Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron ampliar las declaraciones indagatorias, avanzar con nuevas imputaciones y dictar medidas cautelares en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los principales implicados se encuentra su extitular, Diego Spagnuolo, quien volverá a ser citado a declarar en el marco de nuevos hechos incorporados al expediente.

El pedido, dirigido al juez Ariel Lijo, alcanza a más de una veintena de funcionarios y empresarios -27 indagatorias en total- y se produce tras la aparición de “nuevos hallazgos” que ampliaron la estructura delictiva bajo análisis. Entre los convocados también figura el empresario Miguel Ángel Calvete, considerado junto a Spagnuolo como una pieza central del esquema.

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen fiscal, las maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.

Un entramado entre funcionarios y empresarios

De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que desde el ámbito privado habrían tenido roles clave Calvete y Pablo Atchabahian. A ellos se suman más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas.

El expediente describe un mecanismo en el que funcionarios de la ANDIS direccionaban compras de insumos -conocidos como PACBI- para beneficiar a empresas allegadas, a cambio de retornos y dádivas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas.

Estos insumos eran canalizados a través del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según la fiscalía, el circuito habría sido desviado de sus objetivos para favorecer a proveedores determinados, en perjuicio de la población destinataria.

Simulación de competencia y sobreprecios

Los fiscales sostienen que el esquema se apoyó en el sistema de compras SIIPFIS, que debía garantizar transparencia, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas vinculadas. Entre las irregularidades detectadas se mencionan la filtración de información privilegiada, la manipulación de compulsas de precios, acuerdos de cartelización y la participación directa de empresarios en decisiones internas del organismo.

Además, se registraron incrementos injustificados en los valores de medicamentos e insumos médicos. En algunos segmentos, como el de amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025 con una distribución equilibrada entre grupos empresariales, lo que refuerza la hipótesis de un reparto previamente acordado.

La causa también apunta a posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito del dinero generado por estas contrataciones.

Más imputados y avance sobre el patrimonio

Entre los nuevos citados a indagatoria figuran, además de Spagnuolo y Calvete, Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués, entre otros.

En paralelo, los fiscales solicitaron la inhibición general de bienes de personas físicas y jurídicas vinculadas al caso, con el objetivo de evitar el movimiento de activos mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas, consideradas en algunos casos como jefes de una asociación ilícita. La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el alcance total de las responsabilidades y profundizar el análisis del circuito financiero.

Con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, la investigación sigue en desarrollo. Para los fiscales, el expediente expone “una enorme trama de corrupción” en la que la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para canalizar pagos indebidos, en desmedro de políticas públicas destinadas a sectores especialmente vulnerables.

CRM

El juez federal Ariel Lijo, a quien el Gobierno había promovido para integrar la Corte Suprema, quedó a cargo de la causa por los presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que involucra al ex funcionario Diego Spagnuolo y otros colaboradores del entorno libertario.

Lijo salió sorteado después de que el magistrado Sebastián Casanello dejara la subrogancia del Juzgado Federal 11, que es el que lleva el expediente contra Spagnuolo.

Casanello subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio.

Al haber informado a la Cámara Federal que no solicitaría una prórroga de esa subrogancia, se designó por sorteo a Lijo, titular a su vez del Juzgado Federal 7, informaorn hoy fuentes judiciales.

La causa tiene 19 procesamientos dictados: además de Spagnuolo están Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian por delitos como cohecho activo, fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

A principios del año pasado el Gobierno había intentado promover a Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, aunque no consiguió el respaldo del Senado.

En el caso de Lijo, el máximo tribunal le exigió que renunciara a su cargo en el juzgado en lugar de presentar una licencia, lo que el magistrado se negó a hacer.

En tanto, Spagnuolo fue procesado el lunes último por asociación ilícita, mientras la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance la de la investigación.

Lo había dispuesto Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS.

Con información de la agencia NA

El Gobierno eligió el silencio. Ni defensa cerrada, ni contraataque, ni operación visible. Apenas mutismo. La decisión del juez federal Sebastián Casanello de procesar al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos volvió a encender una alarma que en la Casa Rosada creían encapsulada. El expediente, que en su origen parecía circunscripto al entorno de Karina Milei, terminó desplazando el foco y golpeando también al otro vértice del poder libertario: el universo de Santiago Caputo.

El fallo judicial describe a la ANDIS como un “centro de operaciones” de un esquema que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, direccionó compras de medicamentos de alto costo, habilitó sobreprecios millonarios y garantizó pagos privilegiados a un puñado de proveedores. En ese entramado aparecen, además de Spagnuolo y su segundo Daniel Garbellini, el operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete —señalado como nexo con las droguerías beneficiadas— y su hija Ornella, funcionaria del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado y ahora una de las procesadas, cuando renunció en silencio tras el estallido del escándalo.

Ese dato reconfigura el mapa político del caso. La causa ANDIS había sido leída inicialmente como un problema del karinismo, sobre todo tras la difusión, en agosto pasado, de los audios del titular del área (y abogado personal de Milei) Diego Spagnuolo en los que se mencionaba un presunto “3% para Karina”. En esas grabaciones también aparecía el nombre de Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos del oficialismo y figura central del dispositivo territorial de la secretaria general de la Presidencia.

Pero el avance judicial, los procesamientos y la reconstrucción del circuito de intermediación empezaron a rozar también al sector ligado a Santiago Caputo. No solo por la figura de Calvete y su hija, sino por las conexiones operativas entre ANDIS y el PAMI —dos áreas que compartían proveedores, mecanismos de compra y circuitos de autorización— y por la aparición de iniciales políticamente sensibles en cuadernos incautados por la Justicia.

En la Casa Rosada, hace tiempo que la decisión fue replegarse. Sin declaraciones públicas de peso ni una narrativa oficial que ordene el episodio, el Gobierno apuesta a una estrategia de enfriamiento. “Es un tema que está investigando la Justicia”, se limitan a responder oficialmente. El objetivo es evitar que el expediente se convierta en un nuevo campo de batalla interno entre el karinismo y el caputismo, una tensión que se mantiene y que la causa ANDIS vuelve a poner en escena bajo una forma incómoda: la de una trama judicial que ya no distingue facciones.

La incomodidad es doble. Porque el caso no solo expone presuntas maniobras de corrupción en un área sensible, como es la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, sino que además toca fibras del propio diseño de poder del oficialismo. La ANDIS, hoy convertida en secretaría dentro del Ministerio de Salud tras su disolución formal, había sido presentada por el Gobierno como un organismo a “sanear” por irregularidades heredadas. Pero el avance del expediente sugiere algo distinto: que el problema no quedó encapsulado en el pasado y que las responsabilidades podrían escalar más allá de los nombres ya procesados.

El esquema Calvete

En ese esquema, la figura de Miguel Ángel Calvete adquirió un peso particular. Exconcejal de La Matanza por Cambiemos y dirigente del sector supermercadista —fue presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos (FESACH)—, sin cargo formal dentro del Estado, la investigación lo ubica como un operador con acceso a decisiones sensibles del área de discapacidad. Según la hipótesis judicial, habría funcionado como nexo entre el entorno de Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y droguerías beneficiadas por el esquema de compras, con capacidad para influir en adjudicaciones, circuitos administrativos y flujos de pagos.

La dimensión política del caso se amplificó por el vínculo familiar. Su hija, Ornella Calvete, se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado, cuando presentó su renuncia en medio del avance judicial. Durante la investigación, la Justicia allanó su domicilio y secuestró 700.000 dólares en efectivo, los cuales no pudo justificar.

El expediente del fiscal Franco Picardi incorporó además intercambios entre padre e hija que, según la acusación, ayudan a reconstruir el funcionamiento del circuito bajo sospecha. En uno de esos chats, del 10 de septiembre de 2025, Ornella le escribe a su padre —a quien tenía agendado como “Carmela Vivaldi”— para que intermedie en favor de una empresa.

Calvete responde que ya había concretado una reunión y ella le dice que, si todo salía bien, le compraría “una lambo, una granja, lo que quieras”, a lo que él contesta: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”. Dos días después, tras advertir la presencia policial en su domicilio, Ornella le consulta por la situación de una firma vinculada a su padre y por la existencia de “cash blanco”, mientras él le sugiere “hacerse la gila”. Esa superposición entre el rol del operador y la presencia de su hija dentro de la estructura estatal terminó de ampliar el alcance político de la causa más allá del núcleo original del caso ANDIS.

Por el escándalo, también renunció en noviembre la pareja de Ornella y yerno de Miguel Calvete, Javier Cardini, ni más ni menos que el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Tras una trayectoria en el sector tecnológico privado, su desembarco se produjo en un área atravesada por el reparto de influencia entre Karina Milei y Santiago Caputo, a partir de su vínculo personal con el asesor presidencial y su hermano Francisco Caputo, mediado a su vez por Georgie Neuss, amigo de la infancia de ambos, según publicó Alejandro Rebossio en elDiarioAR. Con Cardini ingresó además la tía de Ornella, Susana Calvete, hermana del operador farmacéutico, que también fue despedida.

En los tribunales, la investigación avanzó sobre un esquema preciso. Según la resolución, la ANDIS operó durante casi dos años con un mecanismo paralelo de compras —las llamadas “compulsas especiales”— en el que la competencia era ficticia y las adjudicaciones estaban definidas de antemano.

Cuatro droguerías concentraron más del 90% de ciertas contrataciones por montos superiores a los 30 mil millones de pesos, con incrementos abruptos de precios en medicamentos esenciales y accesos irregulares al sistema informático del organismo por parte de personas ajenas a la estructura estatal. El cuadro que describe el juez Casanello va más allá de una anomalía puntual. Se trata de una arquitectura diseñada para garantizar retornos, pagos privilegiados y direccionamiento sistemático.

La Salud como caja

Ese diagnóstico es el que complica políticamente al Gobierno. Porque el caso ya no se limita a los audios de Spagnuolo ni a la hipótesis inicial de un pedido de aportes irregulares. El volumen de pruebas empujó la causa hacia una reconstrucción más amplia del circuito de decisiones, donde la frontera entre funcionarios y operadores privados aparece deliberadamente difusa. Y en ese punto, el expediente vuelve a cruzarse con el mapa real del poder libertario.

En paralelo, el Ministerio de Salud atraviesa una fase de tensión silenciosa, pero el dato político central no es el desgaste de Mario Lugones sino la consolidación de Santiago Caputo. Tras el último reacomodo interno, el asesor presidencial terminó de afirmar su control sobre el área, convertida en uno de los núcleos de mayor peso dentro de su arquitectura de poder. En la lógica del oficialismo, Salud funciona como una caja de gestión y financiamiento bajo su influencia directa, con el PAMI como pieza clave operada por funcionarios de su máxima confianza.

Las conexiones entre ANDIS y el organismo previsional que conduce Esteban Leguizamo comenzaron a ser cada vez más evidentes, sobre todo a partir de que el nombre de su número 2, Carlos Zamparolo, apareciera en los registros incautados a Calvete junto a siglas políticamente sensibles. El rediseño del PAMI impulsado por el caputismo buscó centralizar aún más las decisiones, en un intento por controlar la gestión de insumos de alto costo, en medio de denuncias de pactos subterráneos con sectores del peronismo hechas por referentes libertarios del conurbano.

El Gobierno, por ahora, evita cualquier reacción que amplifique el tema. Más allá de en un principio desdecir a Spagnuolo, hasta el momento no hubo intento alguno de desacreditar la investigación judicial ni un discurso defensivo que ordene la escena. La apuesta, por el contrario, fue dejar que el expediente siga su curso sin transformarlo en un conflicto público. Pero ese silencio oficial también refleja una dificultad: el caso no golpea a un sector aislado, sino que toca simultáneamente a las dos alas del poder puertas adentro de la Casa Rosada.

En ese cruce, el expediente adquiere otra dimensión. No solo por lo que ya probó la Justicia, sino por lo que sugiere el propio fallo del juez Casanello cuando advierte que el esquema “no se agota en los hechos aquí probados” y que podría existir “otro nivel de complicidades”. Esa frase, leída con atención en Balcarce 50, es la que explica el clima de repliegue: nadie sabe hasta dónde puede escalar la causa ni qué nombres podrían aparecer en la próxima etapa.

PL/CRM

El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas —entre exfuncionarios mileístas y operadores privados— por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos, en una causa que investiga el manejo irregular de compras de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.

Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras

También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Compras direccionadas y sobreprecios

El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.

De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.

El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.

Pagos indebidos y acceso irregular al sistema

La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.

El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.

En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

El origen de la causa

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.

Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.

Según la resolución de Casanello, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Para el magistrado, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Además, Casanello advierte la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Con información de agencia NA

La defensa de Diego Spagnuolo presentó un peritaje en el expediente sobre las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el fin supuesto de deslegitimar los audios atribuidos al extitular del organismo que revelarían un esquema masivo de corrupción orquestado por Karina Milei y los primos Menem. Sin embargo, la constatación del informe realizado por la firma española Graudio Forensics no hace más que aumentar la verosimilitud de una parte crucial de los dichos atribuidos a Spagnuolo, en especial, la que compromete al Presidente y su hermana.

El nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, anunció días atrás la existencia del informe pericial ordenado por su cliente, y hoy concretó su incorporación al expediente. Según dijo D'Alessandro, el estudio ratificaría la manipulación con inteligencia artificial de los registros difundidos en agosto, en un cambio con respecto a la línea de defensa inicial llevada a cabo por otros abogados del exmejor amigo y exabogado de Javier Milei.

El peritaje ratifica un dato que estuvo claro desde el principio, cuando los periodistas Ivy Cángaro y Mauro Federico hicieron públicos los audios en los sitios Data Clave y Carnaval. No se trata de una grabación de corrido, sino de fragmentos, con ediciones para borrar, por ejemplo, la voz del interlocutor de Spagnuolo. No obstante, hay partes nítidas que narrarían graves delitos. El autor del informe, Miguel Ángel de la Torre, un licenciado en Comunicación y máster en Dirección de Seguridad, detecta 18 cortes “compatibles con la edición intencionada”. Hasta allí, sin sorpresas.

La parte en la que el estudio se da vuelta como un búmeran para Spagnuolo —si es que su intención real era beneficiarse a sí mismo y a los hermanos Milei— es cuando se aboca a dilucidar si se utilizó una “voz sintetizada” mediante inteligencia artificial, a partir de la página 21 del texto de Graudio Forensics. La conclusión es que es “baja” la probabilidad de que, en efecto, no sea la voz de Spagnuolo la que revela el 3% de coimas para Karina y su indignación porque Javier Milei fue cómplice, cuando la conversación transcurre “en el contexto de restaurante o cafetería”), y es “alta” en el tramo por teléfono.

El español De la Torre analiza, por un lado, el primer minuto y 44 segundos del audio:

“En el análisis del fragmento inicial del archivo objeto de estudio (discurso en el contexto de restaurante o cafetería), los resultados entregan un valor de probabilidad del 42% (bajo), que no permite sacar una conclusión inequívoca sobre la presencia de síntesis vocal”.

Luego, en la parte telefónica, la conclusión es diferente.

“Sin embargo, en el fragmento correspondiente al discurso en el contexto telefónico, la herramienta entrega un resultado con una estimación de probabilidad del 65%, razonable para afirmar que el audio contiene trazas de voz sintetizada”.

Si sabés que están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo

Voz atribuida a Diego Spagnuolo

El estudio se vuelve problemático para los Milei y los Menem cuando se analiza qué es lo que dice la voz atribuida a Spagnuolo en el contexto de un bar. Los siguientes son algunos de los textuales:

En cualquier caso, el autor del informe resalta en letras mayúsculas, en dos oportunidades, que el archivo remitido por D'Alessandro no es suficiente para “tomar una decisión final sobre la existencia total o parcial de voz sintetizada”. “Deberíamos adicionalmente analizar otros rasgos del habla, como es el ritmo, la entonación, y el acento o énfasis dentro de las palabras, pero falta contenido y contexto al no disponer de toda la secuencia conversacinoal y resto de los hablantes”.

De hecho, el informe español analiza, entre diálogos presenciales y telefónicos, apenas 7 minutos 32 segundos enviados por la defensa de Spagnuolo, una fracción menor de los conocido.

El juzgado criminal federal de Sebastián Casanello remitió el informe pericial a la Cámara, que debe expedirse en breve sobre el pedido de nulidad de la causa formulado por diversas partes, entre ellas, el examigo de Milei.

Tanto el juez como el fiscal, Franco Picardi, dejaron claro en sus dictámenes y decisiones que la construcción del expediente se basa sobre documentos, registros contables y diálogos de whatsapps obtenidos a partir de una veintena de allanamientos.

La estrategia de Spagnuolo, a partir de la llegada de D'Alessandro a su defensa después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, pasó a coincidir llamativamente con el esbozo de Milei, quien semanas después de que se desatara el escándalo, dijo que se trataba de audios creados con inteligencia artificial. El fin último de este argumento es que impere la teoría del fruto del árbol prohibido, que sostiene que nunca una causa puede construirse a partir de pruebas ilegales.

Casanello y Picardi afirmaron en su consideración sobre la nulidad que el origen surge del texto de una denuncia —presentada por el abogado Gregorio Dalbón— con indicios verosímiles, pero que los audios no fueron tomados como prueba. De hecho, en sus resoluciones, prácticamente no hay alusiones a los audios atribuidos a Spagnuolo.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Pablo Atchabahian, hombre con múltiples funciones pasadas en el macrismo y luego volcado a la actividad privada, actuaba como un jefe paraestatal en la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) hasta hace semanas. Impartía premios y castigos, ordenaba “dormir pagos” a competidores porque estaban “jugando mal”, organizaba el reparto de presuntas coimas y disponía despidos de personal. “Rajá a esa mina”, ordenó una vez. Todo ello lo ejecutaba desde un teléfono celular a nombre de su empleador, la multinacional Roche, líder en la industria global de los laboratorios.

La firma resultó beneficiaria directa del despliegue plenipotenciario de Atchabahian en ANDIS. En el expediente que tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, está registrado un pedido de Atchabahian para que la Agencia invitara a una droguería a participar de una compulsa de precios. Días después, la Droguería 20 de Junio, comercializadora de los productos Roche, logró que le adjudicaran la provisión de un medicamento de alto costo para pacientes con hemofilia A.

La empresa, cuya CEO en Argentina es la peruana María Pía Orihuela, pudo hasta ahora evitar el foco en una trama de corrupción que alumbró nombres de alto impacto y llegaría a las altas esferas del mundo Milei. Tras reiteradas consultas ante la filial argentina y la casa central en Suiza, F. Hoffmann-La Roche Ltd, la firma respondió a este medio con un texto de apariencia formal, que expone su estrategia legal.

“Roche Argentina no es parte demandada ni imputada en esta causa. Nuestra participación en la misma se limita a colaborar con la Justicia, a la cual le hemos proporcionado toda la información requerida. Las acciones mencionadas son de carácter individual y no representan ni cuentan con la aprobación corporativa de Roche”, expresó la empresa.

El texto anticipa que el laboratorio suizo, con 134 años de existencia y 95 de presencia en Argentina, deslinda las responsabilidades sobre lo actuado por Atchabahian y otra empleada, Luciana Ferrari. En una acción espejo, la sede central de Roche en Basilea respondió con retardo y transfirió todas las consultas a la filial argentina.

En un dato que marca el grado de venalidad con que se manejaban las licitaciones en ANDIS, la neuróloga Ferrari, que también actuó bajo las órdenes de Atchabahian en los dos últimos años del Gobierno de Mauricio Macri, tenía acceso a un sistema informático estatal para las adjudicaciones de medicamentos e insumos. El cargo de la tucumana Ferrrari en Roche hasta mediados de noviembre, cuando fue despedida, era health system partner, función descripta por la propia empresa como facilitadora del acceso a la salud y asociaciones entre el mundo privado y gubernamental. En otras palabras, lobby. Ya en 2020, la médica había prestado servicios para Roche, según su currículum.

Aunque el laboratorio suizo afirma que no es parte demandada ni imputada, lo cierto es que sus oficinas fueron allanadas y presentó abogados defensores ante el juzgado criminal federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Casanello. El dictamen del fiscal Franco Picardi, que disparó decenas de allanamientos e indagatorias hace un mes, describe el mecanismo por el cual Atchabahian presuntamente benefició a su empleador con métodos espurios.

Código de conducta

Fuentes con conocimiento del expediente afirman que las imputaciones apenas están en su fase inicial. De hecho, el viernes se produjeron allanamientos y serían inminentes nuevos llamados a indagatoria, sobre los veinte ya efectuados.

Los indicios describen un sistema de sobreprecios y coimas cuyo alcance sería mucho mayor al descripto hasta ahora (unos US$30 millones), tanto en la magnitud del robo al presupuesto estatal de medicamentos para discapacitados y pacientes vulnerables, como en las responsabilidades hacia la cumbre del Poder Ejecutivo.

En los audios que se le atribuyen a Diego Spagnuolo y motivaron la denuncia que disparó la investigación judicial, el exmejor amigo de Javier Milei y extitular de ANDIS se muestra indignado por quedarse afuera de una cadena de coimas orquestadas por Eduardo Menem, Martín Menem, y Karina Milei. Informado por Spagnuolo del presunto desfalco, el Presidente protegió a su hermana y enterró la sospecha, según el audio.

El comunicado de Roche transmitido a elDiarioAR agrega: “(la empresa) opera bajo un estricto código de conducta global y políticas de compliance que son obligatorios para todos nuestros empleados, incluyendo una política de tolerancia cero ante cualquier acto que viole la ley o nuestra ética”.

El párrafo abunda sobre lo que la casa matriz y su filial argentina dejan claro en todas sus presentaciones públicas. Allí también se encuentra un eslabón débil ante la pregunta más básica. ¿Para qué contrataría, un laboratorio que provee al Estado, a un exfuncionario al que conoció del otro lado del mostrador como Atchabahian? ¿Ferrari, asignada a la tarea de “facilitar el acceso a la salud”, digitaba contratos y contaba con información privilegiada en beneficio de Roche sin que la empresa estuviera al tanto?

Se suma el dato de la fama que se había ganado Atchabahian en el ámbito de los laboratorios y ANDIS, sintetizada por la voz atribuida a Spagnuolo: “un delincuente”. A los auditores de compliance de Roche les aguarda un arduo trabajo.

La función exacta que desempeñaba en Roche el exfuncionario de los gobiernos de Nicolás Ducoté en el municipio de Pilar, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri en la Nación debe ser dilucidada por el fiscal Picardi, a cargo de la instrucción de la causa.

Ferrari y Atchabahian no respondieron mensajes de este medio.

Preguntas sin respuesta

La transparencia que aduce tener Roche no se vio verificada en la renuencia a responder la consulta de este medio. Con siete días de demora, la firma ni siquiera esclareció preguntas elementales, como qué tarea desempeñaban Atchabahian y Ferrari, si la casa central en Suiza estaba al tanto de su estrategia comercial, si trataba con el lobista Miguel Calvete, cuál era su relación con la Droguería 20 de Junio, qué documentación fue entregada en el allanamiento y si recibió algún pedido de soborno en la última década.

El grado de sospecha que pesa sobre Atchabahian está demostrado por el hecho de que es el único detenido del caso Spagnuolo, entre decenas de allanados e indagados.

Casanello tuvo indicios de que el exfuncionario y contratado por Roche evadió los allanamientos dispuestos durante quince días de octubre y noviembre, a la vez que sobrevuela la sospecha de que la delegación de la Policía Federal en Mendoza —provincia donde vive— actuó, como mínimo, con negligencia.

Para el juez, Atchabahian contaba con “una amplia disponibilidad de recursos compatible con el rol que habría desplegado en los hechos sometidos a estudio, donde se ubica en o junto al vértice”.

El juzgado debió apelar a otra instancia de la Policía Federal para lograr la detención de Atchabahian en apenas 24 horas. Concretado el arresto el 13 de noviembre, el contratado por Roche se negó a declarar. Desde entonces, Atchabahian parmanece detenido en el barrio privado Vistalba, de Luján de Cuyo, Mendoza.

Un patrón se repite en el expediente. En el primer allanamiento a los Kovalivker —dueños de la Droguería Suizo Argentina—, en el barrio La Isla de Nordelta, la seguridad privada y efectivos de la Federal actuaron con la negligencia suficiente como para que se escapara el mayor de los hermanos, Jonathan. El 15 de noviembre pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria dejó pasar en Aeroparque al empresario Sergio Mastropietro, sindicado como presunto lavador de las coimas a través de la firma Baires Fly, sobre quien pesaba un pedido de requisa. Tras el descuido, Mastropietro perdió su celular —como anticipó este diario el domingo pasado—. La máxima de Patricia Bullrich, “el que las hace, las paga”, no corre cuando los caminos conducen a Olivos.

En 2018 y 2019, Atchabahian y Ferrari cumplieron funciones en ANDIS junto a Daniel Garbellini. La jefatura correspondió al primero de los mencionados. Cuando cambió el Gobierno, casi de inmediato, la neuróloga fue contratada por Roche, y en 2021 se sumaría Atchabahian. Garbellini, en tanto, regresó al Estado en junio de 2024 como director de Acceso a Servicios de Salud de ANDIS, cargo que había ocupado Atchabahian seis años antes.

Cuando el sitio Data Clave difundió los audios atribuidos a Spagnuolo en agosto pasado, los Milei dieron por válida la autoría de la grabación y lo despidieron de ANDIS junto a Garbellini. Más tarde, el soez ensayaría que se trató de audios creados con inteligencia artificial, misma estrategia que adoptó el tardío abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

El funcionamiento del tándem Atchabahian-Garbellini es detallado en la voz de Spagnuolo: “Lule (Eduardo Menem) me quiso meter una mina en una dirección nacional, la fricé. Me quiso meter al de Recursos Humanos, lo fricé. Pero me metió al más importante de todos, para chorear”.

“A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: un delincuente. (Atchabahian —parece decir—) es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue con denuncias… y se llevó los discos rígidos de las computadoras”, dice la voz en otro tramo.

El urólogo Atchabahian fue secretario de Salud de la municipalidad de Pilar entre 2011 y 2016, subsecretario de Salud de la provincia de Buenos Aires, durante el mandato de Vidal, entre 2016 y 2017, y director en ANDIS hasta 2019. Ya en funciones en Roche, cuando percibió que habría un cambio político en Casa Rosada, se preparó. “Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”, vaticinó Atchabahian, de acuerdo a los chats del Grupo Museo que comandaba junto al lobista Miguel Calvete.

“Calladita”

El papel de Luciana Ferrari —sostenida por Roche en el puesto hasta dos meses después de que los audios de Spagnuolo ventilaran la corrupción en ANDIS— es crucial. Los chats revelados prueban que esta exdirectora de Prestaciones Médicas de ANDIS manejaba desde junio de 2024 una clave para acceder al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones del programa estatal Incluir Salud. Con ese acceso, Ferrari se inmiscuía en las compulsas de precios, mientras Garbellini —la pata estatal del grupo que comandaba Atchabahian— garantizaba la adjudicación.

La healthcare system partner de Roche supo en mayo de 2024 que Garbellini sería nombrado en ANDIS: “Felicitaciones señor director!!!… Calladita la boca festejo por vos”. El 3 de junio, la designación se hizo oficial, y tres días después, ambos comenzaron a amañar compulsas de precios, demuestran intercambios de mensajes.

El 6 de agosto de 2024, celebró Ferrari: “Buen día!!!! Ayer aprobaron esa droga de Roche para (que) arme un Pac de corrientes… Se podrá meter en la compulsa del jueves?” “Sí, está el ticket”, le respondió Garbellini, solícito.

El 13 de noviembre de 2024, Atchabahián pidió al director de ANDIS que invitara a una compulsa de precios a la Droguería 20 de Junio SA, que comercializa productos Roche. Garbellini cumplió seis días después.

En las compulsas del 27 de noviembre, 3, 17 y 23 de diciembre, 20 de Junio SA ganó la provisión al programa Incluir Salud de la droga EMICIZUMAB, un antihemorrágico que produce Roche. Cada dosis inyectable tiene un costo que va desde los $7 millones para 30 mg a $37 millones para los 150 mg, según datos públicos en internet.

Felicitaciones señor director!!!… Calladita la boca festejo por vos

Luciana Ferrari, ex healthcare system partner de Roche

Las ofertas de la Droguería 20 de Junio eran de productos Roche, “de manera casi exclusiva”, detalló la imputación de Picardi.

La cartelización funcionaba a pleno. En teoría, 20 de Junio SA era competidora de la Droguería Suizo Argentina, pero las gestiones de Atchabahian y Ferrari comprendían a ambas empresas, y todo codo a codo con Calvete, el otro “vértice” señalado por Casanello. Hay al menos una visita registrada de Matias Litvanovich, director de Droguería 20 de Junio, a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la Suizo Argentina, en su mansión de La Isla, en Nordelta.

El 7 de marzo de 2025, Atchabahian ordenó a Garbellini que despidiera a Mercedes Capandegui, directora de Presupuesto de ANDIS, cuya cabeza había pedido el director de Asuntos Corporativos y miembro del directorio de la Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner. Atchabahian fue fulminante: “Rajá a esa mina”. El estilo capanga era frecuente en el hombre de Roche. En otra oportunidad, instruyó echar a más gente de la ANDIS. “Sin piedad”.

La articulación entre el grupo de Atchabahian con Nuner Uner, hombre de máxima confianza de los Kovalivker, era permanente.

El 10 de abril pasado se dio otro diálogo inquietante entre el “vértice” de la organización y Garbellini. Picardi transcribe e interpreta en su dictamen: “’Es importante tener gente con la bandera correcta’, acompañando dicha expresión con el emoji de la bandera de Suiza, en clara alusión a la firma Suizo Argentina”.  

El dúo indica que apelarían a los oficios de Nuner Uner y Matías Palotti, un hombre insertado en ANDIS, para llegar “a Ritondo o al Colorado”. “Obvio (Matías) tiene bola blanca ahí”, se entusiasma Garbellini.

La confianza de Atchabahian y su segundo en las sombras radicaba en el recorrido de Palotti dentro del mundo PRO en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Entre 2015 y 2019, ese hombre fue mano derecha de entonces intendente de Morón y esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro, hoy divorciado.

Una fuente cercana a Ritondo niega todo contacto con Palotti o cualquier otro enviado de ANDIS, Atchabahian o la Droguería Suizo Argentina. “Si intentó llegar, fracasó. Cristian tuvo que averiguar quién era (Palotti) cuando se publicó el dictamen de Picardi. Cero contacto”, dijo la fuente.

Ferrari mostró algo de distancia de Roche en algunas de sus comunicaciones con Garbellini, un elemento que la firma podría usar a su favor para desligarse del caso.

Una fuente cercana a Ritondo niega todo contacto con Palotti o cualquier otro enviado de ANDIS, Atchabahian o la Droguería Suizo Argentina. 'Si intentó llegar, fracasó. Cristian tuvo que averiguar quién era (Palotti) cuando se publicó el dictamen'

El 26 de diciembre pasado, Ferrari le aclaró al director de ANDIS que pondría una foto en el estado de whatsapp para informar que estaría de vacaciones, pero “es sólo por Roche, para que no me jodan. Pero para ustedes estoy para lo que me necesiten”.

Dos meses más tarde, en febrero de 2025, Ferrari dio a entender que su empleador no estaba al tanto de que tenía acceso al sistema informático de ANDIS. “Me van a rajar de Roche si se enteran”, escribió.

“Ese diálogo existe, pero Roche tiene mucho por explicar”, dijo una fuente que sigue el caso.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El negocio de la aviación privada sobrevuela el expediente que investiga el sistema de coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La investigación judicial puso la lupa en el exjefe del organismo Diego Spagnuolo, burócratas provenientes del macrismo y el lobista Miguel Calvete, pero también en las empresas Baires Fly y Baires Jets. Esas firmas —según el dictamen del fiscal Franco Picardi— habrían actuado de pantalla para blanquear los fondos desviados por los sobreprecios en las licitaciones manipuladas de ANDIS. 

Las empresas que prestan servicios con aviones privados en Argentina son algunas decenas, pero dos de ellas ocupan un lugar excluyente, por cantidad de naves, clientes y facturación, y por operar desde Aeroparque. Royal Class es la firma histórica de la familia Yabrán, que desde 2013 tiene como propietario a Miguel Livi. Antes de convertirse en dueño, Livi fue CEO de la firma. Eso, en los papeles. Dos fuentes de la industria apuntan la existencia de un socio de Royal Class en las sombras: Leonardo Scatturice, nombre mayor de los negocios y las terminales políticas y de inteligencia en el mundo Milei.

Baires Fly es la otra empresa de referencia entre las que operan en Buenos Aires. En los diálogos de WhatsApp y las anotaciones del lobista Calvete, esa firma es atribuida a Sergio Mastropietro, y así lo da por hecho el fiscal Picardi en la acusación. Mastropietro tiene un largo recorrido en el mundo de la aviación. Vende vuelos a diario, compartió negocios con Federico “Fred” Machado –el sospechado de narco que financió a José Luis Espert– y fue presidente de Avian, la fallida empresa creada a partir de la compra de MacAir, de la familia Macri, en 2018. 

El nombre de Mastropietro figura en los registros del Bank of America como uno de los cientos que utilizaron el fideicomiso de Machado, según el expediente que tramita en un tribunal de Texas. Operó más de US$800.000 a través de ese vehículo y es además quien conectó a Machado con Espert a fines de febrero de 2019, junto a su conocido Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae. 

Sin embargo, el dueño formal –y seguramente real– de Baires Fly no es Mastropietro, sino Luis Grande. Éste es socio de la firma desde 1991. Con diez aviones, algunos de alta gama, y casi ochenta empleados a su cargo, Grande transportó a todos los últimos presidentes, gran parte de los gobernadores, figuras del espectáculo como Susana Giménez y Marcelo Tinelli, banqueros, futbolistas, empresarios grandes, medianos y pequeños, candidatos y todo aquel dispuesto a pagar unos US$180.000 para un viaje privado a Miami, los US$20.000 a Punta del Este, o algunos miles o decenas de miles para destinos locales. 

“Compra de horas de vuelo”

El esquema descripto por Picardi y considerado factible por el juez Sebastián Casanello indica que los laboratorios y droguerías coordinados por el grupo de Calvete, Spagnuolo y los macristas Pablo Atchabahian —afincado en Laboratorios Roche— y Daniel Garbellini habrían utilizado a Baires Fly, Baires Jets (esta sí, propiedad de Mastropietro) y Alan Pocoví (medio hermano del hijo de Zulemita Menem) para lavar dinero, entre otras vías, por la “compra de horas de vuelo”. De todas ellas, Baires Fly se habría llevado la mayor parte. 

En el expediente, por ejemplo, el fiscal detalla que Mastropietro, el 9 de septiembre de 2025, le envía a Calvete los datos de una cuenta de Baires Fly en el banco Macro. Al día siguiente, Calvete le remite comprobantes de transferencias por cientos de millones de pesos argentinos por parte de las firmas Prolite Orthopedics S.R.L., Probock S.R.L. y Droguería Profarma S.A. –las que participaban en las contrataciones amañadas–. En forma inmediata, Mastropietro le remite tres facturas emitidas para las firmas por los mismos montos y el concepto “por compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”.

Luego Picardi alerta sobre los vínculos de Spagnuolo y Calvete con la empresa de alquiler de naves: “Cuentan con los medios y las conexiones necesarias para abandonar el país con facilidad en cualquier momento. A la vez, ambos tienen los recursos necesarios para solventar su traslado y una eventual estadía en el exterior del país”.

Un bien laxo, difícil de constatar –“horas de vuelo”–, cumpliría las veces de lavado, como ocurre con las “reformas” de viviendas para canalizar dólares mal habidos. Para el fiscal Picardi, Baires Fly y Mastropietro actuarían como “cabeceras del lavado”.

Por el contrario, fuentes de la industria de la aviación indican que el concepto “horas de vuelo” es habitual. Potentados, empresas o clientes normales compran por anticipado determinada cantidad de horas como un seguro de cambio, ante riesgos devaluatorios. A veces, reconocen las fuentes, esas horas caducan y no se usan. Todas las firmas mencionadas fueron allanadas. 

La flota

El papel de Mastropietro para que el grupo de Spagnuolo, Droguería Suizo Argentina, Calvete y otros llegaran a Baires Fly habría sido el de comercializador, lo que supone una comisión o retribución de parte de Grande. En un mercado chico, con unas diez empresas de aviación considerables y unos setenta “brokers”, la práctica de vender vuelos y pasarlos entre empresas —por ejemplo, de Royal Class a Baires Fly o viceversa— es relativamente habitual. 

En el dictamen del fiscal también aparece bajo sospecha Hangares Buenos Aires, una empresa de Mastropietro que presta servicios en Aeroparque, por ejemplo, a Baires Fly. Domicilios personales y comerciales de Mastropietro fueron allanados, pero la Policía de Seguridad Aeroportuaria y funcionarios de Migraciones fallaron en el intento de requisarle el celular en su ingreso a Aeroparque el lunes pasado, proveniente de Estados Unidos, un episodio que despertó sospechas en el juzgado de Casanello y podría generar una investigación paralela. 

En las redes sociales de Baires Fly hay imágenes de los siguientes modelos y matrículas como parte de su flota, al menos el último año: Gulfstream GV LV-KAX, Gulfstream G400 LV-JQW, Learjet 60 LV-FVZ, Learjet 60 LV-FUF, Learjet 60 LV-CPL, Learjet 60 LV-CCO. La empresa cuenta con servicios de vuelos privados las 24 horas y, además de charters de lujo, realiza vuelos sanitarios, de carga y del instituto nacional de trasplantes Incucai. Baires Jets, en cambio, no registra actividad en sus redes desde hace 45 semanas y su web está en desuso. elDiarioAR se comunicó con Baires Fly pero ante la consulta no hubo respuestas formales.

Pasajeros VIP

Las naves de Grande transportaron a Javier Milei, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Mauricio Macri, según pudo recoger elDiarioAR. 

Días después de ganar el balotaje el 18 de noviembre de 2023, Milei se subió al Gulfstream GV para ir a Nueva York y visitar la tumba del “rebe de Lubavitch”, referente de una rama ultraortodoxa del judaísmo. Luis Grande pilotó la nave. 

Gerardo Werthein, uno de los dueños del multimedios El Observador y de empresas agropecuarias y de diferente tipo, ofreció pagar el traslado, con un costo de alrededor de US$250.000. En la comitiva se anotaron Luis “Toto” Caputo, Nicolás Posse, Karina Milei, Santiago Caputo y, en un dato extraño, el entonces embajador estadounidense en Buenos Aires, Marc Stanley. 

Como Werthein pretendía ser embajador argentino en Washington, a algunos de la comitiva les pareció desprolijo que abonara el viaje, ante el previsible cuestionamiento por parte de senadores opositores que debían aprobar el pliego y lo acusarían de comprar el puesto. La solución encontrada fue que la factura se dividiera en siete, y que cada uno se pagara lo suyo, al menos en apariencia. 

Macri, por su parte, fue trasladado en naves de Grande en varias oportunidades. Cuando el mandatario de Cambiemos dejó el cargo, usó un avión de Baires Fly para ir a jugar al golf en Córdoba, según apuntó una fuente testigo del viaje. Era mayo de 2019, en el inicio de una cadena de excursiones de lujo por Argentina y el mundo que continúa hasta ahora.  

CFK también fue trasladada por la firma de Grande, pero en junio pasado –cuando viajó a Corrientes para apoyar a Martín Ascúa en la campaña local– lo hizo a bordo de un Cessna 550 Citation II LV-KBZ, bajo dominio de VOLAR S.A, cuyo domicilio legal es una cafetería y empresa de servicios turísticos de Ushuaia. Fue su última salida antes de que la Corte Suprema ratificara la condena en su contra por la causa Vialidad, y se dispusiera el arresto domiciliario en San José 1111, barrio de Constitución. 

En 2016, se generó revuelo en San Luis porque el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá contrató un avión privado para visitar a Milagro Sala en su prisión domiciliaria en San Salvador de Jujuy. Medios locales consignaron que gastó más de $400.000 (US$30.000 de entonces) para subirse al Learjet 60 LV-CPL, de color negro, que forma parte de la flota de Baires Fly.

En sus viajes con la firma de Grande, a Rodríguez Saá le gusta jugar al backgammon con el periodista Antonio Laje, que también trabaja como piloto. Éste, a su vez, es el preferido de Susana Giménez para sus traslados a Punta del Este. En cambio, otros gobernadores piden evitar especialmente que el piloto sea el periodista de América 24. 

SL/MC

La nota fue actualizada a las 13.30 del 23 de noviembre. La atribución en la versión original de que una nave de Baires Fly trasladó un cajón fúnebre de Néstor Kirchner a Río Gallegos, surgida de una fuente presencial, podría ser incorrecta.

La causa que investiga sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este sábado una nueva renuncia. Se trata de Javier Ignacio Cardini,  yerno de Miguel Ángel Calvete, el operador en las sombras en la trama de los supuestos sobornos en el organismo, y amigo de Santiago Caputo.

Cardini renunció este sábado como subsecretario de Gestión Productiva. Fue quien llevó al Estado a Ornella Calvete, su pareja, y quien hasta este martes ocupaba un puesto en la Secretaría de Industria y Comercio en el ministerio de Economía de Luis Caputo. La joven yahabía presentado su renuncia este martes, el mismo día que su padre abrió la ronda de indagatorias ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, a cargo de la causa.

Aunque uno de los principales implicados es el ex titular de la Agencia, Diego Spagnuolo, según la fiscalía, Calvete era el nexo entre un grupo reducido de droguerías –Profarma, Génesis, New Farma y Floresta– y funcionarios de la ANDIS, a quienes dirigía e incluso financiaba con dinero en efectivo. Ante la justicia, Calvete optó por no declarar.

Calvete está detenido por orden del Tribunal Oral Criminal N° 8, que en junio de 2019 lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. De acuerdo a la Justicia, el empresario y consulltor cercano a Spagnuolo formó parte entre 2015 y 2016 de “una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les ‘permitían’ vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas”.

Cardini se había desempeñado como vicepresidente de operaciones en GreenTech Science; director ejecutivo en Grupo-Tek S.A., en QEV Argentina y director general en Calandra. También se desempeñó como jefe de producción en Cervecería y Maltería Quilmes y como director en una consultora enfocada en procesos productivos de industria y movilidad para PyMes.

Además de su hija y su yerno, Calvete también tenía a su hermana Susana Carmen trabajando en el Estado, como funcionaria del Ministerio de Economía, tal como informó elDiarioAR. La mujer figura en los cuadernos de su hermano en los que identificaba a los integrantes de su banda de presuntos sobornos de la ANDIS, que dirigía Spagnuolo, a las droguerías. También fue señalada en la causa por explotación de la prostitución de su hermano como la encargada de cobrar los alquileres. Terminó renunciando poco después de que se conociera que cumplía funciónes en Economía.

Despidos. Maltrato psicológico. Vaciamiento de áreas. Mudanzas intempestivas. Mientras el escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tiene su desarrollo en los tribunales de Comodoro Py, puertas adentro del organismo encargado de atender a ese sector vulnerable de la población vive momentos de extrema tensión desde que fue eyectado Diego Spagnuolo –abogado y amigo de Javier Milei–.

En los últimos días en la agencia hay movimientos particulares por un hecho muy puntual: el cambio de sede de áreas internas. En ese marco se está trasladando una oficina que a la luz de la supuesta trama de corrupción ya genera suspicacia internamente: la mudanza de la Dirección de Asuntos Jurídicos, a cargo de Florencia de Paoli desde el 23 de septiembre de 2024. Justamente es un área de donde salieron algunos chats filtrados sobre la suspensión de pensiones en medio del escándalo de corrupción, supo elDiarioAR de fuentes internas.

El argumento que se le dio a los trabajadores para el traslado de áreas es económico: se está dejando un edificio alquilado para mudarse a inmuebles propios de la agencia. La ANDIS se creó en 2017 con la unificación de tres organismos con sedes separadas: Incluir Salud, en la avenida Rivadavia –el único que se alquila–, la Comisión Nacional de Pensiones, en la calle Yrigoyen, y el Sistema Nacional de Rehabilitación, en la calle Ramsay. 

Así se está llevando a cabo una mudanza doble: algunas áreas desde la sede Yrigoyen se trasladan a la sede de Ramsay, y otras áreas de Rivadavia a Yrigoyen, para no pagar más alquiler en Rivadavia. La decisión la comanda el interventor tras la salida de Spagnuolo, Alejandro Alberto Vilches.

La mudanza y las denuncias públicas echaron leña al fuego al clima adverso que tienen que soportar los trabajadores desde que asumió Milei. Ya se recortó casi la mitad de la planta: comenzó con unos 1600 y se corrió a 600 personas. “La dotación óptima del organismo es de 881 agentes”, se lee en un apartado sobre el personal en la web https://www.argentina.gob.ar/andis/.

Esos despidos o baja de contratos incluyeron a funcionarios con larga trayectoria. “A mí me destrozaron la vida. Yo tenía mucha demanda laboral y una antigüedad de 23 años”, denunció ante elDiarioAR Ivonne Guanuco, ex empleada de la ANDIS en Humahuaca, Jujuy, trabajadora social encargada de asistir a una importante cantidad de municipios en el NOA. Solo en su sector echaron a 14 personas y vaciaron las oficinas de profesionales, ya que solo quedaron algunos administrativos.

“Yo tenía 9 años de antigüedad cuando me rajaron, con contratos de planta transitoria, con renovación anual. Esa precariedad de contratación hizo que nos rajen y que no nos indemnicen y que no tengamos derecho a un seguro de desempleo”, se sumó al coro de quejas otra despedida, que prefirió guardar su anonimato. 

Las entrevistadas aseguraron que el caso de corrupción que encabezaron Spagnuolo y Miguel Calvete, entre otros, revela la mala gestión libertaria en la política de acompañamiento a las personas con discapacidad. En el medio el Gobierno vetó la ley de emergencia y, tras la insistencia del Congreso, tampoco la aplicó. “Acá diariamente están pasando tantas cosas a nivel laboral, derechos, etc, que nos pasan por arriba 20 veces. Estamos esperando un diciembre nefasto. Estamos bajo un régimen y cualquier cosa que digamos es para que nos despidan. Y que se entienda que el organismo además está intervenido por una presunta causa de coimas en medicamentos, no por culpa de los trabajadores”, señaló otra de las personas consultadas.

Uno de los trabajadores relató que una compañera fue maltratada al ser reincorporada. Sufrió violencia verbal por parte de la entonces Directora Nacional de Inclusión, Romina Núñez, quien después pasó a ser Subdirectora Ejecutiva y que fue destituida con la intervención tras la salida de Spagnuolo. “Se encargó de hablar delante de todo el mundo en voz alta y decirle que ahora que había vuelto a la oficina ese lugar no era un circo para andar haciendo videítos”, comentó un testigo. Según apuntó, en marzo de 2024 varios trabajadores hicieron un video contando cómo habían sido expulsados y denunciando el vaciamiento de la agencia. 

La interna sindical

A la problemática en ANDIS se le suma la complejidad de su representación gremial. Como es un organismo que ensambló distintos entes, las juntas internas de UPCN se unificaron, pero en ATE quedaron separadas. Este miércoles voces sindicales confirmaron a elDiarioAR la salida de nuevos funcionarios y empleados de la agencia, algunos mencionados en la causa judicial de los sobornos y otros por otras cuestiones de mala gestión. 

Los casos más destacados en la reciente depuración son el de Roger Grant, coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y Diego D’Giano, director de Prestaciones Médicas y médico auditor, piezas clave en la trama Spagnuolo-Grant. Pero también aparecieron como desplazados el director de Administración, Técnica y Legal de Andis, Nahuel Andrés Tavernelli, así como uno de sus colaboradores: el coordinador de Asuntos Contenciosos de la Dirección de Asuntos Jurídicos, Edmundo Gaspar Sentis. “Todos los que bajaron están más sucios que una papa”, dijo un delegado. Según apuntó, Tavernelli “robaba para UPCN”.

En octubre pasado ATE se movilizó a la sede de Yrigoyen, donde funciona la histórica oficina de Andis, y denunció que el Gobierno “busca desmantelar el espacio que actualmente brinda atención a la ciudadanía para trámites esenciales”. El Sindicato también exigió que cesen las auditorías arbitrarias y se restablezcan las pensiones suspendidas. 

Reclamo de los familiares

El desfalco que habrían ocasionado las compras con sobreprecios dirigidas supuestamente por Spagnuolo y Calvete beneficiando a un puñado de droguerías alcanzaría los $40.000 millones. Y el sector de discapacidad entiende que es un absurdo justo cuando el Gobierno rechazó la Ley de Emergencia, que implicaba aumentos en las prestaciones. “El desvío de fondos que son para los tratamientos revelan que la situación sigue muy vulnerable. La asistencia en escuelas y hogares sigue sostenida por el aporte de las familias y de los trabajadores. Los transportistas siguen sin recibir una actualización y hoy un acompañante terapéutico sigue cobrando 3 mil pesos”, denunció Natt Rodríguez de la Red en Discapacidad.

Como corolario al panorama, este mismo jueves se supo que el juez de Campana Adrián González Charvay, que iba a fallar por la implementación de la ley, fue corrido de la causa, por lo que se sigue dilatando la implementación de la Ley de Emergencia. Por eso desde los trabajadores, las familias y los pacientes están organizando una movilización contra el Gobierno para el 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

MC/MG

La causa por presuntos delitos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este jueves un nuevo capítulo con la indagatoria del exdirector del programa Incluir Salud, Daniel Garbellini, señalado por la Justicia como uno de los operadores centrales del supuesto entramado de coimas y direccionamiento de compras dentro del organismo. Al igual que el extitular de la agencia, Diego Spagnuolo, Garbellini se presentó en Comodoro Py, escuchó la imputación y se negó a responder preguntas del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.

Su comparecencia se produjo apenas un día después del turno de Spagnuolo, quien también rechazó declarar tras intentar relativizar los audios en los que alude a presuntos retornos ligados a la compra de medicamentos y a pagos ilegales como el ya conocido “3% para Karina”. Con este gesto, Garbellini se convirtió en el cuarto imputado que decide guardar silencio, una conducta que la fiscalía considera reveladora frente al cúmulo de pruebas reunidas.

Un funcionario clave para la maniobra, según la fiscalía

Garbellini -detalló Picardi en su acusación- habría sido colocado en la ANDIS por Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia, para operativizar el esquema de retornos. Desde junio de 2024 ejercía como Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cargo desde el cual administraba el programa Incluir Salud, clave para la cobertura médica de personas con discapacidad sin obra social.

Su nombre aparece en los presuntos audios atribuidos a Spagnuolo, quien menciona que “este tipo tiene que recaudar de medicamentos y lo sube”, y que “se llevan medio palo para arriba por mes de medicamentos”. Para los investigadores, esas frases ilustran el modo en que se habrían direccionado compulsas de precios, adjudicado contratos con sobreprecios y favorecido a un grupo de empresas del sector salud.

La trayectoria de Garbellini en la administración pública se remonta a la Ciudad de Buenos Aires durante las gestiones de Jorge Telerman y luego de Mauricio Macri. Más tarde trabajó en áreas sanitarias de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de María Eugenia Vidal, donde reportaba al médico Pablo Atchabahian, hoy detenido con arresto domiciliario en Mendoza y señalado como uno de los articuladores de las operaciones dentro de la ANDIS.

Ambos compartieron tareas en el programa Incluir Salud durante la presidencia de Macri, un antecedente que la Justicia destaca como parte de los vasos comunicantes entre quienes hoy integran el núcleo investigado. Garbellini también habría trabajado en la obra social UPSRA durante la intervención ordenada por el macrismo.

El “Grupo Museo”, operadores externos y acceso privilegiado

Según la fiscalía, Garbellini integró junto a Atchabahian y el empresario Miguel Ángel Calvete un chat interno llamado “Grupo Museo”, desde el cual se coordinaban supuestamente decisiones sobre contrataciones y pagos. Para Picardi, el exfuncionario permitió que personas ajenas a la estructura estatal accedieran a información sensible, intervinieran en decisiones y hasta operaran el sistema de compras SIIPFIS desde fuera del organismo.

Ese accionar, sostiene el expediente, se traducía en adjudicaciones dirigidas, sobreprecios y beneficios económicos indebidos. A ello se suma un presunto incremento patrimonial injustificado y gastos en uno de sus inmuebles que no se condicen con sus ingresos declarados. Aunque Garbellini entregó su teléfono celular, la fiscalía determinó que había eliminado conversaciones relevantes, lo que, para los investigadores, evidencia intención de ocultar información.

Una causa que crece: audios, dinero y registros fílmicos

La investigación se aceleró tras la difusión de los audios de Spagnuolo y se robusteció con una serie de hallazgos: una caja de seguridad con 82.000 dólares, 2.950 euros, una máquina de contar billetes, consumos con tarjeta por más de cuatro millones de pesos mensuales, y refacciones de alto costo no declaradas. También se sumaron registros fílmicos de ingresos y visitas entre imputados, incluido un video en el que Spagnuolo llega a la casa de Calvete con una mochila.

Una escucha de agosto de 2025, en la que se menciona el envío de “cinco palos para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo”, es considerada por los investigadores un indicio directo de circulación de dinero dentro del esquema

La negativa de Garbellini a responder preguntas podría agravar su situación procesal, ya que su testimonio era esperado para esclarecer su responsabilidad directa en la operatoria investigada. Tras las indagatorias de esta semana, el juez Casanello deberá decidir si avanza con nuevas medidas, ampliaciones de imputación o eventuales pedidos de detención.

Mientras tanto, la causa ANDIS sigue escalando y dejando en evidencia un posible esquema de corrupción que, de confirmarse, habría perjudicado directamente a personas con discapacidad, uno de los sectores más vulnerables del sistema público.

CRM

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo prestó declaración indagatoria en la causa por presuntos pedidos de coimas en ese organismo. El abogado, quien fue amigo íntimo de los hermanos Milei y de José Luis Espert, desconoció hechos de corrupción ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, aunque se negó a responder preguntar.

Según su abogado, Mauricio D'Alessandro, Spaguolo admitió su relación de “amistad” con Miguel Ángel Calvete, el lobista de las farmaceútica y los laboratorios que estaba también en la trama de los sobreprecios en las contrataciones.

El abogado de Spagnuolo habló ante la prensa y dijo que su defendido se puso a disposición para volver a declarar. Dijo desconocer cualquier tipo de operaciones sospechosas o “coimas”. También adelantó que enviará a los tribunales un peritaje propio sobre los audios donde menciona a Karina Milei por “el 3%, cuyo dictamen -según su versión- es que fueron audios manipulados con Inteligencia Artificial.

Spagnuolo, según su letrado, negó también que en su casa haya realizado obras con el supuesto dinero recaudado por la sobrefacturación. El abogado primero habló de “remodelaciones” y luego de “arreglos”.

Ayer Calvete eligió no declarar en la causa, el mismo día en que su hija, Ornella Calvete, quien también aparece en la trama de corrupción, renunció a su cargo en el Ministerio de Economía de Luis Caputo.

Spagnuolo había sido llamado a indagatoria el viernes último por el fiscal Picardi, quien también convocó a Pablo Atchabahian; Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari y Federico Maximiliano Santich, entre otros.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, acusó el fiscal.

Spagnuolo aparece en un domicilio de Calvete el 13 de agosto pasado con una mochila negra. Imagenes del entonces funcionario aparecieron en el teléfono de Calvete, que las sacó de las cámaras de seguridad. El ex jefe de ANDIS no puede negar su relación con el lobista porque también se vieron al menos cinco veces en la casa del funcionario, en el barrio Altos de Campo Grande: dos en 2024 (20 de junio y 20 de octubre) y tres en 2025 (4 de enero, 30 de marzo y 3 de mayo), todo según el expediente.

Es más, en chats entre Calvete y sus colaboradores hay referencias a que “el pelado” o “el cabeza de rodilla” necesitaba 5 millones de pesos en efectivo para un viaje que luego no realizó. En un allanamiento en su casa a Spagnuolo le secuestraron dinero y una máquina de contar billetes.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios en los que supuestamente Spagnuolo aseguraba que existía un circuito de coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados, lo que derivó en su salida del cargo. Hoy su abogado afirmó que esos audios “fueron modificados con Inteligencia Artificial”, aunque nunca desmintió categóricamente que la voz no haya sido de su defendido.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La defensa de Spagnuolo aseguró en un escrito presentado la semana última que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial.

El mecanismo delictivo: un operador paraestatal y la “caja estatal”

La fiscalía sostiene que existió una asociación ilícita encargada de garantizar un circuito de corrupción que beneficiaba a determinados laboratorios y proveedores. 

Luego de Spagnuolo, en el centro de la escena aparece el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como principal operador de las droguerías y considerado por los investigadores como un “director paraestatal de la ANDIS”.

Su rol habría sido articular contactos dentro y fuera del organismo para destrabar pagos millonarios y direccionar contrataciones. Entre las firmas favorecidas figuran Ortopedia Sagués, MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma S.A., Profarma S.A., Profusión S.A. e INDECOMM SRL.

Según la fiscalía, la organización se dedicaba a la recaudación, traslado y distribución de fondos provenientes de estos proveedores.

Los nombres clave y el funcionamiento interno del esquema

La causa, conducida por el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello, compromete a una extensa nómina de investigados:

Miguel Ángel Calvete: Empresario, considerado operador central y mano derecha de Spagnuolo. Detenido y acusado de liderar la asociación ilícita.

Diego Orlando Spagnuolo: Exdirector de la ANDIS. Mantenía un estrecho vínculo con Calvete desde la campaña presidencial de 2023. Está bajo sospecha por coordinaciones de dinero en efectivo.

Pablo Atchabahian: Con nexos con Calvete y con las droguerías Génesis y New Farma. Ordenaron su detención tras no hallarlo en los operativos. Aunque no pertenecía formalmente a ANDIS, impartía instrucciones sobre pagos, altas en SIIPFIS y despidos.

Daniel María Garbellini: Hombre cercano a Spagnuolo. Creó el grupo de WhatsApp “Grupo Museo” y ocupó un cargo en ANDIS en 2024. Recibía órdenes de Atchabahian.

Ornella Calvete: Hija de Miguel Ángel. Renunció a su cargo en el Ministerio de Economía tras quedar involucrada. En su departamento se incautaron US$700.000 en efectivo. Su rol estatal es analizado en relación directa al de su padre.

Javier Cardini: Pareja de Ornella y subsecretario de Gestión Productiva. Estaba presente durante el allanamiento. Tiene vínculos políticos de alto nivel y es cercano a los Caputo.

Juan Neuss: Amigo íntimo de Cardini desde la secundaria. Es un nexo relevante dentro del círculo de confianza del Gobierno y habría facilitado el ingreso de Cardini a su cargo.

Sergio Mastropietro: Señalado como principal engranaje del circuito de lavado de dinero. Socio del empresario Fred Machado, detenido por narcotráfico.

Luciana Ferrari: No pertenecía a ANDIS, pero tuvo acceso al sistema SIIPFIS con un usuario de un empleado real. La fiscalía considera esa habilitación una prueba del funcionamiento clandestino del esquema.

Los chats: planes, favores y dinero en efectivo

Los peritajes sobre los teléfonos de los imputados —en especial el de Calvete— aportaron elementos que la Justicia considera determinantes.

El “Grupo Museo” y la disputa por la ANDIS

El grupo de WhatsApp, creado en 2022, muestra que Atchabahian impulsaba su regreso al organismo y hablaba de ANDIS como un espacio estratégico. En uno de los mensajes escribió:

“Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos… Después todos a Tenerife”.

Los chats también refieren a Karina Milei, a quien describían como “la que define todo”. Una vez designados Spagnuolo y Garbellini, Atchabahian les impartía instrucciones sobre pagos, personal y proveedores.

El dinero para “el boludo del pelado”

En los intercambios entre Calvete y Spagnuolo aparece la organización de entregas de dinero en efectivo, supuestamente para un viaje a Israel.

Calvete le indicó por audio: “Mandale un fercho y poné algún lugar disimulado, eso que me habías dicho”.

Luego, en un chat con su esposa, pidió “cinco palos” para “el boludo del pelado que viaja a Israel”. Para el fiscal, la operatoria exhibe planificación, opacidad y ocultamiento. Las cámaras registraron a Spagnuolo entrando al domicilio de Calvete con una mochila.

El “3%” y los US$700.000 en San Telmo

Los mensajes entre Ornella y su padre revelan conocimiento de las negociaciones con proveedores. Tras una reunión con ejecutivos de Ortopedia Alemana, Ornella celebró y prometió regalarle a su padre “un tambo o una granja”.

La respuesta de Calvete: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”.

La fiscalía interpreta la expresión “KM” como una mención directa al esquema de comisiones.

El 12 de septiembre, Ornella se alarmó ante un operativo policial cerca de su edificio y mencionó la “mosssca” guardada en su departamento. Preguntó a su padre si podía justificarse con “cash blanco” de INDECOMM.

El 9 de octubre, durante el allanamiento, se incautaron US$700.000 en efectivo.

El monto contrasta con su declaración jurada de 2024: unos $33 millones en bienes, sin dólares declarados.

Una trama que ya trasciende a la ANDIS

La renuncia de Ornella Calvete y la exposición de los vínculos de su pareja, Javier Cardini —funcionario de alto rango y cercano al entorno de Santiago Caputo— agregan una dimensión política a la causa.

La Justicia ahora investiga la trazabilidad del dinero y un posible circuito de lavado donde aparecerían Sergio Mastropietro y la empresa aérea Baires Fly.

El expediente avanza y deja abiertos interrogantes centrales: ¿De quién eran realmente los US$700.000? ¿Qué nivel de conocimiento tenían los funcionarios involucrados? Cómo impactará políticamente la causa en el Gobierno?.

Después de que la semana pasada el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y otras 14 personas vinculadas a la causa fueran llamadas a indagatoria en el marco de la investigación sobre supuestas coimas en esa dependencia, este martes arrancó la ronda de declaraciones con Miguel Ángel Calvete, quien se presentó ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi pero optó por no hacer declaraciones.

El empresario fue concejal de La Matanza por Cambiemos entre 2015 y 2019 y presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos de la República Argentina (FESACH), y está apuntado por la fiscalía por sus vínculos con Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, y de ser un nexo entre el organismo y proveedores, una pieza clave para “garantizar un esquema de corrupción” para beneficiar a diferentes laboratorios.

Además, Calvete está detenido por orden del Tribunal Oral Criminal N° 8, que en junio de 2019 lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena. De acuerdo a la Justicia, el empresario y consulltor cercano a Spagnuolo formó parte entre 2015 y 2016 de “una organización destinada a facilitar la prostitución de mujeres a quienes les asignaban departamentos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires donde les ‘permitían’ vivir y donde ejercían la prostitución a cambio de un rédito económico por sobre los valores de alquiler de mercado y con condiciones contractuales leoninas”.

15 indagatorias y una investigación que atraviesa al corazón del Gobierno de Milei

En su resolución, el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación por la causa ANDIS, consideró: “Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria” a Spagnuolo, Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, agregó Picardi.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios donde supuestamente Spagnuolo aseguraba que había coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados.

Esa situación derivó luego en su salida del cargo y un sinfín de idas y vueltas sobre la veracidad de los audios, difundidos por un medio de comunicación.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tiene cobertura médica.

La defensa de Spagnuolo, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, aseguró en un escrito presentado días atrás que los audios no eran reales y que sospechaba de inteligencia artificial.

La agenda de las indagatorias

A quiénes investiga el fiscal Picardi

La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la ANDIS tiene a 15 personas involucradas, entre exfuncionarios del organismo y representantes del sector privado, señalados por su participación en un supuesto esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y manejo irregular de fondos vinculados a la provisión de medicamentos e insumos de alto costo, que salpica también al corazón del Gobierno tras los audios que mencionan a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Entre los principales implicados se encuentran el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y el ex director de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel Garbellini, a quienes la fiscalía señala como responsables del direccionamiento de compras y del ingreso de terceros ajenos al organismo en decisiones sobre fondos públicos.

Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete enfrentan además el secuestro de todos sus dispositivos electrónicos, mientras que en los domicilios de Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno y Pablo Atchabahian se ordenaron allanamientos para incautar documentación, dinero y elementos tecnológicos vinculados a contrataciones con diversas droguerías.

Junto a ellos, deberán declarar como imputados Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz (novia de Calvete), Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, todos mencionados por su presunta participación en el esquema investigado.

En paralelo, se dispusieron allanamientos en los domicilios de Sebastián Nuner Uner, Sergio Daniel Mastropietro, Julio César Viera, Diego D’Giano, Ornella Calvete, Fernando Jensen, Fernando Daniel Domínguez y en la sede de Baires Fly S.A.

La causa seguirá su curso en los próximos días con la ronda de indagatorias y las medidas de prueba ordenadas, mientras el juzgado y la fiscalía avanzan en determinar el rol de cada uno de los imputados dentro del presunto circuito de irregularidades en la ANDIS.

La lectura obvia y generalizada es que el Gobierno de Javier y Karina Milei recibió un apoyo contundente en las elecciones legislativas del 26 de octubre. El triunfo cobra un plus de valor, no tanto por el porcentaje obtenido, sino por la crítica situación económica y la precariedad política con las que el oficialismo había llegado a las urnas.

Ciertas extralimitaciones interpretativas sugieren que “la gente decidió bancar el ajuste”, “rechaza al peronismo” y “no quiere más populismo”. Como argumentos del Gobierno son esperables en términos de la confrontación con la oposición, pero conllevan riesgos si se los adopta como lecturas genuinas del resultado electoral.

No existe tal acepción como “la gente” ante un escrutinio que tuvo a 41% a favor del ultra, más un par de puntos de formaciones muy afines, contra 35% del peronismo opositor y 4% de la izquierda. El resto se reparte entre propuestas fluctuantes, con Provincias Unidas a la cabeza, que se acomodan al viento, y que resultó la opción más castigada por el votante, máxime si se computa la poderosa pauta publicitaria de los gobernadores que la impulsaron. Hoy los protagonistas de esa “avenida de la moderación” se esmeran para obtener una foto con Diego Santilli. Tal es el tamaño de su degradación. Si el resultado de octubre hubiera sido inverso, ensayarían la forma del desplante.

La ventaja grosso modo de 45% del oficialismo frente a 40% nítidamente opositor abre camino para que el Gobierno explore mayorías legislativas más estables que las que tuvo en 2024 y dejó de tener en 2025. Los gobernadores peronistas acuerdistas de Tucumán y Catamarca dieron por finalizado el período de ficción opositora y se encaminan a consagrar un interbloque de diputados y senadores junto a sus pares de Misiones y Salta, al que quizás sumen a representantes de San Luis y alguna otra provincia. Algo parecido es esperable de las bancadas que responden al cordobesismo y al nonato santafesismo que intentó esbozar el radical Maximiliano Pullaro, frustrado por el pésimo resultado electoral que obtuvo su fuerza hace tres semanas.

No siempre se repiten los escenarios políticos, pero cabe repasar un antecedente ineludible. Buena parte de los acuerdistas de hoy que provienen de provincias pequeñas del peronismo fueron muy kirchneristas hasta 2015, intentaron dar vuelta la página de Cristina y brindaron con Mauricio Macri hasta 2018, fueron los primeros en anotarse en el Frente de Todos con Alberto Fernández en 2019, pidieron el voto a Sergio Massa en 2023 y demoraron apenas semanas en acercarse a Milei en 2024, pese a que el ultra los despreció como “ratas” y “extorsionadores”.

Los gobernadores peronistas acuerdistas de Tucumán y Catamarca dieron por finalizado el período de ficción opositora y se encaminan a consagrar un interbloque de diputados y senadores junto a sus pares de Misiones y Salta

El cuadro invita a estimar cuánto durará el gesto de autonomía que hoy exhiben, por ejemplo, el tucumano Osvaldo Jaldo o el catamarqueño Raúl Jalil. Esta semana, durante un encuentro de fin de año, una legisladora de las que participarán del interbloque peronista-acuerdista en ciernes no pudo contener la risa al mencionar las migajas que concede la Casa Rosada a su gobernador para garantizarse el apoyo. No obstante, la legisladora dará el paso.

Si no hay nada demasiado nuevo bajo el sol sobre el comportamiento del centrão argentino —importación de un término de la política brasileña, en cuyo Congreso tiene mucho mayor volumen y tradición—, una cuestión más relevante sugiere medir en su justo término la victoria electoral de los hermanos ultras.

Son los salarios...

Los datos del salario marcan que, en el decreciente segmento de los trabajadores formales del sector privado, el nivel se ubica en los valores de noviembre de 2023, que de por sí eran bajos tras el mal año final del Gobierno de los Fernández.

Una invariante de las promesas de derecha que llegan para “sincerar la economía”, constatado con los años de Macri y ahora con los de Milei: cuestionan el poco dinamismo del mercado laboral argentino, pero el primer efecto de sus políticas es que se pierden decenas de miles de empleos de calidad. Con Cambiemos, ese descenso fue de 220.000 puestos de asalariados formales en el sector privado, y con Milei alcanza los 130.000.

Los ingresos de los empleados públicos son 15% inferiores a los de dos años atrás y la cantidad de empleos destruidos en el Estado se acerca a 60.000. La narrativa oficialista que reproducen las pantallas de Clarín y La Nación indica que se trataba de ñoquis y choriplaneros; la realidad muestra que el país —más allá del reemplazo de los acomodados de un color por otro— pierde educadores, científicos, técnicos, sociólogos y artistas, por obra de “un topo” poco instruido que “ama destruir el Estado desde adentro”.

La estadística oficial reporta un progreso llamativo en los ingresos de los trabajadores informales. Otro clásico de las reformas promercado, “para que seamos un país normal como Paraguay y Perú”, es que el empleo precario pega un salto, es decir, se flexibiliza de hecho, sin necesidad de modificar la legislación laboral. Si el INDEC es fiel a lo que sucede, por alguna razón compleja, los empleadores de trabajadores no registrados, sin papeles, urgidos por el pluriempleo y en un contexto recesivo, decidieron aumentarles el salario. O bien, como señalan especialistas como Agustín Salvia (UCA), cambió la forma en que el INDEC recaba datos en la Encuesta Permanente de Hogares, y ello repercute en un alza meramente metodológica a la hora de comparar.

La realidad muestra que el país pierde educadores, científicos, técnicos, sociólogos y artistas, por obra de 'un topo' poco instruido que 'ama destruir el Estado desde adentro'

Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA-Autónoma, explicó en X dos tendencias centrales de los datos de empleo. El deterioro en los ingresos parece haber llegado para quedarse, porque la línea de tiempo marca una estabilidad en todos los segmentos, incluidos los reportados como de mejor comportamiento. En cuanto a los puestos de trabajo, con un descenso de 223.796 con respecto a noviembre de 2023, las caídas se dan en los sectores público y privado, y casas particulares, contra un aumento del monotributo. Entre los grandes sectores privados, el que más cae es la industria.

El modelo

El tan mentado modelo peruano fue explicado días atrás por uno de sus hacedores, el exministro de producción y exjefe de investigación de mercados emergentes de Barclays Capital y exjefe de estrategia de deuda externa para mercados emergentes del Deustche Bank, Piero Ghezzi. Se sabe que Perú es uno de los países de Sudamérica con las instituciones más inestables, matanzas periódicas en el contexto de protestas sociales y escándalos de corrupción en continuado, pero consagró una conducción económica que transcurre al margen de los vaivenes políticos. Ghezzi es uno de los nombres de esa conducción y La Nación lo entrevistó días atrás.

La primera pregunta fue sobre el mercado laboral. La respuesta no tiene desperdicio.

“En el Perú, el porcentaje de empleo informal es aproximadamente del 70 por ciento. No es que ese número no haya mejorado: hace diez, quince o veinte años, en 2007, según las cifras confiables más antiguas que tenemos, el empleo informal era más o menos del 80 por ciento. Obviamente que 70 o 72 por ciento de empleo informal es inaceptable en cualquier economía. Ésa es la realidad peruana”.

Es decir, a este ritmo —baja de diez puntos porcentuales de la informalidad cada veinte años—, Perú, que lidera desde principios de siglo la estadística de crecimiento en el continente, necesita seis décadas de “progreso” para alcanzar un porcentaje de empleo informal de 40%, que es el que tiene Argentina.

“¿Y el nivel de desempleo?”, consultó la colega Luciana Vázquez.

Respondió Ghezzi:

“El número de desempleo es algo que nadie tiene en cuenta en Perú. Al no haber beneficios laborales al desempleo ni seguro de desempleo, es más o menos irrelevante”.

Más adelante, el especialista explicó que como la economía peruana genera empleos de baja calidad y empuja a una informalidad inconmovible de pequeños comercios, mientras un pilar de su crecimiento está basado en la minería, en la que “la demanda por mano de obra es relativamente baja, pero tiene las ventajas de generación de decenas de miles de millones de dólares de exportaciones”, el país no muestra ninguna capacidad de absorber recursos humanos mejor capacitados. Es decir, aunque Perú registre progresos en las evaluaciones internacionales de su sistema educativo, los jóvenes que emergen de las escuelas no tienen otro destino que realizar tareas que podrían ejercer si no hubieran pasado por las aulas.

Aunque el economista peruano no parece describir los problemas mencionados como si fueran estructurales —por el contrario, está explicando un caso de “éxito”—, su relato da cuenta de una economía fallida. Perú crece a tasas chinas desde hace décadas, pero la mejora en los ingresos y los trabajos de los hogares es apenas perceptible, tramas delictivas dominan parte del territorio ante la ausencia del Estado —que pesa en menos de 20% del PBI, otro anhelo de Milei—, los conflictos sociales se resuelven con represión ilegal y nadie mide la desocupación porque no tiene sentido. Si el cuadro de Perú es fallido, en Argentina, incluso para su baja autoestima de hoy, sería una tragedia social.

La admiración por Perú tiene lógica ante la naturaleza intelectual y profesional de los equipos liderados por Federico Sturzenegger y Luis Caputo. El país vecino tiene bajo riesgo país, no enfrenta problemas de financiamiento, canaliza inversiones muy relevantes para una economía de su tamaño, centradas en la minería y la pesca, y tiene baja inflación. Su Banco Central es lo que los economistas ortodoxos consideran “independiente”.

Si el cuadro de Perú es fallido, en Argentina, incluso para su baja autoestima de hoy, sería una tragedia

No hace falta denigrar a Milei como lo hizo el humorista estadounidense Jon Stewart en el popular “The Daily Show” (“parece un duende que masturba elefantes”) para darse cuenta de que el álbum de fotos que consigue el mandatario argentino con su par estadounidense, su voz ahogada en el momento en que lo saluda producto de la emoción —la descompostura también cabe ante Rafael Nadal o El Tronquito, corresponde reconocer—, y los tuits de Scott Bessent tienen un valor muy relativo, incluso para aquellos que piensen que esa parafernalia es positiva.

Argentina necesita crecer, ganar competitividad y productividad, recuperar su mercado laboral y dejar de depender de salvatajes sistemáticos como los que consigue Caputo cada cuatro meses, que se amontonan en el renglón de la deuda externa y dejan al país en el punto de partida.

Esa vuelta es la que el mejor presidente de la historia de la humanidad, “el coloso” y “el gigante” no encontraron pasada la mitad de la gestión de Gobierno, pese al apoyo infinito del eje EE.UU.-FMI, el barullo de las pantallas de medios cooptados y el Congreso que vuelve a estar ávido de “darle las herramientas al Presidente”.

Tanto poder y, sin embargo, la suerte del Gobierno de Milei parece estar atada a que las inconductas de Trump con su amigo Jeffrey Epstein no pasen a mayores y a que las batallas arancelarias y las redadas antiinmigrantes no le cobren al republicano un precio altísimo en las elecciones de medio término del año próximo.

Expedientes que laten

Tras las elecciones de octubre, la conducción política del Ejecutivo quedó ratificada en un pilar de los apellidos Milei y Menem en el plano político, y otro de Caputo y el staff surgido del JP Morgan en el económico. Ese es el sistema de poder que toma las decisiones en el Estado argentino. No abundan las lecturas, ni consumos culturales, ni experiencias militantes, ni caminatas por calles del barrios populares. Sobran, en cambio, atardeceres en barrios privados.

Hay tres expedientes que hablan.

Los allanamientos y citaciones a indagatorias dispuestos el viernes por el juez federal Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi en el expediente de las supuestas coimas orquestadas por Diego Spagnuolo en la Agencia Nacional de Discapacidad alumbran una trama delictiva voraz que apenas se empezó a descubrir. Según confesó Spagnuolo, a la cabeza de todo ello estaban Karina Milei y los Menem. Si el curso de la investigación mantiene el rigor expuesto en las decisiones del juez y el fiscal, dilucidar esa versión será cuestión de tiempo.

El martes próximo, la comisión parlamentaria que investigó la estafa $LIBRA dará su informe final. Allí estarán descriptos trazos sobre giros de dinero, cajas fuertes vaciadas, conexiones con la Casa Rosada, extorsiones y probables destinatarios finales. Por caso, quedó acreditado que Hayden Davis, el pelirrojo que se vanagloriaba de manejar a Karina y Javier Milei con un joystick, realizó una transferencia por US$500.000 en el mismo momento en que se encontraba reunido con el Presidente en Casa Rosada.

En Argentina, el juez a cargo del expediente es Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal, que instruye la investigación, es Eduardo Taiano. Es decir, la garantía de que el expediente no producirá ningún efecto relevante se acerca al 100%, pero hay una investigación paralela en el Distrito Sur de Nueva York, que los prestidigitadores de Comodoro Py no dominan.

Hayden Davis, el pelirrojo que se vanagloriaba de manejar a Karina y Javier Milei con un joystick, realizó una transferencia por US$500.000 en el mismo momento en que se encontraba reunido con el ultraderechista en Casa Rosada

El tercer caso latente es la investigación sobre José Luis Espert y Federico “Fred” Machado. Tramita en un juzgado federal de San Isidro y se encuentra en plena instrucción.

Espert, que eligió como abogados a Alejandro Freeland y Santiago Kent, acaba de pedir la nulidad del expediente. Sus letrados se caracterizan por irrumpir en los casos a los codazos. Así lo hicieron dos meses atrás, cuando representaron a la Droguería Suizo Argentina, de los Kovalivker, supuestos cómplices de los Menem y Karina Milei en las coimas del 3%. Freeland y Kent dejaron esa defensa cuando comenzaron a trabajar para Espert.

El caso Machado describe la forma en que un economista montó una candidatura presidencial con el fin de hacer negocios y, en ese camino, encontró el financiamiento de un empresario sospechado en EE.UU. de ser narcotraficante y haber cometido un fraude por centenares de millones de dólares. Espert se asomó a la política de la mano un colega llamado Javier Milei. Entre acercamientos y distanciamientos, ambos se cruzaron acusaciones gravísimas de corrupción. Mientras la suerte de Machado será decidida en cuestión de días o semanas por fiscales de Texas, con quienes el argentino intentará negociar una pena, el registro contable del fideicomiso que alumbró el caso sigue aportando montos de dinero y destinatarios.

¿Qué pasará con esos expedientes?

Uno de los integrantes de la comisión parlamentaria sobre $LIBRA se sinceró sobre los efectos que tendrá el informe a ser presentado el martes. “Por ahora no va a pasar nada, ningún juez o fiscal va a tomar una decisión, pero guardarán la información en el cajón. Cuando cambien los tiempos políticos, van todos en cana”.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El empresario del negocio de la aviación Sergio Mastropietro fue apuntado por el fiscal federal Franco Picardi como uno de los presuntos receptores de fondos originados en las coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), según fuentes con acceso al expediente que tramita en Comodoro Py.

El trazo de Mastropietro en el caso surgido de las confesiones de Diego Spagnuolo —un examigo íntimo de Javier Milei— asoma a partir de giros de cientos de millones de pesos a las empresas Baires Fly y Baires Jet, acordados con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, a quien Picardi considera una pieza clave en las coimas bajo investigación.

El juez en lo criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires Sebastián Casanello, a cargo de la causa Andis, ordenó el allanamiento de todos los domicilios personales y empresariales de Mastropietro. Su papel en la trama —según las fuentes citadas— sería relevante y su situación procesal podría complicarse en un futuro cercano.

El nombre de Mastropietro en el expediente dispara una conexión sorpresiva. Se trata de la persona a la que Federico Machado le pidió que lo contactara con José Luis Espert en febrero de 2019. En ese entonces, Machado —hoy detenido en Texas— dijo ser admirador del economista que preparaba la candidatura presidencial, y le solicitó a su colega del negocio de los aviones que oficiara de intermediario. Mastropietro apeló a un conocido con recorrido en el mundo de la política y el periodismo, Pablo Deluca, director de relaciones institucionales de Infobae, y los cuatro más un asesor de Espert participaron de un primer encuentro en el Golf Club de San Isidro.

Allí nacería la relación entre Machado y el economista de ultraderecha, incipiente postulante entonces por el Frente Despertar. Con el tiempo, Machado, dueño de la firma South Aviation y de un emprendimiento minero en Guatemala, sería imputado por fiscales federales de Texas como una engranaje central de una organización de narcotráfico y un fraude masivo, que alcanzaría cientos de millones de dólares. Entre julio y septiembre pasado, elDiarioAR revelaría detalles sobre el financiamiento de Machado a la campaña de Espert y la transferencia al economista de US$200.000 en enero de 2020, corroborando una relación económica que “El Profe”, muy cercano a Milei, había negado persistentemente.

Mastropietro es descripto en el pedido de indagatorias, detenciones y allanamientos formulado por Picardi como quien recibió fondos de algunas de las empresas que orquestaban licitaciones ficticias para apropiarse de dinero destinado a pacientes discapacitados, sin cobertura de salud o con enfermedades raras o graves.

Su rol, de acuerdo a la acusación, habría sido el de facilitar el lavado de dinero de las coimas a través de su empresa Baires Fly, que facturó a firmas de medicamentos e insumos la “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”, una leyenda muy laxa, de improbable control.

El juez Casanello dispuso el allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro y de sus empresas Baires Fly y Baires Jets.

En el pedido de quince indagatorias, varios allanamientos y la detención de Spagnuolo y otras cinco personas, Picardi detalló que las empresas Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA, y Floresta SA se asociaron a funcionarios y lobistas para orquestar falsas licitaciones bajo la órbita de Andis, apropiándose así de cuantiosos retornos y sobreprecios.

Casanello hizo lugar a los allanamientos y las indagatorias, y ordenó la detención de Pablo Atchabahian, un médico urólogo que sería uno de los cabecillas del grupo. Se trata de un histórico del PRO que cumplió funciones en la municipalidad de Pilar, el Gobierno de María Eugenia Vidal y el Ejecutivo de Mauricio Macri. El juez también ordenó allanar Roche, uno de los principales laboratorios globales, donde se desempeñó Atchabahian en los últimos años.

La línea que llega hasta Mastropietro conduce a Miguel Ángel Calvete. Este exjefe de la cámara de supermercados chinos y exconcejal de La Matanza por Cambiemos habría actuado como articulador de las coimas, y mantuvo una relación de mucha complicidad con Mastropietro, a quien mencionaba como “Serginho”.

El expediente constata varios registros de mails y mensajes de texto y de audio en los que Calvete ordena transferencias a las empresas del dueño de Baires Fly, así como conversaciones en las que ambos acuerdan pagos en dólares billete.

Los giros a las empresas de Mastropietro son por varios cientos de millones de pesos. A su vez, Lorena di Giorno, una funcionaria de Andis que en los hechos actuaba como una empleada de Calvete, conformó la sociedad Megastática SA junto a Mastropietro en 2018.

Acompañados de sus respectivas parejas, Calvete y Mastropietro visitaron a Spagnuolo en el barrio cerrado Altos de Campo Grande, de Pilar, el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025.

Una fuente próxima a Mastropietro indicó que esos encuentros en Pilar fueron meramente sociales, porque la pareja del empresario y la de Spagnuolo eran brasileñas. A su vez, el dueño de Baires Fly admite haber realizado vuelos para laboratorios y empresas medicinales, como muchas de otros rubros, pero niega haber tenido contacto de ningún tipo con Andis.

Mastropietro estaba en el exterior cuando sus domicilios fueron allanados esta semana. Anoche aterrizó en Buenos Aires proveniente de Estados Unidos en un vuelo privado.

A partir de intercambios de whatsapp y anotaciones incautadas entre las pertenencias de Calvete, Picardi tuvo indicios para deducir que en los encuentros personales en Pilar o en un domicilio en San Telmo, el presunto vértice de las coimas le entregaba sumas de dinero a Spagnuolo.

El caso salió a la luz a fines de agosto pasado cuando el sitio Data Clave publicó un audio de Spagnuolo en el que reclamaba airadamente que Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem demandaban coimas mensuales por unos US$800.000 por mes para garantizar los contratos con Andis.

En la versión de Spagnuolo, la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, cumplía la función de recaudadora entre sus pares para entregarle los sobornos a Karina. La hermana del Presidente se llevaría 3% de la facturación con los laboratorios a título personal, se lo escucha decir al exdirectivo de Andis.

En un giro con respecto a su estrategia inicial, Spagnuolo sostuvo días atrás que los registros no eran reales y habían sido fraguados con inteligencia artificial. El cambio de versión se dio a partir de que el abogado mediático Mauricio D'alessandro asumió la defensa, después de la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

El juzgado y la fiscalía, no obstante, basaron la investigación en pruebas documentales, estados contables y mensajes telefónicos, según las fuentes con acceso al expediente antes citadas. Los audios difundidos por Data Clave y el streaming Carnaval fueron mencionados en la denuncia inicial que presentó un particular, pero el caso no se construyó sobre ese contenido.

Funcionarios provenientes de gobiernos de Cambiemos, como Daniel Garbellini —que también será indagado—, habrían sido asignados a puestos claves en Andis bajo la órbita de Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una vez que comenzó el mandato de Milei, como forma de garantizar el circuito de las coimas.

Los Milei y los Menem calificaron la denuncia como una operación en su contra.

Familia

El vínculo de Spagnuolo con Espert se remonta al menos a 2018, cuando grupos de las ultraderechas liberal y conservadora comenzaron a articular proyectos alternativos al Gobierno de Macri. Antes de convertirse en una de las personas más próximas a Milei, Spagnuolo consideraba que Espert y su esposa, Mercedes González, eran como su familia, tal como se encargó de exponer en redes sociales. Con el tiempo, “McBain” —el apodo que le asignaban— se alejó de Espert y se acercó a Milei.

Mastropietro conocía a “Fred” Machado como colega y socio en el mercado de la aviación. La relación incluyó viajes juntos desde Estados Unidos a Argentina en algunas de sus naves.

A su vez, el apellido del dueño de Baires Fly figura en la contabilidad del fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation que se ubicó en el foco de la investigación en un tribunal de Texas. Esa empresa fue un vehículo para transacciones de compra, venta, alquiler y reparación de aviones, pero también para lavado de dinero del narcotráfico, fraudes y otros delitos, según la acusación en Estados Unidos. Por ejemplo, el giro de Machado a Espert por US$ 200.000 está inscripto como una operación del fideicomiso, que fue computada por el Bank of America.

Mastropietro es hallable en dos transacciones asociadas a South Aviation, la firma de Machado. Una por US$200.000 y otra por US$628.537, en mayo y agosto de 2015, respectivamente. Dado que se trata de un comercializador de aviones, pudieron haber sido operaciones legítimas.

Este empresario también fue presidente de Avian, la filial de Avianca que compró la firma MacAir a la familia Macri en marzo de 2016, primer año de mandato del líder del PRO.

Esa aerolínea de origen colombiano aspiraba a desarrollarse en el mercado argentino, pero enfrentó varios problemas en su país de origen y a la vez quedó afectada por la recesión local, por lo que el intento fracasó.

En la vicepresidencia de Avian fue designado Carlos Colugna, histórico directivo de MacAir. Esa continuidad alimentó la especulación de que, en realidad, los Macri nunca se habían desprendido de la firma.

Poco después de la compra de MacAir por parte de Avian, el fideicomiso de Machado registra varias operaciones que suman US$11,6 millones y aparecen referenciadas a los aviones presidenciales Tango 01 y Tango 04, que estaban en desuso.

Funcionarios del Gobierno de Cambiemos desconocen por qué se anotó esa mención a las naves de Presidencia en el fideicomiso de Machado.

Hasta ahora, los tribunales argentinos no investigaron esa pista.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La Justicia federal profundizó la investigación por presuntos sobornos y maniobras de direccionamiento de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y llamó a indagatoria al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otras 14 personas. Se trata de un caso que, según fuentes del expediente, expone un esquema sostenido de corrupción, sobreprecios y manipulación del sistema de compras públicas entre 2023 y 2025.

El fiscal federal Franco Picardi consideró que existen elementos suficientes para convocar a Spagnuolo a declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestos pagos ilegales a funcionarios y operadores vinculados a proveedores del organismo. “Considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 para hacer lugar al pedido del acusador público”, sostuvo el dictamen citado por Noticias Argentinas.

Un mecanismo para direccionar compulsas y beneficiar a droguerías

La investigación se aceleró luego de que, este viernes, se levantara el secreto de sumario en la causa. Los peritajes permitieron recuperar comunicaciones eliminadas, registros de video e imágenes que, según fuentes judiciales, constituyen “indicios contundentes” de sobornos. Entre ellas, una cámara registró a Spagnuolo saliendo de la casa del operador de laboratorios Miguel Ángel Calvete, señalado como pieza central de la estructura ilícita.

Según el dictamen fiscal, se comprobó la manipulación del mecanismo de compulsa de precios para reducir artificialmente la competencia e invitar siempre a un conjunto predeterminado de proveedores. En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

Conversaciones, pedidos de dinero y una estructura paralela

Uno de los elementos más comprometedores es un conjunto de audios entre Calvete y Spagnuolo. En ellos, el operador le indica al entonces titular de ANDIS dónde y cómo recibir una suma de dinero que -según el expediente- alcanzaba los $5 millones. En paralelo, quedó registrado que Calvete le pidió a su pareja, Guadalupe Muñoz, “cinco palos” en efectivo “para el boludo del pelado que viaja a Israel”.

La acusación describe una estructura compleja, integrada por funcionarios, exfuncionarios y operadores externos que utilizaban de manera indebida el sistema informático SIIPFIS para otorgar adjudicaciones a determinadas empresas. Pablo Atchabahian —ex director de ANDIS y único detenido hasta el momento— habría puesto su conocimiento del organismo al servicio de las maniobras, ordenando qué pagos frenar y a qué proveedores incorporar. Tenía vínculos directos con la droguería Génesis S.A. y el laboratorio Roche.

Daniel María Garbellini, otro de los indagados, funcionaba como nexo entre la estructura interna y la externa, permitiendo el acceso de operadores no designados a información sensible. Entre ellos estaba Luciana Ferrari, empleada de Roche S.A.Q.E.I., quien gestionaba “tickets” y obtenía datos anticipados sobre las compulsas.

La red se completaba con funcionarios como Roger Edgar Grant —ejecutor de contrataciones PACBI—, Eduardo Nelio González, y Lorena Di Giorno, todos señalados por participar en decisiones y movimientos de dinero. La logística financiera, según el expediente, incluía manejo de efectivo, cheques y articulación con servicios de aviación privada a través de Sergio Mastropietro y Alan Pocoví (Baires Fly S.A.).

Un “centro de operaciones ilícitas”, según la fiscalía

Para Picardi, la evidencia demuestra que ANDIS funcionó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 como “un centro de operaciones de diversas actividades ilícitas”, cuyo objetivo era obtener “amplias sumas de dinero de manera indebida” mediante el direccionamiento de licitaciones y adjudicaciones de medicamentos críticos para personas con discapacidad.

Con la indagatoria de Spagnuolo y otros catorce imputados, la causa entra en una etapa clave. La Justicia deberá ahora evaluar si dicta nuevas detenciones y si amplía las imputaciones en función de las pruebas económicas y digitales reunidas.

Con información de la agencia NA y fuentes del expediente

La Cámara Federal porteña intervendrá por primera vez este jueves en la causa ANDIS que investiga el supuesto pago de sobornos por parte de droguerías para la compra de medicamentos en el área de discapacidad, en una audiencia que se llevará a cabo para revisar los planteos de nulidad del caso. Después de una reprogramación la semana última, la audiencia tendrá lugar el 6 de noviembre (en principio iba a ser este martes, pero fue postergada por 48 horas) a las 10.30 en Comodoro Py.

Los recursos que había presentado la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, fueron rechazados por el juez federal Sebastián Casanello, por lo que el expediente llegará en apelación a la Sala II del Tribunal de Apelaciones, integrada por los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah.

A los planteos de invalidez del caso se sumó el también investigado ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo.

El Tribunal debe decidir si confirma el rechazo a la nulidad, con lo cual la pesquisa que está bajo secreto de sumario seguirá su curso.

El 9 de octubre pasado el fiscal federal Franco Picardi había pedido realizar 25 allanamientos simultáneos en droguerías y domicilios particulares porque se habrían determinado graves irregularidades y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo por parte de la ANDIS.

Casanello rechazó los pedidos de nulidad presentados por los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker en sintonía con la negativa del fiscal Picardi, quien sostuvo que fueron “errados” y “contradictorios” y tuvieron como fin “entorpecer una pesquisa incipiente”.

Ante la Cámara, esa postura deberá ser respaldada por la fiscalía en la instancia de apelación.

El planteo de nulidad se basa en que el caso se abrió por los audios de Spagnuolo, que habrían sido obtenidos de manera ilegal.

En esas grabaciones el ex funcionario mencionaba a la droguería Suizo Argentina como parte del esquema de pago de sobornos y se aludía también a la hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

El abogado de los Kovalivker, Martín Magram, reclama la nulidad absoluta de la causa penal porque se inició en base a grabaciones “adulteradas, obtenidas de forma ilícita o incluso creadas por inteligencia artificial”.

El kirchnerismo fracasó este miércoles en su intento por concretar la interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en ese organismo.

La bancada mayoritaria del Senado debió conformarse con una citación sin fecha para el ministro de Salud, Mario Lugones, que recién podría recalar en el recinto en la sesión que seguirá a la de este jueves, según aclara el dictamen.

De esta manera, Lugones deberá rendir cuentas por las pensiones no contributivas por invalidez en ANDIS; sobre la situación en Hospital Garrahan y sobre el uso del fentanilo contaminado, un tema de crucial importancia en Argentina pero que quedó relegado por en la vertiginosa agenda.

Una curiosidad sobre la operación para concretar las firmas de los dictámenes que buscaban sentar a la hermana del presidente Javier Milei en la Cámara alta fue la ausencia de senadores que impulsaron algunas de esas citaciones durante semanas.

Un elemento positivo para la Casa Rosada fueron los guiños recibidos por parte de aliados provinciales que integran la Comisión de Economía Nacional e Inversión, que preside Pablo Blanco, para vaciar ese organismo: al ausentarse, contribuyeron a la falta de quórum de la reunión plenaria, lo que favoreció a Karina Milei.

Entre ellos resaltaron los nombres de los radicales Mariana Juri (Mendoza), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Eduardo Galaretto (Santa Fe), además de Martín Goerling (Misiones) y Andrea Cristina (Chubut), por el PRO.

Quien encabezó la serie de plenarios fue la senadora y titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Alejandra Vigo.

Tanto Vigo como Blanco, y también la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri, coincidieron en que la convocatoria a Lugones se realice fuera del período electoral, que concluirá el 26 de este mes con las elecciones legislativas nacionales.

Con información de la agencia NA

Javier Milei se aproxima a dos años de mandato y ya se encuentra sometido a contradicciones probablemente insalvables para el destino de su Gobierno. Ni siquiera un resultado electoral aceptable en octubre subsanaría el descrédito político y personal en que cayó el Presidente, ni el abismo largamente anunciado al que se precipitó la economía. En la hipótesis opuesta —un derrumbe en las urnas de magnitud similar al ocurrido en la provincia de Buenos Aires hace dos semanas—, el loteo del poder entre los Milei, los Caputo y los Menem se convertirá en una amenaza a la estabilidad del Gobierno.

Las contradicciones son flagrantes. Milei pasó de vociferar que sacó a doce millones de argentinos de la pobreza, que extinguió la inflación del 17.000% a 10% anual, que Argentina crecía a tasas de 10% y un sinfín de cifras disparatadas, a visitar el discurso épico —a lo Macri— de “lo peor ya pasó” y “el sacrificio vale la pena”. ¿En qué quedamos? ¿Fiesta de crecimiento, riqueza y baja inflación, o travesía bíblica por el desierto rumbo a la tierra prometida, o el caballo que se ahoga en medio del río, como se le lenguó la traba a Patricia Bullrich esta semana?

El Presidente dedicó su primer año y medio en la Casa Rosada a gritar alusiones al ano violentado de sus opositores, críticos y disidentes. Obsesionado con la penetración, no ahorró expresiones inaceptables para la vida civilizada. De buenas a primeras, Milei nos cuenta que está siendo objeto de una ofensiva como la que —en la fantasía de la incombustible derecha argentina—volteó en 2001 a Fernando de la Rúa, el más débil de los mandatarios desde 1983. ¿Un sádico rey de la selva o un Bambi en babia a merced por los poderosos?

El Milei contra Milei más lesivo quedó expuesto en las últimas horas. El mandatario suele decir que fue electo con un único mandato: derrotar la inflación. No es cierto; prometió muchas cosas, como destino de grandeza, no robar y un ajuste restringido a la casta, pero, sin dudas, calmar la carrera de precios tiene un valor primordial en la vida de los hogares.

El riesgo país volvió a ser uno de los más altos de América Latina y el dólar se fue a las nubes. Semanas, días atrás, “el coloso” Federico Sturzenegger, “el gigante” Luis Caputo y sus equipos y voceros aventuraban todo lo contrario, una apreciación del peso. El Banco Central pierde cifras millonarias de reservas similares a aquellas que protagonizaron ambos responsables de Economía durante el gobierno de Mauricio Macri, en 2018. Así las cosas, el traslado a precios de la devaluación luce inexorable, pero el Gobierno ha demostrado algún éxito en contener esa variable, con un remedio que es peor que la enfermedad: estancamiento rumbo a otra recesión y un Banco Central vacío tras sobreapreciar al peso.

La explicación que repiten Milei y sus segmentos televisivos en Clarín, La Nación y América es que la inestabilidad se debe al “riesgo kuka”. Ocurre que Milei anunciaba en julio que iba a enterrar al kirchnerismo para siempre, “hacerlo mierda”, “poner el último clavo en el cajón” y “pintar el país de violeta”. No eran excitaciones de campaña. Lo mismo fue expresado en infinidad de análisis de consultores, bancos y periodistas. El Soez vuelve a tomar carrera. “Están cagados”, reiteró en un acto en Córdoba el viernes por la tarde. Al calor de encuestas que le acercaron, retomó la violencia discursiva que había dejado descansar un par de semanas.

Si Milei no sirve para doblegar cualquier variante de lo que el establishment llama “populismo” —porque no sabe, no puede o no quiere—, ¿vale la pena sostenerlo?

Ahora resulta que el “riesgo kuka” cobra tal volumen que lleva a los inversores a huir de Argentina ante el temor que inspira una líder en prisión domiciliaria y popularidad acotada, quien a su vez se empeña junto a su hijo en obturar cualquier posibilidad de renovación.

Duda legítima

El sistema de poder, que alberga en su seno ganadores, pero también perdedores ante el desbande, tiene una pregunta legítima para formularse: si Milei no sirve para doblegar cualquier variante de lo que el establishment llama “populismo” —porque no sabe, no puede o no quiere— , ¿vale la pena sostenerlo?

Tan o más descorazonadora que la deriva del Gobierno de La Libertad Avanza es la lúgubre perspectiva que ofrece para reconducir la situación con el restringido elenco que rodea el despacho presidencial.

Habla una voz de larga experiencia, con acceso fluido al planeta Milei. “El armado de Karina, Lule (Menem) y (Sebastián) Pareja es cuestionable, con saldos descartados por otros partidos, ok. Ves a este pibe y tan malo no es”.

“Este pibe” es Santiago Caputo. La fuente atribuye méritos al asesor en la elaboración de un discurso proselitista, pero pone el acento en su “inconsistencia” para pensar la política y hacer funcionar al Gobierno. Apunta a Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que responde a Caputo y tiene a Daniel Parisini (Gordo Dan) como francotirador principal en las redes y a Agustín Romo y Nahuel Sotelo como armadores. “Hace dos años, en medio del quilombo, eran vistos como irreverentes, canalizaban la furia. Hoy son forajidos que asustan. Meterle miedo a un discapacitado es lo peor que nos puede pasar si vamos a decir que el sacrificio vale la pena”.

El experimentado dirigente impugna a las huestes de Caputo por falta de conexión con la política real y su lógica de decisiones. “¿A alguien le interesa la agenda chiquitita de Romo y Sotelo, antiabortista, con iconografía de Alemania en 1940 y discurso setentista estilo Proceso? Ni Victoria Villarruel va por ahí”. En el mismo combo incluye al pensador Agustín Laje, eslabón suelto y exitoso cuentapropista al mando de la Fundación Faro. “Entre proponer la derogación de la ley del aborto y salir a ‘cazar zurdos’, y el rejunte de Lule, prefiero el rejunte de Lule. Tampoco es que teníamos un semillero surgido del Mayo Francés”, concluye la fuente, pese a todo, todavía convencida de que Milei tiene cuerda para rato.

Así como la ruta del dinero descripta por Diego Spagnuolo, con los Menem como presuntos recaudadores, es inescindible de Karina y, por ende, de Milei, el plan b, que sería restituir la botonera a Santiago Caputo, no ofrece motivos para el entusiasmo. El asesor presidencial no sólo no oculta, sino que gusta exponer su dominio de la Secretaría de Inteligencia, ARCA (ex AFIP) y la principal pauta estatal, YPF. Son sus fierros. La pregunta subyacente es si esos fierros hoy sirven para para reconducir un Gobierno en crisis, o sólo para administrar poder, negocios e internas.

El asesor presidencial no sólo no oculta, sino que gusta exponer su dominio de la Secretaría de Inteligencia, ARCA (ex AFIP) y la principal pauta estatal, YPF. Son sus fierros

Levantado el secreto de sumario del caso Spagnuolo, el eje Menem-Karina creyó tomar aire. Allí evalúan que los audios son cuestionables como prueba y los dichos ratificatorios del exasesor Fernando Cerimedo y un panelista de Fantino sobre un esquema de sobornos no cobrarán vuelo. De esa mirada se desprende un giro de Milei, que navegó sin brújula desde que se desató el escándalo. En su fallida visita a Lomas de Zamora, durante la campaña bonaerense, gritó que el contenido de los audios era mentira y que demandaría a su exíntimo amigo. No sólo no lo hizo, sino que el viernes, en Córdoba, ensayó que los registros eran obra de inteligencia artificial. Las contradicciones no cesan y abarcan todos los ámbitos.

Los Hermanos no deberían precipitarse a dar un carpetazo a la lacerante versión del 3% diseminada por Spagnuolo, quien se sentó a la mesa presidencial en Olivos más que ningún otro oyente de ópera y bodrios económicos.

Primero, porque la investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi busca apoyarse en registros contables, adjudicación de contratos y sobreprecios. Se trata de documentos y emails antes que diálogos alojados en celulares, que fueron masivamente borrados por Spagnuolo y los Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina y presuntos pagadores y canalizadores de las coimas. Segundo, porque los audios no se agotan en lo ya difundido. Hay más. Y tercero, porque el juez Sebastián Casanello y Picardi tienen todo un campo por recorrer en cuanto a testimonios, entre ellos, el de Sandra Pettovello.

La ministra de Capital Humano fue mencionada por Cerimedo como una de las primeras destinatarias de las confesiones de Spagnuolo, supuestamente frustrado porque otros robaban de la Agencia de Discapacidad y no le dejaban nada. Una versión indica que el examigo de Milei, atribulado, le dijo a Pettovello que el eje Menem-Karina se llevaba unos US$800.000 por mes, y que la respuesta de la funcionaria fue “te equivocás, son dos millones”.

En Capital Humano responden que no hay nada por declarar al respecto. Probablemente, a Pettovello no le quede otra que hacerlo en el expediente como imputada, como mínimo, por no denunciar un presunto delito contra la administración púbica.

Milei no parece tener ni el margen ni la decisión de resolver la interna que se presentó en su administración. Enroca nombres, proliferan las operaciones periodísticas, otorga títulos de “jefatura de campaña”. Corren a un Menem, reempoderan a otro, coordina Santiago, arenga Karina, asoma Pilar Ramírez, y los candidatos, con José Luis Espert a la cabeza, dan poco y nada de sí. Todo parece reducido a una mesa demasiado chica, la misma de siempre.

El vicio

El destino electoral, político y hasta judicial estará inexorablemente implicado por lo que pase con la economía.

Milei y Caputo lanzaron a rodar la versión de que llegará un inminente respaldo del Tesoro estadounidense, porque los US$14.000 millones ya entregados por el FMI entre abril y julio, que se suman a los US$44.000 millones de 2018, corren similar riesgo de dilapidación para sostener un tipo de cambio que ya se agotó. En tres días, el Banco Central liquidó USD1.110 millones. La proyección para las próximas semanas da pavor.

Hay motivos técnicos, económicos y legales para suponer que un respaldo del Tesoro estadounidense, vía un canje de bonos u otro instrumento, no es probable en el corto plazo. La hipótesis de que una transferencia teledirigida por Donald Trump para ayudar a su admirador argentino de ninguna manera garantiza un buen resultado en las elecciones legislativas, ni evita una crisis política inmediata.

Sin embargo, también había motivos sólidos para intuir que el FMI no iba a acumular otro préstamo monumental en manos de Caputo, y sin embargo ocurrió. No hay que despreciar la confianza de “Toto”. Puede sonar ilógico, pero el juego de arrebatos y negocios que Trump impone como política exterior podría tener en su aliado de Sudamérica a un socio ideal.

El problema es que una nueva inyección de deuda se daría en tierra arrasada y en medio de una dinámica económica que demuestra que los conejos de la galera pueden ser infinitos, pero se agotan cada vez más rápido.

Caputo y Sturzenegger se encontraron con una nueva oportunidad en el manejo de la economía. Sus fracasos rotundos en experiencias pasadas (la cuarta para coloso y la segunda para el gigante) no fueron obstáculo para intentarlo de nuevo. Esta vez, abandonaron toda pretensión de resguardo “técnico” y se volcaron al combate político. Provocaron, agraviaron, imitaron a Milei. Se faltaron el respeto.

A diferencia del Gobierno de Macri, que encontró a casi toda la ortodoxia económica celebrando que “volvimos al mundo” hasta el abrupto choque de 2018, esta vez, un amplio espectro de economistas, de derecha a izquierda, liberales e intervencionistas, viene señalando errores técnicos groseros y creencias terraplanistas sobre la base monetaria y otras yerbas, que están demostrando sus consecuencias. Esta semana, resultó revelador y preocupante el testimonio de Joaquín Cottani, un “cavallista” que actuó como viceministro durante el primer semestre libertario.

De sus dichos se desprende que en el Palacio de Hacienda prevalece un comportamiento sectario, sin brújula ni red.

El endeudamiento no es una pata importante del plan económico. El vicio de la deuda es el plan económico.

SL

slacunza@eldiarioar.com

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acción Social y Salud Pública para el próximo martes 23 de septiembre a las 14 hs a fin de tratar un conjunto de proyectos vinculados al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que incluyen la iniciativa de interpelación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Ese martes 23, la hermana del presidente debía presentarse a otra comisión, la que investiga el escándalo por la criptoestafa $LIBRA, pero no va a estar en el país ya que el domingo 21 viaja a los Estados Unidos para participar en la Asamblea de la ONU. Así lo confirmó este jueves el portavoz Manuel Adorni, quien al respecto sostuvo que todos los funcionarios del gobierno libertario “siempre van a brindar explicaciones”, aunque calificó al escándalo de los audios de Diego Spagnuolo que hablan de supuestos pedidos de coimas por parte de la ANDIS como “una burda operación muy bien diseñada. Somos un gobierno honesto”, remató.

Emplazamiento aprobado

El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman planteó la moción en el recinto, y fue aprobada a mano alzada pese al rechazo del oficialismo.

La comisión de Salud venía tratando distintos proyectos como pedidos de informes, interpelaciones, una iniciativa para dejar sin efecto las auditorías que dieron de bajas pensiones por discapacidad y un proyecto de Juan Marino para reestructurar la conducción de ANDIS.

El problema es que todos esos proyectos tenían giro a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es controlada por el oficialismo a través de la presidencia de Nicolás Mayoraz, lo que supone la necesidad de que este cuerpo también lo dictamine.

Al igual que sucede con otras iniciativas opositoras, como por ejemplo el proyecto para crear una comisión investigadora por el fentanilo contaminado, el santafesino no iba a convocar a la comisión para aprobar iniciativas que buscan poner contra las cuerdas a funcionarios del Gobierno.

Por eso el emplazamiento de las comisiones era el paso obligado para poder darle materialidad a los proyectos, que incluyen la interpelación a Karina Milei, quien quedó involucrada en los audios que se le atribuyen al desplazado titular de ANDIS Diego Spagnuolo como quien cobraba un 3% de coima de parte de los laboratorios que tenían contratos con el organismo de discapacidad.

El sistema de recaudación, de acuerdo al relato del ahora ex titular de ANDIS, habría sido articulado por la Droguería Suizo Argentina que era la que “pasaba la gorra” por los laboratorios para que dejaran un 5% en concepto de retornos, cifra que en un momento determinado se habría elevado al 8%.

En la grabación, el exabogado de Javier Milei señaló que esa diferencia del 3% tenía como destinataria final a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien quedó seriamente implicada en la causa que investiga el juez Sebastián Casanello.

El magistrado ordenó allanamientos y secuestró celulares y otros artefactos electrónicos de Spagnuolo y de los integrantes de la familia Kovalivker que son dueños de la Droguería Suizo Argentina.

Uno de ellos, Emmanuel Kovalivker fue hallado mientras intentaba escapar, y en su domicilio encontraron 266 mil dólares y unos 7 millones de pesos repartidos en sobres. 

Su hermano, Jonathan Kovalivker, quien figura como presidente de la Droguería Suizo Argentino, logró escapar a tiempo y en su domicilio encontraron las cajas de seguridad vaciadas.

El juez también secuestró el celular y pertenencias de Daniel Garbellini, quien según las palabras de Spagnuolo habría sido el nexo entre la Droguería Suizo Argentina y la Agencia de Discapacidad, puesto en dicho organismo por una supuesta imposición del asesor “Lule” Menem para controlar el flujo de las coimas hacia la Casa Rosada, siempre según el relato de Spagnuolo.

Con información de agencias.

IG

La imagen de lujo y exclusividad de Nordelta se rompió el 22 de agosto de 2025 con la irrupción judicial en los domicilios de Jonathan y Emanuel Kovalivker, herederos del emporio farmacéutico Suizo Argentina. El operativo, en el marco de la causa por los “audios de Spagnuolo”, puso en el centro de la escena a un clan que ahora enfrenta una grave acusación: ser presuntos recaudadores de coimas para Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem desde la Secretaría General de la Presidencia.

Jonathan Simón Kovalivker no es solo accionista principal de la Droguería Suizo Argentina, sino también el nodo central de una vasta red societaria certificada en Nosis y registros oficiales de la IGJ. Esta telaraña, compuesta por 49 conexiones entre sucursales, directores, socios y sociedades pantalla, es ahora el principal foco de la investigación judicial.

El mapa de las sociedades de Jonathan Kovalivker

El folleto registral histórico en poder de esta redacción y los registros de la IGJ consignan a Jonathan como autoridad en el directorio (presidente) de diversas firmas, evidenciando una consolidación patrimonial sostenida en el tiempo. Entre las sociedades vinculadas aparecen:

La ficha registral exhibe la constitución del capital, múltiples aumentos y suscripciones, y un objeto social amplio (importación, exportación, comercio y venta de especialidades farmacéuticas). Estos asientos, si bien no prueban delito, son el mapa del poder formal que la fiscalía debe cruzar con movimientos bancarios y documentación contractual para reconstruir la ruta del dinero.

La hipótesis de triangulación

El informe documenta un endeudamiento de Jonathan por $34.735.000 y compromisos mensuales por $2.411.300, además de un intenso volumen de consultas a su ficha (134 en 3 meses, 384 en 12 meses). Estos indicadores, combinados con los aumentos de capital en IGJ, obligan a la investigación a pedir cruces bancarios y órdenes de compra para determinar si hubo triangulaciones.

El árbol societario, una telaraña con 49 conexiones, permite explicar cómo “dinero procedente de contratos públicos pudo transitar por empresas de logística, eventos y concesionarias hasta volver en efectivo a las manos que hoy declara la justicia”. La investigación también rastrea pistas internacionales, como RKN GROUP LLC (Florida), vinculada a Néstor Osvaldo Kovalivker, que encaja con la hipótesis de triangulación de fondos.

La causa, bajo secreto de sumario, está en etapa investigativa. El juez Sebastián Casanello y la fiscalía de Franco Picardi solicitaron pericias forenses sobre celulares y respaldos de seguridad. La ONG Poder Ciudadano fue aceptada como querellante. Las defensas plantearon nulidad por el presunto origen ilícito de los audios, mientras la fiscalía secuestró telefonía, pasaportes y documentación contable para reconstruir la ruta del dinero.

Con información de NA.

IG