En la previa de la visita del Papa a la Argentina y de un nuevo viaje de Javier Milei a España, la Casa Rosada tiene buena parte de su atención puesta en Estados Unidos, donde este martes se celebran las elecciones de medio término que definirán la nueva composición del Congreso norteamericano. Para el Gobierno argentino, el resultado no es indiferente: una derrota del Partido Republicano supondría un golpe político para Donald Trump, el principal aliado internacional del Presidente, y abriría interrogantes sobre el margen de maniobra de la administración estadounidense para sostener el respaldo financiero que le brindó a la Argentina.

En Balcarce 50 intentan transmitir tranquilidad, aunque la expectativa por el resultado atraviesa tanto a la conducción política como al equipo económico. La posibilidad de que los demócratas avancen sobre el control del Congreso obliga al Gobierno a contemplar un escenario internacional menos favorable, después de haber apostado buena parte de su estrategia diplomática a la relación personal entre Milei y Trump. El oficialismo busca ahora separar la continuidad de ese vínculo de la suerte electoral del mandatario republicano.

La preocupación no es solamente política. En las últimas horas, la evolución del riesgo país volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad financiera argentina frente a los movimientos de Washington. El indicador registró una suba durante la jornada del lunes y reavivó las dudas sobre el alcance del respaldo estadounidense en caso de que Trump pierda capacidad de negociación frente a un Congreso adverso.

El Gobierno eligió anticiparse a ese escenario. Durante su conferencia de prensa de este martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, procuró relativizar las consecuencias de una eventual derrota republicana y presentó el alineamiento con Estados Unidos como una orientación estratégica que excede tanto a los resultados legislativos como a los gobiernos de turno. “Nuestra relación con los Estados Unidos no depende de una elección legislativa, no depende tampoco de quién sea presidente. Nosotros nos alineamos estratégicamente con los Estados Unidos como parte de nuestra política de Estado también”, sostuvo.

El discurso oficial supone, sin embargo, un cambio de énfasis respecto de las declaraciones que el propio Milei realizó durante su última visita a Washington, hace apenas tres semanas. En aquella oportunidad, el Presidente había subrayado la importancia de que Trump saliera fortalecido de las elecciones.

Ravier reconoció que el control republicano del Parlamento no está garantizado, aunque se mostró confiado en que el partido de Trump conseguirá conservarlo. “No está claro si se va a poder sostener el Senado. Entiendo que sí, pero habrá que ver el resultado. Estamos atentos a lo que pase”, admitió el vocero.

Veedores en los Estados Unidos

La expectativa por las elecciones estadounidenses también tiene a una parte del Gobierno argentino siguiendo de cerca lo que ocurre en Washington. Una delegación de funcionarios y legisladores oficialistas viajó a Estados Unidos para participar de un programa de observación y encuentros institucionales organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Centro de Estudios Americanos (CEA).

Entre los integrantes de la comitiva aparecen varios nombres de peso dentro del oficialismo, como el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; y el subsecretario de Asuntos Legales y Técnicos, Ignacio De la Riva. También viajaron los diputados libertarios Alberto Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, junto con los legisladores Karina Banfi, Sebastián Galmarini y Sabrina Selva.

La agenda incluye actividades en la Cámara de Comercio, la embajada argentina y el Departamento de Estado, además de encuentros destinados a conocer el funcionamiento de las instituciones estadounidenses en el marco de los comicios. Sin embargo, el Gobierno evitó precisar si sus representantes mantendrán contactos con dirigentes del Partido Demócrata. La pregunta que rondaba hoy los pasillos de la Casa Rosada era si el oficialismo buscará aprovechar el viaje para tender puentes con sectores políticos que podrían ganar influencia en Washington en caso de una derrota de Trump.

Consultado sobre esa posibilidad durante su conferencia de prensa de este martes, Ravier evitó dar precisiones. “No tengo en este momento la agenda de ellos en Estados Unidos como para confirmar las reuniones que van a mantener, pero sí es importante la presencia de Argentina acompañando los comicios allí”, respondió.

Pero detrás de las especulaciones políticas aparece una preocupación todavía más concreta: el futuro del respaldo financiero estadounidense y la posibilidad de que una nueva mayoría demócrata cuestione o intente revisar los mecanismos de asistencia acordados con Washington. El apoyo de la administración Trump, y especialmente del secretario del Tesoro, Scott Bessent, se convirtió en una pieza importante del esquema económico argentino.

Ante esa hipótesis, Ravier se encargó de enumerar las herramientas financieras con las que cuenta la Argentina, como las reservas acumuladas por el Banco Central y el swap chino. “Incluso en ese escenario hipotético que usted plantea, la Argentina tiene alternativas de financiamiento”, insistió el vocero, que también destacó el equilibrio fiscal. Según sostuvo, el plan financiero elaborado por la cartera económica permite cubrir las necesidades de fondos de 2026 y 2027, lo que presentó como “una garantía de que Argentina no va a caer en default mientras Javier Milei sea presidente”.

Ravier buscó quitarle dramatismo a la volatilidad financiera, a la que presentó como un fenómeno pasajero. “Para nosotros esto es algo transitorio”, afirmó, aunque reconoció que la evolución del riesgo país representa un dolor de cabeza para el equipo económico. “Es algo que nos preocupa en el mundo financiero, que nos preocupa en relación con las colocaciones que hay que hacer financieras”, admitió, antes de relativizar sus consecuencias inmediatas sobre la vida cotidiana.

PL/CRM

El Gobierno de Javier Milei quiere dar vuelta la página del caso Flávio Bolsonaro, aunque todavía quedan preguntas sin responder sobre el operativo que permitió al excandidato presidencial brasileño abandonar su país y llegar a Estados Unidos a través de la Argentina. Durante su conferencia de prensa de este martes en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, evitó precisar si funcionarios argentinos participaron de la maniobra y se limitó a asegurar que el dirigente brasileño ingresó al país con su documentación en regla. “El tema para nosotros está terminado”, sentenció, una semana después de que el episodio provocara un pedido de explicaciones del gobierno de Brasil.

La respuesta dejó afuera justamente el aspecto más controvertido de la historia: no si Bolsonaro tenía un pasaporte válido cuando cruzó la frontera, sino si existió una intervención del gobierno argentino para facilitar su salida de Brasil. Consultado específicamente sobre si Milei estaba al tanto de la presencia del dirigente brasileño en Puerto Iguazú, Ravier respondió con un escueto “no sé”. El vocero tampoco aclaró si hubo funcionarios de la Casa Rosada involucrados en la organización del traslado ni quiénes estuvieron detrás del vuelo privado que terminó llevando al excandidato hasta Miami, cuando está confirmada por fuentes extraoficiales la presencia del asesor Santiago Caputo.

Ravier trasladó la responsabilidad por los controles migratorios a las autoridades brasileñas e insistió en que la Argentina no había cometido ninguna irregularidad. “Habrá alguna preocupación sobre cómo salió de Brasil si es que no podía hacerlo”, planteó el vocero, antes de señalar que esa era “una pregunta para la aduana del lado brasileño”. Sobre el ingreso al territorio argentino, aseguró que Bolsonaro lo hizo “con los papeles en regla” y que las autoridades nacionales actuaron como correspondía frente a una persona que se presentó con su pasaporte.

“Nosotros no tenemos mucho más para decir al respecto y el tema para nosotros está terminado. Es decir, no hubo un pedido de captura internacional y no hubo ninguna irregularidad de parte del gobierno argentino frente a Bolsonaro, su ingreso a la Argentina y su viaje a Estados Unidos con escala en Ecuador”, completó Ravier.

La explicación oficial se concentró así en la legalidad de los trámites migratorios, pero no despejó los interrogantes sobre la trama política que rodeó el operativo. El episodio había comenzado a tomar forma el lunes 26 de octubre, un día después de la derrota electoral de Bolsonaro frente a Luiz Inácio Lula da Silva, cuando empezaron a circular versiones sobre una posible salida del dirigente brasileño hacia territorio argentino.

La reconstrucción de su itinerario permitió establecer que Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre, a las 22.50, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Lo hizo a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz de Iguaçu con Puerto Iguazú, en Misiones. Desde allí continuó su viaje en un avión privado hacia Estados Unidos, con una escala en Ecuador.

La confirmación oficial llegó después de una primera comunicación de la Dirección Nacional de Migraciones que había negado tener registros de su ingreso. El organismo terminó reconociendo que el dirigente había cruzado la frontera con documentación válida y sin impedimentos legales. Esa rectificación alimentó las preguntas sobre qué información manejaban las autoridades argentinas mientras se desarrollaba el operativo.

Pero el capítulo más delicado no transcurrió en las oficinas de Migraciones, sino alrededor de la eventual participación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la coordinación de la salida. Las versiones sobre una intervención de organismos argentinos, que hasta ahora no fue confirmada oficialmente, colocaron el episodio en una dimensión que excede ampliamente los controles fronterizos.

La aeronave utilizada para el traslado pertenecía a Baires Fly, una compañía que también aparece mencionada en la investigación judicial por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La coincidencia agregó otro elemento a una operación sobre la que todavía no se conoce quién contrató el avión ni quién se hizo cargo de los gastos.

Las sospechas sobre una eventual intervención argentina llegaron incluso a la diplomacia. El jueves 29 de octubre, el gobierno brasileño convocó a Emilia Cortés, encargada de negocios de la embajada argentina en Brasilia, para solicitar información sobre lo ocurrido. La reunión con funcionarios de Itamaraty tuvo como objetivo determinar si integrantes de la administración de Milei habían participado en la salida del excandidato presidencial.

La convocatoria representó una señal de la sensibilidad del episodio para Brasil, en un momento particularmente delicado de la relación bilateral. Milei había respaldado públicamente a Bolsonaro durante la campaña y, después de su derrota, evitó felicitar a Lula. Las diferencias entre ambos mandatarios ya habían provocado una reducción del nivel de representación diplomática entre los dos países.

PL / NB

Cuenta la leyenda que José Hernández necesitó apenas diez días para escribir El gaucho Martín Fierro. Corría 1872 y el escritor acababa de regresar de su exilio en Brasil, todavía perseguido por sus enfrentamientos políticos con Domingo Faustino Sarmiento. Buscó refugio en el Gran Hotel Argentino, uno de los establecimientos más elegantes de Buenos Aires, y se encerró en la habitación número 7 del primer piso. Desde allí podía observar el movimiento de una ciudad que todavía miraba hacia el río y cuyo centro político comenzaba a adquirir una fisonomía reconocible. Dicen que apenas salió de aquel cuarto durante los días que le llevó escribir la primera parte de su obra más célebre. No hay demasiadas certezas sobre lo que ocurrió entre esas cuatro paredes. Pero la historia sobrevivió al escritor, al hotel y hasta al edificio que lo reemplazó.

Lo que Hernández difícilmente hubiera imaginado es que, casi un siglo después, aquel mismo rincón porteño terminaría convertido en la sede central de los espías argentinos. Donde alguna vez se había alojado el creador del gaucho más famoso de la literatura nacional, generaciones de agentes aprenderían a moverse bajo nombres falsos, a borrar rastros y a cultivar el secreto como una forma de existencia. La habitación número 7 desapareció junto con el Gran Hotel Argentino, pero la dirección conservó algo de aquella vocación por las historias que transcurren lejos de las miradas ajenas.

El hotel había sido inaugurado en 1869, cuando la costa del Río de la Plata todavía quedaba a pocas cuadras y los viajeros desembarcaban en un muelle cercano. Tenía balcones de herrería fina, iluminación a gas y un servicio de baños que ofrecía agua caliente, un lujo poco frecuente para la época. Por sus pasillos circularon comerciantes, políticos y visitantes que llegaban a una ciudad en plena transformación. Con los años, aquel establecimiento desapareció y en su lugar se levantó un edificio de aspecto solemne, construido en 1929 para la familia Martínez de Hoz. Su destino terminaría siendo bastante distinto del que habían imaginado sus propietarios.

En 1956, mediante un decreto firmado por Pedro Eugenio Aramburu, la flamante Secretaría de Informaciones del Estado se instaló en la propiedad de 25 de Mayo 11, que se extendía hasta el número 35. Los servicios civiles de inteligencia, creados durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, abandonaban así las dependencias que ocupaban en la Policía Federal para disponer por primera vez de una sede propia. Con el tiempo, los agentes dejaron de referirse a la SIDE por su dirección. Empezaron a llamarla, simplemente, “La Casa”.

Ubicado en la ochava de 25 de Mayo y Rivadavia, frente al corazón del poder político argentino, el edificio se integra con naturalidad al paisaje monumental del Bajo porteño. Desde sus ventanas pueden verse la Casa Rosada y la Plaza de Mayo, mientras por la avenida Leandro N. Alem, en el contrafrente, se encuentra el acceso al garaje por donde históricamente entraron y salieron vehículos oficiales. El ingreso principal conserva sus arcos de medio punto donde, durante años, junto a la bandera argentina, una discreta placa de bronce identificó al organismo. La inscripción fue cambiando al ritmo de las sucesivas reformas hasta desaparecer nuevamente con el regreso formal de la SIDE. Solo quedaron las molduras.

Pero La Casa nunca fue solamente un punto geográfico. Mientras los gobiernos se sucedían entre reformas administrativas y cambios de nombre, los servicios habían construido una cartografía propia, extendida por Buenos Aires y distintas capitales provinciales. Era una red de oficinas que funcionaban como prolongaciones físicas de un poder difícil de delimitar. Algunas exhibían placas discretas; otras carecían de cualquier identificación. Por sus puertas circulaban agentes que utilizaban identidades supuestas y vehículos con patentes adulteradas o directamente inventadas. Los presupuestos que sostenían esa infraestructura rara vez quedaban expuestos al escrutinio público. En aquel universo, incluso las paredes podían formar parte de una operación de encubrimiento.

La propia sede central era un ejemplo. Detrás de su fachada funcionó durante décadas una arquitectura patrimonial tan opaca como las actividades que allí se desarrollaban. La titularidad del inmueble permaneció fragmentada entre el Estado, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y una red de sociedades creadas para ocultar parte del patrimonio secreto del organismo. La SIDE había conseguido algo singular: esconder incluso la propiedad de los edificios desde los que operaba.

La más importante de aquellas sociedades fue Osgra SRL. Constituida en los años setenta por hombres del propio servicio, su nombre combinaba los apellidos del contador Luis Osores y de Maximino Graña, dos funcionarios del área financiera. Sobre los papeles podía presentarse como consultora, inmobiliaria, agencia de turismo o prestamista. En la práctica, era el vehículo mediante el cual la SIDE compraba y administraba inmuebles sin aparecer como titular. Según su último balance conocido, correspondiente a 1999, controlaba treinta propiedades distribuidas en veinticinco edificios de la Ciudad de Buenos Aires y otras veinte en distintas ciudades del país. Su patrimonio superaba los treinta millones de dólares y concentraba cerca del 80 % de los inmuebles del organismo.

La existencia de esa estructura comenzó a salir a la luz por un motivo tan inesperado como revelador: un divorcio. Según relata Gerardo “Tato” Young en su Código Stiuso, en 1982, poco antes del retorno democrático, José Daniel Salinardi fue designado socio y apoderado de Osgra. Dentro de la SIDE llegó a conducir el Departamento de Contrataciones, un área especialmente sensible por su acceso a compras, inmuebles y estructuras patrimoniales. Cuando fue desplazado durante la purga impulsada por el gobierno de la Alianza, en 2001, abandonó el organismo sin transferir formalmente la sociedad, por lo que siguió figurando durante años como representante legal de un patrimonio que, en realidad, pertenecía al Estado.

El episodio permaneció oculto hasta que su exesposa, al descubrir durante el divorcio la magnitud de esos bienes, inició una demanda para reclamar la parte que consideraba correspondiente. Acorralado por el litigio, Salinardi terminó admitiendo el verdadero funcionamiento de Osgra. Esa confesión permitió a la SIDE recuperar formalmente las propiedades.

El escándalo derivó en una reorganización patrimonial y en la creación de Tiumayu S. A., otra sociedad de cobertura destinada a continuar administrando los inmuebles con menor exposición. Años después sería el propio Antonio Stiuso quien, como representante de esa firma, formalizaría la cesión al Estado de distintos sectores del edificio de 25 de Mayo. El hombre que durante décadas controló los resortes operativos de La Casa también terminó interviniendo en la regularización jurídica de su sede central.

La historia terminó de cerrarse recién en octubre de 2020, cuando la interventora Cristina Caamaño logró escriturar el séptimo piso, que desde los años sesenta seguía perteneciendo a la Cámara Argentina de Comercio. Como el ascensor del edificio ni siquiera llegaba hasta allí, empleados de la AFI debieron derribar una pared a mazazos para conectar físicamente esos 354 metros cuadrados con el resto de La Casa.

Aquella regularización permitió reconstruir también la dimensión territorial que había sostenido durante décadas el funcionamiento cotidiano de los servicios. Además del edificio de 25 de Mayo, la SIDE desplegó una red de bases especializadas que incluía Billinghurst, en Barrio Norte; Coronel Díaz; la Escuela Nacional de Inteligencia, en Libertad 1235; y, desde mediados de los años ochenta, la base de la calle Estados Unidos, en San Cristóbal, incorporada cuando el organismo amplió sus capacidades de contrainteligencia y vigilancia técnica. Cada una cumplía una función específica y condensaba un capítulo distinto de la historia del espionaje argentino.

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) está atravesando una de las mayores purgas de su historia reciente. El organismo que conduce Cristian Auguadra, bajo el control político de Santiago Caputo, avanza con el desmantelamiento de sus delegaciones provinciales y una reducción masiva de personal que ya provoca un profundo malestar entre los agentes de carrera. La reestructuración, que elDiarioAR había anticipado en mayo, dejó de ser un proyecto para convertirse en una realidad: ya hay oficinas cerradas, agentes desplazados y exámenes que, según denuncian dentro del organismo, están siendo utilizados para determinar quiénes conservarán sus puestos y quiénes quedarán afuera.

El ajuste se profundiza en el contexto del operativo que permitió sacar a Flávio Bolsonaro de Brasil a través de la Triple Frontera, una maniobra que involucró a la SIDE y que tuvo como protagonista al propio Caputo. El asesor presidencial, que pretende convertir la central de inteligencia en una suerte de CIA argentina, impulsa ahora una transformación que busca concentrar recursos en operaciones estratégicas y contraespionaje, es decir, en la detección y neutralización de amenazas extranjeras. La paradoja es que, mientras La Casa aspira a ganar protagonismo internacional, está desarmando buena parte de la presencia territorial que durante décadas le permitió mantener agentes desplegados en todo el país.

Según pudo reconstruir elDiarioAR a partir de fuentes vinculadas al sistema de inteligencia, la delegación de Formosa ya fue cerrada, mientras que las de Tucumán, Rosario, Corrientes, Mar del Plata y Bahía Blanca atraviesan el mismo proceso. De todas las delegaciones distribuidas a lo largo y a lo ancho del país, la conducción pretende conservar apenas cuatro. En las oficinas que todavía funcionan también se están produciendo reducciones de personal que, en algunos casos, alcanzan a tres de cada cinco agentes.

La purga incluye, además, un mecanismo que genera especial preocupación entre los empleados: la realización de exámenes y evaluaciones cuyos resultados están siendo utilizados para definir su continuidad dentro del organismo. Entre los espías circula la sospecha de que las pruebas funcionan como una herramienta para darle cobertura administrativa a una decisión que ya está tomada. La sensación predominante es que no se trata de determinar quiénes están mejor preparados para cumplir sus funciones, sino de encontrar la manera de reducir una estructura que la conducción considera demasiado grande.

Las cifras que manejan las fuentes consultadas permiten dimensionar la magnitud de la transformación. La estructura afectada cuenta con alrededor de 500 empleados y el plan contempla el desplazamiento de unos 300 agentes, con el objetivo de reducir posteriormente la dotación hasta aproximadamente 130 efectivos a nivel nacional.

Para los agentes más antiguos, el antecedente inevitable es lo ocurrido durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En 2000, bajo la conducción de Fernando de Santibañes, La Casa atravesó una profunda reestructuración, enmarcada en el ajuste del gasto público, que incluyó el despido de más de 1.000 agentes civiles y la rescisión masiva de contratos. Aquella experiencia dejó una marca duradera entre los espías de carrera. Más de un cuarto de siglo después, el recuerdo vuelve a circular por los pasillos del organismo, esta vez bajo un gobierno que hizo de la reducción del Estado una de sus principales banderas.

Los nuevos espías “despolitizados”

Mientras la SIDE avanza con el cierre del área de Interior, cuyas tareas de seguimiento territorial deberían quedar exclusivamente en manos de la inteligencia criminal que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, la conducción ya prepara a quienes deberán integrar la nueva estructura. El próximo 1 de enero entrará en vigor el nuevo estatuto del personal de inteligencia, aprobado mediante el Decreto 1021/2026, que promete modificar de raíz las condiciones de ingreso, formación y desarrollo profesional dentro del organismo.

La renovación también alcanzó a la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), que tendrá un papel central en el nuevo esquema. Después de varias semanas de incertidumbre, finalmente se oficializó la salida de Juan Bautista “Tata” Yofre, quien fue reemplazado por el coronel retirado Daniel Esteban. El cambio de autoridades responde a la reorganización impulsada por Auguadra, que responde políticamente a Caputo, y busca convertir a la escuela en la principal puerta de entrada al sistema de inteligencia argentino.

La intención es dejar atrás el funcionamiento que tuvo la ENI durante buena parte de este año, cuando su actividad estuvo concentrada en cursos de geopolítica y estrategia, para recuperar su función como centro de formación de agentes. El ingreso de nuevo personal por esa vía había quedado prácticamente congelado y ahora la conducción pretende establecer una carrera profesional con mecanismos de selección, capacitación y especialización. La referencia es el Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), encargado de formar a los diplomáticos argentinos, aunque adaptado a las particularidades del trabajo de inteligencia.

El primer paso será una convocatoria pública prevista para diciembre, que se difundirá mediante anuncios radiales y publicaciones en redes sociales. La decisión tiene algo de llamativo para una actividad acostumbrada a desenvolverse lejos de la exposición pública: la SIDE saldrá a buscar futuros espías mediante campañas abiertas de reclutamiento. Según el esquema diseñado por la nueva conducción, los aspirantes serán identificados durante las primeras evaluaciones mediante números, en lugar de sus nombres y apellidos, para reducir la influencia de vínculos personales, familiares o políticos. La selección concluirá con entrevistas individuales.

Para 2027 está prevista una primera capacitación de aproximadamente cuatro meses, de la que se espera que egresen unos 50 agentes, como publicó en primera instancia Emiliano Russo en Clarín. El curso inicial incluirá materias básicas de inteligencia y contrainteligencia, y quienes obtengan los mejores resultados podrán continuar con una carrera de especialización. El objetivo es formar perfiles de acuerdo con las necesidades del organismo, con especial atención a los analistas, considerados una pieza central de la estructura que Santiago Caputo pretende construir.

El discurso oficial insiste en que la reforma permitirá profesionalizar la actividad y terminar con la discrecionalidad que históricamente caracterizó al ingreso a los servicios de inteligencia. La SIDE habla de incorporar agentes “despolitizados”, seleccionados por sus capacidades y no por sus contactos. Pero esa promesa convive con una reestructuración que está siendo ejecutada desde la conducción política del organismo y que, antes de que empiece a regir el nuevo estatuto, ya está dejando afuera a buena parte de los agentes.

Entre los espías afectados, la desconfianza es profunda. No cuestionan solamente la reducción de personal, sino también el sentido de una renovación que promete eliminar las influencias políticas mientras concentra cada vez más poder en el círculo del asesor presidencial. La pregunta que circula puertas adentro es si los nuevos concursos servirán para construir profesionales independientes de los gobiernos de turno o para reemplazar a los agentes actuales por otros más cercanos a quienes hoy manejan la SIDE. “Quieren poner a los de ellos”, sentenció un experimentado hombre de inteligencia, que sigue de cerca la purga y pidió mantener su identidad en reserva.

PL/CRM

El gobierno de Javier Milei decidió llevar su enfrentamiento ideológico con Luiz Inácio Lula da Silva hasta el terreno de las formalidades diplomáticas. Dos días después de la reelección del presidente brasileño, la Casa Rosada confirmó que no habrá ningún comunicado oficial de felicitación, ni siquiera de la Cancillería. La decisión fue ratificada este martes por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien, ante las reiteradas preguntas de los periodistas, terminó ofreciendo una explicación tan directa como reveladora: “El Presidente no es un hipócrita”.

La conferencia estuvo atravesada por las consecuencias de las elecciones brasileñas del domingo, en las que Lula consiguió imponerse sobre Flávio Bolsonaro, el candidato respaldado públicamente por Milei. “Se tomó nota del resultado electoral de Brasil”, fue la primera respuesta de Ravier. Y enseguida buscó justificar la decisión con un episodio ocurrido tres años atrás: “En 2023, cuando Javier Milei fue electo presidente, no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente”.

El vocero aclaró que, al menos por ahora, no estaba previsto ningún comunicado. Pero cuando le preguntaron expresamente si la Cancillería emitiría una declaración oficial, abandonó cualquier ambigüedad: “No va a haber un comunicado oficial, que fue lo que le acabo de responder a su colega”. La definición llegó luego de que la Dirección Nacional de Migraciones descartara el ingreso de Bolsonaro a la Argentina, en medio de versiones sobre la presencia de un avión privado en el aeropuerto de Iguazú. En la misma línea, Ravier negó que existiera un pedido de asilo.

El vocero insistió en que Argentina y Brasil son “dos pueblos hermanos” y que las relaciones comerciales, diplomáticas y de cooperación dentro del Mercosur continuarán con normalidad. Según explicó, para Milei los vínculos entre ambas sociedades son más importantes que las diferencias ideológicas entre sus presidentes. “Del lado argentino la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan, no esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”, sostuvo.

Sin embargo, cuando le señalaron la contradicción entre esa reivindicación de los vínculos bilaterales y la ausencia de un mensaje dirigido siquiera al pueblo brasileño, Ravier volvió a refugiarse en la misma respuesta: el Gobierno había tomado nota del resultado y seguiría trabajando como siempre. Fue entonces cuando pronunció la frase que terminó por condensar la posición oficial: “Lo único que puedo decir acá es que el Presidente no es un hipócrita. Hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”.

La referencia a 2023 también abrió otra discusión. Ante la pregunta de si el silencio de Milei constituía una venganza o represalia por la actitud que había tenido Lula cuando el libertario ganó las elecciones argentinas, Ravier rechazó esa interpretación. “Esas son palabras que usted está mencionando”, respondió. Y sobre la falta de felicitaciones de aquel entonces agregó: “Es un antecedente nada más”.

Malvinas: el Gobierno niega presiones de Estados Unidos

La conferencia también estuvo atravesada por las repercusiones de la visita del subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, quien se reunió la semana pasada con Milei en la Casa Rosada, en medio de las conversaciones por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa contempla sanciones contra las compañías que exploten recursos naturales en las islas Malvinas sin autorización argentina, una cuestión que despertó preocupación en Washington por los intereses de empresas vinculadas con la actividad petrolera en el archipiélago.

Ravier calificó de “excelente” el encuentro con el funcionario estadounidense y aseguró que “no hubo ningún pedido respecto de modificar la ley de soberanía”. Según el vocero, la reunión puso de manifiesto el buen momento de las relaciones bilaterales y no alteró los planes del Gobierno para avanzar con la iniciativa.

La aclaración llegó después de que Landau expresara preocupación por las posibles consecuencias de las sanciones sobre compañías asociadas a los proyectos petroleros en Malvinas. En ese contexto, la Casa Rosada buscó despejar las dudas sobre una eventual postergación del tratamiento parlamentario.

“No es cierto que esta ley esté paralizada, sigue siendo prioridad para nosotros, para este gobierno, que la ley de soberanía se apruebe”, sostuvo Ravier. El vocero indicó que el proyecto debía comenzar a discutirse este martes en comisión en la Cámara de Diputados y que la intención oficial es llevarlo al recinto lo antes posible. “Las Malvinas son argentinas y necesitamos defenderlas con esta ley”, enfatizó. También insistió en que la iniciativa no debe interpretarse como una cuestión partidaria, sino como un asunto que comprende al conjunto de los argentinos.

$LIBRA: una defensa de Milei y nuevos cuestionamientos al periodismo

Otro de los momentos de mayor tensión de la conferencia llegó cuando Ravier fue consultado por las expresiones de Milei contra periodistas que investigaron el caso $LIBRA, después del sobreseimiento del Presidente y de su hermana, Karina Milei. El vocero no solamente defendió las declaraciones presidenciales, sino que volvió a establecer una distinción entre el periodismo que el Gobierno considera legítimo y lo que denomina “pseudoperiodismo”.

“Javier Milei y este gobierno respetan la libertad de expresión, respetan al periodismo, al periodismo de verdad”, afirmó. Y agregó que el Ejecutivo distingue a esos profesionales de quienes, según su interpretación, “operan, mienten y han usado la causa $LIBRA para perjudicar la reputación y la imagen de nuestro presidente”.

Ravier buscó relativizar las expresiones de Milei que aludían a la hoguera y sostuvo que no debían interpretarse como una amenaza literal. “El Presidente cuando se expresó lo hizo con enojo. Un enojo, creo yo, justificado, después de más de un año de todo tipo de operaciones donde se mintió sistemáticamente para perjudicar su imagen”, señaló.

“No creo que esas palabras que dijo se puedan tomar literales. Es una metáfora”, insistió. El vocero aseguró que el Gobierno nunca tomó represalias contra periodistas ni contra quienes piensan diferente y contrastó esa supuesta conducta con la de administraciones anteriores, a las que acusó de utilizar inspecciones de la AFIP como mecanismo de presión.

Cuando le pidieron precisiones sobre el expediente judicial, sin embargo, el vocero evitó profundizar. “Del caso $LIBRA ya habló la Justicia. De hecho, se hizo justicia. No tengo nada más que agregar sobre los detalles de la causa”, respondió.

Bullrich: la Casa Rosada descarta una ruptura

Ravier también salió a desmentir las versiones sobre un eventual alejamiento de Patricia Bullrich del oficialismo, después de su ausencia en la reunión de Gabinete que Milei encabezó el lunes en la Casa Rosada. “No hay ninguna posibilidad de que compita en un partido opositor. Patricia Bullrich es parte del Gobierno”, afirmó el vocero, en una respuesta destinada a despejar las especulaciones sobre el futuro político de la senadora y su relación con el núcleo de poder libertario.

Según explicó, Bullrich tenía previsto asistir al encuentro, pero un inconveniente personal se lo impidió. “En la reunión de gabinete del día de ayer estaba en camino, tuvo un problema personal y no pudo asistir. Todos los demás son especulaciones”, sostuvo.

Ravier cuestionó además las interpretaciones sobre las ausencias de funcionarios en las reuniones oficiales. “Siempre decimos dentro de la mesa de gabinete: si alguno no está, ya van a decir los medios que alguien fue despedido”, ironizó.

Pero la defensa no se limitó a justificar la ausencia de Bullrich. El vocero también buscó dejar en claro cuál es, según la Casa Rosada, su compromiso con el futuro electoral del Presidente. “Apoya la candidatura para la reelección del presidente Milei, trabaja para que Milei sea reelecto”, aseguró.

PL / NB

Después de varios días de incertidumbre, especulaciones y consultas médicas, el papa León XIV despejó finalmente las dudas sobre su viaje a América Latina. Lo hizo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que ratificó su intención de regresar al continente y puso fin a las versiones que habían comenzado a circular después de la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace menos de dos semanas. La confirmación llega cuando faltan apenas trece días para su desembarco en la Argentina, donde Javier Milei y su hermana Karina esperan recibirlo el próximo 8 de noviembre, en el comienzo de una visita de cuatro jornadas que movilizará a distintas áreas del Gobierno.

“Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría”, escribió el pontífice. El mensaje tuvo una importancia que excede su contenido religioso: fue la señal pública más clara de que León XIV mantiene su decisión de realizar una gira que incluirá Uruguay, la Argentina y Perú, pese a los interrogantes que había despertado su estado de salud.

La incertidumbre se había instalado el pasado 13 de octubre, cuando el Papa fue operado en el Policlínico Gemelli de Roma para extirparle un tumor pulmonar. La intervención obligó a revisar las condiciones en las que podría afrontar un viaje de semejante magnitud, con múltiples traslados, encuentros institucionales y celebraciones multitudinarias. Aunque los médicos que participaron de su tratamiento transmitieron señales favorables sobre su recuperación, durante varios días no hubo una ratificación personal del pontífice sobre la continuidad de la gira. En el Gobierno argentino, mientras tanto, la instrucción fue mantener todos los preparativos en marcha.

La principal responsable de esa organización fue Karina Milei, que asumió personalmente la coordinación política del operativo y encabezó distintas reuniones con funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades de las jurisdicciones involucradas. La secretaria general de la Presidencia se puso al frente de una estructura que deberá articular la seguridad, los traslados y las actividades de una visita de enorme magnitud, con una convocatoria que podría reunir a millones de fieles.

La hermana del Presidente encabezó en agosto una primera reunión de coordinación en la Casa Rosada, de la que participaron ministros del Gabinete y representantes del Vaticano. En septiembre volvió a reunir a las autoridades, esta vez en la sede del Ministerio de Seguridad, junto a la ministra Alejandra Monteoliva y representantes de la Conferencia Episcopal Argentina. Allí se avanzó sobre la logística y las responsabilidades de cada jurisdicción, además de los feriados previstos para facilitar la participación de los fieles.

En aquella oportunidad, Karina también comunicó que el Gobierno invitaría a los 23 gobernadores, al jefe de Gobierno porteño y a legisladores de todas las fuerzas políticas al encuentro institucional que el Papa mantendrá en el Palacio Libertad. La decisión busca darle a la recepción un carácter que trascienda al oficialismo, aunque será inevitable que la visita tenga una dimensión política para un Presidente que mantiene una relación particular con la Iglesia católica.

Itinerario papal

El itinerario previsto comenzará el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV llegue a Buenos Aires procedente de Uruguay. Su arribo está programado para las 16.30 y, después de la recepción oficial, se trasladará a la Plaza San Martín para realizar un homenaje al Libertador. Desde allí partirá hacia la Casa Rosada, donde mantendrá una audiencia con Javier Milei. La primera jornada concluirá con un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 será una de las jornadas centrales de la visita. Por la mañana, el pontífice se trasladará al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, en el sur del conurbano bonaerense, donde tendrá contacto con personas con discapacidad y trabajadores de la institución. Luego encabezará una misa multitudinaria frente al Monumento a los Españoles, en Palermo, uno de los principales acontecimientos religiosos previstos durante su estadía. Para facilitar la concurrencia, el Gobierno dispuso que ese día sea feriado nacional.

Por la tarde, León XIV participará de un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. Más tarde mantendrá una reunión con líderes de distintas confesiones religiosas en el Palacio San Martín y cerrará la jornada con una celebración junto a los obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

El martes 10 será el turno de Córdoba, adonde el Papa viajará por la mañana para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar. La agenda contempla además un encuentro con sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral de la capital provincial. De regreso a Buenos Aires, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento a los Españoles, en otra de las actividades que se espera que concentre una convocatoria multitudinaria.

La última jornada, el miércoles 11, comenzará con una visita a un establecimiento penitenciario federal en la Ciudad de Buenos Aires. Después, el pontífice se trasladará a Luján, donde celebrará una misa frente a la basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación del país. La despedida oficial está prevista para las 13.30 en Ezeiza, desde donde partirá hacia Lima para continuar su gira latinoamericana.

El despliegue representa uno de los mayores desafíos logísticos que afrontará la administración libertaria. El operativo contempla la coordinación de tres aeropuertos, cuatro celebraciones masivas y una serie de encuentros institucionales y religiosos, además de la intervención de fuerzas de seguridad nacionales y provinciales. Las autoridades trabajan sobre escenarios de concurrencia extraordinaria, con estimaciones que llegan a varios millones de personas a lo largo de las cuatro jornadas.

De todos modos, el cronograma todavía podría experimentar modificaciones. La reciente operación del pontífice abrió la posibilidad de que el Vaticano reduzca algunas actividades o reorganice los traslados para evitar un esfuerzo físico excesivo. La confirmación difundida este lunes despeja la principal incógnita, pero no necesariamente supone que cada una de las actividades previstas vaya a mantenerse sin cambios.

PL/CRM

Javier Milei se quedó sin festejo en Brasil y eligió refugiarse en su Gabinete. Después de apostar abiertamente por Flávio Bolsonaro, de llamar “dictador comunista” a Luiz Inácio Lula da Silva y de meterse de lleno en una campaña electoral ajena, el Presidente argentino amaneció este lunes con una noticia incómoda: el dirigente del Partido de los Trabajadores había ganado las elecciones y seguiría gobernando el principal socio comercial de la Argentina.

En la Casa Rosada, donde hasta hace pocas horas se alentaba un triunfo de la derecha brasileña, la reacción fue el silencio. Milei no felicitó al ganador ni hizo declaraciones sobre el resultado. En cambio, reunió a sus ministros para ratificar que no piensa modificar un milímetro de su programa económico.

La primera respuesta del Gobierno fue una foto de familia. Antes de encabezar la reunión de Gabinete, convocada para las 10 de la mañana, Milei salió al balcón de la Casa Rosada acompañado por sus funcionarios, aunque la escena contó con una sugestiva ausencia: la de Patricia Bullrich.

La incomodidad está a la vista: el libertario, que durante los últimos meses convirtió su respaldo a la familia Bolsonaro en una bandera de su política exterior, deberá seguir tratando con el mismo presidente brasileño al que dedicó algunas de sus declaraciones más agresivas.

El único que decidió romper el silencio fue Santiago Caputo. Y no precisamente para ensayar una autocrítica. El domingo por la noche, el asesor presidencial salió a disputar la interpretación del resultado electoral brasileño. “Los mismos que alertaban sobre ‘las derrotas de los oficialismos’ mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la ‘ola azul’”, escribió. Después dejó un mensaje para tranquilizar a la tropa libertaria: “Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.

Puertas adentro, el encuentro de Gabinete tuvo otro tono. Según la información difundida por el Gobierno, Milei convocó a sus funcionarios a redoblar los esfuerzos para profundizar las transformaciones de su gestión y ratificó que no está dispuesto a introducir modificaciones en el programa económico por conveniencia electoral. “No vamos a corrernos ni un milímetro de las ideas de la libertad”, aseguró el mandatario, que volvió a presentar su administración como una ruptura definitiva con lo que denomina el ciclo populista argentino.

En una intervención que también tuvo un claro contenido electoral, Milei advirtió que “cambiar el rumbo para ganar elecciones es inmoral, injusto, un error técnico y una grave afrenta a la credibilidad y reputación que se creó en estos años”. La frase llegó cuando el oficialismo empieza a ordenar su estrategia de cara a 2027, con la reelección presidencial como horizonte y las negociaciones con los gobernadores todavía abiertas. “No se hace grande a la Argentina nuevamente con la trampa o la viveza criolla”, agregó.

El Presidente fue incluso más explícito al plantear el escenario político que imagina para los próximos comicios. Según sostuvo, “por primera vez los argentinos tendrán la posibilidad de elegir entre el partido de la libertad y la prosperidad versus el partido del Estado con todo su pasado por delante”. La polarización vuelve a aparecer así como el principal recurso discursivo de Milei, que busca transformar las elecciones de 2027 en un plebiscito sobre su modelo económico y político.

La reunión de este lunes también incluyó un análisis de la situación económica internacional. Milei se detuvo especialmente en los efectos de los conflictos bélicos en Irán y Ucrania, que, según la evaluación oficial, provocaron una contracción de la oferta global, un fuerte incremento del precio del petróleo y nuevas presiones sobre la inflación y las tasas de interés. El mandatario advirtió sobre las consecuencias de ese escenario para las economías emergentes, entre ellas la argentina, particularmente expuesta a los movimientos de los mercados financieros internacionales.

El diagnóstico se produce en momentos en que el Gobierno intenta sostener las expectativas de recuperación económica frente a un contexto externo más adverso. La preocupación por el precio de la energía, el costo del financiamiento y las tensiones geopolíticas ya había aparecido en anteriores reuniones del equipo ministerial. Esta vez, Milei volvió a utilizar ese escenario para justificar la necesidad de mantener sin modificaciones su programa económico, aun cuando las condiciones internacionales compliquen las proyecciones oficiales.

En el terreno legislativo, el Presidente ratificó como prioridad la discusión sobre el sistema electoral. El Gobierno pretende avanzar al menos con la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Se trata de una de las principales apuestas políticas de la Casa Rosada para modificar las reglas de competencia antes de las elecciones presidenciales de 2027.

La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, por su parte, adquirió una relevancia adicional durante los últimos días a raíz de las conversaciones con Washington. En su reciente visita a Buenos Aires, el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, transmitió la preocupación de su gobierno por las disposiciones del proyecto que podrían afectar a empresas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. Pese a las objeciones planteadas por la administración de Donald Trump, Milei incluyó nuevamente la iniciativa entre las prioridades parlamentarias del oficialismo.

PL / NB

Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a Christopher Landau, el número dos del Departamento de Estado de Donald Trump, en una reunión que buscó exhibir la sintonía política entre ambos gobiernos, pero que llegó atravesada por una discusión incómoda para el oficialismo: las objeciones de Washington a la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto impulsado por el propio Gobierno para sancionar a las empresas que explotan recursos naturales en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

El encuentro se desarrolló durante la mañana en Balcarce 50, con la participación del canciller Pablo Quirno; y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford. Por la delegación estadounidense estuvieron el embajador Peter Lamelas, el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, y la asesora principal para esa misma región, Viviana Bovo. La Casa Rosada había confirmado la composición de la audiencia recién a última hora del jueves, después de varios días de reserva sobre las actividades de los enviados de Trump.

La reunión también dejó un gesto simbólico de los enviados de Trump hacia Milei. La delegación estadounidense le entregó al Presidente una bandeja de bronce con la inscripción “Happy Birthday America!”, el número 250 y una reproducción de la firma del mandatario republicano. El obsequio conmemora el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos, celebrado el pasado 4 de julio, y funcionó como una nueva expresión de la cercanía política que ambos gobiernos buscan exhibir.

La presencia de Landau tuvo un peso político particular. El funcionario ocupa el segundo lugar en la estructura del Departamento de Estado, inmediatamente por debajo de Marco Rubio, y llegó a Buenos Aires después de una escala en Paraguay, donde se reunió con el gobierno de Santiago Peña, otro de los aliados regionales de la Casa Blanca. Su desembarco forma parte de una estrategia que combina el respaldo a gobiernos ideológicamente cercanos con la búsqueda de oportunidades comerciales, acuerdos de seguridad y una mayor influencia estadounidense sobre las decisiones estratégicas de América Latina.

Pero la agenda encontró un primer punto de fricción en Malvinas. El jueves, durante una conferencia de prensa junto a Quirno en el Palacio San Martín, Landau reconoció la preocupación de las empresas norteamericanas por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso”, afirmó. Aunque enseguida aclaró que Washington respeta el proceso legislativo argentino, su intervención confirmó que la administración Trump sigue de cerca el destino de la iniciativa.

El proyecto, enviado al Congreso el 17 de septiembre, establece sanciones para las compañías que participen de la explotación de recursos naturales en las islas sin autorización argentina. Entre las principales involucradas aparecen la británica Rockhopper y la israelí Navitas, responsables del proyecto petrolero Sea Lion. Sin embargo, el alcance de las penalidades también podría afectar a empresas asociadas en otros emprendimientos, incluidos grandes grupos económicos y fondos de inversión estadounidenses.

Allí se concentra la preocupación de Washington. El embajador Peter Lamelas ya había transmitido a funcionarios argentinos las objeciones de empresas de su país por la amplitud de las sanciones previstas. En la Casa Rosada sostienen que no existe una exigencia formal para retirar el proyecto, aunque su redacción todavía está sujeta a negociaciones. El oficialismo postergó su tratamiento en comisiones mientras busca acordar modificaciones con los bloques aliados, que también plantearon diferencias sobre los capítulos vinculados con la seguridad nacional, la defensa y la inteligencia.

La controversia plantea una dificultad política para Milei. El Presidente convirtió su alineamiento con Estados Unidos en uno de los pilares de su política exterior, pero ahora debe impulsar una iniciativa que podría perjudicar a empresas del país cuyo respaldo considera fundamental. ¿Hasta dónde está dispuesto a avanzar el Gobierno con una ley sobre Malvinas si su aplicación puede afectar los intereses de Washington? Quirno intentó quitarle dramatismo al conflicto: sostuvo que la reforma “no va en contra de nadie en particular” y planteó que las compañías deberán elegir entre participar de operaciones cuestionadas en las islas o invertir en el territorio continental, especialmente en Vaca Muerta.

La discusión sobre Malvinas tampoco se agotó en las petroleras. Landau defendió la propuesta de la administración Trump de eliminar el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, uno de los ámbitos donde la Argentina presenta anualmente su reclamo de soberanía sobre el archipiélago. El funcionario argumentó que se trata de una reforma general de los organismos multilaterales y pidió que no fuera interpretada como una posición específica sobre la disputa con el Reino Unido.

En paralelo, la visita estuvo acompañada por una serie de anuncios de cooperación bilateral. Estados Unidos aprobó alrededor de US$13 millones para programas de lucha contra el narcotráfico, de los cuales US$7,5 millones financiarán proyectos en la Argentina. Además, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, firmó con Landau un acuerdo para la protección de la infancia que contempla asistencia de hasta US$10 millones destinada a combatir la trata de menores.

Otro de los anuncios fue un aporte no reembolsable de US$15 millones para la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad. El proyecto se vincula con una de las prioridades geopolíticas de la Casa Blanca: reducir los riesgos que Washington atribuye a la presencia de tecnología china en infraestructuras estratégicas. Quirno negó que exista una política de discriminación contra empresas de ese origen, aunque advirtió sobre la necesidad de evaluar cuidadosamente quiénes están a cargo de los sistemas tecnológicos utilizados en sectores sensibles.

Los enviados estadounidenses también participaron de actividades vinculadas con el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa para conectar las zonas mineras y Vaca Muerta con los puertos mediante obras ferroviarias, energéticas y logísticas. El esquema contempla posibilidades de financiamiento de hasta US$7.000 millones del Export-Import Bank estadounidense hacia 2027, junto con una propuesta indicativa y no vinculante de hasta US$6.000 millones para Argentina LNG, el proyecto que impulsan YPF, ENI y XRG. Por ahora, se trata de perspectivas de financiamiento que todavía deberán traducirse en acuerdos concretos.

La agenda incluyó además el seguimiento del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos, firmado en febrero, las conversaciones para avanzar con el ingreso de la Argentina al programa de exención de visas y los preparativos para una posible visita del vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, durante noviembre. La reunión presidencial tuvo también una antesala política: el miércoles, Karina Milei había recibido al embajador Peter Lamelas para repasar el estado del vínculo bilateral y las oportunidades de inversión.

PL/CRM

Javier Milei recibirá este viernes a las 11 de la mañana en la Casa Rosada a dos de los principales enviados de Donald Trump a la región. El Presidente mantendrá una reunión con Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado estadounidense, y Juan Pablo Segura, responsable de los asuntos del Hemisferio Occidental, quienes llegaron a Buenos Aires con una agenda centrada en inversiones, comercio, seguridad y lucha contra el narcotráfico. Después de varios días de hermetismo, el Gobierno confirmó recién a última hora del jueves los detalles de la audiencia presidencial, aunque sin precisar qué temas concretos se abordarán ni si habrá anuncios al término del encuentro.

La información difundida por la Casa Rosada permitió conocer también la nómina de participantes. Además de Milei y Landau, estarán presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el propio Segura; el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo. La confirmación llegó después de una semana en la que el oficialismo administró con cuentagotas la información sobre las actividades de la delegación. Pese a la importancia que el Gobierno suele atribuirle públicamente a su alianza con Washington, el contenido de las conversaciones y los eventuales compromisos que podrían surgir de la reunión siguen bajo reserva.

La confirmación llegó después de una jornada en la que Landau ofreció una conferencia de prensa en el Palacio San Martín junto a Quirno. Allí, el funcionario estadounidense combinó los elogios al rumbo económico de Milei con una defensa explícita de los intereses de las empresas norteamericanas. “No hay otro país en todo el mundo con el cual estemos tan alineados”, aseguró, antes de referirse a las diferencias que existen entre ambos gobiernos por la cuestión Malvinas.

El punto más delicado apareció cuando Landau fue consultado por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Poder Ejecutivo en el Congreso. La iniciativa contempla sanciones contra las petroleras Rockhopper, de origen británico, y Navitas, israelí, involucradas en el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, en aguas circundantes a las Islas Malvinas. Pero también alcanza a empresas asociadas a esas compañías en otros emprendimientos, una disposición que despertó preocupación entre firmas estadounidenses.

“Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo de la gran nación argentina”, respondió Landau durante la conferencia de prensa. La declaración expuso una de las contradicciones que atraviesan la relación bilateral: mientras Milei busca profundizar su alianza con Trump, Washington sigue de cerca una iniciativa legislativa argentina que podría afectar los negocios de compañías norteamericanas.

La conferencia también permitió conocer otros aspectos de la agenda que llegará este viernes al despacho presidencial. Landau destacó las oportunidades de inversión que ofrece la Argentina y sostuvo que los acuerdos comerciales entre ambos países podrían abrir una nueva etapa de crecimiento económico. El funcionario elogió la política económica de Milei y afirmó que Estados Unidos aspira a convertirse en uno de los principales socios comerciales del país.

La cuestión electoral también apareció durante la conferencia. Consultado sobre si el respaldo estadounidense estaba condicionado a una eventual reelección de Milei en 2027, Quirno sostuvo que el apoyo responde a la confianza construida durante la gestión libertaria y al rumbo económico adoptado por el Gobierno. “El único condicionamiento que existe es que sigamos haciendo lo que estamos haciendo”, afirmó, en referencia a la política de ordenamiento macroeconómico.

Antes de la conferencia, Landau y Segura habían mantenido una reunión con Quirno. Más tarde, el número dos del Departamento de Estado fue recibido por Luis Caputo en el Ministerio de Economía, en un encuentro del que también participaron el embajador Alec Oxenford y Santiago Caputo. El ministro informó que las conversaciones estuvieron orientadas a promover inversiones, aumentar el comercio bilateral y fortalecer la cooperación económica entre ambos países.

La presencia del asesor presidencial en esa reunión recuperó, además, un antecedente político de la relación con Washington. En 2025, Caputo había desempeñado un papel central en las negociaciones informales con el entorno de Trump para conseguir el respaldo estadounidense antes de las elecciones legislativas. Aquel back channel permitió acelerar gestiones por fuera de los mecanismos tradicionales de la diplomacia.

La previa

La visita norteamericana tuvo también una antesala en la Casa Rosada. Karina Milei había recibido el miércoles al embajador Peter Lamelas para repasar el estado del vínculo bilateral, los proyectos de inversión de empresas estadounidenses y la situación política y económica argentina. El Gobierno difundió entonces una fotografía y un breve comunicado, sin profundizar en el contenido de las conversaciones.

Landau y Segura llegaron a Buenos Aires después de una escala en Paraguay, donde mantuvieron encuentros con el gobierno de Santiago Peña, otro de los aliados regionales de Trump. Allí, Washington anunció una asistencia de US$5,5 millones destinada a combatir el financiamiento del terrorismo, perseguir organizaciones vinculadas al narcotráfico y poner en funcionamiento un nuevo centro antiterrorista.

La cooperación en seguridad también forma parte de la agenda bilateral con la Argentina. A comienzos de octubre, Estados Unidos anunció la instalación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), dentro de un programa que contempla US$7,5 millones para proyectos locales. El combate al crimen organizado, la seguridad fronteriza y el intercambio de información aparecen entre los asuntos que ambos gobiernos buscan profundizar.

La reunión de este viernes tendrá lugar después del regreso del Presidente de España, donde participó de actividades políticas en plena campaña electoral y mantuvo un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Milei volverá a encontrarse así con representantes de alto nivel de la administración republicana, apenas una semana después de su última visita a Washington, donde participó de una gala organizada por sectores de la derecha estadounidense y mantuvo una conversación con el secretario de Estado, Marco Rubio.

El desembarco de Landau y Segura forma parte de una recorrida regional que comenzó en Paraguay, donde ambos funcionarios mantuvieron reuniones con el gobierno de Santiago Peña, otro de los aliados sudamericanos de Trump. Allí, Washington anunció una asistencia de US$5,5 millones destinada a combatir el financiamiento del terrorismo, fortalecer la persecución de organizaciones vinculadas al narcotráfico y poner en funcionamiento un nuevo centro antiterrorista.

La cooperación en seguridad constituye uno de los ejes centrales de la agenda bilateral con la Argentina. A comienzos de octubre, Washington anunció la instalación de una unidad regional de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) en el país, dentro de un programa que contempla US$7,5 millones para proyectos locales.

Para la administración Trump, el fortalecimiento de sus vínculos con gobiernos latinoamericanos está asociado a la competencia por inversiones, infraestructura y recursos estratégicos, en particular frente a la expansión de China en la región. Durante la conferencia de prensa, Quirno evitó hablar de discriminación contra empresas de ese origen, aunque advirtió sobre la necesidad de evaluar cuidadosamente quiénes controlan las tecnologías utilizadas en sectores sensibles.

Quiénes son los enviados de Trump

Christopher Landau no es un diplomático de segunda línea. Se desempeña como número dos del Departamento de Estado, apenas por debajo de Marco Rubio, y forma parte del núcleo de funcionarios encargados de ejecutar la política exterior de Trump. Abogado graduado de Harvard, asumió el cargo en marzo de 2025, después de haber sido embajador estadounidense en México entre 2019 y 2021, durante el primer mandato republicano.

Durante su paso por México, Landau estuvo involucrado en las discusiones sobre migración, comercio y seguridad fronteriza, tres asuntos centrales para la agenda de Trump.

Juan Pablo Segura, por su parte, asumió en agosto de 2026 como subsecretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio Occidental, el área del Departamento de Estado encargada de las relaciones con América Latina, el Caribe y Canadá. Antes fue secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Virginia durante la administración republicana de Glenn Youngkin y cofundó Babyscripts, una empresa tecnológica dedicada al seguimiento remoto de embarazos.

Pero Segura también tiene un perfil ideológico definido, especialmente por sus posiciones contra el gobierno cubano. Antes de viajar a Sudamérica, cuestionó la resolución que se presenta anualmente ante Naciones Unidas para reclamar el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba y acusó a La Habana de promover actividades de espionaje contra su país. Su postura refleja la línea dura de la administración Trump hacia Cuba, que defiende la continuidad de las sanciones económicas pese a los reiterados pronunciamientos de la Asamblea General de la ONU en favor de ponerles fin.

PL/CRM

Donald Trump vuelve a poner los ojos sobre la Argentina. Esta vez no será a través de una llamada telefónica, una declaración de respaldo a Javier Milei o una fotografía compartida en Washington, sino con el desembarco de dos funcionarios de peso de su administración. Christopher Landau, número dos del Departamento de Estado, y Juan Pablo Segura, responsable de los asuntos del Hemisferio Occidental, llegarán este jueves a Buenos Aires con una agenda que combina inversiones, seguridad, narcotráfico y reuniones con algunos de los principales ministros del Gobierno.

La llegada de Landau y Segura tiene lugar a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre y luego de una escala en Paraguay, donde ambos mantuvieron encuentros con el gobierno de Santiago Peña, otro de los aliados regionales de Trump. La visita forma parte de una recorrida sudamericana de funcionarios del Departamento de Estado orientada a profundizar la cooperación en materia de comercio e inversiones.

Pero antes de que los enviados de Trump aterrizaran en Buenos Aires, hubo un movimiento político en Balcarce 50. Karina Milei recibió este miércoles al embajador estadounidense, Peter Lamelas, en un encuentro destinado a repasar el estado de la relación bilateral, los proyectos de inversión de empresas norteamericanas y la situación política y económica argentina. La reunión, difundida oficialmente por la Casa Rosada, funcionó como antesala de la visita y volvió a colocar a la secretaria general de la Presidencia en un lugar central dentro del vínculo con Washington.

El antecedente más inmediato remite a 2025, cuando Milei necesitaba asegurarse el respaldo de Trump antes de las elecciones legislativas y Santiago Caputo se convirtió en una pieza clave de las negociaciones informales con el entorno del republicano. El asesor presidencial fue uno de los principales operadores de aquel back channel que, por fuera de los mecanismos habituales de la diplomacia, permitió acelerar las gestiones que desembocaron en el apoyo político y económico estadounidense.

Un año después, con Caputo alejado de la estrategia política directa del Gobierno y Karina consolidada como principal articuladora del poder en la Casa Rosada, la relación con Washington vuelve a mostrar la importancia de los contactos personales y las conversaciones que no siempre pasan por la Cancillería. Aunque esta vez los protagonistas de esos movimientos son otros.

Según la agenda prevista, los representantes estadounidenses serán recibidos por el canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín este jueves a las 14. La actividad diplomática se extenderá durante el viernes e incluirá reuniones de trabajo y una conferencia de prensa conjunta. También están previstos contactos con el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En las conversaciones comerciales tendrá participación el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun, uno de los funcionarios involucrados en las negociaciones económicas con Washington.

Los enviados de Trump

Christopher Landau es uno de los funcionarios de mayor jerarquía de la diplomacia estadounidense. Ocupa desde marzo de 2025 el cargo de subsecretario de Estado, el segundo escalón del Departamento de Estado, inmediatamente por debajo de Marco Rubio. Abogado formado en Harvard, fue embajador de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021, durante el primer mandato de Trump, y conoce de primera mano las discusiones en torno a América Latina.

Su acompañante, Juan Pablo Segura, un hijo de argentinos que asumió en agosto de este año como subsecretario adjunto para los Asuntos del Hemisferio Occidental. Su recorrido combina la política republicana con el sector privado: fue secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Virginia durante la administración de Glenn Youngkin y participó en el desarrollo de Babyscripts, una empresa tecnológica dedicada al seguimiento remoto de embarazos.

Segura también mantiene posiciones públicas especialmente duras contra el gobierno cubano. Antes de emprender su viaje por Sudamérica, cuestionó la resolución que se presenta anualmente ante Naciones Unidas para reclamar el levantamiento del embargo estadounidense a Cuba. En sus publicaciones sostuvo que La Habana representa una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y pidió rechazar la iniciativa.

La visita de ambos funcionarios ocurre, además, después de una conversación entre Milei y Rubio durante el reciente viaje del mandatario argentino a Washington. El Presidente podría recibir a los enviados estadounidenses este viernes, una vez que regrese de España, aunque todavía no hay confirmación oficial al respecto.

PL/MG

María Belén Agudiez, la exfuncionaria del círculo íntimo de Karina Milei que había sido desplazada de la quinta presidencial de Olivos en medio de sospechas por presuntas irregularidades administrativas, encontró un nuevo refugio en el Estado. Apenas un mes después de su salida intempestiva de la Casa Rosada, la exsubsecretaria de Planificación General fue reincorporada a la estructura oficial a través del Correo Argentino, donde ocupa un puesto en el área de Comunicación. Su desembarco, anticipado por Sebastián Lacunza en elDiarioAR el pasado 11 de octubre, fue confirmado ahora por fuentes oficiales, que se apresuraron a defenderla y asegurar que nunca perdió la confianza de la hermana presidencial.

La novedad no es tanto su reaparición como la explicación que ofrece el Gobierno. “Es una persona valorada por Karina”, aseguraron fuentes de Balcarce 50 consultadas por este medio. Las palabras contrastan con las circunstancias de su desplazamiento, cuando el Gobierno decidió barrer con buena parte del personal civil de Olivos, transferir la administración de la residencia a la Casa Militar y apartar tanto a Agudiez como a su cuñado, Osvaldo Javier Sosa, quien hasta entonces se desempeñaba como intendente de la quinta.

La historia había comenzado varias semanas antes. El 17 de septiembre, Sosa fue desplazado de la administración de Olivos, una función que ejercía desde diciembre de 2023 gracias a su vínculo familiar con Agudiez. Apenas 72 horas después, ella también dejó su cargo. La explicación oficial fue que había renunciado por “motivos personales”, aunque su salida coincidió con una reorganización que se produjo en medio de un clima de desconfianza, sospechas de filtraciones y malestar presidencial por el funcionamiento de la residencia.

Agudiez no era una funcionaria cualquiera. Su relación con Karina Milei se había consolidado en 2022, cuando ambas encontraron un punto de contacto en sus inquietudes místicas y espirituales. Como reconstruyó elDiarioAR, esa afinidad le permitió ingresar a uno de los círculos más herméticos del universo libertario y, posteriormente, hacerse cargo de una dependencia con responsabilidades sobre el funcionamiento cotidiano de Olivos. Su despacho estaba en el primer piso de Balcarce 50, cerca del de la secretaria general, de quien dependía directamente.

Su salida estuvo envuelta en acusaciones concretas. La diputada Marcela Pagano, enfrentada con la conducción de La Libertad Avanza, denunció presuntos desvíos de fondos vinculados con compras e insumos destinados a Olivos. Una de las pistas apuntaba al emprendimiento gastronómico Pancitos Caseros, con el que, según lo expuesto por Pagano, Agudiez y Sosa mantenían vínculos. La diputada trasladó sus denuncias a los tribunales de Comodoro Py, aunque las irregularidades señaladas no pueden darse por comprobadas judicialmente.

El silencio oficial alimentó las especulaciones. La Casa Rosada nunca ofreció una explicación detallada sobre la salida de los empleados civiles ni sobre los motivos que llevaron a reemplazarlos por personal militar. La decisión fue presentada como parte de una reorganización de la seguridad presidencial, pero también estuvo atravesada por el creciente recelo de Milei respecto de quienes tenían acceso a su residencia y a los movimientos de su entorno más cercano.

El Correo, un refugio

Agudiez, sin embargo, no quedó a la intemperie. Según reveló Lacunza en su columna dominical de elDiarioAR, testigos ya la habían visto en la sede central del Correo Argentino, en Barracas. Según aquella información, la exfuncionaria había encontrado un nuevo destino como gerenta de Responsabilidad Social dentro de la dirección de Relaciones Institucionales, con una remuneración incluso superior a la que percibía cuando trabajaba en Olivos y en un área que encabeza la reducción de personal entre las compañías con participación estatal: el Correo Argentino eliminó alrededor de 6.000 puestos de trabajo desde la llegada de Milei a la Presidencia.

Sin embargo, las fuentes oficiales que confirmaron la incorporación buscaron reducir la jerarquía del nombramiento. Aseguraron que Agudiez ocupa “un puesto administrativo” dentro de la gerencia de Comunicación y negaron que haya sido designada gerenta.

El Correo Argentino no es un destino desconocido para funcionarios que perdieron sus posiciones en otros sectores del Gobierno. Allí también desembarcaron Aimé “Meme” Vázquez, Ian Vignale y Federico Sicilia, tres colaboradores del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, que consiguieron lugares en el directorio de la compañía. Sus nombramientos, con remuneraciones millonarias, se produjeron en medio de la salida de Adorni del Ejecutivo, atravesada por una investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y posibles dádivas.

Es que, desde julio, el Correo Argentino está bajo la órbita del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien se quedó con el control de la empresa estatal como parte de una reorganización administrativa que también incluyó a Arsat y al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El movimiento, formalizado a través del decreto 581, significó un retroceso en la estructura de poder de Santiago Caputo, que hasta entonces conservaba influencia sobre esos organismos a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Tanto el Enacom como el Correo Argentino pasaron a depender de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria, uno de los hombres de mayor confianza de Santilli, mientras que el organismo regulador de las comunicaciones quedó bajo el control directo del jefe de Gabinete.

Las denuncias de Pagano

La noticia de la reincorporación de Agudiez provocó una reacción inmediata de Marcela Pagano, la diputada nacional que había denunciado presuntas irregularidades en la administración de la residencia presidencial. “De afanarse hasta los menudos de pollo sin escalas aterriza en un cargo gerencial en el Correo, será que también allí ejercerá su idoneidad para el punguismo en nombre de la corona?”, escribió en X.

Las acusaciones tienen como uno de sus principales ejes el destino de los alimentos adquiridos para la residencia presidencial. Pagano puso la lupa sobre una licitación que contemplaba la compra de 29.505 kilos de carne, pollo, cerdo, achuras y pescado durante seis meses, de los cuales 9.135 kilos estaban destinados a Olivos y el resto a la Casa Rosada.

La sospecha es que parte de esos insumos habría terminado en Pancitos Caseros, un emprendimiento gastronómico vinculado con Analía Agudiez, hermana de Belén y esposa de Osvaldo Sosa, el intendente de la quinta. Las cantidades previstas en los pliegos, sin embargo, no acreditan por sí mismas que la mercadería haya sido efectivamente adquirida o desviada.

La diputada también incorporó a su presentación judicial una póliza de seguro de accidentes personales contratada en marzo de 2024 por Analía Agudiez para trabajadores de catering que participarían de un evento en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA). En la nómina figuraban Sosa y dos coordinadoras de la residencia presidencial, María Laura Villegas y Camila Tamara Lasychyn Zapata. Pagano vinculó esa documentación con la participación de Pancitos Caseros en espectáculos realizados en el predio, entre ellos un recital de Los Palmeras, para el que se habría difundido un presupuesto de $685.000.

Las sospechas se extendieron a otros contratos, entre ellos servicios de jardinería, alquiler de carritos de golf y compras de aromatizantes. Pagano también denunció una presunta maniobra de facturación por más de $600 millones mediante la identidad de un jubilado, extremo que requiere comprobación judicial. Desde el entorno de Agudiez rechazaron que se hubieran desviado insumos de Olivos hacia emprendimientos privados.

Las acusaciones no han sido acreditadas judicialmente y la información disponible no permite establecer responsabilidades penales. Pero la nueva contratación de la exfuncionaria vuelve a poner en discusión una pregunta que la Casa Rosada todavía no respondió públicamente en detalle: qué ocurrió con las compras, los proveedores y los controles de la residencia presidencial durante su gestión.

PL/CRM

Karina Milei volvió a reunir este martes a la mesa política del Gobierno en la Casa Rosada, con la mirada puesta en la sesión que se realizará este miércoles en la Cámara de Diputados. El encargado de repasar la agenda parlamentaria fue Martín Menem, uno de los principales operadores políticos de la secretaria general de la Presidencia y protagonista de las disputas internas por el rumbo del oficialismo. El encuentro sirvió para ordenar las prioridades legislativas inmediatas, mientras detrás de escena persisten las diferencias sobre cómo se deben manejar los tiempos de los acuerdos que Javier Milei necesita para avanzar con sus reformas.

La reunión se desarrolló en Balcarce 50 y contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. Todos bajo la conducción de la hermanísima, que intenta mantener alineados a los distintos sectores del oficialismo en un momento en que las negociaciones parlamentarias empiezan a cruzarse con las ambiciones electorales de 2027.

El capítulo central de la reunión fue el Congreso. Menem presentó un panorama de los proyectos que llegarán este miércoles al recinto de Diputados, entre ellos iniciativas vinculadas con la propiedad privada, los medicamentos de alto riesgo, el vandalismo rural, el patrimonio estatal, la discapacidad y el endeudamiento familiar. Se trata de una agenda variada que obligará al oficialismo a poner nuevamente a prueba su capacidad para construir mayorías en una Cámara donde depende de acuerdos con otras fuerzas políticas.

Pero la discusión legislativa no termina en la sesión de este miércoles. La Casa Rosada tiene dos objetivos que considera prioritarios: eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y conseguir la aprobación del Presupuesto 2027. Ambas iniciativas requieren una ingeniería parlamentaria que excede los votos propios de La Libertad Avanza y coloca a los gobernadores en el centro de las negociaciones. Es allí donde las diferencias internas empiezan a pesar tanto como las resistencias de la oposición.

Como contó elDiarioAR, Martín y Lule Menem quieren administrar los tiempos de las conversaciones provinciales sin apresurar definiciones. Los primos consideran que las negociaciones pueden extenderse hasta bien entrado el próximo año y que cerrar acuerdos demasiado pronto implicaría resignar capacidad de presión. La estrategia les permite conservar margen para el armado electoral libertario y, al mismo tiempo, reforzar su papel como interlocutores indispensables entre la Casa Rosada y las provincias.

El problema es que no todos están dispuestos a esperar. Luis Caputo observa con preocupación las consecuencias económicas de una negociación política que amenaza con prolongarse hasta el año electoral. El ministro entiende que la incertidumbre también tiene un costo y que el Gobierno necesita ofrecer señales de previsibilidad. La diferencia con los Menem es, en buena medida, una discusión sobre los tiempos: mientras los operadores de Karina privilegian la capacidad de negociación, el titular del Palacio de Hacienda prefiere despejar cuanto antes las incógnitas que pueden afectar las expectativas económicas.

Patricia Bullrich tampoco juega necesariamente con el libreto de los Menem. La senadora busca preservar su autonomía dentro del oficialismo y mantiene una agenda parlamentaria propia. En sectores de la Casa Rosada sospechan que no está haciendo todo lo posible para impulsar la eliminación de las PASO, una reforma que Karina Milei considera central para el ordenamiento electoral del próximo año. Las diferencias no se traducen necesariamente en enfrentamientos públicos, pero forman parte de una disputa por la conducción política del espacio libertario.

La reunión de este martes también incluyó una exposición de Luis Caputo sobre su participación en la cumbre del Fondo Monetario Internacional (FMI) celebrada la semana pasada en Tailandia. Allí, el ministro mantuvo un encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, quien elogió la disciplina fiscal argentina, mientras los equipos técnicos avanzan en la tercera revisión del programa. El análisis económico se extendió al escenario internacional, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia.

Otro de los asuntos abordados fue la evolución del fenómeno de El Niño y el riesgo de nuevas inundaciones durante las próximas semanas. Los funcionarios analizaron informes de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y evaluaron mecanismos de coordinación con los gobiernos provinciales y los equipos de Emergencia y Seguridad.

La agenda climática volvió a colocar a las provincias en el centro de las preocupaciones del Gobierno, aunque desde una perspectiva diferente a la electoral. La Casa Rosada necesita sostener canales de diálogo con los gobernadores tanto para responder a eventuales emergencias como para conseguir los votos que le permitan avanzar con sus proyectos en el Congreso. La sesión de este miércoles será una nueva prueba para la capacidad de negociación del oficialismo, pero también un anticipo de las discusiones más difíciles que vendrán.

PL/CRM

La Casa Rosada insiste en mostrar a su mesa política como una instancia de coordinación, pero las diferencias sobre 2027 empiezan a poner a prueba esa imagen de unidad. Las reuniones de cada martes terminan siempre con un comunicado que intenta transmitir una armonía bastante más difícil de encontrar puertas adentro. Lo que nunca aparece en las gacetillas son las discusiones reales que atraviesan al núcleo de poder libertario, donde los funcionarios encargados de delinear la estrategia oficial también compiten por imponer sus propias prioridades.

A medida que se acerca el año electoral, esas tensiones empiezan a concentrarse en una discusión que incomoda especialmente al equipo económico: cuánto tiempo puede Javier Milei darse el lujo de mantener abiertas las negociaciones con los gobernadores sin que la incertidumbre política termine pasando factura.

La última reunión, celebrada después de una semana de interrupción, volvió a ofrecer una postal de esa doble realidad. El comunicado oficial estuvo dedicado a los proyectos que el Gobierno pretende impulsar en el Congreso y a los preparativos para la visita del papa León XIV, ahora en duda tras su intervención quirúrgica. Pero detrás de esa agenda de gestión conviven estrategias que no siempre apuntan en la misma dirección.

Martín y Eduardo “Lule” Menem quieren manejar los tiempos de las negociaciones provinciales, mientras Patricia Bullrich busca preservar su autonomía dentro del oficialismo. Luis Caputo, por su parte, observa con preocupación lo que cree que son las consecuencias económicas de una puja política que podría prolongarse hasta el año electoral.

Los primos son partidarios de no apurarse. El presidente de la Cámara de Diputados y el subsecretario de Gestión Institucional intentan convencer a los demás integrantes de la mesa de que las conversaciones con los gobernadores pueden continuar hasta bien entrado 2027 sin provocar mayores inconvenientes. Su razonamiento es esencialmente político: cerrar acuerdos demasiado pronto supone resignar capacidad de negociación, mientras que mantener abiertas las conversaciones permite administrar las demandas provinciales y conservar margen para el armado electoral de La Libertad Avanza.

La estrategia tiene, además, una dimensión interna. Martín y Lule Menem son dos de los principales operadores de Karina Milei y ocupan un lugar privilegiado en el dispositivo de construcción territorial del oficialismo. Desde esa posición, buscan conservar el control del ida y vuelta con con los gobernadores y evitar que las definiciones electorales se adelanten a los tiempos que consideran convenientes. El problema es que los calendarios de la política partidaria no necesariamente coinciden con las necesidades del resto del Gobierno.

¿Y qué papel juega Santiago Caputo en todo esto? El asesor presidencial, que supo concentrar buena parte de las decisiones estratégicas del oficialismo, se fue retirando de la intervención directa en el armado político y hoy mantiene un perfil más alejado de las negociaciones territoriales. Eso no significa, sin embargo, que se haya vuelto indiferente a lo que ocurre en la mesa. Su enfrentamiento con los primos Menem lo ubica inevitablemente en la vereda de enfrente, aunque ya no dispute con ellos cada movimiento del tablero.

Toto inquieto

Luis “Toto” Caputo no comparte la tranquilidad del ala política. El ministro de Economía considera que prolongar las indefiniciones políticas tiene un costo que la Casa Rosada no debería subestimar. En su mirada, la falta de certezas sobre los acuerdos de cara a 2027 no son cuestiones que puedan quedar encerradas en las oficinas de los armadores libertarios: también condicionan las expectativas de los inversores y la confianza de los mercados.

Caputo no estuvo sentado a la mesa el martes pasado. El ministro se encontraba en Tailandia, donde mantuvo una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para avanzar con la tercera revisión del acuerdo. Desde allí celebró los elogios de la titular del organismo a la disciplina fiscal argentina, aunque el encuentro coincidió con una revisión a la baja de las proyecciones de crecimiento del FMI.

Su ausencia se produjo, además, después de varios días de rumores sobre tensiones dentro del equipo económico que obligaron al propio Milei a salir a respaldarlo públicamente. El Presidente definió su relación con Caputo como “simbiótica” y rechazó las versiones de diferencias internas.

“Es una pelotudez del tamaño de una casa”, respondió Milei durante una entrevista con Radio Mitre, al ser consultado sobre una eventual salida del ministro de Economía. Y continuó: “Lo que tratan de hacer es limarlo cuando se tiene que sentar a negociar con la directora gerente del FMI. Es una canallada, es traición a la patria”. También buscó dejar en claro quién conduce el programa económico: “Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política”, afirmó, y aseguró que ambos mantienen una visión “perfectamente alineada” sobre el rumbo de la gestión.

Pato al acecho

Quien no está dispuesta a convertirse en una espectadora de las decisiones ajenas es Patricia Bullrich. La senadora participa de la mesa política, pero conserva una agenda propia y busca hacer valer su peso en el Congreso. Su trayectoria y sus vínculos políticos le permiten intervenir en las negociaciones desde una posición que no depende exclusivamente del armado territorial que administra el entorno de Karina Milei. Y hay un asunto particularmente sensible sobre el que algunos sectores del Gobierno empiezan a mirarla con desconfianza: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

La sospecha que circula por lo bajo en el oficialismo es que Bullrich no tendría demasiado interés en que prospere una reforma que podría cerrarle una puerta para 2027. Hay quienes dicen que la senadora no descarta una eventual candidatura presidencial y la continuidad de las primarias le permitiría, llegado el caso, disputar ese lugar dentro del propio espacio libertario. La posibilidad de que facilite acuerdos para frenar la reforma, sin exponerse personalmente en una votación adversa a Milei, alimenta las suspicacias de sus compañeros de mesa.

Las especulaciones sobre su futuro político tampoco se limitan a los despachos libertarios. Según reveló María Cafferata en elDiarioAR, Bullrich mantuvo recientemente una reunión de más de dos horas con un importante dirigente del peronismo que intentó convencerla de romper con Milei y lanzarse a la carrera presidencial. No fue el primero en acercarle esa propuesta: empresarios y gobernadores vienen insistiendo con la misma idea. Para algunos sectores del peronismo, una candidatura propia de Bullrich podría contribuir a dividir el espacio electoral que hoy acompaña al Presidente.

La exministra evita confrontar abiertamente con Milei, con quien mantuvo una reunión de más de dos horas en Olivos el pasado 9 de octubre para acercar posiciones después de varios cortocircuitos. Es una situación que coloca a Karina Milei en el centro de una disputa que excede las diferencias personales. La secretaria general de la Presidencia conserva la última palabra en buena parte de las decisiones partidarias y tiene en los Menem a dos de sus principales interlocutores. Pero la necesidad de articular la agenda legislativa con Bullrich y las negociaciones políticas del jefe de Gabinete Diego Santilli obliga a encontrar un equilibrio entre actores que no siempre tienen los mismos intereses.

PL/MG

En la Casa Rosada siguieron con atención el fracaso de la sesión especial en Diputados, donde la oposición no consiguió reunir el quórum necesario para avanzar contra el DNU 70/2023. El resultado fue recibido como un alivio por el oficialismo, que había dedicado buena parte de sus esfuerzos de los últimos días a desactivar la convocatoria. Pero la tranquilidad parlamentaria contrastó con las imágenes que empezaban a llegar desde las calles del centro porteño, donde estudiantes, docentes y organizaciones sindicales se preparaban para protagonizar la quinta Marcha Federal Universitaria.

Con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos, de la movilización —que terminó con incidentes— participaron estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, rectores y organizaciones sindicales, entre ellas la CGT, las dos CTA y ATE. La protesta se replicó en distintas ciudades del país y volvió a poner en discusión el deterioro de los salarios universitarios, el funcionamiento de las instituciones y la ejecución de los fondos previstos por ley.

En el entorno de Javier Milei sostienen que la discusión por el financiamiento de las casas de altos estudios debe encuadrarse dentro de las restricciones presupuestarias que establece el programa económico y rechazan cualquier iniciativa que, según su interpretación, comprometa el equilibrio fiscal. La movilización, en ese sentido, no parece destinada a alterar la estrategia oficial. La prioridad sigue siendo preservar las cuentas públicas, incluso a costa de prolongar un enfrentamiento que ya atravesó vetos presidenciales, insistencias parlamentarias y resoluciones judiciales adversas.

La marcha encontró a Milei fuera del país, durante un nuevo viaje a Estados Unidos, y a su equipo político concentrado en las negociaciones legislativas. En los despachos oficiales consideran que el Gobierno tiene argumentos para defender su política universitaria y cuestionan que las organizaciones que encabezan el reclamo presenten el conflicto exclusivamente como una discusión por los recursos educativos.

La posición del Ejecutivo quedó expuesta durante la conferencia de prensa que Adrián Ravier ofreció el martes pasado, cuando faltaban apenas 48 horas para la movilización. El vocero presidencial buscó relativizar el alcance del reclamo y puso en duda las motivaciones de quienes convocaron a la protesta. “¿Es una marcha política o es una marcha por la educación?”, preguntó, después de cuestionar que las mismas organizaciones no se hubieran movilizado durante los gobiernos kirchneristas.

Ravier fue más allá y apuntó contra el tratamiento periodístico del conflicto. Les pidió a los medios que ayudaran a desmentir lo que consideró una versión equivocada sobre la política universitaria del Gobierno y sostuvo que el Ejecutivo había realizado esfuerzos para recomponer los ingresos docentes. Mencionó un aumento del 24% y otro posterior del 3%, y defendió las negociaciones encabezadas por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Pero dejó en claro que cualquier mejora tendrá un límite infranqueable: el equilibrio fiscal.

En la Casa Rosada buscan restarle dramatismo a la convocatoria de este jueves y separar el reclamo universitario de lo que consideran una ofensiva política contra el Gobierno. La lectura que transmiten es que la movilización no modificará la posición del Ejecutivo sobre el financiamiento y que cualquier recomposición deberá ajustarse a las metas fiscales. “Pueden llenar la plaza todas las veces que quieran, pero no vamos a romper el equilibrio fiscal”, sentenció un funcionario ante la consulta de elDiarioAR.

La convocatoria llega, además, en un momento particularmente incómodo para el Ejecutivo. En las últimas horas, el juez federal Martín Cormick dispuso una multa diaria de $100.000 contra el jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución obliga al Gobierno a actualizar los salarios del sector y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles, dos de los puntos centrales del reclamo que vuelve a expresarse en las calles.

La disputa judicial mereció una explicación particular durante la conferencia del martes. Frente a los cuestionamientos por la falta de aplicación de la ley, Ravier ensayó una distinción: “No es cierto que no se esté cumpliendo con esa ley. Es una ley que está interrumpida”. El funcionario sostuvo que todavía no estaba definida la respuesta del Ejecutivo frente al fallo judicial y volvió a cuestionar al Congreso que había sancionado la norma por no establecer, según su interpretación, las fuentes de financiamiento necesarias.

El conflicto judicial representa un problema adicional para la Casa Rosada, porque reduce el margen para administrar los tiempos de una discusión que el oficialismo preferiría trasladar al debate del Presupuesto 2027. El Gobierno había vetado la ley sancionada por el Congreso con el argumento de que no contemplaba fuentes de financiamiento suficientes, pero ambas cámaras insistieron en su aprobación. Desde entonces, la disputa dejó de limitarse al terreno legislativo y se trasladó también a los tribunales, donde las universidades buscan obligar al Ejecutivo a cumplir con la norma.

En el entorno presidencial mantienen la defensa del veto y del programa fiscal como argumentos centrales. La posición oficial parte de una premisa que Milei convirtió en una de las principales banderas de su administración: ninguna demanda sectorial, por extendido que sea su respaldo social, puede justificar un incremento del gasto que el Gobierno considere incompatible con sus metas económicas. Esa lógica explica por qué, pese a la sucesión de movilizaciones, el Ejecutivo no dio señales de estar dispuesto a conceder una recomposición presupuestaria en los términos exigidos por las universidades.

La discusión, de todos modos, está lejos de agotarse. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla alrededor de $7,35 billones para las universidades nacionales, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama partidas superiores a los $11 billones. La distancia entre ambas cifras anticipa una negociación compleja en el Congreso, donde La Libertad Avanza necesita construir mayorías para aprobar una de las iniciativas que el Presidente considera prioritarias para consolidar su programa económico.

En ese escenario, la protesta universitaria aparece como una dificultad que el Gobierno deberá administrar en paralelo con otras negociaciones. La mesa política, que volvió a reunirse esta semana después de un paréntesis de siete días, tiene entre sus principales objetivos asegurar los votos necesarios para el Presupuesto y avanzar con una serie de reformas que incluyen cambios en el sistema electoral y nuevas iniciativas económicas. La relación con los gobernadores resulta decisiva para esa estrategia.

La sesión frustrada de este jueves ofreció una muestra de esa capacidad de negociación. La oposición no consiguió reunir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto y tratar el rechazo al DNU 70, una iniciativa que había cobrado impulso después de los fallos de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. En los días previos, el oficialismo había avanzado con una propuesta para restituir los límites a la compra de tierras rurales por extranjeros mediante modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La concesión buscó quitarle argumentos a quienes pretendían rechazar el megadecreto completo y preservar una herramienta central de la gestión libertaria.

La evaluación política de la jornada, sin embargo, es más compleja. En el oficialismo distinguen entre el impacto de una movilización y la capacidad de la oposición para convertir ese descontento en una derrota legislativa. “La oposición puede juntar gente en la calle, pero las leyes se votan en el Congreso, no en la plaza”, sentenciaron.

PL/CRM

El Gobierno empieza a reconocer que la recuperación económica no avanza al ritmo que esperaba, pero insiste en que las dificultades responden principalmente a factores externos y que las condiciones están dadas para una mejora durante 2027. En una nueva conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que la economía argentina volvió a mostrar señales de retroceso y que las expectativas de crecimiento debieron moderarse, aunque defendió el programa de estabilización de Javier Milei y aseguró que sus resultados terminarán reflejándose en los bolsillos de los argentinos.

“La realidad es que el último trimestre fue negativo. La situación global no es buena. Esto ha impactado negativamente en muchas economías y también en Argentina”, reconoció Ravier, que buscó explicar la desaceleración a partir de lo que describió como un “shock externo” provocado por la guerra en Medio Oriente, el aumento del precio del petróleo y las tasas de interés en Estados Unidos. El diagnóstico llegó en medio de las revisiones a la baja de las perspectivas de crecimiento por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El vocero sostuvo que el escenario internacional está afectando particularmente a los países emergentes y admitió que las expectativas del propio Gobierno deberán ajustarse. “La Argentina en el año 2026 va a mostrar un crecimiento más leve del que nos gustaría y más leve del que proyectábamos y del que proyectaban los analistas y organismos internacionales”, afirmó. Sin embargo, insistió en que el año terminará con un saldo positivo y que la economía se encuentra en mejores condiciones para resistir las turbulencias externas que en otras etapas de su historia.

La explicación oficial volvió a colocar el origen de las dificultades fuera de las fronteras argentinas. Ravier no profundizó en los efectos que las decisiones económicas del Gobierno pudieron tener sobre el consumo, los ingresos o la actividad, y prefirió destacar la solidez macroeconómica alcanzada durante la gestión libertaria. “Nos encantaría crecer más rápido”, concedió.

En ese contexto, el funcionario también admitió la distancia que existe entre los indicadores que reivindica la Casa Rosada y la percepción cotidiana de una parte de la sociedad. “No sé si toda la gente en Argentina lo llega a ver”, señaló sobre las consecuencias del escenario internacional.

Pese a ese panorama, Ravier volvió a proyectar el horizonte de recuperación hacia el próximo año. “Somos optimistas que de acá al 2027 la Argentina va a ir estando un poquito mejor. La gente lo va a ir sintiendo en su bolsillo en el día a día”, prometió. Según su interpretación, el crecimiento que impulsa el Gobierno se apoya en el dinamismo exportador, la apertura comercial y la desregulación, a diferencia de lo que definió como los estímulos artificiales a la demanda aplicados por administraciones anteriores.

La defensa del rumbo económico también estuvo atravesada por el último dato de inflación. Ravier celebró que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicara en 1,9% y lo contrastó con el 25% mensual registrado en diciembre de 2023. “Claramente la tendencia de aquel 25%, después había bajado a 12, a 8, 4, 2, que hoy estemos abajo del 2% creo que es un buen número comparado del lugar del cual venimos”, sostuvo.

La conferencia se produjo además en medio de las conversaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Ravier encuadró las revisiones a la baja de los pronósticos económicos dentro de un fenómeno internacional más amplio y buscó despejar la posibilidad de que la desaceleración altere las perspectivas de mediano plazo del programa libertario.

Para el Gobierno, la otra garantía de estabilidad no está solamente en la economía, sino también en el Congreso. Ravier sostuvo que la victoria legislativa de octubre de 2025 modificó la relación de fuerzas parlamentarias y redujo la capacidad de la oposición para impulsar leyes que comprometan el equilibrio fiscal. “El kirchnerismo va a querer romper todo lo que pueda el modelo económico de Javier Milei”, advirtió, al mencionar entre las iniciativas opositoras los intentos de avanzar contra el DNU 70/2023.

“La gente ya eligió otra cosa. Y no es que va a elegir en el 2027 otra cosa. Ya eligió en el 2025 otra cosa”, afirmó. Según explicó, la nueva composición de ambas cámaras le permite al Presidente confiar en que sus vetos no volverán a ser revertidos como ocurrió durante el año pasado.

La defensa del equilibrio fiscal también apareció cuando Ravier fue consultado por las “40 leyes” que, según Milei, el Congreso anterior había aprobado para perjudicar al Gobierno. El vocero no pudo identificar cuáles eran. “No tengo el listado acá ni tampoco puedo recurrir tanto a la memoria de cuántas leyes o cuáles fueron”, reconoció. Mencionó, entre los ejemplos, la Ley de Financiamiento Universitario y volvió a responsabilizar a la oposición por el deterioro de algunas variables económicas durante 2025. “Todavía estamos pagando los resultados de esa irresponsabilidad fiscal de ese Congreso”, sostuvo.

La discusión universitaria ocupó otro tramo de la conferencia, en la previa de una nueva movilización en reclamo de financiamiento que tendrá lugar el próximo jueves. Ravier aseguró que el Gobierno respeta la libertad de expresión y pidió que la protesta sea pacífica, pero también apuntó contra los medios de comunicación por la manera en que informan sobre el conflicto. “Pedimos también que nos den una mano desde el periodismo”, reclamó, antes de cuestionar las versiones que presentan al Ejecutivo como contrario a las universidades públicas o dispuesto a incumplir la legislación vigente.

El vocero defendió los aumentos salariales anunciados para los docentes universitarios, reivindicó las negociaciones encabezadas por Sandra Pettovello y sostuvo que cualquier mejora presupuestaria deberá financiarse mediante reasignaciones de partidas. Pero fue más allá: puso en duda las motivaciones de quienes se movilizan y acusó al kirchnerismo de haber provocado un deterioro profundo del sistema educativo. “¿Es una marcha política o es una marcha por la educación?”, preguntó.

En el terreno legislativo, el vocero ratificó que la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) continúa entre las prioridades del oficialismo. “Se está trabajando para ello, se está dialogando para ello y somos optimistas de que va a ocurrir”, afirmó. No obstante, evitó precisar si el proyecto será tratado antes o después del Presupuesto 2027, o si podría quedar para sesiones extraordinarias. Según explicó, esa definición corresponde a la mesa política del Gobierno, que volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada después de una semana sin encuentros.

Otro tema que también tuvo su lugar fue la política internacional. Ravier ratificó el respaldo explícito de Milei a Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses y a Flávio Bolsonaro en Brasil. Sobre este último país, cuestionó el momento de una actuación judicial vinculada con el hermano del candidato, aunque aclaró que el Gobierno no pretende intervenir en cuestiones de la Justicia brasileña. “Somos optimistas para el ballotage”, aseguró.

Finalmente, confirmó que acompañará al Presidente durante su próximo viaje a Madrid, previsto para la semana que viene, aunque no adelantó detalles de la agenda. Milei partirá esta noche hacia Estados Unidos, en una nueva gira internacional que volverá a alejarlo de Buenos Aires mientras su equipo político intenta ordenar las negociaciones legislativas.

PL/CRM

La mesa política del Gobierno volvió a reunirse este martes en la Casa Rosada, después de una semana de interrupción, con una agenda cargada de proyectos legislativos, nuevas reformas económicas y una preocupación que empieza a ganar espacio en los despachos oficiales: la salud del papa León XIV, a menos de un mes de su prevista visita a la Argentina. Con Karina Milei a la cabeza, el oficialismo buscó ordenar sus prioridades parlamentarias para las próximas semanas, aunque buena parte de las iniciativas que pretende impulsar todavía depende de negociaciones abiertas en el Congreso.

Uno de los principales asuntos del encuentro fue la presentación que realizó Federico Sturzenegger, quien llevó a la mesa política los avances de un nuevo proyecto de ley de Mercado de Capitales. La iniciativa contempla modificaciones a 17 leyes vigentes y, según la explicación oficial, apunta a modernizar los mecanismos de financiamiento productivo para comercios y pequeñas y medianas empresas. El texto, sin embargo, todavía se encuentra en etapa de definiciones y ni siquiera tiene fecha de ingreso al Congreso. Antes de enviarlo a Diputados, el Gobierno promete realizar una presentación pública de sus principales lineamientos.

La propuesta se incorpora a una lista cada vez más extensa de reformas que la administración libertaria pretende llevar al Parlamento. El problema para la Casa Rosada no es solamente la cantidad de proyectos que acumula, sino los votos que necesita para convertirlos en leyes. Con una representación legislativa que todavía la obliga a negociar con otros bloques, el oficialismo debe administrar las exigencias de sus aliados y los intereses de los gobernadores, cuyo acompañamiento resulta decisivo para avanzar con buena parte de su programa.

La agenda parlamentaria ocupó buena parte de las conversaciones. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, repasó los preparativos para la sesión prevista para el próximo 21 de octubre, en la que el oficialismo buscará avanzar con distintas iniciativas. Entre ellas figura el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que apunta a endurecer las sanciones contra las empresas que desarrollen actividades económicas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

La iniciativa ya había sido abordada en reuniones anteriores de la mesa política, con la participación del ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno. Su inclusión en el temario vuelve a mostrar el interés del Gobierno por avanzar con una agenda vinculada a la soberanía sobre las islas, aunque el resultado dependerá de los acuerdos que Martín Menem consiga articular en Diputados. En paralelo, la Casa Rosada mantiene abiertas otras negociaciones de mayor peso político, como las del Presupuesto 2027 y la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En el Senado, Patricia Bullrich repasó el trabajo previsto en las comisiones durante esta semana, con la intención de conseguir dictámenes favorables para distintos proyectos y avanzar en la convocatoria a una sesión durante la próxima. El oficialismo intenta coordinar los tiempos de ambas cámaras, aunque entre las aspiraciones de la mesa política y la posibilidad concreta de reunir las mayorías necesarias todavía hay una distancia que deberá resolver en las negociaciones parlamentarias.

Otro de los temas fue la primera ronda de negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), programada para el 29 de octubre en Rosario. El encuentro buscará vincular a grupos inversores mineros con proyectos aprobados bajo el régimen con pymes y proveedores nacionales de bienes de capital, insumos y servicios técnicos. La apuesta oficial es que los beneficios concedidos a las grandes inversiones puedan traducirse también en oportunidades para empresas locales, uno de los puntos sobre los que persisten interrogantes respecto del impacto efectivo del régimen sobre el entramado productivo nacional.

La salud del papa León XIV también apareció sobre la mesa. Tras conocerse que el pontífice debía someterse a una intervención quirúrgica para la extracción de un nódulo pulmonar, en el Gobierno comenzaron a seguir con especial atención su evolución, a menos de un mes de la visita apostólica prevista para noviembre. Aunque distintos médicos advirtieron sobre los riesgos que podría implicar un viaje de esas características después de una operación, la Casa Rosada ratificó que hasta el momento no hubo modificaciones en el itinerario previsto.

La confirmación oficial, sin embargo, no alcanza para despejar todos los interrogantes. La visita está programada entre el 8 y el 11 de noviembre e involucra un operativo de seguridad de enormes dimensiones, con actividades multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. El Gobierno continúa trabajando sobre el cronograma original, aunque cualquier cambio en las condiciones de salud del pontífice podría obligar a revisar una organización que lleva meses de preparativos. Por ahora, la decisión es mantener los planes y esperar.

La reunión se desarrolló sin la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, que se encuentra en Tailandia, donde este martes mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El funcionario busca avanzar en la tercera revisión del acuerdo con el organismo, en medio de versiones sobre tensiones dentro del equipo económico que Milei salió a desmentir públicamente. El Presidente aseguró que mantiene con su ministro una relación “simbiótica”, en un intento por cerrar una discusión que, pese al respaldo presidencial, había logrado instalarse en la conversación política.

La reunión con Georgieva dejó elogios a la disciplina fiscal argentina, según el relato del propio Caputo, pero también coincidió con una revisión a la baja de las proyecciones económicas del FMI. El organismo redujo al 2,1% su estimación de crecimiento para 2026 y elevó al 32,5% su pronóstico de inflación para este año. Son números que introducen un contrapunto con el optimismo que el Gobierno intenta transmitir sobre la marcha de la economía.

PL/CRM

“Es realmente una buena noticia”. La frase, pronunciada por un funcionario con despacho en Balcarce 50, resume el alivio con el que la Casa Rosada recibió este viernes el nuevo fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. La decisión de suspender provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, le permite al Gobierno descomprimir un conflicto que amenazaba con trasladarse al Congreso el próximo jueves 15 de octubre. En el oficialismo no estaban convencidos de que la oposición consiguiera los votos para rechazar el decreto completo, pero admitían que la controversia se había convertido en un obstáculo para otras negociaciones que consideran mucho más importantes.

El problema no era solamente el DNU, sino todo lo que podía quedar atrapado en esa discusión. El ala política del Gobierno trabaja para reunir apoyos alrededor de dos de las principales prioridades legislativas de Javier Milei: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027. Ambas iniciativas requieren acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas, algunos de los cuales habían comenzado a reclamar una solución al conflicto por la extranjerización de tierras. La posibilidad de tener que defender el decreto completo en el recinto amenazaba con introducir una nueva tensión en esas conversaciones.

La resolución judicial llegó, además, cuando la oposición intentaba convertir el malestar por la Ley de Tierras en una ofensiva más amplia contra el programa de desregulación libertario. La convocatoria a una sesión especial para el jueves 15, a las 14, había empezado a sumar adhesiones entre legisladores que cuestionaban la eliminación de los límites a la propiedad extranjera, aunque no necesariamente estaban dispuestos a rechazar los demás artículos del DNU 70. Con las restricciones nuevamente vigentes, al menos de manera provisoria, ese punto de encuentro pierde parte de su fuerza.

El respiro oficial, sin embargo, no equivale a una victoria definitiva. La Corte no resolvió la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras: dictó una medida cautelar interina y remitió el expediente a la Justicia Federal de Bariloche. La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz. El conflicto judicial continúa abierto, aunque su impacto inmediato sobre la agenda parlamentaria podría ser muy distinto al que había provocado la sentencia anterior.

El Gobierno venía siguiendo de cerca las conversaciones opositoras para reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. Los impulsores de la convocatoria contaban con entre 122 y 124 legisladores, después de sumar el respaldo de los diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil. La diferencia dependía de un puñado de bloques dialoguistas que compartían las críticas a la derogación de la Ley de Tierras, pero desconfiaban de las consecuencias de hacer caer el DNU completo.

Durante los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, habían multiplicado los contactos con aliados del PRO, la UCR y espacios provinciales. Una de las alternativas que se evaluaban consistía en incorporar restricciones a la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Para avanzar con esa discusión, el oficialismo había convocado a un plenario de comisiones para el miércoles 14.

El fallo modifica las condiciones de esa negociación. Los diputados que reclamaban restablecer las restricciones a la extranjerización ya no necesitan, al menos por ahora, votar contra la totalidad del decreto para conseguir ese objetivo. Eso no garantiza que la oposición desista de la sesión, cuyo temario también incluye otros asuntos sensibles, pero le ofrece al Gobierno nuevos argumentos para convencer a los bloques intermedios de no acompañar la convocatoria.

En la Casa Rosada, la preocupación de fondo pasa por administrar los votos disponibles para las próximas discusiones legislativas. La eliminación de las PASO constituye una de las principales apuestas de la reforma política que impulsa el oficialismo de cara a 2027, mientras que el Presupuesto del año próximo ocupa un lugar central en las conversaciones con los gobernadores. Son dos negociaciones diferentes, pero atravesadas por los mismos interlocutores y por una dificultad compartida: La Libertad Avanza necesita apoyos que no puede garantizar por sí sola.

La controversia por la Ley de Tierras había comenzado a interferir en ese esquema. La actual decisión de la Corte no elimina las dificultades, pero permite sacar momentáneamente una de ellas del centro de la escena. El oficialismo gana margen para volver a concentrarse en las negociaciones que considera prioritarias, mientras la oposición deberá decidir si mantiene su convocatoria del jueves 15 o recalcula su estrategia ante un escenario judicial diferente.

PL

“Tengo un jefe que de la nada llegó a Presidente de la Nación, y en dos años y medio, cambió la forma de votar de un continente entero. Todo muy normal. ¿Quién no podría haber hecho lo mismo, no?”. El mensaje que Luis “Toto” Caputo publicó este miércoles en X podría pasar por otra muestra de los elogios que el ministro de Economía suele dedicarle a Javier Milei. Pero esta vez dice bastante más sobre el clima que se instaló en la Casa Rosada después de la victoria de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas: el Gobierno ya no sólo reivindica al libertario como protagonista de un giro regional hacia la derecha, sino que empieza a atribuirle una influencia directa sobre ese movimiento.

Milei compró esa lectura antes que nadie. Llegó exultante a la reunión de Gabinete del lunes, donde definió el resultado brasileño como “un gran triunfo”, y convirtió la elección del país vecino en una nueva confirmación de la denominada “ola azul” que la Casa Rosada viene siguiendo elección tras elección.

El canciller Pablo Quirno ya había ensayado una interpretación parecida el domingo, cuando sostuvo que durante los últimos diez meses se habían celebrado siete elecciones en la región y destacó los resultados obtenidos por candidatos respaldados por Milei. El Gobierno busca construir así una secuencia continental en la que cada victoria de un dirigente ideológicamente cercano funciona también como una ratificación de la influencia internacional del Presidente argentino.

La elección brasileña terminó de alimentar esa narrativa. La Casa Rosada recuerda especialmente el viaje que Milei realizó en julio para respaldar a Bolsonaro cuando el escenario electoral aparecía más adverso. El vocero presidencial, Adrián Ravier, volvió sobre ese episodio esta semana y vinculó explícitamente aquel apoyo con el resultado de la primera vuelta. “En un momento en el que las encuestas le daban derrota a Bolsonaro, el Presidente viajó, brindó su apoyo y el resultado fue el que todos conocen”, sostuvo, antes de expresar el “deseo” y el “anhelo” de que Brasil también elija “las ideas de la libertad”.

El entusiasmo, sin embargo, convive puertas adentro con algunas dudas sobre lo que podría ocurrir si Bolsonaro finalmente se impone en el ballotage. No faltan voces oficiales que advierten, todavía en tono de especulación, que una victoria brasileña podría modificar también el equilibrio dentro de esa constelación de derechas que hoy tiene a Milei como uno de sus protagonistas más visibles. Brasil juega en otra escala por tamaño, peso económico y gravitación regional, y un Bolsonaro instalado en el Palacio del Planalto tendría inevitablemente una plataforma distinta a la que ofrece la Presidencia argentina.

La preocupación, expresada en términos bastante menos diplomáticos por algunos integrantes del oficialismo, es que Milei deje de ser el “niño mimado” de la nueva derecha latinoamericana. La paradoja empieza a asomar detrás de los festejos: el mismo triunfo que la Casa Rosada presenta como una confirmación del liderazgo regional del argentino podría terminar alumbrando a un competidor con mayor peso específico para ocupar ese lugar. Milei quiere que la ola siga creciendo, aunque eso también implique empezar a discutir quién la conduce.

De Washington a Madrid

Las próximas dos escalas presidenciales parecen hechas a medida para volver a mostrarlo en el escenario global. La primera será nuevamente Estados Unidos. Milei viajará la semana próxima a Washington y el miércoles 14 participará como invitado de honor de la Official Hispanic Heritage Gala, que se realizará en el Andrew W. Mellon Auditorium. La actividad es impulsada por Latino Wall Street y reunirá a dirigentes, empresarios e integrantes del universo conservador estadounidense y latinoamericano. Entre los invitados aparecen Matt y Mercedes Schlapp, referentes de la CPAC, y Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El jueves 15, la agenda continuará con una reunión con la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei tiene previsto pronunciar un discurso ante empresarios. También aparece entre las posibilidades una actividad en la embajada argentina en Washington vinculada con la lucha contra el antisemitismo, aunque esa escala todavía no estaba confirmada.

Será otro regreso a Estados Unidos apenas semanas después de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Aquella visita no incluyó una bilateral con Trump, aunque Milei sí mantuvo contactos con integrantes de su administración. La nueva escala vuelve a mostrar hasta qué punto Washington se convirtió en una parada recurrente de la diplomacia presidencial argentina.

Esta vez, además, el viaje quedará enmarcado por el calendario político estadounidense. Las elecciones de medio término se celebrarán pocas semanas después y Milei volverá a presentarse ante un auditorio ideológicamente cercano al trumpismo. Más que una bilateral clásica entre Estados, la escena que busca cultivar el Presidente es la de una comunidad política transnacional en la que pretende jugar como referente latinoamericano.

Después de regresar de Washington, Milei tiene previsto volver a viajar el 19 de octubre, esta vez rumbo a España. El desplazamiento ya estaba planificado antes del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez, pero el nuevo calendario español terminó otorgándole una dimensión política adicional. El escenario español fue, de hecho, uno de los asuntos que se analizaron durante la reunión de gabinete del lunes pasado en la Casa Rosada, donde el Presidente repasó la convocatoria anticipada a las urnas y confirmó ante sus ministros las fechas de su próximo desembarco en Madrid.

Allí tiene prevista, entre otras actividades, una participación vinculada con el economista liberal Jesús Huerta de Soto. La visita se producirá en plena campaña para las elecciones anticipadas del 29 de noviembre y volverá a colocar a Milei cerca del universo político de Vox y Santiago Abascal, con quien mantiene una relación estrecha desde antes de llegar a la Presidencia. Después de celebrar el resultado brasileño, Milei también tiene motivos para seguir de cerca lo que ocurre del otro lado del Atlántico.

PL/MG

Javier Milei llegó este lunes a la reunión de gabinete con un motivo externo para festejar. El resultado de la primera vuelta presidencial en Brasil entusiasmó al Presidente, que entró exultante al salón Eva Perón, calificó como “un gran triunfo” el desempeño de Flávio Bolsonaro y aprovechó la ocasión para cargar contra Lula da Silva: según planteó ante sus ministros, ni siquiera el “plan platita” que atribuyó al mandatario brasileño durante el tramo final de la campaña alcanzó para torcer el resultado.

La reunión comenzó pasadas las 10 en la Casa Rosada y tuvo una particularidad en medio del repaso que hizo Milei sobre la marcha de la economía: Brasil se robó buena parte de la atención presidencial. Bolsonaro obtuvo el 47,05% de los votos en la primera vuelta y disputará el balotaje del próximo 25 de octubre contra Lula.

Puertas adentro, el Presidente sostuvo que durante las últimas semanas de campaña del oficialismo había desplegado una política “demagógica” que no consiguió modificar el escenario electoral. La conclusión que compartió con sus funcionarios fue conocida: ese tipo de medidas, afirmó, pertenecen a las “recetas del pasado” y ya no alcanzan para explicar ni garantizar un resultado en las urnas.

Milei venía celebrando desde varias horas antes. Durante la noche del domingo se había mostrado especialmente activo en las redes sociales y utilizó el resultado brasileño para volver a librar su batalla ideológica regional. “Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores, córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”, escribió en X.

De Bolsonaro a Sánchez

Pero Brasil no fue la única elección extranjera que ocupó la conversación. Del otro lado del Atlántico, Pedro Sánchez también entró en la agenda del gabinete. Los funcionarios analizaron la convocatoria a elecciones anticipadas anunciada por el presidente del Gobierno español y Milei confirmó que partirá hacia España el próximo 19 de octubre, donde tiene previsto participar de una serie de actividades en Madrid el 21.

Antes, la agenda prevé una escala en EE.UU. para una gala trumpista el 14 de octubre en Washigton. Desde el Gobierno anticiparon que “aún no está confirmado”, pero los organizadores ya promocionan el evento, donde Milei compartiría escenario con Eduardo Bolsonario, hermano del presidenciable Flávio.

El calendario promete una coincidencia difícil de ignorar: el Presidente volverá a desembarcar en España en plena campaña electoral y después de una relación con Sánchez atravesada por enfrentamientos públicos y cruces diplomáticos. Mientras espera el balotaje brasileño, Milei ya empezó a mirar hacia Madrid.

La discusión internacional no terminó allí. El canciller Pablo Quirno realizó un repaso de los últimos movimientos vinculados al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, otro de los asuntos que viene ocupando un lugar creciente dentro de la agenda de la Casa Rosada.

Quirno informó sobre el avance del pedido de arbitraje internacional y las acciones que lleva adelante la Argentina en el plano geopolítico para sostener su posición. El Gobierno viene buscando elevar el perfil del reclamo y endurecer su ofensiva contra las empresas que desarrollan actividades económicas en las islas sin autorización argentina, una estrategia que ya fue discutida en anteriores reuniones de gabinete y de la mesa política.

Economía sin Caputo en la mesa

La agenda doméstica estuvo atravesada principalmente por la economía, aunque con una ausencia difícil de pasar por alto: Luis Caputo no participó de la reunión. Sin el ministro de Economía sentado a la mesa, fue el propio Milei quien encabezó el repaso de los principales indicadores y puso especial énfasis en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó ante sus funcionarios que fueron “muy positivos”.

El diagnóstico presidencial volvió a combinar el optimismo sobre la marcha de la economía local con una enumeración de amenazas provenientes del exterior. Milei señaló el elevado precio del petróleo, las tensiones sobre la oferta global y las altas tasas de interés de Estados Unidos como algunos de los shocks que condicionan el escenario argentino. Una lectura que permite a la Casa Rosada reivindicar los números que considera favorables y, al mismo tiempo, colocar fuera de las fronteras buena parte de los riesgos que enfrenta el programa económico.

Aun con ese escenario, Milei sostuvo que la Argentina continúa ubicándose entre los países que más crecen. El Presidente volvió así a defender ante su gabinete una economía que, en su lectura, logra diferenciarse de los vaivenes internacionales. Santiago Bausili, presidente del Banco Central y hombre de estrecha confianza de Caputo, sí estuvo presente.

El diagnóstico económico tuvo después un capítulo menos doméstico. Durante la segunda parte del encuentro ingresó Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, invitado para presentar ante el gabinete su último trabajo, “El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir”.

Según pudo saber elDiarioAR, Ades ubicó a 2022 como un punto de quiebre a partir del cual comenzó a consolidarse un nuevo escenario internacional y repasó las transformaciones que atraviesan la geopolítica, la deuda y los mercados. La exposición terminó desembocando en una tesis particularmente atractiva para el discurso que viene construyendo el Gobierno: que la Argentina puede encontrar en ese mundo más fragmentado una oportunidad antes que solamente una amenaza.

Por otro lado, la reunión de gabinete de este lunes también sirvió para hacer un balance de la denominada Argentina Week, que reunió en los últimos días al Presidente, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y varios ministros. Más allá de las exposiciones y las fotografías, en la Casa Rosada interesa especialmente otro resultado: qué dejaron políticamente los contactos con los gobernadores.

Santilli hizo un repaso de las conversaciones mantenidas con los 13 mandatarios provinciales que participaron de las actividades. Entre los asuntos que aparecieron estuvo la intención del Gobierno de avanzar con la suspensión de las PASO, una iniciativa para la que necesitará algo más que buena sintonía en los encuentros: requiere construir una mayoría en el Congreso. Ahí empieza una discusión bastante menos cómoda que la de los diagnósticos internacionales.

Es que la agenda parlamentaria empieza a complicarse también por otro frente. Mañana habrá una movilización contra la decisión de la Corte Suprema en torno a la Ley de Tierras, un conflicto que volvió a poner bajo la lupa el DNU 70/2023 y reactivó entre distintos sectores de la oposición la discusión sobre su posible rechazo en el Congreso. Mientras la Casa Rosada busca contar los votos para sus propias reformas, la oposición vuelve a contar los suyos para discutir una de las normas fundacionales del gobierno de Milei.

PL

Javier Milei lleva casi tres años en la Casa Rosada y todavía no consiguió nombrar a un solo juez de la Corte Suprema. No fue precisamente por falta de intentos. Eligió dos candidatos, negoció durante meses sus pliegos y, cuando el Senado se negó a acompañarlo, decidió probar por decreto. El experimento terminó mal. Desde entonces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti gobiernan un máximo tribunal que por ley debería tener cinco integrantes.

La ironía es que esa Corte incompleta terminó ocupando un lugar central en la política argentina de los años mileístas. Pero quizás ninguna decisión tuvo la dimensión de la que adoptó el 10 de junio de 2025, cuando los supremos rechazaron el último recurso de Cristina Fernández de Kirchner y dejaron firme su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad. Con sólo tres integrantes, cualquier desacuerdo habría obligado a recurrir a conjueces para formar mayoría. No hizo falta. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti coincidieron.

La escena contenía una paradoja difícil de pasar por alto. Apenas dos meses antes, Milei había sufrido en el Senado su mayor derrota en el intento por modificar la composición de la Corte. El 3 de abril de 2025, la Cámara alta rechazó por amplias mayorías las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El primero reunió 27 votos positivos, 43 negativos y una abstención; el segundo, apenas 20 apoyos frente a 51 rechazos. Para ingresar definitivamente necesitaban los dos tercios de los senadores presentes. Quedaron bastante lejos.

Aquel fracaso tuvo también responsables dentro de la propia Casa Rosada. La estrategia judicial de los primeros dos años llevó fundamentalmente la marca de Santiago Caputo. La negociación por Lijo y García-Mansilla fue conducida bajo su órbita y ejecutada desde Justicia por Sebastián Amerio, entonces número 2 de Mariano Cúneo Libarona y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. La máxima “los dos o ninguno”, con la que el Gobierno encaró durante buena parte de aquellas conversaciones, terminó, finalmente, bastante más cerca de lo segundo.

La historia había comenzado en 2024, cuando el Gobierno propuso a Lijo para ocupar la vacante que Elena Highton de Nolasco había dejado en 2021 y a García-Mansilla para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, que dejaría el tribunal al cumplir 75 años. Después de meses de audiencias, conversaciones con gobernadores y negociaciones con el peronismo, los números nunca cerraron.

Con la salida de Maqueda y el tribunal reducido a tres integrantes, Milei buscó otra vía. En febrero de 2025 nombró a ambos candidatos en comisión. Tampoco funcionó y el Senado votó en contra. El desenlace dejó una situación tan inédita como papelonesca: García-Mansilla ya había jurado y ejercía como ministro de la Corte, por lo que, después de que la Cámara alta rechazara su nombramiento, terminó presentando la renuncia al cargo al que el Presidente lo había hecho entrar por decreto.

Tres son multitud

Desde entonces, la excepcionalidad se convirtió en rutina. La Ley 26.183 establece una Corte de cinco miembros, pero los tres supremos llevan más de un año administrando solos el tribunal. “Son tres tipos que no necesitan pedirle permiso a nadie y que saben que, si se ponen de acuerdo, la historia termina ahí”, grafica con cierta resignación un abogado que sigue de cerca la relación del Gobierno con el Poder Judicial. Sin embargo, la relación con el Gobierno nunca fue lineal.

La prueba más reciente llegó esta misma semana con la Ley de Tierras. La Corte dejó sin efecto la cautelar que mantenía frenada la derogación de la Ley 26.737 dispuesta por Milei mediante el DNU 70/2023. Los jueces consideraron que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata no tenía legitimación para reclamar aquella medida y evitaron pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación.

El efecto político fue bastante menos abstracto. Al caer la cautelar, se caen también los límites para la adquisición de tierras rurales por extranjeros, incluido el techo del 15% a nivel nacional, provincial y departamental. “Lo paradójico es que ganamos el fallo y nos dejaron un quilombo político”, ironiza una voz oficial sobre una decisión que, en los papeles, favoreció la posición jurídica del Ejecutivo. Es que el Gobierno recibió un problema que no tenía anotado en la agenda y la oposición encontró una nueva oportunidad para intentar voltear el megadecreto de 2023, que el Senado ya había rechazado en marzo de 2024.

La controversia escaló hasta un punto poco habitual. Después de casi 48 horas de hermetismo, la Corte difundió una aclaración dirigida a la “opinión pública” para explicar qué había resuelto y, especialmente, qué no. Los jueces hablaron de “grupos de interés que presionan sobre el tema”, reivindicaron su trayectoria en defensa de los recursos naturales y cuestionaron los “discursos de odio y descalificación” posteriores al fallo.

El episodio volvió a dejar abierta una pregunta que adquiere otra dimensión cuando apenas tres personas concentran la última palabra constitucional. ¿Qué intereses económicos, políticos y corporativos encuentran mejores canales de llegada al máximo tribunal? No supone que los jueces respondan mecánicamente a alguno de ellos, pero alrededor de la Corte orbitan grandes estudios jurídicos, empresas y actores políticos que saben que muchas de sus disputas terminan en esos tres despachos.

Del Mago a Mahiques

El desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia en marzo de 2026 significó bastante más que un cambio de nombre. Sebastián Amerio, el hombre de Santiago Caputo que había conducido buena parte de la política judicial, fue desplazado por Karina Milei tras la anunciada salida de Cúneo Libarona de la cartera y la reorganización redujo la influencia directa que el asesor presidencial había tenido sobre el área.

Mahiques llegó con la misión de ordenar la relación con la Justicia y conseguir resultados donde la estrategia anterior había chocado contra el Senado. Eso implicaba reconstruir interlocución con jueces, gobernadores y legisladores, pero también sacarle provecho a un sistema con reglas e intereses propios que el funcionario conocía como la palma de su mano.

Los números empezaron a mostrar una diferencia. Para septiembre, el Gobierno acumulaba 166 designaciones de jueces, fiscales y defensores durante 2026. Sólo en agosto, el Senado aprobó 67 pliegos judiciales en una jornada, con acuerdos entre prácticamente todos los bloques. Entre ellos estuvo Pablo Yadarola, amigo personal de Mahiques, que pasó de Penal Económico a integrar la estratégica Sala I de la Cámara Federal porteña, encargada de revisar las decisiones de los juzgados de Comodoro Py. Su nombramiento expuso también hasta dónde podían llegar los nuevos acuerdos: obtuvo 66 votos y fue aprobado por unanimidad, incluido el peronismo, pese a que Cristina Kirchner lo había señalado años antes como uno de los jueces del “lawfare” por su participación en el viaje a la mansión del empresario Joe Lewis en Lago Escondido, en 2022.

Es que los candidatos provenientes de la propia familia judicial y el peso de los distintos grupos que intervienen en cada negociación vuelven a poner sobre la mesa la dimensión corporativa del Poder Judicial. En ese marco, comienzan a volver a aparecer conversaciones que mezclan dos discusiones diferentes: completar las vacantes actuales de la Corte o ampliar directamente el tribunal. Ambas cuestiones implican la construcción de acuerdos amplios.

En el Gobierno sostienen que, cuando llegue el momento, la prioridad debería ser volver a los cinco integrantes previstos por la ley. Milei y su ministro de Justicia hablaron este año sobre el tema, pero optaron por postergar una nueva batalla. La pregunta es si el método Mahiques, que permitió destrabar decenas de nombramientos, puede trasladarse alguna vez al cuarto piso de los tribunales de Talcahuano.

Oficialmente, no existe todavía una decisión de ampliar la Corte. De ocurrir, esa decisión cambiaría de golpe el valor de cada acuerdo, cada veto y cada candidato. Sin embargo, después del resonante fracaso de Lijo y García-Mansilla, nadie parece demasiado dispuesto a comenzar otra negociación sin conocer primero el tablero.

PL/MG