Manuel Adorni hizo un esfuerzo sobrehumano para no reaccionar durante las siete horas que duró el informe de gestión. No se rió ni respondió a las chicanas de la oposición. No pestañeó cuando le preguntaron por su viaje a Aruba, la custodia policial de su esposa o el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario. El vocero oficial del gobierno libertario se limitó a agarrar con fuerza la taza de té que tenía delante y repetir, en tono monocorde, el guion que redactaba concienzudamente luego de cada tanda de preguntas. Le habían pedido que no improvisara, que aburriera y así lo hizo.

Una vez que Javier Milei y el Gabinete abandonaron los palcos, el ánimo de Adorni decayó. Las respuestas se fueron volviendo más apagadas, aplanadas por los cuartos intermedios que el jefe de Gabinete iba solicitando para organizar sus respuestas. Cada vez que un diputado opositor le preguntaba por las vacaciones o viajes que había realizado, repetía: “Los miembros de esta cámara quieren asemejar gasto privado con gasto público. He afrontado los pagos de todos los viajes que realice. No se trataron de obsequios de ningún tipo”.

“Hoy sí tiene cara de deslomado”, ironizó, en un momento, la diputada de Patria Grande, Natalia Zaracho. 

Adorni, cansado y alicaído, no se corrió del guion. El momento más álgido fue cuando, después de que casi una docena de diputados le preguntaran cuándo iba a renunciar, el jefe de Gabinete atinó a sacar pecho y provocar: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia. No voy a renunciar, estoy acá dando la cara”.

La bancada libertaria estalló en aplausos, así como la militancia que había quedado en los palcos: durante toda la sesión, los hermanos Milei bajaron línea para que se notara el respaldo de toda La Libertad Avanza. Aún cuando, en privado, varios oficialistas se preguntan por qué no lo echaron. 

La oposición, sin embargo, aprovechó para disparar toda la munición del último par de meses: deudas en el PAMI, ley de emergencia en discapacidad, caída del consumo y financiamiento universitario, por un lado, y la causa de enriquecimiento ilícito, por el otro. Adorni hizo todo lo posible para desentenderse de todos los temas, pero se vio acorralado ante la necesidad de tener que justificarse, una y otra vez, sobre sus gastos personales.

“Mientras usted se creía gracioso diciendo que se deslomaba en Nueva York, ¿sabe cómo le dice la gente? La gente le dice Aloe Vera, porque cada día le descubren más propiedades. Y no es gracioso. No es gracioso porque usted hizo de la burla de los periodistas, la burla de las personas con discapacidad, una forma de actuar”, apuntó Myriam Bregman, quien más temprano había protagonizado uno de los principales cruces con Milei cuando todavía estaba en el recinto. “Asesinos”, les gritó el presidente, luego de que los diputados de izquierda lo acusaran de ser “cómplice del genocidio palestino”. 

“Gracias por no renunciar”, lo chicaneó, a contramano del resto de los diputados, el cristinista Rodolfo Tailhade, y deslizó: “Como me dedico a cazar corruptos hace 20 años hay algunas cosas que le quiero preguntar”. Hubo risas en la bancada peronista, pero también en la libertaria. Algunos oficialistas, incluso, lo aplaudieron irónicamente. Adorni, en cambio, no levantó ni una ceja. Solo atinó a mirarlo fijamente. 

Tampoco pestañeó cuando Tailhade se refirió a la custodia policial de su esposa, Betina Angeletti. “¿Usted sabe que su esposa tiene custodia policial, un auto oficial, y tres equipos que cumplen servicio de custodia? ¿Sabe que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar chicos a la escuela y para ir a la Fernetería?”, apuntó. La Fernetería es un bar en Palermo. 

Adorni no dijo nada al principio, pero fueron los diputados de LLA quienes salieron a responder por él. “Mentira”, gritó uno. “Se robaron todo”, agregó otra. Martín Menem había bajado línea interna: el jefe de Gabinete no podía arriesgarse a enojarse y pisar el palito, así que tendrían que hacerlo los diputados por él. 

El riojano hacía equilibrio. Para afuera, buscaba mediar y controlar el recinto. Pero puertas adentro agitaba, bajo la línea de Karina Milei, que los diputados oficialistas salieran en defensa de Adorni. Hubo un solo momento en el que se enfureció y, en un gesto arbitrario que en su primer año como presidente de la Cámara de Diputados solía hacer seguido, le empezó a cortar el micrófono al radical Pablo Juliano. ¿El motivo? No le gustaba que tuteara a Adorni. 

“Cuando uno no puede explicar lo obvio no podés decir que vas a terminar con la casta”, apuntó Juliano, y Menem le cortó la palabra. El radical volvió a intentarlo, y el riojano repitió la maniobra. “Le voy a seguir interrumpiendo la palabra si no trata de ‘usted’ al jefe de Gabinete”, le espetó, furioso, el presidente de la Cámara de Diputados. 

El golpe más duro contra Adorni, sin embargo, se lo dio el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, quien puso el dedo en la llaga de lo que nadie quería decir en público. Es decir: que ni los propios querían salir en defensa del jefe de Gabinete. “Usted es un lastre, un collar de sandías. No vinieron por usted, vinieron por el presidente. Es más, varios están buscando quedarse con su lugar. ¿Usted cree que está en condiciones de cumplir con las tareas de administración del país? ¿Cuánto tiempo le dedicó a prepararse para venir acá y cuánto tiempo le dedicó a solucionar problemas?”, atizó.

Martínez no terminó ahí, sino que subió la apuesta. “Los diputados del oficialismo tampoco creen en usted. Soy prudente y no digo las cosas que me dicen en los pasillos”, deslizó. Y remató: “Hoy usted no coordina el gabinete, hoy no tiene la confianza del Congreso o los gobernadores. Solo tiene la confianza del presidente. La figura del jefe de gabinete no fue creada para que el presidente viniera a protegerlo, sino al revés”.

Adorni tomó la palabra sobre el final, e intentó levantar el ánimo. “No voy a aceptar injurias de quienes sumieron al país en la pobreza más extrema. Ustedes no tienen derecho de pedirle explicaciones judiciales a nadie”, espetó, con ahínco, entre los aplausos de los diputados libertarios. “Adorni, Adorni”, cantaron desde las bancadas oficialistas, con el objetivo de terminar la jornada con un mensaje: pese a las recriminaciones internas, LLA se abroquelaba en defensa del jefe de Gabinete. 

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“Deslomado”, le gritó Nicolás del Caño a Manuel Adorni apenas el jefe de Gabinete ingresó al recinto de la Cámara de Diputados. Ubicado unos metros arriba de la banca del diputado del FIT, en el palco principal, Javier Milei se paró para recibirlo. El cambio de roles se hizo carne en la sesión por el informe de gestión: “Vamos Manuel”, lo respaldó el mandatario, aplaudiendo con fuerza y sonriendo. El primer presidente que participa de un informe de gestión y el primero, además, que se sacrifica para convertirse en el fusible de su jefe de Gabinete. 

Martín Menem y Karina Milei organizaron una puesta en escena destinada a mostrar un Gobierno sin fisuras. Mientras Adorni daba su informe, en frente, a modo de respaldo, le sonreían todos los miembros del Gabinete nacional.

El núcleo de poder ocupó el palco central: los hermanos Milei, Sandra Petovello (Capital Humano), Luis Caputo (Economía) y Pablo Quirno (Cancillería). A la izquierda, Juan Bautista Mahiques (Justicia), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y, más al fondo, a oscuras, el armador entre las sombras, “Lule” Menem. A la derecha, Diego Santilli (Interior) y Federico Sturzenegger (Desregulación), junto a Patricia Bullrich, jefa del bloque en el Senado y el asesor Santiago Caputo, escondido detrás de las cortinas. 

Afuera del Congreso, las calles parecían una zona de guerra. Decenas de camiones de Gendarmería, de la custodia de seguridad presidencial y de la Policía Federal rodeaban el Palacio, que estaba vallado con un cordón de armazones metálicos y policías de uniforme y civil que no dejaban acercarse a dos cuadras del edificio. Había cámaras y sensores de movimiento, y los uniformados que limitaban el ingreso se movían amenazantes entre el grupo de jubilados que comenzaba a agolparse, como todos los miércoles, frente al Congreso. 

“¡Chorros, narcos!”, gritaban los grupos de jubilados cada vez que algún auto atravesaba el vallado para acercarse al Congreso. A ellos no lo dejaban pasar, así que se dedicaban a cantar y gritar cada vez que pasaba un transeúnte. “Fuera Milei jefe de la casta corrupta” decía uno de los carteles que sostenían los jubilados. Otro, más al punto, rezaba: “Estas al Orni”. 

Pochoclos, 3% y genocidio en Gaza

El peronismo había definido una estrategia previo a la llegada de Adorni: no polemizar para evitar darle una excusa a que se victimizase y abandonase el recinto. Los diputados de Unión por la Patria quedaron últimos para hacer sus preguntas y buscarán aprovechar la instancia para preguntarle por el ajuste a jubilados y las universidades, así como el incremento de la morosidad y el cierre de empresas. Se diseñó un plan de acción con otros bloques opositores, como Provincias Unidas, y se acordó no armar un show para obligar al funcionario a responder la mayor cantidad de preguntas posibles. 

Del dicho al hecho, sin embargo, hay un trecho. Ese era el plan, aunque la mayoría sospechaba que sería difícil de aplicar, especialmente porque los diputados de Izquierda y Marcela Pagano, a quien sus ex compañeros de La Libertad Avanza denunciaron penalmente minutos antes de que comenzara la sesión, serían los primeros en hablar. Y nadie podía garantizar ahí que no hubiera cruces. 

Premonitorio, el socialista Esteban Paulon repartió pochoclos al inicio de la sesión. Le ofreció a Menem, pero el riojano --que había sido quien había hecho el comentario jocoso de “lleven pochoclos”-- no aceptó. 

Los primeros cruces comenzaron al comienzo del discurso de Adorni, cuando el peronista Aldo Leiva, ex combatiente de Malvinas, le acercó un papel que decía: “Todo claro menos las explicaciones”. Lilia Lemoine se paró para hacer un escándalo, y Leiva se fue raudo. Pero no a su banca, sino que se dirigió hacia donde estaba Milei y le mostró el cartel. Luego le hizo el gesto del 3% a su hermana. Karina puso mala cara. 

Cuando Adorni empezó a referirse a la alianza con Estados Unidos, estallaron los primeros gritos. Desde las bancas de la izquierda, empezaron a gritarle a Adorni y Milei: “Cómplices del genocidio palestino”. Milei recogió el guante y empezó a chicanearlos: “¿Cómo? No se escucha”, dijo, risueño. “Me escuchas muy bien”, le respondió Myriam Bregman. “Tus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”, gritó Milei.

Los diputados oficialistas interrumpieron a la oposición con aplausos y gritando “presidente, presidente”. También la militancia libertaria, que había cubierto las dos bandejas superiores del recinto. El show de Adorni había comenzado.

MC

“Lo que nosotros necesitamos es que arranque el Mundial”, suspira un dirigente libertario envuelto en las idas y venidas de la organización del informe de gestión de Manuel Adorni. La Cámara de Diputados se prepara para el desembarco del jefe de Gabinete como si fuera el 1 de marzo y quien hablara fuera el Presidente. La Libertad Avanza espera que el discurso de Adorni sea “aburrido” y carente de escándalos para poder pasar la página y encarar el verdadero desafío: hacer tiempo hasta que el Mundial termine de borrar las rispideces con los aliados y volver a negociar desde un lugar de fortaleza.

El golpe final lo dio el propio Javier Milei en su discurso en la Fundación Libertad. Delante de Mauricio Macri, que lo escuchaba desde una de las mesas principales, el Presidente presentó un gráfico que mostraba el déficit fiscal de los anteriores gobiernos y aprovechó para despacharse contra la gestión Cambiemos. No solo no lo saludó ni le dirigió la palabra, sino que además apuntó contra la política económica de Macri cuando era presidente. 

“No creo que haya mucho PRO con ganas de votarnos las leyes ahora”, ironizó, risueño, un diputado libertario que había participado de la comitiva. No vio la cara de Macri cuando Milei mostró el gráfico, ya que el expresidente se movió a una mesa más al fondo, cerca de su ex secretario, Fernando de Andreis, pero intuía que no había sido buena. “Que se enoje, a nosotros nos están pegando hace dos meses”, masculló, en referencia a la cobertura mediática de los escándalos patrimoniales de Adorni. Una cobertura que, en el cosmos libertario, intuyen que viene de la mano de Macri y un sector del círculo rojo, en el que destacan al dueño de Techint, Paolo Rocca. 

En el oficialismo acusaron recibo del dato de la reunión entre Macri y Rocca hace una semana, que el expresidente se encargó de filtrar. En este encuentro, según deslizaron en el PRO, Rocca señaló que se debía avanzar con una alternativa “racional” a Milei en 2027. En el macrismo deslizaron que se refería al ex presidente, y en LLA sospechan que un sector del empresariado quiere impulsar a Macri para competirle a Milei. 

El oficialismo viene siguiendo con atención los coqueteos independentistas de Macri, quien comenzó a recorrer las provincias con el traje de candidato. En LLA no creen, sin embargo, que el PRO tenga los votos suficientes para representar una amenaza. Pero más de un dirigente libertario advierte que, en el caso de que la imagen del Gobierno continúe en caída, habrá que sentarse a negociar lo único que le interesa verdaderamente a Macri: el control de la Ciudad de Buenos Aires. 

El ministro del Interior, Diego Santilli, fue ratificado por Karina Milei al interior de LLA como su candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Este compromiso es lo único que sostiene, además de la propia resistencia de Macri a ser candidato, la fiel adhesión del jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, al proyecto libertario. Pese a los destratos –como cuando le “robaron” casi una docena de diputados PRO para sumarlos a LLA–, Ritondo insiste en sostener su alianza con Milei. Aun cuando su propio líder político, Macri, da señales de que podría ir por otro camino. 

En términos institucionales, sin embargo, el PRO ya empezó a marcar su distancia. Rechazó la posibilidad de acompañar la eliminación de las PASO y dejó al Gobierno, así, sin el número para avanzar en la reforma política. No fue el único: el tucumano Osvaldo Jaldo y los radicales también salieron a marcarle la cancha al Gobierno, adelantando que no acompañarán la reforma electoral.

“En cualquier momento sale hasta Karen Reichardt a decir que quiere que haya PASO”, deslizó, entre risas, un dirigente de peso libertario. 

Operativo aguantar

El Gobierno tiene dos fechas en mente para 2026: el inicio del Mundial y las elecciones de medio término en Estados Unidos. Milei necesita que Donald Trump haga una buena elección en noviembre, ya que de ello depende que se sostenga el respaldo político y financiero que resultó crucial en las elecciones nacionales de octubre. El oficialismo tenía la expectativa de que, para entonces, hubiera podido avanzar con todas las reformas en mente y que, ya de cara a 2027, podría cerrar el Congreso para concentrarse en la reelección de Milei. Los tiempos, sin embargo, se aceleraron. 

El escándalo patrimonial de Adorni se apalancó sobre la caída del consumo y el poder adquisitivo, por un lado, y sobre el ahogo financiero a las provincias, por el otro. Desde entonces, la holgada mayoría con la que había trabajado en el Congreso durante el verano desapareció. Los aliados comenzaron a retobarse, a pedir modificaciones en las leyes presentadas –como la Ley Hojarasca o la de Inviolabilidad de la Propiedad Privada– y la agenda legislativa se estancó. 

Agotados y hartos de la agenda mediática que rodea al jefe de Gabinete y su causa por enriquecimiento ilícito, la apuesta del oficialismo, ahora, es aguantar hasta el Mundial, que comenzará el 12 de junio. Algunos fantasean con la posibilidad de meter una última victoria antes de que comience, como la aprobación de los pliegos judiciales o la Ley Hojarasca. Pero la expectativa mínima es resistir la tormenta política hasta que llegue el único tema que puede opacar a Adorni: la Copa del Mundo. 

“Pero hace como 50 días que parece que faltan 50 días para el Mundial”, advierte, agotado, un dirigente del riñón de Martín Menem.

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“Ahora no, después de lo de Adorni”. En un Congreso paralizado por culpa de la caída de la imagen de Javier Milei, el oficialismo le prende una vela al informe de gestión que brindará Manuel Adorni este miércoles. Esperan que la sesión, que contará con la presencia del Presidente, cierre la etapa de empantanamiento que se apoderó del Congreso desde que estalló el escándalo por las propiedades y viajes del jefe de Gabinete. Los aliados rechazan las leyes, retacean el quórum y piden cambios: la mayoría estival, con la que Milei logró aprobar la reforma laboral y los cambios en la Ley de Glaciares, se empantanó. Y el Gobierno espera que, tras el descargo del miércoles, pueda volver a aparecer. 

Patricia Bullrich no es tan optimista. La jefa del oficialismo en el Senado ya empezó a advertir que la reforma electoral, la única prioridad del Gobierno para lo que resta de 2026, no tiene los votos para ser aprobada en el Senado. Es una novedad: desde enero que Bullrich viene presumiendo una mayoría que, con ayuda de un sector del peronismo, le permitía coquetear con los dos tercios del Senado. 

El PRO y la UCR, sin embargo, empezaron a poner sus peros. No quieren una eliminación de las PASO sin una alternativa que permita dirimir las internas –ambos aliados esperan poder usarla como herramienta para negociar con Karina Milei si la imagen del Gobierno sigue cayendo– y la estrategia de incluir el proyecto de Ficha Limpa a modo de anzuelo no parece surtir efecto. La mayoría recuerda todavía cuando, hace un año, el Senado rechazó la Ficha Limpia de Silvia Lospennato por un viraje de último momento de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Dos aliados del Gobierno que, pese a que Milei siempre negó, torcieron su voto de común acuerdo con el oficialismo. 

Pero no solo los radicales y macristas ofrecen resistencia, también los provinciales. El tucumano Osvaldo Jaldo anunció su rechazo a la eliminación de las PASO y dejó, así, a Bullrich casi sin aliados a donde ir a buscar los votos. “El gobierno nacional está intentando hacerse un traje a medida en lo político electoral. Y en esto vamos a tener diferencias profundas”, afirmó el gobernador de Tucumán, quien, desde las elecciones de octubre, venía moviéndose como un fiel aliado del Gobierno. 

La reforma electoral, que además incluye un avance en la privatización del financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales, está trabada. No es la única iniciativa que arrastra ese mismo problema: la nueva ley de discapacidad, que disminuye la cantidad de pensiones y elimina el nomenclador que establece el valor de las prestaciones para todas las obras sociales y prepagas, no cuaja entre los aliados. Tampoco la nueva ley de financiamiento universitario. El Congreso ya sancionó dos leyes que obligan a Milei a indexar las partidas y salarios y, pese a que la Justicia lo obligó a que las cumpla, el Gobierno solo las ejecuta parcialmente. 

Más sorpresivo, sin embargo, fue la resistencia de los radicales a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Una iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger que modifica varias leyes: la de Tierras, eliminando los topes para aquellos inversores extranjeros que quieran comprar tierras nacionales; la de Manejo del Fuego, derogando la prohibición de producir sobre la tierra incendiadas durante 30 años; y la de Integración Socio Urbana, eliminando la prohibición de desalojos en barrios populares. 

El bloque radical, que lidera Eduardo Vischi, se reunió con Bullrich la semana pasada y le propuso varias modificaciones. El objetivo de la senadora libertaria era avanzar con la media sanción durante esta semana, pero la resistencia de los radicales y el informe de Adorni cambiaron los planes.

Hasta la agenda judicial amenaza con empantanarse. El Gobierno lleva presentados 97 pliegos para cubrir las más de 200 vacantes judiciales, entre los que se encuentran fueros federales y del interior del país, así como el de algunos jueces que están en edad de jubilarse y para los que el Ejecutivo pide su continuidad por cinco años más. El caso más resonante es el de Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia y uno de los jueces que participó del viaje a Lago Escondido, pero no es el único. 

En el listado está también Víctor Arturo Pesino, el juez que dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la aplicación de 80 artículos de la reforma laboral. El fallo se publicó la semana pasada y, menos de 24 horas después, el Gobierno correspondió enviando su pliego para que pudiera ser juez durante cinco años más. Otra es Matilde Ballerini, la jueza de la Cámara Comercial que favoreció a Mauricio Macri en la causa de la quiebra del Correo.

Hay, además, familiares de magistrados, como Emilio Rosatti, el hijo del juez de la Corte Suprema, y Ana María Cristina Juan, esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez que está a cargo de la causa $LIBRA. Según un relevamiento realizado por un conjunto de organismos de derechos humanos –como el CELS, INECIP y ACIJ– el 70% de las propuestas son hombres y el 73% proviene de cargos en el Poder Judicial. 

El jueves, el Senado retomará la agenda de audiencias. Y, si bien Bullrich cuenta con votos del peronismo y las fuerzas provinciales para acompañar los pliegos, el escándalo Adorni complejiza la posibilidad de convocar una sesión.

Adornipallooza

La oposición está preparada. El jefe de Gabinete dará, primero, un discurso de una hora sobre los lineamientos de la gestión y, luego se someterá a las preguntas de los diputados de la oposición. La gran apuesta de LLA es que, en el calor de los cuestionamientos por sus propiedades, el caso $LIBRA, los viajes al exterior o las denuncias de coimas en las ANDIS, Adorni pueda levantar e irse. Como hizo Guillermo Francos cuando habló por última vez como jefe de Gabinete frente al Senado el año pasado. 

Concientes de esta estrategia, los principales bloques opositores –el peronismo, la Coalición Cívica, el pichettismo y el radicalismo de Provincias Unidas– se reunieron el lunes por la tarde para diseñar un plan de trabajo. “El objetivo es mantener la sesión todo lo que pueda y evitar darle argumentos al tipo para que se vaya”, explicó uno de los diputados que participó del Zoom. 

La oposición pretende llegar al recinto con los temas organizados y distribuidos. Los primeros en preguntar serán los bloques más chicos y los últimos los más grandes, por lo que la apuesta es organizarse también en la instancia de las repreguntas. El peronismo, además, insiste en incluir los temas de la agenda social: crisis en el PAMI, índice de desempleo, cierre de industrias, aumento en la morosidad y distribución de medicamentos. 

Adorni, por si acaso, irá preparado. Ayer fue a la Cámara de Diputados a practicar su discurso en el recinto, cuando no había nadie. Un ensayo antes del show.

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“Cristina, la única manera de que salgas es si hay uno nuestro en Casa Rosada. Te la tienen jurada, te van a dar 15 años más”, se lamenta un dirigente peronista en el living de Cristina Fernández de Kirchner. El orador busca que afloje en su interna con Axel Kicillof, pero no le dice nada que la ex presidenta no sepa. CFK sospecha que el fallo de Vialidad es solo el primer paso, que detrás está Hotesur y Cuadernos y que la Justicia quiere mantenerla presa para siempre. El problema, sin embargo, es otro. Y es que la minoría vetadora con la que CFK esperaba negociar con Karina Milei en el Senado desapareció: Karina encontró sus dos tercios sin ella. 

La estrategia judicial de CFK, quien hace casi un año que cumple con una restrictiva prisión domiciliaria en San José 1111, depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Los asesores de la ex presidenta apuestan a que sean los organismos internacionales quienes intervengan en su liberación. Es por eso que el principal objetivo es sostener la campaña de “Cristina Libre” en el exterior –a eso fue Wado de Pedro a Barcelona, en donde consiguió una foto con Lula Da Silva y Claudia Sheinbaum durante la Cumbre Progresista– y esperar a que la CIDH tome el caso y determine, como vienen sosteniendo sus abogados, si hubo persecución política y judicial.  

Es una estrategia de largo aliento. Rafael Correa, por ejemplo, tuvo que esperar ocho años hasta que un organismo internacional interviniera en su caso. Pero la alternativa, el indulto, no termina de convencer a CFK. La ex presidenta pretende que declaren su inocencia y un indulto implicaría admitir su culpabilidad. 

Las dos estrategias requieren que el peronismo gane las elecciones en 2027. No son pocos los dirigentes que sostienen, en público y en privado, que el candidato del peronismo debe prometer indultar a CFK como una de sus primeras medidas. Pero, incluso en el caso de la estrategia internacional, resulta imprescindible que el Estado nacional defienda la postura de CFK de que el fallo de Vialidad fue arbitrario y discrecional. Necesita, en palabras del dirigente que se reunió con ella hace unas semanas, que haya uno “propio” en Casa Rosada que apure los tiempos en la CIDH. Y que, cuando la CIDH falle a favor, apure los tiempos de la Corte Suprema. 

El primer intento del cristinismo para negociar con el Gobierno la integración de la Corte fracasó. Las conversaciones –siempre negadas oficialmente, pero reconocidas en privado– con Ariel Lijo para respaldar su pliego como juez de la Corte Suprema se cayeron a pedazos en el momento que Santiago Caputo decidió avanzar con la designación de los supremos vía decreto. El Gobierno, cuestionan en el peronismo, nunca se ocupó de juntar los votos, lo dejó a Lijo rosqueando su propio ingreso y, cuando vio que algunos aliados radicales y del PRO no estaban dispuestos a respaldar, decidió presionar nombrándolos por DNU. A él y a Manuel García Mansilla.

El resto es historia conocida: CFK rechazó el mecanismo y mandó a rechazar los pliegos, lo que llevó a que todo el peronismo, incluso muchos senadores que tienen un buen vínculo con el juez de Comodoro Py, lo votaran en contra. Después de eso, la puerta de la negociación no volvió a abrirse. Hubo intentos, a través de Juan Martín Menna, pero el desembarco de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia cambió el escenario. 

La guerra de Comodoro Py y los dos tercios de Bullrich

Uno de los mayores logros legislativos del Gobierno, luego de las elecciones, fue quebrar al peronismo en el Senado. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, no controla ya a los díscolos que comenzaron a votar con el oficialismo –como la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y la tucumana Sandra Mendoza– y teme que haya más fugas. Apenas sí pudo contener al puntano Fernando Salino, y observa que los dos santiagueños de Gerardo Zamora no dudarán en jugar con Javier Milei si lo consideran necesario. 

El eje de poder en el Senado cambió. El cristinismo no controla ya los votos peronistas de la Cámara alta, y el Gobierno logró establecer un canal de negociación con el peronismo que le permite saltearse la intermediación de CFK. Sus interlocutores, ahora, son los gobernadores Gustavo Sáenz y Raúl Jalil, quienes lograron establecer, con ayuda de Moisés, una nueva mayoría que les permite interceder para negociar un tema de particular interés: las más de 200 vacancias judiciales. 

 “El kirchnerismo se quedó afuera de la negociación, y se lo merecen. No puede ser que fuimos gobierno durante 4 años y dejamos servidas en bandeja 200 vacantes judiciales”, se queja una de las armadoras de los gobernadores, quien acusa al cristinismo de haber perdido su vocación de poder. Un reclamo que se escucha con insistencia en algunas provincias del interior de cara a las candidaturas presidenciales. “Te están dando cátedra de cómo conseguir mayorías los tipos que, hasta el año pasado, tenían solo 7 senadores. No puede ser”, señala, mordaz.

En efecto, los peronistas vienen negociando con Karina Milei, a través de Mahiques y Santiago Viola, las vacancias para sus provincias, y calculan que, cuando llegue el momento, el oficialismo podrá aprobarlos con casi dos tercios de los votos. No porque los necesite, sino porque puede. Una demostración de poder que podría verse expresada, en un par de semanas, cuando se debata el pliego de “Coco” Mahiques, el juez de Casación Penal que participó del viaje a Lago Escondido y cuyo hijo, el ministro de Justicia, impulsó para continuar como juez apenas asumió en el cargo. 

“Patricia ya tiene los dos tercios si quiere”, admite, irritado, un senador del cristinismo, que fue corrido de la mesa de negociación con el Gobierno. Las conversaciones ya no pasan por los despachos de De Pedro, Anabel Fernández Sagasti o Mayans, sino por el de Moisés, Sáenz y Sergio Massa. También por el de Lijo, quien no cree ya que podrá ser juez de la Corte, pero aspira, ahora, a convertirse en procurador general. 

La semana pasada se llevó a cabo un festejo curioso. En ocasión del cumpleaños de Sáenz, se organizó una reunión, revelada por LPO, con Jalil, Moisés, Andrada, Mendoza y el juez Lijo. Ninguno de los participantes quiso revelar de qué se conversó en el encuentro, pero fuentes judiciales advierten que el juez se mueve como primus inter pares de la “vieja escudería” de Comodoro Py –que incluye a Mariano Borinsky, Marcelo Martínez de Giorgi y María Servini– y está jugando para conseguir los votos para ser procurador. 

“Sabe que el enemigo está en el Ministerio de Justicia, así que se junta con los ‘traidores’”, señala un operador judicial cristinista, aludiendo a la interna que existe entre el grupo de Lijo y el grupo que lidera Mahiques, quien está alineado con el supremo Horacio Rosatti. 

La guerra interna de Comodoro Py –a la que se le suma la guerra que hay en la Corte por el mecanismo de selección de los jueces, que tiene enemistados a Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti con Rosatti– no es el único motivo por el cual el juez se podría haber reunido con los dirigentes peronistas, sin embargo. Otro motivo es la interna del PJ, ya que Saenz viene impulsando la intervención del partido y la que se encargará de tomar la decisión es la jueza Servini. 

Al final, incluso en las negociaciones judiciales, todo vuelve al mismo punto: la interna peronista.

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Dante Gebel desembarcó en la Argentina con un objetivo: reunirse con el establishment político, mediático y sindical y ponerle el cuerpo al operativo clamor que, desde hace cinco meses, viene instalando su candidatura presidencial. El pastor influencer está en la búsqueda de un plan de efectividad. Coquetea con la idea de lanzarse a la política y le seduce la idea de volver a instalarse en el país después de 15 años viviendo en Estados Unidos, pero primero quiere ver si hay agua en la pileta. 

Gebel, con su look de galán de los 80’ y humor a lo Midachi, tiene una mega iglesia en California con capacidad para 4000 personas, cuatro años de gira internacional con su show “Presidante” y más de 3,2 millones de suscriptores en YouTube. Pero en Argentina casi no lo conocen. Nacido en San Martín, el showman, el empresario del entretenimiento, el artista –Gebel se define casi como cualquier cosa menos que como un “pastor evangélico”– se fue a vivir a Los Ángeles en 2008 y arrastra, desde entonces, un bajo nivel de conocimiento en el país. 

Gebel, en privado, sostiene que esto no es un problema porque todavía no se lanzó como candidato. Lo mismo señalan en su círculo chico, compuesto por el secretario general de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, el legislador que construyó la Libertad Avanza para Javier Milei en 2023, Eugenio Casielles, y el CEO de la River Church, Daniel Darling. Pero pese a que Gebel insiste en que hasta el Mundial no tomará ninguna decisión sobre su futuro político, sabe que tiene que levantar el perfil y empezar a dialogar con los principales actores políticos de la Argentina.

Con este objetivo en mente, Gebel aterrizó en Buenos Aires el martes a la madrugada. Se instaló en el departamento que alquila en Puerto Madero, y desde allí comenzó un raid de reuniones con empresarios, políticos, referentes sociales y sindicatos. Cronometrado milimétricamente por su equipo, ya que solo se quedará en el país hasta el viernes, Gebel empezó a reunirse con dueños de medios y a dar entrevistas. A todos les dice lo mismo: que él está armando un equipo, que no tiene definido aún si será candidato pero que observa con preocupación la situación social del país y quiere involucrarse.

“No lo hago por el reconocimiento ni por la plata”, insiste Gebel, en público y en privado. No tiene un programa económico, apenas si conoce el ecosistema político argentino, pero deja en manos de sus asesores –Brey, Darling, Casielles, el empresario Ariel Frías y el secretario general de SETIA, José Minaberrigaray– la letra chica de un eventual proyecto político. 

No le gusta confrontar directamente con Milei. Pero a nadie en su equipo se le escapa que, pese a que Brey le viene insistiendo para ser candidato hace años –lo conoce de toda la vida porque Darling, el CEO de la River Church Incorporated (la empresa bajo la que está registrada la iglesia de Gebel en California), es su padrino–, encontró en la crisis política y social de Milei el caldo de cultivo para irrumpir en escena. 

Gebel habla de las PYMES que cierran, de jubilados que no comen, de trabajadores que se quedaron sin empleo y de lo caro que están los medicamentos. Esta preocupación guió parte de sus primeras reuniones, como la que tuvo con la cúpula de la CGT el martes. El encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la UOCRA, contó con la presencia del triunviro de la CGT, Jorge Sola (Seguros), el anfitrión, Gerardo Martínez, y el secretario general de Obras Sanitarias, Jorge Lingeri. 

También estuvo la ex diputada peronista Graciela Camaño, quien viene acercándose al espacio hace un mes. Camaño es, incluso, una de las pocas dirigentas mujeres que tiene hoy Consolidación Argentina, el espacio fundado por los armadores del gebelismo para preparar la candidatura del pastor. El círculo chico, por ahora, está compuesto exclusivamente por varones. 

También se reunió con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y tiene pautados varios encuentros más con intendentes bonaerenses. También con referentes religiosos. Gebel señala que quiere ser el presidente “de todas las minorías” y pretende matizar lo más posible su rol como pastor evangélico. Le gusta más el rol de comunicador, que es lo que él asegura que hace todos los domingos en el servicio de la River Church. Le escapa al mote de “presidente evangélico” e insiste en que no es muy querido en la comunidad evangélica oficial. 

Sus colaboradores, sin embargo, advierten que Gebel es mucho más conocido en provincias del Norte, en donde la comunidad evangélica es mayor. Y que eso es un insumo a tener en cuenta si Gebel decide candidatearse. Casielles y Brey vienen recorriendo las provincias del país para instalar el armado gebelista, y ya se han reunido con varios gobernadores del Norte. El objetivo, con la llegada del pastor a la Argentina, es que sea él quien empiece a promocionarse en primera persona. Al menos para que sepan que va en serio. 

La otra pata, mientras tanto, es la peronista. Hay mucha presencia de dirigentes y sindicalistas peronistas en el armado de Gebel que advierten, puertas adentro, que el discurso del pastor tiene muchos puntos en común con el justicialista. Gebel, sin embargo, no se considera peronista y rechaza la idea de ir a una gran PASO nacional con otros referentes del peronismo. Una alternativa que, al día de hoy, baraja el propio Sergio Massa, a quien el pastor asegura nunca haber visto en persona.

Gebel, si es candidato, jugará solo. O como parte de un acuerdo político con otros partidos políticos que acepten sumarse al espacio. Su financiamiento no queda del todo claro: por ahora, él insiste en que pone todo de su bolsillo –los viajes, el avión privado– y que el resto es un aporte que hacen, gratis, los empresarios y dirigentes políticos que ya forman parte del espacio. Como las pintadas en la calle, los afiches en las paredes o las oficinas que le prestan, en Puerto Madero, para llevar a cabo algunas de sus reuniones. 

Todavía no está en campaña, insisten en su equipo. Solo empezando a reunirse y conformar un equipo. Si lo necesita, sin embargo, tiene un domicilio en la Argentina que le permitirá presentarse como candidato a presidente. Y viajará cada vez más seguido al país. Gebel asegura, a quienes lo conocen, que no vivir en Argentina no es un impedimento para ser candidato a presidente, sino todo lo contrario. Si hay equipo y programa, insiste, él se instalará en la Argentina y volverá para hacer campaña.

MCM

Impunidad y disciplinamiento. Después de más de dos horas de exposiciones, testimonios y debate, con presencia de abogadas feministas, juezas, especialistas en derecho y madres protectoras, el conversatorio organizado en el Senado llegó a una misma conclusión: el proyecto de Carolina Losada, que aumenta las penas para los casos de denuncias falsas por violencia de género, solo generará impunidad y disciplinamiento para las mujeres que denuncian. A coro, las especialistas y familiares de víctimas advirtieron que, de aprobarse en el Congreso, la ley no brindará ayuda a quienes son falsamente acusados, sino que solo pondrá más barreras en el acceso a la Justicia para las mujeres que denuncian. 

“Todas las víctimas con las que trabajo tienen algo en común: el miedo de que no les crean, a no poder acceder a la Justicia. Por favor, no creemos una nueva barrera sobre estas víctimas. No las señalemos con el dedo. No hagamos que las personas que buscan Justicia sean sospechosas”, pidió, emocionada y mirando a los senadores presentes en la sala del Senado, Andrea Lucangioli, la abogada de las cinco jugadoras de fútbol de la selección que denunciaron, en 2021, a su ex entrenador Diego Guacci por abuso sexual. 

Guacci, tal como relató elDiarioAR, fue absuelto por el Comité de Ética de la FIFA por “falta de pruebas” y se convirtió en un referente en contra de las “denuncias falsas” por abuso sexual. Su esposa, Andrea Robledo de Guacci, fundó el Frente de Mujeres Argentinas contra las Denuncias Falsas y, dos años después, redactó el proyecto que presentó Losada –que aumenta las penas en los delitos de denuncia falsa y falso testimonio en los casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñes y adolescentes– y que está por aprobarse en el Senado. 

“No es un problema que las personas pidan ayuda. No es un problema cuando las mujeres y las infancias buscan asistencia, el problema es cuando no lo hacen”, señaló Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, durante el conversatorio, advirtiendo lo que muchas de las invitadas repetirían luego: la iniciativa no resuelve el problema marginal de las falsas denuncias por violencia de género, sino que, en cambio, genera más problemas. En este caso en el acceso a la Justicia de las mujeres e infancias que denuncian violencia.

“Solo 1 de 4 mujeres en situación de violencia ha ido a buscar ayuda. Solo el 30% de las mujeres en CABA que vivió violencia buscó ayuda de alguna institución. El problema es que hay pocas denuncias o pocos pedidos de asistencia”, insistió Gherardi, quien cuestionó los largos tiempos procesales de la Justicia y advirtió que proponer una “criminalización agravada” para los casos de violencia de género iría en contra de leyes recientemente aprobadas por el Congreso, como la Ley Lucio. 

“Hace menos de tres años que el Congreso aprobó la Ley Lucio por unanimidad. Una ley que obliga a profesionales a denunciar cualquier situación de violencia y abuso. Pero si alguien después argumenta que es una falsa denuncia porque no hay prueba corre el riesgo de ser denunciado. ¿En qué quedamos? Tienen que denunciar o no tienen que denunciar para no ser víctima de una acusación de falsa denuncia?”, argumentó.

Respecto a la “marginalidad” de los casos de falsas denuncias por abuso sexual, la mayoría de las expositoras insistió en que no había estadísticas que justificaran la idea de que había una oleada de denuncias falsas. “Se habla de epidemia de denuncias por violencia sexual pero no hay evidencia. El Registro Nacional de Reincidencia da cuenta que dictaron 23.419 sentencias condenatorias en 2023. De esas 23.419 sentencias, solo 60 fueron casos de falsa denuncia y falso testimonio. Es decir el 0,25%”, señaló Ileana Arduino, abogada penalista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). 

Arduino, a su vez, buscó desmitificar la idea de que las retracciones de un caso de abuso sexual o violencia de género –que son utilizadas como argumento como parte del lobby contra las denuncias falsas– fueran sinónimo de mentira. “La evidencia indica que la retractación es una situación de extrema vulnerabilidad y que no es igual que la mentira. Una investigación científica de Córdoba del Instituto Ricardo Nuñez, que trabajó sobre adolescentes y niños retractados, reveló que el 75% cuando denunció el abuso recibieron desconfianza o indiferencia del adulto. Y que más del 60% tenía contacto con el agresor”, graficó Arduino.

La jueza del TOC 2 de Ciudad de Buenos Aires, Analía Silvia Monferrer, sumó a este dato con su propia experiencia. “En el 100% de los casos de personas que venían a querer retractarse y levantar denuncia fue porque habían tenido nuevos episodios de violencia. La retractación es a priori un elemento más para corroborar la situación de violencia”, señaló Monferrer sobre los casos que llegaron a su juzgado. 

“Este proyecto no es solo disuasorio, es castigo, es disciplinador. Quieren que todas las mujeres que denuncien terminen en las mismas condiciones que terminaron en el caso Guacci”, señaló, por su parte, la abogada feminista Sabrina Cartabia, que trabaja con víctimas de abuso sexual. 

No fue la única. En el público había supervivientes y familiares de supervivientes que advirtieron eso mismo: la ley busca castigarlas por denunciar. “Si este proyecto sale, nosotras que estamos denunciadas, vamos presas. El objetivo no es solo amedrentar nuevas víctimas. Nosotras vamos a ir presas, y nuestro hijos vuelven a la casa de tortura”, señaló Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja, hace cuatro años, por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años.

“Esto no es una pelea por las falsas denuncias, es impunidad”, exclamó.

En una misma línea, al final del encuentro, la senadora Juliana Di Tullio tomó la palabra y señaló: “Es un proyecto de disciplinamiento y castigo a favor de los pedófilos y de los violentos. Y hay una batalla político cultural que hoy encabeza el Gobierno”. 

Tiempos legislativos

Losada pretendía aprobar la iniciativa en el Senado la semana próxima, pero Patricia Bullrich decidió patearlo una semana más. La jefa del oficialismo quiere esperar a ver cómo repercute el informe de gestión de Manuel Adorni este 29 de abril: no quiere tensionar a los aliados y prefiere esperar a ver cómo están los ánimos. 

Hubo, además, otro factor en la decisión de aplazar la sesión. Y es que Bullrich observa que no hay tanto consenso interno en el bloque radical, que integra Losada, para aprobar la iniciativa. La senadora libertaria tiene otras prioridades –como la aprobación de los pliegos judiciales– por lo que no quiere tensionar las alianzas a menos que sea necesario. 

Y la oposición peronista buscará aprovecharlo.

MCM/CRM

Martín Menem tenía un plan: sesionar este miércoles para tratar la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, tantear el clima del recinto tras el escándalo de Manuel Adorni y allanar el camino de cara al informe de gestión del 29 de abril. El objetivo no era tanto hacerle un favor a Sturzenegger, con un proyecto de ley que hasta los propios califican de secundario, como medir la lealtad de los aliados. Si la oposición buscaba avanzar con una embestida, razonaba, mejor que fuera antes que Adorni visitase la Cámara de Diputados. Sin embargo, le falló el número: los aliados se le retobaron y, con varios libertarios fuera del país, el riojano tuvo que levantar la sesión. 

“Hay demasiada tensión con el tema Adorni y no teníamos garantizado el quórum con los aliados”, señaló un alfil libertario que, como varios diputados del bloque oficialista, se manifestó en contra de tratar el proyecto de Sturzenegger. La discusión comenzó el viernes pasado, poco después de la reunión de la mesa política en Casa Rosada. Algunos dirigentes libertarios advertían que no era conveniente abrir el Congreso en este contexto de debilidad política y que era mejor esperar a que bajara la espuma. “Guardémonos las balas”, explicaban en La Libertad Avanza.

Menem, en cambio, quería medirle el aceite a los aliados. Consciente de que el escándalo patrimonial de Adorni se había convertido en la excusa para diferenciarse del Gobierno, el riojano advertía que era una buena oportunidad para tantear las fuerzas: el proyecto de Sturzenegger, después de todo, no formaba parte de las prioridades de Javier Milei. En la última semana algunos aliados, como Cristian Ritondo, el jefe del PRO, habían aprovechado para criticar al Gobierno denunciando el “show” que se buscaba armar con el informe de gestión del 29 de abril. 

“Sin duda, este tema y la repercusión que tuvo en los medios ha perjudicado la imagen del Gobierno. No es mi opinión aislada; lo dicen todas las encuestadoras”, señaló Ritondo, en declaraciones radiales. 

El principal motivo de preocupación, sin embargo, no era el PRO, sino las fuerzas provinciales. Golpeadas por la caída de la recaudación –que arrastra ya ocho meses a la baja– y el derrumbe de las transferencias de la coparticipación, las provincias arrastran un ahogo financiero cada vez más acuciante. Los aliados reclaman fondos al gobierno nacional, pero Luis Caputo es renuente a abrir la billetera. En este contexto, los gobiernos provinciales ensayan maniobras para distanciarse.

Ya se vio, incluso, durante la última sesión por la reforma de la Ley de Glaciares. Durante la votación por los apartamientos de reglamento para interpelar a Adorni, por ejemplo, hubo varias ausencias elocuentes. Fue el caso de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro. El catamarqueño Raúl Jalil, incluso, mandó a sus diputados a votar a favor de la interpelación del jefe de Gabinete. 

Frente a este escenario, Menem, este lunes, hizo cuentas. Y se dio de frente con el hecho de que, si abría el recinto, se arriesgaba a no tener quórum. El problema era doble. Por un lado, los aliados se resistieron a garantizar su comparecencia. Y, por el otro, había muchas ausencias de diputados propios que estaban en el exterior. 

El nuevo Congreso

El escándalo patrimonial de Adorni –que esta semana tendrá un nuevo capítulo judicial con más declaraciones testimoniales– divide las aguas en el oficialismo. 

Este debate interno se vio plasmado, el viernes pasado, con el cruce entre Lilia Lemoine y Daniel Parisini en las redes sociales. El desencadenante fue la interna de largo arrastre entre Sebastián Pareja, el armador de Karina Milei en Provincia de Buenos Aires, y la militancia virtual de las fuerzas del cielo, que comanda Santiago Caputo. Una discusión por una denuncia penal de Pareja contra un grupo de tuiteros que lo doxearon el año pasado –publicaron su número de teléfono en Twitter– y que derivó en un enfrentamiento público. El enfrentamiento, sin embargo, exponía algo más: el malestar que hay dentro de un sector de LLA frente a la decisión de los hermanos Milei de sostener a Adorni.

Menem, en tanto soldado de Karina, defiende a rajatabla al jefe de Gabinete. Y fue él quien propuso que diera el informe de gestión el 29 de abril. “Las encuestas me chupan un huevo”, se lo escuchó decir al riojano, quien confía en que la espuma terminará bajando y que no hay que ceder ante la presión de la oposición. 

Dentro del bloque, sin embargo, no todos están de acuerdo. Más de uno está “harto” de tener que defender a Adorni y advierte que no hace más que “desgastar” al Gobierno. 

Esta tensión, que derrama sobre los aliados, genera un freno a la agenda oficialista en el Congreso. Este martes, Menem buscará avanzar con el dictamen de la Ley Hojarasca –que elimina leyes como la de Padrinazgo Presidencial, que establece que el presidente será el padrino (o madrina) del séptimo hijo varón o hija mujer, o la que le da derecho de libre circulación y estacionamiento a los diputados–, pero no podrá avanzar con la sesión. 

Por primera vez desde las elecciones de octubre, el riojano tiene que moverse con cuidado. 

MCM/CRM

Dante Gebel quiere ser candidato a presidente. Ya no lo dicen solo sus armadores en la Argentina, que vienen trabajando para instalar su candidatura desde principios de año, sino el propio pastor influencer. “Lo que va a pasar, ya pasó. La historia fue escrita, incluso antes de que naciéramos. ¡Se viene algo nuevo, mi gente!”, advirtió Gebel hace un par de semanas en sus redes sociales. Un guiño que, advierten quienes lo conocen, significa que está preparándose para desembarcar en la política argentina. Un desembarco que empieza esta semana, recién aterrizado en Buenos Aires.

El avión privado de Gebel aterrizó el lunes por la noche. Acompañado por Daniel Darling, el CEO de la River Church –que es la mega iglesia evangélica de Gebel en California–, desembarcó en la Argentina con el objetivo de ponerle el cuerpo al operativo clamor por su candidatura. El pastor, que vive en Estados Unidos hace 15 años, está decidido a sondear de primera mano el escenario para su lanzamiento presidencial. No habrá una oficialización de su candidatura, el objetivo es patearla para fin de año, pero sí empezará a reconocer en público el armado político que viene trabajando en convertirlo en presidente. 

Sus dos principales armadores son el sindicalista peronista Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, y el ex libertario Eugenio Casielles, legislador porteño y fundador de La Libertad Avanza con Ramiro Marra. Ambos dirigentes, provenientes de espacios políticos antagónicos, vienen trabajando en la construcción de la candidatura de Gebel desde el año pasado con el espacio “Consolidación Argentina”. Hasta ahora, sin embargo, habían jugado casi con autonomía de Gebel: el pastor daba su visto bueno a la distancia, desde su casa en Anaheim, y dejaba hacer. 

Gebel no se metía en las reuniones que la dupla mantenía con gobernadores o intendentes bonaerenses. Tampoco en las charlas con empresarios y encuestadores, que señalan que el pastor, pese a tener 3,2 millones de suscriptores en YouTube y 2,4 millones de seguidores en Instagram, tiene un elevado nivel de desconocimiento en Argentina, el país donde nació, se hizo pastor y, luego, abandonó para radicarse en California. “Prefiero un outsider de verdad, el conocimiento se construye”, responde el equipo gebelista y repite, una y otra vez: “Solo un outsider puede sacar a otro outsider”. 

Ahora, sin embargo, Gebel decidió que es momento de aparecer. El miércoles dará una primera entrevista y, si bien no anunciará su candidatura, sí reconocerá que tiene un equipo técnico trabajando para un proyecto nacional. Tiene pautadas, a su vez, varias reuniones con empresarios y dirigentes políticos de diferentes sectores. Sus armadores políticos no se comprometen con ninguna alianza todavía: no vislumbran una PASO, pero sí acuerdos con diferentes partidos. 

Dependiendo de cómo esté Milei posicionado en 2027, sus armadores apuestan a cerrar con un sector del peronismo del interior, por un lado, o con el PRO y los libertarios caídos en desgracia, por el otro. La duda es si, el año que viene, convendrá hacer anti mileismo o anti kirchnerismo. Dependerá de la imagen del Gobierno.  

Todavía no hay ni programa ni plataforma electoral, solo el convencimiento de que, al ritmo actual de la economía, Javier Milei no reelegirá en 2027. Los armadores de Gebel lo saben y el propio pastor comienza a observar, a la distancia, un malestar social que podría servir como caldo de cultivo para su irrupción en el mapa político argentino. 

“Hay momentos en la vida que uno es plenamente consciente que es parte de un plan que ya fue escrito por Dios. Y va a pasar lo que tenga que pasar; le guste a quién le guste, incluso, a pesar de mi mismo o de la opinión de los demás”, señaló Gebel a principios de abril, cuando dio el primer guiño de que podría oficializar su candidatura. 

Mientras Gebel manda señales divinas, sus armadores apuestan a dar inicio a la segunda etapa de su instalación pública. Al igual que Mauricio Macri, que empezó a recorrer el país, o Sergio Massa, que reapareció en un partido de fútbol en San Vicente, los espadachines de Gebel huelen la debilidad del Gobierno. Y quieren pasar a la acción. Quieren, ahora sí, que se los tomen en serio.

MCM/CRM

“¿Qué tengo que hacer para que jueguen bien? ¿Meterlas en la ducha y cogerlas?” “¿Tus papás saben que sos lesbiana?” “¿Por qué no me mandás fotos tuyas?” “Mirá cómo estoy. Nunca me había pasado. Vos me ponés así”. 

En 2021, cinco jugadoras de la selección argentina de fútbol denunciaron al entrenador Diego Guacci por acoso y abuso sexual. Estas frases, adjudicadas a Guacci, formaron parte de la investigación que llevó a cabo la FIFA, pero el Comité de Ética terminó cerrando la causa por considerar que las pruebas eran insuficientes. Las jugadoras, que continuaron denunciando el hostigamiento y el abuso, terminaron abandonando la Selección. Guacci, en cambio, se convirtió, junto a su esposa, en un referente de la cruzada contra las “denuncias falsas”. 

Andrea Guacci, quien tomó el apellido de su esposo, fundó el Frente de Mujeres Argentinas contra las Denuncias Falsas un año después. No fue la única: según un relevamiento que realizó de manera colaborativa la Federación Nacional Red de Medios Digitales (RMD), a partir de 2021, como un contramovimiento frente al avance de los feminismos, se multiplicaron los actores –organizaciones, fundaciones y grupos de abogados– que comenzaron a alertar sobre una supuesta emergencia de denuncias falsas en casos de violencia de género.

No hay estadísticas que respalden esta supuesta emergencia que, argumentan las organizaciones, está arruinando la vida a cientos de personas y niños. Pero, valiéndose de casos particulares, como el caso Guacci o el del obstetra Pablo Ghisoni, estos actores empezaron a hacer lobby en los medios de comunicación y a reunirse con legisladores y dirigentes políticos.

En 2022, Guacci conoció a Carolina Losada, quien desde entonces se convirtió en una abanderada de la causa. En 2023, luego de perder la interna contra Maximiliano Pullaro en Santa Fe y ser electa, en cambio, como senadora, Losada empezó a encabezar audiencias itinerantes sobre las supuestas denuncias falsas en todo el país. “Están utilizando el sistema como herramienta de extorsión, amenaza, castigo o venganza”, advirtió la senadora radical y presentó un proyecto de ley que, bajo el argumento de que la Justicia aplicaba sanciones sin prueba en casos de violencia de género, endurece las penas para dos delitos que ya existen en el Código Penal: el de denuncias falsas (artículo 245) y el de falso testimonio (275).

El proyecto de ley fue presentado dos veces y, la semana pasada consiguió dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado. La iniciativa no crea un nuevo tipo penal, sino que endurece las penas para dos delitos existentes –denuncias falsas y falso testimonio– en aquellas acusaciones vinculadas a la violencia de género, el abuso sexual o la violencia contra niños. Todos delitos que, advierten varias organizaciones de Justicia y de Derechos Humanos, se producen en ámbitos privados y, por lo tanto, suelen ser muy difíciles de probar.

En el caso de las denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto de Losada convierte el delito en no excarcelable, ya que lleva la pena de 3 a 6 años (hoy es de 2 meses a un año). En el caso del falso testimonio, que afecta a testigos y peritos, lo lleva de 3 a 8 años (hoy es de un mes a 4 años). 

La iniciativa se debatirá en el Senado el próximo 28 de abril. La jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, respalda el proyecto de Losada y está convencida de que tendrá el número para darle media sanción al proyecto. Las organizaciones de abogadas feministas están en estado de alerta: si la ley se sanciona, advierten, habrá un enorme retroceso en el acceso a la Justicia de las víctimas de violencia de género.

“El problema con el proyecto es que no aborda los problemas de acceso a la Justicia sino que por el contrario, los agrava. Si ya son muy pocas las personas que denuncian situaciones de violencia y de abuso, muchas menos habrá si enfrentan la posibilidad de ser perseguidas penalmente en el muy probable caso de que la denuncia de violencia y abuso no prospere en la Justicia”, advierte, en diálogo con elDiarioAR, la abogada Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

Desmitificando

El argumento de Losada y las organizaciones que impulsan el proyecto parte de la premisa de que existe un aumento significativo de las medidas judiciales en casos de violencia de género sin exigir prueba alguna. La Justicia condena hombres sin pruebas, argumentan, y les arruina la vida y los separa de sus familias. Y, si bien existen casos puntuales de denuncias falsas que derivaron en condenas, no existe en la Argentina ningún tipo de estadística que dé cuenta de un incremento de las denuncias falsas por violencia de género. Sino todo lo contrario. 

Según datos recabados por INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), en el 2023 se dictaron 23.419 sentencias condenatorias. De ese total, que son datos proporcionados por la Dirección Nacional de Reincidencia, los casos de falsa denuncia y falso testimonio en todas las modalidades fueron 60. Es decir: el 0,25% del total de las sentencias dictadas en ese año fueron por falso testimonio y falsa denuncia.

“Los datos que existen demuestran la absoluta marginalidad y por lo tanto su irrelevancia político criminal”, advierte el INECIP, junto a decenas de organizaciones que publicaron un documento en contra del proyecto de Losada. 

El problema, sin embargo, no es solo la marginalidad estadística de este tipo de delitos –que ya existen y están tipificados–, sino las consecuencias que una política criminal orientada a endurecer las denuncias falsas por violencia de género puede tener sobre las mujeres y diversidades que denuncian. Un tipo de delito que, a diferencia de las denuncias falsas, sí tienen estadísticas oficiales que muestran que existe un profundo subregistro sobre la violencia de género. 

Según la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, solo el 18% de las víctimas de femicidio hizo una denuncia previa en 2023. Y, en el caso de los delitos contra la integridad sexual, la Encuesta Nacional de Victimización del INDEC registró que solo el 12,5% de los delitos sexuales se reportan. 

“Lejos de fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia, desincentivan las demandas legítimas de justicia, protección y reparación por parte de mujeres y de sus hijas e hijos, víctimas frecuentes en estos casos y propician la impunidad y repetición de estos delitos”, advirtió, en 2024, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA.

Con otras palabras, Anna del Boca lo señaló así: “A mi me psicopatearon de todos lados, para convencerme de pedir perdón y retractarme por todo lo que me hicieron sufrir. Eso incentivan. Son parte del problema”. Hija de la actriz Andrea del Boca, Anna denunció en 2019 por abuso sexual a su padre, Ricardo Biasotti. El empresario, sin embargo, fue absuelto por la Justicia por falta de pruebas y se convirtió en un referente de las denuncias falsas, participando, incluso, del debate que organizó Losada en el Congreso. 

Después de escucharlo exponiendo en el Senado, Anna concedió una entrevista y le advirtió a los que sostenían la bandera de las denuncias falsas: “Llámense a silencio porque es macabro lo que están haciendo”.

MCM/MG

“Brindemos porque se viene la tercera, la tercera es la vencida, Sergio”, festejaron, irónicos, un grupo de intendentes del PJ en el quincho de la Quinta de San Vicente. Sergio Massa lo escuchaba, risueño, junto al resto de los dirigentes de La Cámpora y el Frente Renovador que habían participado, más temprano, de un partido de fútbol en el Estadio Ciudad de San Vicente. El tigrense no había jugado, pero sí se había sumado como espectador y, luego, como comensal. Festejó el brindis, pero prefirió acercarse a Federico Achaval y Federico Otermín, dos de los intendentes que se posicionan para competir por la Provincia de Buenos Aires en 2027, y coreó: “Ojo que acá tenemos una interna que resolver, muchachos”.

Los primeros síntomas del desgaste de la imagen del Gobierno comienzan a ser ineludibles. El apuro de Comodoro Py por mover la causa de enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, por un lado. La reaparición de Mauricio Macri, por el otro. Y más recientemente: el regreso al fútbol 5 del peronismo bonaerense que, en charlas de asado, comienzan a discutir cómo organizarse de cara al colapso de la imagen pública de Javier Milei. 

De todos los temas que se conversaron –incluidos los pases de factura del bando perdedor, el massismo, contra el ganador, el camporismo, por haber llevado ex jugadores de fútbol al partido–, hubo un punto en el que todos se pusieron de acuerdo: el derrumbe del Gobierno y la posibilidad de que la crisis política lo haga estallar por el aire. Había concejales, legisladores e intendentes de todos los espacios del PJ, excepto del kicillofismo, que solo tuvo representación a través de la presencia de Achaval. El intendente de Pilar, sin embargo, juega con autonomía, y más de un participante lo escuchó quejarse, como a todos, de los problemas financieros de la Provincia. 

Por parte del cristinismo, que son quienes organizaron el partido, estaban Otermín (Lomas de Zamora), Julián Álvarez (Lanús), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo). Por parte del massismo, mientras tanto, jugaban el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci; el diputado nacional Sebastián Galmarini y el intendente Juan Andreotti (San Fernando). Massa, que olfatea la debilidad del Gobierno y decidió salir en las fotos, participó desde afuera. 

La reaparición del tigrense no es casual. El último dato del tracking diario con el que viene trabajando, hace más de dos años, le reveló que la imagen de Milei rompió el piso de los 30 puntos. Massa percibe que la caída del Gobierno comenzó a acelerarse más de lo previsto, y eso obliga a repensar la estrategia política del peronismo. “El Gobierno está desbarrancando. ¿Vos sabés lo que significa llegar a 25 puntos? Que nos acercamos a un escenario de despolarización. ¿Y ahí qué haces?”, se pregunta uno de los hombres de confianza del líder del FR. 

El diagnóstico es similar entre las distintas tribus del panperonismo, que advierten –en especial los intendentes– que Milei está en uno de sus peores momentos políticos. No por el escándalo patrimonial de Adorni, advierten, sino por el “bolsillo”. Pero las respuestas ante el diagnóstico no siempre son las mismas. 

Por ejemplo, en términos de estrategia electoral. Los intendentes reclaman desdoblar la elección bonaerense, de modo de poder proteger primero el pago chico y luego concentrarse en la elección nacional, y cuentan con el apoyo de un sector de la mesa chica del kicillofismo. En el cristinismo y en el massismo, en cambio, se oponen. La estrategia localista monopoliza las discusiones: el peronismo sabe que, si quiere fantasear con ganar la presidencia, necesita ganar antes la Provincia. 

Capítulo aparte es el tema de los nombres. El Adorni-gate aceleró la caída de la imagen del Gobierno y, con ello, los tiempos políticos de la oposición. No solo del peronismo. Empiezan a surgir coqueteos de terceras vías, con Macri yéndose de gira por el NEA o los gobernadores que buscan construir un espacio de centro, y el escenario de polarización comienza a resquebrajarse. En 2027, razonan algunos dirigentes del peronismo, podría no haber solo una fuerza opositora con posibilidades de llegar a un ballotage, sino dos. 

Para Massa, este escenario es propicio para su reaparición. El tigrense no se resigna a no ser candidato, pese a que sabe que arrastra la mochila de haber sido el ministro de Economía cuando la inflación llegó a un 211% anual. Se deja aplaudir cuando lo convocan a ir “por la tercera” candidatura presidencial, y juguetea con la idea de ir por la Gobernación bonaerense. Un lugar que, a esta altura, tiene más dirigentes peronistas anotados para competir que para la candidatura presidencial.

Kicillof vs Milei

Axel Kicillof juega con otro escenario en mente. El gobernador bonaerense sí observa un escenario de polarización pero que no será entre Milei y el peronismo, sino entre Milei y un frente nacional opositor que encabece el peronismo pero que incluya a otras fuerzas. Y su apuesta es convertirse en quien lidere dicho frente. 

Tal escenario le conviene tanto al gobernador bonaerense como al presidente, que polemiza con Kicillof cada vez que tiene una posibilidad. Milei eligió a Kicillof como su contrincante político e ideológico y eso lo ayuda a posicionarse más que cualquier foto con gobernadores o dirigentes de otros espacios políticos. En la mayoría de las encuestas que vienen circulando en los despachos peronistas desde que estalló la crisis del Gobierno, Kicillof continúa manteniendo una imagen positiva más baja que Milei, pero se posiciona como el referente peronista con mayor intención de voto. 

El gobernador sabe que uno de sus flancos débiles es el ahogo financiero de la Provincia, que podría generarle problemas el año que viene. Los intendentes exigen fondos y advierten que cada vez es más difícil contener la crisis en sus distritos. La situación de emergencia es tal que, este martes, un centenar de intendentes de todo el país fueron a tocarle el timbre a Luis Caputo para reclamarle por la falta de obra pública y la caída de la coparticipación. Los intendentes se movilizaron hasta el Ministerio de Economía, que está ubicado frente a Plaza de Mayo, y le presentaron un petitorio. 

El gobernador respaldó la movida, y se fotografió con los intendentes. “Si no fuera por el acompañamiento y la asistencia en cada barrio y en cada municipio, la Argentina de Javier Milei sería ya una calamidad absoluta. Tenemos la responsabilidad y la obligación de mostrar que otro camino es posible: estamos trabajando para crear una alternativa política que pueda sacar al país del pozo en el que nos están metiendo”, señaló el gobernador, más tarde, durante una charla en la sede de la Federación Argentina de Municipios. 

Este miércoles, Kicillof viaja a España para participar de la Cumbre Progresista Mundial que organiza Pedro Sánchez. El encuentro, que buscará posicionarse como un eje anti Donald Trump, contará con la presencia de varios líderes regionales de peso, como Lula da Silva (Brasil), Claudia Sheinbaum (México) o Gustavo Petro (Colombia). La presencia de los dirigentes peronistas será importante, ya que también participará Wado de Pedro, en representación de Cristina Fernández de Kirchner, y varios dirigentes del PJ, como Jorge Taiana o el “Tano” Menéndez.

La comitiva del PJ, sin embargo, no viajará con Kicillof. La interna, el gran problema del panperonismo de cara a 2027, ya no distingue las fronteras nacionales. 

MCM/MC

Mauricio Macri eligió una carta de tarot para jugar con la idea de su regreso. De fiesta en el sector VIP de Ciudad Universitaria, el ex presidente posó con la carta del Diablo. “Recupero mi poder”, explicó, pedagógica, una de las artistas que participó de la fiesta. Una premisa con la que Macri coquetea desde que explotó la crisis política del Gobierno: el líder del PRO huele la debilidad de Javier Milei y está decidido a aprovecharla. No quiere ser candidato, pero está dispuesto a jugar a que sí. Ya sea en Parque Norte, donde encabezó una cumbre PRO hace un mes, o en el noroeste del país, donde viajará este fin de semana. O, incluso, en una fiesta electrónica. 

Macri, explican quienes lo conocen, comenzó a advertir que la política económica de Milei “no funciona”. Como varios empresarios que empiezan a sondear otros posibles candidatos de derecha para 2027, el fundador del PRO se queja de la gestión libertaria, de la interna interminable y de los datos cada vez más alarmantes de la “microeconomía”. Como todo dirigente político, Macri recibe encuestas y la mayoría le muestra un malestar social que repercute profundamente sobre las expectativas de gobierno de La Libertad Avanza. 

No lo da vencido, pero sí lo ve débil y con una tendencia a la baja que no se detiene. Es decir: un escenario ideal para presionar, levantar el perfil y negociar con Karina Milei en mejores condiciones. Así se vio hace un mes, en el megaevento de Parque Norte, en donde Macri convocó a toda la plana mayor del partido y habló de que el PRO representaba el “próximo paso” de la gestión libertaria. Y así buscará hacerlo este fin de semana, cuando viaje a Chaco y Corrientes para apuntalar a los PRO locales. 

Macri en el NEA

La idea surgió en la cumbre de Parque Norte y Fernando de Andreis, mano derecha de Macri y actual secretario general del partido, se encargó de organizarla. El objetivo es comenzar a recorrer las provincias, fortalecer los partidos locales y empezar a diagramar la posibilidad de una construcción electoral de cara a 2027. El primer destino será Corrientes y Chaco, en donde Macri mantiene un buen vínculo con los gobernadores radicales locales. El objetivo no es solo juntar a la tropa PRO, sino también a los gobernadores Juan Pablo Valdes y Leandro Zdero, y ofrecer una postal de fortaleza.  

Si bien Juntos por el Cambio concluyó en 2023, luego de la interna sanguinaria entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, la coalición se mantiene con vida en muchos gobiernos provinciales. En Santa Fe, por ejemplo, el gobernador es el radical Maximiliano Pullaro y la vice era Gisela Scaglia, del PRO, quien renunció para encabezar la lista de diputados nacionales. Existe un ala del PRO que apuesta a revivir a nivel nacional lo que perdura a nivel local, junto al radicalismo, la Coalición Cívica y otras fuerzas de centro derecha. 

“Lo mejor que le podría pasar a la Argentina es que la competencia electoral sea entre LLA y una alianza liderada por el PRO y otros espacios de centro”, se entusiasma una referenta del PRO del NEA que invitó a Macri a visitar la provincia y fantasea con la posibilidad de presentar candidatos de todo el país. 

Uno de los primeros en verbalizar la posibilidad de construir un frente electoral alternativo a Milei fue Pullaro, quien hace dos semanas advirtió que había un escenario propio para el surgimiento de una tercera vía “republicana, democrática y de centro”. “El modelo de Milei cruje”, señaló el gobernador santafesino, quien le hizo un guiño a Macri y agitó la posibilidad de su candidatura presidencial. “Es con Macri si quisiera ingresar a un frente político”, advirtió.

Macri, sin embargo, no tiene interés en ser candidato presidencial. Un sector del PRO, aquel que siempre se opuso a cerrar un acuerdo electoral con LLA en 2025 y perdió la disputa interna, todavía mantiene la expectativa de que su líder político quiera salir a la cancha a jugar. Es el único, advierten, que tiene la fuerza suficiente para disputarle la elección a Milei. Y especulan con la posibilidad de que, si la imagen de Milei sigue cayendo y no aparece ningún candidato competitivo propio, Macri decida competir. 

Quienes lo conocen más de cerca, en cambio, advierten que no hay manera de que Macri deje el bridge, la agenda internacional y su reciente vida de soltero para hacer campaña. “Está en otra”, advierte un dirigente de confianza, que señala que Macri mostrará músculo y recorrerá las provincias para subir el perfil, pero nunca anunciaría una candidatura. El objetivo es otro: reflejar fortaleza para, a último momento, negociar un acuerdo electoral con Karina Milei.

Lo que quieren las bases 

Incluso en los momentos de mayor furia con el Gobierno, los armadores de Macri en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires repiten una consigna: “No podemos ser funcionales al kirchnerismo”. Esta premisa, que funcionó como argumento aglutinador en el cierre de la alianza electoral de 2025, vuelve a repetirse cada vez que los movimientos de Macri se vuelven más audaces y el ala dialoguista del PRO tiene que justificar los gestos de su líder político. “Vidal se la pasa hablando de que quiere candidatos, pero nadie la aplaude, nadie la respalda. Hay que prestar atención a lo que quiere el partido”, grafica un peso pesado del PRO. 

La chicana a María Eugenia Vidal es porque es una de las pocas referentas nacionales del PRO que viene advirtiendo, hace más de un año, sobre la necesidad de tener un candidato propio en 2027. Más de uno, incluso, la postula a ella, aunque no tiene el respaldo de todo el partido. Más allá de la disputa interna, sin embargo, el comentario apunta a una realidad, que observa el propio Macri: todavía existe una mayoría del partido que le pide acordar con LLA. Especialmente en la Provincia de Buenos Aires, en donde Diego Santilli quiere ser el candidato de LLA para ganarle al peronismo. 

“Si LLA busca un acuerdo, se va a concretar. Es lo que la tropa quiere, más allá de lo que quiera Mauricio. No hay lugar para la tercera vía, es una elección que se va a polarizar”, advierte un macrista paladar negro. Las bases, insiste, todavía quieren cerrar con LLA porque quieren reelegir en sus territorios. Y Macri, al final del día, acatará. Sin importar lo que digan las cartas.

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Desde hace un mes que las encuestas que llegan a los despachos de la Casa Rosada no ofrecen una buena noticia. El escándalo patrimonial de Manuel Adorni se apalancó sobre la caída del poder adquisitivo y no hay noticia –ni la baja del índice de pobreza, ni el fallo por la expropiación de YPF, ni la guerra contra el periodismo– que permita salir de la encerrona. Pero allá donde la imagen de Javier Milei cae, junto a la del resto del Gobierno, la de Patricia Bullrich se mantiene inmutable. Un dato que el círculo rojo, los empresarios insultados por Milei, Mauricio Macri y hasta el peronismo empiezan a olfatear. Una pregunta que, en la intimidad, se hace la propia Bullrich: ¿y si en 2027 el candidato no es Milei?

El primero en sugerir, sin decirlo, la posibilidad de un mileísmo sin Milei fue Mauricio Macri en Parque Norte hace tres semanas. “Esa diferencia entre lo que se prometió y lo que no llegó a la mesa de los argentinos se llama ‘próximo paso’. Y nosotros somos el próximo paso”, afirmó el ex presidente en el acto de relanzamiento del PRO. A su manera, reivindicando la motosierra y la estabilización macro impulsada por el gobierno libertario, Macri expuso una debilidad que la oposición viene advirtiendo hace tiempo y que, ahora, se escucha también en las charlas de empresarios con aliados del Gobierno: aunque la macro esté ordenada, si la micro no cierra, Milei va a perder las elecciones. 

Macri verbalizó este diagnóstico casi como una provocación. El único interés del ex presidente radica en mantener el control de la Ciudad de Buenos Aires y, para lograrlo, necesita negociar con Karina Milei. Jorge Macri fantasea con poder ir a una PASO con La Libertad Avanza, pero sus asesores le dicen que, para lograrlo, necesita que el PRO mida 15 puntos a nivel nacional. “Y nosotros no medimos ni 15 puntos en la Ciudad”, afirma, irónico e irritado, un referente del PRO. 

Macri es conciente de esa limitación, ya que se enfrentó a esa realidad en la elección porteña, cuando Adorni sacó el doble de votos que la lista encabezada por Silvia Lospennato. Pero también advierte que tiene capacidad de daño: si Milei quiere ganar en primera vuelta, necesita evitar que haya filtraciones hacia otras opciones de derecha. LLA los necesita si pretende evitar la instancia de ir a un ballotage contra el peronismo. 

El ex presidente observa los números de la actividad y desempleo, así como los coletazos del escándalo de Adorni, y hace cuentas. Quienes lo conocen advierten que no tiene interés en dar una pelea electoral, pero que, por si acaso, deja la puerta abierta. 

El efecto Adorni

Bullrich, en la intimidad, hace una lectura similar a la de Macri, pero no está dispuesta a sacar los pies del plato. No todavía, al menos. Su principal objetivo es ser la candidata de Milei en la Ciudad de Buenos Aires, y está construyendo políticamente para lograrlo.

Después de dejar el Ministerio de Seguridad, que le ofrecía una vidriera fácil, Bullrich se las empezó a rebuscar para mantener su propia agenda: se muestra como la garante de las reformas libertarias en el Senado, se saca selfies en el Lollapalooza y organiza encuentros con diversas figuras, desde el gendarme detenido en Venezuela, Nahuel Gallo, hasta la abogada acusada por injurias raciales en Brasil, Agostina Páez.

Karina, que resiente a todos aquellos dirigentes que levantan el perfil, la castigó por ello. La guerra fría entre ambas dirigentas comenzó poco después de que el Senado aprobara la reforma laboral, que fue capitalizada por Bullrich casi como un triunfo propio. La secretaria de la Presidencia la comenzó a esmerilar, mostrando a Adorni como su candidato en la Ciudad de Buenos Aires y planteando dudas sobre la lealtad de Bullrich. 

Cuando conversan en privado, eso sí, Karina “finge demencia”, tal como define un bullrichista. Durante todo el verano, la secretaria de la Presidencia no dio muestras de estar enojada con la ex ministra de Seguridad, pero sí se lo hizo saber a través de terceros. Bullrich comenzó a impacientarse. “Ella hace política hace 40 años, tiene su perfil, no la van a asustar”, advierte un colaborador cercano, que se pregunta cuántas más “muestras de amor” tiene que dar después de haberse ido del PRO para sumarse a LLA. 

La última semana, sin embargo, Karina llamó por teléfono a Bullrich para sellar la paz. La crisis política que desató el escándalo patrimonial de Adorni la obliga a ordenar el frente interno. Pero no solo eso: Karina, como todos los funcionarios de Casa Rosada en la última semana, recibió la encuesta de CB Global Data que muestra cómo el derrumbe de la imagen de Adorni arrastra la imagen de todo el Gobierno. De todo el Gobierno menos de una persona: Patricia. 

La consultora –que está a cargo de Cristian Buttié y es conocida por haber sido una de las pocas que pronosticó el triunfo de Milei– viene registrando una tendencia a la baja de la imagen de Milei desde hace tres meses. La última caída, sin embargo, fue más pronunciada y muestra al presidente con una imagen positiva del 42% y una negativa del 56%. Adorni tiene una imagen negativa del 67%. Bullrich, en cambio, lidera el ranking con una imagen positiva del 46% y una negativa del 52%. 

Bullrich sabe que esa imagen positiva es su seguro de vida. Y que, con Adorni caído en desgracia, ella está un paso más cerca de reemplazarlo en la boleta porteña. La ex ministra aparece como la principal beneficiaria de la crisis política del Gobierno y, por lo tanto, apuesta a administrarla en silencio. Se sacó una foto con Adorni para apaciguar las aguas hace un par de semanas –especialmente luego de que un sector de Casa Rosada empezó a operar con que había sido ella, y no Santiago Caputo, quien había filtrado el video de Adorni subiéndose a un avión privado con su familia–, pero no sobreactúa su respaldo.

La senadora prefiere mantener distancia de todos los escándalos. No solo el de Adorni o los créditos del Banco Nación, sino también de la embestida contra los periodistas. Bullrich fue una de las pocas referentas libertarias que no salió a denunciar la supuesta operación mediática rusa ni a cuestionar a los medios que aparecieron en el listado. “La guerra de Milei es con el Grupo Clarín, por eso no dice nada”, advierte un dirigente de confianza de la ex ministra. 

A su manera, Bullrich se diferencia del resto del Gobierno mientras relojea las repercusiones. Ella insiste, ante cualquiera que le pregunte, que ella es la candidata de Milei. En su entorno fantasean con la posibilidad de hacer un mileismo sin Milei si la situación económica no repunta y que sea el propio Milei quien acepte la propuesta. Aunque saben, sin embargo, que Karina nunca lo aceptará.

Mientras tanto, esperan.

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Luego de más de 11 horas de una sesión tensa y con Karina Milei presente en uno de los balcones del recinto para presenciar el desenlace, La Libertad Avanza y sus bloques aliados lograron convertir en ley la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Con 137 votos a favor, 111 negativos y tres abstenciones, a las 2.30 de este jueves se sancionó la inicativa que redefine los alcances de la protección de glaciares y zonas periglaciales, y flexibiliza las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos.

Además de La Libertad Avanza, votaron afirmativamente el PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Nicolás Massot (Encuentro Federal) y un grupo de seis diputados de Provincias Unidas (Gisela Scaglia, José Nuñez, Sergio Capozzi, Jorge Rizzotti, Alejandra Torres y Jorge Ávila). Además, acompañaron el proyecto libertario dos diputados de Unión por la Patria: los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica.

Predominó la lógica provincial por sobre la lógica partidaria. El interés de los gobernadores por reformar la ley de Glaciares sancionada en 2010 atravesó todo el debate, y el Gobierno aprovechó para posicionar a Javier Milei como un defensor del federalismo en un contexto de ahogo financiero a las provincias. “La reforma devuelve a las provincias la competencia que les corresponde”, celebró, a través de un comunicado, la Oficina del Presidente.

Las abstenciones vinieron de la mano de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, y Karina Maureira de La Neuquinidad.

En contra de la reforma se pronunció la enorme mayoría de Unión por la Patria, el grueso de Provincias Unidas (11 de sus integrantes), los dos diputados de la Coalición Cívica (Maximiliano Ferraro y Mónica Frade), Miguel Pichetto (Encuentro Federal), los cuatro miembros del Frente de Izquierda, Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba), Marcela Pagano (Coherencia) y Jorge Fernández (Primero San Luis).

El debate, en medio de las protestas

Los primeros manifestantes comenzaron a instalarse en los alrededores del Congreso desde temprano. “Diputados no traicionen a los argentinos”, rezaba la bandera que los activistas de Greenpeace colgaron en el Monumento a los Dos Congresos, antes de que la policía los detuviera. Con el correr de las horas, a medida que se desarrollaba el debate en el Palacio Legislativo, llegaron las primeras columnas de agrupaciones y personas sueltas. Llevaban carteles que decían “La ley de Glaciares no se toca” y predominaba un clima de resistencia que contrastaba con la resignación que se vivía en el recinto: la oposición sabía que el Gobierno tenía el número (consiguió el quórum con 129 diputados, la mitad más uno del recinto) y que, pese a los discursos, la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares era solo cuestión de tiempo. 

Lo primero que hizo José Peluc, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, cuando comenzó el debate fue pedir un aplauso por cómo se había llevado a cabo la audiencia pública. La oposición estalló a los gritos, recordándole que de 100 mil personas inscriptas solo se había permitido participar a 200: una irregularidad que la oposición ya archivó como causal para impugnar la ley luego de que se sancione. “Ustedes tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, les respondió el diputado libertario. 

El discurso oficialista, que contó con el respaldo de varios legisladores de provincias mineras, giró en torno a la necesidad de “aclarar conceptos” y de fortalecer el “federalismo” de la legislación vigente desde 2010.

“El presidente Milei dijo que apoyaría a las provincias y cumple su palabra”, se jactó Nicolás Mayoraz, aludiendo a la modificación clave que introduce el proyecto del oficialismo: dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar o ambiente periglaciar cumple una función hídrica estratégica y merece, en consecuencia, formar parte del Inventario Nacional de Glaciares, que es lo que garantiza la prohibición de la explotación productiva en la zona.

El argumento del Gobierno, así como el de los gobernadores, era que la reforma no venía a cambiar el objeto de la ley, es decir la protección hídrica de los glaciares. En efecto, la reforma no modifica el artículo primero, que hace referencia al objeto de la ley, pero sí los artículos que refieren a la operatividad del inventariado y la definición de qué glaciares y ambientes periglaciares corresponde proteger. Un punto sobre el que la oposición insistió a lo largo de todo el debate. 

“Se pasa de un régimen que protege glaciares y periglaciares por su condición objetiva a uno que protege sólo después de que una autoridad provincial verifique determinadas funciones hídricas de esos glaciares”, señaló la radical jujeña, María Inés Zigarán, quien pese a responder a un gobernador aliado de Javier Milei, que además tiene interés en desarrollar la explotación de litio en la provincia, fue una de las voceras más críticas de la reforma. 

“El proyecto del oficialismo sobre esta reforma se presenta como respeto a las autonomías provinciales mientras descentraliza el costo político, económico, social y jurídico que tendrán que asumir las provincias”, agregó la diputada radical. 

“Los glaciares inventariados alimentan las cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes. Y se están basando para defender esta ley datos que no son científicos, ¿cómo voy a creer que esas provincias, porque ya no va a haber una autoridad competente unificada y hegemónica, van a garantizar una transparencia de criterio cuando se utiliza una palabra que no es científicamente válida como ‘relevancia’?”, sumó la peronista Adriana Serquis, quien aprovechó para llevar una maqueta para explicar cómo funcionan los glaciares. 

Otro de los ejes de las impugnaciones opositoras giró en torno a lo que será la estrategia de las organizaciones ambientales luego de que la nueva ley se publique en el Boletín Oficial: la inconstitucionalidad de la reforma y su inevitable judicialización. “Son las reservas de agua dulce más significativas que tiene la Argentina, creo que vamos a una balcanización del federalismo de concertación ambiental. Están rompiendo la uniformidad establecida en nuestra Constitución. Están haciendo una modificación encubierta de la Constitución al romper el establecimiento de presupuestos mínimos”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro.

Ferraro, a su vez, apuntó contra el lobby minero y denunció que la reforma había sido redactada por las empresas mineras. “Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa. ¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso conflicto de intereses que se lleva adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica. 

Otras intervenciones, mientras tanto, aprovecharon para chicanear al oficialismo por el escándalo patrimonial que rodea a Manuel Adorni. “Esta ley es tan mamarracho que solo le falta una jubilada que se presente para hipotecar el país”, ironizó el neuquino peronista Pablo Todero, aludiendo a las jubiladas que le prestaron 300 mil dólares al jefe de Gabinete para comprar la propiedad en Caballito y el country en Exaltación de la Cruz. 

“Me pregunto si esto lo redactó Adorni o algún genio por el estilo, porque dice una cosa que es distinta a lo que quiere decir el bloque oficialista”, agregó Eduardo Falcone, del MID, que pese a su discurso crítico adelantó que iba a votar a favor de la ley en general. 

Remató Juan Grabois, quien señaló que la reforma de la Ley de Glaciares “es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”. “Piensan que la Tierra es plana y tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y las criptomonedas de Milei; quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo”, cuestionó el líder de Patria Grande.

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La previa de la sesión de la reforma de la Ley de Glaciares, que consiguió quórum con facilidad, estuvo marcada por un monotema: el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, que comenzó con el viaje privado a Punta del Este y continúa, hace más de un mes, con el desfile de testigos ante el despacho del fiscal Gerardo Pollicita. La oposición agarró el tema y machacó durante toda la sesión, sumando el caso $LIBRA, la persecución contra periodistas y la guerra contra Irán en la mezcla. Perdió todas las votaciones, pero esgrimió una mayoría sorpresiva que despertó las alarmas oficialistas. 

“Es un papelón, no pueden explicar nada de todas estas propiedades, nada de todos estos viajes y lo más paradojal que parece que el gobierno de La Libertad Avanza, que tenía un vocero, ahora tiene que esconderlo y son los funcionarios los que se transformaron en los voceros de Adorni”, provocó la camporista Paula Penacca comenzada la sesión. La diputada de Unión por la Patria fue la primera en presentar un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni para que diera explicaciones sobre sus viajes y propiedades, que tienen envuelto al Gobierno en una crisis hace un mes.

El PRO y la UCR, así como los gobernadores de Tucumán, San Juan y Salta, salieron en defensa del jefe de Gabinete y frustraron la avanzada opositora. La votación salió 124 votos y 118 en contra: dado que la propuesta, al ser un apartamiento del reglamento, necesitaba de tres cuartos de los presentes para ser aprobada, se rechazó. Pero dejó un mensaje. La oposición había fracasado en sostener una mayoría especial, pero no una mayoría simple. Hubo aliados del Gobierno que, al momento de votar, decidieron ausentarse y dejaron expuesto al jefe de Gabinete.

Fue el caso, por ejemplo, de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro (que 24 horas antes había cerrado un acuerdo por la deuda previsional con Nación y se preparaban para acompañar la reforma de la ley de Glaciares). También de los ex libertarios Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, y de Marcela Pagano. Todos ausentes al momento de la votación que, sin embargo, estaban presentes en otros pasillos del Congreso. 

Una situación similar se vivió cuando Maximiliano Ferraro pidió un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni y a Karina Milei por el caso $LIBRA, que sumó novedades sobre la participación de los funcionarios en el lanzamiento de la criptomoneda a raíz de las filtraciones periodísticas del celular de Mauricio Novelli. La oposición consiguió 125 votos a favor y 116 en contra. Una vez más, perdió la votación pero demostró fuerza. Con una novedad: la salteña Yolanda Vega acompañó el proyecto pese al alineamiento de su gobernador, Gustavo Sáenz, con Javier Milei.

El jefe de Gabinete tendrá que pisar la Cámara de Diputados el 29 de abril en un escenario hostil. Existe una mayoría incipiente que está dispuesta a llevarlo por la fuerza a dar explicaciones y, en la vereda de enfrente, un oficialismo que no termina de convencer a todos sus aliados para que salgan en su defensa. “Lo van a destruir”, coincidió un aliado del Gobierno, poco después de la sesión.

La oposición apunta a utilizar esta mayoría incipiente en una futura sesión. El objetivo de la bancada peronista, que preside Germán Martínez, es convocar dentro de unas semanas una sesión especial con un temario que incluya todos los temas rechazados –incluido el “No a la Guerra”, un proyecto de ampliación de licencias parentales y otro destinado a las PYMES– para que puedan ser emplazados y tratados en comisión. Una maniobra que, por discusiones técnicas, la oposición no pudo implementar en el recinto y planea, ahora, utilizarlo como insumo para pasar a la ofensiva en el Congreso. 

No será el único tema. La oposición tiene planeado volver a la ofensiva en el Congreso y buscará hacerlo de la mano del escándalo Adorni, por un lado, y del rechazo del DNU 941 que reestructuró la SIDE. 

El PRO y la UCR apoyan la censura a periodistas

Otro de los temas que se incluyó al comienzo de la sesión fue el repudio a la decisión del gobierno nacional de quitar la acreditación en Casa Rosada a periodistas y medios de comunicación vinculados a una supuesta red de espionaje ruso. Hubo dos proyectos de resolución presentados, uno por Romina del Plá (PO) y otro por Lorena Pokoik (UxP), y ambos fueron rechazados. 

Votaron en contra LLA, pero también el PRO y la UCR. Los gobernadores, en esta ocasión, decidieron ausentarse. Sí acompañaron el rechazo a la censura, en cambio, el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. 

Una situación similar se vivió con el proyecto de resolución de No a la Guerra de Eduardo Valdés y Juan Marino (UxP). “Paz, paz, paz, esto es lo que quiero escuchar de este recinto”, pidió Valdés, pero con 121 votos a favor y 117 en contra no logró conseguir conseguir los tres cuartos del recinto.

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El Gobierno tiene todo listo para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares este miércoles. Con el respaldo de un coro de funcionarios nacionales y provinciales que se dedicó a defender el proyecto que flexibiliza la ley sancionada en 2010, el oficialismo juntó las firmas para el dictamen en el plenario de comisiones que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados. Lo hizo con la ayuda del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores de San Juan, Catamarca y Misiones. 

Entusiasmado ante la posibilidad de cambiar el eje de la discusión pública por primera vez desde que empezó el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, el Gobierno viene trabajando para conseguir quórum y está confiado. Martín Menem espera que, cuando suene la chicharra, a las 15 horas, los aliados estarán sentados y, si no hay sorpresas, el oficialismo podrá presumir más de 130 votos a favor de la nueva ley. 

El oficialismo calcula que, con el apoyo de los gobernadores, tendrá los votos necesarios para sancionar la reforma que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar puede ser sujeto de explotación minera o no. No solo aspira a juntar los avales de las provincias mineras, como San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy, sino también de Santa Cruz y una parte de Córdoba y Santa Fe. 

Horas antes de que comenzara el debate en comisión en la Cámara de Diputados, incluso, el gobernador Maximiliano Pullaro anunció la firma de un acuerdo con Nación por la deuda previsional que tiene con la provincia. Son 120 mil millones de pesos por el flujo a cuenta del déficit de la caja provincial, que se pagarán en 12 cuotas mensuales desde mayo. “¿Viste la foto? Ahora Gisela (Scaglia) acompaña la reforma”, deslizó un crítico integrante del bloque Provincias Unidas, que la santafesina Gisela Scaglia preside. 

Predominará la lógica provincial por sobre la partidaria: se espera que casi todos los bloques se rompan al momento de votar, incluso el peronismo. En la oposición no son optimistas y especulan con el día después. Es decir, con la judicialización de una ley que consideran que será cubierta de amparos apenas se publique en el Boletín Oficial. “Nosotros estamos trabajando en juntar argumentos para la impugnación”, reconoció una diputada peronista.

Debate en comisión

Denunciado penalmente por conflicto de intereses por un conjunto de abogados ambientalistas, el secretario de Minería, Luis Lucero, defendió el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares y acusó a los detractores de “instalar el miedo” en la sociedad. “El agua está protegida y queremos conocerla mejor. Esta ley permite conocerla mejor”, aseguró Lucero, durante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El funcionario reconoció haber trabajado como abogado de empresas mineras, aseguró estar orgulloso y, acto seguido, el oficialismo anunció la buena nueva: estaban las firmas para dictaminar y el proyecto quedaba listo para ser sancionado en la sesión del miércoles.

La Libertad Avanza preparó el terreno para dictaminar la reforma que flexibiliza la Ley de Glaciares con una reunión informativa que se caracterizó por un detalle: todos los expositores, en su mayoría funcionarios provinciales y nacionales, estaban a favor del proyecto del Gobierno. El primero en exponer fue Lucero, que minutos antes de dar el presente había sido denunciado penalmente por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. 

“Con el agua de glaciar de escombro se puede regar 2 hectáreas de vides, generar 3 puestos de trabajo y un valor de producción de 15 mil dólares al año. Un glaciar de escombro que no puede tocarse prohíbe el desarrollo de un proyecto minero y deja truncos 24 mil puestos de trabajo”, argumentó Lucero. Su exposición, al igual que la de todos los funcionarios, giraría en torno a un mismo eje: la Ley de Glaciares sancionada en 2010 había impedido el desarrollo minero en las provincias y por eso había que cambiarla. 

“El mundo tiene 77% del agua dulce proveniente de glaciares. Eso creemos que no se toca”, deslizó el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, entre las miradas sorprendidas de la oposición. “Por ahora”, le gritó Myriam Bregman (FIT), quien luego se cruzaría con Lucero por su pasado asesorando mineras. 

“Luis Lucero fue denunciado porque el propio Ministerio de Economía lo ha excluido de proyectos de actividad minera porque viene de ahí, de ser abogado de las empresas mineras. Es una afrenta: no se puede discutir una ley con quien viene a representar las mineras, no cuidan ni a las formas”, se quejó la diputada de izquierda. El lilito Maximiliano Ferraro, quien viene registrando los vínculos de legisladores y funcionarios que están participando del debate con empresas mineras, sumó presión: “¿Ha representado a empresas clave del sector, incluyendo AngloGold, Rio Tinto, Vale, Cameco, Pan American Silver?”

“¿Para operarse del estómago iría con un astronauta o iría con alguien que trabaja con temas gastrointestinales? Es razonable que para buscar alguien que trate de ocuparse de la minería del país haya buscado alguien con experiencia”, respondió Lucero, quien no pudo, sin embargo, responder una de las preguntas del jefe de bloque peronista, Germán Martínez.

“¿Qué cambió en el debate que, al principio, no querían que se hable de minería y terminamos con todos los expositores hablando de minería? Se están dando cuenta que esta modificación les va a traer más problemas que soluciones, y que el punto de vista jurídico les va a generar más pleitos que antes. Y por eso vienen los dueños del chancho para que el chancho chifle”, ironizó Martínez.

Martínez se refería a los funcionarios nacionales, pero también a los gobernadores que habían participado, como Marcelo Orrego (San Juan). El oficialismo les había pedido a las provincias mineras que quieren modificar la ley que dieran el presente para defender su proyecto, ya que el gran cambio que la nueva ley introduce es que deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar o área periglaciar cumple una función hídrica (y define, en consecuencia, la habilitación de una actividad productiva en la zona). 

“Ningún gobernador planteó eliminar la Ley de Glaciares, ni cambiar el objeto ni cambiar los estándares de calidad. Estamos a favor de la ley, hay que cuidar el ambiente con función hídrica, eso es fundamental”, argumentó Orrego, que fue el gobernador que más funcionarios llevó al debate por la reforma de la Ley de Glaciares, tanto en la reunión informativa como en la audiencia pública. 

“Ustedes están diciendo que tiene que tener una función hídrica, eso es una modificación”, les recordó Adriana Serquis, de Unión por la Patria, haciendo referencia a la modificación del artículo 3 de la ley sancionada de 2010, que establece la creación del Inventario Nacional de Glaciares para individualizar todos los glaciares y geoformas periglaciares “que actúan como reservas hídricas”. El nuevo proyecto, en cambio, habla de “funciones hídricas relevantes” y deja en manos de las provincias la definición de si un glaciar merece integrar el inventario o, por el contrario, puede ser removido y explotado productivamente.

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Este miércoles, el Gobierno intentará conseguir con la reforma de la ley de Glaciares lo que no consiguió con la baja del índice de pobreza, el fallo por la expropiación de YPF o la persecución de periodistas bajo la excusa de una supuesta red rusa de espionaje: una victoria que le permita romper con el relato de la crisis política que lo acecha hace un mes. La sesión está convocada para las 15, y Martín Menem confía en que tendrá el número para sancionar el proyecto que flexibiliza la ley de presupuestos mínimos ambientales. Pero no es el número lo que genera preocupación, sino otra cosa. El temor es lo que pueda pasar cuando abra las puertas del recinto y la oposición tome la palabra. 

“Nos entran todas las balas”, se lamenta, irritado, un diputado libertario que asegura, como gran parte del cosmos oficialista, que está “harto” del tema Adorni. Hace un mes que la imagen del Gobierno no para de caer en todas las encuestas y, pese a los intentos de Javier Milei de mostrar fortaleza, el monotema del escándalo patrimonial del jefe de Gabinete comienza a hacer mella hasta entre los más fieles karinistas. 

El oficialismo está en la búsqueda de una salida a la crisis autoinfligida. Todavía no están en condiciones de nombrar un reemplazante del ministro coordinador, así que la búsqueda está centrada en pasar a la ofensiva y marcar agenda. Busca cerrarle la puerta a todas las “balas” que no paran de entrar.

La expectativa, por estas horas, está puesta en la sesión del miércoles por la reforma de la Ley de Glaciares, que dejará en manos de las provincias la definición de si un glaciar o zona periglaciar cumplen una función hídrica. La iniciativa, que es impulsada por las provincias mineras de la cordillera, apuesta a blanquear un puñado de proyectos mineros –en San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca– que están a la espera de que una modificación de la ley les permita explotar zonas hoy protegidas. 

La reforma, si se sanciona, será con los votos de casi todos los bloques de la Cámara de Diputados. Como se observó con la media sanción en el Senado, que salió con 40 votos a favor y 31 en contra, pesó más la lógica territorial que la partidaria. Además de LLA, el PRO y las fuerzas provinciales de Misiones, Salta, San Juan y Catamarca, el oficialismo aspira a romper la bancada peronista de Unión por la Patria. El ojo está puesto en lo que harán los peronistas sanjuaninos Jorge Chica y Cristian Andino. 

Este martes, sin embargo, el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, coordinará para presentar un único dictamen de rechazo. El oficialismo confía en que tendrá el número para dictaminar y es por ello que ya convocó la sesión para mañana, pese a no haber dictaminado aún el proyecto en el plenario de comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. La reunión de comisión es hoy a las 14: están agendados expositores a favor y en contra de la ley, entre los que se encontrará el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego. El desafío para el peronismo, más que evitar el dictamen, será evitar fugas que expongan una fractura en el bloque. 

El oficialismo, mientras tanto, aprovechará para preparar el terreno para la sesión de este miércoles. El objetivo original de generar una gran mesa de respaldo de los gobernadores mineros no pudo llevarse a cabo, así que tendrá que contentarse con las firmas para el dictamen. Menem sospecha que tiene unos 130 votos a favor de la ley y no está muy preocupado por el quórum. 

La atención del jefe de la Cámara baja, que era uno de los nombres que estuvo circulando como posible reemplazo de Adorni en la Jefatura de Gabinete, está puesto en el accionar opositor. Sabe que los frentes abiertos son infinitos, y buscará limitar el margen de acción de la oposición en la reunión de labor parlamentaria. 

Los escándalos del Gobierno, al banquillo

“Entre Adorni, los créditos del Banco Nación y la guerra precisamos una sesión solo para putear”, ironizó, tarde a la noche, uno de los armadores opositores que están trabajando para llevar todos los temas que incomodan al Gobierno al recinto el día de la sesión. 

Los ítems se acumulan. Por un lado, están los pedidos de interpelación contra Adorni, por el tema de sus irregularidades patrimoniales –cuando la sesión se esté llevando a cabo, a unos kilómetros, en Comodoro Py, la escribana Adriana Nechevenko estará declarando como testigo en la causa que investiga al jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito– y por el criptoescándalo $LIBRA. Hay, además, pedidos de interpelación contra Karina Milei por las últimas revelaciones periodísticas en el celular de Mauricio Novelli, que detectaron un supuesto contrato por 5 millones de dólares por promocionar el token $LIBRA. 

El socialista Esteban Paulón presentó, además, un pedido de informes sobre el presunto otorgamiento preferencial de créditos hipotecarios del Banco Nación a funcionarios y referentes de LLA. Un tema espinoso, ya que el listado de deudores incluye a varios diputados libertarios, como Santiago Santurio (296 millones), Mariano Campero (279 millones), Lorena Villaverde (296 millones) o Marcos Patiño Brizuela (159 millones). Incluye, además, al sobrino y asesor de confianza de Menem, Sharif Menem, que tiene 24 años y fue beneficiado con un crédito de $357.000.000.

El otro tema es el alineamiento de Milei con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán. A un mes de iniciado el conflicto bélico, y a unas horas de que venza el ultimátum de Donald Trump respecto a la posibilidad de bombardear las centrales eléctricas de Irán si Teherán no libera el estrecho de Ormuz, la oposición analiza salidas para diferenciarse del Ejecutivo. Hay varios proyectos presentados, de Paulón, Eduardo Valdés y de la izquierda, y todos plantean un “No a la guerra”. 

Pese a la debilidad del Gobierno, sin embargo, la oposición no logra terminar de articular una estrategia unificada. Hasta ahora las conversaciones son informales, ya que no todo el peronismo coincide en que haya que salir a correr al Gobierno desde el Congreso. “No es momento de entusiastas. El desgaste que se esta comiendo el Gobierno no es tema de Diputados. Prefiero que se desangren”, analiza un peso pesado de UxP, que advierte que cualquier iniciativa, para prosperar, necesitará dos tercios del recinto (ya que, como los escándalos no forman parte del temario, solo se podrá avanzar con apartamientos del reglamento, que requieren una mayoría especial).  Este martes, cuando se reúnan para dictaminar la reforma de la ley de Glaciares, la oposición trazará su plan de acción.

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“Axel tenía razón. Fin”. Andrés “Cuervo” Larroque fue el primero en salir a capitalizarlo, pero desde que la Cámara de Apelaciones de Nueva York falló a favor de la Argentina por la expropiación de YPF todo el peronismo vive en un estado de algarabía. El “teníamos razón” se repite en los despachos de todas las terminales del panperonismo como quien dice “hay 2027”. No porque impacte en la opinión pública –la mayoría de las encuestas no registraron que mueva el amperímetro social–, sino porque se apoya en otra buena noticia, la verdadera: la novela patrimonial de Manuel Adorni y el derrumbe ininterrumpido de la imagen del Gobierno en el último mes. 

Para Axel Kicillof fue el puntapié con el que robustecer su proyección nacional. El ex ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se sacó de encima una de las mochilas más pesadas que podía arrastrar de camino a 2027 –el fallo de la jueza Loretta Preska que condenaba a la Argentina a pagar más de 16 mil millones de dólares– y la reconvirtió en un insumo de campaña. Brindó entrevistas y conferencias de prensa y revalidó la decisión política de haber expropiado YPF. Se subió a un avión a Tierra del Fuego, participó de la vigilia por Malvinas y se fotografió junto a los gobernadores Ricardo Quintela y Gustavo Melella. 

El gobernador bonaerense aprovechó, capitalizó y se mostró presidenciable. No fue el único: el cristinismo y La Cámpora también salieron a reivindicar la decisión de expropiar YPF en 2012. “La recuperación del 51% de las acciones de YPF no fue un capricho ideológico, sino un acto de supervivencia energética”, destacó Máximo Kirchner, quien aprovechó para presentar un proyecto de ley con el objetivo de blindar simbólicamente la expropiación. En un contexto de atomización e internismo, el fallo de la Justicia norteamericana le permitió al peronismo volver a levantar la bandera de la soberanía energética. 

“Hace un mes perdíamos las elecciones, pero hoy es otro escenario. Tenemos que ponernos de acuerdo en tres puntos entre todos y acordar que el próximo candidato no va a ser un Alberto Fernández que solo quiera poner parches, sino que venga a transformar la Argentina”, se entusiasma una cristinista paladar negro, que habla a diario con CFK y que, en febrero, se mostraba convencida de que Milei reelegiría en 2027. 

Cristinistas, kicillofistas y massistas coinciden en un punto: el clima político cambió en el último mes. Las encuestas y trackings de humor social que reciben semanalmente, que no son las que se publican, registran que la caída de la imagen de Milei no tiene piso. El impacto del escándalo patrimonial de Adorni, sumado al aumento del desempleo y la caída de los salarios, representan un cóctel fatal para un Gobierno que no logra encontrarle salida a su propia crisis interna.

Según la última encuesta que llegó al despacho de Sergio Massa, por ejemplo, la imagen positiva de Milei cayó a un 34%. La negativa, en cambio, subió a un 55%. Es el peor registro desde que asumió, solo comparable al derrumbe de septiembre de 2024, cuando La Libertad Avanza perdió la elección bonaerense. La consultora con la que trabaja Massa, además, le pregunta a sus encuestados a quién votarían si el domingo próximo se repitiera el ballotage de 2023. En marzo, por primera vez desde que empezó a hacer la pregunta en mayo de 2024, la respuesta mayoritaria fue a Massa. 

El peronismo se entusiasma con esos datos, pero no termina de definir qué hacer con ellos. “Falta poco”, prometieron, cada uno por separado, Massa y Kicillof en la marcha del 24 de marzo. El diagnóstico es similar, pero las estrategias difieren. Massa apuesta a diferenciarse, a apelar al votante del centro que se desencantó de Milei y que no termina de responder a la agenda del kirchnerismo duro (un ecosistema en el que incluye tanto a Kicillof como a Cristina). “Hay un 6% del electorado que va a definir la elección. Para hacer cristinismo está el cristinismo, nosotros tenemos que posicionarnos en otro sector del electorado”, explica uno de los estrategas del Frente Renovador.

Cristina, a su manera, coincide con la estrategia. La expresidenta, cuyo estricto régimen de visitas apenas le permite mantener una activa agenda de trabajo político, sostiene que hay que ampliar el arco opositor y construir un gran frente con dirigentes y partidos de otros espacios. Cuando el senador sanjuanino Sergio Uñac presentó ante el PJ la propuesta de llevar a cabo internas abiertas en 2026 para dirimir las candidaturas, CFK lo llamó y se mostró conforme con la idea. Sabe que Uñac quiere ser candidato a presidente y lo deja correr. 

“Tenemos la necesidad de armar algo competitivo. Y para armar un gran frente nacional hay que sumar voluntades”, explican cerca de CFK, quien en el último mes se reunió con Miguel Ángel Pichetto, el ex candidato a vice de Mauricio Macri. Pichetto viene trabajando, a su vez, con Nicolás Massot, el massista Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz para armar una gran interna opositora que incluya a todos los dirigentes que quieran hacerle frente a Milei.

A diferencia de Massa, sin embargo, CFK insiste en una instancia previa: construir una alianza parlamentaria que coordine una misma estrategia opositora para hacerle frente a Milei.

Sesión opositora

Frente a la parálisis del Gobierno en el Congreso, el peronismo se debate internamente cómo pasar a la ofensiva. Atravesada por su propia disputa interna que le limita el margen de acción, la bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados analiza convocar a una sesión opositora para después de la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares. 

“Los gobernadores de Salta, Jujuy y Catamarca tienen miedo de que si el Gobierno se debilita mucho no van a poder sancionar la ley”, explica uno de los armadores de la sesión, aludiendo a lo que es un secreto a voces en el Congreso: son los gobernadores de las provincias mineras los principales interesados en flexibilizar la ley de Glaciares y, hasta que eso no ocurra, no se arriesgarán a provocar al Gobierno. Si la oposición quiere sus votos, necesita esperar a que pase la sesión del 8 de abril por Glaciares. 

El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, está trabajando, junto a Paula Penacca y los alfiles del resto de los bloques opositores, como Maximiliano Ferraro o Pablo Juliano, un temario con dos ejes: el institucional y el social. El institucional es el vinculado a las causas de corrupción que atraviesan al Gobierno, e incluye a los numerosos pedidos de interpelación contra Karina Milei y Adorni por el caso $LIBRA. Pero no solo eso: también incluye el DNU 941 que reestructuró la SIDE. Si logran conseguir el apoyo de Cristian Ritondo, el peronismo confía en que podrá voltear el decreto.

El segundo eje buscará responder a algunas de las preocupaciones ciudadanas, como el desempleo. Hay proyectos vinculados al endeudamiento de las familias, la emergencia PYME y el financiamiento de los clubes de barrio. El objetivo es aprovechar la crisis del Gobierno para volver a instalar una agenda social, como sucedió el año pasado con la Emergencia en Discapacidad y la ley de Financiamiento Universitario. 

En la bancada peronista no están seguros de hasta cuándo durará la crisis del Gobierno, así que buscarán aprovecharla antes de que termine.

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“Los antecedentes son de público conocimiento”, sintetizó, escueto, el jefe de bloque oficialista, Gabriel Bornoroni, cuando le tocó proponer a Lilia Lemoine como la presidenta de Juicio Político. La diputada no se lo recriminó, a pesar de que las defensas del resto de las autoridades libertarias habían sido más vehementes, sino que celebró haber sido votada por la mayoría de la comisión y subió rauda a tomar su lugar en la presidencia. Agradeció la responsabilidad y dio por finalizada, en menos de media hora, la única reunión que espera que tenga la comisión de Juicio Político en la gestión de Javier Milei. 

Karina Milei eligió a su lanzallamas preferido para blindar a su hermano en la comisión que se encarga de impulsar el proceso de enjuiciamiento contra el presidente, sus ministros y los jueces de la Corte Suprema. Lemoine es amiga personal de Karina, de quien supo ser cuñada también en 2020, cuando la ex cosplayer todavía estaba en pareja con Milei. Desde entonces, la diputada libertaria integra el círculo íntimo de los hermanos y es una de las pocas personas que goza, junto a los Menem, de la confianza de Karina.

Aunque Karina no siempre puede “controlarla”, como admiten cerca suyo, Lemoine es la vocera más aguerrida de la gestión libertaria. Ya sea para cazar “traidores” en nombre de Karina o para defender a los dirigentes y funcionarios caídos en desgracia que ya nadie en La Libertad Avanza quiere sostener. Sucedió, al principio, con José Luis Espert cuando se conoció su relación con “Fred” Machado. Y sucede, ahora, con Manuel Adorni.

Operativo blindaje

La designación de Lemoine al frente de la comisión de Juicio Político tuvo como objetivo subsanar un error de cálculo fundacional de la gestión libertaria: la elección frustrada de Marcela Pagano, a principios de 2024, como presidenta de la comisión. Una designación que contó con el visto bueno de Milei pero no en el de su hermana y que llevó al descabezamiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque, que fue quien había designado a Pagano, y a la parálisis de la comisión durante dos años. 

Martín Menem nunca reconoció oficialmente la designación de Pagano, quien fue votada por la mayoría de los presentes –incluido el peronismo– pero nunca logró asumir el cargo. El presidente de la Cámara de Diputados, entonces, mandó una nota formal suspendiendo la convocatoria cinco minutos antes de su realización y, luego, desconoció a las autoridades. 

El desplante a Pagano suscitó la primera grieta interna en LLA, y llevó a que la diputada se alejara de LLA. Enemistada con Lemoine, quien suele cruzarla casi a diario en redes sociales, Pagano está al frente de la denuncia por enriquecimiento ilícito contra Adorni: fue ella quien denunció que el jefe de Gabinete tenía una propiedad no declarada en un country en Exaltación de la Cruz y quien deslizó que una casa en Martínez, que cuenta con custodia policial, podría ser también de Adorni. La ex conductora no participó de la nueva conformación de la comisión de Juicio Político, pero Lemoine no perdió oportunidad para burlarse de ella en su cuenta de Twitter. 

Karina eligió a su espada más combativa para proteger a Milei frente a las causas más sensibles que afectan al Gobierno, como el caso $LIBRA y las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Hasta el momento hay más de media docena de pedidos de juicio político presentados contra el presidente vinculados a $LIBRA, pero también por el alineamiento con Estados Unidos e Israel en la guerra contra Irán, el incumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y la inconstitucionalidad del DNU 70/2023. 

“Es importante que nos confirmen si el martes que viene vamos a empezar a tratar estos expedientes. Si deciden bloquear esta comisión eso no impide que el recinto vote un emplazamiento con mayoría simple. Hoy puede ser que no tengamos número en el recinto pero su desgobierno se va a ocupar de que lo consigamos”, advirtió Juan Marino, del bloque Unión por la Patria, quien ya tiene presentados dos pedidos de juicio político contra Milei por el caso $LIBRA y por la guerra en Irán.

La advertencia de Marino fue un mensaje: el peronismo sabe que no tiene el número para avanzar con un juicio político contra el presidente –ni tampoco el consenso interno–, pero apuesta a aprovechar la debilidad del Gobierno por el escándalo patrimonial de Adorni para presionarlo en el Congreso. Hay presentados, además, varios pedidos de interpelación contra Karina y el jefe de Gabinete, y la oposición planea utilizar todas las herramientas que tiene a mano. 

“Esperemos que esta no sea la última reunión”, sumó, sobre el final de la reunión de comisión, Néstor Pitrola, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, quien denunció que no se hubiera incluido a la izquierda en la comisión. 

Ni Lemoine ni el resto de las autoridades libertarias de la comisión, como Sebastián Pareja y Nicolás Emma, respondieron a las provocaciones. Después de unas pocas intervenciones, Lemoine dio por finalizada la reunión de comisión y convocó a todos los diputados libertarios a sacarse una foto. “Viva la libertad carajo”, gritó Karen Reichardt, y el resto de la bancada libertaria –entre los que habían varios ex PRO, como Silvana Giudici y Damián Arabia– respondieron: “¡Viva!”

El kirchnerista Rodolfo Tailhade, que los miraba con sorna, chicaneó: “Linda foto con el abogado de Burford”. Hacía alusión a Alejandro Fargosi, cuyo estudio de abogados actuó como representante en la Argentina del fondo Burford Capital en el juicio por la nacionalización de YPF durante el kirchnerismo. Fargosi argumenta que abandonó el estudio antes del juicio, pero igual se irritó, le respondió a los gritos y Tailhade abandonó, risueño, la comisión.

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El Gobierno sabe que juega una carrera contra el tiempo, que ya perdió demasiado crédito político con el escándalo patrimonial de Manuel Adorni y que, si quiere volver a sancionar una ley este año, tiene que empezar ya. Es así que, después de tres semanas de internismo paralizante, Karina Milei reunió a la mesa política en Casa Rosada para ordenar el frente interno y delinear una estrategia legislativa que le permita avanzar con las reformas que Javier Milei anunció a principios de marzo. 

Empoderados tras el fallo a favor de la Argentina de la Cámara de Apelaciones de Nueva York por la expropiación de YPF, los funcionarios del Gobierno fueron ingresando al despacho de Adorni de buen humor. Luego de casi un mes de malas noticias –con la crisis política desatada por las irregularidades patrimoniales del jefe de Gabinete y los descubrimientos periodísticos en el celular de Mauricio Novelli en la causa $LIBRA–, el Gobierno había ganado cierto aire. El fallo de la Justicia norteamericana era un espaldarazo, pese a que contradecía la propia voluntad de pago a los fondos buitre que Milei había expresado mientras era candidato en 2023, y el presidente estaba dispuesto a capitalizarlo. 

Mientras que Milei se reunía con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, a unos metros, unas horas más tarde, sus principales operadores políticos se reunían en el despacho de Adorni para trazar las prioridades legislativas de abril. Estuvieron presentes Karina y Santiago Caputo, cuya disputa interna –que escaló con la designación de Juan Bautista Mahiques en el Ministerio de Justicia y se profundizó con la filtración del video de Adorni subiéndose a un avión privado rumbo a Punta del Este– es identificada, por el propio oficialismo, como la principal responsable de la parálisis en el Congreso. 

Participaron también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el armador nacional de Karina, “Lule” Menem. Los ministros, Luis Caputo y Diego Santilli. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, quien se había reunido la semana pasada en la Cámara alta con Adorni para bajar la espuma de la interna (ya que ambos compiten por la Jefatura de Gobierno porteño). Y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. 

Se definió que el primer objetivo, de cara al 8 de abril, será avanzar con la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares. El oficialismo pretendía sancionar la reforma mucho antes, pero la denuncia de supuesto enriquecimiento ilícito contra Adorni, sumada a las denuncias de irregularidades en el desarrollo de las audiencias públicas por Glaciares en la Cámara de Diputados, terminaron dilatando los tiempos. El objetivo es dictaminar dentro de dos semanas y llevar el proyecto al recinto al día siguiente, pero dependerá del clima político.

En paralelo, el Gobierno buscará avanzar en el Senado con los pliegos judiciales. Mahiques ya envió un paquete con 45 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, entre los que se encuentra el de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. El pedido es para integrar un tribunal federal de la ciudad de Santa Fe. Se desataca, además, el pliego de una secretaria del juzgado de Julián Ercolini, María Julia Sosa.

Luego, buscarán avanzar con la Ley Hojarasca de Federico Sturzenegger, que ya fue presentada el año pasado y el Gobierno volvió a lanzar, como si fuera una novedad, el viernes pasado. Y, finalmente, impulsar una ley de “Inviolabilidad de la propiedad privada”, que incluye reformas en la ley de expropiaciones.

 “A medida que pasa el año uno pierde el ímpetu. Fue un buen comienzo, pero ahora estamos en un párate. Tenemos que avanzar porque las reformas que no entren ahora después va a ser difícil que salgan”, precisó un funcionario libertario, poco después de que finalizase la reunión.

“Ya pasó”

Dos días después de la imputación a Adorni en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que quedó en manos del juez Ariel Lijo, el Gobierno está convencido de que la crisis política que desató el vuelo privado del jefe de Gabinete se terminó. Las recriminaciones internas continúan sobrevolando los despachos de Casa Rosada y el Congreso, pero Karina Milei bajó línea de cerrar filas y bajar el tono de la interna. 

El Gobierno arrastra tres semanas de caída en la imagen y en las expectativas en casi todas las encuestas. La última Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP), que la Universidad de San Andrés realiza todos los meses, da cuenta de que el índice de desaprobación de la gestión de Milei trepó un 7% desde febrero. El estudio, que se realizó entre el 10 y 17 de marzo, es decir en el momento de mayor agitación política por las presuntas inconsistencias entre las propiedades de Adorni y su declaración jurada, da cuenta que el gobierno de Milei registra un 59% de desaprobación frente a un 36% de aprobación.

En LLA argumentan, sin embargo, que el momento de mayor crisis política “ya pasó” y que, con el correr de los días, el impacto se verá reflejado en las encuestas. El objetivo, en principio, es cambiar el eje de la agenda: pasar de la defensiva a la ofensiva y volver a instalar el paquete de reformas que Milei busca llevar a cabo durante el año.

MCM/CRM