En el mismo lugar donde hace 70 años la dictadura de la Revolución Libertadora fusiló a un grupo de hombres comenzará este miércoles un juicio por la verdad histórica. Se acusa al Estado, entonces encarnado en las figuras de Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas, de cometer delitos de lesa humanidad. El proceso a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín se llevará a cabo en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en el mismo lugar donde hace siete décadas estaba el basural donde fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron a la Operación Masacre que denunció el escritor Rodolfo Walsh.

El juicio a cargo de Alicia Vence implica por primera vez condenar a los responsables del operativo de la Libertadora que buscó sofocar el levantamiento del 9 de junio del entonces general Juan José Valle. Participarán familiares de las víctimas fatales y hasta habría testimonial –por texto o video– de Juan Carlos Livraga, “el fusilado que vive” que le reveló la historia a Walsh y que hoy con 94 años vive en California, Estados Unidos. Las audiencias serán este miércoles, jueves y viernes, día en que se espera que se conozca la condena.

Pero el proceso va más allá: intentará marcar un mojón hacia adelante, para que la Justicia federal ordene investigar los otros operativos militares y policiales que hubo en la misma noche. Es que aquella noche de 1956 la Libertadora sofocó a sangre y fuego levantamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa. En total hubo 27 víctimas fatales. Tras la sanción de la Ley Marcial, el general Valle fue ejecutado el 12 de junio luego de entregarse para detener la represión.

“Tenemos la firme convicción de que el fusilamiento fue un delito de lesa humanidad y que habrá condena. Nunca hubo un juicio al respecto y nunca hubo una investigación al respecto”, sintetizó el abogado querellante Alberto Palacio, que representa ad honorem a los familiares de Lizaso, Carranza, Garibotti, Rodríguez y Brión.

Los fusilamientos en José León Suárez quedaron impunes luego de que la denuncia original de Livraga –que expuso Walsh– no tuviera lugar en la Corte Suprema. En 1957 el máximo tribunal ordenó que haya un proceso en la justicia militar, que decidió exonerar a Aramburu, Rojas y también al jefe de la policía bonaerense de entonces, el coronel retirado Desiderio Fernández Suárez. Este último fue quien detuvo a los doce hombres la noche del 9 de junio en una casa en Florida y ordenó –ya en la madrugada del 10– fusilarlos en un descampado en San Martín. 

Aramburu, Rojas y Fernández Suárez son mencionados en el expediente por delito de lesa humanidad. No está previsto que haya una defensa de sus actuaciones, y cuando elDiarioAR consultó a las familias de Aramburu y Fernández Suárez si sabían sobre el inicio del juicio la respuesta fue negativa. En los últimos días incluso este periodista reveló –en una investigación publicada en Anfibia– que el nieto del jefe de la Policía actualmente es diplomático del Gobierno. Leandro Fernández Suárez es diplomático de carrera desde 1993, fue cónsul de Alberto Fernández y en enero de este 2026 fue designado como embajador en México vía decreto de Javier Milei.

La revelación habría tenido cierto impacto diplomático. Según confió un embajador a este medio, el dato sobre Fernández Suárez llegó a oídos del canciller Pablo Quirno a través del subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Incluso LaPolíticaOnline se hizo eco del dato y publicó que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, “analiza rechazar las cartas credenciales del embajador argentino por ser el nieto de un represor”

El expediente incluso circuló por la Casa Rosada, ya que la jueza Vence notificó a la Procuración del Tesoro, es decir el cuerpo de abogado del Estado, que dirige Sebastian Amerio, hombre de Santiago Caputo. No trascendió que algún letrado que represente al Estado quiera defender su posicionamiente ante los fusilamientos.

El proceso judicial que ahora comienza acumuló una demora de cuatro años. Tuvo un tropiezo adicional cuando el fiscal que impulsaba el expediente, Paul Starc, fue designado el año pasado por Milei al frente de la Unidad de Información Financiera. Starc duró poco en el cargo: en enero fue desplazado con un cargo en el BICE. 

La dictadura que ordenó los fusilamientos

Los responsables

Jefe de Policía Prov. Bs. As.

Desiderio Fernández Suárez

Detuvo a los hombres en Florida a las 23.30 del 9/6. Recién a las 4 de 10/6 ordenó fusilarlos por teléfono desde La Plata. Nunca fue condenado. Murió en 2001.

Presidente de facto

Pedro Eugenio Aramburu

Comandaba la dictadura de la Revolución Libertadora. Fue secuestrado y asesinado por Montoneros en 1970.

Vicepresidente de facto

Issac Rojas

Anunció a las 02.30 del 10/6 que el levantamiento estaba controlado. Lideró junto con Aramburu el Golpe del 55. Murió en 1993.

El juicio no tiene antecedentes en el fuero federal pero sí un espejo en el fuero de Resistencia: el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que concluyó en mayo de 2022 y dictaminó que el ataque perpetrado el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit constituyó un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio indígena. Ese proceso es el modelo sobre el que trabajó la querella.

Entre quienes esperan el inicio del juicio está Berta Carranza, hija de Nicolás, que tenía dos años cuando su padre fue fusilado. “Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia”, dijo a elDiarioAR. Carranza era ferroviario, estaba cesanteado por su militancia política y tenía seis hijos. Vivía en la clandestinidad y así llegó a la casa de Florida en la que irrumpió la policía el 9 de junio de 1956.

El silencio fue la primera condena que vivieron las familias. “Teníamos prohibido decir que los fusilaron. Cuando íbamos a la escuela o si cualquier persona en la calle nos preguntaba no podíamos decir eso”, recordó Berta. Ahora, ella y los demás familiares de Lizaso, Garibotti, Rodríguez y Brión esperan que la Justicia federal les otorgue una reparación histórica negada durante 70 años.

Los que murieron. Los que vivieron.

Fusilados Sobrevivieron

Fusilado

Nicolás Carranza

Ferroviario · 6 hijos

Fusilado

Francisco Garibotti

Ferroviario · 5 hijos

Fusilado

Carlos Lizaso

21 años

Fusilado

Mario Brión

Empleado Siam · 1 hijo

Fusilado

Vicente Rodríguez

Portuario · 3 hijos

Sobrevivió

Juan Carlos Livraga

3 tiros en la cara

Sobrevivió

Miguel Á. Giunta

Escapó corriendo

Sobrevivió

Norberto Gavino

Exilio en Bolivia

Sobrevivió

Julio Troxler

Luchó y escapó

Sobrevivieron

Horacio Di Chiano

Se hizo el muerto

Rogelio Díaz

Escapó del camión

Reinaldo Benavidez

Exilio en Bolivia

Lideró el levantamiento

General Juan José Valle

Encabezó el alzamiento peronista del 9 de junio de 1956. Fue fusilado el 12 de junio, tres días después de la masacre de José León Suárez.

MC

La crítica del historiador israelí Yuval Harari a la idea de Javier Milei de crear sociedades sin humanos golpeó de lleno en el corazón del Gobierno. Lejos de cuestionar su retórica, el presidente libertario agachó la cabeza: “¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos disipar sus temores!”, tuiteó, admitiendo así que no estaba a la altura intelectual de contestarle al instante al autor de los ya célebres Sapiens (2011), Nexus (2020) y Homo Deus (2015), cuyas páginas cierra con una advertencia abrumadora para la especie humana: “¿Qué le ocurrirá a la sociedad, a la política y a la vida cotidiana cuando algoritmos no conscientes pero muy inteligentes nos conozcan mejor que nosotros mismos?”.

Milei le debe la respuesta a Harari desde el lunes pasado. En el Financial Times, el escritor elogió al libertario pero alertó que convertir al país en un paraíso sin control para la IA es una herramienta “extremadamente riesgosa”. Según explicó, el reconocimiento legal de empresas creadas por algoritmos funcionaría como una especie de “llave maestra” que permitiría a sistemas de inteligencia artificial intervenir de manera autónoma en ámbitos financieros, económicos y políticos. 

Harari también planteó que estas corporaciones podrían poseer bienes, contratar personal, participar en operaciones comerciales internacionales, iniciar acciones judiciales e incluso realizar aportes a campañas políticas sin que existiera una persona humana directamente responsable de sus decisiones. “Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, escribió en referencia a la capital de las antiguas colonias neerlandesas en Asia –hoy Yakarta, hoy capital de Indonesia– asociada históricamente al poder de las grandes compañías comerciales.

Harari respondía en el mismo periódico de color salmón del círculo financiero global en el que Milei publicó una columna el 4 de junio pasado firmada junto a Federico Sturzenegger titulada “Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse” (“Argentina invites AI to free itself”, en su título original en el inglés). 

Un funcionario –y mano derecha del ministro de Desregulación– admitió ante elDiarioAR la incomodidad que generó la crítica de Harari: “Lo admiro profundamente en su pensamiento, he leído todos sus libros, y estuve en su charla al respecto en el World Economic Forum. Pero creo que tiene un prejuicio con la IA, y comete un error al decir que la IA va a contratar empleados. El tipo societario nuestro es para empresas que no requieran trabajadores en relación de dependencia”.

El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado el 29 de mayo plantea una modificación profunda de la Ley General de Sociedades, vigente desde hace más de medio siglo. Entre sus puntos más novedosos, incorpora la figura de las “sociedades automatizadas”, definidas como aquellas que desarrollan su actividad mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin necesidad de contar con empleados en relación de dependencia ni personal destinado a su funcionamiento habitual. La iniciativa también introduce las DAOs (Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas), organizaciones sustentadas en contratos inteligentes y mecanismos de gobernanza basados en tecnología blockchain, capaces de constituirse y operar por completo en entornos digitales. A esto se suma la posibilidad de que los conflictos societarios sean sometidos a la legislación extranjera que acuerden las partes involucradas. 

“Lo más importante que hay que saber sobre la IA es que no es simplemente otra herramienta. Es un agente. Puede aprender y cambiar por sí mismo, y tomar decisiones por sí mismo. Un cuchillo es una herramienta. Puede usar un cuchillo para cortar ensalada o para asesinar a alguien, pero tú decides qué hacer con él. La IA es un cuchillo que puede decidir por sí mismo si cortar ensalada o cometer un asesinato”, planteó Harari en su última exposición en el World Economic Forum en Davos, hace cuatro meses, aquella a la que asistió el funcionario de Sturzenegger y Milei citado, y que está muy involucrado en el proyecto de ley de sociedades automatizadas. 

“Le vamos a responder”, avisó este viernes el funcionario sobre el debate que abrió Harari. Pero la incomodidad en el seno libertario existe. Y trasciende a los dichos de Harari. “A veces siento que pasamos de Alberdi y la Constitución Nacional a la Unión Soviética”, se quejó una voz de La Libertad Avanza por el freno de los propios aliados que tienen los proyectos de desregulación en el Congreso.

Más el llano local, el abogado y especialista en Derecho e IA por la Universidad de Salamanca Nicolás Bevilacqua planteó a elDiarioAR: “La inteligencia artificial no es una aplicación más ni una innovación comparable a cualquier avance tecnológico del pasado. Es una herramienta con –cada vez más– capacidad para intervenir en decisiones que afectan el empleo, el crédito, la salud, la educación, la seguridad y el acceso a derechos fundamentales. Por eso, la pregunta central ya no es cuánto Estado debe retirarse, sino cuánto Estado necesita una democracia para evitar que tecnologías cada vez más poderosas operen sin controles, sin transparencia y sin responsabilidades”.

Si la ley de sociedades automatizadas aún no avanzó siquiera en comisiones del Senado es porque Bullrich tiene otros problemas que resolver antes. Los gobernadores y las bancas del PRO y la UCR ya están pidiendo nuevos cambios en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que desregulariza la venta de tierra a extranjeros. La sesión para votar esa iniciativa iba a ser la semana pasada, pero se pateó para esta; y el riesgo Adorni obligó a Bullrich a postergarla una semana más.

Y así como a Harari, el proyecto de sociedades automatizadas también llamó la atención a otro nombre influyente en el escenario global: Peter Thiel, el tecnomagnate dueño de Palantir que reside en una mansión en Barrio Parque y quiere auspiciar la Argentina de la inteligencia artificial libertaria. Porque aunque en el Gobierno lo nieguen, la ley de reforma societaria le vendría como anillo al dedo al multimillonario que juega al ajedrez en el club Torre Blanca de Almagro.

Thiel se lo dijo a Juan Grabois cuando lo recibió en su casa la semana pasada días antes de la muerte del Indio Solari, según pudo reconstruir elDiarioAR. El empresario convocó al diputado del kirchnerismo vía mensaje de texto para hablar de la encíclica papal Magnifica Humanitas –donde justamente León XIV alerta sobre la inteligencia artificial– pero sobre todo le transmitió un especial interés por la posibilidad de que en el país se permitan crear empresas sin humanos. 

Grabois salió de la mansión con la sensación de que Thiel no era una mente brillante, sino “apenas un programador” que sabe muy bien cómo vender su producto de procesamiento de base de datos a nivel masivo. Los servicios de Palantir ya están incorporados en distintas áreas de seguridad, defensa y videovigilancia de países como Estados Unidos e Israel. 

Revista Noticias reveló la imagen de Grabois ingresando a la mansión y Clarín contó otra fantansía de Thiel en Argentina: busca crear en conversaciones con Santiago Caputo una ciudad “con reglas propias” que le permita a los inversores globales vivir sin tener que rendir cuentas al Estado. El asesor de Milei tuiteó días atrás: “La Nueva Argentina que el Presidente está construyendo desde las cenizas del Antiguo Régimen Colectivista merece una ciudad emblema acorde al futuro de prosperidad que nos espera”.

Milei propone abrir la Argentina sin control a los magnates tech, tanto por las sociedades automatizadas como por el atractivo de exención impositiva y externalización de las ganancias a la instalación de data-centers o la explotación minera a mayor escala vía el Super-RIGI. El proyecto avanza en el Congreso pero no tiene allanado el camino para su sanción, aunque el Gobierno quiere que sea en el próximo mes para que pase desapercibido debajo de la atención que genera el Mundial. También la respuesta de Milei a Harari pasaría bajo el radar de la pelota.

MC

Finalmente se conoce la declaración jurada de Manuel Adorni, que presentó este miércoles y la Oficina Anticorrupción hizo pública este jueves casi al mismo momento en que comenzaba la ceremonia del inicio del Mundial, a las 14.30. El documento refleja todos los bienes adquiridos por el funcionario que no estaban declarados hasta entonces: la casa en un country, el departamento donde vive con su familia, así como los compromisos asumidos con dos jubildas, el hijo de una de ellas, un constructor y una madre y su hija, y las cuantiosas inversiones en criptomonedas que supuestamente hizo entre 2013 y 2018.

Anoche, pasadas las diez de la noche, Adorni presentó tres declaraciones juradas en cuatro minutos. A las 22:15, una rectificativa de su patrimonio de 2023. A las 22:17, una rectificativa de 2024. Y a las 22:19, la declaración que el Jefe de Gabinete le debía al país desde hace meses: su DDJJ anual 2025, la primera que presenta con ese cargo. El paquete completo, procesado por la Oficina Anticorrupción esta mañana, permite reconstruir por primera vez la historia completa de su enriquecimiento desde que entró al gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. La historia empieza con dólares que no estaban.

Lo que no figuraba

Cuando Adorni presentó su declaración jurada anual 2023, en noviembre de 2024, declaró bienes por $61 millones al cierre del año. Una cifra que ya llamaba la atención dado que había llegado al gobierno con $11,6 millones. En esa declaración original, sus activos principales eran un departamento en CABA, otro en La Plata y un Renault Captur.

La rectificativa que presentó anoche cuenta otra historia. Al inicio de ese mismo año 2023 —es decir, al momento de entrar al gobierno— tenía 565.000 dólares en efectivo que no figuraban en la versión original. El origen declarado: “venta de activos.” Al cierre de ese año, los dólares habían bajado apenas a 513.000. También aparecen, por primera vez, criptomonedas: Bitcoin, cripto Binance, cripto Lemon.

Con esas incorporaciones, los números del año 2023 se multiplican por ocho. Los bienes al inicio del período pasan de $11,6 millones a $130,9 millones. Al cierre, de $61 millones a $515,5 millones.

La rectificativa de 2024 toma ese nuevo punto de partida y cierra en $662,6 millones —contra los $107,9 millones que Adorni había declarado originalmente para ese año.

Lo que dice ahora que tiene

La DDJJ 2025 muestra a un Jefe de Gabinete con bienes brutos por $944,6 millones. Descontadas las deudas —$317,3 millones— el patrimonio neto asciende a unos $627 millones. Entró al gobierno con menos de $20 millones netos.

Sus propiedades al cierre de 2025 son cuatro. El departamento de 115 m2 en CABA que tenía desde 2014, ahora valuado en $61 millones (el 50% que le corresponde). El departamento en La Plata, que en las declaraciones originales figuraba como una donación y que las rectificativas convierten en “ingresos propios” —un cambio de origen que no tiene explicación en los documentos. Una casa en el country en Exaltación de la Cruz, de 190 metros cuadrados, comprado en noviembre de 2024 y valuado en $156,9 millones (su mitad). El contratista Marcelo Tabar declaró en la Justicia que cobró US$245.000 en efectivo y sin factura por las refacciones.

Y, el más reciente: un departamento con cochera de 199,70 metros cuadrados en Capital Federal, incorporado al patrimonio el 24 de noviembre de 2025 —el mismo mes en que asumió como Jefe de Gabinete— valuado en $255,8 millones por el 50% que le corresponde.

Para comprarlo tomó deuda hipotecaria con cuatro personas físicas que no aparecían en ninguna declaración anterior: Leandro Miano ($46,3 millones), Pablo Martín Feijoo ($46,3 millones), Beatriz Viegas ($71,3 millones) y Claudia Sbabo ($71,3 millones). Entre los cuatro, $235 millones en créditos privados.

Los cuatro acreedores son dos jubiladas y sus hijos. Viegas y Sbabo le vendieron el departamento de Caballito Y le dieron una hipoteca sin intereses. Miano y Feijoo son sus hijos, y uno declaró en la justicia que el préstamo fue verbal y sin documentar. Todos declararon en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

La ruta de los dólares

La clave para entender la película completa está en los dólares. Adorni tenía 565.000 al ingresar al gobierno. Dos años y medio después tiene 209.961. Los habría ido convirtiendo en ladrillos.

Hay otro número que sobresale en la DDJJ 2025: $270,8 millones en “ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.” Es la cifra más alta de todas sus categorías de ingreso y casi seis veces su sueldo como funcionario, que en todo el año sumó $46,6 millones. Esta categoría suele incluir la renta de activos financieros como CEDEARs o acciones, que están exentos de ese impuesto. La declaración no detalla de qué instrumentos se trata.

También recibió $73 millones en “bienes por herencia, legado o donación.” Tampoco hay detalle.

Cuatro minutos

El detalle que resume todo: las tres presentaciones llevan números de transacción correlativos —1175641750, 1175641909 y 1175642003— y fueron procesadas con minutos de diferencia en la misma noche. No es casual. Las rectificativas de los años anteriores eran condición necesaria para que los números encadenaran con la nueva declaración. Sin corregir 2023 y 2024, el “inicio de período” de la DDJJ 2025 no podría reflejar lo que ahora dice tener.

Adorni llegó al gobierno como vocero presidencial con un Renault Captur y dos departamentos. Hoy es Jefe de Gabinete, tiene cuatro propiedades —incluyendo un piso de 200 metros en CABA comprado el mes en que ascendió al cargo— y casi medio millón de dólares menos de los que tenía cuando empezó. Los gastó en construir el patrimonio que, después de meses de demora y en cuatro minutos anoche, buscó terminar de declarar.

MC

Manuel Adorni construyó su carrera entre la consultoría, la docencia universitaria y los medios. Columnista de medios, conductor de su propio programa radial: el perfil del “economista libertario” que lo llevó a convertirse en el vocero más visible del gobierno de Javier Milei. Cuando asumió en diciembre de 2023, declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $25,7 millones de pesos —dos departamentos modestos, un auto y algo de efectivo en pesos—. Sin Bitcoin. Sin dólares significativos. Sin ningún rastro de los ahorros que, según afirmaría dos años y medio después, había acumulado “en negro, como todos los argentinos”.

Desde que asumió Adorni, la Justicia identificó más de US$400.000 en efectivo aplicados a obras de lujo en un country de Exaltación de la Cruz, compras de propiedades y viajes pagados cash en avión privado y clase premium. Mientras tanto, los únicos dólares que figuraban en sus declaraciones —US$42.500— estaban clasificados como “CRÉDITOS”: dinero prestado. Con una hipoteca por US$200.000 de dos jubiladas adquirió el departamento en Caballito donde vive hoy con su familia.

Este 10 de junio Adorni confesó públicamente haber presentado una declaración jurada rectificativa en la que sumaría (aún no está publicada en la web de la Oficina Anticorrupción) US$513.000 en ocho billeteras de Bitcoin, US$79.000 en herencias y las propiedades que había omitido. El mismo día se adhirió al régimen de Inocencia Fiscal, al igual que su esposa Bettina Angeletti una semana antes. La adhesión resuelve parte de la deuda tributaria pero no extingue la causa penal por enriquecimiento ilícito. Ante el Congreso, Adorni ya había invocado el “carácter confidencial” para no explicar de dónde venía el dinero, aunque había dicho que todo estaba declaradop. La línea de tiempo a continuación reconstruye la ruta del dinero Adorni y su trayectoria en los últimos 13 años, desde que comenzó a invertir en Bitcoin.

Manuel Adorni pidió adherirse este martes al régimen establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) antes de presentar su declaración jurada patrimonial, prometida para el lunes 15 de junio. La maniobra tiene una consecuencia concreta y deliberada: el funcionario no está obligado a explicar ante ARCA ni ante la Justicia cómo creció su patrimonio durante 2025. Su esposa, Bettina Angeletti, había dado el mismo paso diez días antes.

La ley funciona así: quien se adhiere paga el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo que facturó ese año, sin importar cuánto aumentaron sus bienes o su consumo personal. No hay obligación de declarar qué activos se regularizan ni de dónde salieron. Esa información queda blindada bajo secreto fiscal.

El mecanismo fue impulsado en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrado públicamente por el propio Milei. Adorni se encargó de comunicarlo desde la Jefatura de Gabinete. El 26 de diciembre de 2025, escribió en sus redes: “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”. Ahora se sabe a quién le venía como anillo al dedo esa dimensión.

La propia ARCA sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Contadores consultados por elDiarioAR explican que el régimen tiene tres efectos concretos. El primero es la simplificación impositiva, aunque uno de los especialistas advierte que “no es tan simplificado como dicen”. El segundo, y “lo mejor que tiene el régimen”, es el llamado tapón fiscal: quien declara correctamente el período 2025 genera un blindaje que impide que ARCA revise los períodos anteriores. El tercero es la posibilidad de regularizar bienes no declarados —“la guita del colchón”, en palabras de uno de los especialistas— sin que técnicamente se llame blanqueo, denominación que el Gobierno evita por las exigencias del GAFI.

Sobre la adhesión de Adorni, el contador Jorge Gebhardt advierte que “da para cualquier interpretación”: alguien puede adherirse sin tener nada irregular, pero el régimen también permite bancarizar dinero no declarado para realizar compras. “Ahí siempre está la duda”, señala, “no sé, diez, 20.000 dólares que hacés... un millón de dólares, no sé”. A montos muy significativos, agrega, debería haber reportes que impedirían esa posibilidad.

El otro especialista consultado, que prefirió el anonimato, suma un dato político relevante: el régimen simplificado que está dentro de la ley de inocencia fiscal “parece que va a ser modificado, eliminando los topes para adherirse”. Si eso ocurre, el blindaje que hoy tiene Adorni se volvería aún más amplio. Pero hay un límite claro, según una fuente del sector contable consultada por este medio: la adhesión “lo hace zafar solo de la parte penal tributaria”. La causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py sigue su curso sin que este régimen la afecte.

Adorni tiene una causa judicial abierta por presunto enriquecimiento ilícito en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Los registros de ARCA revelan además un dato que los investigadores ya tienen en la mira: Adorni tiene actividades económicas registradas desde noviembre de 2013, pero recién se inscribió en el impuesto a las ganancias en enero de 2020. Un intervalo de casi siete años en el que operó bajo múltiples categorías —servicios personales, asesoramiento empresarial, contabilidad— sin tributar por ese régimen.

La solicitud actual de cambio al régimen simplificado representa un nuevo escalón en ese proceso de ordenamiento tardío, que ahora ocurre bajo la lupa judicial. Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio del funcionario habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, con severas discrepancias entre declaraciones juradas, omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.

El expediente analiza la compra de un departamento en Caballito con una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses de dos jubiladas, la adquisición de una casa en el country Golf Club Indio Cuá por US$120.000 con una hipoteca tomada de una policía retirada y su hija —a quienes aún les debería 70.000 dólares—, y el pago de US$245.000 en efectivo y sin facturar a un contratista por las refacciones de esa propiedad.

A partir del impulso fiscal, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio del jefe de Gabinete con una batería de medidas orientadas a establecer si hubo un incremento patrimonial no justificado, que incluyó pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos nacionales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES.

El patrón se repite en su esposa: Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017, pero regularizó su situación frente al IVA y al impuesto a las ganancias recién en octubre de 2025, tras casi ocho años de operación. La proximidad de ambas adhesiones y el historial de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales, que evalúan los movimientos como parte de un ordenamiento fiscal integral del matrimonio bajo escrutinio.

Según consignó La Nación, el fiscal Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere a Adorni que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos. Esta solicitud es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria. La fiscalía aguarda el resultado final de un peritaje contable encargado a expertos de la Procuración General de la Nación, al que se suma un estudio especializado sobre criptomonedas y la trazabilidad de operaciones financieras de Adorni. El informe técnico definitivo podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, Adorni deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria. Fuentes de Comodoro Py estimaron a elDiarioAR que la citación a indagatoria podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio. También está el interés de Adorni de presentar su DDJJ ante el comienzo del Mundial.

La adhesión al régimen de inocencia fiscal no equivale a una confesión ni genera por sí misma consecuencias penales. Pero quien se acoge a él reconoce implícitamente que tiene activos o ingresos que no puede justificar. La ley no excluyó a los funcionarios públicos —técnicamente denominados Personas Expuestas Políticamente— del beneficio de no rendir cuentas sobre el incremento patrimonial. Adorni usó para sí mismo el instrumento que desde su cargo ayudó a instalar.

MC

En la madrugada del domingo 10 de junio de 1956, un grupo de hombres fue fusilado en un basural de José León Suárez por orden del jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Desiderio Fernández Suárez. El marco era la dictadura de la Revolución Libertadora, que comandaban Aramburu y Rojas. Intentaban sofocar el levantamiento peronista del general Valle. Cinco hombres murieron y siete sobrevivieron.

Los hechos permanecieron enterrados hasta que en diciembre de 1956 el periodista Rodolfo Walsh recibió la información de que “hay un fusilado que vive”. Investigó y denunció el hecho en el emblemático libro Operación Masacre, la primera obra del periodismo narrativo argentino. A setenta años, en la Justicia federal de San Martín está por comenzar un juicio por la verdad contra el Estado por delitos de lesa humanidad.

El mapa abajo muestra los tres puntos clave de la operación masacre.

La reunión en un PH de Florida

La reunión en el PH de Florida comenzó en la noche del 9 de junio. La excusa formal del encuentro de un grupo de hombre era escuchar la pelea de boxeo que esa noche disputaban en el Luna Park el campeón Eduardo Lausse contra el chileno Loayza.

La casa está en Hipólito Yrigoyen 4519, esquina Franklin, Florida Oeste. En el chalet al frente vivía Horacio Di Chiano, que esa noche estaba junto a su familia y Miguel Ángel Giunta, un vecino escuchando la pelea. El departamento del fondo lo alquilaba Juan Carlos Torres, que esa noche, en secreto, lo puso a disposición del movimiento de resistencia. Allí también se acercan algunos hombres solo para seguir la pelea y jugar a los naipes. En total son una decena.

Nicolás Carranza salió de su casa del barrio obrero de Boulogne. El trabajador ferroviario conocía del posible levantamiento de Valle. Pasó a buscar a su compañero y vecino Francisco Garibotti.

Mario Brión vivía en Florida, a la vuelta de la casa del encuentro. Fue invitado a escuchar la pelea. Carlos Lizaso, 21 años, llegó caminando. Su novia encontraría después una nota que decía: “Si todo sale bien esta noche…”

Vicente Rodríguez le dijo a su mujer “me voy a trabajar”. En el camino se cruzó con Juan Carlos Livraga, indeciso en un bar, y lo invitó. Livraga no tenía ninguna militancia.

“¿Dónde está Tanco?”

El teniente coronel retirado Desiderio Argentino Fernández Suárez, jefe de la Policía y militar retirado, irrumpe a las 23.30 en la casa con un grupo de oficiales para sofocar el supuesto complot.

Pedí por el militar Raúl Tanco, que secundaba a Valle en la sublevación, pero no hay rastros de él en la casa de Florida.

No hay resistencia de los hombres en ninguna de las dos viviendas. Pero Fernández Suárez decide detenerlos a todos. Solo uno logra escapar corriendo.

Comisaría y Ley Marcial

Los detenidos son trasladados a la Unidad Regional de San Martín, donde les retiran las pertenencias. Recién a las 00.30 del 10 de junio - al día siguiente de las detenciones- se declara la Ley Marcial.

A las 02.30 el vice Issac Rojas anuncia que el levantamiento de Valle está controlado. Hubo enfrentamientos en varios puntos del conurbano y de la provincias. El saldo total fue de 32 personas muertas.

Cerca de las 4, desde La Plata, Fernández Suárez exige fusilar a los detenidos, según reveló Walsh en Operación Masacre. Que la detención haya ocurrido un día antes de la Ley Marcial es el hecho clave que descubrirá en su investigación, porque significa que los fusilamientos fueron ilegales.

"¡A esos detenidos de San Martín, que los lleven a un descampado y los fusilen!"

Desiderio A. Fernández Suárez

Fusilados en un basural

A las 05.30, los detenidos son trasladados en un camión celular con quince policías de custodia.

El destino es un basural en José León Suárez. Mientras los faros iluminan el terreno, la policía obliga a los detenidos a caminar y luego les disparan. Cinco mueren en el acto o son rematados con un tiro de gracia. Otros salen corriendo, se hacen los muertos o están malheridos, pero sobreviven.

“Hay un fusilado que vive”

Seis meses después de la masacre, en diciembre de 1956, en un bar de La Plata, alguien le cuenta a Rodolfo Walsh la existencia de uno de los sobrevivientes. Es el caso de Livraga, que hace una denuncia judicial. El periodista comienza una investigación que terminará en el emblemático libro.

La dictadura que ordenó los fusilamientos

Los responsables

Jefe de Policía Prov. Bs. As.

Desiderio Fernández Suárez

Detuvo a los hombres en Florida a las 23.30 del 9/6. Recién a las 4 de 10/6 ordenó fusilarlos por teléfono desde La Plata. Nunca fue condenado. Murió en 2001.

Presidente de facto

Pedro Eugenio Aramburu

Comandaba la dictadura de la Revolución Libertadora. Fue secuestrado y asesinado por Montoneros en 1970.

Vicepresidente de facto

Isaac Rojas

Anunció a las 02.30 del 10/6 que el levantamiento estaba controlado. Lideró junto con Aramburu el Golpe del 55. Murió en 1993.

Los que murieron. Los que vivieron.

Fusilados Sobrevivieron

Fusilado

Nicolás Carranza

Ferroviario · 6 hijos

Fusilado

Francisco Garibotti

Ferroviario · 5 hijos

Fusilado

Carlos Lizaso

21 años

Fusilado

Mario Brión

Empleado Siam · 1 hijo

Fusilado

Vicente Rodríguez

Portuario · 3 hijos

Sobrevivió

Juan Carlos Livraga

3 tiros en la cara

Sobrevivió

Miguel Á. Giunta

Escapó corriendo

Sobrevivió

Norberto Gavino

Exilio en Bolivia

Sobrevivió

Julio Troxler

Luchó y escapó

Sobrevivieron

Horacio Di Chiano

Se hizo el muerto

Rogelio Díaz

Escapó del camión

Reinaldo Benavidez

Exilio en Bolivia

Lideró el levantamiento

General Juan José Valle

Encabezó el alzamiento peronista del 9 de junio de 1956. Fue fusilado el 12 de junio, tres días después de la masacre de José León Suárez.

La operación masacre en libro, película y cómic

Rodolfo Walsh publicó por primera vez su libro en 1957, luego de una serie de notas periodísticas. Se trata de un ícono en el género de no ficción.

La película se filmó de manera clandestina y se estrenó en 1973. Fue dirigida por Jorge Cedrón y escrita junto a Walsh.

En 1987 la revista Fierro publicó una adaptación de Operación Masacre en cómic. El guion es de Omar Panosetti (adaptado del libro) y las ilustraciones de Francisco Solano López (dibujante de El Eternauta).

El juicio por la verdad 70 años después

El próximo 17 de junio comienza en el Auditorio Hugo del Carril, en José León Suárez, un juicio por la verdad. Los familiares de los cinco muertos denuncian al Estado por delito de lesa humanidad.

El proceso lo lleva adelante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence.

El Gobierno busca apurar un acuerdo con el sector universitario para cerrar un conflicto salarial y por fondos que arrastra desde hace más de un año y que tuvo su última expresión en la cuarta marcha federal masiva el pasado 12 de mayo. En los últimos días hubo un fuerte acercamiento entre la Casa Rosada y los rectores con un borrador que todavía es resistido por el frente gremial. Según supo elDiarioAR de al menos dos fuentes universitarias, la intención oficial es que se firme en las próximas horas.

La propuesta oficial es de un aumento del 21,3% salarial a partir de junio y un 3% desde octubre para los trabajadores docentes y no-docentes, así como 20% de suba en las partidas de funcionamiento, 50% para los hospitales universitarios y la misma cifra para las becas Belgrano, aunque no así para las becas Progresar. Entre los puntos también se plantea la creación de una comisión de seguimiento de la Ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso y que el Ejecutivo llevó a la Justicia. Actualmente hay un amparo ante la Corte Suprema, que espera que haya una resolución política antes de fallar al respecto.

El acuerdo avanzó en conversaciones que ocurrieron entre el viernes y el sábado pasado. Del lado oficial el encargado es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mientras las universidades están representadas por el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, rector de la universidad de Rosario. Este lunes están en agenda reuniones de las federaciones sindicales. El Gobierno quiere que se cierre entre este martes y el miércoles, pero no contempla que algunos gremios tiene sus propias deliberaciones internas –por ejemplo, Conadu Histórico tiene un congreso nacional el jueves–.

“La novedad es que el Gobierno propone que no sean acuerdos paritarios por sectores, sino que haya un acta única y general donde se incluya la parte salarial, las partidas para el funcionamiento y las subas en las becas”, planteó un dirigente gremial que consideró la propuesta oficial como “extorsiva”, porque el Ejecutivo asegura que tiene que firmarse por unanimidad entre la subsecretaría, el CIN, la FUA (federación de estudiantes) y los frentes sindicales docentes y no docentes.

La tensión sigue porque ya la Conadu formalizó un plan de lucha que incluirá un paro total de actividades desde el 16 al 20 de junio. El Gobierno, a su vez, había planteado que se retirara la demanda judicial a cambio abrir la billetera, pero esa exigencia no fue aceptada por las universidades. El viernes pasado la Corte Suprema rechazó un pedido libertario de recusación contra los jueces porque son docentes universitarios. “No tiene banca social correrse del camino judicial”, planteó un vocero de los rectores.

“Lo que proponen se aleja muchísimo de lo que establece la ley, pero entiendo que el acuerdo está encaminado porque tanto los funcionarios como los rectores quieren firmar ya”, comentó una de las fuentes consultadas. “Aunque está lejos de lo exigido, esto es un golpe al Gobierno”, consideró un dirigente estudiantil que sigue de cerca la pelea. “No es una negociación paritaria, sino que es política”, completó el gremialista consultado.

Uno de los puntos en desacuerdo es que la oferta del Gobierno del 21,3% es un punto intermedio a lo que establece la ley, una recuperación salarial de 45,6% en términos reales, por la inflación desde diciembre del 2023. Además no hay definición sobre la deuda atrasada por el salto devaluatorio de Milei apenas asumió, cuando los trabajadores perdieron 16 puntos. 

Tampoco hay precisiones sobre las becas Progresar que actualmente alcanza a un millón de estudiantes con $35.000 mensuales. Distinto es el caso de las becas estratégicas Belgrano, de unos $81.000 pero con el cupo de 36 mil beneficiarios que cursan carreras de grado y pregrado en áreas consideradas críticas para el desarrollo del país.

Con la propuesta de aumento salarial del Gobierno los sueldos quedarían igualmente lejos del reclamo gremial: un ayudante de primera con dedicación simple llegaría a tener un aumento de poco más de $40.000 de bolsillo (pasaría de $250 mil a menos de $300 mil), mientras que un profesor adjunto con posgrado, 15 años de antigüedad y dedicación exclusiva pasaría de cobrar $1,5 millón a $1,8 millón.

MC

El Senado se reúne este jueves desde las 11 con una agenda que concentra tres temas de interés para Javier Milei. La sesión convocada por Victoria Villarruel —que no está en el recin— incluye la aprobación de alrededor de 50 pliegos judiciales, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —el proyecto de desalojo exprés y venta de tierras— y el acuerdo con los holdouts para cancelar u$s 171 millones de deuda soberana en litigio desde el default de 2001.

Lo que no está en el temario es el pliego más caliente de la semana: el de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, que el Gobierno rechaza porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Patricia Bullrich decidió postergar esa definición para la semana que viene.

Los pliegos que sí se votan

Con Michelli en pausa, los cerca de 50 magistrados con dictamen aprobado en las cinco audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos —realizadas entre el 30 de abril y el 14 de mayo— entran al recinto. Varios de ellos generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

US$171 millones a los holdouts

El segundo punto del temario es el acuerdo con los fondos que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que desde entonces litigan contra la Argentina ante la justicia de Nueva York. El acuerdo implica pagarle US$67millones a BainbridgeLtd y US$104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El total de US$171 millones tiene una quita superior al 30% sobre los montos reclamados originalmente.

El acuerdo ya había sido devuelto a comisiones en una sesión anterior. El plazo límite original era el 30 de abril, pero el Ejecutivo logró extenderlo hasta el 30 de junio, lo que abre la ventana para que el Senado lo vote este jueves y luego lo remita a Diputados.

La ley de desalojo exprés y venta de tierras

El tercer punto del temario es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto del ministro Federico Sturzenegger que tiene varias aristas y que Bullrich tardó dos meses en negociar para conseguir los votos.

El capítulo más sensible es el de los desalojos. El texto habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el dueño de la propiedad pueda exigir la desocupación del inmueble luego de solo 10 días de aviso. El Código Civil y Comercial vigente establece que recién después de dos meses consecutivos sin pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley esa protección desaparece.

La negociación llevó a una distinción entre inquilinos morosos, con diez días de plazo, y ocupantes sin contrato —a los que el texto llama “usurpadores”—, para quienes el plazo se mantiene en tres días. También por presión de los aliados, y ante advertencias de la Iglesia y organizaciones sociales que alertaron sobre el riesgo de una emergencia habitacional, Bullrich aceptó eliminar el artículo que habilitaba desalojos en los barrios populares inscriptos en el RENABAP.

La ley también elimina el tope del 15% a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, una restricción que regía desde la ley de Tierras de 2011.

Hay un tercer componente que pasó casi desapercibido en el debate: la ley modifica también la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohibía por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios, una medida pensada para desincentivar la quema intencional con fines especulativos. El proyecto de Sturzenegger elimina esa restricción. Cuando fue a exponer en el Senado, el ministro defendió el cambio argumentando que era un “dislate” extender la protección de bosques nativos a la producción agropecuaria y afectar la propiedad privada durante décadas.

MC

Victoria Villarruel y Patricia Bullrich desafían, cada una a su modo, al presidente Javier Milei. Mientras la vice recibió personalmente en su despacho a María Verónica Michelli, la jefa del bloque libertario postergó para la próxima semana una definición sobre su pliego como jueza de La Plata, que rechaza el Gobierno. El tema, entonces, seguirá en el aire, como una desautorización de facto al deseo del mandatario.

Villarruel y Bullrich se vieron las caras este miércoles en la reunión de Labor Parlamentario, donde participaron jefes de otros bloques. Allí se acordó la sesión de este jueves desde las 11 y se pateó para más adelante tratar el pedido de retiro del pliego de Michelli, como ordenó Karina Milei. La hermanísima quedó atrapada ahora al deseo de las dos espadas fuertes de la Cámara alta.

En esa reunión de Labor se acordó que el temario de la sesión sea sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que impulsa el ministro Federico Sturzenegger para habilitar sin restricciones la venta de tierras a extranjeros, un acuerdo con holdouts para pagar deuda y unos 50 pliegos judiciales. Entraría ahí el de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, titular de la Corte Suprema, pero no se discutirá la suerte de Michelli.

Villarruel recibió este martes a Michelli en su despacho en el Palacio Legislativo. La cumbre duró una hora y la vice le transmitió su “profundo respaldo institucional”. Villarruel buscó mojarle la oreja a los Milei con el argumento de que el pliego de Michelli tiene nueve firmas, además de recibir el respaldo público de Bullrich, los diez senadores de la UCR y el puñado del PRO.

Los Milei rechazan a la candidata a jueza en el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, que investiga casos de corrupción que salpica a los hermanos en el poder.

La cumbre parlamentaria de este miércoles fue con plantilla completa de todos los bloques. El oficialismo tendría los números para que avancen sin problema los demás pliegos judiciales y también el proyecto de ley de Sturzenegger. Ahí se verá el acuerdo del Gobierno con los gobernadores, que le dan votos clave para alcanzar la mayoría en el Senado.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada amenaza la seguridad habitacional de los inquilinos más vulnerables. Habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el locador (el dueño de la propiedad) pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago. Por otro lado  , elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

El proyecto original de Sturzenegger, incluso, reducía a tres días el plazo para el desalojo, pero los senadores aliados del Gobierno exigieron flexibilizarlo. Bullrich, tuvo que negociar con los gobernadores establecer una diferenciación entre inquilinos morosos y “usurpadores”. Los primeros tendrían un plazo de 10 días, los segundos sólo 3. También aceptó quitar el apartado que habilitaba el desalojo en todos los barrios populares inscriptos en RENABAP.

Tras esa negociación, Bullrich avanzó sobre Milei y cuestionó el rechazo al pliego de Michelli. Habría sesión el miércoles que viene, cuando se votaría por aprobar el pliego, en otro desafío a los Milei.

MC

El oficialismo tenía acordado hasta esta semana sesionar para votar dos iniciativas legislativas y avalar a 73 candidatos a jueces, defensores y fiscales. Pero la movida contra el pliego de María Verónica Michelli metió ruido en el tratamiento de las designaciones en la Justicia. El caso generó una repercusión política que alcanza a otros pliegos polémicos, como es el caso de Emilio Rosatii, el hijo de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema.

Los pliegos que ahora están en riesgo son el resultado de un proceso institucional que llevó más de un mes. Según el registro oficial del Senado, la Comisión de Acuerdos realizó cinco audiencias públicas consecutivas para debatir las postulaciones judiciales: el 30 de abril, el 6 y 7 de mayo, y el 13 y 14 de mayo. En cada una de esas jornadas, decenas de candidatos a jueces, camaristas, defensores y fiscales de todo el país fueron interrogados por senadores de distintos bloques antes de obtener su dictamen.

Los nombres

María Verónica Michelli estaba postulada para el Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata. El Gobierno pidió retirar su pliego cuando Milei se enteró de que era cuñada de Alconada Mon, el periodista de La Nación que investiga el caso $LIBRA. Los senadores que firmaron su dictamen en comisión —incluida la propia Bullrich— se negaron a dar marcha atrás.

Emilio Rosatti, propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito inicial del concurso, posición que escaló tras las entrevistas personales ante los consejeros. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por un caso de alcoholemia positiva al volante. Su padre se abstuvo de participar en la votación del Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones judiciales que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia. Bullrich se negó a firmar sus dictámenes en comisión.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Martínez de Giorgi tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA. Su pliego contaba con dictamen favorable.

Víctor Pesino, es juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que intervino en la causa vinculada a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Debe jubilarse al cumplir 75 años, pero el Gobierno propuso extender su permanencia por otros cinco años. Pesino integró junto a la camarista María Dora González el fallo que dejó en suspenso la cautelar dictada por el juez Horacio Ojeda a favor de la CGT, medida que frenaba 81 artículos de la reforma laboral.

¿Se puede retirar un pliego?

Por encima de la disputa política, un constitucionalista instaló una pregunta más profunda: si el Gobierno tiene derecho legal a hacer lo que pretende. El abogado Andrés Gil Domínguez afirmó que cuando el Poder Ejecutivo envía un pliego al Senado “no hay vuelta atrás”. Según explicó por Radio Splendid, el Senado puede no tratar el pliego, aprobarlo o rechazarlo, pero el Ejecutivo no puede retirarlo: “Cuando el Poder Ejecutivo elige a uno y pasa al Senado, el PEN no puede decir 'retiro' porque ya eligió”. Para Gil Domínguez, hacerlo sería inconstitucional.

El especialista agregó que la gravedad del caso Michelli se profundiza por los motivos del retiro: si la candidata es cuestionada por la ideología de un familiar —en este caso, su cuñado, el periodista Hugo Alconada Mon—, la situación configuraría además “discriminación basada en la opinión política”. Aunque advirtió que la práctica de retirar pliegos no es una invención de este Gobierno: “Muchos gobiernos lo han hecho de forma inconstitucional. Lo que uno observa con el gobierno de Milei es que no ha inventado tácticas inconstitucionales, sino que las lleva al paroxismo.”

El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el envío al Senado de un proyecto de Ley General de Sociedades que habilita la existencia legal de empresas que operan exclusivamente mediante algoritmos o inteligencia artificial, sin empleados ni gerentes humanos. Se trata de la reforma más profunda al derecho societario argentino desde 1972, cuando la dictadura de Lanusse sancionó la Ley 19.550 que aún rige.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, lo había anunciado el viernes pasado. “Nos movemos de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, escribió. El proyecto no llega en un momento fácil. Patricia Bullrich ya tiene una agenda legislativa cargada para gestionar con un próximo objetivo polémico: el jueves buscará darle media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que también impulsa “el Coloso” y que desregula la venta de tierras a extranjeros.

Además de los cambios vinculado a la tecnología, la reforma tiene un alcance amplio: los estatutos societarios pasan a ser la norma primaria y la ley opera como supletoria; el objeto social puede ser genérico; se eliminan trabas registrales; se incorporan instrumentos de inversión convertibles para startups; y se habilita la digitalización plena —constitución por firma electrónica, asambleas remotas, legajo digital público—. También se simplifica la absorción entre empresas del mismo grupo y los mandatos de directores pasan a ser por tiempo indeterminado por defecto. Las sociedades podrán, además, “someter sus conflictos internos al derecho extranjero o mercantil internacional”.

Empresas sin personas

El articulado más inédito del proyecto de ley define la Sociedad Automatizada como aquella que “desarrolla su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria”. La sociedad responde con su patrimonio por los daños que causen esos sistemas. En términos concretos: un algoritmo que ofrece un servicio o producto de forma autónoma puede constituirse como empresa, negociar con terceros y limitar su responsabilidad al patrimonio societario. Un robot con personería jurídica.

Un funcionario cercano al ministro de Desregulación lo justificó así: “Hoy el auge de la inteligencia artificial es indudable, y queremos que nuevos desarrollos elijan Argentina para constituirse”. Y puso un ejemplo: “Si creo un algoritmo para que escriba notas periodísticas, un medio de comunicación lo puede contratar como empresa para hacer esa tarea. Y esta empresa, que es un robot, no tiene personas, alguien lo desarrolló pero ahora ya funciona de manera automatizada, desarrolla su actividad comercial y es responsable por el daño que eventualmente produzca, con el patrimonio de la empresa”.

Según el funcionario, la Argentina sería “pionera” en el mundo si adopta esta ley a nivel nacional. Ya hay leyes de sociedades automatizadas en Estados Unidos, pero a nivel estadual en Wyoming -considerado uno de los principales paraísos fiscales internos de Estados Unidos debido a que no cobra impuestos estatales sobre la renta, no grava los ingresos corporativos y permite un alto nivel de privacidad y secreto financiero para empresas extranjeras- y Vermont. En la Unión Europea, explicó el funcionario consultado, hay un proceso de consulta al respecto, aunque no hay reconocimiento de personalidad jurídica aún. También existe el modelo de sociedad automatizada en Islas Marshall, que posee un sistema de exención total de impuestos para corporaciones no residentes (empresas offshore).

El segundo tipo novedoso en el proyecto de ley son las DAO —Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas—, estructuras gobernadas por código en una blockchain, donde las participaciones son tokens y las decisiones se toman por protocolo tecnológico, sin que ninguna persona humana tenga que firmar nada. El proyecto les otorga personería jurídica plena y responsabilidad limitada. Sturzenegger compara la apuesta con el caso irlandés, que atrajo empresas de propiedad intelectual con un régimen fiscal y legal conveniente. “Esta ley, pensamos, lo lograría” para empresas de IA, escribió.

En el Gobierno negaron tajantemente que la iniciativa esté vinculada al desembarco del tecnofascista Peter Thiel y su empresa Palantir, o empresas tecnológicas similares, que se basa en la gestión masiva de datos personales y el uso de IA para la seguridad y defensa en los Estados.

“Le veo méritos a la idea y me resultan convincentes los argumentos del Presidente y del ministro de que esos desarrollos, que hoy eligen otras jurisdicciones para constituirse, lo hagan acá. Lo haga luego Peter Thiel o cualquier otro. Ojalá muchos”, planteó.

Calle Guayaquil al 900, barrio obrero de Boulogne, partido de San Isidro. Una puerta blanca con ventana, cortinita de tela rosa con adornos de flores y volados; el picaporte torcido, un pasador gastado; en el marco, la pintura marrón oscura está algo descascarada. Por esta puerta salió Nicolás Carranza la noche del sábado 9 de junio de 1956, luego de saludar a su esposa y a su escalera de seis hijos –la mayor, Elena, de 12; la menor, Julia Renée, cuarenta días apenas–. Por esta puerta ingresó el 11 de junio de 1956 el entonces jefe de la Policía bonaerense, el teniente coronel (R) Desiderio Fernández Suárez, fiel peón de Pedro Eugenio Aramburu –jefe de la entonces Revolución Libertadora que había derrocado a Perón–; buscaba la libreta de enrolamiento del trabajador ferroviario. 

Aquí está parte de la historia de uno de los fusilados en el basural de José León Suárez que Rodolfo Walsh inmortalizó en su Operación Masacre. Y aquí, a exactos 70 años después de la tragedia, en la mesa del comedor está sentada Berta Carranza –que tenía 2 años en aquel tiempo– y que, sosteniendo un cuadro de su padre en blanco y negro, dice ahora con la voz algo gastada:

–Soy Berta Carranza, hija de Nicolás, fusilado en los basurales de Suárez. Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia.

Berta Carranza es una de las querellantes en el Juicio por la Verdad que está a punto de iniciarse en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence. En la presentación también participan familiares de las otras víctimas mortales que dejó la masacre: Francisco Garibotti, Carlos Alberto Lizaso, Mario Brión y Vicente Damián Rodríguez. También participaría como testigo clave Juan Carlos Livraga, el emblemático “fusilado que vive”, cuyo relato despertó el interés periodístico de Walsh a finales de aquel fatídico 1956. Actualmente Livraga vive en California, Estados Unidos, y se prevé que envíe su testimonial por escrito o video.

La fecha aún no está confirmada, pero fuentes judiciales señalaron a elDiarioAR que podría ser en las próximas dos semanas, en coincidencia con el aniversario 70, que se cumple el próximo martes 9 de junio. Aquel día pero en 1956 el teniente coronel Fernández Suárez detuvo a un grupo de 15 hombres en un departamento de Florida, Vicente López, y los trasladó a una comisaría en San Martín. En el aire flotaba la posibilidad de una rebelión militar contra la Revolución Libertadora. 

Durante la madrugada, al borde del amanecer, los detenidos fueron llevados a un basural de José León Suárez, situado en lo que hoy es la calle 9 de Julio casi el cruce con la Ruta 4. Cinco de los ejecutados murieron allí mismo. El resto escapó a las corridas o fueron malheridos, pero sobrevivieron: Livraga, Julio Troxler, Reinaldo Benavidez, Rogelio Díaz, Horacio Di Chiano, Norberto Gavino y Miguel Ángel Giunta.

La clave que reveló Walsh en su investigación es que la detención ocurrió horas antes de aplicarse en todo el país la ley marcial, que fue recién a las 0.32 del domingo 10 de junio, a raíz del levantamiento efectivo del general de división Juan José Valle contra el régimen de la Libertadora que encabezaban Aramburu e Issac Rojas –entonces vicepresidente–. El militar alineado al peronismo fue fusilado días después –el 12 de junio– en la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Buenos Aires (actual Parque Las Heras) tras entregarse para detener la feroz represión, que también se cobró muertes en otros puntos del conurbano. 

La justicia nunca investigó la masacre de J. L. Suárez. Aramburu fue secuestrado por Montoneros el 29 de mayo de 1970 y su cuerpo fue hallado el 1 de junio de 1970 enterrado en el sótano de una estancia en Timote, provincia de Buenos Aires. Rojas murió el 13 de abril de 1993 en CABA, por causas naturales, al igual que Fernández Suárez, que falleció el 9 de abril de 2001.

El Juicio por la Verdad sobre los fusilamientos en José León Suárez está basado en la reparación histórica del Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que concluyó el 19 de mayo de 2022, casi un siglo después de los acontecimientos. El Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, Chaco, dictaminó que el ataque perpetrado el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit constituyó un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio de los pueblos indígenas.

En la esquina de Guayaquil y pasaje Carranza –como se llama ahora la intersección–, en Boulogne, habrá un homenaje con música en vivo y pintada de un mural el próximo sábado 13 a las 11. Para entonces, los familiares de las víctimas esperan que el juicio al menos ya haya empezado, luego de una demora de cuatro años, que tuvo un atraso extra cuando el fiscal que impulsaba el expediente, Paul Starc, fue designado el año pasado por Javier Milei como jefe de la Unidad Información Financiera –duró poco en el cargo y en enero fue desplazado con un cargo en el BICE–. 

–Yo de mi papá no me acuerdo. No sé si era gordo, si era flaco. No me acuerdo, la cara ni la voz. Todo lo que sé, lo sé por mi vieja. Y ella tardó en contarnos, porque teníamos prohibido decir que los fusilaron –relata Berta Carranza, sentada en la mesa de su casa junto a Adriana Lizaso, familiar de otro de los fusilados–. Cuando íbamos a la escuela o si cualquier persona en la calle nos preguntaba no podíamos decir eso.

–Eran épocas de terror, igual que en la dictadura del 76 –completa Lizaso. Detrás suyo un enorme cuadro con la cara del Che Guevara y una bandera con los colores de Boca Jrs. adornan el ambiente pintado de verde.

Mientras Carranza era ferroviario y padre de seis hijos, Carlitos Lizaso tenía apenas 21 años en 1956, vivía en Vicente López en una familia numerosa y –según describió Walsh– era “un muchacho alto, delgado, pálido, de carácter retraído y casi tímido”. La tragedia marcó a las familias Carranza y Lizaso, pero también los forjó en una lucha en común, porque uno de los hermanos de Carlitos le consiguió a la madre de Berta un puesto en el ferrocarril para poder sostener a sus hijos. 

Los Carranza ya estaban en una frágil situación en 1956, porque Nicolás era buscado por la policía por su militancia política y la empresa del ferrocarril, por estar cesanteado, buscaba desalojarlos de la casa. La situación de clandestinidad le impidió al padre de familia incluso anotar con su apellido a su hija Julia Renée, que nació 40 días antes del fusilamiento. “¿El ferrocarril no les quitaría la casa, ahora que él estaba cesante y prófugo? Era una buena casa, de material, con flores en el jardín, y allí entraban todos, hasta un par de muchachas fabriqueras que había tomado como pensionistas para ayudarse. ¿Con qué iban a vivir ella y los chicos si se la quitaban?”, se lee en Operación Masacre. 

Berta Carranza se para de la mesa y busca detrás de un mueble una carpeta con papeles. Su hija también la ayuda en la pesquisa. Encuentran un papel doblado y gastado por el paso del tiempo con el membrete del Ferrocarril Nacional Manuel Belgrano y que el 8 de noviembre de 1956 le exigía a la mujer de Nicolás: “Se le notifica que como la vivienda la necesitamos para ubicar a personal que está en servicio debe Ud. desocuparla dentro de un plazo de 30 días”. Luego Berta encuentra un recibo de la cochería “La Porteña”, donde se detalla que el servicio fúnebre de su padre costó “900 pesos moneda nacional de curso legal”.

–Yo me acuerdo de haber acompañado a mi vieja al homenaje a mi papá en el cementerio acá de Boulogne. Hasta tuvimos que pagar el entierro. Y mi vieja también me contó cuando vino la policía acá a buscar unos papeles –recuerda Carranza sobre aquel 11 de junio en que Fernández Suárez entró a esta casa para pedir el documento de Nicolás. 

Aquel operativo policial incluyó una visita a la familia de los Garibotti, del otro lado de la calle. Uno de los hijos de Garibotti estaba jugando afuera cuando uno de los agentes le dijo “a tu papá lo mataron”, recuerda Berta. Cuando Fernández Suárez cruzó de vereda y atravesó la puerta blanca con ventana adornada con cortina con flores de la casa de los Carranza, ocurrió otra escena escalofriante. Walsh la reconstruye con delicadez: mientras la madre de Berta buscaba el documento de Nicolás, el jefe de la Policía se encontró a Elena –la hija mayor, de 12 años– parada frente al retrato de su padre colgado en la pared. La miró y le preguntó: “¿Ese era tu papá?”. 

Elena no sabía todavía que su padre estaba muerto. Se lo estaban diciendo así, con una pregunta. Tampoco lo sabía Berta, que ahora toma con cuidado el retrato en blanco y negro de su padre y dice:

–Soy Berta Carranza, hija de Nicolás, fusilado en los basurales de Suárez. Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia.

MC

Este viernes el presidente Javier Milei tuvo una agenda de alto impacto en la Casa Rosada: recibió al millonario inglés Maurice Ostro, que busca apalancar el Súper RIGI, también al embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y un nutrido grupo de legisladores republicanos, y cerró la mañana con los representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), la entidad que agrupa a los laboratorios multinacionales con operaciones en la Argentina. La reunión, encabezada por su titular Gastón Domingues Caetano, ocurre mientras el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) está sin fecha para ir al recinto en la Cámara de Diputados: tiene dictamen favorable de comisión, pero el oficialismo no logra cerrar cuándo lo lleva al recinto.

La visita de CAEMe no fue un trámite de cortesía. La cámara sostuvo durante todo el debate la misma posición: que el PCT se vote sin modificaciones, tal como llegó del Senado con media sanción de 1998. Esa postura choca con el giro que el propio Gobierno aceptó hace pocos días: incorporar una reserva al Capítulo II del tratado, una concesión a los laboratorios nacionales nucleados en CILFA que las multinacionales rechazaron desde el primer momento. La reunión de hoy sucedió en ese contexto de fuerte presión de un acuerdo que involucra negociados por unos US$3,3 mil millones.

Como señal de distención, la CAEMe anunció ante Milei un compromiso de inversión de US$8.000 millones en investigación clínica para los próximos seis años. Del encuentro participaron los gerentes generales de MSD, Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, GSK, Sanofi y Pfizer, encabezados por Caetano. Junto al Presidente estuvo el ministro de Salud, Mario Lugones.

Según el comunicado de CAEMe, los laboratorios asociados se comprometen a realizar una inversión total acumulada de US$8.000 millones en investigación clínica durante los próximos seis años, en el marco de un acuerdo con el Ministerio de Salud. La Argentina tiene actualmente más de 50.000 pacientes participando en 1.000 estudios clínicos; solo en 2025 se aprobaron 290 nuevos ensayos, un 8% más que el año anterior. “Este acuerdo es un hito para la salud y la ciencia en Argentina”, dijo Domingues Caetano en el comunicado. “No solo promueve mayores inversiones de escala internacional en ciencia y salud, sino que hace posible que los pacientes de nuestro país accedan a tratamientos de vanguardia en simultáneo con los países más avanzados del mundo.”

El cambio en el PCT

Más allá de las fotos y compromisos públicos, en el trasfondo de discusión está el PCT, en particular la reserva al Capítulo II que trabó todo en el Congreso semanas atrás. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para las multinacionales, ese mecanismo acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.

CILFA venía reclamando que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse. La cámara que agrupa a los laboratorios de capital nacional puso sobre la mesa un número concreto: si el PCT se aprueba sin esa reserva, el perjuicio para el sector podría estimarse en más de US$3.321 millones, según cálculos de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). En el otro extremo, CAEMe y la AmCham —la cámara de comercio Argentina-EE.UU.— enviaron cartas a la diputada Juliana Santillán y Martín Menem oponiéndose a cualquier cambio en la letra del tratado.

Hace apenas días, el Gobierno cedió. Una fuente oficial involucrada directamente en la negociación lo confirmó a elDiarioAR sin eufemismos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, dijo al ser consultada específicamente sobre las demandas de CILFA. El cambio aceptado —incorporar la reserva al Capítulo II— implica que el texto que vote Diputados sea distinto al que aprobó el Senado en 1998, lo que obliga a que la Cámara alta vuelva a pronunciarse. De los más de 150 países miembros del PCT, solo Uruguay tiene esa reserva adoptada, desde enero de 2025.

La cadena de presiones

El lobby farmacéutico en torno al PCT fue intenso desde el arranque. Fuentes libertarias lo describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad. El cruce de intereses incluyó cartas enviadas a los diputados, frenadas de último momento en el Congreso y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria.

El encuentro fue el martes 21 de abril, en la casa de una periodista. El menú fueron empanadas; el tenor, reservado. La reunión se organizó bajo la regla de Chatham House —se puede contar qué se discutió, pero no quiénes hablaron— con motivo de la visita al país de Ken Shadlen, profesor de Development Studies en la London School of Economics y experto en regímenes globales de propiedad intelectual, quien días antes había disertado en la UNSAM. Entre los comensales hubo un alto funcionario del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, y representantes de empresas norteamericanas.

En esa cena ya quedó claro que el Gobierno no cumpliría con su promesa a Trump: el PCT no se sancionaría antes del 30 de abril, como Milei se había comprometido al firmar el acuerdo comercial bilateral. También flotó la posibilidad de que hubiera cambios en la letra del texto, algo que después se confirmó con la aceptación de la reserva al Capítulo II. La sorpresa llegó el propio 30 de abril, cuando la administración Trump retiró a la Argentina de la categoría más crítica de su Informe 301, el ranking anual de propiedad intelectual. “Hace años y años que estábamos en la Priority Watch List. Éramos parte del club de los chicos malos del mundo”, reconoció una fuente libertaria.

Por qué no avanza

El PCT tiene dictamen favorable en Diputados —el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Sturzenegger, fue al plenario de comisiones a defenderlo— pero no tiene fecha de sesión. En el Gobierno explican la demora por factores externos: Estados Unidos tuvo dos reveses judiciales con su propio cuadro arancelario y todavía tiene que terminar de implementar el acuerdo bilateral con la Argentina. La expectativa oficial es que a fines de junio o mediados de julio se publiquen los nuevos aranceles estadounidenses y recién entonces se despeje el horizonte para el tratado.

Desde el Congreso, la lectura tiene otro matiz. Una diputada que sigue de cerca el expediente reconoció a elDiarioAR ayer que el PCT directamente no daba para incluirlo en la sesión de la semana pasada, que tuvo como eje el debate de Zonas Frías y resultó complicada de por sí. “Tampoco podemos abrir varios conflictos a la vez”, graficó. El PCT lleva casi 30 años esperando. La visita de hoy a Casa Rosada agrega un capítulo más a esa historia.

“¿Va a ir Peter Thiel a la comisión a hablar sobre el Súper RIGI?”, preguntó elDiarioAR a miembro de La Libertad Avanza que está en las principales conversaciones parlamentarias y la respuesta fue de sorpresa: “¡No tengo idea quién es! Jaja”.

La contestación que transmitió la voz legislativa revela el clima en la Cámara de Diputados a partir del proyecto estrella que el gobierno de Javier Milei envió en los últimos días para atraer inversiones tecnológicas de al menos US$1.000 millones de dólares, con amplios beneficios fiscales. La iniciativa comenzará a rodar la semana próxima en un plenario de comisiones y ya el oficialismo está armando la agenda de funcionarios del Ejecutivo para exponer al respecto. Pero la presencia del tecnomagnate dueño de Palantir –que vive en Buenos Aires desde hace unas semanas– no aparece en los planes de los libertarios. Thiel puede ir a jugar al ajedrez a un club de barrio, pero difícil que se exponga ante los legisladores.

El Gobierno busca acelerar el Súper RIGI para antes del Mundial –como anticipó temprano elDiarioAR este jueves– pero el calendario apenas prevé un primer paso formal para la semana próxima. Se está organizando una audiencia informativa con funcionarios nacionales para tantear el terreno, según confirmaron a este medio fuentes parlamentarias. No están los nombres aún, pero estarían vinculados al Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y específicamente a las áreas de Industria e Innovación, a partir de la iniciativa de ley busca atraer inversiones tecnológicas. 

En ese sentido, una presencia posible como expositora es la de Daniela Verónica Ramos, actual subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento. De Economía suele ir a exponer al Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Gumerman, quien en su momento defendió el RIGI dentro del paquete de la Ley Bases.

El plenario de comisiones estará integrado por Presupuesto –a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch–, Industria –José Luis Garrido, de la fuerza provincial de Santa Cruz, aliada al Gobierno– y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva –Martín Yeza, del PRO–. “La primera será una reunión informativa, con algunos funcionarios. Como para arrancar y ver qué onda”, alegó una de las fuentes consultadas. 

Con la agenda aún cerrada, tampoco se sabe qué expositores invitaría la oposición, pero es probable que se busque a expertos que cuestionan que el proyecto de ley beneficiaría a magnates como Thiel y empresas tecnológicas para instalar data centers y demás industrias que aún no existen en el país. La plataforma Palantir se especializa en el cruce de bases datos ciudadanos para la videovigilancia, la seguridad y la defensa, y es usada por la CIA y otras agencias de seguridad a nivel global. 

El reciente anuncio del Gobierno del “Gemelo Digital Social”, desde el ministerio de Capital Humano, generó controversias en ese sentido, al punto que hubo un pedido de informes por parte del diputado socialista Esteban Paulón, mientras el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó una acción de Hábeas Data Colectivo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. Rossi reclama al Ministerio de Capital Humano que informe cuál es el marco legal del proyecto, qué datos personales serán utilizados, qué organismos públicos y empresas participan en su desarrollo, cuáles son los mecanismos de control previstos y entre quienes se producen las transferencias o cesiones de datos personales de los 46 millones de argentinos. 

Lo que sí está claro es el contenido del proyecto del Súper RIGI que los funcionarios del Ejecutivo tendrán que defender. El texto –115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, Caputo y Manuel Adorni– establece que solo pueden acceder las empresas que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. Las actividades elegibles son las que “hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital. Cada proyecto debe constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad de objeto exclusivo cuyos activos no pueden mezclarse con otros negocios.

El paquete fiscal no tiene precedentes en la historia argentina reciente. Los VPU pagarán Ganancias a una alícuota del 15% –frente al 35% del régimen general–, con dividendos al 7% los primeros cuatro años y 3,5% después. Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos, y las exportaciones no pagan retenciones: cualquier restricción futura sobre ese punto será declarada “nula de nulidad absoluta”. Las contribuciones patronales de las nuevas relaciones laborales caen al 10%, menos de la mitad del mercado formal. En materia cambiaria, el esquema es escalonado: los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones –20% al año, 40% al segundo, 100% al tercero–, desde donde los dólares son de libre disponibilidad total.

El artículo 74 fija el plazo que más llama la atención: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la adhesión. Ninguna ley futura puede afectar a los VPU. Si sube una alícuota, el VPU la rechaza mostrando su constancia de adhesión. Y si hay un conflicto con el Estado, el proyecto lo resuelve afuera: las disputas irán a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del inversor. La sede debe estar fuera de Argentina; ninguno de los tres árbitros puede ser argentino. No es necesario agotar ninguna instancia local previa.

Un debate que podría aparecer en la primera reunión informativa: el alcance preciso de qué constituye una “nueva actividad económica” –y por lo tanto quién puede acceder al régimen–, aunque lo definirá la reglamentación que dicte el Ejecutivo en los 90 días posteriores a la hipotética sanción de la ley. El Gobierno podrá moldear a su criterio quién califica para décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales. Esa delegación es la letra chica más política del texto.

Aún es temprano para el poroteo, pero en el oficialismo confían en que tendrán las firmas de los habituales aliados del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales para que avance el proyecto en comisión y luego en el recinto que las bancas que responden a los gobernadores acompañen el proyecto. “No es que hay un acuerdo de toma y daca con ellos, sino que a los gobernadores les interesa porque necesitan inversiones, si no tienen un peso”, graficó un diputado. Y cuando se lo consultó sobre el desembarco de Thiel, se limitó a acotar: “Lo que se busca es darle seguridad jurídica a los inversores”. 

MC

La camioneta Toyota SW4 con la que Santiago Caputo llegó este martes a la Casa Rosada acumula una deuda millonaria en multas de tránsito. La consulta a los registros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arroja 192 infracciones para el dominio AG 425 TB, con un monto original de $12.777.365,50 y un valor con descuento vigente hasta el 23 de agosto de 2026 de $6.388.682,75. En la provincia de Buenos Aires, el mismo vehículo registra otras 16 infracciones impagas —generadas al 21 de abril de este año— por un total de aproximadamente $4.550.400 adicionales. La deuda combinada supera los $17 millones.

El vehículo —una SUV de alta gama cuyo precio de mercado ronda los 50.000 dólares— está radicado en la seccional registral Salta N°1, con domicilio en Pellegrini 822 de la capital salteña. La radicación en una provincia distante de la Ciudad de Buenos Aires, donde se mueve cotidianamente Caputo, es un rasgo que también tenía su camioneta anterior: una Toyota SW4 negra patente AF 899 MZ que estaba registrada en Avellaneda y ya había acumulado más de $500.000 en multas al momento en que elDiarioAR la identificó en 2025.

El perfil de las infracciones

Las 192 infracciones en CABA se distribuyen entre excesos de velocidad de distintas magnitudes —incluyendo varias registradas a más de 140 km/h, muy por encima del límite máximo de 100 km/h en las autopistas porteñas— y otras violaciones como circulación por metrobús o carril prohibido, estacionamiento sin comprobante y paso en rojo. La primera infracción data del 7 de diciembre de 2024; la más reciente, del 19 de mayo de 2026, o sea la semana pasada. En ese período de poco más de 17 meses, la camioneta acumuló un promedio de más de diez infracciones por mes, o aproximadamente dos o tres por semana.

El monto original de las infracciones —$12.777.365,50— se puede reducir a $6.388.682,75 si se acogen al descuento vigente hasta el 23 de agosto de 2026. Según los registros, 37 de las 192 infracciones fueron seleccionadas para el plan de pago con ese descuento. Las restantes permanecen sin cancelar.

Un detalle que se repite en decenas de actas es la leyenda “Incumplimiento de identificación de conductor”: cuando la infracción es captada por cámara y el titular del vehículo no identifica quién manejaba al momento del hecho, el registro queda sin conductor individualizado. Es decir, en la mayoría de los casos detectados por control remoto, nadie se presentó a decir quién iba al volante. Esa figura tiene implicancias legales: el Código de Tránsito de la Ciudad establece que la responsabilidad de la infracción recae sobre el titular registral cuando no se identifica al conductor. En el caso de AG 425 TB, eso significa que la deuda persiste asociada al dominio, independientemente de quién lo condujera en cada ocasión.

En la provincia de Buenos Aires el registro es más acotado pero igualmente revelador. Al 21 de abril de 2026, el dominio AG 425 TB registraba 16 infracciones, todas con estado “CON DEUDA” y por un monto unitario de $284.400, lo que totaliza aproximadamente $4.550.400. El vencimiento del período de pago opera el 3 de junio de 2026, es decir, en días. Si la deuda no se cancela antes de esa fecha, los montos subirán por recargos.

Las infracciones bonaerenses tampoco tienen conductor identificado, y su distribución geográfica sugiere desplazamientos habituales por el conurbano o el acceso a rutas interurbanas, un patrón consistente con los movimientos de alguien que opera desde y hacia la Ciudad de Buenos Aires de manera regular.

Sin cargo, con espía

El dato sobre el vehículo cobra otro espesor cuando se lo pone en contexto. Santiago Caputo no es funcionario público en términos formales. Figura en el Estado como “Consultor II” bajo el Decreto N°1109/17 en la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, con un honorario que hasta la última actualización conocida rondaba los $3,1 millones mensuales. Esa figura contractual no le confiere rango de autoridad pública ni los atributos protocolares que corresponden a los cargos ejecutivos.

Sin embargo, como reveló elDiarioAR en septiembre de 2025 y confirmó en febrero de 2026, Caputo cuenta desde al menos abril del año pasado con un espía de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como custodio personal. El agente lo acompaña en sus desplazamientos, le abre la puerta de la camioneta y actúa como escolta. Tres fuentes independientes confirmaron en aquel momento la identidad del funcionario de inteligencia y su función de seguridad junto a Caputo.

El problema es jurídico además de político. El Decreto 1311/2015, que establece la Doctrina de Inteligencia Nacional, prohíbe expresamente que los organismos de inteligencia realicen funciones de seguridad, custodia o escolta de personas. Pero en el Gobierno persiste el argumento de que ciertos “objetivos sensibles” pueden gozar de custodia y de beneficios de funcionarios, como tener un auto para su traslado.

MC

El Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso el proyecto de ley del “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias que el presidente adelantó semanas atrás con la metáfora de la “mega bomba”. El texto —115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni— llegó este lunes a la Cámara de Diputados y tiene como destinatario al presidente del cuerpo, Martín Menem. La letra chica revela un paquete de beneficios sin precedentes para inversiones de al menos US$1.000 millones en actividades “que hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital.

Ese esquema permitiría, como ya anticipó elDiarioAR, atraer firmas del ecosistema tecnomilitar como Palantir, la empresa del magnate Peter Thiel que vive en Argentina desde hace semanas.

El piso de entrada: USD 1.000 millones

El Capítulo III del proyecto establece que solo podrán adherirse proyectos que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables —equipamiento, construcción, infraestructura—, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. No hay lugar para reinversiones en instalaciones preexistentes ni para proyectos que ya presentaron solicitudes al RIGI original de la Ley Bases.

Las empresas que sí califican deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad con objeto exclusivo, cuyos activos solo pueden estar afectados al proyecto.

La carga fiscal más baja del sistema

El corazón del proyecto es el Capítulo IV, que concentra los incentivos tributarios. Los VPU adheridos pagarán Ganancias a una alícuota del 15%, frente al 35% que rige para el resto de las empresas. Los dividendos tributan al 7% en los primeros cuatro años y caen al 3,5% después. Las pérdidas fiscales se pueden deducir sin límite temporal y, si no se absorben en cinco años, pueden transferirse a terceros.

En materia de IVA, el mecanismo diseñado es más complejo: las empresas no pagan directamente sino que cancelan el impuesto mediante Certificados de Crédito Fiscal que luego pueden transferir a sus proveedores o entregar directamente al fisco. El texto también permite amortizar en apenas dos años bienes que normalmente se deprecian en décadas.

Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos: derechos de importación, tasa de estadística, IVA, percepciones nacionales, provinciales y municipales. Y las exportaciones de lo que produzcan esos proyectos quedan exentas de retenciones. Cualquier restricción futura será declarada “nula de nulidad absoluta”.

El Capítulo V adiciona otro beneficio: las nuevas relaciones laborales que genere el proyecto pagarán contribuciones patronales a una alícuota única del 10%, menos de la mitad de lo que paga el resto del mercado formal. Solo queda excluida la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de la reciente reforma laboral.

El Capítulo VI establece un esquema escalonado por el que los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones en el mercado de cambios: primero el 20% después del primer año de exportaciones, luego el 40% al segundo y el 100% al tercero. Desde ese momento, los dólares de las exportaciones son de libre disponibilidad.

Los aportes de capital del exterior, los financiamientos y los servicios vinculados al proyecto no tienen obligación de ingreso ni liquidación cambiaria. El texto también blinda al VPU contra cualquier norma futura del Banco Central que intente poner límites a sus activos externos líquidos.

No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional

30 años de estabilidad y protección contra el Estado

El artículo 74 fija el plazo central del régimen: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la fecha de adhesión. Ninguna ley futura, por más gravosa que sea, podrá afectar a los VPU. Si un nuevo tributo aparece, no se aplica. Si una alícuota sube, el VPU la rechaza exhibiendo su constancia de adhesión.

El artículo 73 va más lejos: el Estado garantiza a los inversores “la plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina”. También garantiza “el derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial”. En otras palabras: ni el Estado puede parar la actividad unilateralmente.

Las provincias, obligadas a resignar recursos

El Capítulo XII establece las condiciones que deben aceptar las jurisdicciones locales que quieran sumarse al régimen. Las provincias y municipios no podrán crear nuevos gravámenes locales para los VPU más allá de los existentes al 31 de diciembre de 2025. Los Ingresos Brutos no pueden superar el 0,5%, el Impuesto de Sellos queda eliminado para todas las operaciones del VPU, y no podrán cobrarse regalías ni cánones administrativos.

Una cláusula particularmente llamativa: si una provincia que adhirió al régimen luego decide dar marcha atrás, no puede afectar los derechos ya reconocidos a los proyectos aprobados. La adhesión es, en la práctica, irreversible respecto de los proyectos en curso.

El arbitraje sale del país

El Capítulo XI define qué pasa si hay conflictos entre el Estado y los inversores. No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del VPU. La sede del arbitraje debe estar fuera de Argentina.

El tribunal arbitral tendrá tres árbitros y ninguno podrá ser nacional argentino —ni tampoco del país del accionista mayoritario del VPU. El procedimiento puede tramitarse en español o en inglés. Y el texto es explícito: no es necesario agotar ninguna instancia administrativa previa. La empresa puede ir directamente al arbitraje internacional sin pasar por ningún recurso local. Más aún: la existencia de un proceso arbitral en curso no suspende los derechos del VPU.

Una “nueva industria” que define el reglamento

Un detalle del proyecto es la definición de qué constituye una “nueva actividad económica”. El texto dice que es todo proyecto “industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”. Pero el alcance preciso lo definirá la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en 90 días después de sancionada la ley.

El Gobierno, así, podrá moldear a su criterio quién califica y quién no para acceder a un régimen que, en la práctica, representa décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales.

MC

Cuando Peter Thiel pagó los $3.000 de inscripción en el club Torre Blanca de Almagro y se sentó a jugar al ajedrez el sábado pasado por la mañana, la imagen fue tan pintoresca que casi todos los medios lo cubrieron como una rareza turística. Un multimillonario de Silicon Valley entre jubilados y pibes de barrio, posando con la medalla del tercer puesto. Pero Thiel lleva más de un mes instalado en Buenos Aires, compró una mansión de US$12 millones en Palermo Chico, inscribió a sus hijos en un colegio porteño y está en la construcción de una agenda de influencia que busca ampliar en la Argentina sus negocios en IA y su plataforma Palantir para el cruce de bases datos ciudadanos para la videovigilancia, la seguridad y la defensa del poder estatal.

Thiel no desembarca en solitario en el país, sino que tiene un grupo de “embajadores” y anfitriones que le permiten hacer pie aquí y le abren puertas del poder, incluso el de la Casa Rosada. Para entender la agenda de intereses de Thiel, vale con ver las distintas fichas de figuras locales en su tablero de ajedrez.

El introductor: Alec Oxenford

Alec Oxenford, cofundador de OLX y hoy embajador argentino en Washington, fue el nexo original. En mayo de 2024 llevó a Thiel a la Casa Rosada por primera vez y publicó en sus redes que el magnate creía que las ideas de Milei eran “relevantes a nivel global”. Esa visita fue el primer contacto institucional entre Thiel y el Gobierno. Hubo luego dos más.

Oxenford no es un diplomático de carrera: es un emprendedor tech devenido embajador, que organiza la Argentina Week en Nueva York para atraer inversores y opera como traductor entre el mundo de Silicon Valley y la Casa Rosada. Fue él quien construyó el puente. Los que vinieron después lo cruzaron.

El anfitrión: Federico Sturzenegger

Una de las reuniones más significativas de Thiel en Buenos Aires no fue en Casa Rosada, sino en el domicilio particular de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Una cena privada, sin protocolo, con el canciller Pablo Quirno, el economista y exvicepresidente del Banco Central y del Banco Nación Lucas Llach, según reconstruyó Infobae. 

Sturzenegger es un funcionario que encarna lo que Thiel viene a buscar: un Estado que se desmonta a sí mismo. “El país ya no funciona como en tiempos de Roca. Mejor que vengan millonarios e inviertan”, comentó a elDiarioAR un funcionario ligado al ministro y que está muy activo en aplicar políticas desregulatorias.

El estratega: Santiago Caputo

El asesor presidencial se reunió con Thiel semanas antes de que el magnate se instalara definitivamente en Buenos Aires. Sin cargo en el organigrama pero con control de facto de la Secretaría de Inteligencia del Estado, cuyas facultades fueron ampliadas por DNU en enero de 2026 al punto tal que permitiría el desembarco de Palantier, un sistema de entrecruzamiento de datos ciudadanos que ya funciona en varios países con objetivos finales en videovigilancia, defensa y seguridad.

Como uno de los arquitectos de la estrategia de alineamiento con Washington, Caputo mismo hizo un análisis en X alineado a los fundamentos más filosóficos de Thiel, quien descree de la democracia en los términos actuales y advierte el fin de la civilización occidente. Según escribió el estratega de Milei, el mundo se encamina hacia una “carrera mineralística” entre grandes potencias, y Argentina “decidió jugar con los Aliados y no con el Eje”. 

La semana pasada Caputo viajó a Washington días después, se reunió con Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional de Trump para América Latina. Lo que conversó con Thiel antes de ese viaje es parte del mismo tablero. El miércoles pasado Caputo compartió un posteo de Palantir sobre el programa de la empresa destinado a neurodivergentes.

El presidente: Javier Milei

Milei recibió a Thiel en Casa Rosada y calificó el encuentro de “maravilloso”. Para el Presidente, Thiel no es solo un inversor: es una validación ideológica. El magnate había dicho públicamente, en un evento en Miami en noviembre de 2024, que Argentina era “una versión extrema” de tendencias que avanzan más lentamente en economías desarrolladas, y que “sería muy bueno que a Argentina le vaya bien” para que otras economías no tengan que recorrer “100 años de declive” antes de tener “su propio Milei”. 

Milei, que construyó su identidad política sobre la idea de ser un experimento global, recibió a Thiel como a un par. Pero la relación no es simétrica: uno tiene el poder del Estado y el otro tiene el capital, la tecnología y la agenda.

Los empresarios: Galperin, Elsztain, Mindlin, Szekasy

El círculo empresario que rodea a Thiel en Buenos Aires tampoco es aleatorio: mantuvo reuniones al menos con Marcos Galperín, Nicolás Szekasy, Marcelo Mindlin y Eduardo Elsztain. El fundador de Mercado Libre comparte con Thiel el universo ideológico del libertarianismo tech y tienen vínculos de larga data en Silicon Valley. Szekasy, cofundador de Kaszek –el fondo de venture capital más importante de América Latina– opera en un territorio complementario al de Founders Fund, el vehículo inversor de Thiel. Mindlin, de Pampa Energía, y Elsztain, de IRSA y Cresud, cierran los otros dos ejes: la energía y la tierra.

Elsztain invitó a Thiel a disertar ante los más ricos de la Argentina en el Foro Llao Llao el 1 de mayo pasado pero el magnate se ausentó porque estuvo en Brasil. Sin embargo, Thiel habría estado en el lujoso hotel de Bariloche semanas antes. Además de Brasil también viajó a Paraguay y Chile.

Para entender por qué esos sectores importan, hay que mirar los análisis del ingeniero Ariel Garbarz, especialista en IA y docente de la UTN, la UBA, la UNLA y el MIT, en sus redes sociales. Garbarz construyó un análisis técnico-político que arranca desde la Teoría de la Información de Shannon y termina en una conclusión política taxativa: “Palantir no necesita ponerse la banda presidencial. Le alcanza con controlar el tablero.” Sus láminas muestran, con datos duros, qué significa en términos concretos el proyecto de data center de 500 MW que Palantir tiene en carpeta para Argentina. Un complejo así, operando 24/7, consumiría 4.380 GWh por año: equivalente al consumo anual de 500.000 hogares y al 21,9% de la generación media anual de Yacyretá. “No es tecnología limpia”, escribe Garbarz. “Es una ciudad eléctrica privada chupando energía pública.”

Por su lado, Valeria Di Croce, autora de “El arca de Milei”, lo explica en términos estructurales: “Todas las empresas del capitalismo de plataforma que hacen uso de algoritmo no funcionan sin una infraestructura: es una pirámide que en su base requiere mucha energía, después los semiconductores, después los centros de datos, después el desarrollo de IA y recién al final tenés el token. Argentina tiene la energía –la base de la pirámide–, no tiene los chips, pero tiene condiciones climáticas para los data centers. En ese marco es clave Peter Thiel.” Y agrega la dimensión que cierra el mapa de Elsztain: “Los agronegocios y los alimentos tienen que ver con una paranoia de ellos sobre un futuro con guerra nuclear. Argentina les garantiza acceso a alimentos de calidad.”

“Pensar que le vamos a entregar la Patagonia o cosas así es de teorías conspirativas”, rechazó un alto funcionario consultado por elDiarioAR.

La empresa: Palantir

Pero detrás de todos los hombres está la empresa. Y la compañía no es un actor pasivo en este cuadro. Palantir opera en dos plataformas principales: Gotham, orientada a inteligencia y defensa; y Foundry, orientada a gobiernos y corporaciones. La lógica de Palantir no es vender un producto: es “enchufarse al sistema nervioso del Estado”, advierte Garbarz.

Si integra bases de identidad, migraciones, economía, salud, educación, justicia, seguridad, comunicaciones y geolocalización –todas disponibles en el Estado argentino–, el resultado no es una base de datos más grande. Es otra cosa: una máquina que predice escenarios, detecta riesgos, perfila personas, segmenta poblaciones y recomienda acciones. “El dato aislado informa”, resume Garbarz. “El dato integrado gobierna.”

Por su lado, Amnistía Internacional aseguró en un documento reciente que organismos defensores de derechos humanos también alertan que la tecnología de Palantir “podría utilizarse para la vigilancia masiva de ciudadanos, el análisis de datos sensibles y la persecución de la disidencia”. Incluso podrían interferir en las elecciones: “Las tecnologías de vigilancia no son neutrales”.

Los nuevos elementos: el “Gemelo Digital Social” y más

Justo este viernes el Gobierno lanzó un programa de IA de Capital Humano llamado “Gemelo Digital Social”. “El futuro empieza hoy, el primer Gemelo Digital Social para simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real. Políticas basadas en evidencia, múltiples fuentes, única base de datos”, ofrece el video que posteó Milei.

El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, dijo el 13 de mayo que el país “tiene una oportunidad histórica para convertirse en una potencia energética” y las empresas norteamericanas ayudarán a “fortalecer la seguridad energética”. Dos meses antes, la embajada había publicado un documento sobre cooperación en energía nuclear. Y el ministro de Defensa, Carlos Presti, publicó esta semana un texto en La Derecha Diario donde plantea cómo proteger la infraestructura crítica de Vaca Muerta, cómo garantizar la soberanía en el Atlántico Sur y cómo enfrentar ciberataques: las mismas preguntas que Palantir, Anduril y las empresas tecnomilitares del ecosistema de Thiel dicen poder responder.

En esa línea parece estar el “súper-RIGI” que Milei anticipó y que se esperaba conocer el detalle del proyecto de ley este viernes: un régimen especial para la inversión de empresas de inteligencia artificial, entre otras industrias que aún no están en el país. Manuel Tufró, experto en seguridad del CELS, lo advirtió con precisión: estas tecnologías “se adoptan sin ningún tipo de estudio previo ni discusión política más amplia sobre si son necesarias y para qué se van a usar”. 

El tablero de Thiel tiene muchas fichas. Las piezas se mueven entre la energía, los datos y la inteligencia. El rey está en Casa Rosada. La reina, en Palantir. Y todos los peones —funcionarios, empresarios, asesores, embajadores— parecen moverse en una sola dirección: la que marca el mismo hombre que el sábado pasado se sacó una foto con la medalla del tercer puesto en un club de barrio de Almagro.

MC

Patricia Bullrich no esperó. El martes pasado, con más de un mes de anticipación al plazo legal, la senadora nacional de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires presentó su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA) en un gesto político para mojarle la oreja a Manuel Adorni, el jefe de Gabinete que lleva meses sin mostrar sus bienes mientras enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Legalmente los funcionarios tienen tiempo hasta el 31 de julio.

En el documento procesado este miércoles por la OA, Bullrich declaró sobre el ejercicio 2025 un patrimonio de $257.290.739. Sus bienes son los mismos desde hace años. 

No hay propiedades nuevas. No hay cuentas en el exterior. No hay inversiones financieras. Tampoco deudas: la sección correspondiente aparece en blanco si se evalúan las DDJJ desde 2024, cuando era ministra de Seguridad (saltó del Ejecutivo al Senado en diciembre 2025). 

Sí hay aumento de la valoración de los bienes debido a la inflación. En la declaración anual 2024 –presentada el 14 de julio de 2025, cuando aún era ministra de Seguridad– su patrimonio al inicio del período era de $60.700.542 y al cierre había trepado a $188.341.118. Un salto de más de $127 millones en doce meses. Al asumir como senadora en diciembre de 2025, presentó una declaración inicial que consignó $223.082.473. Y ahora, con la declaración anual 2025, el cierre marca $257.290.739. El mismo departamento que en enero de 2024 valía $25.281.134 cerró ese año valuado en $105.413.143 y hoy figura en $138.669.684. Son los mismos metros cuadrados en el mismo barrio; lo que cambió es el número de pesos que requiere comprarlo. La diferencia de valuación de los mismos bienes al inicio y al final del ejercicio 2025 fue de $54.779.628. Eso explica la mayor parte del crecimiento patrimonial, no la incorporación de nuevos activos.

Pesos y dólares en efectivo

En efectivo, Bullrich declaró poseer $1.500.000 en pesos y US$3.460 –exactamente los mismos dólares que tenía al inicio del período anterior, un detalle que sugiere que no tocó esa tenencia–. En cajas de ahorro, suma otros $8.821.472 en pesos y 82,36 dólares.

Sus ingresos declarados provinieron exclusivamente de su función pública: $44.896.190. Declaró además $11.869.913 en bienes recibidos por herencia —parte de la revalorización del campo en Los Toldos— y gastos personales por $44.683.092.

Un ítem que llama la atención en la columna de créditos: el Estado le debe plata a Bullrich. Bajo el concepto “Liquidación final Ministerio de Seguridad Nacional”, figura un crédito a su favor de $9.563.516. Es lo que le resta cobrar por su salida del Ejecutivo cuando dejó el cargo de ministra en diciembre de 2025 para asumir como senadora. 

El contraste con Adorni

La presentación de Bullrich adquiere otro peso cuando se la compara con lo que sí se sabe –y lo que todavía no se sabe– del patrimonio del jefe de Gabinete. La última declaración disponible de Adorni, correspondiente al ejercicio 2024 y presentada el 4 de agosto de 2025 –con carácter de rectificativa–, muestra una estructura patrimonial más compleja y con más interrogantes. En ese momento su cargo era Secretario de Comunicación y Medios. El documento consigna dos departamentos: uno de 115 m² en Parque Chacabuco –del que posee el 50%– adquirido en 2014, y otro de 105 m² en La Plata recibido por donación. Al cierre del período sumó un Jeep Compass Sport modelo 2021.

Pero lo más llamativo de la declaración de Adorni no son los activos sino las deudas. Al cierre del ejercicio 2024 registraba obligaciones por $95.460.000: dos deudas “comunes” con personas físicas –entre ellas, su madre, Silvia Pais– y dos créditos hipotecarios, uno a nombre de Molina Graciela Isabel por $43.860.000 y otro a nombre de Cancio Victoria María José por $7.740.000. Son hipotecas pactadas en dólares con personas físicas, no con bancos: una modalidad que llama la atención por su informalidad.

Sus ingresos del trabajo en ese período fueron de $36.230.574, y sus gastos personales declarados: cero. Ese dato contrasta con los viajes a Miami, Nueva York y Punta del Este que protagonizaron las noticias en los últimos meses.

Pero la declaración de 2024 de Adorni ya es historia vieja. Lo que la Justicia espera es la de 2025: el año en que fue candidato legislativo, ganó una banca en la Legislatura porteña y luego fue designado jefe de Gabinete. Pero sobre todo el año en que compró un departamento en Caballito sin vender el suyo de Parque Chacabuco. Y el año en que destinó unos US$245.000 en efectivo para refacciones en su casa del country Indio Cuá (a nombre de su esposa, Bettina Angeletti, y que tampoco estaba en su DDJJ sobre el 2024).

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José Luis Espert está lejos aún de ser considerado inocente en la causa en la que se lo vincula a Federico “Fred” Machado, como planteó este domingo el presidente Javier Milei. El exdiputado y excandidato a primer legislador por la provincia de Buenos Aires sigue en la mira de la Justicia federal y la aceptación del cargo del lavado por parte del empresario argentino detenido en Estados Unidos no hizo más que complicar su situación.

Dado que Machado reconoció en la justicia de Texas haber lavado dinero, la transferencia por US$200.000 que le hizo a Espert sería un eslabón de ese delito, entienden en la fiscalía de San Isidro donde está investigado “el Profe”, como lo llama Milei.

“Machado aceptó su actividad ilegal, que es lo relevante. Tiene impacto en la causa de Espert”, planteó a elDiarioAR una fuente involucrada directamente en la causa. Espert está siendo investigado por el fiscal Fernando Domínguez y su causa la tramita el juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli.

La hipótesis de los investigadores es que la transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020 --que reveló el año pasado Sebastián Lacunza en este medio-- tuvo otros fines ocultos detrás del objetivo declarado de pagar una consultoría para una mina de Guatemala. El acuerdo global era por US$1 millón. El delito de lavado que lo conectan con Machado habría sido por la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables.

La semana pasada se supo que “Fred” Machado, que financió la campaña presidencial de Espert, llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. El acuerdo haría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020, y por los que está detenida su ex socia Debra Lynn Mercer-Erwin.

Machado lleva seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, y podría lograr un drástico acortamiento de la pena tras el acuerdo con el fiscal Jay Combs. Se espera que en las próximas horas el juez Bill Davis convalide esa negociación.

Milei tomó solo una parte del acuerdo de Machado en EE.UU. para defender a Espert. “La Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, comentó el Presidente este domingo en X.

Pero el mandatario esquivó el reconocimiento de la culpabilidad en los delitos de lavado de dinero y fraude. Solo dice Milei al respecto: “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”.

Milei habló de fue una “operación política y mediática” la que obligó a Espert a bajar su candidatura como diputados por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado y volvió a cargar contra la prensa que informa sobre el caso.

Pero las palabras del libertario fueron mediáticas y sin efecto judicial. El expediente de Espert sigue en la justicia de San Isidro y allí continuará también pese a los deseos del exdiputado. Es que Espert hizo un pedido para trasladar la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.

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“Hablemos ahora que después pierdo la señal”. Eduardo “Cholo” Ancona está a punto de sentarse en un salón de Florencio Varela junto a Emilio Pérsico para encabezar una nueva mesa nacional del Movimiento Evita y se toma unos minutos para hablar por teléfono con elDiarioAR. Referente bonaerense de la agrupación, Ancona es parte de los dirigentes históricos de la organización que cumple 20 años en junio próximo, mientras atraviesa un proceso interno de transición generacional y mira al 2027. Es que la agrupación que nació al calor del ascenso de Néstor Kirchner y fue un sostén del gobierno de Alberto Fernández en la interna del Frente de Todos, ahora se ordena detrás de Axel Kicillof como candidato presidencial y empieza a marcar diferencias con otras tribus del peronismo, especialmente con Máximo Kirchner y La Cámpora. “Desgastar a Axel lo que hace es debilitar la posibilidad de construir una alternativa”.

En medio de la discusión peronista tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el dirigente del Evita plantea además que “la mejor manera” de lograr su libertad es “ganar en 2027”. Insiste en que el próximo proyecto opositor debe discutir un nuevo programa económico y social basado en “tres economías” –la estatal, la de mercado y la popular– para incorporar a millones de trabajadores informales, y ensaya una autocrítica sobre el rol de los planes sociales durante los gobiernos anteriores. Frente a la gestión de Javier Milei, Ancona asegura que el oficialismo “duplica la apuesta” del ajuste y describe que, tras un primer momento de apatía y “más implosión que explosión” en los barrios populares, empieza a ver un retorno de la organización social y nuevas expresiones de resistencia: “Terminar con Milei es de mínima: tenemos que derrotar el modelo”.

–Los atraviesa un cambio generacional y a su vez una definición política importante: un candidato para 2027, que para ustedes es Kicillof. ¿En qué grado está esa discusión a nivel interno?

–Axel es el que está en mejores condiciones para derrotar política y electoralmente al modelo de la crueldad que representa Milei. En todas las provincias donde estamos como Evita se está demandando la necesidad de un candidato con el cual podamos tener diálogo. Y Axel es un candidato con el que tenemos diálogo permanente, que se preocupa, que nos pregunta lo que pasa en las barriadas: sobre el avance del narco, cómo vemos el endeudamiento de los vecinos, el avance de las aplicaciones de juego, el flagelo de la droga.

–¿Ustedes funcionan como una usina de temperatura social, llevándosela al gobernador?

—Exactamente. El Evita está en casi todos los pueblos del país. En la provincia estamos en 120 de los 135 distritos, con mayor y menor desarrollo, por supuesto. Pero es un termómetro que normalmente nos consultan sobre las cosas que preocupan a todos. Y somos parte de ese diálogo.

–¿Y qué están viendo de cómo está la calle? Tuvimos la Marcha Federal Universitaria este martes y semanas atrás una serie de piquetes por el ajuste del Gobierno a planes sociales. Hay una crisis evidente, pero no parecería haber una situación asamblearia ni de efervescencia social, sino algo más de apatía: cada uno transitando la crisis por dentro. ¿Cómo lo ven desde el Evita?

–Si bien hubo un primer momento del gobierno de Milei hubo un reflujo de participación, un principio de crisis de los movimientos populares, hoy vemos que empieza a cambiar. Es cierto que en la barriada había más implosión que explosión, más pelea interfamiliar y entre vecinos que identificar los problemas y explotar hacia afuera. Pero hoy lo que vemos es un retorno de un montón de compañeros, y empiezan a aparecer gestos de solidaridad en la barriada. En el último corte se convocó un montón de compañeros que se ven afectados por estas políticas. Es paulatino, de a poco, pero vemos día a día que empieza a cambiar la situación. Y también vemos cambios en la temática: antes hablar del salario social complementario era hablar de “los planeros”. Hoy te están diciendo “cómo le sacan los 78.000 pesos”. O Galperín decía hace dos años que el que no laburaba no merecía jubilación, y hoy todos están diciendo que se van a quedar sin jubilación. La defensa de la jubilación, me parece, no son pequeñeces: son síntomas de una nueva etapa. Hay una interrelación entre la pelea y la conciencia, y esa retroalimentación empieza a surtir efecto.

–En ese contexto el Gobierno no parece desacelerar su ajuste.

–La política de ajuste de ellos va a continuar y me parece que duplican la apuesta. Un día antes de la marcha de las universidades no solamente no pagan lo que tienen que pagar, sino que quitan más recursos. En ese sentido, tenemos una tarea como movimientos populares: resistir este modelo de ajuste y poner en debate un programa que incluya las tres economías: la de mercado, la estatal y la economía popular. Me parece que al modelo se le puede ganar en las urnas, pero se lo derrota en las calles, en la conciencia y en las urnas. No me parece que haya viabilidad de futuro si sigue habiendo un 50% de trabajadores que no tienen derechos.

–La idea de las tres economías –estatal, de mercado y popular– ¿ya está incorporada como idea de programa o todavía es una discusión dentro del peronismo en general?

–Hoy no está en debate en el peronismo. Algunos sectores del peronismo te plantean volver al 45, pero hay cosas muy concretas: el avance de la tecnología, la preeminencia del capital financiero sobre el capital productivo, la concentración económica. Va a ser difícil que un gobierno mejore esas variables al punto de incorporar formalmente a todos los trabajadores. Va a haber un montón de trabajadores que indefectiblemente, por estas cuestiones, no lo van a hacer, y que están trabajando y hay que reconocerlos y darles derechos. Ese es un debate que no está ganado, y es el que tenemos que dar como movimiento popular para incorporarlo a un programa en el 27, para que el próximo gobierno peronista no sea un nuevo fracaso.

–¿En ese programa hay un revival de la idea de planes sociales? El gobierno de Alberto Fernández terminó en fracaso y Milei usó a su favor el latiguillo de “los planeros”.

–También tenemos que hacer una autocrítica: en vez de pensar en cómo fortalecíamos la economía popular, que es un trabajo a más largo plazo, un desarrollo, también aceptamos la propuesta de los planes como algo que nos daba el gobierno. Entonces tenemos que ver cómo se ponen los recursos en función de desarrollar y fortalecer lo ya existente, desde el cartonero, los textiles, el cuidado, el vendedor ambulante, una serie de sectores que están trabajando sin derechos. Y en esa autocrítica, lo que venimos planteando es cómo los fortalecemos no con planes sociales o subsidios, sino con políticas concretas de Estado. Me parece que es correcto hacerse cargo de eso.

–En esa construcción de programa y con Kicillof como su candidato, ¿cuál es la discusión con otras figuras del peronismo? Pienso en la relación con Máximo o el kirchnerismo.

–Con La Cámpora tenemos diálogo. Si bien hace rato no nos juntamos, es una relación de respeto mutuo. Tenemos una valoración distinta respecto de Axel. Nosotros creemos que desgastarlo debilita la construcción de una alternativa que ponga fin a esta pesadilla. Desgastar a Axel lo que hace es debilitar la consigna principal que tiene que tener el peronismo, que es terminar con este gobierno. Yo no entiendo mucho por qué se hace, pero bueno, eso es lo que parece.

–¿Máximo o La Cámpora ponen primero la libertad de Cristina Kirchner a cualquier candidato peronista?

–La mejor manera de terminar con la injusticia que está viviendo Cristina es ganar en 2027 y hacer lo que hay que hacer cuando llegue el momento. No es hacer una bandera de que la única política que tengamos sea la libertad de Cristina, sino que la demanda de nuestro pueblo es terminar con el sufrimiento de esta pesadilla. Entonces, hay que ofrecer un programa, una propuesta de futuro que encare las deudas pendientes: trabajo, producción, federalismo, soberanía, feminismo. 

–Va a ser una pregunta reiterada para la candidatura de Kicillof si va a indultar a Cristina o no. Si duda, es un problema, si lo define al principio, también. Parecería ser un escollo difícil de manejar.

–La mejor manera de fortalecer todo es fortalecer a Axel para que gane, y la mejor manera de que Cristina esté libre es ganar en el 27. Y no entorpecer este proceso. Y encima salen paparruchadas como decir que hay que construir “el Cámpora”, como si las condiciones históricas fueran las mismas, como si los personajes fueran los mismos. ¿Qué significaría eso? Tendríamos que tener un Perón para que construya un Cámpora. Y la verdad es que, más allá de la década ganada, del avance que tuvimos durante esos diez años, Cristina no pudo imponer a Scioli, no pudo imponer a Massa, y cuando pusimos a Alberto no nos fue muy bien. Entonces me parece que empiezan a salir cosas que, en vez de ayudar, entorpecen y debilitan la posibilidad de construir una alternativa política potente que le dé al pueblo una esperanza, mejores condiciones para terminar rápidamente con esta pesadilla.

–Siempre al peronismo le costó el traspaso de mando. Incluso Perón tuvo que morirse para que ocurriera. Néstor y Cristina se creían una alternativa entre sí.

–Por eso me parece que son momentos de tener grandeza, de tener inteligencia. A todos nos cuesta, nadie quiere pensar en los próximos 20 años. Siempre estamos en cuestiones estratégicas a corto plazo, en la próxima elección, y cuanto más cerca del poder se está, parece que es mucho más así. Y eso no ha funcionado. Noha funcionado para nuestro pueblo, porque ha generado sufrimiento. La derrota del 2015, la del 23, incluso la victoria del 19 no fue positiva para nuestro pueblo. Entonces me parece que es un momento para dar un gran debate, una gran definición, discutir un programa, y apoyar y fortalecer una alternativa política que esté en mejores condiciones para ganar. Y hoy es Axel, no hay mucha vuelta.

–¿No hay otra figura a Kicillof?

–No hay otra figura. Y seguramente mejor que haya una PASO, que se presente alguien de otro espacio. Pero también tenemos que ampliar: no alcanza con el peronismo de hoy, no alcanza con el kirchnerismo entre comillas, con los movimientos populares. Necesitamos gobernadores, sectores sociales, sectores productivos. Me parece que hay que empezar a tener diálogo con un montón de sectores de los que nos fuimos distanciando. Si queremos generar una alternativa que empiece a debatir cómo salimos de esto, que no sea un gobierno de cuatro años que acabe en un nuevo fracaso, hay que sentarse con fuerzas productivas, sindicales, movimientos populares, gobernadores, y que en todo caso se dirima en una PASO. No debilitando a uno ni al otro, sino que esos proyectos se expresen. Y terminemos lo antes posible con Milei, porque cualquier cosa que haga que Milei pueda ser reelecto, por culpa de nuestras diferencias o contradicciones secundarias, juega para el enemigo.

–¿Sería necesaria entonces una discusión de correrse hacia el centro?

–No digo que vamos a ir todos, pero por lo menos vayamos a una PASO. Seguramente tenemos proyectos distintos. Los movimientos populares tenemos una visión y los gobernadores o algunos sectores productivos pueden tener otra. Lo que tenemos que hacer es debatir entre todos un proyecto de país, y nosotros eso lo marcamos en las tres economías. Queremos discutir la economía de mercado, el rol del Estado y la economía popular. El diálogo no significa ni que los vamos a convencer ni que nos van a convencer: es ver si somos capaces de construirlo.

–¿La figura de Massa no era un guiño a las corporaciones?

–No tiene que ser un acuerdo de cúpulas. Por eso te digo: no de “casta de izquierda” ni “casta de derecha”, sino si somos capaces de discutir un proyecto de país. No es adaptarse según venga la ola. Sino ser capaces de romper el modelo, porque si no hay pelea, si no hay resistencia, si no hay debate de programa, podemos ganar una elección pero eso no significa derrotar el modelo. Lo que estaríamos derrotando es un gobierno. Y de mínima es esa: derrotar a Milei. Pero de máxima: discutamos un programa, un proyecto de país que incluya al conjunto de los argentinos.

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