La escena fue calculada. Antes de viajar a Estados Unidos, Javier Milei eligió mostrarse con Manuel Adorni en la Casa Rosada, durante una reunión con autoridades de la organización judía B’nai B’rith Internacional. La foto, difundida por Presidencia, llegó en el momento más incómodo para su jefe de Gabinete, atravesado por una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que volvió a tomar impulso en las últimas horas. No fue una imagen más. Fue una señal.

La nueva imagen de Adorni con Milei, en ese contexto, funciona como un mensaje hacia afuera y hacia adentro. Busca frenar los rumores de salida, que circulan con más fuerza en el plano mediático que en la dinámica real del Gobierno, y ordenar la interna en un momento de ruido. Pero no resuelve la incógnita de fondo. ¿Es el jefe de Gabinete un escudo que protege al Gobierno o un problema que puede terminar hundiéndolo?

El dato que reactivó la crisis fue la declaración del contratista Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el expediente que instruye el juez Ariel Lijo. Según su testimonio, Adorni le habría pagado US$245.000 en efectivo por las remodelaciones de la casa en el country Indio Cuá, una cifra que desborda el precio de compra del inmueble, estimado en unos US$120.000, y que tensiona aún más la relación entre los ingresos declarados del funcionario y su nivel de gasto. Tabar no solo detalló la obra, con pisos, paredes, pileta, quincho y una cascada, y el plazo de ejecución, de casi diez meses, sino que además entregó documentación y su teléfono celular para ser peritado, en un intento por respaldar su versión.

La respuesta de Adorni fue inmediata, pero no disipó las dudas. Negó el monto, cuestionó al contratista y anticipó que podría denunciarlo. “Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar un peritaje porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, deslizó en conversaciones en la Casa Rosada. También planteó que nunca recibió la factura final de la obra y que los costos mencionados “parecen exagerados”. La estrategia es consistente con lo que viene ensayando desde que estalló el caso. Deslegitimar las acusaciones y trasladar cualquier explicación al ámbito judicial.

Pero el frente judicial ya dejó de ser un problema aislado. La acumulación de datos, que incluye viajes al exterior, vuelos privados, estadías en hoteles de lujo, nuevas propiedades y deudas cruzadas, empezó a configurar un cuadro más amplio que incomoda al Gobierno. Entre esos números aparece el pago de US$65.000 vinculado a refacciones de su departamento en Caballito, además de gastos en turismo y bienes que, en conjunto, superan ampliamente su salario como funcionario. La causa en Comodoro Py ordena ahora ese rompecabezas bajo una misma hipótesis. La de un crecimiento patrimonial difícil de explicar.

En paralelo, la rutina política intenta seguir su curso en una Casa Rosada atravesada por nuevas reglas. Este martes, Adorni volvió a mostrarse en Balcarce 50, donde llegó a las 9.40 de la mañana y retomó su agenda habitual en medio de la tormenta judicial. Su presencia temprana fue leída como un gesto de normalidad hacia adentro del Gobierno, en un contexto donde cada uno de sus movimientos es observado con lupa y donde el regreso de los periodistas acreditados, tras días de veto, no implicó una apertura plena sino un cambio en las condiciones de trabajo.

¿Escudo o pararrayos?

La pregunta empieza a instalarse incluso dentro del oficialismo. ¿Por qué se blinda tanto a Adorni? ¿Qué explica el nivel de protección política que recibió en las últimas semanas, incluso en momentos de máxima exposición? El episodio más claro fue su informe de gestión del 29 de abril, donde el oficialismo desplegó una defensa cerrada y evitó que la discusión escalara más allá de lo controlable.

Las respuestas no son unívocas. Una de las lecturas que circula en la Casa Rosada lo ubica como un “pararrayos”. Mientras el foco esté puesto en su figura, en sus gastos, en sus viajes y en su patrimonio, el Gobierno logra desplazar del centro de la escena otros temas más sensibles, en particular la marcha del programa económico. En ese esquema, el costo político se concentra en una persona y no se distribuye sobre el conjunto de la gestión.

Pero esa hipótesis convive con otra, más inquietante. En la mesa política, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó trascender su preocupación por el efecto contrario. Que el ruido político termine contaminando la credibilidad del Gobierno y, con ella, el frente económico. En un esquema que depende en gran medida de la confianza de los mercados, un escándalo como el de Adorni puede tener efectos más amplios que los estrictamente personales.

Entre esas dos lecturas se mueve hoy el oficialismo. Sostener a Adorni implica, al mismo tiempo, contener el desgaste y asumir el riesgo de que ese desgaste se amplifique. Por eso, el respaldo político no es lineal. Karina Milei sigue siendo su principal sostén interno y quien empujó, en buena medida, el blindaje en las instancias más críticas. Pero ese respaldo también muestra límites. Según lo que relató María Cafferata en elDiarioAR, la secretaria general ya no lo considera como una opción electoral para disputar la jefatura de Gobierno porteña, una posibilidad que hasta hace poco estaba sobre la mesa.

Las posibles respuestas a tantas preguntas, por ahora, no son concluyentes. Y esa ambigüedad se proyecta hacia adelante. El viernes próximo habrá una nueva reunión de gabinete, una instancia que, más allá de la agenda formal, servirá para medir hasta dónde llega el respaldo político al jefe de Gabinete y cuánto cimbronazo interno empieza a generar su situación. En ese ámbito, donde conviven las urgencias económicas con la gestión del poder, el caso Adorni volverá a estar sobre la mesa, aunque dificilmente alguien lo nombre en voz alta.

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“Cuando Casa Militar considere que no hay riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir actualizando y modificando”. La frase de Manuel Adorni, pronunciada este lunes durante su primera conferencia de prensa en más de un mes y en medio de la polémica por la restricción de circulación para los periodistas acreditados, volvió a poner en primer plano a un organismo que suele operar lejos de la escena pública, pero que en el gobierno de Javier Milei ganó centralidad política.

Dependiente de la Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei, la Casa Militar tiene a su cargo no solo la seguridad del jefe de Estado. También está bajo su órbita la organización de sus actividades oficiales y el funcionamiento logístico de la sede de Gobierno y sus dependencias. Es, en términos prácticos, el dispositivo que regula no solo la protección física del Presidente sino también la circulación cotidiana dentro de Balcarce 50, y que combina personal de las Fuerzas Armadas con cuadros civiles en tareas de gestión, coordinación y administración. Su estructura no es masiva pero sí altamente especializada: está integrada por varios centenares de efectivos —entre militares, personal de seguridad e inteligencia y equipos administrativos— distribuidos entre la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y otros dispositivos de custodia presidencial.

La Casa Militar tiene además una larga tradición institucional. Fue creada formalmente a fines del siglo XIX, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, como parte del proceso de organización del Estado nacional y de profesionalización de la seguridad presidencial. Desde entonces, su rol fue mutando con el tiempo, pero siempre conservó una doble función: custodiar al Presidente y administrar la vida interna de la sede de Gobierno.

En términos formales, su función es técnica. Sin embargo, en la práctica, su margen de intervención se expande hacia lo político. La definición de protocolos de seguridad no solo impacta en la protección del jefe de Estado, sino también en la manera en que se organiza el acceso al poder. Quién entra, por dónde, hasta dónde puede circular, qué puede ver y qué no: todo eso pasa, en última instancia, por Casa Militar.

En ese sentido, no es casual que uno de los primeros movimientos de Karina Milei haya sido intervenir directamente en ese esquema. En marzo de 2024, la secretaria general decidió desplazar a quien era su jefe, Alejandro Guglielmi, un funcionario que había logrado atravesar sin sobresaltos las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La decisión fue leída en los pasillos de Balcarce 50 como el resultado de tensiones acumuladas y de una supuesta incomodidad creciente del propio Milei con el esquema de custodia vigente. En aquel entonces, trascendió que el fastidio del Presidente se debió a lo que consideraba un exceso de celo en los operativos de seguridad.

El reemplazo de Guglielmi por el coronel mayor Sebastián Ibáñez respondió a esa necesidad de recalibrar el dispositivo. Ibáñez, con pasado como jefe de la Brigada de Montaña en Salta, llegó con un perfil operativo y con la tarea de alinear la estructura de Casa Militar con la impronta del nuevo gobierno. Desde entonces, su gestión no solo se enfocó en la custodia presidencial, sino también en la redefinición de los criterios de acceso y circulación dentro de la Casa Rosada.

Esa redefinición tuvo un punto de inflexión reciente. La decisión de Ibáñez de impulsar una causa penal contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno por presunto “espionaje ilegal”, a partir de la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada, no solo tensó la relación con los medios, sino que derivó en una medida inédita: la suspensión del ingreso de los periodistas acreditados a la sede de Gobierno. Durante varios días, el acceso habitual quedó bloqueado bajo la órbita de Casa Militar, que argumentó razones de seguridad para justificar la restricción.

El episodio funcionó como disparador de un cambio más amplio. La reapertura del acceso, concretada este lunes, no implicó un regreso a la normalidad, sino la implementación de un nuevo esquema. Los acreditados volvieron, pero con circulación limitada, áreas restringidas y protocolos más estrictos, definidos precisamente por Casa Militar. La lógica que quedó instalada es la misma que sintetizó Adorni en su mención durante la conferencia de prensa: el acceso y la visibilidad dentro de la Casa Rosada quedan supeditados a la evaluación de riesgo que haga el organismo.

En ese marco, la Casa Militar dejó de ser un actor técnico para convertirse en un regulador activo de la visibilidad del Gobierno. En la era Milei, la pregunta ya no es únicamente quién accede, sino qué se puede ver, qué puede registrarse y hasta dónde se puede avanzar. La seguridad aparece así como argumento, pero también como herramienta de ordenamiento político. La cuestión deja de ser meramente operativa para pasar a ser parte fundamental de un rediseño en la relación entre el poder y quienes lo observan.

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La reaparición de Manuel Adorni en la sala de conferencias de la Casa Rosada no fue solo su vuelta a responder preguntas después de más de un mes. Fue, por sobre todas las cosas, el intento del Gobierno de retomar el control del relato en medio de los cuestionamientos por el patrimonio del funcionario que ya afecta al oficialismo en las encuestas de opinión pública. En su primer contacto con los periodistas acreditados tras la reapertura de la sala, aunque con restricción, el jefe de Gabinete se movió dentro de un guion acotado, con respuestas repetidas, definiciones políticas y márgenes estrictos sobre qué estaba dispuesto a explicar.

Señalado por el crecimiento de sus bienes y su nivel de vida desde que asumió, Adorni apeló este lunes a una fórmula que repitió ante cada consulta incómoda. “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, sostuvo. La frase funcionó como un dique, que se repitió ante preguntas sobre su patrimonio, sus viajes y las denuncias en su contra, desplazando la discusión fuera del terreno político hacia el judicial, donde los tiempos y las reglas son otros.

El punto más delicado de la conferencia llegó cuando fue consultado por la custodia de su entorno. Adorni no desmintió que su esposa cuenta con protección y eligió justificarlo en términos estructurales. “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus familiares tengan seguridad es una práctica habitual en todo el mundo. Es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó.

Pero no se quedó ahí. Para reforzar ese argumento, apeló a su propia experiencia: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública”. Y sumó un elemento político al señalar que, según su interpretación, durante su exposición en el Congreso “quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado casi que hizo una confesión de que están espiando a la esposa del jefe de Gabinete”. En ese mismo sentido, buscó cerrar cualquier duda sobre la legalidad del esquema: “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad”.

En paralelo, el funcionario negó que el Estado haya financiado sus viajes personales. “El Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”, aseguró, y fue más allá: “No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo. Nunca existió ocultación alguna”. La precisión buscó desactivar cualquier sospecha sobre conflictos de interés o uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, esa línea de defensa no se extendió a otros puntos igual de sensibles.

Consultado por los presuntos sobresueldos en el Estado, Adorni directamente omitió responder. Frente a versiones sobre un viaje familiar a Bariloche, se limitó a decir que “no responde a publicaciones periodísticas”, una postura que contrasta con la creación, bajo su gestión, de la Oficina de Respuesta Oficial, pensada precisamente para desacreditar informaciones consideradas falsas. Tampoco dio explicaciones sobre la deuda de US$65.000 vinculada a la compra de su departamento, uno de los aspectos que más incomodidad generó en la rueda de preguntas.

La misma lógica se replicó en torno a su patrimonio. Adorni insistió en que su declaración jurada será presentada “en tiempo y forma” y que allí estará el detalle actualizado de sus bienes. “Aún no venció el plazo”, argumentó. Pero el trasfondo de la discusión sigue siendo su última presentación ante la Oficina Anticorrupción, donde el anexo reservado fue entregado con demoras. En ese documento debía incluirse la compra de una propiedad en el country Indio Cuá por parte de su esposa, Bettina Angeletti, realizada en noviembre de 2024, un dato que no había sido informado oportunamente.

Tras responder las preguntas, Adorni fijó el encuadre para las conferencias que vendrán, que según aclaró se darán de manera periódica. “Quise venir, no para dar una bienvenida sino para restablecer el funcionamiento de la sala”, dijo, en una frase que funcionó como declaración de intenciones. Y enseguida dejó planteado que ese funcionamiento también estaría sujeto a revisión. “Cuando Casa Militar considere que no hay riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir modificando”, finalizó.

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El regreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada no implicó una vuelta a la normalidad, sino la inauguración de un nuevo esquema de circulación restringida dentro de la sede de Gobierno. La reapertura de la cobertura presencial convive ahora con una arquitectura más opaca y segmentada, en la que el acceso a la información queda mediado por límites físicos y decisiones administrativas.

El reingreso de los cronistas vino acompañado de una serie de indicaciones precisas: ya no pueden desplazarse por el histórico sector del Patio de las Palmeras ni recorrer los pasillos como lo hacían habitualmente. El acceso quedó delimitado a un circuito acotado que incluye la sala de prensa, la cafetería, el área de recepción y el Patio Malvinas, en planta baja, sin posibilidad de avanzar más allá. En la práctica, ese perímetro funciona como una cápsula dentro del edificio, que permite la presencia de los acreditados pero restringe su capacidad de observar el movimiento cotidiano del poder.

La restricción al Patio de las Palmeras es clave. Se trata de uno de los espacios más abiertos y transitados de la Casa Rosada, un punto de paso obligado entre despachos y áreas de gestión que históricamente funcionó como termómetro de la actividad oficial. Desde allí, la prensa podía reconstruir agendas, detectar reuniones y seguir la dinámica interna del Gobierno. Su cierre no es solo físico: implica también un recorte en la capacidad de anticipar y verificar información.

Los trabajadores de medios tampoco pueden acercarse a zonas sensibles, como el área vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, incluido el llamado Salón Martín Fierro, que quedó explícitamente fuera de alcance. Ese corrimiento marca una frontera clara entre los espacios habilitados para la circulación periodística y aquellos donde se concentra la toma de decisiones.

En su conferencia de prensa de este lunes, Manuel Adorni aseguró que lo que definió como un “nuevo protocolo” fue dispuesto por Casa Militar —el organismo encargado de la seguridad presidencial— en conjunto con la Secretaría de Comunicación que conduce Javier Lanari. “No es censura”, planteó el funcionario, al justificar el esquema bajo criterios de seguridad. La frase buscó encuadrar la discusión, aunque no disipó las dudas sobre el impacto real de las restricciones.

El nuevo protocolo no solo redefine los movimientos, sino también la lógica de permanencia dentro del edificio. A partir de ahora, los acreditados deben entregar sus credenciales al retirarse y recuperarlas recién al día siguiente, un mecanismo inusual que refuerza el control sobre los ingresos y egresos. Se trata de un sistema que no tenía antecedentes recientes y que introduce una capa adicional de supervisión sobre quién permanece dentro de la Casa Rosada y por cuánto tiempo.

A eso se suma una transformación física del espacio. Puertas y pasillos que conectan con el sector de Palmeras fueron intervenidos con vidrios esmerilados, reduciendo la visibilidad hacia áreas internas donde hasta hace una semana se podía circular y observar. La modificación no es menor: cambia la lógica visual del edificio y limita la posibilidad de registrar movimientos incluso desde los sectores habilitados.

Bajo esa nueva arquitectura interna, el Gobierno reabrió este lunes Balcarce 50 para los periodistas acreditados, luego de diez días de veto informativo. La restricción había sido dispuesta tras una denuncia pública —aún sin correlato judicial— por supuesto “espionaje ilegal”, a raíz de un informe del canal TN que utilizó anteojos con cámara para registrar imágenes dentro de la Casa Rosada. La reacción oficial derivó en el endurecimiento de controles y la judicialización del episodio. Ese antecedente funciona como clave para entender el nuevo esquema. La reapertura no implicó una reversión de la medida, sino su reformulación bajo reglas más estrictas.

La conferencia de Adorni de este lunes fue, en ese contexto, la primera después de casi dos meses sin contacto directo con la prensa. Su última aparición había estado marcada por un clima de tensión, cuando respondió preguntas sobre las sospechas en torno a su patrimonio y sus viajes, acusó a los acreditados de ser “apenas periodistas” y abandonó la sala visiblemente ofuscado. Desde entonces, el vínculo entre el Gobierno y la prensa se deterioró de manera sostenida.

En las semanas siguientes fue el propio Javier Milei quien amplificó ese clima con una serie de declaraciones públicas contra los medios, bajo el latiguillo “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. El último episodio de alto voltaje se produjo en el Congreso, donde acusó de “chorros y corruptos” a los acreditados que cubrían la presentación del informe de gestión de Adorni.

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La discusión no es nueva, pero en las últimas semanas volvió a instalarse con fuerza en la mesa política que reúne al círculo más chico del oficialismo. Hace un mes, en un intercambio que empezó como balance de gestión, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había dejado planteado que el margen de acción del programa económico empezaba a mostrar límites. Sin explicitarlo de ese modo, su diagnóstico apuntó a otro terreno: si las variables ya fueron ordenadas y las herramientas aplicadas, lo que falta para consolidar el rumbo no es técnico, sino político.

Para Caputo, los mercados no terminan de convalidar el programa porque dudan de la capacidad del Gobierno para sostenerlo en el tiempo. Para el ala política, en cambio, el desgaste tiene otra raíz. No sería la falta de acuerdos lo que explica la caída en la imagen de Javier Milei, sino una serie de episodios que, reconocen, erosionan la narrativa oficial, desde las tensiones internas hasta casos de presunta corrupción como el que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La exposición del ministro coordinador en el Congreso fue interpretada en la Casa Rosada más como un examen político que como una instancia de gestión. El oficialismo valoró que haya logrado atravesar la sesión sin sobresaltos mayores, pero el saldo no alcanzó para desactivar el tema. El jueves pasado, el Gobierno debió volver a abrir la sala de prensa y resolvió que Adorni retome las conferencias, en un intento por recuperar control sobre la agenda y administrar un frente que, incluso entre los propios, ubican como uno de los factores centrales del desgaste.

La mesa política —que conforman, además del ministro de Economía, Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt— está cruzada por distintos diagnósticos. Hay, sin embargo, un punto en común que se repite en cada reunión: más allá de los matices, ninguno de sus miembros expresa una preocupación abierta por la marcha de la economía. Ni siquiera quienes discuten el rumbo político del Gobierno ponen en duda el programa en sí mismo. La discusión no gira sobre si el plan funciona o no, sino sobre qué le falta para cerrar. Es, en ese sentido, una anomalía: el frente material aparece como dato dado, incluso cuando deja de ofrecer resultados visibles en el corto plazo como ya reconoció el propio Milei.

Hubo dos ausencias consecutivas de Toto Caputo en la mesa política. A la primera reunión no asistió porque estaba en Washington, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la segunda tampoco, aun ya de regreso en el país. La reiteración alimentó versiones de malestar interno que el propio Caputo buscó desactivar con ironía. “Reconozco que en la reunión anterior pensé en tomarme un avión desde Washington y volver en el día, pero Kristalina me convenció que iba a ser un poco cansador”, escribió en X, en referencia a la directora gerente del FMI.

A fines de marzo, según pudo saber elDiarioAR, el ministro habría avanzado con una propuesta hacia el resto de los integrantes de la mesa. Planteó la necesidad de un acuerdo de gobernabilidad con mandatarios provinciales que garantice respaldo legislativo sostenido durante este año y el próximo. La contrapartida, de acuerdo a lo planteado por Caputo, sería no competir contra los gobernadores en sus provincias. Un pacto de no agresión electoral como condición para que el programa económico termine de cerrar.

La reacción del ala más política del Gobierno dejó al descubierto una fisura que ya venía insinuándose. Para algunos de sus miembros la idea fue leída como una concesión excesiva. “No es político, no entiende que eso es una pelotudez”, sintetizaron, sin matices, en referencia al ministro de Economía. La crítica no apuntaba sólo al contenido de la propuesta, sino a su lógica de ceder territorio a cambio de respaldo legislativo que supone, para ese sector, resignar poder sin garantías de retorno.

La línea de austeridad planteada por Caputo había sido explicitada en reuniones previas: el ajuste no se negocia. En una reunión de gabinete de principio de abril, con Javier Milei al frente, la instrucción había sido clara: sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo, incluso si eso implicaba profundizar recortes en áreas sensibles como el PAMI o acelerar reformas estructurales empujadas por el equipo económico. La imagen que el propio Presidente usó durante su discurso en AmCham —la de Ulises atado al mástil para no ceder ante el “canto de las sirenas” del gasto público—, sintetizaba esa lógica de resistencia frente a cualquier presión política o sectorial.

La semana que pasó, después de días de algunas versiones soterradas sobre un cortocircuito con su ministro, Milei salió a respaldarlo públicamente. Lo hizo en la cena de la Fundación Libertad, donde compartió escena con todo el gabinete y donde Karina Milei se mostró especialmente cercana a Caputo. El gesto se completó con un elogio explícito del Presidente, que lo definió como un “gigante” por el ajuste realizado.

En ese clima, la mesa política funciona como un termómetro más que como un ámbito de síntesis. Allí conviven dos miradas que, por ahora, no terminan de ordenarse. La discusión no es menor porque define el camino a seguir. Si el diagnóstico es que falta política, la salida es negociar, ampliar la base de sustentación y hasta ceder en algunos frentes. Si el problema es político, pero en otro sentido, entonces la respuesta es ordenarse tratando de evitar concesiones que puedan debilitar al Gobierno en su propia lógica.

Por ahora, esas dos estrategias coexisten sin integrarse. Y en esa convivencia tensa se empieza a jugar algo más que una diferencia de criterio. Lo que está en disputa es quién tiene la llave para explicar el presente y, sobre todo, para definir el próximo movimiento. Si algo quedó planteado desde aquel intercambio de fines de marzo es que, para el ministro Caputo, la economía por sí sola ya no alcanza. La pregunta es si el resto del Gobierno está dispuesto a aceptar esa premisa o si el verdadero debate pendiente es sobre el sentido mismo del rumbo.

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La prohibición de ingreso de más de 50 medios a la sala de prensa de la Casa Rosada motivó una reunión en el Congreso, donde trabajadores de prensa y representantes gremiales advirtieron sobre un deterioro en las condiciones para el ejercicio del periodismo.

Durante un encuentro de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, periodistas acreditados en la Casa Rosada expusieron sobre las dificultades para acceder a su lugar habitual de trabajo y cuestionaron el tono de los discursos oficiales hacia el sector. La convocatoria fue impulsada por el vicepresidente de la comisión, Nicolás Trotta, luego de que su titular, Guillermo Montenegro, no la convocara.

En ese marco, distintos expositores coincidieron en señalar una “escalada de agresiones” por parte del gobierno de Javier Milei. Además, reclamaron a las empresas de medios un mayor compromiso con sus trabajadores, tanto en materia de seguridad como de condiciones salariales.

El secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Agustín Lecchi, planteó la necesidad de “debatir cómo frenar las agresiones” y sostuvo que existe un “ataque sistemático a la comunicación” con el objetivo de desplazar temas de la agenda pública. También advirtió sobre la situación salarial del sector y el intento de modificar el Estatuto del Periodista Profesional, al que consideró un piso mínimo de protección laboral.

Representantes de distintos medios, entre ellos cooperativos y autogestivos, remarcaron la importancia de ese sector dentro del ecosistema informativo argentino. A su vez, periodistas acreditados en Casa de Gobierno señalaron que la restricción de acceso vigente desde hace días afecta directamente su trabajo cotidiano y remarcaron que la acreditación no constituye un privilegio, sino una herramienta para ejercer la profesión.

El planteo se da en un contexto reciente de fuerte tensión. Un día antes, tras acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, Milei protagonizó un cruce con periodistas al retirarse del Congreso. Ante una consulta sobre las explicaciones del funcionario, respondió sin detenerse: “Es suficiente. ¡Chorros!”. La escena, que se viralizó en redes sociales, reforzó el clima de confrontación que distintos sectores vienen señalando.

Durante la reunión participaron periodistas de distintos medios, como Malena Winer y Tatiana Scorciapino de Tiempo Argentino, Fabián Waldman de La Patriada, Nora Veiras de Página/12, Jonathan Heguier de El Destape, Liliana Franco, Mónica Gutiérrez y Natasha Niebieskikwiat, entre otros, quienes coincidieron en advertir sobre el clima adverso para el ejercicio de la profesión.

En paralelo, se presentaron acciones judiciales contra la medida que restringe el acceso a la Casa Rosada, entre ellas amparos impulsados por el gremio y distintos medios -entre ellos Tiempo Argentino y La Patriada-, además de una denuncia penal que apunta contra funcionarios del Gobierno. También hubo una presentación ante la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que expresó su preocupación por la situación e instó al Estado argentino a revisar la medida.

A casi seis meses de haber asumido como jefe de Gabinete, Manuel Adorni se prepara para dar su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados en un clima político atravesado por las investigaciones judiciales en su contra y por una creciente tensión con la prensa que ya se filtra en la dinámica cotidiana de la Casa Rosada. El debut, previsto para este miércoles a la 10.30, se proyecta como una escena de alto voltaje político, en la que el Gobierno buscará exhibir cohesión interna mientras administra el impacto de un caso que incomoda puertas adentro.

La señal más clara de ese respaldo será la presencia de Javier Milei en el palco central del recinto, acompañado por Karina Milei y buena parte del gabinete. La puesta en escena no es casual: en Balcarce 50 entienden que la exposición de Adorni necesita de un marco de contención política explícito, sobre todo después de varias semanas en las que el jefe de Gabinete quedó a la defensiva por la apertura de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

En su entorno aseguran que el discurso inicial tendrá un tono “institucional”, centrado en los logros económicos, la estabilización macro y las reformas impulsadas por la gestión. La indicación es evitar cualquier referencia a las causas judiciales y a las inconsistencias detectadas en sus declaraciones juradas. “Es un tema de la Justicia”, repiten, en línea con una estrategia que busca encapsular el conflicto y evitar que se traslade al terreno político.

La magnitud de la sesión, sin embargo, anticipa que ese objetivo no será sencillo. La oposición envió cerca de 4.800 preguntas por escrito, de las cuales Adorni ya respondió unas 2.000 en la previa y deberá completar el resto durante su exposición y el intercambio en el recinto. El volumen no es menor. Implica una jornada que podría extenderse por más de seis horas, con intervenciones escalonadas de todos los bloques y márgenes acotados para cada respuesta.

Esa hoja de ruta convive con otra hipótesis que circuló en los días previos: la posibilidad de un tono más confrontativo, con respuestas dirigidas a cuestionar a la oposición. Aunque en las últimas horas esa opción fue relativizada, en el oficialismo admiten que el clima de la sesión puede empujar a Adorni a correrse de un libreto más moderado. “Va a depender mucho de cómo arranque”, sintetizan.

La dinámica de la jornada también forma parte de la estrategia. Según trascendió, la intención de La Libertad Avanza es evitar una reunión de labor parlamentaria y dejar en manos del titular de la Cámara, Martín Menem, el control del esquema de preguntas, algo que apuntaría a ordenar el debate bajo reglas estrictas y reducir la capacidad de articulación de la oposición. El formato prevé un discurso inicial de Adorni de entre 50 minutos y una hora, seguido de tandas de preguntas que podrían extender la sesión por más de seis horas.

En ese marco, los bloques que impulsaron denuncias contra el jefe de Gabinete anticipan que insistirán con preguntas sobre su patrimonio y sus viajes. La incógnita es hasta qué punto Adorni podrá sostener la decisión de no responder sobre esos temas sin que eso afecte el desarrollo de la sesión. En particular, cuando llegue el turno de Unión por la Patria, que contará con el tramo más extenso de exposición.

Ese trasfondo de la tensión con el periodismo no es menor. En la Casa Rosada, donde los periodistas acreditados continúan sin poder ingresar a la sala de prensa tras la restricción dispuesta la semana pasada, el vínculo entre el Gobierno y los medios atraviesa uno de sus momentos más tirantes. En ese contexto, la reaparición pública de Adorni, que construyó su perfil político precisamente como vocero, adquiere una dimensión adicional. No sólo se juega su desempeño ante la oposición, sino también su capacidad para reposicionarse en un escenario donde la comunicación oficial se volvió más opaca y controlada.

Mientras tanto, la causa judicial sigue avanzando. Las medidas impulsadas por el fiscal Gerardo Pollicita, entre ellas pedidos de información sobre cajas de seguridad vinculadas a su entorno, mantienen el expediente en movimiento y suman presión. El informe de gestión, en ese sentido, aparece para Adorni como algo más que una obligación institucional. Se trata de una oportunidad para reordenar la escena política. Para la oposición, en cambio, es la primera instancia para interpelar al jefe de Gabinete cara a cara en medio de las sospechas. Entre esas dos lógicas se jugará una sesión que, más que saldar respuestas, probablemente deje nuevas preguntas abiertas.

En ese equilibrio inestable aparece además una variable clave hacia adentro del oficialismo: el rol de Karina Milei. En la Casa Rosada dan por hecho que el sostén político de Adorni no depende sólo del Presidente, sino del aval directo de su hermana, que en las últimas semanas reforzó su lugar en la mesa política y se convirtió en un factor decisivo para amortiguar el impacto del caso. Ese respaldo explica, en parte, por qué el jefe de Gabinete llega a su primera prueba en el Congreso sin señales de repliegue, pese al ruido judicial. También delimita el margen de acción de sus críticos internos: cuestionar a Adorni, hoy, implica tensionar con el vértice más fuerte del poder libertario.

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La visita del magnate tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada no fue un episodio más en la agenda oficial. Su encuentro con Javier Milei llegó después de una reunión previa con el asesor Santiago Caputo por fuera del circuito institucional y se concretó en una jornada histórica, marcada por restricciones para la totalidad de la prensa acreditada. Salvo una breve mención del propio Presidente en el canal de streaming Neura, no hubo comunicación oficial sobre el contenido del intercambio con una de las figuras que mejor conectan el mundo tecnológico con las estructuras globales de inteligencia y seguridad. En ese clima de hermetismo, una pregunta recorre el poder por lo bajo: ¿qué está pasando con la SIDE?

El telón de fondo de esa inquietud es doble. Por un lado, la decisión del Gobierno de exhibir capacidad operativa con la puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), una estructura formalizada por decreto en octubre del año pasado, que busca “centralizar información, coordinar agencias y fijar prioridades en la lucha contra el terrorismo”, según detallan oficialmente. Por otro, una seguidilla de episodios que, lejos de consolidar ese relato de profesionalización, abrieron interrogantes sobre el funcionamiento real del organismo y, sobre todo, sobre quién conduce efectivamente esa agenda.

La inauguración del CNA, realizada el 16 de abril, funcionó como vidriera. Con presencia del FBI y del embajador estadounidense, Peter Lamelas, el acto tuvo al jefe de la SIDE, Cristian Auguadra, como protagonista, pero fue presentado como un punto de inflexión por el subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, quien en paralelo empezó a construir algo inusual para ese cargo: visibilidad pública. “La presencia del FBI y del embajador de Estados Unidos en la Argentina en la inauguración del Centro Nacional Antiterrorismo es un paso clave para fortalecer la protección de la República Argentina”, celebró a través de un comunicado. Y fue más allá: “Después de décadas de abandono e improvisación, estamos profesionalizando el Sistema de Inteligencia Nacional”.

Su nombre es nuevo en los pasillos del poder, aunque en los últimos meses empezó a pesar cada vez más. Abogado de formación, Lago Rodríguez proviene de los estudios Cassagne, donde integró el equipo que encabezaba María Ibarzábal Murphy, hoy al frente de la Secretaría de Legal y Técnica. Su perfil combina ese recorrido jurídico con una identidad más ligada al mundo de la seguridad: en la biografía de su flamante cuenta de X —abierta a la par del acto de inauguración de la CNA— se presenta como “Subsecretario de Inteligencia” y también como “oficial de reserva del Ejército Argentino”. Ese doble registro no es menor para entender el lugar que empezó a ocupar.

Sin embargo, su desembarco en la primera línea de la SIDE no fue leído como un movimiento técnico sino como la instalación de un “comisario político” en un área sensible. Y esa lectura se reforzó en noviembre pasado, cuando elDiarioAR reveló su tumultuosa visita nocturna al domicilio de Sergio Neiffert, entonces titular del organismo, en un episodio cargado de tensión interna que dejó al descubierto la disputa por el control de la inteligencia entre Santiago Caputo y Karina Milei.

Aquella escena, tan inusual como grotesca, funcionó como un anticipo de lo que vendría. Hoy, con Auguadra en la conducción nominal, distintas fuentes coinciden en que el poder real dentro del organismo está más distribuido. En ese esquema, Lago Rodríguez no solo ganó volumen propio sino que, en algunos casos, aparece con mayor capacidad de decisión que su superior formal. ¿Quién conduce realmente la SIDE en este nuevo esquema de poder? No es un dato menor en un área donde las jerarquías suelen ser más rígidas que en el resto del Estado, pero también más opacas.

El crecimiento de Lago Rodríguez no se explica solo por su cercanía con Santiago Caputo, sino también por los movimientos en el resto del organigrama. En particular, por la virtual salida de Diego Kravetz, cuyo corrimiento abriría un vacío precisamente en el mismo casillero con el que el joven abogado decidió presentarse en redes sociales. La coincidencia no pasó desapercibida en el mundo de la inteligencia: su autoidentificación como “Subsecretario de Inteligencia” funciona, en los hechos, como una señal de posicionamiento en esa transición aún no formalizada.

Pero ese reordenamiento no ocurre en el vacío. Forma parte de una interna más amplia en el vértice del poder libertario. El esquema que responde al asesor presidencial viene siendo observado de cerca por Karina Milei, que en los últimos meses buscó avanzar sobre ese territorio con su propia lógica de control. Si hace un mes la tensión era más explícita, hoy aparece algo más contenida, aunque lejos de resolverse. En ese contexto, la exposición de Lago Rodríguez también puede leerse como un movimiento dentro de ese equilibrio inestable.

El despliegue del CNA, en ese sentido, también puede leerse en clave interna. La estructura apunta a coordinar políticas antiterroristas y a articular información con organismos locales y extranjeros. También ofrece una plataforma desde la cual construir legitimidad y mostrar resultados. Lago Rodríguez lo entendió así y se posicionó como uno de sus principales voceros. “El terrorismo es una amenaza que requiere coordinación internacional para prevenirla”, sostuvo. Y remarcó que “la participación del FBI en la inauguración del CNA refleja la reinserción del Sistema de Inteligencia Nacional en los principales esquemas de cooperación mundial”.

Pero ese relato de apertura y profesionalización convive con episodios que lo ponen en tensión. El más evidente fue el comunicado que la SIDE publicó el 24 de marzo, en el que informaba una reunión entre Auguadra y el director de la CIA en Langley. El mensaje, amplificado al día siguiente por Manuel Adorni, fue eliminado horas después sin explicación inmediata. La versión posterior, recogida por elDiarioAR, habló de una decisión estratégica: esperar la foto oficial para reforzar el anuncio. Sin embargo, no faltaron quienes pusieran en duda el núcleo del relato. Según fuentes con conocimiento del viaje, el encuentro no habría sido con el director sino con su número dos, una diferencia que en el mundo de la inteligencia tiene un peso específico. ¿Fue un error de comunicación o una forma de sobreactuar un vínculo que todavía está en construcción?

A ese episodio se le suma otro, distinto pero igual de revelador. El 2 de abril, la SIDE publicó un nuevo comunicado donde se subía a la investigación realizada por un consorcio de periodistas acerca de una supuesta campaña de desinformación contra el gobierno de Milei financiada por Rusia. Allí se afirmaba que se trataba de un caso que “ya había investigado y puesto en conocimiento de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025”. Esa declaración fue la que motivó una presentación judicial del abogado Jorge Monastersky. Sin embargo, cuando la causa recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, lo primero que hizo el magistrado fue buscar ese expediente previo al que hacía referencia el organismo.

La sorpresa fue que no existía. No había ninguna causa anterior impulsada por la SIDE. Ante ese escenario, Ramos delegó la investigación en el fiscal Ramiro González, que todavía espera una respuesta formal del organismo a un oficio enviado para esclarecer qué información maneja. Mientras tanto, el expediente sigue sin avanzar y los abogados de los periodistas señalados en la investigación original no logran acceder a elementos concretos. La reconstrucción de ese derrotero —dada a conocer por el periodista Camilo Cagnacci en boga.ar— agrega un elemento incómodo para el Gobierno: no solo no hay evidencia de una investigación previa, sino que la propia afirmación oficial fue la que terminó activando una causa judicial sin sustento inicial. ¿Qué quiso decir entonces la SIDE cuando aseguró que ya había intervenido en el caso? ¿Se trató de una sobreactuación discursiva o de un intento de construir iniciativa donde todavía no la había?

Es en ese punto donde la historia se corre del plano técnico y entra de lleno en la lógica del poder. La SIDE no solo se reconfigura hacia afuera, con acuerdos de cooperación, promesas de equipamiento y vínculos con agencias internacionales. También se redefine hacia adentro, en una disputa que atraviesa al oficialismo. El intento de capitalizar una foto en Langley, la sobreexposición del CNA y la emergencia de figuras como Lago Rodríguez parecen responder tanto a una estrategia de posicionamiento interno como a una narrativa de política exterior alineada con Estados Unidos.

En ese tablero, la figura de Peter Thiel agrega una capa adicional. Cofundador de PayPal y cerebro detrás de Palantir, una empresa especializada en el análisis masivo de datos, su trayectoria lo ubica en un cruce sensible entre tecnología, inteligencia y poder estatal. Se trata de alguien que trabaja con agencias de seguridad y defensa y que desarrolla plataformas capaces de integrar grandes volúmenes de información, cruzar bases de datos y producir análisis predictivo.

En ese sentido, y como señaló Mauricio Caminos en este diario, el desembarco de Thiel en la Argentina puede leerse como parte de un movimiento más amplio del Gobierno orientado a expandir esas capacidades y además reforzar la cooperación internacional en materia de seguridad. Tras el polémico DNU 941 de enero de este año, el área de ciberseguridad dejó de depender de la SIDE y pasó a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete. Pese a ese corrimiento institucional, al frente del área se mantiene el criptógrafo Ariel Waissbein. Según especialistas, el foco oficial se posa sobre el potencial de Palantir como infraestructura para articular y cruzar datos estatales: el propio decreto, en su artículo 15, habilita la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), una arquitectura pensada para centralizar información sensible de distintos organismo.

Bajo ese contexto, la escena cobra otro cariz. Que Thiel haya tenido acceso al corazón del poder argentino en simultáneo con el cierre de la Casa Rosada a la prensa puede haber sido una coincidencia, pero no parece un dato menor. Tampoco lo es que todo ocurra en paralelo al relanzamiento de la SIDE como actor visible, con nuevas estructuras, nuevos voceros y viejas disputas. En ese cruce de agendas, la inteligencia vuelve a ocupar un lugar central. La incógnita es si ese protagonismo responde a una política de Estado en consolidación o a una puja interna que todavía no terminó de resolverse.

PL

Habíamos llegado como siempre, con el reflejo automático de apoyar el dedo y pasar. Pero esta vez no hubo ingreso. El sistema de acceso por huellas dactilares dejó de funcionar para todos al mismo tiempo. Solo una certeza que se fue armando con el correr de los minutos, que no era un problema técnico sino una decisión —luego lo supimos— tomada desde la noche anterior, sin comunicación previa ni canal formal de aviso.

El gobierno de Javier Milei restringió este jueves el ingreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada sin aviso previo y bajo una decisión administrativa de Casa Militar. La novedad no llegó por un comunicado ni por un mensaje oficial sino en la reja, cuando la rutina se cortó en seco, en una medida de alcance general que sorprendió incluso a quienes llevan años cubriendo la sede de Gobierno.

La explicación formal llegó tarde y de manera fragmentada. Nos dijeron que la medida estaba vinculada a la causa que se abrió contra el canal TN por la difusión de imágenes tomadas dentro de la Casa Rosada, un episodio que derivó en una denuncia de Casa Militar por presunto “espionaje ilegal” que puso en peligro la seguridad nacional. Pero incluso ahí aparecieron las primeras inconsistencias. No se trataba de una orden judicial ni de una disposición emanada de un juzgado. No había ningún documento que obligara a impedir el ingreso. La decisión, según se nos transmitió, había sido tomada de manera interna con el argumento de “tener el espacio liberado para hacer las respectivas inspecciones”.

La explicación dejó más dudas que certezas. Si se tratara de una cuestión operativa, la lógica indicaría la existencia de un plazo, una previsión o al menos una notificación previa que ordenara el acceso. Nada de eso ocurrió. La medida fue aplicada de manera inmediata, sin horizonte claro de duración y con impacto sobre la totalidad de los acreditados.

El episodio tiene, además, un antecedente inmediato. En las últimas semanas, al menos siete medios ya habían sufrido restricciones parciales de acceso bajo el argumento de una presunta “infiltración rusa” en ámbitos periodísticos, una hipótesis que nunca terminó de ser explicada en detalle pero que sirvió para justificar controles más estrictos y limitaciones puntuales. Aquella decisión había sido focalizada. La de este jueves, en cambio, amplía el alcance y la vuelve total.

La medida también se inscribe en una secuencia más amplia de confrontación del presidente Javier Milei con el periodismo. En los últimos meses, el mandatario intensificó sus ataques verbales contra distintos medios y periodistas, con descalificaciones públicas y señalamientos directos desde redes sociales. En el caso puntual que detonó la denuncia, Milei reaccionó con insultos y calificativos extremos hacia los trabajadores involucrados, en línea con un discurso que tensiona de manera creciente el vínculo entre el Gobierno y la prensa.

Desde el oficialismo, con el correr de la mañana, buscaron acotar el alcance de lo sucedido. Aseguraron que la sala de periodistas “no se va a cerrar” y que las acreditaciones no fueron dadas de baja, sino que continúan vigentes. También señalaron que el cambio se limita al sistema de acceso. Sin embargo, esa explicación convive con un dato difícil de soslayar: para Milei, el problema no es el periodismo. Es la información libre.

PL/MC

Javier Milei recibirá este jueves a las 14 en la Casa Rosada al magnate tecnológico Peter Thiel, en el punto más visible de una visita que el CEO de Palantirdesarrolla desde hace más de una semana en la Argentina con perfil bajo y agenda reservada. El encuentro marcará el segundo cara a cara entre ambos, tras una reunión en mayo de 2024 también en el despacho presidencial, y se produce luego de una serie de contactos políticos y estratégicos que el Gobierno siguió de cerca durante toda su estadía.

Según reconstruyó elDiarioAR a partir de distintas fuentes, Thiel mantuvo reuniones con funcionarios del oficialismo y sostuvo intercambios institucionales en paralelo a actividades fuera del circuito estrictamente político. El lunes de la semana pasada, por caso, se habría reunido con el asesor presidencial Santiago Caputo. En ese encuentro, que no fue informado oficialmente, trascendió que dialogaron sobre el escenario internacional, la dinámica tecnológica y el lugar que la Argentina podría ocupar en ese nuevo mapa global atravesado por la inteligencia artificial y la disputa por los datos.

La dimensión política de ese intercambio quedó expuesta pocas horas después. Tras reunirse con Thiel, Caputo publicó un mensaje en su cuenta de X que funcionó como una suerte de marco interpretativo de la visita. “Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio”, escribió, citando sin mencionarlo a Joan Manuel Serrat, y agregó: “Argentina necesita dar un salto cuántico en materia de seguridad nacional, aunque a los zurdos les dé taquicardia. El lugar de nuestro país en el nuevo orden mundial, gracias a la oportunidad que nos está dando nuestro Presidente, se definirá por su capacidad de proteger, defender y promover nuestros recursos estratégicos. Quien quiera oír que oiga”. Más que una reacción espontánea, en la Casa Rosada leyeron ese posteo como una señal del tipo de agenda que subyace a la visita.

La presencia de Thiel en la Argentina fue seguida de cerca tanto por la Casa Rosada como por la Cancillería, donde reconocen al magnate como un actor de peso dentro del ecosistema global de innovación y capital de riesgo. Durante su paso por el país, combinó agenda política con gestos de inmersión cultural, como su asistencia al Superclásico entre River y Boca en el estadio Monumental, donde también habría mantenido contactos informales con dirigentes del fútbol.

El vínculo entre Thiel y Milei tiene antecedentes recientes. En mayo de 2024, el empresario ya había visitado la Casa Rosada junto a Alec Oxenford, actual embajador argentino en los Estados Unidos. En aquella oportunidad, según relató el propio Oxenford, el millonario estadounidense se mostró “impresionado” con las ideas del Presidente y las consideró relevantes a escala global. Ese primer encuentro giró en torno al rumbo económico del Gobierno y a la inserción internacional de la Argentina. La reunión de este jueves aparece, en ese sentido, como una continuidad, pero también como una instancia de mayor densidad política.

Thiel no es un visitante cualquiera dentro del universo que busca seducir el mileísmo. Cofundador de PayPal junto a Elon Musk, primer inversor externo de Facebook y figura clave detrás de Palantir Technologies, su trayectoria combina capital de riesgo, pensamiento estratégico y vínculos con estructuras estatales. Palantir, en particular, se especializa en el procesamiento masivo de datos y trabaja con gobiernos, fuerzas armadas y agencias de inteligencia, lo que ubica a Thiel en un cruce sensible entre tecnología y poder político.

Ese rol quedó especialmente expuesto en uno de los contratos más sensibles de la compañía en Estados Unidos. El año pasado, el polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) —que quedó en el centro de la escena en enero, tras una serie de operativos en la ciudad de Minneapolis que terminaron con la muerte de dos civiles estadounidenses durante intervenciones federales— firmó un acuerdo con Palantir para desarrollar ImmigrationOS, una plataforma basada en inteligencia artificial y minería de datos destinada a identificar, rastrear y deportar personas sospechadas de ser extranjeras en situación irregular. El contrato, por 30 millones de dólares y con vigencia hasta 2027, prevé la integración de grandes volúmenes de información para detectar patrones y activar alertas.

El proyecto, sin embargo, desató cuestionamientos por su impacto potencial en las libertades civiles, la precisión de los sistemas y los riesgos de sesgo. A eso se sumaron advertencias por posibles conflictos de interés, dado el vínculo de figuras políticas como Stephen Miller, exasesor clave en materia migratoria de Donald Trump y uno de los arquitectos de su política restrictiva en esa área, con la empresa. Palantir sostiene que solo desarrolla herramientas, pero el diseño mismo de estos sistemas supone, en los hechos, una forma de intervención sobre políticas públicas.

Ese trasfondo es el que le da otra dimensión a la reunión en Casa Rosada. En el Gobierno interpretan la visita de Thiel como una señal de validación internacional en un momento en el que buscan posicionar a la Argentina como un polo atractivo para inversiones tecnológicas y como un aliado dentro de las nuevas discusiones globales. No se trata solo de captar capital, sino de integrarse a redes de influencia que exceden lo económico y se proyectan sobre el diseño de políticas públicas, especialmente en áreas como seguridad, inteligencia y manejo de datos.

La visita, además, coincide con un momento de fuerte circulación de ideas dentro del universo que rodea a Thiel. En los últimos días, la difusión de un manifiesto vinculado a Palantir, que fue amplificado en la Argentina por Caputo, puso sobre la mesa una visión en la que el software, la inteligencia artificial y la defensa nacional aparecen como ejes centrales del poder en el siglo XXI. Ese marco conceptual dialoga con algunos de los movimientos que viene ensayando el Gobierno en materia de reorganización del sistema de inteligencia.

En ese contexto, el encuentro entre Milei y Thiel funciona menos como una reunión bilateral tradicional que como una escena de alineamiento. El Presidente no recibe solo a un inversor extranjero, sino a una figura que encarna una forma específica de entender la relación entre mercado, tecnología y Estado. La apuesta oficial es que esa interlocución se traduzca en oportunidades concretas. El interrogante, todavía abierto, es bajo qué condiciones y con qué implicancias políticas y sociales se dará ese vínculo.

PL/MC

“FALSO”. La palabra apareció en mayúsculas, como apertura y síntesis del mensaje que el Gobierno decidió difundir cuando comenzó a ser inatajable la circulación de la nota de elDiarioAR que ponía en duda la continuidad de Mario Lugones al frente del Ministerio de Salud. No fue una desmentida más. Se trató de una reacción política en tiempo real frente a un movimiento que, puertas adentro, ya había empezado a producir efectos concretos.

El comunicado, publicado en la cuenta de X de la Oficina de Respuesta Oficial que comanda el director de Comunicación Digital Juan Pablo Carreira, no se limitó a negar la versión. Buscó encuadrarla al hablar de un sistema “destruido” y “en emergencia sanitaria desde hace más de 20 años” y reivindicar la gestión de Lugones como parte de un proceso de ordenamiento, además de apuntar directamente contra lo que definió como “operetas mediáticas”. En la Casa Rosada esa frase se repitió como una consigna, pero también como una señal de alarma: la preocupación no era solo la nota, sino lo que la nota podía activar.

Es que el artículo de elDiarioAR no se interpretó únicamente como una hipótesis sobre la continuidad del ministro, sino como un factor capaz de alterar el equilibrio en un área especialmente sensible. Durante varias horas, la nota se convirtió en un factor de decisión interna. En el Ministerio de Salud y en los despachos de Balcarce 50 se activaron llamados cruzados, consultas urgentes y lecturas en voz baja sobre el alcance de la versión. Funcionarios de segunda y tercera línea empezaron a preguntar “qué hay de cierto”, mientras otros recalibraban posiciones frente a un escenario que, aunque no confirmado, había dejado de parecer imposible.

La ratificación política tomó forma ayer por la tarde, en un movimiento más silencioso que explícito. Tras la reunión de gabinete encabezada por Javier Milei, Lugones se dirigió junto a Santiago Caputo al despacho del asesor en el primer piso de la Casa Rosada. No hubo declaraciones. Tampoco imágenes difundidas. Pero en la lógica interna del Gobierno, la escena funcionó como un mensaje hacia adentro: el ministro seguía en su lugar y mantenía el vínculo operativo con quien es su padrino dentro del esquema oficial.

Ese respaldo se completó este martes, cuando Lugones volvió a pisar la Casa de Gobierno para participar de una “reunión de trabajo” con Manuel Adorni, en el marco del seguimiento de gestión que el jefe de Gabinete viene realizando sobre cada cartera. Una decisión que empezó a tomar forma días atrás, cuando Milei recibió al ministro coordinador en Olivos. Allí hablaron de la “segunda etapa de la gestión” y de la necesidad de recuperar coordinación y centralidad política tras semanas en las que el oficialismo quedó absorbido por la crisis.

El encuentro entre Lugones y Adorni fue difundido oficialmente junto a una foto y un comunicado que buscó reforzar la idea de continuidad. En él se repasaron los resultados del período 2024/2025 y se delinearon los objetivos para la etapa 2026/2027, con foco en “la eficiencia del sistema, la transparencia, la articulación federal y la transformación digital”. También se avanzó en la agenda legislativa, con especial mención a la nueva Ley de Salud Mental.

Ruidos internos

“Nunca estuvo ni remotamente sobre la mesa el cambio en Salud, mucho menos en este contexto”, aseguraron a elDiarioAR desde el entorno presidencial, en referencia al impacto político del caso Adorni y sus derivaciones abiertas. La frase no solo buscó desmentir la versión, sino también fijar un criterio: en medio de un frente sensible, el Gobierno no está dispuesto a abrir otro. “¿Cómo vamos a echar un ministro ahora?”, resumió otra fuente, con una mezcla de pragmatismo y advertencia.

La mención de Guido Giana como posible reemplazo de Lugones, en un contexto de crisis del PAMI y desgaste acumulado, tampoco cayó bien. “No es verdad que eso vaya a suceder”, salieron a aclarar, tajantes, desde el entorno del viceministro. En un Gobierno donde la verticalidad convive con tensiones permanentes, ese tipo de versiones no circulan en el vacío.

“Parece una nota intencionada para que Mario y Guido se peleen. Guido es como un hijo para Mario”, buscó desactivar un funcionario con llegada directa al área. La aclaración apuntaba a un punto específico: evitar que la lectura de una interna abierta en la cúpula se consolide como dato. Otra voz oficial, en la misma línea, relativizó el cuadro y desplazó el foco hacia los escalones inferiores. “Hay subalternos que prefieren a uno o a otro y pueden estar intentando generar una pelea”, señaló, en un intento por encapsular el conflicto y reducirlo a una dinámica secundaria.

Sin embargo, el cierre hacia afuera convive con un trasfondo menos ordenado, según pudo saber elDiarioAR. Fuentes al tanto de la dinámica interna coinciden en que la cuestión lejos está de pasar por una pelea entre Lugones y Giana. El punto de fricción sería otro, más difícil de exponer y más incómodo de administrar: un supuesto desgaste progresivo en la relación entre el ministro y Santiago Caputo. Un vínculo que durante años funcionó como sostén político del área y que ahora muestra signos de erosión.

“Hay cosas de las que Mario chapeaba, recostándose sobre su hijo, que después eran desmentidas por el propio Rodrigo [Lugones]”, explicó una fuente con acceso a la trastienda del ministerio. El consultor, con residencia en Madrid, funciona como nexo entre el ministerio, el sector privado de la salud y el propio asesor. Su rol, construido sobre vínculos con clínicas, laboratorios y prestadores, le permitió convertirse en un operador de peso en las decisiones sensibles del área. Justamente por eso, cualquier desalineación entre lo que se le atribuye a su influencia y lo que efectivamente convalida el esquema de Caputo no hace más que generar ruido.

En ese equilibrio se mueve hoy Mario Lugones. La desmentida oficial alcanzó para cerrar la discusión hacia afuera y estabilizar la superficie. ¿Bastó para que desaparezcan las tensiones que cruzan el área? Todo indica que, al menos, quedaron encapsuladas en un esquema donde el ministro aparece respaldado en público, pero monitoreado en privado. En un gobierno donde el poder se construye sobre la cercanía y la confianza, ese matiz no es menor. Suele ser, más bien, el anticipo de lo que viene.

PL/CRM

La mesa volvió a armarse en la Casa Rosada después de más de un mes, pero lo hizo en un clima enrarecido. Este lunes al mediodía, Javier Milei encabezó una nueva reunión de gabinete con todos sus ministros, en un intento por recomponer la dinámica interna, ordenar una gestión que perdió ritmo y, sobre todo, mostrar control político en medio de la crisis que tiene en el centro de la escena al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Se trató de la primera convocatoria desde el 24 de febrero, después de semanas en las que el Gobierno quedó a la defensiva, con la agenda pública dominada por las investigaciones judiciales sobre el patrimonio, los viajes y los vínculos financieros del ministro coordinador. En ese contexto, la reunión funcionó menos como instancia de coordinación técnica que como un gesto político. Una foto de cohesión en un momento en el que la continuidad de algunas piezas empieza a ser materia de discusión reservada.

Alrededor de la mesa estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor Santiago Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la titular del bloque libertario del Seando, Patricia Bullrich, además del resto de los ministros. Pero detrás de la escenografía de unidad, el mapa interno muestra matices.

En el área económica, Luis Caputo llega fortalecido por el respaldo presidencial y por el avance de su programa, aunque con tensiones latentes con otros sectores del gabinete por la falta de fondos. En Desregulación, Federico Sturzenegger acumula poder a partir de su agenda de reformas, incluso a costa de conflictos con otras áreas sensibles, como Salud.

Es justamente en ese terreno donde aparecen las mayores incógnitas. El ministro Mario Lugones atraviesa semanas de desgaste interno, atravesado por disputas en torno a la regulación del sector farmacéutico y por su cercanía con actores del negocio de los medicamentos. En despachos oficiales reconocen que su continuidad no está completamente asegurada, en un contexto en el que las decisiones impulsadas por Sturzenegger impactaron de lleno sobre intereses con los que Lugones mantenía diálogo fluido.

El resto del gabinete llega con situaciones dispares. Sandra Pettovello intenta reordenar su área tras meses de cuestionamientos por la gestión social; en Seguridad, Alejandra Monteoliva, alejada de Patricia Bullrich, mantiene un perfil más bajo pero con respaldo político directo de Karina Milei; mientras que en Justicia y Defensa, Juan Bautista Mahiques y Carlos Presti se mueven en un esquema de menor exposición. En conjunto, la reunión servirá también como termómetro para medir fuerzas y posicionamientos en esta nueva etapa.

De la reunión también participó Javier Milei, sentado en la cabecera. El Presidente había mantenido una reunión bilateral con el chileno José Antonio Kast, que comenzó a las 10.15 en la Casa Rosada. El cónclave se inscribió en la lógica de alineamiento ideológico que el libertario viene construyendo en la región y funcionó también como antesala política de la reunión de gabinete. Si bien no estaba confirmada su presencia en el encuentro con los ministros, en Balcarce 50 no descartaban que pudiera sumarse luego del encuentro, en un gesto de respaldo en medio de la turbulencia interna.

Adorni: hiperactivo

El movimiento responde a una decisión que empezó a tomar forma días atrás, cuando Milei recibió a Adorni en Olivos. Allí hablaron de la “segunda etapa de la gestión” y de la necesidad de recuperar coordinación y centralidad política tras semanas en las que el Gobierno quedó absorbido por la crisis. La reunión de este lunes funciona, en ese sentido, como punto de partida de esa nueva fase.

En paralelo, Adorni pondrá en marcha una agenda intensa de reuniones mano a mano con los ministros. Este lunes por la tarde visitará el Ministerio de Seguridad; el martes será el turno de Salud, en un encuentro especialmente sensible por la situación de Lugones; y el miércoles continuará en Defensa. En los días siguientes se sumarán reuniones con Justicia, Capital Humano y Desregulación. El objetivo formal es revisar la planificación y ejecución de cada cartera, pero en la práctica también implica reordenar la cadena de mando y alinear políticamente al gabinete.

El Congreso aparece como otro de los ejes de esta reactivación. En la Casa Rosada buscan avanzar con una batería de reformas y confían en poder recuperar iniciativa legislativa en una semana que tendrá como primer test la discusión por la Ley de Glaciares. La reunión de gabinete y las bilaterales posteriores apuntan a consolidar esa estrategia.

Pero el intento de relanzamiento convive con un frente judicial que sigue avanzando. Este miércoles deberá declarar como testigo la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la compra del departamento que Adorni adquirió en Caballito. Su testimonio es clave en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y podría abrir una nueva etapa en el expediente.

Los investigadores buscan esclarecer el origen de los fondos utilizados en la operación, en particular un préstamo de 200 mil dólares que habría sido otorgado por dos mujeres. Las inconsistencias detectadas —una de ellas aseguró públicamente no conocer al funcionario— alimentaron las sospechas y mantienen abierta la posibilidad de nuevas medidas. En paralelo, también están bajo la lupa los viajes del jefe de Gabinete y el uso de vuelos privados, en causas que tramitan en los despachos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

PL / NB

El tuit duró lo suficiente como para instalar una escena. El 24 de marzo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hizo una publicación que la ubicó en el centro de una postal internacional: su titular, Cristian Auguadra, reunido en Langley, Virginia, con el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe. Al día siguiente, Manuel Adorni ratificó el dato en su fallida conferencia de prensa. “Otro hito silencioso para sumar a la lista de nuestra gestión”, leyó el jefe de Gabinete. Sin embargo, pocas horas después de ese mensaje exultante, algo extraño ocurrió: el comunicado desapareció. Había sido borrado.

En su versión original, el texto no dejaba demasiados márgenes para la ambigüedad. La SIDE informaba que Auguadra había mantenido una reunión bilateral “privada” con Ratcliffe en la sede de la agencia, en paralelo a la denominada Reunión por las Américas realizada en Washington, donde delegaciones de distintos países discutieron cooperación en materia de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. También anticipaba la entrega de un reconocimiento al organismo argentino en abril, en Langley, como resultado de “operaciones conjuntas” y del impulso al flamante Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

¿Por qué el Gobierno eliminó una noticia que, en principio, reforzaba a la perfección el relato oficial? ¿Acaso hubo una violación del secreto? Las explicaciones oficiales no llegaron de inmediato. Recién después de una semana de silencio, y tras la consulta de elDiarioAR, fuentes de la SIDE aseguraron que la publicación fue retirada porque se decidió volver a difundirla “una vez que se cuente con el material fotográfico oficial de la reunión mantenida ese día en Langley”. Aclararon que “no hubo ningún otro motivo detrás de la decisión” y que el objetivo es “aprovechar la foto para dar más información respecto del robustecimiento de la relación con la CIA”, además de anticipar anuncios vinculados al CNA.

¿Alcanza esa explicación para justificar la desaparición del comunicado? ¿O llega demasiado tarde para cerrar las dudas que ya se habían abierto? Según pudo reconstruir este medio a partir de distintas fuentes con conocimiento del viaje, Auguadra efectivamente estuvo en Washington y participó de la reunión regional, tal y como se informó. Ese dato no está en discusión. Lo que sí aparece bajo sospecha —y se espera que la foto venga a echar luz— es el corazón del mensaje: el cara a cara con el director de la CIA

De acuerdo con esas versiones, la reunión del titular de la SIDE no habría sido con Ratcliffe, sino con su número dos, David S. Cohen. Un encuentro de carácter protocolar, sin anuncios ni definiciones estratégicas, centrado en “generalidades”. ¿Es lo mismo? En el lenguaje de la inteligencia, claramente no: cada nivel de interlocución tiene un peso específico. La diferencia entre una bilateral con el director y un contacto con su segundo no es menor. ¿Por qué, entonces, se decidió comunicarlo de otra manera?

Ahí es donde la historia empieza a correrse del plano diplomático y a meterse en la lógica de la política doméstica. “Santiago pudo haber jugado una carta fuerte de ‘tengo esto que ustedes no’”, deslizó una fuente malpensada y al tanto de la dinámica interna del oficialismo. La SIDE, como otras áreas sensibles, es hoy un territorio en disputa entre el asesor presidencial y Karina Milei, en una interna que se expresa de manera cada vez más descarnada, pero que el affaire Adorni paradójicamente ayudó a dilatar.

La interna sin fin

La pulseada en la cúpula del poder libertario no es nueva, pero en las últimas semanas sumó capítulos. Mientras Santiago Caputo busca sobrevivir con su influencia en lugares estratégicos como la SIDE o ARCA, la secretaria general de la Presidencia intenta ordenar ese esquema bajo su propia lógica de control y lealtades. La decisión de postular a Sebastián Pareja como titular de la Bicameral de Inteligencia del Congreso es un botón de muestra. En ese sentido, el comunicado —ahora borrado— fue leído por muchos más como una señal hacia adentro que como un gesto hacia afuera. ¿Y si se trató de una forma apresurada de marcar territorio por parte del asesor? ¿Una manera de mostrar acceso directo a Washington en medio de esa puja?

Más allá del alineamiento automático de Javier Milei con la administración Trump, es evidente el lazo que une a Caputo con el lobby de Mar-a-lago a través del empresario Leonardo Scatturice, figura de su extrema confianza. Hay determinados niveles de la estructura norteamericana cuya llave de ingreso no depende solo de la afinidad política, sino de redes previas, confianza acumulada y validación técnica. “La visita a Langley no es tan difícil de conseguir, pero necesitás que los burócratas de defensa y seguridad de Washington te la validen, y a esos no los conoce cualquiera”, explicó a elDiarioAR un exfuncionario con vínculos en Estados Unidos, al describir los circuitos formales e informales que habilitan ese tipo de encuentros.

Sobre ese telón de fondo se dibuja, en paralelo, un clima interno en la SIDE que se volvió cada vez más inestable. Como reveló elDiarioAR, en el último mes se configuró un escenario de incertidumbre que incluso agentes con larga trayectoria describen como inusual. Hubo corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma del año 2024. La sensación dominante, según los testimonios recogidos, es la de un organismo desorientado, sin una directriz clara y atravesado por niveles de intriga que empiezan a afectar su funcionamiento cotidiano.

Todo alimenta el runrún de pasillo. Desde las versiones de nombres de la “vieja guardia” que podrían incorporarse, hasta los rumores —ahora menos insistentes— sobre una inminente eyección de Auguadra de su silla en el piso 5 de 25 de Mayo 11. En ese marco, el episodio del comunicado fantasma aparece como una pieza más de una trama mayor: la de una SIDE en transición permanente, donde lo doméstico y lo internacional se cruzan de manera cada vez más problemática.

PL/MG

El clima se volvió casi irrespirable puertas adentro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Lo que durante semanas circuló como un rumor empezó a tomar forma concreta en los últimos días con una serie de movimientos en el organigrama que encendieron todas las alarmas. Corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma de 2024 configuran un escenario de incertidumbre creciente, en medio de versiones cada vez más insistentes sobre una eventual salida de su titular, Cristian Auguadra, que fue designado en el cargo hace apenas tres meses.

“No recuerdo haber vivido algo así”, repiten en voz baja agentes de carrera que atravesaron distintos gobiernos y describen un cuadro atípico incluso para un organismo habituado al secreto y la discrecionalidad. La sensación que se impone, según pudo saber elDiarioAR a partir de distintos testimonios internos, es la de un esquema desorientado, sin una directriz clara y con niveles de intriga que comienzan a dificultar el funcionamiento cotidiano.

Pero el desconcierto no es sólo operativo. También es político. Aunque formalmente el sistema de inteligencia responde a la órbita del Poder Ejecutivo y, en los hechos, a la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, en los pasillos de 25 de Mayo 11 crece la percepción de que la conducción real está atravesada por una disputa más amplia. “Hoy su pulseada es abiertamente con Karina”, sintetizó una fuente con acceso habitual a La Casa, en referencia al avance de la secretaria general de la Presidencia sobre áreas clave del Estado, como el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, no es la primera vez que esa tensión de fondo se filtra en el funcionamiento de la SIDE. En noviembre pasado, la caída en desgracia de Sergio Neiffert había expuesto una disputa similar por el control del espionaje. Entonces, la balanza se inclinó a favor de Caputo, que logró imponer al contador Auguadra al frente de la conducción. “Santiago le ganó de mano a Karina. Fue más rápido que ella y convenció a Javier de que, si le quitaban el mando de la inteligencia, no tenía sentido su continuidad en la gestión”, deslizó una voz al tanto de lo sucedido. “Casi una extorsión emocional”, remató. Dicen que, enojada por la situación, la mujer más poderosa del Gobierno estuvo una semana sin dirigirle la palabra a su hermano.

Fichas en movimiento

Cuatro meses después de aquella batalla, la tensión volvió y se traduce ahora en movimientos concretos que pasan por debajo del radar público. En los últimos días, distintos nombres que habían sido promovidos o incorporados tras la reconfiguración del sistema, a partir del DNU de julio de 2024, fueron desplazados de sus posiciones o quedaron en una zona gris, sin funciones claras. “Los van a volar a todos”, anticipó otro de los testimonios recogidos, en alusión a una posible limpieza interna que todavía no fue oficializada pero que ya se percibe en la dinámica cotidiana. Entre las salidas recientes, fuentes del organismo mencionan la de María Laura Gnas, otrora directora de Asuntos Jurídicos de la AFI en tiempos de Mauricio Macri, una abogada de perfil técnico que ocupaba funciones de jefatura. Su corrimiento fue leído puertas adentro como parte de ese proceso más amplio de reordenamiento.

En ese contexto, empiezan a circular versiones sobre quiénes podrían ocupar los espacios vacantes. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los focos estaría puesto en el área de contrainteligencia, donde no se descarta la llegada de nuevos perfiles designados por Alejandro Cecati, quien está al frente de la otrora Agencia de Seguridad Nacional (ASN), ahora reformulada y rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) tras el polémico DNU firmado por Javier Milei en enero pasado. Se trataría, en concreto y según los rumores, de comisarios con alguna que otra experiencia en ese ámbito, lo que implicaría un corrimiento hacia perfiles con mayor impronta policial dentro del sistema.

En paralelo, otro runrún comenzó a circular con insistencia en los pasillos: el posible desembarco de figuras vinculadas a Fernando Pocino, histórico operador del submundo de la inteligencia con peso propio en distintas etapas del sistema y que supo estar al frente de la Dirección de Reunión Interior. Durante los años del kirchnerismo, Pocino fue además el archienemigo de Antonio “Jaime” Stiuso, en una disputa que marcó buena parte de la dinámica interna del espionaje argentino en esa etapa. Su nombre vuelve ahora a las conversaciones internas como señal de un eventual reordenamiento con anclaje en estructuras previas.

La superposición de estas versiones alimenta la sensación de transición abierta que atraviesa hoy a la SIDE. Para algunos, se trata del inicio de una nueva etapa en la que el control del sistema podría redefinirse. Para otros, de una deriva sin conducción unificada, que deja al organismo en un estado de provisionalidad permanente.

En ese marco, también quedó en suspenso el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que, en la pluma del subsecretario administrativo del organismo, José Francisco Lago Rodríguez, Santiago Caputo tenía previsto enviar tarde o temprano al Congreso. Se trata de una iniciativa que buscaba consolidar el nuevo esquema pero que hoy aparece atravesada por la misma interna que sacude al organismo.

Mientras tanto, según coinciden distintas voces, Karina Milei ya comenzó a mover fichas para lo que vendrá: en Balcarce 50 hablan, en voz baja, de un “casting” en marcha para encontrar al reemplazante de Cristian Auguadra. El principal candidato de la hermanísima es el abogado Jorge Anzorreguy, sobrino del histórico Hugo, titular de la SIDE durante la década menemista. Sin embargo, elDiarioAR pudo saber que “Corcho” desistió del ofrecimiento. A falta de una, dos veces. “Una respuesta negativa más y entramos al canon bíblico”, ironizó un libertario al tanto de las negociaciones, con la Semana Santa ya asomando en el calendario.

PL/MG

El Gobierno nacional busca acelerar la discusión de una reforma electoral que incluye modificaciones en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de la Boleta Única, con la intención de que el tema pueda tratarse en el Congreso antes de mitad de año.

La Casa Rosada apunta a avanzar en estos cambios durante 2026, un año sin elecciones nacionales, para evitar interferencias en el calendario electoral y lograr consensos políticos más amplios.

En ese marco, uno de los principales puntos en debate es el futuro de las PASO. El oficialismo evalúa distintas alternativas que van desde su modificación hasta una eventual eliminación, aunque reconoce que cualquier cambio requerirá acuerdos con sectores de la oposición para avanzar en el Congreso.

La estrategia del Gobierno es abrir una instancia de negociación con gobernadores y bloques legislativos para definir un esquema que permita reducir costos del sistema electoral y simplificar el proceso de votación, en un contexto donde las primarias vienen siendo cuestionadas por distintos espacios políticos.

En paralelo, el Ejecutivo impulsa la implementación de la Boleta Única de Papel a nivel nacional, una iniciativa que ya cuenta con antecedentes en algunas provincias y que busca reemplazar el sistema actual de boletas partidarias.

La propuesta apunta a mejorar la transparencia del proceso electoral y evitar irregularidades vinculadas a la provisión de boletas.

La reforma es parte de una agenda institucional más amplia que el Gobierno pretende instalar en el Congreso en los próximos meses, en medio de un escenario de negociaciones políticas donde el oficialismo busca construir consensos para avanzar en cambios estructurales del sistema electoral argentino.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El Gobierno prepara un nuevo movimiento en el tablero de la inteligencia argentina. No se trata solo de sostener el polémico DNU 941/2025 que Javier Milei firmó el 31 de diciembre y que reconfiguró la arquitectura del espionaje estatal, sino de avanzar hacia una instancia más ambiciosa: una nueva Ley de Inteligencia que reemplace de manera definitiva la norma sancionada en 2001, aún vigente. “¿Se va a presentar una nueva ley? Sí. ¿Cuándo? Es decisión del Presidente”, deslizaron, tajantes, fuentes del organismo a elDiarioAR.

La decisión política está tomada, pero todavía no se definió el momento para oficializarla. En la Casa Rosada habían descartado que el anuncio formara parte del discurso que Milei pronunció el domingo por la noche en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Tal como se esperaba, el mensaje presidencial que estuvo concentrado en el frente económico y en la agenda legislativa ya en marcha tras la aprobación de la reforma laboral. La única mención al tema de la inteligencia, acotada y al pasar, quedó plasmada en el pasaje dedicado a la defensa. “Los F-16 ya custodian nuestro espacio aéreo, y enviaremos un paquete de leyes para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”, apuntó Milei, sin dar mayores precisiones.

Según pudo saber elDiarioAR, el objetivo oficial es doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Por otro, sustituir una ley concebida en un contexto político y tecnológico completamente distinto. El argumento principal es que la legislación vigente quedó “vieja” frente a la complejidad del mundo actual: hay quienes sostienen que la Ley 25.520 —aprobada casi por unanimidad en diciembre de 2001, dos semanas antes de la renuncia de Fernando De la Rúa— fue pensada en clave posdictadura y bajo el impacto de los atentados terroristas de aquellos años, mucho antes de que el ciberespacio se convirtiera en un escenario estratégico.

La redacción del virtual proyecto ya tiene responsables definidos. El borrador está en manos del subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, en tándem con la secretaria Legal y Técnica, Martía Ibarzábal Murphy. Lago Rodríguez cobró notoriedad en noviembre pasado, cuando este medio reveló que protagonizó un incidente en el domicilio del exjefe de los espías Sergio Neiffert, en medio de la transición interna que terminó con la salida del entonces Señor 5.

Hombre de confianza del asesor Santiago Caputo, quien está a cargo de la conducción política de la inteligencia en la era Milei, Lago Rodríguez tuvo intervención tanto en la redacción del DNU 941 como en el decreto de julio de 2024 que disolvió la AFI y reinstaló la SIDE. Su vínculo con Ibarzábal Murphy no es nuevo: ambos compartieron paso por el estudio jurídico Cassagne, cantera de varios cuadros técnicos que hoy ocupan posiciones estratégicas en el Estado.

La intención oficial es incorporar en una norma integral conceptos que hoy aparecen dispersos en el decreto. La propia SIDE lo había anticipado en enero, a través de su cuenta de X, donde defendió el uso del DNU y confirmó que “las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa —pero menos urgente— en la que se está trabajando”.

En ese mismo mensaje, que tenía como objetivo rebatir los argumentos de una nota periodística del diario La Nación, el organismo justificó el atajo reglamentario al sostener que “la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo” y citó como ejemplo “la captura del principal dictador de la región”, en referencia al venezolano Nicolás Maduro, que precisan que ocurrió “tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo”.

La apelación a la excepcionalidad no pasó inadvertida en el Congreso. Para la oposición, la justificación interncional funcionó más como construcción discursiva que como basamento jurídico. “La urgencia no puede ser un estado permanente”, señalaron por entonces desde un despacho que integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, órgano legislativo que deberá conformarse en los próximos meses.

Ese es, precisamente, el punto que ahora cambia de fase. Si el DNU se defendió en nombre de la inmediatez, el proyecto de ley que tiene entremanos el Gobierno implicaría convertir ese argumento coyuntural en arquitectura estable. La diferencia no es menor: mientras el decreto puede ser revisado judicialmente y eventualmente rechazado por el Congreso, una ley sancionada con mayoría parlamentaria consolidaría el rediseño y le daría previsibilidad política al esquema que hoy funciona por vía reglamentaria.

Rediseño estructural

El DNU 941 no fue interpretado dentro del sistema como una simple actualización normativa sino como un movimiento de concentración de poder. No sólo amplía facultades de la SIDE y modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Defensa, sino que le otorga una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia que se abrió en 1983.

“Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si quedan 40”, resumió una fuente con trayectoria en distintas gestiones en diálogo con elDiarioAR. En su análisis, el Gobierno ya ganó la discusión pública, pero la implementación enfrenta límites operativos evidentes, además de una sospecha menos visible: el verdadero interés de Santiago Caputo podría estar en el control presupuestario ampliado que habilitan las fusiones y la reconfiguración de áreas.

La ampliación de facultades operativas de la SIDE es uno de los principales focos de tensión. El decreto habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia durante actividades del área, una atribución históricamente reservada a fuerzas policiales. Dentro del propio sistema la reacción fue directa. “Una locura”, sintetizó un agente con responsabilidades operativas, al advertir que la medida rompe un límite democrático consolidado y expone al organismo a conflictos judiciales.

Otro de los movimientos que más llamó la atención fue el traslado del área de ciberseguridad desde la SIDE hacia la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el área responde formalmente al esquema político de Karina Milei, al frente está Darío Genua, un funcionario cercano a Caputo, el asesor que gravita sobre la inteligencia a través del titular del organismo, Cristian Auguadra. Este mes, finalmente se confirmó que al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) estará Ariel Waissbein secundado por Ezequiel Gutesman. En ese esquema vuelve a aparecer un nombre cada vez más omnipresente: el del empresario Leonardo Scatturice, proveedor tecnológico que podría beneficiarse de un diseño donde Innovación concentra infraestructura y contratos estratégicos.

El rediseño del organigrama también impacta en Defensa. La disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar y la transferencia de funciones al Estado Mayor Conjunto modifican el equilibrio entre conducción civil y estructura castrense. Para muchos críticos, el nuevo esquema debilita el control civil y subordina a las Fuerzas Armadas a una lógica de seguridad interior.

Desde el universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve sobre el método. “En dos años no hubo una sola coordinación real”, señala una fuente con larga experiencia. En su visión, el decreto construye una urgencia normativa que no existe y transforma a múltiples áreas del Estado en reservorios permanentes de información para la SIDE. “La Secretaría debería producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, no administrar todo el flujo informativo del Estado”, resume.

Las advertencias externas refuerzan ese diagnóstico. El CELS, que presentó enero un amparo colectivo ante la Justicia al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado, se encargó de alertar sobre el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derive en una lógica de vigilancia política y cuestionó que una reforma de esta magnitud se impulse por decreto. También advirtió que la integración obligatoria de organismos como ReNaPer o ARCA al circuito informativo puede erosionar garantías básicas de privacidad.

Ese es el trasfondo sobre el que ahora el Gobierno evalúa enviar una nueva Ley de Inteligencia al Congreso. Convertir en norma permanente lo dispuesto por decreto no sólo implicaría blindar jurídicamente la reforma, sino también institucionalizar este esquema de concentración informativa y presupuestaria. La discusión ya no sería sobre un DNU coyuntural, sino sobre el modelo de inteligencia que la administración Milei pretende dejar consolidado en el marco legal argentino.

PL/MG

El Gobierno reunió esta mañana al gabinete en pleno por primera vez en el año en la Casa Rosada, en una escena que dejó ver el cambio de fase que intenta imprimir Javier Milei tras la aprobación de la reforma laboral y en la antesala de una semana que el oficialismo considera decisiva. Si este lunes la mesa política había servido para ordenar el tablero legislativo y alinear la estrategia parlamentaria, el encuentro de este martes buscó traducir esa coordinación política en una hoja de ruta concreta de gestión, con cada ministerio obligado a definir prioridades, proyectos y tiempos antes del discurso presidencial del próximo domingo en el Congreso.

Milei llegó a Balcarce 50 minutos antes de las 9, con un operativo reforzado y un clima interno que contrastó con la tensión de las últimas semanas. El primero en ingresar había sido el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras el resto de los ministros llegó detrás con un tono entre expectante y festivo, en un Gobierno que busca capitalizar la victoria legislativa reciente y proyectar una nueva etapa política. En la Casa Rosada describen el momento como el paso del “modo negociación” al “modo ejecución”. Menos rosca parlamentaria y más despliegue del programa libertario.

La reunión tuvo como eje delimitar el paquete de iniciativas que el Presidente anunciará el domingo a las 21 durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias. En la previa, la instrucción que bajó a sus ministros fue clara: cada cartera debía presentar los proyectos que pretende impulsar durante 2026, en un esquema más centralizado que el del año pasado, donde la coordinación política quedará concentrada en la Jefatura de Gabinete y en el núcleo que integran Karina Milei y el frente parlamentario oficialista. La premisa es ordenar la secuencia de reformas y evitar dispersión.

Del encuentro que tuvo lugar en el Salón Eva Perón participaron los ministros Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), que vive, según diversas fuentes, sus últimas semanas al frente de la cartera.

También estuvieron el asesor presidencial Santiago Caputo, el titular de Diputados Martín Menem y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Karina Milei y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, completaron el esquema de poder que hoy concentra la toma de decisiones.

Se trató de la primera reunión de gabinete con plantel completo en lo que va de 2026. La última había sido el 22 de diciembre en Olivos, día en que Milei le obsequió a cada uno de sus ministros el libro “Defendiendo lo indefendible” del economista anarco-capitalista Walter Block. En aquel entonces, la incertidumbre en torno al Presupuesto 2026 cruzaba la agenda política, una discusión que terminó siendo favorable para el oficialismo. Ahora, tras la victoria en el recinto, el clima es distinto. El Gobierno busca llegar al domingo con una agenda cerrada, exhibir orden interno y consolidar la idea de que la reforma laboral no fue un punto de llegada sino el punto de partida de una ofensiva legislativa más amplia.

En ese marco, el gabinete repasó la secuencia que había empezado a definirse el lunes bajo conducción de Karina Milei: terminar de sancionar la reforma laboral en el Senado el viernes, avanzar el jueves con la Ley de Glaciares —que el oficialismo considera incluso más estratégica en términos económicos—, cerrar el acuerdo Mercosur-Unión Europea y encauzar un nuevo esquema de financiamiento universitario. Pero el foco no está sólo en cerrar extraordinarias, sino en lo que viene después.

En la Casa Rosada hablan de una “segunda etapa” que comenzará a delinearse el domingo. El objetivo es provechar el impulso político actual para acelerar transformaciones estructurales. Entre las reformas que el Gobierno prepara aparecen la tributaria, cambios en el Código Penal, una reforma electoral, nuevos marcos regulatorios para inversión y desarrollo productivo, y la eventual ratificación parlamentaria de acuerdos internacionales, incluido el vínculo económico con Estados Unidos.

Ese itinerario desembocará el domingo a las 21 en la apertura de sesiones ordinarias, donde Milei buscará ordenar el clima político tras semanas de tensión parlamentaria y conflicto sindical. En el Gobierno describen el discurso ante la Asamblea Legislativa como una intervención pensada más para fijar posición que para anunciar medidas puntuales, con un mensaje orientado a consolidar autoridad, marcar prioridades y enviar señales tanto hacia el Congreso como hacia el plano internacional.

La expectativa en la Casa Rosada es que el Presidente utilice esa escena para reafirmar el rumbo general de su gestión y establecer el tono del año político. Sus palabras funcionarán, en ese sentido, como un punto de ordenamiento interno y de proyección externa. Una señal hacia aliados, opositores y actores económicos sobre cómo el Gobierno pretende encarar el ciclo que se abre, sin dar el brazo a torcer, pero con la sombra de la interna siempre presente.

PL/MC

El Gobierno volvió a reunir este lunes a su mesa política en la Casa Rosada, en el inicio de una semana decisiva para el oficialismo en la que buscará cerrar el tramo final de las sesiones extraordinarias y terminar de delinear el discurso que Javier Milei pronunciará el domingo 1° de marzo ante el Congreso. El encuentro funcionó como antesala de la reunión de Gabinete en pleno convocada para este martes, donde el Presidente pretende consolidar la hoja de ruta política y legislativa del año.

El objetivo central de la reunión de hoy fue alinear la coordinación política y parlamentaria de cara a la sesión del viernes en el Senado, donde el oficialismo aspira a sellar la sanción definitiva de la reforma laboral. La reunión estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y contó con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro del Interior, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; la presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El Ejecutivo confía en replicar en la Cámara alta el esquema de apoyos que permitió darle media sanción a la ley laboral el 12 de febrero, cuando obtuvo 42 votos afirmativos con respaldo de bloques dialoguistas, desde la UCR hasta fuerzas provinciales y el PRO. El texto llegará al recinto con modificaciones, tras la eliminación del controvertido artículo 44 sobre licencias médicas, que había generado resistencias. En la Casa Rosada sostienen que, sin ese punto, el trámite final debería encaminarse sin sobresaltos.

La mesa política también repasó el resto del temario legislativo considerado estratégico por el Gobierno. Entre los proyectos en agenda figuran la Ley Penal Juvenil, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la reforma de la Ley de Glaciares y el tratamiento de un nuevo esquema de financiamiento universitario, en busca de reducir tensiones con el sector educativo sin alterar el objetivo de equilibrio fiscal.

En el oficialismo sostienen que la meta es avanzar con un paquete “ambicioso” de transformaciones, aprovechando el impulso político que dejó el verano y el nuevo esquema de coordinación entre la mesa política y el Gabinete. Según declaran, la etapa que se abre tras la reforma laboral estará marcada por una ofensiva legislativa más amplia, orientada a consolidar el programa económico y rediseñar aspectos estructurales del Estado.

En el entorno presidencial descuentan que la Ley de Modernización Laboral será judicializada y leen esa virtual instancia como un “costo” que forma parte de la propia dinámica política. Entre las iniciativas que el Gobierno busca impulsar a futuro aparecen la simplificación y reducción del esquema tributario, una reforma integral del Código Penal, cambios en el sistema electoral y nuevos marcos regulatorios vinculados a inversión y desarrollo productivo. Sin embargo, descartan por ahora avanzar con una reforma previsional. “No va a ser tratada en este mandato”, aseguró una alta fuente del oficialismo. Y explicó: “Es un tema de concatenación de hechos: necesitás un mercado laboral en blanco, ampliar la base de aportantes”.

En ese sentido, según pudo saber elDiarioAR, Milei les pidió a sus ministros que formulen proyectos de ley que serán presentados en la reunión de Gabinete de este martes, varios de los cuales ya fueron anticipados la semana pasada en conversaciones con Luis Caputo y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La intención del Presidente es llegar a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso con una agenda legislativa ya completamente definida de cara al 2026.

El encuentro servirá para consolidar los ejes de gestión de cada ministerio, que luego serán integrados al discurso de Milei ante la Asamblea Legislativa, que tendrá lugar el próximo domingo a las 21. El Gobierno busca mostrar orden interno y capacidad de iniciativa en una semana que considera clave: cerrar extraordinarias con una victoria legislativa, proyectar una nueva etapa de reformas y fijar el tono político del año desde el recinto del Congreso.

PL/MC

El rumor de una virtual salida de Mariano Cúneo Libarona volvió a circular en la Casa Rosada en medio del clima de jolgorio que dejó la aprobación de la reforma laboral. Envalentonado por haber mostrado capacidad de articulación parlamentaria, el oficialismo ya proyecta la próxima batalla institucional: la reorganización del frente judicial. En ese contexto, y con el fin de las sesiones extraordinarias a la vista, una pregunta comenzó a ordenar las conversaciones internas: si el ministro de Justicia dejará su cargo cuando el Congreso apruebe la Ley Penal Juvenil, abriendo formalmente la pulseada por el control del área desde marzo, en simultáneo con la discusión por la designación de jueces.

El propio Cúneo Libarona ayudó a sostener la incertidumbre. Después de haber evaluado su salida, a comienzos de febrero aseguró en una entrevista radial que continuará al frente del Ministerio por un pedido directo de Javier y Karina Milei, aunque no faltan quienes aseguran que su etapa podría cerrarse una vez sancionada la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. En aquella intervención pública buscó mostrarse sólido: afirmó que seguirá “por el cariño a la justicia” y con la intención de dejar una huella jurídica. “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”, remarcó.

Sin embargo, el equilibrio interno es más precario de lo que sugieren esas declaraciones. El ministro ya había manifestado en diciembre su intención de dar un paso al costado, cansado de la exposición y del desgaste de la interna. Pero fue Karina Milei quien lo persuadió de continuar para frenar el ascenso de su viceministro, Sebastián Amerio, hombre del esquema del asesor Santiago Caputo. Esa decisión abrió una tregua que dentro del oficialismo describen como inestable. Cúneo Libarona sigue en funciones, pero con margen político reducido, mientras las dos alas del Gobierno se preparan para disputar la conducción del área cuando se abra la etapa de definiciones.

La experiencia de 2024 funciona como antecedente y advertencia. El intento de impulsar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema terminó con el rechazo del Senado. La derrota no solo expuso la fragilidad de la ingeniería parlamentaria oficialista sino que dejó heridas internas y debilitó la posición de quienes habían conducido esa negociación, con Amerio a la cabeza.

Desde entonces, en la Casa Rosada predomina una lógica más cautelosa: cualquier movimiento en la Corte deberá estar respaldado por un acuerdo político más amplio y una aritmética garantizada, no por apuestas que puedan volver a naufragar en el recinto. En ese marco, el control del Ministerio de Justicia adquiere un valor estratégico: quien conduzca esa cartera será también quien administre la próxima ofensiva judicial del oficialismo y evite repetir el traspié que marcó el primer intento de rediseñar el máximo tribunal.

Es que el Gobierno no solo se encamina a una nueva etapa de designaciones, sino que además vuelve a discutirse la integración de la Corte, que hoy funciona con tres miembros, lo que obliga a fallar por unanimidad o recurrir a conjueces. En Balcarce 50 no descartan ampliarla de cinco a siete sillas como parte de un pacto más amplio con sectores del peronismo y gobernadores. Una modificación que trastocaría la correlación de fuerzas y permitiría negociar no solo los nombres sino el equilibrio interno del tribunal.

En el Senado, sin embargo, La Libertad Avanza ensaya cálculos más ambiciosos. Tras la aprobación de la reforma laboral y el quiebre de alineamientos que dejó esa votación, en algunos despachos especulan con que el Gobierno logró romper el bloque opositor y que, sumando a Consenso Federal y otros aliados provinciales, podría acercarse a los dos tercios sin depender directamente de Cristina Kirchner. Es una hipótesis que circula como demostración de fuerza: la posibilidad de prescindir del kirchnerismo duro en la negociación judicial.

Sin embargo, en la práctica, pocos creen que ese camino sea el más viable. Para la Casa Rosada suele resultar más sencillo negociar con una interlocutora centralizada que con una quincena de senadores con agendas propias, y la desconfianza hacia el PRO como socio estable sigue intacta. El paquete es amplio: no solo los dos lugares pendientes en la Corte, sino también la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo.

El trasfondo es estructural. El artículo 99 inciso 4 de la Constitución obliga al Ejecutivo a remitir pliegos judiciales al Senado, pero desde el inicio del mandato libertario no se envió ninguno nuevo, pese a que el Consejo de la Magistratura elevó numerosas ternas. Mientras tanto, el nivel de vacancias crece: más del 35% de los cargos judiciales están sin cubrir. En la Justicia federal hay 160 vacantes sobre 485 cargos; en la nacional, 177 sobre 517; en el Ministerio Público Fiscal, 163 sobre 368; y en la Defensa Pública, 80 sobre 265.

Hoy la situación de Cúneo Libarona ofrece señales cruzadas. En la Casa Rosada sostenían hasta hace pocas semanas que no existía una búsqueda activa de reemplazo y que el ministro continuaría al frente de Justicia, una versión que se transmitió en diciembre tras su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde ambos repasaron la agenda del área. Sin embargo, en paralelo, distintas fuentes del oficialismo reconocen movimientos reservados y conversaciones informales vinculadas al rediseño del mapa judicial.

La discusión, en realidad, va mucho más allá de un eventual recambio. Se inscribe de lleno en la interna oficialista: Karina Milei procura retener el control político de Justicia, mientras Santiago Caputo busca preservar la gravitación operativa de Amerio, que desde el inicio de la gestión actúa como nexo directo con jueces y fiscales. Convertirlo en ministro implicaría para su entorno resignar margen de maniobra y asumir una exposición que hoy prefieren evitar.

Es que la incógnita sobre el destino de Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia no remite solo a su continuidad personal, sino a una definición más profunda: quién conducirá la estrategia judicial del mileísmo en una fase en la que el Gobierno necesita ordenar su frente institucional y gestionar una negociación de alto voltaje político. Lo que se define en esa pulseada no es un nombre, sino la conducción de una de las áreas más sensibles para el equilibrio de poder en la etapa que viene.

PL/CRM

El Gobierno entró en modo victoria. Tras la aprobación de la reforma laboral en la madrugada del viernes, la Casa Rosada se prepara para capitalizar el envión político y proyectarlo hacia la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el próximo 1° de marzo. La primera señal será interna: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunirá el lunes a la mesa política y el martes encabezará el primer encuentro del Gabinete en pleno del año, en una secuencia destinada a ordenar la agenda, consolidar el triunfo parlamentario y definir la hoja de ruta legislativa.

El Senado prevé volver a tratar el proyecto de reforma laboral el próximo viernes 27, ya sin el polémico artículo 44 sobre licencias médicas, que fue eliminado tras la resistencia de aliados y gobernadores. En un trámite exprés, la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, consiguió el dictamen en la Cámara alta y volvió a mostrar muñeca política para encaminar la aprobación final antes del cierre del período extraordinario, tal como había planteado Javier Milei.

En el entorno presidencial descuentan que la norma será judicializada y leen esa virtual instancia como un “costo” que forma parte del proceso de transformación: el Ejecutivo considera que la reforma laboral es un eslabón necesario en una cadena más amplia de cambios estructurales. Sin embargo, descartan por ahora avanzar con una reforma previsional. “No va a ser tratada en este mandato”, aseguró una alta fuente del oficialismo. Y explicó: “Es un tema de concatenación de hechos: necesitás un mercado laboral en blanco, ampliar la base de aportantes”.

Así y todo, la ambición oficial va más allá de lo laboral. “Sin entrar en detalles, la idea es ser muy ambicioso en la cantidad de reformas que se van a trabajar este año. Hay un montón de temas”, señalan cerca del Presidente, sin poder ocultar el optimismo. Según indican en la Casa Rosada, en carpeta aparecen la reforma del Código Penal, una reforma electoral que elimine las PASO, la discusión sobre financiamiento universitario y una reforma tributaria que aún está en elaboración. “Se está terminando de discutir cuál es el mejor camino. Todavía no hay una propuesta cerrada”, admiten. El objetivo declarado es reducir la cantidad de impuestos y simplificar el sistema.

Otro ítem en la estrategia oficial es el de avanzar con lo que definen como una “modernización institucional” más amplia. En ese plano, reaparece la idea de “democratización sindical”, aunque con un enfoque transversal. “Los sindicatos son una asociación civil, como la AFA o un colegio de abogados. Si fuéramos a avanzar, pensaría en algo bastante más abarcativo que solo las organizaciones sindicales. Algo que alcance a todas las asociaciones civiles. ¿Con qué criterio vas solo con una?”, plantean. En el mismo paquete conceptual ubican la reforma de la justicia laboral, cuya “progresiva disolución” quedó contemplada en el texto aprobado.

Glaciares y Ley Penal Juvenil

En la agenda más inmediata del oficialismo figura la baja de la edad de imputabilidad y la reforma de la Ley de Glaciares, que en Balcarce 50 consideran incluso más relevante que la laboral por su impacto en la inversión minera. “Les da un marco jurídico a los proyectos para invertir y desarrollar la potencialidad de la Argentina”, sostienen. Ambas iniciativas serían debatidas esta semana, antes de que finalicen las sesiones extraordinarias el 28 de febrero.

En paralelo, una vez iniciado formalmente el año legislativo, el Ejecutivo tiene intenciones de enviar al Congreso los aspectos que requieran ratificación parlamentaria del acuerdo comercial con Estados Unidos y la adhesión formal la Junta de Paz que encabeza Donald Trump. Hasta entonces, la eventual participación de Cascos Blancos en la fuerza de estabilización internacional, algo que anticipó Milei durante su intervención en Washington, no tendrá precisiones: el marco deberá pasar por el recinto.

El discurso del Presidente del próximo 1° de marzo será la vidriera de la nueva etapa que pretende abrir La Libertad Avanza. Según anticipan en su entorno, se mantendrá el formato de los últimos años: dentro del recinto, con atril y por la noche. Milei buscará presentar el “estado de la Nación” y detallar la agenda legislativa del periodo ordinario.

El oficialismo sabe que su margen político no es infinito. Más allá del jolgorio propio de cualquier triunfo, en Balcarce 50 consideran que la ventana de poder abierta tras la aprobación de la reforma laboral es limitada y que el impulso debe aprovecharse ahora. Por eso la aceleración. El domingo, a las 21, en el recinto del Congreso, Milei buscará convertir esa victoria en el punto de partida de una secuencia más ambiciosa. El interrogante es cuánto de ese impulso logrará sostener cuando las reformas empiecen a impactar sobre intereses más sensibles.

PL/MG