La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza para el miércoles a las 9.30 a una reunión en la Casa de Gobierno, para ordenar cómo avanzará la agenda del oficialismo en el Congreso, según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas.

El encuentro tendría por escenario el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada y apuntará a reordenar las prioridades en el Congreso, donde los proyectos prioritarios para el Gobierno se vieron frenados debido a la situación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que renunció a su cargo ayer.

Según se informó, no participaría el presidente Javier Milei, quien viajará a Paraguay para la habitual reunión del Mercosur.

No se trata de la primera reunión de estas características a la que convoca Karina Milei, ya que hizo lo mismo tras el triunfo oficialista de octubre, cuando convocó a los legisladores recién electos y a los que continuaban en el cargo.

En la misma dirección de este encuentro, el Gobierno creó, aseguran fuentes de la Casa Rosada y del Congreso, un nuevo grupo de WhatsApp, en el que están, entre otros, Karina Milei, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem y también la jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich.

A la reunión del miércoles 1 de julio, según trascendió, están convocados Diego Santilli, quien asistiría ya como flamante jefe de Gabinete —si es que llega a prestar juramento antes de esa fecha—, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, “Lule” Menem y el presidente de Diputados, Martín Menem, entre otros.

“Sentate Ravier”, le gritaron los diputados libertarios al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, cuando faltaban apenas un par de minutos para que venciera el plazo para conseguir quórum en la sesión oficialista de la Cámara de Diputados. Ravier todavía era diputado nacional –renunciaría media hora después– y fue el último en ingresar al recinto. Los gobernadores se harían desear hasta último momento: en una maniobra de negociación con el Gobierno, los diputados que responden a Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Claudio Vidal llegaron al filo del plazo. Como para que se notara. 

Martín Menem logró consolidar la estrategia que había diseñado el lunes, cuando convenció a la UCR, el PRO y los gobernadores de no acompañar la sesión opositora para interpelar a Manuel Adorni. La segunda parte del acuerdo era conseguir el apoyo para abrir el recinto el miércoles, cuando el Gobierno quería aprobar el Super RIGI y sancionar el pago a dos fondos buitre que vienen sosteniendo un litigio con la Argentina por el default de 2001. 

Fue la contracara del vaciamiento de la sesión del día martes: casi todos los diputados que se ausentaron para la avanzada contra el jefe de Gabinete pusieron el cuerpo para la sesión oficialista del miércoles. La UCR y el PRO, así como también los diputados que responden a los gobernadores de Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Entre Ríos. También los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

Los únicos que pegaron el faltazo fueron los misioneros que responden a Hugo Passalaqcua, que fueron los primeros en ingresar a la zona del recinto pero nunca se sentaron. Esperaron hasta último momento para ver si el Gobierno los necesitaba, pero Menem logró cerrar el número justo con 129 sin ellos. 

Hasta Patricia Bullrich dio el presente desde uno de los apartados VIP del recinto. Bullrich, que estaba furiosa con Adorni por haberla desautorizado la noche anterior. El jefe de Gabinete había tuiteado que estaba dispuesto a presentar el informe de gestión el 2 de julio, apenas minutos después de que la senadora libertaria hubiera anunciado la suspensión de la sesión. ¿Por qué? Según sostienen en las filas del menemismo 2.0, el acuerdo con Karina Milei había sido que no se comentara nada, pero Bullrich “se fue de boca”. Una fractura expuesta de la interna libertaria que se expresó cuando un sector de LLA pidió un aplauso por la senadora y solo un puñado de legisladores correspondió. 

El motivo de la presencia de Bullrich, sin embargo, era que el reemplazo de Ravier, que presentó su renuncia luego de dar quórum, era un dirigente propio: el pampeano Martín Matzkin. Bullrich quería estar presente durante su jura y celebrar, por lo bajo, que el bullrichismo sumaba un nuevo diputado a sus filas. No de LLA, no del PRO: de Bullrich. Con Matzkin, Bullrich reúne unas 12 voluntades en la Cámara de Diputados.

“Nadie te pide tanto”

Apenas comenzó el debate, la oposición apuntó los cañones contra los diputados que habían dado quórum para la sesión oficialista y, en cambio, habían vaciado la sesión del martes para interpelar al jefe de Gabinete. 

“Son los mismos que ocuparon horas y horas hablando de ficha limpia. Ficha limpia, rabo sucio. Son unos caraduras. ¿Cuántos pendrive de diferencia hubo para dar quórum a una sesión y no a la otra? ¿Cuánto sale dar quórum a las 11.20 o a las 11.25?”, chicaneó Myriam Bregman (FIT), aludiendo a los diputados que bajaron a dar quórum a último momento. 

La oposición no tenía expectativas de poder avanzar con la moción de censura porque necesitaba tres cuartos de los votos para poder incluirlo en el temario, por lo que su objetivo era otro: exponer a los diputados que ayudasen a blindar a Adorni. El mecanismo fue un apartamiento de reglamento, presentado por el lilito Maximiliano Ferraro, para obligar a dictaminar los pedidos de interpelación la semana próxima, cuando fue convocada la comisión de Asuntos Constitucionales. 

Al momento de votar, sin embargo, el apartamiento del reglamento fue rechazado con 122 votos a favor y 108 en contra. El PRO acompañó la iniciativa con el objetivo de librarse de las culpas de no haber dado quórum la fecha anterior. “Queda demostrado que, aunque hubiéramos estado presentes, con los 90 diputados de LLA que no iban a acompañar, no había número. Que todo esto era show”, se atajó el jefe del PRO, Cristian Ritondo, cuando tomó la palabra. 

En la bancada opositora le respondieron con risas y chiflidos. “Nadie te pide tanto”, le espetó, irónico, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez.

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“Ya estamos, nos sentamos”, exclamó, resignada, la secretaria parlamentaria del peronismo, Paula Penacca, mientras hacía una última barrida por el recinto de la Cámara de Diputados. Todavía faltaban 10 minutos para que finalizara el período de espera hasta la caída de la sesión por falta de quórum, pero la oposición sabían que ya eran los que eran: 117 diputados del peronismo, la izquierda y algunos díscolos del radicalismo que querían avanzar con la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR habían acordado una tregua con Martín Menem y, sin ellos, la sesión estaba destinada al fracaso. 

El Gobierno consiguió blindar a su jefe de Gabinete con la ayuda de Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, y Pamela Verasay, jefa del bloque radical que responde a Alfredo Cornejo, y algunos gobernadores. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro definieron, a último momento, hacer faltar a los diputados que le responden directamente, como Gisela Scaglia, que es la jefa de Provincias Unidas y, sin embargo, fue casi la única de la bancada que no dio quórum. 

Pullaro había recibido, ese mismo , un anticipo financiero por $400.000.000, así como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy). El gobernador de Jujuy, sin embargo, sí mandó a sus diputados a dar quórum, a diferencia de Frigerio, Pullaro y Llaryora. Solo los cordobeses que no le responden, como Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez, se sentaron a dar quórum, tal como habían anticipado. 

El MID, que integran Oscar Zago y Eduardo Falcone, había prometido en público que darían quórum y acompañarían la expulsión de Adorni porque es “un yunque de plomo que está perjudicando al Gobierno”. Cuando fue el momento, sin embargo, no bajaron al recinto. Tampoco lo hicieron los diputados que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

La verdadera victoria de Menem, sin embargo, fue ordenar al PRO y la UCR tras semanas de comunicados y entrevistas en las cuales, con mayor o menor énfasis, pedían la cabeza de Adorni. El riojano les dio lo que pedían: una salida elegante. 

Menem se comprometió a tratar el tema la semana próxima en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Mandó a Nicolás Mayoraz a convocar la comisión y le prometió a los aliados que se debatirían todos los proyectos de interpelación a Adorni, así como el pedido de moción de censura. Quedaría en manos de ellos dictaminar y convocar a una nueva sesión. Con ese simple gesto, el presidente de la Cámara de Diputados logró acallar de un plumazo los gritos de indignación contra el Gabinete. 

“No alcanzaron los pendrive, los flippers y las sabanas de 8 millones de pesos para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO y la UCR y LLA, así como los que responden al gobernador Pullaro, vengan. Hay una complicidad muy clara con Manuel Adorni”, arremetió, irónico, Nicolás del Caño (FIT).

Frente al fracaso de la sesión, la oposición intentó capitalizar políticamente la derrota de la única manera posible: el escrache a los diputados y diputadas que, tras pedir la renuncia de Adorni, se habían ausentado de la sesión. “Esta sesión era la vara moral para poder levantar el país. Pero, ¿qué pasó? ¿Un contratito de Rufus los pudo más?”, provocó, furiosa, la ex libertaria Marcela Pagano.

Algunos aprovecharon para apuntar los cañones contra ex compañeros de partido o de espacio político, como la Coalición Cívica. O los radicales díscolos de Provincias Unidas. “Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? Más de cien años de lucha de un montón de hombres y de mujeres no se tiran”, apuntó Pablo Juliano. 

La oposición buscará volver a insistir con el tema el miércoles, en la sesión convocada por LLA para aprobar el Super RIGI. No tienen el número para impulsar la moción de censura, pero buscarán empantanar el debate con reclamos. Menem, sin embargo, respira tranquilo: está confiado que, al menos por una semana, el escándalo del jefe de Gabinete no le generará problemas. 

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“Citen a comisión y terminen con el tema”, lanzó, conciliador, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, en un momento de las negociaciones. Martín Menem necesitaba ganar tiempo, no sólo para descomprimir la presión por la expulsión de Manuel Adorni, sino también para diferenciarse de Patricia Bullrich, quien venía de liberar el campo del Senado para el avance del ataque contra el jefe de Gabinete. El riojano pedía una tregua momentánea y la consiguió con la promesa de un debate en comisión: a cambio de boicotear el quórum de la sesión opositora del martes, el oficialismo le daría a los aliados una vía de escape para sus reclamos. 

El PRO y la UCR no estaban tan cómodos con la idea de avanzar con la moción de censura contra Adorni como sus compañeros del otro lado de Pasos Perdidos. En Diputados, los ex socios de Juntos Por el Cambio se removían incómodos ante la posibilidad de que los títulos de los diarios los acusaran de haberse plegado a la “agenda kirchnerista”, por lo que buscaban una salida elegante que les permitiera evitar el otro título incómodo. Es decir: que se hubieran plegado a blindar a Adorni en medio del avance de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. 

Menem negoció una salida: vía Nicolás Mayoraz, el riojano convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar, el martes 30 de junio, el paquete de pedidos de interpelación y el pedido de moción de censura contra Adorni que la oposición buscará aprobar, en la sesión de este martes 23 a las 14 horas, en la Cámara de Diputados. Con un gesto, el presidente de la Cámara de Diputados se aseguró de que ni el PRO ni la UCR dieran quórum a la sesión opositora y, en cambio, sí dieran quórum para la suya al día siguiente.

Las dos convocatorias salieron al mismo tiempo. Por un lado, la invitación a la comisión de Asuntos Constitucionales. Y, unos minutos después, el pedido de sesión para el miércoles para aprobar el Super RIGI. Con una sola maniobra, Menem consiguió ordenar a los aliados para blindar a Milei y sostener la agenda del Gobierno en el Congreso. En LLA suspiraban satisfechos. 

El poroteo del “encubrimiento”

En la oposición pegaron el grito en el cielo apenas vieron las convocatorias. “Otra maniobra dilatoria para encubrir a Adorni. ¿Los bloques ‘amigables’ se prenderán en esta jugada? ¿Seguirán arrodillados frente al gobierno?”, provocó el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, a través de sus redes sociales. 

Martínez venía juntando los votos para la interpelación de Adorni desde la semana pasada. Junto a la Coalición Cívica y el ala más combativa de los representantes de gobernadores radicales agolpados en Provincias Unidas, el peronismo venía intentando sumar fuerza para llegar a las 129 voluntades que le permitieran abrir el recinto el martes. Los avances en el Senado, en donde se debatirá el pedido de moción de censura este jueves, habían dado impulso a la iniciativa opositora. Los gobernadores peronistas mileístas, como Raúl Jalil (Catamarca) o Gustavo Sáenz (Salta), no le cerraban la puerta a avanzar contra Adorni, y en la oposición se permitían fantasear con una mayoría ajustada. 

La maniobra de Menem, sin embargo, desbarató los planes. Sin la UCR y el PRO, el peronismo se queda solo con la izquierda y un sector de Provincias Unidas. No todos, porque el acuerdo del riojano hace dudar sobre las intenciones de algunos de los gobernadores que habían prometido su participación. Es el caso de los cordobeses Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, que responden a Martín Llaryora, y de la santafesina Gisela Scaglia, que responde a Maximiliano Pullaro. 

“Son parte de la jugada para que Adorni no venga a dar explicaciones”, masculló una diputada peronista, que todavía estaba llamando por teléfono a gobernadores y diputados aliados del Gobierno hasta tarde a la noche. El ojo está puesto en los peronistas Jalil, Sáenz y Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuya postura será clave para la sesión del martes: si los gobernadores peronistas deciden acompañar, la oposición tiene una chance de llegar a los 129. Si no, quedará en soledad, con 120 presentes apuntando los cañones contra los que decidieron faltar o “llegar tarde” para proteger a Adorni. 

La lógica del principio de revelación, esta vez aplicada a los aliados del Gobierno. 

Avanza el Super RIGI

El verdadero desafío de Menem, sin embargo, es poder mostrar un Congreso activo frente al escándalo Adorni. El primer paso lo dio Javier Milei el viernes, cuando decidió ensayar una primera reacción ante los continuos reclamos internos para que corriera a Adorni de la toma de decisiones: no lo echó, pero comenzó a desprenderse en cuotas de su influencia en el Gobierno. 

La designación de Adrián Ravier como vocero presidencial y de Fabian Fernández como secretario de Comunicación y Prensa fueron un primer paso destinado a reacomodar la gestión. Pero, para que esta reestructuración interna surta efecto, el Gobierno necesita mostrar que recuperó la iniciativa parlamentaria. Que no solo está a la defensiva, negociando fondos con gobernadores para proteger a su funcionario acusado por enriquecimiento ilícito, sino que tiene agenda propia. 

Por este motivo es que la maniobra de Menem fue un juego de dos movimientos. Blindar a Adorni, al menos temporalmente, y convocar a una sesión para avanzar en dos iniciativas que el Gobierno pueda capitalizar políticamente: el pago a dos fondos buitre que venían sosteniendo un litigio con la Argentina por el default de 2011 y, a su vez, el Super RIGI. 

El oficialismo se muestra confiado en que, si logra conseguir quórum para este miércoles, tendrá votos de sobra para avanzar con la media sanción del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, esta vez destinado a proyectos de más de mil millones de dólares para actividades orientadas a la inteligencia artificial o infraestructura digital. La iniciativa recibió duras críticas de diversas organizaciones y fundaciones que, como CEPA, FIDE y Fundar, denuncian que los beneficios impositivos, fiscales y cambiarios aportan concesiones ilimitadas, sin parangón en otros países del mundo, a cambio de casi ninguna contrapartida productiva para el país.

La sesión fue convocada para el miércoles al mediodía, y Menem pretenderá ofrecer ese día una demostración de fuerza. Buscará mostrar cómo el Gobierno, aún en sus momentos de mayor debilidad política, puede avanzar con reformas estructurales que regirán en la Argentina por los próximos 30 años. 

MCM/CRM

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, directivo de una empresa de suplementos dietarios vinculada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Almagro y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Osorio Peñaloza, de 46 años y nacionalidad venezolana, se desempeñaba como directivo y gerente de Gen Tech Argentina S.A., firma dedicada a la comercialización de suplementos dietarios creada por Menem.

El cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada sobre la avenida Díaz Vélez luego de que allegados alertaran que no respondía llamados desde hacía varios días.

El primer reporte policial indicó que no presentaba signos visibles de violencia y, de acuerdo con la información publicada por distintos medios, Martín Menem se encontraba en el lugar al momento en que se desarrollaban las actuaciones iniciales.

Asimismo, la causa fue iniciada bajo la calificación de “muerte dudosa”, un procedimiento habitual hasta que se determinen los motivos del fallecimiento mediante las pericias correspondientes.

Por último, la investigación quedó en manos de la Justicia porteña, que aguarda los resultados de la autopsia y otras medidas para establecer qué ocurrió con el directivo de la compañía Gen Tech.

Qué dijo Martín Menem

A través de un posteo en redes sociales, martín Menem aseguró que la muerte de Osorio Peñaloza “es una noticia que me golpea profundamente. Dani fue mi amigo, mi compañero de trabajo y el gerente general de una empresa que construimos y desarrollamos juntos. Quienes lo conocieron saben de su compromiso, su profesionalismo y de la enorme calidad humana que tenía”, escribió.

Asimismo, el presidente de la Cámara de Diputados aclaró que tomó conocimiento de lo ocurrido “a través de una llamada telefónica en la que se me informó que Daniel habría sido hallado sin signos vitales”. Y relató: “Me dirigí inmediatamente al lugar y, al momento de mi llegada, ya se encontraban interviniendo el SAME y efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes posteriormente confirmaron la lamentable noticia. Permanecí allí mientras actuaban las autoridades y los profesionales intervinientes, profundamente impactado por lo que le había sucedido a mi amigo. Mi presencia respondió exclusivamente a la preocupación lógica que genera una noticia tan dolorosa”, detalló.

Además, Menem les pidió “a los medios de comunicación, periodistas y usuarios de redes sociales que eviten especulaciones y versiones sin sustento. Es momento de permitir que la Justicia trabaje con la seriedad que el caso requiere y aguardar el esclarecimiento de los hechos”, concluyó.

Con información de agencias.

La presión se hace cada vez mayor y el Gobierno no logra tomar una definición sobre la organización del velatorio público del Indio Solari. La oposición, en línea con lo que pide la familia del músico, comenzó a presionar para que se lleve a cabo en el Congreso de la Nación. Piden abrir las puertas de la Cámara de Diputados para que la gente pueda ir a despedirse en persona, como ya sucedió con Sandro, Mercedes Sosa y Leonardo Favio. Pero Martín Menem se negó: alegó que no estaban dadas las condiciones de Seguridad y cerró las puertas de la Cámara de Diputados. 

Es una situación incómoda para La Libertad Avanza, que sospecha que un velatorio público al Indio Solari no será un evento amigable para con Javier Milei. Temen que la situación se desmadre y que el operativo de Seguridad no pueda controlar a la multitud que vaya a despedirlo. “Acordate lo que pasó con Diego. Y con el Indio vas a tener un público más heavy”, desliza, cauto, un dirigente de peso que está dialogando con el Gobierno.

A diferencia de la muerte de Diego Maradona, en 2020, la posibilidad de hacerlo en Casa Rosada está totalmente descartada, por lo que se están analizando otras opciones. Se baraja, incluso, la posibilidad de hacerlo en Tecnópolis. El gobierno bonaerense, que conduce Axel Kicillof, se puso en contacto con la familia del Indio Solari y le hizo saber que ponía el Estado provincial a disposición para organizar lo que quisieran. La familia, sin embargo, prefiere otra cosa: prefiere organizar el homenaje en el Congreso de la Nación. 

Los encargados de elevar el pedido fueron los diputados de Unión por la Patria, que enviaron una carta a la Presidencia de la Cámara de Diputados proponiendo que se pusiera a disposición el Congreso para realizar una ceremonia de despedida y un velatorio. “El Congreso de la Nación abrió sus puertas para que el pueblo pudiera despedir a Sandro, a Mercedes Sosa, a Leonardo Favio, entre otros artistas populares que construyeron la identidad cultural de nuestra patria. Sin distinciones políticas, porque el Congreso es la casa de todos los argentinos y las argentinas”, explicó Cecilia Moreau, cuando tuiteó la nota enviada a Martín Menem.

Menem, sin embargo, dilató la respuesta, a la espera de un informe de Seguridad. Y, cuando llegó, hizo un anuncio sorpresivo: el Congreso no contaba con “las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”. Aludiendo problemas de logística y de Seguridad, mandó sus condolencias a la familia, aseguró que el Gobierno se ponía a disposición, pero advirtió que la Cámara de Diputados no podía garantizar la seguridad del homenaje. 

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, tuiteó el presidente de la Cámara de Diputados.

Javier Milei lo retuiteó. Fue lo único que publicó en todo el día respecto a la muerte del Indio Solari. En el resto del bloque libertario, mientras tanto, predominaba el silencio. Sin bajada oficial del Presidente, ninguno se animaba a pronunciarse públicamente sobre el tema. Solo algunos dirigentes marginales, como Fernando Iglesias, que de provocador en la Cámara de Diputados ascendió a provocador en la Embajada ante la Unión Europea, salió a ironizar sobre la posibilidad de llevar a cabo un homenaje al Indio en el Congreso. “La locura es total”, tuiteó, desde Europa. 

Poco después del mensaje de Menem, sin embargo, la familia del Indio Solari publicó un comunicado confirmando que el sábado se llevará a cabo un homenaje público para todos aquellos y aquellas que quieran despedir al artista. Solo les falta encontrar el lugar.

MCM/MG

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, pidió que “no subestimen” al presidente Javier Milei luego de que desde el ala de Santiago Caputo insinuara que los primos Menem le mienten. 

La declaración del legislador se da en medio de una feroz interna desatada el fin de semana desde X cuando Santiago Caputo, asesor presidencial de Milei, cruzó al ala que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. 

“No solamente es una falsedad absoluta. Ayer vi circulando una estupidez que decían que Menem tenía un perro. La foto estaba creada con IA”, se escudó Menem en una entrevista con Radio Mitre, y sumó: “No subestimen al Presidente”.

Las declaraciones del libertario se dan horas después de que el tuitero libertario Daniel Parinisi, mejor conocido como “El Gordo Dan” en X, publicara un video explicando que la cuenta anónima @PeriodistaRufus la manejaba Martín Menem, como sostiene también Santiago Caputo. 

“Si alguien pensara que le miento no me hubiera dado la enorme responsabilidad de conducir la cámara de diputados. Ayer, a pesar del ruido de los medios, se trabajó con absoluta tranquilidad y sacamos las leyes que había que sacar”, respondió el vicepresidente de La Libertad Avanza.

Por su parte, Martín Menem reveló que el sábado se comunicó con el mandatario para explicarle que se trató de un link que compartió un colaborador de su espacio y que fue manipulado por “algún pícaro”. “Si el Presidente pensara eso yo ya no estaría acá. La única manera de contestar es con resultados. Me he enfocado en eso. Mi ámbito es el legislativo”, insistió. 

Además, el libertario dijo que la Argentina “se está poniendo verde en casi todos los sectores. Es cierto que a algunos les falta. Antes estaban complicados todos. Si mirás los medios tradicionales antes de salir de tu casa te pones un casco porque no sabes qué te va a pasar”, reclamó, en sintonía con los dardos que el Presidente envía con frecuencia al periodismo. En tanto, se mostró “muy optimista” con el futuro de LLA y la gestión Milei: “Veo muy bien al Gobierno”.

Asimismo, remarcó ser una persona que cree que los problemas se resuelven “en el vestuario y hacia adentro”. Además, descartó tener intereses electorales propios por fuera de los sueños de reelección de Javier Milei. “Tengo mandato hasta el 10 de diciembre. Todas las especulaciones corren por cuenta de gente que tiene cierta mala fe”, precisó. Y agregó: “Estoy dejando la vida al lado del presidente Milei. Hace cuatro años que veo mucho menos a mis hijos y a mi familia”.

Por último, confirmó asistencia a la reunión del Gabinete del lunes y al intercambio de la mesa política prevista para el martes donde volverá a confluir con el asesor presidencial. “Nos vamos a ver las caras con absoluta normalidad. Siempre se generan roces en política. Cualquier dificultad se arregla en el vestuario, no a cielo abierto. Todos los que estamos ahí, jugamos y pateamos para el otro arco. Como diría Bilardo: 'el fútbol es fácil'”, argumentó Menem.

Con información de agencias.

La pelea que estalló entre Santiago Caputo y Martín Menem a raíz de las cuentas anónimas en X y de los mensajes que el asesor atribuyó al titular de la Cámara baja dejó al descubierto algo más profundo que una simple disputa de egos. Lo que quedó expuesto es la arquitectura misma del poder en el gobierno de Javier Milei: un esquema en el que conviven dos circuitos de acceso al Presidente, dos formas distintas de acumular influencia y dos lógicas de construcción política que, aunque hasta ahora lograron coexistir, mantienen entre sí una tensión estructural.

Las declaraciones de Milei en Neura ofrecieron una primera pista para interpretar ese equilibrio inestable. Al afirmar que la controversia del fin de semana había sido “algo prefabricado para generar un problema” y señalar que Menem ya había dado explicaciones dentro del gabinete, el Presidente intentó bajar el tono de la disputa y presentarse como un componedor. Sin embargo, en el intento por desactivar el conflicto terminó transmitiendo una señal que, dentro del oficialismo, fue leída como un respaldo más explícito al presidente de la Cámara de Diputados que al asesor con el que mantiene, paradójicamente, la relación más directa y despojada de intermediarios de todo su gobierno.

La escena resultó llamativa precisamente porque, hasta ahora, Milei había hecho del respaldo a Caputo una constante política. Cada vez que su principal asesor quedó en el centro de cuestionamientos internos o externos, el Presidente optó por blindarlo. Lo hizo, por ejemplo, en marzo, cuando se multiplicaron las versiones sobre un supuesto avance de Karina Milei sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tras efectivamente quedarse con el Ministerio de Justicia; también en noviembre del año pasado, cuando ese sector refenciado en la hermana del Presidente fantaseó con recortar su influencia sobre otras áreas sensibles del Estado.

En esos momentos, Milei transmitió una idea inequívoca: podrá haber cambios en ministerios, desplazamientos de funcionarios o reacomodamientos de poder, pero hay un activo que no está dispuesto a resignar: el de su principal consejero. Esa es la razón por la que, aun cuando en esta ocasión sus palabras parecieron inclinarse en favor de Menem, pocos en la Casa Rosada interpretaron sus declaraciones como un cuestionamiento de fondo a Caputo.

Esa paradoja ayuda a entender el funcionamiento cotidiano de la Casa Rosada. Desde que llegó al poder, Milei fue delegando áreas enteras de gestión mientras concentraba su atención en la economía y la batalla cultural. El resultado fue un sistema con dos polos claramente diferenciados. De un lado, Karina Milei, encargada del armado político y partidario de La Libertad Avanza y principal administradora del acceso al Presidente. Del otro, Santiago Caputo, el estratega al que Milei suele definir como “el arquitecto” de su victoria electoral, que logró extender su influencia sobre algunas de las áreas más sensibles del Estado.

La diferencia entre ambos circuitos es tan simple como decisiva. Entre Javier Milei y Santiago Caputo no hay filtros, validaciones previas ni traductores políticos. El asesor habla con el Presidente de manera directa y cotidiana, sin necesidad de intermediarios. Los Menem, en cambio, construyeron un poder enorme, pero siempre mediado por Karina Milei, que es quien convierte sus planteos en decisiones concretas. Mientras Caputo conserva una línea directa con el jefe de Estado, tanto Martín como su primo “Lule” ejercen su influencia a través del canal institucional y político que representa la hermana del Presidente. “Santiago manda un mensaje y soluciona los problemas; Lule, no”, lo resumió alguien que conoce la interna oficialista desde adentro.

Eso no significa que el poder de los Menem sea menor. Por el contrario, se trata de una de las estructuras más robustas del oficialismo. Martín, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, conduce la estrategia parlamentaria. Lule, desde la Subsecretaría de Gestión Institucional, diseñó el armado territorial de La Libertad Avanza en gran parte del país, negoció candidaturas y construyó una red de vínculos con las provincias que lo convirtió, para muchos dentro del Gobierno, en una suerte de ministro del Interior sin cartera.

El episodio del fin de semana, sin embargo, dejó daños colaterales. Uno de ellos es el desconcierto de una parte de la militancia digital libertaria, habituada durante meses a actuar como un bloque disciplinado detrás de las directivas del propio Caputo y de figuras como Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan. Las críticas públicas de Parisini a la explicación presidencial y la sensación de que el Presidente pudo haber sido mal informado reflejaron una fisura poco habitual en ese ecosistema. El otro efecto es más personal para el propio asesor: al exponer públicamente sus sospechas y no obtener un respaldo explícito del Presidente en esta ocasión, quedó momentáneamente en la incómoda posición de quien, al menos para algunos dentro del oficialismo, terminó cayendo en una trampa tendida por sus adversarios internos.

La tensión, de todos modos, está lejos de haber concluido. Si no hay nuevos cambios de último momento, Caputo y Menem volverán a verse las caras el próximo martes en una nueva reunión de la mesa política, el ámbito donde se coordinan estrategias legislativas y que esta semana quedó virtualmente paralizado como consecuencia del conflicto. Ese reencuentro será observado con atención en la Casa Rosada.

El Presidente sabe que ambos circuitos cumplen funciones complementarias y que una ruptura abierta entre ellos tendría costos difíciles de absorber. El interrogante de fondo no es quién ganó esta batalla puntual, sino otro. ¿Qué ocurrirá si, tarde o temprano, Javier Milei se ve obligado a optar entre el asesor al que históricamente blindó y la estructura política que su hermana construyó para darle sustentación al proyecto libertario? Por ahora, la pregunta no tiene respuesta, pero resume mejor que ninguna otra la fragilidad del equilibrio sobre el que descansa el Gobierno.

PL/MG

Diego Santilli levantó el teléfono, llamó a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones) y, en menos de 24 horas, convirtió la rebelión de los aliados en un trámite entre amigos. El ministro de Interior tuvo que transpirar, pero al final consiguió el quórum para sesionar para modificar el régimen de Zonas Frías con promesas. A cambio de reducir los subsidios al gas para algunos distritos, el Gobierno aumentaría los subsidios a la energía eléctrica para las regiones cálidas durante el verano. No había fecha para la nueva reglamentación, sólo una promesa. Y para los gobernadores fue suficiente.

24 horas antes de que sonara la chicharra que marcó el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, una diputada salteña dialogaba con un diputado opositor, irritada ante el parate de la obra pública en su provincia. “Nosotros no vamos a dar quórum. Tenemos todas las obras comprometidas por falta de fondos”, se quejó, y le adelantó que su gobernador ya había asegurado que Salta no daría su apoyo al gobierno para modificar el régimen de Zonas Frías. Menos de cuatro horas después, el panorama había cambiado. Santilli había llamado.

El proyecto del Gobierno afecta directamente al Norte argentino porque, al cambiar el criterio de adjudicación del subsidio al gas para las “zonas ampliadas” –es decir, las no patagónicas–, hay miles de familias que tendrían que empezar a pagar un 30% en la tarifa de gas a un mes del inicio del invierno.

El criterio de adjudicación de los subsidios, según la iniciativa de La Libertad Avanza, ya no sería geográfico, sino por ingresos. Antes, con la ley de 2021 impulsada por Máximo Kirchner, un conjunto de municipios de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucuman y San Juan se veían beneficiadas con el régimen diferencial. Ahora, si la ley del Gobierno se sanciona, sería solo para aquellos hogares que cobran menos de tres Canastas Básicas Totales ($4,3 billones).

Los gobernadores se quejaron, y Santilli intervino. Les propuso un canje: a cambio de dar quórum y ayudarlos a desactivar la sesión opositora para interpelar a Manuel Adorni, convocada una hora después de la del oficialismo, les propuso ampliar las zonas que eran beneficiadas con el subsidio eléctrico por zonas cálidas.

La propuesta era un compromiso a cambiar la reglamentación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que define la Secretaría de Energía. No solo se ampliaría las zonas englobadas bajo la categoría “zona muy cálida” –que tienen un consumo base de 550 kWh mensuales–, sino que se ampliaría el período de tiempo que duraría el subsidio. Ya no sería sólo durante los meses del verano (enero, febrero, marzo), sino que pasaría a ser durante los meses comprendidos entre septiembre y marzo.

Esta propuesta de Santilli, que terminó convenciendo a los gobernadores para bajarle línea a sus diputados para que dieran quórum, era solo eso: una propuesta. Ninguno de los gobernadores logró arrancarle una fecha de implementación. Es una promesa a cumplir más adelante.

“Salieron a revolear lo de ‘zona cálida’ y es solo una hoja de Word que dice ‘zona cálida’. Si alguno dió quórum pensando que le va a dar algo, suerte, porque este es un gobierno que no cumple”, advirtió el socialista santafesino Esteban Paulón, cuando la chicharra sonó y los salteños de Sáenz y los tucumanos de Jaldo le garantizaron el quórum a Martín Menem.

El Gobierno no había ni necesitado llamar a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Martín Llaryora (Córdoba). Con solo acomodar a los gobernadores del Norte había bastado. Horas después de iniciada la sesión, Santilli apareció en fotos con varios gobernadores junto a Luis “Toto” Caputo, que se reunió con Rolando Figueroa (Neuquén) y Alfrejo Cornejo (Mendoza).

Menem salvó a Adorni

El objetivo de la sesión oficialista es aprobar el nuevo régimen de Zonas Frías, pero también desactivar la sesión opositora convocada para ese mismo día. La oposición había pedido una sesión para interpelar a Adorni por la causa por enriquecimiento ilícito que avanza en la Justicia, pero Menem les ganó de mano y convocó una sesión una hora antes. El desafío de conseguir el quórum era menos la necesidad de pasar a la ofensiva, luego de dos meses y medio de parálisis legislativa, que evitar una votación que pudiera perjudicar al jefe de Gabinete.

La estrategia opositora, sin embargo, sufrió un revés cuando Menem consiguió el quórum para la sesión oficialista con lo justo: 129 diputados sentados. Pero rápidamente los opositores pasaron al Plan B: convocar a un cuarto intermedio para suspender la sesión oficialista y poder dar inicio, si conseguía quórum, la sesión opositora.

Germán Martínez, el jefe de la bancada peronista, pidió una moción para convocar el cuarto intermedio, pero Menem se negó a tratarlo. “La naturaleza jurídica del cuarto intermedio es otra. Está mal planteada la moción”, atinó a justificar Menem, que se negó, durante una hora y media, a dar lugar a la votación de la moción.

“Ustedes son los tramposos, aunque no lo quieran admitir”, lo cruzó la lilita Mónica Frade, quien acusó a Menem de tener cerradas las comisiones. El objetivo de la oposición para esa sesión era poder emplazar a las comisiones para obligarlas a tratar no solo la interpelación a Adorni, sino también un conjunto de iniciativas sociales que iban desde el restablecimiento del Plan Remediar para medicamentos -que el Gobierno desarticuló hace un mes- o la ampliación de las licencias por paternidad.

No hubo manera, sin embargo. Hasta que no pasó las 11 y media de la mañana -que era el tiempo límite para juntar quórum para la otra sesión- Menem no habilitó la votación. Y ahí sí, blindado Adorni, pudo darse el lujo de festejar el resultado: con 111 votos a favor y 131 en contra, el recinto rechazó la moción opositora.

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Con el número mínimo de 129 diputados, el oficialismo consiguió quórum este miércoles para abrir la Cámara de Diputados y avanzar con el proyecto que busca recortar las llamadas Zonas Frías, que otorga subsidios al gas. El Gobierno aceptó cambios impuestos por provincias aliadas para evitar que caiga la sesión.

El respaldo que consiguió La Libertad Avanza le permitió además bloquear una iniciativa opositora para que se vote una interpelación a Manuel Adorni, investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito. Esa propuesta deberá posponerse por segunda vez.

La iniciativa que modifica el régimen de Zonas Frías apunta a reducir el universo de hogares que reciben un subsidio del 30%. El proyecto modifica el criterio de la adjudicación del subsidio, que dejaría de ser geográfico y pasaría a ser en base a los ingresos de los hogares. 

El proyecto del oficialismo establece que se beneficiarán del subsidio solo aquellos hogares que perciban un ingreso menor a tres Canastas Básicas Totales (que son $4,3 millones). Un cambio de criterio que afectará a 3,5 millones de hogares de zonas del interior de la Provincia Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, y gran parte de San Luis. También en varios municipios de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

A cambio el Gobierno aceptó que haya un régimen diferencial para las tarifas de electricidad en aquellas zonas cálidas del Norte. Uno de los diputados de La Libertad Avanza reconoció públicamente minutos antes del inicio de la sesión que hubo un acuerdo entre Diego Santilli, ministro del Interior, y varias provincias norteñas. “Hay un diálogo. Tengo entendido que una de las provincias es Misiones. Hay que entender que el aire acondicionado en nuestra zona es una necesidad”, admitió el diputado Lisandro Almirón, de Corrientes.

El acuerdo alcanzo con Santilli habría sido con gobernadores de provincias cálidas a los que prometieron subsidios al consumo de energía eléctrica durante los meses de verano acotado a una cantidad determinada de kilovatios.

Además del régimen de Zonas Frías, el oficialismo buscará aprobar también la llamada “Ley Hojarasca”, un proyecto del Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger que propone derogar cerca de 70 leyes consideradas obsoletas, inútiles, superadas por la tecnología o restrictivas de las libertades individuales.

También hay en carpeta aprobar convenios internacionales firmados entre la Argentina y varios países.

MC

Este miércoles el Gobierno sesionará en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de zonas frías sin estar seguro de si tendrá el número para el quórum, primero, y para aprobar la ley, después. La iniciativa, que plantea una limitación en el esquema de subsidios al gas en la Patagonia y varios municipios del centro del país, se enfrenta a la resistencia de varios gobernadores aliados. Los mandatarios de Salta, Mendoza, Jujuy, San Luis y Santa Fe se encuentran acorralados entre la prueba de lealtad que les exige Martín Menem y el costo político de una iniciativa impopular a semanas de la llegada del invierno. Para seducirlos, el Gobierno analiza cambios de último momento. 

Los llamados telefónicos comenzaron a multiplicarse a partir del mediodía. El oficialismo convocó una sesión para el miércoles a las 10 con el objetivo de desactivar la sesión que la oposición había convocado para ese mismo día una hora después. La jugada tenía dos objetivos: proteger a Manuel Adorni del intento de interpelación de la oposición y, a su vez, reactivar la Cámara de Diputados tras dos meses y medio de parálisis. El Gobierno buscaba dar una demostración de fuerza, retomar la iniciativa y dominar la agenda con un tema que no fuera ni la eterna interna libertaria ni el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete.

El plato fuerte de la sesión oficialista es la modificación del régimen de “zonas frías” que establece una tarifa diferencial para el consumo de gas en varias provincias del país. La iniciativa, que se dictaminó la semana pasada, modifica la ampliación del régimen que impulsó Máximo Kirchner en 2021, que extendió el subsidio del 30% a nuevos municipios del centro y norte del país. El proyecto modifica el criterio de la adjudicación del subsidio, que dejará de ser geográfico y pasará a ser en base a los ingresos de los hogares. 

El proyecto del oficialismo establece que se beneficiarán del subsidio solo aquellos hogares que perciban un ingreso menor a tres Canastas Básicas Totales (que son $4,3 millones). Un cambio de criterio que afectará a 3,5 millones de hogares de zonas del interior de la Provincia Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, y gran parte de San Luis. También en varios municipios de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

Los gobernadores de estas provincias –muchos de los cuales apoyaron la iniciativa de Kirchner en 2021, como el mendocino Alfredo Cornejo– manifestaron su rechazo ante una iniciativa que, de aprobarse, generará mayor tensión en sus poblaciones. Algunos aliados fieles, como el salteño Gustavo Sáenz o el cordobés Martín Llaryora, cuestionaron la decisión y cruzaron al Gobierno. 

“Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, denunció Sáenz, que es el gobernador peronista que dijo que le gustaría cantar con Milei en el Movistar Arena, a través de un video publicado en sus redes sociales. 

Se le sumaba, además, otro dato incómodo: el proyecto del Ejecutivo incluía una condonación de las deudas de las empresas privadas con Cammesa, que es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas privadas acumulan una deuda total de US$1.842 millones. Una deuda que, en su gran mayoría, la concentran Edenor y Edesur. Es decir que, el proyecto que venía a eliminar los beneficios tarifarios de las familias que viven en provincias afectadas por temperaturas extremas sostenía, a su vez, la condonación de deudas millonarias a empresas privadas. 

Los mandatarios le hicieron saber al Gobierno que, así como estaba, la iniciativa no sería aprobada. El jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, contaba a su favor con los votos del PRO y la UCR mileísta, los misioneros que responden a Carlos Rovira, los sanjuaninos de Marcelo Orrego y los satélites paraoficialistas del MID y otros monobloques. Era una buena base, pero no terminaba de garantizarse los 129 para el quórum. 

El oficialismo necesitaba convencer a Sáenz, tranquilizar a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y amortiguar los reclamos de los patagónicos, que denunciaban que la modificación del régimen de zonas frías también los afectaba a ellos (ya que el subsidio pasaría a cubrir solo el costo del gas en origen). Por lo que, a último momento, empezó a repartir cambios. 

El más importante fue la ampliación del criterio de adjudicación del subsidio. Gozarán del beneficio no solo quienes perciban menos de 3 CBT, sino también aquellos hogares que posean un Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), un Certificado Único de Discapacidad, o que cuenten con un veterano de la Guerra de Malvinas. 

A su vez, el oficialismo lanzó una zanahoria para los mandatarios norteños. Les prometió que, más adelante, establecería un régimen diferencial para las tarifas de electricidad en aquellas zonas cálidas del Norte. Un reclamo histórico de los mandatarios del NEA y NOA que, hasta ahora, nunca había logrado prosperar. 

La estrategia opositora

“Se hacen los difíciles para subirse el precio y después siempre terminan acordando”, se lamentó, irritada, una importante diputada peronista cuando le empezaron a llegar los comentarios de sus ex compañeros de bancada de Salta y Tucumán, que amagaban con no dar quórum. Horas después, cuando el oficialismo anticipó los cambios al proyecto de zonas frías, en la oposición dieron la batalla por perdida: el Gobierno había vuelto a cerrar con los gobernadores y se había quedado con el quórum.

El desafío de la oposición, por estas horas, es encontrar una manera de suspender la sesión para poder avanzar con la propia, que está convocada para las 11. La sesión incluye varios proyectos para interpelar a Adorni, pero también para restablecer el Plan Remediar, ampliar las licencias por paternidad y establecer un alivio financiero a las personas endeudadas con la tarjeta de crédito. 

El peronismo, junto a la Coalición Cívica y los díscolos de Provincias Unidas, trabajan en juntar una mayoría simple que les permita convocar a un cuarto intermedio y convocar, ahí, su propia sesión. Dependerán, una vez más, de los gobernadores.

MCM/MG

El regreso de Santiago Caputo desde Washington no trajo consigo una tregua sino, por el contrario, una nueva escalada en la interna libertaria. Apenas aterrizado, el principal asesor de Javier Milei decidió pasar a la ofensiva y apuntó directamente contra Martín Menem, a quien responsabiliza por una serie de ataques difundidos desde una cuenta anónima, en la que durante los últimos días se multiplicaron mensajes especialmente agresivos en su contra.

La disputa, que hasta hace poco se desarrollaba en voz baja, quedó expuesta de manera inédita y provocó un efecto inmediato en uno de los ámbitos de coordinación que es compartido por ambas figuras: la suspensión de hecho de la mesa política, el espacio que desde el verano se consolidó como el verdadero centro de decisiones del oficialismo, incluso por encima de las propias reuniones de gabinete, que según confirmaron este martes desde el Gobierno tendrá una nueva cita el próximo lunes 25 de mayo, tras el habitual Te Deum por la fecha patria en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El parate no es un detalle menor. Además de Caputo y del titular de la Cámara de Diputados, esa instancia, que venía reuniéndose semanalmente, es convocada por Manuel Adorni, junto a los principales vértices del poder libertario: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado; Diego Santilli, encargado del vínculo con gobernadores e intendentes; Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y dueño de la “caja”; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y operador de extrema confianza de la hermana del Presidente; e Ignacio Devitt, funcionario dedicado al seguimiento y coordinación de los temas prioritarios del Gobierno.

La mesa política, donde se discuten desde la estrategia legislativa y la comunicación hasta la administración cotidiana del poder, ganó relevancia de manera paulatina durante los primeros meses del año. En parte, porque las reuniones de gabinete dejaron de funcionar como un espacio real de discusión y se transformaron, cada vez más, en escenificaciones de respaldo al Presidente. La dinámica cotidiana del poder empezó entonces a correrse hacia ese otro ámbito, mucho más reducido y operativo, donde conviven dirigentes con perfiles y ambiciones muy distintas, pero unidos por la necesidad de administrar un gobierno que, desde su origen, nació con múltiples centros de poder y con una lógica interna atravesada por desconfianzas permanentes.

La reunión de la semana pasada, sin ir más lejos, ya había mostrado señales de agotamiento. Santiago Caputo se ausentó por su viaje a Washington, del que pocos estaban enterados, y el clima estuvo enrarecido por el desgaste político generado por las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, un tema que en las últimas semanas alteró el humor interno de la Casa Rosada y obligó al oficialismo a cerrar filas en defensa del funcionario. Incluso antes de la pelea pública entre caputistas y menemistas, varios de los asistentes describían una dinámica cada vez más tensa, con reuniones largas y discusiones cada vez menos disimuladas sobre el rumbo político del Gobierno y la administración de poder dentro del oficialismo.

Sin embargo, la situación actual fue el producto de algo absolutamente inesperado. El detonante fue la sospecha de Caputo de que detrás de la cuenta @PeriodistaRufus —donde se publicaron mensajes que calificaban al asesor como “el fracaso más grande que carga el presidente” y anticipaban que “le queda poco”— se encontraba el propio Martín Menem o, al menos, alguien de su entorno inmediato.

El titular de la Cámara de Diputados negó en privado cualquier vinculación con ese perfil y atribuyó el episodio a un “error involuntario” de un colaborador que replicó algunos de esos mensajes. La explicación, sin embargo, no alcanzó para desactivar el malestar del sector caputista, que interpreta los ataques como la manifestación más descarnada de una disputa de poder que ya no se limita a diferencias tácticas, sino que expone desconfianzas mucho más profundas, que, según el entorno del asesor, no involucrarían a Karina Milei.

Este lunes, en un mensaje publicado en su cuenta de X, Caputo buscó reafirmar su alineamiento personal con Milei y, al mismo tiempo, enviar una advertencia hacia adentro del oficialismo. “Voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, escribió. Y remató con una frase cargada de significado político: “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”. El mensaje fue leído dentro del oficialismo como una ratificación pública de cuál sigue siendo su principal blindaje: la confianza personal del Presidente.

Ese respaldo, sin embargo, convivió con una señal política más ambigua. Este martes, Javier Milei buscó bajarle el tono al conflicto y salió a respaldar a Martín Menem. Según sostuvo en una entrevista con Neura, la controversia del fin de semana fue “algo prefabricado para generar un problema” y aseguró que el propio titular de la Cámara baja dio explicaciones sobre el episodio dentro del gabinete. Más allá del intento presidencial por encuadrar la disputa como una maniobra externa, el principal efecto político ya es evidente. En la Casa Rosada pocos creen que la pelea derive en cambios inmediatos o pedidos de renuncia, aunque el episodio generó preocupación por el impacto que puede tener sobre el funcionamiento interno del Gobierno. Durante meses, la mesa política funcionó como una válvula de equilibrio entre los distintos sectores del oficialismo. Que hoy haya quedado en suspenso expone hasta qué punto esa convivencia volvió a entrar en una zona de fragilidad.

PL/CRM

La interna libertaria que el fin de semana se volcó de lleno al plano de las redes sociales preocupa a varios integrantes del Gabinete que reclaman la intervención del presidente Javier Milei.

“Está todo descontrolado. Javier (Milei) no interviene y es el único que puede ordenarlo”, sostuvo ante la agencia Noticias Argentinas un funcionario que reclama que el mandatario tome curso en la tensión abierta entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. 

Lo que parecía un cierre de semana tranquilo, sin movimientos aparentes en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se vio perturbada el sábado por la tarde cuando el consultor acusó al entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de manejar una cuenta anónima que acumulaba mensajes contra la administración libertaria. 

Desde esa publicación hasta el cierre de esta nota, Caputo parecía no querer dar por finalizado el tema en las redes y se muestra activo sobre el tópico. “Está hinchado las pelotas. No creemos que haya sido ningún CM salvo que nos digan nombre y apellido y pida disculpas”, precisaron desde el entorno del asesor a esta agencia. 

A media mañana del domingo, Menem explicó al bloque por WhatsApp que no administraba la cuenta que le endilgaban y habló de un error involuntario de una de las personas de su equipo. “Es una canallada de algún mala leche. Canallada sofisticada por cierto. Mucho cálculo”, planteó el diputado, según consignó NA. 

Lo que hasta entonces configuraba una contienda subterránea quedó exhibida a la vista de todos los que frecuenten el ecosistema virtual tuitero. “Yo propuse tiros, pero se sienten más cómodos con el chusmerío, las operaciones en prensa y pintarse las uñas”, se expidió con ironía Caputo en respuesta a una usuaria que pidió que resolvieran las diferencias “como hombres”. 

Los dichos generaron espanto en el entorno de la menor de los Milei. “Ah, tranqui”, planteó con estupor una importante fuente al margen del conflicto. 

“Es llamativo el nivel de mesianismo que manejan. Están todos locos. Manejan un nivel de odio sorprendente”, planteó otro funcionario a esta agencia, y sumó: “Se deben sentir de salida y quieren tirar de la cuerda, sino es insólito que hayan planteado una interna a cielo abierto”. 

El desgaste de lo que alguna vez fue el Triángulo de Hierro

La ruptura del vínculo entre los vértices del Triángulo de Hierro data de meses. Uno de los episodios que tensaron la relación se registró en agosto, en la previa a las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, cuando los armadores dejaron afuera de las listas a los referentes de Las Fuerzas del Cielo. 

“Está todo roto desde cuando plantearon un Gobierno de coalición antes de la elección”, le factura una voz del ecosistema violeta al sector que responde a Caputo. Desde el Salón Martín Fierro aseguran que la eliminación de la cuenta @PeriodistaRufus fue sospechosa y la califican como “mal intencionada, pero muy conveniente y dócil”. 

“En definitiva solo desnuda lo que realmente piensa de algunos integrantes de su Gobierno y tiene derecho a pensarlo, pero decirlo a través de una cuenta fake es repudiable porque hay una intención de tirar la piedra y esconder la mano”, se expidieron. 

No es la primera vez que los integrantes del Gabinete reclaman la intervención del mandatario que estila no inmiscuirse en la interna que sabe que existe, pero en la que se niega a tomar partido. Una de las más activas en la idea era la senadora Patricia Bullrich, quien harta de no ser escuchada eligió transitar su propio camino por fuera de las diferencias planteadas. 

El estallido mediático preocupa a más de uno debido al complejo momento que atraviesa la administración libertaria marcada por los movimientos en la causa de Adorni, la caída en la imagen del mandatario y los reclamos económicos de la sociedad. 

Con información de Noticias Argentinas.

Diego Spagnuolo siente que lo abandonaron. Aquellas noches en Olivos —38 visitas en los primeros 16 meses de gobierno— son un recuerdo surrealista bajo este frío otoño. Todo un abismo que va del privilegio de arreglar sobre la marcha una cena con su íntimo amigo Javier Milei, con menú comprado en La Farola de la avenida Maipú, a cinco cuadras de la Quinta, a este presente del teléfono callado y un procesamiento como jefe de una asociación ilícita y fraude al Estado.

“McBain” —como lo llamaban en el mundo Milei-Espert-Villarruel antes de llegar a la cumbre— se sitúa protagonista de una pesadilla que comenzó a vivir apenas echó a andar el gobierno ultra. Al constatar que la “traición” provino de personas en las que confió y lo elevaron adonde nunca creyó llegar, y verse ahora indagado de hecho por la cronista Mercedes Ninci frente a un ascensor de Comodoro Py, se asume como chivo expiatorio de un latrocinio perpetrado por otros. No concibe una salida aceptable. Tiene que rearmar su vida y necesita despejar el horizonte de la cárcel.

Con tiempo libre infinito que pasa en la galería reformada de su casa en un barrio cerrado de Pilar, Spagnuolo observa cómo “los Menem” —a quienes se ocupó de describir en infinidad de diálogos como jefes de una gavilla que copó la Agencia de Discapacidad (ANDIS)— se pasan la gran vida y administran poder.

Para colmo, la Justicia mantiene incautados los USD 82.000 hallados en una caja de seguridad de la casa de Pilar. Spagnuolo dice que puede justificar ese tesoro y piensa que es poco y nada para acusarlo de recibir coimas. Al fin y al cabo, no le alcanzaría ni para comprar medio departamento de esos baratos que consiguen Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Ni las viejas relaciones pueden dar la cara por él. José Luis Espert, a quien alguna vez Spagnuolo creyó su mejor amigo, también cayó en desgracia y transcurre sus días a la sombra de otra galería reformada. Otra amiga, Victoria Villarruel, esa mujer chispeante que hacía bromas homofóbicas y tomaba de punto a “McBain” —por un personaje de los Simpsons que resolvía todo a los tiros—, quedó raleada del mundo Milei. Cuando se dividieron las aguas entre la fórmula presidencial, el contertulio de las noches de Olivos quedó del lado del Soez. ¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte? ¿Habrá insistido la vicepresidenta en la humillación de Spagnuolo como su caniche toy?

A la filtración de los audios que se le atribuyen al extitular de ANDIS y titularon una era, “el 3% de Karina”, le siguió un cúmulo de pruebas documentales, mails, cientos de miles de dólares en efectivo apilados en cajones y mochilas, y whatsapps indiscretos.

Las noticias de que los Menem y Karina habían instalado una burocracia proveniente del macrismo “para afanar” de los fondos de discapacitados dispararon una investigación que, entre agosto de 2025 y febrero pasado, llevaron al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a revelar una red de corrupción sistemática. La pregunta de fondo: ¿Se trató de una célula autónoma compuesta por decenas de personas para robar uno de los presupuestos más diezmados por la motosierra, o fue otra de las terminales para satisfacer la avidez por el dinero de los Hermanos Milei?

¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte?

El turno de Lijo

El trayecto desde esa trama a la mentada voracidad de Karina y los Menem requiere ser probado en el expediente. Antes de dejar la causa en manos de Ariel Lijo, en febrero, Casanello procesó a 19 personas: empresarios, ejecutivos de droguerías, lobistas y exfuncionarios de segundas líneas. Esta semana comenzó un nuevo capítulo con la nueva ronda de 35 indagatorias y el horizonte de decenas de nuevos procesamientos relacionados a sobreprecios en insumos de alto costo por un valor estimado en $75.400 millones, con beneficio en las firmas Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Ese monto se suma otros $43.000 millones detectados en otra instancia del expediente, con sobreprecios estimados en 1.900%.

Las citaciones a indagatoria fueron el primer paso de Lijo en la trama ANDIS. Significativo, porque había expectativa sobre la actitud que adoptaría el excandidato a juez de la Corte Suprema que congregó las causas más sensibles para Ejecutivo en el último bimestre, a excepción de la más grave, la estafa $LIBRA, que la mantiene secuestrada el fiscal Eduardo Taiano.

El segundo paso del juez a cargo de ANDIS fue ordenar, el jueves, un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. La dirección de Criminalística de Gendarmería deberá dilucidar si esos archivos fueron adulterados mediante inteligencia artificial. Esa fuerza, sometida a injerencias de Patricia Bullrich, se transforma en una usina sórdida que puede llegar a cualquier conclusión —como se demostró en el caso Nisman—. El peritaje asoma como una herramienta de negociación entre la polifacética senadora y su amiga/enemiga Karina. Probablemente, la candidatura de la ultraderecha en la Ciudad para 2027 se jugará en el dictamen de un grupo de gendarmes.

Spagnuolo se aferró a la impugnación de los audios como su tabla de salvación. La estrategia le sirve a él, al resto de los procesados y a los hermanos Milei, aunque sus objetivos finales sean divergentes. Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua.

La llegada del abogado Mauricio D’Alessandro a la defensa de Spagnuolo, en noviembre de 2025, tres meses después de iniciada la causa y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza de por medio, apuntó a que los audios del “3% de Karina” eran creaciones de inteligencia artificial. En paralelo, los Kovalivker —los supuestos “helvéticos” de la Droguería Suizo-Argentina en los diálogos de la banda que pactaba licitaciones y coimas— habían avanzado en una estrategia similar. Los helvéticos denunciaron tempranamente que los audios difundidos por el sitio Carnaval y el portal Data Clave obedecían a una operación de inteligencia y, por lo tanto, toda la investigación debería caer como fruto del árbol prohibido.

Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua

En la línea sostenida por Casanello y Picardi, los audios fueron apenas un indicio que disparó una noticia periodística y luego una denuncia judicial, y así comenzó la investigación, como ocurrió decenas de veces en Comodoro Py. Para no pisar el palito del “árbol prohibido”, el juez y el fiscal se ocuparon de evitar cualquier mención al contenido de los audios en sus resoluciones. Ambos situaron el componente de verosimilitud de la sospecha en el hecho de que el Ejecutivo licenció a Spagnuolo de su puesto en ANDIS en cuanto se conocieron los audios. ¿No eran artificiales?

Lo malo y lo peor

La apuesta a anular la causa tendría un altísimo costo político para un gobierno anegado por casos de corrupción, desde las pequeñas a las grandes estafas, pero no deja de ser el mal menor para los Hermanos Milei. Confirmar la percepción generalizada de que el Presidente y su hermana manejan los hilos del poder para garantizar impunidad a ellos mismos y sus elegidos es una mala opción. Dar lugar a que se investigue una sospecha de que coparon el Estado para succionar fondos de los más vulnerables de la sociedad es peor.

Con los expedientes Adorni, préstamos del Banco Nación al equipo de Luis Caputo y ANDIS en un mismo juzgado, la dupla que comanda el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, trata por todos los medios de incidir en la voluntad de Lijo. En un territorio —Comodoro Py— en el que inciden estamentos del macrismo, una corporación judicial a la defensiva, tentáculos de Inteligencia y los grupos Clarín y La Nación, el engranaje ya no funciona como antes.  

Spagnuolo mide su silencio. En las dos indagatorias que enfrentó —la última, el miércoles—, eligió hacer uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el jueves Daniel Garbellini, un hombre del riñón del PRO que reingresó a ANDIS con Milei para —según Spagnuolo— manejar la caja. Con intereses enfrentados, a ambos les conviene el paso del tiempo, con la mira en la invalidación de las grabaciones.

A poco de ingresar al expediente, el defensor D’Alessandro presentó un peritaje privado a cargo del experto español Miguel Ángel de la Torre. El estudio indica que la parte del audio en la que Spagnuolo aparece hablando en un bar tiene una probabilidad “baja” de ser una creación de inteligencia artificial, pero otro segmento de una conversación telefónica tendría chances “razonables” de contener “trazos de voz sintetizada”. El contenido más grave de los dichos atribuidos a Spagnuolo —incluido el 3% de Karina (8% de coimas totales sobre el precio de venta de medicamentos e insumos) y el comentario de que puso al tanto a Javier Milei de la situación— está en la parte del diálogo en el bar.

D’Alessandro afirma que los audios fueron editados, y que se incorporó ruido ambiente de una confitería para enmascarar la voz artificial. Tanto Mauro Federico e Ivy Cángaro, los periodistas que difundieron las grabaciones en Data Clave, como fuentes de la fiscalía de Picardi dan por sentado que los audios fueron editados, pero no adulterados. El fin de la edición fue borrar al interlocutor de Spagnuolo, que sería quien registró y divulgó la grabación.

Hay que prestar atención a dónde llega la explicación del extitular de ANDIS. Su desmentida es sobre haber denunciado el 3% de Karina, pero no sobre el papel de los Menem. Según fuentes que escucharon sus argumentos, tampoco niega haber transmitido a Milei el desfalco que estaban cometiendo Garbellini y el exfuncionario del PRO y exempleado del laboratorio Roche Pablo Atchabahian, a quienes definió como “delincuentes”. A partir de su aviso al Presidente, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a elegir comida en el menú de La Farola de Olivos.

Spagnuolo afirma que lo único que lo vincula a los delitos investigados son los audios. Le interesa salir del foco de la causa, pero se desentiende de la suerte de “los delincuentes” y los Menem. En la fiscalía de Picardi leen eso y no entierran la posibilidad de lograr la adhesión a la figura del arrepentido. Es por ello que el silencio del extitular de ANDIS es tanto una estrategia que agradecen los Milei, como una bomba de tiempo. Aunque “McBain” parezca disimular el papel de Karina y guarde mayor encono con los Menem, dos más dos es cuatro. Por lo pronto, Spagnuolo dejó una frase sugestiva el miércoles, durante la indagatoria informal ante la periodista Ninci en un pasillo de Comodoro Py: “No es la única oportunidad en que se puede declarar”.

Una mano estuvo detrás del abismo que se creó entre Spagnuolo y quienes le manejaban la caja en ANDIS: Santiago Caputo.

El poderoso asesor tiene bajo su órbita al ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, padre de su socio, Rodrigo Lugones. Esa cartera, aun diezmada por la motosierra, es una fuente inagotable de negocios. Por el reparto inicial de responsabilidades en el gobierno ultraderechista, los medicamentos y tratamientos para discapacitados fueron capturados por los Menem. Se desató entonces una sórdida batalla por esa caja. Spagnuolo, un abogado sagaz, con poca experiencia política, débil de carácter y nulo conocimiento del mercado de la salud, fue la vía a través de la cual intentó penetrar Santiago Caputo.

En sus extensas tardes en Pilar, frente a la pantalla en negro de su celular, Spagnuolo también piensa en la impunidad del asesor que imita a los personajes de Peaky Blinders.

Cuentas pendientes en la Cámara Federal

En la fiscalía de Picardi surgen datos incesantes sobre el desfalco al Estado. Emanuel y Jonathan Kovalivker, Atchabahian, el lobista Miguel Calvete, Laboratorios Roche y Garbellini tienen motivos para preocuparse, pero la pelota está en la Cámara Federal. Se bifurca otro capítulo.

A partir de su aviso a Milei, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a Olivos a elegir comida en el menú de La Farola de la avenida Maipú

La sala de la Cámara Federal que trata el expediente está compuesta por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El primero —exabogado de Cristina— y el segundo —veterano del fuero penal federal, vinculado a la UCR— impusieron su voto mayoritario para hacer lugar al reclamo de los Kovalivker y ordenaron a Casanello que investigara el origen de esas grabaciones. Casanello tiró la pelota afuera con medidas procesales, Boico e Irurzun insistieron y ahora Lijo hizo lugar al peritaje.

Los movimientos de Boico, una de las pocas designaciones en el Poder Judicial que pudo concretar Alberto Fernández, vienen provocando desconcierto en estamentos de Comodoro Py que esperaban romper el statu quo que se había instalado. Si la mirada se detiene en Irurzun —el autor de la doctrina de la influencia de los exfuncionarios que sirvió para mantener a kirchneristas en la cárcel durante años—, la historia se vuelve más compleja. Cumple 75 años el próximo 18 de julio, por lo que debería cesar su función de camarista. El juez bregó para que se enviara al Senado la prórroga de su designación por otros cinco años, como ocurrió con colegas muy allegados al Ejecutivo, pero hasta ahora no tuvo suerte y es probable que no la tenga.

Boico e Irurzun tienen en sus manos reproducir la mayoría contra Farah para cortar la causa ANDIS de raíz, con la teoría del fruto del árbol prohibido, y satisfacer así los múltiples intereses cruzados de los imputados y de quienes miran de afuera, por ejemplo, desde varios despachos de Balcarce 50. No sería una decisión fácil para ambos camaristas, que no están entre lo más desprestigiado de Comodoro Py. De todas maneras, quedaría la instancia de Casación, donde la conformación de la sala que intervendría no sería la más oficialista posible.

En la exposición de argumentos frente a la Cámara Federal, Picardi citó jurisprudencia asentada en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, un fraude millonario que abarca los gobiernos de los Kirchner y Macri e involucra al gigante brasileño Odebrecht. Allí los imputados también plantearon que la acusación debía desmerecerse porque provenía de filtraciones de celulares de lobistas asociados al Lava Jato de Brasil.

En esa instancia, la Cámara Federal sostuvo que el planteo de nulidad debía fundarse en la “verificación fehaciente” de que la prueba había sido originada de forma ilegal, y no una mera suposición. Uno de los jueces firmantes de aquella resolución fue Irurzun, el 11 de marzo de 2019.

SL

slacunza@eldiarioar.com

“Éste es el progreso más grande realizado en materia de cooperación internacional en el campo de patentes desde el Convenio de París de 1833. En pocas palabras, se refiere a un tratado que hace a la cooperación internacional en materia de aprobación de patentes de invención”. Era la noche del 16 de septiembre de 1998 cuando el senador Eduardo Menem impulsaba la aprobación de un Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en la Cámara alta. La votación finalmente fue favorable y unió al peronismo con la UCR –encabezada en el Senado por José Genoud–, y así el gobierno del entonces presidente Carlos Menem rindió tributo a su obsecuencia con Estados Unidos. 

Casi 30 años después, la sanción definitiva del tratado sigue pendiente, en medio de fuertes presiones e intereses sectoriales. Ahora otro Menem –Martín, presidente de la Cámara de Diputados y sobrino de aquel Eduardo– busca darle a Javier Milei –también alineado automáticamente a Washington– el tan ansiado PCT. Pero la discusión está al rojo vivo y en los últimos días escaló en un cruce de cartas e involucramiento de organizaciones de empresas norteamericanas y farmacéuticas nacionales, según pudo reconstruir elDiarioAR. En el aire del debate hay un reclamo por más de US$3,3 mil millones en juego.

El calendario en los despachos de Menem, Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tienen un círculo rojo en el próximo miércoles 30 de abril. Es el deadline en el que Estados Unidos publica su Informe 301, el ranking de la Oficina del Representante Comercial (USTR) de países que no protegen adecuadamente los inventos de sus empresas. La Argentina es abonado a la “lista de vigilancia prioritaria” o “lista de chicos malos”, como planeó una fuente de la Casa Rosada. El apuro de Milei es que en el acuerdo comercial que se pactó con Trump en noviembre pasado incluía el compromiso argentino de la aprobación del PCT antes de fin de abril. Pero la coyuntura local tiene otros planes.

No hay a la vista de la semana que comienza este lunes una sesión en la Cámara de Diputados para discutir el tratado de patentes, ni siquiera un avance en la comisión de Relaciones Exteriores, que domina La Libertad Avanza y tiene el tema entre sus pendientes. La aprobación del Senado de 1998 no perdió estado parlamentario porque así corresponde con los tratados internacionales. Según dos fuentes parlamentarias consultadas por elDiarioAR, no hay registro de otro pacto multilateral que tenga semejante demora. Sin embargo, cerca de Sturzenegger la expectativa es positiva: “El PCT se va a aprobar. Sea un mes más tarde o temprano, se va a aprobar”. Otra versión indica que el Gobierno ya no tiene apuro porque el acuerdo Trump-Milei quedó en el aire desde que la Corte Suprema de EE.UU. anuló la mayor parte de los aranceles del republicano, el septiembre pasado.

La guerra de las cartas

Ese “mes más tarde” es la ventana que logró abrir el lobby de los laboratorios nacionales (CILFA), que en el 13 de abril envió a la Cámara de Diputados un mail con argumentos técnicos para patear el debate. En un texto firmado por su director ejecutivo, Eduardo Franciosi, y su gerente de Asuntos Jurídicos y de la Propiedad Intelectual, Mariano Genovesi, la cámara pidió que Argentina adhiera al PCT, pero con una “reserva” en el Capítulo II. Sostienen que ese capítulo –el corazón del examen internacional de patentes– facilitaría el evergreening, la trampa legal para estirar el monopolio de medicamentos viejos con retoques cosméticos.

El Capítulo II habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea. De los 158 países que integran el PCT, solo Uruguay formuló esa reserva al momento de adherirse, en enero de 2025. Pero la evaluación libertaria es que, a esta altura, la reserva tiene más valor simbólico que sustantivo y como la media sanción del Senado de 1998 no la incorporó, incluirla ahora sería complejo. La propuesta de CILFA, entonces, exigiría devolver el proyecto al Senado, lo que postergaría todo.

“El Capítulo II del PCT establece la posibilidad de que los solicitantes peticionen la realización un examen preliminar internacional. Este examen constituye una opinión sobre la patentabilidad de la supuesta invención. Existen razones suficientes para justificar la decisión de Argentina de obligarse únicamente al Capítulo I del PCT, haciendo uso de la reserva respecto del Capítulo II prevista en el art. 64 1 a) del PCT, pues reduce el impacto sobre la capacidad de aplicar criterios de patentabilidad orientados a evitar el evergreening, ya que limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”, se lee en el texto de CILFA.

Según la cámara de laboratorios farmacéuticos nacionales, los consumidores –las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes– se ahorran un total de 3.321 millones de dólares por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares, según un estudio para 2025 de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Ese ahorro, argumentan, beneficia al Estado.

En la otra vereda, la presión también es fuerte. La U.S. Chamber of Commerce (USABC) le escribió a Martín Menem una nota pidiendo que se apruebe el texto “tal como vino del Senado” en 1998. La misiva del 22 de abril argumenta “innovación, inversión, acceso a terapias, y el aislamiento de Argentina como único país del G20 fuera del PCT”. 

Hubo también tres documentos más. El 16 de abril la Universidad Austral hizo un informe técnico donde intentó rebatir “cinco mitos” que circulan en el debate parlamentario: que la reserva es práctica habitual (dice que todos los que la tuvieron la retiraron), que no afecta a solicitantes argentinos (contraargumenta que les genera costos adicionales), que los compromisos internacionales son solo formales (afirma que el acuerdo Mercosur-UE es de obligaciones concretas), que hay un problema jurídico con la enmienda de 2001 (dice que ya está resuelto), y que la adhesión colapsaría al INPI (da un argumento a favor de implementarla bien, no de no hacerla). Defiende la adhesión plena como la opción técnicamente correcta y como la que beneficia al tejido productivo local: PyMEs, universidades, CONICET, inventores individuales. 

El 20 de abril la cámara de multinacionales farmacéuticas (CAEMe), a través de Carlos Escobar Herrán, su director ejecutivo, envió una carta a la Cámara baja donde describe al Capítulo II como una herramienta que beneficia a los solicitantes para mejorar sus solicitudes antes de entrar en fase nacional. Señala explícitamente el doble estándar: hay empresas argentinas que usan el PCT desde el exterior para proteger sus inventos mientras se oponen a la adhesión local, un argumento ya usado por el Gobierno. 

Y el 22 de abril pasado también hubo una misiva de AmCham, la cámara de comercio argentina-estadounidense, firmada por su CEO, Alejandro Diaz, y enviada directamente a la diputada libertaria Juliana Santillán, titular de la comisión de Relaciones Exteriores. El texto –conocido apenas una semana después de la presencia de Milei en el foro de AmCham– defiende la adhesión plena con Capítulo II, advierte que excluirlo perjudica a los solicitantes nacionales, y señala sobre la falta de adhesión al Capítulo II: “Puede ser interpretado como de no cumplimiento pleno, por la importancia al establecer reglas internacionales que protejan los derechos de la propiedad intelectual”. Usa un tono más diplomático que el USABC pero en la misma línea.

Hace dos semanas Menem tenía “todo listo” en Diputados para que avance el tratado. Se había agendado una reunión de comisiones que a última hora se levantó. Según trascendió, hubo un pedido especial de Cancillería, que maneja Pablo Quirno, para suspender el debate y demorarlo sin horizonte. “Es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado”, dijo una fuente anónima consultada entonces por la agencia NA.

En los últimos días un grupo de legisladores de distintos colores políticos viajó a Washington, justamente invitados por AmCham (la semana anterior otro grupo había ido a Boston vía la Red de Acción Política). Aceptaron el convite miembros de la comisión de RREE, que conduce Santillán. “Son viajes de lobby full”, comentó un diputado nacional de la comisión que no se subió al avión. El rumor que circula en los pasillos parlmentarios es que el Gobierno estaría evaluando la posibilidad de aceptar cambios en el acuerdo, lo que obligaría a que vuelva a discutirse en el Senado. Así, podría darse otra vez la votación en la Cámara alta que un Menem –Eduardo, no Martín– encabezó aquel 16 de septiembre de 1998.

MC

Martín Menem tenía un plan: sesionar este miércoles para tratar la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, tantear el clima del recinto tras el escándalo de Manuel Adorni y allanar el camino de cara al informe de gestión del 29 de abril. El objetivo no era tanto hacerle un favor a Sturzenegger, con un proyecto de ley que hasta los propios califican de secundario, como medir la lealtad de los aliados. Si la oposición buscaba avanzar con una embestida, razonaba, mejor que fuera antes que Adorni visitase la Cámara de Diputados. Sin embargo, le falló el número: los aliados se le retobaron y, con varios libertarios fuera del país, el riojano tuvo que levantar la sesión. 

“Hay demasiada tensión con el tema Adorni y no teníamos garantizado el quórum con los aliados”, señaló un alfil libertario que, como varios diputados del bloque oficialista, se manifestó en contra de tratar el proyecto de Sturzenegger. La discusión comenzó el viernes pasado, poco después de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Algunos dirigentes libertarios advertían que no era conveniente abrir el Congreso en este contexto de debilidad política y que era mejor esperar a que bajara la espuma. “Guardémonos las balas”, explicaban en La Libertad Avanza.

Menem, en cambio, quería medirle el aceite a los aliados. Consciente de que el escándalo patrimonial de Adorni se había convertido en la excusa para diferenciarse del Gobierno, el riojano advertía que era una buena oportunidad para tantear las fuerzas: el proyecto de Sturzenegger, después de todo, no formaba parte de las prioridades de Javier Milei. En la última semana algunos aliados, como Cristian Ritondo, el jefe del PRO, habían aprovechado para criticar al Gobierno denunciando el “show” que se buscaba armar con el informe de gestión del 29 de abril. 

“Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras”, señaló Ritondo, en declaraciones radiales. 

El principal motivo de preocupación, sin embargo, no era el PRO, sino las fuerzas provinciales. Golpeadas por la caída de la recaudación –que arrastra ya ocho meses a la baja– y el derrumbe de las transferencias de la coparticipación, las provincias arrastran un ahogo financiero cada vez más acuciante. Los aliados reclaman fondos al gobierno nacional, pero Luis Caputo es renuente a abrir la billetera. En este contexto, los gobiernos provinciales ensayan maniobras para distanciarse.

Ya se vio, incluso, durante la última sesión por la reforma de la Ley de Glaciares. Durante la votación por los apartamientos de reglamento para interpelar a Adorni, por ejemplo, hubo varias ausencias elocuentes. Fue el caso de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro. El catamarqueño Raúl Jalil, incluso, mandó a sus diputados a votar a favor de la interpelación del jefe de Gabinete. 

Frente a este escenario, Menem, este lunes, hizo cuentas. Y se dio de frente con el hecho de que, si abría el recinto, se arriesgaba a no tener quórum. El problema era doble. Por un lado, los aliados se resistieron a garantizar su comparecencia. Y, por el otro, había muchas ausencias de diputados propios que estaban en el exterior. 

El nuevo Congreso

El escándalo patrimonial de Adorni –que esta semana tendrá un nuevo capítulo judicial con más declaraciones testimoniales– divide las aguas en el oficialismo. 

Este debate interno se vio plasmado, el viernes pasado, con el cruce entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini en las redes sociales. El desencadenante fue la interna de largo arrastre entre Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires, y la militancia virtual de las fuerzas del cielo, que comanda Santiago Caputo. Una discusión por una denuncia penal de Pareja contra un grupo de tuiteros que lo doxearon el año pasado –publicaron su número de teléfono en Twitter– y que derivó en un enfrentamiento público. El enfrentamiento, sin embargo, exponía algo más: el malestar que hay dentro de un sector de LLA frente a la decisión de los hermanos Milei de sostener a Adorni.

Menem, en tanto soldado de Karina, defiende a rajatabla al jefe de Gabinete. Y fue él quien propuso que diera el informe de gestión el 29 de abril. “Las encuestas me chupan un huevo”, se lo escuchó decir al riojano, quien confía en que la espuma terminará bajando y que no hay que ceder ante la presión de la oposición. 

Dentro del bloque, sin embargo, no todos están de acuerdo. Más de uno está “harto” de tener que defender a Adorni y advierte que no hace más que “desgastar” al Gobierno. 

Esta tensión, que derrama sobre los aliados, genera un freno a la agenda oficialista en el Congreso. Este martes, Menem buscará avanzar con el dictamen de la Ley Hojarasca –que elimina leyes como la de Padrinazgo Presidencial, que establece que el presidente será el padrino (o madrina) del séptimo hijo varón o hija mujer, o la que le da derecho de libre circulación y estacionamiento a los diputados–, pero no podrá avanzar con la sesión. 

Por primera vez desde las elecciones de octubre, el riojano tiene que moverse con cuidado. 

MCM/CRM

La investigación por el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, en la provincia de Salta, sumó en las últimas horas un fuerte condimento político a partir de los vínculos de los protagonistas con figuras del poder y contratos estatales.

La causa, que está en manos de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, se inició tras la viralización de imágenes de la boda de Nicole Pocoví y Federico Maran en un área protegida donde no están permitidos este tipo de eventos sin autorización. La investigación apunta a determinar si se utilizó un permiso falso para realizar la celebración y si hubo incumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Sin embargo, a medida que avanzó la pesquisa, comenzaron a emerger conexiones que exceden lo estrictamente ambiental o administrativo. Nicole Pocoví es hija de Marcelo Adolfo Pocoví, expareja de Zulemita Menem, quien en el pasado realizó duras declaraciones públicas sobre él. En paralelo, versiones sobre la posible presencia de integrantes de la familia Menem en la boda fueron desmentidas a La Nación por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El foco político también se posó sobre Kevin Pocoví, hermano de la novia, vinculado a la firma Inversora Eslava S.A., que mantiene un contrato millonario con el PAMI por el alquiler de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Según registros oficiales, esos espacios habrían sido utilizados en reiteradas oportunidades por La Libertad Avanza durante la campaña electoral, lo que abre interrogantes sobre la relación entre negocios privados y estructuras partidarias.

A esto se suma que otro de los hermanos, Alan Pocoví, se encuentra bajo investigación en la denominada “causa Andis”, donde se analizan presuntas maniobras de direccionamiento de contratos y lavado de dinero en el sistema de provisión de insumos para personas con discapacidad.

En este contexto, la Justicia no solo busca establecer si hubo irregularidades en la autorización del evento en un área protegida —regulada por las leyes provinciales 7.070 y 7.107—, sino también determinar si detrás del episodio existe una red de vínculos que conecte intereses económicos, relaciones políticas y eventuales beneficios indebidos.

Así, lo que comenzó como una presunta infracción ambiental por una boda en un paisaje icónico del norte argentino se transformó en un caso con derivaciones políticas, donde se cruzan nombres, contratos y estructuras de poder bajo la lupa judicial.

Con información de medios

JIB

Dirigentes del oficialismo salieron a respaldar públicamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni luego de que se multiplicaran las críticas y denuncias por dos episodios recientes: un viaje privado a Punta del Este en jet y la presencia de su pareja en un vuelo oficial a New York City para participar de la Argentina Week.

El presidente Javier Milei señaló en X: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las primeras en manifestar su apoyo. “Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió en su cuenta de la red social X.

En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Diego Santilli: “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con @madorni”.

También el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió al funcionario. “Ayer, hoy y siempre junto a @madorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, publicó.

Las expresiones de respaldo se produjeron después de que se conociera que Adorni viajó entre el 12 y el 17 de febrero a Punta del Este en un jet privado junto a su pareja, Bettina Angeletti, dos familiares y el periodista Marcelo Grandio. El vuelo se realizó en un avión Honda Jet matrícula LV-HWA operado por la empresa Alpha Centauri.

Según documentación del traslado, la aeronave partió desde el aeropuerto de San Fernando con destino al aeropuerto Laguna del Sauce. Cada tramo de ese tipo de vuelo tiene un costo cercano a los 5.800 dólares, aunque la tarifa total de ida y vuelta habría sido de unos 10.000 dólares. No trascendió públicamente quién pagó el servicio.

De acuerdo con fuentes aeroportuarias citadas por distintos medios, al regresar a la Argentina el funcionario habría solicitado realizar los trámites migratorios dentro de un hangar privado, un procedimiento excepcional que suele aplicarse a funcionarios o pasajeros considerados VIP.

Adorni evitó dar detalles sobre ese viaje y sostuvo que se trata de un asunto de su “vida privada”.

La polémica se suma a otro episodio que generó cuestionamientos en los últimos días: la presencia de su pareja en el viaje oficial a Nueva York para participar de Argentina Week junto al presidente Javier Milei y otros funcionarios.

El traslado se realizó a bordo de la aeronave presidencial ARG-01 y motivó dos denuncias penales contra el jefe de Gabinete. Una fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, mientras que la otra fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Las presentaciones judiciales quedaron radicadas en los juzgados federales 3 y 11 de Comodoro Py. En su denuncia, Pagano señaló la posible comisión de delitos como peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dalbón, por su parte, planteó que podría tratarse de un caso de malversación de caudales públicos o utilización indebida de bienes del Estado y pidió que se requiera a Casa Militar la documentación vinculada al vuelo oficial para determinar si la pareja del funcionario integró formalmente la comitiva.

Las denuncias surgieron después de que Adorni defendiera públicamente la presencia de Angeletti en el viaje. “Es mi mujer, es mi compañera de vida. Iba a viajar conmigo, pagó su pasaje. Después, por el cambio de agenda, Presidencia la invitó a subirse conmigo”, explicó en una entrevista televisiva.

El funcionario sostuvo además que el traslado no implicó gastos para el Estado. “No le gastamos ni un peso al Estado”, afirmó.

En paralelo, el abogado Agustín Rombolá presentó un pedido ante la Oficina Anticorrupción para que el organismo determine si el traslado se ajustó a la normativa vigente y si implicó o no un uso de bienes públicos con fines ajenos a la misión oficial.

CRM

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó al gobernador de su provincia, Ricardo Quintela, como “un mono con un martillo adentro de una cristalería” y sostuvo que “se le viene la noche” de cara a las elecciones de 2027.

“Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista, tiene la provincia prendida fuego desde 2019 cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir en 2023, y ya sabemos cómo funciona La Rioja es una cooperativa de poder”, afirmó Menem.

El legislador replicó de ese modo las afirmaciones de Quintela, quien dijo ayer en declaraciones radiales que si el presidente Javier Milei llega al final de su mandato en diciembre de 2027 “va a dejar el país destruido”.

En respuesta a eso, Menem advirtió que “eso lo dice un gobernador que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Administrando la provincia es un mono con martillo en una cristalería”, subrayó.

A modo de ejemplo, mencionó que Quintela “se hizo un camino asfaltado de 100 kilómetros sólo para ir a un campo suyo y subirle su valor” y aseguró que La Rioja “es la provincia más corrupta de la Argentina con 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida”.

Sobre si se postulará para gobernador en 2027, Menem dijo que sería “una barbaridad hablar de candidaturas cuando faltan dos años” para las elecciones, pero advirtió que La Libertad Avanza “va a presentar una propuesta de provincia distinta, productiva y que genere trabajo genuino”.

Con información de la agencia NA

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal, al mencionar el caso del crimen de Jeremías Monzón, el joven presuntamente asesinado a puñaladas por otros tres menores en diciembre pasado.

Martín Menem, al igual que lo hizo Patricia Bullrich el viernes, señaló que esta decisión política responde a “un mandato claro expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de 'tolerancia cero' ante el delito que sostiene el oficialismo”·.

“Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, expresó al justificar la urgencia de la medida en el marco de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que “el que las hace, las paga”, reafirmando uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según Martín Menem, la iniciativa no admite “medias tintas” y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, concluyó el riojano, anticipando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses.

Con información de Noticias Argentinas

JIB