La figura del jefe de Gabinete nació hace 32 años con una promesa ambiciosa: introducir una dosis de parlamentarismo en el hiperpresidencialismo argentino. La Constitución reformada en 1994 imaginó un funcionario con peso político propio, responsable ante el Congreso y sujeto, llegado el caso, a una herramienta excepcional: la moción de censura. Tres décadas después, ese mecanismo nunca fue utilizado. Ninguno de los más de veinte jefes de Gabinete que pasaron por el cargo desde 1995 llegó a estar tan cerca de enfrentarlo. Manuel Adorni podría ser el primero.

La paradoja es todavía más grande si se observa la otra cara del fenómeno. Nunca antes un ministro coordinador había sido jaqueado desde el Congreso y blindado al mismo tiempo por un presidente con la intensidad con la que Javier Milei decidió sostener a Adorni. Mientras la oposición explora caminos parlamentarios para desplazarlo, los aliados piden tomar distancia y una parte del propio oficialismo reconoce que el caso se volvió demasiado costoso, el Presidente y Karina Milei se mantienen inamovibles: lo consideran inocente. Incluso, en privado, algunos funcionarios deslizan una hipótesis tan extrema como reveladora del clima político actual: si el Congreso consiguiera removerlo, Milei podría volver a designarlo en el mismo cargo.

La escena condensa una contradicción que atraviesa toda la historia de la Jefatura de Gabinete. Con el impulso clave de Raúl Alfonsín, el cargo fue concebido como una suerte de primer ministro argentino, un primus inter pares capaz de asistir al Presidente en la administración general del país y rendir cuentas ante el Congreso. En el diseño de 1994, esa figura debía funcionar como una válvula institucional: una manera de ordenar la gestión, de repartir responsabilidades y de atenuar la concentración de poder presidencial. En la práctica, sin embargo, la política argentina terminó convirtiéndolo en un ministro de confianza del Presidente, expuesto al desgaste cotidiano, con responsabilidades transversales y una autonomía siempre condicionada por la voluntad del jefe del Ejecutivo.

20

Los números ayudan a dimensionar esa distancia entre el diseño constitucional y la práctica política. Desde la creación efectiva del cargo, en julio de 1995, hubo 20 jefes de Gabinete distintos. Algunos duraron años. Otros apenas días. El promedio histórico ronda los veinte meses, una cifra que revela hasta qué punto la volatilidad fue una marca de origen. El área nunca logró consolidarse como una institución con reglas propias. Dependió siempre de la personalidad del presidente de turno, de la fortaleza política del ministro coordinador y del espacio real que cada administración decidió otorgarle.

Carlos Menem inauguró la figura con Eduardo Bauzá y luego Jorge Rodríguez. Fernando de la Rúa tuvo a Rodolfo Terragno y Chrystian Colombo, pero la crisis de 2001 convirtió al cargo en una estación de paso: durante las presidencias interinas desfilaron Humberto Schiavoni, Jorge Obeid y Antonio Cafiero, algunos por apenas unas horas. Eduardo Duhalde designó primero a Jorge Capitanich y luego a Alfredo Atanasof. En 2003, Néstor Kirchner, en cambio, optó por una continuidad excepcional: Alberto Fernández fue su único jefe de Gabinete y siguió durante la primeta mitad del primer año de mandato de Cristina Kirchner, hasta que la “crisis del campo” lo empujó a dejar su puesto.

La expresidenta tuvo una relación mucho más cambiante con el cargo. Entre 2008 y 2015, pasaron por la Jefatura de Gabinete Sergio Massa, Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y otra vez Aníbal Fernández. Mauricio Macri eligió el camino opuesto, más en línea con el primer Kirchner: Marcos Peña permaneció durante los cuatro años de mandato y se convirtió en el segundo ministro coordinador que más duró de la historia, después justamente de Alberto Fernández, quien fuera el único jefe de Gabinete en llegar a ser presidente. A partir de 2019, una vez sentado en el Sillón de Rivadavia, Fernández volvió a la lógica de la rotación y acumuló tres nombres: Santiago Cafiero, Juan Manzur y Agustín Rossi.

Desde 2023, Javier Milei ya suma tres jefes de Gabinete en apenas dos años y medio de gestión: Nicolás Posse, Guillermo Francos y Manuel Adorni. Es una secuencia que ilustra también la singularidad de su administración. Posse cayó abruptamente tras la primera gran crisis interna del Gobierno, en medio de acusaciones por supuesto espionaje interno. Francos ocupó el cargo como una figura de transición, respaldado por su experiencia política y su capacidad de negociación con gobernadores y opositores dialoguistas. Mientras que Adorni llegó como una apuesta completamente distinta, mucho más asociada a la construcción comunicacional que a la coordinación tradicional de la gestión.

Artículo 101

El artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe concurrir periódicamente al Congreso para informar sobre la marcha del Gobierno y que puede ser interpelado para el tratamiento de una moción de censura. También prevé que puede ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras. Pero como nunca fue utilizado, el mecanismo arrastra zonas grises. ¿Alcanza con que una sola cámara lo interpelle o deberían hacerlo ambas antes de votar la remoción? ¿Qué ocurre si una cámara avanza y la otra no? ¿Puede un Presidente volver a nombrar al mismo funcionario después de que el Congreso lo haya censurado? La Constitución no lo prohíbe expresamente. La política, hasta ahora, nunca necesitó responderlo.

Ese vacío práctico es parte del problema. La moción de censura fue pensada como una herramienta de control parlamentario, pero nació en un sistema que nunca dejó de ser presidencialista. En la Argentina, el jefe de Gabinete no gobierna como un primer ministro. No forma una mayoría parlamentaria propia, no cae cuando pierde apoyo legislativo ni conduce al resto de los ministros con autoridad autónoma. Es, en definitiva, un subordinado presidencial con obligaciones especiales ante el Congreso. Por eso la eventual remoción de Adorni no sólo pondría a prueba al funcionario. Pondría a prueba un mecanismo constitucional que lleva tres décadas dormido.

El caso expone, además, una anomalía política. La Jefatura de Gabinete fue creada para descargar responsabilidades del Presidente. En teoría, debía ser el cargo que absorbiera parte del desgaste de la gestión, ordenara los conflictos administrativos y funcionara como puente entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. En la práctica actual ocurre casi lo contrario. Milei está destinando una porción creciente de su capital político a sostener a su jefe de Gabinete. Lo que debía proteger al Presidente terminó siendo protegido por el Presidente.

¿Por qué Milei invierte tanto en Adorni? La pregunta recorre la Casa Rosada desde hace semanas y nadie ofrece una respuesta única. Algunos lo explican por la confianza personal. Otros por la lealtad absoluta del funcionario hacia Javier y Karina Milei. Hay quienes agregan un componente ideológico: el Presidente no parece mirar con la misma gravedad que otros sectores políticos la existencia de ahorros no declarados, en la medida en que los interpreta como una defensa de los ciudadanos frente al Estado. Pero también aparece una razón más simple y más política: correr a Adorni ahora sería leído como una concesión ante la oposición, ante los aliados y ante incluso Patricia Bullrich, la dirigente oficialista que más viene empujando una salida.

La presión de la exministra de Seguridad es un dato central. La senadora no rompió con el Gobierno ni se plegó a la estrategia del kirchnerismo, pero dejó claro que considera el caso como una “omisión ética” y que el tema debe ser resuelto. Su incomodidad expresa algo más amplio: una parte de los aliados del oficialismo no quiere quedar pegada a una defensa cerrada del jefe de Gabinete. El PRO y sectores de la UCR buscan despegarse sin aparecer alineados con el kirchnerismo, mientras que los gobernadores observan el costo de involucrarse en una discusión que no controlan.

Adorni, mientras tanto, quedó en una zona extraña. Sigue blindado por el Presidente, pero perdió centralidad política. Conserva el cargo, pero su agenda quedó condicionada por su defensa. Esa es otra diferencia con sus antecesores. Adorni llegó al cargo desde la comunicación, como una de las caras más reconocibles del mileísmo, y ahora enfrenta una discusión que afecta justamente su principal activo: la capacidad de explicar. No parece casual, en ese contexto, que el Gobierno haya designado al economista y diputado libertario Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial, en un movimiento que busca aliviar parte de la exposición cotidiana que hasta ahora recaía sobre el jefe de Gabinete.

Si el Congreso avanza, Adorni podría convertirse en el primer ministro coordinador interpelado con riesgo real de censura. Si el Congreso no avanza, el Gobierno habrá ganado tiempo, pero no necesariamente habrá cerrado la crisis. Si Milei lo sostiene, reforzará su autoridad presidencial pero seguirá pagando el costo de una controversia prolongada. Si lo corre, concederá una victoria política a quienes vienen pidiendo su salida. Si lo removieran y lo volviera a nombrar, abriría una discusión constitucional todavía más delicada. El juego está en proceso y tiene final incierto.

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El desayuno estaba agendado desde hacía varios días. Pero, a esta altura, la agenda ya es parte del mensaje. Apenas terminó la reunión que mantuvo este viernes por la mañana con Javier Milei en la Quinta de Olivos, Manuel Adorni utilizó su cuenta de X para anunciar el nombre del nuevo vocero presidencial: Adrián Ravier, economista y diputado nacional de La Libertad Avanza. El movimiento oficializa un nombramiento sensible dentro del organigrama libertario, mientras deja al descubierto una reconfiguración silenciosa que la Casa Rosada comenzó a ensayar alrededor del jefe de Gabinete: mantener intacto su blindaje político mientras empieza a descargarlo de una de las tareas que más exposición pública le generaron desde el inicio de la gestión.

La secuencia no parece casual. Milei decidió reforzar públicamente el respaldo sobre uno de sus funcionarios de mayor confianza en un momento especialmente delicado. El Presidente lo recibió a solas en Olivos para repasar asuntos de gestión y este sábado volverá a mostrarse junto a él en Rosario durante el acto oficial por el Día de la Bandera. Adorni ocupará un lugar destacado en la primera fila junto a Karina Milei, en una postal que reunirá a prácticamente todo el gabinete nacional y que buscará transmitir una idea de normalidad en medio de una controversia que ya lleva más de tres meses.

Sin embargo, la llegada de Ravier parece reconocer algo que hasta hace poco el oficialismo se resistía a admitir: el caso Adorni modificó el funcionamiento cotidiano del Gobierno. Javier y Karina Milei siguen considerándolo inocente y no tienen intenciones de desplazarlo, pero empiezan a ensayar una redistribución de responsabilidades destinada a reducir el desgaste que implica concentrar en una sola figura la vocería, la coordinación política y la defensa permanente frente a una controversia que no logra cerrarse.

La estrategia de blindaje tiene además una explicación política. En el Gobierno consideran que remover a Adorni en este contexto equivaldría a reconocer una derrota. Sería, según esa lectura, admitir que sus detractores consiguieron imponerle una decisión al Presidente. Milei no parece dispuesto a conceder ese terreno. Mucho menos alrededor de un funcionario que forma parte de su círculo más estrecho de confianza.

El problema es que esa determinación no alcanza para cerrar la discusión. La Casa Rosada logró postergar hasta el 25 de junio la sesión en el Senado que amenazaba con avanzar sobre el jefe de Gabinete, pero la controversia permanece intacta. La propia jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sigue siendo la dirigente que más empuja internamente para que los hermanos Milei encuentren una salida política.

En paralelo, Milei y Adorni intentan correr la discusión hacia otro terreno. Cerca del jefe de Gabinete hablan de una “agenda positiva”: una serie de anuncios y gestos de gestión pensados para romper el monopolio que el escándalo patrimonial ejerce sobre la conversación pública desde marzo. No hay, por ahora, un paquete de reformas ambiciosas ni una batería de proyectos de alto impacto. La apuesta es más simple y, al mismo tiempo, más defensiva: transmitir que el Gobierno sigue funcionando y evitar que la figura de Adorni continúe absorbiendo una parte desproporcionada de la energía política del oficialismo.

Los movimientos del jefe de Gabinete en las redes sociales responden a esa lógica. Desde la entrevista que brindó la semana pasada en LN+, donde intentó explicar el crecimiento de su patrimonio, multiplicó los anuncios vinculados a la gestión. Las publicaciones buscan transmitir actividad y evitar un silencio que, en el Gobierno, consideran políticamente riesgoso. El problema es que esa estrategia tiene un alcance limitado. Cada nuevo anuncio termina conviviendo con una discusión que vuelve una y otra vez al mismo lugar.

La dinámica cotidiana de Adorni también se alteró. El centro de gravedad de su trabajo se desplazó hace tiempo. Llega temprano a Balcarce 50, disminuyó sus apariciones públicas y quedó más corrido de las conversaciones políticas que atraviesan al oficialismo. En ese marco, los desayunos en Olivos dejaron de ser una escena administrativa para convertirse en una herramienta política. Ya no se leen como reuniones de trabajo sino como demostraciones de respaldo.

El anuncio del economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial forma parte de esa misma reconfiguración: además de exhibir que Adorni conserva capacidad de decisión, Milei necesita demostrar simultáneamente dos cosas: que el jefe de Gabinete sigue siendo una pieza central del esquema de poder y, al mismo tiempo, que ya no es necesario que sea él quien ocupe todos los días el centro de la escena pública. Si la llegada de Ravier busca correrlo parcialmente del desgaste de la vocería, también admite algo que hasta hace pocos meses parecía impensado: el Gobierno empezó a adaptar su funcionamiento a las consecuencias del caso Adorni.

PL/MG

La Casa Rosada ganó aire, pero no encuentra una salida. Después de varias horas de negociaciones encabezadas por Patricia Bullrich con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, el oficialismo logró este miércoles postergar hasta el 25 de junio la sesión en el Senado que amenazaba con convertirse en la primera gran derrota parlamentaria del caso Manuel Adorni. La jugada le permitió al Gobierno desactivar, al menos por unos días, el riesgo de una interpelación y una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. El problema es que la presión política alrededor del funcionario no sólo continúa intacta, sino que empieza a adquirir una dimensión que nadie en Balcarce 50 sabe muy bien cómo administrar.

En privado, el diagnóstico se volvió bastante más uniforme que semanas atrás. Nadie habla de una salida inminente, pero el consenso dentro del universo libertario es cada vez más amplio: el caso Adorni ya se extendió demasiado. Después de tres meses de explicaciones incoherentes, declaraciones juradas dilatadas y nuevas revelaciones patrimoniales, el oficialismo no logra encontrar un salvoconducto que le permita dar por terminada la discusión.

Por eso, la postergación conseguida en el Senado es leída como una victoria exclusivamente táctica. La Casa Rosada compró tiempo, pero no resolvió el problema. Y el interrogante que sobrevuela los despachos oficiales es el mismo desde hace varios días: ¿qué hacer si el desgaste sigue creciendo y ninguna de las estrategias defensivas logra modificar el escenario?

Las alternativas son pocas y todas resultan incómodas. La primera es que el propio Adorni dé un paso al costado. La segunda es que la oposición consiga avanzar con una moción de censura. Ninguna de las dos parece sencilla. La eventual renuncia supone una conversación extremadamente delicada que sólo una persona podría encarar: Karina Milei. Y antes de llegar a ese punto, la secretaria general de la Presidencia debería resolver un problema adicional que todavía no tiene respuesta: quién ocuparía su lugar.

La discusión sobre quién podría reemplazar a Adorni tiene un problema evidente: no hay un sucesor natural. Cada nombre que aparece trae consigo una dificultad distinta. Sandra Pettovello se resiste a abandonar un ministerio en el que construyó una dinámica propia y Pablo Quirno todavía no consigue atravesar todas las fronteras internas del oficialismo. Hasta resurgió una vieja idea que en su momento circuló en la intimidad del poder: que Karina Milei se hiciera cargo de la Jefatura de Gabinete, algo que, en realidad, nunca habría estado en sus planes.

Mientras tanto, Adorni transita un repliegue cada vez más visible. Llega temprano a la Casa Rosada, disminuyó notablemente su exposición pública y redujo su participación en las conversaciones políticas más sensibles. “Está concentrado en la gestión”, repiten cerca suyo. Pero incluso entre funcionarios aliados reconocen que su presencia en el día a día se volvió mucho menos frecuente.

Aun así, Milei está decidido a enviar una nueva señal de respaldo. El próximo sábado, en Rosario, volverá a mostrarse junto a Adorni durante el acto oficial por el Día de la Bandera, en una postal que, según prevén en la Casa Rosada, reunirá a prácticamente todo el gabinete nacional. La escena remite inevitablemente al 29 de abril, cuando el Presidente asistió junto a la plana mayor del Gobierno al Congreso para escuchar el informe de gestión del propio jefe de Gabinete, en un gesto que buscó transmitir unidad y blindarlo frente a las primeras críticas públicas. Dos meses después, la lógica es la misma, aunque el contexto es muy distinto. Ya no se trata de anticiparse a una controversia naciente, sino de exhibir respaldo en medio de una crisis política que no encuentra una vía de salida.

La foto tendrá, además, una tensión adicional. Patricia Bullrich, que participará del acto oficial, es hoy la dirigente que más presión interna ejerce para que Javier y Karina Milei tomen la decisión de desplazar a Adorni. Fue ella quien primero apuró la presentación de la declaración jurada, quien habló de una “omisión ética” y quien insiste, en privado, en que el desgaste del caso ya empezó a afectar al conjunto del Gobierno.

Victoria Villarruel, por su parte, también estará en el acto del Día de la Bandera, aunque por fuera de la comitiva presidencial. La vicepresidenta anunció su participación a través de las redes sociales con un mensaje cargado de simbolismo personal: “El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna”. La escena promete condensar buena parte de las tensiones que atraviesan hoy al oficialismo. Mientras Milei redobla el blindaje sobre su jefe de Gabinete, Bullrich empuja una salida política y Villarruel continúa construyendo un perfil institucional propio, cada vez más autónomo respecto del núcleo duro libertario.

Cerca de Adorni rechazan de manera terminante que Karina Milei le esté buscando una salida elegante o evaluando una embajada en el exterior como destino alternativo. Pero tampoco ocultan el cansancio que produce una discusión que parece no tener final. Parte de la agenda del jefe de Gabinete sigue absorbida por las conversaciones con su abogado, el penalista Matías Ledesma, con quien preparó la presentación patrimonial que terminó desembocando en la polémica entrevista televisiva en LN+.

Hay una consecuencia adicional que ya nadie discute dentro del oficialismo. El proyecto político que alguna vez imaginó a Adorni como una de las figuras con mayor proyección dentro de La Libertad Avanza quedó suspendido permanentemente. El propio jefe de Gabinete intentó clausurar ese debate al negar que alguna vez hubiera querido ser candidato en la Ciudad de Buenos Aires. Pero lo cierto es que esa discusión ya perdió relevancia. Nadie piensa hoy en futuras candidaturas.

La pregunta es otra. Y probablemente sea la misma que explica el estado de ánimo que atraviesa a buena parte del Gobierno: ¿cómo se sale de un caso que ya consumió tres meses de agenda pública y que sigue regresando una y otra vez al centro de la escena? La sensación que empieza a extenderse en Balcarce 50 es tan incómoda como evidente. El oficialismo logró ganar una semana más. Lo que todavía no consiguió es encontrar una manera de dejar atrás el problema Adorni. Ni siquiera la foto que Milei planea construir el sábado en Rosario parece suficiente para garantizarlo.

PL / NB

La Casa Rosada entró en modo contención. Por primera vez desde que estalló la controversia patrimonial alrededor de Manuel Adorni, el Gobierno activó a toda su estructura política para evitar que el jefe de Gabinete quede expuesto a una derrota en el Congreso. Los miembros de la mesa política libertaria recibieron en las últimas horas una misión concreta: persuadir a los aliados históricos del oficialismo de que no acompañen los pedidos de interpelación y moción de censura impulsados por la oposición.

El objetivo inmediato es uno solo: impedir que el caso Adorni se transforme en una crisis institucional de dimensiones inéditas. El primer desafío aparece este jueves en el Senado. La convocatoria deberá terminar de definirse en la reunión de labor parlamentaria encabezada por Victoria Villarruel, una de las dirigentes más críticas del jefe de Gabinete dentro del universo que rodea al mundo libertario. Allí, el peronismo intentará avanzar con aquella herramienta incorporada a la Constitución durante la reforma de 1994 y que nunca fue utilizada en la historia reciente del país.

La respuesta oficial llegó incluso antes de que la discusión escalara. El martes por la noche, la Jefatura de Gabinete envió una nota a la Cámara alta confirmando que Adorni se presentará el próximo 2 de julio a brindar su informe de gestión. En Balcarce 50 la decisión es presentada como una obligación institucional. Pero también funciona como una estrategia de fuga hacia adelante: exponer al funcionario en el terreno donde el oficialismo se siente más cómodo y evitar que la oposición imponga sus propios tiempos.

La línea argumental que el Gobierno está desplegando con sus socios parlamentarios es sencilla y busca correr la discusión del patrimonio de Adorni para trasladarla al terreno de la institucionalidad. El mensaje que hacen llegar a gobernadores, radicales y dirigentes del PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, es que acompañar la moción de censura implicaría abrir un precedente que podría alterar el equilibrio entre poderes. El problema es que, a diferencia de otras discusiones legislativas, esta vez el oficialismo no encuentra un bloque naturalmente dispuesto a salir a defender a Adorni.

El argumento no termina de convencer a todos. Los aliados atraviesan una situación incómoda. Por un lado, no quieren aparecer alineados con una ofensiva liderada por el kirchnerismo, una bancada a la que acusan de incurrir en una evidente contradicción al cuestionar la ética pública de un funcionario mientras Cristina Kirchner cumple una condena por corrupción. Por otro, tampoco están dispuestos a quedar pegados a la defensa irrestricta de un jefe de Gabinete cuya imagen viene sufriendo un desgaste sostenido desde marzo.

El mensaje que comenzó a circular en las últimas horas va en esa dirección. “Presidente: los que estamos apoyando el cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, advirtió el PRO en un breve comunicado dirigido directamente a Milei. La UCR, en tanto, explora salidas intermedias que le permitan tomar distancia del funcionario sin quedar absorbida por una avanzada encabezada por Unión por la Patria. El escenario es tan delicado que, más que conseguir respaldos explícitos, el Gobierno ya considera un éxito lograr que muchos de sus socios simplemente no se sienten en sus bancas cuando llegue el momento de votar.

La situación produjo una paradoja difícil de ignorar. Patricia Bullrich, probablemente la principal crítica interna de Adorni, se convirtió al mismo tiempo en una de las dirigentes encargadas de evitar que el Congreso avance sobre él. Lo mismo sucede con otros referentes oficialistas que, en privado, admiten reparos sobre la estrategia de defensa adoptada por el funcionario, pero no quieren prestarse a una ofensiva que pueda terminar fortaleciendo a la oposición.

Por eso, el verdadero objetivo del Gobierno no es ganar una votación sino evitar que esa votación exista. En algunos despachos consideran que la salida más elegante para los aliados consiste directamente en no dar quórum. Otros exploran fórmulas intermedias que les permitan tomar distancia del caso Adorni sin aparecer acompañando una iniciativa impulsada por Unión por la Patria.

La preocupación de la Casa Rosada no termina en el Senado. Si logra atravesar esa instancia, el siguiente frente se abrirá en Diputados. Allí el panorama es más complejo porque la iniciativa para interpelar al jefe de Gabinete ya no está impulsada únicamente por el kirchnerismo, sino por un conjunto mucho más amplio de bancadas opositoras que aspiran a llevar el tema a comisión el próximo 23 de junio y, posteriormente, al recinto.

Mientras tanto, en Balcarce 50 intentan transmitir calma. Repiten que la economía “va viento en popa”, que la discusión alrededor del patrimonio de Adorni no modifica el rumbo general del Gobierno y que los argentinos están preocupados por otros asuntos. El problema es que la política parece estar empezando a pensar distinto. Después de tres meses, el caso hace tiempo que dejó de ser un asunto exclusivamente judicial y pasó a poner en jaque el capital simbólico y político del oficialismo. Aun así, Milei no tiene previsto alterar su agenda ni tomar distancia de su jefe de Gabinete. De hecho, el próximo sábado Adorni lo acompañará a Rosario en el acto por el Día de la Bandera, un gesto que en la Casa Rosada interpretan como una nueva señal de respaldo presidencial en medio de la tormenta.

Hasta hace poco, la pregunta era cómo defender a Adorni. Ahora el desafío consiste en evitar que el Congreso obligue a La Libertad Avanza a tomar una decisión que, por el momento, Javier Milei sigue decidido a postergar. El Presidente y su hermana ya tomaron partido: consideran al jefe de Gabinete inocente y amenazan, en caso de que la oposición avance en su moción de censura, con volverlo a nombrar en su cargo. La incógnita es si el resto del sistema político tiene la suficiente fuerza como para torcerle el brazo.

PL/MG

Hasta hace tres meses, en la Casa Rosada se discutía cómo fortalecer a Manuel Adorni. Hoy, en cambio, todo gira en torno a quién podría reemplazarlo si la presión judicial y política continúa escalando. La diferencia entre una conversación y la otra ayuda a medir hasta qué punto el caso llegó a una zona de máxima tensión para el Gobierno. Nadie habla de una salida inminente ni mucho menos de una decisión tomada. Javier Milei sigue sosteniéndolo. Pero el hecho mismo de que haya comenzado una silenciosa danza de candidatos a sucederlo revela que la figura del jefe de Gabinete se transformó en un asunto que la Casa Rosada siente que ya no puede administrar indefinidamente.

El nombre que aparece primero en casi todas las conversaciones es el de Pablo Quirno. El canciller reúne varias de las características que el oficialismo considera imprescindibles para el cargo. Tiene perfil técnico, buena relación con los distintos ministerios y, sobre todo, un vínculo fluido con Karina Milei. En Balcarce 50 destacan además su bajo perfil y una cualidad que hoy se volvió especialmente valiosa: no arrastra controversias propias que amenacen con consumir la agenda política del Gobierno.

Sandra Pettovello es otra dirigente que aparece recurrentemente en la danza de nombres. Sin embargo, quienes la conocen descartan que tenga intenciones de abandonar el Ministerio de Capital Humano. La funcionaria conserva un vínculo privilegiado con Milei y mantiene un margen de autonomía poco habitual dentro del gabinete. Pero la Jefatura de Gabinete implica otra dinámica: una subordinación cotidiana mucho más intensa respecto de la hermana del Presidente, la figura que concentra buena parte del poder político del oficialismo. Y Pettovello no parece dispuesta a resignar el lugar que construyó para pasar a administrar el día a día de la secretaria general.

Es que el cargo de ministro coordinador se convirtió en uno de los menos atractivos del organigrama oficial. Exige absorber conflictos ajenos, administrar tensiones internas y quedar inevitablemente expuesto a la dinámica cotidiana del poder. Algunos funcionarios reconocen, incluso, que el principal obstáculo no es encontrar un nombre sino encontrar a alguien dispuesto a asumir un puesto que hoy se percibe como un lugar de enorme desgaste. Esa limitación ayuda a explicar por qué las alternativas son pocas y ninguna termina de generar consenso.

Los hermanos Milei mantienen una postura inalterable: consideran a Adorni “inocente”. Para el Presidente, la discusión debería terminar allí: hasta que la Justicia demuestre lo contrario, el jefe de Gabinete no tiene nada que explicar. La pregunta que nadie termina de responder con precisión es por qué Milei decidió invertir tanto capital político en sostener a Adorni.

¿Se trata únicamente de una cuestión de confianza personal? ¿De la necesidad de proteger a uno de los pocos dirigentes que, aunque haya mentido acerca de su patrimonio, nunca cuestionó una sola decisión del núcleo de poder? ¿O del temor a que una eventual caída sea interpretada como una señal de debilidad? En la Casa Rosada conviven todas esas hipótesis y ninguna termina de imponerse sobre las demás.

Las señales que llegan desde el entorno de Karina Milei, sin embargo, son algo más ambiguas que semanas atrás. Quienes la frecuentan aseguran que el vínculo personal con Adorni permanece intacto, pero también perciben un cambio de actitud. ¿Es verdad que ya no existe la misma vocación por cerrar filas automáticamente cada vez que surge una crítica interna? La prioridad estaría en evitar que la polémica siga condicionando la hoja de ruta oficial.

Por eso, aunque públicamente minimizan el impacto de la controversia, en privado empezaron a aparecer señales de preocupación. Algunos aliados de la UCR y del PRO ya transmitieron un mensaje concreto a Balcarce 50: evitar exponerlos a una eventual interpelación parlamentaria que pueda derivar en una derrota política. “No nos hagan votar esto porque la van a perder”, fue la advertencia que distintos interlocutores hicieron llegar durante los últimos días.

El calendario tampoco ayuda. El 23 de junio aparece como una fecha sensible porque la oposición intentará avanzar en Diputados con una interpelación apoyándose en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a remover a un jefe de Gabinete. La herramienta existe desde la reforma constitucional de 1994, pero nunca fue utilizada exitosamente. El 2 de julio, en tanto, Adorni ya tiene otro compromiso agendado: volverá al Congreso para presentar su informe de gestión, ahora ante el Senado, y, según repiten cerca suyo, piensa hacerlo como si nada hubiera ocurrido.

Esa decisión forma parte de una estrategia deliberada. En la Casa Rosada la describen como una forma de recuperar iniciativa política y escapar de la lógica defensiva en la que quedó atrapado desde marzo. Una fuga hacia adelante. Hay, además, una segunda convicción que atraviesa a todo el oficialismo. En Balcarce 50 están persuadidos de que la controversia no altera en absoluto la principal fuente de legitimidad del Gobierno: la economía. “Va viento en popa”, repiten. Y agregan un argumento que se escucha cada vez más seguido en los despachos oficiales: el patrimonio del jefe de Gabinete no figura entre las prioridades de “lo que verdaderamente le importa a la gente”. Dudoso.

En el fondo, el problema ya no es Adorni en sí mismo, sino el tiempo que el Gobierno está obligado a dedicarle a Adorni. El ministro coordinador, por lo pronto, no parece contemplar un paso al costado. En su entorno prevalece la idea de que su posición institucional le ofrece hoy un margen de protección mayor al que tendría fuera de la gestión. Más que lo que pueda resolver la Justicia, la verdadera incógnita es hasta dónde el Gobierno podrá sostener este equilibrio sin verse obligado a tomar una decisión propia.

PL/MC

—Ya lo escucharon al Presidente. Al que le guste bien, al que no ya sabe qué hacer.

La frase cayó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada apenas unos segundos después de que Javier Milei abandonara la reunión de gabinete. Acababa de protagonizar una defensa cerrada de Manuel Adorni frente a sus ministros. Ya en su ausencia, el jefe de Gabinete tomó la palabra y dejó ese mensaje sin matices. No era una explicación ni una invitación al debate. Se trataba de una advertencia respaldada por el único aval que realmente importa dentro del oficialismo: el del propio libertario.

La escena ocurrió en una semana particularmente sensible. Era la tarde del 8 de mayo y el clima estaba cruzado por los primeros cuestionamientos acerca de la demora de Adorni en la presentación de su declaración jurada patrimonial, la que finalmente dio a conocer el viernes. Patricia Bullrich, titular del bloque libertario en el Senado y una de las dirigentes con mayor peso político de La Libertad Avanza, acababa de reclamar públicamente que el jefe de Gabinete presentara de una vez la documentación. El planteo generó inquietud en Balcarce 50: la exministra no estaba cuestionando a un funcionario cualquiera. Estaba poniendo el foco en uno de los alfiles predilectos de Karina Milei.

Más de un mes después, la historia está lejos de haber terminado. La declaración jurada presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción mostró una evolución patrimonial significativa: pasó de declarar bienes por $662,6 millones a informar un patrimonio de $944,6 millones al cierre del período. Un crecimiento que, durante la entrevista con LN+ del miércoles por la noche, intentó explicar mediante ganancias obtenidas con bitcoin y ahorros “en negro” acumulados durante años junto a su esposa. Lejos de cerrar la discusión, sus argumentos abrieron nuevas preguntas. Y Bullrich volvió a aparecer en escena.

“Esto es más que un error. Es una omisión ética y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”, sostuvo la senadora en declaraciones a la agencia NA. Después fue todavía más lejos: “Y ahora será la Justicia la que tendrá que determinar”. La paradoja es que todo esto ocurre alrededor de un dirigente que hasta hace apenas unos meses era mencionado regularmente en las conversaciones internas del oficialismo como una de las opciones más competitivas para encabezar una futura candidatura en la ciudad de Buenos Aires. Leal a Karina Milei y convertido en una de las caras más conocidas del Gobierno, Adorni parecía reunir varios de los requisitos que La Libertad Avanza necesitaba para construir una oferta electoral competitiva en territorio porteño, como ya había ocurrido exitosamente en las elecciones de 2025.

Ese escenario empezó a desmoronarse en marzo, cuando estalló la polémica por su viaje a los Estados Unidos en el avión oficial junto a su esposa, Bettina Angeletti, y comenzó la investigación judicial que todavía sigue abierta. La transformación tuvo efectos concretos sobre su desempeño cotidiano. Cuando asumió como jefe de Gabinete, el karinismo esperaba que Adorni evolucionara desde su rol de portavoz hacia funciones más clásicas de coordinación política y administrativa. Que ordenara la relación entre ministerios y se transformara en un articulador de la gestión. Sin embargo, desde que estalló la controversia patrimonial, su agenda parece haber quedado empantanada.

La reunión de mesa política del viernes reflejó con bastante precisión esa tensión. Mientras el Gobierno intentaba retomar su agenda legislativa y discutir proyectos como la reforma política, el Super RIGI o la ley de lobby, una parte importante de las conversaciones seguía orbitando alrededor de Adorni. La imagen que trascendió del encuentro buscó transmitir otra cosa: se ve a Patricia Bullrich soplando la vela de cumpleaños 70 rodeada por el resto de la plana mayor oficialista. El detalle es que la torta la había llevado el propio jefe de Gabinete, tal como había anticipado la noche anterior en LN+.

La foto mostró, una vez más, que Adorni conserva un lugar privilegiado dentro del esquema de poder libertario. Pero también dejó en evidencia una paradoja. ¿Cuánto tiempo puede dedicar un jefe de Gabinete a explicar su patrimonio sin que eso termine afectando el rol para el que fue designado? No casualmente, de esa misma reunión surgió la decisión de que vuelva al Senado durante julio para presentar su informe de gestión. En la Casa Rosada lo presentan como una obligación institucional. Otros lo interpretan como un intento de recuperar iniciativa política y escapar, aunque sea por unas horas, de una agenda que desde marzo parece perseguirlo siempre hacia el mismo lugar.

La historia sin fin

El clima al interior del oficialismo está lejos de ser homogéneo. Existen funcionarios que consideran que la situación terminará disipándose y que el respaldo de Milei alcanzará para atravesar la tormenta. Otros creen que la explicación ofrecida por Adorni dejó abiertas más preguntas de las que cerró. Lo que prácticamente nadie discute es que el episodio modificó la dinámica de funcionamiento de la Casa Rosada. Desde marzo, una parte significativa de las conversaciones políticas alrededor del jefe de Gabinete gira menos alrededor de sus decisiones de gobierno que de sus estrategias de defensa.

La situación genera incomodidad ya que la cuestión no es solamente jurídica. Es, sobre todo, profundamente simbólica. Durante los últimos años, el Gobierno hizo del discurso contra los privilegios de la dirigencia tradicional uno de los pilares de su identidad política. En ese sentido, las palabras de Bullrich parecen buscar hablarle a su propio electorado, al expresar su preocupación genuina acerca del desgaste que indefectiblemente tiene una controversia tan prolongada en el tiempo. No fue la única señal en esa dirección. El PRO, por ejemplo, difundió un mensaje breve pero cargado de significado dirigido directamente a Milei: “Queremos que defienda el cambio, no a Adorni”.

En los últimos meses, la Casa Rosada creyó en varias oportunidades que el asunto estaba cerca de quedar atrás. Sin embargo, cada nuevo capítulo terminó reabriendo la discusión. Las burlas que se multiplicaron en redes sociales después de la entrevista en LN+ fueron apenas la última manifestación de un deterioro que se arrastra hace tiempo y sin un fin en el horizonte. ¿Cuántas veces puede un gobierno volver sobre el mismo tema sin que eso termine generando un costo político insalvable?

Los hermanos Milei, por ahora, parecen aferrarse a una convicción simple: considerar inocente a Adorni hasta que la Justicia demuestre lo contrario. Pero cada vez que parece haber encontrado una respuesta definitiva, aparece una nueva pregunta. Cada vez que cree haber cerrado la discusión, la discusión vuelve. En política, pocas cosas erosionan tanto como quedar atrapado en un loop del que no se encuentra una salida convincente.

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Anoche, mientras intentaba explicar el origen de su patrimonio en los estudios de LN+, Manuel Adorni se permitió una pausa para hablar de otra cosa. Contó que este jueves pensaba llevarle una torta a Patricia Bullrich por su cumpleaños. La escena buscaba transmitir normalidad en medio de una de las semanas más difíciles desde que llegó al Gobierno. Pero para cuando amaneció en la Casa Rosada, el clima estaba lejos de parecerse al de una celebración. La presentación de su declaración jurada patrimonial, la admisión pública de que durante años mantuvo ahorros “en negro” junto a su esposa y la polémica por la adhesión de ambos al régimen simplificado de Ganancias habían dejado abiertas más preguntas de las que cerraron.

A diferencia de otras crisis recientes, la estrategia desplegada por Adorni durante las últimas horas no fue diseñada por la mesa política libertaria ni coordinada con el núcleo duro que rodea a Javier Milei. Según pudo saber elDiarioAR, la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción y la posterior entrevista televisiva fueron preparadas por un reducido grupo de abogados y contadores ligados al jefe de Gabinete. El dato no pasó inadvertido dentro del oficialismo. Tampoco sus consecuencias.

Las primeras lecturas que circularon este jueves entre funcionarios y dirigentes libertarios estuvieron lejos del entusiasmo. Nadie discute que Adorni sigue siendo uno de los dirigentes más cercanos a Karina Milei ni que conserva, por ahora, el respaldo de la secretaria general de la Presidencia. Sin embargo, la entrevista no consiguió dejar atrás las dudas que sobrevuelan sobre su situación patrimonial. Hay quienes comenzaron a reavivar un debate silencioso que atraviesa desde hace meses a la cúpula libertaria. ¿Quién podría ocupar el lugar de Adorni si la presión judicial o política terminará obligándolo a concentrarse exclusivamente en su defensa?

En la Casa Rosada nadie cuestionó la solvencia con la que Adorni enfrentó la entrevista televisiva, pero se remarcó que la estrategia fue concebida por fuera de los canales habituales de decisión del oficialismo. “Lo que mostró y lo que explicó fue una construcción exclusivamente de su entorno más cercano”, sintetizaron. Para algunos funcionarios, la explicación ayudó a completar el rompecabezas judicial. Para otros, abrió interrogantes políticos que hasta ese momento no existían.

Es que, durante meses, el jefe de Gabinete había insistido en que su situación patrimonial estaba debidamente informada ante los organismos correspondientes. Sin embargo, este miércoles por la noche incorporó nuevos elementos para justificar la evolución de sus bienes, como ganancias obtenidas con inversiones en bitcoin y hasta una herencia y ahorros no declarados acumulados durante años junto a su esposa, Bettina Angeletti.

En ese marco, algunos dirigentes incluso empiezan a observar con otros ojos ciertos movimientos recientes de Karina Milei. Como reveló Delfina Celichini en La Nación, la cena que compartió esta semana con Sandra Pettovello, Martín Menem y otros referentes libertarios en un restaurante de Villa Urquiza fue leída por algunos sectores como una demostración de cohesión interna. Otros, en cambio, la interpretaron como una señal de que la secretaria general ya comenzó a pensar escenarios alternativos.

Por ahora, no obstante, esas especulaciones chocan contra un mismo límite. La propia hermana del Presidente sigue siendo el principal ariete político del jefe de Gabinete. Ninguno de los integrantes de la mesa política salió este jueves a respaldar a Adorni públicamente en las redes sociales, pero tampoco hubo señales de ruptura. Pero si una dirigente tan central para el oficialismo como Patricia Bullrich ya habla de una “omisión ética”, ¿qué ocurrirá si la causa judicial suma nuevos capítulos o aparecen más preguntas sobre el patrimonio del funcionario?

La entrevista en LN+ tenía la intención de cerrar un capítulo. Sin embargo, dentro y fuera del Gobierno existe la sensación de que apenas constituyen el primer movimiento de una estrategia defensiva que todavía no terminó de desplegarse. Si el fiscal Gerardo Pollicita decide profundizar las medidas de prueba o aparecen nuevos interrogantes sobre los movimientos patrimoniales del matrimonio, Adorni deberá encontrar argumentos adicionales a los que ofreció anoche. La incógnita pasa ahora por la capacidad de sostener en el tiempo una explicación que resista simultáneamente el escrutinio de los tribunales, de la opinión pública y de sus propios compañeros de Gobierno.

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Después de varios meses de incertidumbre, Manuel Adorni presentó finalmente su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. Pero lejos de cerrar la discusión sobre su patrimonio, la abrió todavía más. Horas después de quedar envuelto en una polémica por la adhesión de él y de su esposa al régimen simplificado de Ganancias contemplado en la Ley de Inocencia Fiscal, el jefe de Gabinete reconoció públicamente que durante años mantuvo ahorros no declarados y atribuyó buena parte de su crecimiento patrimonial a ganancias obtenidas con inversiones en bitcoin.

“Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, afirmó este miércoles por la noche durante una entrevista con LN+. La frase tuvo un impacto inmediato en la Casa Rosada. No solo porque llega en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales, sino porque contradice parcialmente algunas explicaciones previas del propio funcionario. En marzo, cuando comenzaron a multiplicarse las preguntas sobre su patrimonio, Adorni había asegurado que “todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

La explicación que ofreció ahora fue diferente. Según relató, tanto él como su esposa Bettina Angeletti acumularon durante años ahorros no registrados formalmente como una forma de protegerse de la inestabilidad económica argentina. “Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años”, sostuvo. Además aseguró que parte de la evolución patrimonial observada por la Justicia se explica por ganancias cercanas a los 300.000 dólares obtenidas mediante inversiones en bitcoin y por una herencia recibida en los últimos años.

La secuencia resultó particularmente incómoda para el oficialismo porque coincidió con la controversia generada por la adhesión de Angeletti y del propio Adorni al régimen simplificado de Ganancias creado por la Ley de Inocencia Fiscal. Durante toda la jornada, funcionarios y dirigentes libertarios intentaron relativizar la polémica y sostuvieron que no existía ninguna irregularidad. “No hay ninguna ilegalidad”, repetían este jueves en distintos despachos oficiales. El argumento era sencillo: si el propio Gobierno impulsó esa ley para que los contribuyentes utilizaran las herramientas previstas en ella, resultaría contradictorio cuestionar que funcionarios o familiares de funcionarios decidieran hacerlo.

La explicación oficial fue en la misma dirección. Después de que trascendiera la adhesión de su esposa y luego la propia, Adorni transmitió a su entorno una aclaración tajante: “Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo”. Cerca del jefe de Gabinete insistieron en que se confundieron dos instrumentos distintos incluidos dentro de la misma ley. Según esa versión, el matrimonio únicamente adhirió al régimen simplificado de Ganancias, un mecanismo administrativo mediante el cual ARCA confecciona una declaración jurada preliminar que el contribuyente solo debe revisar y validar. “En nuestro caso solo utilizaremos uno de los instrumentos previstos por la ley, el régimen simplificado de Ganancias”, señalaron.

De hecho, la ley que Javier Milei celebró como uno de los mayores logros de su administración y que el propio Adorni describió meses atrás como una norma que “quedará en la historia grande de nuestro país” tiene una particularidad difícil de ignorar: muchos de sus principales defensores fueron también algunos de sus primeros usuarios. Los registros de ARCA muestran que durante los últimos meses un nutrido grupo de funcionarios, asesores y dirigentes cercanos al oficialismo solicitó adherir al régimen, lo que ayuda a explicar por qué dentro del Gobierno existe tan poca disposición a cuestionarlo.

Para buena parte del oficialismo se trata, sencillamente, de una herramienta que está funcionando exactamente como fue concebida. Algunos contadores consultados por elDiarioAR señalaron que el esquema ofrece tres ventajas concretas: simplificación administrativa, un límite a las facultades de revisión de ARCA sobre períodos anteriores y la posibilidad de regularizar determinados bienes o inconsistencias fiscales sin recurrir formalmente a un blanqueo tradicional. Precisamente por eso la adhesión de Angeletti encendió alarmas fuera del Gobierno, aunque dentro de la Casa Rosada predomina la idea de que el debate está políticamente sobreactuado.

Paradoja fiscal

La defensa tiene además un componente ideológico difícil de soslayar. La Ley de Inocencia Fiscal fue presentada hace exactamente un año en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada y constituyó uno de los proyectos tributarios más ambiciosos de la administración Milei. Aquella tarde, desde el atril, José Luis Espert encabezó la presentación política de la iniciativa. El economista, que por entonces era una de las principales espadas parlamentarias del oficialismo antes de quedar definitivamente corrido del escenario político por las denuncias que lo vinculaban con presuntos aportes provenientes del narcotráfico, reivindicó la reforma en términos casi fundacionales. “Este cambio comienza con un cambio conceptual: no es el argentino el que está en falta con el Estado, es el Estado el que está en falta con los argentinos. El Estado les puso el arma y el gatillo en la cabeza. Eso se termina con nosotros”, afirmó ante funcionarios, periodistas y con el ministro Luis Caputo sentado en primera fila.

A su lado estaba Juan Pazo, entonces titular de ARCA y principal arquitecto técnico del proyecto. Fue él quien explicó los aspectos más novedosos de la reforma. “Vamos a abandonar el esquema persecutorio de la ex AFIP. A partir de ahora, todos son inocentes hasta que ARCA diga lo contrario”, sostuvo. Pero hubo una frase que hoy, a la luz de la polémica alrededor de Adorni, adquiere una resonancia especial. Al describir las ventajas del régimen simplificado de Ganancias, Pazo aseguró que quienes ingresaran al sistema quedarían protegidos frente a futuras investigaciones patrimoniales.

“Para que se entienda: en el ejemplo extremo, si durante ese ejercicio fiscal una persona compra cinco departamentos, ARCA solo le cobrará Ganancias por lo que haya facturado”, explicó el entonces titular del ente recaudador. Y remató con una definición que hoy vuelve a ser observada con atención: “Van a pagar por lo facturado y nada más. No importa si aumentó su patrimonio o su consumo. Ningún gobierno del futuro podrá ir a buscarlos”. Pazo, como no podía ser de otra manera, también figura entre quienes terminaron adhiriendo al régimen.

Es que la discusión pública ya no gira únicamente alrededor de si se trata o no de un blanqueo. El problema para el Gobierno es que algunos de los argumentos utilizados para promover la ley el año pasado parecen haber adquirido una lectura distinta ahora que varios de sus propios funcionarios comenzaron a utilizarla. La polémica, además, horas antes de que Adorni presente la declaración jurada patrimonial y que deberá responder buena parte de las preguntas formuladas por la investigación que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita sobre la evolución de su patrimonio y el de su esposa.

En los pasillos de Casa Rosada repiten que no existe ninguna incompatibilidad, que el régimen fue creado precisamente para que los contribuyentes se adhieran y que utilizar una herramienta legal no puede transformarse en una sospecha. El problema es otro. Visto desde afuera, el cuadro ofrece una imagen incómoda para cualquier gobierno: una ley presentada como una revolución tributaria, defendida con el argumento de que limitaría futuras investigaciones y utilizada poco después por algunos de sus principales impulsores.

Aunque jurídicamente no implique ninguna irregularidad, la secuencia alimenta una pregunta políticamente difícil de desactivar: si el Gobierno diseñó una herramienta para liberar a los ciudadanos del control fiscal o si terminó construyendo un mecanismo que también podía servir para protegerse de eventuales acusaciones sobre el origen de sus propios patrimonios.

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La situación patrimonial de Manuel Adorni volvió a quedar en el centro de la escena. Apenas días después de asegurar que su declaración jurada patrimonial sería publicada “más temprano que tarde”, el jefe de Gabinete quedó envuelto en una nueva polémica luego de que se conociera que tanto él como su esposa solicitaron adherir al régimen simplificado de Ganancias contemplado dentro del paquete de medidas que el Gobierno bautizó como “Inocencia Fiscal”.

La defensa oficial apuntó a diferenciar dos instrumentos que, según sostienen cerca del funcionario, fueron confundidos en parte de la cobertura periodística. “Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes”, explicaron fuentes cercanas a Adorni, según publicó Clarín.

De acuerdo a esa versión, la denominada Inocencia Fiscal constituye el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario y elevar los montos previstos en la Ley de Procedimiento Fiscal, con el objetivo de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores. “Asimismo, se actualizan los montos de las multas por infracciones generales que habían quedado obsoletos”, agregaron.

Distinto sería, afirman, el caso del régimen de declaración jurada simplificada al que adhirió primero su esposa, Bettina Angeletti, y luego el propio jefe de Gabinete. Cerca de Adorni lo describen como un mecanismo meramente administrativo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales. “En este caso, ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad. Se trata de un trámite mucho más rápido y sencillo que permite cerrar el año fiscal de manera inmediata al momento de presentar y abonar el saldo determinado por el sistema”, explicaron.

La aclaración oficial incluyó además una definición terminante que, según distintas fuentes, Adorni transmitió en privado durante las últimas horas: “En nuestro caso, Bettina y yo no vamos a entrar a ningún blanqueo. Solo nos adherimos al régimen fiscal simplificado de ganancias”. Y agregaron: “Es información de público conocimiento ya que figura en nuestra constancia de inscripción en la web de ARCA”.

“Entendiendo que la ley de Inocencia Fiscal contempla varios instrumentos para los contribuyentes, en nuestro caso solo utilizaremos uno, el régimen simplificado de ganancias, cuyo objetivo es lograr una presentación más simple que prepara ARCA, el contribuyente la revisa y se presenta”, adujo Adorni en declaraciones al diario Clarín.

La propia ARCA realiza una aclaración similar en la información oficial sobre el programa. Allí sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Sin embargo, la controversia difícilmente quede reducida a una discusión técnica sobre instrumentos tributarios. El episodio se produce en un momento especialmente sensible para Adorni, que todavía enfrenta cuestionamientos por la demora en la publicación de su declaración jurada patrimonial. Por eso, más allá de las explicaciones sobre el alcance concreto del régimen simplificado, la polémica volvió a poner el foco sobre una pregunta que el Gobierno todavía no terminó de responder: cuándo se conocerá finalmente el patrimonio completo de uno de los funcionarios más importantes de la administración Milei.

Expectativa por la DDJJ

La promesa de Adorni tiene además una fecha precisa. Según pudo reconstruir elDiarioAR, el jefe de Gabinete asegura que no dejará pasar del lunes 15 de junio la presentación de su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento, sin embargo, está lejos de ser inocente. En la Casa Rosada confían en que el inicio del Mundial de fútbol contribuya a bajar la intensidad mediática de una discusión que acompaña al funcionario desde hace meses y que se encuentra directamente vinculada a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales.

La demora tiene, según comentan cerca de Adorni, una doble explicación. La primera es técnica. El funcionario buscó evitar cualquier movimiento que pudiera interferir con las medidas de prueba impulsadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita. La segunda es abiertamente política. Durante semanas se resistió a ceder ante los reclamos públicos de Patricia Bullrich, quien le exigía que presentara cuanto antes la documentación patrimonial. Fue la exministra, de hecho, quien terminó acelerando los tiempos al anticipar la presentación de su propia declaración jurada y dejar a Adorni cada vez más expuesto.

Mientras tanto, la investigación patrimonial sigue avanzando. Pollicita encomendó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis exhaustivo de la evolución patrimonial de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. El interrogante central es relativamente sencillo: si el nivel de vida del matrimonio resulta compatible con los ingresos declarados por el funcionario, cuyo salario permaneció durante gran parte de 2024 y 2025 en torno a los tres millones de pesos mensuales de bolsillo.

Entre los elementos bajo análisis figuran la compra de un departamento en Caballito financiado parcialmente mediante un préstamo otorgado por dos jubiladas, del que todavía restarían cancelar unos 70.000 dólares, y la adquisición de una vivienda en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada íntegramente a nombre de Angeletti. La fiscalía también puso la lupa sobre al menos 21 viajes realizados por la pareja durante los últimos cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, varios de ellos con alojamiento en hoteles de alta categoría.

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En medio de una semana marcada por la expectativa en torno a la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, Javier Milei volverá a exhibir uno de los rasgos más singulares de su presidencia: su estrecha relación con el judaísmo y el Estado de Israel. Este lunes, a las 21.30, participará en el Palacio Libertad de un tributo al Rebe de Lubavitch, una de las figuras religiosas que más admira, mientras el oficialismo se prepara para una nueva reunión de mesa política convocada para el jueves, donde volverán a verse las caras los principales integrantes del Gobierno tras el cortocircuito protagonizado por Patricia Bullrich en el Senado.

Este lunes por la noche, el Presidente compartirá escenario con el rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad Argentina, y con Iosef Ohana, un joven israelí que permaneció más de dos años secuestrado por Hamas tras haber sido capturado durante el ataque al festival Nova del 7 de octubre de 2023. También estará presente Avi Ohana, padre del exrehén y una de las voces más activas en las campañas por la liberación de los cautivos israelíes.

La centralidad que ocupa el homenaje al Rebe —Menachem Mendel Schneerson, fallecido en 1994 y considerado una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo— dentro de la agenda presidencial no es casual. Milei visitó la tumba de Schneerson en Queens antes de asumir la Presidencia y volvió a hacerlo en varias oportunidades ya como jefe de Estado. La última visita, realizada en marzo de este año, tuvo incluso consecuencias inesperadas para la política doméstica: allí trascendió la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, integrando la comitiva oficial, una imagen que luego quedó incorporada a la investigación judicial sobre el patrimonio del funcionario.

Pero el vínculo del Presidente con el judaísmo excede largamente los gestos protocolares. Desde hace años Milei construye una relación estrecha con distintos referentes de la comunidad judía, estudia la Torá de manera regular y encuentra en algunas de sus enseñanzas una fuente de inspiración política y personal. En 2021 sorprendió al afirmar que aspiraba a convertirse en “el primer presidente judío de la historia argentina”. Dos años más tarde seguía insistiendo en que no descartaba esa posibilidad.

“No soy judío, pero soy un fanático de Israel”, decía por entonces. “Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío”, agregaba para explicar la influencia que ejercen sobre él las enseñanzas bíblicas. Con el tiempo, esa aproximación dejó de ser únicamente religiosa para transformarse también en un rasgo distintivo de su construcción política. En el cierre de la campaña presidencial de 2023 hizo sonar un shofar frente a miles de militantes en el Movistar Arena. Ya en el Gobierno participó de celebraciones de Janucá, profundizó su vínculo con líderes religiosos judíos y designó como embajador argentino en Israel a Shimon Axel Wahnish, el rabino al que suele definir como su guía espiritual.

La posibilidad de una conversión formal, sin embargo, quedó suspendida. Milei explicó en reiteradas oportunidades que la observancia estricta del shabat resulta incompatible con las exigencias del cargo presidencial. El ritual, uno de los pilares de la tradición judía, implica reservar desde la caída del sol del viernes hasta el anochecer del sábado para la reflexión espiritual, la oración y la vida familiar, dejando de lado cualquier actividad laboral. “Si soy presidente y cae shabat, ¿qué hago? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado?”, se preguntó durante la campaña electoral.

La explicación práctica nunca implicó un distanciamiento. Por el contrario. La agenda de esta semana funciona como una síntesis bastante precisa de esa relación singular. Milei sigue definiéndose como católico, pero su imaginario religioso, político y simbólico incorpora cada vez más elementos provenientes del judaísmo ortodoxo.

Sin ir más lejos, este martes, Milei encabezará la ceremonia de presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados ante la Argentina y despedirá a la delegación nacional que participará de los Juegos Macabeos Mundiales, que se celebrarán entre el 30 de junio y el 14 de julio en Israel. El evento fue declarado de interés nacional por la Secretaría General de la Presidencia a fines de abril.

Mesa política

La reunión de la mesa política del jueves será la primera desde el gesto de rebeldía protagonizado por la exministra de Seguridad. Bullrich cuestionó públicamente la decisión de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, vetada por Karina Milei y por el propio Presidente debido a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon. Ningún integrante del gabinete salió a respaldar abiertamente a una u otra posición, aunque la Casa Rosada buscó bajar la tensión con una reunión entre Bullrich y la secretaria general de la Presidencia el miércoles pasado, coronada con una fotografía difundida por ambas.

El intento de pacificación tuvo continuidad al día siguiente. Durante la sesión del Senado que terminó aprobando el pliego de Michelli, Bullrich optó por abstenerse. En Balcarce 50 interpretaron el movimiento como una señal de distensión y el comienzo de una tregua que todavía deberá atravesar varias pruebas.

El encuentro de este jueves tendrá además otros frentes abiertos. Persisten las diferencias entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una disputa que ya sobrevoló el último encuentro de la mesa política realizado el 26 del mes pasado. Y continúa sin resolverse la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien podría presentar esta semana su declaración jurada patrimonial después de varias promesas incumplidas y en medio de cuestionamientos judiciales que el oficialismo busca dejar atrás cuanto antes.

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Los periodistas acreditados en la Casa Rosada volvieron a protestar este lunes contra las restricciones impuestas por el Gobierno para realizar su trabajo dentro de la sede presidencial. En el marco del Día del Periodista, desplegaron frente a Balcarce 50 una bandera con la leyenda “Sala abierta, periodismo encerrado” para reclamar el levantamiento de las limitaciones que siguen vigentes pese a que la causa judicial por supuesto espionaje ilegal que las había motivado fue cerrada por el juez federal Ariel Lijo.

La manifestación fue impulsada por los trabajadores de prensa que cubren diariamente la actividad presidencial y se desarrolló frente a la reja de la Casa Rosada, con la Plaza de Mayo como escenario. La protesta buscó visibilizar un conflicto que ya lleva casi dos meses y que comenzó a profundizarse en abril, cuando el Gobierno decidió cerrar durante diez días la sala de periodistas tras la difusión de imágenes registradas dentro de la sede gubernamental mediante unos anteojos con cámara.

Aquel episodio derivó en una denuncia por supuesto espionaje ilegal y en una batería de medidas que modificaron las condiciones de trabajo de los acreditados. Sin embargo, la situación cambió en las últimas semanas. La investigación judicial que había servido de sustento para justificar el endurecimiento de los controles fue archivada por Ariel Lijo, sin que ello provocara una revisión de las restricciones impuestas por la Casa Rosada.

Por el contrario, el esquema continúa vigente exactamente igual que cuando los periodistas regresaron al edificio a comienzos de mayo. Desde entonces tienen prohibido circular por el Patio de las Palmeras, uno de los principales espacios de tránsito de la sede gubernamental y un lugar históricamente clave para reconstruir la actividad cotidiana del poder. Por allí pasan funcionarios, asesores, gobernadores, legisladores, empresarios y visitantes. Su cierre para la prensa no solo implica una limitación física sino también una reducción de la capacidad de observar, verificar y contextualizar información.

Las restricciones también alcanzan a distintas áreas vinculadas al funcionamiento de la administración presidencial. Entre ellas se encuentra el sector donde desarrolla buena parte de su actividad el asesor Santiago Caputo, incluido el Salón Martín Fierro, en el primer piso. Los acreditados quedaron reducidos a un circuito acotado integrado por la sala de prensa, la cafetería, el área de recepción y el Patio Malvinas, sin posibilidad de desplazarse más allá de esos límites.

A la reducción de los espacios habilitados se sumaron cambios materiales dentro del edificio. Diversos accesos y pasillos fueron cubiertos con vidrios esmerilados para impedir la visualización de sectores internos que antes podían observarse desde las áreas de circulación. También comenzó a aplicarse un nuevo sistema de control mediante el cual los periodistas deben entregar sus credenciales al abandonar la Casa Rosada y recuperarlas recién al día siguiente.

Cuando estas medidas comenzaron a regir, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que respondían a criterios de seguridad definidos por Casa Militar y la Secretaría de Comunicación. “No es censura”, sostuvo entonces. Pero para los acreditados la discusión nunca se limitó a la posibilidad formal de ingresar al edificio. El reclamo apunta a las condiciones concretas en las que se desarrolla la cobertura periodística y a la creciente dificultad para acceder a información de manera independiente de los canales oficiales.

La protesta de este lunes tuvo además una carga simbólica particular. Se realizó en el marco del Día del Periodista, una fecha que suele estar atravesada por reflexiones sobre la libertad de expresión y el acceso a la información pública. La imagen de la bandera desplegada frente a la Casa Rosada resumió esa tensión. La sala está abierta. Los periodistas volvieron a entrar. Pero las restricciones permanecen. Y con ellas, advierten los acreditados, también permanecen los obstáculos para ejercer plenamente el oficio de contar lo que ocurre detrás de las paredes donde se toman las decisiones más importantes del país.

PL/CRM

Javier Milei eligió el silencio. O, más precisamente, eligió hablar de otra cosa. Mientras millones de argentinos despedían a Carlos “el Indio” Solari y las convocatorias espontáneas se multiplicaban en plazas, parques y calles de todo el país, el Presidente no emitió ningún mensaje de condolencia ni reconocimiento público a la figura del músico. Por el contrario, durante toda la jornada del viernes mantuvo una actividad habitual en sus redes sociales, dedicada casi exclusivamente a replicar mensajes vinculados a la marcha de la economía, elogios a la gestión oficial y videos del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

La muerte de Solari colocó al Gobierno frente a una incomodidad difícil de administrar. No porque existieran dudas sobre la dimensión cultural del personaje, sino precisamente por lo contrario. El Indio representa uno de los fenómenos populares más masivos y perdurables de la Argentina democrática, pero también encarna un universo simbólico que históricamente estuvo en las antípodas de la narrativa libertaria. Entre aquellos tuits de confrontación y el silencio institucional de estas horas se despliega un dilema que atraviesa a toda la administración Milei: cómo reaccionar frente a símbolos colectivos que desbordan la lógica de la batalla cultural y conservan una capacidad de movilización que ni la política ni las redes sociales consiguen explicar del todo.

Durante buena parte del día, en la Casa Rosada pareció imponerse una reacción de cautela que rozó la indiferencia. Distintas versiones provenientes de despachos oficiales señalaban que no estaba previsto decretar duelo nacional ni habilitar el Congreso para una despedida pública. La explicación formal apuntaba a cuestiones de seguridad y logística. Hubo un único reconocimiento oficial. La Secretaría de Cultura, a cargo de Leonardo Cifelli, emitió un comunicado en el que expresó su “profundo pesar” y definió al Indio Solari como “un gran ícono de la música argentina”.

La distancia entre el ecosistema libertario y la sensibilidad ricotera no es solamente conceptual. Milei se expresó públicamente sobre Solari en al menos una oportunidad. Fue el 5 mayo de 2017, apenas dos meses después del multitudinario recital de Olavarría que terminó con dos personas fallecidas y marcó el final de la carrera en vivo del músico. “Si al Indio Solari le gusta tanto el paraíso comunista que viva en Cuba o Corea del Norte. También tiene Venezuela que adhiere a ese lujo!!!”, escribió entonces en su cuenta de X. Ante las respuestas de otros usuarios, redobló la apuesta: “En principio el comunista Indio Solari pasa parte de sus días en NY al margen de moverse en un avión privado (ej cuando rajó del desastre)”, agregó en referencia al polémico cierre de aquel recital.

Contraste cultural

El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota encarnó durante años una sensibilidad cultural que el Gobierno suele asociar con tradiciones políticas y estéticas ajenas a su propia identidad. Sin ir más lejos, en el último tiempo, Solari se expresó como un abierto simpatizante “kirchnerista”. Sin embargo, cualquier intento de reducirlo a una etiqueta ideológica siempre resultó insuficiente. El Indio logró trascender las fronteras de la política partidaria para convertirse en uno de los pocos fenómenos culturales capaces de movilizar multitudes y ocupar un lugar singular dentro del imaginario colectivo argentino.

Quizás por eso las primeras horas posteriores a su fallecimiento encontraron al oficialismo sin una respuesta clara. En los pasillos de Balcarce 50 no parecían comprender que una cosa era confrontar con dirigentes opositores, periodistas o artistas desde el terreno de la pelea tuitera y otra muy distinta administrar la muerte de una figura cuya influencia desborda, mal que les pese, cualquier frontera ideológica y moviliza a sectores sociales tan diversos como difíciles de encasillar.

La situación comenzó a cambiar cuando las convocatorias espontáneas para homenajear al músico empezaron a multiplicarse en distintos puntos del país y cuando desde el entorno familiar se confirmó la intención de realizar una despedida pública. Recién entonces el Gobierno tomó verdadera dimensión de la magnitud del acontecimiento. En paralelo, se reforzó la seguridad en los alrededores de la Casa Rosada y se activaron contactos entre distintas áreas del Estado para monitorear posibles concentraciones de fanáticos.

Fue en ese contexto que Martín Menem debió salir a fijar una posición oficial. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados descartó la posibilidad de realizar la despedida en el Congreso de la Nación. Según explicó, tras consultas con el Ministerio de Seguridad y las áreas técnicas correspondientes, “se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”.

Al mismo tiempo, Menem buscó despejar la idea de un desinterés estatal frente al fallecimiento del músico. “Con la mayor y absoluta predisposición, el Gobierno nacional se encuentra a disposición de la familia para trabajar conjuntamente en la elección de un lugar que esté a la altura de lo que el Indio Solari representa para la sociedad argentina”, afirmó. La frase no fue casual. Funcionó como un intento de amortiguar las críticas que comenzaban a acumularse sobre la aparente frialdad oficial. El propio Milei acompañó esa postura limitándose a replicar el mensaje de Menem.

Sin embargo, el viernes por la tarde, puertas adentro del Gobierno comenzaba a imponerse otra preocupación: la dimensión que podía adquirir la despedida pública. En la Casa Rosada daban por hecho que la movilización sería masiva, con fanáticos llegando desde distintos puntos del país e incluso con consultas provenientes de varias provincias sobre la organización de los traslados. La posibilidad de que cientos de micros desembarcaran en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana obligó a las autoridades a involucrarse rápidamente en la búsqueda de una alternativa para el velatorio y a garantizar las condiciones de seguridad necesarias para una convocatoria de semejante magnitud.

La cuestión ocupó buena parte de la agenda oficial durante toda la jornada. En el Ministerio de Seguridad, encabezado por Alejandra Monteoliva, trabajaban en el diseño de un operativo para contener la afluencia de seguidores que pretenden darle el último adiós al músico, mientras distintas áreas de la Casa Rosada y de la Cámara de Diputados mantenían contactos permanentes para evaluar escenarios y coordinar definiciones. La discusión ya no giraba únicamente alrededor de la figura del Indio ni de la relación histórica del oficialismo con el universo ricotero. El desafío pasaba por administrar una manifestación popular de dimensiones imprevisibles.

Aun así, el episodio expuso una tensión más profunda. El Gobierno puede sentirse cómodo cuestionando determinados sectores del mundo cultural o polemizando con artistas desde las redes sociales. Pero la muerte del Indio lo obligó a enfrentarse con algo bastante menos sencillo: la persistencia de símbolos colectivos que atraviesan generaciones y siguen formando parte de la identidad emocional de millones de argentinos. Y frente a fenómenos de esa escala, las categorías habituales de la batalla cultural libertaria parecen ofrecer respuestas bastante más limitadas.

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Patricia Bullrich no quería ser senadora. Cuando el año pasado comenzaron a circular versiones sobre una posible candidatura suya para encabezar la lista libertaria al Senado por la Ciudad de Buenos Aires, la entonces ministra de Seguridad hizo saber que prefería otra cosa: seguir donde estaba. Después de todo, llevaba casi dos años al frente de una de las áreas más sensibles del Gobierno y había logrado convertirse en una de las funcionarias con mayor volumen político dentro de la administración de Javier Milei. Cambiar un ministerio por una banca no era necesariamente un ascenso.

La escena ayuda a entender mejor las tensiones que atraviesan hoy su relación con el oficialismo. La discusión por el pliego de Verónica Michelli, que la empujó a reivindicar públicamente la “objeción de conciencia”, y los posteriores gestos de tregua con Karina Milei reabrieron una pregunta que atraviesa toda su experiencia dentro del mileísmo: ¿hasta qué punto Patricia Bullrich es una dirigente libertaria y hasta qué punto sigue siendo una figura política con proyecto propio?

La historia comenzó incluso antes de que Milei llegara a la Casa Rosada. Tras el balotaje de noviembre de 2023, el entonces presidente electo avanzó personalmente para sumarla al futuro gabinete. Fue una negociación que se desarrolló en paralelo y, según reconstruyen quienes participaron de aquellas conversaciones, en buena medida a espaldas de Mauricio Macri, que todavía aparecía como el principal articulador de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. Bullrich aceptó el Ministerio de Seguridad y se convirtió en una de las primeras figuras de peso incorporadas al nuevo gobierno.

La decisión no era menor. Apenas semanas antes había competido contra Milei en la primera vuelta presidencial. El libertario la había acusado de poner bombas en jardines de infantes y ella lo describía como un dirigente imprevisible. Sin embargo, ambos encontraron rápidamente un terreno común alrededor de la agenda de seguridad y confrontación con el kirchnerismo.

Con el correr de los meses, Bullrich hizo algo que pocos dirigentes del PRO consiguieron: dejó de ser una aliada circunstancial para transformarse en una pieza del esquema de poder libertario. Primero construyó una relación de confianza con Milei. Después profundizó su vínculo con Karina Milei. Más tarde encabezó buena parte del éxodo amarillo hacia La Libertad Avanza. Cuando finalmente se afilió al partido, en mayo de 2025, el movimiento apenas formalizó algo que ya era evidente.

Pero la integración nunca fue completa. Bullrich conserva una característica que la distingue de casi todos los dirigentes relevantes del oficialismo: su carrera política no empezó con Javier Milei ni depende exclusivamente de él. Durante buena parte de 2024 y 2025 esa particularidad quedó disimulada detrás de una coincidencia política casi total con el Presidente. La exministra fue una de las funcionarias que defendió con mayor intensidad cada una de las decisiones más controvertidas del Gobierno. Mientras otros integrantes del gabinete evitaban exponerse, Bullrich aparecía sistemáticamente en la primera línea. La relación parecía tan sólida que muchos comenzaron a verla como una pieza inamovible del dispositivo libertario.

Sin embargo, quienes la conocen desde hace años advierten que siempre hubo algo más complejo detrás de esa imagen. “Patricia nunca fue una soldado. Ni de Macri, ni de Milei, ni de nadie”, resume un funcionario que la conoce desde hace más de una década. “Lo que pasa es que mientras coincide con vos parece la persona más leal del mundo. Cuando deja de coincidir, te enterás rápido”.

La paradoja es que esa misma acumulación de poder terminó convirtiéndola en una figura difícil de clasificar dentro del esquema oficialista. Quizás el ejemplo más evidente sea su relación con Karina Milei. Durante los últimos dos años construyeron una sociedad extremadamente eficaz. Juntas avanzaron sobre sectores enteros del PRO. La afiliación libertaria de Bullrich fue, en muchos sentidos, una victoria política de la secretaria general de la Presidencia. Sin embargo, incluso en ese vínculo aparecen matices que no existen en otras relaciones de poder dentro de La Libertad Avanza.

Bullrich sobrevivió a casi todos los ciclos políticos que marcaron las últimas tres décadas argentinas. Y lo hizo ocupando lugares relevantes. Esa experiencia también ayuda a entender por qué las tensiones actuales difícilmente desemboquen en una ruptura. Bullrich sabe que buena parte de su poder actual está asociado al éxito del gobierno de Milei. Pero en el Gobierno también saben que la exministra aporta algo difícil de reemplazar: volumen político. Por eso la fotografía difundida esta semana junto a Karina Milei tuvo una importancia mayor a la que sugería la imagen. No se trató solamente de desmentir rumores o clausurar especulaciones. Funcionó como un recordatorio mutuo. La conducción libertaria sigue considerando a Bullrich una pieza central de su proyecto político. Y Bullrich sabe que, a fin de cuentas, la necesitan.

¿Cuánto hay en la actual senadora de genuina preocupación por la suerte del proyecto libertario y cuánto de simple instinto de conservación política? La pregunta sobrevuela hoy a buena parte del oficialismo. A diferencia de Milei, que se mostró displicente respecto de una eventual derrota cuando salió a defender a Manuel Adorni, la exministra de Trabajo de Fernando de la Rúa es una de las pocas dirigentes del Gobierno que todavía preserva algo parecido al sentido común político. “A Patricia no le da lo mismo perder o no”, deslizan en el oficialismo.

Esa certeza empieza a proyectarse cada vez más sobre el calendario de 2027. Hasta hace apenas unos meses, dentro de La Libertad Avanza muchos daban por descontado que la senadora encabezaría la boleta para la jefatura de Gobierno porteña. Su nivel de conocimiento y su capacidad para disputar el electorado histórico del PRO parecían convertirla en una candidata natural para intentar completar la conquista libertaria de la Ciudad. Hoy, esa posibilidad parece comenzar a ponerse en duda. Karina lo tiene bien claro: Bullrich siempre juega dentro del poder, pero rara vez acepta jugar únicamente para otros.

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Javier Milei recibió este viernes en la Casa Rosada a una delegación de legisladores norteamericanos vinculados al entorno político de Donald Trump, en una visita que excede largamente la cortesía diplomática. El encuentro se produjo tras la confirmación del viaje presidencial a Washington para participar de los festejos por el Día de la Independencia estadounidense, el próximo 4 de julio, y mientras el Gobierno mantiene una delicada negociación en torno al régimen de patentes farmacéuticas. La escena confirma además una tendencia que se viene consolidando durante la gestión libertaria: el desembarco cada vez más frecuente en la Argentina de figuras asociadas al universo republicano.

La comitiva estuvo encabezada por Mario Díaz-Balart, uno de los congresistas republicanos con mayor influencia en los asuntos latinoamericanos dentro de la Cámara de Representantes. Lo acompañaron Andrew Harris, Chuck Edwards, David Rouzer y Jay Obernolte, además del demócrata Henry Cuellar, el médico del Capitolio Brian Monahan y funcionarios vinculados a la poderosa Comisión de Asignaciones del Congreso estadounidense. Del encuentro también participó el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, uno de los principales articuladores del vínculo entre la administración republicana y el gobierno de Milei.

La reunión, que tuvo lugar en el Salón de los Científicos, ocurrió en un momento particularmente delicado. Mientras Milei profundiza su alineamiento político con Washington y apuesta a consolidarse como el principal aliado de Trump en América Latina, la Casa Rosada decidió congelar el tratamiento parlamentario del Patent Cooperation Treaty (PCT), un acuerdo impulsado por Estados Unidos que genera fuerte resistencia entre los laboratorios nacionales.

Por la tarde, la delegación estadounidense tenía previsto compartir un almuerzo con el secretario de Finanzas Pablo Quirno, el secretario de Minería Luis Lucero y el propio Lamelas. El embajador viene desempeñando un rol cada vez más activo en la relación bilateral y se transformó en una de las figuras más visibles de la nueva etapa del vínculo entre Buenos Aires y Washington.

La visita de Díaz-Balart es la continuación de una secuencia que comenzó a acelerarse durante los últimos meses y que muestra hasta qué punto la relación entre Milei y el ecosistema republicano se volvió una política de Estado. En enero, por ejemplo, aterrizó en Buenos Aires otra delegación del Congreso estadounidense encabezada por Timothy Walberg. El episodio estuvo rodeado de un hermetismo llamativo. Ocurrió apenas días después de una serie de vuelos militares estadounidenses y actividades reservadas en Ushuaia vinculadas a minerales críticos, infraestructura estratégica y cooperación bilateral. La Embajada de Estados Unidos informó que los congresistas venían a interiorizarse sobre educación, capacitación laboral, inteligencia artificial y ciberseguridad. La explicación sonó prolija. Pero dejó abiertas muchas preguntas.

Walberg tampoco era un legislador cualquiera. Pastor evangélico antes de ingresar a la política, referente histórico de la derecha religiosa norteamericana y una de las figuras más conservadoras del Partido Republicano, representa buena parte del universo ideológico que hoy alimenta al trumpismo. En los últimos años se hizo conocido por relativizar el cambio climático apelando a argumentos religiosos y por declaraciones extremas sobre el conflicto en Medio Oriente.

La acumulación de visitas empieza a mostrar un patrón difícil de ignorar. En poco más de un año desfilaron por Buenos Aires funcionarios del Departamento de Estado, representantes militares, especialistas en minerales críticos, asesores estratégicos y legisladores vinculados al círculo republicano. Algunas agendas fueron públicas. Otras bastante menos. En varios casos, la información oficial llegó después de que los encuentros ya habían ocurrido. Uno de los ejemplos más notorios fue el del lobista Barry Bennett, una pieza clave en la construcción del canal informal de diálogo que el asesor Santiago Caputo logró tejer con sectores del trumpismo.

Mañana frenética

La mañana de Milei incluyó otra audiencia de peso político y económico: la de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que agrupa a los principales laboratorios multinacionales con operaciones en el país. A diferencia del encuentro con los congresistas, este ttuvo lugar en el despacho presidencial y contó con la presencia de los máximos responsables locales de Pfizer, Roche, Merck, Novartis, Sanofi, GlaxoSmithKline y Bristol Myers Squibb. Junto a Milei estuvo el ministro de Salud, Mario Lugones.

La Casa Rosada decidió congelar el tratamiento parlamentario del Patent Cooperation Treaty (PCT). La explicación oficial es que el Gobierno todavía no cuenta con los apoyos necesarios para aprobar el tratado. La lectura política es más compleja. En Balcarce 50 buscan conservar el tema como ficha de negociación frente a Washington, evitando una derrota legislativa que complique la relación con la Casa Blanca y, al mismo tiempo, contener la presión de los laboratorios argentinos, que desde hace meses despliegan una intensa ofensiva sobre gobernadores, diputados y senadores para bloquear cualquier avance.

Desde el inicio de la discusión parlamentaria, CAEMe sostuvo una posición invariable: que el Tratado de Cooperación en materia de Patentes sea aprobado exactamente en los términos en los que obtuvo media sanción en el Senado en 1998. Detrás de esa discusión jurídica aparece un negocio multimillonario. El tratamiento del PCT involucra intereses económicos valuados en unos US$3.300 millones y se transformó en uno de los principales puntos de negociación. No casualmente, como gesto de acercamiento en medio de esa pulseada, CAEMe anunció durante la reunión un compromiso de inversión de US$8.000 millones en investigación clínica para los próximos seis años.

Vista en perspectiva, la agenda presidencial de este viernes fue frenética. Además de la delegación de congresistas estadounidenses y los representantes de CAEMe, en cuestión de horas Milei se reunió con el inversor británico Maurice Ostro, interesado en el nuevo régimen de promoción económica que impulsa el Gobierno; recibió al rabino israelí-estadounidense, Yehuda Kaploun, que se desempeña como Enviado Especial de los Estados Unidos para Monitorear y Combatir el Antisemitismo; y mantuvo una conversación telefónica con el canciller alemán Friedrich Merz. La secuencia deja una imagen elocuente de las prioridades que hoy ordenan la agenda presidencial.

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Federico Sturzenegger volvió a ocupar el centro del tablero libertario. Después de varias semanas en las que el Gobierno quedó atrapado entre internas políticas, problemas de gestión y el escándalo patrimonial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Casa Rosada decidió reactivar uno de los ejes más identitarios del proyecto de Javier Milei: la motosierra. Y el encargado de conducir esa nueva etapa vuelve a ser el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, acaso el funcionario que mejor logró preservar influencia real dentro de un oficialismo atravesado por tensiones permanentes.

La escena del miércoles pasado buscó transmitir justamente esa idea. Adorni recibió a Sturzenegger para avanzar sobre la denominada “agenda de planificación 2026/2027”, un programa que contempla nuevas reducciones de estructuras estatales y recortes de personal, además de fusión de organismos públicos y un nuevo paquete de leyes de desregulación económica y administrativa. En el Gobierno sostienen que se trata de la próxima fase del programa libertario: una profundización del ajuste estatal después de los primeros meses de shock económico y estabilización fiscal.

La reunión ocurrió apenas horas después de la reactivación política interna del oficialismo. Tras la cumbre de gabinete del lunes y la tregua sellada el martes en la mesa política, el Gobierno intenta recuperar iniciativa pública mediante una estrategia que en la Casa Rosada ya describen casi como una doctrina: inundar la agenda con anuncios y proyectos legislativos. Aunque muchos de ellos no tengan todavía garantizados los votos en el Congreso.

La estrategia de saturación legislativa ya empezó a tomar forma concreta esta misma semana. Mientras Sturzenegger avanzaba con el nuevo esquema de ajuste y reorganización estatal, el Gobierno envió al Congreso distintos proyectos vinculados a desregulación económica y reformas estructurales. Entre ellos aparecen iniciativas asociadas al denominado “Súper RIGI”, que busca ampliar beneficios fiscales y regulatorios para sectores estratégicos como litio, uranio, hidrógeno verde y vehículos eléctricos; modificaciones a la Ley General de Sociedades; cambios regulatorios para el mercado de capitales y nuevos proyectos orientados a simplificar trámites administrativos y reducir controles estatales. La lógica detrás de esa avanzada ya no parece exclusivamente parlamentaria. En la Casa Rosada entienden que la acumulación simultánea de reformas también funciona como una forma de reconstruir centralidad política y volver a instalar la idea de un Gobierno en movimiento.

“Revolución de los seguros”

En ese esquema, Sturzenegger se transformó en una pieza central. Mientras otros ministros quedaron absorbidos por conflictos internos o desgaste político, el ex presidente del Banco Central consolidó un lugar singular dentro del ecosistema libertario. No solamente como ejecutor técnico del ajuste, sino también como uno de los pocos funcionarios capaces de ofrecer una narrativa consistente de transformación estatal. En distintos despachos oficiales reconocen que Milei sigue viendo en él al principal arquitecto del proceso de reformas estructurales.

Ese alineamiento volvió a quedar expuesto este jueves durante la participación presidencial en el Latam Economic Forum, organizado por la financiera Research For Traders ante un auditorio integrado mayoritariamente por empresarios de la comunidad judía. Allí Milei dejó entrever hacia dónde pretende avanzar la próxima etapa del experimento libertario. “Si ustedes quieren achicar el Estado, deben sustituir sus servicios por los seguros”, planteó el Presidente, antes de poner como ejemplo la medicina prepaga o la seguridad y la educación privada. La definición no apareció aislada. Funcionó como una suerte de marco doctrinario para el nuevo ciclo de reformas que impulsa Sturzenegger.

“Como no están satisfechos con el Estado, buscan al sector privado”, insistió Milei. El Presidente celebró además la baja de los índices de criminalidad y volvió a elogiar públicamente a Patricia Bullrich por haber pasado “de 9.000 piquetes a cero”, pese a los rumores de tensión política recientes dentro del oficialismo. “Ahí se desarrollan seguros”, ejemplificó después. Y fue entonces cuando mencionó directamente a Sturzenegger: “Con Federico estamos trabajando en la revolución de los seguros”. Según explicó, el objetivo consiste en abandonar progresivamente la idea del Estado como principal prestador de coberturas sociales. “Vamos a hacer una transición ordenada hacia un nuevo sistema, no se puede hacer de manera instantánea, va a demandar tiempo”, sostuvo Milei. “Si es instantáneo, el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

La frase terminó de confirmar algo que en la Casa Rosada ya venían describiendo en reserva: Sturzenegger dejó de ser solamente el ministro encargado de recortar estructuras estatales para convertirse también en uno de los principales diseñadores ideológicos de la segunda etapa libertaria. La discusión ya no pasa únicamente por el ajuste fiscal o la reducción de organismos públicos. Empieza a abarcar cuestiones mucho más profundas vinculadas al propio modelo de protección social que imagina Milei.

El plan que impulsa el ministro apunta, mientras tanto, a reducir cerca del 20% de la estructura estatal, incluyendo empleados permanentes y contratados. Según pudo reconstruir elDiarioAR, Adorni les solicitó a las distintas carteras propuestas concretas para avanzar con recortes de personal. A fines de mayo vencen además cientos de contratos estatales que no serían renovados, en lo que aparece como el primer movimiento visible de esta nueva etapa de ajuste.

La ofensiva se desarrolla además en un contexto económico particularmente sensible. La caída de la recaudación, las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la obsesión presidencial por sostener el equilibrio fiscal empujan al Gobierno a profundizar el recorte del gasto público. Hace apenas dos semanas, Milei modificó por decreto el Presupuesto 2026 y aplicó recortes por más de 2,5 billones de pesos sobre partidas de salud, educación y otras áreas sensibles. Paralelamente, ordenó una reducción del 2% de los gastos corrientes dentro de cada ministerio.

Dúo ajustador

En ese punto, el vínculo entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que durante el gobierno de Mauricio Macri protagonizaron una de las internas económicas más feroces del entonces oficialismo, adquirió una lógica completamente distinta. Ya no funcionan como polos en tensión, sino como un doble cerrojo sobre el gasto público. El ministro de Economía controla el flujo de recursos y administra los márgenes financieros, al tiempo que fija prioridades bajo una premisa innegociable: sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo. Sturzenegger, en paralelo, opera sobre la estructura misma del Estado. Empuja recortes, bloquea expansiones presupuestarias y presiona para reducir organismos, personal y capacidad regulatoria. Entre ambos delimitan el margen de maniobra del resto del gabinete. Lo que no encaja dentro de esa arquitectura de ajuste y desregulación, simplemente no avanza.

En la lógica de Sturzenegger, sin embargo, el ajuste no constituye solamente una necesidad fiscal. También representa una oportunidad política e ideológica. Cerca suyo aseguran que el objetivo es aprovechar la ventana política abierta por Milei para avanzar sobre transformaciones que otros gobiernos jamás se animaron siquiera a discutir.

Esa centralidad creciente también expone una paradoja del oficialismo. Mientras La Libertad Avanza continúa mostrando dificultades para ordenar su funcionamiento político, el ministro de Desregulación logró avanzar de manera relativamente sostenida con su agenda. Incluso durante las semanas más turbulentas del Gobierno, cuando las internas volvieron a dominar buena parte del clima interno.

En ese tablero, Sturzenegger aparece cada vez más como el funcionario que mejor expresa el núcleo doctrinario del experimento libertario. Mientras el resto del Gobierno sufre un ahogo generado por el mismo afán ajustador de “el Coloso”, como lo bautizó Milei, él sigue empujando la misma obsesión que acompaña a Milei desde el inicio de la gestión: reducir el tamaño del Estado argentino hasta límites que ningún gobierno democrático reciente intentó alcanzar.

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La Casa Rosada llegó al 216° aniversario de la Revolución de Mayo atravesada por una paradoja cada vez más visible. Mientras Javier Milei intenta volver a concentrar la agenda pública con el envío al Congreso de un nuevo paquete de proyectos de ley, el corazón político del oficialismo volvió a entrar en una zona de turbulencia. La demora en la declaración jurada de Manuel Adorni y la pelea abierta entre Santiago Caputo y Martín Menem, terminaron alterando el delicado equilibrio interno del Gobierno justo cuando el Presidente buscaba exhibir una etapa de mayor estabilidad política.

El episodio dejó además una sensación incómoda dentro del propio oficialismo: que, por primera vez en varios meses, la agenda defensiva volvió a imponerse sobre la ofensiva. En distintos despachos de Balcarce 50 admiten que el caso Adorni empezó a generar un desgaste inesperado, no sólo por la investigación judicial en sí, sino porque golpea sobre uno de los pilares discursivos de Milei: la idea de una administración moralmente distinta al resto del sistema político. La preocupación crece además porque la demora en la presentación de la documentación patrimonial ya no aparece únicamente como un problema judicial. También empezó a convertirse en un problema político y comunicacional para un Gobierno que hizo de la transparencia uno de sus principales argumentos identitarios.

En ese contexto, la semana que arrancó este lunes con el Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires aparece en la Casa Rosada como mucho más que una secuencia protocolar. De movida, marca la ruptura total con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien fue no invitada a la ceremonia.

Después de días atravesados por internas, operaciones cruzadas y reuniones suspendidas, el Gobierno apuesta a reordenar la escena pública con una nueva reunión de gabinete convocada para después de la ceremonia religiosa y un nuevo encuentro de la mesa política previsto para el martes a las 11.

En Balcarce 50 escucharon con atención la homilía del arzobispo Jorge García Cuerva. Cerca del Presidente descontaban un mensaje “duro”, en línea con las últimas intervenciones de la Iglesia frente al deterioro social, aún en un contexto de recomposición del vínculo institucional con la Iglesia, luego de la reunión que mantuvieron días atrás distintos representantes eclesiásticos con los ministros Sandra Pettovello y Pablo Quirno. Todo eso, además, mientras vuelven a crecer las versiones sobre una posible visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre.

Pero detrás de la agenda institucional, el clima político del Gobierno sigue marcado por una acumulación de tensiones que el oficialismo todavía no consigue terminar de ordenar. El caso Adorni se transformó en el principal foco de preocupación interna. Aunque Milei decidió blindarlo políticamente y descarta pedirle la renuncia, la demora en la presentación de su declaración jurada completa empezó a generar incomodidad incluso entre funcionarios que hasta hace pocos días defendían el manejo del tema sin reparos. La Justicia esperaba recibir esta semana la documentación patrimonial pendiente, pero en el Gobierno ya deslizan que podría postergarse hasta fines de mayo o incluso comienzos de junio.

La situación tensionó además las relaciones dentro del gabinete. Patricia Bullrich quedó aislada después de reclamar públicamente que Adorni presentara “de inmediato” su situación patrimonial, pero aun así participó de la reunión de gabinete del lunes, pese a las versiones que circularon en los últimos días sobre un supuesto corrimiento impulsado por Karina Milei. Su presencia volvió a ser observada como un indicador del delicado equilibrio interno que intenta preservar el oficialismo.

Como telón de fondo aparece además la interna cada vez menos subterránea entre Santiago Caputo y Martín Menem, que estalló durante el fin de semana pasado alrededor de la cuenta de X @PeriodistaRufus. La pelea obligó al propio Milei a intervenir para bajar la tensión. Desde entonces, distintos sectores del oficialismo empujan una instancia de recomposición interna que podría tener un gesto simbólico fuerte en las próximas horas: una eventual cumbre entre Karina Milei y Santiago Caputo, algo que no ocurre desde hace meses, pero que fuentes del entorno del asesor niegan.

La relación entre los dos principales polos del poder libertario nunca terminó de romperse formalmente, pero sí atravesó un progresivo enfriamiento político desde las disputas por el armado territorial y el caso Spagnuolo. Por eso, la sola posibilidad de una foto o una reunión entre Karina y Caputo ya era leída dentro de La Libertad Avanza como un intento de Milei por reconstruir equilibrios internos en un momento delicado.

El martes, a las 11, la mesa política vuelve a reunirse después de una semana atravesada por cortocircuitos. Allí confluyen, además de la hermana del Presidente y el asesor estrella, los primos Menem, Adorni y otros funcionarios del círculo más cercano al Presidente. La incógnita no pasa sólo por quiénes se sentarán finalmente alrededor de la mesa, sino por el verdadero estado de situación del oficialismo después de varios días en los que, apuntan en Balcarce 50, las operaciones cruzadas terminaron desplazando el eje económico que Milei intenta volver a poner en el centro de la escena.

En la Casa Rosada sostienen que la economía sigue siendo el principal activo del Gobierno y creen que la desaceleración inflacionaria y la baja de la pobreza les permiten atravesar el ruido político sin costos inmediatos. Pero la semana que arranca pondrá a prueba algo más profundo: la capacidad del oficialismo para ordenar su propia dinámica interna mientras intenta sostener el blindaje alrededor de Adorni y contener una estructura de poder que, pese a los esfuerzos por exhibir disciplina, vuelve a mostrar fisuras cada vez más visibles.

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La postal de esta mañana en la quinta de Quinta de Olivos buscó transmitir normalidad. En medio de la presión judicial y política que rodea a Manuel Adorni, Javier Milei recibió a su jefe de Gabinete durante más de dos horas para un desayuno de trabajo en el que, según la versión oficial, se repasaron “temas de agenda” y distintos proyectos legislativos que el Gobierno pretende enviar en las próximas horas al Congreso. Pero detrás de la puesta en escena de gestión, el encuentro volvió a dejar expuesta la principal incógnita que atraviesa hoy al oficialismo: por qué Adorni sigue demorando la presentación de su declaración jurada completa cuando el propio Milei había asegurado hace ya dos semanas que estaba “lista para presentarse”.

El mensaje de la reunión fue inequívoco. El Presidente volvió a exhibir respaldo personal y político hacia su ministro coordinador en un momento especialmente sensible. En la Casa Rosada, sin embargo, el clima está lejos de la calma que intentó transmitir el encuentro. Distintos funcionarios admiten por lo bajo que empieza a crecer la incomodidad por la demora en la presentación de la declaración jurada, sobre todo porque fue el propio Presidente quien había dado a entender públicamente que la situación estaba resuelta. “Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel”, dijo Milei el 7 de mayo en LN+, cuando salió a defenderlo luego de que la senadora reclamara que hiciera pública “de inmediato” su situación patrimonial. Dos semanas después, la presentación sigue sin concretarse.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita sigue avanzando y, según fuentes judiciales, ambos esperaban que Adorni entregara la documentación patrimonial pendiente esta semana, pero eso no ocurrió. “Puede ser más a fin de mes o principio de junio”, deslizaron a elDiarioAR desde el Gobierno. Es lo que necesitan para terminar de definir si convocan formalmente al jefe de Gabinete bajo alguna figura procesal. Mientras tanto, la Justicia concentra la atención sobre movimientos patrimoniales, contratos de alquiler, pagos en efectivo y operaciones vinculadas a refacciones inmobiliarias.

Esa demora ya provocó tensiones internas. Bullrich volvió a insistir con el tema durante la última reunión de gabinete y quedó aislada. Nadie acompañó su planteo y el mensaje que bajaron Milei y Karina Milei fue el opuesto: respaldo total e incondicional. Ayer, incluso, la exministra de Seguridad buscó diferenciarse adelantando la presentación de su propia declaración jurada. En la Casa Rosada ya anticipan además que el próximo lunes el Presidente volverá a juntar a sus ministros. Hay quienes dicen que Bullrich no formará parte de esa convocatoria por pedido explícito de la secretaria general de la Presidencia.

El cónclave de esta mañana en Olivos también ocurrió en medio de otro frente de tormenta: la feroz interna desatada durante el fin de semana entre Santiago Caputo y Martín Menem por la cuenta de X @PeriodistaRufus. El conflicto escaló al punto de que Milei debió intervenir personalmente para frenar la disputa y, según distintas fuentes oficiales, terminó provocando la suspensión de la reunión de mesa política prevista para esta semana. La pelea volvió a dejar al descubierto el nivel de tensión que atraviesa al primer círculo libertario justo cuando el Gobierno intenta cerrar filas alrededor de Adorni.

En público, el oficialismo insiste en mostrar a un jefe de Gabinete concentrado exclusivamente en la gestión. Según dejaron trascender, en el desayuno de hoy se repasaron iniciativas como el denominado “Súper RIGI”, una ley de lobby, cambios en el etiquetado frontal de alimentos, proyectos vinculados a la ludopatía y modificaciones a la ley de Medios. En privado, sin embargo, la preocupación gira alrededor de otro tema: cuánto tiempo más puede sostenerse el blindaje político sin que aparezcan las pruebas que el propio Gobierno prometió.

La tensión crece además porque la causa judicial empezó a sumar elementos sensibles. Los testimonios del contratista Matías Tabar, de la escribana Adriana Nechevenko y del propietario José Rodríguez alimentaron sospechas sobre pagos en efectivo y movimientos patrimoniales difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados por el funcionario desde el inicio de la gestión libertaria. En ese contexto, la intimación judicial para que Adorni entregue documentación completa dejó de ser un trámite administrativo y empezó a convertirse en un problema político de primera magnitud para La Libertad Avanza.

Aun así, la decisión presidencial parece firme. Milei no sólo descarta pedirle la renuncia: también apuesta a sostenerlo públicamente mientras intenta dar vuelta la página. De ahí la sucesión de apariciones compartidas, pese al silencio frente a la prensa y las crecientes restricciones impuestas dentro de la Casa Rosada para los periodistas acreditados. El problema para el Gobierno es que, cuanto más se demora la presentación prometida, más difícil se vuelve separar la defensa política de Adorni de la evolución de la causa judicial que lo rodea.

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La pelea que estalló entre Santiago Caputo y Martín Menem a raíz de las cuentas anónimas en X y de los mensajes que el asesor atribuyó al titular de la Cámara baja dejó al descubierto algo más profundo que una simple disputa de egos. Lo que quedó expuesto es la arquitectura misma del poder en el gobierno de Javier Milei: un esquema en el que conviven dos circuitos de acceso al Presidente, dos formas distintas de acumular influencia y dos lógicas de construcción política que, aunque hasta ahora lograron coexistir, mantienen entre sí una tensión estructural.

Las declaraciones de Milei en Neura ofrecieron una primera pista para interpretar ese equilibrio inestable. Al afirmar que la controversia del fin de semana había sido “algo prefabricado para generar un problema” y señalar que Menem ya había dado explicaciones dentro del gabinete, el Presidente intentó bajar el tono de la disputa y presentarse como un componedor. Sin embargo, en el intento por desactivar el conflicto terminó transmitiendo una señal que, dentro del oficialismo, fue leída como un respaldo más explícito al presidente de la Cámara de Diputados que al asesor con el que mantiene, paradójicamente, la relación más directa y despojada de intermediarios de todo su gobierno.

La escena resultó llamativa precisamente porque, hasta ahora, Milei había hecho del respaldo a Caputo una constante política. Cada vez que su principal asesor quedó en el centro de cuestionamientos internos o externos, el Presidente optó por blindarlo. Lo hizo, por ejemplo, en marzo, cuando se multiplicaron las versiones sobre un supuesto avance de Karina Milei sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tras efectivamente quedarse con el Ministerio de Justicia; también en noviembre del año pasado, cuando ese sector refenciado en la hermana del Presidente fantaseó con recortar su influencia sobre otras áreas sensibles del Estado.

En esos momentos, Milei transmitió una idea inequívoca: podrá haber cambios en ministerios, desplazamientos de funcionarios o reacomodamientos de poder, pero hay un activo que no está dispuesto a resignar: el de su principal consejero. Esa es la razón por la que, aun cuando en esta ocasión sus palabras parecieron inclinarse en favor de Menem, pocos en la Casa Rosada interpretaron sus declaraciones como un cuestionamiento de fondo a Caputo.

Esa paradoja ayuda a entender el funcionamiento cotidiano de la Casa Rosada. Desde que llegó al poder, Milei fue delegando áreas enteras de gestión mientras concentraba su atención en la economía y la batalla cultural. El resultado fue un sistema con dos polos claramente diferenciados. De un lado, Karina Milei, encargada del armado político y partidario de La Libertad Avanza y principal administradora del acceso al Presidente. Del otro, Santiago Caputo, el estratega al que Milei suele definir como “el arquitecto” de su victoria electoral, que logró extender su influencia sobre algunas de las áreas más sensibles del Estado.

La diferencia entre ambos circuitos es tan simple como decisiva. Entre Javier Milei y Santiago Caputo no hay filtros, validaciones previas ni traductores políticos. El asesor habla con el Presidente de manera directa y cotidiana, sin necesidad de intermediarios. Los Menem, en cambio, construyeron un poder enorme, pero siempre mediado por Karina Milei, que es quien convierte sus planteos en decisiones concretas. Mientras Caputo conserva una línea directa con el jefe de Estado, tanto Martín como su primo “Lule” ejercen su influencia a través del canal institucional y político que representa la hermana del Presidente. “Santiago manda un mensaje y soluciona los problemas; Lule, no”, lo resumió alguien que conoce la interna oficialista desde adentro.

Eso no significa que el poder de los Menem sea menor. Por el contrario, se trata de una de las estructuras más robustas del oficialismo. Martín, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, conduce la estrategia parlamentaria. Lule, desde la Subsecretaría de Gestión Institucional, diseñó el armado territorial de La Libertad Avanza en gran parte del país, negoció candidaturas y construyó una red de vínculos con las provincias que lo convirtió, para muchos dentro del Gobierno, en una suerte de ministro del Interior sin cartera.

El episodio del fin de semana, sin embargo, dejó daños colaterales. Uno de ellos es el desconcierto de una parte de la militancia digital libertaria, habituada durante meses a actuar como un bloque disciplinado detrás de las directivas del propio Caputo y de figuras como Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan. Las críticas públicas de Parisini a la explicación presidencial y la sensación de que el Presidente pudo haber sido mal informado reflejaron una fisura poco habitual en ese ecosistema. El otro efecto es más personal para el propio asesor: al exponer públicamente sus sospechas y no obtener un respaldo explícito del Presidente en esta ocasión, quedó momentáneamente en la incómoda posición de quien, al menos para algunos dentro del oficialismo, terminó cayendo en una trampa tendida por sus adversarios internos.

La tensión, de todos modos, está lejos de haber concluido. Si no hay nuevos cambios de último momento, Caputo y Menem volverán a verse las caras el próximo martes en una nueva reunión de la mesa política, el ámbito donde se coordinan estrategias legislativas y que esta semana quedó virtualmente paralizado como consecuencia del conflicto. Ese reencuentro será observado con atención en la Casa Rosada.

El Presidente sabe que ambos circuitos cumplen funciones complementarias y que una ruptura abierta entre ellos tendría costos difíciles de absorber. El interrogante de fondo no es quién ganó esta batalla puntual, sino otro. ¿Qué ocurrirá si, tarde o temprano, Javier Milei se ve obligado a optar entre el asesor al que históricamente blindó y la estructura política que su hermana construyó para darle sustentación al proyecto libertario? Por ahora, la pregunta no tiene respuesta, pero resume mejor que ninguna otra la fragilidad del equilibrio sobre el que descansa el Gobierno.

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El regreso de Santiago Caputo desde Washington no trajo consigo una tregua sino, por el contrario, una nueva escalada en la interna libertaria. Apenas aterrizado, el principal asesor de Javier Milei decidió pasar a la ofensiva y apuntó directamente contra Martín Menem, a quien responsabiliza por una serie de ataques difundidos desde una cuenta anónima, en la que durante los últimos días se multiplicaron mensajes especialmente agresivos en su contra.

La disputa, que hasta hace poco se desarrollaba en voz baja, quedó expuesta de manera inédita y provocó un efecto inmediato en uno de los ámbitos de coordinación que es compartido por ambas figuras: la suspensión de hecho de la mesa política, el espacio que desde el verano se consolidó como el verdadero centro de decisiones del oficialismo, incluso por encima de las propias reuniones de gabinete, que según confirmaron este martes desde el Gobierno tendrá una nueva cita el próximo lunes 25 de mayo, tras el habitual Te Deum por la fecha patria en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El parate no es un detalle menor. Además de Caputo y del titular de la Cámara de Diputados, esa instancia, que venía reuniéndose semanalmente, es convocada por Manuel Adorni, junto a los principales vértices del poder libertario: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado; Diego Santilli, encargado del vínculo con gobernadores e intendentes; Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y dueño de la “caja”; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y operador de extrema confianza de la hermana del Presidente; e Ignacio Devitt, funcionario dedicado al seguimiento y coordinación de los temas prioritarios del Gobierno.

La mesa política, donde se discuten desde la estrategia legislativa y la comunicación hasta la administración cotidiana del poder, ganó relevancia de manera paulatina durante los primeros meses del año. En parte, porque las reuniones de gabinete dejaron de funcionar como un espacio real de discusión y se transformaron, cada vez más, en escenificaciones de respaldo al Presidente. La dinámica cotidiana del poder empezó entonces a correrse hacia ese otro ámbito, mucho más reducido y operativo, donde conviven dirigentes con perfiles y ambiciones muy distintas, pero unidos por la necesidad de administrar un gobierno que, desde su origen, nació con múltiples centros de poder y con una lógica interna atravesada por desconfianzas permanentes.

La reunión de la semana pasada, sin ir más lejos, ya había mostrado señales de agotamiento. Santiago Caputo se ausentó por su viaje a Washington, del que pocos estaban enterados, y el clima estuvo enrarecido por el desgaste político generado por las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, un tema que en las últimas semanas alteró el humor interno de la Casa Rosada y obligó al oficialismo a cerrar filas en defensa del funcionario. Incluso antes de la pelea pública entre caputistas y menemistas, varios de los asistentes describían una dinámica cada vez más tensa, con reuniones largas y discusiones cada vez menos disimuladas sobre el rumbo político del Gobierno y la administración de poder dentro del oficialismo.

Sin embargo, la situación actual fue el producto de algo absolutamente inesperado. El detonante fue la sospecha de Caputo de que detrás de la cuenta @PeriodistaRufus —donde se publicaron mensajes que calificaban al asesor como “el fracaso más grande que carga el presidente” y anticipaban que “le queda poco”— se encontraba el propio Martín Menem o, al menos, alguien de su entorno inmediato.

El titular de la Cámara de Diputados negó en privado cualquier vinculación con ese perfil y atribuyó el episodio a un “error involuntario” de un colaborador que replicó algunos de esos mensajes. La explicación, sin embargo, no alcanzó para desactivar el malestar del sector caputista, que interpreta los ataques como la manifestación más descarnada de una disputa de poder que ya no se limita a diferencias tácticas, sino que expone desconfianzas mucho más profundas, que, según el entorno del asesor, no involucrarían a Karina Milei.

Este lunes, en un mensaje publicado en su cuenta de X, Caputo buscó reafirmar su alineamiento personal con Milei y, al mismo tiempo, enviar una advertencia hacia adentro del oficialismo. “Voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, escribió. Y remató con una frase cargada de significado político: “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”. El mensaje fue leído dentro del oficialismo como una ratificación pública de cuál sigue siendo su principal blindaje: la confianza personal del Presidente.

Ese respaldo, sin embargo, convivió con una señal política más ambigua. Este martes, Javier Milei buscó bajarle el tono al conflicto y salió a respaldar a Martín Menem. Según sostuvo en una entrevista con Neura, la controversia del fin de semana fue “algo prefabricado para generar un problema” y aseguró que el propio titular de la Cámara baja dio explicaciones sobre el episodio dentro del gabinete. Más allá del intento presidencial por encuadrar la disputa como una maniobra externa, el principal efecto político ya es evidente. En la Casa Rosada pocos creen que la pelea derive en cambios inmediatos o pedidos de renuncia, aunque el episodio generó preocupación por el impacto que puede tener sobre el funcionamiento interno del Gobierno. Durante meses, la mesa política funcionó como una válvula de equilibrio entre los distintos sectores del oficialismo. Que hoy haya quedado en suspenso expone hasta qué punto esa convivencia volvió a entrar en una zona de fragilidad.

PL/CRM

Durante varias semanas, Santiago Caputo pareció desvanecerse del centro de la escena. El escándalo que envuelve a Manuel Adorni absorbió la atención política y mediática de tal manera que el principal asesor de Javier Milei, hasta hace poco el personaje más observado del llamado triángulo de hierro, quedó relativamente fuera del radar. La paradoja es que la crisis que más inquietó a la Casa Rosada terminó ofreciéndole un inesperado respiro. Mientras ministros, legisladores y funcionarios dedicaban buena parte de su tiempo a defender al funcionario más cuestionado del gabinete, Caputo recuperó algo que en política suele ser tan valioso como el poder mismo: la posibilidad de operar lejos de los reflectores.

Pero la discreción nunca implicó retiro. En el ecosistema libertario nadie duda de que el asesor sin firma sigue ocupando un lugar decisivo en la arquitectura del poder. El viaje que realizó esta semana a Washington D. C. volvió a recordarlo. Más que una escala diplomática, la visita funcionó como un intento de demostración de que Caputo conserva uno de los activos más difíciles de sustituir dentro del Gobierno: el canal informal de interlocución con la administración republicana.

Sin embargo, más allá de los datos concretos que trascendieron, el verdadero significado de la travesía sigue envuelto en un margen de ambigüedad. Se sabe que Caputo participó junto al embajador Alec Oxenford de un evento en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que mantuvo reuniones reservadas con Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional de Trump para América Latina. También que ese encuentro con Mast resultó especialmente sugestivo por las recientes declaraciones del congresista sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en las que advirtió que, luego de la asistencia financiera de US$20.000 millones de Estados Unidos a la Argentina, sería “inaceptable” que empresas norteamericanas quedaran al margen del negocio del dragado y de las vías navegables.

Pero, aun con esa agenda parcialmente reconstruida, subsiste una pregunta que algunos malpensados se hacen: ¿quién impulsó realmente la invitación al asesor si Donald Trump y buena parte de su gabinete se encontraba de visita en China? El propio Caputo intentó despejar cualquier tipo de dudas con un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que señaló que tanto Mast como Jensen “resaltaron la alianza estratégica con la Argentina basada en la confianza que tienen en Javier Milei y la búsqueda de profundizar esa alianza de manera ‘sistémica’”.

Aquel backchannel (la negociación extraoficial) construido por el asesor, de la mano del lobista republicano Barry Bennet —y la injerencia directa del polémico empresario Leonardo Scatturice en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés)—, es presentado por su entorno como una de sus obras más ambiciosas y, al mismo tiempo, como la prueba más tangible de su utilidad política. Según repiten cerca suyo, fue ese circuito paralelo el que permitió destrabar el préstamo que Trump le otorgó a Milei en septiembre del año y que ahora el congresista Mast quiere cobrarse. Un acuerdo que tuvo su correlato un mes más tarde, en la reunión que mantuvieron ambos presidentes en la Casa Blanca.

Para los detractores internos de Caputo, en cambio, aquella operación tuvo una segunda lectura menos altruista. Al convertirse en el arquitecto y custodio de ese vínculo reservado, el asesor no solo le habría resuelto a Milei uno de sus objetivos geopolíticos más ambiciosos, a pocas semanas de las elecciones nacionales en las que La Libertad Avanza triunfó. También, en los hechos, lo que terminó fue convirtiéndose en el dueño de una llave que ningún otro dirigente del oficialismo posee. Una jugada magistral para asegurarse que, cada vez que alguien ponga en duda su continuidad, deba preguntarse quién podría reemplazarlo sin arriesgar el puente directo con Trump. En esa zona gris entre el interés del Estado y la construcción de poder personal reside buena parte de su fortaleza.

Juegos de poder

En el plano político doméstico, la visita de Caputo a los Estados Unidos pudo leerse como una reafirmación de utilidad. ¿Fue también una forma de recordarle al resto del oficialismo que sigue allí, que conserva relaciones que nadie más puede ofrecer y que continúa siendo funcional a uno de los objetivos estratégicos más importantes del Presidente? Y, en sentido inverso, ¿es realmente cierto que en el gabinete nadie sabía de antemano que viajaría, o esa aparente sorpresa formó parte de la misma lógica de opacidad y centralización con la que el asesor suele administrar sus movimientos?

Pese a su actual repliegue relativo, Caputo nunca dejó de tener influencia en varios resortes clave del aparato estatal. Uno de ellos es el área de Salud, probablemente su principal caja dentro del Gobierno, un sector con capacidad de intervención y enorme peso presupuestario. A través de su vínculo con el ministro Mario Lugones, y de la participación de Rodrigo Lugones, su socio histórico, mantiene una presencia significativa en un universo donde se cruzan intereses públicos y privados de enorme magnitud. Sin embargo, la crisis que atraviesa el PAMI, con su delicada situación financiera y operativa, convirtió ese sector en uno de los frentes más sensibles de la administración.

La otra pata de su poder permanece en la inteligencia. Caputo sigue siendo el principal articulador político de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un organismo que considera esencial tanto para la gobernabilidad interna como para la inserción de la Argentina en los circuitos de cooperación occidentales. En los últimos meses, el oficialismo exhibió como prueba de ese proceso la intensificación de los contactos entre la SIDE y la CIA. La fotografía del Señor 5, Cristian Auguadra, junto a su par estadounidense, John Ratcliffe, en el hall principal de la sede de CIA en Langley fue interpretada como un guiño explícito al rediseño del sistema de inteligencia impulsado por el asesor.

La incógnita, hacia adelante, es qué impacto podrá tener la llegada del karinista Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un ámbito con capacidad para monitorear el funcionamiento de la SIDE y el uso de sus fondos reservados. Si esa designación alterará el delicado equilibrio de poder alrededor del sistema de inteligencia o si terminará adaptándose a la lógica ya consolidada por Caputo es, por ahora, una pregunta abierta que solo el tiempo podrá responder.

Lo cierto es que la discusión sobre el futuro del asesor nunca desapareció. Desde el año pasado, sectores del oficialismo cercanos a los primos Martín y “Lule” Menem imaginan un escenario en el que el poder de Caputo se reduzca gradualmente hasta desembocar en su salida. Es una fantasía recurrente en los márgenes del karinismo y, para algunos, un “sueño húmedo” que reaparece cada vez que el consultor atraviesa un momento de exposición o desgaste. “Santiago puede llegar a irse, pero se va a ir cuando él lo decida”, resumió, sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, alguien que conoce la interna libertaria desde adentro.

En el entorno de Caputo relativizan la existencia de una confrontación directa con Karina Milei. Sostienen que la secretaria general de la Presidencia no interviene personalmente en esa disputa y que las tensiones obedecen más bien a movimientos de dirigentes de su entorno. Pero en la práctica, la distinción suele resultar difusa.

Es algo que quedó especialmente expuesto en marzo, cuando las pujas al interior del oficialismo alcanzaron uno de sus puntos más delicados. El desplazamiento de Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia fue interpretado como un retroceso del caputismo y demostró que, más allá de las explicaciones, la pulseada por los espacios de poder continúa abierta. Según reconstruyen cerca del Gobierno, fue entonces cuando Milei buscó despejar cualquier duda. “El Ministerio de Justicia sí, pero la SIDE no”, le habría dicho a su hermana.

Es que el factor que mantiene a Caputo resguardo no es un cargo formal ni una estructura propia, sino el vínculo personal que conserva con el Presidente. En la práctica, ese lazo funciona como su principal seguro político, mucho más cuando se vive una etapa en la que el asesor volvió a estar a la defensiva.

El dato central, en cualquier caso, es que Caputo continúa acumulando atributos difíciles de reemplazar. Sobre todo, a la hora de contar con algo que en la lógica de Milei vale más que cualquier cargo formal: la certeza presidencial de que todavía resulta imprescindible. En un gobierno donde la confianza personal es el criterio último de supervivencia, esa convicción sigue siendo, al menos por ahora, la garantía más robusta de su permanencia.

PL/MG