Cuando presentó en París la semana pasada el Programa de Ciudadanía por Inversión, Luis Caputo eligió un lugar para fijar su origen: Sun Valley. El ministro de Economía contó que la iniciativa nació “en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley hace dos años”, donde, según su relato, empresarios tecnológicos les pidieron a él y a Javier Milei que habilitaran la posibilidad de acceder al pasaporte argentino. Es la única pista oficial sobre quién reclamó el régimen que hoy permite naturalizarse por US$350.000 sin haber vivido en el país. Y remite a uno de los viajes más reservados de la gestión.

Milei viajó a Sun Valley, Idaho, entre el 11 y el 15 de julio de 2024, para participar de la conferencia anual de Allen & Company, el banco de inversión que desde hace más de cuatro décadas reúne cada verano a los dueños de las mayores compañías de tecnología, medios y finanzas de Estados Unidos. La prensa estadounidense la llama “el campamento de verano de los multimillonarios”. La lista de invitados es cerrada, no se permiten cámaras y rige una regla que el empresario argentino Martín Varsavsky, asistente habitual, resumió así: “Todo lo que pasa ahí, queda ahí”.

Esa regla rigió también para el Gobierno. Ese año asistieron, entre otros, Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Sundar Pichai (Google), Jeff Bezos, Bill Gates y Bob Iger (Disney). La Casa Rosada no informó con cuáles de ellos se reunió el Presidente. La agenda oficial difundida antes del viaje incluía solo un encuentro con la presidenta del Banco Santander, Ana Botín; una exposición de 25 minutos ante los asistentes, y una reunión con Herbert Allen, titular de Allen & Company. Del resto no hubo información ni fotos. Según publicó en su momento el diario La Nación, el vocero Manuel Adorni atribuyó el silencio a las condiciones impuestas por los organizadores, y en Casa Rosada advirtieron que “si se filtra información no renuevan las invitaciones”.

La comitiva estuvo integrada por Caputo y el entonces jefe del Consejo de Asesores Económicos, Demian Reidel, organizador de la gira, además del embajador en Washington, Gerardo Werthein. También estaban en Sun Valley los empresarios argentinos Marcos Galperin (Mercado Libre), Wenceslao Casares y Martín Migoya (Globant), además de Varsavsky, quien afirmó en redes que había tenido un encuentro a solas con el Presidente. En su exposición, según la cobertura de esos días, Milei defendió la reducción del Estado y presentó a la Argentina como destino seguro para las inversiones.

El viaje tampoco fue barato. Como el avión presidencial tenía vencido su permiso de vuelo, la comitiva viajó en un Gulfstream alquilado a la empresa Flyzar. Según la respuesta a un pedido de acceso a la información publicada por el sitio LetraP, el chárter costó US$ 376.000; los viáticos de los acompañantes, $4,1 millones, y el alojamiento, otros $8,3 millones.

La versión de Caputo agrega una pieza a la cronología del “pasaporte dorado”. Diez meses después de Sun Valley, el 28 de mayo de 2025, el Gobierno firmó el DNU 366, que incorporó la ciudadanía por “inversión relevante” a la Ley 346 y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión en la órbita de Economía. Por esas semanas, según los registros de ingreso a la Casa Rosada que ya publicó elDiarioAR, el CEO de la consultora británica Henley & Partners, Juerg Steffen, se reunía en la Jefatura de Gabinete con Guillermo Francos y Lisandro Catalán. La firma asegura haber mantenido reuniones con el Gobierno durante “los últimos 18 meses”. En diciembre, Economía llamó a un concurso internacional para contratar a una consultora que diseñara y promocionara el programa. Henley ofreció hacerlo por hasta US$ 25 millones, perdió, impugnó y el concurso terminó anulado.

La referencia a Sun Valley se cruza con la principal crítica opositora. La diputada Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, sostuvo que el régimen “fue pedido por muchos empresarios de Silicon Valley que necesitan venir a comprar tierras argentinas”, en referencia a la desregulación de la venta de tierras rurales a extranjeros dispuesta por el DNU 70/2023.

El Gobierno lo niega y presenta el programa como una herramienta para atraer capitales. Pero el propio ministro ubicó el pedido en un encuentro de magnates tecnológicos. De hecho, el 16 de marzo pasado, Milei y Caputo recibieron a Herbert Allen Jr. en Olivos, titular de Allen & Co. En la edición de este año de Sun Valley estuvo Peter Thiel, dueño de Palantir, el tecnofascista cercano a Milei que se instaló en una mansión en Barrio Parque.

La pregunta que el Gobierno no respondió es la más simple: quiénes pidieron en su momento el pasaporte argentino. Caputo no dio nombres en París, y el carácter reservado de la cumbre, que el Ejecutivo invocó en 2024 para no informar la agenda presidencial, vuelve a funcionar como respuesta.

El programa de “pasaporte dorado” argentino que el ministro Luis Caputo presentó como una propuesta de avanzada de una economía floreciente tenía un negocio de varios millones de dólares detrás.

El estudio británico que se presenta como asesor del Gobierno en la venta de la ciudadanía nacional le ofreció formalmente al Ministerio de Economía hacerse cargo del diseño, lanzamiento y promoción internacional del programa de “pasaportes dorados” a cambio de hasta US$25 millones. La oferta de Henley & Partners consta en el Concurso Público Internacional N° 34-0001-CPU25, que tramitó en el portal oficial de compras del Estado, Compr.ar, entre diciembre de 2025 y abril de este año, según corroboró elDiarioAR.

Ese concurso avanzó, Henley quedó como una de las dos finalistas, pero no llegó a adjudicarse. La firma quedó en segundo lugar, detrás de un competidor mucho más económico. Impugnó el dictamen y, semanas después, Caputo firmó la resolución que dejó todo sin efecto. El viernes pasado —a seis meses de caída de la licitación— el ministro anunció en París la puesta en marcha del programa y la firma británica celebró el lanzamiento como confirmación de que su gestión dio “frutos”. “Contáctenos ahora”, instó Henley & Partners el mismo viernes.

Como informó elDiarioAR, el estudio británico se presenta como líder indiscutido de la venta de pasaportes, una actividad que lo vio envuelto en controversias que involucraron a paraísos fiscales y postulantes provenientes de negocios turbios o directamente delictivos.

La firma con oficina central en Londres fue la concesionaria del programa de ciudadanía de Malta, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró contrario al derecho comunitario en 2025 por tratarse de una naturalización de carácter “transaccional”. Una investigación del Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP) documentó además que la empresa gestionó ciudadanías caribeñas para clientes que luego fueron acusados de fraude y lavado. Su CEO, Juerg Steffen, ingresó dos veces a la Casa Rosada en 2025, para reunirse con el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y con Lisandro Catalán: dos semanas después del DNU que creó el régimen y dos semanas antes del decreto que lo reglamentó.

Cobrar por cada pasaporte

El llamado a licitación fue rubricado por el propio Caputo mediante la Resolución 1915, del 3 de diciembre de 2025, a pedido de la Secretaría Legal y Administrativa del ministerio. Buscaba contratar por cuatro años un “servicio de consultoría integral para el diseño, implementación, lanzamiento y promoción de un programa de ciudadanía por inversión” para la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión (APCI), el organismo descentralizado de Economía creado por el DNU 366/2025. El ganador debía armar el programa, escribir sus procedimientos, diseñar la estrategia de difusión internacional y vincularse con los actores del negocio para “asegurar un número suficiente de solicitantes”.

Caputo colocó a su allegado Juan Pazo para monitorear el lanzamiento. Se trata de un funcionario que arrastra problemas por la no declaración de una sociedad en Florida que administra al menos un inmueble pese a que estaba a cargo de ARCA, y por su inscripción en la Inocencia Fiscal, esquema que él mismo motorizó para evitar pagar multas e impuestos durante su paso por el ente recaudador.

En la presentación en París, Caputo resaltó el papel de Pazo en el diseño de la venta de la ciudadanía. Su tarea se formalizó el 1 de octubre y es ad honórem, informaron en Economía.

La propuesta de Henley es elocuente para entender el negocio.

Según las bases de la licitación que no llegó a buen puerto, el Estado no pagaría un honorario fijo, sino una tarifa por cada ciudadanía aprobada. La unidad de medida sería el “informe circunstanciado recomendando la aprobación de la solicitud de ciudadanía por inversión” que emite la Agencia de Ciudadanía por Inversión, con un tope de 5.000 casos y un lapso máximo de cuatro años, lo que ocurriera primero. Los rechazos no se pagarían.

Además, el pliego aclaraba que esa tarifa es “independiente de cualesquiera montos que el oferente pudiera percibir posteriormente de los aplicantes/inversores del programa”: la consultora podía cobrarle al Estado por cada pasaporte otorgado y, a la vez, facturarles a los extranjeros que lo compraran. El único límite era que el Estado no le pagaría por los clientes que ella misma captara.

La firma legal británica se presentó en la licitación a través de Henley & Partners Immigration Services FZCO, su sociedad radicada en una zona franca de Emiratos Árabes Unidos. Cotizó una tarifa creciente: US$2.000 por cada una de las primeras mil ciudadanías aprobadas, US$3.500 por las mil siguientes, luego US$5.000 y US$6.500, y US$8.000 por cada pasaporte en el último tramo. En total, US$25 millones si el programa llegaba a las 5.000 aprobaciones. Respaldó la oferta con un seguro de caución por US$1,25 millones.

¿Diez dólares por pasaporte?

Henley no estaba sola. En la apertura de sobres, el 20 de enero pasado, se presentaron otras cinco ofertas. La más llamativa fue la de Asesorías Legal Advisor Limitada, al frente de una unión transitoria bautizada “Consorcio AAPA” e integrada por Apex, AIM Global, Passport Legacy y Arton Capital, una de las principales competidoras de Henley en el mercado mundial de pasaportes. Cotizó US$10 por cada ciudadanía aprobada, y US$50.000 por todo el contrato, una fracción mínima de lo ofertado por la firma británica. Su negocio, se deduce del propio pliego, no estaba en lo que pagara el Estado, sino en lo que cobraría a los inversores.

También ofertaron Latitude Consultancy Malta, con una propuesta llamada “AMIGO: Argentina Movilidad e Inversión Gran Oportunidad”, por US$7,5 millones; Ancova Associates, de Dubái, por US$100 millones; Hong Kong Qian Cheng Business, por US$25 millones, y Salzburg International For Law, por US$34,5 millones.

El 5 de marzo, el entonces secretario Legal y Administrativo de Economía, José García Hamilton, firmó el informe técnico económico. Descartó cuatro ofertas por fallas en las garantías, la solvencia o modificaciones indebidas, y dejó en carrera al consorcio con Arton, con 88 puntos, y a Henley, con 48.

Sobre la firma británica, el informe elogió su experiencia en “al menos siete países”, su sistema de debida diligencia “de cuatro niveles” y sus conferencias globales como “plataforma de presentación” del programa. Pero advirtió que su esquema financiero resultaba “engorroso” para la administración pública y que “la proyección de costos totales del proyecto resultaría elevada”. Ese mismo día, la Comisión Evaluadora recomendó adjudicar el contrato al consorcio AAPA.

Los siete países con los que operó Henley, ponderados en el dictamen de Economía, son Malta, Antigua y Barbuda, Granada, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía.

La impugnación

Henley no aceptó el resultado. Según la Resolución 522/2026, la firma impugnó el dictamen, igual que Latitude. Después de esas presentaciones, la Secretaría Legal y Administrativa produjo un nuevo informe: evaluó que las dos ofertas finalistas eran admisibles, pero sostuvo que subsistían “divergencias relevantes en cuanto a los enfoques propuestos” y que seguir adelante “podría no asegurar el grado de coherencia, integralidad y articulación estratégica requerido”. El 14 de abril pasado, Caputo firmó la anulación del concurso, sin indemnización para los oferentes, y ordenó devolverles a Henley y a Latitude sus garantías de impugnación.

Consultadas por elDiarioAR, fuentes del Ministerio de Economía explicaron que el proceso se dejó sin efecto porque “se reevaluó la pertinencia operativa del proceso a la luz de los objetivos del programa” y se advirtió “una disociación entre las soluciones propuestas por los oferentes y la complejidad sistémica que demanda su ejecución”.

Una semana después de la anulación, el decreto 285/2026 designó a Aixa Granara como directora ejecutiva de la Agencia, también con carácter ad honórem. Trabaja codo a codo con Pazo. Éste es una figura clave del programa, según dijo Caputo en París, pese a que su designación databa del día anterior.

“No actúa en calidad de nada”

Ante la consulta de elDiarioAR, cerca de Caputo dijeron desconocer cualquier reunión o papel relevante de Henley & Partners. Ahora, frente a la evidencia de que la firma fue oferente en un concurso del propio ministerio, evaluada por su Secretaría Legal y Administrativa y alcanzada por una resolución con la firma de Caputo, la respuesta fue: “No existe ningún vínculo contractual con Henley. Por ende, no actúa en calidad de nada”.

Henley coincide en ese punto. En una respuesta enviada por correo electrónico unas 23 horas después de la consulta de elDiarioAR, la responsable global de Relaciones Públicas de la firma, Sarah Nicklin, afirmó que la empresa “no tiene ni ha tenido nunca ningún contrato o mandato remunerado con el Gobierno argentino, y no ha recibido honorarios del Gobierno en ninguna calidad”. La ejecutiva de Henley dijo que la firma “se ha vinculado de manera constructiva con representantes del Gobierno argentino y ha compartido su experiencia internacional y su conocimiento del mercado en relación con el marco propuesto de ciudadanía por inversión de la Argentina”. Y agregó: “Desde el anuncio, hemos visto un fuerte interés de potenciales clientes y asesores a nivel global. Esperamos que ese interés siga creciendo a medida que se publiquen los detalles de implementación pendientes y el programa entre en funcionamiento”.

Es decir: Henley no tiene contrato porque perdió la licitación que buscaba ganar por hasta US$25 millones. Aun así, siguió reuniéndose con funcionarios y, desde el mismo día del anuncio, ofrece el pasaporte argentino a sus clientes.

El pasado 2 de octubre, mientras Caputo y Santilli presentaban el programa en París, la firma difundió que había colaborado con el Gobierno “a través de una serie de talleres y conversaciones”, y publicó en su sitio la oferta “Argentina Citizenship by Investment”, con formulario de contacto y teléfono en Zúrich. Días después subió a Instagram la foto de Steffen en el Patio de las Palmeras: “Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires”.

Caputo dijo en París que la idea de la venta del pasaporte argentino surgió de magnates del mundo tecno a los que conoció en Sun Valley, Idaho, Estados Unidos, en 2024, y que a partir de entonces se asesoró con los estudios y firmas que se dedican a ese negocio.

El propio comunicado oficial del anuncio revela que “el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión”.

La cartera de Caputo nunca identificó a esas firmas ni explicó bajo qué figura asesoran, dado que no hay contrato ni licitación adjudicada.

MC/SL

Luis Caputo y Diego Santilli anunciaron el programa “ciudadanía por inversión” el viernes por la mañana, desde la Embajada argentina en París. La oferta consiste en que un extranjero puede obtener la ciudadanía a cambio de US$350.000, o la suscripción de un bono por US$800.000. “Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo”, celebró el ministro de Economía.

El estudio británico Henley & Partners tenía todo preparado. El mismo día, en simultáneo con el anuncio, la firma publicó en su sitio detalles del programa, con una declaración de su CEO, Juerg Steffen. Valoro “enormemente la oportunidad de colaborar de manera constructiva con el Gobierno argentino a través de una serie de talleres y conversaciones sobre el marco normativo en curso”, dijo.

Sin secretos, la empresa, que se presenta como la más grande del mundo en el negocio de la “ciudadanía por inversión”, publicó en su cuenta de Instagram el mismo viernes estar “lista para comenzar de inmediato el proceso de incorporación de interesados”. “Contáctenos ahora”, instó Henley & Partners, en una publicación acompañada de una cuidada producción gráfica.

En un segundo posteo del lunes sobre el tema ofreció pruebas de su colaboración, con una foto de Steffen y colaboradores en Casa Rosada. “Durante los últimos 18 meses, Henley & Partners mantuvo numerosas reuniones y trabajó con el Gobierno en Buenos Aires. Estamos encantados de ver que nuestras consultas y aportes están dando frutos”. La imagen conlleva reminiscencias de aquélla de Hayden Davis y Mauricio Novelli, los jóvenes contratantes de Milei en un negocio cripto, que terminaron montando la presunta criptoestafa $LIBRA desde Casa Rosada, donde se fotografiaron, en el verano de 2025.

Henley & Partners no es un nombre neutro. En 2025, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea terminó de anular el programa de venta de ciudadanía de Malta a cambio de US$640.000, por la polémica generada sobre los receptores del “pasaporte dorado”. Sólo en ese negocio, la firma británica obtuvo una ganancia de 55 millones de euros, según registros del gobierno de Malta, según el Financial Times. Años antes, Henley se había hecho fuerte en el Caribe. Un informe del Parlamento británico —citado por FT— acusó a la firma de financiar campañas políticas en San Cristóbal y Nieves, un microestado que se convirtió en un laboratorio de ensayo de la venta de ciudadanía con bajísimos requisitos. El negocio se expandió por microestados vecinos.

Los países que venden su ciudadanía a cambio de dinero, como detalla Henley & Partners, son: Antigua y Barbuda, Granada, Malta, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía.

El anuncio de Caputo significa sin dudas un hito para Henley & Partners. Como destaca en su página web, el pasaporte argentino brinda tránsito libre por 170 países del mundo y la posibilidad de extender el beneficio “dorado” en la “tercera economía de América Latina” a la familia del interesado, a cambio de US$100.000 por cabeza, o US$25.000 si los hijos son menores de 18 años.

El estatus de libre circulación por el mundo y la condición de una economía mediana es una combinación excepcional entre los países que venden su ciudadanía a cambio de dinero. Henley & Partners los enumera: Antigua y Barbuda, Granada, Malta, Nauru, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y —en el único caso de una nación relevante— Turquía. Otras economías de mayor peso tienen programas a cambio de residencia, no ciudadanía. “Argentina agrega una nueva dimensión” al negocio, se entusiasmó Dominic Volek, director de Clientes Privados de la firma británica.

En el registro de audiencias de Casa Rosada constan dos de las “numerosas reuniones” de ejecutivos de Henley & Partners con funcionarios. Su CEO, Steffen, ingresó dos veces en 2025 a la sede de Gobierno para reunirse en la Jefatura de Gabinete; una con su titular, Guillermo Francos, y la otra con su segundo, Lisandro Catalán. Dichas visitas fueron en fechas sugestivas: dos semanas después de un DNU que creó el sistema de venta de ciudadanía argentina, y dos semanas antes del decreto que lo reglamentó.

(elDiarioAR envió una consulta con preguntas precisas al estudio Henley el 6 de octubre a las 2.45pm. Al día siguiente, 1.25pm, la firma respondió con la aclaración de que “no está detrás” del pasaporte dorado lanzado por Caputo, sino que sólo “compartió experiencias” con el Gobierno, y negó haber sido investigada por “supuestos fraudes”. Una ampliación de la respuesta de Henley será incluida en una futura nota).

“Toda de Caputo”

El Poder Ejecutivo firmó el DNU 366 el 28 de mayo de 2025. El Presidente y los ministros suscribieron una amplia reforma migratoria que, en sus artículos 37 a 42, incorporó a la Ley 346 de Ciudadanía una nueva vía de naturalización por “inversión relevante”, sin requisito de residencia previa, y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado del Ministerio de Economía encargado de diseñar, promocionar y gestionar esos programas. Al mismo tiempo, el texto elevó drásticamente los requisitos burocráticos para obtener la naturalización para extranjeros normales, no dueños de un capital extraordinario, que contaban con una ley migratoria considerada un modelo en el mundo por su apertura.

El constitucionalista Sebastián Guidi escribió en Perfil sobre “esta noción empobrecida de lo que significa ser argentino”. Hasta el decreto 366/25 “había varios modos de obtener la nacionalidad: vivir dos años en la Argentina, tener hijos argentinos, practicar la docencia, establecer industrias, servir en las fuerzas armadas, expandir la frontera... Milei eliminó casi todos estos modos de acceso a la ciudadanía y los remplazó por uno solo: haber realizado una inversión relevante en el país”. 

Dos semanas después del DNU 366, el 11 de junio de 2025, a las 17.16, Steffen entró a la Casa Rosada por Rivadavia 250 para una reunión con Francos. Lo acompañaban Olinda Salguerón y Diego Ortiz de Cevallos, y los tres salieron juntos a las 18.11. Tres minutos después de su ingreso entró Lisandro Catalán, entonces secretario del Interior.

El 14 de julio, Steffen volvió, esta vez para ver a Catalán, ya vicejefe de Gabinete del Interior. Entró con Ortiz de Cevallos y Salguero, y con Kyle Pascal Sarkas y Peter Ferrigno. Todos se retiraron a las 11.44. Dos semanas más tarde, el 30 de julio, el Gobierno firmó el Decreto 524/2025, que reglamentó el procedimiento y fijó la intervención de la SIDE, la UIF, el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia y el Renaper en la evaluación de los solicitantes.

Pese a que la vía registrada de acceso del grupo de Henley & Partners fue la Jefatura de Gabinete, en el Ejecutivo remiten a Caputo como mentor de la iniciativa. Francos y Catalán no respondieron consultas de elDiarioAR; tampoco Santilli. “Es toda de Caputo y de (Juan) Pazo”, dijo una fuente. “Santilli sólo apareció en la foto en la Embajada porque lo llamaron”, resumió otra.

Pazo, ex CEO de las empresas de indumentaria Rapsodia y Caro Cuore, es un hombre de la mesa chica del ministro. Cuando ocupó la silla de la Secretario de Industria, durante 2024, presentó una declaración de bienes que despertó múltiples dudas, informadas en elDiarioAR por Emilia Delfino. En 2025 estuvo al mando de ARCA, pese a que habría omitido declarar una sociedad en el estado de Florida que administraba una propiedad. Pazo fue artífice de la redacción de la ley de Inocencia Fiscal y, tras dejar el cargo en ARCA, se acogió a sus beneficios. Ahora asesora a la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión.

En Economía niegan cualquier contacto con Henley & Partners. En la presentación en la Embajada en París, Caputo dijo que la iniciativa nació “en uno de los primeros viajes que hicimos con el Presidente a Sun Valley hace dos años... (Allí) surgió el pedido desde muchos sectores de la ciudadanía argentina". Según el ministro, en esa localidad de turismo de sky en el estado de Idaho, tecnomillonarios les pidieron a Milei y a él que habilitara el pasaporte argentino.

Si bien un comunicado oficial del Ministerio de Economía admitió que “el Gobierno es asesorado por un grupo de firmas internacionales líderes especializadas en migración por inversión”, en la oficina de Caputo desconocen reunión alguna con Henley & Partners.

El diseño institucional del programa es coherente con la versión de que es una creación centrada en Caputo: la agencia que evaluará las peticiones de ciudadanía dependerá de Economía.

Henley trabaja de los dos lados del mostrador: asesora a los Estados en el diseño de sus programas y cobra honorarios a los países anfitriones y a los migrantes por gestionar el pasaporte. En su sitio web, la oferta del programa “Argentina Citizenship by Investment” está expresada en cuatro idiomas, con formulario de contacto, teléfono en Zúrich y la enumeración de las ventajas.

Las diputadas Florencia Carignano, ex directora nacional de Migraciones, y Paula Penacca, de Unión por la Patria, presentaron un proyecto para derogar los artículos incorporados por el DNU y el Decreto 524/2025. “Acá vos decís le doy al fisco 350.000, dame el CBU, pasás esa plata y te dan el pasaporte. No tenés ni que venir a vivir acá, ni producir, ni generar un solo puesto de trabajo”, dijo Carignano este martes en un comunicado de prensa.

Sospechas de corrupción

Christian Kälin, presidente de la empresa, consideró ante el FT que “Henley se convirtió en el rostro de la migración por inversión porque creó una industria alrededor de eso”, aunque se lamentó del retroceso en Malta.

El programa maltés entró en crisis en 2017, tras el asesinato de Daphne Caruana Galizia, una periodista que investigaba el otorgamiento de ciudadanías compradas.

En 2022, el Proyecto de Reporte sobre Crimen Organizado y Corrupción (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) y la Fundación Daphne Caruana Galizia revelaron, a partir de documentos internos de Henley, que la empresa había gestionado pasaportes caribeños para empresarios que resultaron luego acusados o condenados por fraude. La investigación documentó que el citado Christian Kälin mantenía negocios con un cliente al que le tramitaba la ciudadanía en San Cristóbal y Nieves, mientras promovía inversiones de un fondo estatal de ese mismo microestado caribeño en la empresa de ese mismo interesado.

Según OCCRP, entre los clientes de Henley & Partners se encuentran el iraní Ali Sadr Hashemi Nejad, postulante para la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves en 2009. Al año siguiente fue arrestado por lavado de dinero en Estados Unidos. Por su parte, Ruben Vardanyan, considerado un “oligarca” ruso, también acusado de lavado, apuntó al pasaporte de ese mismo microestado, junto a ocho miembros de su familia.

El empresario petrolero nigeriano OluwaSeun Ogunbambo contrató a Henley para obtener una ciudadanía en un paraíso fiscal caribeño. Acusado de lavado de dinero y contrabando, se encuentra prófugo desde 2014.

Un comité del Parlamento británico también investigó la relación de Kälin con Alexander Nix, ejecutivo de SCL, la casa matriz de Cambridge Analytica. Según la acusación, SCL incidió en San Cristóbal y Nieves y en San Vicente y las Granadinas para favorecer a sus gobiernos, a cambio de habilitaciones de cupos para pasaportes. “Todas esas acusaciones son falsas y tienen motivaciones políticas”, respondió una vocera de Henley & Partners.

Nix, de Cambridge Analytica, es el mismo ejecutivo que admitió ante el Parlamento británico haber trabajado en 2015 en Argentina para “lograr un cambio político”, contra el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

SL/MC

La nota fue actualizada a las 3pm del 7 de octubre, con la respuesta de Henley & Partners.

Gabriela Berrospi supo cómo festejar sus 36 años. El 2 de septiembre se lo pasó en una bañera de espuma y velas, en un hotel-spa exclusivo en Boca Ratón, Florida. Su deseo fue claro: “Abundancia”. Ese día disfrutó de ostras, steak tartar, jugo de pepino y salmón salvaje. Amigos suyos le regalaron una cartera color rosa chicle y de marca top. “Nunca pensé que llegarías tan alto, moviéndote en los círculos más altos de la sociedad en Estados Unidos, pasando días memorables e inolvidables en Mar a Lago con la elite de la Casa Blanca y el presidente Donald Trump”, le dedicó su padre en un mensaje.

Berrospi es peruana, en redes es conocida como Gaby WallStreet y con su marido, el puertorriqueño Tony Delgado, fundaron Latino Wall Street, una empresa de “educación financiera” y criptos, con la que hacen activismo conservador hispano en Estados Unidos. Se autoperciben la “reina de WallStreet” y el “rey de Puerto Rico”. La pareja que muestra una vida de ricos en Florida -la semana pasada viajaron por el crucero de Disney- y estuvo en un evento con Trump el miércoles pasado, serán los anfitriones el 14 de octubre del presidente Javier Milei.

Gaby y Tony son socios del español Javier Negre, dueño de La Derecha Diario, en la Hispanic Heritage Gala, un evento al que irá Milei para sumar fondos para la campaña trumpista entre la comunidad latina de EE.UU. Se desarrollará en el Andrew W. Mellon Auditorium de Washington. Pero, ¿qué hay realmente detrás de esta pareja? Porque no solo se codean con el trumpismo y tienen acceso directo al libertario, sino que sus vínculos van más allá y tienen ribetes polémicos: premiaron en febrero pasado como “consultor del año” a Fernando Cerimedo, el exasesor del libertario y del boliviano Rodrigo Paz, entre otros presidentes, ahora detenido por intento de feminicidio, tráfico y lavado. Esta semana en Bolivia se revelaron fotos de Cerimedo con el hijo de Trump y la DEA detuvo en un supuesto operativo antidrogas al jefe de la Fiscalía que lo investigaba.

elDiarioAR le envió mensajes por Instagram a Berrospi y Delgado pero no obtuvo respuestas. Desde Latino WallStreet sí respondieron: “No hay posibilidad de entrevista con Gaby en este momento. Gracias por tu interés. Si estoy cambia te haremos saber”. En La Derecha Diario, por su lado, aclaron que el medio que supo tener Cerimedo “solo promociona el evento” al que viajará Milei, y aclararon que “la empresa organizadora es Latino Wall St”.

“Power couple”

“Desde que me casé contigo mi vida se fue 10 niveles más arriba (y ojo ya era exitosa por mi cuenta en NYC)”, posteó en su Instagram Gaby junto a Tony el miércoles pasado, cuando estuvieron en la recepción por el Mes de la Herencia Hispana que Trump encabezó en el Salón Este de la Casa Blanca. El evento está atado a la efeméride del 12 de octubre. Berrospi publicó una selfie con Delgado frente a la puerta de caoba que tiene encima el escudo presidencial, con la etiqueta “power couple”. Después compartió una foto del mismo pasillo con el español Negre.

En el acto, Trump habló de “fe, familia y libertades dadas por Dios”, defendió el muro fronterizo porque mantiene afuera a “gente mala” e invitó a los presentes a recorrer las obras de su nuevo salón de baile. Les pidió cuidado porque la caída era “larga” y remató: “Solo un hispano podría sobrevivir a esa caída”. Según las crónicas de la prensa estadounidense, el público aplaudió. Berrospi también exhibió una copia del mensaje presidencial por el Mes de la Herencia Hispana, fechado el 17 de septiembre: “Wow qué carta más poderosa nos dieron”. Es el texto genérico que la Casa Blanca emite todos los años para la fecha.

El viernes Berrospi subió un video con Tom Homan, el “zar de la frontera” de Trump. “El Director de ICE sube al escenario y me saluda”, tituló Gaby. “Yo sé que Tom Homan & ICE son controversiales, de verdad que lo entiendo. Sin embargo, quiero que escuchen estas palabras de cómo ha podido proteger la frontera y encontrar a miles de niños que estaban desaparecidos por el tráfico humano. Eso es lo que se le aplaude”. Homan dirigió de forma interina la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) entre 2017 y 2018. Es considerado el “padre intelectual” de la política de separación de familias migrantes en la frontera. En 2024, agentes encubiertos del FBI lo grabaron mientras recibía una bolsa con US$50.000 en efectivo, en una investigación por presuntos sobornos que el Departamento de Justicia de Trump cerró en 2025. Hoy conduce las deportaciones masivas, el programa que más castiga a la comunidad que Latino Wall Street dice representar.

En otro posteo en sus redes, Berrospi se mostró segundos antes de salir en vivo en The Faulkner Focus, un programa en Fox News. El zócalo la presentó como “Gaby Berrospi, Republican Strategist”. Integró un “power panel” sobre la ofensiva republicana contra los demócratas “por el socialismo”. “Hoy hablamos en TV nacional sobre la nueva agenda radical demócrata/socialista y sobre el acuerdo petrolero con Venezuela”, contó. Después escribió un resumen de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, que describió como “un referéndum sobre los primeros dos años del segundo mandato de Trump”. La gala de Washington, a la que va Milei, se hará tres semanas antes de esa votación.

Anfitriones millonarios de Milei

La promoción del evento al que irá Milei ocupa buena parte de sus historias en redes. Los flyers dorados tienen el Capitolio de fondo y presentan a Delgado como “Chairman” y a Berrospi como “Chairwoman”. El que tiene la cara de Milei, con la leyenda “Guest of honor, President of Argentina”, circuló compartido por Mercedes Schlapp, exdirectora de comunicación estratégica de la Casa Blanca en el primer mandato de Trump, y Delgado lo republicó etiquetando a Negre. En los últimos días se sumaron como invitados especiales Joel Valdez, vicesecretario de prensa del Pentágono (que Trump rebautizó como Departamento de Guerra), y Dan Newlin, abogado de Florida. La web del evento muestra a Milei en primer plano, aclara que la entrada es “solo por invitación”, exige etiqueta y ofrece un botón para “solicitar tu asiento”. “Nos vemos en Washington, D.C. para nuestro ÚLTIMO EVENTO DEL AÑO”, anunció Berrospi.

La abundancia que exhiben es también el producto que venden. En el Telemundo Center de Miami, Latino Wall Street celebró sus siete años con un “Hispanic Heritage Investor Summit” y sus propios premios. La pareja subió al escenario con un cheque gigante de US$1.402.712,31 a nombre de Jane Valderrama, “instructora” del “LWS Club de Millonarios”, premiada como “Coach del año” y presentada como “especialista en scalping”, una técnica de compraventa ultrarrápida de acciones. Otras “alumnas estrella” posaron con carteles de “+100.000 dólares”.

Ante un seguidor que preguntó qué justifica los precios de sus programas, Berrospi detalló una escala. Empieza con un “reto de Máquina de Ingresos Pasivos” de cinco días por 5 dólares y llega al “club PRESENCIAL de Titanes”, con “experiencias exclusivas en literalmente los mejores lugares privados del mundo donde solo el 1% tiene acceso. Ejemplo: Mar a Lago, el piso de la bolsa en NY, sede nacional de Telemundo”. La justificación final fue explícita: “Lo que nos diferencia en realidad es nuestro acceso, el respaldo institucional que tenemos a nivel internacional. Nuestro círculo te aseguro es el más premium de toda la comunidad latina y eso vale billones”. Los cursos y la consultoría privada que figuran en su oferta van de 1.000 a 250.000 dólares. Días después del cumpleaños, Berrospi posteó un crucero de Disney atracado en un muelle de aguas turquesas, con otra reflexión: “Mi versión de abundancia no se mide en cosas materiales”.

Un empresario latinoamericano de Florida con vínculos en la región reveló a elDiarioAR que los dueños de Latino Wall Street lo contactaron para que financie sus eventos pero rechazó la propuesta. “No me parecieron serios”, explicó a este medio.

Latino Wall Street es una sociedad registrada en Puerto Rico en septiembre de 2019 que dice tener más de 150.000 miembros. Delgado, criado entre Nueva York y Nueva Jersey, lleva el apodo de “Rey de Puerto Rico” que le dio el propio Trump en una CPAC. En sus redes cuenta la historia del primer millonario de una familia sin padre presente. Ese relato omite lo que muestran algunos registros judiciales de Nueva Jersey y Florida: Delgado fue condenado en 2013 por causas de 2009 a 2012 vinculadas a la venta y distribución de drogas, incluso cerca de escuelas. Su padre, Henry Delgado, pasó 33 años preso por narcotráfico y salió en 2018 gracias a la First Step Act, la reforma penal que Trump firmó en su primer mandato. Uno de los cofundadores originales de Latino Wall Street, Alan Burak, fue acusado por la SEC en 2025 de un fraude de US$4 millones con su fondo Never Alone Capital y se declaró culpable.

El vínculo con Milei tiene sus meses ya. El 10 de febrero, Latino Wall Street organizó la Hispanic Prosperity Gala en Mar-a-Lago, con entradas de entre 10.000 y más de 100.000 dólares. Entre los asistentes estuvieron Rudy Giuliani, Michael Flynn, Roger Stone, Eduardo Bolsonaro y Ronaldinho. Milei recibió un reconocimiento y lo representó Federico Sturzenegger. Esa noche subió al escenario Cerimedo.

La web de la gala de octubre se promociona con fotos de Mar-a-Lago y un video con imágenes donde aparece Cerimedo. El fantasme del asesor detenido estará presente en el viaje de Milei.

Para el 14 de octubre se esperan unas 750 personas, con asientos VIP de alrededor de 10.000 dólares. Además de Milei estarán Eduardo Bolsonaro y Tim Ballard, el exagente de la CIA denunciado por abuso sexual, que los organizadores anunciaron como “invitado especial”. El objetivo declarado es apoyar a los candidatos republicanos antes de unas elecciones que pueden costarle a Trump el control del Congreso. En la Casa Rosada repiten que la agenda “es dinámica”, pero no desmintieron la cita que los organizadores promocionan todos los días. Si el viaje se concreta, el Presidente de un país en recesión técnica será la cara de una noche de recaudación electoral en otro país, invitado por una pareja que vende como principal activo la foto con el poder.

Después del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia la derogación de la Ley de Tierras, el rechazo se movió en dos direcciones. Los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023. Además, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma confirmaron una movilización al Palacio de Tribunales para el martes 6 de octubre a las 15, en Plaza Lavalle (Talcahuano 550), con la consigna “La Patria no se vende. La soberanía tampoco”.

Pichetto y Massot presentaron la cautelar contra el Poder Ejecutivo por derecho propio y en su condición de ciudadanos y habitantes de la Nación. El objetivo es evitar que las compras de tierras rurales que se hagan mientras no rigen los límites de la Ley 26.737 se consoliden después como derechos adquiridos. El escrito advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si una ley repusiera las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas mientras tanto podrían quedar a salvo.

En los fundamentos, los legisladores sostienen que la derogación por decreto no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución para dictar un DNU. Señalan que el Congreso estaba en condiciones de funcionar, que el propio Ejecutivo le remitió el decreto apenas seis días después de dictarlo y que el Senado lo rechazó en marzo de 2024. También afirman que la tierra rural y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, y que el régimen para disponer de ellos debe fijarlo el Congreso. Por la urgencia, pidieron una medida interina de aplicación inmediata mientras se tramita el informe previo que la Justicia debe pedir antes de resolver la cautelar. En subsidio, solicitaron medidas para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, conservar la información sobre las compras hechas por extranjeros y dar publicidad a la existencia del proceso judicial.

El fallo que originó ambas reacciones es del 29 de septiembre y lleva las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata, que había declarado inconstitucional el artículo 154 a pedido del CECIM, y rechazó la demanda. La Corte no dijo si el DNU es constitucional. Resolvió por una cuestión procesal: sostuvo que los excombatientes no tenían legitimación para promover una acción colectiva, porque “la soberanía territorial es una atribución propia del Estado” y no un bien colectivo que una asociación civil pueda defender en tribunales. El tribunal aclaró además que no se pronunciaba sobre la validez constitucional del artículo ni sobre la intervención que le corresponde al Congreso.

Ese argumento es el que más críticas recibió entre los convocantes a la marcha. “Al decir que la soberanía no es un derecho que los ciudadanos o sus organizaciones puedan defender en la Justicia, los jueces le firmaron un cheque en blanco al Gobierno”, señalaron las organizaciones. Para las centrales que conducen Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, la Corte “con su actitud cipaya, elige atropellar la voluntad y las necesidades de los argentinos”. En el comunicado agregaron que “al dejar sin efecto los límites de la Ley de Tierras, le abren la puerta a los grandes fondos extranjeros”. A la convocatoria adhieren también ATE, la UTEP y otras organizaciones sociales y políticas.

La Ley de Tierras, sancionada en 2011, ponía un tope del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y departamental. Además, limitaba al 30% de ese cupo lo que podían tener personas de una misma nacionalidad, fijaba un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo y prohibía a los extranjeros comprar inmuebles que contuvieran cuerpos de agua de envergadura y permanentes o que fueran ribereños de ellos. El DNU de Javier Milei eliminó todas esas restricciones en diciembre de 2023. Con el fallo de la Corte, la derogación volvió a producir plenamente sus efectos.

La pulseada tiene otra fecha en el Congreso. El jueves 15, a las 14, Unión por la Patria y otros bloques pidieron una sesión especial en Diputados para intentar rechazar el DNU 70/2023. Para abrirla se necesitan 129 diputados sentados. Si las dos cámaras rechazan el decreto, queda derogado. Los otros caminos son una nueva ley que reponga los límites o que cada provincia legisle sobre sus tierras rurales.

La jugada de Pichetto y Massot, sin embargo, tiene también una subtrama: los legisladores no quieren voltear el DNU porque allí también se deroga la ley de alquileres -entre otras normas- que no quieren que se restituya. Si la cautelar tiene efecto, podría desinflar la jugada opositora en Diputados para el 15 de octubre.

El reclamo avanza así por tres vías a la vez: los tribunales, la calle y el recinto.

La oposición se juega a una súper-sesión en Diputados contra el Gobierno. Confirmó este jueves un pedido para que Martín Menem abra el recinto de la Cámara baja el próximo 15 de octubre con un temario de fuerte carga hacia Javier Milei. Intentará voltear el DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras, entre otras medidas desreguladoras, y también apuntan a prorrogar la emergencia en Discapacidad y aprobar una ley por el endeudamiento familiar. La fecha, a su vez, coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria.

La nota formal pide la sesión especial para el jueves 15 a las 14 y el temario tiene tres puntos: el Orden del Día 433, que establece una ley de endeudamiento familiar; el Mensaje 0001/24, que es la comunicación del Poder Ejecutivo sobre el DNU 70/23 “de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”; y el Orden del Día 350, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El pedido es multipartidario y lleva 32 firmas de ocho bloques distintos. Unión por la Patria aporta 16 y por el interbloque Provincias Unidas firmaron seis. Completan la lista Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda; Natalia de la Sota, de Córdoba, la exlibertaria Marcela Pagano, y Jorge Fernández, de Primero San Luis. Junto al peronismo y la izquierda aparecen espacios dialoguistas, que hasta hace pocos días dudaban en ir contra el megadecreto completo, y diputados de provincias cuyos gobernadores negocian con la Casa Rosada.

El detonante fue el fallo de la Corte Suprema que revocó la decisión de un tribunal inferior que había repuesto la Ley de Tierras (26.737). El máximo tribunal resolvió por una cuestión procesal: entendió que la agrupación de excombatientes de Malvinas que había ido a la Justicia no estaba legitimada para pedir la cautelar. En la práctica, el fallo volvió a habilitar la venta de tierras rurales a extranjeros sin los límites que fijaba esa ley. Ante las críticas, este jueves la Corte aclaró que no se pronunció sobre la validez del decreto, que la controversia “no ha sido resuelta” y que la decisión sobre el DNU sigue en manos del Congreso, puntualmente de Diputados.

Ese último punto explica la ofensiva. La Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, establece que un DNU solo pierde vigencia si lo rechazan las dos cámaras. El Senado ya lo hizo el 14 de marzo de 2024, en la primera derrota legislativa del gobierno de Milei. Desde entonces, el decreto quedó a la espera de Diputados, donde nunca llegó al recinto. Si la Cámara baja lo rechaza por mayoría simple de los presentes, el DNU 70 queda derogado, aunque la misma ley deja “a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Primero la oposición tendrá que conseguir el quórum de 129 diputados.

Lo que está en juego excede la Ley de Tierras. Con su artículo 154, el DNU 70 eliminó el tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y las restricciones sobre inmuebles que contienen o lindan con cuerpos de agua y sobre las zonas de seguridad de frontera. Además derogó la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, el régimen de Compre Argentino y la Ley de Sociedades del Estado, y habilitó que las empresas públicas se transformen en sociedades anónimas. También liberó las cuotas de la medicina prepaga, permitió a los trabajadores llevar sus aportes a obras sociales ajenas a su sindicato, quitó topes en el mercado de tarjetas de crédito y abrió la puerta a las sociedades anónimas deportivas, entre más de 300 artículos.

Sin embargo, en la oposición sostienen que buena parte del decreto ya no está en juego. Algunos ítems fueron absorbidos por leyes posteriores aprobadas por el Congreso: lo referido a privatizaciones quedó en la Ley Bases y el capítulo laboral, que la Justicia había suspendido, fue reemplazado por la Ley de Modernización Laboral. Si el DNU cae, el efecto concreto se concentraría en las normas derogadas que no tuvieron reemplazo legislativo, como la Ley de Tierras, la de Alquileres, las de Góndolas y Abastecimiento y la regulación de prepagas.

Los otros dos puntos del temario funcionan, en parte, como imán para el quórum. La emergencia en discapacidad vigente vence el 31 de diciembre de este año. La prórroga la extiende un año más, hasta fines de 2027. Se trata de la Ley 27.793, que el Congreso sancionó en 2025 e impuso tras insistir contra el veto de Milei, y cuya aplicación el Gobierno resistió alegando falta de financiamiento. Si no se renueva, el régimen de emergencia caduca en menos de tres meses, mientras el oficialismo aún negocia una salida intermedia con un nuevo proyecto de ley que está en discusión.

La ley de endeudamiento familiar busca dar respuesta a un fenómeno que el Gobierno minimiza como “un problema entre privados”. Según datos del Banco Central procesados por el CEPA, en junio la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% y la de las billeteras virtuales al 30,1%, por encima del pico de la pandemia.

El 15 de octubre será, así, una prueba de fuerza para el Gobierno en la Cámara baja. Si la oposición consigue sentar a 129 diputados, el oficialismo podría sufrir en un mismo día la caída de su megadecreto fundacional y dos leyes que la Casa Rosada rechaza. Si no lo consigue, el DNU 70 seguirá vigente casi tres años después de su firma.

MC

Recién comenzada este mediodía en la Cámara de Diputados la reunión del bloque peronista con los excombatientes del CECIM, la iniciativa tomó vuelo rápidamente: convocar a una sesión especial para intentar voltear el DNU 70/23 que firmó Javier Milei apenas asumió y que derogó la Ley de Tierras. En paralelo, en grupos WhatsApp de autonconvocados ya circulaba la invitación a una asamblea popular en Parque Lezama para este viernes, con el objetivo de armar una protesta contra la Corte Suprema. La idea prendió también en la UTEP, los gremios de la economía popular: habrá una reunión también pasado mañana con el horizonte de marchar a Tribunales el próximo martes 6 de octubre.

Esos movimientos entre el Palacio y la calle se aceleraron en las últimas horas desde que el máximo tribunal derogó a través de un polémico fallo la Ley de Tierras, luego de rechazar un reclamo de los excombatientes del CECIM de La Plata. Los cuestionamientos opositores comenzaron este miércoles a tomar forma en acciones concretas: desde la ofensiva parlamentaria a la callejera. Todo, mientras el Gobierno está acéfalo: Javier Milei aterrizaba a las 13 a París, Victoria Villarruel está en España y el senador puntano Bartolomé Abdala está a cargo del Ejecutivo.

“No necesitamos la legitimación de ningún trío de privilegiados. Nosotros estamos legitimados por la historia y por nuestro pueblo”, apuntaron desde el CECIM en la reunión con los diputados de Unión por la Patria en un salón de la Cámara baja. “El fallo es una tragedia. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a la Argentina de una manera muy cobarde”, planteó a elDiarioAR el abogado de los excombatientes Jerónimo Guerrero Iraola antes de entrar al Congreso.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, fue quien confirmó que pedirán una sesión especial en Diputados para completar el rechazo al DNU 70, que ya fue rechazado en el Senado. El peronismo ahora buscará blindar el apoyo del resto de la oposición dura al Gobierno, desde las distintas bancadas provinciales a la izquierda. La fecha de la sesión aún está en el aire, pero la marcha que se estudia para el martes próximo podría definir el calendario parlamentario.

En el peronismo hubo incluso propuestas más temerarias. El diputado Juan Marino adelantó que presentará un pedido de juicio político al Máximo Tribunal. Ese proceso tiene su propio derrotero parlamentario con una dificultad para la oposición: el oficialismo domina la lapicera en la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados.

La marcha popular

Entre las organizaciones sociales ya hay una conversación intensa por estas horas. La UTEP tiene previsto reunirse este viernes y convocar al resto de las agrupaciones que están fuera, supo elDiarioAR. “Se ha ido construyendo una agenda de pelea para los próximos días”, dijo un dirigente que anticipó como fecha estimativa el 6 de octubre en Tribunales.

Allí confluiría el amplio abanico de movimientos populares para repudiar a la Corte Suprema en su sede. La bandera principal es el reclamo contra la “Extranjerizacion de la Tierra”, pero las organizaciones también reclaman desde hace tiempo la restitución del plan Volver al Trabajo.

Este viernes se terminaría de confirmar la convocatoria, a la que podrían plegarse banderas sindicales, políticas y de autoconvocados. De hecho, desde la coordinación de la Marcha de la Bronca -que tuvo como punta de lanza a Myriam Bregman-, con más de 300 organizaciones politicas, sindicales, de derechos humanos, feministas y diversidades, de la cultura, entre otras, ya confirmaron a elDiarioAR una asamblea popular este viernes en Parque Lezama a las 17.

“Preparamos una gran movilización para la semana que viene contra el nefasto fallo de la Corte que habilita la extranjerización total de las tierras que busca echar tierra a lo logrado por todxs el 6 de agosto, y por la anulación del DNU 70/23”, recogió este medio.

A ese plan de movilizar el 6 de octubre le sumarían otras acciones que están en carpeta para los siguientes días: la CGT estudia una marcha por la industria el jueves, y del 10 al 12 de octubre está convocado el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries que se realizará en la ciudad de Córdoba. En el horizonte aparece además la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, que también tendrá como epicentro la sede de la Corte Suprema. Todo, a un mes de la llegada del papa León XIV al país.

MC

El fallo con el que la Corte Suprema revocó la sentencia que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales habilitó sin límites la compra de tierras por parte de extranjeros. Para Florencia Gómez, coautora de la Ley 26.737, la decisión no se explica por lo que dice sino por lo que evita decir. “El fallo de la Corte es una demostración de a quién responden. La utilización de un artilugio procesal como la falta de legitimación, y por ende la falta de acción, demuestra que ni siquiera tienen la valentía de tratar el fondo de la cuestión”, dijo a elDiarioAR.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron este martes la sentencia que dejó sin efecto la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata. En marzo de 2024 esa sala había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la ley sancionada en 2011. El máximo tribunal no se refirió a esa cuestión: sostuvo que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata, que había presentado el amparo, no tenía legitimación para litigar, y que la soberanía territorial no es “un bien colectivo en el sentido del artículo 43 de la Constitución”. El propio fallo aclara que “no supone abrir juicio sobre la validez constitucional del artículo 154”.

Ese es el punto que Gómez considera más grave. “Que denieguen a la ciudadanía la posibilidad de defenderse diciendo que la soberanía no es un bien jurídico colectivo tutelable es gravísimo en términos de una república democrática”, afirmó.

Y lo tradujo: “Al considerar la Corte, que es el último tribunal, que vos no tenés derecho a ir a reclamar algo, lo que implica eso es la falta de acción. O sea, que no existe la acción. Entonces utilizan un mecanismo procesal para, sin decirlo, habilitar directamente la extranjerización de la tierra”.

La abogada, exsecretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, recordó que no es la primera vez que la defensa de la norma choca con el mismo obstáculo. Cuando se judicializó el decreto 820 de 2016, con el que el gobierno de Mauricio Macri flexibilizó la reglamentación de la ley, una jueza del fuero Contencioso Administrativo Federal rechazó el planteo por falta de legitimación procesal. “Como que no tenías el derecho de recurrir a la justicia para que se expida sobre determinado tema, que no podías acreditar tu condición de afectado”, explicó.

En el caso del CECIM, en cambio, el recorrido judicial había sido otro. En enero de 2024, el juez federal Ernesto Kreplak, que estaba de feria, admitió la acción y dictó una medida cautelar que suspendía la derogación. Según Gómez, allí se sentó un criterio que después retomó la Cámara: “Dice que ellos han peleado en la guerra, han ido a defender la patria, y que entonces están más que habilitados para pedir por la soberanía en instancias judiciales”. El reconocimiento de la soberanía como bien jurídico colectivo fue, según la abogada, lo que permitió a los excombatientes reclamar por la derogación. El juez de primera instancia rechazó después la demanda por falta de legitimación, y la Sala III revirtió esa decisión.

Cuando el Gobierno apeló, la Corte optó por no entrar en ninguno de los planos del caso. “En vez de referirse al peligro en la demora, a las circunstancias de la medida cautelar, o siquiera a las condiciones del decreto de necesidad y urgencia, lo que hace es decir que el CECIM no tiene legitimación para reclamar y que la soberanía no es un bien jurídico tutelable”, señaló Gómez. En su lectura, analizar si se cumplían los requisitos de necesidad y urgencia habría expuesto a todo el DNU 70/2023, y no sólo al artículo sobre tierras, a un examen de constitucionalidad que el tribunal prefirió evitar.

En la práctica, la decisión deja vigente la derogación de los límites que establecía la Ley 26.737: un tope del 15% de las tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, un máximo del 30% de ese porcentaje para personas de una misma nacionalidad, un límite de mil hectáreas en la zona núcleo y la prohibición de adquirir inmuebles que contengan o sean ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes.

El fallo llega menos de dos meses después de una derrota legislativa del oficialismo sobre el mismo tema. En agosto, en el Senado, La Libertad Avanzada tuvo que retirar el capítulo de tierras del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada porque no reunía los votos, aun después de haber ofrecido un tope del 25% para extranjeros. Gómez había leído entonces ese resultado como un “despertar de conciencia” sobre lo colectivo. Ahora, con la vía judicial cerrada por la Corte en el caso del CECIM, la disputa vuelve al Congreso, donde la oposición ya anticipó que insistirá con avanzar contra el DNU 70/2023.

En la página 10 hay una mujer de anteojos negros y pelo revuelto por el viento, sonriendo mientras un perro le lame la cara. Es Emily Gilbert, secretaria ejecutiva de la Asociación de Empresas Rurales de las islas, y el texto cuenta que maneja “junto con su esposo Mark” una pequeña explotación ganadera en “East Falkland” y un negocio de turismo rural. La foto no parece elegida al azar. Resume el tono del cuadernillo que la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), la agencia de desarrollo que financia el gobierno británico ocupante de las islas, repartió entre los empresarios chilenos que participan desde este lunes del Punta Arenas Business Showroom. Todo, en medio de la creciente tensión por el inédito reclamo soberanista del gobierno de Javier Milei.

El documento se titula “Feria Empresarial Punta Arenas – Delegación Islas Falkland” y está escrito en español y colgado en la web oficial del evento. Presenta a 42 personas con el mismo formato: retrato en primer plano, logo de la empresa, correo de contacto y una biografía que casi nunca se limita a lo profesional. Como una colección de figuritas, cada página muestra a alguien con nombre, cara y una historia. El folleto no apunta a funcionarios ni a gobiernos: apunta a comerciantes, proveedores y “vecinos” de Magallanes. Los kelpers en su faceta más humana.

Lo que no aparece dice tanto como lo que sí. En 44 páginas no se nombra a la Argentina, ni a Malvinas, ni a Puerto Argentino. No hay referencias a 1982, al conflicto ni a la soberanía. Las islas son siempre “Islas Falklands” y la capital, “Stanley”, que se menciona 25 veces. La palabra “comunidad” aparece 15 veces. El único rastro de la guerra está escondido en la ficha de Cynthia Williams, subgerente de un vivero, entre cuyas tareas figura el mantenimiento de las tumbas de guerra de la Commonwealth. La tapa tiene un mapa donde se ven Tierra del Fuego, la Isla de los Estados y el Banco Burdwood, con una sola leyenda política: “Falkland Islands (U.K.)”.

Lo que el folleto repite es la pertenencia. Mike Summers, director de la Cámara de Comercio, es “un isleño de sexta generación”. Dylan Stephenson, dueño de una empresa de estiba, es “un isleño de las Falklands de décima generación”. Marc Short, funcionario de Obras Públicas, pertenece “a la séptima generación de su familia en la isla” y “ha vivido allí toda su vida”. No es un detalle biográfico inocente: la genealogía está en el centro del argumento isleño de la autodeterminación, que la Argentina rechaza porque considera que se trata de una población trasladada por la potencia ocupante y porque las resoluciones de Naciones Unidas hablan de los “intereses” de los habitantes, no de sus deseos.

El otro eje es Chile. El cuadernillo remarca todos los vínculos posibles con Magallanes. La madre de Marc Short, por ejemplo, “es de Puerto Natales”. Arturo Guala, dueño de un restobar en Stanley, es “un emprendedor chileno originario de Punta Arenas” que, tras mudarse, ahora “las llama su hogar” y quiere “superar las brechas culturales y económicas” entre ambas regiones. Daniela Baigorri, oficial de Bioseguridad del gobierno isleño, es “una bióloga marina chilena que forma parte de la comunidad” desde 2016. Patricio Garcés, de una pesquera, dice que espera “volver a conectar con viejos amigos”. Ali y Marlane Marsh cuentan que muchas de sus vacas Hereford descienden de animales importados de Chile, y que dejaron de comprar en ese país cuando se cortó la antigua ruta marítima.

El resto son historias pensadas para generar empatía. Chris Barrett, gerente de flota de la Falkland Islands Company, se mudó a las islas con su familia en 2020, “justo una semana antes de que golpeara el Covid”. Shula Phillips vendió su casa de huéspedes “apenas una semana antes del nacimiento de su hija” y cumplió “su sueño” de abrir un bar de vinos en una casita de piedra de 1840. Paul Phillips arrancó como esquilador. Ellie Ferriby y Harley Marshall aprendieron solos a levantar invernaderos para que la comunidad tenga verduras frescas todo el año. Un restaurante de Stanley resume su filosofía así: “Todos merecen un sitio en la mesa”.

Entre esas biografías también aparecen piezas del Estado británico e isleño, presentadas con el mismo tono amable. Hay cuatro funcionarios del gobierno kelper, dos gerentes de logística del British Antarctic Survey, el instituto polar que depende de un organismo público del Reino Unido, y ejecutivos de empresas con contratos con el Ministerio de Defensa británico. La propia FIDC aclara que es “un organismo cuasi autónomo financiado por el gobierno”, con un presupuesto anual de alrededor de un millón de libras. Su subdirectora, Louise Ellis, que encabeza la delegación, aparece como la artífice de una estrategia de tres años: visitas cruzadas desde 2024, una consulta sobre conexiones marítimas y un documento que “se compartió con actores clave en Chile”.

El cuadernillo funciona como una herramienta de diplomacia blanda, y llega en un momento en que el mensaje encuentra eco del otro lado de la cordillera. El domingo, el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, dijo que Chile apoya el reclamo argentino pero que “hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”, y pidió respetar “la voluntad e interés de las personas involucradas”. Es la misma idea que el folleto construye página por página: que en las islas vive gente con arraigo, familias y proyectos, y que Magallanes es su vecino natural.

Pero el problema va más allá de la imagen. La rueda de negocios le da carga a la ruta directa Punta Arenas–Stanley (Puerto Argentino) que la naviera chilena Easter Island planea inaugurar a mediados de noviembre, mientras la Armada trasandina impulsa un puerto multipropósito sobre el Estrecho. “Hay preocupación porque están pensando armar un puerto multifuncional, un centro logístico con la excusa del comercio”, le dijo a elDiarioAR una fuente oficial. En la versión que la FIDC eligió mostrar en Punta Arenas no hay puerto ni geopolítica: solo vecinos que quieren comprar verduras, cemento y repuestos más cerca de casa.

MC

Una comitiva de 42 empresarios y funcionarios británicos de Malvinas empezó este lunes en Punta Arenas, sur de Chile, una ronda de negocios para abastecer las islas de más provisiones. El encuentro, llamado Punta Arenas Business Showroom, se hace en la Sala Kaweskar del Hotel Cabo de Hornos y termina el martes al mediodía. Lo organizan la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), la agencia de desarrollo que financia el gobierno ocupante, la Municipalidad de Punta Arenas y la naviera chilena Easter Island. Según la prensa trasandina, es la delegación comercial más numerosa que las islas mandaron al continente.

La apertura estuvo a cargo del alcalde Claudio Radonich, el gerente general de Easter Island, Pablo Pacheco Mancilla, y la subdirectora general de la FIDC, Louise Ellis, que encabeza la comitiva. El programa oficial prevé tres rondas de reuniones bilaterales entre empresas de ambos lados, una cena de recepción auspiciada por la naviera y la agencia isleña, y un cierre con los mismos oradores. “Vamos a hacer como el gran supermercado, el gran home center de la isla para los habitantes de la isla”, resumió Radonich en la previa, según consignó el diario Clarín.

El objetivo es darle carga a la ruta marítima directa entre Punta Arenas y Puerto Argentino (Stanley para los británicos) que Easter Island, con sede en Valparaíso, planea inaugurar a mediados de noviembre. De acuerdo con la prensa chilena, el buque llevará bandera chilena y transportará entre 400 y 600 toneladas por viaje en contenedores secos, refrigerados y tanques de gas. La conexión reduciría a la mitad la distancia que hoy separa a las islas de Montevideo, su principal puerto de abastecimiento en el continente. Una ruta entre Punta Arenas y las islas ya funcionó durante décadas y se interrumpió a principios de los 2000, cuando dejó de ser rentable.

El cuadernillo que la FIDC repartió entre los participantes detalla qué busca cada integrante de la delegación. Supermercados, ferreterías y restaurantes de Stanley quieren proveedores de alimentos frescos, productos de limpieza y bebidas. Constructoras e importadores buscan cemento, madera, herramientas y materiales eléctricos. La firma de ingeniería RSK dice que le interesa desarrollar rutas alternativas que puedan “reducir la dependencia de las compras en el Reino Unido” y acortar los plazos de entrega. La pesquera Consolidated Fisheries, que captura merluza negra, busca carnada, aparejos y embalajes. La asociación que agrupa a las 13 pesqueras de las islas quiere evaluar “una segunda ruta marítima” para exportar productos congelados a Corea del Sur y Taiwán.

La comitiva no es solo privada. Viajaron cuatro funcionarios del gobierno británico en las islas, de las áreas de Agricultura, Bioseguridad, Obras Públicas y Desarrollo Comercial, y dos responsables de logística del British Antarctic Survey, el instituto polar que depende de Londres. También participan la Falkland Islands Company, la empresa más antigua del archipiélago, fundada en 1851, de la que Eduardo Elsztain es accionista; Stanley Services, una sociedad entre el gobierno isleño y un grupo privado que abastece de combustible a la flota pesquera; y 60 South, una empresa de cruceros antárticos que usa Punta Arenas como base de verano. Varios de los empresarios son chilenos radicados en las islas.

La ronda de negocios empezó un día después de que el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, avalara públicamente el intercambio y lanzara una polémica frase sobre la soberanía. “Chile ha señalado que apoya la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero hay una situación de hecho: un país amigo hace 200 años ejerce soberanía sobre las islas”, dijo el domingo en Radio Polar de Magallanes. Defendió el “derecho de ejercer el comercio” y cuestionó el Decreto 256 de 2010, que exige autorización argentina a los buques que van a las islas por aguas nacionales. Radonich, por su parte, sostiene que el encuentro “no rompe en modo alguno” el apoyo chileno al reclamo argentino.

El evento llega en plena escalada del Gobierno sobre Malvinas. El canciller Pablo Quirno advirtió a principios de mes que “las empresas que operen en Malvinas van a tener que decidir si operan allí o vienen a la Argentina”. El proyecto de “Defensa de la Soberanía Nacional”, que el Ejecutivo envió a Diputados, amplía las sanciones de la Ley 26.659 a la actividad petrolera y la pesca no autorizada y a los proveedores de esas actividades. Si se aprueba en esos términos, varias de las firmas que están en Punta Arenas podrían quedar alcanzadas.

En la Casa Rosada, la preocupación va más allá del comercio. “Hay preocupación porque están pensando armar un puerto multifuncional, un centro logístico con la excusa del comercio”, le dijo a elDiarioAR una fuente oficial. El sábado, la Armada chilena volvió a impulsar un proyecto de puerto multipropósito en Bahía Catalina, en Punta Arenas, que su comandante en la zona definió como la base para un “nodo logístico naval, científico e industrial en el extremo austral”.

MC

Qué estamos esperando para recibir amor... Serú Girán lanza su botella al mar con David Lebón en la voz y Pedro Aznar en la guitarra y comienza así el viaje en el tiempo al que invitan dos de los miembros fundadores de la primera gran banda del rock nacional. A casi 50 años de su debut, el trayecto será una celebración con bordes de nostalgia por el cuarteto que lideró Charly García y completó también Oscar Moro. Ausentes ellos dos, están presentes en el aire esta noche en el Movistar Arena.

Es que la versión de Serú que armaron para este año Lebón y Aznar poco hace extrañar al sonido original. Y el público lo aplaudió. Ya agotaron siete recitales –el último fue el domingo pasado– y sumaron una noche de cierre extra para fin de año.

“Parado en el medio de la vida”, del disco Peperina, funciona como primera parada del viaje, con Lebón y Aznar solos en el escenario. Uno, el compañero de Charly en su incursión a Búzios, Brasil, a fines de los 70, luego de haber cerrado el ciclo Sui Generis y tras el experimento de La Máquina de Hacer Pájaros. El otro, el bajista que siendo adolescente prodigio fascinó a García en un club de Buenos Aires. “Bueno, llegamos”, le confió León ante el público que lo volvió a ver en este ciclo de regresos que comenzó el 19 de junio y terminará recién el 22 de noviembre próximo, luego de su presentación en 2025 ante 150 mil personas en el Quilmes Rock y con su exitoso paso por el Festival Cordillera de Bogotá.

Aunque no están, las huellas de García y Moro aparece en todas partes. Las fotos en las pantallas, los recuerdos al micrófono. Pero también el sonido de los cuatro músicos que acompañan a Lebón y Aznar (Federico Arreysegor y Fermín Ferraris en teclados, Fernando Cosenza en guitarras y Matías Sabagh en batería): reproducen con exactitud sublime sus notas y arreglos. Aznar canta las partes que cantaba Charly y el espectador está congraciado: “Charly, estás acá”, gritan desde las tribunas.

Fue Aznar el motor de la sala de máquinas: le dio rienda suelta a su obsesión por la técnica para producir esta serie de show excelsos. Desde la puntualidad en el comienzo hasta el cambio sistemático de bajos, guitarras y contrabajos (toca tres bajos distintos y un contrabajo eléctrico), pasando por la selección de sesionistas que logran representar sin fisuras el arte de Charly en los teclados y el de Moro en la batería. “Ellos dos están presentes en toda la música”, explicó Aznar sobre Charly y Moro. “En el respeto con el que nosotros preservamos los arreglos.”

La historia de la banda va más allá de lo musical. “Nos tenemos mucha confianza”, dijeron en algún momento Aznar y Lebón. Y hay un documento que mide ese camino de vida. El 9 de marzo de 1988, en el barrio porteño de Almagro, dos jóvenes periodistas, Luciano di Vito y Fernando González, consiguieron sentar juntos a Charly, Lebón, Aznar y Moro, seis años después de la despedida en Obras y cuatro antes de la vuelta en River. Fue un encuentro artesanal que los comunicadores amateurs se tomaron como una misión propia: tocaron el timbre a cada uno de ellos. De manera casi increíble, el primero que aceptó sin poner peros fue García: “Si los muchachos están...”. Y el más difícil fue Moro, porque no lo encontraban en ningún lado --tiempos sin celulares ni redes sociales--. El destino quiso que se lo cruzaran en un almacen una noche de verano.

Aquella entrevista comienzó con risas y terminó en una zapada mágica de la que durante años sólo circularon fragmentos hasta convertirse en un mito urbano y musical. Por suerte, en 2024 la editorial Vademécum la publicó en un libro --La entrevista imposible. Una tarde con Serú Girán-- y las grabaciones están colgadas en YouTube.

Ahí hablan los cuatro. Charly explica cómo empezó todo: “Yo quería trabajar con David. Me iba a su casa y trataba de convencerlo”. Y Lebón completa: “El día que fue con una botella de JB me convenció”. Aznar dejó la frase que hoy suena a profecía: “Nosotros somos como Hendrix, más tiempo estamos separados, más discos hacemos. Es como una especie de milagro”. Treinta y ocho años después, en el Movistar Arena, dos hablan por todos.

La banda que se escucha ahora es la que nació hablando en clave. La grasa de las capitales (1979) abría con una parodia de la música disco y de las revistas de chismes, y su intro con “Frecuencia modulada”, que se burlaba del pop vacío que dominaba las FM, es la apertura del show tras “Parado en el medio de la vida”. Luego vendrán, del mismo disco, “Viernes, 3 A.M.”, una canción sobre un suicidio que la dictadura prohibió en las radios por considerar que incitaba a matarse. Y “Canción de Alicia en el país”, donde Aznar destaca cómo Charly usó la metáfora del cuento de Lewis Carroll para hablar de una Argentina a la que no se podía nombrar.

Pero la genialidad de García llega cuando se interpretan, conectadas, “Cinema Varieté” y “Desarma y sangra”. El público, completamente en silencio, solo deja que la poesía en el piano que inventó Charly ocupe el centro de escena.

“Los dejo un ratito con David”, dice luego Aznar y se abre el momento solista que García había bautizado en Obras en 1981. “Como Rubén Rada”, dice Lebón para tocar en las congas “En la vereda del sol”.

La respuesta al réquiem llega hacia el final. Para “Cuánto tiempo más llevará” y “No llores por mí, Argentina”, Aznar convoca a Juanito Moro, el hijo de Oscar, y lo presenta con ternura: “Era chiquitito, estaba en una valijita mientras ensayábamos en Brasil”. Juanito toca –no podía ser de otra manera– la batería. Es la imagen más poderosa de la noche: la historia de Serú Girán latiendo con sangre nueva, en manos de alguien que la lleva en la sangre.

El final llegó rápido para la banda que se consideró “los Beatles argentinos”. Aznar quiso estudiar en el Berklee College of Music, en Boston, y cuando aceptó una oferta para sumarse a Pat Metheny el resto entendió que su bajo no se podía reemplazar. Volvieron en 1992, luego de aquella entrevista artesanal y zapada que derivó en disco y el show en River. “Nos separamos culpa de Pedro, que tenía una novia japonesa, se pasaba el día en la tintorería”, inventó Charly ante los jóvenes periodistas aquel 9 de marzo del '88, anécdota que genera un coro de risas.

Ya no hubo regresos después, sobre todo cuando Moro murió en 2006. Charly, Lebón y Aznar dijeron entonces que no habría un regreso definitivo sin él.

Lo que sostienen ahora no es una reunión, sino un viaje sin tiempo de almas conectadas. “Podemos hablar a corazón abierto sobre cualquier cosa”, dijo Aznar a la Rolling Stone, sobre el vínculo con Charly y Lebón.

Por eso el cierre, con “Peperina” y “Seminare”, pega distinto. La primera tiene una historia que la música nunca terminó de despegar de una persona real: la joven cronista de la revista Expreso Imaginario que en 1979 escribió una crítica demoledora de un show en Córdoba. Charly respondió en 1980 diciendo que la periodista “no entiende nada de nada” y, en 1981, la canción “Peperina” abrió el disco homónimo con un retrato de ella como una groupie despechada.

“Seminare” es otra cosa. “Te quiero mostrar una canción que creo que vos podés haber compuesto, por los acordes”, le dijo Charly a Lebón en la playa de Búzios. Una canción sobre alguien que todavía no sabe que está en el final de algo. El domingo se cantó en versión colectiva. Charly no estaba en el escenario. Estaba, como en toda la noche, en cada canción.

“La llamada 'cultura de la muerte' (...) se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto o en el impulso de ideologías que contradicen la biología, generando una atmósfera de pesimismo y desaliento”. La pluma de Victoria Villarruel abre un libro de 206 páginas que el Senado acaba de publicar para intentar horadar políticas públicas como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y vincularla con la baja natalidad, situación que ya fue negada científicamente. La publicación fue presentada el martes pasado en la Cámara alta, en un acto donde se ausentó la vice por estar a cargo del Ejecutivo durante el viaje de Javier Milei a Nueva York pero con presencia de senadores libertarios como Bartolomé Abdala (presidente provisional del Senado) y Carmen Álvarez Rivero.

El libro, titulado Políticas para cuidar la vida, de distribución gratuita y venta prohibida, publicado por la Dirección General de Publicaciones de la Cámara; es decir, impreso con recursos del Senado. El volumen compila las exposiciones de cuatro seminarios realizados durante 2025 en el Palacio Legislativo —sobre el llamado “Día del Niño por Nacer”, niñez y familia, adicciones, y trata de personas— y funciona como un programa ideológico con el aval institucional de Villarruel.

En cuatro capítulos, hay una cruzada contra el aborto, el “descarte” y la “cultura de la muerte”. La clave de ese programa aparece condensada en el prólogo del libro, firmado por la vice: “El desafío demográfico que enfrenta Argentina, con la tasa de natalidad más baja de nuestra historia, no es un problema meramente estadístico. Es un síntoma de una crisis cultural más profunda, marcada por lo que he denominado una 'cultura de la muerte', que, en lugar de celebrar el milagro de la vida, la presenta como una carga y un obstáculo al desarrollo individual del ser humano. Frente a ello, Políticas para cuidar la vida propone una revolución moral, espiritual y política: una revolución que no se resigna al descarte, que no abandona a las madres en su vulnerabilidad, que no considera a los niños como un obstáculo, sino como la mayor promesa de nuestro futuro”.

La evidencia disponible no respalda la causalidad que propone Villarruel, que ya fue reproducida por Milei. Los estudios sobre la caída de la natalidad en Argentina —que en la última década se redujo casi a la mitad— coinciden en señalar causas económicas (dificultades para acceder a la vivienda, precarización laboral, costo de la crianza), sociales (maternidad cada vez más tardía, cambios en los vínculos de pareja) y de autonomía reproductiva, antes que una supuesta crisis moral. También por la caída del embarazo adolescente gracias a la Educación Sexual Integral (ESI). El acceso a la anticoncepción y al aborto legal aparece en esos análisis como un factor que permite posponer la maternidad de forma más segura, no como su causa. De hecho, el proceso de caída de la natalidad comenzó antes de la sanción de la IVE, en 2020.

Tampoco ayuda a la tesis de Villarruel la experiencia de los países que el libro toma como modelo, incluso con los propios datos que exhibe. El volumen presenta como modelos a imitar los de Hungría, Italia y Estados Unidos. Sobre Hungría, un capítulo asegura que “los abortos se han reducido de 80.000 en 1980 a menos de 24.000 en 2020” y que la tasa de fecundidad “aumentó de 1,23 en 2011 a 1,59 en 2020” gracias a los subsidios de Viktor Orbán. Lo que el libro omite es que, según cifras oficiales húngaras posteriores, esa tasa volvió a caer a 1,39 en 2024, y que buena parte de la suba previa reflejó nacimientos adelantados en el tiempo, no un aumento real de la fecundidad, pese a que Hungría destina cerca del 5% de su PBI a subsidios familiares, uno de los porcentajes más altos de la OCDE. Italia, el otro espejo natalista que recorre el libro, tiene hoy una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa pese a los incentivos fiscales del gobierno de coalición derechista.

Ese cruce entre natalidad y aborto es explícito en el libro. En la introducción, Isolina Correa Monterrubio, directora de Relaciones Internacionales del Senado, escribe que “la adopción de políticas importadas, enajenantes, como las de género y aborto, han hecho estragos en el capital social del país, deteriorando la familia argentina y erosionando los cimientos de la sociedad”.

El primer capítulo, que retoma la conferencia “25 de marzo: Día del Niño por Nacer” —una actividad reaccionaria contra la ley del aborto—, es el que dedica más espacio a cuestionar puntualmente la ley 27.610. Un artículo firmado por Lorena Aguilar y Matilde Gagliolo, de la organización ultracatólica La Merced Vida, sostiene que la norma “restringe la capacidad de los profesionales de salud para explorar opciones alternativas o brindar un asesoramiento integral que contemple la continuidad del embarazo” y que ese marco normativo “se configura, de facto, como un incentivo estructural que favorece el aborto sobre otras posibles resoluciones”.

También tiene presencia en el libro Abel Albino, pediatra y fundador de la Fundación CONIN, que despliega su fórmula de siempre contra la desnutrición infantil: preservar el cerebro en los primeros mil días de vida, educar, y garantizar cloacas, agua corriente y luz eléctrica, todo envuelto en su estilo de prédica. Albino ya fue duramente cuestionado por sostener que el VIH “atraviesa la porcelana” y que el preservativo no protege de la transmisión. En febrero de 2024, en plena polémica por los alimentos retenidos en los galpones de Capital Humano, la ministra Sandra Pettovello firmó un convenio con la Fundación CONIN para distribuir mercadería a comedores, acuerdo renovado en junio de ese año.

El mismo texto cuestiona cómo se cumple en la práctica el consentimiento informado que exige la ley y concluye que “la implementación de la ley 27.610 ha difundido el acceso al aborto y no ha resuelto las carencias en el acompañamiento que la mujer con embarazo vulnerable necesita”. El artículo incluye además el testimonio en primera persona de Gagliolo sobre un aborto clandestino que atravesó a los 18 años, presentado como argumento central contra la ley vigente, y cita en su bibliografía los estudios de Vincent Rue y Priscilla Coleman sobre un supuesto “síndrome posaborto”, una hipótesis que ni la OMS ni las principales asociaciones de psiquiatría reconocen como diagnóstico clínico y que buena parte de la literatura científica considera sin sustento epidemiológico.

El cuestionamiento más extenso y técnico a la ley aparece en el artículo de Juan Bautista González Saborido, director de Organismos Internacionales del Senado, titulado “La protección jurídica de la persona por nacer en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos”. Allí escribe: “Insólitamente, en el art. 3° del texto legal, con un epígrafe denominado 'Marco normativo constitucional', se citan diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos para justificar la sanción de la ley” 27.610, que —afirma— “legaliza el aborto a simple demanda”. El autor desmenuza además el artículo 4° de la norma, que habilita la interrupción del embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de invocar motivo, y sostiene que las excepciones previstas para después de esa fecha (riesgo de vida o de salud de la persona gestante) “en realidad habilitan el aborto de personas por nacer que son viables, sin límite de tiempo alguno”. Cierra el punto denunciando lo que llama “la utilización de un lenguaje deshumanizante” en el texto legal.

La adopción de políticas importadas, enajenantes, como las de género y aborto, han hecho estragos en el capital social del país, deteriorando la familia argentina y erosionando los cimientos de la sociedad

Ese cuestionamiento legal desemboca en un capítulo de “iniciativas y proyectos” que propone crear una Defensoría de los Derechos del Niño por Nacer —inspirada explícitamente en la figura del Ombudsman for the Unborn Child de Polonia— y otras figuras de protección jurídica prenatal, con “experiencia internacional” tomada de Polonia, Hungría, Malta y El Salvador, cuatro de los países con las legislaciones más restrictivas del mundo en materia de aborto. El mismo apartado dedica una sección a “iniciativas legislativas con antecedente internacional en la promoción de la natalidad” que, además de Hungría e Italia, incluye a Estados Unidos: cita como “marco legal provida” el fallo de la Corte Suprema estadounidense en Dobbs v. Jackson (2022), que anuló el derecho constitucional al aborto y devolvió su regulación a los estados, y afirma textualmente que “la Heritage Foundation, a través de su Project 2025, propone un modelo de gobernanza inspirado en Hungría, que incluye fortalecer la familia mediante reformas institucionales y educativas que prioricen valores tradicionales”.

El capítulo cierra con otra intervención de Villarruel, que retoman la fórmula del prólogo: “Emerge también la llamada 'cultura de la muerte', que se manifiesta en la promoción de leyes que legalizan el aborto (...) ofrecer el aborto como respuesta a una mujer embarazada en dificultad es abandonarnos a la mediocridad y al desaliento (...) Es un mensaje terrible”.

El segundo capítulo, “Niñez, adolescencia y familia”, avanza sobre otro frente: la educación sexual integral y los tratamientos de identidad de género en adolescentes. Uno de los textos incluidos celebra el DNU 62/2025, el decreto con el que el Gobierno modificó la Ley de Identidad de Género para impedir que menores de 18 años accedan a tratamientos hormonales o quirúrgicos de modificación corporal. La norma fue impugnada judicialmente por organizaciones LGBT+ y, este año, una Cámara Federal la declaró inconstitucional, aunque la discusión sigue sin resolución definitiva en instancias superiores.

El tercer capítulo, sobre adicciones, exhibe el contraste más marcado del libro entre contenido profesional y discurso ideológico. Conviven allí la mirada clínica del psiquiatra Federico Pavlovsky sobre el impacto de las pantallas y las apuestas online en adolescentes —con referencias a estudios de The Lancet y UNICEF— y una intervención del padre Ariel Solé, presidente de la Comisión de Pastoral de las Adicciones de la Arquidiócesis de La Plata, que enmarca el consumo problemático en una teoría conspirativa sobre una “guerra cognitiva”. En su exposición, Solé cita sin criticar un libro titulado El proyecto de la izquierda y el gran capital para describir lo que llama una “ingeniería social”: “Destrucción de las sociedades, y para esto hay que destruir la familia, imponer la ideología de género, promover inmigraciones descontroladas, sacar el sentido a la libertad. Hay que abortar, permitir matar; la muerte se hace natural, y el proyecto que impera es un proyecto de muerte y de destrucción”.

El cuarto capítulo, sobre trata de personas, es el más alejado en tono del resto: reúne a jueces, fiscales, referentes de la Iglesia y funcionarios del Ministerio Público que abordan el fenómeno con datos y un enfoque consensuado sobre prevención y asistencia a víctimas. Pero incluso allí reaparece el cruce con la agenda antiaborto: las conclusiones de Villarruel incorporan la subrogación de vientres como una forma de trata y cierran el libro con la misma premisa de “la vida desde la concepción”: “Un niño no es un producto (...), es un fin en sí mismo, un ser digno de amor, respeto y protección desde el momento de su concepción”.

MC

Agosto quedó marcado en la dinámica presidencial porque Javier Milei pasó unos diez días sin salir de la Quinta de Olivos. Ahora, tras un pedido de acceso a la información realizado por elDiarioAR, se conoce en detalle cuál fue la actividad del libertario durante el mes pasado. El listado, brindado por Casa Militar, el organismo recientemente más que empoderado para velar por la seguridad presidencial, permite reconstruir nombre por nombre a quién recibió Milei en los días en lo que se recluyó para terminar de escribir un libro. Por fuera de economistas habitués, también aparecen dos empresarios de peso: Eduardo Elsztain, dueño de shoppings, mineras y terrateniente inmobiliario, y Daniel Hadad, fundador de Infobae, cuyo dato ya había revelado este medio.

Durante la primera quincena del mes, Milei se recluyó para terminar “La Moral como política de Estado” y comenzar una nueva autobiografía centrada en economía. Fueron una decena de días de aislamiento casi total que rompió cuando participó del acto por San Martín el 17. En el registro oficial aparecen, justamente, su editor y un escritor. El 11 de agosto ingresó Mego Armando, como referencia a Andrés Mego, fundador de la editorial Hojas del Sur, que publica los libros de Milei y de otros referentes libertarios. Cuatro días después, el 15, lo hizo el escritor Gonzalo Garcés.

Elsztain en Olivos

Eduardo Elsztain, presidente de IRSA y Cresud, visitó a Milei el domingo 23 de agosto entre las 19:25 y las 20:36, poco más de una hora, mientras otros visitantes de esa misma noche permanecieron hasta pasada la medianoche. Según pudo relevar elDiarioAR sobre los registros de ingresos a Olivos de enero de 2024 a junio de 2026, más este de agosto—, habría sido la única vez que Elsztain ingresó a la quinta presidencial, pero fuentes del entorno del empresario aseguraron que ya hubo otra el año pasado.

Elsztain no se quedó a la ópera noctura, hobby de Milei en el microcine de Olivos, y fue a conversar sobre otros temas. La visita se produjo semanas después de que el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) rechazara, mediante la Resolución 330/2026, las oposiciones de las empresas de Elsztain, Golden Mining y Casposo Argentina, al proyecto minero Vicuña, de BHP y Lundin, en San Juan. El 28 de julio pasado, el Enrege le dio la razón a Vicuña y despejó el camino para la construcción del mayor proyecto de producción de cobre de la Argentina: avaló una serie de obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico para asegurarse la disponibilidad del 90% de la capacidad incremental para abastecer el proyecto minero sanjuanino.

Curioso es también que dos semanas después de su visita, el mandatario daba su cadena nacional sobre las Islas Malvinas y se revelaba que Elsztain tiene acciones en la Falkland Islands Company, la empresa británica que prácticamente monopoliza el comercio en el archipiélago.

Hadad y economistas

El otro empresario que ingresó a Olivos en agosto fue Daniel Hadad, dueño de Infobae, el 5 de agosto, entre las 17:05 y las 18:35. La visita ocurrió en medio de una serie de movimientos del empresario con base en Miami paraintentar instalar su imagen como posible presidenciable.

El grueso de las visitas de agosto correspondió al círculo de economistas que Milei consulta por fuera del gabinete oficial. Juan Carlos De Pablo, su interlocutor económico más frecuente, volvió a ser el visitante más asiduo del mes, con seis ingresos. Sebastián Galiani, exfuncionario de Mauricio Macri, estuvo tres veces en cuatro días (13, 14 y 16 de agosto). Miguel Boggiano, miembro del Consejo de Asesores Económicos y fundador de Carta Financiera, y Pablo Boggiano entraron juntos el 16 de agosto; Miguel volvió a hacerlo, solo, el 9 y el 30. También pasaron el economista y conferencista Jonatan Loidi, y Samuel Cohen.

Entre los funcionarios y dirigentes que visitaron Olivos en agosto figuran la senadora Patricia Bullrich (3/8), el canciller Pablo Quirno 14/8), y el embajador argentino en Estados Unidos, Alejandro Oxenford (22 y 23/8).

Además de Mego y Garcés, pasaron por la quinta el filósofo Alejandro Rozitchner, interlocutor histórico de Milei, y el actor Juan Acosta, conocido por su militancia mediática a favor del Gobierno; ambos ingresaron el mismo día, el 25 de agosto.

Cerraron el mes Elías Kandín, referente de la comunidad Jabad Lubavitch y visitante habitual en los registros de años anteriores, y Saúl Sutton, del Grupo Sutton —ligado al Hotel Alvear—, ambos el 31 de agosto junto con la kinesióloga Leandra Protolongo, otra presencia recurrente en los registros de la quinta desde 2024.

MC

Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tenían más de medio millón de dólares ahorrados en efectivo, guardados en su casa, debajo del colchón, cuando el ahora exjefe de Gabinete se convirtió en vocero presidencial de Javier Milei. Pero la pareja no se encandiló por la riqueza repentina tras una arriesgada inversión en criptomoneda y la llegada al poder: optaron “deliberadamente” por “vivir como si no lo tuvieran”, con la mira puesta en la educación de sus hijos y en su propia jubilación. Pero los planes se truncaron por la función pública. Primero, por seguridad: el departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, donde vivía el matrimonio, no tenía cochera y estaba en un primer piso, y los vecinos le arrojaban objetos al patio. Entonces se mudaron a un inmueble más amplio en Miró 550, en Caballito, que refaccionaron por completo. Luego, “a raíz de un altercado” que Adorni protagonizó en la vía pública, la pareja entendió que, para preservar a sus hijos menores, lo más conveniente era tener una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá, que ya conocían. Así compraron el lote 380 y también lo refaccionaron. Buscaban darle a sus hijos “tranquilidad” y “aire libre” para los fines de semana.

Ese es el relato que Adorni da de su crecimiento patrimonial, según el escrito que su defensa presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita este fin de semana para responder el requerimiento que la fiscalía le hizo el 10 de agosto, en la causa que derivó en su salida del gobierno. El eje de la defensa es que el grueso del patrimonio es anterior a que Adorni asumiera un cargo público y que atesorarlos en efectivo en su casa no afecta “la moral pública”. Para sostenerlo, el escrito describe ocho direcciones de Bitcoin con actividad entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, sin saldo actual. Según su tabla, se liquidaron en total US$591.544,61.

La inversión, siempre según el escrito, fue de US$1.897,20 en 2014 y US$199.883,20 en 2017: más del 99% en un solo año. Eso deja una ganancia bruta de unos US$389.764, casi tres veces lo invertido. Adorni relata que las compras y las ventas se hicieron “en persona”, en lugares públicos, en efectivo y con contrapartes que “no se identificaban”. Los dólares billete se recibieron “de manos de cada comprador”, sin plataforma ni intermediario. El escrito reconoce que de esta etapa “no existe otro respaldo que el relato de mi asistido”.

Sobre el capital para comprar los primeros bitcoins, el escrito lo atribuye a honorarios que Adorni, contador, y Angeletti habrían cobrado “por fuera del circuito bancario y financiero formal”, más dinero de la herencia paterna de 2002. En el mismo pasaje la defensa admite que ese ahorro quedó “por fuera del sistema bancario y del radar” de ARCA.

La tabla de operaciones muestra una concentración llamativa. El 5 de agosto de 2017 se liquidaron cuatro direcciones por unos US$315.676, el 53% del total. Una sola operación, a las 14:49:23, fue de US$296.785,46. Tomando el precio que el propio escrito cita para el día siguiente (unos US$3.356), esa venta equivaldría a unos 88 bitcoins, un cálculo propio que debería poder confirmar la pericia. Ahí aparece una tensión que el escrito no resuelve. En un pasaje sostiene que la decisión de liquidar “se haya adoptado” en 2018, después del derrumbe del precio, de unos US$19.000 en diciembre de 2017 a menos de US$3.500. Pero su propia tabla muestra que más de la mitad se vendió en agosto de 2017 y que otra dirección se vendió en marzo de ese año.

Para probar la titularidad, Adorni firmó un mensaje criptográfico con cada billetera ante un escribano el 7 de septiembre y dejó las claves privadas en un sobre lacrado con su abogado. Eso prueba que hoy controla esas billeteras, no quiénes fueron las contrapartes de 2014-2018. El relato tampoco coincide del todo con lo que Adorni contó en público. En una entrevista con José Del Río en La Nación, el 11 de junio, dijo haber invertido unos US$200.000 y ganado unos US$300.000, US$500.000 en total, contra los US$389.764 que salen de las cifras del propio escrito.

De los dólares bajo el colchón a la compra de dos inmuebles

La defensa de Adorni reconstruye un stock de dólares en efectivo que se fue consumiendo: US$565.000 al cierre de 2022, US$513.000 a fines de 2023, US$388.961,52 a fines de 2024 y US$209.961,52 a fines de 2025. Son US$303.038 menos en dos años. Al comienzo de 2024, el efectivo del matrimonio era de US$533.000: los 513.000 de Adorni más 20.000 en custodia de Angeletti, que después fueron al lote de Indio Cuá.

El requerimiento cuestionaba el origen de US$402.578 en divisas aplicadas, US$374.081 de ellos en efectivo, “dado que ninguno de esos ingresos fue percibido en moneda extranjera”. El escrito responde que salen de estos ahorros, que tanto Adorni como su esposa declararon en las rectificativas de sus declaraciones juradas, presentadas el 10 de junio pasado.

La historia inmobiliaria empieza en el departamento de la calle Asamblea 1132, en Parque Chacabuco, donde vivía el matrimonio antes de que Adorni llegara a la función pública. El escrito no dice cuándo lo compraron, pero es la pieza clave de todo lo que vino después: fue la garantía de la primera hipoteca.

El 15 de noviembre de 2024, Adorni compró el lote 380 del country Indio Cuá por US$120.000. Para pagarlo tomó un mutuo con garantía hipotecaria sobre el departamento de Asamblea por US$100.000 (escritura 119) y completó los otros US$20.000 con efectivo que estaba bajo custodia de su esposa. El escrito no dice quién le prestó esos US$100.000. Según lo que declararon ante el fiscal, fueron Graciela Molina, comisario inspector retirada de la Policía Federal, y su hija Victoria Cancio, subinspectora en actividad, que llegaron a Adorni vía su escribana. US$85.000 puso la madre y US$15.000 la hija, a dos años y con un interés del 11% anual. En Fiscalía declararon que Adorni todavía les debe unos US$70.000, que vencen en noviembre de 2026. Eso cuadra con los US$900 de intereses de 2024 y los US$30.000 de capital pagados en 2025 que figuran en el flujo de fondos del escrito.

El lote quedó a nombre de Angeletti y así figuró hasta la segunda rectificativa de las declaraciones juradas, del 10 de junio de 2026, que lo asentó al 50% para cada cónyuge, con el mismo criterio para la deuda hipotecaria. La defensa lo presenta como un derecho a rectificar, no como un ocultamiento.

Con el terreno comprado, vino la obra. El fiscal calculaba que Adorni le había pagado US$245.000 al contratista Matías Tabar por refaccionar la casa. La defensa dice que fueron US$175.000 y enumera once irregularidades en las planillas del contratista: ítems sin comprobante, mamparas pagadas y nunca instaladas, remitos anteriores al inicio de la obra, ausencia de arquitecto y de planos. Esa cifra coincide con la que calculó el perito arquitecto de la defensa (US$174.954,58), aunque los dos informes son de parte, contratados por los propios abogados de Adorni.

El cronograma que surge de lo que cita el escrito tiene un detalle: según un testigo, Adorni le escribió a Tabar por WhatsApp en agosto de 2024, antes de escriturar, para relevar el lote con la idea de refaccionarlo, y Tabar habría cobrado US$35.000 en efectivo el 16 de noviembre, un día después de la escritura, sin recibo. Sobre la diferencia entre las dos cifras, el propio Adorni dijo que “el número es menos y es un tema que se está dirimiendo en la justicia”.

Un año después, el 24 de noviembre de 2025, llegó la compra del departamento de la calle Miró 550, escriturada con el número 118. El escrito reconoce que se pagaron US$30.000 en efectivo “de contado” y dice que salieron de los ahorros. Pero no menciona el precio total, ni cómo se financió el resto, ni una hipoteca, ni el nombre de las vendedoras. Según lo publicado, el departamento costó US$230.000 y las propias vendedoras, Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), ambas jubiladas, financiaron los otros US$200.000. Ante la Justicia dijeron cobrar la jubilación mínima, y el hijo de una de ellas, Pablo Feijoo –que tiene ingresos a la Casa Rosada– declaró que Adorni acordó pagar otros US$65.000 fuera de la escritura.

Otros gastos que detalla el escrito

En 2024 y 2025 salieron US$354.038 en efectivo y entraron US$51.000. Los egresos incluyen:

Entre las entradas de 2025 figura la venta del departamento heredado en La Plata, por US$50.000 (escritura 326, del 16/9/2025), dos meses antes de la compra de Miró. El requerimiento también sumaba “ingresos no alcanzados o exentos” por $21,7 millones en 2023, $123,7 millones en 2024 y $267,3 millones en 2025. La defensa explica que casi todo es ajuste de valuación por diferencia de cambio sobre los dólares, no fondos nuevos.

También se detallan otros gastos:

Dudas

El abogado de Adorni cuestionó la pericia de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), que acreditó que hay irregularidades por US$269.550, la mayoría en un clúster de TRON/USDT. Pero la defensa no los reconoce como propios: dice que dos direcciones no están atribuidas a nadie, que no puede identificar a los titulares de dos cuentas de Binance, que otra dirección “no pertenece” a Adorni y que una de las que sí reconoce la usó para canalizar donaciones para la familia de un comerciante asesinado y para un menor que necesitaba una operación. Pide que sea la Fiscalía la que le solicite los datos a Binance. También cuestiona la pericia: dice que Lemon y Digifin se contaron dos veces y que la herramienta Chainalysis Reactor es una “caja negra”.

Ninguna de las cuatro mujeres que figuran como acreedoras hipotecarias, Molina y Cancio, madre e hija, y Viegas y Sbabo, aparece nombrada en el cuerpo del escrito. Tampoco los mutuos familiares están documentados.

El fiscal pidió acreditar los mutuos con Silvia Pais, la madre de Adorni, y con Norma Zuccolo: existencia, fecha cierta, entrega efectiva y aplicación de los fondos. La defensa contesta en dos páginas, todas jurídicas. Cita el artículo 1525 del Código Civil y Comercial, que no exige instrumento público para los préstamos, y jurisprudencia según la cual los préstamos entre familiares no suelen instrumentarse. Sostiene que las declaraciones juradas alcanzan como “principio de prueba instrumental”, y que en el caso de Pais, un mutuo entre madre e hijo, la falta de formalidades “no es indicio de irregularidad”.

No hay montos, fechas, comprobantes ni forma de entrega. Zuccolo aparece una sola vez en las 78 páginas, en el título del punto, y todo el desarrollo posterior habla de “ambos mutuos” pero describe solo a Pais. Las declaraciones juradas de Adorni sí muestran deudas con ambas ya en 2023, antes de la hipoteca de noviembre de 2024, y en 2024 figura “Sucesión Zuccolo”. Convertidas, equivalen a unos US$20.000 y US$22.500 (cálculo propio). Es decir, no habrían financiado ni Indio Cuá ni Miró, y el escrito no dice para qué sirvieron.

La defensa de Adorni afirma que las rectificativas de sus declaraciones juradas fueron anteriores al requerimiento y que rectificar es un derecho. Pide subsidiariamente que, si hay una discrepancia “tributaria”, el legajo pase a la Justicia Penal Económica o a ARCA.

MC

Javier Milei despidió el jueves al personal civil de la Quinta de Olivos y le dio más responsabilidades a la Casa Militar del Ejército para custodiarlo y atenderlo. La movida coincidió con la llegada del Presupuesto 2027 al Congreso, donde el organismo encargado de cuidar la espalda del Presidente recibe muchos más fondos que este año, mientras la partida que en teoría paga el mantenimiento y la seguridad de las residencias directamente pierde contra la inflación.

La cúpula del Gobierno decidió desplazar a todos los trabajadores civiles de la residencia. Trascendió que serían una docena, desde jardineros a cocineros. Hace poco ya había sido desplazado Osvaldo Sosa al frente de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos. La medida reciente fue argumentada para “reducir la estructura formal y la cantidad de personal que allí permanece”. La jugada tiene como contrapartida el ascenso cada vez más de Mario Suli, la “sombra” de Milei y quien se encarga del cuidado de los perros del mandatario. 

Casa Militar ahora asumirá “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”, además de las “residencias transitorias del Presidente de la Nación y de su familia”, rezó el comunicado oficial. El organismo está a cargo del coronel Sebastián Ignacio Ibáñez, que reporta a la hermanísima.

¿Cuánto cuesta la vida cotidiana de Milei?

El documento oficial del Presupuesto 2027 no tiene partidas referidas puntualmente a funciones como “Quinta de Olivos” o “Casa Militar”. Pero sí tiene dos números que, aunque mezclan varias cosas a la vez, son lo más cerca que se puede llegar para entender –al menos en parte– cuánto le costará a los argentinos la vida cotidiana del jefe de Estado el año que viene: $84.190 millones del lado de la Presidencia, y $362.541 millones del lado del Ejército.

Vale aclarar: ninguno de los dos es un gasto “puro”. Son partidas más grandes, compartidas con otros edificios y otras áreas, y el propio texto oficial explica por qué no se pueden desagregar. Pero son los únicos números concretos que existen.

En la página 259 –de 1443– del Anexo por Jurisdicciones del Presupuesto se afirma que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, es decir Karina Milei, tiene dos funciones clave al respecto. Por un lado, “entender en el resguardo y preservación del patrimonio edilicio, cultural e histórico de la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de la Quinta de Olivos, la Residencia Presidencial de Chapadmalal con el fin de preservar la memoria histórica y cultural de la investidura presidencial”. Y por otro, “proveer la seguridad del señor Presidente de la Nación, como así también de la Casa de Gobierno, Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria del señor Presidente”.

Los $84.190 millones son la suma de dos actividades del Programa 16 “Conducción del Poder Ejecutivo Nacional”, a cargo de la Secretaría General de la Presidencia: $79.771 millones para “Coordinación Técnica Administrativa” –el mantenimiento y funcionamiento general de los edificios presidenciales– y $4.419 millones para “Seguridad, Logística y Comunicaciones” –la custodia del Presidente–. El propio anexo dice que esas dos actividades cubren, sin separar cuánto es de cada uno, la Casa de Gobierno, la Quinta de Olivos y la residencia de Chapadmalal. 

En 2026, la misma suma –verificada contra la Ley 27.798, la ley votada– fue de $82.125 millones. La diferencia son apenas 2.222 millones de pesos más para 2027, un aumento que no le gana a la inflación proyectada por el propio Gobierno (18% para el año que viene): en poder de compra, es una caída del 12,9%.

A su vez, en la Jurisdicción 45-21, Estado Mayor General del Ejército Argentino, dentro de la Categoría 01 “Actividades Centrales”, aparecen los $362.541 millones. Ahí, la Actividad 01 “Conducción y Coordinación” es la única partida de todo el Presupuesto que menciona a la Casa Militar por su nombre: el anexo dice literalmente que esa actividad financia “áreas tales como la Casa Militar de la Presidencia de la Nación, la Inspectoría General del Ejército, la Secretaría General del Ejército y la Secretaría de Coordinación SUBJEMGE, entre otras”. Las cuatro áreas comparten ese único número, sin que el Presupuesto diga cuánto corresponde a cada una. En 2026 esa misma partida fue de $190.486 millones: la diferencia con 2027 son 172.055 millones de pesos más, un salto del 90,3% nominal que equivale a un 61,3% en términos reales.

MC

Fue a Myriam Bregman a quien se le ocurrió la Marcha de la Bronca. La diputada nacional del PTS lanzó la idea semanas atrás, en medio de un convencimiento personal de que crece el hartazgo social contra Javier Milei por el ajuste permanente. Entonces comenzó a girar otra premisa: la de que cada sector deje de pelear por separado y buscar unificar las luchas en una sola convocatoria. La izquierda se arroga el impulso de la iniciativa que este sábado concentrará movilización en todo el país, e incluso parecería restarle importancia al prelanzamiento electoral de Axel Kicillof en un acto de su Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda.

A partir de que Bregman instaló la idea, el Frente de Izquierda-Unidad empezó a articular con otros sectores que hasta entonces no confluían en una misma calle: jubilados, organizaciones socioambientales, estudiantes, trabajadores en conflicto, agrupaciones feministas y otros espacios políticos que no responden al trotskismo. El resultado fue una convocatoria que se concentrará del Congreso a Plaza de Mayo, pero tendrá réplicas de Jujuy a Tierra del Fuego.

El proceso de organización tuvo dos instancias presenciales en Parque Lezama, en la Ciudad de Buenos Aires, abiertas a cualquier organización que quisiera sumarse, y dos asambleas federales por Zoom que conectaron a referentes de todo el país. La última de las presenciales, el sábado 5 de septiembre, y reunió a organizaciones del área metropolitana —desde seccionales combativas de Suteba hasta agrupaciones de salud, Aerolíneas Argentinas y hospitales públicos—. Entonces se terminó de definir la fecha, el recorrido y una plataforma de reclamos común. Ese esquema de asambleas abiertas, dicen en el FIT-U, fue lo que permitió que la marcha se replicara en el interior sin depender de una convocatoria centralizada desde Buenos Aires.

Bregman resumió el sentido de la convocatoria al llamar a “transformar la bronca en organización y movilización” y cuestionó la pasividad de las conducciones sindicales tradicionales frente al ajuste. En la misma línea se pronunciaron otros dirigentes del espacio: Nicolás del Caño apuntó contra “la avaricia de bancos y Mercado Libre” en el endeudamiento de las familias, Eduardo Belliboni (Polo Obrero) reclamó la restitución de programas sociales y la convocatoria a un paro general, y la dirigente del MST Celeste Fierro sostuvo que “no se puede esperar hasta 2027” para enfrentar al Gobierno. El documento que se leerá en el acto central incluye críticas al endeudamiento, los tarifazos, los despidos, el ajuste en salud y discapacidad, y la pasividad de buena parte de la dirigencia sindical.

La convocatoria, de todos modos, tiene límites que marcan también su carácter. No adhieren orgánicamente la CGT, las dos CTA, la UTEP ni Barrios de Pie, aunque varios de esos espacios comparten reclamos puntuales y participaron de movilizaciones previas, como la peregrinación a San Cayetano o la marcha del 6 de agosto, que funcionó como antesala de este proceso. Sí se sumaron comisiones internas de ATE, Unión Ferroviaria y Fate, gremios docentes como Ademys y seccionales de Suteba, la asamblea del Hospital Garrahan, y una amplia lista de artistas —entre ellos La Bersuit, Los Gardelitos, Mirta Busnelli, Carlos Belloso y Valentina Bassi— que respaldaron la convocatoria en los últimos días.

El nombre de la marcha retoma el de “La marcha de la bronca”, la canción de protesta que Miguel Cantilo compuso en 1970 durante la dictadura de Onganía y popularizó el dúo Pedro y Pablo. Medio siglo después, la consigna “organizar la bronca para derrotar a Milei” busca capitalizar ese mismo espíritu de hartazgo, aunque en un contexto muy distinto: con Bregman como una de las caras más visibles de la izquierda y con mediciones que le atribuyen entre el 36% y el 43% de imagen positiva, lo que alimenta las lecturas sobre su acumulación de cara a 2027.

Este sábado, la marcha saldrá a las 15.30 desde Plaza Congreso hacia Plaza de Mayo por Avenida de Mayo, en lo que será el acto central en la Ciudad de Buenos Aires. En paralelo, se replicará en decenas de ciudades de todo el país, con horarios y puntos de concentración propios en cada provincia. Hay convocatorias en provincia de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chubut, La Pampa, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Jujuy, Salta, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Santa Cruz, Santa Fe, San Juan, San Luis, Chaco y Tierra del Fuego.

El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso el jueves se presenta como una herramienta para reforzar el reclamo de soberanía sobre Malvinas, pero incluye un capítulo con menos prensa hasta ahora: reforma la Ley de Defensa Nacional para habilitar a las Fuerzas Armadas frente a amenazas “no estatales”, crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Javier Milei con facultades para sancionar sin intervención judicial previa, y tipifica como delito federal “manipular la opinión pública” cuando medie financiamiento extranjero.

El proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” tiene ocho títulos. El primero, el que más promocionó el Gobierno, endurece las sanciones a empresas que exploten recursos naturales en Malvinas sin autorización argentina. Pero a partir del Título II el eje cambia: ahí nace el Consejo de Seguridad Nacional, un órgano nuevo que la iniciativa define como “rector” de todo un “Sistema de Seguridad Nacional” que unifica bajo un mismo paraguas la política exterior, la económica, la de defensa, la de inteligencia y la de ciberseguridad.

Lo preside el Presidente y lo integran el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Su Política de Seguridad Nacional será, según el texto, “de carácter obligatorio y transversal a todo el Estado”.

El Consejo no solo diseña esa política: también la ejecuta y sanciona. El Título IV lo nombra “Autoridad de Aplicación” de un nuevo régimen de infracciones por “afectación o amenaza a la Seguridad Nacional”, con multas, inhabilitaciones para contratar con el Estado y hasta el congelamiento de fondos o subas de aranceles de hasta el 75% contra un país extranjero. Todas esas medidas —incluidas las que el proyecto llama “urgentes”, pensadas para actuar antes de abrir un expediente— las puede disponer el propio Consejo por acto fundado, con revisión judicial recién después y sin que el recurso frene sus efectos. Es la misma mesa que redacta la política, la que evalúa si alguien la violó y la que aplica el castigo.

El cambio de fondo, sin embargo, está en tres artículos de la Ley de Defensa Nacional 23.554, vigente desde 1988, que el proyecto reescribe de manera directa. La ley define hoy a la Defensa Nacional, en su artículo 2°, como la respuesta al empleo de las Fuerzas Armadas frente a “las agresiones de origen externo” y en su artículo 4° remite la Seguridad Interior a “una ley especial”, la 24.059 de 1992. Fue el decreto reglamentario 727/2006 el que precisó que una “agresión de origen externo” es el uso de fuerza armada por parte de un Estado, y el que prohíbe de forma expresa, en su artículo 3°, que la doctrina, la planificación, el adiestramiento o la inteligencia del sistema de Defensa contemplen “hipótesis (...) pertenecientes al ámbito de la seguridad interior”.

El proyecto de Milei reescribe el artículo 2° de la 23.554 para que la Defensa Nacional cubra amenazas “de carácter estatal o no estatal”, y el artículo 20° para quitarle al empleo de las Fuerzas Armadas el calificativo “estatal” que hasta ahora sólo exigía el decreto de 2006, no la ley. Es decir, la restricción que se corre nunca estuvo blindada por ley, sino por una reglamentación que un decreto pudo ampliar en 2018, otro decreto restituir en 2020, y que este proyecto ahora busca escribir —en sentido ampliatorio— directamente en la norma madre.

La norma, además, habilita a las FFAA expresamente a intervenir en la protección de las Infraestructuras Críticas que identifique el propio Consejo, una categoría que en el texto incluye salud, energía, sistema financiero y redes de servicios esenciales: activos domésticos, no fronteras.

Ese corrimiento hasta ahora se había intentado siempre por decreto, nunca por ley. En 2018, un decreto de Mauricio Macri (683/2018) amplió por primera vez esa doctrina más allá de la agresión estatal convencional y generó cuestionamientos de organismos de derechos humanos por exceder el poder reglamentario del Ejecutivo. En 2020, Alberto Fernández lo derogó y restauró la versión restrictiva de 2006. En diciembre de 2024, ya con Milei en la Casa Rosada y Luis Petri en Defensa, un nuevo decreto (1112/2024) volvió a ampliar el concepto para incluir amenazas de “organizaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales”, lo que llevó al CELS a advertir que la medida “estira las posibilidades” de uso de las Fuerzas Armadas hacia tareas para las que no están entrenadas y que la Ley de Seguridad Interior reserva a otros cuerpos. La diferencia con este proyecto es de escala: lo que hasta ahora se jugaba a nivel de decreto —y que cada gobierno pudo revertir con la firma de su sucesor— pasaría a estar escrito en la ley madre de la Defensa Nacional, mucho más difícil de deshacer.

El Título III, sobre protección del espacio aéreo, marítimo y fluvial, agrega otro capítulo a esa misma lógica de mayores atribuciones militares: habilita lo que ya se conoce como “régimen de derribo”. El artículo 62 establece un proceso “secuencial y progresivo” frente a una aeronave que no responda a las órdenes de las autoridades: identificación, declaración como Tránsito Aéreo Irregular con advertencia, declaración como Tránsito Aéreo Hostil y demostración de fuerza con fuego no dirigido y fines intimidatorios. Sólo si esos pasos fracasan, el proyecto habilita el “uso de la fuerza como acción de último recurso” para impedir la continuación del vuelo —es decir, el derribo—, pero únicamente con “la orden expresa e inequívoca” del Presidente, que puede delegarla en el Ministro de Defensa. El Título III prevé un mecanismo equivalente para buques declarados “hostiles” en el mar: el hundimiento, vedado como sanción o método para impedir una fuga, pero habilitado como medida militar de último recurso con autorización presidencial.

El Título VI suma otra pata a la misma arquitectura, bajo el título “Fortalecimiento ante la influencia extranjera”. Incorpora al Código Penal el artículo 225 bis, que reprime con prisión de 5 a 12 años —hasta 15 si median sobornos, amenazas o estructuras criminales— a quien, actuando por cuenta o financiamiento de un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. Se suman los artículos 222 bis y 222 ter, que castigan con 5 a 15 años la entrega de secretos a un Estado extranjero y con 3 a 10 años el apoyo material a una operación de inteligencia extranjera clandestina en territorio argentino, y una reforma al artículo 215 sobre traición que agrava la pena cuando el autor es funcionario de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad o inteligencia. En paralelo, el proyecto modifica la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (26.215) para prohibir y sancionar el aporte de campañas por personas extranjeras sin residencia permanente o personas jurídicas extranjeras.

El Título VII crea, además, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funcionará en la órbita de la Unidad de Información Financiera. La sola inscripción —que no requiere condena ni siquiera causa penal abierta, sino “motivos razonables para sospechar”— habilita la inmovilización de bienes y la prohibición de contratar con el Estado, con un mecanismo de exclusión posterior a cargo de la propia UIF.

El Título VIII, de disposiciones transitorias, toca también la Ley de Inteligencia Nacional 25.520. Hoy, su artículo 12 dice apenas que “el Presidente de la Nación fijará los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. El proyecto lo reemplaza: será el Secretario de Inteligencia de Estado quien “elabore y remita para su aprobación” esa política, ya no al Presidente en forma directa sino al nuevo Consejo de Seguridad Nacional —que el propio Presidente preside—. En sentido inverso, el artículo 25 de la misma ley, que hoy delega en el Poder Ejecutivo la facultad de dictar por decreto los estatutos que regulan sueldos, categorías y régimen disciplinario del personal de inteligencia, pasaría a exigir que sea el Congreso quien los fije. Es, dentro de un proyecto que concentra atribuciones en el Ejecutivo, la única cesión de poder hacia el Congreso, aunque acotada a una cuestión administrativa, y llega apenas un día después de que el propio Gobierno, por el Decreto 1021/2026, aprobara el estatuto hoy vigente para el personal de la Secretaría de Inteligencia por la misma vía que el proyecto ahora busca cambiarle a sus sucesores.

El mensaje que acompaña el proyecto sostiene que la iniciativa “no altera la vocación pacífica” del país “ni su compromiso con el derecho internacional”, y que apunta a dotar al Estado de “reglas claras” frente a amenazas que las normas vigentes, dice, ya no alcanzan a resolver. El texto no deroga la Ley de Seguridad Interior ni habilita de forma explícita que las Fuerzas Armadas reemplacen a las fuerzas policiales en tareas de patrullaje o represión de protestas. Pero al borrar el requisito de estatalidad de la amenaza externa, habilitar su despliegue en infraestructura doméstica y concentrar en un mismo Consejo presidido por el Presidente las decisiones de defensa, inteligencia, política exterior y sanción administrativa, redefine con rango de ley una frontera que hasta ahora sólo se había movido —en ambas direcciones— con la firma de un decreto.

“Digo hechos, no palabras.” Así definió esta mañana el ministro de Defensa, Carlos Presti, en una entrevista con Radio Rivadavia, el anuncio de que la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia arrancará en enero. El funcionario precisó que la obra completa demandará una inversión de US$450 millones a lo largo de cuatro años, que incluirá un muelle en forma de L de 580 metros, edificios, obradores y caminos de acceso, y agregó que “el proyecto de Presupuesto 2027 contempla nuevas partidas para continuar la construcción”. Pero las palabras no aparecen en el papel: en el proyecto de gastos que anoche ingresó al Congreso no hay ninguna mención a la plataforma de la Armada, según pudo constatar elDiarioAR en el propio documento y en fuentes especializadas.

En una revisión completa del texto que el Poder Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados —el proyecto de ley y sus anexos— no se encuentra la expresión “Base Naval Integrada” ni una sola vez, ni ninguna partida, proyecto de inversión o línea de crédito que pueda identificarse con la obra de Ushuaia. Lo único que el proyecto menciona sobre Ushuaia es una frase de objetivos de política de Defensa, sin monto asociado: el interés en desarrollar el “Eje Ushuaia – Base Antártica Conjunta Petrel” para el sostén logístico antártico.

La única obra austral que sí tiene partida concreta en el proyecto 2027 es otra —el muelle de la Base Antártica Conjunta Petrel, en la Antártida, $30.433 millones entre 2027 y 2028—, un hallazgo que confirmó también, por su cuenta, el medio especializado Pucará: “Resulta llamativo que no se asignan nuevos fondos para la Base Naval Integrada de Ushuaia, que la Armada ha estimado en un costo total de unos 300 millones de dólares y en la actualidad se ha asignado alrededor de un 30%”.

Fuentes del Ministerio de Defensa, sin embargo, aseguraron a elDiarioAR que la base naval será financiada por partidas que están en el proyecto firmado por Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. Pero cuando este medio pidió detalles, no hubo respuestas. “Va dentro de presupuesto”, fue lo único que recogió este medio.

Antes del Presupuesto 2027 sí hubo un movimiento concreto de plata. La noche del 4 de septiembre, horas después de que Milei anunciara por cadena nacional el paquete de medidas por Malvinas, el Gobierno firmó el DNU 867/2026, que amplió en $217.954 millones el presupuesto vigente de Defensa para lo que restaba de 2026. De ese total, $206.373 millones se clasificaron bajo un concepto específico: “adelantos a proveedores y contratistas a largo plazo”. El desglose de ese ítem: $114.732 millones para el Ministerio de Defensa central, $60.429 millones para el Ejército y $31.211 millones para la Fuerza Aérea. El resto, $11.581 millones, se destinó a gastos corrientes y de capital.

El propio Gobierno reconoció que ese dinero iba para esas dos obras, pero lo giró como un adelanto genérico a proveedores y contratistas, a nombre de las fuerzas, sin decir cuánto correspondía a cada base. Si la obra costará unos $400.000 millones de pesos, los $114.732 millones que giró el DNU 867 representan apenas el 29% de ese total. Del costo total que el propio Gobierno admite, falta cubrir alrededor de dos tercios.

La comparación con otras dos operaciones navales de gran escala que sí figuran en el Presupuesto 2027 marca la diferencia de tratamiento. La planilla anexa al artículo 50 del proyecto, donde se autorizan operaciones de crédito público, incluye un préstamo de US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión con base en Puerto Belgrano y otro de US$2.300 millones para tres submarinos convencionales con base en Mar del Plata, con monto, plazo y destino explícitos.

El propio presupuesto de la Armada para 2027 no tiene margen para una obra de la escala de la Base Integrada. De los $1.305.942 millones que el proyecto le asigna a la fuerza para el año que viene, el 85% —$1.107.565 millones— son gastos en personal. Todo lo que la Armada puede invertir en bienes de capital en 2027, la categoría “Bienes de Uso”, asciende a apenas $42.474 millones, y ya está comprometido en su totalidad: $37.616 millones son los cuatro helicópteros navales livianos para Puerto Belgrano, y el resto es maquinaria menor. La fuerza ni siquiera tiene, en la tabla que desglosa su presupuesto por tipo de gasto, una línea de “Construcciones”. La única partida de “Construcciones” de peso en todo el proyecto de Presupuesto 2027 —$418.416 millones— pertenece a otra jurisdicción, el Ministerio de Economía, por Energía y Transporte, y no tiene ninguna relación con Defensa.

El anuncio de hoy llega, además, en contraste con lo que ya había marcado este medio: mientras promete acelerar la obra, el Gobierno autorizó por el Decreto 764/2026 la venta de 38 hectáreas de terrenos de la Armada en pleno centro de Ushuaia —donde hoy funcionan la Legislatura provincial y el Ecoparque en homenaje a los tripulantes del ARA San Juan—, valuados en apenas US$2,5 millones según había denunciado la senadora López. El propio Presti reconoció hoy el estado real del proyecto que recibió: “Literalmente no hay nada, es la nada misma. Hay un monolito y un contrapiso de cemento para un futuro parque; nada más que eso.”

MC

Claudia Falcone tenía 16 años y era delegada de curso en el Bachillerato de Bellas Artes de la UNLP. Francisco López Muntaner, también de 16, cursaba becado en el mismo colegio. Horacio Ungaro, de 17, estudiaba en la Escuela Normal N°3, jugaba al fútbol y estudiaba francés. Daniel Racero, de 18, cursaba en el mismo colegio y participaba en campañas comunitarias del barrio. Claudio de Acha, de 17, estudiaba en el Colegio Nacional de la UNLP. María Clara Ciocchini, de 18, era ex alumna de la Escuela Normal Superior de Bahía Blanca. Gustavo Calotti y Emilce Moler, de 17 años cada uno, y Patricia Miranda y Pablo Díaz, de 18, completaban el grupo que militaban en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). La noche del 4 de septiembre de 1975, más de 300 delegados de veinte colegios platenses se habían reunido en el Normal N°2 para votar, por unanimidad, la marcha por el boleto estudiantil secundario. Organizaron seguridad con brazaletes de colores por escuela: sospechaban, con razón, que la policía los tenía en la mira. Pero el 16 de septiembre los alcanzó la mano oscura de la maquinaria que había arrancador el 24 de marzo de 1976, y que tenía raíces tiempo atrás.

En enero de 1975, bajo el gobierno de Isabel Perón, el ministro Oscar Ivanissevich prohibió los centros de estudiantes secundarios en todo el país, y ese mismo año fue asesinado, entre otros militantes estudiantiles, “Patulo” Rave, dirigente de la UES. El marco represivo estaba dado desde febrero de 1975 por el decreto que había puesto en marcha el “Operativo Independencia” y que extendió el esquema de “lucha contra la subversión” a todo el territorio. El golpe de 1976 sistematizó la represión y con esa arma se llegó también a los estudiantes.

El operativo: secuestros, responsables y recorrido

Entre el 8 y el 21 de septiembre de 1976, grupos de tareas al mando del general Ramón Camps y el comisario Miguel Etchecolatz –jefe de Policía bonaerense y su mano derecha, respectivamente– secuestraron a diez estudiantes: Gustavo Calotti el 8, Claudio de Acha el 15, Falcone, López Muntaner, Ungaro, Racero y María Clara Ciocchini el 16, Emilce Moler y Patricia Miranda el 17, y Pablo Díaz –a quien “cuatro autos sin identificación” pararon frente a su casa– recién el 21. El operativo combinó a la Policía bonaerense con el Batallón 601 del Ejército. Seis de los diez permanecen desaparecidos.

El recorrido de los detenidos fue el del “Circuito Camps”: pasaron primero por el Destacamento de Arana, donde permanecieron las primeras semanas siendo torturados, y de ahí fueron trasladados –muchas veces de noche, en camión– por el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes, la Jefatura de Policía provincial, las Comisarías 5ª, 8ª y 9ª de La Plata, la Comisaría 3ª de Valentín Alsina y el Polígono de Tiro de la propia Jefatura. Emilce Moler ubica un punto de quiebre el 23 de septiembre, cuando en un traslado en camión empezaron a “bajar” en distintas paradas a Claudia, María Clara y Horacio, los tres compañeros que pudo reconocer y que hoy siguen desaparecidos. Los cuatro sobrevivientes fueron progresivamente “blanqueados” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional: Moler ingresó a la cárcel de Devoto en enero de 1977, con 17 años, y los cuatro recuperaron la libertad de manera escalonada entre 1978 y 1980.

Pablo Díaz declaró en 1985 haber tomado conocimiento de un documento de la Jefatura de Policía bonaerense titulado La Noche de los Lápices –firmado por el comisario general Alfredo Fernández–, que calificaba a los estudiantes como “integrantes de un potencial semillero subversivo”. Esa es la versión más difundida. Pero trabajos académicos posteriores, como el de la historiadora Sandra Raggio sobre la memoria del caso, ubican el origen de la denominación en una construcción narrativa posterior: su primera aparición documentada habría sido el informe Nunca Más de la CONADEP (1984), reforzada luego por el propio testimonio de Díaz (1985) y consolidada por el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez y la película de Olivera, ambos de 1986.

El testimonio que hizo historia

El 9 de mayo de 1985, en la tercera semana de audiencias del Juicio a las Juntas, Díaz declaró ante seis jueces. Antes de subir al estrado, los sobrevivientes habían discutido con la fiscalía si debían nombrar a otros compañeros que podían aportar datos: Luis Moreno Ocampo advirtió que, de nombrarlos, “los iban a llamar a declarar” y exponerlos al mismo trance; Adriana Calvo –otra sobreviviente, la que después se hizo célebre por dar a luz esposada en un patrullero– insistió en que había que hacerlo igual. 

“El compromiso que había asumido con ellos cuando nos separaron era dar testimonio. El Juicio, para nosotros, era cumplir con nuestros compañeros. Era también liberarnos”, explicó Díaz. Durante su relato reprodujo, sin proponérselo, el gesto de llevar las manos atrás, tal como lo obligaban a caminar los guardias: “Siempre recuerdo que todos habían quedado conmovidos porque yo hacía el gesto de poner las manos atrás”. El fiscal Julio Strassera se le acercó después y le dijo: “Vas a hacer historia”. En su casa, sin embargo, no todos lo recibieron con orgullo: su padre, que no sabía que iba a declarar, lo increpó: “¿Qué hiciste? Pusiste en peligro a toda la familia. ¿Lo pensaste?”.

Lo que dejó la Justicia: del Circuito Camps al Juicio Brigadas

La causa del Circuito Camps –que en 2012 condenó a 23 represores, 15 de ellos a perpetua, entre ellos Etchecolatz– incluyó a los jóvenes de la Noche de los Lápices dentro de un universo más amplio de 281 víctimas. Pero la condena específica y más exhaustiva sobre este caso llegó recién en 2024, en el llamado “Juicio Brigadas”: una megacausa iniciada el 27 de octubre de 2020 –en plena pandemia, con audiencias virtuales– que investigó los centros clandestinos Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes (y el Hospital de Quilmes, usado como “maternidad clandestina”), El Infierno de Lanús, el Destacamento del Ejército 101 de La Plata y las áreas 112 de Lanús y San Justo. De 39 imputados en instrucción, 18 llegaron al juicio oral, que investigó a 605 víctimas: 373 sobrevivientes, 189 todavía desaparecidas y 31 asesinadas (con los cuerpos hallados después de haber pasado por la desaparición). La mitad tenía entre 18 y 29 años; un 8% eran niños.

El 26 de marzo de 2024, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata (Ricardo Basílico, Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers) condenó a diez represores a prisión perpetua –Federico Minicucci, Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Fontana, Jorge Di Pasquale, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk, Roberto Balmaceda, Horacio Castillo y Jorge Bergés–, a 25 años a Julio Alberto Candioti, y absolvió a Enrique Barré. Basílico calificó los hechos directamente como cometidos “en el marco de un genocidio”. La lectura del veredicto, que nombró una por una a más de 600 víctimas, se extendió por más de cinco horas.

Para la Noche de los Lápices en particular, el dato central fue la condena a Juan Miguel Wolk, jefe del Pozo de Banfield: era la primera vez que un tribunal lo condenaba específicamente por la desaparición forzada de los jóvenes secuestrados en 1976, además de por la apropiación de nietos que Abuelas de Plaza de Mayo todavía busca. Entre el público estaba Miguel Santucho, cuyo hermano Daniel había sido recuperado como nieto identificado meses antes del fallo y cuyo caso quedó incluido entre los motivos de la condena, y María Ester Alonso Morales, que viajó desde Alemania para presenciarlo. La sentencia cerró con un grito colectivo de sobrevivientes y familiares: “Memoria, Verdad, Justicia. 30.000 detenidos desaparecidos, presentes hoy y siempre”. Los condenados, de todos modos, cumplen la pena bajo prisión domiciliaria, algo que generó críticas de organismos de derechos humanos por lo que calificaron como un privilegio frente a la gravedad de los delitos.

La película y el libro que instalaron el nombre

Héctor Olivera filmó “La noche de los lápices” sobre un guion escrito junto al periodista Daniel Kon, basado directamente en la investigación de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez. El rodaje arrancó el 23 de junio de 1986 en La Plata y la película se estrenó el 4 de septiembre de ese año –a solo tres años de recuperada la democracia– en medio de una amenaza de bomba en la sala de estreno. 

Convocó a 711.000 espectadores en su año de estreno y tuvo recorrido internacional: compitió en el Festival de Moscú de 1987 y se exhibió en Nueva York, Toronto y, en 2003, en el primer Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos de Ginebra. No estuvo exenta de polémica: Jorge Falcone, hermano de Claudia, cuestionó que la película redujera la militancia de las víctimas al reclamo del boleto estudiantil, y el filme tampoco incluyó el testimonio de Emilce Moler. El libro homónimo de Seoane y Ruiz Núñez, publicado el mismo año, se convirtió en un clásico traducido a otros idiomas, y todavía se reedita.

Ese pasado llegó al presente. Este martes en el Patio Julieta Lanteri de la UNLP, el rector Fernando Tauber encabezó la entrega del Doctorado Honoris Causa a Díaz, Moler y Calotti, y de manera póstuma a Falcone, López Muntaner, De Acha, Ungaro, Racero, Ciocchini y Víctor Treviño. Este miércoles, exactamente 50 años después de La Noche de los Lápices, los estudiantes secundarios vuelven a marchar en La Plata, Buenos Aires y otras ocho ciudades del país, en una jornada que la nueva generación decidió no dejar solo en el recuerdo.

La Armada Argentina confirmó este martes, a través de su propio sitio oficial, que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos están entrenando en Tierra del Fuego. La noticia tiene impacto en medio del inesperado reclamo del gobierno de Javier Milei por la soberanía de las islas Malvinas y el anuncio de la construcción de la Base Naval Integrada en Ushuaia.

Según el detalle aportado por la Armada, el ejercicio de los marines norteamericano se da junto al Batallón de Infantería de Marina N°4 (BIM 4) en Tierra del Fuego, en un “intercambio de expertos en clima frío” que comenzó el 8 de septiembre pasado y finalizará el 22 de septiembre. La fuerza tuvo que publicar una nota al respecto en su propia Gaceta Marinera a raiz de la difusión de imágenes desde medios especializados sobre una “rotación permanente” de marines estadounidenses en unidades militares fueguinas. En la provincia austral se registraron ingreso de sensores, sistemas de comunicaciones y equipamiento técnico que permanecería almacenado sin inventario público ni fiscalización civil.

Según el comunicado de la Armada, los efectivos practican “técnicas de baja montaña y frío extremo, con procedimientos tales como el uso de crampones, raquetas, cordadas, esquí alpino y maniobras de autodetención”, además de entrenamientos de supervivencia y movilidad, con el objetivo declarado de “compartir experiencias y técnicas” y consolidar “los lazos profesionales y de camaradería” entre ambas fuerzas. La fuerza sostiene que este tipo de encuentros se realiza “sobre la base de un marco de cooperación entre las Armadas de la República Argentina y los Estados Unidos, acordado previamente en reuniones bilaterales” y que el intercambio rige desde 2017, es decir desde la gestión de Mauricio Macri.

Sin embargo, ante la consulta puntual de elDiarioAR, la fuerza no detalló decreto, resolución ni acuerdo específico que respalde el ejercicio militar conjunto. “Todos los años se hace el intercambio, como se hace con Perú, Brasil o Chile”, comentó una fuente especializada en la materia. “Es algo absolutamente normal trabajar con militares de EE.UU., Chile, Brasil, Perú, Uruguay, Paraguay, España, Italia”, completó otra fuente.

La Ley 25.880 obliga al Poder Ejecutivo a solicitar autorización parlamentaria e informar al Congreso la cantidad de efectivos, los países participantes, el equipamiento, las ubicaciones, las fechas y los objetivos de cualquier ejercicio con fuerzas extranjeras, en línea con el artículo 75, inciso 28 de la Constitución, que reserva al Congreso la potestad de autorizar el ingreso de tropas extranjeras al país.

En septiembre de 2025, el Decreto de Necesidad y Urgencia 697/2025 —firmado por Milei junto a Patricia Bullrich y otros diez funcionarios— autorizó el ingreso de hasta 30 efectivos de Naval Special Warfare, las fuerzas especiales de la Marina estadounidense, para el “Ejercicio Tridente” desarrollado entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de ese año, con la Base Naval Ushuaia entre las sedes, junto a Mar del Plata y Puerto Belgrano. El decreto invocó la “naturaleza excepcional” de la situación para saltear el trámite parlamentario ordinario, pese a que la propia Casa Rosada admitió haber remitido el asunto al Congreso “oportunamente” sin que este lo tratara. En abril de 2026 se repitió el esquema con el Decreto 264/2026, que habilitó a unos 50 militares estadounidenses para el ejercicio “Daga Atlántica” en Puerto Belgrano, Córdoba y Moreno, más personal del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley para un Passex en la Zona Económica Exclusiva argentina.

La confirmación de la Armada llega, además, en una semana en la que Tierra del Fuego ya estaba en el centro de la agenda de Defensa y Cancillería a partir de la inesperada cadena nacional de Milei para reflotar el reclamo histórico por las Malvinas. La semana pasada el canciller Pablo Quirno y el titular de Defensa recorrieron el predio de la Base Naval Integrada en Ushuaia, y la Legislatura provincial aceleró la comisión investigadora sobre el radar de la empresa LeoLabs instalado a 600 kilómetros de Malvinas.

MC