El tuit duró lo suficiente como para instalar una escena. El 24 de marzo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hizo una publicación que la ubicó en el centro de una postal internacional: su titular, Cristian Auguadra, reunido en Langley, Virginia, con el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe. Al día siguiente, Manuel Adorni ratificó el dato en su fallida conferencia de prensa. “Otro hito silencioso para sumar a la lista de nuestra gestión”, leyó el jefe de Gabinete. Sin embargo, pocas horas después de ese mensaje exultante, algo extraño ocurrió: el comunicado desapareció. Había sido borrado.

En su versión original, el texto no dejaba demasiados márgenes para la ambigüedad. La SIDE informaba que Auguadra había mantenido una reunión bilateral “privada” con Ratcliffe en la sede de la agencia, en paralelo a la denominada Reunión por las Américas realizada en Washington, donde delegaciones de distintos países discutieron cooperación en materia de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. También anticipaba la entrega de un reconocimiento al organismo argentino en abril, en Langley, como resultado de “operaciones conjuntas” y del impulso al flamante Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

¿Por qué el Gobierno eliminó una noticia que, en principio, reforzaba a la perfección el relato oficial? ¿Acaso hubo una violación del secreto? Las explicaciones oficiales no llegaron de inmediato. Recién después de una semana de silencio, y tras la consulta de elDiarioAR, fuentes de la SIDE aseguraron que la publicación fue retirada porque se decidió volver a difundirla “una vez que se cuente con el material fotográfico oficial de la reunión mantenida ese día en Langley”. Aclararon que “no hubo ningún otro motivo detrás de la decisión” y que el objetivo es “aprovechar la foto para dar más información respecto del robustecimiento de la relación con la CIA”, además de anticipar anuncios vinculados al CNA.

¿Alcanza esa explicación para justificar la desaparición del comunicado? ¿O llega demasiado tarde para cerrar las dudas que ya se habían abierto? Según pudo reconstruir este medio a partir de distintas fuentes con conocimiento del viaje, Auguadra efectivamente estuvo en Washington y participó de la reunión regional, tal y como se informó. Ese dato no está en discusión. Lo que sí aparece bajo sospecha —y se espera que la foto venga a echar luz— es el corazón del mensaje: el cara a cara con el director de la CIA

De acuerdo con esas versiones, la reunión del titular de la SIDE no habría sido con Ratcliffe, sino con su número dos, David S. Cohen. Un encuentro de carácter protocolar, sin anuncios ni definiciones estratégicas, centrado en “generalidades”. ¿Es lo mismo? En el lenguaje de la inteligencia, claramente no: cada nivel de interlocución tiene un peso específico. La diferencia entre una bilateral con el director y un contacto con su segundo no es menor. ¿Por qué, entonces, se decidió comunicarlo de otra manera?

Ahí es donde la historia empieza a correrse del plano diplomático y a meterse en la lógica de la política doméstica. “Santiago pudo haber jugado una carta fuerte de ‘tengo esto que ustedes no’”, deslizó una fuente malpensada y al tanto de la dinámica interna del oficialismo. La SIDE, como otras áreas sensibles, es hoy un territorio en disputa entre el asesor presidencial y Karina Milei, en una interna que se expresa de manera cada vez más descarnada, pero que el affaire Adorni paradójicamente ayudó a dilatar.

La interna sin fin

La pulseada en la cúpula del poder libertario no es nueva, pero en las últimas semanas sumó capítulos. Mientras Santiago Caputo busca sobrevivir con su influencia en lugares estratégicos como la SIDE o ARCA, la secretaria general de la Presidencia intenta ordenar ese esquema bajo su propia lógica de control y lealtades. La decisión de postular a Sebastián Pareja como titular de la Bicameral de Inteligencia del Congreso es un botón de muestra. En ese sentido, el comunicado —ahora borrado— fue leído por muchos más como una señal hacia adentro que como un gesto hacia afuera. ¿Y si se trató de una forma apresurada de marcar territorio por parte del asesor? ¿Una manera de mostrar acceso directo a Washington en medio de esa puja?

Más allá del alineamiento automático de Javier Milei con la administración Trump, es evidente el lazo que une a Caputo con el lobby de Mar-a-lago a través del empresario Leonardo Scatturice, figura de su extrema confianza. Hay determinados niveles de la estructura norteamericana cuya llave de ingreso no depende solo de la afinidad política, sino de redes previas, confianza acumulada y validación técnica. “La visita a Langley no es tan difícil de conseguir, pero necesitás que los burócratas de defensa y seguridad de Washington te la validen, y a esos no los conoce cualquiera”, explicó a elDiarioAR un exfuncionario con vínculos en Estados Unidos, al describir los circuitos formales e informales que habilitan ese tipo de encuentros.

Sobre ese telón de fondo se dibuja, en paralelo, un clima interno en la SIDE que se volvió cada vez más inestable. Como reveló elDiarioAR, en el último mes se configuró un escenario de incertidumbre que incluso agentes con larga trayectoria describen como inusual. Hubo corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma del año 2024. La sensación dominante, según los testimonios recogidos, es la de un organismo desorientado, sin una directriz clara y atravesado por niveles de intriga que empiezan a afectar su funcionamiento cotidiano.

Todo alimenta el runrún de pasillo. Desde las versiones de nombres de la “vieja guardia” que podrían incorporarse, hasta los rumores —ahora menos insistentes— sobre una inminente eyección de Auguadra de su silla en el piso 5 de 25 de Mayo 11. En ese marco, el episodio del comunicado fantasma aparece como una pieza más de una trama mayor: la de una SIDE en transición permanente, donde lo doméstico y lo internacional se cruzan de manera cada vez más problemática.

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El diputado libertario Sebastián Pareja quedó confirmado como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El legislador nacional, principal armador bonaerense de Karina Milei y uno de los dirigentes de mayor confianza del espacio libertario, conducirá el organismo encargado de supervisar la actividad de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según supo ayer elDiarioAR de distintas fuentes parlamentarias. La formalización ocurrirá en los próximos días, cuando se constituya la comisión y sus 16 integrantes —ocho por cada Cámara— elijan a sus autoridades. En el oficialismo confían en tener la mayoría necesaria con legisladores propios y aliados.

La designación no es un movimiento menor. La Bicameral tiene atribuciones para analizar la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional, controlar los gastos reservados de los organismos del sistema y requerir información clasificada, incluidas interceptaciones realizadas por la Dirección de Observaciones Judiciales y datos de empresas de telecomunicaciones. Sus reuniones son secretas. Que un hombre del entorno más estrecho de la hermanísima quede al frente de ese espacio tiene una lectura política directa: el sector “karinista” supervisará un área donde Santiago Caputo todavía conserva influencia, a través del titular de la SIDE, Cristian Auguadra.

Un territorio en disputa

La llegada de Pareja a la Bicameral se produce en un momento en que la avanzada de Caputo sobre el sistema de inteligencia está en compás de espera. Según pudo reconstruir elDiarioAR, las dos grandes iniciativas del asesor presidencial en materia de inteligencia comenzaron a desinflarse. El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había delineado el ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert, despertó alarmas en la oposición y en organizaciones de derechos humanos por habilitar potencialmente tareas de espionaje interno. El documento, en su versión original, admitía producir información sobre “actores estratégicos” que intentaran erosionar el sistema financiero o generar desconfianza en las políticas económicas del gobierno, y sobre quienes difundieran información falsa con el objetivo de influir en la opinión pública.

La Bicameral le advirtió a Neiffert y emitió un dictamen crítico. Dos meses después, el ex titular de la SIDE presentó un PIN modificado: se eliminaron las referencias a la alianza con Estados Unidos e Israel y desaparecieron las alusiones a “actores estratégicos” que pudieran incidir sobre la percepción pública, que era la ambigüedad más cuestionada. En la oposición leyeron esos cambios como una concesión para dejar “todo en orden” antes de la salida de Neiffert. Desde sectores con vínculos en los servicios de inteligencia fueron más lejos y sostuvieron que fue el propio Caputo quien accedió a dar marcha atrás para no acumular problemas judiciales.

El otro frente aún abierto es el del DNU 941, que reestructuró la SIDE y amplió sus facultades operativas, incluyendo la posibilidad de que personal de inteligencia aprehenda personas en casos de flagrancia —una atribución que hasta ahora correspondía exclusivamente a las fuerzas de seguridad—. El Gobierno había anunciado un proyecto de ley para blindar ese decreto, pero el proyecto nunca llegó al Congreso. Pasaron dos meses sin novedades, y en la última reunión de la mesa política en Casa Rosada la iniciativa no apareció en la agenda. En el caputismo dicen que “está en carpeta”, pero desde el Gobierno no dan señales de que sea una prioridad.

El mapa interno

El ascenso de Pareja en la comisión parlamentaria se inscribe en una disputa más amplia entre Karina Milei y Santiago Caputo, que viene cobrando forma dentro del oficialismo. El antecedente más reciente fue el Ministerio de Justicia: la influencia de Caputo fue desplazada con el ingreso de Juan Bautista Mahiques como ministro y Santiago Viola como secretario del área, ambos cercanos a la hermana de Javier Milei. Ahora, la Bicameral de Inteligencia sigue ese camino.

Pareja, además, es resistido por Las Fuerzas del Cielo, el espacio militante vinculado a Caputo. La tensión viene de larga data y estalló públicamente durante la última Derecha Fest, en Mar del Plata, donde el diputado fue abucheado al subir al escenario. Pero dentro de la Cámara de Diputados Pareja tiene la confianza de Martín Menem, y en ese sentido con Lule Menem, mano derecha de Karina. Además es presidente del partido La Libertad Avanza a nivel bonaerense, por lo que sus vínculos con la hermanísima ahora son fortalecidos.

La designación también generó roces con el PRO de Mauricio Macri. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo —que tiene su propio vínculo personal con Caputo—, esperaba que le ofrezcan a él la presidencia de la Bicameral, pero desde el entorno de Menem lo desmintieron: ayer en un despacho clave sostuvieron que siempre estuvo claro que las comisiones de gestión le corresponden a La Libertad Avanza. “Son para el partido gobernante”, dijo una de las fuentes consultadas.

Con Pareja confirmado, resta saber los demás nombres de la Bicameral. En el universo libertario también sonaba como ficha asegurada Gabriel Bornoroni, presidente del bloque en la Cámara de Diputados. Luego habrá que ver quiénes del PRO, así como del peronismo y del radicalismo, serán parte del organismo parlamentario que puede vigilar de cerca a la SIDE.

*Con la colaboración de María Cafferata

MC

El clima se volvió casi irrespirable puertas adentro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Lo que durante semanas circuló como un rumor empezó a tomar forma concreta en los últimos días con una serie de movimientos en el organigrama que encendieron todas las alarmas. Corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma de 2024 configuran un escenario de incertidumbre creciente, en medio de versiones cada vez más insistentes sobre una eventual salida de su titular, Cristian Auguadra, que fue designado en el cargo hace apenas tres meses.

“No recuerdo haber vivido algo así”, repiten en voz baja agentes de carrera que atravesaron distintos gobiernos y describen un cuadro atípico incluso para un organismo habituado al secreto y la discrecionalidad. La sensación que se impone, según pudo saber elDiarioAR a partir de distintos testimonios internos, es la de un esquema desorientado, sin una directriz clara y con niveles de intriga que comienzan a dificultar el funcionamiento cotidiano.

Pero el desconcierto no es sólo operativo. También es político. Aunque formalmente el sistema de inteligencia responde a la órbita del Poder Ejecutivo y, en los hechos, a la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, en los pasillos de 25 de Mayo 11 crece la percepción de que la conducción real está atravesada por una disputa más amplia. “Hoy su pulseada es abiertamente con Karina”, sintetizó una fuente con acceso habitual a La Casa, en referencia al avance de la secretaria general de la Presidencia sobre áreas clave del Estado, como el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, no es la primera vez que esa tensión de fondo se filtra en el funcionamiento de la SIDE. En noviembre pasado, la caída en desgracia de Sergio Neiffert había expuesto una disputa similar por el control del espionaje. Entonces, la balanza se inclinó a favor de Caputo, que logró imponer al contador Auguadra al frente de la conducción. “Santiago le ganó de mano a Karina. Fue más rápido que ella y convenció a Javier de que, si le quitaban el mando de la inteligencia, no tenía sentido su continuidad en la gestión”, deslizó una voz al tanto de lo sucedido. “Casi una extorsión emocional”, remató. Dicen que, enojada por la situación, la mujer más poderosa del Gobierno estuvo una semana sin dirigirle la palabra a su hermano.

Fichas en movimiento

Cuatro meses después de aquella batalla, la tensión volvió y se traduce ahora en movimientos concretos que pasan por debajo del radar público. En los últimos días, distintos nombres que habían sido promovidos o incorporados tras la reconfiguración del sistema, a partir del DNU de julio de 2024, fueron desplazados de sus posiciones o quedaron en una zona gris, sin funciones claras. “Los van a volar a todos”, anticipó otro de los testimonios recogidos, en alusión a una posible limpieza interna que todavía no fue oficializada pero que ya se percibe en la dinámica cotidiana. Entre las salidas recientes, fuentes del organismo mencionan la de María Laura Gnas, otrora directora de Asuntos Jurídicos de la AFI en tiempos de Mauricio Macri, una abogada de perfil técnico que ocupaba funciones de jefatura. Su corrimiento fue leído puertas adentro como parte de ese proceso más amplio de reordenamiento.

En ese contexto, empiezan a circular versiones sobre quiénes podrían ocupar los espacios vacantes. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los focos estaría puesto en el área de contrainteligencia, donde no se descarta la llegada de nuevos perfiles designados por Alejandro Cecati, quien está al frente de la otrora Agencia de Seguridad Nacional (ASN), ahora reformulada y rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) tras el polémico DNU firmado por Javier Milei en enero pasado. Se trataría, en concreto y según los rumores, de comisarios con alguna que otra experiencia en ese ámbito, lo que implicaría un corrimiento hacia perfiles con mayor impronta policial dentro del sistema.

En paralelo, otro runrún comenzó a circular con insistencia en los pasillos: el posible desembarco de figuras vinculadas a Fernando Pocino, histórico operador del submundo de la inteligencia con peso propio en distintas etapas del sistema y que supo estar al frente de la Dirección de Reunión Interior. Durante los años del kirchnerismo, Pocino fue además el archienemigo de Antonio “Jaime” Stiuso, en una disputa que marcó buena parte de la dinámica interna del espionaje argentino en esa etapa. Su nombre vuelve ahora a las conversaciones internas como señal de un eventual reordenamiento con anclaje en estructuras previas.

La superposición de estas versiones alimenta la sensación de transición abierta que atraviesa hoy a la SIDE. Para algunos, se trata del inicio de una nueva etapa en la que el control del sistema podría redefinirse. Para otros, de una deriva sin conducción unificada, que deja al organismo en un estado de provisionalidad permanente.

En ese marco, también quedó en suspenso el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que, en la pluma del subsecretario administrativo del organismo, José Francisco Lago Rodríguez, Santiago Caputo tenía previsto enviar tarde o temprano al Congreso. Se trata de una iniciativa que buscaba consolidar el nuevo esquema pero que hoy aparece atravesada por la misma interna que sacude al organismo.

Mientras tanto, según coinciden distintas voces, Karina Milei ya comenzó a mover fichas para lo que vendrá: en Balcarce 50 hablan, en voz baja, de un “casting” en marcha para encontrar al reemplazante de Cristian Auguadra. El principal candidato de la hermanísima es el abogado Jorge Anzorreguy, sobrino del histórico Hugo, titular de la SIDE durante la década menemista. Sin embargo, elDiarioAR pudo saber que “Corcho” desistió del ofrecimiento. A falta de una, dos veces. “Una respuesta negativa más y entramos al canon bíblico”, ironizó un libertario al tanto de las negociaciones, con la Semana Santa ya asomando en el calendario.

PL/MG

La avanzada reestructuradora de Santiago Caputo en la SIDE entró en un compás de espera. El asesor sin cargo quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración del video de Manuel Adorni subiéndose a un avión privado rumbo a Punta del Este, y los rumores sobre un descabezamiento político en la agencia de Inteligencia se multiplicaron. Karina Milei tiene echado el ojo a la SIDE, aunque aún no intervino activamente. Pero una cosa es segura: las dos grandes iniciativas de Caputo en materia de Inteligencia –el nuevo Plan de Inteligencia Nacional y el proyecto de ley que venía a blindar el polémico DNU 941– comenzaron a desinflarse. 

El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) había sido delineado por el ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert, mucho antes de la escena nocturna que reveló elDiarioAR y que implicó, de hecho, la ruptura del conductor político de la SIDE con su alfil en la dirección del organismo. Filtrado por La Nación poco después de su presentación, el PIN de Neiffert despertó las alarmas de la oposición y las organizaciones de derechos humanos por abrirle la puerta a tareas de espionaje interno. 

El documento, al que accedió este medio, admitía “producir información” sobre “actores estratégicos” que pretendieran “erosionar el sistema financiero” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del presidente. También habilitaba recabar información sobre “actores estratégicos” que difundieran información falsa de manera deliberada con el objetivo de “influir o manipular” la opinión pública. O, incluso, sobre aquellos “actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos”.

Las ambigüedades del PIN, que es lo que define los objetivos generales estratégicos de inteligencia y las acciones operativas para llevarlos a cabo, despertaron un mismo reclamo: sin saber a qué se refería por “actores estratégicos”, cualquier periodista u opositor al Gobierno podía ser sujeto de espionaje interno (algo prohibido por la Ley de Inteligencia). La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia así se lo advirtió a Neiffert y emitió, durante el mes de septiembre, un dictamen crítico al documento. En ese momento todavía la presidía el ex senador Martín Lousteau, que hoy pasó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

La advertencia de la Bicameral, que es la encargada de supervisar las actividades y recursos del sistema de inteligencia nacional, surtió efecto. Y dos meses después, Neiffert presentó un nuevo PIN que incluía modificaciones sobre algunos de los puntos más conflictivos. 

En primer lugar, el nuevo PIN eliminó las alusiones a la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Un dato no menor en el marco del alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump en la escalada bélica en Medio Oriente. Si bien en la oposición descuentan que la SIDE ya viene trabajando hace tiempo con los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, el PIN, de momento, no hace mención explícita a producir información sobre actores que perjudiquen la relación de la Argentina con ambos países.  

La otra gran modificación es que el nuevo PIN ya no hace ninguna alusión a “actores estratégicos” que pudieran incidir sobre la percepción pública o propiciar escenarios de inestabilidad. Esta era la gran imprecisión que le abría la puerta al espionaje político, según advertían los expertos. “La nueva redacción, en cambio, abandona la individualización de sujetos y focaliza el análisis en conductas, procesos o campañas con origen fuera del ámbito nacional”, explica uno de los integrantes de la Bicameral que tuvo acceso al nuevo documento. 

El maquillaje introducido en el nuevo plan de inteligencia representa, para la oposición, una concesión de Neiffert orientada a dejar “todo en orden” antes de su partida. Pero no solo eso: algunos dirigentes que integraron la Bicameral hasta el año pasado –la nueva composición todavía no se oficializó– deslizan que fue Santiago Caputo quien accedió a dar marcha atrás para no tener problemas judiciales. No solo por los cambios en el PIN, que se dieron a conocer en noviembre, sino también por la búsqueda de impulsar una ley que blinde el DNU 941 que reestructuró la SIDE.

“Está preparando el terreno para desaparecer con la menor cantidad de problemas judiciales posibles”, señalaban desde una oficina con vínculos con servicios de inteligencia, donde advierten que el asesor todoterreno está de salida. Los rumores de que Cristian Auguadra, el actual “Señor 5”, tiene los días contados son cada vez más fuertes: un sector del karinismo responsabiliza a Caputo por la filtración del video, por lo que la hermana presidencial ya comenzó a evaluar la posibilidad de desembarcar en la SIDE. 

¿Y la nueva ley de Inteligencia?

Tal como anticipó Pedro Lacour hace casi un mes, el Gobierno definió blindar con un proyecto de ley el polémico DNU 941 que reestructuró la SIDE. El objetivo de impulsar una nueva Ley de Inteligencia era doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Y, por el otro, sustituir una ley concebida en un contexto completamente distinto. Es decir: la ley sancionada en 2001 había quedado “vieja” y había que actualizarla. 

Más allá del interés del Gobierno por aggiornar el sistema de inteligencia argentino a los tiempos modernos, la principal preocupación de Caputo pasa por otro lado: resguardar judicialmente el DNU que, entre otras cosas, habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia. Una facultad reservada, hasta ahora, para las fuerzas de seguridad. 

Desde la publicación del DNU, a principios de enero, llovieron amparos y presentaciones judiciales que solicitaban la suspensión inmediata del decreto. Entre los fundamentos, los escritos judiciales no sólo advertían sobre las cuestiones de fondo –el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derivase, por ejemplo, en una lógica de vigilancia política–, sino también en las de forma. El Gobierno, argumentaban, no había acreditado nunca una situación real de necesidad y urgencia. 

El caputismo argumentó, en su momento, que la reforma del sistema de inteligencia era “urgente” debido al contexto internacional vigente y que no se podía esperar hasta que se habilitaran las sesiones ordinarias. Se mencionó, incluso, el secuestro de Nicolas Maduro como un argumento para apurar los tiempos. 

Pasaron dos meses, sin embargo, y el proyecto de ley no apareció. En el caputismo advierten que el proyecto “está en carpeta” y que se discutirá en los próximos meses. Pero tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada el martes, no hubo mención alguna de la iniciativa. Las prioridades, según se encargó de enumerar Adorni, eran otras. Y la ley de Caputo no era una de ellas.

MCM/CRM

El Gobierno prepara un nuevo movimiento en el tablero de la inteligencia argentina. No se trata solo de sostener el polémico DNU 941/2025 que Javier Milei firmó el 31 de diciembre y que reconfiguró la arquitectura del espionaje estatal, sino de avanzar hacia una instancia más ambiciosa: una nueva Ley de Inteligencia que reemplace de manera definitiva la norma sancionada en 2001, aún vigente. “¿Se va a presentar una nueva ley? Sí. ¿Cuándo? Es decisión del Presidente”, deslizaron, tajantes, fuentes del organismo a elDiarioAR.

La decisión política está tomada, pero todavía no se definió el momento para oficializarla. En la Casa Rosada habían descartado que el anuncio formara parte del discurso que Milei pronunció el domingo por la noche en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Tal como se esperaba, el mensaje presidencial que estuvo concentrado en el frente económico y en la agenda legislativa ya en marcha tras la aprobación de la reforma laboral. La única mención al tema de la inteligencia, acotada y al pasar, quedó plasmada en el pasaje dedicado a la defensa. “Los F-16 ya custodian nuestro espacio aéreo, y enviaremos un paquete de leyes para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”, apuntó Milei, sin dar mayores precisiones.

Según pudo saber elDiarioAR, el objetivo oficial es doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Por otro, sustituir una ley concebida en un contexto político y tecnológico completamente distinto. El argumento principal es que la legislación vigente quedó “vieja” frente a la complejidad del mundo actual: hay quienes sostienen que la Ley 25.520 —aprobada casi por unanimidad en diciembre de 2001, dos semanas antes de la renuncia de Fernando De la Rúa— fue pensada en clave posdictadura y bajo el impacto de los atentados terroristas de aquellos años, mucho antes de que el ciberespacio se convirtiera en un escenario estratégico.

La redacción del virtual proyecto ya tiene responsables definidos. El borrador está en manos del subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, en tándem con la secretaria Legal y Técnica, Martía Ibarzábal Murphy. Lago Rodríguez cobró notoriedad en noviembre pasado, cuando este medio reveló que protagonizó un incidente en el domicilio del exjefe de los espías Sergio Neiffert, en medio de la transición interna que terminó con la salida del entonces Señor 5.

Hombre de confianza del asesor Santiago Caputo, quien está a cargo de la conducción política de la inteligencia en la era Milei, Lago Rodríguez tuvo intervención tanto en la redacción del DNU 941 como en el decreto de julio de 2024 que disolvió la AFI y reinstaló la SIDE. Su vínculo con Ibarzábal Murphy no es nuevo: ambos compartieron paso por el estudio jurídico Cassagne, cantera de varios cuadros técnicos que hoy ocupan posiciones estratégicas en el Estado.

La intención oficial es incorporar en una norma integral conceptos que hoy aparecen dispersos en el decreto. La propia SIDE lo había anticipado en enero, a través de su cuenta de X, donde defendió el uso del DNU y confirmó que “las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa —pero menos urgente— en la que se está trabajando”.

En ese mismo mensaje, que tenía como objetivo rebatir los argumentos de una nota periodística del diario La Nación, el organismo justificó el atajo reglamentario al sostener que “la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo” y citó como ejemplo “la captura del principal dictador de la región”, en referencia al venezolano Nicolás Maduro, que precisan que ocurrió “tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo”.

La apelación a la excepcionalidad no pasó inadvertida en el Congreso. Para la oposición, la justificación interncional funcionó más como construcción discursiva que como basamento jurídico. “La urgencia no puede ser un estado permanente”, señalaron por entonces desde un despacho que integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, órgano legislativo que deberá conformarse en los próximos meses.

Ese es, precisamente, el punto que ahora cambia de fase. Si el DNU se defendió en nombre de la inmediatez, el proyecto de ley que tiene entremanos el Gobierno implicaría convertir ese argumento coyuntural en arquitectura estable. La diferencia no es menor: mientras el decreto puede ser revisado judicialmente y eventualmente rechazado por el Congreso, una ley sancionada con mayoría parlamentaria consolidaría el rediseño y le daría previsibilidad política al esquema que hoy funciona por vía reglamentaria.

Rediseño estructural

El DNU 941 no fue interpretado dentro del sistema como una simple actualización normativa sino como un movimiento de concentración de poder. No sólo amplía facultades de la SIDE y modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Defensa, sino que le otorga una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia que se abrió en 1983.

“Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si quedan 40”, resumió una fuente con trayectoria en distintas gestiones en diálogo con elDiarioAR. En su análisis, el Gobierno ya ganó la discusión pública, pero la implementación enfrenta límites operativos evidentes, además de una sospecha menos visible: el verdadero interés de Santiago Caputo podría estar en el control presupuestario ampliado que habilitan las fusiones y la reconfiguración de áreas.

La ampliación de facultades operativas de la SIDE es uno de los principales focos de tensión. El decreto habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia durante actividades del área, una atribución históricamente reservada a fuerzas policiales. Dentro del propio sistema la reacción fue directa. “Una locura”, sintetizó un agente con responsabilidades operativas, al advertir que la medida rompe un límite democrático consolidado y expone al organismo a conflictos judiciales.

Otro de los movimientos que más llamó la atención fue el traslado del área de ciberseguridad desde la SIDE hacia la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el área responde formalmente al esquema político de Karina Milei, al frente está Darío Genua, un funcionario cercano a Caputo, el asesor que gravita sobre la inteligencia a través del titular del organismo, Cristian Auguadra. Este mes, finalmente se confirmó que al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) estará Ariel Waissbein secundado por Ezequiel Gutesman. En ese esquema vuelve a aparecer un nombre cada vez más omnipresente: el del empresario Leonardo Scatturice, proveedor tecnológico que podría beneficiarse de un diseño donde Innovación concentra infraestructura y contratos estratégicos.

El rediseño del organigrama también impacta en Defensa. La disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar y la transferencia de funciones al Estado Mayor Conjunto modifican el equilibrio entre conducción civil y estructura castrense. Para muchos críticos, el nuevo esquema debilita el control civil y subordina a las Fuerzas Armadas a una lógica de seguridad interior.

Desde el universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve sobre el método. “En dos años no hubo una sola coordinación real”, señala una fuente con larga experiencia. En su visión, el decreto construye una urgencia normativa que no existe y transforma a múltiples áreas del Estado en reservorios permanentes de información para la SIDE. “La Secretaría debería producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, no administrar todo el flujo informativo del Estado”, resume.

Las advertencias externas refuerzan ese diagnóstico. El CELS, que presentó enero un amparo colectivo ante la Justicia al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado, se encargó de alertar sobre el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derive en una lógica de vigilancia política y cuestionó que una reforma de esta magnitud se impulse por decreto. También advirtió que la integración obligatoria de organismos como ReNaPer o ARCA al circuito informativo puede erosionar garantías básicas de privacidad.

Ese es el trasfondo sobre el que ahora el Gobierno evalúa enviar una nueva Ley de Inteligencia al Congreso. Convertir en norma permanente lo dispuesto por decreto no sólo implicaría blindar jurídicamente la reforma, sino también institucionalizar este esquema de concentración informativa y presupuestaria. La discusión ya no sería sobre un DNU coyuntural, sino sobre el modelo de inteligencia que la administración Milei pretende dejar consolidado en el marco legal argentino.

PL/MG

Santiago Caputo baja de una camioneta negra en el playón de ingreso de la Casa Rosada y una persona con camisa oscura de mangas cortas le abre la puerta y le flanquea el paso. La escena del miércoles pasado confirmó un dato que ya elDiarioAR publicó en septiembre pasado: el influyente asesor presidencial continúa movilizándose con un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a modo de custodia personal, pese a que no ocupa un cargo público dentro del Gobierno ni posee responsabilidad formal en el organismo de inteligencia.

La normativa vigente no habilita a agentes de inteligencia a proteger a particulares que no sean funcionarios públicos ni jerárquicos del organismo. Por otro, los agentes de “La Casa” –como se denomina en la jerga al organismo– no protegen a personas que no sean sus propios jerárquicos. En los últimos años nadie que no sea interventor o “Señor 5 u 8” –el titular y su vice– tuvo custodia. Fuentes del organismo y legislativas confirmaron la identidad del custodio, aunque la ley de inteligencia resguarda su anonimato y funciones específicas.

En 2025 este medio registró al menos cuatro secuencias de Caputo con el mismo custodio: una después de las elecciones bonaerenses que el Gobierno frente al peronismo y otra en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata aquel domingo 7 de septiembre. Otras postales donde estuvo el consultor-estratega de Milei con el espía de la SIDE fueron en las inmediaciones del hotel Libertador durante la noche de las elecciones porteñas que ganó Manuel Adorni –el 18 de mayo– y al ingreso de los estudios del Canal de la Ciudad cuando fue el debate de candidatos porteños –el 29 de abril–.

La reforma de la SIDE, aún vigente

La custodia permanente de un espía acentúa la polémica sobre el modo en que el estratega de Javier Milei maneja desde las sombras la agencia de espías. Hoy la SIDE está conducida por Cristian Auguadra tras la salida de Sergio Neiffert en diciembre pasada y está atravesada por una polémica aún no saldada: tanto en la Justicia como en el Congreso está pendiente analizar una serie de denuncias contra una reforma integral de la SIDE que Milei impulsó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (el DNU 941/2025) en el último día del año 2025 y que habilitó a los espías a realizar tareas de policía.

El decreto en sí modifica y amplía las facultades del sistema de inteligencia nacional, entre ellas la posibilidad de que agentes de la SIDE participen en aprehensiones en el curso de actividades definidas por la normativa, algo que diversos opositores y juristas calificaron como una transformación sustancial del rol tradicional de los servicios de inteligencia.

Legisladores y abogados presentaron recursos judiciales –incluyendo hábeas corpus y amparos– para que se frene la aplicación del DNU, argumentando que habilita facultades que podrían afectar garantías constitucionales básicas. Esos amparos están pendientes de resolución en la Justicia. 

El fiscal del fuero contencioso administrativo federal Fabián Canda tiene a la firma aceptar una denuncia presentada por el CELS, luego de haber rechazado en enero habilitarle la feria judicial, supo elDiarioAR. Por otro lado, el juez federal de Paraná Daniel Alonso desestimó a fines de enero un habeas corpus de la UCR que pedía suspender el DNU.

Congreso sin bicameral y demora legislativa

Paralelamente, el Congreso no ha conformado la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista por la ley para analizar los decretos de necesidad y urgencia que reforman normas orgánicas como las de inteligencia. El DNU sobre la SIDE ya ingresó formalmente a ambas cámaras y, con el plazo de diez días hábiles vencido para su tratamiento en comisión, ahora puede ser discutido directamente en el recinto.

La falta de acuerdos internos en el oficialismo y una oposición fragmentada tienen demorado el debate parlamentario. Sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical exigieron mayores precisiones sobre mecanismos de actuación, protocolos y límites operativos antes de avalar la norma. Pero la bicameral está congelada: todavía no fueron designados los miembros de ninguna de las dos cámaras.

Este año la presidencia de la bicameral quedaría para Diputados y elDiarioAR supo de fuentes parlamentarias que la presidencia quedaría para el libertario Gabriel Bornoroni. 

MC

En la quinta visita a una provincia aliada en lo que va del año, Diego Santilli consiguió en Salta lo que había ido a buscar: el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz a la reforma laboral de Javier Milei. El ministro de Interior se aseguró, así, unos tres votos en Diputados y un voto en el Senado que, la CGT, esperaba lograr torcer a su favor. Un espaldarazo para el Gobierno en la previa de las sesiones extraordinarias que, sin embargo, arrastra una nota al pie: la puja por una compensación por la pérdida de recaudación para las provincias, por un lado, y el peligro de que la oposición se le adelante en sus planes, por el otro. 

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina”, afirmó, casi como una advertencia, Santilli al finalizar la cumbre con el gobernador salteño. Era el mismo guión que había repetido durante su gira a Chubut, Chaco, Mendoza y San Juan, a donde había viajado, en el último par de semanas, para blindar la reforma laboral que el Gobierno buscará aprobar el 11 de febrero en el Senado. Y Sáenz, a su manera, lo ratificó.

“No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”, aseveró el gobernador salteño, cuyo voto la CGT esperaba poder sumar como parte de la estrategia de resistencia a la reforma laboral. Y es que si bien Sáenz es un fiel aliado del Gobierno, la central sindical apostaba apelar a su origen peronista para convencerlo de blindar, al menos, algunos de los derechos colectivos que el proyecto pone en juego. 

A fines de diciembre, incluso, uno de los secretarios generales de la CGT había dialogado con la senadora Flavia Royón para que no firmara el dictamen del Gobierno. La senadora salteña se comprometió a no hacerlo, pero, finalmente, terminó estampando la firma en el dictamen de Patricia Bullrich. 

Con el aval de Sáenz, Santilli tiene 4 votos nuevos para poder presumir ante la mesa política del Ejecutivo, que integran Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem y Bullrich. Con una salvedad: el ministro del interior advierte, puertas adentro, que el artículo 191 es un dolor de cabeza. Se refiere al artículo que reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias para grandes empresas y que, en consecuencia, implica una baja en la recaudación de las provincias (ya que es coparticipable). 

Provincia a la que va, provincia que le reclama algún tipo de compensación por la pérdida en recaudación. Santilli es el principal receptor de estos reclamos y advierte, en diálogo con otros emisarios políticos del Gobierno, que no será fácil sostener el artículo si no existe una compensación. Ya sea con partidas de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), obra pública o el pago de las deudas de las cajas previsionales. 

Según un cálculo de CEPA, la pérdida de las provincias sería de un total de 2,279 millones de dólares anuales. Para algunas provincias, como Salta, Mendoza y Neuquén, significa una merma del 2,5% de la recaudación nacional. Para otras, como Catamarca y Tierra del Fuego, significa una merma del 2,9%. 

La rebelión ante el capítulo fiscal de la reforma puso en alerta al Gobierno, que no termina de consensuar una postura interna de cara a la negociación con los gobernadores. Los más dialoguistas, como Caputo o Bullrich, advierten la necesidad de buscar una salida que reduzca el impacto de la baja de Ganancias (como establecer un esquema de baja gradual, por ejemplo). Los más duros, en cambio, sostienen que lo que pierdan los gobernadores por recaudación lo ganarán por crecimiento económico. Y que, por lo tanto, hay que ir al recinto a sostener el artículo. 

La amenaza opositora

Mientras el Gobierno suma votos para blindar la reforma laboral, la oposición hace lo mismo pero con el DNU que reformó el sistema de inteligencia nacional. El objetivo del peronismo para este verano es voltear el DNU 941: está muy cerca de conseguir el número para lograrlo y confía, además, en que el debate en el recinto incomodará al Gobierno y arrastrará consigo el debate por la reforma laboral (que la oposición admite, en privado, que está perdido).

La oposición cuenta a su favor con una base mínima de 120-122 votos en contra del DNU de la SIDE que, entre otras cosas, habilita a los agentes de inteligencia a aprehender personas en flagrancia. Es decir que necesita solo unos 7-8 votos para llegar al quórum, que espera poder arañar entre el MID y algunos radicales díscolos. Ya comprometieron su rechazo, mientras tanto, el bloque peronista, el de Provincias Unidas, la izquierda y algunos opositores sueltos, como la cordobesa Natalia de la Sota o el puntano “Gato” Fernández. 

El desafío de la oposición, sin embargo, es un tema de tiempos. El decreto de extraordinarias que firmó Javier Milei no incluye el DNU 941, sino que solo habilita a tratar la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares, el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea y el pliego de Fernando Iglesias, un macrista furibundo devenido en libertario convencido, para ocupar el cargo de embajador ante la UE.

La oposición sostiene que puede autoconvocarse para tratar el DNU, por más que no esté incluido en el temario de extraordinarias, porque es facultad del Congreso controlar los decretos. El oficialismo sostiene lo contrario y está preparado para impugnar cualquier resultado, sabedor de que se encuentra en debilidad de condiciones. ¿Quién tiene la razón? Quien junte el número y se imponga por la fuerza en el recinto. Y por eso es tan importante para la oposición diseñar una estrategia que asegure, cuando llegue el momento, que tendrá la mayoría para imponerse.

Todavía no hay un acuerdo. En un sector de la oposición predomina la expectativa de poder convocar una sesión apenas comiencen las sesiones extraordinarias, pero en el peronismo son más cautelosos. Quieren ver, primero, si la Justicia falla en favor de algunos de los amparos judiciales que pidieron suspender el DNU. Confían en que en febrero, cuando termine la feria judicial, habrá una definición.

En paralelo, el titular de la bancada peronista, Germán Martínez, buscará asegurarse el número en la Cámara de Diputados. Es quien más interesado está de avanzar con una estrategia que permita no solo rechazar el DNU de la SIDE, sino empantanar el debate de la reforma laboral. Un 2x1 que habilite a la oposición a pasar a la delantera, luego de un mes de receso legislativo y una agenda copada, en su mayoría, por La Libertad Avanza. El éxito de esta aventura definirá la relación de fuerzas del Congreso durante el 2026.

MCM/MF

La Justicia decidió no abrir la feria judicial para tratar los amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Javier Milei reformó el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El dictamen del fiscal del fuero contencioso administrativo federal Fabián Canda le dio al Gobierno una primera señal de alivio en el frente judicial, al considerar que no se verifican las condiciones de “urgencia” necesarias para habilitar el tratamiento del caso durante el receso de enero.

Según confirmaron fuentes judiciales, Canda se pronunció en el mismo sentido en todos los expedientes vinculados al DNU 941/2025. En uno de los dictámenes, elaborado en respuesta a una presentación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el fiscal sostuvo que habilitar la feria implicaría ingresar en cuestiones de fondo que deben ser analizadas por los jueces naturales una vez retomada la actividad judicial. “La habilitación durante la feria es una medida de excepción y debe acordarse con carácter restrictivo”, señaló, y agregó que no se acreditó un “riesgo previsible e inminente” de afectación de derechos que justifique apartarse de esa regla.

Ahora será el juez de feria del fuero, Walter Lara Correa, quien deberá resolver sobre la totalidad de las presentaciones, aunque el dictamen fiscal marca una línea clara. Las causas quedaron radicadas en los juzgados 3, 4 y 11 del contencioso administrativo federal. Una fue impulsada por los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón; otra por un grupo de abogados, dirigentes y exfuncionarios con pasado en el radicalismo; y una tercera por la Fundación Apolo, que encabeza Yamil Santoro.

La decisión del fiscal choca de frente con el planteo del CELS, que había solicitado la habilitación de la feria al advertir que el decreto “no admite demoras”. En su presentación, la organización sostuvo que el DNU constituye un “actuar ilegal e inconstitucional” del Poder Ejecutivo, incompatible con compromisos internacionales en materia de derechos humanos, y alertó sobre la afectación actual o inminente de derechos fundamentales como la privacidad, la libertad personal y la participación política.

El decreto firmado por Milei el 31 de diciembre pasado —cuando ya habían concluido las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Ejecutivo— reordena el sistema de inteligencia, redefine competencias y ensancha de manera significativa el rol de la SIDE. Uno de los puntos más cuestionados es la habilitación para que personal de inteligencia pueda realizar aprehensiones en el marco de sus tareas, una facultad históricamente reservada a fuerzas policiales y de seguridad y que abrió una fuerte controversia política y jurídica.

En uno de los escritos presentados ante la Justicia, el grupo de abogados encabezado por Leopoldo Moreau advirtió que el nuevo esquema “habilita la realización de actividades de inteligencia y contrainteligencia de carácter encubierto sin orden judicial previa, sin delimitación precisa de los supuestos habilitantes y sin control externo eficaz”. Para los denunciantes, el DNU avanza sobre materias vedadas al Poder Ejecutivo y vulnera el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.

La negativa a abrir la feria judicial encaja, además, con la estrategia política que el oficialismo viene desplegando desde Balcarce 50. En el entorno presidencial descuentan que, al menos por ahora, el frente judicial no alterará el calendario del Gobierno y confían en ganar tiempo también en el Congreso, donde apuestan a que el debate sobre el DNU quede postergado hasta después de la discusión de la reforma laboral. La decisión de la Justicia de no acelerar los plazos refuerza esa hoja de ruta.

Con los amparos en pausa y el tratamiento parlamentario aún lejano, el decreto seguirá vigente durante las próximas semanas. La disputa, sin embargo, está lejos de cerrarse: los jueces naturales deberán pronunciarse sobre el fondo de la cuestión y el Congreso mantiene la facultad de rechazar el DNU en su totalidad. Por ahora, el Gobierno consiguió lo que buscaba: tiempo. Pero el conflicto por el alcance del poder de la SIDE y los límites democráticos del sistema de inteligencia apenas empieza a recorrer su capítulo en los tribunales.

PL/MG

El conflicto abierto por el DNU 941/2025, con el que el gobierno de Javier Milei reformó el sistema de inteligencia, pasó a una nueva fase: ya no se discute solo el contenido del texto, sino quién y cómo pondrá límites a una norma que amplía de manera inédita el poder de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Con presentaciones judiciales en marcha, advertencias de organismos de derechos humanos y una oposición que busca activar los resortes del Congreso, el decreto quedó atrapado en una carrera contra el calendario político y judicial.

En los tribunales, la discusión inmediata pasa por la feria de enero. Al menos cuatro presentaciones ingresaron al fuero Contencioso Administrativo Federal y fueron giradas a la fiscalía para que dictamine si corresponde habilitar el receso y tratar medidas cautelares urgentes. En todos los casos se solicita la suspensión inmediata de la vigencia del DNU, bajo el argumento de que el Poder Ejecutivo utilizó un decreto para modificar aspectos sustantivos de la Ley de Inteligencia Nacional sin acreditar una situación real de necesidad y urgencia.

Entre los planteos más relevantes se encuentra el del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que presentó un amparo colectivo al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado. En su escrito, la organización sostuvo que la norma amplía de forma “imprecisa y genérica” las facultades del Estado para desarrollar tareas de inteligencia y habilita una intervención directa sobre derechos fundamentales como la privacidad, la autodeterminación informativa, la libertad personal, la participación social y política y la igualdad ante la ley. También advirtió que el decreto eleva el nivel de sospecha sobre toda la población y refuerza el carácter secreto del sistema sin controles democráticos efectivos.

A esas acciones se sumaron presentaciones de diputados de distintos espacios políticos, como el socialista Esteban Paulón o el lilito Maximiliano Ferraro, que sostienen que el decreto de Milei viola el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, avanza sobre materias vedadas y modifica de hecho el Código Procesal Penal al habilitar aprehensiones por parte de agentes de inteligencia. Para los firmantes, no existió ninguna situación de necesidad y urgencia que justificara eludir el debate parlamentario, más aún cuando el decreto fue firmado al día siguiente de finalizadas las sesiones extraordinarias convocadas por el propio Poder Ejecutivo.

Desmentidas y “urgencias”

Frente a ese escenario, la Casa Rosada decidió salir a defender la reforma en el plano discursivo. A través de un comunicado oficial, difundido a modo de desmentida de una nota publicada en el diario La Nación, la SIDE negó que el decreto habilite espionaje interno sobre militantes políticos, organizaciones sociales o periodistas. También rechazó que la norma borre los límites entre Defensa Nacional y Seguridad Interior y afirmó que, lejos de militarizar la inteligencia, elimina superposiciones y tareas de investigación criminal que no le corresponden al organismo.

Otro de los puntos centrales de la defensa oficial es la justificación del carácter “urgente” del decreto. En Balcarce 50 sostienen que el contexto internacional, marcado por la escalada del conflicto en Venezuela, obligó a acelerar una reforma que, argumentan, no podía esperar a las sesiones ordinarias de marzo. Con ese razonamiento, el Ejecutivo admite que los cambios “más profundos” se discutirán luego en el Congreso, pero defiende la necesidad de haber avanzado ahora con un primer reordenamiento por decreto.

Incluso dentro del propio oficialismo circulan posturas más duras, que van bastante más allá de la letra del decreto y de los protocolos internos que ahora el Gobierno promete redactar. Según pudo saber elDiarioAR, en la Casa Rosada hay quienes sostienen, sin demasiados pruritos, que cualquier funcionario público debería estar habilitado a aprehender a una persona si presencia la comisión de un delito. Bajo esa lógica, la polémica por las facultades policiales otorgadas a la SIDE aparece relativizada: no se trataría de una excepción propia del sistema de inteligencia, sino de una potestadque debería extenderse a todo agente del Estado en nombre del orden y la seguridad.

En cuanto a la conducción y los nombres que integran la cúpula del organismo, por ahora no se esperan movimientos inmediatos. “Sin cambios por ahora, pero a tiro de firma de Cristian si no responden”, sintetizan cerca de Santiago Caputo cuando se les consulta por eventuales desplazamientos o recambios internos. La referencia es al contador Cristian Auguadra, el flamante titular de la SIDE, anunciado en su cargo el pasado 3 de diciembre, que concentra la lapicera formal para avanzar con ajustes finos en un organismo todavía en plena reconfiguración. La señal es doble: no habrá purga inmediata, pero tampoco margen para desmarques en un esquema que busca alineamiento político y operativo sin fisuras.

Objetivo: blindar y dilatar

En el entorno presidencial hacen oídos sordos a una advertencia que circula incluso entre aliados: desde el punto de vista político, no faltan voces “amigables” que argumentan que hubiera sido más pragmático enviar un proyecto de ley y debatirlo artículo por artículo. Es que, si el DNU es rechazado, cae completo. No admite correcciones parciales ni negociaciones quirúrgicas. Aun así, la estrategia elegida por el laboratorio caputista fue avanzar por esa vía y apostar a blindarlo en al menos una de las dos cámaras.

En ese tablero, el Congreso aparece como el próximo campo de batalla. Diputados de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Provincias Unidas y otros bloques reclamaron formalmente a Martín Menem y a Victoria Villarruel la conformación urgente de dos comisiones clave: la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia y la Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de dictaminar sobre la validez de los DNU.

Según admiten en el propio oficialismo, parte de la estrategia pasa por no conformar esas bicamerales durante el receso legislativo y jugar con los tiempos reglamentarios. Sin ellas, los plazos corren a favor del Ejecutivo. Milei tiene diez días hábiles para girar el decreto al Congreso y, una vez cumplido ese paso, la comisión bicameral cuenta con otros diez días hábiles para dictaminar. Como hoy no está integrada, recién hacia fines de enero ambas cámaras quedarían habilitadas para discutir el DNU en el recinto.

La ley es clara: para que un decreto presidencial quede sin efecto deben rechazarlo ambas cámaras por mayoría simple, como ocurrió en 2024 con el que aumentaba en 100 mil millones el presupuesto de la SIDE. En el Gobierno confían en que ese escenario es improbable y recuerdan el antecedente del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado pero nunca llegó a tratarse en Diputados por falta de votos opositores. En ese marco, la Casa Rosada puede concentrarse en blindar una sola cámara para sostener la reforma.

Poroteo

En Balcarce 50 transmiten además una confianza explícita en que no habrá sobresaltos inmediatos. Admiten que la prioridad política de las próximas semanas estará puesta en la reforma laboral y descuentan que la oposición no logrará forzar una discusión de fondo sobre la inteligencia antes de ese debate. “No va a pasar nada”, repiten en el entorno presidencial, convencidos de que el tema espionaje es áspero y difícil de convertir en una ofensiva parlamentaria sostenida.

Los números, por ahora, acompañan esa lectura. La oposición no está tan lejos del quórum, pero todavía necesita sumar voluntades. A los 93 diputados del peronismo se agregan 22 de Provincias Unidas, 4 de la Izquierda y algunos legisladores sueltos, como Natalia De la Sota o Jorge “Gato” Fernández. Aun así, faltan al menos ocho apoyos más. En ese escenario, el rol de los gobernadores y el posicionamiento del radicalismo aparecen como claves. En la UCR, por ahora, guardan silencio.

El PRO, en tanto, expresó un respaldo condicionado a través de un comunicado: avaló la necesidad de modernizar el sistema de inteligencia, destacó la integración de bases de datos como una deuda histórica, pero reclamó conocer los protocolos de uso, además de los alcances operativos de facultades sensibles como las aprehensiones. En la Casa Rosada leen ese apoyo como suficiente para resistir un intento de volteo.

Sin embargo, lejos de cerrarse, el conflicto recién empieza. Con el decreto ya vigente, protocolos todavía en borrador y la promesa de una futura ley que nadie vio, el Gobierno eligió avanzar primero y explicar después. En Balcarce 50 apuestan a que la polémica por el DNU de la SIDE se diluya entre la reforma laboral y el calendario parlamentario. Pero la pregunta incómoda ya quedó instalada: cuánto poder está dispuesta a concentrar el Estado en nombre de la urgencia y cuán frágiles pueden volverse los controles democráticos cuando el espionaje deja de ser un subsistema y pasa a ser un eje del poder.

PL/MF

El DNU con el que el Gobierno acaba de reformar el sistema de inteligencia se encuentra bajo asedio. Los amparos judiciales que cuestionan la constitucionalidad del decreto no paran de acumularse y, si bien el Gobierno está preparado para dar la batalla judicial, los frentes se multiplican delante de sus narices. El problema es el Congreso: el Gobierno hace cuentas y observa, preocupado, que el número para sostener el DNU en el recinto no está garantizado. Ni mucho menos. 

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, está convencido de que logrará encapsular el debate en la Bicameral de Trámite Legislativo, pero el reloj comenzó a correr. La oposición no juega solo a una estrategia: el peronismo está dispuesto a dar pelea en la Bicameral, que todavía no está conformada pese a que está facultada a funcionar durante el receso, pero el verdadero objetivo es el recinto. En silencio, la bancada peronista, que comanda Germán Martínez, y la Coalición Cívica ya empezaron a juntar los votos para voltear el DNU en Diputados. 

Los acercamientos entre los distintos bloques de la oposición son sigilosos: ninguno de los armadores del peronismo, la CC y Provincias Unidas quiere levantar la perdiz, pero las conversaciones para convocar a una sesión para voltear el decreto que, entre otras cosas, habilita la aprehensión en casos de flagrancia por parte de agentes de inteligencia, ya comenzaron. El objetivo es rechazar el DNU en febrero, cuando el Gobierno convoque a extraordinarias para aprobar la reforma laboral. 

Hay solo un problema, y es que no existe un consenso mayoritario respecto a si el Congreso puede reunirse a rechazar un decreto en sesiones extraordinarias si el presidente no incluye el DNU 941 en el temario. Nadie en la oposición espera que Javier Milei vaya a incluir el decreto de inteligencia en el listado de temas a debatir –como la Ley de Glaciares o la Modernización laboral–, por lo que el argumento es que, dado que la Bicameral está facultada a funcionar durante todo el año, así también el recinto para tratar los DNU.

“Un DNU puede tratarse por fuera del período ordinario, ya que no hacerlo implicaría renunciar a la función de control del Congreso. Un DNU no es regla, es una excepción. Por algo la ley establece una bicameral permanente, está pensada para garantizar el control legislativo siempre”, explica el lilito Maximiliano Ferraro a eldiarioAR.

El oficialismo, en cambio, busca patear el tema para marzo, bajo el argumento de que en extraordinarias sólo pueden debatirse los proyectos que pide el Ejecutivo. Tanto opositores como oficialistas saben, sin embargo, que la disputa de bibliotecas se resuelve de una sola manera: el número. El pleno es soberano, y lo que la mayoría determine es lo que será.

Los votos para rechazar (otra vez) el DNU de la SIDE

La base para el rechazo del DNU de inteligencia, que cambia el enfoque de la SIDE y lo orienta hacia la contrainteligencia, contabiliza unos 121 votos en la Cámara de Diputados. 93 de esos votos provienen de Unión por la Patria, que denuncia que el DNU de Milei convierte a los agentes de la SIDE en una “policía secreta” que puede aprehender personas y que legaliza el espionaje interno. 

La otra base del rechazo son los 22 diputados que integran el interbloque de Provincias Unidas, que preside la santafesina Gisela Scaglia e incluye a los cordobeses que responden a Martín Llaryora, a los radicales no libertarios, a los lilitos y, a su vez, a Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. “Las reformas en inteligencia deben discutirse en el Parlamento, no imponerse por DNU”, advirtió públicamente Scaglia, que responde al gobernador Maximiliano Pullaro.

Por fuera de esos dos pilares, que prometen convertirse en la base de la fuerza opositora en Diputados junto a los cuatro diputados de izquierda, la oposición suma también a algunos satélites sueltos –y heridos– del ex oficialismo, como Marcela Pagano, y del peronismo, como el puntano “Gato” Fernández y la cordobesa Natalia de la Sota. 

“121 es un buen número para empezar un poroteo, nunca lo tuvimos para rechazar el DNU 70”, señala, entusiasmado, uno de los armadores del peronismo. No menciona, sin embargo, al resto de los diputados con los que la oposición está hablando con el objetivo de sumarlos a su embestida al Gobierno. Es el caso de Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, pero también de algunos radicales, que le rehuyeron a dar declaraciones públicas sobre el DNU pero que, puertas adentro, admiten: “Es un desastre, hay que voltearlo”. 

Con dos o tres diputados radicales, la oposición estará a un paso de voltear el DNU. Aspiran a poder conseguir el número sin el PRO, que sospechan que, cuando llegue el momento, se alineará con el Gobierno.

Los aliados del Gobierno

El Gobierno confía, mientras tanto, que el espaldarazo del triunfo electoral y los acuerdos cerrados con los gobernadores en el marco del Presupuesto 2026 ayudarán a blindar el DNU de inteligencia. Como la oposición, La Libertad Avanza cuenta con su propia base mínima de adhesiones: los 95 libertarios y la veintena de diputados que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). 

Unas pocas horas después de que se publicara el DNU de la SIDE, incluso, Milei le transfirió el control de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio al gobernador de Catamarca: un reclamo de larga data que el Gobierno terminó de conceder luego de que Jalil hubiera cumplido con romper el bloque peronista en Diputados y acompañar, luego, el Presupuesto 2026. En el Gobierno descuentan que, cuando llegue el momento, los diputados catamarqueños ayudarán a blindar el DNU de la SIDE. 

En Casa Rosada también cuentan con que Cristian Ritondo ordene al bloque PRO para acompañar el decreto. Pese a los tironeos con Menem por el “robo” de diputados y la pelea por la presidencia de la Cámara de Diputados, Ritondo mantiene una sólida alianza con el Gobierno y colaborará con LLA para proteger el DNU. Su mayor desafío, por estas horas, es hacer equilibrio con Mauricio Macri, que la última vez que quiso salir a marcarle la cancha al Gobierno fue a través del rechazo de un DNU que aumentaba los fondos reservados de la SIDE. 

Fue la primera vez que el Congreso le rechazó un DNU a un gobierno. Y en el ojo de la tormenta estaba, una vez más, Santiago Caputo y el manejo de la SIDE. Un paralelismo que está muy presente, por estas horas, en las oficinas del caputismo, que es en donde se mira, con mayor temor, que el número para blindar el decreto está difícil. 

“Está finito, si se cae, se cae, será una lástima”, admitió uno de los emisarios de las fuerzas del cielo.

MCM

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una acción de amparo colectivo ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que se declare la nulidad absoluta, ilegalidad e inconstitucionalidad del DNU mediante el cual el Poder Ejecutivo reformó la Ley de Inteligencia. La organización también solicitó una medida cautelar urgente para suspender la aplicación de varios artículos del decreto y pidió la habilitación de la feria judicial.

Según el CELS, el decreto es inconstitucional por al menos tres motivos centrales. En primer lugar, el Poder Ejecutivo no brindó ninguna explicación concreta sobre la urgencia que justificara una reforma de esta magnitud a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, en lugar de someterla al debate parlamentario. En segundo término, el DNU avanza sobre materia penal, una facultad expresamente vedada al Ejecutivo por la Constitución Nacional, al habilitar a agentes de inteligencia a detener personas sin orden judicial ni control posterior. Por último, la organización advirtió que los contenidos del decreto son ilegales, arbitrarios y desproporcionados por los derechos fundamentales que afectan.

La acción judicial cuestiona especialmente los artículos 4, 17, 18 y 19 del DNU 941/25, cuya aplicación inmediata —sostiene el CELS— produce una afectación directa a derechos constitucionales y humanos. Entre ellos, la libertad personal y ambulatoria, la privacidad, el debido proceso, la autodeterminación informativa y la libertad de acción y participación social y política.

Uno de los ejes más problemáticos del decreto, según el planteo judicial, es el desmantelamiento de las prohibiciones históricas que regían sobre los organismos de inteligencia. La reforma amplía de manera imprecisa las facultades de intervención estatal bajo el paraguas de las llamadas “investigaciones de inteligencia” y, especialmente, de la contrainteligencia. Mientras que la ley anterior prohibía expresamente que las agencias influyeran en la vida política, social, económica, partidaria o en la opinión pública, el nuevo DNU excluye de esas restricciones a las actividades de contrainteligencia, cuyo alcance redefine y expande de forma arbitraria. De este modo, advierte el CELS, prácticamente cualquier actividad podría ser encuadrada como contrainteligencia, habilitando la intervención estatal en ámbitos que antes estaban vedados.

Otro punto central del cuestionamiento es el acceso irrestricto a información personal. El nuevo artículo 10 autoriza a los organismos de inteligencia a requerir datos personales a cualquier dependencia del Estado nacional o provincial sin control externo y sin necesidad de justificar la proporcionalidad de la medida ni su vinculación con una finalidad legítima de seguridad nacional. Además, el artículo 4.5 permite a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) compartir esa información con entidades nacionales o extranjeras mediante convenios confidenciales, sin orden judicial previa, una exigencia que sí contemplaba la legislación anterior.

Esto implica, según el amparo, que datos sensibles recolectados por organismos como el Renaper, Migraciones o la Anses —originalmente destinados a fines administrativos— puedan ser utilizados, almacenados y divulgados por las agencias de inteligencia sin control civil ni judicial y sin una finalidad concreta vinculada a la seguridad nacional.

El CELS también cuestionó con dureza la nueva facultad otorgada a los agentes de inteligencia para detener personas sin orden judicial, tanto en el marco de actividades de inteligencia como ante supuestos delitos en flagrancia. En esos casos, el decreto establece que el aviso debe darse a fuerzas policiales o de seguridad, y no a un juez. Para la organización, esta habilitación viola la prohibición constitucional que impide al Poder Ejecutivo legislar en materia penal y se apoya, además, en definiciones vagas y amplias de “investigación de inteligencia” y de “actividades de interés para la Inteligencia Nacional”, conceptos que el DNU no define con precisión.

La consecuencia, advirtió el CELS, es la posibilidad de detenciones sin hipótesis concreta de delito ni un umbral mínimo de sospecha, lo que supone una grave afectación de las garantías individuales. “No se trata de meros ajustes administrativos”, señalaron desde la entidad, sino de intervenciones directas y restrictivas sobre ámbitos centrales de la autonomía personal y la acción social, adoptadas mediante un instrumento de “baja calidad democrática”.

En ese sentido, la presentación judicial remarca que el DNU no solo carece de una justificación clara sobre la necesidad y urgencia de su dictado, sino que tampoco explica por qué la reforma no podía esperar los tiempos del debate democrático en el Congreso.

El Gobierno empezó a trabajar en un protocolo interno para regular las aprehensiones por parte de agentes de inteligencia, uno de los puntos más controvertidos del DNU 941/2025 que reformó el sistema de espionaje y abrió una tormenta política y jurídica. Fuentes cercanas a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) admiten que la letra del decreto dejó zonas grises que ahora buscarían acotar para evitar excesos operativos, denuncias judiciales y un desgaste mayor en un terreno especialmente sensible.

Según explican, la reglamentación reforzaría la letra del decreto con el fin de delimitar la posibilidad de que personal del organismo realice aprehensiones en tres escenarios puntuales. El primero es el caso de flagrancia, es decir, cuando se sorprende al autor de un delito cuando lo está cometiendo. El segundo, operativos conjuntos con la Justicia, cuando exista una orden judicial y se trate de una persona que represente un riesgo concreto. El tercero es el más delicado: operaciones de inteligencia en las que podría aprehenderse a un civil que no esté formalmente sospechado, “con el único objetivo de proteger al personal o preservar la operación”, según se describe.

Ese último supuesto es, justamente, el que encendió las mayores alarmas dentro y fuera del sistema de inteligencia en los últimos días. No sólo por la ampliación de facultades en sí, sino por el margen de discrecionalidad que abre en un organismo históricamente opaco. Consciente de ese riesgo, voces extraoficiales aseguran que el protocolo, en caso de aplicarse, pretendería cerrar el cerco interno y limitar el criterio individual de los agentes.

En ese sentido, según expresa el DNU, toda actividad de inteligencia deberá estar “expresamente aprobada” por la SIDE, autorización que deberá detallar de manera previa qué tipo de acción se realizará y qué agentes estarán afectados. Sólo ese personal podrá intervenir en una eventual aprehensión, siempre bajo el control de la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), el organismo creado para reemplazar a la ahora extinta División de Asuntos Internos (DAI).

La IGI es presentada como una válvula de control interno frente a las críticas por la concentración de poder en la SIDE. Sin embargo, en la opinión pública persisten las dudas sobre su autonomía real frente a la conducción política del organismo —personificada en el asesor presidencial Santiago Caputo a través del contador Cristian Auguadra— y sobre su capacidad efectiva para auditar operaciones sensibles en tiempo real.

Amparos y cauterales

Otro de los puntos que hizo ruido en las últimas horas fue el temor a que la nueva normativa habilite tareas de inteligencia sobre periodistas, bajo el paraguas de la “fuga de información clasificada”. En el oficialismo niegan de plano esa interpretación y sostienen que el decreto fue redactado justamente para evitar cualquier sospecha de ese tipo. Como respaldo, citan el artículo 4, inciso 3, que prohíbe producir inteligencia nacional o contrainteligencia sobre personas por su raza, fe religiosa, opiniones políticas, pertenencia a organizaciones o por el desarrollo de actividad lícita, incluida la periodística.

Sin embargo, nada logra descomprimir el conflicto que ya se desplazó a los carriles institucionales. La controversia empezó a judicializarse este lunes: el diputado socialista Esteban Paulón, junto a Mónica Frade y Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, presentó una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del decreto, además de una medida cautelar para suspender de inmediato sus efectos y toda normativa dictada en su cumplimiento.

En la presentación sostuvieron que “no hubo ni hay necesidad ni urgencia” que justifique el decreto, que violaría el artículo 99 inciso 3 de la Constitución y avanza sobre materias penales vedadas al Poder Ejecutivo, al otorgar al personal de inteligencia atribuciones propias de la Policía Judicial y de las fuerzas de seguridad.

En paralelo, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia quedó bajo presión para asumir un rol activo. El órgano parlamentario deberá requerir informes al Ejecutivo, analizar los protocolos de aplicación y pronunciarse sobre el alcance real de una reforma que, aun antes de reglamentarse por completo, ya generó polémica.

El protocolo que prepara la SIDE podría leerse así como una herramienta defensiva, más orientada a contener daños que a cerrar la discusión de fondo. Lejos de disipar las críticas, confirma que uno de los aspectos más sensibles del DNU abrió un debate que excede lo operativo y vuelve a poner en el centro una pregunta estructural: hasta dónde puede expandirse el poder de la inteligencia del Estado sin erosionar los límites democráticos.

PL/MC

El DNU 941/2025 con el que el Gobierno acaba de reformar el sistema de inteligencia abrió una polémica inmediata que excede largamente la discusión técnica. No sólo porque amplía de manera inédita las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), sino porque le concede una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia, al modificar aspectos sustantivos tanto de la Ley de Inteligencia como de la Ley de Defensa. En el Congreso, en la oposición y también dentro del propio sistema de espionaje, la decisión empezó a leerse como un salto cualitativo en la concentración del poder informativo del Estado.

Puertas adentro del mundo de la inteligencia, el escepticismo es marcado. Una fuente con trayectoria en el área, que pasó por distintas gestiones, relativiza el alcance real de la reforma y pone el foco en el método. “Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si con 40 se cierran”, explica en contacto con elDiarioAR. En su lectura, el Gobierno ya ganó la batalla comunicacional, pero la implementación aparece plagada de obstáculos y la posibilidad de una transformación profunda luce, como mínimo, incierta. “En estas condiciones, con áreas desarticuladas y problemas de seguridad elementales ¿te parece que va a ser esta transformación tan grandilocuente? Yo creo que es medio inviable”, advierte.

Ese mismo diagnóstico anticipa tensiones políticas y operativas. “Va a generar ruidos con los militares, va a generar ruidos con las fuerzas de seguridad y va a generar ruidos internos en la propia SIDE”, sostiene la fuente. Y agrega un elemento clave para entender el trasfondo del decreto: “El interés de fondo es el control presupuestario más amplio que van a tener con las fusiones de las áreas”.

Uno de los puntos que más ruido generó es la transferencia del área de ciberseguridad, que deja de depender de la SIDE y pasa a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, que en el organigrama oficial depende de la Jefatura de Gabinete. Pese a que es un área que controla Karina Milei, al frente de esa secretaría está Darío Genua, un funcionario cercano al asesor Santiago Caputo, el estratega que controla políticamente el área de inteligencia a través del contador Cristian Auguadra.

En el sistema, la lectura fue inmediata. Otra voz especializada en inteligencia apunta que el corrimiento del área no es neutro. “El negocio de la ciber bajo la órbita de Jefatura de Gabinete tiene connotaciones ad hoc, porque tiene que ver directamente con la interna política”, señala. En ese marco, vuelve a aparecer el nombre del empresario Leonardo Scatturice, proveedor de tecnología digital ligado al entorno de Caputo, que podría verse beneficiado por un esquema en el que Innovación concentra decisiones sobre infraestructura, sistemas y contratos estratégicos.

“Una locura”

La ampliación de atribuciones operativas también encendió alarmas. El decreto habilita que el personal de inteligencia pueda aprehender personas en casos de flagrancia, una facultad históricamente reservada a fuerzas policiales y de seguridad. Dentro del propio mundo del espionaje, la reacción fue directa. “Una locura”, resumió un agente con responsabilidades operativas. Para esa fuente, la medida rompe un límite histórico entre inteligencia y funciones policiales y expone al organismo a conflictos judiciales difíciles de contener.

En el Congreso, en tanto, el DNU activó movimientos cruzados. Mientras que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia formalizará un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique los fundamentos y alcances del decreto, el PRO optó por una posición de cautela que, en los hechos, funciona como respaldo político al Gobierno.

En un comunicado, el bloque que comanda Cristian Ritondo evitó fijar una postura definitiva hasta conocer los protocolos de aplicación y anunció que analizará la medida través de un equipo técnico. Aunque reconoció que la reforma podría tener aspectos “positivos” y relativizó el uso del DNU al señalar que fue una herramienta utilizada por gestiones anteriores, el partido amarillo destacó la integración de bases de datos como un avance y descartó riesgos legales en ese punto.

Desde la oposición, en cambio, las críticas se acumulan. El exdiputado Leopoldo Moreau denunció que el DNU “significa la creación de una policía secreta” y que “clausura la posibilidad de conducción civil de la inteligencia militar”. También recordó que es la segunda vez que Javier Milei modifica el sistema de inteligencia por decreto y acusó al Gobierno de “pasar descaradamente por encima de las facultades del Congreso”. Para Moreau, el nuevo esquema “obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política” y representa “un claro retroceso democrático”.

En la misma línea se expresó el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica ARI, quien cuestionó el método elegido por el Ejecutivo. “¿Por qué no discutir un tema tan relevante en el seno del Congreso, con debate plural y contralor efectivo?”, planteó. Y fue más allá: “Si este DNU lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”.

Otro eje sensible es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM) y la concentración de la inteligencia estratégica bajo el Estado Mayor Conjunto. La reforma abrió allí un frente político inmediato. El exministro de Defensa Jorge Taiana sostuvo que el nuevo esquema “autonomiza la inteligencia del control civil del Ministerio de Defensa” y, al mismo tiempo, subordina a las Fuerzas Armadas al área de seguridad. En su interpretación, el Gobierno avanza hacia una concepción de “Guardia Nacional”, una idea que, advirtió Taiana, promueve desde hace años el Comando Sur de Estados Unidos.

Una urgencia normativa “inexistente”

Desde el propio universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve una y otra vez al mismo punto. Una fuente con larga experiencia en la SIDE subraya que, a diferencia del decreto de julio de 2024, esta reforma no busca coordinar sino concentrar. “En dos años no se hizo una sola reunión de coordinación real”, remarca en diálogo con elDiarioAR. Y advierte sobre la celeridad del cambio, ya que el DNU “construye una urgencia normativa que no existe” y avanza hacia un esquema donde todas las áreas del Estado pasan a funcionar como “reservorios” de inteligencia. “La SIDE tiene que ser un proveedor de información estratégica para la toma de decisiones, no el organismo que concentre y administre todo el flujo informativo del Estado”, resume.

Es que la polémica se potencia además por el timing político de la medida. El fortalecimiento de la Secretaría como nodo central de información coincide con un momento de alta circulación de datos sensibles, en medio de disputas abiertas del Gobierno con actores de peso como la AFA y de una ofensiva discursiva contra supuestas redes de poder enquistadas en el Estado.

En ese contexto, la ampliación de la Comunidad Informativa Nacional, que obliga a organismos públicos a suministrar información estratégica al sistema de inteligencia, es leída por sectores opositores como un riesgo de utilización política del flujo informativo.

Las críticas internas también apuntan al sesgo doctrinario del texto. Esa misma fuente subraya que el decreto tiene “un perfume muy militar”, con pasajes que remiten a normas propias de las Fuerzas Armadas y a esquemas de intervención en seguridad interior. En particular, genera inquietud la posibilidad de que los militares actúen como auxiliares de la SIDE en determinadas circunstancias. “Eso requiere mucho cuidado”, advierte, al señalar que se trata de una frontera históricamente sensible en la democracia argentina.

Vigilancia política

A esas advertencias se sumó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que alertó sobre un cambio estructural en el modelo de inteligencia que introduce el decreto. Según el organismo, la reforma desplaza a la SIDE de un enfoque de seguridad nacional hacia uno centrado en la contrainteligencia, un concepto que el DNU amplía hasta englobar cualquier amenaza externa o interna al Gobierno. En esa redefinición, señaló, la Secretaría corre el riesgo de convertirse en una agencia orientada a la inteligencia política, con capacidad para vigilar y controlar todo aquello que sea definido como “riesgo interno”.

El CELS también advirtió que la reforma reactualiza la lógica del “enemigo interno” y plantea un serio riesgo para la libertad y la privacidad de las personas. En particular, cuestionó que el decreto transforme a distintas áreas del Estado —como el ReNaPer o ARCA— en terminales del sistema de inteligencia, obligadas a entregar información sensible de la ciudadanía sin controles democráticos efectivos.

En un pronunciamiento más amplio, el organismo recordó que en los últimos dos años el Gobierno reformó por decreto tanto el sistema de inteligencia como las leyes orgánicas de la Policía Federal y de las fuerzas de seguridad, pese a que ese tipo de modificaciones están vedadas por la Constitución. Con este nuevo DNU, sostuvo, se siguen corriendo los límites constitucionales y se construye, sin pasar por el Congreso, un marco normativo orientado a la vigilancia política de actores que ya aparecían señalados como “enemigos internos” en el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) filtrado.

La reforma, así, no sólo reorganiza estructuras: redefine equilibrios. Al concentrar información, ampliar facultades operativas y redistribuir áreas clave como la ciberseguridad, el Gobierno empuja un rediseño profundo del sistema de inteligencia en un contexto político cargado. Con el antecedente del rechazo al decreto que ampliaba los fondos reservados en 2024, la posibilidad de judicialización y una creciente circulación de información sensible, el DNU abrió un conflicto que excede la coyuntura y vuelve a poner en debate los límites del poder, el control civil y los mecanismos democráticos de supervisión del espionaje estatal.

PL/MF

La Confederación General del Trabajo (CGT) manifestó su “más absoluta oposición y rechazo” al DNU que modifica la ley de Inteligencia y remarcó que esa clase de reformas deben “ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”.

“Introduce cambios en la organización y conducción del sistema de la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilitando por decreto reformas arbitrarias, regresivas y peligrosas que deben necesariamente ser tratadas y legitimadas a través del Congreso de la Nación”, lamentó la central obrera en un comunicado.

La CGT difundió su postura contraria a esta iniciativa en momentos de tensión con la gestión libertaria por el pryoecto que promueve en el Congreso para la reforma laboral, que es rechazado por los gremialistas.

El texto de los sindiclaistas consideró que “esta decisión gubernamental deja a toda la ciudadanía en una situación institucionalmente crítica: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su opacidad y su poder sin control parlamentario”.

“Todas sus actividades de espionaje pasarán a ser ‘encubiertas’, transformando a los agentes de inteligencia en ‘policía secreta’ o ‘fuerza parapolicial’, y habilitando la detención de personas sin orden judicial”, evaluó la CGT

“A su vez, se autoriza a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de inteligencia interior. También faculta la ejecución de tareas ante la ‘fuga de información clasificada’, lo que, en la práctica, representa hostigamiento y censura sobre el ejercicio de un periodismo libre, entre otros graves riesgos”, continuó. 

Al respecto, la central insistió en que “se configura así una grave amenaza sobre las libertades individuales y los derechos garantizados por la Constitución Argentina”.

Y cerró: “Estas iniciativas, divorciadas de las genuinas prioridades de nuestro pueblo, surgen como el complemento represivo indispensable de un programa económico y social de ajuste continuo que se está llevando a cabo y que no resultará sustentable en el tiempo, y que, por lo tanto, se aleja cada vez más de un modelo compatible con la vigencia de una democracia plena”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El Gobierno salió a defender la reforma del sistema de inteligencia impulsada por decreto de necesidad y urgencia (DNU 941/25), luego de las críticas de sectores opositores que advierten sobre la posibilidad de una “policía política” o espionaje interno encubierto

A través de un comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Poder Ejecutivo sostiene que los cambios buscan modernizar y ordenar un sistema históricamente opaco, profesionalizarlo y ajustarlo a las amenazas del siglo XXI. El texto repudia expresamente prácticas del pasado en las que, afirma, recursos del Estado fueron utilizados de forma indebida para perseguir políticamente, espiar domésticamente o controlar a dirigentes, periodistas y ciudadanos.

“El objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”, dice el comunicado oficial, que subraya que funciones sin sustento institucional —como seguridad interna o control de infraestructura crítica— pasaron a estar bajo otros organismos del Estado.

Desde el Ejecutivo también ponen el acento en la eliminación de superposiciones entre áreas y en la racionalización de estructuras, como la redefinición del rol de la Agencia Nacional de Contrainteligencia —antes Agencia de Seguridad Nacional— para que se concentre exclusivamente en tareas de contrainteligencia, es decir, la protección del Estado frente a espionaje o injerencia extranjera, sin participación en actividades políticas internas.

“La contrainteligencia es definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos, poniendo fin a prácticas del pasado en las que los recursos del Estado fueron utilizados para la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos”, remarca el comunicado.

La reforma incluye, además, la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar para evitar duplicaciones, y la creación de nuevos mecanismos de intercambio de información entre organismos del Estado, con trazabilidad, automatización y registro obligatorio de cada flujo de datos, según el documento oficial.

A pesar de estas defensas oficiales, la oposición continúa poniendo el foco en puntos como la posibilidad de que agentes de inteligencia puedan aprehender personas en casos de flagrancia, atribución que para críticos difumina los límites entre inteligencia y funciones policiales. El Gobierno, por su parte, afirma que estas facultades están encuadradas en la modernización institucional y no implican un cambio en el enfoque de persecución interna.

MC

El anuncio de una profunda reforma en el sistema de inteligencia nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) desató un fuerte rechazo de los bloques opositores en el Congreso. 

Los cuestionamientos se centran en el DNU 941/2025, que otorga a la SIDE facultades para aprehender personas en casos de flagrancia y califica todas sus actividades como “encubiertas”, lo que para diversos sectores representa la instauración de un “Estado policial”.

Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida “clausura la conducción civil de la inteligencia” y crea de facto una “policía secreta”. 

En sintonía, el exministro de Defensa, Jorge Taiana, alertó que la disolución de los organismos de control civil sobre la inteligencia militar busca convertir a las Fuerzas Armadas en una “Guardia Nacional” subordinada a tareas de seguridad interior. Para el legislador, se trata de “una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo ya hacen y a lo que quieren hacer” y “la consecuencia será un Estado policial que recortará varios derechos y perseguirá y controlará a opositores”.

Asimismo, Taiana considera que en el caso de las Fuerzas Armadas, “autonomizan la inteligencia del control civil por parte del ministerio de Defensa, disolviendo la Diniem y concentrando el poder en la dirección estratégica militar del EMCO. (Vieja aspiración de la corporación). A cambio de ganar esa autonomía en Defensa, subordinan la inteligencia militar al área de seguridad, dando un paso más en convertir a las FFAA en un auxiliar de las fuerzas de seguridad”.

“Se avanza así en el objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional , como impulsan hace años desde el Comando Sur”, concluyó en su posteo el diputado peronista.

Por su parte, el socialismo y la Coalición Cívica señalaron que el decreto es una herramienta para el “espionaje político”, ya que define de manera ambigua las amenazas a la seguridad nacional.

La disputa se trasladará ahora al ámbito legislativo, donde la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé formalizar este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo. 

Dirigentes como Maximiliano Ferraro (CC) y Esteban Paulón (Socialismo) exigieron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para proceder a su rechazo, argumentando que una reforma de tal sensibilidad estratégica no puede ser impuesta sin debate parlamentario. 

Mientras tanto, el PRO mantiene un cauteloso silencio, aunque sus referentes en la comisión fiscalizadora ya coordinan acciones para auditar el alcance de los nuevos cambios. 

Con información de agencias.

IG

El 2026 arrancó activo para el Gobierno: decidió avanzar con una reforma de segunda generación del sistema de inteligencia. A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este viernes, vuelve a modificar la Ley 25.520 con el fin de terminar de reordenar un esquema plagado de disputas de mando y bordeando los límites entre inteligenicia y seguridad. La decisión refuerza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como vértice del espionaje estatal y la habilita a aprehender personas en casos de flagrancia. Pero también deja una lectura política explícita: es un espaldarazo a Santiago Caputo, el asesor que controla el área, y al mismo tiempo una señal del peso creciente de Karina Milei en la arquitectura del poder libertario.

El Decreto 941/25, firmado el 31 de diciembre por Javier Milei y todo su gabinete, profundiza los cambios iniciados en 2024 con el Decreto 614/24 y busca cerrar una etapa de transición marcada por internas y reordenamientos parciales. La SIDE queda consolidada como autoridad central del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN), con mayores facultades operativas y de coordinación, mientras que el dominio digital se reconfigura por fuera del organismo.

En ese marco, Caputo retiene el control político del corazón del sistema de inteligencia y ratifica a Cristian Auguadra como jefe de la SIDE, un funcionario recientemente designado tras la salida de Sergio Neiffert y alineado con su esquema de conducción. En paralelo, la secretaria General de la Presidencia gana influencia directa sobre el área de ciberseguridad, que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete, bajo control de Manuel Adorni, uno de sus hombres de mayor confianza. El equilibrio interno queda así explicitado: mientras el asesor conserva el espionaje clásico y estratégico, Karina se asegura un rol clave en el frente digital, sin disputar el mando formal de la SIDE.

Estructura interna

El DNU redefine además la estructura interna del organismo. La actual Agencia de Seguridad Nacional (ASN) que comanda Alejandro Cecati cambia de denominación y pasa a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC), con un mandato exclusivo centrado en la prevención del espionaje, el sabotaje y la injerencia extranjera, evitando superposiciones con las fuerzas policiales. A su vez, la División de Asuntos Internos (DAI), al mando del contador Diego Valdiviezo, será reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que amplía sus atribuciones en auditorías, investigaciones internas, control de legalidad y supervisión presupuestaria.

En el plano digital, el decreto introduce una separación explícita entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La SIDE conserva la producción de inteligencia estratégica en el ciberespacio a través de la nueva Agencia Federal de Ciberinteligencia (AFC), que reemplaza a la disuelta Agencia Federal de Ciberseguridad que conduce Ariel Waissbein. En paralelo, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), un ente descentralizado que pasa a depender de la Jefatura de Gabinete y tendrá a su cargo la protección de redes, infraestructuras críticas y activos digitales estratégicos del Estado.

Ese punto es central en la lectura política del decreto. Mientras la AFC queda bajo la órbita directa de la Secretaría de Inteligencia —y, por lo tanto, del esquema que conduce Caputo—, el CNC se convierte en una caja de poder propia de Manuel Adorni, reforzando la incidencia de Karina Milei en un área clave para la seguridad nacional, la cooperación internacional y el control de datos sensibles.

La norma también crea dos ámbitos de articulación que amplían el alcance de la SIDE. Por un lado, la Comunidad de Inteligencia Nacional, que reúne a los organismos de espionaje y a áreas especializadas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad bajo conducción directa de la SIDE. Por otro, la Comunidad Informativa Nacional, integrada por ministerios y organismos con capacidad de generar información relevante —Migraciones, Aduanas, autoridades de identificación, sector nuclear, entre otros— aunque no produzcan inteligencia en sentido estricto. Será la SIDE la que defina los procedimientos y condiciones para el suministro de datos.

Inteligencia militar y criminal

En materia de inteligencia militar, el decreto avanza de manera explícita: se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM) y se concentra la producción de inteligencia estratégica militar en el Estado Mayor Conjunto, con el objetivo de fortalecer la conducción conjunta y mejorar la articulación con la inteligencia nacional. La medida busca cerrar una superposición histórica y reordenar un área especialmente sensible dentro del Ministerio de Defensa, ahora comandado por el teniente general Carlos Presti.

Distinto es el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). Pese a versiones iniciales que hablaban de una absorción completa por parte de la SIDE, fuentes del oficialismo consultadas por elDiarioAR aclararon que la inteligencia criminal no será modificada por el decreto. “No se toca”, aseguraron, en un gesto destinado a descomprimir tensiones con el área que comanda Alejandra Monteoliva y a marcar un límite político al avance del organismo de inteligencia sobre funciones operativas.

El nuevo DNU amplía además las atribuciones de la SIDE: podrá requerir información a cualquier organismo del sector público, coordinar acciones con provincias y la Ciudad de Buenos Aires, articular con agencias extranjeras y proveer su propia seguridad. También se habilita que su personal pueda aprehender personas en casos de flagrancia, con aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, un punto que vuelve a tensionar los límites entre inteligencia y funciones policiales, pese a que el texto insiste en que el sistema no cumple tareas judiciales ni de investigación criminal.

Desde el Ejecutivo presentan la reforma como un intento de modernizar, ordenar y legitimar el Sistema de Inteligencia Nacional, eliminar duplicaciones y dotar de respaldo legal a una actividad históricamente opaca. Pero la lectura política va más allá. El decreto, en realidad, intenta ordenar la feroz interna en La Libertad Avanza, fija jerarquías y reparte áreas de influencia en uno de los núcleos más sensibles del Estado.

Con Auguadra al frente de la SIDE, el Gobierno consolida un esquema en el que el control de la información estratégica queda cuidadosamente distribuido. No será sólo una reforma normativa: se trata, una vez más, de una definición política sobre quién manda, desde dónde y hasta dónde, en el corazón mismo del poder libertario.

PL/MC

La reconfiguración del sistema de inteligencia que impulsa Javier Milei empezó a mostrar su verdadero alcance. Bajo la nueva conducción de Cristian Auguadra, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) avanza con un diagnóstico severo sobre el estado del organismo y vuelve a empujar una decisión que promete abrir un conflicto interno de alto voltaje: absorber las direcciones nacionales de Inteligencia Criminal y Militar para concentrar bajo su órbita directa el control operativo y la información sensible del Estado. No es un giro técnico ni una discusión abstracta. Es una disputa por poder real, con antecedentes recientes y resistencias activas.

En ese marco, el eventual desmantelamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), que depende del Ministerio de Seguridad, y de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar (DNIM), bajo la órbita del Ministerio de Defensa, aparece como uno de los ejes más sensibles del rediseño que el Ejecutivo proyecta hacia 2026. La iniciativa se inscribe en los primeros pasos de Auguadra al frente del organismo, con el mandato explícito de ordenar el esquema desordenado que habría dejado la gestión de Sergio Neiffert, y reaviva una discusión que el propio oficialismo ya había ensayado sin éxito apenas iniciado el gobierno de La Libertad Avanza.

En marzo de 2024, cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) todavía existía, el entonces interventor Silvestre Sívori, hombre de extrema confianza del exjefe de Gabinete Nicolás Posse, intentó avanzar con una iniciativa que ya entonces encendió alarmas internas: unificar físicamente ambas áreas en la sede histórica de la SIDE, sobre la calle 25 de Mayo. La medida fue presentada como una mudanza administrativa destinada a “eliminar barreras” y mejorar la coordinación frente al terrorismo y el narcotráfico.

Pero aquel planteo abrió una discusión política y jurídica que nunca terminó de resolverse y el tema quedó latente, a la espera de un contexto más favorable. Desde el entorno de Patricia Bullrich advirtieron en ese momento que, si la integración dejaba de ser edilicia para volverse orgánica y funcional, resultaba inevitable modificar la Ley de Inteligencia, algo que el oficialismo hasta ahora nunca impulsó, ni siquiera en julio de 2024 cuando decidió relanzar el organigrama de la SIDE mediante un DNU.

La nueva Política de Inteligencia Nacional

Un año después, ese debate vuelve, pero sin eufemismos. Ya no se trata de compartir oficinas ni de coordinación logística: el objetivo es subsumir estructuras, vaciar de poder a las direcciones nacionales y verticalizar el sistema de inteligencia bajo una conducción única. En Balcarce 50 el diagnóstico es contundente. La fragmentación del sistema, profundizada durante la gestión de Neiffert, habría derivado en mandos dispersos, superposición de funciones y competencia interna. “Cuando la inteligencia se reparte en compartimentos estancos, cada estructura empieza a jugar su propio partido y el control se diluye”, describe una fuente con trayectoria en la SIDE.

Se trata de un movimiento que encontró respaldo formal apenas dos días después del desplazamiento de Neiffert, cuando el Gobierno publicó el Decreto 864/2025, que establece la Política de Inteligencia Nacional. El documento, de 34 páginas, fijó por primera vez en más de dos décadas un marco doctrinario explícito para el sistema de inteligencia (que incluye tanto a la SIDE como a ambas direcciones ministeriales) y trazó un diagnóstico lapidario: décadas de deterioro institucional, fragmentación operativa y vulnerabilidad frente a amenazas internas y externas. En los hechos, el texto funcionó como sustento conceptual para una ofensiva que ya estaba en marcha.

En ese esquema, la DNIC y la DNIM aparecen como estructuras paralelas que ahora el Gobierno busca subordinar. El modelo que se menciona en los despachos oficiales es el estadounidense, con una conducción central fuerte que articula y condiciona al resto de las agencias.

La inteligencia criminal fue históricamente una herramienta clave del Ministerio de Seguridad y su progresivo vaciamiento ya provocó fricciones abiertas con la gestión de Bullrich. En sectores del oficialismo creen que ese obstáculo podría allanarse con la llegada de Alejandra Monteoliva, una ministra con menor peso político propio y una posible mayor predisposición a aceptar un rediseño de mandos.

En Defensa, en tanto, la Inteligencia Militar representa un núcleo especialmente sensible del ministerio y de las Fuerzas Armadas. Avanzar sobre su estructura implica redefinir el vínculo entre la inteligencia civil y la militar, una frontera que en la Argentina siempre fue delicada. Hasta el momento, tras la jura de Carlos Presti al frente de la cartera, no se conoce quién encabezará el área.

El futuro de los CICRE

La polémica en torno a la DNIC, de hecho, ya se expresa en los hechos. Durante los últimos meses, el Ministerio de Seguridad avanzó en una reubicación —y en algunos casos desarticulación— de los denominados Centros de Inteligencia Criminal Regionales (CICRE), los nodos territoriales que concentran información sensible sobre narcotráfico, trata de personas y clanes delictivos en puntos estratégicos del país. En la práctica, se trató de una recentralización geográfica que debilitó el esquema federal de inteligencia criminal construido en los últimos años.

Según publicó Hugo Alconada Mon en La Nación, las decisiones incluyeron el cierre o mudanza de oficinas en Salta, Tierra del Fuego, Chaco, Córdoba y Mendoza, además del traslado forzado de personal con conocimiento del terreno y vínculos aceitados con gobiernos provinciales, juzgados federales, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) y fuerzas de seguridad. También se ordenó el cierre de oficinas en Córdoba y Mar del Plata, esta última sostenida mediante un comodato, y reubicaciones de personal entre Buenos Aires y Rosario.

El redespliegue implicó además el traslado de los coordinadores regionales: el NOA pasó de Salta a Buenos Aires; el NEA, de Chaco a Iguazú; la Patagonia Sur, de Ushuaia a Bariloche; la Patagonia Norte, de Neuquén a Bariloche; y el área Buenos Aires, de Mar del Plata a La Plata. Para varias fuentes del sistema consultadas por elDiarioAR, el resultado fue una pérdida de anclaje territorial y de conocimiento local.

La reestructuración coincidió con el regreso de Ramiro Anzit Guerrero a la Inteligencia Criminal, un funcionario de máxima confianza de Bullrich cuyo paso anterior por el área durante el gobierno de Mauricio Macri había terminado con un sumario administrativo. Al menos dos funcionarios que intervinieron en aquel expediente figuran ahora entre los desplazados, un dato que alimentó suspicacias internas.

Desde el Ministerio de Seguridad rechazaron que se trate de una desarticulación y hablan de un “redespliegue” orientado a fortalecer las llamadas “zonas calientes”, bajo planes como Güemes en el NOA, Bandera en Rosario o Guacurarí en el NEA. Pero puertas adentro del mundo de la inteligencia, varios leen estas decisiones como una señal política: el debilitamiento progresivo de la DNIC como estructura autónoma, en un contexto donde la SIDE vuelve a reclamar centralidad operativa.

La flamante Política de Inteligencia Nacional funciona así como respaldo doctrinario de una estrategia que combina diagnóstico técnico y decisión política. Aunque no menciona explícitamente la eliminación formal de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y de la Inteligencia Militar, deja claro que el Gobierno busca ordenar, concentrar y controlar el sistema bajo una conducción fuerte. En ese marco, la coexistencia de direcciones nacionales bajo distintos ministerios aparece como una anomalía a corregir.

A diferencia del ensayo de 2024, algunas voces en la Casa Rosada admiten que no hay forma de avanzar sin abrir un conflicto político. La virtual decisión oficial implica redefinir quién concentra el poder informativo del Estado, quién queda subordinado y bajo qué reglas. Por lo tanto, lo que está en juego ya no es un organigrama, sino el control de la inteligencia como herramienta política en el corazón del Gobierno.

PL/MG

El nuevo secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), el contador Cristian Auguadra, creó en 2021 y mantiene activa hasta ahora una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) en el estado de Florida, EE.UU., pero no la incluyó en su declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). La empresa se llama Bizarak LLC, que es la sigla de norteamericana para referirse a las SRL. elDiarioaAR consultó a Auguadra y al subsecretario de Prensa del Gobierno, Javier Lanari, sobre la función de esa compañía y la razón por la que se la omitió de la declaración ante la OA, pero no hubo respuesta.

Bizarak fue fundada hace cuatro años en el Boulevard Biscayne 2275 de Miami bajo el manejo de Auguadra y Héctor Hermida, con quien al mismo tiempo armada una SRL en la Argentina, Cerrito Broker, dedicada a la compraventa de inmuebles. Hermida fue dirigente del club Ferro Carril Oeste y por presuntas irregularidades como tal fue expulsado de esa institución y estuvo involucrado en una causa penal que finalmente prescribió. En 2022, Hermida siguió figurando como socio de Auguadra en Bizarak, pero a partir de 2023 y hasta 2025 fue reemplazado por la esposa del actual jefe de la SIDE; Valeria Fillmore.

Auguadra se graduó de contador en 1993 en la Universidad de Morón, privada, y al año siguiente creó su propio estudio, Global Consultancy Services. En 2024 se incorporó a la SIDE como inspector general de la Division de Asuntos Internos. Su hijo Gonzalo también se sumó a la secretaría y, como tal, viajó este año a una reunión internacional de espías en Azerbaiyán en la que aprovechó para ir a ver el gran premio de Fórmula 1 en el que corrió Franco Colapinto.

Ni en la declaración jurada inicial de gestión en 2024 ni en la que siempre se presenta a fin de ese año aparece Bizarak ni ningún activo en el extranjero. En cambio, declaró una casa en la ciudad autónoma de Buenos Aires de 180 metros cuadrados, otra inversión inmobiliaria acá, un departamento en San Martín de los Andes, un Mercedes-Benz de 2012, una Toyota Hilux, un Volkswagen Golf, un scooter Yamaha, US$30.000 en efectivo, depósitos de menor monto, la financiera Option Securities, la empresa inmobiliaria Elovate y el Grupo del Centro, de servicios de tratamientos médicos como diálisis.

Después del escándalo de aquella noche de principios de noviembre, en el que entonces jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, salió en calzoncillos de su casa a recibir agresiones de su entonces número dos, José Francisco Lago Rodríguez, por perder la confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, comenzó el proceso de recambio que derivó en el ascenso de Cristian Auguadra. El nuevo 'señor 5' se mantiene dentro del ala de Caputo, en la rivalidad interna ahora sosegada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De hecho, elDiarioAR también consultó a fuentes internas de la SIDE sobre la función de Bizarak y su omisión en la declaración jurada y allí sugirieron consultar a Caputo, que tampoco contestó. No será tampoco el primer caso de un funcionario de este ni de anteriores gobiernos que evitan declarar algunos de sus activos más llamativos ante las autoridades.

AR/MG

En la mañana del 27 de diciembre de 2024, el murmullo rutinario de la esquina de Colón y Almirante Brown, en Morón, se interrumpió por un alarido. Un hombre de mediana edad, robusto, camisa azul desprendida y la cara enrojecida, cruzó la explanada de los tribunales locales casi a los tropezones y se plantó frente a la escalinata. Extendió un brazo hacia la puerta, como si necesitara apuntalar el grito con el cuerpo entero, mientras un grupo de policías lo observaban desde unos metros sin dar un paso.

—¡Ahora el mundo va a saber! ¡Ahora el mundo va a saber de los asados! —vociferó, con la voz quebrada entre la furia y el llanto—. ¡Le arman causas a los narcos y el hijo de Rodríguez los defiende! ¡Anotá vos, que sos de acá! ¡El hijo de Rodríguez saca a los narcos que el padre mete presos…!

La escena duró apenas unos minutos. El hombre, fuera de sí, siguió descargando nombres propios como si arrojara piedras contra el frente de tribunales. Señaló el edificio, insultó a “estos hijos de puta, que son socios”, dejó flotando la palabra “Parque Leloir” como una pista inconclusa. Nadie intentó detenerlo. Cuando se quedó sin aire, se dio media vuelta y se fue tal como había llegado, con los dos agentes todavía inmóviles en la puerta.

Detrás de esa figura desencajada —se supo después de varios meses— estaba Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma y preso desde agosto pasado acusado de ser uno de los responsables de la distribución del fentanilo adulterado. El motivo coyuntural de su bronca era preciso: la Cámara de Apelaciones de Morón había rechazado su pedido para agravar la acusación contra un joven que golpeó a su hijo en un boliche de Hurlingham en 2022. Furfaro pretendía un procesamiento por tentativa de homicidio; la Justicia ratificó un juicio abreviado por lesiones.

Pero la escena de hace un año desbordó con mucho ese expediente familiar: en su descarga pública, el empresario no sólo cuestionó a los jueces que habían firmado la resolución, sino que apuntó directamente contra un engranaje que, a su juicio, enlaza al fuero federal de Morón con algunos de los nombres más pesados del mapa narco argentino.

Furfaro hizo referencia a Sebastián Rodríguez Barbaró, abogado, socio del penalista Fernando Arias Caamaño. Entre sus defendidos figuran Mario Segovia, el “Rey de la Efedrina”, condenado en abril a 13 años de prisión por liderar una asociación ilícita que contrabandeó un fusil y explosivos para bandas narcocriminales de Rosario, y Esteban Alvarado, quien cumple varias penas, la más grave a perpetua por liderar una organización dedicada al narcotráfico, ademas de otros actores del subsuelo narco. Rodríguez Barbaró es, a la vez, jefe de división en el Banco Central.

Ese nexo familiar condujo inevitablemente hacia el verdadero centro de gravedad del video: su padre, Jorge Rodríguez, juez federal de Morón desde 1994 y uno de los magistrados con mayor poder silencioso del Gran Buenos Aires.

Una figura controvertida

Rodríguez es titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, con competencia en narcotráfico, delitos económicos, trata, contrabando y causas ambientales. A la trama de relaciones que acompaña su carrera se suma otro elemento que circula hace años en la familia judicial. El recorrido de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora y protagonista de varios expedientes de inteligencia, se ata con frecuencia al de Rodríguez, a quien muchos describen como su referente generacional. En esos ámbitos lo llaman, con ironía, “el Canicoba del Conurbano”: un magistrado sin la exposición mediática de Comodoro Py, pero con un poder territorial que supera al de varios intendentes.

La genealogía judicial abona ese diagnóstico. Rodríguez inició su carrera en los años ochenta, nombrado por el radicalismo en una Defensoría Oficial, y ascendió a juez de Primera Instancia con el apoyo del camarista Luis María Cabral, a quien reconocen como su primer mentor político-judicial. Una de sus causas emblemáticas, en 1989, fue el sobreseimiento del entonces intendente Juan Carlos Rousselot, acusado de administración fraudulenta. Para quienes conocen el paño, ese recorrido marca una continuidad.

Desde 2012, por decisión de la Corte Suprema bajo la presidencia de Ricardo Lorenzetti, Rodríguez supervisa una de las porciones más sensibles del expediente “Mendoza” sobre el saneamiento de la Cuenca Matanza-Riachuelo tras el desplazamiento del juez de Quilmes, Luis Armella. Ese gesto, señalan fuentes judiciales, lo colocó en un escalón de confianza dentro del máximo tribunal y le dio un protagonismo inusual en temas donde confluyen empresas, municipios y organismos estatales.

Las “tertulias de los viernes”

Pero la influencia del juez se construyó también en espacios menos visibles. Desde hace años que organiza asados y fiestas —algunos aseguran que incluso de disfraces—, que reunen a figuras de peso de todo el arco político y judicial. En cada uno de esos eventos no suele faltar el respectivo cura, encargado de dar la bendición. Uno de sus cumpleaños más comentados tuvo lugar en 2016 en la quinta Vaccarezza, en Udaondo, escenario recurrente de sus denominadas “tertulias de los viernes”.

Sin ir más lejos, la última tuvo lugar anteayer. A modo de cierre del año, se trató de una demostración de escala y de alineamientos políticos difíciles de ver en público. Más de seiscientas personas circularon por los senderos y livings dispuestos alrededor del parque: jueces federales, intendentes del conurbano, gobernadores, sindicalistas de peso, funcionarios nacionales y operadores de todos los espacios. Había islas de comidas que iban de carnes a pastas, estaciones de cocina en vivo y champagne sin interrupciones.

Entre los invitados sobresalió un grupo que alteró el tono de la noche: Santiago Caputo, acompañado por parte de su mesa chica, se movió con naturalidad entre fiscales, dirigentes y empresarios. Su presencia, confirmada a elDiarioAR por varios asistentes, funcionó como ratificación de la amplitud de la red que orbita alrededor de Rodríguez.

La celebración se extendió hasta bien entrada la madrugada de este sábado, con música en vivo y conversaciones que oscilaron entre el brindis festivo y las negociaciones informales: una postal precisa del tipo de sociabilidad que acompaña el peso real del juez en la política ya no solo bonaerense, sino nacional. Un punto de encuentro privilegiado donde se procesan lealtades, se tantean alianzas y se recalibran jerarquías en el nuevo mapa de poder.

Nexos territoriales

El detalle del lugar de la fiesta no pasaría de ser folclórico si no fuera porque la quinta Vaccarezza pertenece al CEAMSE —hoy presidido ni más ni menos que por Claudio “Chiqui” Tapia, el titular de la AFA—. Es justamente uno de los organismos que el juzgado de Rodríguez debe supervisar en el marco del Riachuelo. En los pasillos, ese gesto se interpreta como la mejor radiografía de su sociabilidad política: un juez que circula suelto de cuerpo entre funcionarios, comisarios y empresarios, incluso en espacios donde los límites institucionales deberían ser nítidos.

A ese ecosistema, según pudo saber elDiarioAR, también se suma su vínculo de larga data con la Policía Bonaerense. Diversos funcionarios lo describen como un “nodo estable” entre la justicia federal del oeste y los mandos de la fuerza provincial. No se trataría de subordinación sino de intercambio: información, territorios, investigaciones cruzadas, contención política.

Ese mismo perfil es el que explica su cercanía con el peronismo municipal, cuya estructura policial y política se entrelaza con muchos de los expedientes que pasan por Morón. En 2013, una investigación por corrupción desnudó un circuito paralelo de favores entre mandos de la Policía Federal, estudios jurídicos privados y sectores de la justicia federal del conurbano.

Instruida por el juez Juan Ramos Padilla, la causa expuso la fluidez de esos vínculos y reveló que el comisario Marcelo Emilio Pecorelli negociaba defensas, agilización de expedientes y contactos judiciales a cambio de dinero, y que en ese esquema habría incorporado al hijo de Rodríguez a su estudio jurídico. Las escuchas registraron conversaciones donde el magistrado aparecía gestionando vínculos con intendentes y empresarios investigados por ACUMAR, mientras que Sebastián intervenía en causas sensibles.

El juez y el nuevo ecosistema de inteligencia bajo Milei

La reaparición pública, involuntaria, de Rodríguez ocurrió en un momento en el que su nombre ya circulaba, en voz baja, en otra esfera de poder: la del reordenamiento de la inteligencia durante el primer año de gobierno de Javier Milei. En ese mundo, donde los rumores operan como moneda corriente y las lealtades rara vez son lineales, el apellido Rodríguez volvió a escucharse en noviembre de 2024, cuando la Casa Rosada buscaba redefinir el mando de la División de Asuntos Internos (DAI) de la SIDE.

Antes de que el contador —y hoy flamante Señor 5— Cristian Auguadra fuera finalmente designado al frente del área encargada de auditar al propio aparato de inteligencia, una de las versiones que circuló con fuerza señalaba al juez como candidato a ese puesto. En Balcarce 50 y en el ecosistema de espías retirados y activos, la hipótesis no sonaba descabellada: Rodríguez, moronense como Auguadra, tenía una larga relación con sectores de la Bonaerense, vínculos fluidos con operadores judiciales que frecuentan sus asados y un historial de contactos con áreas de seguridad que, para algunos, lo convertían en un “puente natural” hacia la estructura más sensible del Estado.

Un año después, otro episodio volvió a ponerlo sobre el tapete: la sospecha de que un abogado cercano a Rodríguez habría participado en el operativo nocturno frente a la casa del ahora extitular de la SIDE, Sergio Neiffert, en el momento más delicado de la interna del organismo. Desde entonces, la pregunta circula con mayor insistencia: ¿qué lugar ocupa el juez en el entramado de influencias que se teje alrededor del gobierno de La Libertad Avanza? ¿Es un magistrado que orbita ocasionalmente la inteligencia, o un operador con más peso del que figura en los organigramas?

En la lógica del gobierno de Milei, donde las lealtades se recalibran de forma constante y las internas definen quién cae y quién asciende, la figura de Rodríguez reapareció como un eco de otra época. La historia reciente de Milei sugiere que eso nunca es casual. Y que el silencio del juez, lejos de disipar versiones, funciona como confirmación involuntaria de que su sombra, para bien o para mal, sigue proyectándose sobre algunos de los rincones más delicados del Estado.

PL/MG