Axel Kicillof hizo un gesto con la cara cuando se enteró de que el orador del acto de Parque Lezama sería Máximo Kirchner, pero no dijo nada. Lo que vino después no le sorprendió, se esperaba un pase de factura en ocasión del aniversario de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, pero sí al resto del panperonismo. La interna entró a una nueva etapa, la de la guerra a cara descubierta, y el kirchnerismo coquetea abiertamente con la ruptura. Cristina está convencida de que Kicillof es un traidor y Kicillof que cualquier acercamiento a Cristina es una trampa. Y los gobernadores, mientras el kirchnerismo se derrumba, buscan candidatos por afuera y le aseguran al Gobierno que le prestarán los votos para sellar la condena del peronismo. Es decir: la eliminación de las PASO. 

Algo se rompió en el peronismo. Empezó el sábado con el discurso de Kirchner, en el que cuestionó a “los que hablan todo el día de unidad y no son capaces de ir a verla (a Cristina) a San José”, y continuó durante la semana con la intervención de un nutrido grupo de voceros. Los escuderos de Máximo, Facundo Tignanelli y Emannuel González Santalla, recorrieron streamings y usaron las redes para disciplinar cualquier comentario crítico al acto. Mario Ishii denunció, durante una sesión del Senado bonaerense, la falta de vacunas en el conurbano y Verónica Magario le cortó el micrófono. Cruzó una línea roja: hasta entonces, ningún dirigente se había animado a cuestionar en público la gestión bonaerense. 

Hasta Guillermo Moreno, que pasó de decir que “los pibes de La Cámpora no saben laburar” a ocupar el primer lugar en el acto organizado por Máximo en Parque Lezama, acusó a Kicillof de “desagradecido” y advirtió que “antes que quede Kicillof, el peronismo va con dos listas”.

El cristinismo decidió blanquear su ruptura política con Kicillof. Detrás del bombardeo mediático, hay una lógica política y electoral: disputar el dominio sobre el electorado kirchnerista, especialmente en el conurbano, y utilizarlo como insumo de acumulación política de cara a la próxima elección. Ya sea para tironear hasta último momento y negociar una lista de unidad o para avanzar con listas separadas, el cristinismo necesita ratificar que el voto peronista en Provincia de Buenos Aires es un voto de Cristina. No del kirchnerismo, no de los intendentes, no de Kicillof. De Cristina. 

“Cristina Presidenta”

El cristinismo cambió el slogan de campaña, que mutó de “Cristina libre” a “Cristina presidenta”. La primera campaña, enfocada en denunciar la situación judicial en tribunales extranjeros y generar conciencia sobre las injustas condiciones de detención, no generó el efecto esperado. La libertad de Cristina, un reclamo que consideran que debe aunar cualquier oferta electoral peronista, no alcanzó como estrategia de acumulación política. Necesitaban otra, por lo que optaron por cambiar el plan y apelar a la misma estrategia utilizada en 2023 y 2019: el operativo clamor. 

“Vas a los barrios y decir ‘Cristina presidenta’ genera algo, mueve cierta expectativa. No importa que no pueda ser, es lo que genera”, explica un dirigente de La Cámpora que, como el propio Máximo, no desconoce que la bandera de “Cristina presidenta” es simbólica. La ex presidenta fue inhabilitada para ocupar cargos públicos de por vida debido a la condena de la causa Vialidad y, a menos que la indulten o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pida revisar su condena, su candidatura es una quimera. 

Como sucedió en 2023, cuando CFK atizó un operativo clamor para negociar desde un lugar de mayor fortaleza –en ese momento fue Andrés “Cuervo” Larroque uno de los principales instigadores, hoy enemigo público número uno en el cosmos cristinista–, la bandera de “Cristina Presidenta” es un mecanismo de acumulación política. Un mecanismo que tiene más sentido si se pone el foco en la Provincia de Buenos Aires, madre de todas las batallas del kirchnerismo. 

La ex presidenta quiere asegurarse la sucesión en la Provincia. “A ella lo único que le importa es conservar PBA. Ella quiere designar el candidato a gobernador y es lógico que lo haga”, advierte una importante dirigenta peronista que dialoga semanalmente con CFK. La Provincia es, por un lado, una trinchera desde donde resistir en el caso de que Milei reelija en 2027, una hipótesis derrotista a la que abrevan varios dirigentes cristinistas y, por momentos, el propio Sergio Massa. 

Pero es también la base del voto peronista que definirá la elección presidencial: sin una diferencia de al menos 5 puntos en PBA, el triunfo frente a Milei se vuelve casi imposible. 

La negativa del gobernador bonaerense a reunirse con CFK representa, en este sentido, no solo una traición personal, sino también política. “Si se juntan, Cristina le va a pedir algo a Axel que Axel no está dispuesto a darle”, explica un referente kicillofista. Kicillof no está dispuesto a canjear la bendición de la ex presidenta por la candidatura a la Gobernación bonaerense y esa negativa a conversarlo es lo que llevó a la interna peronista a un punto de no retorno.

Para el entorno de Kicillof, esta decisión es una muestra de autonomía y de liderazgo. Una estrategia defensiva ante el dedo totalizador de Cristina que, de bendecirlo desde San José, lo condenará a repetir el destino de Alberto Fernández. “Es un error acordar con Cristina porque Cristina no entiende de acuerdos. Hoy Axel no tiene armado ni volumen político, pero si se muestra como el candidato de Cristina se convierte en otro Alberto Fernández”, señala un dirigente que integra la mesa chica del kicillofismo.

Para el resto del peronismo, sin embargo, la negativa de Kicillof a acordar con Cristina es una muestra de su cerrazón, de su negativa a ampliar el espacio. Lo repiten los cristinistas, pero también los massistas, los graboisistas, los gobernadores y más de un dirigente que milita en su espacio pero observa con desconfianza la resistencia a dar el gran paso. 

Suspensión de las PASO, ¿y ahora qué?

Frente a la amenaza de la fractura, siempre hay una salida elegante: la promesa salvadora de unas PASO que, con responsabilidad, diriman la interna fraticida del kirchnerismo. Es la respuesta a todas las preguntas incómodas, a todas las impugnaciones de la militancia por estar jugando a la interna en el momento de mayor debilidad del Gobierno. 

“Hay dos maneras de resolver esto. De manera responsable, que es que todos acumulen desde donde se les cante y se dirime en unas PASO. O la irresponsable, que es que se dinamiten todos los puentes y ahí sí la capacidad electoral de Cristina puede hacer que no lleguemos a un ballotage”, analiza un funcionario bonaerense. 

La vela prendida a las PASO tiene, sin embargo, un problema. Y es que el Gobierno asegura tener los votos para suspenderlas. Hace ya varios meses que Diego Santilli viene negociando con los gobernadores distintos mecanismos que le permitan romper la estrategia opositora y dejarlos sin primarias en 2027. Los gobernadores no quieren eliminarlas, pero sí están dispuestas a suspenderlas con algunas concesiones: acuerdos políticos en las provincias, promesas de transferencias de recursos y de obras y, a su vez, ingenierías electorales que les permitan, si quieren, sumarse a una boleta de La Libertad Avanza. 

Uno de los mecanismos que barajan los gobernadores del Norte es incluir la posibilidad de ir con colectoras a la elección nacional. Las colectoras son listas de distintos partidos o candidatos para una determinada categoría de votación –a gobernador o a legisladores nacionales– que después adhieren a una misma lista para otra categoría, como la presidencial. Este mecanismo, de aprobarse, permitiría a varios gobernadores –incluso algunos peronistas– jugar con la boleta de LLA y competir, a su vez, en otras categorías electorales. 

“Los votos para la suspensión ya están”, advierte un funcionario nacional que está al tanto de las negociaciones. El peronismo observa esta posibilidad y sufre. Sin PASO, no hay nada que impida la fractura.

MCM

Cuando Javier Milei regresó de madrugada de su viaje por Madrid la decisión había sido tomada por él: Manuel Adorni se tenía que ir. La noche anterior, Karina Milei había decidido soltarle la mano al jefe de Gabinete, luego de casi cuatro meses de sostenerlo en el Gobierno, y solo faltaba el okey final del Presidente. Adorni, aseguran en Casa Rosada, ya redactó la carta de renuncia. 

El sábado, el jefe de Gabinete arribó temprano a la Quinta de Olivos, donde Milei lo estaba esperando. El día anterior, Adorni conversó con Karina y consensuó con ella su partida. El escándalo generado por la causa de enriquecimiento ilícito había llegado a un punto de no retorno, y la secretaria de la Presidencia decidió escuchar, esta vez sí, el coro desesperado de funcionarios y aliados que, hace meses, reclaman la salida de Adorni para reactivar la gestión. 

“Manuel fue parte del proceso. Está cansando a nivel personal con todo esto”, aseguró un funcionario nacional que estuvo, hasta tarde a la noche, participando de las conversaciones en el despacho de Karina en Casa Rosada. Hay versiones contrapuestas, sin embargo. La mayoría coincide en que la salida de Adorni fue consensuada con el jefe de Gabinete, que no se irá en malos términos, pero muchos advierten que la hermana presidencial está furiosa con él. 

El punto de quiebre, advierten en el karinismo, fueron los últimos consumos que la Justicia descubrió en la tarjeta de Adorni y de algunos de sus empleados. Desde los $8 millones en “The Rosen Store”, en compras de sábanas y toallas, hasta los casi $6 millones en un monitor gamer y dos proyectores, como contó La Nación. El problema, señala un dirigente al tanto de las conversaciones, fue que hubiese utilizado las tarjetas de crédito que pertenecen a dos empleados de la vocería presidencial. “Es utilizar tu poder sobre los trabajadores de planta permanente”, cuestiona, crítico, un dirigente oficialista. 

El motivo fundamental, sin embargo, fue político. La presión de los aliados en el PRO, la UCR y los gobernadores amenazaba con convertirse en un dolor de cabeza constante en el Congreso. Si bien el Gobierno había logrado blindar a Adorni en las sesiones opositoras de la Cámara de Diputados y el Senado, era cuestión de tiempo que el Congreso volviera a insistir y conseguir el número para avanzar con la moción de censura. 

El martes, en la Cámara de Diputados, se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales para debatir los proyectos de interpelación y de censura que se acumulan contra Adorni. Y, según advierten en el oficialismo, la oposición tiene la mayoría para avanzar, con el acuerdo de la UCR y el PRO, con un dictamen de mayoría en su contra. Una situación similar se vive en el Senado, que también convocará a la comisión de Asuntos Constitucionales el miércoles y el poroteo, como en Diputados, anticipa un mal desenlace para el jefe de Gabinete. 

Fue Patricia Bullrich la que le llamó la atención a la hermana presidencial sobre este punto. El jueves a la tarde, luego de que se hubiera caído la sesión en el Senado por falta de quórum, Karina llamó a la senadora y le preguntó por qué había boicoteado la sesión. “No da para más, nena. Hagan lo que quieran, pero a este tipo el miércoles se lo cargan”, le respondió Bullrich, quien insistió con que, si Adorni seguía en el Gobierno, sería imposible avanzar con los proyectos de ley que quedan pendientes en el Senado. 

Reuniones de medianoche en Casa Rosada

El viernes a la noche, una vez que Adorni abandonó Casa Rosada, Karina se dedicó a mantener numerosas reuniones en su despacho. Se los veía circular a Santiago Caputo y a Martín y Lule Menem, así como a los dos funcionarios que pasarán a ocupar lugares clave en el nuevo organigrama: el ministro del Interior, Diego Santilli, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El objetivo era tener una propuesta lista para cuando Milei llegara de viaje. 

El candidato de Karina para reemplazar a Adorni en la Jefatura de Gabinete es Santilli. El dirigente del PRO se ganó la confianza de la hermana presidencial hace un año, al punto de que fue ella quien, pese a su desconfianza de todo lo que proviene del macrismo, lo propuso para ocupar el Ministerio de Interior tras la salida de Guillermo Francos. Santilli, que tiene también el visto bueno del caputismo, viene funcionando como interlocutor clave con los gobernadores. Y su ascendencia en el PRO, además de su sociedad política con Cristian Ritondo, permitió destrabar muchas de las tensiones que LLA viene manteniendo con el partido de Mauricio Macri. 

Devitt, mientras tanto, mantiene un perfil más bajo, pero es uno de los principales negociadores del Gobierno con los bloques aliados. Se lo suele ver, con una carpeta bajo el brazo, recorriendo los pasillos del Congreso, conversando y monitoreando las negociaciones con las fuerzas provinciales que definen las mayorías del Poder Legislativo. En el nuevo organigrama en el que trabaja Karina, Devitt pasará a ocupar el lugar que hoy ocupa Santilli, ya sea como ministro de Interior o como vice jefe de Gabinete. 

El objetivo del Gobierno es anunciar, antes de que arranque el partido de Argentina, los cambios en el gabinete. Pero ninguno se anima a anticipar nada hasta que Adorni abandone la Quinta de Olivos. La decisión final, necesariamente, será de Milei.

MCM/MG

Luego de casi cuatro meses de atajar los escándalos generados por los gastos patrimoniales de Manuel Adorni, el Gobierno logró ordenar la tropa y avanzar con su agenda en el Congreso. Negoció con los aliados, acordó con los gobernadores y consiguió, así, blindar al jefe de Gabinete y aprobar uno de los proyectos con los que se propone relanzar la imagen de la gestión: el Super RIGI.

Poco antes de las 23:30, y con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, el Gobierno consiguio la media sanción para el proyecto.

El debate todavía se estaba llevando a cabo en el recinto, pero en el Gobierno se mostraban confiados: superado el affaire Adorni, a quien habían logrado proteger el día anterior volteando la sesión opositora, los votos para avanzar con el nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones serían cuestión de tiempo. El secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, paseaba por los pasillos de la Cámara de Diputados, atento a las negociaciones de último momento, pero no se lo veía nervioso. “Los votos están justos, pero están”, deslizaban en el oficialismo. La comprobación llegaría cerca de la medianoche con el apoyo de los diputados del interbloque Fuerza del Cambio (Pro, UCR, MID, Por Santa Cruz), Innovación Federal (Salta+Misiones), Independencia (Tucumán) y Producción y Trabajo (San Juan).

A última hora, el oficialismo logró introducir en el dictamen una modificación del inciso D del artículo 113 que establece que “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios no aplicarán nuevas regalías ni nuevos cánones administrativos, como así tampoco aumentarán las regalías o cánones vigentes”.

El proyecto del Ejecutivo, una versión 2.0 del RIGI sancionado hace dos años, está orientado a inversiones destinadas a infraestructura digital e inteligencia artificial por más de mil millones de dólares. Un régimen que, según denunciaron numerosas organizaciones y fundaciones de desarrollo, estará destinado a la instalación de data centers en zonas puntuales de la Patagonia, donde hay acceso a recursos naturales, energía y bajas temperaturas. Incluye enormes beneficios impositivos, fiscales y cambiarios con garantía de estabilidad por 30 años. 

El oficialismo, sin embargo, se tomó el debate en la Cámara de Diputados como una disputa ideológica sobre el modelo económico de Javier Milei. “Hay que salir de ‘cavernicolandia’. Hemos ahuyentado a las inversiones con el cantito de ‘combatir el capital’. El capital no tiene patria, competimos con otros mercados, el capital va donde puede hacer negocios”, arremetió el libertario “Bertie” Benegas Lynch, quien, en categoría de miembro informante de La Libertad Avanza, ofició también de mandamás ideológico: “Volver a la seguridad jurídica es volver al concepto de propiedad privada”.

A diferencia de otros debates, en los que los diputados del oficialismo casi no se animan a tomar la palabra, esta vez hubo una decisión del bloque de tomar protagonismo. Con argumentos que iban desde la defensa al RIGI (no al Super RIGI) hasta chicanas por internas provinciales, los diputados de LLA hicieron un esfuerzo por respaldar la iniciativa del Ejecutivo. 

“Este tipo de inversiones no sólo generan riqueza sino que generan puestos de trabajo valioso que van a destrabar lo que se hizo en la Argentina que fue abarrotar el sector público de empleados”, aseguró el correntino Lisandro Almirón, quien comparó el Super RIGI con el desarrollo de los ferrocarriles en el país y acusó al kirchnerismo de solo haber pensando el desarrollo del país en términos de “emisión monetaria, endeudamiento y generación de impuestos”. 

La oposición, mientras tanto, cuestionaron que el régimen ofreciera concesiones ilimitadas –como la reducción del impuesto a las Ganancias y las cargas patronales, eliminación de derechos de exportación y la garantía de que lass disputas irán directamente a arbitraje internacional– sin casi ninguna contraparte productiva al país. 

Solo hubo una concesión, incluida a último momento como parte de las negociaciones con los aliados, que establece una cláusula de “compre argentino” para el 20% de las contrataciones a proveedores. Aunque con una salvedad: “siempre y cuando las condiciones estén en condiciones de mercado”. 

“Es una trampa. Van a hacer competir a las PYMES que están en condiciones mucho más desfavorables que la apertura de importaciones”, cuestionó la diputada peronista, Victoria Tolosa Paz, que también cruzó a Benegas Lynch por el comentario sobre “cavernicolandia”: “No hay nada más cavernícola que confundir inversión con desarrollo. Lo que le falta es garantizar el desarrollo. Basta con mirar lo que hacen Brasil y Chile”.

“Esto es parte de un plan macabro para entregar a la República Argentina. Porque este proyecto está encadenado a la ley de Glaciares, la reforma laboral y la ley de inviolabilidad privada. Es todo un paquete para que los fondos buitre vuelvan a hacer negocios con la Argentina”, sumó el diputado y dirigente sindical, “Paco” Manrique.

Un plan de pago para los fondos buitres

Antes del debate por el Súper RIGI, el oficialismo pudo aprobar una autorización que le permitirá al Gobierno poder llevar adelante un  plan de pago a dos “fondos buitres” que todavía conservan títulos de la deuda defaulteada del 2001. Con 139 votos positivos y 97 negativos el Ejecutivo podrá ejecutar ahora el acuerdo de conciliación económica que ya tenía media sanción en el Senado.

El Gobierno necesitaba conseguir esa autorización porque el 30 de junio vence el plazo fijado para concretar el acuerdo fijado en la justicia de Estados Unidos y que incluye una quita del 30% de la deuda. En total, la Argentina debe US$170 millones a los fondos “Bainbridge Ltd.” y “Attestor Value Master Fund LP.”

MCM/CRM/MG

“Sentate Ravier”, le gritaron los diputados libertarios al flamante vocero presidencial, Adrián Ravier, cuando faltaban apenas un par de minutos para que venciera el plazo para conseguir quórum en la sesión oficialista de la Cámara de Diputados. Ravier todavía era diputado nacional –renunciaría media hora después– y fue el último en ingresar al recinto. Los gobernadores se harían desear hasta último momento: en una maniobra de negociación con el Gobierno, los diputados que responden a Gustavo Sáenz, Rolando Figueroa y Claudio Vidal llegaron al filo del plazo. Como para que se notara. 

Martín Menem logró consolidar la estrategia que había diseñado el lunes, cuando convenció a la UCR, el PRO y los gobernadores de no acompañar la sesión opositora para interpelar a Manuel Adorni. La segunda parte del acuerdo era conseguir el apoyo para abrir el recinto el miércoles, cuando el Gobierno quería aprobar el Super RIGI y sancionar el pago a dos fondos buitre que vienen sosteniendo un litigio con la Argentina por el default de 2001. 

Fue la contracara del vaciamiento de la sesión del día martes: casi todos los diputados que se ausentaron para la avanzada contra el jefe de Gabinete pusieron el cuerpo para la sesión oficialista del miércoles. La UCR y el PRO, así como también los diputados que responden a los gobernadores de Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Entre Ríos. También los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca).

Los únicos que pegaron el faltazo fueron los misioneros que responden a Hugo Passalaqcua, que fueron los primeros en ingresar a la zona del recinto pero nunca se sentaron. Esperaron hasta último momento para ver si el Gobierno los necesitaba, pero Menem logró cerrar el número justo con 129 sin ellos. 

Hasta Patricia Bullrich dio el presente desde uno de los apartados VIP del recinto. Bullrich, que estaba furiosa con Adorni por haberla desautorizado la noche anterior. El jefe de Gabinete había tuiteado que estaba dispuesto a presentar el informe de gestión el 2 de julio, apenas minutos después de que la senadora libertaria hubiera anunciado la suspensión de la sesión. ¿Por qué? Según sostienen en las filas del menemismo 2.0, el acuerdo con Karina Milei había sido que no se comentara nada, pero Bullrich “se fue de boca”. Una fractura expuesta de la interna libertaria que se expresó cuando un sector de LLA pidió un aplauso por la senadora y solo un puñado de legisladores correspondió. 

El motivo de la presencia de Bullrich, sin embargo, era que el reemplazo de Ravier, que presentó su renuncia luego de dar quórum, era un dirigente propio: el pampeano Martín Matzkin. Bullrich quería estar presente durante su jura y celebrar, por lo bajo, que el bullrichismo sumaba un nuevo diputado a sus filas. No de LLA, no del PRO: de Bullrich. Con Matzkin, Bullrich reúne unas 12 voluntades en la Cámara de Diputados.

“Nadie te pide tanto”

Apenas comenzó el debate, la oposición apuntó los cañones contra los diputados que habían dado quórum para la sesión oficialista y, en cambio, habían vaciado la sesión del martes para interpelar al jefe de Gabinete. 

“Son los mismos que ocuparon horas y horas hablando de ficha limpia. Ficha limpia, rabo sucio. Son unos caraduras. ¿Cuántos pendrive de diferencia hubo para dar quórum a una sesión y no a la otra? ¿Cuánto sale dar quórum a las 11.20 o a las 11.25?”, chicaneó Myriam Bregman (FIT), aludiendo a los diputados que bajaron a dar quórum a último momento. 

La oposición no tenía expectativas de poder avanzar con la moción de censura porque necesitaba tres cuartos de los votos para poder incluirlo en el temario, por lo que su objetivo era otro: exponer a los diputados que ayudasen a blindar a Adorni. El mecanismo fue un apartamiento de reglamento, presentado por el lilito Maximiliano Ferraro, para obligar a dictaminar los pedidos de interpelación la semana próxima, cuando fue convocada la comisión de Asuntos Constitucionales. 

Al momento de votar, sin embargo, el apartamiento del reglamento fue rechazado con 122 votos a favor y 108 en contra. El PRO acompañó la iniciativa con el objetivo de librarse de las culpas de no haber dado quórum la fecha anterior. “Queda demostrado que, aunque hubiéramos estado presentes, con los 90 diputados de LLA que no iban a acompañar, no había número. Que todo esto era show”, se atajó el jefe del PRO, Cristian Ritondo, cuando tomó la palabra. 

En la bancada opositora le respondieron con risas y chiflidos. “Nadie te pide tanto”, le espetó, irónico, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez.

MCM

Tardó 48 horas, pero Karina Milei logró ordenar la tropa para blindar a Manuel Adorni en el Congreso. Primero en Diputados, con la ayuda de Martín Menem, y luego en el Senado, donde Patricia Bullrich había intentado liberar el terreno para que la oposición pudiera avanzar contra el jefe de Gabinete. La senadora tuvo que desdecirse: el martes, luego de una nueva reunión con los aliados, definió suspender el informe de gestión programado para el 2 de julio y dejó asentadas nuevas reglas de juego para la sesión del jueves.

“Suspendimos el informe porque los senadores no lo quieren recibir como jefe de Gabinete. Y no tiene sentido tenerlo 8 horas castigándolo en público”, explicó la jefa del bloque oficialista en el Senado, luego de abandonar el despacho del bloque radical, donde suele mantener las reuniones informales con los bloques aliados. El encuentro se realizó una hora antes de la nueva reunión de labor parlamentaria, que se iba a desarrollar en la oficina de Victoria Villarruel, con el objetivo de modificar los términos y condiciones de la sesión del jueves.

Ya entrada la noche, el jefe de Gabinete tuvo que salir a aclarar que nada de lo ocurrido tenía que ver con él y que si llaman está dispuesto a ir:  “Estoy a disposición para presentarme”, escribió en X.

La jefa del bloque de senadores libertarios se enteró del tuit de Adorni cuando estaba saliendo del Senado, no estaba al tanto de su existencia. Después de horas de negociaciones, el jefe de Gabinete la desautorizaba. La interna continuaba.

Marcha atrás

Bullrich tuvo que echarse atrás. La semana pasada, luego de un acuerdo con los bloques de la oposición, la senadora libertaria había acordado postergar la sesión por la moción de censura contra Adorni para el jueves siguiente. El plan era que, si la resolución que planteaba la moción de censura conseguía los 37 votos, se avanzaría con la interpelación y el pedido de remoción exactamente siete días después. Es decir, el 2 de julio, la misma fecha que ya se había convocado a Adorni para dar el informe de gestión frente al Senado. 

Esa noche, tal como relató elDiarioAR, Bullrich hizo una concesión más. Le regaló a la oposición el marco interpretativo de la Constitución que necesitaba para poder avanzar con la moción de censura con la mayoría de siempre –la mitad más uno de la cámara– sin necesidad de dictaminar antes. Esta interpretación de la Constitución era una manera de allanar el camino para que la oposición pudiera impulsar, sin trabas, la expulsión de Adorni en el Senado.

Al día siguiente, sin embargo, Karina Milei se enteró de la maniobra de Bullrich, y mandó a sus voceros a contradecirla. La estrategia tenía que ser la misma que había aplicado Menem en Diputados, es decir: si la oposición quería avanzar contra Adorni sin dictamen, tendría que conseguir los dos tercios del recinto. Un número imposible de conseguir. Karina, a su manera, le recordó a los senadores que su objetivo tenía que ser proteger a Adorni, no mandarlo al patíbulo. 

Bullrich, entonces, tuvo que cambiar la estrategia. Pese a haber declarado, en público, que el artículo 101 de la Constitución era “operativo” y, por lo tanto, para avanzar con la moción de censura no necesitaba dictamen, la senadora volvió a convocar una reunión de labor parlamentaria para borrar con el codo lo que había escrito con la mano. Ya no se necesitaban 37 senadores para avanzar contra Adorni, sino 48.

Operativo blindaje

El nuevo acuerdo se terminó de sellar en el despacho de Villarruel, quien, como Bullrich, había trabajado la semana anterior para facilitar el camino de la moción de censura. El peronismo no participó, argumentando que la única reunión que valía era la de la semana anterior. Pero su consentimiento no fue necesario: con el apoyo de la UCR y las fuerzas provinciales, entre los que hubo peronistas como Flavia Royón (Salta) y “Camau” Espínola (Corrientes), Bullrich se aseguró que tendría los votos para imponer ese nuevo acuerdo de labor el jueves en el recinto. Solo necesitaba tener una mayoría.

Bullrich justificó el giro de 180 grados con un conjunto de antecedentes que la secretaria parlamentaria del Senado encontró para ella: había 12 antecedentes de mociones de censura que habían pasado, antes de tratarse en el recinto, por la comisión de Asuntos Constitucionales. Con este respaldo, Bullrich aprovechó para desdecirse y replicar la estrategia que, el día anterior, Menem había impulsado en la Cámara de Diputados. Una estrategia dilatoria que tiene como objetivo dejar morir los pedidos de interpelación en el debate en comisiones, en donde el oficialismo y los aliados tienen el número para bloquear los expedientes. 

Bullrich pudo hacerlo, sin embargo, con el apoyo de todos los bloques aliados. “En definitiva es una decisión del Presidente si quiere sostenerlo en el cargo”, deslizó un senador aliado que, la semana pasada, había presionado para echar a Adorni.

“Los cerraron con anticipos financieros, a todos los gobernadores”, mascullaban, irritados, en el peronismo. La acusación pesaba sobre los gobernadores de Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy, que habían recibido, esa misma semana, un anticipo de $400.000.000. Pero también sobre los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que ese mismo día habían visitado a Diego Santilli en Casa Rosada. 

La bancada peronista, que lidera José Mayans, buscará insistir con la mayoría original –la mitad más uno– el jueves en el recinto, pero no se muestra optimistas. Sino todo lo contrario.  

MCM

“Ya estamos, nos sentamos”, exclamó, resignada, la secretaria parlamentaria del peronismo, Paula Penacca, mientras hacía una última barrida por el recinto de la Cámara de Diputados. Todavía faltaban 10 minutos para que finalizara el período de espera hasta la caída de la sesión por falta de quórum, pero la oposición sabían que ya eran los que eran: 117 diputados del peronismo, la izquierda y algunos díscolos del radicalismo que querían avanzar con la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR habían acordado una tregua con Martín Menem y, sin ellos, la sesión estaba destinada al fracaso. 

El Gobierno consiguió blindar a su jefe de Gabinete con la ayuda de Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO, y Pamela Verasay, jefa del bloque radical que responde a Alfredo Cornejo, y algunos gobernadores. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro definieron, a último momento, hacer faltar a los diputados que le responden directamente, como Gisela Scaglia, que es la jefa de Provincias Unidas y, sin embargo, fue casi la única de la bancada que no dio quórum. 

Pullaro había recibido, ese mismo , un anticipo financiero por $400.000.000, así como Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy). El gobernador de Jujuy, sin embargo, sí mandó a sus diputados a dar quórum, a diferencia de Frigerio, Pullaro y Llaryora. Solo los cordobeses que no le responden, como Juan Schiaretti y Carlos Gutiérrez, se sentaron a dar quórum, tal como habían anticipado. 

El MID, que integran Oscar Zago y Eduardo Falcone, había prometido en público que darían quórum y acompañarían la expulsión de Adorni porque es “un yunque de plomo que está perjudicando al Gobierno”. Cuando fue el momento, sin embargo, no bajaron al recinto. Tampoco lo hicieron los diputados que responden a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta).

La verdadera victoria de Menem, sin embargo, fue ordenar al PRO y la UCR tras semanas de comunicados y entrevistas en las cuales, con mayor o menor énfasis, pedían la cabeza de Adorni. El riojano les dio lo que pedían: una salida elegante. 

Menem se comprometió a tratar el tema la semana próxima en una reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Mandó a Nicolás Mayoraz a convocar la comisión y le prometió a los aliados que se debatirían todos los proyectos de interpelación a Adorni, así como el pedido de moción de censura. Quedaría en manos de ellos dictaminar y convocar a una nueva sesión. Con ese simple gesto, el presidente de la Cámara de Diputados logró acallar de un plumazo los gritos de indignación contra el Gabinete. 

“No alcanzaron los pendrive, los flippers y las sabanas de 8 millones de pesos para que las diputadas y diputados de los bloques del PRO y la UCR y LLA, así como los que responden al gobernador Pullaro, vengan. Hay una complicidad muy clara con Manuel Adorni”, arremetió, irónico, Nicolás del Caño (FIT).

Frente al fracaso de la sesión, la oposición intentó capitalizar políticamente la derrota de la única manera posible: el escrache a los diputados y diputadas que, tras pedir la renuncia de Adorni, se habían ausentado de la sesión. “Esta sesión era la vara moral para poder levantar el país. Pero, ¿qué pasó? ¿Un contratito de Rufus los pudo más?”, provocó, furiosa, la ex libertaria Marcela Pagano.

Algunos aprovecharon para apuntar los cañones contra ex compañeros de partido o de espacio político, como la Coalición Cívica. O los radicales díscolos de Provincias Unidas. “Si te hacés llamar de la Unión Cívica Radical, con lo que eso significa, no podés estar ausente acá. ¿Qué te dieron para no venir? ¿Qué te entregaron? ¿Qué precio estás pagando? Más de cien años de lucha de un montón de hombres y de mujeres no se tiran”, apuntó Pablo Juliano. 

La oposición buscará volver a insistir con el tema el miércoles, en la sesión convocada por LLA para aprobar el Super RIGI. No tienen el número para impulsar la moción de censura, pero buscarán empantanar el debate con reclamos. Menem, sin embargo, respira tranquilo: está confiado que, al menos por una semana, el escándalo del jefe de Gabinete no le generará problemas. 

MCM

“Citen a comisión y terminen con el tema”, lanzó, conciliador, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, en un momento de las negociaciones. Martín Menem necesitaba ganar tiempo, no sólo para descomprimir la presión por la expulsión de Manuel Adorni, sino también para diferenciarse de Patricia Bullrich, quien venía de liberar el campo del Senado para el avance del ataque contra el jefe de Gabinete. El riojano pedía una tregua momentánea y la consiguió con la promesa de un debate en comisión: a cambio de boicotear el quórum de la sesión opositora del martes, el oficialismo le daría a los aliados una vía de escape para sus reclamos. 

El PRO y la UCR no estaban tan cómodos con la idea de avanzar con la moción de censura contra Adorni como sus compañeros del otro lado de Pasos Perdidos. En Diputados, los ex socios de Juntos Por el Cambio se removían incómodos ante la posibilidad de que los títulos de los diarios los acusaran de haberse plegado a la “agenda kirchnerista”, por lo que buscaban una salida elegante que les permitiera evitar el otro título incómodo. Es decir: que se hubieran plegado a blindar a Adorni en medio del avance de la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. 

Menem negoció una salida: vía Nicolás Mayoraz, el riojano convocó a la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar, el martes 30 de junio, el paquete de pedidos de interpelación y el pedido de moción de censura contra Adorni que la oposición buscará aprobar, en la sesión de este martes 23 a las 14 horas, en la Cámara de Diputados. Con un gesto, el presidente de la Cámara de Diputados se aseguró de que ni el PRO ni la UCR dieran quórum a la sesión opositora y, en cambio, sí dieran quórum para la suya al día siguiente.

Las dos convocatorias salieron al mismo tiempo. Por un lado, la invitación a la comisión de Asuntos Constitucionales. Y, unos minutos después, el pedido de sesión para el miércoles para aprobar el Super RIGI. Con una sola maniobra, Menem consiguió ordenar a los aliados para blindar a Milei y sostener la agenda del Gobierno en el Congreso. En LLA suspiraban satisfechos. 

El poroteo del “encubrimiento”

En la oposición pegaron el grito en el cielo apenas vieron las convocatorias. “Otra maniobra dilatoria para encubrir a Adorni. ¿Los bloques ‘amigables’ se prenderán en esta jugada? ¿Seguirán arrodillados frente al gobierno?”, provocó el jefe de bloque peronista, Germán Martínez, a través de sus redes sociales. 

Martínez venía juntando los votos para la interpelación de Adorni desde la semana pasada. Junto a la Coalición Cívica y el ala más combativa de los representantes de gobernadores radicales agolpados en Provincias Unidas, el peronismo venía intentando sumar fuerza para llegar a las 129 voluntades que le permitieran abrir el recinto el martes. Los avances en el Senado, en donde se debatirá el pedido de moción de censura este jueves, habían dado impulso a la iniciativa opositora. Los gobernadores peronistas mileístas, como Raúl Jalil (Catamarca) o Gustavo Sáenz (Salta), no le cerraban la puerta a avanzar contra Adorni, y en la oposición se permitían fantasear con una mayoría ajustada. 

La maniobra de Menem, sin embargo, desbarató los planes. Sin la UCR y el PRO, el peronismo se queda solo con la izquierda y un sector de Provincias Unidas. No todos, porque el acuerdo del riojano hace dudar sobre las intenciones de algunos de los gobernadores que habían prometido su participación. Es el caso de los cordobeses Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, que responden a Martín Llaryora, y de la santafesina Gisela Scaglia, que responde a Maximiliano Pullaro. 

“Son parte de la jugada para que Adorni no venga a dar explicaciones”, masculló una diputada peronista, que todavía estaba llamando por teléfono a gobernadores y diputados aliados del Gobierno hasta tarde a la noche. El ojo está puesto en los peronistas Jalil, Sáenz y Osvaldo Jaldo (Tucumán), cuya postura será clave para la sesión del martes: si los gobernadores peronistas deciden acompañar, la oposición tiene una chance de llegar a los 129. Si no, quedará en soledad, con 120 presentes apuntando los cañones contra los que decidieron faltar o “llegar tarde” para proteger a Adorni. 

La lógica del principio de revelación, esta vez aplicada a los aliados del Gobierno. 

Avanza el Super RIGI

El verdadero desafío de Menem, sin embargo, es poder mostrar un Congreso activo frente al escándalo Adorni. El primer paso lo dio Javier Milei el viernes, cuando decidió ensayar una primera reacción ante los continuos reclamos internos para que corriera a Adorni de la toma de decisiones: no lo echó, pero comenzó a desprenderse en cuotas de su influencia en el Gobierno. 

La designación de Adrián Ravier como vocero presidencial y de Fabian Fernández como secretario de Comunicación y Prensa fueron un primer paso destinado a reacomodar la gestión. Pero, para que esta reestructuración interna surta efecto, el Gobierno necesita mostrar que recuperó la iniciativa parlamentaria. Que no solo está a la defensiva, negociando fondos con gobernadores para proteger a su funcionario acusado por enriquecimiento ilícito, sino que tiene agenda propia. 

Por este motivo es que la maniobra de Menem fue un juego de dos movimientos. Blindar a Adorni, al menos temporalmente, y convocar a una sesión para avanzar en dos iniciativas que el Gobierno pueda capitalizar políticamente: el pago a dos fondos buitre que venían sosteniendo un litigio con la Argentina por el default de 2011 y, a su vez, el Super RIGI. 

El oficialismo se muestra confiado en que, si logra conseguir quórum para este miércoles, tendrá votos de sobra para avanzar con la media sanción del nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, esta vez destinado a proyectos de más de mil millones de dólares para actividades orientadas a la inteligencia artificial o infraestructura digital. La iniciativa recibió duras críticas de diversas organizaciones y fundaciones que, como CEPA, FIDE y Fundar, denuncian que los beneficios impositivos, fiscales y cambiarios aportan concesiones ilimitadas, sin parangón en otros países del mundo, a cambio de casi ninguna contrapartida productiva para el país.

La sesión fue convocada para el miércoles al mediodía, y Menem pretenderá ofrecer ese día una demostración de fuerza. Buscará mostrar cómo el Gobierno, aún en sus momentos de mayor debilidad política, puede avanzar con reformas estructurales que regirán en la Argentina por los próximos 30 años. 

MCM/CRM

“El Gobierno tiene una semana para resolverlo ahora”, murmuró, irritada, Patricia Bullrich antes de abandonar el Senado. La rodeaban sus colaboradores más cercanos, que corrían detrás de ella para enterarse del detalle de la negociación con los senadores que permitió postergar una semana la moción de censura contra Manuel Adorni. Bullrich le había obsequiado a Javier Milei un regalo envenenado, un ultimátum: el Presidente tenía hasta el miércoles 24 para echar al jefe de Gabinete o sus aliados en la UCR y el PRO avanzarían con su expulsión desde el Senado. 

La respuesta de Milei tardó 48 horas en llegar y no fue la que sus funcionarios esperaban. En vez de desplazar a Adorni –un reclamo que solo puede pronunciarse a puertas cerradas y en voz muy baja, a riesgo de despertar la ira presidencial–, lo blindó con el nombramiento de un nuevo vocero. La designación de Adrián Ravier para difundir la postura presidencial pretende sortear la parálisis comunicacional que arrastra el Gobierno desde que estalló el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete sin resolver el problema de fondo: la permanencia de Adorni en el organigrama estatal. 

“Adorni no va a renunciar, Milei fue claro. Es responsabilidad del Presidente elegir a su Gabinete”, zanjó el debate uno de sus principales negociadores en Casa Rosada. Ni premios consuelo en embajadas ni elusivos pedidos de licencias hasta que la tormenta pase: Milei está decidido a sostener a Adorni y prefiere esperar a que el Congreso lo eche antes que aceptarle la renuncia. Amenaza, incluso, con volver a recontratarlo si la oposición es exitosa. 

Milei provoca a los aliados y advierte que prefiere estrellarse contra la pared antes de ceder ante las presiones de Bullrich o Mauricio Macri. Una lógica del juego de la gallina que sus negociadores más pragmáticos –la línea política interna encarnada en Martín y Lule Menem, Diego Santilli, Ignacio Devitt y la propia Bullrich– buscarán matizar en la próxima semana, presionando y seduciendo a gobernadores y aliados en el PRO y la UCR para evitar que el Congreso expulse, por primera vez en la historia argentina, a un jefe de Gabinete. 

Primer desafío: el Senado

Fue el jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, quien selló la sentencia de muerte. “Tiene el boleto picado”, aseguró el senador misionero, apenas unas horas después de acordar con Bullrich la semana de sobrevida para Adorni. Una advertencia para Milei que, sin embargo, responde a una lógica aritmética: con el apoyo del PRO, al menos 9 de los 10 senadores de la UCR –la chaqueña Silvana Schneider tiene mandato, por ahora, de no hacer enojar a los Milei–, los 28 senadores del peronismo y los provinciales de Salta (Flavia Royón), Corrientes (“Camau” Espínola) y de Santa Cruz (José Carambia y Natalia Gadano), la oposición cuenta con al menos 43 senadores para expulsar a Adorni. 

El Gobierno deberá hacer frente a dos votaciones distintas. Primero, el 25 de junio, el Senado abrirá el recinto para debatir el pedido de interpelación y, a su vez, la moción de censura contra Adorni. Se requieren al menos 37 votos y, si se aprueba, el jefe de Gabinete tendrá siete días para presentarse ante el Senado y dar explicaciones. Esa será la segunda etapa, que se llevará a cabo el 2 de julio. Ese día es cuando el Senado definirá si remueve o no a Manuel Adorni. 

La clave de este cronograma, sin embargo, reside en un detalle técnico que Bullrich resolvió en favor de la oposición. Un detalle técnico que pasó desapercibido y que constituye la piedra basal sobre la que se sostiene toda la estrategia opositora. Es decir: una interpretación del artículo 101 de la Constitución Nacional –expresa la facultad del Congreso de remover al jefe de Gabinete– que habilita que el pedido de remoción se debata de manera “operativa”, en el momento, sin necesidad de un dictamen previo. 

Esta interpretación elimina la necesidad de pasar por comisiones en las que el oficialismo tiene mayoría y deja expuesto al Gobierno en el Senado. Es decir, queda sin herramientas para resistirse.

Hubo tres actores clave que habilitaron este mecanismo. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien mantiene un buen vínculo con Bullrich y fue quien la convenció de aceptar esa interpretación del artículo 101 y dejar todo el poder de decisión a una nueva mayoría opositora. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien se reunió con Mayans y le prometió que, si conseguía los 37 senadores para abrir el recinto, ella habilitaría la sesión. Y, finalmente, la propia Bullrich. 

La jefa del oficialismo fue la primera en diferenciarse de Adorni con el objetivo de cuidar su núcleo duro de votantes. Fue la primera en llamar por teléfono a Milei para decirle que tenía que pedirle la cabeza y fue la primera en recriminarle a Adorni, en público, que no hubiera presentado la declaración jurada. Más rápida que Macri, que juega el mismo juego que Bullrich pero con delay, Bullrich hizo equilibrio, se posicionó como una leal con límites, provocó a Karina Milei y salió victoriosa. 

Y, cuando el Gobierno le pidió que negociara la postergación de la sesión, Bullrich pudo decir que cumplió, pero con una salvedad: a cambio de una semana de vida, la senadora libertaria le regaló a la oposición la herramienta que le faltaba para destituir a Adorni. 

Segundo desafío: Diputados

Pero la verdadera batalla se dará en la Cámara de Diputados, que también tendrá que debatir la moción de censura de Adorni. Pero con una particularidad: la Cámara baja se rige bajo el imperio de la ley de Martín Menem, quien, a diferencia de Villarruel y Bullrich, es solo leal a Karina Milei. Y cuenta a su favor con un control sobre los aliados que, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, todavía están analizando el plan de acción. 

 “Diputados es el club de fans de Menem. Veremos porque ni el PRO ni la UCR tienen ganas de avanzar, están en el peor de los mundos: si bajan a la sesión son funcionales al peronismo pero si no lo hacen son encubridores de Adorni”, ironiza, molesto, uno de los armadores del peronismo en la Cámara de Diputados que está trabajando en juntar el quórum para la sesión del martes 23. 

Y es que el martes, antes de que se lleve a cabo el debate en el Senado, la oposición buscará sesionar en Diputados para tratar un paquete de proyectos de pedidos de interpelación a Adorni y de mociones de censura. Con el apoyo del bloque de Unión por la Patria, la izquierda, los lilitos de la Coalición Cívica y gran parte de Provincias Unidas, así como los libertarios excomulgados del MID, la oposición calcula unos 120-121 diputados para el quórum. Son necesarios al menos 10 más para poder abrir el recinto, por eso, necesitan que el PRO y la UCR, que están deseosos de avanzar en el Senado, se decidan a hacer lo mismo en Diputados.

Se da una situación paradigmática. En Diputados, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, mantiene una agenda distinta a la del Senado. Ritondo está dispuesto a habilitar el emplazamiento de una comisión para tratar la interpelación de Adorni, pero no mucho más. Hombre de confianza de Milei, con quien se ha juntado a cenar en varias ocasiones, Ritondo tiene un solo objetivo y es que Santilli sea el candidato a gobernador por LLA en la Provincia de Buenos Aires. Y cada movimiento que haga, durante lo que resta del año, dialogará con ese objetivo. 

En paralelo, Fernando de Andreis, mano derecha de Macri, sostiene que Adorni no puede ser jefe de Gabinete “ni un día más” y presiona para expulsarlo. Pero su postura no es compartida por todo el bloque PRO, que se encuentra dividido respecto a si participar o no de la sesión del martes. “Nosotros no podemos acompañar una moción de censura porque todos nuestros votantes piensan que somos lo mismo, ¿quién va a entender esa diferenciación?”, advierte un peso pesado del PRO bonaerense. 

El PRO dará el debate interno el lunes, así como la UCR, con la que busca coordinar una posición común. La incógnita no es solo si dar quórum o acompañar los pedidos de interpelación a Adorni, sino algo más técnico: la discusión que Bullrich saldó a favor de la oposición en el Senado volverá a repetirse en Diputados y la postura que adopte el PRO y la UCR será lo que defina el futuro de Adorni. 

Si los aliados del Gobierno exigen, como quiere Menem, que los proyectos pasen primero por las comisiones, la moción de censura morirá en el debate parlamentario: el oficialismo tiene mayoría en todas las comisiones y la oposición no podrá nunca conseguir dictamen para llevarlo al recinto. Sin dictamen, la oposición necesitará dos tercios para aprobar la expulsión de Adorni, un número imposible de conseguir. 

Si los aliados aceptan, en cambio, la postura de Bullrich de la Constitución, la oposición tiene una chance de expulsarlo. El futuro de Adorni depende, finalmente, de una interpretación técnica del artículo 101 de la Constitución Nacional.

MCM/MG

“Humo blanco, humo blanco”, anunció, irónico, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, apenas salió del despacho del bloque radical donde Patricia Bullrich llevaba reunida casi dos horas negociando con los aliados para suspender la sesión del jueves, en la que se iba a tratar la moción de censura contra Manuel Adorni. El PRO y la UCR querían dar el tema por terminado: Adorni se tenía que ir y no tenía sentido dilatar el tema. Pero la senadora libertaria logró convencerlos de darle una semana de sobrevida.

El acuerdo fue patear la sesión para el 25 de junio y debatir ahí todos los proyectos en carpeta. El desafío no era solo dilatar el tratamiento de la moción de censura contra el jefe de Gabinete, que Bullrich sospecha que tiene ya los votos garantizados, sino también ganar tiempo para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Una iniciativa impulsada por Federico Sturzennegger cuyo capítulo más polémico, la modificación de la Ley de Tierras, no tiene los votos garantizados para ser aprobado en el recinto. 

El acuerdo sellado en la reunión de labor parlamentaria con los jefes de bloque opositores, que se llevó a cabo en el despacho de Victoria Villarruel, fue sesionar el 25 y, si el proyecto conseguía los 37 votos necesarios, el 2 de julio se avanzaría con la interpelación y, luego, la moción de censura. Es decir, la propuesta de expulsión de Adorni. “Como coincide con el hecho de que el jefe de Gabinete viene el 2 a dar el informe de gestión se planteó hacerlo el mismo día”, explicó Bullrich, a la salida del encuentro. 

La senadora libertaria selló, a su vez, una discusión técnica que el oficialismo venía planteando desde los pasillos de la Cámara de Diputados. Martín Menem está exigiendo a la oposición que, en la Cámara baja, primero avancen con un dictamen antes de avanzar con el pedido de remoción. Bullrich, en cambio, acordó con la versión del jefe del interbloque peronista, José Mayans, de que con una mayoría absoluta de 37 votos se puede aprobar la moción de censura. “Es un artículo operativo”, precisó, aludiendo al artículo 101 de la Constitución Nacional. 

Fue por este motivo que, pese a los deseos del peronismo de sesionar el jueves, Bullrich no tuvo mucha resistencia para dilatar una semana la sesión: tanto el oficialismo como la oposición saben que Adorni tiene los días contados. Al menos en el poroteo del Senado, en donde el peronismo calcula que cuenta con unos 42 votos para aprobar la remoción de Adorni. La Cámara de Diputados, que deberá tratar luego el pedido de remoción, es otta historia. 

“Tiene el boleto picado”, aseguró el jefe de bloque PRO, Martín Goerling, antes de abandonar el Senado. 

Negociar para ganar tiempo

Bullrich llegó al despacho de Villarruel, pasadas las 6 de la tarde, con el tema casi cocinado. Hace 48 horas que venía negociando con los aliados del “Grupo de los 44” –la mayoría de paraoficialistas que la ex ministra construyó en el verano, compuesta por macristas, radicales y fuerzas provinciales, para aprobar las leyes del Ejecutivo– con el objetivo de suspender la sesión convocada para el jueves, en la cual el peronismo quería avanzar con la moción de censura contra el jefe de Gabinete. 

La previa no había sido fácil. Temprano a la mañana, Martín Goerling y el vocero de Mauricio Macri en Diputados, Fernando de Andreis, habían salido, en simultáneo, a pedir la cabeza de Adorni. “Si llega a esa instancia (la sesión) el PRO va a acompañar el pedido de remoción. Si el presidente quiere evitar eso lo tiene que correr”, amenazó Goerling en el streaming de Infobae, en línea con lo que ya le había advertido a Bullrich y a los voceros del Gobierno más temprano.

El radicalismo había hecho lo mismo. Puertas adentro, el jefe de bloque, Eduardo Vischi, había transmitido que esta vez se acompañaría la moción de censura impulsada por el peronismo. “Hay unanimidad de que no debe seguir en el Gobierno”, aseguró el senador Maximiliano Abad, horas antes de que se llevara a cabo la reunión de labor parlamentaria que definiría el futuro de Adorni. 

La rebelión de los dos principales aliados del Gobierno, el PRO y la UCR, iba en la misma línea que la de Bullrich, que fue la primera en salir a diferenciarse: contener el voto propio “republicano”. Es decir, aprovechar el escándalo de Adorni para diferenciarse del Gobierno y reperfilarse como una fuerza autónoma a LLA. La senadora libertaria, sin embargo, no tiene espacio para votar en contra del jefe de Gabinete como sus ex compañeros del PRO: si quiere ser candidata de LLA en 2027, Bullrich no puede arriesgarse a enemistarse abiertamente con los Milei, como Villarruel. Prefiere serles útil y diferenciarse en ocasiones especiales. 

Por este motivo es que, pese a la animadversión que siente por el jefe de Gabinete, se encargó de negociar con los aliados para suspender la sesión del jueves. Bullrich sabía que, si el jefe del interbloque peronista, José Mayans, conseguía abrir el recinto, la moción de censura sería un trámite. Este mecanismo, que fue incluido en la reforma constitucional del 93’, nunca se había aplicado en la historia, pero Adorni llevaba todas las de perder. 

Bullrich se reunió con los jefes de bloque aliados antes de la reunión de labor parlamentaria. Durante más de dos horas, la senadora negoció con Goerling, Eduardo Vischi (UCR), “Camau” Espínola (Corrientes), Fernanda Ávila (Salta), Natalia Gadano (Santa Cruz) y Carolina Moises (Jujuy) para llegar a un acuerdo. para el 2 de julio, pero sí una semana. Era suficiente.

“El Gobierno tiene una semana para resolver esta situación”, advirtieron en las filas bullrichistas.

MCM/MG

Mientras los ojos estaban puestos en el Senado, donde por estas horas se define el futuro de Manuel Adorni, la Cámara de Diputados dio el primer paso para aprobar el Super RIGI. Con el apoyo del PRO, UCR y las fuerzas provinciales, La Libertad Avanza dictaminó el proyecto que crea un nuevo Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para proyectos destinados al desarrollo de inteligencia artificial e infraestructura digital. Negoció algunos cambios cosméticos y consiguió las firmas, pero no las suficientes como para garantizarse que, el 24 de junio, podrá abrir el recinto sin dolores de cabeza. 

El problema tiene nombre y apellido y es el de Manuel Adorni. La defensa fallida del jefe de Gabinete –que argumentó que había ahorrado en negro durante años lo que había invertido en bitcoins y por eso no había declarado US$565.000 cuando asumió como funcionario en 2023– llevó a una rebelión en el cosmos de aliados que imposibilita avanzar con la agenda legislativa del Gobierno. Hasta que no se resuelva su situación en el Senado, en donde el peronismo avanza con una moción de censura en su contra, Martín Menem no querrá arriesgarse a convocar la sesión. 

Pese a las presiones de los aliados y los rumores internos de que Adorni podría dar un paso al costado –siempre desmentidos por la primera línea de funcionarios que conversan con el jefe de Gabinete–, el oficialismo consiguió el número para dictaminar el Super RIGI. La iniciativa está dirigida a inversiones mayores a US$ 1.000 millones e incluye exenciones impositivas y fiscales, facilidades aduaneras y cambiarias, y la garantía de que el régimen estará vigente durante 30 años (sin importar el cambio de gobierno).

 Acompañaron con su firma el PRO, la UCR, el MID, los misioneros y salteños de Innovación Federal, los tucumanos de Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo y el santacruceño José Luis Garrido. LLA también, pero se limitó solo a eso: firmar el dictamen. Cuando fue el momento de defender el proyecto, ningún oficialista quiso tomar la palabra. 

Para conseguir los apoyos de algunos aliados, el oficialismo modificó algunos artículos del Super RIGI para asemejarlo en RIGI original. Cómo el caso de los proveedores locales. La versión original del Súper RIGI no incluía ninguna exigencia a las empresas inversoras a que contratasen proveedores locales, es decir que habilitaba que trajeran toda la cadena de producción desde el exterior si así lo deseaban. La nueva versión les exige, como en el RIGI original, que se contraten proveedores locales en materia de bienes y servicios equivalente al 20% de la totalidad del monto destinado a la contratación de proveedores. Se incluyó, además, la creación de un resguardo público para transparentar los proyectos de inversión aprobados. Y se les exigirá que garanticen un mínimo de inversión en investigación y desarrollo en proyectos científicos de universidades nacionales. Con estos cambios, el oficialismo se aseguró el número para llevar el proyecto al recinto.

El plan original era sesionar el 24 de junio, el día después de la sesión convocada por la oposición para avanzar con la interpelación de Adorni. En el medio del escándalo del jefe de Gabinete, sin embargo, Menem esperará antes de convocar la sesión. No sabe qué puede llegar a pasar si abre las puertas del recinto.

MCM/MG

“Si tenemos 37 votos y voluntad política, el jueves el tipo se va”, promete, entusiasmado, un senador del peronismo antes de entrar a su despacho para empezar a porotear los votos para la moción de censura contra Manuel Adorni en la sesión del jueves. El jefe de Gabinete no tiene quién lo defienda en el Senado: el PRO, por orden de Mauricio Macri, decidió soltarle la mano, el radicalismo propone salidas elegantes y Patricia Bullrich no tiene interés en inmolarse por Adorni. El funcionario está solo. 

El mensaje de Bullrich fue el disparo de largada. Horas después de que la senadora libertaria saliera a calificar, el mismo día de su cumpleaños, que Adorni había incurrido en una “omisión ética” al no declarar más de 565 mil dólares cuando ingresó al Gobierno, el resto de las fichas fueron cayendo detrás de ella. El PRO salió a cuestionarlo con dureza –con tres comunicados distintos–, y le siguió la UCR. Los ex socios de Juntos por el Cambio, de a poco, empezaron a allanar el camino para el golpe final: acompañar la moción de censura que impulsa el peronismo.

El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete puede ser removido por el Congreso. No por un juicio político, no por una decisión del presidente, sino por el voto de las dos cámaras. Ese mecanismo, incorporado en la reforma constitucional del 94’, se llama moción de censura. Consta de dos etapas: primero la interpelación, que tiene como objetivo que el jefe de Gabinete vaya a dar explicaciones al recinto, y luego la moción de censura, que es cuando se vota, por mayoría absoluta (la mitad más uno), la expulsión del funcionario. 

Nunca el Congreso expulsó a un jefe de Gabinete, pero Adorni podría ser el primero. El Gobierno advierte esta amenaza y es por eso que le indicó a Bullrich que, si ve que resulta imposible desactivar la avanzada opositora, apunte a postergar la sesión del jueves, en la que se iba a tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pero tiene un problema: la sesión ya fue convocada, el miércoles a las 18 hay una reunión de labor parlamentaria y el peronismo, si así lo quiere, puede forzar que haya una sesión al día siguiente, aún con la resistencia del oficialismo. Solo necesita tener 37 senadores presentes. 

El apoyo de Villarruel

El mayor problema del jefe de Gabinete es que no tiene aliados en el Senado. La presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, admite en público y privado que la defensa de Adorni es un “bochorno” y está dispuesta a avalar la embestida opositora si cuenta con la mayoría necesaria. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, ya conversó con ella.

El apoyo de la vice es clave, porque el peronismo quiere avanzar con la moción de censura vía una resolución que no requiera ser dictaminada antes. Es una discusión técnica, pero fundamental: si Villarruel insiste en que tiene que haber un dictamen antes, como reclama Martín Menem en la Cámara de Diputados, la oposición necesitaría alcanzar los dos tercios del recinto para poder avanzar en la moción de censura. O convocar a un debate en comisión, en donde el peronismo es minoría, y conseguir antes un dictamen. 

En cambio, si logra avanzar con la mayoría absoluta de 37 senadores, el camino para la aprobación de la moción sería mucho más expeditivo. La resolución se somete a votación, se aprueba con la mayoría absoluta y se establece que, en 7 días, Adorni tiene que ir a dar explicaciones al Senado. Ese día, luego de la interpelación, los senadores pueden votar si lo echan o no. Si la oposición consigue 37 votos, el tema gira a la Cámara de Diputados, que ya convocó a una sesión para el 23 de junio.

Villarruel, desde que asumió como vice, se valió de su perfil institucional en el Senado para resistir a los embates de su propio Gobierno. Se preocupa por no incurrir en “ilegalidades” y trabaja para consolidar un perfil político diferenciado al de Milei, más amigo del institucionalismo y de la división de poderes. Como el PRO y ahora Bullrich, la vice aprovecha estos roces “republicanos” con el Gobierno para consolidarse de cara al 2027. Lo hizo cuando habilitó la sesión que volteó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, y lo hizo cuando se reunió con Verónica Michelli, la candidata a jueza a quien Milei pidió correr por ser cuñada de Hugo Alconada Mon.

La oposición necesita, este jueves, que vuelva a hacer lo mismo. Y la vice está decidida, según quienes dialogaron con ella, a repetir la misma lógica: si hay mayoría, ella habilitará la sesión. 

Sin aliados

El gesto de Villarruel es un reflejo de la actitud del resto de los aliados del oficialismo. “Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni”, advirtió el PRO, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el viernes. Durante el fin de semana se fueron sumando otras voces, como la del diputado Fernando de Andreis, el ex secretario de la Presidencia de Macri, que advirtió que el PRO se estaba preparando para competir en 2027 y que la designación de Adorni como jefe de Gabinete había sido un “escándalo”. 

En el Senado, el jefe de bloque del PRO, Martín Goerling, analiza acompañar la moción de censura, así como también el jefe de bloque de la UCR, Eduardo “Peteco” Vischi. Entre los dos partidos, la oposición puede sumar unos 11 votos más. Si se le suman los 28 senadores que tiene el peronismo y al menos los 3 provinciales que ya advirtieron que Adorni tiene que dar un paso al costado –la salteña Flavia Royon, el correntino “Camau” Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo–, la oposición cuenta a su favor con unos 42 votos para echar a Adorni. 

“Debería irse, le haría bien al país”, deslizan desde la bancada radical, en donde aún esperan, como en el PRO, que el Gobierno mueva primero y le pida la renuncia a Adorni. Milei, sin embargo, está decidido a mantenerlo en el cargo y, una vez más, jugará al juego de la gallina en el Congreso: forzará hasta último momento la situación, intentará negociar con los gobernadores y, cuando llegue el momento, festejará un triunfo o denunciará el golpismo del Congreso. No hay un término medio. 

Bullrich, por si acaso, está intentando conseguir más tiempo. La senadora no esconde su animadversión por Adorni –a quien desprecia desde que tuvo que hacer campaña con él en la Ciudad–, pero sabe que no puede enemistarse públicamente con los hermanos Milei si quiere un futuro político en 2027. “Ya va a venir a dar el informe de gestión el mes que viene”, intentó convencer a los senadores del peronismo, sin suerte. 

El miércoles, todos los jugadores se reunirán en el despacho de Villarruel para tomar una decisión. Estarán todos los jefes de bloque opositores y aliados, así como la vice y Bullrich: el futuro de Adorni se definirá en una sala en donde el jefe de Gabinete no tiene un solo amigo.

MCM/MG

- ¿Cómo estás, Cristina?

- Presa, ¿cómo querés que esté?

El tono irritado, irónico, de Cristina Fernández de Kirchner al otro lado del teléfono convence a Sergio Massa de no volver a iniciar nunca más una conversación con esa pregunta. Un error que varios dirigentes peronistas ya corrigieron. Le preguntan en qué anda, en cambio, y la actualizan sobre las últimas novedades: la votación de los pliegos judiciales, la interpelación a Manuel Adorni o la intervención en el PJ de Salta. Los más cercanos, además, le cuentan alguna historia familiar. Tampoco pueden hablar mucho porque desconfían de quien pueda estar escuchando al otro lado del teléfono. Pero la mantienen al tanto, se hacen presentes. A un año de su detención, la posibilidad de ver a la expresidenta en persona, para la mayoría, está vedada. 

Todos los días, a toda hora, hay un policía de la Federal apostado en la entrada de San José 1111 vigilando quién entra y sale del edificio. La expresidenta vive allí desde que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte intentaron asesinarla, en 2022, en el barrio Recoleta. También desde entonces tiene una custodia personal que, desde un auto, vigila la puerta. Por la calle Humberto 1° suelen pasar autos que tocan bocina y gritan, desde la ventana, “Vamos Cristina”. En algunas ocasiones especiales, cuando grupos más numerosos de militantes se aglutinan en la entrada, la expresidenta sale de su balcón en el segundo piso y saluda. 

Ya no puede hacerlo mucho porque el Tribunal Oral Federal 2 restringió los movimientos de CFK al mínimo desde que, en noviembre, se reunió con nueve economistas jóvenes por el Día del Militante. Ahora solo puede reunirse con tres personas por día, dos días a la semana y durante no más de dos horas. Tiene que tomar vitamina D porque solo le permiten salir a tomar sol a la terraza del edificio dos horas al día. Y no puede salir a la calle, a menos que sea por un tema médico o judicial, y siempre con la tobillera electrónica puesta. Esté adentro o afuera de su casa. 

La foto con los economistas fue un antes y un después en la vida de Cristina. Antes, pese a las limitaciones, mantenía reuniones, se fotografiaba con mandatarios y expresidentes –Lula Da Silva o Ernesto Samper– y enviaba audios que, como si fuera una película de ciencia ficción retro, se pasaban en plazas y actos militantes. Publicaba posteos contra el Presidente en sus redes sociales que arrancaban, siempre, con la frase “Che Milei”. Eso cambió a partir de noviembre, cuando empezó a opinar menos y a dejar un vacío. La última carta que publicó fue un balance de la derrota electoral en octubre, en la que le recriminó Axel Kicillof haber desdoblado las elecciones. 

San José 1111 se convirtió en un hito, una referencia a donde peregrinar, pero no en Puerta de Hierro. Su liderazgo se debilitó y empezó a perder hasta las batallas más sensibles, como cuando la mitad del bloque peronista del Senado votó el pliego de Carlos “Coco” Mahiques –a quien el kirchnerismo identifica como un engranaje crucial en la máquina judicial que persiguió, condenó y proscribió a Cristina– para que pudiera ser juez cinco años más. Quienes conocen a la expresidenta advierten que la noticia fue difícil de digerir. 

El declive de la conducción de CFK tiene, sin embargo, una contracara: es la dirigenta que más mide en la oposición, empatando en intención de voto a Kicillof en la mayoría de las encuestas. El núcleo de votantes kirchneristas, identifican en su entorno, no migra automáticamente a Kicillof, sino que es suyo. Para quienes piden por su libertad, la bandera “Cristina libre” no es solo una estrategia de acumulación política en la interna, sino una estrategia electoral: sin Cristina fortalecida, advierten, no hay 2027 para el peronismo.

“Ningún peronista será presidente si la mayoría no prefiere a Cristina que a Milei. Hoy pedir su libertad puede no parecer una prioridad pero el robustecimiento del vínculo afectivo entre Cristina y el electorado es un requisito imprescindible”, tuiteó el consultor Juan Courel, el día del aniversario del fallo de la Corte Suprema que condenó a Cristina a seis años de prisión. El posteo se propagó como pólvora en las filas cristinistas.

El sucesor

“La única manera de liberar a Cristina es si ganamos las elecciones”, sostiene una dirigenta peronista que dialoga casi todos los días con CFK. Es una premisa básica en la que coinciden todas las terminales del peronismo, incluso el kicillofismo y los gobernadores del Norte que vienen queriendo jubilarla hace años. La discusión es sobre la estrategia. 

El kicillofismo –y parte del kirchnerismo– sostiene que el gobernador bonaerense es quien mejor mide en el peronismo y hay que ir a una PASO que lo legitime internamente. Los gobernadores sostienen que Kicillof pierde un ballotage contra Milei y analizan alternativas de centro (algunos, incluso, coquetean con Patricia Bullrich). Sergio Massa mira encuestas y está a la espera de que el dedo de Cristina lo bendiga como el elegido. Pero Cristina, mientras tanto, dilata una decisión.

No tiene candidato propio. En el cristinismo se ríen cuando se le pregunta por el sanjuanino Sergio Uñac, quien se lanzó a la carrera presidencial asegurando tener el respaldo de CFK. “A mí me puede gustar Axel, ¿pero tiene el coraje para lo que viene? Necesitamos un candidato que tenga coraje además de venir bien porque quien asuma va a tener que enfrentarse a la Justicia y al Círculo Rojo”, señala una dirigente del círculo chico de la expresidenta. 

No todos opinan lo mismo. “Cristina, la única manera de que salgas es si hay uno nuestro en Casa Rosada. Te la tienen jurada, te van a dar 15 años más”, le insistió, hace un par de meses, un dirigente norteño que la fue a visitar a su casa. Era un pedido para que aflojara en su interna con Kicillof, pero la expresidenta no quiso saber nada. Ella espera que sea el gobernador bonaerense quien levante el teléfono y la llame, pero Kicillof se resiste: sabe que, detrás de las recriminaciones por su falta de empatía o firmeza respecto a su situación judicial, se esconde un intento por limar su candidatura. 

Pero CFK no lo ve así. Para ella hay dos motivos por los cuales la Corte Suprema se apuró en sacar el fallo que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar para siempre cargos públicos. Uno es la muerte del Papa Francisco, quien siempre tuvo un ojo puesto en lo que pasaba con el movimiento de sus causas en la Argentina. Y la otra fue la decisión de Kicillof de no respaldarla como candidata a la presidencia del PJ: la ex presidenta está convencida de que, si hubiese sido respaldada por todo el arco peronista, la Justicia hubiera dudado en meter presa a la principal líder de la oposición. 

“Cuando tenés fortaleza política la Justicia toma decisiones diferentes a las que puede tomar si te ve vulnerable. Pero no. Él pensó que era una decisión contra él, como siempre”, despotrica un dirigente de La Cámpora que lo conoce hace 20 años, y remata: “Axel es un mimado, siempre lo fue, y tiene un problema psicológico que le hace pensar que todo es siempre contra él”.

Es el mito fundante del quiebre con el gobernador. Para CFK al menos. Para su hijo biológico, Máximo Kirchner, la pelea viene de mucho antes. Lo mismo para su ex hijo político, que acusa a Máximo de haberlo limado y boicoteado durante años hasta el punto de que, en un momento, la responsable comenzó a ser también Cristina. 

CFK, sin embargo, espera. Sabe que después de Vialidad vendrán otras causas –la de Hotesur o la de los Cuadernos– y que el objetivo de Comodoro Py es tenerla presa para siempre. Quienes la conocen advierten que la situación cambió desde que endurecieron las condiciones de la prisión domiciliaria y que, a diferencia de hace unos años, se empieza a hablar de la posibilidad de un indulto. No solo de apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino también al indulto. Por más que sea un reconocimiento de la culpabilidad, algo que ella siempre rechazó. “Tiene que estar libre”, insisten cerca suyo. 

Pero para lograrlo, el cristinismo necesita ganar las elecciones. Y, por más que en La Cámpora están furiosos con Kicillof, a nadie se le escapa que será imposible ganarlas sin que ambos líderes se sienten a conversar. “¿Se junta con (Juan Pablo) Valdés y no se puede juntar con Cristina? ¿Todo porque tiene miedo que lo reten?”, se enfurece un dirigente cercano a Fernández de Kirchner, aludiendo al encuentro que Kicillof mantuvo con el gobernador correntino la semana pasada. 

CFK es más cauta en expresar su ira. Se muestra irritada cuando le piden por Kicillof, pero cada vez sucede menos: las restricciones del régimen de visitas obligan a sus visitantes a acortar los temas de conversación. Algunas, incluso, aprovechan para distraerla con frivolidades y novedades de sus vidas. El departamento está repleto con los dibujos de su nieta, la hija de Florencia, y a CFK le gusta, a veces y solo con algunas personas, hablar de ella. 

Y así, desde San José 1111, en reuniones de 59 minutos, dos veces por semana, CFK espera.

MCM/MG

El Gobierno no tiene los votos todavía, pero está convencido de que podrá conseguirlos en los próximos días con la ayuda de los gobernadores. Javier Milei quiere avanzar con la sanción del “Super RIGI”, el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones destinado a actividades tech (datacenters, en su mayoría), y está dispuesto a incluir cambios. El objetivo es poder mostrar, antes de que termine el Mundial y comience la cuenta regresiva electoral, una victoria legislativa sobre uno de los temas que obsesiona al Gobierno: conseguir nuevas inversiones extranjeras, aún a costa de grandes exenciones impositivas y beneficios fiscales. 

El debate comenzó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados hace un par de semanas, con la participación de funcionarios nacionales y de diversos expositores vinculados a la minería. El objetivo del oficialismo es mostrar que, si el RIGI fue beneficioso para algunas actividades productivas (fundamentalmente la de hidrocarburos), también lo será el Super RIGI. Por más que el nuevo régimen refiera a actividades distintas –el Super RIGI solo sería para nuevas industrias referidas a inteligencia artificial e infraestructura digital– e incluya otras exenciones impositivas. 

Fue por este motivo que, el miércoles, el presidente de la comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, convocó a un conjunto de representantes de cámaras mineras y de hidrocarburos. Es decir: los grandes beneficiarios del RIGI, sancionado al comienzo del gobierno libertario, y la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada hace un par de meses. “Este tipo de normas bajan los riesgos y permiten que muchos proyectos que estaban en la cola se adelanten y que muchos otros que probablemente nunca hubieran llegado porque las condiciones no estaban dadas”, celebró el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea. 

Ninguno de los expositores invitados habló del Super RIGI, pero no importaba. El objetivo de la convocatoria era otro: ganar tiempo para negociar cambios con los aliados y allanar el camino para que, el 24 de junio, Milei pudiera celebrar la media sanción del proyecto en el medio del Mundial de Fútbol.

Toma y daca

“El Super RIGI no tiene ningún beneficio para nuestra provincia, ¿pero si nos ofrecen recursos que vamos a hacer?”, admite, hastiado, un dirigente del círculo chico del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Es la lógica de negociación que impera entre los gobernadores desde que asumió Milei: resistirse para negociar y, finalmente, conseguir la promesa de nuevos recursos para poder cerrar las cuentas fiscales de la provincia a fin de mes. A veces es solo eso, una promesa. Otras, Luis Caputo habilita los Aportes del Tesoro Nacional. 

El Gobierno confía en que, a través de este mecanismo, logrará alinear a los gobernadores peronistas del Norte, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Jalil. Con los otros aliados de la UCR, el MID y algún que otro PRO díscolo buscará, en cambio, negociar cambios en el proyecto de ley. 

El Super RIGI incluye un conjunto de beneficios impositivos, fiscales y aduaneros –como la reducción al 15% del impuesto a las Ganancias o la exención total de los derechos de importación y exportación para los bienes de capital–, así como también una flexibilización cambiaria y la prohibición de paros, durante 30 años. No solo eso, sino que fija el compromiso del Estado nacional de garantizar la estabilidad de lo acordado por más que asuma un gobierno de distinto color político. ¿Cómo? Establece que cualquier litigio por incumplimiento del contrato se pueda resolver en un tribunal extranjero. 

A diferencia del RIGI, el “Super RIGI” no incluye un piso de contratación de proveedores locales, sino que le permite a las empresas traer toda su cadena de valor armada desde el exterior, lo que reduce las posibilidades de generar trabajo local. Este es uno de los principales puntos de conflicto con los aliados, que están reclamando que se incluyan modificaciones para establecer una cláusula de “Compre argentino” similar a la del proyecto del RIGI.

Este es el punto que está negociando Eduardo Falcone (MID), junto a los radicales mileístas e, incluso, un sector del PRO. El MID, además, está presionando para condicionar la baja del impuesto a las Ganancias a que las empresas hagan una inversión en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) celebrados con universidades nacionales públicas. 

Se está conversando, a su vez, sobre la posibilidad de limitar la estabilidad del régimen de 30 a 25 años y matizar algunas de las exigencias que el “Super RIGI” les hace a las provincias. Es decir: el proyecto original obliga a las provincias a comprometerse a eliminar el impuesto a los sellos y les pone un tope a lo que las provincias pueden cobrar por ingresos brutos, un punto que genera rispideces con algunos gobernadores, que advierten que sus cuentas fiscales ya están lo suficientemente ahogadas. 

Frente a este escenario, el oficialismo analiza la posibilidad de incluir una cláusula que, de manera más sutil, plantee que cada provincia “generará incentivos locales”. Una zanahoria para las provincias que, puertas adentro, reconocen que no esperan que lleguen grandes inversiones en datacenters a sus provincias. Pero que prefieren llevarse bien con Milei.

MCM

“En los pasillos de Tribunales se escuchan rumores, ¿usted recibió dinero por dictar sentencia? ¿Sabe que en Tribunales a usted y su colega se los nombra como ‘Bonnie y Clyde’?”, arremetió, tranquilo, provocador, el senador kirchnerista Mariano Recalde apenas comenzó la reunión de la comisión de Acuerdos en el Senado. En frente lo tenía a Víctor Pesino, el juez que dejó sin efecto la cautelar que suspendió la reforma laboral y que intervino, además, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). No hizo falta que se defendiera: fue el oficialismo el que salió, a los gritos, en su defensa y se comprometió a juntar los votos para aprobar su pliego la semana que viene en el Senado. 

“Acá lo que pasa es que el Dr. Pesino tomó una decisión muy importante: que las leyes que este Congreso vota, se respetan. No avaló, como otros jueces, de manera corporativa, la defensa de intereses judiciales por sobre lo que el Congreso había decidido”, saltó Patricia Bullrich, quien aprovechó para sobreactuar oficialismo luego de la crisis que abrió en el Gobierno, la semana pasada, con el pliego de Verónica Michelli. 

Luego del escándalo de la sesión de la semana pasada, en la que Bullrich optó por negociar con el peronismo para incluir el pliego de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, la senadora aprovechó la nueva jornada de debate en la comisión de Acuerdos del Senado para reencauzar su rol como jefa de bloque libertario. Defendió a Pesino, le prometió que contaba con el apoyo –y los votos– de todo el oficialismo para continuar como juez cinco años más y, de paso, apuntó contra el sindicato combativo que el juez había decidido intervenir. 

“Actuó contra un sindicato con altos niveles de corrupción, contra la industria del juicio”, exclamó, tajante. Todo era una puesta en escena, sin embargo. Cinco minutos después de pronunciar esas palabras, Bullrich se acercó al titular desplazado de la UOM, Abel Furlán, que se encontraba presente en el público, y se puso a cuchichear. Furlán le explicó que todo lo que Pesino decía era mentira y la senadora libertaria simuló sorprenderse por la noticia. Acordaron reunirse en los próximos días para conversar del tema. 

“Patricia va a hacer todo lo posible por aparecer en la tapa de los diarios todos los días”, ironizó un dirigente peronista, quien aseguró que no creía que Bullrich impidiese la aprobación del pliego de Pesino, pero que sí haría todo lo posible para encontrar nuevas formas de diferenciarse del Gobierno. Una nueva provocación, luego de la publicación del videoclip musicalizado por La Joaqui con el tema “Dicen de mí”, con el que buscó desdramatizar los rumores sobre su ambición presidencial de cara a 2027.  

La provocación le costó caro: este jueves se reúne la mesa política del Gobierno, de la que participa siempre, y todavía no la invitaron. Karina Milei desconfía de Bullrich desde que ganó las elecciones en octubre, y viene amenazando con echarla de las reuniones de la mesa chica desde que salió a pedir en público la declaración pública de Manuel Adoni. En el equipo de Bullrich sospechan que la invitarán a último momento. “Que no rompan las bolas”, se la escuchó despotricar, irónica, a la jefa del oficialismo en los pasillos del Senado. El jueves, además, cumple 70 años. 

Pese a la interna que tiene con el Gobierno, Bullrich está focalizada en retomar la actividad legislativa y evitar, así, que los Milei dejen de responsabilizarla por el estancamiento de los proyectos del Ejecutivo. La reforma electoral aún es un dolor de cabeza, pero la ex ministra confía en que podrá sesionar la semana próxima e incluir el nuevo régimen de zonas frías y la nueva ley de salud mental. 

El objetivo, además, es volver a intentar aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto de Federico Sturzenegger que iba a debatirse el jueves pasado pero que, en el marco del caos que se abrió con el pliego de Michelli, Bullrich tuvo que aceptar retirar para seguir negociando. La senadora se reunirá con los aliados a partir de las seis de la tarde para incluir modificaciones en el capítulo de la Ley de Tierras, que propone eliminar todos los límites para la venta de tierras a extranjeros en todo el territorio nacional.

Los aliados exigen unas mínimas restricciones a la venta de tierras en las zonas de fronteras (que, con el proyecto original de Sturzenegger, estarían liberadas a que cualquier extranjero pueda comprarlas sin ningún tipo de limitación). Piden que se establezca un doble conforme cada vez que se plantee la venta de una tierra en zona de frontera: no solo el de los gobiernos provinciales, sino también el del gobierno nacional. “Es un tema de seguridad nacional”, explica un senador aliado. 

Los pliegos judiciales

Los cruces con la oposición por el pliego de Pesino concentraron toda la tensión de la jornada. No solo Recalde lo cruzó por sus fallos en favor de la reforma laboral y la intervención de la UOM, sino también “Wado” de Pedro y el formoseño José Mayans. “Acá no va a haber sindicato que aguante porque si molestan los van a meter presos”, se quejó el jefe de interbloque peronista, quien discutió durante toda la mañana con la radical Carolina Losada y la libertaria Nadia Márquez. 

“Ahí está la defensora de pobres e incapaces”, le espetó a Losada, cuando empezó a cruzarlo porque estuviera extendiéndose en el tiempo durante el interrogatorio a los jueces candidatos. Y aprovechó para poner el dedo en la llaga de la interna libertaria: “Ya veo que varios le chupan las medias a Patricia porque ven que es el reemplazo de Milei, pero dejen hablar”, ironizó, aludiendo a Losada, pero mirando a Bullrich. La ex ministra, que hasta entonces conversaba animadamente con el correntino “Camau” Espínola, dejó de sonreír y lo miró irritada. 

Pesino, por su parte, logró cosechar el apoyo del oficialismo, pero abandonó el Senado sin tener el pliego listo para ser tratado la semana que viene. Las firmas del dictamen irían apareciendo a cuentagotas, protegidas bajo candado por el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, quien ya había escondido, previamente, el pliego de Michelli para que el Senado no pudiera tratarlo. 

Pese a las acusaciones, el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no se inmutó. “A mis hijos les prometí que no me iba a morir antes de los cien años y espero poder seguir desempeñando la magistratura en forma razonable y aplicando sentido común”, deslizó, al comienzo de su alocución. Reconoció que se reunió con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, el 7 de abril, antes de firmar el fallo que dejó sin efecto la cautelar que suspendió la reforma laboral. “Pero nunca hablo de política con nadie. No recibí presiones ni ofrecimientos”, se atajó.

MCM/CRM

A las 4 de la mañana, cuando la lluvia era ya una cortina implacable, el Polideportivo José Gatica cerró finalmente las puertas y dio por finalizado el velorio del Indio Solari. Sin incidentes, masivo y a la altura del mito. La Provincia de Buenos Aires movilizó bomberos, promotores de salud y fuerzas especiales. La Cámpora, a su vez, movilizó militantes de pechera blanca que ayudaron a ordenar el tránsito de la peregrinación. El chiste se repetía como un latiguillo en las filas kirchneristas: el último milagro del Indio fue poner en pausa la interna peronista.

Tres veces conversaron por teléfono Máximo Kirchner y Axel Kicillof durante el viernes, el día que el Indio Solari murió. Lo contó primero Marcelo Figueras, el biógrafo del músico y amigo cercano de la familia, quien se encargó de funcionar de enlace con los distintos dispositivos gubernamentales para organizar el último adiós al Indio. El contacto continuó durante el fin de semana: cuando se comprobó que el gobierno nacional no se haría cargo del velorio, las dos terminales enemistadas del peronismo bonaerense se abocaron a diseñar la logística de un evento que, ricoteros los dos, sabían que sería masivo.

El líder de La Cámpora llegó a Parque Leloir el viernes por la mañana, apenas la familia del Indio le avisó de su muerte. Amigo del músico y de su esposa, Virginia, Kirchner se instaló en la residencia familiar para acompañar en el duelo y, a su vez, dar una mano en la organización del velorio. Vía Paula Penacca, Cecilia Moreau y Germán Martínez, las autoridades del bloque peronista en la Cámara de Diputados, se enteró que Martín Menem se mostraba renuente a abrir el Congreso para la despedida, que era lo que quería la familia. Por lo que empezó a analizar opciones: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ya le había comunicado a la familia del Indio que dejaba a disposición el lugar que quisiera de la Provincia. Lo llamó.

No conversaban desde la derrota electoral de octubre. La pelea entre Kirchner y Kicillof, que se extiende a los inicios del gobierno del Frente de Todos, había llegado a un punto de no retorno. El líder de La Cámpora sostiene que la única conducción es la de Cristina Fernández de Kirchner y que Kicillof, a quien le recrimina haberse rebelado, es un “traidor”. El gobernador, mientras tanto, está convencido de que tiene al “enemigo” durmiendo en la Legislatura bonaerense y en su propio gabinete. En los últimos meses, las condiciones de la prisión domiciliaria de CFK no hicieron sino empeorar la relación. 

Primero habló con Kicillof: fue una conversación seca, operativa. “No fue un deshielo, no es el inicio de nada”, advierten en La Cámpora. Conversaron sobre qué lugares podrían albergar una peregrinación masiva. Kicillof había ofrecido la Legislatura y la Casa de Gobierno en La Plata, pero se buscaba un lugar con mejor accesibilidad desde Capital. Tecnópolis, el manotazo de ahogado que Manuel Adorni ofreció casi al anochecer del viernes, no convencía a la familia. 

Kirchner llamó al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. La dirigencia de Racing se había negado a organizar el velorio en el club, por lo que el diputado nacional se comunicó con el intendente, con quien también se había distanciado en los últimos meses como resultado de la guerra fría entre el kicillofismo y La Cámpora. Ferraresi estaba de licencia, pero puso a disposición las instalaciones del Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico. El Polideportivo tenía en frente la Avenida Mitre, que permitía diseñar un operativo pensado para una larga fila –que, en un momento, se extendió durante 8 kilómetros– y estaba cerca del parque. Tenía accesibilidad desde Constitución y de varios puntos del conurbano. Se acordó hacerlo ahí.

El operativo se organizó en menos de 24 horas y contó con la participación, por un lado, del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, y el secretario de Seguridad Ciudadana de Avellaneda, Alejo Chornobroff, y, por el otro, del propio Kirchner. No era la primera vez que La Cámpora organizaba un acto político en Avellaneda. En 2017, por ejemplo, CFK cerró su campaña a senadora nacional con la lista de Unidad Ciudadana en el estadio de Racing. 

Cinco años después, en medio de la interna descarnada del Frente de Todos, la ex presidenta se subió en un escenario del Polideportivo “Diego Armando Maradona” y pronunció, por primera vez, la frase “agarren el bastón del mariscal”. Sentada a su lado, además de Ferraresi, estaba Kicillof, el único de los dirigentes kirchneristas que, tiempos después, cumpliría con su mandato, agarraría el bastón de mariscal y rompería, en consecuencia, el lazo que lo unía a CFK. 

La interna continúa

La Provincia de Buenos Aires movilizó casi 20 mil personas para garantizar la seguridad de una despedida histórica que, calculan en PBA, superó el millón de personas. Efectivos policiales, fuerzas especiales, bomberos, defensa civil, voluntarios, promotores de la salud, agentes de tránsito y personal afectado a las postas de hidratación y a la limpieza. Ni Nación ni Ciudad de Buenos Aires aportaron un policía a la organización, pero en La Plata estaban satisfechos: aún sin la colaboración de Javier Milei, el peronismo había logrado organizar un velorio en paz y a la altura de la leyenda del músico. 

“Fue una despedida popular masiva y cuidada”, señaló Kicillof, en declaraciones radiales. El gobernador confirmó el diálogo con Kirchner e, incluso, reconoció que se vieron en persona durante la gestión del operativo. “Todos estuvimos a la altura de la circunstancia, nadie quiso mancharlo con otras cuestiones”, deslizó.

Por fuera de las declaraciones educadas, sin embargo, la interna bonaerense continúa. “Estuvieron mejor las bases, que se movilizaron en paz, que los dirigentes. Tal vez sea un llamado de atención”, se esperanza, aunque sin grandes ilusiones, un cristinista que se pasó a las filas del kicillofismo. La discusión por el liderazgo del peronismo, así como el quiebre personal entre CFK y Kicillof, permanece inmutable, y son pocos los dirigentes que aspiran a que unos llamados puedan resolver años de peleas, desautorizaciones y pases de factura. 

Kicillof pretende continuar con su proyecto nacional y ser candidato en 2027. Y el cristinismo, que por estos días se prepara para organizar un banderazo por el aniversario de la detención de Cristina, no se lo perdona. Buscan candidatos presidenciales para competirle en una interna, aún sin suerte. Pero una cosa es segura: para La Cámpora, si Kicillof quiere tener alguna chance de ganar, necesita sentarse a negociar con CFK. 

No lo llamará ella. “La puerta de San José está abierta. La voluntad de Cristina está, pero Axel tiene que dejarse de hinchar las pelotas y llamarla”, insisten en La Cámpora. Kicillof, que distingue en esta exigencia un mensaje de subordinación política, se niega. La pregunta es hasta cuándo.

MCM/CRM

“Esta es una guerra fratricida, y Karina va a ser quien entierre a Milei”. La frase de un histórico operador peronista del Norte, aliado del Gobierno, no refiere ni a la pelea de la hermana presidencial con Patricia Bullrich ni tampoco al escándalo patrimonial de Manuel Adorni. Refiere a la negociación política con las provincias. Los gobernadores están dispuestos a ordenarse detrás de la lógica del palo sin zanahoria que impera en las negociaciones políticas con el Gobierno por unos meses más. Pero no para siempre: exigen que Karina se comprometa a no intervenir, como en 2025, en sus provincias, y advierten que el tiempo se acaba. 

La discusión que Luis Caputo tuvo con Karina Milei hace más de un mes, desmentida en público por el ministro de Economía pero reconocida en privado por el resto de los participantes de la reunión, volvió a irrumpir con furia en Casa Rosada. Primero fue “Toto” Caputo, luego fue Bullrich y ahora empiezan a reclamarlo, como el año pasado, las golpeadas fuerzas del cielo que responden a Santiago Caputo: si Milei sueña con reelegir, tendrá que cerrar un acuerdo con los gobernadores. 

Ya lo empezaron a advertir los mandatarios aliados, como los norteños Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) o los radicales como Alfredo Cornejo (Mendoza). Piden más obra pública, piden fondos, piden adelantos de coparticipación. Negocian su acompañamiento casi ciego en el Congreso a cambio de la promesa –a veces es solo eso, una promesa– de que al final del mes llegará un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) que permitirá cubrir los sueldos provinciales de ese mes. 

Con Diego Santilli simulan dureza. En el último encuentro, cuando se reunieron en el CFI, el ministro del Interior intentó seducirlos para que acompañaran la reforma electoral que se encuentra trabada en el Senado. Volvió a insistir con la eliminación de las PASO –no la eliminación de la obligatoriedad, como viene impulsando el PRO, sino la eliminación de todas las primarias–, pero los gobernadores le respondieron con un pliego de demandas. 

A los gobernadores peronistas y radicales no les conviene eliminar las PASO, que funcionan como grandes ordenadoras de la oposición en tiempos de disgregación política. Con el apoyo del PRO, que tampoco quiere regalarle a Karina el control absoluto de la lapicera, los mandatarios han logrado sostener su resistencia. En el karinismo responsabilizan a Bullrich por no poder arribar a un acuerdo para avanzar con la reforma total: no creen que sea un tema de números, sino que es la propia senadora la que boicotea la negociación. 

La reforma electoral es el único proyecto que al Gobierno le interesa aprobar este año, por lo que la hermana presidencial no cederá en la discusión: es eliminación de las PASO o nada. Y los gobernadores advierten que, si la hermana presidencial realmente presiona, no habrá espacio para resistirse. “El federalismo no existe, este es un país unitario. Yo no quiero eliminar las PASO, pero si de repente hacen como en ‘Zonas Cálidas’ y ofrecen plata, ¿qué voy a hacer? Somos una provincia chica, es la única manera que tenemos de pagar los sueldos”, admite una de las manos derechas de Raúl Jalil. 

Ya empezaron a aparecer grietas en el muro de contención: entre los mandatarios del norte comenzó a hablarse de la posibilidad de suspender las PASO. Un punto intermedio –similar al que se llegó el año pasado con la suspensión de las primarias para las elecciones de medio término– que parte de la necesidad de supervivencia política de las provincias en un contexto de asfixia financiera y de caída de la recaudación. Hasta ahora, el Gobierno ha logrado ordenar a los gobernadores con este mecanismo, pero esta estrategia tiene fecha de vencimiento: después del Mundial, los gobernadores empezarán a demandar respuestas políticas. No solo económicas. 

Después del Mundial, los gobernadores querrán saber si Milei, en el caso de que se mantenga firme en las encuestas y Donald Trump no sufra una grave derrota en las elecciones, estará dispuesto a llegar a un acuerdo político. 

Pragmatismo o construcción nacional

En el Gobierno se reedita la discusión de 2025, cuando Santiago Caputo le discutía a Karina Milei que no había que armar listas en todas las provincias, sino que había que priorizar los acuerdos políticos con los gobernadores para sostener su apoyo en el Congreso. El caputismo argumentaba que no tenía sentido organizar La Libertad Avanza en las provincias solo para perder la batalla y, luego, enemistarse con el gobernador. La pelea, sin embargo, la ganó Karina, quien insistió en construir listas propias en todos los distritos y terminó llevandose el triunfo en gran parte del país. 

El 2027 será distinto. El Gobierno llegará más golpeado y con mayor necesidad de enviar mensajes de gobernabilidad, especialmente si el resultado de las elecciones norteamericanas no es favorable para los republicanos. En un escenario de debilidad, el Gobierno querrá sentarse a negociar. Y en el karinismo no le cierran la puerta a esa posibilidad: la secretaria de la Presidencia, insisten, siempre fue pragmática.

“Nosotros tenemos que llegar a 2027 con una estructura armada y sólida. A los partidos preparados, con diálogo con el territorio, con presidentes del partido que sean conocidos, por si hay que competir. Después se definirá provincia a provincia en base a lo que convenga”, explican cerca de Martín y Lule Menem, los armadores de la hermana presidencial en el territorio. Karina apuesta, incluso, a poner a Martín Menem en la boleta presidencial: no confía en nadie más para ese lugar. 

Algunas conversaciones están más avanzadas que otras. En Casa Rosada admiten que hay principios de acuerdo con Cornejo en Mendoza, con Leandro Zdero en Chaco y con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Otras alianzas son más sutiles, como con Sáenz en Salta o Carlos Rovira en Misiones. “Hay provincias que podemos ganar, como Córdoba o Santa Fe. Pero hay otras en la que los nuestros quieren competir, como en Salta o Tierra del Fuego que, si les decimos, se van a ordenar. Porque los votos son de LLA”, señala un dirigente que responde a los Menem. 

En otras provincias, como Santa Fe y Córdoba, las conversaciones pasan por otros carriles. Hay un chat de WhatsApp de gobernadores de Provincias Unidas que comienza a impulsar la idea de convocar a elecciones provinciales el mismo día, una suerte de “superdomingo electoral” previo a las elecciones nacionales desde donde posicionarse con fuerza. Incluye también a Jujuy, Chubut y Corrientes, aunque en el espacio desconfían de que todos terminen alineándose: en la lógica del sálvese quien pueda, los gobernadores que puedan cerrar con Milei, lo harán. 

La fortaleza del Gobierno depende de una sola cosa: de las elecciones en Estados Unidos. Si Trump gana, los gobernadores irán corriendo a alinearse y Karina podrá ser mucho más exquisita en las alianzas que elige. Si no, el escenario cambia y será el Gobierno el que tenga que ir a buscarlos a ellos. La decisión está en manos de la hermana presidencial, quien, como advierten en las provincias, podrá ser la salvadora o la sepulturera de Milei.

MCM/MG

La presión se hace cada vez mayor y el Gobierno no logra tomar una definición sobre la organización del velatorio público del Indio Solari. La oposición, en línea con lo que pide la familia del músico, comenzó a presionar para que se lleve a cabo en el Congreso de la Nación. Piden abrir las puertas de la Cámara de Diputados para que la gente pueda ir a despedirse en persona, como ya sucedió con Sandro, Mercedes Sosa y Leonardo Favio. Pero Martín Menem se negó: alegó que no estaban dadas las condiciones de Seguridad y cerró las puertas de la Cámara de Diputados. 

Es una situación incómoda para La Libertad Avanza, que sospecha que un velatorio público al Indio Solari no será un evento amigable para con Javier Milei. Temen que la situación se desmadre y que el operativo de Seguridad no pueda controlar a la multitud que vaya a despedirlo. “Acordate lo que pasó con Diego. Y con el Indio vas a tener un público más heavy”, desliza, cauto, un dirigente de peso que está dialogando con el Gobierno.

A diferencia de la muerte de Diego Maradona, en 2020, la posibilidad de hacerlo en Casa Rosada está totalmente descartada, por lo que se están analizando otras opciones. Se baraja, incluso, la posibilidad de hacerlo en Tecnópolis. El gobierno bonaerense, que conduce Axel Kicillof, se puso en contacto con la familia del Indio Solari y le hizo saber que ponía el Estado provincial a disposición para organizar lo que quisieran. La familia, sin embargo, prefiere otra cosa: prefiere organizar el homenaje en el Congreso de la Nación. 

Los encargados de elevar el pedido fueron los diputados de Unión por la Patria, que enviaron una carta a la Presidencia de la Cámara de Diputados proponiendo que se pusiera a disposición el Congreso para realizar una ceremonia de despedida y un velatorio. “El Congreso de la Nación abrió sus puertas para que el pueblo pudiera despedir a Sandro, a Mercedes Sosa, a Leonardo Favio, entre otros artistas populares que construyeron la identidad cultural de nuestra patria. Sin distinciones políticas, porque el Congreso es la casa de todos los argentinos y las argentinas”, explicó Cecilia Moreau, cuando tuiteó la nota enviada a Martín Menem.

Menem, sin embargo, dilató la respuesta, a la espera de un informe de Seguridad. Y, cuando llegó, hizo un anuncio sorpresivo: el Congreso no contaba con “las condiciones de seguridad necesarias para una despedida acorde a su legado”. Aludiendo problemas de logística y de Seguridad, mandó sus condolencias a la familia, aseguró que el Gobierno se ponía a disposición, pero advirtió que la Cámara de Diputados no podía garantizar la seguridad del homenaje. 

“Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud”, tuiteó el presidente de la Cámara de Diputados.

Javier Milei lo retuiteó. Fue lo único que publicó en todo el día respecto a la muerte del Indio Solari. En el resto del bloque libertario, mientras tanto, predominaba el silencio. Sin bajada oficial del Presidente, ninguno se animaba a pronunciarse públicamente sobre el tema. Solo algunos dirigentes marginales, como Fernando Iglesias, que de provocador en la Cámara de Diputados ascendió a provocador en la Embajada ante la Unión Europea, salió a ironizar sobre la posibilidad de llevar a cabo un homenaje al Indio en el Congreso. “La locura es total”, tuiteó, desde Europa. 

Poco después del mensaje de Menem, sin embargo, la familia del Indio Solari publicó un comunicado confirmando que el sábado se llevará a cabo un homenaje público para todos aquellos y aquellas que quieran despedir al artista. Solo les falta encontrar el lugar.

MCM/MG

“Javier, es mi convicción, es lo que siento, no lo voy a votar”. Patricia Bullrich llamó por teléfono a Javier Milei el lunes al mediodía con el objetivo de anticiparle su rechazo a retirar el pliego de María Verónica Michelli por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Bullrich le dio a entender que dejaba a disposición su renuncia a la presidencia del bloque oficialista en el Senado, pero Milei rechazó la propuesta. “Son una mafia”, atinó a responder el Presidente, aludiendo a los periodistas, y se desentendió del tema. No así Karina Milei, a quien no se le escapa que es la segunda vez que la ex ministra los desafía públicamente y que no puede hacer nada para evitar que vuelva a hacerlo. 

La rebelión de Bullrich desató el caos dentro de La Libertad Avanza. Como sucedió con Manuel Adorni y la exigencia pública de que presentara la declaración jurada, Bullrich decidió volver a jugar la carta de la desautorización política con buenos modales. Esta vez desde su rol institucional como senadora de LLA: pese a ser la jefa de bloque del oficialismo, Bullrich anunció, a través de un tuit, que no acompañaría el pedido del presidente de retirar el pliego judicial de una postulante al Tribunal Oral Federal N.º 3 de La Plata. 

El pliego de Michelli iba a tratarse este jueves en el Senado, junto a unas 70 postulaciones más, entre las que se encontraba la del hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Emilio Rosatti. El pliego ya se había tratado y dictaminado, pero cuando Milei se enteró de que la postulante era cuñada de Alconada Mon, el periodista de La Nación que investigó el caso $LIBRA, exigió que bajaran el pliego. No hubo dudas: la hermana presidencial se encargó de transmitir, a través de diversos intermediarios, que el único motivo por el cual boicoteaban un pliego que habían enviado ellos mismos era por la animosidad del Presidente con el periodista.

Bullrich vio la oportunidad. Como jefa del oficialismo iba a tener que ser la encargada de pedir, en el recinto, el retiro del pliego, por lo que se apuró en adelantar su disconformidad. Quiso dejar en claro que ella, como defensora de los valores republicanos, no podía respaldar esa decisión. Como sucedió con Adorni, la ex ministra aprovechó el cortocircuito para marcar sus diferencias y hacer una puesta en escena de virtuosismo institucionalista. Es la estrategia que Bullirch viene encarando hace más de un mes: regar la planta de los votos, cuidar el electorado propio y diferenciarse del Gobierno cuando observa que observa su perfil electoral.

“Karina la quiso dejar expuesta y Patricia aprovechó para patear al arco. Es un animal político, los va a enterrar a todos”, deslizó, irónico, un senador peronista que tiene un diálogo cotidiano con la senadora libertaria. 

La senadora libertaria fue más allá y, durante su conversación con el Presidente, le transmitió que dejaba a disposición su renuncia a la jefatura del bloque. No se lo dijo expresamente, pero lo dio a entender. “Puede ser que después que hablen con Karina decidan echarme del bloque…”, deslizó Bullrich, pero Milei la cortó. No le iba a pedir la renuncia. 

Horas después de esta charla, la senadora se subió a un avión y viajó a Mendoza a participar de una conferencia de ciberseguridad. El primero de muchos viajes: durante los próximos meses, casi como si fuera una candidata presidencial, Bullrich se dedicará a recorrer el país. 

Terremotos internos   

El gesto de Bullrich generó olas. Al interior del Gobierno y al interior del bloque oficialista en el Senado, en donde hasta tarde a la noche estaban en estado de revuelta interna. El problema no había sido que solo la ex ministra había desafiado a los hermanos Milei, sino que también había arrastrado a los aliados del Gobierno a la revuelta. Bullrich ofreció una demostración de fuerza: no era solo ella, sino también los senadores radicales. 

“Ante las consultas de colegas, ratifico lo que sostuve y firmé en comisión sobre el pliego de la Dra. Michelli. Acompañar los cambios que la Argentina necesita también implica ser coherentes con lo que la Justicia exige en una república: independencia, idoneidad y garantías claras”, tuiteó la senadora radical Carolina Losada, horas después del posteo de Bullrich. La senadora filo libertaria funciona como un alfil bullrichista desde que la ex ministra desembarcó en el Senado, pero su mensaje anticipaba una resistencia más amplia: no solo ella insistiría en tratar el pliego, sino todo el bloque radical, que el miércoles se reunirá para definir la postura. 

En el bloque oficialista, mientras tanto, se repartían las culpas. Algunos contra Bullrich, por resistirse a acatar la línea presidencial. “Quien pone un pliego puede sacarlo”, justificó un senador libertario, mientras dialogaba con sus asesores en un pasillo del Senado. Era la misma línea del karinismo, que rumiaba ira contra la desautorización de la ex jefa del PRO. En los mismos pasillos del Senado, sin embargo, se escuchaban otras voces. Algunos, incluso, le daban la razón a Bullrich: “Es culpa de Mahiques, de Adorni. Elijan ustedes”, ironizó otro senador libertario.

Los dardos contra el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, también llegaban de Casa Rosada. Le recriminan haber avanzado con desprolijidad sobre la estrategia judicial y de haber colado varios pliegos sin chequear antes con los hermanos Milei. El de Michelli es uno, pero no el único. Mahiques también tuvo problemas por impulsar los pliegos de los candidatos a la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, Alejandro Catania y Juan Galván Greenway. A ambos los acusan de tener vínculos con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Bullrich, incluso, se negó a firmar los dictámenes cuando se debatieron en la Comisión de Acuerdos del Senado.

“Mahiques juega para Mahiques”, deslizan aliados del Gobierno que observan que, detrás de toda la interna entre Karina y Bullrich, no hay otra cosa que una discusión de la familia judicial por quién se queda con las más de 300 vacantes que hay en la Justicia. 

El retiro del pliego de Michelli representa, sin embargo, un verdadero dolor de cabeza para la estrategia parlamentaria del Gobierno, que planeaba aprobar unos 70 pliegos en el recinto este jueves y, ahora, analiza darlos todos de baja. La rebelión de Bullrich amenaza con enfrentarlos a una desautorización pública en el Senado, ya que no solo la jefa del oficialismo, sino sus aliados en el radicalismo y algunas fuerzas provinciales analizan la posibilidad de insistir sobre el pliego de Michelli. 

La estrategia se definirá el miércoles a las 11, durante la reunión de labor parlamentaria. Reunidos en el despacho de Victoria Villarruel, los presidentes de todos los bloques definirán el temario –que incluirá la extranjerización de tierras– y la organización de la sesión. Una reunión entre peronistas, radicales, fuerzas provinciales y la propia vice en la que, ironizan en el Senado, Bullrich se sentirá más cómoda que en la mesa política de Casa de Gobierno.

MCM/CRM

Según la última encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado y gasta más del 40% de su salario en pagar el alquiler. No son los únicos: la morosidad de las familias está en sus niveles más altos desde que se tiene registro (2010) y, según revela un informe de Argentina Grande en base a la Encuesta Permanente de Hogares, 1 de cada 4 hogares se está endeudando para llegar a fin de mes. El número de morosos incobrables se triplicó, la preocupación por el endeudamiento familiar empieza a encabezar las encuestas de opinión pública y, sin embargo, el Senado avanzará este jueves con un proyecto de ley que amenaza la seguridad habitacional de los inquilinos más vulnerables. 

Es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo autor intelectual es Federico Sturzenegger y, como contó eldiarioAR, incluye también la eliminación del tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros. El objetivo del proyecto es acelerar los tiempos de los desalojos contra los inquilinos que estén en mora. ¿Cómo? La iniciativa habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el locador (el dueño de la propiedad) pueda exigir la desocupación inmediata del inmueble luego de 10 días del aviso de falta de pago. 

Según explica Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, el Código Civil y Comercial establece que sólo después de dos meses consecutivos de no pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley, esta exigencia desaparecerá y, una vez que el dueño dio aviso de la deuda, el inquilino tiene solo 10 días hasta que el juez puede dar la orden de desalojo. “Y encima eliminan la posibilidad de cancelar la deuda. Una vez que el dueño hizo la demanda, el inquilino ya no puede cancelar la deuda que tenía”, agrega Muñoz. 

El proyecto original de Sturzenegger, incluso, reducía a tres días el plazo para el desalojo, pero los senadores aliados del Gobierno exigieron flexibilizarlo. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar con los gobernadores para conseguir las firmas para el dictamen de mayoría y acordó establecer una diferenciación entre inquilinos morosos y “usurpadores”. Los primeros tendrían un plazo de 10 días, los segundos sólo 3. 

No fue el único cambio que Bullrich tuvo que negociar para conseguir el apoyo del bloque radical y las fuerzas provinciales. Tras la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los aliados empezaron a aumentar las exigencias. Reclamaron el envío de los pliegos judiciales de sus provincias y se negaron a aprobar un nombramiento judicial más hasta que Juan Bautista Mahiques enviara los de las vacantes judiciales del interior. Le cerraron la puerta a la eliminación de las PASO y, pese al juego de seducción de Diego Santilli, exigieron que esta vez, si querían que acompañaran la reforma electoral, Luis Caputo tendría que abrir la billetera. 

En este contexto, Bullrich tuvo que negociar dos meses para lograr avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Aceptó modificaciones, flexibilizó el capítulo de desalojos e, incluso, eliminó el capítulo que afectaba directamente a los barrios populares. Es decir: el apartado que habilitaba el desalojo en todos los barrios populares inscriptos en RENABAP. Por presión de la Iglesia y de numerosas organizaciones sociales que advirtieron que, si empezaban a habilitar desalojos en las villas, el enfrentamiento podría derivar en una gran emergencia social, Bullrich aceptó sacar el capítulo y patear la discusión para más adelante. 

La negociación clave, sin embargo, fue la inclusión de los gobernadores en la mesa de la toma de decisiones respecto a la extranjerización de la tierra. La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada elimina los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras y, a pedido de los senadores, Bullrich agregó un artículo que define que cualquier tierra que quiera venderse tendrá que tener el visto bueno del gobierno provincial. “Federalismo puro y duro”, presumió la ex ministra. 

Otro cambio: la Ley de Manejo del Fuego

La iniciativa de Sturzenegger incluye otros cambios relacionados con el régimen de propiedad de las tierras nacionales. Además de habilitar la venta de tierras a extranjeros sin límites geográficos o cuantitativos, el proyecto elimina las restricciones impuestas por la Ley de Manejo del Fuego para las tierras afectadas por incendios.

En 2020, Máximo Kirchner impulsó una ley que modificaba la ley de presupuestos mínimos de protección ambiental en materia de incendios forestales y rurales con el objetivo de prevenir la especulación inmobiliaria detrás de los incendios intencionales. La ley, que se sancionó con críticas de gran parte del sector agropecuario, prohibió por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios. La restricción se extendió por 30 años en las zonas agrícolas y por 60 años en los bosques nativos. 

El proyecto del Gobierno lo que hace es eliminar esa prohibición. “¿Qué sentido tiene extender la protección de los bosques nativos a la producción agropecuaria? Para una producción agropecuaria es un dislate extender el concepto y afectar la propiedad privada durante 30 años sin poder hacerle ninguna modificación”, cuestionó Sturzenegger cuando fue a exponer en el plenario de comisiones del Senado. 

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada se debatirá el próximo jueves en el Senado. El oficialismo está convencido de que tendrá los votos para darle la media sanción: el apoyo de los gobernadores, una vez más, se muestra impermeable a los escándalos políticos del Gobierno. La red de alianzas de Javier Milei promete sostenerse hasta que comience el Mundial de Fútbol.

MCM/CRM

En 1996, el multimillonario inglés Joe Lewis compró 13 mil hectáreas que rodeaban Lago Escondido, en Río Negro, ubicado al pie de la Cordillera y a solo 6 km de Chile. Lo hizo a través de una empresa nacional con accionistas argentinos, ya que la ley 15.385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 km de distancia de la frontera. Cercó las tierras, construyó una mansión y un aeropuerto privado y, durante casi 20 años, batalló judicialmente para evitar que le abrieran un acceso público al lago. El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, tres años atrás, le dio la razón: el camino Tacuifi debía cerrarse y quienes quisieran acceder al lago tendrían que hacerlo por la montaña. 

El caso de Lago Escondido es uno de los más famosos ejemplos de extranjerización de las tierras en la Patagonia, pero no el único. A nivel nacional, según un informe del Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas: el equivalente a la extensión del país de origen de Lewis, Inglaterra.

El proceso de extranjerización comenzó en los 2000 con el boom internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros. Fue en ese contexto que, en 2011, el Congreso sancionó la ley 26.737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras. Un límite que el Gobierno quiere eliminar y que, la semana que viene, buscará derogar en el Senado con el apoyo de los gobernadores. 

La Ley de Tierras Rurales de Sturzenegger

El proyecto lleva el nombre grandilocuente de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y, como muchas de las iniciativas desreguladoras de la gestión libertaria, es impulsado por Federico Sturzenegger. Incluye varias modificaciones a la legislación vigente –como la flexibilización de las restricciones sobre el uso de terrenos incendiados, en la Ley de Manejo del Fuego, o trámites sumarísimos para desalojos, en el Código Civil–, pero uno de los puntos clave los introduce en la ley de Tierras Rurales. 

“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”, aseguró Sturzenegger, durante una jornada organizada por las Confederaciones Rurales Argentinas, en donde prometió que, de eliminarse los límites a la propiedad extranjera, ingresarían capitales por más de US$ 15.000 millones. El argumento del ministro de Desregulación era que, si se eliminaban todas las restricciones a la propiedad extranjera se desbloquearían inversiones en todas las zonas productivas del país. 

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar contra la Ley de Tierras Rurales. Apenas asumió la presidencia, Javier Milei publicó el DNU 70/2023 que incluyó, entre decenas de derogaciones, la eliminación de la ley 26.737. La Justicia, sin embargo, aceptó una medida cautelar presentada por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata que advertía que eliminar la ley “libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de aquellas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”. 

El problema no era sólo la eliminación del tope del 15% para personas o empresas extranjeras, sino que barría con todas las restricciones existentes, incluso para los estados nacionales extranjeros. La ley de Tierras Rurales prohíbe también la adquisición de tierras ubicadas en zonas estratégicas, como las que contienen cuerpos de agua permanentes o están ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Y mantiene un control sobre la extranjerización de la tierra, ya que crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, que debe dar cuenta de la titularidad de todas las tierras provinciales. Milei buscaba eliminar todo. 

Suspendido el DNU por la Justicia, el Gobierno decidió avanzar con una ley que, según advierten diversas organizaciones ambientales, científicas y de las comunidades originarias, podría poner en peligro la soberanía nacional y el acceso de las poblaciones locales a sus propios territorios. 

“Ya hay una presión muy fuerte por parte de empresas extranjeras por quedarse con espacios valiosos de nuestro territorio. Si la ley de Tierras Rurales se modifica, el valor de la tierra se dispararía y haría muy difícil el acceso para productores que hacen circular el desarrollo local. Porque lo que hacen estas economías cuando llegan en forma de enclave extractivo es impedir que la población local haga uso de esos espacios”, explica Julieta Caggiano, socióloga, becaria del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, a elDiarioAR. 

El rol de los gobernadores

Al Gobierno no le fue fácil conseguir los votos para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Luego de la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los senadores del radicalismo y de las fuerzas provinciales aliadas endurecieron su postura y comenzaron a exigir cambios. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar varias modificaciones, llegando incluso a eliminar algunos artículos de la ley (como el que desmantelaba el régimen de integración socio urbana de barrios populares).

Luego de un mes de negociaciones, Bullrich llegó a un acuerdo con los senadores que terminó siendo clave para destrabar las resistencias: como con la Ley de Glaciares, serán los gobernadores quienes tendrán la última palabra para habilitar la compra de la tierra por parte de empresas extranjeras. Fue solo cuestión de agregar, a último momento, un artículo al dictamen de mayoría: “Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional”. 

“Si quiere la provincia poner límite o no poner límite a la venta de tierras lo decide la provincia. Federalismo puro y duro”, explicó Bullrich, durante el debate en comisiones, dando un giro argumental de 180 grados. Ya no era una defensa a la llegada de capitales extranjeros, era una defensa al federalismo. Y, como sucedió con la modificación de la Ley de Glaciares, que dejó en manos de las provincias la decisión de explotar productivamente una zona glaciar, el Gobierno consiguió las firmas que le faltaban. 

La sesión para aprobar el proyecto de ley será el próximo jueves y en el peronismo advierten que, gracias al apoyo de los gobernadores, Bullrich podrá conseguir su media sanción. “Quieren habilitar la compra de tierras estratégicas a empresas como Palantir. Para ellos el mundo no tiene alambrados, es todo de ellos. Y con esta ley es lo que van a conseguir”, señaló una de las autoridades del bloque peronista.

MCM/MG