Diego Spagnuolo siente que lo abandonaron. Aquellas noches en Olivos —38 visitas en los primeros 16 meses de gobierno— son un recuerdo surrealista bajo este frío otoño. Todo un abismo que va del privilegio de arreglar sobre la marcha una cena con su íntimo amigo Javier Milei, con menú comprado en La Farola de la avenida Maipú, a cinco cuadras de la Quinta, a este presente del teléfono callado y un procesamiento como jefe de una asociación ilícita y fraude al Estado.

“McBain” —como lo llamaban en el mundo Milei-Espert-Villarruel antes de llegar a la cumbre— se sitúa protagonista de una pesadilla que comenzó a vivir apenas echó a andar el gobierno ultra. Al constatar que la “traición” provino de personas en las que confió y lo elevaron adonde nunca creyó llegar, y verse ahora indagado de hecho por la cronista Mercedes Ninci frente a un ascensor de Comodoro Py, se asume como chivo expiatorio de un latrocinio perpetrado por otros. No concibe una salida aceptable. Tiene que rearmar su vida y necesita despejar el horizonte de la cárcel.

Con tiempo libre infinito que pasa en la galería reformada de su casa en un barrio cerrado de Pilar, Spagnuolo observa cómo “los Menem” —a quienes se ocupó de describir en infinidad de diálogos como jefes de una gavilla que copó la Agencia de Discapacidad (ANDIS)— se pasan la gran vida y administran poder.

Para colmo, la Justicia mantiene incautados los USD 82.000 hallados en una caja de seguridad de la casa de Pilar. Spagnuolo dice que puede justificar ese tesoro y piensa que es poco y nada para acusarlo de recibir coimas. Al fin y al cabo, no le alcanzaría ni para comprar medio departamento de esos baratos que consiguen Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Ni las viejas relaciones pueden dar la cara por él. José Luis Espert, a quien alguna vez Spagnuolo creyó su mejor amigo, también cayó en desgracia y transcurre sus días a la sombra de otra galería reformada. Otra amiga, Victoria Villarruel, esa mujer chispeante que hacía bromas homofóbicas y tomaba de punto a “McBain” —por un personaje de los Simpsons que resolvía todo a los tiros—, quedó raleada del mundo Milei. Cuando se dividieron las aguas entre la fórmula presidencial, el contertulio de las noches de Olivos quedó del lado del Soez. ¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte? ¿Habrá insistido la vicepresidenta en la humillación de Spagnuolo como su caniche toy?

A la filtración de los audios que se le atribuyen al extitular de ANDIS y titularon una era, “el 3% de Karina”, le siguió un cúmulo de pruebas documentales, mails, cientos de miles de dólares en efectivo apilados en cajones y mochilas, y whatsapps indiscretos.

Las noticias de que los Menem y Karina habían instalado una burocracia proveniente del macrismo “para afanar” de los fondos de discapacitados dispararon una investigación que, entre agosto de 2025 y febrero pasado, llevaron al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a revelar una red de corrupción sistemática. La pregunta de fondo: ¿Se trató de una célula autónoma compuesta por decenas de personas para robar uno de los presupuestos más diezmados por la motosierra, o fue otra de las terminales para satisfacer la avidez por el dinero de los Hermanos Milei?

¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte?

El turno de Lijo

El trayecto desde esa trama a la mentada voracidad de Karina y los Menem requiere ser probado en el expediente. Antes de dejar la causa en manos de Ariel Lijo, en febrero, Casanello procesó a 19 personas: empresarios, ejecutivos de droguerías, lobistas y exfuncionarios de segundas líneas. Esta semana comenzó un nuevo capítulo con la nueva ronda de 35 indagatorias y el horizonte de decenas de nuevos procesamientos relacionados a sobreprecios en insumos de alto costo por un valor estimado en $75.400 millones, con beneficio en las firmas Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Ese monto se suma otros $43.000 millones detectados en otra instancia del expediente, con sobreprecios estimados en 1.900%.

Las citaciones a indagatoria fueron el primer paso de Lijo en la trama ANDIS. Significativo, porque había expectativa sobre la actitud que adoptaría el excandidato a juez de la Corte Suprema que congregó las causas más sensibles para Ejecutivo en el último bimestre, a excepción de la más grave, la estafa $LIBRA, que la mantiene secuestrada el fiscal Eduardo Taiano.

El segundo paso del juez a cargo de ANDIS fue ordenar, el jueves, un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. La dirección de Criminalística de Gendarmería deberá dilucidar si esos archivos fueron adulterados mediante inteligencia artificial. Esa fuerza, sometida a injerencias de Patricia Bullrich, se transforma en una usina sórdida que puede llegar a cualquier conclusión —como se demostró en el caso Nisman—. El peritaje asoma como una herramienta de negociación entre la polifacética senadora y su amiga/enemiga Karina. Probablemente, la candidatura de la ultraderecha en la Ciudad para 2027 se jugará en el dictamen de un grupo de gendarmes.

Spagnuolo se aferró a la impugnación de los audios como su tabla de salvación. La estrategia le sirve a él, al resto de los procesados y a los hermanos Milei, aunque sus objetivos finales sean divergentes. Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua.

La llegada del abogado Mauricio D’Alessandro a la defensa de Spagnuolo, en noviembre de 2025, tres meses después de iniciada la causa y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza de por medio, apuntó a que los audios del “3% de Karina” eran creaciones de inteligencia artificial. En paralelo, los Kovalivker —los supuestos “helvéticos” de la Droguería Suizo-Argentina en los diálogos de la banda que pactaba licitaciones y coimas— habían avanzado en una estrategia similar. Los helvéticos denunciaron tempranamente que los audios difundidos por el sitio Carnaval y el portal Data Clave obedecían a una operación de inteligencia y, por lo tanto, toda la investigación debería caer como fruto del árbol prohibido.

Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua

En la línea sostenida por Casanello y Picardi, los audios fueron apenas un indicio que disparó una noticia periodística y luego una denuncia judicial, y así comenzó la investigación, como ocurrió decenas de veces en Comodoro Py. Para no pisar el palito del “árbol prohibido”, el juez y el fiscal se ocuparon de evitar cualquier mención al contenido de los audios en sus resoluciones. Ambos situaron el componente de verosimilitud de la sospecha en el hecho de que el Ejecutivo licenció a Spagnuolo de su puesto en ANDIS en cuanto se conocieron los audios. ¿No eran artificiales?

Lo malo y lo peor

La apuesta a anular la causa tendría un altísimo costo político para un gobierno anegado por casos de corrupción, desde las pequeñas a las grandes estafas, pero no deja de ser el mal menor para los Hermanos Milei. Confirmar la percepción generalizada de que el Presidente y su hermana manejan los hilos del poder para garantizar impunidad a ellos mismos y sus elegidos es una mala opción. Dar lugar a que se investigue una sospecha de que coparon el Estado para succionar fondos de los más vulnerables de la sociedad es peor.

Con los expedientes Adorni, préstamos del Banco Nación al equipo de Luis Caputo y ANDIS en un mismo juzgado, la dupla que comanda el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, trata por todos los medios de incidir en la voluntad de Lijo. En un territorio —Comodoro Py— en el que inciden estamentos del macrismo, una corporación judicial a la defensiva, tentáculos de Inteligencia y los grupos Clarín y La Nación, el engranaje ya no funciona como antes.  

Spagnuolo mide su silencio. En las dos indagatorias que enfrentó —la última, el miércoles—, eligió hacer uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el jueves Daniel Garbellini, un hombre del riñón del PRO que reingresó a ANDIS con Milei para —según Spagnuolo— manejar la caja. Con intereses enfrentados, a ambos les conviene el paso del tiempo, con la mira en la invalidación de las grabaciones.

A poco de ingresar al expediente, el defensor D’Alessandro presentó un peritaje privado a cargo del experto español Miguel Ángel de la Torre. El estudio indica que la parte del audio en la que Spagnuolo aparece hablando en un bar tiene una probabilidad “baja” de ser una creación de inteligencia artificial, pero otro segmento de una conversación telefónica tendría chances “razonables” de contener “trazos de voz sintetizada”. El contenido más grave de los dichos atribuidos a Spagnuolo —incluido el 3% de Karina (8% de coimas totales sobre el precio de venta de medicamentos e insumos) y el comentario de que puso al tanto a Javier Milei de la situación— está en la parte del diálogo en el bar.

D’Alessandro afirma que los audios fueron editados, y que se incorporó ruido ambiente de una confitería para enmascarar la voz artificial. Tanto Mauro Federico e Ivy Cángaro, los periodistas que difundieron las grabaciones en Data Clave, como fuentes de la fiscalía de Picardi dan por sentado que los audios fueron editados, pero no adulterados. El fin de la edición fue borrar al interlocutor de Spagnuolo, que sería quien registró y divulgó la grabación.

Hay que prestar atención a dónde llega la explicación del extitular de ANDIS. Su desmentida es sobre haber denunciado el 3% de Karina, pero no sobre el papel de los Menem. Según fuentes que escucharon sus argumentos, tampoco niega haber transmitido a Milei el desfalco que estaban cometiendo Garbellini y el exfuncionario del PRO y exempleado del laboratorio Roche Pablo Atchabahian, a quienes definió como “delincuentes”. A partir de su aviso al Presidente, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a elegir comida en el menú de La Farola de Olivos.

Spagnuolo afirma que lo único que lo vincula a los delitos investigados son los audios. Le interesa salir del foco de la causa, pero se desentiende de la suerte de “los delincuentes” y los Menem. En la fiscalía de Picardi leen eso y no entierran la posibilidad de lograr la adhesión a la figura del arrepentido. Es por ello que el silencio del extitular de ANDIS es tanto una estrategia que agradecen los Milei, como una bomba de tiempo. Aunque “McBain” parezca disimular el papel de Karina y guarde mayor encono con los Menem, dos más dos es cuatro. Por lo pronto, Spagnuolo dejó una frase sugestiva el miércoles, durante la indagatoria informal ante la periodista Ninci en un pasillo de Comodoro Py: “No es la única oportunidad en que se puede declarar”.

Una mano estuvo detrás del abismo que se creó entre Spagnuolo y quienes le manejaban la caja en ANDIS: Santiago Caputo.

El poderoso asesor tiene bajo su órbita al ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, padre de su socio, Rodrigo Lugones. Esa cartera, aun diezmada por la motosierra, es una fuente inagotable de negocios. Por el reparto inicial de responsabilidades en el gobierno ultraderechista, los medicamentos y tratamientos para discapacitados fueron capturados por los Menem. Se desató entonces una sórdida batalla por esa caja. Spagnuolo, un abogado sagaz, con poca experiencia política, débil de carácter y nulo conocimiento del mercado de la salud, fue la vía a través de la cual intentó penetrar Santiago Caputo.

En sus extensas tardes en Pilar, frente a la pantalla en negro de su celular, Spagnuolo también piensa en la impunidad del asesor que imita a los personajes de Peaky Blinders.

Cuentas pendientes en la Cámara Federal

En la fiscalía de Picardi surgen datos incesantes sobre el desfalco al Estado. Emanuel y Jonathan Kovalivker, Atchabahian, el lobista Miguel Calvete, Laboratorios Roche y Garbellini tienen motivos para preocuparse, pero la pelota está en la Cámara Federal. Se bifurca otro capítulo.

A partir de su aviso a Milei, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a Olivos a elegir comida en el menú de La Farola de la avenida Maipú

La sala de la Cámara Federal que trata el expediente está compuesta por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El primero —exabogado de Cristina— y el segundo —veterano del fuero penal federal, vinculado a la UCR— impusieron su voto mayoritario para hacer lugar al reclamo de los Kovalivker y ordenaron a Casanello que investigara el origen de esas grabaciones. Casanello tiró la pelota afuera con medidas procesales, Boico e Irurzun insistieron y ahora Lijo hizo lugar al peritaje.

Los movimientos de Boico, una de las pocas designaciones en el Poder Judicial que pudo concretar Alberto Fernández, vienen provocando desconcierto en estamentos de Comodoro Py que esperaban romper el statu quo que se había instalado. Si la mirada se detiene en Irurzun —el autor de la doctrina de la influencia de los exfuncionarios que sirvió para mantener a kirchneristas en la cárcel durante años—, la historia se vuelve más compleja. Cumple 75 años el próximo 18 de julio, por lo que debería cesar su función de camarista. El juez bregó para que se enviara al Senado la prórroga de su designación por otros cinco años, como ocurrió con colegas muy allegados al Ejecutivo, pero hasta ahora no tuvo suerte y es probable que no la tenga.

Boico e Irurzun tienen en sus manos reproducir la mayoría contra Farah para cortar la causa ANDIS de raíz, con la teoría del fruto del árbol prohibido, y satisfacer así los múltiples intereses cruzados de los imputados y de quienes miran de afuera, por ejemplo, desde varios despachos de Balcarce 50. No sería una decisión fácil para ambos camaristas, que no están entre lo más desprestigiado de Comodoro Py. De todas maneras, quedaría la instancia de Casación, donde la conformación de la sala que intervendría no sería la más oficialista posible.

En la exposición de argumentos frente a la Cámara Federal, Picardi citó jurisprudencia asentada en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, un fraude millonario que abarca los gobiernos de los Kirchner y Macri e involucra al gigante brasileño Odebrecht. Allí los imputados también plantearon que la acusación debía desmerecerse porque provenía de filtraciones de celulares de lobistas asociados al Lava Jato de Brasil.

En esa instancia, la Cámara Federal sostuvo que el planteo de nulidad debía fundarse en la “verificación fehaciente” de que la prueba había sido originada de forma ilegal, y no una mera suposición. Uno de los jueces firmantes de aquella resolución fue Irurzun, el 11 de marzo de 2019.

SL

slacunza@eldiarioar.com

“Éste es el progreso más grande realizado en materia de cooperación internacional en el campo de patentes desde el Convenio de París de 1833. En pocas palabras, se refiere a un tratado que hace a la cooperación internacional en materia de aprobación de patentes de invención”. Era la noche del 16 de septiembre de 1998 cuando el senador Eduardo Menem impulsaba la aprobación de un Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) en la Cámara alta. La votación finalmente fue favorable y unió al peronismo con la UCR –encabezada en el Senado por José Genoud–, y así el gobierno del entonces presidente Carlos Menem rindió tributo a su obsecuencia con Estados Unidos. 

Casi 30 años después, la sanción definitiva del tratado sigue pendiente, en medio de fuertes presiones e intereses sectoriales. Ahora otro Menem –Martín, presidente de la Cámara de Diputados y sobrino de aquel Eduardo– busca darle a Javier Milei –también alineado automáticamente a Washington– el tan ansiado PCT. Pero la discusión está al rojo vivo y en los últimos días escaló en un cruce de cartas e involucramiento de organizaciones de empresas norteamericanas y farmacéuticas nacionales, según pudo reconstruir elDiarioAR. En el aire del debate hay un reclamo por más de US$3,3 mil millones en juego.

El calendario en los despachos de Menem, Milei y del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, tienen un círculo rojo en el próximo miércoles 30 de abril. Es el deadline en el que Estados Unidos publica su Informe 301, el ranking de la Oficina del Representante Comercial (USTR) de países que no protegen adecuadamente los inventos de sus empresas. La Argentina es abonado a la “lista de vigilancia prioritaria” o “lista de chicos malos”, como planeó una fuente de la Casa Rosada. El apuro de Milei es que en el acuerdo comercial que se pactó con Trump en noviembre pasado incluía el compromiso argentino de la aprobación del PCT antes de fin de abril. Pero la coyuntura local tiene otros planes.

No hay a la vista de la semana que comienza este lunes una sesión en la Cámara de Diputados para discutir el tratado de patentes, ni siquiera un avance en la comisión de Relaciones Exteriores, que domina La Libertad Avanza y tiene el tema entre sus pendientes. La aprobación del Senado de 1998 no perdió estado parlamentario porque así corresponde con los tratados internacionales. Según dos fuentes parlamentarias consultadas por elDiarioAR, no hay registro de otro pacto multilateral que tenga semejante demora. Sin embargo, cerca de Sturzenegger la expectativa es positiva: “El PCT se va a aprobar. Sea un mes más tarde o temprano, se va a aprobar”. Otra versión indica que el Gobierno ya no tiene apuro porque el acuerdo Trump-Milei quedó en el aire desde que la Corte Suprema de EE.UU. anuló la mayor parte de los aranceles del republicano, el septiembre pasado.

La guerra de las cartas

Ese “mes más tarde” es la ventana que logró abrir el lobby de los laboratorios nacionales (CILFA), que en el 13 de abril envió a la Cámara de Diputados un mail con argumentos técnicos para patear el debate. En un texto firmado por su director ejecutivo, Eduardo Franciosi, y su gerente de Asuntos Jurídicos y de la Propiedad Intelectual, Mariano Genovesi, la cámara pidió que Argentina adhiera al PCT, pero con una “reserva” en el Capítulo II. Sostienen que ese capítulo –el corazón del examen internacional de patentes– facilitaría el evergreening, la trampa legal para estirar el monopolio de medicamentos viejos con retoques cosméticos.

El Capítulo II habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea. De los 158 países que integran el PCT, solo Uruguay formuló esa reserva al momento de adherirse, en enero de 2025. Pero la evaluación libertaria es que, a esta altura, la reserva tiene más valor simbólico que sustantivo y como la media sanción del Senado de 1998 no la incorporó, incluirla ahora sería complejo. La propuesta de CILFA, entonces, exigiría devolver el proyecto al Senado, lo que postergaría todo.

“El Capítulo II del PCT establece la posibilidad de que los solicitantes peticionen la realización un examen preliminar internacional. Este examen constituye una opinión sobre la patentabilidad de la supuesta invención. Existen razones suficientes para justificar la decisión de Argentina de obligarse únicamente al Capítulo I del PCT, haciendo uso de la reserva respecto del Capítulo II prevista en el art. 64 1 a) del PCT, pues reduce el impacto sobre la capacidad de aplicar criterios de patentabilidad orientados a evitar el evergreening, ya que limita el peso de los informes internacionales en la evaluación nacional y, en consecuencia, las restricciones a la competencia que se derivarán de la expansión del número de patentes de evergreening”, se lee en el texto de CILFA.

Según la cámara de laboratorios farmacéuticos nacionales, los consumidores –las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes– se ahorran un total de 3.321 millones de dólares por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares, según un estudio para 2025 de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Ese ahorro, argumentan, beneficia al Estado.

En la otra vereda, la presión también es fuerte. La U.S. Chamber of Commerce (USABC) le escribió a Martín Menem una nota pidiendo que se apruebe el texto “tal como vino del Senado” en 1998. La misiva del 22 de abril argumenta “innovación, inversión, acceso a terapias, y el aislamiento de Argentina como único país del G20 fuera del PCT”. 

Hubo también tres documentos más. El 16 de abril la Universidad Austral hizo un informe técnico donde intentó rebatir “cinco mitos” que circulan en el debate parlamentario: que la reserva es práctica habitual (dice que todos los que la tuvieron la retiraron), que no afecta a solicitantes argentinos (contraargumenta que les genera costos adicionales), que los compromisos internacionales son solo formales (afirma que el acuerdo Mercosur-UE es de obligaciones concretas), que hay un problema jurídico con la enmienda de 2001 (dice que ya está resuelto), y que la adhesión colapsaría al INPI (da un argumento a favor de implementarla bien, no de no hacerla). Defiende la adhesión plena como la opción técnicamente correcta y como la que beneficia al tejido productivo local: PyMEs, universidades, CONICET, inventores individuales. 

El 20 de abril la cámara de multinacionales farmacéuticas (CAEMe), a través de Carlos Escobar Herrán, su director ejecutivo, envió una carta a la Cámara baja donde describe al Capítulo II como una herramienta que beneficia a los solicitantes para mejorar sus solicitudes antes de entrar en fase nacional. Señala explícitamente el doble estándar: hay empresas argentinas que usan el PCT desde el exterior para proteger sus inventos mientras se oponen a la adhesión local, un argumento ya usado por el Gobierno. 

Y el 22 de abril pasado también hubo una misiva de AmCham, la cámara de comercio argentina-estadounidense, firmada por su CEO, Alejandro Diaz, y enviada directamente a la diputada libertaria Juliana Santillán, titular de la comisión de Relaciones Exteriores. El texto –conocido apenas una semana después de la presencia de Milei en el foro de AmCham– defiende la adhesión plena con Capítulo II, advierte que excluirlo perjudica a los solicitantes nacionales, y señala sobre la falta de adhesión al Capítulo II: “Puede ser interpretado como de no cumplimiento pleno, por la importancia al establecer reglas internacionales que protejan los derechos de la propiedad intelectual”. Usa un tono más diplomático que el USABC pero en la misma línea.

Hace dos semanas Menem tenía “todo listo” en Diputados para que avance el tratado. Se había agendado una reunión de comisiones que a última hora se levantó. Según trascendió, hubo un pedido especial de Cancillería, que maneja Pablo Quirno, para suspender el debate y demorarlo sin horizonte. “Es un tema de Cancillería que tiene que avisar cuando lo tenga cerrado”, dijo una fuente anónima consultada entonces por la agencia NA.

En los últimos días un grupo de legisladores de distintos colores políticos viajó a Washington, justamente invitados por AmCham (la semana anterior otro grupo había ido a Boston vía la Red de Acción Política). Aceptaron el convite miembros de la comisión de RREE, que conduce Santillán. “Son viajes de lobby full”, comentó un diputado nacional de la comisión que no se subió al avión. El rumor que circula en los pasillos parlmentarios es que el Gobierno estaría evaluando la posibilidad de aceptar cambios en el acuerdo, lo que obligaría a que vuelva a discutirse en el Senado. Así, podría darse otra vez la votación en la Cámara alta que un Menem –Eduardo, no Martín– encabezó aquel 16 de septiembre de 1998.

MC

Martín Menem tenía un plan: sesionar este miércoles para tratar la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, tantear el clima del recinto tras el escándalo de Manuel Adorni y allanar el camino de cara al informe de gestión del 29 de abril. El objetivo no era tanto hacerle un favor a Sturzenegger, con un proyecto de ley que hasta los propios califican de secundario, como medir la lealtad de los aliados. Si la oposición buscaba avanzar con una embestida, razonaba, mejor que fuera antes que Adorni visitase la Cámara de Diputados. Sin embargo, le falló el número: los aliados se le retobaron y, con varios libertarios fuera del país, el riojano tuvo que levantar la sesión. 

“Hay demasiada tensión con el tema Adorni y no teníamos garantizado el quórum con los aliados”, señaló un alfil libertario que, como varios diputados del bloque oficialista, se manifestó en contra de tratar el proyecto de Sturzenegger. La discusión comenzó el viernes pasado, poco después de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Algunos dirigentes libertarios advertían que no era conveniente abrir el Congreso en este contexto de debilidad política y que era mejor esperar a que bajara la espuma. “Guardémonos las balas”, explicaban en La Libertad Avanza.

Menem, en cambio, quería medirle el aceite a los aliados. Consciente de que el escándalo patrimonial de Adorni se había convertido en la excusa para diferenciarse del Gobierno, el riojano advertía que era una buena oportunidad para tantear las fuerzas: el proyecto de Sturzenegger, después de todo, no formaba parte de las prioridades de Javier Milei. En la última semana algunos aliados, como Cristian Ritondo, el jefe del PRO, habían aprovechado para criticar al Gobierno denunciando el “show” que se buscaba armar con el informe de gestión del 29 de abril. 

“Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras”, señaló Ritondo, en declaraciones radiales. 

El principal motivo de preocupación, sin embargo, no era el PRO, sino las fuerzas provinciales. Golpeadas por la caída de la recaudación –que arrastra ya ocho meses a la baja– y el derrumbe de las transferencias de la coparticipación, las provincias arrastran un ahogo financiero cada vez más acuciante. Los aliados reclaman fondos al gobierno nacional, pero Luis Caputo es renuente a abrir la billetera. En este contexto, los gobiernos provinciales ensayan maniobras para distanciarse.

Ya se vio, incluso, durante la última sesión por la reforma de la Ley de Glaciares. Durante la votación por los apartamientos de reglamento para interpelar a Adorni, por ejemplo, hubo varias ausencias elocuentes. Fue el caso de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro. El catamarqueño Raúl Jalil, incluso, mandó a sus diputados a votar a favor de la interpelación del jefe de Gabinete. 

Frente a este escenario, Menem, este lunes, hizo cuentas. Y se dio de frente con el hecho de que, si abría el recinto, se arriesgaba a no tener quórum. El problema era doble. Por un lado, los aliados se resistieron a garantizar su comparecencia. Y, por el otro, había muchas ausencias de diputados propios que estaban en el exterior. 

El nuevo Congreso

El escándalo patrimonial de Adorni –que esta semana tendrá un nuevo capítulo judicial con más declaraciones testimoniales– divide las aguas en el oficialismo. 

Este debate interno se vio plasmado, el viernes pasado, con el cruce entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini en las redes sociales. El desencadenante fue la interna de largo arrastre entre Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires, y la militancia virtual de las fuerzas del cielo, que comanda Santiago Caputo. Una discusión por una denuncia penal de Pareja contra un grupo de tuiteros que lo doxearon el año pasado –publicaron su número de teléfono en Twitter– y que derivó en un enfrentamiento público. El enfrentamiento, sin embargo, exponía algo más: el malestar que hay dentro de un sector de LLA frente a la decisión de los hermanos Milei de sostener a Adorni.

Menem, en tanto soldado de Karina, defiende a rajatabla al jefe de Gabinete. Y fue él quien propuso que diera el informe de gestión el 29 de abril. “Las encuestas me chupan un huevo”, se lo escuchó decir al riojano, quien confía en que la espuma terminará bajando y que no hay que ceder ante la presión de la oposición. 

Dentro del bloque, sin embargo, no todos están de acuerdo. Más de uno está “harto” de tener que defender a Adorni y advierte que no hace más que “desgastar” al Gobierno. 

Esta tensión, que derrama sobre los aliados, genera un freno a la agenda oficialista en el Congreso. Este martes, Menem buscará avanzar con el dictamen de la Ley Hojarasca –que elimina leyes como la de Padrinazgo Presidencial, que establece que el presidente será el padrino (o madrina) del séptimo hijo varón o hija mujer, o la que le da derecho de libre circulación y estacionamiento a los diputados–, pero no podrá avanzar con la sesión. 

Por primera vez desde las elecciones de octubre, el riojano tiene que moverse con cuidado. 

MCM/CRM

La investigación por el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, en la provincia de Salta, sumó en las últimas horas un fuerte condimento político a partir de los vínculos de los protagonistas con figuras del poder y contratos estatales.

La causa, que está en manos de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, se inició tras la viralización de imágenes de la boda de Nicole Pocoví y Federico Maran en un área protegida donde no están permitidos este tipo de eventos sin autorización. La investigación apunta a determinar si se utilizó un permiso falso para realizar la celebración y si hubo incumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Sin embargo, a medida que avanzó la pesquisa, comenzaron a emerger conexiones que exceden lo estrictamente ambiental o administrativo. Nicole Pocoví es hija de Marcelo Adolfo Pocoví, expareja de Zulemita Menem, quien en el pasado realizó duras declaraciones públicas sobre él. En paralelo, versiones sobre la posible presencia de integrantes de la familia Menem en la boda fueron desmentidas a La Nación por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El foco político también se posó sobre Kevin Pocoví, hermano de la novia, vinculado a la firma Inversora Eslava S.A., que mantiene un contrato millonario con el PAMI por el alquiler de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Según registros oficiales, esos espacios habrían sido utilizados en reiteradas oportunidades por La Libertad Avanza durante la campaña electoral, lo que abre interrogantes sobre la relación entre negocios privados y estructuras partidarias.

A esto se suma que otro de los hermanos, Alan Pocoví, se encuentra bajo investigación en la denominada “causa Andis”, donde se analizan presuntas maniobras de direccionamiento de contratos y lavado de dinero en el sistema de provisión de insumos para personas con discapacidad.

En este contexto, la Justicia no solo busca establecer si hubo irregularidades en la autorización del evento en un área protegida —regulada por las leyes provinciales 7.070 y 7.107—, sino también determinar si detrás del episodio existe una red de vínculos que conecte intereses económicos, relaciones políticas y eventuales beneficios indebidos.

Así, lo que comenzó como una presunta infracción ambiental por una boda en un paisaje icónico del norte argentino se transformó en un caso con derivaciones políticas, donde se cruzan nombres, contratos y estructuras de poder bajo la lupa judicial.

Con información de medios

JIB

Dirigentes del oficialismo salieron a respaldar públicamente al jefe de Gabinete Manuel Adorni luego de que se multiplicaran las críticas y denuncias por dos episodios recientes: un viaje privado a Punta del Este en jet y la presencia de su pareja en un vuelo oficial a New York City para participar de la Argentina Week.

El presidente Javier Milei señaló en X: “Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO @madorni ...!!! LLA! VLLC!”.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fue una de las primeras en manifestar su apoyo. “Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, escribió en su cuenta de la red social X.

En la misma línea se expresó el ministro del Interior, Diego Santilli: “No vamos a permitir ningún tipo de operación política para que el kirchnerismo, una vez más, intente desestabilizar al gobierno. A fondo con @madorni”.

También el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió al funcionario. “Ayer, hoy y siempre junto a @madorni. Espalda con espalda frente a tantos burdos ataques mediáticos orquestados desde la oposición. Vamos a defender siempre a los argentinos de bien. Manuel es uno de ellos”, publicó.

Las expresiones de respaldo se produjeron después de que se conociera que Adorni viajó entre el 12 y el 17 de febrero a Punta del Este en un jet privado junto a su pareja, Bettina Angeletti, dos familiares y el periodista Marcelo Grandio. El vuelo se realizó en un avión Honda Jet matrícula LV-HWA operado por la empresa Alpha Centauri.

Según documentación del traslado, la aeronave partió desde el aeropuerto de San Fernando con destino al aeropuerto Laguna del Sauce. Cada tramo de ese tipo de vuelo tiene un costo cercano a los 5.800 dólares, aunque la tarifa total de ida y vuelta habría sido de unos 10.000 dólares. No trascendió públicamente quién pagó el servicio.

De acuerdo con fuentes aeroportuarias citadas por distintos medios, al regresar a la Argentina el funcionario habría solicitado realizar los trámites migratorios dentro de un hangar privado, un procedimiento excepcional que suele aplicarse a funcionarios o pasajeros considerados VIP.

Adorni evitó dar detalles sobre ese viaje y sostuvo que se trata de un asunto de su “vida privada”.

La polémica se suma a otro episodio que generó cuestionamientos en los últimos días: la presencia de su pareja en el viaje oficial a Nueva York para participar de Argentina Week junto al presidente Javier Milei y otros funcionarios.

El traslado se realizó a bordo de la aeronave presidencial ARG-01 y motivó dos denuncias penales contra el jefe de Gabinete. Una fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, mientras que la otra fue impulsada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Las presentaciones judiciales quedaron radicadas en los juzgados federales 3 y 11 de Comodoro Py. En su denuncia, Pagano señaló la posible comisión de delitos como peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dalbón, por su parte, planteó que podría tratarse de un caso de malversación de caudales públicos o utilización indebida de bienes del Estado y pidió que se requiera a Casa Militar la documentación vinculada al vuelo oficial para determinar si la pareja del funcionario integró formalmente la comitiva.

Las denuncias surgieron después de que Adorni defendiera públicamente la presencia de Angeletti en el viaje. “Es mi mujer, es mi compañera de vida. Iba a viajar conmigo, pagó su pasaje. Después, por el cambio de agenda, Presidencia la invitó a subirse conmigo”, explicó en una entrevista televisiva.

El funcionario sostuvo además que el traslado no implicó gastos para el Estado. “No le gastamos ni un peso al Estado”, afirmó.

En paralelo, el abogado Agustín Rombolá presentó un pedido ante la Oficina Anticorrupción para que el organismo determine si el traslado se ajustó a la normativa vigente y si implicó o no un uso de bienes públicos con fines ajenos a la misión oficial.

CRM

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, calificó al gobernador de su provincia, Ricardo Quintela, como “un mono con un martillo adentro de una cristalería” y sostuvo que “se le viene la noche” de cara a las elecciones de 2027.

“Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista, tiene la provincia prendida fuego desde 2019 cuando lo hicieron gobernador y lo volvieron a elegir en 2023, y ya sabemos cómo funciona La Rioja es una cooperativa de poder”, afirmó Menem.

El legislador replicó de ese modo las afirmaciones de Quintela, quien dijo ayer en declaraciones radiales que si el presidente Javier Milei llega al final de su mandato en diciembre de 2027 “va a dejar el país destruido”.

En respuesta a eso, Menem advirtió que “eso lo dice un gobernador que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Administrando la provincia es un mono con martillo en una cristalería”, subrayó.

A modo de ejemplo, mencionó que Quintela “se hizo un camino asfaltado de 100 kilómetros sólo para ir a un campo suyo y subirle su valor” y aseguró que La Rioja “es la provincia más corrupta de la Argentina con 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida”.

Sobre si se postulará para gobernador en 2027, Menem dijo que sería “una barbaridad hablar de candidaturas cuando faltan dos años” para las elecciones, pero advirtió que La Libertad Avanza “va a presentar una propuesta de provincia distinta, productiva y que genere trabajo genuino”.

Con información de la agencia NA

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó este sábado que la administración de Javier Milei impulsará la baja de la edad de imputabilidad durante el transcurso de este año, como parte de la Reforma del Código Penal, al mencionar el caso del crimen de Jeremías Monzón, el joven presuntamente asesinado a puñaladas por otros tres menores en diciembre pasado.

Martín Menem, al igual que lo hizo Patricia Bullrich el viernes, señaló que esta decisión política responde a “un mandato claro expresado por la ciudadanía en las urnas y ratificó la postura de 'tolerancia cero' ante el delito que sostiene el oficialismo”·.

“Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, expresó al justificar la urgencia de la medida en el marco de la agenda legislativa de La Libertad Avanza (LLA).

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el titular de la Cámara baja sostuvo que la reforma es necesaria para garantizar que “el que las hace, las paga”, reafirmando uno de los pilares discursivos del Gobierno nacional en materia de seguridad.

Según Martín Menem, la iniciativa no admite “medias tintas” y busca transformar el sistema penal juvenil para adaptarlo a las demandas actuales de la sociedad argentina.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la Reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, concluyó el riojano, anticipando que el proyecto será uno de los ejes centrales del debate parlamentario en los próximos meses.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Cristian Ritondo amagó hasta último momento con vengarse de Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, por haberle robado sus diputados. Durante días, en la previa de la jura de los nuevos diputados, el jefe del PRO negoció un acuerdo con el peronismo y Provincias Unidas para hacerse con el control de las comisiones, claves en la relación de fuerzas del Congreso. Llegaron a circular, incluso, los borradores de cuántos lugares tendría cada partido. Pero cuando llegó el momento de imponer el número en el recinto, el PRO y la UCR decidieron plegarse a la voluntad del riojano.

“Ayer a la noche teníamos 145 votos para sacarle las facultades a Menem. Pero se dieron vuelta los radicales y arrastraron consigo a Ritondo”, admitió uno de los diputados peronistas que estaban detrás de las negociaciones. Las conversaciones habían comenzado hace unos días, cuando se empezó a hacer evidente que La Libertad Avanza se quedaría con la primera minoría de la Cámara de Diputados. Con 95 diputados propios, el oficialismo podía hacerse con el control de la mayoría de las comisiones que deberán tratar, a partir del 10 de diciembre, el Presupuesto y la reforma laboral.

Fue una maniobra autodefensiva, ya que el objetivo era hacerse cargo de la distribución de las sillas en las comisiones para evitar que Menem incurriera en una “creatividad aritmética” para quedarse con la mayoría. Pero también vengativa: Ritondo por el robo de diputados, Germán Martínez, el jefe de Unión por la Patria, porque la última vez que le dio a Menem la facultad de organizar las comisiones el peronismo se quedó con menos sillas. 

Ritondo y Martinez conversaron, a su vez, con Gisela Scaglia, la santafesina que encabeza el flamante bloque de Provincias Unidas. También con Nicolás Massot y la izquierda. El objetivo era poder asestarle algún golpe a Menem, que todavía celebraba haberse hecho con el bloque más grande de Diputados. Pero terminó fracasando. 

El derrumbe del acuerdo opositor funciona como un anticipo de la nueva dinámica de poder en el Congreso. Al menos por los próximos tres meses. Menem, por un lado, convenció a Pamela Verasay, la nueva jefa del bloque radical. Y Verasay, junto a Diego Santilli, que llegó temprano al Congreso para reunirse –y calmar– a Ritondo, convencieron al PRO. 

El intento de rebelión había sido sofocado con rapidez. Menem se quedó con la facultad de ordenar la distribución de las comisiones según su propio criterio de proporcionalidad. Y la nueva hegemonía del oficialismo fue ratificada. 

Un empate técnico hecho a medida de LLA

Todo estaba preparado para que Provincias Unidas (PU) se convirtiera en la tercera fuerza de la Cámara de Diputados. Scaglia, incluso, ya estaba preparada para ocupar la Vicepresidencia Tercera de la Cámara de Diputados cuando, en el medio de la sesión, se conoció la noticia: el PRO y la UCR habían ratificado que se unían en un interbloque, junto al MID, y le robaban un diputado a PU (el santacruceño José Garrido) para disputarle el tercer lugar. Juntos por el Cambio renació de las cenizas, y LLA tenía un flamante nuevo aliado. 

Durante varias horas se especuló que Menem cerraría un interbloque con los gobernadores radicales. Pero, finalmente, los seis radicales acordaron con Ritondo, que ya había cerrado con Oscar Zago, para competir por la tercera fuerza. Se quedaron con 22 diputados propios, entre los que se encontraba el santacruceño Garrido y el correntino Diógenes González. González, originalmente, iba a integrar PU porque responde a Gustavo Valdés, pero el gobernador correntino está negociando para quedarse con la presidencia del partido, por lo que prefirió mandarlo a integrar el bloque radical. 

PU, mientras tanto, también tendrá 22 diputados. Un bloque heterogéneo, armado con alambres, para tener fuerza para negociar los lugares en las comisiones y en los organismos públicos, que incluye a diputados muy distintos entre sí. Lo integrará, por ejemplo, la ex libertaria Lourdes Arrieta, que arrastró consigo el cordobés Juan Brugge porque ambos son parte de la Democracia Cristiana. Estará también Miguel Ángel Pichetto con Massot, quienes amagaron con cortarse solos, enojados ante la insistencia del gobernador Maximiliano Pullaro de poner a Scaglia como presidenta del bloque.

Este empate llevó a que, durante la sesión preparatoria, no se pudiera definir la Tercera Vicepresidencia. La pelea de los próximos días será entre los dos interbloques para ver quién tendrá más lugares en las comisiones. 

Los armados de los gobernadores del Norte, en cambio, son una incógnita. Gustavo Sáenz apenas logró cerrar un bloque con los misioneros, pero falló a la hora de incluir a los catamarqueños de Raúl Jalil que rompieron con la bancada peronista. Los tucumanos y los sanjuaninos, mientras tanto, cerraron bloques separados.

En los próximos días el tablero terminará de ordenarse. La hegemonía de LLA, sin embargo, es clara. Con 95 diputados propios, el oficialismo no quedó tan lejos de UxP (que tiene 93), pero su predominancia es clara. Lo repiten, con resignación, en las propias filas peronistas: “Todos quieren arreglar con el Gobierno, ¿por qué amagaron con autonomizarse ahora?”.

MCM/MG

Llegó el día para José Luis Espert: se le acaban los fueros parlamentarios y desde hoy estará a merced de la justicia, que lo investiga por sus vínculos con Federico Machado, el empresario argentino extraditado a Estados Unidos por sospechas de narcotráfico, lavado de dinero y estafa. Este martes “el Profe”, que tuvo que tirar la toalla como candidato de Javier Milei, deja finalmente su banca, que no abandonó pese al escándalo: se tomó licencia cuando estalló el escándalo por una revelación de elDiarioAR en plena campaña legislativa y se aferró a su dieta de $5,5 millones en bruto.

El fiscal Fernando Domínguez de San Isidro estaba esperando esta jornada para avanzar aún más en la investigación sobre Espert. Busca comprobar hasta dónde lleva la conexión entre Espert y Machado, que quedó plasmada en un contrato por un 1 millón de dólares para asesorar a una supuesta empresa en Guatemala, de los cuales el economista cobró al menos US$200.000. Los investigadores judiciales aún están tratando de abrir los dispositivos electrónicos que secuestraron en distintos allanamientos semanas atrás para establecer las comunicaciones entre las puntas de la supuesta trama delictiva.

Espert quedará entonces librado a su propia suerte. Aunque el Gobierno no puede soltarle la mano del todo porque el ya ex diputado podría comenzar a hablar. Hay otros puntos que conectan a Espert-Machado con la Casa Rosada. El empresario de la aviación Sergio Mastropietro fue el celestino de esa sociedad y ahora tiene su propia nubarrón encima: está sospechado de lavar el dinero de las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad, que comandaba Diego Spagnuolo en los papeles y Miguel Calvete en las sombras, entre un puñado mucho más amplio de personajes que alcanzan hasta un amigo íntimo de Santiago Caputo: el ex funcionario en el ministerio de Economía mileísta Javier Cardini.

Ya sin Espert, el oficialismo de La Libertad Avanza sacará pecho este miércoles de convertirse por fin en primera minoría en la Cámara baja: logró robarle diputados al PRO, al radicalismo y hasta convenció a gobernadores peronistas de alejarse del kirchnerismo. Martín Menem liderará entonces un bloque de 95 flamantes libertarios para buscar durante el verano el Presupuesto 2026, la reforma laboral y cambiar la ley de Glaciares que quieren los Milei y ya negocian dentro del Congreso Diego Santilli –como ministro del Interior– y Patricia Bullrich –como jefa en el Senado–. 

Con 95 “héroes” estará más cerca del quórum de los 129 aunque todavía lejos. Necesitará negociar aún más con el dolido Cristian Ritondo del PRO y los gobernadores centristas, que buscan avales para tomar deuda en sus provincias (por estas horas se supo que el ministro de Economía del santafesino Maximiliano Pullaro, Pablo Olivares, está en Nueva York tratando de colocar bonos por mil millones de dólares).

La primera minoría sí le permitiría a Menem reelegirse este miércoles como presidente de la Cámara y manejar la lapicera para las comisiones: además de las sensibles –como Presupuesto o Asuntos Constitucionales–, podrá blindar finalmente la comisión de Juicio Político, que nunca se concretó desde aquel escándalo de las sillas entre Lilia Lemoine, Marcela Pagano y Oscar Zago. Los dos últimos ya fueron expulsados de las fuerzas del cielo. También, más presidencias de comisiones permitirá ostentar más contratos de asesores.

Pero una piedra en el zapato que aún tendrá el Gobierno será la de Lorena Villaverde. Hoy ostenta un triple cargo: es diputada, es senadora electa y está señalada de narco. Sin decidirse a si buscará pelear en comisiones en el Senado para conseguir su banca, al menos ya dio un paso atrás: retiró su renuncia a la Cámara de Diputados.

Si finalmente se queda entre la bancada de Menem, el “fantasma narco” de Machado-Espert continuará sobrevolando a LLA. Villaverde fue detenida el 15 de julio de 2002 en Sarasota, Florida, acusada de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo y el cubano Jesús Ferrer. Villaverde fue arrestada, se declaró “no culpable”, sus socios se arrepintieron, ella fue enjuiciada y logró la excarcelación –detalles que reveló La Nación–. 

En una fecha incierta volvió a la Argentina donde por esas vueltas de la vida aparece ligada a Fred Machado: tras un paso por Tigre se instaló nuevamente en Río Negro, donde forjó vínculos con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro del empresario. “No tengo vínculos con el narcotráfico ni con Fred Machado”, dio su versión de los hechos ayer en Infobae. 

La causa por narcotráfico en EE.UU. se cerró en 2017, tras catorce años y medio de parálisis procesal. Pero en la Argentina su impacto político recién comienza. Y si el viernes pasado apareció en el Senado pero se fue antes de la jura, este miércoles podría mostrarse en Diputados para acompañar la jura de los nuevos legisladores libertarios.

MC

“Si siguen rompiendo las pelotas no cuenten más conmigo”. Cristian Ritondo le mandó el mensaje a Gabriel Bornoroni, el jefe de la bancada libertaria, poco después de que la primera camada de diputados bullrichistas rompieran con el PRO para sumarse a las fuerzas del cielo. Dos semanas después, Bornoroni y Martín Menem le robaron tres diputados más. Ritondo está furioso y busca venganza: el equilibrista del PRO se siente traicionado por La Libertad Avanza y apuesta, ahora, a recuperar terreno de la mano de sus ex aliados. 

La foto de Verónica Razzinni sonriendo con Patricia Bullrich y Martín Menem fue la gota que rebalsó el vaso. La diputada santafesina se había reunido con Ritondo para volver al bloque hace apenas unas semanas: se había ido del PRO en abril por una discusión local por el cierre de listas en Santa Fe y, meses después, le escribió al jefe de bloque para pedirle de volver. Llamó, incluso, a Mauricio Macri para que habilitara su regreso. Días después, anunció su pase a LLA. “Tenés menos palabra que los bullrichistas que se fueron antes”, le mandó a decir el ex presidente cuando se enteró. 

El PRO es un hervidero. En el último mes, luego de haber ido como aliados en las elecciones nacionales, Menem y Bullrich se dedicaron a traficar diputados del PRO a las filas de LLA. En la Cámara de Diputados, el riojano se hizo con 11 diputados amarillos -la mayoría cercanos a Bullrich- y dejó al PRO al borde de la extinción. Ritondo, que supo presidir uno de los bloques más grandes de la Cámara baja, tendrá solo 13 diputados propios que liderar a partir de diciembre. 

“Son garcas y no cumplen lo que dicen”, murmuran, furiosos, en las filas del partido. Quienes conocen a Ritondo, que es quien convenció a Macri de cerrar un acuerdo electoral con LLA en Provincia de Buenos Aires, aseguran que el jefe del PRO se siente “traicionado”. E insisten en que la confianza con el Gobierno se rompió. “Si vienen y nos roban los diputados, ¿qué confianza podemos tener en que nos cumplan con cualquier cosa que digan? ¿Qué confianza podemos tener que nos den lugares en las comisiones?”, se pregunta, irritado, un dirigente del riñón de Ritondo.

El PRO se encuentra en su momento de mayor debilidad. Sin proyecto de poder nacional propio, paranoico ante la perspectiva de convertirse en la UCR -es decir, con poder territorial local pero sin cuadros nacionales-, el partido que fundó Macri hace 20 años se debate por su propia supervivencia. Algunos, por lo bajo, ya comienzan a hablar de la posibilidad de abandonar el sello para construir algo nuevo, libre del apellido Macri y de la obediencia debida a Javier Milei del último par de años. 

Otros, en cambio, insisten en resistir desde el sello. Reafirmar la “identidad” del partido y “rehacer al PRO” con miras a 2027. Tensar con LLA, mostrar las diferencias, pero no romper. Sino apostar a resolver la disputa de poder con PASO locales en cada provincia. En este grupo se encuentra Ritondo y todos aquellos acuerdistas que, sin terminar de pintarse de violeta (como los bullrichitas), apostaron a fusionarse con LLA. 

Es el mismo sector que, por estas horas, analiza cómo hacer para mantener su cuota de poder propio en el Congreso.

¿Vuelve Juntos por el Cambio?

“Quiero que el Gobierno empiece a sentir que, por más que ganó las elecciones, no puede llevarnos a todos por delante”, afirma uno de los armadores que está trabajando en un gran interbloque, una suerte de Juntos por el Cambio 2.0, que se convierta en el fiel de la balanza de la Cámara de Diputados.

En silencio, Ritondo viene conversando con las radicales Karina Banfi y Pamela Verasay para conformar un interbloque. La UCR también quedó reducida a su mínima expresión, no solo por el mal resultado electoral y el pacman de Menem, sino por la propia dinámica de la interna radical y el interés de varios díscolos en fortalecer el armado de Provincias Unidas por sobre la UCR. Un problema que no es desconocido para el PRO, que también perdió a una diputada, la santafesina Gisela Scaglia, a manos del interbloque que está impulsando Maximiliano Pullaro. 

El objetivo es cerrar un acuerdo político temporal, aunque sea de 90 días, para hacerse con la mayor cantidad de lugares en las comisiones. Pero no solo con la UCR. Ritondo, así como el larretista Álvaro González -que volvió a funcionar como operador todoterreno del PRO desde que se fueron los bullrichistas del bloque y acordó con Ritondo que podría tener libertad de acción-, tienden los tentáculos hacia todos los bloques. 

Uno de los principales interlocutores es Oscar Zago (MID), que negocia, junto a Eduardo Falcone, para cerrar una alianza con el PRO y las ex libertarias enemistadas con Menem, Marcela Pagano y Lourdes Arrieta. Ambos, Ritondo y Zago, conversan a su vez con Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot. El objetivo es también sumarlos a los dos ex cambiemitas -Massot fue, incluso, jefe del bloque PRO durante el gobierno de Macri- después de años de distanciamiento. 

El interbloque, calculan sus armadores, podría tener más de 30 diputados propios. Es decir, convertirse en la tercera fuerza de la Cámara de Diputados y, así, en el voto bisagra para el quórum en las sesiones. Ya sea para cerrar acuerdos con el oficialismo o el peronismo, los dos grandes polos que disputan la primera minoría en el recinto. 

El objetivo principal del interbloque, sin embargo, será tener volumen para conseguir sillas en las comisiones. Los diferentes bloques -PRO, MID, UCR, Massot- quieren autonomía de la lapicera de Menem, quien promete lugares a cambio de votos, pero la mayoría desconfía. Muchos, incluso, están conversando con otros bloques opositores para quitarle a Menem la facultad de armar las comisiones: ninguno se anima a no ratificarlo como presidente de la Cámara de Diputados, pero más de uno busca cobrarse su venganza por los malos tratos del pasado. 

El miércoles, cuando se lleve a cabo la sesión preparatoria, el interbloque tendrá su prueba de fuego. Más de uno se ilusiona con que, si la mesa de trabajo política funciona, el interbloque podría continuar existiendo después de las sesiones extraordinarias. “Nos une el espanto. Lo que tenemos que hacer es transformar el espanto en confianza”, señala uno de los armadores.

MCM/CRM

Patricia Bullrich abraza a Verónica Razzinni con entusiasmo y sonríe para la foto: Martín Menem acaba de robarle una nueva diputada al PRO y la dupla karinista está exultante. Hace apenas unas horas, a unas cuadras, el gobernador Raúl Jalil anticipó a sus socios que romperá el bloque peronista en Diputados y se llevará a tres de sus diputados. El riojano tiene la fantasía de arrancar las sesiones extraordinarias como primera minoría de la Cámara de Diputados. Y está a solo un paso de lograrlo.

Los dos embajadores de Karina Milei en el Congreso ya se pusieron de acuerdo en el cronograma y el plan de trabajo de las sesiones extraordinarias, que comenzarán el 10 de diciembre y se extenderán hasta febrero. El objetivo principal es aprobar el Presupuesto 2026 y ofrecérselo a Scott Bessent como muestra de gobernabilidad. El encargado de juntar los votos entre los gobernadores es Diego Santilli, y en el Gobierno esperan que, una vez que comience el período extraordinario, el trabajo legislativo sobre el Presupuesto sea solo un trámite. 

El debate comenzará el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados. Menem espera tenerlo aprobado para el 17 o 18 de diciembre y, tras una semana reglamentaria de espera, sancionarlo en el Senado el 30 de diciembre. El grueso de la negociación la sostendrá Santilli, que viene recopilando el pliego de demandas de los gobernadores hace un par de semanas. Los mandatarios, sin embargo, vienen quejándose de que el Gobierno vuelve a dilatar el desembolso de recursos. 

Negociar sin plata en el bolsillo

El caso de Misiones es paradigmático. Pocos días después de haberse acercado a ratificar el apoyo de los diputados que responden a Carlos Rovira, el Gobierno desarticuló el Instituto Nacional de la Yerba Mate, clave en la economía misionera. En Salta, mientras tanto, Gustavo Sáenz todavía está a la espera que las promesas de Santilli se publiciten en el Boletín Oficial. Una vez más, insisten los gobernadores, el Gobierno promete y pide apoyo, pero no cumple. 

El ministro de Interior tiene por delante la difícil tarea de negociar sin plata en el bolsillo, y apuesta a convencer a los gobernadores que integran el Consejo de Mayo a que ayuden al Gobierno a cambio de otra cosa. Ofrece avales de endeudamiento y promete cumplir con las deudas en materia de coparticipación. Propone revisar las retenciones de algunas zonas clave y ofrece modificar leyes ambientales que limitan la explotación minera.

La reforma de la ley de Glaciares, por ejemplo, será clave. A pedido del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el Gobierno tiene planeado modificar la ley sancionada en 2010 que prohíbe la explotación minera en glaciares y en zonas “periglaciares”. Ya lo había intentado en la versión original de la Ley Bases, pero tuvo que quitarlo del texto original como resultado de las negociaciones con la ex “oposición responsable”.

El proyecto, entonces, habilitaba la actividad económica en ambientes periglaciares –zonas que rodean a los glaciares, por lo general debajo de la tierra– y limitaba la definición de “glaciar”. El Gobierno pretende, ahora, dejar en manos de las provincias el control de aplicación de la ley: un reclamo histórico de los gobernadores, que argumentan que la Constitución les otorga potestad sobre los recursos naturales de sus territorios.

La reforma de la ley de Glaciares comenzará a debatirse en el Senado en diciembre, en paralelo al debate de Presupuesto. La decisión no es causal: el Gobierno apuesta a anotarse el apoyo de todos los gobernadores de las provincias donde hay proyectos de explotación minera en zonas de glaciares. Es el caso de San Juan y Mendoza, pero también de Catamarca, Jujuy y Salta. 

Y, a diferencia de lo que ocurrirá con la reforma laboral –que también comenzará a debatirse en el Senado a partir de diciembre–, el Gobierno cuenta con que este proyecto dinamitará el propio peronismo. En la bancada que preside José Mayans ya son varios los senadores que advierten que, sea cual sea la posición del bloque, ellos votarán para modificar la ley. Será un 2x1: conseguir votos para el Presupuesto y, de paso, quebrar la unidad del peronismo. 

Dos polos y un archipiélago

Menem está convencido de que tendrá el número para aprobar el Presupuesto. No solo confía en que los gobernadores, cuando llegue el momento, preferirán tener un Presupuesto –cualquier Presupuesto– a no tener uno. Sino que apuesta a que el PRO, con quien el riojano entró en guerra en las últimas semanas, no tendrá otra que acompañar en el recinto.

El problema de Menem con Cristian Ritondo comenzó cuando dio rienda suelta a su fantasía para el nuevo Congreso: convertir a La Libertad Avanza en primera minoría de la Cámara de Diputados. Primero se comió a los ocho diputados bullrichistas, que responden a Damian Arabia. Luego, absorbió a los tres “radicales con peluca”. Y, unos días después, se anotó a una nueva diputada del PRO, la santafesina Razzinni. 

LLA tiene, por estas horas, un total de 92 diputados propios. Pero es solo cuestión de tiempo para que llegue a los 94 y, así, se convierta oficialmente en el bloque más grande de la Cámara de Diputados. 

Para convertirse en primera minoría, Menem necesita superar a Unión por la Patria, que cuenta con 96 diputados. El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, ya anticipó que romperá con el bloque peronista que preside Germán Martínez, y que se llevará a tres de los diputados a armar un interbloque con Salta y Misiones. No logró llevarse a todos, sin embargo. Claudia Palladino quedará en Unión por la Patria a pedido de Lucía Corpacci. 

De consolidarse esta foto, UxP tendrá 93 diputados y LLA estará a solo un diputado de distancia. Menem, sin embargo, ya cerró un acuerdo con el santafesino del PRO, Alejandro Bongiovanni, y este fin de Semana Bullrich ya lo presentó como parte del bloque violeta. Lo mismo sucederá con Lorena Petrovich, que es la bullrichista que reemplazará a Silvia Lospennato cuando asuma en la Legislatura. Una tortura por goteo para el PRO.

Más allá de la aritmética final, la Cámara de Diputados quedará atrapada entre dos grandes polos gravitacionales. Ninguno tendrá el número suficiente para el quórum, por lo que el resultado de las votaciones dependerá de los que definan los pequeños bloques del medio. Son los bloques provinciales, que están trabajando en armar dos grandes interbloques de gobernadores –Provincias Unidas, por un lado, y los gobernadores del Norte, por el otro–, pero también los desprendimientos más chicos, que aprovechan el caos para convertirse en interlocutores clave. Es el caso del MID, de Oscar Zago, que viene negociando con todos –PRO, misioneros, salteños– para formar un interbloque. 

“Somos como Indonesia. Entre los dos polos vas a tener un conjunto de islas, un archipiélago, que va a tener que definir un sistema que permita articular posiciones comunes frente a los disparates de afuera”, grafica un armador opositor que viene dialogando, hace semanas, con todos los bloques. El objetivo, insiste, es no tener las vías de comunicación abiertas cuando el Gobierno interrumpa para intentar romperlas.

MCM/MG

Un grupo de diputados nacionales, entre los que están en ejercicio y los que fueron electos el 26 de octubre, renunciarán el próximo miércoles a sus mandatos en la previa a la sesión prevista para la jura de nuevos representantes y elección de autoridades de la cámara.

Las renuncias, que fueron comunicadas por escrito al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se efectivizarán en una sesión pedida por el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, para las 11 del próximo miércoles 3 de diciembre, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Durante meses se especuló con que Silvia Lospennato (PRO) iba a asumir en la Legislatura porteña tras haber sido la cara del PRO en los comicios de mayo, pero la situación dio un giro y ya comunicó internamente en su bloque que seguirá en la Cámara baja para completar su mandato.

El flamante ministro de Interior, Diego Santilli, comunicó su renuncia a la banca, lo que terminó de ratificar que su candidatura a diputado nacional, encabezando la lista de La Libertad Avanza (LLA) fue puramente testimonial.

Santilli no estaba enterado de todos modos que iba a ser convocado a integrar el Gabinete de Javier Milei cuando puso su firma para integrar la lista libertaria, ni tampoco tiempo después, cuando el devenir de los acontecimientos lo empujó a liderar la nómina tras la renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo por presunto financiamiento narco.

Otro caso atípico es el de Itai Hagman, quien renuncia a su mandato de diputado nacional a dos años de haber asumido, pero con la paradoja de que lo hará como condición para comenzar un nuevo ciclo de cuatro años. El referente Patria Grande, el partido político que lidera Juan Grabois, aceptó ser cabeza de la lista de candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria luego de que la joven dirigente Ofelia Fernández declinara un ofrecimiento previo de la fuerza política. Como a Hagman le quedaban dos años completos de mandato, no le queda más remedio que renunciar para poder iniciar un nuevo período de cuatro años.

El encumbramiento del economista de Patria Grande fue parte de un acuerdo bendecido por Cristina Kirchner para darle a Grabois la cabeza de lista de la Capital Federal como premio por no romper con el peronismo tanto en el distrito porteño como -fundamentalmente- en la provincia de Buenos Aires. Para el kirchnerismo duro esta decisión es toda ganancia porque quien completará los últimos dos años de mandato que deja vacantes Hagman es el camporista Javier Andrade.

El Frente de Izquierda, fiel a su tradición de rotación de bancas, ya tenía definido que el sociólogo y referente del PTS Christian “Chipi” Castillo renunciaría a su banca para darle lugar a Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero que ya tuvo un paso por la Cámara de Diputados entre el 2015 y el 2017.

El resto de los diputados que renuncian a sus mandatos son representantes de LLA que se postularon a la Cámara Alta y lograron meterse en la próxima composición del Senado.

El caso más llamativo es el de la diputada Lorena Villaverde, quien se prepara para jurar este viernes como senadora en medio de una catarata de impugnaciones de parte del peronismo. La rionegrina fue impugnada por sus vínculos con Fred Machado, el empresario vinculado al narcotráfico y extraditado a Estados Unidos que financió la campaña de Espert.

Además, Villaverde había sido detenida en el 2002 en el estado norteamericano de Florida cuando intentaba trasportar un kilo de cocaína. Uno de sus mayores detractores es Martín Soria, el ex intendente de General Roca que desde hace dos años viene machacando en el recinto de la Cámara de Diputados sobre los supuestos nexos de Villaverde con el negocio del narcotráfico.

Al igual que su antagonista libertaria, Soria también renunciará el martes a su banca para asumir en el Senado por Río Negro, tras resultar electo.

La neuquina Nadia Márquez, una de las grandes revelaciones de LLA en Diputados, seguirá el mismo recorrido: interrumpirá su mandato en la Cámara baja a mitad de mandato para iniciar un período de seis años en el Senado. Tanto Menem como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, tienen depositadas grandes expectativas en el papel que puede jugar la neuquina evangelista en la Cámara alta, a tal punto que la promovieron como candidata a la presidencia provisional del Senado.

La salteña libertaria María Emilia Orozco también saltará de Diputados al Senado, tras haber sido electa en los comicios de octubre. Se trata de una joven dirigente proveniente de Ahora Patria, el partido político de Alfredo Olmedo con el que desembarcó en Diputados en 2023. Junto a su compañero y referente Carlos Zapata se integraron a LLA y durante las últimas elecciones Orozco recibió la responsabilidad de ponerse al frente de la lista libertaria en Salta para el Senado.

Pablo Cervi es uno de los diputados que rompió con el bloque de la UCR el año pasado para conformar una bancada de “radicales con peluca”, muy cercanos al Gobierno, que funcionó como aliado firme del oficialismo. Como parte de su conversión total a las Fuerzas del Cielo, le dieron un lugar en la lista libertaria para el Senado encabezada por Nadia Márquez y consiguió un lugar en la próxima composición de la Cámara alta por el triunfo de LLA.

Con información de la agencia NA

Frente a la organización del evento “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19? Perspectivas legales, políticas, económicas, genéticas e infectológicas”, organizado para el 27 de noviembre por la diputada nacional del PRO María Inés Quiroz “que pone en duda la eficacia, la seguridad y la importancia de la obligatoriedad de las vacunas”, un grupo de sociedades científicas envió una carta al Congreso dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, solicitando su suspensión, al considerar que la actividad “atenta contra la salud pública”.

Desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología denunciaron que este tipo de eventos, “con mensajes basados en el negacionismo científico, genera un riesgo significativo en un contexto donde las tasas de vacunación son alarmantemente bajas. Enfermedades que habían sido controladas gracias a la inmunización están reemergiendo como problemas sanitarios relevantes, como el sarampión y la coqueluche”.

En este marco, desde la SAVE, junto con las sociedades firmantes, reforzaron “la importancia de sostener el compromiso del país con la salud pública y de reconocer a las vacunas como un bien fundamental para la comunidad, tal como establece la Ley 27.491”.

“Las sociedades científicas firmantes rechazamos la realización de este evento por considerarlo inequitativo y propenso a difundir falsos conceptos que pueden favorecer la vacilación vacunal, poniendo en riesgo la prevención de enfermedades potencialmente mortales, causantes de ciertos tipos de cáncer o de secuelas graves y permanentes”, dice el comunicado que rubrican, además de la SAVE, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP); la Sociedad Argentina de Infectología (SADI); la Sociedad Argentina de Medicina; la Sociedad Argentina de Virología; la Asociación Argentina de Microbiología y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Qué dice la diputada Quiroz

La carta de los científicos a Menem

“Atento a la difusión de una agenda sobre la Jornada: ”¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19? Perspectivas legales, políticas, económicas, genéticas e infectológicas“, en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, que está siendo anunciada para el jueves, 27 de noviembre, desde las Sociedades Científicas abajo firmante, nos dirigimos a Ud. a fin de reiterar nuestra preocupación respecto de los siguientes puntos:

● El título del evento “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?...” es tendencioso y traduce un juicio previo en el que hay un supuesto de contenidos ocultos en la misma. Esta aproximación, puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad, o dudas respecto al valor de las vacunas; lo que resulta de enorme peligro, sobre todo en momentos en los que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas, tanto para COVID como para otras enfermedades que habiendo estado absolutamente controladas luego de la introducción de las vacunas, están reemergiendo como problemas sanitarios de peso (vg. sarampión, coqueluche, etc.).

● La realización de eventos como el mencionado en ámbitos del Estado, sólo induce al negacionismo científico, lo cual va en desmedro de la confianza en las vacunas y nos preocupa que la actividad pueda generar interpretaciones que no reflejan la evidencia científica disponible.

● Consideramos que resulta imperioso continuar con el compromiso de nuestro país con la Salud Pública, reconociendo a las vacunas como bien fundamental para la comunidad, conforme lo garantiza la Ley de Vacunas (Ley 27.491). Por todo lo anterior, rechazamos la realización de este evento por resultar tendencioso, inequitativo y llevar a generar y reproducir falsos conceptos, con el riesgo de favorecer vacilaciones en la comunidad a la hora de decidir la vacunación personal para prevenir enfermedades que pueden ser mortales, causar algunos tipos de cáncer y/o dejar secuelas orgánicas y funcionales graves y permanentes.

En espera de que nuestras opiniones resulten de vuestro interés, solicitamos la suspensión de dicha actividad y agradecemos desde ya su gentil atención“.

El Gobierno tiene un dolor de cabeza en el Senado que no desaparece: el peronismo está decidido a evitar que la rionegrina Lorena Villaverde asuma como senadora y en el bloque libertario se encuentran en una situación de parálisis. No saben cómo responder y son muy pocos los que se animan a defender a la senadora electa por lo bajo. A tal punto la situación se les fue de las manos que Martín Menem tuvo que salir a pedir un ojo por ojo desde el otro lado de Pasos Perdidos. El riojano amenaza, ahora, con impugnar la asunción de Jorge Taiana y Caren Tepp si el peronismo avanza contra Villaverde.

La primera prueba de fuego será este miércoles a las 11, cuando se reúna la comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado. El objetivo de la reunión es tratar un pedido de impugnación del PJ de Río Negro contra Villaverde, quien es acusada de mantener un vínculo con “Fred” Machado, el empresario extraditado a Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico.

El peronismo está solo a un voto de rechazar el título de la senadora rionegrina, y en LLA están nerviosos. La aritmética es sencilla: Unión por la Patria cuenta con 8 senadores propios en la comisión y necesita de dos votos más para hacerse con la mayoría. Ya tiene uno asegurado, el del radical Pablo Blanco, quien anticipó que no acompañará el título de Villaverde. El objetivo, por estas horas, es asegurarse una última firma.

Los ojos están puestos en el radicalismo, que el martes mantuvo una reunión de bloque para analizar qué hacer. Eduardo Vischi, el jefe de bloque, viene de retomar el diálogo con Patricia Bullrich, quien ya se mueve como jefa del oficialismo en el Senado y está en búsqueda de tejer una nueva red de alianzas en favor del oficialismo

La mayoría no quiere enemistarse con el Gobierno, pero hay muchos senadores que no renuevan –como Blanco– y hay otros que miran con desconfianza el prontuario de Villaverde (quien también fue detenida en Estados Unidos en 2002 por estar llevando medio kilo de cocaína).

“Influye mucho la opinión pública. Acá nadie quiere quedar bancando a un senador acusado por estas cosas. Mirá lo que pasó con Kueider: le cortaron la cabeza”, explicó una vocera del radicalismo. 

Con el antecedente cercano de Edgardo Kueider, quien fue expulsado del Senado luego de haber sido descubierto in fraganti pasando 200 mil dólares por la frontera con Paraguay, más de un senador opositor se arriesga a pronosticar que Villaverde podría estar en problemas. La batalla real, sin embargo, se dará en el recinto el 28 de noviembre, cuando sea la sesión por la jura de los senadores electos. Será allí que el peronismo tendrá que conseguir una mayoría simple para impedir la jura de Villaverde, y deberá hacerlo con la nueva composición (que es menos favorecedora para el peronismo).

La Libertad Avanza, mientras tanto, mira de reojo las maniobras del peronismo. Intentará impedir que José Mayans, el jefe de bancada peronista, pueda hacerse con el número en la próxima sesión y promete tomar venganza si la oposición continúa avanzando. 

El encargado de avanzar con esta venganza es Martín Menem, quien anticipó que pedirá la impugnación de la santafesina Caren Tepp y de Jorge Taiana. En el caso de Tepp es por una denuncia por malversación de fondos que le hicieron sus contrincantes de Provincias Unidas en Santa Fe. En el caso de Taiana todavía no se ponen de acuerdo: en el entorno del riojano hablan de una vieja denuncia por el atentado del bar El Ibérico en 1975, aunque se comprobó que Taiana ya era un preso político en esa época. 

La estrategia es similar a la que aplicó Menem cuando el peronismo fue por la destitución de José Luis Espert en Diputados. Acusado por el vínculo con el mismo personaje (“Fred” Machado), Espert fue corrido de la comisión de Presupuesto y luego se intentó avanzar con su destitución de la Cámara, poco después de que hubiera renunciado a su candidatura. Finalmente, Espert se pidió licencia, pero Menem, a modo de respuesta, avanzó con un pedido de expulsión contra Emiliano Estrada. 

La dinámica se repite, ahora con Villaverde. 

MC/MG

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, instruyó a los legisladores que terminan su mandato a entregar sus despachos y todo el equipamiento informático antes del 9 de diciembre. Quienes no cumplan con la restitución en tiempo y forma podrían enfrentar una multa equivalente a la última dieta que les corresponde cobrar.

La medida apunta, sobre todo, a los espacios más codiciados del Palacio Legislativo, donde se concentran negociaciones y reuniones políticas. Hasta ahora, la UCR y el PJ -con oficinas en los pisos tercero y segundo- son los principales beneficiados. Incluso la bancada radical conserva varias oficinas en el segundo piso, pese a su merma en representación: a partir de diciembre contará con apenas seis diputados.

El despacho de Máximo Kirchner

Entre los despachos que históricamente generaron polémica figura el que ocupa Máximo Kirchner, un amplio salón de más de 70 metros cuadrados. Menem busca evitar acuerdos internos dentro de los bloques que permitan retener o ceder espacios de forma discrecional. Con La Libertad Avanza cerca de convertirse en primera minoría, el oficialismo aspira a que sus autoridades de bloque puedan acceder a oficinas dentro del Palacio.

En la comunicación enviada este martes, Menem precisó que todos los legisladores que finalicen su mandato o cesen por cualquier motivo deben devolver los espacios físicos, el mobiliario y el equipamiento electrónico asignado. Quienes renuncien antes del cierre del período parlamentario tendrán 48 horas para hacerlo desde que la Cámara tome conocimiento de su salida.

El titular de Diputados también advirtió que el incumplimiento habilitará el descuento de la última dieta hasta cubrir el valor de los bienes no restituidos. La exigencia alcanza igualmente a las autoridades de todos los bloques, que deberán entregar sus oficinas antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Con inforrmación de la agencia NA

Una de cal y otra de arena. Ni el triunfo electoral ni la foto con los gobernadores evitó que la oposición pudiera juntar este martes las firmas para dictaminar el Presupuesto en la Cámara de Diputados. Los gobernadores Martín Llaryora y Raúl Jalil prefirieron jugar con la oposición y poner al Gobierno contra las cuerdas. Pero el Gobierno, si bien no pudo boicotear la avanzada opositora, cantó retruco y la empató sobre el final: dejó que la oposición se quedara con los discursos y, sobre el final, se anotó un dictamen de mayoría. 

Las negociaciones habían comenzado la tarde del día anterior y se extendieron hasta minutos antes de que comenzara la reunión de comisión de Presupuesto. Hasta el flamante ministro de Interior, Diego Santilli, desembarcó en el Congreso para intentar convencer a los aliados más ariscos. Santilli todavía es diputado y no quiere renunciar hasta que cambie la composición del Congreso, así que se movía por la comisión como un legislador más: se abrazaba con libertarios, bromeaba con los pichettistas y tanteaba, en conversaciones apartadas, a los diputados del MID y del radicalismo para convencerlos de cambiar su voto.

El objetivo del Gobierno era claro: evitar que la oposición se hiciera con las 25 firmas para dictaminar y lograr, así, dilatar el debate para después de diciembre. Martín Menem reunió a los aliados más cercanos -PRO, radicales y gobernadores amigos- para ordenarlos y prometerles que todos sus reclamos para el Presupuesto se tendrían en cuenta. Pero más adelante. En paralelo, el riojano se abocó a romper al frente opositor: llamó a los radicales de Democracia para Siempre y los lilitos de la Coalición Cívica y les pidió ayuda.

El riojano consiguió su objetivo. Al menos temporalmente. Rompió DPS y dos de los tres diputados con firma en la comisión se quedaron en sus provincias: el jujeño Jorge Rizzotti y el formoseño Fernando Carbajal. El presidente del bloque, Pablo Juliano, reemplazó a Rizzotti, pero sin Carbajal la oposición estaba a un voto de conseguir el quórum. Empezaron los pases de factura, y la oposición empezó a lanzar su munición contra los gobernadores radicales. 

Sobre el final, sin embargo, Martín Llaryora y el MID dieron vuelta su voto y salieron en apoyo de la oposición. El cordobés Ignacio García Aresca se resistía a acompañar el dictamen, pero su coterráneo Oscar Agost Carreño, el impulsor de uno de los dictámenes opositores, lo arrastró consigo a Buenos Aires. En el vuelo lo convenció: incluyó obras viales en Córdoba en el dictamen que estaba redactando y se anotó, así, el apoyo de Llaryora.

Luego fue el turno de Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID. Santilli intentó convencerlos, pero no hubo manera: los diputados prefirieron firmar el dictamen de Agost Carreño, quien incluyó también una obra en la Ruta 5 que le había pedido Falcone. “Llegaron tarde a intentar convencernos”, admitió un diputado del MID, poco después de firmar con la oposición. 

Dictámenes y nueva relación de fuerzas en el Congreso

El Gobierno tuvo que cambiar la estrategia cuando se dio cuenta que, pese a todos sus esfuerzos, la oposición se había hecho con las 25 firmas. A las apuradas, Menem mandó a redactar un dictamen propio y se puso a juntar firmas: si habría dictamen, el oficialismo tenía que garantizarse, de mínima, que su dictamen fuera el de mayoría. 

Logró juntar 20 firmas con la ayuda del PRO, el radicalismo y de los gobernadores de Salta, San Juan y Misiones. Todos firmaron con disidencias, sin embargo. El PRO, por ejemplo, pidió que se incluyera el aumento de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. Los misioneros pidieron obras. Todos ítems que pavimentarán la negociación con los gobernadores en las próximas semanas. 

El peronismo también había logrado presentar un dictamen de 20 firmas, ya que había logrado ordenar a sus 20 voceros: hasta la catamarqueña Silvana Ginocchio, esposa del gobernador Raúl Jalil, firmaba con el resto de la oposición más dura. Pero, ante el empate, era el presidente de la comisión quien tiene voto doble para desempatar: fue “Bertie” Benegas Lynch quien logró asegurarle, así, el dictamen de mayoría al Gobierno.

El Ejecutivo buscará, ahora, dilatar el debate hasta después del 10 de diciembre. De transpolar las firmas de la comisión a los votos en el recinto, sin embargo, el Gobierno tiene unos 120 votos. Es decir que le faltan unos 10 votos para asegurarse el número, siempre y cuando cumpla con algunas de las exigencias de los gobernadores. 

Ni el oficialismo ni la oposición salieron 100% victoriosos de la reunión de comisión. La oposición celebró haberle forzado la mano al Gobierno y haber demostrado que, pese a estar en su mejor momento, Milei todavía no tiene bajo control el Congreso. El Gobierno, mientras tanto, logró remontar sobre el final la avanzada opositora y confía, ahora, en que podrá patear la negociación para el verano. Apuesta a dividir a los gobernadores y repetir la dinámica de “látigo y chequera” que aplicó durante los primeros meses de Gobierno, durante los cuales sancionó la Ley Bases.

El Gobierno, pese a todo, quedó expuesto. Pese a su pretensión de mayoría y pese al espaldarazo de la victoria electoral, Llaryora, Jalil y Gerardo Zamora prefirieron dar una demostración de fuerza y jugar con la oposición. Una señal de advertencia mientras los ministros de Economía provinciales hacen cola para reunirse, en los próximos días, con Luis Caputo.

MCM/CRM

El Gobierno pide tiempo. Tiempo para reestructurar el Gabinete, tiempo para ordenar su interna y tiempo, fundamentalmente, para que cambie la composición del Congreso y el poder vuelva a manos de La Libertad Avanza. Javier Milei pretende patear el Presupuesto y las grandes reformas para el verano, cuando planea convocar a sesiones extraordinarias, pero se enfrenta a un problema: una mayoría opositora con fecha de vencimiento que resiste y que pretende, este martes, dictaminar el Presupuesto 2026.

Es una puja aritmética con final abierto. Este martes vence el plazo dictado por la Cámara de Diputados para dictaminar el Presupuesto, y el peronismo y el pichettismo están a la caza de las firmas necesarias para poder asegurarse que tendrán el número para presentar sus dictámenes. Cada sector redactó su propia propuesta, pero solo podrán presentarlos si consiguen que haya quórum en la comisión de Presupuesto. Esto es: el mágico número de 25 firmas. 

El Gobierno, mientras tanto, quiere patear el tema para después de diciembre, cuando el Congreso se tiña de violeta y Milei pueda, con apoyo de los gobernadores, hacerse del control de la agenda legislativa. En el oficialismo confían en que tendrán una base de 111 aliados firmes -entre los que se incluyen a los libertarios, bullrichistas, PRO y radicales mileístas- y que, junto al apoyo de los gobernadores, podrán avanzar con todas las reformas que el presidente tiene planeadas para la segunda etapa de su gobierno. Incluido el Presupuesto.

Para resistir hasta diciembre, sin embargo, el Gobierno necesita boicotear el quórum de la oposición en la reunión de comisión del martes. Es la última gran amenaza de una oposición que, dentro de un mes, verá flaquear su poder de fuego y deberá resignarse a correr detrás de la agenda del presidente. 

Guberman al rescate: no hay plata

Una vez más, Martín Menem convocó al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, a calmar las ansiedades de sus aliados. La última reunión que había organizado en su despacho, hace dos semanas, no había salido bien: Nicolás Massot y Eduardo Falcone le habían reclamado que incluyera la emergencia pediátrica, la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, y Guberman se negó. “No hay plata”, afirmó, como toda respuesta.

Esta vez, la cumbre en el despacho de Menem fue más privada. El riojano solo invitó a los aliados más cercanos. Ni pichettistas de Encuentro Federal ni peronistas de Unión por la Patria ni ex libertarios del MID: solo los representantes de los gobernadores aliados y sus amigos, que el Gobierno cuenta como propios. Fueron la mendocina Pamela Verasay, el misionero Carlos Fernández, el radical “con peluca” Martín Arjol, la sanjuanina Nancy Picón, la lilita Paula Oliveto y el santacruceño José Luis Garrido. También fue la diputada del PRO, Daiana Fernández Molero. 

Hubo reclamos, pero predominó la concordia: todos los presentes coincidieron en que lo que más convenía era que el Gobierno pudiera tener su Presupuesto. La diputada del PRO pidió por la deuda que la Nación tiene con la Ciudad de Buenos Aires en materia de coparticipación. Los provinciales pidieron volver a aplicar los descuentos por “zonas frías” en las tarifas, que el proyecto de Presupuesto había eliminado. Todos pusieron sobre la mesa el problema de la obra pública, y algunos aprovecharon para pedirle los avales al Gobierno para poder endeudarse y conseguir financiamiento extranjero. 

Guberman se negó a todo, excepto a conceder los avales (que no le generan ningún costo). El resto, reclamó el secretario de Hacienda, hay que discutirlo con los gobernadores en las próximas semanas. “Los gobernadores nos piden una cosa, pero después ustedes piden otras cosas en su nombre”, se quejó Guberman. 

El misionero Fernández fue el único que insistió respecto a la aplicación de las tres leyes sancionadas por el Congreso. “Son imposibles de cumplir”, rechazó Guberman, quien insistió en que el Presupuesto incluía recomposiciones para el área de Salud y de Educación, pero que no incluiría las leyes opositoras. Fue el primer reclamo de base que le había hecho la oposición para poder negociar que el Gobierno rechazó de lleno. 

El segundo de esos reclamos era la convocatoria a sesiones extraordinarias: el radicalismo díscolo de DPS, cuyas firmas son claves para el dictamen, le había pedido al Gobierno un gesto de buena fe. Si se comprometía a publicar el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias el martes, de modo de asegurarse de que el Gobierno buscaría debatir el tema en el verano y no lo omitiría como el último par de años, DPS ayudaría al Gobierno. Pero Guberman se negó, alegando que el presidente todavía no había definido qué temas quería incluir en el temario. 

Pese a la falta de respuesta del Ejecutivo, los aliados se comprometieron a ayudar al Gobierno a vaciar la comisión. Pero le advirtieron: si la oposición conseguía las firmas, el Gobierno tenía que presentar su propio dictamen. No podía quedar a la merced de la oposición. Y le ofrecieron firmar el suyo con disidencias, con el compromiso de que luego pudieran ser incluidas en el debate en el recinto. 

El Gobierno dijo que se lo iba a pensar.

El desafío opositor

La oposición más dura está resignada. Sabe que le quedan, como mucho, dos semanas para hacerle daño al Gobierno y que, luego, quedará a la merced de la nueva hegemonía oficialista. Por lo que el desafío es a corto plazo: aprovechar su fugaz mayoría, mientras exista, y forzar al Gobierno a tratar el Presupuesto 2026 este año. 

El peronismo y el pichettismo tienen sus propuestas de dictamen, que buscarán imponer en el recinto. La del peronismo es un dictamen de rechazo, con algunas propuestas de gastos para áreas claves. Pero la del pichettismo, que está trabajando el cordobés Oscar Agost Carreño, representa una alternativa general al proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno. La base es la misma que la del oficialismo, pero incluye las tres leyes sancionadas por el Gobierno e incorpora varios de los reclamos realizados por los gobernadores: es la propuesta que, muchos de los opositores del “centro”, pretenden que sirva como guía para negociar con Casa Rosada. 

Necesitan, sin embargo, llegar a las 25 firmas para poder presentarlos. Esperan que, con las 20 del peronismo, las 3 de DPS, 1 de la izquierda y al menos 1 de EF, puedan llegar a tener el número. Pero desconfían de algunos gobernadores y, hasta tarde a la madrugada, los teléfonos de los diputados opositores continuaban encendidos.

MCM/CRM

Martín Menem necesita ayuda para ganar tiempo. Este martes vence el plazo dictado por la ex mayoría opositora en la Cámara de Diputados para dictaminar el Presupuesto 2026: la última gran avanzada opositora antes de que, en diciembre, cambie la composición del Congreso y el poder vuelva a manos de La Libertad Avanza. Menem necesita evitar que el peronismo y el pichettismo consigan las firmas para imponer sus dictámenes, y apuesta a que los gobernadores salgan en su ayuda. 

El riojano organizó una nueva reunión informal con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pero esta vez invitó solo a los aliados más cercanos. Ni pichettistas de Encuentro Federal ni peronistas de Unión por la Patria ni ex libertarios del MID: solo los representantes de los gobernadores aliados y sus amigos. 

La reunión comenzó pasadas las 14 horas y participaron la mendocina Pamela Verasay, el misionero Carlos Fernández, el radical “con peluca” Martín Arjol, la sanjuanina Nancy Picón, la lilita Paula Oliveto y el santacruceño José Luis Garrido.

La última reunión con Guberman no había salido bien. Ya entonces la oposición le había exigido que, para sentarse a negociar, el Gobierno tenía que aceptar incluir en el Presupuesto las tres leyes sancionadas por la oposición el Congreso: emergencia pediátrica, presupuesto universitario y emergencia en discapacidad. Guberman, sin embargo, solo atinó a responder “No hay plata” y cerró la discusión. 

Dos semanas después, empoderado tras las victoria electoral, Menem vuelve a la carga. El riojano sabe que la oposición está juntando firmas para imponer un dictamen de mayoría y, si bien está haciendo todo lo posible para boicotear el quórum, necesita prepararse por si Germán Martínez (Unión por la Patria) y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) consiguen los 25 votos. Esto es: la mitad de las 49 firmas que componen la comisión de Presupuesto, que se reunirá el martes al mediodía. 

El riojano busca diseñar, a contrarreloj, un dictamen del Presupuesto 2026 que incluya algunos de los reclamos de los gobernadores. Aunque sea como zanahoria para superar el número de firmas de la oposición y, así, continuar negociando más adelante. Menem pretende patear el debate del Presupuesto 2026 hasta después de diciembre, cuando sabe que tendrá acceso a una mayoría oficialista más sólida. Pero para hacerlo necesita resistir, primero, las próximas tres semanas. 

El desafío opositor

El peronismo está resignado. Convencido de que, a partir de diciembre, Javier Milei tendrá el número para avanzar con las reformas que le pide el Fondo Monetario Internacional, el mayor desafío es a corto plazo: aprovechar la mayoría opositora, mientras exista, y forzar al Gobierno a tratar el Presupuesto 2026 este año. 

El peronismo trabaja en su propuesta de dictamen, pero mantiene conversaciones con todos los sectores de la oposición dura. El que concita mayor atención es el que está redactando el pichettista cordobés Agost Carreño, que pretende sumar el apoyo de algunos de los gobernadores que fueron a la elección con el sello de Provincias Unidas. La propuesta sostiene la premisa de superávit fiscal, pero lo baja de 1,5% del PBI al 0,9%, de modo de poder incluir las tres leyes sancionadas por el Congreso.

Los teléfonos están encendidos y, a cada hora, se suceden reuniones, zooms y llamadas. Los diputados de la oposición están en permanente contacto y dialogan, a su vez, con sus respectivos gobernadores. Confían en que tendrán el número para el quórum, pero desconfían de lo que harán los gobernadores más “jabonosos” que suelen negociar, a último momento, con Casa Rosada. 

“Los gobernadores tienen que saber que, si no se sientan desde un lugar de poder, puede pasar con el Presupuesto lo mismo que pasó los últimos dos años”, advierte un diputado opositor.

MCM/CRM

“Mirá Martín, yo nunca operé con que quería la presidencia de la Cámara”. Cristian Ritondo estaba sentado en la oficina de Martín Menem, y hablaba sin rodeos. El triunfo electoral modificó la relación de fuerzas en el Congreso, y no solo para la oposición. El riojano acaba de revivir del mundo de los muertos y ya nadie pone en duda que continuará ocupando la presidencia de la Cámara de Diputados. El jefe del PRO, en cambio, enfrenta la ruptura de su bloque y aguarda una señal de Mauricio Macri para hacer lo que siempre hizo: equilibrio. 

Si hubo alguien a quien el resultado electoral del domingo le salvó la carrera, además de al propio Javier Milei, fue a Martín Menem. Despreciado por gran parte de sus compañeros en la Cámara de Diputados, que lo acusan de no cumplir con acuerdos y hacer trampas, Menem pasó de convertirse en un paria operado por Santiago Caputo a ser el arquitecto de la nueva mayoría oficialista. “Por suerte yo me llevaba bien. Porque ahora no lo mueven más”, ironizó un diputado radical, horas después de haberse reunido con el riojano.

Menem respira con alivio por primera vez en un mes. Armador de La Libertad Avanza en todo el país, el riojano era cuestionado por la estrategia de armar listas propias en distritos de gobernadores y aliados y haber dinamitado, así, la red de alianzas del Gobierno en el Congreso. Caputo lo limaba internamente y operaba para que Ritondo lo reemplace como jefe del oficialismoe. Era, para las Fuerzas del Cielo, el artífice de las últimas derrotas legislativas, y tenía que ser reemplazado.

Pero la victoria de LLA en más de la mitad del país cambió el escenario, y ahora Menem trabaja en armar un interbloque oficialista con las fuerzas aliadas para hacerse con el control de la Cámara de Diputados. Al menos hasta abril.

La arquitectura libertaria y las ruinas del PRO

A partir de diciembre, el bloque libertario pasará a tener unos 87 diputados. Una base sólida que se amplió en las últimas 48 horas, cuando el bullrichista Damián Arabia anunció que rompía con el bloque PRO y se sumaba a LLA. Una decisión que, no por anunciada, fue menos traumática. Ritondo estaba furioso.

Arabia no se fue solo, sino que arrastró consigo a otros 7 diputados bullrichistas. Silvana Giudici, Sabrina Ajmechet y Laura Rodríguez Machado, entra otros, pasarán a engrosar las filas de LLA a costa de un fuerte debilitamiento del partido amarillo. “Macri no va a extorsionar a Milei en mi nombre”, explicó el diputado bullrichista a su dirigentes de confianza, horas antes de que el expresidente se reuniera con Milei en Olivos a comer milanesas. 

La maniobra de Arabia tenía el visto bueno de Patricia Bullrich, que trabaja en lavarle la cara al oficialismo en el Senado, y significó un importante espaldarazo al Gobierno. Pero representa, a su vez, un dolor de cabeza para Menem, que todavía necesita negociar con Ritondo para armar un interbloque oficialista. Un Ritondo irritado, a quien le acaban de robar 7 diputados, y que debe hacer equilibrio entre el PRO libertario y el macrismo residual, que se resiste a fusionarse con LLA. 

Menem viene negociando con Ritondo hace varios días. Se reunieron en su despacho el miércoles, que fue cuando Ritondo le aseguró que no había operado para robarle la presidencia de la Cámara de Diputados, y el riojano salió de la reunión con la expectativa de que estaba el camino allanado para constituir un interbloque. El PRO es clave para dar una muestra de fortaleza y, además, hacerse con gran parte de los lugares en las comisiones a partir de diciembre. 

“Vamos a ser un interbloque con identidad”, le prometió Menem a Ritondo, como para calmar los temores de los macristas que le escapan a pintarse de violeta. Es el caso de Fernando de Andreis y Antonela Giampieri, que ingresarán a la Cámara como resultado del triunfo de la alianza PRO-LLA en CABA, y que se suman a figuras más hostiles a LLA, como el larretista Álvaro González. 

Es el caso, además, de Silvia Lospennato, que aún no tiene definido si abandonará su banca en el Congreso para ir a la Legislatura porteña: su decisión dependerá de lo que converse con Macri, ya que su reemplazo, en el caso de irse, sería la bullrichista Lorena Petrovich.

Menem, incluso, no descarta que Ritondo encabece ese interbloque oficialista. Una prenda de cambio para quien funcionó como el impulsor de la alianza en la Provincia de Buenos Aires y que, hasta hace una semana, fantaseaba con la posibilidad de ser presidente de la Cámara de Diputados. Ritondo, sin embargo, no termina de aceptar: todavía tiene que definir, con Macri y el resto de la dirigencia amarilla, qué perfil tendrá el PRO en los próximos dos años. “¿Va a ser un socio del Gobierno desde un lugar de poder o de sumisión?”, se pregunta un diputado amarillo crítico a la gestión libertaria. 

El PRO, sin embargo, es la base. Menem también le tiene echado el ojo a los tres radicales con “peluca”, Mariano Campero, Federico Tournier y Luis Picat. Quiere sumarlos al interbloque, pero los radicales se resisten y juegan la carta de la “independencia”: traicionados en sus provincias, donde los Menem los expulsaron de los armados libertarios, los radicales exigen algún tipo de compensación. 

Provincias Hundidas

La expresión ya se popularizó en los pasillos del Congreso: “Provincias Hundidas”, la marca que el consultor Guillermo Seita inventó para Juan Schiaretti y Maximiliano Pullaro y que derivó en un armado fallido que fracasó en 5 de las 6 provincias en las que compitió. Fue el verdadero perdedor de la elección. Mucho más que el peronismo, que si logra resistir a las maniobras del Gobierno para quebrarlo (y a la interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof) se convertirá en el principal polo opositor del gobierno libertario.

Los gobernadores de Provincias Unidas –Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y Corrientes– todavía no saben qué hacer. Schiaretti fantaseaba con conformar un bloque de “centro” que funcionara como fiel de la balanza en la Cámara de Diputados, pero la derrota terminó modificando los planes. El Gobierno dio inicio a la temporada de caza de aliados, y los gobernadores empiezan a analizar si no será mejor negociar cada uno por separado.

Una situación similar se vive en el radicalismo, dividido en tres bloques y que, a partir de diciembre, verá drásticamente reducidas sus fuerzas. Surgen diversas alquimias. Por un lado, revivir la UCR con los diputados que responden a los gobernadores radicales y conformar un bloque de 9 diputados. Por el otro, la incógnita de lo que harán los díscolos como Martín Lousteau –quien, tras un ajustado recuento, terminará desembarcando en la Cámara de Diputados– o Pablo Juliano, que responde a Facundo Manes. 

Frente al caos, sin embargo, hay operadores que florecen. El MID de Oscar Zago y Eduardo Falcone, por ejemplo, están también en la búsqueda de aliados. Quieren conformar un bloque potente de 10 o 12 integrantes con los cuales poder negociar con el Gobierno y, en la última semana, ya han conversado con el misionero Carlos Rovira, el salteño Gustavo Sáenz y Nicolás Massot. Hasta con Ritondo. 

Saben que la forma en que queden diagramados los bloques definirá la dinámica de poder a partir de diciembre. Así que no se apuran en tomar una decisión. Todavía falta que muchos de sus potenciales aliados, como Massot, vuelvan de Roma. Muchos de los diputados de “centro” viajaron a Italia a ver al Papa: aguardarán a ver qué dicen tras reunirse con el Santo Padre.

MCM/MG

El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habló de las diferencias que mantiene con el asesor presidencial, Santiago Caputo, y pidió evitar hacer públicas las críticas que surge al interior de La Libertad Avanza (LLA).

“Algunos le dicen internas. Son diferentes puntos de vistas en cuanto a la misma realidad. No creo que todos pensemos lo mismo de cómo encarar una situación”, sostuvo el legislador libertario en declaraciones radiales.

En la misma línea, amplió: “Son situaciones puntuales de diferencias de criterios. Se tomó en el armado una determinación de cómo encarar la política, lo hicimos distrito por distrito, con el mismo sello”.

Tras el triunfo del sello libertario, el vicepresidente del partido destacó la tarea que impulsó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también presidenta de La Libertad Avanza, y remarcó la labor de su primo, el armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, al que definió como “el brazo ejecutor, encargado del armado artesanal”.

Por su parte, el titular de la Cámara Baja, se mostró autocrítico y pidió mantener los debates internos dentro del espacio en una clara crítica a las Fuerzas del Cielo, la organización juvenil que lidera Santiago Caputo, que apuntó contra dirigentes del espacio en las redes sociales.

“La autocrítica trato que sea adentro del vestuario. Salimos a jugar, jugamos todos para el mismo lado”, sentenció Menem, y sumó: “Tal vez la autocrítica es que esas diferencias de criterio se dieron a cielo abierto. No está bueno, tenemos cosas para corregir”.

Asimismo, destacó: “Se pasó una elección, fue exitosa, pero con la misma humildad tenemos que replantear decisiones a tomar. Bilardismo puro”.

En otro pasaje de la entrevista destacó la reforma laboral que impulsa el presidente Javier Milei y celebró la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en los comicios del domingo. Para Menem, la modificación en el sistema laboral apunta a “una mayor flexibilización” y a incrementar el personal registrado.

“Hay una cultura, de años, de que uno entra un laburo y se piensa que va a quedar toda la vida. La planta permanente...la vida funciona de otra manera. Entras a una empresa, ascendentes, te vas a otro lado”, planteó, y completó: “Eso tiene cierto 'riesgo' y nos falta empezar a dar ese cambio cultural de asumir que uno no va a empezar ni a terminar en el mismo lugar toda la vida. Eso hace a una economía más capitalista que nos va a traer muchísima más prosperidad a toda la población”.

Por último, en medio de las versiones de cambios, Martín Menem reiteró que la presidencia de la Cámara de Diputados, cargo que ocupa desde diciembre de 2023, le corresponde al oficialismo y se esperanzó con la nueva composición del bloque libertario que tendrá entre 86 y 87 diputados propios más aliados.

“El 10 de diciembre empezamos a tallar de nuevo a ver cómo se asignan las comisiones. Vamos a tener más presencia. A la hora de dictaminar LLA empieza a ser un actor importante. No vamos a saber qué hacer con tantos diputados, venimos con mucha escases”, concluyó.

Con información de NA.

IG