Carteles pegados en las inmediaciones del Congreso. Un banderazo en el Obelisco. Un verdurazo sobre avenida Rivadavia. Volanteadas en estaciones de trenes del conurbano. La proyección del documental “La tierra explota” en el cine Gaumont, en CABA. Grupos de WhatsApp que coordinan acciones diversas federales: Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Paraná, La Rioja, Formosa, Chaco, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Mar del Plata, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Salta, Chubut, Río Negro, Neuquén. Publicaciones en Facebook con las líneas de contacto de los senadores para llamarlos. Mensajes sueltos en encuestas sobre compras de productos, como el que dejó una mujer en la web de YPF: “Defendamos lo nuestro, las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también. La energía es un recurso estratégico, que tiene que estar en manos del país, no de una YPF gringa. El 6 de agosto ponete la camiseta del país, defendamos lo nuestro”. Individuales, colectivas, chicas y grandes, acciones de diversos tipos se propagan de manera subterránea en todo el país como resistencia autoconvocada a la ley de Propiedad Privada, que el Gobierno buscará aprobar en el Senado el próximo jueves.

La agenda que circulan los grupos autoconvocados confirma la dispersión de acciones y propuestas. Este viernes hubo asamblea abierta en el hall de la terminal de El Chaltén, en Santa Cruz; cine debate en pleno centro de Córdoba capital y asamblea en la sede de UnTER en Bariloche, mientras que el jueves Jujuy tuvo su banderazo en la Plazoleta Eva Perón y Santa Fe encadenó cinco banderazos simultáneos en Rosario, Funes, Pérez y Villa Gobernador Gálvez. Para este sábado se anuncian banderazos en Baradero, en Gualeguaychú –en el Puente Rojo y en los Obeliscos de la Costanera–, en Paraná, en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, en el Complejo Municipal Xamena de Salta y en la plaza San Martín de La Pampa, además de un semaforazo en Concordia y el banderazo que llevará a los porteños desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco. Y el jueves 6, día de la votación, la lista prevé, además del abrazo al Congreso nacional, movilizaciones simultáneas en Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bariloche, San Martín de los Andes, Catamarca, Tucumán, Salta, Esquel y buena parte del Gran Rosario, entre decenas de puntos más a lo largo del país.

Detrás de esa dispersión hay una estructura. Una comunidad de WhatsApp organizada bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema, no se desaloja” nuclea a cientos de personas repartidas en grupos por ciudad y provincia, y funciona como columna vertebral de la convocatoria al Congreso. Florencia Gómez, abogada especializada en políticas de tierras rurales y ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, es una de las voces que coordina la red: cuenta que además de las acciones callejeras hay un trabajo de bajo perfil llegó a obispos y también a senadores que todavía dudan cómo votar, sostenido en reuniones virtuales de hasta 250 personas de distintos puntos del país.

La adhesión sindical se fue sumando en capas. Primero la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda. Después las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y los movimientos sociales de la UTEP. La CGT, como anticipó elDiarioAR el jueves, confirmó que también marchará de forma orgánica, un escalón más en la agenda de protestas que el triunvirato sindical armó para la segunda mitad del año. Se espera una conferencia el miércoles sobre la organización de la protesta frente al Palacio Legislativo.

A esa lista se agregaron pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en contra del proyecto.

La foto se completa al día siguiente: el 7 de agosto es San Cayetano, y la CGT, las dos CTA y la UTEP ya anunciaron que participarán de forma orgánica de la peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, que ese día cumple una década de su primera edición. La caminata de Liniers a Plaza de Mayo funcionará como una segunda tanda de presión sobre el mismo reclamo, ya que la CTA de los Trabajadores incorporó el rechazo a la ley de extranjerización de tierras entre las banderas de esa jornada, junto con el repudio a la privatización de AySA y el planteo previsional.

Lo que el oficialismo llevará al recinto el jueves es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas y que el ministro Federico Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Fuera del capítulo de tierras, el proyecto endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El capítulo que concentra el rechazo, sin embargo, es el que reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Hoy esa norma limita al 15% la tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, baja ese tope al 30% para una misma nacionalidad, impide comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

“El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía. (...) Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, magnates globales como Peter Thiel se frotarán las manos. El agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar mega granjas de datos y servidores de la IA, y traer las inversiones que espera el gobierno”, reflexionó Gómez en un reciente ensayo publicado en la revista Anfibia.

El dictamen que Patricia Bullrich llevará al recinto deroga ocho artículos y traslada la potestad de fijar límites a cada provincia, que “conservará la jurisdicción plena” sobre su territorio, y solo deja en pie una prohibición: ningún Estado extranjero, ni una empresa con participación estatal extranjera, podrá comprar tierra rural sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo. Para las personas físicas extranjeras no habrá techo de hectáreas. “Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, resumió Bullrich, aunque aclaró que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”.

La versión número 15 del proyecto circula ahora entre los bloques aliados, después de que Bullrich y Sturzenegger buscaran destrabar la semana pasada el nudo del artículo 25, el que fija cuánto margen conservan las provincias para legislar sobre venta de tierra a extranjeros y que había obligado a un cuarto intermedio en pleno recinto. Pero la sesión del jueves no está garantizada: ya fue pospuesta cuatro veces y en el Senado el oficialismo no parece tener una mayoría firme.

“Siguen sin tener los números asegurados. Habría que preguntarle a Sturzenegger qué piensa de los cambios en el artículo 25”, lanzaron ante elDiarioAR una fuente del radicalismo, que votaría dividida. Los cálculos más informales hablan de un empate técnico, con 33 o 34 votos para cada lado, y todas las miradas –oficialistas y opositoras– convergen en Misiones, donde los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut llegan presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras. Bullrich tiene en agenda entrevistarse con los aliados el martes y miércoles, para tener el poroteo final de la sesión. Será en paralelo a la sucesión de acciones callejeras de los grupos autoconvocados.

MC

La convocatoria de una manifestación frente al Congreso el próximo 6 de agosto contra la intención del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra suma un actor de peso: la CGT. Según pudo saber elDiarioAR de distintas fuentes sindicales, la central obrera se sumará a las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfin de organizaciones de izquierda y de agrupaciones de autoconvocados que están detrás de la marcha para el jueves de la semana que viene.

Ese día el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, craneada por el ministro Federico Sturzenegger para desregular la venta de tierras. El debate ya fue pospuesto cuatro veces y fue la senadora Patricia Bullrich la que decidió convocar a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 al entender que no tenía los apoyos suficientes de los aliados.

“Vamos a acompañar”, confirmó una alta fuente de la CGT a este medio sobre la acción de la central por la ley de propiedad privada. Se trata de un paso más en la agenda de acciones escalonadas que armó el triunvirato para este segundo semestre del año, en busca de sumar fuerzas contra el ajuste de Javier Milei.

El miércoles de la semana pasada la CGT movilizó junto a los jubilados frente al Congreos. Y ya tiene programado acompañar el viernes 7 la peregrinación de San Cayetano desde Liniers a la Plaza de Mayo en su décimo aniversario.

La marcha del 6 no nace de cero: viene precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, así como recolección de firmas y distintas actividades. Este sábado 1 de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

Lo que el oficialismo intentará votar ese día es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto de 48 artículos que modifica cinco normas distintas y que Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Además del capítulo sobre tierras, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones —fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo—, acelera los desalojos por la vía del juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.

El capítulo que más resistencia genera reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que hoy limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

El Gobierno ya había intentado derogarla por decreto a fines de 2023, pero una cautelar judicial la mantuvo vigente; ahora insiste por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.

Bullrich lo resumió así: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”. Con el resultado todavía incierto, todas las miradas —las del oficialismo y las de quienes organizan la marcha— están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.

MCM/MC

Cristina Fernández de Kirchner formalizó este miércoles ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una comunicación individual para cuestionar el proceso judicial que terminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La presentación, elaborada por un equipo de abogados que integran el histórico defensor de la expresidenta, Alberto Beraldi, junto al jurista brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, fue explicada en una conferencia de prensa en el hotel NH de Buenos Aires. Allí, los letrados detallaron los fundamentos jurídicos del reclamo, las medidas cautelares solicitadas y los tiempos posibles de un proceso que, advirtieron, puede demandar años. Aquí, las claves de la presentación.

¿Qué presentó Cristina Kirchner?

Una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que la Argentina ratificó y que habilita a cualquier ciudadano a denunciar ante ese organismo violaciones a sus derechos una vez agotadas las instancias judiciales internas. Según el resumen de la propia presentación, el objeto de la comunicación es someter al escrutinio internacional “las violaciones al Pacto cometidas en el proceso conocido como Causa Vialidad”.

¿Cuál es el argumento principal?

El escrito enumera ocho artículos del Pacto que, según la defensa, fueron vulnerados durante el proceso judicial. Entre ellos, el derecho a votar y ser elegido (artículo 25), afectado por una inhabilitación perpetua que los abogados consideran una proscripción electoral; el derecho a un juicio justo (artículo 14), por atribuirle a CFK responsabilidad sobre actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, a partir de la firma del Decreto 54/2009; el derecho a un tribunal independiente e imparcial (artículo 14.1), por presuntos mecanismos irregulares de asignación de causas y jueces con vínculos personales con dirigentes opositores; la presunción de inocencia (artículo 14.2); el derecho a tiempo y medios adecuados para la defensa (artículo 14.3); el derecho a la doble instancia (artículo 14.5), porque la Cámara de Casación no habría examinado realmente los agravios de la defensa; la prohibición de doble juzgamiento o ne bis in idem (artículo 14.7), dado que 49 de las 51 obras públicas de la causa ya habían sido archivadas o sobreseídas en investigaciones anteriores; y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 2.3), en referencia a la actual integración de una Corte Suprema de solo tres miembros.

Beraldi resumió el núcleo del planteo al remarcar que a Cristina Kirchner “la responsabilidad se la atribuyen por el decreto 54 del año 2009, que es el único elemento por el que ella es encontrada culpable”. “No la condenaron por las obras, sino por dictar un decreto que está vigente”, sostuvo, y agregó que se trata de “un criterio personal el que se le aplica”, ya que la expresidenta “nunca administró el patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad”.

¿Qué medidas cautelares pidió la defensa?

Son tres. La primera es la suspensión de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por considerarla contraria a precedentes del propio Comité que rechazan las proscripciones sin límite temporal. La segunda es la recomposición de la integración de la Corte Suprema, hoy con tres miembros, lo que la defensa describe como “una vulneración gravísima a toda la ciudadanía argentina”.

La tercera apunta al régimen de prisión domiciliaria de CFK: pide el retiro de la tobillera electrónica, el fin de las restricciones para recibir visitas y para acceder a la terraza del edificio, y que el Estado argentino no la responsabilice por manifestaciones de terceros frente a su domicilio de San José 1111. Uno de los abogados detalló ante la prensa que la expresidenta “tiene dos policías en la puerta”, “lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona” y tiene “restringido el derecho de visita” y el acceso a la terraza.

¿Qué diferencia hay entre las cautelares y la revisión de fondo?

Según explicaron los abogados en la conferencia, las decisiones del Comité “son vinculantes” y “deben ser respetadas por el Estado”, que puede ser condenado a cumplir las cautelares solicitadas o a admitir las violaciones denunciadas.

Sin embargo, los tiempos de ambos procesos son distintos: mientras las medidas cautelares podrían resolverse “en cuestión de meses” —posiblemente en octubre, aunque la periodicidad de las reuniones del Comité se redujo tras el recorte presupuestario de Estados Unidos a la ONU—, la decisión de fondo sobre la revisión de la condena “puede tardar algunos años”, sin que sea posible precisar un plazo. Los letrados remarcaron que, a diferencia del sistema interamericano de derechos humanos —que exige pasar primero por una comisión y luego por otra instancia antes de llegar a la Corte Interamericana—, el Comité de la ONU permite un acceso directo, lo que le atribuyen “mayor efectividad”.

¿Podría revertirse la condena?

Los abogados fueron cautos. Si el Comité falla a favor de CFK, esa decisión no anula automáticamente la sentencia argentina, pero obliga al Estado a adecuar su conducta a los estándares internacionales y abre la puerta a un recurso de revisión en el sistema judicial local. Beraldi planteó que “hay prueba evidente de adversidad” contra Cristina Kirchner en el proceso y que la estrategia, de allí en más, exige paciencia: “Tenemos que esperar a que haya novedades internacionales y a partir de ahí esperar que esto se encasille jurídicamente”, señaló. Los propios abogados aclararon que la vía elegida es estrictamente documental —“no hay espacio para declaraciones”— y que la comunicación se circunscribe únicamente al caso de la expresidenta, sin extenderse a otros condenados en la misma causa, aunque no descartaron que estos puedan valerse del precedente.

¿Quiénes son los abogados internacionales de Cristina Kirchner?

Al frente histórico de la defensa, Alberto Beraldi, se sumaron dos juristas de trayectoria internacional en derechos humanos. Rafael Valim es abogado y profesor de Derecho Público, doctor y máster por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, con más de veinte años de trayectoria académica en Derecho Constitucional y Administrativo. Estuvo detrás de la defensa de Lula da Silva. Litiga ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue profesor visitante en universidades de Europa y América Latina —entre ellas Manchester y Rouen— y es autor de libros sobre lawfare y estados de excepción, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law. Javier Borrego, por su parte, es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y tuvo un extenso recorrido en la función pública española vinculado a los derechos humanos: fue agente del Reino de España ante los órganos europeos e internacionales de derechos humanos, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español.

“No es una chorra”

El abogado Borrego apeló a un registro más coloquial para defender a su clienta de los cuestionamientos que recibe en la Argentina: “Cristina no es una chorra. Yo no lo he visto en los papeles. Tampoco es una cucaracha. Incluso a una persona que le pusieron una pistola en su cabeza le dicen que le quieren clavar el último clavo del cajón”, sostuvo, y agregó: “Toda persona tiene dignidad humana y hay que respetarla”. Borrego también apuntó contra el momento político de la inhabilitación: recordó que Cristina Kirchner “podría haber sido habilitada para las PASO porque no es para cargos” y que, pese a eso, “ahora el gobierno las quiere sacar”, en referencia a las elecciones primarias.

¿Cuál es la postura del gobierno de Milei?

El Gobierno desestimó la denuncia internacional de Cristina Kirchner a través de una declaración pública este miércoles por la mañana del canciller Pablo Quirno. “Quieren volver al poder para indultarla”, dijo sobre la estrategia de la expresidenta, aunque admitió que tiene “la libertad para hacerlo”.

El equipo de abogados de CFK sumó como prueba documental que el presidente Javier Milei se atribuyó en un acto público “meter presa a Cristina”, así como en varias oportunidades habló de “ponerle el último clavo al cajón” del kirchnerismo. Para la defensa, esas declaraciones como posturas similares de Mauricio Macri revelan animosidad política en la sentencia judicial.

Aunque el Gobierno buscó este martes bajarle el tono a la crisis abierta con Brasil por los insultos de Javier Milei a Lula da Silva, el partido del mandatario del vecino país avanzó en la Justicia local. El Partido dos Trabalhadores (PT) presentó una denuncia que fue derivada a la Justicia electoral para investigar el periplo del libertario el sábado a San Pablo, según confirmaron a elDiarioAR fuentes al tanto del armado electoral de Lula.

La denuncia busca conocer con qué fondos se costeó el viaje de Milei a Brasil, donde visitó a Flávio Bolsonario en medio de la campaña presidencial del vecino país. El hijo de Jair Bolsonaro busca enfrentar a Lula en las elecciones del próximo 4 de octubre.

El PT denunció “injerencia externa indebida” en la presentación realizada con sus socios del PV y PCdoB. En el documento, el oficialismo brasileño señala que la visita de Milei afectó “la preservación de la soberanía nacional, la igualdad de oportunidades entre futuros competidores, la imparcialidad administrativa y la normalidad del proceso electoral brasileño”.

En el Gobierno señalan que el viaje de Milei a San Pablo fue de carácter “oficial” y argumentan que no solo se reunió con Bolsonaro hijo, sino que también recibió una distinción por parte del gobernador del estado, Tarcísio de Freitas. En el acto público el libertario llamó de “presidiario” y “ladrón” a Lula.

La expresión generó un inmediato rechazo de la diplomacia brasileña. Itamaraity llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli. Y el canciller Mauro Vieira convocó a una reunión privada al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, que recibió de primera mano el repudio del diplomático.

Este martes desde la Casa Rosada buscaron bajar el tono. El vocero Adrián Ravier reconoció que “ha habido siempre insultos de ambos lados”, pero insistió en que esos cruces responden a diferencias “ideológicas y políticas” entre ambos presidentes y no deben trasladarse al vínculo entre los dos países. “La Argentina nunca ha llevado estas diferencias al plano diplomático”, sostuvo. En esa línea, aseguró que la Casa Rosada no prevé consecuencias institucionales derivadas del episodio. “No creemos que esto vaya a impactar en la parte diplomática. No es la intención que esto afecte las relaciones comerciales entre dos pueblos hermanos”, afirmó.

Pero en los hechos Lula sí avanzó un paso más con la denuncia presentada por su partido. El documento pide que se esclarezca la naturaleza jurídica de la visita de Milei, además de cómo se costeó el avión, el hospedaje, los traslados internos, la seguridad y la logística. Además, según detalla el diario La Nación, solicita que se esclarezca si se usaron fondos públicos argentinos para una agenda de contenido partidario en Brasil, si hubo uso de estructura administrativa o patrimonial del Estado de San Pablo para potenciar un acto electoral y si existió coordinación entre funcionarios brasileños, autoridades extranjeras y el PL para organizar la agenda.

“Ellos son muy cautelosos con la medida y saben que la Justicia lo va a investigar”, señaló a elDiarioAR una fuente que conoce de primera mano la denuncia. Pese a los intentos del Gobierno por bajar la espuma, del lado brasileño intentarán que la polémica no quede solo en expresiones.

MC

Kristalina Georgieva pisa suelo argentino este lunes por invitación expresa de Javier Milei, en la primera visita de un director gerente del FMI al país desde que Christine Lagarde estuvo en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri. La jefa del Fondo Monetario viene a conocer a su principal deudor: al 23 de julio de 2026, la Argentina le debe al organismo 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.753 millones al tipo de cambio que informa a diario el propio organismo.

El país es, por lejos, el mayor deudor individual del Fondo: concentra el 34,5% de toda la cartera de créditos pendientes de cobro del organismo (123.170 millones de DEG en total), muy por encima de Ucrania, segundo en el ranking con apenas el 8,9%. Si se mira solo la ventanilla de créditos no concesionales —el Departamento General, por donde se canalizan los préstamos ordinarios como el argentino—, la proporción trepa al 45,9%: casi uno de cada dos dólares prestados por el núcleo financiero del FMI está colocado en el país.

Esa montaña de deuda tiene tres capas. La base es el stand-by de US$44.500 millones que el FMI le aprobó a Macri en 2018, el mayor crédito otorgado por el organismo hasta entonces; ese préstamo fue refinanciado en 2022, durante la presidencia de Alberto Fernández, mediante un acuerdo de Facilidades Extendidas que evitó la cesación de pagos pero no redujo el capital adeudado. Sobre esa base —que al momento de firmarse el programa actual, en abril de 2025, rondaba los US$42.000 millones—, el gobierno de Milei acordó un nuevo Extended Fund Facility (EFF 2025) que habilitó un financiamiento adicional de US$20.000 millones, de los cuales ya se desembolsaron cerca de US$15.800 millones. En criollo: alrededor de tres cuartas partes de la deuda actual con el FMI es la herencia de los acuerdos de Macri y Fernández, y aproximadamente un cuarto es deuda nueva tomada por Milei en poco más de un año.

Detrás de esa arquitectura financiera está, en última instancia, Estados Unidos. Washington es el principal accionista del FMI, con el 16,49% de los votos, y al ser el único país que supera el umbral del 15% tiene poder de veto de facto sobre las decisiones que exigen una mayoría del 85%, como la aprobación de nuevos programas o cambios de cuotas. Esa centralidad es la que explica por qué la visita de Georgieva no puede leerse solo en clave técnica: el alineamiento explícito de Milei con Donald Trump —desde los elogios públicos hasta los gestos de política exterior— opera, en los hechos, como una moneda de cambio adicional en la relación con un organismo donde buena parte de la última palabra la tiene la Casa Blanca.

Por eso la escala de Giorgieva tiene, ante todo, un contenido político: es un respaldo explícito al programa económico de Milei en la previa del tramo final de su gestión y de cara al año electoral 2027. Pero la visita también llega en un momento clave del calendario técnico con el Fondo. Según el dossier “FMI-Argentina: puntos clave de la visita del organismo”, elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en julio de 2026, “se presume que la presencia de Giorgieva ayudará a apuntalar la tercera revisión del Extended Fund Facility 2025 (EFF 2025), referida a las metas al 30 de junio, instancia clave para habilitar un nuevo desembolso”.

La meta incumplida

La Argentina llega a esa revisión con la meta fiscal ya incumplida. Según el mismo informe de CEPA, “en junio, el Gobierno registró un déficit primario de $696.843 millones que le impidió cumplir, por primera vez, la meta fiscal con el FMI. En el primer semestre el superávit fiscal alcanzó $6,3 billones, quedando $573.974 millones por debajo del objetivo acordado a junio de 2026”. El desvío se produjo, además, después de que el organismo ya le hubiera bajado la vara al Gobierno: “El incumplimiento ocurrió incluso después de que el organismo flexibilizara la meta en mayo en $1,6 billones, reduciéndola de $8,5 billones a $6,9 billones”. Caputo atribuyó el resultado de junio a la postergación del pago de Ganancias de personas humanas y al pago del medio aguinaldo, aunque reconoció públicamente que el margen para seguir ajustando es cada vez más chico: “Para eso tenés que recaudar más porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil. Estamos en un nivel de gasto de 15 puntos del Producto Bruto Interno. Para dar una idea, es el nivel de gasto que había en los 90 y es 10 puntos menos de lo que fue el pico hace ocho años”, dijo el ministro en el programa Economía de Quincho.

El desafío para lo que resta del año es todavía mayor. Según CEPA, “la meta para diciembre de este año exige un superávit de $16,3 billones, lo que implica que el Gobierno debería acumular $10 billones adicionales de superávit entre julio y diciembre para cumplir con ese objetivo”. Proyectando el resultado fiscal con la estacionalidad del año pasado, el Tesoro llegaría a acumular $10,5 billones para fin de 2026, es decir, “le faltarían, según esta proyección, unos $5,7 billones para cumplir con las exigencias del organismo”. El propio dossier concluye que, si se repite el patrón de los primeros dos años de gestión de La Libertad Avanza —dos tercios del superávit concentrados en el primer semestre y apenas un tercio en el segundo—, “el cumplimiento de la meta fiscal de fin de año resulta sumamente improbable”.

A la par de la meta fiscal, hay otra tensión de fondo entre el Fondo y el equipo económico: el regreso a los mercados de deuda. El Programa Financiero del Gobierno prevé emisiones por US$4.000 millones en 2026, de los cuales ya habrían ingresado unos US$3.200 millones a través de préstamos garantizados por el Banco Mundial y el BID. Para 2027, el propio esquema oficial “no prevé realizar nuevas emisiones de deuda en moneda extranjera durante todo 2027”, mientras que el FMI, en su segunda revisión del EFF 2025, proyectaba emisiones por US$5.000 millones en la primera mitad del año y US$8.000 millones para todo 2027. Según CEPA, “para el FMI, resulta imprescindible que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de crédito. Para el ministro Caputo, eso puede esperar y, de hecho, busca evitarlo”, en la apuesta de que el propio mensaje de “no necesitar al mercado internacional” ayude a bajar el riesgo país.

Ese contraste de expectativas se completa con la agenda de reformas estructurales que el Fondo dejó planteadas en la segunda revisión del acuerdo, con vencimientos concentrados a fines de este año y del próximo. Entre ellas figuran una reforma tributaria integral —que contempla eliminar exenciones impositivas, bajar el umbral de Ganancias para alcanzar a al menos el 20% de la población, subir las escalas del Monotributo y reemplazar Ingresos Brutos por un IVA dual provincial— con plazo hasta fines de diciembre de 2026; un registro de riesgos de cumplimiento tributario y un plan contra el lavado de dinero, ambos con el mismo vencimiento; y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central orientada a fortalecer su independencia, que el Gobierno ya empezó a impulsar en el Congreso.

A esa lista se suma la reforma previsional: según CEPA, “con una base de propuesta ya planteada por el FMI, el Gobierno deberá presentar el proyecto final a fines de diciembre de 2027”, es decir, recién en un eventual segundo mandato si Milei logra la reelección.

El cronograma de pagos con el organismo explica, en gran medida, por qué esta relación no admite pausas. Según el informe de CEPA, en el segundo semestre de 2026 vencen US$1.130 millones de capital y US$1.694 millones en intereses, con desembolsos esperados por apenas US$863 millones. En 2027 los vencimientos de capital saltan a US$4.408 millones, más US$3.256 millones en intereses, con desembolsos previstos por US$1.725 millones. Los años siguientes profundizan esa tendencia: en 2028 vencen US$6.568 millones de capital y US$2.934 millones en intereses, y en 2029, US$8.066 millones de capital y US$2.504 millones en intereses. “Los desembolsos restantes del organismo se realizan dos veces al año (enero y julio) entre julio de 2026 y enero de 2029. Estos cubren apenas el 60% de los pagos de intereses hasta esta fecha, pero sirven como un buffer frente a los pagos que debe enfrentar el Gobierno, no solo con el FMI, sino que con el resto de acreedores”, señala el dossier.

Ese es el trasfondo que acompaña la escala de Georgieva: una foto de respaldo político al Gobierno, en un año en el que los mercados todavía dudan de la capacidad argentina de honrar sus compromisos y del resultado electoral de 2027, combinada con una revisión técnica que llega con la meta de junio ya perdida y un cúmulo de reformas —tributaria, previsional, financiera— que definirán buena parte de la agenda económica del oficialismo, gane o no un segundo mandato.

Máximo Kirchner propone discutir qué parte de la deuda es “legítima”

En paralelo a la visita de Georgieva, el diputado nacional Máximo Kirchner presentó junto a otros trece legisladores de Unión por la Patria un proyecto de “Ley Marco de Defensa de la Posición Argentina frente a los Organismos Financieros Internacionales y Reforma del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional”. El objetivo declarado es discutir qué parte de la deuda es “legítima”: “Recuperar para el Congreso la decisión sobre el endeudamiento externo, distinguir lo que la Argentina debe pagar siempre (la cuota) de lo que fue una decisión política tomada por fuera de las reglas (el excedente), y dejar planteada —puertas adentro con ley propia, puertas afuera como agenda de negociación— una salida sostenible que no dependa de un nuevo ajuste”. No es la primera vez que Kirchner marca distancia pública en esta materia: en julio de 2022 renunció a la jefatura del bloque de diputados del Frente de Todos en desacuerdo con el rumbo económico del entonces ministro Martín Guzmán, en medio de la negociación y renegociación del acuerdo con el FMI por la deuda tomada durante el gobierno de Macri, un quiebre hacia Alberto Fernández que fue definitivo.

El proyecto de Kirchner se organiza en siete títulos. Fija principios rectores como la soberanía económica y la “corresponsabilidad acreedor-deudor”; instruye al Poder Ejecutivo a impulsar ante el board del FMI una reforma del Convenio Constitutivo en cuatro ejes —que el Artículo VI para administrar la fuga de capitales deje de ser discrecional y pase a ser obligatorio, la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” para exposiciones extraordinarias, una excepción a la uniformidad de los plazos de recompra y un principio de corresponsabilidad institucional del propio Directorio—; reconoce la regulación de la cuenta capital como herramienta permanente; y exige que toda operación de crédito con organismos financieros internacionales sea aprobada por ley del Congreso, con expediente técnico completo y prohibición expresa de DNU o decreto delegado. Crea además una Comisión Bicameral de control con acceso a información reservada, y establece una regla fiscal permanente: un techo de deuda pública externa equivalente al 200% de las exportaciones de los últimos tres años, superable solo con mayoría de dos tercios.

El texto no plantea desconocer la deuda ni suspender pagos, sino revisar el tramo que —sostiene— excede los parámetros normales de acceso del FMI: según los fundamentos del proyecto, el stand-by de 2018 fue el mayor de la historia del organismo y equivalió a 1.110% de la cuota argentina, muy por encima del límite entonces vigente (145% anual y 435% acumulado). El excedente cuestionado ronda, según el cálculo del propio proyecto, los US$37.800 millones si se toma el límite de acceso vigente en 2018, o unos US$30.000 millones si se toma el límite actual, más generoso (200% anual y 600% acumulado desde diciembre de 2024). Para ese tramo, la iniciativa propone una renegociación a entre 20 y 30 años, con período de gracia, sin sobrecargos y con pagos atados al crecimiento, las exportaciones y las reservas del país. El proyecto invoca además una evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, publicada en diciembre de 2024, que reconoció que el programa de 2018 quedó en una “zona gris” de sostenibilidad, y un informe de la Auditoría General de la Nación de 2023 que documentó que el acuerdo se firmó sin dictamen previo del Banco Central, sin traducción oficial y sin intervención del entonces órgano competente en materia de crédito público.

La iniciativa llega, además, con una disposición transitoria dirigida al acuerdo vigente con Milei: si se sanciona la ley, el Poder Ejecutivo tendría 90 días para enviar al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa actual, que fue instrumentado por el DNU 179/2025 y nunca tuvo aprobación por ley del Congreso en los términos que exige la Ley 27.612. Se trata, por ahora, de un proyecto de un bloque opositor sin mayoría propia en ninguna de las dos cámaras, por lo que su tratamiento y eventual aprobación dependerán de una discusión legislativa que recién empieza.

MC

“Para que un régimen se mantenga en el tiempo necesita zurcir la justicia a su gusto”. La frase de un juez camarista con más de 40 años en los tribunales parece graficar el porqué de la avalancha de de designaciones judiciales de Javier Milei: desde la llegada del ministro Juan Bautista Mahiques ya se designaron más de 100 magistrados, fiscales, defensores y conjueces con acuerdo del Senado. El oficialismo logró quebrar la oposición del peronismo y junto con aliados provinciales, el PRO y la UCR avanzó con una deuda pendiente en el Poder Judicial. Pero detrás de esos nombramientos vestidos de institucionalidad, un análisis nombre por nombre permite revelar cierta opacidad en la política oficial, que incluye desde nepotismo a jueces elegidos a dedo por el Presidente, sin perder de vista que hay tribunales estratégicos o sillas calientes codiciadas para el poder de turno.

Ante el receso legislativo y la feria judicial, elDiarioAR analizó las designaciones y los pliegos que ya pasaron por el Senado y fueron publicados en el Boletín Oficial, así como se tuvieron en cuenta los pliegos que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada y serían debatidos recién en agosto. En una entrevista que dio el viernes al diario La Nación, el ministro Mahiques contabilizó 178 pliegos en cuatro meses y medio, entre nombramientos en trámite y ya oficializados. El ministro también adelantó un plan para achicar Comodoro Py, de 12 a 8 juzgados, y la Casación Penal, de 13 a 9 miembros. Por el momento no será completada la Corte Suprema, que tiene tres de sus cinco miembros.

Hay varios casos sensibles y llamativos. El más reciente es el de Ana María Cristina Juan, que asumió como jueza federal de Hurlingham el pasado 15 de julio, apenas doce días después de que su esposo, Marcelo Martínez de Giorgi apartara de la causa $LIBRA —que tramita en su juzgado— a las querellas que investigan a Milei y a su hermana Karina.

El nepotismo es un patrón que se repite. Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, llegó a un tribunal de Santa Fe el 12 de junio. Había logrado entrar a la terna gracias a la lapicera de Milei y pese a quedar relegado en los exámenes escritos. También fue beneficiada con un cargo judicial Yamile Bernan, pareja de Diego Guerendiain, ex jefe de Gabinete del exministro Mariano Cúneo Libarona (además Milei sostuvo su pliego pese al intento de veto de Santiago Caputo. Otro flamante juez en Salta es Diego Anzorreguy, sobrino de Eduardo Moliné O'Connor, quien llegó a ser vicepresidente de la Corte Suprema, y también del ex jefe de la SIDE menemista Hugo Alfredo Anzorreguy.

En Comodoro Py, el tribunal que decide si las causas de corrupción ($LIBRA, Andis, el caso Adorni) llegan a juicio, el Gobierno eligió a Pablo Yadarola y “revalidó” a Pablo Bertuzzi pese a traslados cuestionados por la Corte. Milei y Mahiques dejaron afuera a Martín Irurzun al no renovarle el cargo a los 75 años, pero sí le permitió la renovación hasta los 80 años a Víctor Pesino, el juez que revocó la cautelar contra la reforma laboral y reconoció haberse reunido con Mahiques antes de ese fallo. Otro juez que logró extender su cargo fue el padre del propio ministro Mahiques: Carlos “Coco” Mahiques logró que en mayo el Senado le apruebe mantenerse al frente de la vocalía séptima de la Cámara Federal de Casación Penal.

Tanto Yadarola como los Mahiques (padre e hijo) participaron del viaje a Lago Escondido financiado por el Grupo Clarín.

Un pliego que generó especial atención fue el de María Verónica Michelli, que fue aprobado por el Senado pero que Milei aún no oficializó porque es cuñada de del periodista Hugo Alconada Mon, quien investiga casos de corrupción del Gobierno.

A su vez, un informe de ACIJ e INECIP detectó “saltos” de mérito superiores a 10 posiciones en al menos 12 casos. Y en paralelo avanza el nuevo fuero laboral porteño, con 21 pliegos ya en la Legislatura de CABA, al ritmo de la reforma laboral de Milei.

MC

La avanzada del gobierno de Javier Milei para desregular la venta de tierra a extranjeros ya motoriza una fuerte manifestación en contra. Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición convocan a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará conseguir en el Senado los votos para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria empezó a circular en las bases apenas se confirmó la fecha y crece en paralelo al acuerdo que este jueves alcanzaron Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger para no perder votos en el recinto.

El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, fue una de las voces cantantes este viernes. Pidió en una entrevista radial “que el día del tratamiento haya una gran movilización”. “La presión social permea e influye en la decisión de los más especuladores”, dijo en diálogo con FutuRock. Desde el peronismo en Diputados la legisladora Cecilia Moreau (Unión por la Patria) comparó el reclamo con el sentimiento por Malvinas que dejó el Mundial: “El 6 de agosto todos y todas a las calles”.

Las dos CTA ya convocaron de manera formal bajo la consigna “por la tierra y el agua”, mientras la CGT, que desde principios de julio viene circulando documentos internos contra la ley (“nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, llevan como consigna), evalúa sumarse a la protesta.

El Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la UBA, mantiene desde el 25 de junio una recolección de firmas contra el proyecto que ya superó los 4.000 referentes de todo el país. En paralelo, espacios como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizaron para la próxima semana (del 27 al 31 de julio) una serie de acciones federales bajo el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, radios abiertas, banderazos antes de la movilización central del 6 de agosto al Congreso, bajo el hashtag #lasoberanianosenegocia.

El reclamo sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y un pronunciamiento del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

La fecha elegida para marchar no es casual: Bullrichse reunió ayer con Sturzenegger, y el secretario Alejandro Cacace, para destrabar las diferencias que habían obligado a aplazar por cuarta vez el debate del proyecto. El nudo era el artículo 25, que fija cuánto margen conservan las provincias para dictar sus propias reglas sobre la venta de tierras a extranjeros.

Sturzenegger había planteado objeciones desde el exterior la semana pasada, lo que sembró dudas entre los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para sumar votos. Tras el encuentro, Bullrich confirmó que se mantiene el texto acordado con los aliados y que la sesión será el 6 de agosto. La última versión del dictamen (la número 15) deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo, y elimina el artículo de silencio administrativo que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.

El proyecto —que Bullrich presenta como una forma de “salir de la era de Máximo Kirchner”— apunta a modificar en los hechos la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner. Esa norma fija un tope del 15% de tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, impide que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, prohíbe la compra de más de mil hectáreas en las zonas más fértiles del país y veda la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes, como el que compró el británico Joseph Lewis en Lago Escondido.

El Gobierno ya había intentado derogarla a fines de 2023 por el DNU 70/2023, pero una cautelar del Juzgado Federal N°4 de La Plata, confirmada después por la Cámara Federal platense a partir de un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de esa ciudad, la mantuvo vigente.

Ahora el intento llega por ley, dentro de una iniciativa más amplia —nueve artículos bajo el título “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— que además modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego, y que el Poder Ejecutivo negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

No todo el arco social está del mismo lado. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió este jueves a respaldar el proyecto de extranjerización: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, dijo desde el predio de Palermo, donde Milei irá el próximo domingo para inaugurar la feria rural.

Bullrich, por su parte, buscó matizar el reclamo soberanista distinguiendo entre personas y Estados: sostuvo que “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, pero que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera” adquirir un metro de suelo, una prohibición que quedó plasmada en el dictamen.

El resultado de la votación, de todos modos, sigue siendo incierto. La mayor duda está en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para que voten en contra del capítulo de venta de tierras a extranjeros. En ese escenario, la apuesta de quienes convocan a movilizarse el 6 de agosto es lograr que la presión de la calle termine de inclinar a los senadores que todavía dudan.

MC

“Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”. El diputado libertario bonaerense Agustín Romo no hizo más generar atractivo mediático en medio de la supuesta ola de críticas a estudiantes extranjeros que se burlaron de la Selección argentina en redes sociales tras la derrota en la final del Mundial 2026. Pero su proyecto de ley para arancelar la atención en hospitales públicos y los estudios de grado en universidades estatales de la provincia a los extranjeros no está oficializada en la Legislatura y se basa en datos falsos o erróneos.

La iniciativa, que Romo mostró en sus redes, lleva la firma de 18 de los 20 diputados libertarios y del jefe del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich, y consiguió un retuit de Patricia Bullrich. Sin embargo, en el sitio oficial de la Cámara de Diputados bonaerense el último proyecto de ley cargado a nombre de Romo data del 13 de julio y se refiere a una reforma del Estatuto del Docente.

El texto, según la copia que el legislador colgó en su cuenta de X, establece dos regímenes separados. El Título I dispone que los extranjeros sin residencia permanente deberán costear las prestaciones sanitarias en hospitales públicos provinciales mediante seguro de salud, un tercero obligado o pago directo, aunque garantiza que ninguna persona podrá ser rechazada o demorada en casos de urgencia o emergencia con riesgo de vida; el cobro se tramitará recién después de estabilizar al paciente. Quedan exceptuadas las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles, por razones de salud pública. Los fondos recaudados irán al Fondo Provincial de Salud, administrado por el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.). El Título II, por su parte, obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar una retribución para los estudios de grado de extranjeros sin residencia permanente, dejando en manos de cada institución los montos y las modalidades de cobro.

Para convertirse en ley, el proyecto debería primero ingresar formalmente al circuito parlamentario y luego sortear el pase por comisión y el recinto. Pero los libertarios bonaerenses no cuentan con mayoría propia y necesitarían el acompañamiento de otros bloques. “No hay chance que pase de ninguna manera porque no tienen número”, aseguró a elDiarioAR una fuente que conoce el día a día en la Legislatura provincial. Además, tanto la comisión de Salud como la de Educación están presididas por diputados de Unión por la Patria, quienes son los que manejan la lapicera y los tiempos.

Los datos engañosos sobre universitarios extranjeros

Romo justificó la iniciativa con una serie de posteos en los que afirmó que “el 51% de los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata son extranjeros” y que en la UBA la proporción llega al 39%. “Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros”, declaró el legislador, en un planteo que vinculó explícitamente el proyecto con el enojo viralizado tras el Mundial.

Esas cifras, no obstante, ya habían sido desmentidas. En mayo pasado, durante la marcha federal universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había usado casi los mismos números –40% en la UBA y 51% en la UNLP– para cuestionar el financiamiento universitario, y el sitio Chequeado los contrastó con los datos oficiales de ambas casas de estudio: la Facultad de Medicina de la UBA reportó 13.403 estudiantes extranjeros en 2024, el 28% de su matrícula, y la de Ciencias Médicas de la UNLP registró un 23% en el mismo período. Romo repitió, dos meses después y en un contexto distinto, una estadística que la propia gestión de la que forma parte ya había difundido de manera inexacta.

A esa inconsistencia se suma otra que surge de la letra del propio proyecto: la UBA y la UNLP son universidades nacionales, financiadas por la Nación y no por la provincia. El Título II del texto de Romo, en cambio, solo alcanza a las “universidades provinciales de gestión estatal”, una categoría distinta y mucho más acotada –compuesta por instituciones como la Universidad Provincial de Ezeiza o la Universidad Provincial del Sudoeste– que no incluye a ninguna de las dos casas de estudio que el legislador citó para fundamentar la medida. Es decir, los ejemplos que motivaron públicamente el proyecto no serían alcanzados por la ley que ese mismo proyecto busca crear.

El impacto presupuestario de la medida, además, aparece como marginal si se lo mide contra el conjunto del sistema. Según el último informe oficial de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, los estudiantes extranjeros representan apenas el 4,1% de la matrícula de pregrado y grado en universidades públicas de todo el país, una proporción menor a la que los inmigrantes tienen en la población total (entre el 5% y el 6%, según estimaciones citadas por especialistas en migraciones).

Un repaso por el informe de autoevaluación institucional que la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) presentó ante la CONEAU en 2025 refuerza esa desproporción en la única categoría de universidad que el proyecto de Romo efectivamente alcanza. El documento, de 415 páginas, dedica un capítulo completo a analizar la “procedencia estudiantil” de sus 7.510 alumnos regulares (dato de 2024, frente a los 2.947 de 2018), pero esa procedencia se mide exclusivamente por distrito bonaerense de origen –Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, San Vicente, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Cañuelas–, sin que la nacionalidad o el país de origen figuren como variable en ningún tramo del análisis.

Las únicas menciones a “extranjeros” en todo el informe remiten a convenios de cooperación con universidades de otros países, a un requisito administrativo para “aspirantes extranjeros” en el reglamento de ingreso, a estudiantes de intercambio virtual sin cuantificar recibidos a través de un programa del Consejo Interuniversitario Nacional, y a los asistentes extranjeros de un congreso académico sobre Smart Cities. En ningún pasaje la UPE reporta una cifra de estudiantes de grado extranjeros matriculados, lo que sugiere que, en la universidad provincial que el propio texto legislativo regula, el fenómeno que motiva el proyecto no alcanza siquiera la escala necesaria para ser un dato relevante en su propia autoevaluación institucional.

Menos del 1% de extrajeros en los hospitales

En salud, el propio ministro de la cartera bonaerense, Nicolás Kreplak, informó en 2024 que en la provincia “solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros”, la jurisdicción exacta que el proyecto de Romo busca regular.

“El proyecto de ley presentado por el legislador Agustín Romo se alinea con una corriente de intolerancia global para vulnerar, una vez más, el derecho esencial de acceso a la salud”, apuntó a elDiarioAR Pablo Maciel, secretario general de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras), quien precisó al igual que Kreplak que la población de extranjeros que se atienden en el sistema sanitario público no llega al 1%. “Sin sustento empírico y con premisas falsas, se sostiene que arancelar la atención a extranjeros no residentes resolvería el déficit del sistema público. No obstante, esta población representa menos del 1% de las prestaciones totales, por lo que su impacto presupuestario es insignificante. El verdadero propósito de estas iniciativas es moldear la opinión pública y debilitar el precepto constitucional que garantiza el acceso a la salud a toda persona que habite el territorio argentino”.

La población de extranjeros en el sistema público representa menos del 1% de las prestaciones totales, por lo que su impacto presupuestario es insignificante

Pablo Maciel — Médico Clínico. Secretario General de FESINTRAS

El antecedente inmediato de la iniciativa de Romo son las leyes de Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, que desde 2024 cobran la atención médica a extranjeros no residentes, casi siempre invocando la presión migratoria de zonas de frontera. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados (CAREF) y ANDHES cuestionaron esos regímenes por considerarlos contrarios a la Ley de Migraciones, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, tratados con jerarquía constitucional en la Argentina.

El caso bonaerense presenta, sin embargo, una diferencia de fondo. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy son provincias de frontera y pudieron justificar el cobro invocando la saturación de sus hospitales por el tránsito de personas que cruzan desde países vecinos para atenderse; Buenos Aires no tiene esa frontera ni ese argumento disponible.

Maciel agrega un argumento más contra la reforma libertaria, justamente poniendo en foco en el impacto del ajuste de Javier Milei: “Esta propuesta de arancelamiento está precedida por un vaciamiento de la salud pública: un severo ajuste a provincias y municipios, el recorte en el PAMI, la desregulación en los precios de los medicamentos y el desmantelamiento de programas nacionales de discapacidad, salud mental y provisión de fármacos”.

Por eso, el cuestionamiento legal que los especialistas y organizaciones le hicieron a las leyes provinciales —por considerarlas contrarias a la Ley de Migraciones y a tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional— podría aplicarse con más fuerza todavía al proyecto de Romo, que tampoco podría respaldarse en una razón de saturación fronteriza. La discusión de fondo remite al artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros el goce de los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos dentro del territorio nacional.

Pese a los datos en contra, Romo lanzó varios tuits buscando defender su proyecto. Uno de esos mensajes en X dice: “El pagador de impuestos argentino no tiene por qué soportarle la salud y la educación a extranjeros que nos odian”.

MC

Santiago Viola, secretario de Justicia de Javier Milei, está en Estados Unidos para seguir a la Selección argentina en el Mundial de fútbol. El funcionario fue fotografiado en el partido del sábado pasado entre el equipo de Lionel Messi y Suiza y se quedaría incluso para la semifinal contra Inglaterra.

Según supo elDiarioAR de fuentes oficiales, Viola viajó con su familia a EE.UU. con un permiso habilitado por su propio jefe, el ministro Juan Bautista Mahiques. El secretario pidió cuatro días de licencia y volvería al país el próximo viernes, aseguraron desde el Gobierno.

“No tiene porqué esconderse”, recogió este medio de la fuente consultada, que confirmó el viaje de Viola. La imagen del funcionario fue revelada en X por el periodista del diario La Nación Nicolás Pizzi.

El padre de Viola vive en Miami, confirmó elDiarioAR. En el Gobierno incluso aclararon que “los pasajes de su familia de acá a Miami sí lo pagó él”. La frase resuena luego de que la Casa Rosada dejara atrás el escándalo de Manuel Adorni por los viajes que hizo con su esposa a Nueva York en el avión presidencial y a Punta del Este, en el Carnaval pasado, en un jet privado financiado por un periodista amigo del entonces jefe de Gabinete.

Según consignó La Nación, el viaje de ida fue el jueves pasado en un vuelo de Aerolíneas Argentinas y la entrada para los cuartos de final la compró por reventa, método que es legal en EE.UU. Los precios hasta octavos de final rondaban los US$2.000 dólares por persona por partido.

Viola se tomó los días de licencia pese a la ajetreada agenda judicial del Gobierno. Esta semana en el Senado están por votarse una serie de pliegos judiciales, entre ellos el de Víctor Pesino, un juez que salvó la reforma laboral de Milei. El magistrado, integrante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, presentó la semana pasada una cautelar para continuar en su cargo más allá de que cumple próximamente 75 años.

Viola no es un funcionario más en el organigrama del poder: además de ser el segundo de Mahiques, es el represente del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve jueces. Además, es apoderado del partido La Libertad Avanza, o sea que goza de extrema confianza de Karina Milei.

Antes de ser nombrado funcionario público, en noviembre de 2025 apareció como defensor de una acusada por apropiación y lavado de bienes de víctimas detenidas-desaparecidas en la ex ESMA.

Con anterioridad fue abogado de los hijos de Lázaro Báez y llegó a estar acusado una causa por haber plantado testigos falsos que dijeron haber visto al juez federal Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos para reunirse con Cristina Kirchner durante su presidencia.

Al inicio del Mundial, el viaje de funcionarios públicos ya había generado controversias políticas. En una conferencia de prensa, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que Axel Kicillof le prohibió a sus funcionarios viajar a EE.UU. y advirtió que si se conocía de algún caso el involucrado debía dejar su cargo.

MC

A Alejandro Cacace el Mundial lo agarra en plenas funciones como secretario de Desregulación y Transformación del Estado. El martes vio la agónica victoria de la Selección argentina ante Egipto junto a Federico Sturzengger y este sábado esperaba encontrar un hueco en un viaje diplomático a Aspen, Estados Unidos, para ver el partido contra Suiza. “En otros países no entienden la locura que vivimos”, confiesa a elDiarioAR el funcionario, mano derecha del ministro que impulsa la desregulación mileísta.

Abogado, oriundo de San Luis, exdiputado por la UCR entre 2019 y 2023 –autor del primer proyecto de dolarización presentado en el Congreso–, es uno de los funcionarios que más tiempo pasa explicando en el Congreso, ante cámaras empresarias y en foros internacionales la agenda de desregulación libertaria. En esta conversación telefónica realizada el miércoles pasado, responde a preguntas sobre la anunciada reforma del Banco Central, las críticas a la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la relación con Estados Unidos, el inédito y polémico proyecto de Sociedades Automatizadas y DAO, los intereses del tecnomagnate Peter Thiel y el cruce de Milei con el filósofo e historiador Yuval Noah Harari por la inteligencia artificial.

–Empecemos por lo más reciente, la reforma del Banco Central. ¿Cuáles son las claves que está pensando el Gobierno?

–Es un proyecto en elaboración. Claramente dos problemas han sido estructurales en la economía argentina, de los que Milei viene hablando desde la campaña: uno es el déficit fiscal recurrente –en 60 años tuvimos 57 años de déficit fiscal–, y otro es que ese déficit es financiado con asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro. Esa es la cadena de eventos que nos ha llevado históricamente a la inflación. De ahí hay que deducir dos cosas: que el Estado no puede tener déficit, y que el Banco Central no puede asistir al Tesoro para financiarlo. Lo primero tiene que ver con el presupuesto y su mecanismo de sanción; lo segundo, con la carta orgánica del BCRA. Por un lado está la regla fiscal: si el Estado tiene déficit, no puede gastarlo, básicamente no puede haber un Estado que funcione con déficit. Por otro, el rol del BCRA: no puede tener veinte objetivos de política monetaria, porque al final no cumple ninguno bien. Su rol tiene que ser defender la estabilidad monetaria, sin ocuparse del empleo o del crecimiento, y sin asistir al Tesoro para financiar déficit.

–¿Es una idea nueva o algo que ya estaba conversado?

–El esquema conceptual lo tiene el Presidente hace mucho tiempo. Lo relevante de ahora es que hay una decisión de institucionalizar ese concepto en reglas: una regla fiscal sobre el presupuesto y una regla de autonomía para el Banco Central.

–¿Hay algún modelo a seguir? En Perú acaba de cambiar de gobierno y se definió mantener al histórico presidente del banco central.

–Perú es un caso excepcional, porque pese a haber tenido mucha inestabilidad política siempre preservó la independencia del Banco Central, y encima en la figura de la misma persona. Nosotros, desde la recuperación de la democracia, tuvimos 24 presidentes de Banco Central. Eso es precisamente el indicador de que no hubo independencia. Los bancos centrales del mundo tienden a ser autónomos e independientes respecto del poder político. Lo nuestro es más bien la anomalía.

–¿Manejan también la idea de un mecanismo de shutdown, como en EE.UU.?

–Allá el shutdown se produce cuando no hay acuerdo político entre el presidente y el Congreso. El foco acá está puesto en evitar a toda costa el déficit fiscal, por el efecto pernicioso que tuvo en términos de afectar la estabilidad monetaria.

–Un proyecto que sí está encaminado es el de propiedad privada, agendado para la próxima sesión en el Senado. ¿Tienen los votos aportados por los gobernadores?

–Tenemos mucha expectativa y confianza en que se va a aprobar, al igual que la Ley Hojarasca. En propiedad privada se llegó a un acuerdo, y ese acuerdo es mayoritario, tiene los votos para ser respaldado. Hubo dificultades en sesiones anteriores por la controversia en torno a los pliegos judiciales y por la interpelación a Adorni, que hicieron que no se llegara a tratar en el orden del día.

–¿La salida de Manuel Adorni destrabó cierta parálisis parlamentaria?

–Había un foco puesto en el tema de la interpelación. Cuando hay concentración en ese tipo de pedidos que captan la atención pública, eso termina tomando precedencia sobre tratar otros temas, pero no es que los otros no se pudieran tratar: las dos cámaras siguieron sesionando.

–Una de las críticas más resonantes al proyecto de propiedad privada vino de la Iglesia, que llegó a decir que implica una pérdida de soberanía. ¿Cómo toman dichos cuestionamientos?

–Lo de la Iglesia es una gran contradicción. Leí el comunicado de Cáritas y de la Pastoral Social, y creo que hacen del cristianismo, que es una idea universal y humanista, una ideología nacionalista. El comunicado dice, en un párrafo, que el cristianismo es universal, que es para todos los seres humanos por el hecho de ser humanos. Y a renglón seguido dice que la tierra es solo para los argentinos y no la pueden tener los extranjeros. No tiene consecuencia lógica: es como decir que algo es patrimonio de toda la humanidad y después decir que no querés que ningún extranjero lo compre. Es una pena, porque el cristianismo desde sus orígenes es humanista y universal, y acá la Iglesia como institución lo convirtió en una idea nacionalista con esto de la soberanía.

–Pero aceptaron cambios, como el que afectaba al registro de barrios populares.

–Nosotros habíamos puesto una derogación del régimen de expropiación del Renabap; no de la regularización ni de la urbanización, que son obras y convenios que siguen vigentes y se financian. El mecanismo de regularización, por el que las familias que ocupan esos terrenos podían obtener un título de propiedad, nunca funcionó, porque le exigía al Estado expropiar 6.600 barrios populares, y el Estado nunca tuvo la plata para hacerlo. Como la ley prohibía el desalojo, la conclusión fue que no se expropió nada y nunca se regularizó la tierra: sobre esos 6.600 barrios no hay una sola expropiación; los únicos juicios que hay son de expropiación inversa, iniciados por los propios dueños de los terrenos. Nosotros derogamos ese mecanismo que fracasó y ellos se oponen creyendo que con eso protegen a alguien. Ahí, para mí, está la hipocresía.

–¿Qué responden a las críticas sobre la compra de tierras por parte de extranjeros?

–La Constitución, en su artículo 20, establece que los derechos de los extranjeros son iguales a los de los nacionales, y que tienen derecho a comprar bienes raíces, enajenarlos, trabajarlos. Una posición que busque que los extranjeros tengan menos derechos civiles que los nacionales me parece cualquier cosa menos cristiana. Además, cuando le prohibís comprar a siete mil millones de personas y solo se lo permitís, en teoría, a 47 millones, le bajás el valor a nuestra propia tierra, porque hay gente dispuesta a comprar que no puede hacerlo, y terminás impidiendo inversiones importantes. ¿Quién quiere invertir si no puede ser dueño de la tierra? Hubo discusión pero se llegó a un acuerdo. El acuerdo final establece que las personas humanas o jurídicas extranjeras puedan comprar tierras, que haya un régimen de autorización en las zonas de frontera, y que haya régimen de autorización para los Estados extranjeros y también para las empresas con participación de Estados extranjeros.

–¿Antes de liberar la compra de tierras al mercado no convendría darle más posibilidades de acceder a la tierra a las familias más humildes?

–Me parece que ahí se confunde todo: la cuestión habitacional con lo que es una inversión productiva. Nuestro país se fundó y creció con la idea del inmigrante viniendo a labrar la tierra.

–¿Pero no se puede incentivar, con esa misma lógica, que la gente concentrada en el conurbano bonaerense se traslade a otras zonas del país a trabajar la tierra?

–Hay minería en San Juan y Mendoza, hay hidrocarburos en Neuquén, y pueden ir millones de personas a trasladarse ahí y conseguir trabajo. No veo cómo eso compite con que los extranjeros puedan venir a invertir también. Estamos hablando de un país que siempre fue despoblado. La concentración en el AMBA viene de una política industrial de sustitución de importaciones que generó industrias cerca de los centros de consumo. Cuando dejás que se importe lo que conviene traer de afuera y aprovechás nuestras capacidades para exportar más –minerales, energía, producción agropecuaria–, eso genera un desarrollo más equilibrado en todo el país, sin necesidad de subsidios.

No hay que confundir la cuestión habitacional con lo que es una inversión productiva. Nuestro país se fundó y creció con la idea del inmigrante viniendo a labrar la tierra.

–Sobre Hojarasca, el caballito de batalla son las leyes obsoletas, como el carné de mochilero. Pero también hay críticas sobre puntos como la derogación de que los medicamentos son de interés público, el INTI, patrimonio cultural, actividad teatral… ¿Son válidas esas críticas?

–Hojarasca no tiene, en principio, ningún desacuerdo. Sobre lo otro, algunos critican sin leer la ley. Por ejemplo, sobre la producción de medicamentos de interés público, la ley no dice nada, es la nada misma. Si declarás algo de interés público pero no le das recursos, no le marcás un trámite distinto, no le establecés ningún incentivo. Esa declaración es nada. Es muy típico de lo que hacía el peronismo: “vengan todos, desplieguen banderas”. Está lleno de leyes de cáscara vacía que solo generan inflación legislativa. Hojarasca es un primer paso de una necesidad de ordenamiento profundo del sistema normativo: no podemos tener un millón de normas.

–¿Puede haber más de una Hojarasca?

–La idea es ordenar el Digesto. Nosotros unas 40.000 leyes y decretos-ley. De esas están vigentes 2.800. La idea es que esté claro para el ciudadano, para la administración y hasta para los jueces cuáles son las normas realmente vigentes. Eso hay que hacerlo.

–¿Por qué se demoró el acuerdo de patentes PCT con EE.UU.?

–La agenda de propiedad intelectual está avanzando. Derogamos la resolución conjunta de guías de patentabilidad farmacéutica y la de guías de patentabilidad en biotecnología. También establecimos un nuevo procedimiento de control sobre el uso de la semilla fiscalizada. Para avanzar con los tratados, que exigen acción del Congreso, estamos esperando que se aclare la situación arancelaria con Estados Unidos. Lo que acordamos fue un arancel general recíproco del 10% para la Argentina, el más bajo entre todos los países del mundo. La idea es que sobre el final de este mes o comienzos de agosto ya esté todo publicado de manera definitiva, y que a partir de agosto rija ese esquema.

–¿Cuánto influye la relación entre Milei y Trump en haber conseguido ese 10%?

–Decisiva. Esa amistad y cercanía a nivel presidencial hizo la diferencia: a Brasil se le impuso en su momento 50% de arancel, ahora 37 y medio. La figura de Milei a nivel internacional es extraordinaria en cómo captó la atención y difundió su modelo, y eso generó tracción en Estados Unidos.

–Usted viaja seguido a EE.UU. ¿Ellos nos ven como socios o como un lugar para hacer sus negocios?

–Nos ven como socios. No es que Argentina tenga el tamaño o el mercado que les cambie tanto a ellos; no es venir acá por un interés de negocios. Tienen un aliado estratégico en el hemisferio con el que comparten valores y cierta visión, y eso es lo que los inclina a ayudarnos.

–¿El Gobierno puede estar atado a la suerte política de Trump?

–No lo creo. Hay un alineamiento político e ideológico muy fuerte entre Trump y Milei, pero noto que los cambios que estamos haciendo en Argentina concitan atención y aprobación tanto entre los republicanos como en los demócratas; o sea, en todo ese establishment.

Va a haber una sociedad que opera un algoritmo, un robot o una inteligencia artificial, que tiene un patrimonio, y si tenés un problema podés ir contra la empresa.

–Otro proyecto parlamentario en agenda es la reforma de la Ley de Sociedad, con novedades como las Sociedades Automatizadas y la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO). ¿Cuál es el resguardo para un consumidor si tiene un reclamo y no hay un ser humano del otro lado?

–Las DAO ya existen: lo que se está dando es regulación para una sociedad dominada por la tokenización, que es la característica que ya tienen esas formas descentralizadas. Es una regulación para que tengan una forma jurídica y haya responsables. La Sociedad Automatizada sí es un tipo nuevo: aquella que para sus operaciones diarias no requiere personas en relación de dependencia, porque la tarea la hace el algoritmo, el robot o la inteligencia artificial. Pero, igual que cualquier sociedad, va a ser responsable por sus acciones con su patrimonio. Lo nuevo es la figura; lo de la responsabilidad no es nada nuevo, es la responsabilidad limitada que tienen todas las sociedades. Doy un ejemplo: si usás Windows y tenés un problema, no le vas a golpear la puerta de la casa a Bill Gates; vas y le reclamás a Microsoft como consumidor, y Microsoft responde con su patrimonio. Nunca responde Bill Gates con el suyo. Acá es lo mismo: va a haber una sociedad que opera un algoritmo, un robot o una inteligencia artificial, que tiene un patrimonio, y si tenés un problema podés ir contra la empresa.

–¿Ese robot puede contratar personas humanas para hacer los trabajos?

–No, porque la característica de la sociedad automatizada es que para su operación ordinaria no requiera empleados en relación de dependencia.

–Entonces, ¿no generaría puestos de trabajo nuevos?

–Para las personas no, porque lo que define a la sociedad es que haga su tarea el algoritmo. Es, por ejemplo, un algoritmo que hace trading automáticamente: la operación la hace el algoritmo, no las personas. Lo que sí te puede generar es tributación –si esa sociedad se constituye acá y paga impuestos– y más actividad económica. Si contrato el algoritmo para hacer trading e invierte bien, yo voy a ganar plata a partir de eso. Si contrato un robot para limpiar mi casa, gano en productividad, porque el tiempo que me llevaba limpiar ahora lo hace el robot y yo puedo dedicarlo a otra tarea.

–¿Cómo les cayó la crítica de Harari a la idea de darle personería jurídica a una empresa de IA?

–Yo estuve en la cena en Davos cuando él planteó el tema por primera vez. Lo admiro muchísimo, sus libros me parecen súper interesantes, los leí todos. Pero me parece que desarrolla un carácter muy pesimista sobre la inteligencia artificial; es como un tecnoescéptico, dice que es terrible lo que nos va a pasar con la IA. Yo no digo que no haya riesgos, pero me parece que los beneficios y el potencial son muchísimo mayores, y buscar detenerlos es una torpeza, además de que es un tanto inevitable.

–¿Les sorprendió que escribiera algo puntual sobre Milei?

–A él le sorprendió que algo que pensó que iba a pasar en años ya lo vio en un país en cuatro meses. Reconoce la osadía de Milei en plantear nuevas ideas. Lo desconcertó que en este tema, en el que él estaba en desacuerdo, avanzáramos. Siento que, con toda su lucidez y brillantez, su parecer está muy condicionado por un tecnoescepticismo.

Siento que (Harari), con toda su lucidez y brillantez, su parecer está muy condicionado por un tecnoescepticismo

–Milei le respondió públicamente pero por escrito y luego de varios días. ¿Ustedes le aportaron material para su respuesta?

–El Presidente tiene clarísimo que hay un auge de la inteligencia artificial a nivel global, y que gran parte del desarrollo económico hacia el futuro está en el desarrollo de la IA, que no es solo software y modelos, sino también data centers, infraestructura, hardware. Si él puede crear las condiciones para que una parte importante de ese desarrollo ocurra en la Argentina, o para que la Argentina sea parte de eso, lo va a hacer. Esa es la idea y el concepto más claro que tiene al respecto.

–Sociedad Automatizada, Súper RIGI, propiedad privada: ¿son leyes hechas a la medida de magnates como Peter Thiel?

–No, están hechas para abrir oportunidades, que vengan inversiones en todos estos campos, de quien sea. No es exclusivo para la IA tampoco, pero sin duda es uno de los campos donde más puede florecer la inversión hacia adelante. No hace falta verlo solo en la Argentina: fijate mundialmente hacia dónde está rotando el capital en los mercados, y vas a ver que la IA está absorbiendo enormes flujos de capital por encima de otros sectores de la economía. Sería estúpido generar condiciones para, por ejemplo, la inversión automotriz, y no para la IA, que está generando una atracción de capital muchísimo mayor.

–¿Usted no ve un futuro distópico con la IA?

–No. Veo el incremento en productividad que está ocurriendo a partir de esto, es extraordinario, lo tenemos que aprovechar y potenciar. Lo veo en nuestro propio trabajo con los modelos de inteligencia artificial, cómo nos ayudan hasta para hacer la desregulación. ¿Cómo vamos a desaprovechar eso? En realidad lo que me preocupa no es el futuro distópico, sino que nos quedemos fuera del tren, como tantas otras veces.

–¿Entonces no son proyectos pensados a medida de magnates del tipo Peter Thiel y el ecosistema de Silicon Valley?

–Lo de la compra de tierras viene desde Alberdi, desde 1850: por suerte tuvimos ideólogos absolutamente visionarios que ya la tenían clarísima sobre cómo tenía que ser la Argentina. Esto es cumplir con ese mandato constitucional. Y lo de la sociedad automatizada tiene que ver con cómo vimos otros desarrollos tecnológicos antes: lo que pasó con las compañías de las Indias Orientales a comienzos del 1600, cuando había grandes inversiones que se podían hacer en las colonias y no se hacían por el riesgo. Cuando se avivaron e hicieron el marco jurídico para que pusieran la plata, terminaron siendo potencia mundial. En cada salto tecnológico, el país que se avivó y tuvo las instituciones para que ese salto se desarrollara fue el que más rápido creció. El planteo es ver si, alguna vez, nos avivamos nosotros, en vez de estar siempre corriendo de atrás, y podemos ser los pioneros en un tema. Es obvio que después me pueden decir “¿estás seguro de que te va a salir?”, y capaz que no, pero al menos estamos probando. Lo peor es mirar siempre pasar cómo los otros países hacen las cosas.

MC

José Luis Espert declarará este martes 7 de julio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero por su vínculo con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos que admitió ese mismo delito pero recibió un perdón en la acusación por narcotráfico. Fuentes de la fiscalía a cargo de Fernando Domínguez confirmaron a elDiarioAR que la indagatoria se realizará este martes, tal como había quedado pautada después de que hace siete días la defensa del exdiputado libertario consiguiera correrla una semana, cuando originalmente debía presentarse.

El caso investiga una transferencia de US$200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley en Estados Unidos, no declarada ante el fisco argentino. El dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., a través de una cuenta del Bank of America, y el registro de esa transacción —incorporado como prueba en el juicio que en Estados Unidos condenó a la exsocia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, a 16 años de prisión— identifica al destinatario como “José Luis Espert N28FM”.

Según el dictamen fiscal, Wright Brothers formaba parte de una organización criminal transnacional liderada por el empresario aeronáutico Fred Machado, extraditado a Estados Unidos y procesado por posesión y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. Fue precisamente la revelación de esa transferencia, publicada por Sebastián Lacunza en elDiarioAR, la que eyectó a Espert como primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires.

Para justificar el origen del dinero, Espert había presentado un contrato firmado en junio de 2019 en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo SA, representada por el propio Machado, por el que se comprometía a asesorar a la firma a cambio de un millón de dólares en cuotas. El dictamen fiscal desarma ese argumento: Espert nunca viajó a Guatemala, las minas no estaban operativas y no registraba antecedentes en el sector minero.

La fiscalía también reconstruyó qué hizo Espert con esos fondos: transferencias parciales a una cuenta del BBVA en Argentina que sirvieron para comprar un auto BMW en 2020, y retiros en efectivo. El contador Mariano Cosentino —también citado a indagatoria— llevaba un registro paralelo de esos movimientos en un archivo hallado en su computadora, y participó según la fiscalía de reuniones en las que se evaluó “mostrar todo” el ingreso ante la AFIP o directamente “no mostrar nada”. Se optó por la segunda vía: las declaraciones juradas de 2021 omitieron tanto la cuenta en Estados Unidos como su saldo.

El fiscal Domínguez encuadró la conducta en los artículos 45 y 303 inciso 1° del Código Penal, que prevén penas de entre tres y diez años de prisión por lavado de activos. La indagatoria de mañana será la primera oportunidad en que Espert deberá responder directamente ante el juez por una acusación que ya le costó su lugar en la boleta libertaria y que ahora avanza a paso firme sobre su situación judicial.

MC

“Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”. Clara Muzzio tiene el versículo 1:28 del Génesis como encabezado en sus cuentas personales en X y LinkedIn. La vicejefa de Jorge Macri, que dijo esta semana que la Educación Sexual Integral (ESI) “es una trampa mortal” y calificó al aborto como “la cultura de la muerte”, es una ferviente católica.

Muzzio generó una tirria interna en el gobierno porteño en los últimos días. El jefe de Gabinete de Macri, Gabriel Sánchez Zinny, en plena presentación de informe de gestión en la Legislatura no pudo esquivar las cuestionables declaraciones de la vicejefa: la oposición insistió en cada pregunta para que el funcionario diera un posicionamiento oficial al respecto. “La Ciudad sostiene una posición concreta: cumplir con la normativa vigente, garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, respetar las creencias, la ciencia, el valor de la familia”, dijo Zinny. Y completó: “Ahora bien, ello no impide, como muchos legisladores manifestaron, la disposición de revisar y fortalecer las políticas implementadas”. Buscó una salida intermedia. Detrás suyo, sentada en el estrado principal, estaba Muzzio con cara seria.

La hermana del santo

Muzzio es la cuarta hija de Carlos Muzzio y Carola María Diehl Schindler, que luego de ella tuvieron dos hijos más. Nació en 1981, cuando entonces la familia ya vivía en Bella Vista, San Miguel, luego de un paso por San Isidro. Se recibió de abogada en la UBA (2006) y completó un máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (2011). En 2010 se casó con Marcelo José Naveira, de quien se divorció en 2015 después de tener dos hijos.

A su segundo marido lo conoció tras las PASO de 2019: se trata de Jorge Aguado, un ingeniero que fue secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva durante el gobierno de Cambiemos. Su padre fue vicepresidente de Socma –la empresa de Macri– y titular del Correo Argentino. La pareja tiene un hijo que nació con síndrome de Down, lo que llevó a Muzzio a presentarlo en público el 3 de diciembre de 2022, por motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “Hay que mirar más allá de los ojos achinados”, dijo en aquella oportunidad.

Aquel diciembre Muzzio era ministra de Horacio Rodríguez Larreta. Fue su cargo anterior al actual de vicejefa de Gobierno porteño. Su trayectoria revela que se hizo en el mundo estatal desde abajo. Fue asesora legal en la Legislatura porteña entre 2008 y 2010, y luego saltó al Poder Ejecutivo local cuando Mauricio Macri terminaba su primer mandato. En nueve años pasó de custodiar cómo debían usar los espacios públicos los kioscos de diarios, los bares y restaurantes (su primer cargo fue directora operativa de Permisos de Publicidad y de Usos en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público) a ministra.

Fue la vidriera en la cartera urbanística la que le permitió llegar a ser la compañera de fórmula de Macri primo en las elecciones 2023. “Empezó como pasante y fue creciendo gracias a su esfuerzo y compromiso. Fue directora, subsecretaria y, desde 2019 de la mano de Horacio, ministra. Representa lo mejor de los valores del PRO en la Ciudad”, la elogió entonces el actual jefe de Gobierno. Fue la elegida entre otras mujeres que el oficialismo amarillo había pensado para ubicar al lado de Macri: Soledad Acuña, entonces ministra de Educación; Carmen Polledo, secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales, y Gladys González, senadora nacional del PRO larretista.

En la foto de presentación Muzzio se mostró con una sonrisa y un saco verde, un color que le habrá costado usar por su conocido posicionamiento como “pañuelo celeste”. El vínculo de Muzzio con la Iglesia viene de familia. Su hermano Guillermo fue seminarista de la Diócesis de San Miguel y murió en 2002, a los 30 años, tras un diagnóstico de una enfermedad terminal y un trasplante de médula. El legado que dejó en el ambiente religioso llevó a la diócesis a comenzar en 2016 “a hablar de la posibilidad de comenzar el proceso de beatificación y canonización”, según una web oficial sobre la trayectoria del seminarista.

La propia Muzzio le pidió al papa León XIV que impulse la canonización de su hermano. En mayo pasado visitó El Vaticano, oportunidad en la que aprovechó para posicionarse internacionalmente en contra del aborto: “Quiero agradecer al Santo Padre que me recibiera en la audiencia en el Vaticano y que haya escuchado con atención la historia de mi hermano Guillermo y los avances de su causa de santidad. También agradezco haber podido hablar sobre el aborto en nuestro país y en el mundo, incluyendo el exterminio de niños con síndrome de Down antes de nacer. Esta es una lucha que quienes defendemos la dignidad y el valor de cada vida humana no podemos abandonar”, tuiteó el 26 de mayo. Desde la sanción de la Ley N° 27.610 –hace cinco años– en los centros de salud y hospitales públicos de la Ciudad existen equipos de salud sexual que brindan información y asesoramiento sobre interrupción del embarazo y garantizan su realización.

Conservadurismo desbocado

El posicionamiento ultraconservador de Muzzio ya le generó más que un dolor de cabeza a Jorge Macri, quien en más de una oportunidad tuvo que llamar a personas ofendidas por sus dichos para aclararle que el posicionamiento de la vicejefa “no expresan la opinión del gobierno”. elDiarioAR intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con la vocería de Muzzio pero las consultas no fueron respondidas al cierre de esta nota.

Esa cosmovisión personal, sin embargo, convivió durante años con una gestión pública de signo aparentemente distinto. Al frente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, Muzzio firmó disposiciones que visibilizaron la agenda de diversidad sexual en la Ciudad. El 15 de julio de 2020 ordenó iluminar los principales monumentos porteños para conmemorar los diez años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Menos de un año después, el 18 de mayo de 2021, intervino tras el vandalismo sufrido por la bandera del colectivo LGBT que flameaba en el mástil del Obelisco –retirada por un grupo de derecha– y dispuso su reposición. El 20 de agosto de ese mismo año volvió a ordenar el encendido especial de los monumentos porteños, esta vez por el aniversario 25 de la muerte de Carlos Jáuregui, referente histórico del activismo LGBT en la Argentina, coincidente con el Día del Activismo por la Diversidad Sexual.

La coordinación con la agenda de diversidad no se limitó a los monumentos. Desde su ministerio se articuló con la Dirección General de Tránsito porteña la incorporación de los colores de la bandera del orgullo y la leyenda “Orgullo BA” en la cartelería vial de la Ciudad en distintas fechas conmemorativas. También dispuso la iluminación en rojo de los monumentos porteños por el Día Internacional de Lucha contra el VIH/Sida, una práctica que se sostuvo mientras estuvo al frente de la cartera. “Clarita, la que no es nada clara, ¿o sí?”, opinó a partir de sus dichos de esta semana un dirigente que la conoce en persona.

Muzzio parece haber destapado su verdadera personalidad al calor de la batalla cultural mileísta. El cambio se refleja en sus publicaciones en redes: en agosto de 2024 cuestionó el “día de las infancias” por considerarlo “una manipulación política del lenguaje” del kirchnerismo en 2020. En enero de 2025 publicó en sus redes una frase de Donald Trump que reforzaba el binomio sexo-género. En julio de 2025 difundió como “cuidado desde el momento en que comienza la vida humana” un protocolo que aplica la Ciudad a embarazadas durante los primeros mil días de vida. En mayo pasado se reunió con Eugenia Roccella, ministra de Familia y Natalidad del gobierno de Giorgia Meloni, y coincidió con ella en que la baja natalidad se debe a la llamada “ideología de género”.

La presión sobre Muzzio escaló de la Legislatura al Congreso. El diputado socialista Esteban Paulón, referente de la comunidad LGBT+, le envió una carta documento intimándola a retractarse públicamente de sus dichos sobre la ESI y el aborto. Y su colega Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) recordó datos oficiales que contradicen a la vicejefa. Por ejemplo: el Ministerio Público Tutelar porteño, que depende de la Justicia documentó que entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de 12 a 14 años atendidos en su Sala de Entrevistas Especializada pudieron reconocer y relatar situaciones de abuso gracias a lo aprendido en clases de ESI.

Lejos de bajar el tono, Muzzio redobló la apuesta con un extenso posteo en X en el que defendió un “enfoque biológico” de la educación sexual y citó el aumento de casos de sífilis entre jóvenes como prueba de que la ESI “no es una vacuna” contra las infecciones de transmisión sexual. Ese repunte de sífilis, en cambio, coincide con el desfinanciamiento del propio programa: el presupuesto para ESI en 2026 es de apenas $30 millones –el 2% de lo ejecutado en 2023–, los docentes capacitados cayeron de 65.000 a 900 entre 2023 y 2024, y la distribución estatal de preservativos se derrumbó 64% en el mismo lapso.

La discusión tiene, además, un dato que la despoja de grieta: el Plan ENIA nació en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. La propia funcionaria del Ministerio Público Tutelar que relevó el impacto de la ESI en la detección de abuso había coordinado ese mismo programa en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, también del PRO. Ese antecedente vuelve más incómoda la pregunta que el gobierno porteño todavía no respondió: si Muzzio expresa una convicción personal que puede sostener en soledad, o si su embestida contra la ESI empieza a correr el límite de lo que el oficialismo porteño está dispuesto a discutir como política de Estado.

MC

Diego Santilli asumió este martes como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, convirtiéndose en el hombre que reemplaza a Manuel Adorni, cuya salida fue precipitada por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Es el cuarto jefe de Gabinete de la administración libertaria, luego de Nicolás Posse, Guillermo Francos y el propio Adorni.

elDiarioAR revisó las 16 declaraciones juradas que Santilli presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) entre 2012 y 2025, cuando ocupó cargos porteños y nacionales: antes de asumir como ministro de Milei fue diputado, senador y vicejefe de Horacio Rodríguez Larreta, aunque su trayectoria en el Estado arrancó en 1993. Lo que muestran los documentos oficiales es un patrimonio concentrado principalmente en pocos inmuebles —hoy solo tiene un departamento sobre avenida Figueroa Alcorta que compró vía hipoteca en 2015— y un vehículo, además de participación en una sociedad familiar a la que renunció a principios de este año.

Lo que dicen los papeles en dólares: activos, pasivos y patrimonio neto

El patrimonio del “Colo” creció en pesos nominales de 2012 a 2025 pero el crecimiento se diluye se diluye dada la inflación acumulada del período. Para entender la evolución real, este medio analizó los activos totales, las deudas declaradas y el patrimonio neto resultante convertido al tipo de cambio oficial de cada época.

En dólares al tipo oficial, el patrimonio neto casi se triplicó: pasó de US$288.000 en 2012 a US$857.000 en 2025. Ese salto se explica sobre todo por el recambio patrimonial de 2015-2016 —vendió tres propiedades más chicas para comprar el departamento de Figueroa Alcorta, financiado con una hipoteca de un contratista del Estado— y, en los últimos años, por la fuerte revalorización nominal de su participación en Sanfor Investments.

El único pasivo relevante en toda la serie es una deuda en 2015, que fue la hipoteca que tomó para adquirir ese inmueble, cancelada al año siguiente, según confirmaron desde el entorno del ahora ministro ante la consulta de elDiarioAR. Desde 2020, las únicas deudas son una cuenta en el Banco Ciudad que no supera el millón de pesos en ningún año, y en 2025 el crédito prendario de un auto nuevo.

Hasta 2014 Santilli declara tres propiedades: un departamento en calle Cerviño (172 m², al 100%), el 30% de un inmueble en el country de Pilar La Lomada y el 20% de un departamento en la calle Posadas, más ahorros en pesos y dólares. En 2014 suma su primer auto: un VW Vento 2006.

En 2015, año en que asumió como vicejefe de Gobierno, compró el departamento de 364 m² ubicado en la avenida Figueroa Alcorta, que versiones periodísticas lo atribuyen ubicado frente al museo MALBA. El valor declarado fue de $7.857.750 pesos, equivalente a unos US$800.000 al tipo de cambio oficial de ese momento. La adquisición se realizó, según la DDJJ del GCBA y el documento de bienes provisto por su entorno, bajo escritura pública con todos los impuestos y retenciones correspondientes, COTI e informado en AFIP. Ese mismo año adquiere el 50% de Sanfor Investments S.A., una sociedad que comparte con sus hermanos dedicada a la actividad financiera e inmobiliaria.

Para financiar el inmueble de Figueroa Alcorta Santilli vendió en 2015 el departamento de Posadas y tomó una hipoteca. El prestamista fue Marcos Podestá, un empresario con contratos en el Estado, tanto porteño como a nacional. Según reconstruyó elDiarioAR, cuando Santilli se separó de Nancy Pazos la pareja ya disuelta puso a la venta los tres inmuebles que tenían en conjunto; en 2015 lograron vender sólo Posadas, y como no alcanzaba para cubrir el precio de Figueroa Alcorta, Santilli tomó la hipoteca.

Recién al año siguiente se vendieron Cerviño y La Lomada y con eso se canceló la hipoteca por unos US$500.000 más intereses. Podestá se garantizó el cobró del saldo del precio de venta con una hipoteca en primer grado con intereses a su nombre, “no fue un prestamista ya que nunca se celebró un contrato de mutuo, ni prestó tampoco dinero alguno”, recogió elDiarioAR de fuentes consultadas que conocen sobre la operación.

En las DDJJ de 2016 efectivamente desaparecen la deuda y las otras dos propiedades. Podestá era entonces concuñado de Bruno Screnci, de confianza de Santilli, y quien le habría acercado la posibilidad de hacer la compra del inmueble vía hipoteca. Este medio supo que hace al menos tres años que Santilli no tiene relacióon con Screnci, actual ministro de Gobierno de Jorge Macri.

Según el sitio El Disenso, Podestá dirige un conglomerado de empresas proveedoras del Estado –Droguería Varadero S.A., Río Varadero S.A. y Treater Neuquén S.A., entre otras– cuyos contratos con el Gobierno de la Ciudad habrían crecido exponencialmente a partir de diciembre de 2015, precisamente cuando Santilli asumió como vicejefe porteño.

Entre 2016 y 2019, vendidas las tres propiedades anteriores, el patrimonio de Santilli queda concentrado en Figueroa Alcorta, la participación en Sanfor y algo de efectivo, pero sin compras significativas. Ya en los siguientes años solo adquirió un VW Vento 2017 (valuado en $1.322.500 pesos).

En sus últimas DDJJ de 2025 que corresponden a sus cargos como diputado nacional y su desembarco como ministro del Interior aparece la compra un VW Vento GLI 2025 por $45.000.000 de pesos (unos US$40.000 al tipo oficial) como única incorporación de activos. También declaró 15.275 dólares en efectivo.

Según adelantaron a elDiarioAR fuentes confiables, Santilli tiene “ya lista” la DDJJ de este año, aunque el plazo para presentarla es el 31 de julio próximo.

Sanfor Investments: la empresa a la que ya renunció

El otro activo declarado de forma recurrente es su 50% en Sanfor Investments S.A., fundada en 2015 y dedicada al rubro inmobiliario y de la construcción. La participación aparece valuada en $500.000 pesos en la DDJJ de 2015 y llega a $149.891.885 en la declaración de noviembre de 2025. En febrero de 2026, el Boletín Oficial publicó un aviso que da cuenta de la salida de la empresa. Fue una decisión tomada a partir del desembarco en el Ejecutivo nacional, argumentaron a su lado.

Si bien Santilli renunció al directorio, sigue siendo accionista y recibe los dividendos correspondientes. “Dejó de tener responsabilidades pero participa de los ingresos como accionista”, aclararon en su entorno.

El 31 de diciembre de 2025, ante versiones que vinculaban a Sanfor con estructuras offshore y con los Pandora Papers, Santilli salió a aclarar en X que la sociedad “es mi empresa y más que off es ON SHORE (Empresa Argentina)”.

Santilli entró al Estado en 1993 como director de Planeamiento Estratégico en la Municipalidad de Buenos Aires y no salió más. Trabajó bajo Carlos Menem en el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Migraciones. Presidió el Banco Ciudad durante la crisis de 2001. Se sumó al proyecto de Mauricio Macri en 2003, fue legislador porteño seis años, ministro de Ambiente de la Ciudad entre 2009 y 2013, senador nacional por CABA entre 2013 y 2015 y vicejefe de Gobierno de la Ciudad durante los dos mandatos consecutivos de Larreta (2015-2021), período en el que también asumió la cartera de Seguridad tras los incidentes en la cancha de River en 2018.

En 2021 se convirtió en diputado nacional por la provincia de Buenos Aires —ganándole las PASO a Facundo Manes—, en 2025 se puso al hombro la campaña de La Libertad Avanza tras la caída en desgracia de José Luis Espert pero su candidatura fue testimonial: en noviembre asumió como ministro del Interior.

En 2023, cuando Santilli competía en las PASO de Juntos por el Cambio para la gobernación bonaerense, Milei lo atacó en televisión con estas palabras: “No tengo la culpa si Juntos por el Cargo tiene un pésimo candidato, horrible, como el caso de Santilli, que es un engendro. Estaba en Capital, lo pasaron a provincia. Se mueve por los negocios.” Tres años después, el “Colo” es el cuarto jefe de Gabinete del mileísmo, ungido con la bendición de Karina Milei y Santiago Caputo.

MC

José Luis Espert tenía que enfrentar este martes por primera vez la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero por su relación con Federico “Fred” Machado, el empresario argentino detenido en Estados Unidos y que ya confesó haber cometido ese delito para recibir una pena menor. Pero el exdiputado libertario logró patear una semana la indagatoria luego de que su abogada le pidiera más tiempo al juez federal Lino Mirabelli, en San Isidro. La indagatoria ahora será el 7 de julio próximo.

El fiscal Fernando Domínguez reconstruyó con detalle una operatoria que, según la acusación, siguió el esquema clásico del blanqueo de capitales en tres etapas: colocación, estratificación e integración. Por eso también citó a indagatoria al contador Mariano Alejandro Cosentino de la empresa Varianza SA, de la que Espert aparece como presidente.

El punto de partida, según la fiscalía, es una transferencia de US$200.000 que Espert recibió el 22 de enero de 2020 en una cuenta del banco Morgan Stanley radicada en Estados Unidos que no estaba declarada ante el fisco argentino. El dinero provino de la firma WRIGHT BROTHERS AIRCRAFT TITLE INC., a través de una cuenta del Bank of America. El registro de la transacción, incorporado como prueba en el juicio seguido en Estados Unidos contra la coimputada Debra Lynn Mercer-Erwin —condenada a 16 años de prisión—, identifica al destinatario como “JOSE LUIS ESPERT N28FM”.

Esa fue la revelación de Sebastián Lacunza en elDiarioAR que eyectó a Espert como candidato a primer diputado de LLA en la provincia de Buenos Aires.

Wright Brothers no era una empresa común. Según el dictamen fiscal, formaba parte de una organización criminal transnacional (OCT) liderada por el empresario aeronáutico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos y procesado por la justicia federal del Distrito Este de Texas por cinco cargos: posesión y distribución de más de cinco kilogramos de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico. La OCT operaba adquiriendo aeronaves de manera ilegal para facilitar el contrabando de drogas y canalizaba las ganancias a través de entidades comerciales y cuentas financieras en distintos países.

Para intentar justificar el origen del dinero, Espert presentó un contrato firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con la empresa Minas del Pueblo SA, representada por el propio Machado. Según ese documento —secuestrado en el domicilio donde Machado cumplía su detención preventiva y también en los archivos digitales incautados al contador Cosentino—, Espert se obligaba a realizar un análisis de mercado, asesorar en la refinanciación de deuda y confeccionar un plan estratégico de crecimiento de la empresa a tres años, a cambio de un millón de dólares pagaderos en cuotas. El dictamen destruye ese argumento punto por punto: Espert nunca viajó a Guatemala, ni al momento de la firma ni en ningún momento posterior; las minas no estaban operativas; y Espert no registraba antecedente alguno en el sector minero más allá de algunas menciones macroeconómicas generales en sus libros y conferencias.

La secuencia financiera reconstruida por la fiscalía es precisa. Los US$200.000 ingresaron a la cuenta del Morgan Stanley el 22 de enero de 2020. Cuarenta días después, el 4 de marzo, Espert ordenó una transferencia de US$50.000 desde esa cuenta a su cuenta en pesos del BBVA en Argentina. Con ese dinero compró un auto BMW M240i por US$47.800. El 5 de junio de 2020 repitió la operación: otros US$50.000 del Morgan Stanley al BBVA, que luego retiró en efectivo en dos tramos —US$20.000 y US$30.200—.

Ambas operaciones quedaron documentadas en extractos bancarios del BBVA y en archivos de la computadora secuestrada al contador Cosentino, quien los había registrado en una planilla de cálculo denominada “JLE-Revisión impositiva.xlsx” que contenía el estado patrimonial real de Espert, incluyendo la cuenta del exterior y la transferencia de Wright Brothers. Ese archivo fue creado el 1° de mayo de 2021, dos días antes de una reunión entre Cosentino y Espert para decidir qué hacer con el dinero que seguía en la cuenta norteamericana —US$118.271,40 según el extracto del Morgan Stanley a diciembre de 2020—.

La detención de Machado el 16 de abril de 2021 precipitó una serie de reuniones de emergencia entre Espert y su equipo de contadores y abogados. Los chats de WhatsApp secuestrados al contador Fernando Escobar —otro asesor de Espert— revelan el tenor de esas conversaciones. “Uf, que cagada esto. Fijate si conseguís el extracto a ver cómo fue la transferencia. Lei todo y esta todo re vinculado, ya se sabe que la empresa es de ese tipo”, escribió Cosentino el 26 de abril de 2021, horas después de comunicarse con Escobar. En audios del mismo período, el propio Espert le explicaba a Escobar: “Acá sigue siendo el problema es... el ingreso de esos 200 del 2020, no? Que insisto, son ingresos de ese contrato firmado con esa empresa llamada Minas del Pueblo y esa empresa Minas del Pueblo es una empresa de este señor [Machado].”

De los documentos incautados al contador Cosentino surge que en esas reuniones se analizaron cuatro alternativas para tratar los US$200.000 ante el organismo recaudador: “Mostrar todo”, “Prestación de servicio incumplida”, “Liberalidad” y “No mostrar nada”. Las tres primeras fueron descartadas por sus riesgos impositivos y penales. La cuarta —no declarar— fue la elegida, tal como refleja el archivo “Lluvia de ideas.vsd” creado el 7 de mayo de 2021 y el posterior “Resumen situación JLE.ppt”. La decisión se materializó en las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales presentadas el 29 de julio de 2021, que omitieron tanto la cuenta del Morgan Stanley como el saldo de US$118.271,40 que existía en ella.

La maniobra no terminó allí. Según el dictamen, el dinero siguió circulando en los años siguientes. En noviembre de 2024, Espert adquirió un Lexus RX 350 por US$129.999,88. El 18 de febrero de 2025, su esposa adhirió al fideicomiso inmobiliario Costa Dunas por US$55.501 más siete cuotas mensuales. Y el 27 de octubre de 2025, a escasos días de iniciada la presente denuncia, Espert retiró US$80.000 en efectivo de sus cuentas. Tanto el Lexus como el fideicomiso contaron con certificaciones de origen de fondos firmadas por el contador Cosentino, quien —según la fiscalía— incurrió así en participación necesaria del delito de lavado.

La empresa Varianza SA, integrada por Espert y su esposa y constituida el 13 de diciembre de 2019 —semanas antes del depósito de Machado—, aparece en el dictamen como otro instrumento de la maniobra: fue usada para generar asientos contables que ampliasen ficticiamente la base de ingresos de Espert y así justificar el uso de fondos de origen ilícito. Según la contadora Armendrares, en un audio de junio de 2021, Varianza “solo dos meses facturó” en toda su existencia.

El fiscal Domínguez encuadra la conducta en los artículos 45 y 303 inciso 1° del Código Penal —lavado de activos—, que prevé penas de tres a diez años de prisión. Espert no era funcionario público al momento de recibir el depósito, pero el tipo penal se aplica igualmente. La causa tramita bajo el número FSM44311/2025 ante el Juzgado Federal de San Isidro.

Una foto el 8 de marzo en el cementerio de Queens disparó el mayor escándalo del segundo año del gobierno de Javier Milei. Este sábado, 110 días después, Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete. En el medio: una esposa en el avión presidencial, una frase viral, dos jubiladas que le financiaron casi sin intereses un departamento, una casa en un country que nunca declaró, y un pendrive con medio millón de dólares en bitcoins que “perdió y luego encontró”. El patrimonio de Adorni creció más del 2.000% en dos años. La justicia lo puso bajo la lupa y la presión política terminó finalmente con su carrera política.

El detonante: la foto en la tumba del Rebe

En marzo de 2026 Milei viajó a Miami y Nueva York para la “Argentina Week”, una semana de encuentros con empresarios e inversores. En la comitiva que abordó el avión presidencial ARG-01 iba Manuel Adorni, entonces jefe de Gabinete, y a su lado viajaba Bettina Angeletti, su esposa.

El 8 de marzo, la delegación argentina rindió homenaje en la tumba del Rebe de Lubavitch, en Queens. Miguel Steuermann, director de Radio Jai, tomó una foto. En ella aparece Adorni y a su lado, una mujer rubia: era Angeletti. La imagen circuló, fue identificada, y se convirtió en el primer eslabón de una cadena que no paró.

La pregunta era sencilla: ¿quién pagó el vuelo de la esposa de un funcionario que no ejerce ninguna función oficial?

“Vine a deslomarme”

Acorralado por la presión política, Adorni intentó explicarse con Eduardo Feinmann. La frase que eligió para justificar la presencia de Angeletti en el viaje se transformó en tendencia de inmediato:"Vine a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe”.

Las redes sociales y los memes hicieron el resto. Al día siguiente, Adorni se retractó: había sido “una frase desafortunada” y “la palabra no debió ser 'deslomarse'”. El daño ya estaba hecho.

En paralelo trascendió otro viaje incómodo: Adorni había tomado en Carnaval un jet privado a Punta del Este junto a Marcelo Grandio, periodista con vínculos comerciales con el funcionario y con programas en la TV Pública.

Country y jubiladas

Diez días después de la foto, el 19 de marzo, Adorni quedó más acorralado con datos nuevos: en las expensas del lote 380 del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, figuraba el nombre de Bettina Angeletti, pagando cerca de $700.000 por mes. Una casa en un country que vale en promedio US$150.000 y que Adorni no había incluido en ninguna de sus declaraciones juradas.

Mientras ya avanzaba una causa por enriquecimiento ilícito en la fiscalía de Gerardo Pollicita, comenzó a conocerse la trama detrás de la compra del departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito, donde vive Adorni con su familia. Lo había adquirido en noviembre de 2025 por US$230.000.

Lo llamativo no era el precio sino cómo lo había pagado: casi el 90% del valor —US$200.000— lo financiaron las propias vendedoras: Beatriz Viegas, jubilada de 72 años del barrio de Flores, y Claudia Sbabo, de 64, no solo le vendieron el departamento a Adorni sino que también actuaron como acreedoras de la hipoteca con la que el jefe de Gabinete completó la compra. Sin intereses. En 12 cuotas.

Adorni compró ese departamento sin haber vendido el anterior, el que tenía en el barrio de Parque Chacabuco y que aún sigue en venta. Tampoco había vendido el departamento que declaraba en sus DDJJ originales en La Plata. Así acumulaba tres propiedades a la vez mientras asumía la Jefatura de Gabinete.

Y había más datos: el inmueble de Parque Chacabuco también tiene hipoteca. Otras dos mujeres le prestaron US$100.000 adicionales sobre ese inmueble, en noviembre de 2024.

El 15 de abril de 2026, Viegas y Sbabo declararon ante la justicia en Comodoro Py. Ambas dijeron cobrar la jubilación mínima de $350.000. Semanas después declaró el hijo de una de ellas: según su relato, fue quien gestionó la venta a Adorni porque tiene una relación de amistad. Aseguró que el trato incluía otros US$65.000 que nunca quedaron documentados.

El 28 de marzo el fiscal Pollicita formalizó la imputación de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. La causa en el juzgado de Ariel Lijo apuntaba a las inconsistencias entre su estilo de vida y lo que había declarado ante la Oficina Anticorrupción.

La ruta del dinero

El derrotero patrimonial de Adorni es, en sí mismo, la historia del escándalo. Cuando asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023, sus bienes declarados sumaban apenas $4,4 millones. Un hombre austero, según esa imagen. Lo que vino después desmiente esa imagen punto por punto.

En su declaración jurada anual por 2023, presentada en noviembre de 2024, informó un patrimonio que pasaba de $11,6 millones a $61 millones al cierre del año. Pero cuando empezó a ser investigado, presentó una rectificación de esa misma declaración —a inicios de junio de 2026, con la causa ya abierta— en la que el valor inicial saltó a $131 millones y el cierre a $515,5 millones.

Para el período 2024 ocurrió algo similar: declaración original, $12,4 millones netos. Rectificación: $570 millones. Un aumento de más del 4.500% en el mismo documento, del mismo año, presentado mientras la causa judicial ya corría.

La declaración 2025, publicada el 11 de junio de 2026, cerró el cuadro: $944,5 millones en total. El aumento patrimonial declarado entre 2023 y 2025 supera el 2.241% nominal. Según Chequeado, las rectificaciones implicaron “blanquear” un aumento real superior al 400%.

Adorni tardó 35 días en presentar la que había prometido “en forma inminente”. Cuando lo hizo, el 10 de junio, eligió la televisión para dar la explicación antes de que los papeles llegaran a la Oficina Anticorrupción. Según su relato, el crecimiento sideral de su patrimonio se explicaba por inversiones en bitcoin guardadas en un pendrive físico que había “perdido y luego encontrado”. El dispositivo contenía, dijo, activos por cerca de 500.000 dólares. También admitió, en la misma entrevista, que había tenido dinero sin declarar: “Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos”.

El final

En la semana que pasó la oposición sumó presión sobre Adorni buscando reactivar en la Cámara de Diputados una interpelación al funcionario, pero no hubo quórum por un acuerdo entre el oficialismo y sus aliados, lo que terminó en un quiebre en el PRO de Mauricio Macri. La ofensiva entonces iba a sellarse la semana próxima, luego de que Pollicita ordenara nuevas medidas de prueba y pidiera información a Binance, Lemon Cash, ARCA y al country Indio Cuá. Quería tener todo listo para pedir la indagatoria del funcionario posiblemente antes del receso judicial de invierno .

Pero el desenlace se aceleró este sábado 27 de junio: Milei regresó de España y se reunió con Adorni en la Quinta de Olivos. A las 19 —horas antes del partido de la Selección Argentina contra Jordania en el Mundial— se confirmó la salida. Diego Santilli asumiría como nuevo jefe de Gabinete.

En el mismo lugar donde hace 70 años la dictadura de la Revolución Libertadora fusiló a un grupo de hombres comenzará este miércoles un juicio por la verdad histórica. Se acusa al Estado, entonces encarnado en las figuras de Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas, de cometer delitos de lesa humanidad. El proceso a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín se llevará a cabo en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en el mismo lugar donde hace siete décadas estaba el basural donde fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron a la Operación Masacre que denunció el escritor Rodolfo Walsh.

El juicio a cargo de Alicia Vence implica por primera vez condenar a los responsables del operativo de la Libertadora que buscó sofocar el levantamiento del 9 de junio del entonces general Juan José Valle. Participarán familiares de las víctimas fatales y hasta habría testimonial –por texto o video– de Juan Carlos Livraga, “el fusilado que vive” que le reveló la historia a Walsh y que hoy con 94 años vive en California, Estados Unidos. Las audiencias serán este miércoles, jueves y viernes, día en que se espera que se conozca la condena.

Pero el proceso va más allá: intentará marcar un mojón hacia adelante, para que la Justicia federal ordene investigar los otros operativos militares y policiales que hubo en la misma noche. Es que aquella noche de 1956 la Libertadora sofocó a sangre y fuego levantamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa. En total hubo 27 víctimas fatales. Tras la sanción de la Ley Marcial, el general Valle fue ejecutado el 12 de junio luego de entregarse para detener la represión.

“Tenemos la firme convicción de que el fusilamiento fue un delito de lesa humanidad y que habrá condena. Nunca hubo un juicio al respecto y nunca hubo una investigación al respecto”, sintetizó el abogado querellante Alberto Palacio, que representa ad honorem a los familiares de Lizaso, Carranza, Garibotti, Rodríguez y Brión.

Los fusilamientos en José León Suárez quedaron impunes luego de que la denuncia original de Livraga –que expuso Walsh– no tuviera lugar en la Corte Suprema. En 1957 el máximo tribunal ordenó que haya un proceso en la justicia militar, que decidió exonerar a Aramburu, Rojas y también al jefe de la policía bonaerense de entonces, el coronel retirado Desiderio Fernández Suárez. Este último fue quien detuvo a los doce hombres la noche del 9 de junio en una casa en Florida y ordenó –ya en la madrugada del 10– fusilarlos en un descampado en San Martín. 

Aramburu, Rojas y Fernández Suárez son mencionados en el expediente por delito de lesa humanidad. No está previsto que haya una defensa de sus actuaciones, y cuando elDiarioAR consultó a las familias de Aramburu y Fernández Suárez si sabían sobre el inicio del juicio la respuesta fue negativa. En los últimos días incluso este periodista reveló –en una investigación publicada en Anfibia– que el nieto del jefe de la Policía actualmente es diplomático del Gobierno. Leandro Fernández Suárez es diplomático de carrera desde 1993, fue cónsul de Alberto Fernández y en enero de este 2026 fue designado como embajador en México vía decreto de Javier Milei.

La revelación habría tenido cierto impacto diplomático. Según confió un embajador a este medio, el dato sobre Fernández Suárez llegó a oídos del canciller Pablo Quirno a través del subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Incluso LaPolíticaOnline se hizo eco del dato y publicó que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, “analiza rechazar las cartas credenciales del embajador argentino por ser el nieto de un represor”

El expediente incluso circuló por la Casa Rosada, ya que la jueza Vence notificó a la Procuración del Tesoro, es decir el cuerpo de abogado del Estado, que dirige Sebastian Amerio, hombre de Santiago Caputo. No trascendió que algún letrado que represente al Estado quiera defender su posicionamiente ante los fusilamientos.

El proceso judicial que ahora comienza acumuló una demora de cuatro años. Tuvo un tropiezo adicional cuando el fiscal que impulsaba el expediente, Paul Starc, fue designado el año pasado por Milei al frente de la Unidad de Información Financiera. Starc duró poco en el cargo: en enero fue desplazado con un cargo en el BICE. 

La dictadura que ordenó los fusilamientos

Los responsables

Jefe de Policía Prov. Bs. As.

Desiderio Fernández Suárez

Detuvo a los hombres en Florida a las 23.30 del 9/6. Recién a las 4 de 10/6 ordenó fusilarlos por teléfono desde La Plata. Nunca fue condenado. Murió en 2001.

Presidente de facto

Pedro Eugenio Aramburu

Comandaba la dictadura de la Revolución Libertadora. Fue secuestrado y asesinado por Montoneros en 1970.

Vicepresidente de facto

Issac Rojas

Anunció a las 02.30 del 10/6 que el levantamiento estaba controlado. Lideró junto con Aramburu el Golpe del 55. Murió en 1993.

El juicio no tiene antecedentes en el fuero federal pero sí un espejo en el fuero de Resistencia: el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que concluyó en mayo de 2022 y dictaminó que el ataque perpetrado el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit constituyó un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio indígena. Ese proceso es el modelo sobre el que trabajó la querella.

Entre quienes esperan el inicio del juicio está Berta Carranza, hija de Nicolás, que tenía dos años cuando su padre fue fusilado. “Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia”, dijo a elDiarioAR. Carranza era ferroviario, estaba cesanteado por su militancia política y tenía seis hijos. Vivía en la clandestinidad y así llegó a la casa de Florida en la que irrumpió la policía el 9 de junio de 1956.

El silencio fue la primera condena que vivieron las familias. “Teníamos prohibido decir que los fusilaron. Cuando íbamos a la escuela o si cualquier persona en la calle nos preguntaba no podíamos decir eso”, recordó Berta. Ahora, ella y los demás familiares de Lizaso, Garibotti, Rodríguez y Brión esperan que la Justicia federal les otorgue una reparación histórica negada durante 70 años.

Los que murieron. Los que vivieron.

Fusilados Sobrevivieron

Fusilado

Nicolás Carranza

Ferroviario · 6 hijos

Fusilado

Francisco Garibotti

Ferroviario · 5 hijos

Fusilado

Carlos Lizaso

21 años

Fusilado

Mario Brión

Empleado Siam · 1 hijo

Fusilado

Vicente Rodríguez

Portuario · 3 hijos

Sobrevivió

Juan Carlos Livraga

3 tiros en la cara

Sobrevivió

Miguel Á. Giunta

Escapó corriendo

Sobrevivió

Norberto Gavino

Exilio en Bolivia

Sobrevivió

Julio Troxler

Luchó y escapó

Sobrevivieron

Horacio Di Chiano

Se hizo el muerto

Rogelio Díaz

Escapó del camión

Reinaldo Benavidez

Exilio en Bolivia

Lideró el levantamiento

General Juan José Valle

Encabezó el alzamiento peronista del 9 de junio de 1956. Fue fusilado el 12 de junio, tres días después de la masacre de José León Suárez.

MC

La crítica del historiador israelí Yuval Harari a la idea de Javier Milei de crear sociedades sin humanos golpeó de lleno en el corazón del Gobierno. Lejos de cuestionar su retórica, el presidente libertario agachó la cabeza: “¡Ya estoy preparando mi respuesta para ver si podemos disipar sus temores!”, tuiteó, admitiendo así que no estaba a la altura intelectual de contestarle al instante al autor de los ya célebres Sapiens (2011), Nexus (2020) y Homo Deus (2015), cuyas páginas cierra con una advertencia abrumadora para la especie humana: “¿Qué le ocurrirá a la sociedad, a la política y a la vida cotidiana cuando algoritmos no conscientes pero muy inteligentes nos conozcan mejor que nosotros mismos?”.

Milei le debe la respuesta a Harari desde el lunes pasado. En el Financial Times, el escritor elogió al libertario pero alertó que convertir al país en un paraíso sin control para la IA es una herramienta “extremadamente riesgosa”. Según explicó, el reconocimiento legal de empresas creadas por algoritmos funcionaría como una especie de “llave maestra” que permitiría a sistemas de inteligencia artificial intervenir de manera autónoma en ámbitos financieros, económicos y políticos. 

Harari también planteó que estas corporaciones podrían poseer bienes, contratar personal, participar en operaciones comerciales internacionales, iniciar acciones judiciales e incluso realizar aportes a campañas políticas sin que existiera una persona humana directamente responsable de sus decisiones. “Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia”, escribió en referencia a la capital de las antiguas colonias neerlandesas en Asia –hoy Yakarta, hoy capital de Indonesia– asociada históricamente al poder de las grandes compañías comerciales.

Harari respondía en el mismo periódico de color salmón del círculo financiero global en el que Milei publicó una columna el 4 de junio pasado firmada junto a Federico Sturzenegger titulada “Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse” (“Argentina invites AI to free itself”, en su título original en el inglés). 

Un funcionario –y mano derecha del ministro de Desregulación– admitió ante elDiarioAR la incomodidad que generó la crítica de Harari: “Lo admiro profundamente en su pensamiento, he leído todos sus libros, y estuve en su charla al respecto en el World Economic Forum. Pero creo que tiene un prejuicio con la IA, y comete un error al decir que la IA va a contratar empleados. El tipo societario nuestro es para empresas que no requieran trabajadores en relación de dependencia”.

El proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Senado el 29 de mayo plantea una modificación profunda de la Ley General de Sociedades, vigente desde hace más de medio siglo. Entre sus puntos más novedosos, incorpora la figura de las “sociedades automatizadas”, definidas como aquellas que desarrollan su actividad mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin necesidad de contar con empleados en relación de dependencia ni personal destinado a su funcionamiento habitual. La iniciativa también introduce las DAOs (Sociedades Descentralizadas Autónomas Operativas), organizaciones sustentadas en contratos inteligentes y mecanismos de gobernanza basados en tecnología blockchain, capaces de constituirse y operar por completo en entornos digitales. A esto se suma la posibilidad de que los conflictos societarios sean sometidos a la legislación extranjera que acuerden las partes involucradas. 

“Lo más importante que hay que saber sobre la IA es que no es simplemente otra herramienta. Es un agente. Puede aprender y cambiar por sí mismo, y tomar decisiones por sí mismo. Un cuchillo es una herramienta. Puede usar un cuchillo para cortar ensalada o para asesinar a alguien, pero tú decides qué hacer con él. La IA es un cuchillo que puede decidir por sí mismo si cortar ensalada o cometer un asesinato”, planteó Harari en su última exposición en el World Economic Forum en Davos, hace cuatro meses, aquella a la que asistió el funcionario de Sturzenegger y Milei citado, y que está muy involucrado en el proyecto de ley de sociedades automatizadas. 

“Le vamos a responder”, avisó este viernes el funcionario sobre el debate que abrió Harari. Pero la incomodidad en el seno libertario existe. Y trasciende a los dichos de Harari. “A veces siento que pasamos de Alberdi y la Constitución Nacional a la Unión Soviética”, se quejó una voz de La Libertad Avanza por el freno de los propios aliados que tienen los proyectos de desregulación en el Congreso.

Más el llano local, el abogado y especialista en Derecho e IA por la Universidad de Salamanca Nicolás Bevilacqua planteó a elDiarioAR: “La inteligencia artificial no es una aplicación más ni una innovación comparable a cualquier avance tecnológico del pasado. Es una herramienta con –cada vez más– capacidad para intervenir en decisiones que afectan el empleo, el crédito, la salud, la educación, la seguridad y el acceso a derechos fundamentales. Por eso, la pregunta central ya no es cuánto Estado debe retirarse, sino cuánto Estado necesita una democracia para evitar que tecnologías cada vez más poderosas operen sin controles, sin transparencia y sin responsabilidades”.

Si la ley de sociedades automatizadas aún no avanzó siquiera en comisiones del Senado es porque Bullrich tiene otros problemas que resolver antes. Los gobernadores y las bancas del PRO y la UCR ya están pidiendo nuevos cambios en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que desregulariza la venta de tierra a extranjeros. La sesión para votar esa iniciativa iba a ser la semana pasada, pero se pateó para esta; y el riesgo Adorni obligó a Bullrich a postergarla una semana más.

Y así como a Harari, el proyecto de sociedades automatizadas también llamó la atención a otro nombre influyente en el escenario global: Peter Thiel, el tecnomagnate dueño de Palantir que reside en una mansión en Barrio Parque y quiere auspiciar la Argentina de la inteligencia artificial libertaria. Porque aunque en el Gobierno lo nieguen, la ley de reforma societaria le vendría como anillo al dedo al multimillonario que juega al ajedrez en el club Torre Blanca de Almagro.

Thiel se lo dijo a Juan Grabois cuando lo recibió en su casa la semana pasada días antes de la muerte del Indio Solari, según pudo reconstruir elDiarioAR. El empresario convocó al diputado del kirchnerismo vía mensaje de texto para hablar de la encíclica papal Magnifica Humanitas –donde justamente León XIV alerta sobre la inteligencia artificial– pero sobre todo le transmitió un especial interés por la posibilidad de que en el país se permitan crear empresas sin humanos. 

Grabois salió de la mansión con la sensación de que Thiel no era una mente brillante, sino “apenas un programador” que sabe muy bien cómo vender su producto de procesamiento de base de datos a nivel masivo. Los servicios de Palantir ya están incorporados en distintas áreas de seguridad, defensa y videovigilancia de países como Estados Unidos e Israel. 

Revista Noticias reveló la imagen de Grabois ingresando a la mansión y Clarín contó otra fantansía de Thiel en Argentina: busca crear en conversaciones con Santiago Caputo una ciudad “con reglas propias” que le permita a los inversores globales vivir sin tener que rendir cuentas al Estado. El asesor de Milei tuiteó días atrás: “La Nueva Argentina que el Presidente está construyendo desde las cenizas del Antiguo Régimen Colectivista merece una ciudad emblema acorde al futuro de prosperidad que nos espera”.

Milei propone abrir la Argentina sin control a los magnates tech, tanto por las sociedades automatizadas como por el atractivo de exención impositiva y externalización de las ganancias a la instalación de data-centers o la explotación minera a mayor escala vía el Super-RIGI. El proyecto avanza en el Congreso pero no tiene allanado el camino para su sanción, aunque el Gobierno quiere que sea en el próximo mes para que pase desapercibido debajo de la atención que genera el Mundial. También la respuesta de Milei a Harari pasaría bajo el radar de la pelota.

MC

Finalmente se conoce la declaración jurada de Manuel Adorni, que presentó este miércoles y la Oficina Anticorrupción hizo pública este jueves casi al mismo momento en que comenzaba la ceremonia del inicio del Mundial, a las 14.30. El documento refleja todos los bienes adquiridos por el funcionario que no estaban declarados hasta entonces: la casa en un country, el departamento donde vive con su familia, así como los compromisos asumidos con dos jubildas, el hijo de una de ellas, un constructor y una madre y su hija, y las cuantiosas inversiones en criptomonedas que supuestamente hizo entre 2013 y 2018.

Anoche, pasadas las diez de la noche, Adorni presentó tres declaraciones juradas en cuatro minutos. A las 22:15, una rectificativa de su patrimonio de 2023. A las 22:17, una rectificativa de 2024. Y a las 22:19, la declaración que el Jefe de Gabinete le debía al país desde hace meses: su DDJJ anual 2025, la primera que presenta con ese cargo. El paquete completo, procesado por la Oficina Anticorrupción esta mañana, permite reconstruir por primera vez la historia completa de su enriquecimiento desde que entró al gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. La historia empieza con dólares que no estaban.

Lo que no figuraba

Cuando Adorni presentó su declaración jurada anual 2023, en noviembre de 2024, declaró bienes por $61 millones al cierre del año. Una cifra que ya llamaba la atención dado que había llegado al gobierno con $11,6 millones. En esa declaración original, sus activos principales eran un departamento en CABA, otro en La Plata y un Renault Captur.

La rectificativa que presentó anoche cuenta otra historia. Al inicio de ese mismo año 2023 —es decir, al momento de entrar al gobierno— tenía 565.000 dólares en efectivo que no figuraban en la versión original. El origen declarado: “venta de activos.” Al cierre de ese año, los dólares habían bajado apenas a 513.000. También aparecen, por primera vez, criptomonedas: Bitcoin, cripto Binance, cripto Lemon.

Con esas incorporaciones, los números del año 2023 se multiplican por ocho. Los bienes al inicio del período pasan de $11,6 millones a $130,9 millones. Al cierre, de $61 millones a $515,5 millones.

La rectificativa de 2024 toma ese nuevo punto de partida y cierra en $662,6 millones —contra los $107,9 millones que Adorni había declarado originalmente para ese año.

Lo que dice ahora que tiene

La DDJJ 2025 muestra a un Jefe de Gabinete con bienes brutos por $944,6 millones. Descontadas las deudas —$317,3 millones— el patrimonio neto asciende a unos $627 millones. Entró al gobierno con menos de $20 millones netos.

Sus propiedades al cierre de 2025 son cuatro. El departamento de 115 m2 en CABA que tenía desde 2014, ahora valuado en $61 millones (el 50% que le corresponde). El departamento en La Plata, que en las declaraciones originales figuraba como una donación y que las rectificativas convierten en “ingresos propios” —un cambio de origen que no tiene explicación en los documentos. Una casa en el country en Exaltación de la Cruz, de 190 metros cuadrados, comprado en noviembre de 2024 y valuado en $156,9 millones (su mitad). El contratista Marcelo Tabar declaró en la Justicia que cobró US$245.000 en efectivo y sin factura por las refacciones.

Y, el más reciente: un departamento con cochera de 199,70 metros cuadrados en Capital Federal, incorporado al patrimonio el 24 de noviembre de 2025 —el mismo mes en que asumió como Jefe de Gabinete— valuado en $255,8 millones por el 50% que le corresponde.

Para comprarlo tomó deuda hipotecaria con cuatro personas físicas que no aparecían en ninguna declaración anterior: Leandro Miano ($46,3 millones), Pablo Martín Feijoo ($46,3 millones), Beatriz Viegas ($71,3 millones) y Claudia Sbabo ($71,3 millones). Entre los cuatro, $235 millones en créditos privados.

Los cuatro acreedores son dos jubiladas y sus hijos. Viegas y Sbabo le vendieron el departamento de Caballito Y le dieron una hipoteca sin intereses. Miano y Feijoo son sus hijos, y uno declaró en la justicia que el préstamo fue verbal y sin documentar. Todos declararon en la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito.

La ruta de los dólares

La clave para entender la película completa está en los dólares. Adorni tenía 565.000 al ingresar al gobierno. Dos años y medio después tiene 209.961. Los habría ido convirtiendo en ladrillos.

Hay otro número que sobresale en la DDJJ 2025: $270,8 millones en “ingresos no alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.” Es la cifra más alta de todas sus categorías de ingreso y casi seis veces su sueldo como funcionario, que en todo el año sumó $46,6 millones. Esta categoría suele incluir la renta de activos financieros como CEDEARs o acciones, que están exentos de ese impuesto. La declaración no detalla de qué instrumentos se trata.

También recibió $73 millones en “bienes por herencia, legado o donación.” Tampoco hay detalle.

Cuatro minutos

El detalle que resume todo: las tres presentaciones llevan números de transacción correlativos —1175641750, 1175641909 y 1175642003— y fueron procesadas con minutos de diferencia en la misma noche. No es casual. Las rectificativas de los años anteriores eran condición necesaria para que los números encadenaran con la nueva declaración. Sin corregir 2023 y 2024, el “inicio de período” de la DDJJ 2025 no podría reflejar lo que ahora dice tener.

Adorni llegó al gobierno como vocero presidencial con un Renault Captur y dos departamentos. Hoy es Jefe de Gabinete, tiene cuatro propiedades —incluyendo un piso de 200 metros en CABA comprado el mes en que ascendió al cargo— y casi medio millón de dólares menos de los que tenía cuando empezó. Los gastó en construir el patrimonio que, después de meses de demora y en cuatro minutos anoche, buscó terminar de declarar.

MC

Manuel Adorni construyó su carrera entre la consultoría, la docencia universitaria y los medios. Columnista de medios, conductor de su propio programa radial: el perfil del “economista libertario” que lo llevó a convertirse en el vocero más visible del gobierno de Javier Milei. Cuando asumió en diciembre de 2023, declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $25,7 millones de pesos —dos departamentos modestos, un auto y algo de efectivo en pesos—. Sin Bitcoin. Sin dólares significativos. Sin ningún rastro de los ahorros que, según afirmaría dos años y medio después, había acumulado “en negro, como todos los argentinos”.

Desde que asumió Adorni, la Justicia identificó más de US$400.000 en efectivo aplicados a obras de lujo en un country de Exaltación de la Cruz, compras de propiedades y viajes pagados cash en avión privado y clase premium. Mientras tanto, los únicos dólares que figuraban en sus declaraciones —US$42.500— estaban clasificados como “CRÉDITOS”: dinero prestado. Con una hipoteca por US$200.000 de dos jubiladas adquirió el departamento en Caballito donde vive hoy con su familia.

Este 10 de junio Adorni confesó públicamente haber presentado una declaración jurada rectificativa en la que sumaría (aún no está publicada en la web de la Oficina Anticorrupción) US$513.000 en ocho billeteras de Bitcoin, US$79.000 en herencias y las propiedades que había omitido. El mismo día se adhirió al régimen de Inocencia Fiscal, al igual que su esposa Bettina Angeletti una semana antes. La adhesión resuelve parte de la deuda tributaria pero no extingue la causa penal por enriquecimiento ilícito. Ante el Congreso, Adorni ya había invocado el “carácter confidencial” para no explicar de dónde venía el dinero, aunque había dicho que todo estaba declaradop. La línea de tiempo a continuación reconstruye la ruta del dinero Adorni y su trayectoria en los últimos 13 años, desde que comenzó a invertir en Bitcoin.

Manuel Adorni pidió adherirse este martes al régimen establecido por la Ley de Inocencia Fiscal (27.799) antes de presentar su declaración jurada patrimonial, prometida para el lunes 15 de junio. La maniobra tiene una consecuencia concreta y deliberada: el funcionario no está obligado a explicar ante ARCA ni ante la Justicia cómo creció su patrimonio durante 2025. Su esposa, Bettina Angeletti, había dado el mismo paso diez días antes.

La ley funciona así: quien se adhiere paga el impuesto a las Ganancias únicamente sobre lo que facturó ese año, sin importar cuánto aumentaron sus bienes o su consumo personal. No hay obligación de declarar qué activos se regularizan ni de dónde salieron. Esa información queda blindada bajo secreto fiscal.

El mecanismo fue impulsado en el Congreso por el diputado José Luis Espert y celebrado públicamente por el propio Milei. Adorni se encargó de comunicarlo desde la Jefatura de Gabinete. El 26 de diciembre de 2025, escribió en sus redes: “La Ley de inocencia fiscal probablemente sea una de las leyes que quede en la historia grande de nuestro país: aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica”. Ahora se sabe a quién le venía como anillo al dedo esa dimensión.

La propia ARCA sostiene que el régimen simplificado “no es un blanqueo ni una amnistía” y lo define como “un cambio de paradigma” en la relación entre el contribuyente y el organismo recaudador. “Se abandona la tradicional presunción de culpabilidad fiscal. Ahora sos inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario”, afirma el organismo en su sitio web.

Contadores consultados por elDiarioAR explican que el régimen tiene tres efectos concretos. El primero es la simplificación impositiva, aunque uno de los especialistas advierte que “no es tan simplificado como dicen”. El segundo, y “lo mejor que tiene el régimen”, es el llamado tapón fiscal: quien declara correctamente el período 2025 genera un blindaje que impide que ARCA revise los períodos anteriores. El tercero es la posibilidad de regularizar bienes no declarados —“la guita del colchón”, en palabras de uno de los especialistas— sin que técnicamente se llame blanqueo, denominación que el Gobierno evita por las exigencias del GAFI.

Sobre la adhesión de Adorni, el contador Jorge Gebhardt advierte que “da para cualquier interpretación”: alguien puede adherirse sin tener nada irregular, pero el régimen también permite bancarizar dinero no declarado para realizar compras. “Ahí siempre está la duda”, señala, “no sé, diez, 20.000 dólares que hacés... un millón de dólares, no sé”. A montos muy significativos, agrega, debería haber reportes que impedirían esa posibilidad.

El otro especialista consultado, que prefirió el anonimato, suma un dato político relevante: el régimen simplificado que está dentro de la ley de inocencia fiscal “parece que va a ser modificado, eliminando los topes para adherirse”. Si eso ocurre, el blindaje que hoy tiene Adorni se volvería aún más amplio. Pero hay un límite claro, según una fuente del sector contable consultada por este medio: la adhesión “lo hace zafar solo de la parte penal tributaria”. La causa por enriquecimiento ilícito que tramita en Comodoro Py sigue su curso sin que este régimen la afecte.

Adorni tiene una causa judicial abierta por presunto enriquecimiento ilícito en manos del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. Los registros de ARCA revelan además un dato que los investigadores ya tienen en la mira: Adorni tiene actividades económicas registradas desde noviembre de 2013, pero recién se inscribió en el impuesto a las ganancias en enero de 2020. Un intervalo de casi siete años en el que operó bajo múltiples categorías —servicios personales, asesoramiento empresarial, contabilidad— sin tributar por ese régimen.

La solicitud actual de cambio al régimen simplificado representa un nuevo escalón en ese proceso de ordenamiento tardío, que ahora ocurre bajo la lupa judicial. Según la denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, el patrimonio del funcionario habría experimentado un incremento del 500% en un único período fiscal, con severas discrepancias entre declaraciones juradas, omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.

El expediente analiza la compra de un departamento en Caballito con una hipoteca de 200.000 dólares sin intereses de dos jubiladas, la adquisición de una casa en el country Golf Club Indio Cuá por US$120.000 con una hipoteca tomada de una policía retirada y su hija —a quienes aún les debería 70.000 dólares—, y el pago de US$245.000 en efectivo y sin facturar a un contratista por las refacciones de esa propiedad.

A partir del impulso fiscal, la Justicia comenzó a analizar el patrimonio del jefe de Gabinete con una batería de medidas orientadas a establecer si hubo un incremento patrimonial no justificado, que incluyó pedidos de informes a registros de la propiedad, organismos nacionales, la Oficina Anticorrupción y la ANSES.

El patrón se repite en su esposa: Angeletti figuraba inscripta como trabajadora autónoma desde 2017, pero regularizó su situación frente al IVA y al impuesto a las ganancias recién en octubre de 2025, tras casi ocho años de operación. La proximidad de ambas adhesiones y el historial de regularización tardía en el núcleo familiar pusieron en alerta a los investigadores judiciales, que evalúan los movimientos como parte de un ordenamiento fiscal integral del matrimonio bajo escrutinio.

Según consignó La Nación, el fiscal Pollicita trabaja en un largo escrito en el que le requiere a Adorni que justifique sus bienes, que no llegan a estar cubiertos por sus ingresos. Esta solicitud es en general el trámite previo a que el funcionario sea citado a prestar declaración indagatoria. La fiscalía aguarda el resultado final de un peritaje contable encargado a expertos de la Procuración General de la Nación, al que se suma un estudio especializado sobre criptomonedas y la trazabilidad de operaciones financieras de Adorni. El informe técnico definitivo podría demorar alrededor de 90 días.

Una vez notificado, Adorni deberá explicar detalladamente el origen de los fondos utilizados para adquirir los bienes observados. Si sus explicaciones resultan suficientes, el fiscal podría resolver el sobreseimiento; de lo contrario, solicitará formalmente su declaración indagatoria. Fuentes de Comodoro Py estimaron a elDiarioAR que la citación a indagatoria podría concretarse antes del inicio de la feria judicial de invierno, prevista para la segunda mitad de julio. También está el interés de Adorni de presentar su DDJJ ante el comienzo del Mundial.

La adhesión al régimen de inocencia fiscal no equivale a una confesión ni genera por sí misma consecuencias penales. Pero quien se acoge a él reconoce implícitamente que tiene activos o ingresos que no puede justificar. La ley no excluyó a los funcionarios públicos —técnicamente denominados Personas Expuestas Políticamente— del beneficio de no rendir cuentas sobre el incremento patrimonial. Adorni usó para sí mismo el instrumento que desde su cargo ayudó a instalar.

MC