento argentino) y nosotros pensamos cómo vamos a hacer otra ley si recién habíamos hecho una específica, era demasiado...”, planteó.

DA

El ex ministro de Salud Ginés González García reconoció hoy que “fue una equivocación” el hecho de haber montado un vacunatorio en la sede de la cartera sanitaria, aunque subrayó que “ninguno fue vacunado por amigo”.

Tras varios meses de silencio luego del escándalo del denominado vacunatorio VIP, que le costó el puesto, el ex funcionario nacional contó que el periodista Horacio Verbitsky lo llamó para pedirle ser inmunizado contra el coronavirus: “Me dijo `se ha muerto un pariente mío, estoy muy asustado´”.

En ese sentido, indicó cómo se tomó la decisión de montar un centro de vacunación en la sede del Ministerio de Salud y afirmó que la idea surgió del director del Hospital Posadas, Alberto Maceira. “Fue un accidente. Yo estaba en Entre Ríos. El director del Posadas me dijo que la gente no quería que Verbitsky fuera al Hospital, que está muy politizado y sus trabajadores han tenido duras consecuencias cuando fue la dictadura. Entonces pidió que no lo llevaran ahí y dijo que él iba a cualquier lado, incluso al Ministerio; yo dije que sí y listo”, relató.

Y manifestó: “Quizás me equivoqué y no debería haberlo aceptado. Cuando te hacen preguntas de ese tipo, 50 preguntas, estás en otro lado, con mil problemas... Fue una equivocación mía”.

De todos modos, González García negó tener un vínculo afectivo con el periodista y ex presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

“Yo no soy amigo de Verbitsky. Ninguno fue vacunado por amigo. No vacuné a nadie por afecto”, señaló en declaraciones radiales.

Al referirse a la causa judicial que tiene en su contra y que está en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, el ex embajador argentino en Chile indicó: “Creo haber fundamentado bien, con todos los instrumentos y los marcos que tenía. No hubo ningún delito en lo que hice”.

De todos modos, evitó profundizar en el tema: “Dije que no iba a hablar de esto porque está en la Justicia”.

La denuncia de Bullrich

González García la calificó como “absurda e insólita” a la denuncia de Patricia Bullrich y dijo que ya inició “acciones penales y civiles”. “Este asunto me sorprendió tanto que me obligó a salir a hablar y decir lo que sé y lo que soy y la locura que es acusarme de esa manera”, declaró esta mañana González García en Radio con Vos.

Agregó que “para colmo (Patricia Bullrich) hizo otra declaración ratificando lo que había dicho” y afirmó: “Obviamente, decidí iniciar acciones penales y civiles”.

El domingo por la noche Patricia Bullrich había afirmado, en diálogo con el canal de TV del diario La Nación, que Ginés González García había pedido “sobornos” al laboratorio Pfizer y negociaba con “un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman”, situación que el propio laboratorio desmintió.

“Tengo muchos años de funcionario público y jamás me rozó una sospecha”, continuó el exministro e insistió en que ya había “explicado y enviado notas” sobre lo sucedido en las negociaciones con Pfizer.

DA

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ratificó este lunes sus declaraciones, según las cuales el Gobierno argentino no llegó a un acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la compra de vacunas contra el Covid-19 porque pidió un soborno y un intermediario.

En declaraciones a LN+, la exministra de Seguridad señaló: “Ratificó que las 14 millones de vacunas no llegaron a la Argentina porque el exministro de salud Ginés González García y su equipo decidieron no firmar el contrato si no era con la existencia de un intermediario”. “Ese contrato no se firmó porque se pidió un socio, que garantizaba a Ginés González García y a sus séquitos un ducto de dinero”, añadió.

En tanto, en su cuenta de Twitter, la exministra de Seguridad señaló: “Los argentinos ya deberíamos estar vacunados: 4.500 compatriotas participaron de las pruebas de Pfizer en 2020, que nos aseguraba comprar 14 millones de dosis anticipadas de la vacuna. Pfizer acudió al Ministerio de Salud y presentó su contrato el año pasado”.

“González García no lo aceptó; no quiso comprar vacunas Pfizer. ¿Por qué? Porque delegó la negociación en una ex empleada de Sigman: Sofía Tarragona. Usar un intermediario es la matriz de la corrupción K: poner un amigo que hace el trabajo sucio. Ese es el hecho de corrupción”, añadió. “No firmar el contrato es el hecho de corrupción. A partir de ahí, montaron la mentira de que Pfizer pedía condiciones leoninas, mientras le vendía a todos nuestros vecinos en condiciones aceptables”.

“El comunicado de Pfizer no niega nada de lo que yo digo. Por lo tanto, yo reafirmo mis dichos”, sentenció en el final de su hilo.

Tras las primeras declaraciones de Bullrich a LN+ la noche del domingo, tanto el presidente Alberto Fernández como el exministro de Salud González García anunciaron que tomarían medidas legales en su contra.

“Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, sostuvo Bullrich en una entrevista televisada a LN+.

Además, agregó: “Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna. Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir como nos miente el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Ahí, el pueblo argentino va a saber que el gobierno decidió que continuaran las muertes en Argentina”.

La farmacéutica estadounidense negó rotundamente haber recibido pedidos de coimas. “Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes para la provisión de la vacuna COVID-19”, comunicó.

CRM

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes a través de Twitter que iniciará acciones legales contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por difamación luego de que esta declarara que el Gobierno pidió sobornos a la farmacéutica Pfizer para comprarle vacunas.

“Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas”, señaló el mandatario. “Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba”.

“Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República”, añadió.

“En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad”, aseguró. “Por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida”. 

Previamente, también el exministro de Salud Ginés González García aseguró que presentará una denuncia contra Bullrich.

“Si me preguntan cómo estoy, estoy mal. Si me preguntan qué voy a hacer, le digo, voy a hacer denuncia”, dijo el exministro en declaraciones a Radio 10. “Denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario, porque una barbaridad de este tipo la voy a dejar pasar”, añadió.

“Esto de que la presidenta del PRO, la señora Patricia Bullrich, dice semejante cosa sobre las personas, que hay un soborno, que hay intermediación, una manga de locuras que da vergüenza”, aseguró.

La empresa farmacéutica misma desmintió este lunes de manera categórica que el entonces ministro de Salud o cualquier otro funcionario del gobierno de Alberto Fernández le haya pedido coimas para adquirir vacunas.

Bullrich, exministra de Seguridad, acusó a González García de pedirle sobornos al laboratorio y de pedir que colocaran al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación.

“Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, sostuvo Bullrich en una entrevista televisada a LN+.

En declaraciones a Radio 10, Fernández insistió: “Nunca nadie le pidió a ningún laboratorio que tenga un intermediario para vendernos vacunas y nadie pidió sobornos ni nada parecido”.

Respecto de las medidas legales, aseguró: “Voy a ir personalmente yo. No voy a utilizar los abogados del estado. Voy a demandarla civilmente y los daños y perjuicios se los voy a donar al Instituto Malbrán”.

El presidente añadió: “Pareciera ser que es un exceso político. No, es una difamación imperdonable, porque está generando estupor entre los ciudadanos que obviamente están esperando las vacunas con ansiedad que nosotros con mucho esfuerzo vamos trayendo poco a poco producto negociaciones muy difíciles”.

“Todo tiene un límite. Que me critiquen es parte de la democracia, que me difamen no”, señaló el mandatario.

Las declaraciones de Bullrich también repudiadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien advirtió que el expresidente Mauricio Macri y la jefa del PRO “vuelven a hacer campaña con la mentira”, lo cual le provoca “un daño real” a la sociedad, y aseveró que sus acusaciones son “un papelón y una vergüenza de lo que tendrán que arrepentirse”.

“Esto es impresionante, Macri volvió para atacar y hacer daño; ahora vuelve con Bullrich a la cabeza mintiendo y haciendo campaña con la mentira” y “aparecen como paladines de la salud y la educación”, sostuvo Kicillof.

Kicillof destacó que “hace bien el Presidente (Alberto Fernández) en ponerse a la cabeza de terminar con esta operación, porque también por ahí tiene el objetivo de que Pfizer no quiera vender” la vacuna a la Argentina.

CRM con información de la agencia Télam y redes sociales

El exministro de Salud Ginés González García aseguró este lunes que presentará una denuncia contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien lo acusó de haberle pedido coimas a la farmacéutica Pfizer para comprarle vacunas contra el Covid-19.

“Si me preguntan cómo estoy, estoy mal. Si me preguntan qué voy a hacer, le digo, voy a hacer denuncia”, dijo el exministro en declaraciones a Radio 10. “Denuncia penal, denuncia civil y todo lo que sea necesario, porque una barbaridad de este tipo la voy a dejar pasar”, añadió.

“Esto de que la presidenta del PRO, la señora Patricia Bullrich, dice semejante cosa sobre las personas, que hay un soborno, que hay intermediación, una manga de locuras que da vergüenza”, aseguró.

González García sostuvo que, de hecho, el Gobierno sigue negociando con Pfizer para adquirir vacunas.

La empresa farmacéutica misma desmintió este lunes de manera categórica que el entonces ministro de Salud o cualquier otro funcionario del gobierno de Alberto Fernández le haya pedido coimas para adquirir vacunas.

Bullrich, exministra de Seguridad, acusó a González García de pedirle sobornos al laboratorio y de pedir que colocaran al empresario Hugo Sigman como intermediario de la operación.

“Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba”, sostuvo Bullrich en una entrevista televisa a LN+.

CRM

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, declaró el miércoles último como testigo en la causa en la que se investiga por qué el laboratorio AstraZeneca cobró más de US$53,8 millones del Estado Nacional y aún no entregó ni una sola dosis de las vacunas contra el Covid-19, informó una fuente directa del expediente a elDiarioAR. 

La ministra declaró ante el fiscal Guillermo Marijuan por escrito, una posibilidad que tienen los funcionarios públicos, y detalló las fechas y adelantos abonados por el gobierno de Alberto Fernández al laboratorio; reconoció que el Ejecutivo debió reclamar las vacunas en nueve oportunidades mediante reuniones, notas y hasta una carta del Presidente al CEO de AstraZeneca a nivel global, Pascal Sorior con fecha 17 de abril. 

La fiscalía investiga una compleja hipótesis: si la falta de entrega de las vacunas, a pesar del pago por adelantado del Estado Nacional, implica un mero incumplimiento comercial o si el laboratorio firmó el contrato y cobró los adelantos millonarios a sabiendas de que no podría cumplir con lo pactado, lo cual podría implicar la comisión de delitos contra la administración pública. “El 17 de abril, el Presidente de la Nación envió una carta a Pascal Sorior, CEO de AstraZeneca global, explicando la situación epidemiológica y sanitaria de Argentina y solicitando implementar todas las acciones que estuvieran a su alcance para agilizar la concreción de las entregas comprometidas en el contrato”, declaró Vizzotti, y adjuntó una copia de la misiva.  

En su testimonial, la ministra de Salud afirmó que la farmacéutica incumplió con el cronograma de entregas pactado en el contrato (aunque no lo informó y remitió al documento obtenido por la fiscalía) pero justificó el accionar de AstraZeneca al contextualizar la falta de entrega de vacunas en la situación mundial de la pandemia. También resaltó que el laboratorio aún tiene tiempo de cumplir con el contrato, si entrega las dosis antes de que finalice el semestre. 

Argentina firmó cinco contratos para la provisión de vacunas contra coronavirus (AstraZeneca, Sputnik, Covishield y Sinopharm, además de un quinto convenio con el mecanismo Covax, que entregó partidas de AstraZeneca por fuera del contrato comercial con el laboratorio). Vizzotti declaró que el Gobierno tiene “en trámite” nuevos contratos con otros laboratorio, dio su versión sobre el frustrado contrato con Pfizer y respondió sobre la relación con el empresario Hugo Sigman (saber más).

El contrato es secreto. elDiarioAR solicitó en marzo copia del documento (así como de los contratos firmados con el resto de los proveedores de vacunas contra el Covid-19), junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y en marco de la alianza transnacional de medios “Vigila la pandemia”, pero el ministerio de Salud denegó el pedido. A cambio informó algunos de los puntos acordados con las farmacéuticas. Ante las consultas de este medio para conocer su versión sobre el conflicto, voceros de AstraZeneca informaron en abril que la compañía sólo informa con los medios a través de comunicados oficiales. La fiscalía logró hacerse con el contrato confidencial tras una orden de presentación en la que el juez Julián Ercolini exigió la entrega del mismo.

El 17 de abril, el Presidente de la Nación envió una carta a Pascal Sorior, CEO de AstraZeneca global,

Vizzotti también declaró ante la Justicia que tras nueve gestiones para obtener al menos un lote de las vacunas ya abonadas, AstraZeneca entregaría 3.960.000 dosis antes del 31 de mayo, como trascendió en los medios tras la comunicación oficial. Esa cantidad equivale al 17,6% del contrato suscrito el 6 de noviembre de 2020, que contrató la entrega de un total de 22.429.842 de dosis. 

La ministra sostuvo que, a fines de diciembre, AstraZeneca “admitió que el retraso con Argentina en la entrega de vacunas es debido a una demora en la producción y a las dificultades para acceder a insumos críticos necesarios en dicho proceso productivo”. 

Luego, agregó Vizzotti, el laboratorio informó el 18 de marzo que la demora se debía a retrasos en “los resultados del control de calidad de los lotes formulados en Estados Unidos”.

Considero relevante resaltar que el cronograma se estableció para ser cumplido dentro del primer semestre 2021.

Carla Vizzotti — Ministra de Salud, ante la fiscalía.

Los pagos al laboratorio

Vizzotti no fue categórica sobre una de las dudas en torno al contrato con AstraZeneca. Los cronogramas de entrega son secretos. “Considero relevante resaltar que el cronograma se estableció para ser cumplido dentro del primer semestre 2021”, declaró Vizzotti ante la fiscalía. Si la farmacéutica se comprometió a entregar la totalidad de las dosis contratadas (más de 22 millones de vacunas) durante el primer semestre del año, ¿estaría entonces incumpliendo definitivamente el contrato si sólo entrega una parte de lo pactado antes de esa fecha?

La ministra informó los detalles de los pagos que el Gobierno desembolsó a AstraZeneca, según la declaración a la que accedió elDiarioAR. “A la fecha Argentina ha abonado el 55,68% del total del contrato”, ratificó. El 18 de noviembre de 2020, doce días después de firmar el contrato, AstraZeneca recibió un pago de US$11.764.705,60, dijo la ministra. Ese mismo día, el Gobierno transfirió un segundo pago por US$6.179.168. En total, el primer anticipo que recibió el laboratorio equivale a US$17.943.873,60. 

El segundo anticipo se pagó en febrero, cuando AstraZeneca tampoco había entregado ni una sola vacuna. Debido a lo pactado en el contrato, tres meses antes, Argentina desembolsó el 12 de febrero US$26.032.110,09, “en concepto de pago parcial”, respondió Vizzotti ante la consulta de la fiscalía. Siete días más tarde, el 19 de febrero, AstraZeneca recibió otros US$9.855.637, informó la funcionaria.

“Cabe destacar que el contrato es un contrato de pago anticipado. Conforme las  condiciones imperantes en el mercado internacional de la vacuna, todos los contratos de  compra de vacunas Covid-19 establecen como condición el pago anticipado, y como se  explicó anteriormente establecen cronogramas de entrega tentativos”, dijo.  

Nueve gestiones oficiales

Vizzotti detalló ante la fiscalía que en el caso de AstraZeneca, la única farmacéutica que no entregó aún ni una sola dosis, el Gobierno intervino nueve veces ante la compañía entre el 29 de diciembre de 2020 y 11 de mayo último. Recién en esta última fecha, el laboratorio informó una fecha de entrega de los primeros lotes. Llegarían antes del 31 de este mes.

En esas nueve gestiones ante el laboratorio intervinieron desde Fernández hasta el exministro Ginés González García -quien terminó expulsado del Gobierno por el caso de las vacunas de privilegio-; la propia Vizzotti; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; Cecilia Nicolini, asesora del Presidente de la Nación y el Secretario de Gestión Administrativa del ministerio, Mauricio Monsalvo.

La provisión de dosis para combatir la pandemia del coronavirus ha dado como resultado millones de dólares desembolsados por el Estado y vacunas entregadas a cuentagotas, como demostró una investigación de elDiarioAR publicada el 25 de abril.

Argentina rubricó cinco contratos para recibir casi 59 millones de unidades de Sputnik, AstraZeneca, Sinopharm y Covishield, pero sólo recibió a la fecha alrededor del 20% de las dosis contratadas, a mayo, según la Auditoría General de la Nación (AGN). 

ED

Desclasificar los contratos con los laboratorios proveedores de vacunas contra el Covid-19 y dar a conocer cuáles son las condiciones impuestas por los proveedores internacionales al Estado Nacional “pone en riesgo la salud y la vida de los y las habitantes” de Argentina, sostuvo el ministerio de Salud de la Nación ante una solicitud de acceso a la información pública realizada el 19 de marzo por elDiarioAR en conjunto con la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). 

La iniciativa se realizó en el marco de la alianza “Vigila la pandemia”*, liderada por Convoca.pe, de  Perú, e integrada por medios de Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Panamá y Argentina. En su respuesta del 14 de abril, Salud reconoció que los proveedores de las vacunas contra el coronavirus impusieron las cláusulas de secreto y confidencialidad para poder concretar la compra-venta. Este tipo de exigencias alcanzan los cronogramas de entrega y los pagos por adelantado, y puede incluir supuestas cláusulas de protección (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas). 

En Argentina, Perú y México, las autoridades de esos países se negaron a informar las condiciones de contratación de vacunas contra el Covid-19. En Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá no respondieron, al cierre de este artículo, las consultas realizadas por esta alianza de medios y ONGs, en el marco de leyes y derecho al acceso a información pública. El problema se repite en la Unión Europa (UE), solo por mencionar otro caso internacional.

Los únicos puntos de los contratos con las farmacéuticas que el ministerio de Salud accedió a informar son: la cantidad de dosis contratadas; las compañías y organizaciones con las que se celebraron convenios; las fechas en que se firmaron y los precios por unidad, como publicó elDiarioAR este domingo. Según la cartera liderada por la ministra Carla Vizzotti, el Estado Nacional firmó cinco contratos, entre octubre de 2020 y marzo de 2021, para acceder a 58.924.000 dosis por un total de US$478.254.000, un promedio de US$10,62 la dosis por habitante. 

En base a esas cifras es posible establecer que los proveedores sólo entregaron, al 28 de abril, el 16,7% (9.927.945) del total de dosis contratadas. Este número se completó a última hora del miércoles, cuando llegó un nuevo envío de Sinopharm. Se esperaba que la compañía china complete su contrato con la entrega de otro millón de dosis este jueves. De esa manera, cumpliría con su contrato.

El principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública.

Fechas de entrega confidenciales

Uno de los puntos centrales para conocer si los proveedores están cumpliendo con los contratos es conocer las fechas de entrega pactadas con el Estado. Sin embargo, este es uno de los aspectos alcanzados por la confidencialidad impuesta por los laboratorios. “El cronograma de entregas se encuentra (también) incluido en el marco de los contratos que, debido a sus cláusulas, revisten carácter confidencial”, sostuvo el ministerio en la respuesta al pedido de acceso. 

Otro punto que no fue informado por el Gobierno es si los documentos comerciales incluyen o no sanciones a las farmacéuticas por no cumplir con los cronogramas de entregas. De acuerdo con las fuentes consultadas que pidieron reserva de identidad, en ninguno de los cinco contratos menciona sanciones de este tipo. 

Según pudo establecer la investigación de “Vigila la Pandemia”, las cláusulas de confidencialidad aceptadas por Argentina incluyen no sólo el acceso a los distintos contratos sino también a la correspondencia oral y escrita entre los funcionarios y las compañías; el contenido de las negociaciones. La información surge de la consulta a fuentes con acceso a información plasmada en los documentos.

Ante la consulta de “Vigila la Pandemia”, tanto AstraZeneca como los representantes de la Sputnik V, así como miembros de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme), que nuclea a los laboratorios extranjeros, no dieron al cierre de esta nota su versión sobre por qué las compañías plantearon estas cláusulas y si se trata de exigencias usuales en el mercado general de vacunas.

Qué buscan reservar

En el caso de la Sputnik V, las cláusulas también apuntan a mantener bajo secreto información financiera, comercial y técnica sobre las vacunas, así como derechos de propiedad intelectual, información científica, métodos, procesos y planes comerciales que no estén disponibles públicamente, según pudo establecer “Vigila la Pandemia” y elDiarioAR a través de la consulta de fuentes con acceso al contenido de los documentos. 

Los contratos de AstraZeneca y Covishield son similares en las cláusulas: protegen la información tecnológica, algoritmos, diseños, planos y pronósticos. Además de análisis, evaluaciones, investigación, planes de negocios, estrategias, listas de clientes, información comercial y financiera, planes de comercialización y elementos físicos, compuestos y componentes de las vacunas.

Sinopharm impuso un periodo de confidencialidad de 10 años desde la fecha de la firma del convenio, según reconstruyeron las fuentes consultadas. Incluye toda la información oral y escrita proporcionada tanto antes como después de la firma del contrato. 

Acceso oficial pero restringido

El ministerio de Salud sólo remitió los contratos a tres ámbitos del Estado, pero el acceso fue tabicado y exigió un compromiso de reserva. Las copias fueron enviadas a la Auditoría General de la Nación (AGN), cuyo rol es el control de las cuentas del Ejecutivo, y a dos comisiones parlamentarias: la de Salud en Diputados y la del Senado. Así lo informó Salud en su respuesta a esta alianza periodística.

En Diputados, sólo dos legisladores tuvieron real acceso a la documentación completa: el presidente de la comisión de Salud, Pablo Yedlin (Frente de todos), y la vicepresidenta, Carmen Polledo (Junto por el Cambio). “Al ser la única del bloque que tuvo acceso a los contratos, realicé un punteo o resumen para que mis compañeros de la oposición pudieran tener elementos e información para analizarlos”, dijo Polledo ante la consulta. “Aún así, nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas para que la población pueda acceder a  más dosis y enfrentar la pandemia”, agregó la diputada.

Las 58,9 millones de dosis que se pactaron en los contratos secretos no fueron entregadas ni pagadas en su totalidad, según aclaró la respuesta oficial, sino que son las cantidades comprometidas a entregar. Al menos dos proveedores recibieron millonarios adelantos, pero el Ministerio no respondió ese punto de los contratos. 

Pagos por adelantado

Sólo se conocen, hasta el momento, un adelanto del 60% a AstraZeneca, que no entregó una sola dosis del contrato (tiene plazo hasta fines de junio), según confirmó la ministra Vizzotti en una entrevista en el programa Brotes Verdes. Otro pago adelantado por US$32,1 millones fue destinado a entrar al mecanismo Covax a través de la Fundación GAVI, informó ante el Congreso el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio, Mauricio Monsalvo. Incluyen el valor de las vacunas por más de US$28 millones y una garantía de alrededor de US$3 millones. Este sistema sólo entregó hasta el momento el 11,2% de ese acuerdo con Argentina. Sin embargo, se estima que todos los contratos incluyen adelantos.

“Cada contrato lleva sus condiciones de pagos en función de lo negociado por el Gobierno. Covax es un caso especial, que sí requiere adelanto de dinero para ingresar al fondo. El resto se negocia en función del proveedor”, explicó la diputada Polledo. 

Nos falta información y ante la falta de vacunas, la oposición está dispuesta a hacer las modificaciones que se requieran en la ley o tratar una nueva ley de vacunas.

Tres reglas para el velo informativo

El secretismo no sólo está garantizado por las cláusulas de los contratos comerciales sino  también por la Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad Adquirida contra el COVID-19 N° 27.573, sancionada en 2020 por el Congreso para posibilitar los acuerdos con los laboratorios y por dos resoluciones del Ministerio, explicó Salud en su respuesta. La normativa habilitó al Ejecutivo a firmar cláusulas sobre indemnidad (indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias contra las farmacéuticas).

La confidencialidad también fue sellada por dos resoluciones del Ministerio. Incluso dentro de la cartera de Salud, el acceso a los trámites de la compra-venta de las vacunas fue restringido, para lo cual la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio, a cargo de Mauricio Monsalvo, dictó la Disposición 475/20 para “garantizar la confidencialidad de los expedientes administrativos”. 

Una segunda resolución, la 1/21, establece “los alcances de la confidencialidad” para todos los acuerdos comerciales. El texto de ambas resoluciones no fue publicado en el Boletín Oficial ni el sitio web del Ministerio, por lo que tampoco es de acceso público.

Una cláusula mundial

Como se ha dado a conocer en Argentina y otros países de América latina y también en Europa, los fabricantes de vacunas diseñadas para ayudar a derrotar la pandemia del coronavirus impusieron cláusulas de confidencialidad en los contratos de compra-venta a los Estados. Los niveles de secretismo de los contratos varían según los países (saber más), pero todos tienen en común el compromiso de los Estados a cerrar el acceso a los escritos firmados por funcionarios públicos con las farmacéuticas.

La Comisión Europea (CE) ha pedido a las capitales de los países que integran la comunidad que respalden las acciones legales contra AstraZeneca por presunto incumplimiento de sus obligaciones contractuales en la Unión Europea (UE), como informó The Guardian en los últimos días.

En la solicitud de acceso a la información, el ministerio de Salud reconoce expresamente que la confidencialidad a favor de los laboratorios “no ha sido, bajo ningún punto de vista, por iniciativa de esta cartera de Estado”, enfatizó Salud, en clara alusión a una imposición de las compañías y proveedores de vacunas. La sede argentina de AstraZeneca no respondió las consultas de elDiarioAR.

¿Por qué el Estado Nacional aceptó la inclusión de estas cláusulas de confidencialidad? Las razones, respondió el ministerio de Vizzotti, “obedecieron a una práctica de mercado internacional impuesta a nivel mundial, sin la cual no hubiese sido posible suscribir dichos contratos para acceder a las vacunas requeridas y, por lo tanto, cumplir con las obligaciones del Estado Nacional para proteger y garantizar la salud de las personas”.

El exministro Ginés González García dijo ante la Comisión de Salud de Diputados el 3 de febrero que el Gobierno rechazó un acuerdo comercial con la farmacéutica Pfizer debido a las condiciones impuestas por la compañía, que hasta el momento no se ha pronunciado puntualmente sobre los dichos del exfuncionario.

Información y derecho a la salud

Sebastián Pilo, codirector de ACIJ, afirmó que “el principio de máxima divulgación y el derecho de acceso a la información pública no deberían ser prenda de negociación en ninguna contratación pública, y mucho menos en una sobre la que se juega la salud y la vida de millones de personas”. 

Sin embargo, el gobierno de Alberto Fernández sostiene que si informara las condiciones impuesta por los laboratorios “implicaría la violación de las cláusulas de confidencialidad” y, como consecuencia, dice el ministerio de Salud, eso llevaría a que las compañías y proveedores extranjeros “interrumpan” la provisión de las vacunas y se perjudique “la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”. 

mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad.

“Implicaría un grave retroceso para nuestro país en la lucha contra la pandemia”, agregaron en la cartera de Salud. Dos funcionarias autorizaron la respuesta oficial a la solicitud de información: Sonia Gabriela Tarragona (titular de la Unidad Gabinete de Ministros del Ministerio) y Mariana Giacobbe Goldberg (secretaria de Acceso a la información Pública en el Ministerio).

 Terragona es una de las principales colaboradoras de la ministra Vizzotti. Fue directora general de la Fundación Mundo Sano, entre 2008 y 2015. Mundo Sano fue co-fundada por la científica y empresaria Silvia Gold. El esposo de Gold es el empresario Hugo Sigman, cuyo laboratorio mAbxience produce en Argentina el principio activo (materia prima) de la vacuna de una de las líneas de producción de AstraZeneca: la que luego se envasa en México. Ante las consultas de este medio sobre la previa relación de Tarragona con Gold, voceros del ministerio de Salud no respondieron.

“mAbxience ha cumplido y fabricado el principio activo al que nos habíamos comprometido, tanto en tiempo como en cantidad”, escribió Sigman en su cuenta de Twitter. “Una vez envasado en México (y ahora, de manera provisoria, también en Estados Unidos), este principio activo volverá en forma de vacuna exclusivamente a los países de América Latina”, agregó el empresario.

Información pública pero...

ACIJ y elDiarioAR presentaron en una carta al ministerio los argumentos sobre la importancia de transparentar las condiciones impuestas por las farmacéuticas al Estado Nacional y garantizar así el derecho de los ciudadanos y destinatarios finales de esas vacunas a conocer la información sobre el marco en el que el Estado utiliza fondos públicos para garantizar la salud pública, a qué renuncian las autoridades en pos de ese objetivo y qué condiciones imponen los laboratorios a los gobiernos para garantizar sus objetivos comerciales en medio de una pandemia que azota al mundo. 

La solicitud de acceso a la información pública está garantizada por una ley específica sancionada en 2016 (la Ley 27.275), que reconoce el derecho de cualquier ciudadano a solicitar “toda la información en poder del Estado”.

Dicha ley tiene excepciones, explicadas de manera explícita en el texto de la norma. En la solicitud de acceso a la información pública, elDiarioAR planteó al ministerio de Salud la alternativa de acceder a copia de los contratos con los laboratorios en las que las autoridades pudieran mantener en reserva esos “secretos industriales y comerciales” que pudieran afectar el derecho de competencia de las compañías y que están a su vez amparados como excepciones en la Ley de Acceso a la Información Pública.

En ese marco, sólo se informaron algunos datos de los contratos pero no las imposiciones legales de los laboratorios. La “divulgación de la información efectivamente amenaza causar un perjuicio sustancial”, argumentó Salud. “Se advierte que existen diversos intereses en juego, entre los cuales deben primar aquellos vinculados al derecho a la salud y a la vida”. De entregar copia de esas cláusulas sensibles, “se pondría en grave riesgo la provisión de vacunas”, sostuvo el Ministerio.  

“La implicancia no sólo excede ampliamente los intereses de los proveedores, si no que repercute en los intereses de la Nación toda” y “está dado no sólo por el riesgo de que la contraparte afectada interrumpa la provisión de las vacunas objeto de tales contratos, sino que tal circunstancia podría perjudicar la celebración de nuevos contratos para futuras adquisiciones”, concluyó el organismo. 

* La alianza periodística ‘Vigila la Pandemia’ investiga el uso de fondos públicos y potenciales hechos de corrupción en la lucha contra el Covid-19. Esta iniciativa transfronteriza, que coordina Convoca.pe, está integrada por Periodismo de Investigación (PI) y GK (Ecuador); Consejo de Redacción (Colombia); Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (México), Convoca.pe (Perú), Runrunes y El Pitazo (Venezuela); y cuenta con la participación de elDiarioAR (Argentina); y el diario La Prensa (Panamá).

ED

A fines del siglo XIX, George Orwell pasó varios años de su infancia en la St Cyprian's School de Essex, atracción irresistible para padres ingleses ambiciosos. Sus recuerdos de esa selva, donde florecían los fustazos correctivos, el esnobismo y las relaciones de poder entre niños, no son buenos. Allí vio chicos de doce años preguntarse, mientras oxigenaban sus cerebritos con el aire puro del campus, cuántos baños tenían sus casas y si ellas estaban en Kensington o en Knigthsbridge, a dónde se iban de vacaciones, qué autos tenían sus padres y de cuántos caballos, y cuántos sirvientes los atendían.

La organización de la vida es jerárquica. No sólo entre el interior de St Cyprian y lo que St Cyprian excluye, sino en sus propias entrañas, en las que Orwell catalogó diferentes niveles de privilegio. El de la minoría “con antecedentes millonarios o aristocráticos”; el de los hijos de los “ricos ordinarios de los suburbios”; y el de “unos pocos inferiores” (“entre los que estaba yo”, dice Orwell), hijos de funcionarios de la India o de viudas batalladoras, muchachos “pobres pero inteligentes” a los que les tocaba sufrir.

Conclusión: el primer privilegio ya está presente en los bebés que caen parados en sus cunas (aunque estadísticamente arrase en el mundo la ausencia de privilegios), y opera con las ilusiones de una ley natural cuyas normas no se discuten. De hecho, Orwell recuerda que no las cuestionaba porque, hasta donde él podía ver, “no había otras”. Pero algo fallaba en su interior infantil, y era la imposibilidad de darle “conformidad subjetiva” a ese mundo. El dilema que se le presenta al débil en un mundo de fuertes, según Orwell, es “romper las reglas o perecer”. Y en algunos casos, ni una cosa ni la otra.

Conclusión: el primer privilegio ya está presente en los bebés que caen parados en sus cunas (aunque estadísticamente arrase en el mundo la ausencia de privilegios)

Pasaron ciento cuarenta años de la experiencia de Orwell en St Cyprian, glosada en su autobiografía Such, such were the joys (Esas, esas eran las alegrías), publicada en 1952, dos años después de su muerte. No cambió nada. La educación de elite sigue ofreciéndose como vigía del status quo, bolsa de influencias y bloqueo de clase, y los privilegios siguen siendo administrados en su mayor medida por la suerte biológica.

En estricto orden cuantitativo decreciente, podemos decir que los privilegios se heredan por la ruleta del determinismo (percibido por sus beneficiarios como naturaleza), se adquieren por aspiración y se rechazan por pudor. Pero todos los privilegios tienen un factor común. No hay privilegio que no sea del tiempo, en el sentido del tiempo que el privilegiado retiene para sí mismo: el tiempo que gana, el que ahorra, el que no le concede a los demás.

Por ejemplo, una persona que se levanta a la mañana y se mete bajo la ducha caliente a cinco metros de su cama, desayuna, se sube a su auto y va a su trabajo está configurando una situación privilegiada (más privilegiada cuanto más cotidiana) respecto de aquella otra que se levanta bajo unas chapas oxidadas, camina cien metros para enjuagarse la cara en una canilla de uso colectivo, no tiene nada que desayunar y comienza deambular en carros tirados por caballos, en trenes o en micros para granjearse un número de proteínas a cambio de alguna changa, en el caso de que sepa hacerla (sabemos que esta segunda persona no ha podido postular para lograr la aceptación de la marca Harvard).

No hay privilegio que no sea del tiempo, en el sentido del tiempo que el privilegiado retiene para sí mismo: el tiempo que gana, el que ahorra, el que no le concede a los demás

Invocando con cariño y extrapolaciones a Orwell, digamos que el privilegio es una máquina del tiempo. Adelantar, aventajar, ahorrar tiempo y confort son beneficios que le quitan a la vida buena parte de sus calamidades de gestión. El privilegio es una fuerza aceleradora, el puente de velocidad que resbala sobre la experiencia ordinaria de la espera. Y si está ligado de un modo indisoluble a la cultura del poder, es porque a la mayoría de los privilegios los impulsa el dinero. ¿Para qué querría alguien tener millones sino para ahorrar tiempo y vivir más, es decir más que los otros? ¿Para qué quiero el avión privado sino para llegar antes?

Seres especiales

Pero el privilegio también es una concesión arbitraria que se acepta por narcisismo. En esas circunstancias, lo que se llama “saltarse la cola” es una manera tradicional de asumir el privilegio como una naturaleza del consentimiento. ¿Por qué voy esperar yo, que soy tan especial, el turno o la parte que me tocan? Es allí donde aparece el niño, monstruo antisocial, en toda su dimensión.

Todos los que discutimos este asunto hoy tuvimos algún privilegio que nos habrá parecido natural recibirlo y, por supuesto, nobleza de clase media obliga, no se nos pasa por la cabeza considerar que hay millones de argentinos que por no estar en el radar del privilegio, que se caracteriza por no ser una “naturaleza” ecuménica, jamás recibieron ni recibirán ninguno.

Al no haber comercio libre de vacunas, y al (suponemos) no haber tampoco mercado negro, se fue consolidando en los últimos meses un mercado estatal

Pero el asunto de estos días es que por las circunstancias dramáticas de su escasez y el protagonismo público del derecho a la salud, se da por sentado que el suministro de vacunas contra el coronavirus (¿se podrá llamarlo así otra vez, como en marzo de 2020?) invierte la estructura de la jerarquía que sostenían universos como los de St Cyprian´s School a fines del siglo XIX.

Esa inversión no fue natural. Al no haber comercio libre de vacunas, y al (suponemos) no haber tampoco mercado negro, se fue consolidando en los últimos meses un mercado estatal único organizado por principio de necesidad sobre el que se recorta, en medio de un aro de fuego de indignacionismo, una población de vacunados supuestamente más importantes que aquellos a los que les usurparon el turno, sea en nombre de su prestigio personal, su influencia o su prepaga. Supongamos que estas irregularidades hubieran sido cometidas en favor de los argentinos marginados que nunca experimentaron un privilegio, y hubiésemos visto largas filas de carros con caballos estacionados en el Hospital Alemán y en el Ministerio de Salud, mientras sus perplejos jinetes se vacunan por la ventana y celebran la gloria de sentirse por una vez en la vida descansados y excepcionales.

Tal vez también habría habido sapucáis republicanos y coros de Bee Gees constitucionalistas (para esos conciertos, y en nombre de la “equidad”, el débil equivale al fuerte), pero se hubiesen salvado de estos párrafos. Con las familias Aldrey Iglesias en la lista de privilegiados súpernumerarios, la defensa se hace difícil.

Patrulla

¿Acaso nos vamos sin pagar cuando nos tomamos un café en alguna Fonte de Oro de Mar del Plata? Superado este trance, uno más, de la cultura del privilegio a la que podríais llamar lisa y llanamente cultura dominante, podríamos utilizar las pocas gotas de oxígeno que no nos agotó la sobreindignación a lo Fiscal Lanusse, quien nunca, nunca, nunca, pero nunca nunca tuvo un privilegio de ninguna índole, a refrigerar el área donde deberían ocurrir las sinapsis cerebrales y preguntarnos: ¿por qué patrullamos con un solo ojo los actos de los otros? ¿No sería mejor hacerlos con los dos, y uno orientado hacia nosotros mismos?

El drone ético alimentado a combustible moral nunca pasa por casa. Es una máquina de percepción fallida. Actúa descargando un punto ciego sobre lo propio. Lo propio, directamente, no está. Es una ciudad mental prohibida. En su lugar, hay enormes lagos de pureza, sobre el que hacemos la plancha o surfeamos.

Esta anomalía programada tiene una ventaja: ver los privilegios de los otros como los únicos. A los nuestros los inventariamos como méritos.

JJB

En un local pequeño que tenía Antonio Cafiero sobre la avenida Corrientes, a metros de Cerrito, el médico cirujano Ginés González García inauguró hace casi tres décadas el Instituto Isalud, la piedra basal de una construcción política que le permitió ser tanto una referencia ineludible como un político de poder. Los memoriosos recuerdan que Ginés estaba exultante en aquella casa de Corrientes 1132. Era 29 de octubre de 1991, al abuelo del jefe de Gabinete de Alberto Fernández y a su joven ministro de Salud le quedaban 50 días de gestión en la provincia de Buenos Aires y el duhaldismo estaba a la vuelta de la esquina. Ginés terminaba su gestión de tres años con alta aprobación y la extensión de la atención primaria: junto al gobernador, le había tocado surfear la hiperinflación y el ajuste, suceder al reconocido Floreal Ferrara y superar una prueba que nunca más volvería a pasar: entrar a un ministerio donde su propia gente se contaba con los dedos de una mano. 

Treinta años más tarde, le tocó a Santiago Cafiero llamar por teléfono a Ginés para anunciarle que el Presidente había decidido echarlo de su cargo, a causa del escándalo de la vacunación selectiva en el ministerio de Salud. El sanitarista más destacado del peronismo desde el regreso de la democracia terminó su ciclo de manera abrupta. Sin defenderlo de lo que consideran un error puntual o una lógica dañina en un contexto de lo más difícil, sus amigos del oficialismo y hasta algunos miembros de la oposición con los que nunca se llevó bien coinciden: se fue por la puerta de atrás y lo echaron de la peor forma. Con él, no sólo se termina una etapa para el gobierno de los Fernández sino que cae también un sistema de relaciones. Todavía es temprano para saber cuánto seguirá vigente y cuánto deberá cambiar. 

Aquella creación de Ginés en el local del abuelo Cafiero comenzó muy rápido a dar frutos y, muy poco después, hubo que mudarse a Viamonte 1167. Hoy la universidad privada Isalud tiene su edificio principal en la calle Venezuela 931 y dos sedes más que le pertenecen en Venezuela 847 y 758. El rector de la Universidad es el ex Superintendente de Servicios de Salud de la Nación entre 2002 y 2006, Ruben Torres, -uno de sus íntimos amigos- y el de la Fundación es Carlos Garavelli. Isalud le sirvió a González García para sostener como prioridad un tema que, hasta que llegó la pandemia, llevaba varias décadas ausente de la discusión política. Ofreció carreras y posgrados en administración hospitalaria, licenciatura en enfermería, medicina legal, especialización en sistema de salud y seguridad social, auditoría de atención de la salud. Además creció con contratos de asesoramiento a organismos y entidades -gubernamentales y no gubernamentales-, ejecución de proyectos de investigación y realización de congresos.

Como nadie desde la política y desde el peronismo, Ginés se dedicó a formar profesionales para ejercer la función pública, algo que solo el radicalismo hizo desde la Facultad de Medicina de la UBA. Desde el sector privado y con otro criterio, el Hospital Italiano se destaca entre los que aportó ministros como Fernán Quirós y Adolfo Rubinstein al ensayo del macrismo. Pero Ginés no se quedó solo con ISALUD. Además, cultivó una relación con la dirigencia del PJ y tendió un arco de alianzas que iba desde los sindicatos hasta laboratorios. 

Como ministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner ente 2002 y 2007, se consagró como un funcionario que planteó temprano la necesidad de legalizar el aborto, se enfrentó al obispo castrense Antonio Baseotto y avanzó también con los medicamentos genéricos. Todo sus indicadores le dieron positivo: en la gestión, en la prensa y en la imagen. Entre la década menemista y el estallido de 2001, había logrado que varias generaciones de técnicos se formaran en su Instituto y pasaran después a la función pública para  acompañarlo desde distintos puestos. Entre los especialistas en el rubro, remarcan que la mayor parte de los funcionarios de las provincias peronistas en el área de Salud, incluidos varios ministros, se formaron en la universidad de Ginés. Es por eso que se le reconoce su capacidad para armar equipos y cubrir los cargos directivos de todo el ministerio con una mayoría de profesionales educados en su propia escuela. “El 80% de los técnicos que están trabajando en Salud Pública pasó en algún momento por ISALUD”, afirma un directivo de una obra social que lo conoce bien. El gobernador de Tucumán y ex ministro de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manzur; el ex ministro de Salud de Manzur en Tucumán y actual presidente de la comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados, Pablo Yedlin; el actual secretario de Calidad en Salud y exdirector del Hospital El Cruce, Arnaldo Medina -Magíster en Economía y Gestión de la Salud- son apenas tres de una lista interminable. 

Poco después de su creación, un convenio con la Universidad de Lomas de Zamora permitió a la Fundación dictar sus primeros posgrados en Sistemas de Servicios de Obra Social y en Economía de la Salud. Unos años más tarde, ya a fines de la década del noventa, el decreto 1412/98 firmado por Carlos Menem y Susana Decibe le dio el reconocimiento como Institución Universitaria, una distinción que llegó justo con la inauguración de la sede de Venezuela 931. Tres días antes de terminar su gestión, Néstor Kirchner, Alberto Fernández y Daniel Filmus firmaron la autorización definitiva para funcionar como universidad privada.

Ser ministro

Ginés González García nació en 1945, dos meses antes del Día de la Lealtad, en una familia acomodada de San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba y se graduó en 1969, el año del Cordobazo. Ahí conoció a uno de sus grandes amigos, Carlos “Calepo” Vizzotti.  De extremo perfil bajo, “Calepo” se especializó en administración hospitalaria, fue gerente de la obra social AMSA y trabajó en el sanatorio Mitre y en la clínica Agote. Quienes conocen el vínculo recuerdan que Vizzotti padre cuidó a Ginés en momentos en que estaba mal de salud y que el saliente ministro de Salud conoció a Carla Vizzotti desde chica. “La vio aprender a caminar”, dice un viejo dirigente del peronismo. Ginés y Calepo fueron compañeros de militancia y, cuando el primero asumió como ministro designó al segundo como Subsecretario de Relaciones Sanitarias e Investigación en Salud. Más tarde, en 2007, el ministro de Kirchner nombró a la médica infectóloga Carla Vizzotti como directora de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio.

Criado en el peronismo, de lo más hábil para las relaciones políticas, agrandado, conciliador y con una capacidad única de construcción de poder, los sobrevivientes del primer gabinete de Kirchner recuerdan que González García era capaz de esperar al sucesor de Duhalde hasta la madrugada para hablar un rato con él de política. “A él, le encantaba ser ministro. Por eso, volvió”, dice un representante del sector privado con el que cultivó una buena relación. Si esa era la expectativa, no sólo no se cumplió sino que su segunda parte como ministro abrió paso a un mundo de pesadilla. La crisis económica que se prolongó en el tiempo, la peor pandemia del último siglo y el cambio vertiginoso de las redes sociales y los medios de comunicación le impidieron moverse con la comodidad que había logrado quince años atrás, cuando el país y el peronismo eran otros. 

La crisis económica, la peor pandemia del último siglo y el cambio vertiginoso de las redes sociales y los medios de comunicación le impidieron moverse con la comodidad que había logrado quince años atrás, cuando el país y el peronismo eran otros.

A su círculo íntimo de reuniones largas, se le sumó la incorporación de su sobrino Lisandro Bonelli como su mano derecha y el paso del tiempo, cruel e indefectible. Su yerno, el arquitecto Hernán Barbalace se quedó con el área de Recursos Físicos del Ministerio. Su amigo Daniel López Ferraro fue nombrado a cargo de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud. Con ellos, Ginés tiene lazos también en el ámbito privado, en sociedades vinculadas al sector agropecuario y bodegas. Histórico compañero suyo de militancia, otro de sus socios, Eugenio Zanarini, asumió en la Superintendencia de Servicios de Salud: había sido interventor en la Administración de Programas Especiales, vicerrector en la Universidad Isalud y empleado de la Fundación. Visto desde afuera, eran una especie de familia que funcionaba con una lógica cerrada y propia. Eran modos que le daban de comer a sus detractores más duros.

Son muchos los que acusan a Bonelli, el jefe de gabinete que tenía una maestría en Derecho Empresario, por haber cercado a Ginés y haber conspirado de mal modo contra Vizzotti. Con la renuncia del veterano sanitarista algo se rompió también al nivel más íntimo, dado el vínculo histórico de Ginés con el padre de la actual ministra. Las críticas de los amigos de González García coinciden con las de la oposición más dura: apuntan contra la funcionaria que se destacó como nadie durante la pandemia y la cuestionan por haber dicho que no estaba al tanto de la vacunación selectiva, cuando era la responsable del área. Solo unos pocos saben qué pasó en los últimos meses en privado entre las dos referencias públicas que tuvo el gobierno durante el año de la peste.

Ginés era un ministro de Fernández que no contaba con el apoyo de Cristina, pero además chocaba con declaraciones innecesarias que eran usadas siempre en su contra. Los enemigos del gobierno lo golpeaban y así, sin quererlo, beneficiaban a la vicepresidenta. CFK promueve a Daniel Gollán y Nicolas Kreplack para el área y postula a Liliana Korenfeld para reemplazar a Zanarini en la Superintendencia de Servicios de Salud. A la inversa, Los Gordos venían en el ministro que se fue el principal dique de contención -junto con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni- para la reforma integral de salud que anunció la vicepresidenta en La Plata, en diciembre pasado. Por lo pronto, por criterio de la ministra Vizzotti o del presidente Fernández, Zanarini -que en diciembre pasado sufrió un ataque cardíaco- parece haber sido confirmado en su cargo.

Sin remedio

Cuando asumió por segunda vez como ministro, Ginés tenía amigos entre los dueños de las prepagas que guardan un perfil bajo, como Jorge Piva, de Medifé. Pero desconocía a los empresarios que viven haciendo declaraciones en los medios como Claudio Belocopitt. En el arranque de 2020, el dueño de Swiss Medical hizo gestiones para llegar a él y conocerlo en forma personal: sabían el uno del otro por referencias y se habían cruzado en encuentros públicos, pero nunca habían tenido una charla a solas. Distinto es el trato histórico del exembajador en Chile con los dueños de los laboratorios, en especial los nacionales, agrupados en la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA). Presidida por  Eduardo Macchiavelo, el CEO de Roemmers, nuclea a pesos pesados que ganaron un poder indudable en los últimos tiempos. No solo Roemmers: también Hugo Sigman (Grupo Chemo) y sus socios de la familia Sielecki en Elea Phoenix, Sebastian Bagó, Marcelo Figueiras, de Richmond; tantos otros. Para esos grandes auspiciantes de la campaña de Fernández 2019, Ginés era un puente de plata. Sin embargo, en algún momento de 2020, el propio Fernández se disgustó con Sigman. Fue cuando salió a buscar la Sputnik V y tuvo uno de sus tantos cortocircuitos con su ministro de Salud. Los aumentos para las prepagas -que en el mismo día de diciembre fueron aprobados y rechazados vía DNU- y la demora del acuerdo con el laboratorio chino Sinopharm para la provisión de vacunas fueron otros de los episodios que antecedieron al escándalo. 

La alianza del gobierno con los laboratorios locales tiene consecuencias concretas. Así lo piensan especialistas en el rubro, dentro y fuera del gobierno. Según un informe de la Unión Argentina de Salud (UAS), durante 2020 los medicamentos de uso hospitalario aumentaron en promedio 278%, mientras que productos como el propofol -de uso en pacientes graves con Covid-19- tuvieron aumentos anuales de 335%. De acuerdo al trabajo de la entidad que reúne a prepagas y sanatorios, los fármacos de uso común en pacientes ambulatorios aumentaron 46,1% -10% arriba de la inflación- y los medicamentos de alto costo -que superan en algunos casos los 500.000 por unidad- tuvieron aumentos superiores a 55%. Pero, lejos del promedio, hay remedios que subieron de manera inexplicable. Por ejemplo, el acenocumarol, un anticoagulante para evitar accidentes cerebrovasculares en personas que padecen arritmias, que incrementó su precio de venta al público en un 1.397%.

La salida fulminante de Ginés no sólo tiene impacto público. Dentro del ministerio, Vizzotti deberá reorganizar una estructura que sufrió más de una baja. Además de los funcionarios cuestionados, se fueron otros que eran apreciados en el área. Entre ellos, distintas fuentes destacan a Martín Sabignoso, un abogado de San Nicolás que estaba a cargo de la Secretaría de Equidad del Ministerio y que integraba el comité de expertos de la Organización Mundial de la Salud. Como si fuera poco, el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia, está con respirador a causa del Covid 19 y el subsecretario Articulación Federal, Jose Guccione, padece también un problema personal de salud. Con la vacunación masiva como prioridad y difícil misión, la nueva ministra buscará diluir la imagen que dejó su antecesor después de las notas de Clarín y la promoción radial de Horacio Verbitsky. Pero además, tendrá que rearmar un ministerio que diseñó Ginés y repensar un sistema de relaciones que fue edificado durante treinta años por el sanitarista más destacado del peronismo. Si pretende hacer cambios en salud, deberá complementar su perfil técnico con ese difícil arte que manejaba Ginés hasta que se le fue de las manos. De lo contrario, precisará un apoyo político muy fuerte por parte de Fernández para moverse en un contexto de crisis y en un terreno donde priman intereses muy fuertes.

DG

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), solicitó a la ministra de Salud, Carlos Vizzotti, que realice una copia de seguridad de sus cuentas de correo electrónico y mensajero interno así como del exministro Ginés González García y del resto de los investigados en el caso del vacunatorio de privilegio, según pudo corroborar elDiarioAR de fuentes directas del caso.

La fiscalía especializada, que trabaja en paralelo a la fiscalía federal de Eduardo Taiano, también solicitó mediante un oficio que se congelen y resguarden los e-mails del ex jefe de Gabinete de Salud Lisandro Emilio Bonelli; del exsecretario privado de González García, Marcelo Ariel Guille; y de los salientes funcionarios Mauricio Monsalvo (exsubsecretaria de Gestión Administrativa); Martín Sabignoso (ex secretario de Equidad en Salud); y Arnaldo Darío Medina (exsecretario de Calidad en Salud). 

Una vez realizada la copia de seguridad, la ministra deberá informar a la PIA el procedimiento empleado y quién estuvo a cargo de la medida. La información resguardada deberá mantenerse en la sede de Salud hasta tanto la jueza María Eugenia Capuchetti solicite acceder a los correos enviados y recibidos desde el 29 de diciembre de 2020, fecha en la que comenzó la implementación del plan estratégico de vacunación contra el virus SARS-CoV-2.

La PIA envió esta semana al menos tres oficios dirigidos al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; a la ministra Vizzotti; y a la dirección del Hospital Posadas con una batería de medidas dirigidas a obtener documentación e información oficial para determinar cómo el Gobierno de Alberto Fernández administró y distribuyó las vacunas contra el Covid-19, confirmaron fuentes directas de la investigación.

Vizzotti también deberá identificar los teléfonos personales y laborales con los que la funcionaria se maneja desde diciembre de 2020 y aquellos número con los que se comunicaban el exministro y sus principales colaboradores. También deberá identificar e informar los teléfonos de empleados, secretarios privados y asesores de los siete funcionarios que serán foco de esta primera etapa de la investigación, según informó una fuente con acceso al caso.

Más medidas

La investigación de la PIA sobre el supuesto circuito de privilegio para recibir la vacuna contra el Covid-19 se inició el viernes 19 de febrero, luego de que el periodista Horacio Verbitsky dijera en una entrevista a Radio El Destape que había accedido a la vacuna Sputnik V gracias a su “amigo Ginés”. Tras las revelaciones, González García presentó ese mismo día su renuncia al cargo, a pedido del presidente Alberto Fernández.

La existencia de un vacunatorio VIP en el ministerio de Salud sacó a la luz un circuito paralelo al establecido oficialmente para la administración de dosis a grupos de riesgo o interés epidemiológico, del que participó personal del Posadas y al que se accedía por medio del contacto con el ministro de Salud, lo cual encuadraría en “serios abusos de poder en el cumplimiento de la función pública”, según el documento que dio inicio a la investigación. 

La PIA busca establecer cómo se tomaron las decisiones en torno a las vacunas de privilegio y quién las tomó; cómo las autoridades responsables cargaron los datos de las personas vacunas por afuera del criterio establecido; si falsearon información en los registros; y cuál fue motivo de esa orden a la hora de asignar a una persona por sobre otra para recibir la vacuna de Covid-19.

Pero además, el fiscal Rodríguez agregó otro eje al expediente: la distribución de las vacunas por jurisdicción y con qué respaldo normativo el sistema se organizó de esa manera. Este miércoles, el Gobierno hizo públicos por primera vez los datos sobre cantidad de dosis administradas por jurisdicción, pero la investigación de la PIA busca el respaldo legal de esas decisiones. También, solicitó que el Ejecutivo identifique a los responsables nacionales del contralor de la distribución y aplicación correcta de las dosis por parte de cada una de las jurisdicciones.

Además, el ministerio de Salud de la Nación debe explicar si tenía asignadas vacunas de forma directa y con qué criterio.

La Jefatura de Gabinete también debe informar a la fiscalía la cantidad de dosis ingresadas al país desde el 29 de diciembre hasta la actualidad y entregar la documentación de respaldo del ingreso de las vacunas contra el coronavirus.

El fiscal solicitó los registros de ingresos y egresos del ministerio; los registros fílmicos de las cámaras de seguridad entre el 15 y el 21 de febrero; y una nómina de personal de Salud y del Hospital Posadas que podría derivar en declaraciones testimoniales. Además, pidió la lista completa de personas vacunadas por este circuito, entre otras decenas de medidas de prueba. 

El Posadas deberá explicar si había un stock diferenciado para personas de categoría “personal estratégico” (categoría que ahora le asignan a los funcionarios públicos que recibieron la primera dosis) en comparación con “personal de salud” (grupo prioritario). La PIA intenta reconstruir cuántas personas fueron vacunadas en el Hospital Posadas con esas categoría y si es que estaban establecidas antes de que se desatara el escándalo.

Los trabajadores de la salud, grupo prioritario del plan oficial de inmunizados, aún no fueron vacunados en su totalidad en las principales jurisdicciones; el proceso avanzó con lentitud ante la escasez de vacunas (en especial para aplicar la segunda dosis), como publicó esta semana elDiarioAR. Salud publicó que sólo el 37% de los vacunados en todo el país tiene la segunda dosis necesaria para la inmunización, pero no se informó cuántos de ellos son personal de la salud, aunque se estima que es la mayoría.

En la provincia de Buenos Aires, donde la gobernación recibió mayor cantidad de vacunas, la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud) estima que la primera dosis fue aplicada al 70% de los trabajadores sanitarios del sector público, pero no tienen cifras oficiales claras y no conoce la situación en obras sociales y clínicas privadas. El gobierno porteño informó que inmunizó al 40% del personal sanitario con la primera dosis y explicó que no sabe cuándo podrá completar el padrón de inscriptos. No se conoce cómo están distribuidas las dosis por hospital o centro de salud. 

La encargada de vacunación en el Posadas, María Elena Borda, declaró este martes como testigo ante la jueza Capuchetti y el fiscal Taiano y sostuvo que la prioridad de las autoridades del hospital era vacunar al personal médico y al resto del personal sanitario pero que recibían en el nosocomio a personas que no conocían y que eran enviadas por el Ministerio, según informó una fuente judicial con acceso al expediente. 

El director del Posadas, Alberto Maceira, también declaró testigo y señaló que las indicaciones sobre a quién aplicar la vacuna por afuera del plan oficial venían de dos personas del ministerio que invocaban a González García: el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia (quien se encuentra atravesando un duro cuadro de Covid-19); y el secretario privado del ministro, Marcelo Guillé.

ED

El presidente Alberto Fernández denunció este lunes en México “una campaña despiadada en mi país para desprestigiar la vacuna Sputnik V” y criticó con dureza a quienes recurren a la Justicia por los hechos conocidos en los últimos días acerca de funcionarios, políticos, periodistas y demás particulares que habían recibido dosis en el hospital Posadas, con el aval del ministerio de Salud que, hasta el sábado, comandaba Ginés González García.

“Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra”, dijo Fernández en una conferencia de prensa junto a su par de México, Manuel López Obrador. Y fue más allá con la Justicia argentina: “Pido a los jueces y a los fiscales que terminen con la payasada. No es un delito lo que pasó. Pueden investigar los negocios de Macri, el endeudamiento que vivó la Argentina, el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parque eólicos”, remarcó el mandatario.

Las declaraciones contundentes del Presidente se dieron tras una pregunta del periodista Rafael Mathus en representación de los medios que cubren la visita del jefe de Estado a México, con respecto al escándalo de las vacunas de privilegio conocido el último fin de semana tras los dichos del periodista Horacio Verbitsky.

Fernández señaló: “Siempre he planteado que el tema de las vacunas es un tema muy sensible. El riesgo es que las terminemos politizando y haciendo lo que nadie quiere hacer. En Argentina he conocido que, en circunstancias irregulares, se vacunó a 70 personas. El concepto de irregular es algo a revisar, porque entre los vacunados había gente que estratégicamente debían tener la vacuna. Yo me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa, y tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por la misma razón, se dieron la vacuna Cristina Kirchner, Axel Kicillof, muchos otros gobernadores, algunos intendentes, muchos no oficialistas, porque había una campaña de la oposición para decir que la Sputnik era veneno, y hasta me denunciaron, y ahora, los que me denunciaron quieren que les dé el veneno a ellos”, sentenció el Presidente, mientras tomaba impulso.

“Cuando tomé nota de lo que pasó, reaccioné y perdí a un ministro, en cuyo Ministerio pasaron estas cosas. He leído que han hecho una denuncia. El hecho es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés González García tenga que renunciar. Pero terminemos con la payasada. Le pido a los fiscales y a los jueces que terminen con la payasada”, sentenció Fernández.

Según el mandatario argentino, “no existe el delito para el que se adelantó la fila. Hay delitos para investigar. Si quieren pueden investigar el tema de los peajes de Macri, pueden investigar el terrible endeudamiento que la Argentina vivió, pueden investigar el vaciamiento del Congreso, el negocio de los parques eólicos, la responsabilidad de un ministro que mandó un submarino para que mueran 44 tripulantes”, reclamó el Presidente.