La encargada de defender el proyecto insignia de Santiago Caputo fue su mano derecha, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. Ante el faltazo del ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller Pablo Quirno, fue Ibarzabal Murphy quien tomó la posta para explicar, ante las acusaciones de los diputados de la oposición, los motivos que llevaron al Gobierno a presentar la ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”. La funcionaria negó que el proyecto escondiera una amnistía para las empresas sancionadas por operar en la zona de Malvinas, justificó el cambio de paradigma sobre la noción de “defensa nacional” y rechazó que la iniciativa avanzara contra la libertad de expresión. 

El oficialismo está decidido a avanzar con el proyecto de ley que Javier Milei anunció en cadena nacional poco después de que la sociedad hiciera caer el capítulo de extranjerización de las tierras nacionales. Incómodo tras el fallo de la Corte Suprema, que habilitó el artículo del DNU que derogaba la Ley de Tierras, el Gobierno quiere esperar a que la oposición fracase en su intento de voltear el DNU 70/2023 y, recién ahí, llevarlo al recinto. El objetivo es dictaminar la iniciativa la semana próxima y aprobarlo en la Cámara de Diputados el 21 de octubre, pese a las resistencias que la ley genera en organismos de derechos humanos. 

Ibarzabal Murphy fue al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados con el objetivo de mostrar al Gobierno dispuesto a “armonizar” el proyecto de ley con las inquietudes de los bloques opositores. “Vengo con mucha humildad a escuchar. Mi propuesta es que podamos deponer las armas”, afirmó la funcionaria, entre las risas irónicas de varios diputados de la oposición.

El peronismo, la izquierda y la Coalición Cívica denuncian que, detrás de la propuesta soberanista de aumentar las penas para aquellas empresas que exploten recursos en la zona de las Islas Malvinas, se esconde una reforma mucho más profunda. En la oposición aseguran estar de acuerdo con avanzar con la primera parte del proyecto, que endurece las sanciones contra las compañías que operan sobre el Mar Argentino, pero cuestionan el resto de los títulos del texto, que refiere al rol de las Fuerzas Armadas y que crea el Consejo de Seguridad Nacional con facultades extraordinarias. 

“Esto es un bodoque normativo y de reformas que debería tratarse por separado. Hay una preocupación por la militarización y concentración del poder en el Ejecutivo que es grave”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro, que denunció que el proyecto le abría la puerta a una “amnistía” para aquellas empresas que habían participado de proyectos en las Islas Malvinas. “Incorporar un régimen de desistimiento va a permitir que, bajo determinadas condiciones, se dejen sin efecto consecuencias penales y administrativas. Es un gris peligroso”, aseguró Ferraro. 

La cristinista Lorena Pokoik fue más allá y denunció que el proyecto incluía “un blanqueo del saqueo de los recursos naturales”. Ibarzabal, cuando tomó la palabra, ni se mosqueó: “Lo que necesitamos es que esos proyectos (en las Islas) no sigan, por eso necesitamos generar algún incentivo para que la única respuesta del estado argentino no sea la inhabilitación total. No creemos que sea un blanqueo o amnistía a empresas anteriores”, aseguró.

La mayor parte de las críticas de la oposición giraron sobre el capítulo referido al “fortalecimiento ante la influencia extranjera”. El proyecto incorpora un nuevo tipo penal que castiga con hasta 12 años de prisión a quien, actuando por cuenta o financiamiento de un Estado u organización extranjera, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. “Nada tiene que ver con la defensa a la soberanía, sino que busca la persecución y el disciplinamiento del pensamiento crítico de la oposición y la prensa”, cuestionó Ferraro. 

“El Presidente es respetuoso de la libertad de expresión”, respondió Ibarzabal y, como toda explicación, agregó: “En ningún momento del proyecto se busca afectar la libertad de expresión, sino solo impedir la injerencia extranjera en nuestro territorio”.

“¿Qué tiene que ver la situación geopolítica de la Argentina con la de Estados Unidos que es un país que está todo el tiempo en guerra en algún lugar del mundo? Nosotros tuvimos, en 200 años, un solo conflicto bélico que fue el de Malvinas. ¿Y vamos a crear un Consejo de Seguridad Nacional?”, la cruzó Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, quien también cuestionó la habilitación de la ley de derribo en todo el territorio nacional. “Pido que se lo restrinja a una zona área determinada. Porque ley de derribo es una pena de muerte sin juicio previo y se han cometido errores que después que quedan sin reparar”, solicitó.

Ibarzabal, sin embargo, se negó. Hizo lugar a muy pocos pedidos, solo deslizó que el Gobierno estaba dispuesto a crear una bicameral de seguimiento del Consejo de Seguridad. “La definición de Defensa quedó obsoleta, este concepto de seguridad nacional es más abarcativo y cotidiano. No es solo excepcionalidad de la guerra, sino que las amenazas son permanentes. Por eso creemos que tenemos que actualizar nuestro régimen jurídico”, finalizó.

MCM

Diego Santilli aterrizó este martes en Salta con el objetivo de materializar las negociaciones que inició en París con los gobernadores Raúl Jalil y Gustavo Sáenz. El Gobierno puso un deadline para eliminar las PASO, y el jefe de Gabinete es el responsable de conseguirlo antes de noviembre. Viajó con Karina Milei, como garantía de que cualquier acuerdo electoral tendría el visto bueno de El Jefe, y se fotografió inaugurando una planta de litio en la provincia. Luego, en conversaciones privadas, le insistió a sus aliados para destrabar la reforma electoral. 

“Hay disposición de acompañar”, se jactaban en el equipo de Santilli, quien se reunió durante horas con los gobernadores anfitriones, el salteño Sáenz y el catamarqueño Jalil, luego de participar de la inauguración de la segunda planta de litio del proyecto Sal de Oro, en el Salar del Hombre Muerto. Santilli había sido invitado, junto a Karina y Luis Caputo –que se ausentó–, por la empresa surcoreana POSCO, que acaba de anunciar una nueva inversión en la Puna, y aprovechó la visita para avanzar en los compromisos que se habían hecho en la Argentina Week. 

El jefe de Gabinete está decidido a acelerar las negociaciones para aprobar la reforma electoral, un proyecto que se encuentra empantanado en el Senado desde hace medio año. La Cámara Nacional Electoral advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales tan cerca de los comicios, y en el Gobierno quieren cerrar los acuerdos políticos necesarios antes de que termine el año. 

Los gobernadores son quienes manejan la llave para eliminar las PASO y solo piden una cosa a cambio: que les allanen el camino para reelegir en sus provincias. Quieren fondos, pero, sobre todo, que Karina les garantice que les liberará el camino para competir sin injerencia de la Nación. Los mandatarios están convencidos de que, con candidatos libertarios débiles y un Milei ausente, pueden asegurarse el control de sus provincias el año próximo. 

El Gobierno, mientras tanto, está desesperado por quitarle a la oposición una herramienta para dirimir sus disputas internas. Caputo pide, además, que le despejen el camino para evitar sobresaltos cambiarios. El ministro de Economía teme que una campaña excesivamente larga o una eventual derrota en las PASO desaten una corrida cambiaria. Quiere evitar repetir la experiencia de Mauricio Macri en 2019. 

El jefe de Gabinete viene acumulando bilaterales, reuniones y cumbres con gobernadores del PRO, la UCR y el peronismo con la fantasía de sortear, de una vez por todas, las trabas del Senado. En París logró anotarse el acompañamiento de Ignacio Torres (Chubut) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quien todavía espera que bajen la candidatura de su competidor interno, Luis Petri, para la Gobernación. “El Gobierno puede ser validado electoralmente en el 2027 en una primera vuelta si hace buenas alianzas con 10 o 12 gobernadores”, deslizó, incluso, el gobernador de Mendoza desde Europa. 

Con 21 senadores propios, Santilli necesita llegar a 37 votos para conseguir la mayoría absoluta necesaria para aprobar la reforma electoral. Espera que, con el apoyo de los gobernadores radicales, al menos 7 de los 10 senadores de la UCR acompañen. Lo mismo con los peronistas, que pueden garantizar otros 3 senadores, y los de Misiones y Neuquén (otros 3 senadores). Solo con eso no le alcanza, sin embargo. Necesita del PRO. 

Necesita, además, que Patricia Bullrich deje de operar contra las leyes de su propio Gobierno. 

El juego de Patricia

La jefa del oficialismo en el Senado ya ni se molesta en ocultarlo: ella no le cierra la puerta a competir por la presidencia el año próximo y, para hacerlo, necesita sostener las PASO. Todavía no tomó la decisión: quiere esperar a ver cómo llega Milei a marzo. Bullrich considera que el Presidente conserva el acompañamiento de un tercio de la sociedad. Aunque intuye que buena parte de ese electorado le pertenece, no está dispuesta a disputarle la candidatura presidencial si cree que puede perder.

Lo ideal, adelantan en su círculo chico, sería competir con Milei en una PASO sin definir de antemano las fórmulas: quien gana conduce y quien pierde acompaña.

Todas las semanas, sin embargo, empresarios, gobernadores y ex aliados de Milei le insisten para que se desmarque del Gobierno y juegue sola. Ella los escucha con cierta distancia: se entusiasma, pero repite que “nunca los candidatos del círculo rojo ganaron una elección”. Pero en los últimos días, algo cambió: ya no son solo los ex aliados del Gobierno quienes quieren que juegue, sino que el kirchnerismo también comenzó a seducirla para que rompa con el Gobierno. 

Bullrich, como jefa del oficialismo en el Senado, conversa con muchos senadores del cristinismo, como Juliana di Tullio, José Mayans o Anabel Fernández Sagasti. No tienen mala relación: Bullrich suele ironizar, en charlas de café, que son “todos peronistas” y que se entienden. Son recurrentes las chicanas sobre su pasado en Montoneros. En las últimas semanas, muchos voceros del cristinismo comenzaron a tantearla para que los ayude a evitar que el Gobierno elimine las PASO. El peronismo sabe que ella las necesita tanto como ellos. 

Preocupados ante la posibilidad de quedarse sin un mecanismo para dirimir la interna fratricida que atraviesa al kirchnerismo bonaerense, el peronismo juega a desarticular a algunos sectores del oficialismo –o el paraoficialismo– para que boicoteen el proyecto. El peronismo no mira sólo a Bullrich, sino también a los senadores del PRO, que se resisten a acompañar, y algunos radicales, que temen quedar fuera de los acuerdos políticos. El peronismo cree que tendrá más suerte con ellos que con los gobernadores propios con los que compartieron boleta allá por 2023 y, tras la victoria de Milei, emprendieron caminos por separado. Es su última bala.

MCM/MG

Los aliados del Gobierno están a la espera. La oposición dio inicio a una cuenta regresiva que culmina el 15 de octubre, con una movilización en la calle y una sesión para voltear el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Cada bloque tiene asignados interlocutores locales con los cuales negociar para llegar al quórum: necesitan sumar 14 votos más para llegar a 129, y mueven fichas, presionan y tensionan para conseguirlos entre las fuerzas provinciales del centro. Algunos, como los catamarqueños que responden a Raúl Jalil, prometen que darán el presente. Otros, como los salteños y tucumanos, aguardan una alternativa del Gobierno que no termina de llegar. 

“Estamos a la espera de que el Gobierno tome una medida que resuelva lo de Tierras, pero por ahora no hay señales”, admite una legisladora que responde directamente a un gobernador norteño que viajó con Javier Milei a la Argentina Week la semana pasada. 

El Gobierno reaccionó con cautela al fallo de la Corte Suprema que habilitó el artículo del DNU 70 que deroga la Ley de Tierras: no hubo festejos públicos por el espaldarazo político del Máximo Tribunal y, en cambio, se optó por redefinir la estrategia legislativa. Se pateó la fecha para tratar la ley que crea el Consejo de Seguridad Nacional –hubo una sola reunión de comisión y, en el marco del fallo de la Corte, el encuentro fue un caos– y se definió priorizar una estrategia defensiva para contener la avanzada opositora. Todavía no aparece, sin embargo, una propuesta superadora, según aguardan los aliados. 

Solo hubo un amague de introducir, con fórceps, el borrador de la nueva Ley de Tierras que se iba a debatir en el Senado hasta que la presión social hizo que Patricia Bullrich sacara el capítulo de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La propuesta sugería fijar un nuevo tope del 25% para la compra de tierras por parte de extranjeros, pero escondía una trampa: el nuevo límite era solo a nivel nacional o provincial, nada decía de los departamentos (que son los que concentran las altas tasas de extranjerización que, como Iguazú o Lacar, llevaron a la sanción de la Ley de Tierras en 2011). 

La propuesta, sin embargo, solo llegó a oídos de los aliados por trascendidos y mensajes informales. Martín Menem, que participará este martes de la reunión de la mesa política en Casa Rosada, todavía no tiene una contraoferta para dar. La oposición, mientras tanto, presiona. “Que pongan la carita”, provocan.

La pecera

La oposición necesita 14 votos más para abrir la sesión del 15 de octubre. Entre el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, los radicales díscolos –que incluyen a los jujeños, pese a la presencia del gobernador Carlos Sadir en la Argentina Week–, los puntanos peronistas, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Natalia de la Sota y Marcela Pagano, la oposición suma una base de 112 votos. Si se le agregan al menos tres de los cuatro misioneros que responden a Hugo Passalacqua –el cuarto, Daniel Vanscik, está en duda–, la oposición tiene 115 votos. Necesita llegar a 129. 

La pecera a donde ir a buscar los votos no es grande. Entre La Libertad Avanza, el PRO y la UCR mileísta –el triángulo oficialista de la Cámara de Diputados–, el oficialismo suma unos 113 votos para blindar el DNU 70/2023. Los indecisos, que responden a gobernadores de lealtades volátiles, son 29. La oposición necesita convencer a la mitad de que los ayude a abrir la sesión, un escenario mucho más hostil de lo que se presentaba hace un año, antes del recambio legislativo de diciembre. 

El ojo está puesto, primero que nada, en los legisladores que responden a los tres gobernadores peronistas que rompieron con Unión por la Patria para poder alinearse con el Gobierno. La atención está puesta, fundamentalmente, en los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil –Sebastián Nóblega, Fernanda Ávila y Fernando Monguillot– y que anticiparon a fuerzas de la oposición que están dispuestos a dar quórum. Nóblega, incluso, manifestó en público su rechazo a la extranjerización de tierras hace dos meses, cuando el tema se estaba debatiendo en el Senado.  

“Es importante sostener la soberanía de nuestra provincia y de nuestro territorio”, aseguró el diputado catamarqueño, en diálogo con Radio El Esquiú, antes de afirmar: “Tenemos la convicción firme de los diputados de nuestro bloque de rechazar el proyecto”. 

Después están los tres tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo, los diputados de Independencia, Elia Fernández, Gladys Medina y Javier Noguera. Cuando se dio el debate en el Senado, Jaldo sacó un comunicado anticipando su rechazo al capítulo de Tierras: “Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, afirmó, el día previo a que se llevara a cabo la sesión en la Cámara alta. 

Pese al rechazo público a la derogación de la Ley de Tierras, Jaldo mantiene una negociación abierta con el Gobierno por las elecciones locales del año que viene. El mandatario, como la mayoría de los gobernadores aliados, tiene la expectativa de que el Gobierno no salga a hacer campaña fuerte por sus candidatos violetas –Lisandro Catalán y Mariano Campero– y le deje, así, liberado el camino para la reelección. Pero las negras juegan y el cristinismo y el massismo ya advierten que si Jaldo continúa jugando con el Gobierno, ellos también pondrán candidatos competitivos para dividirle el electorado. “Si no podemos ganar, al menos lo haremos perder”, señalan en La Cámpora.

Cierra el trío de peronistas a seducir por la oposición el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Los tres diputados salteños Pablo Outes, Bernardo Biella y Yolanda Vega no dieron señales de qué harán, pero en la oposición desconfían de Sáenz, quien quiere que Karina Milei baje la candidatura de la senadora libertaria Emilia Orozco. Cuando se cayó el capítulo de Tierras en el Senado, Sáenz salió a festejar con una publicación de Los Chalchaleros. En la oposición dudan, ahora, si sostendrá la misma postura. Justamente este martes Karina Milei estará con Sáenz en Salta por la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en La Puna.

La mirada está puesta, a su vez, en qué actitud tendrá el gobernador Martín Llaryora y los seis diputados cordobeses que (a veces) le responden. Es el caso de Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Juan Pablo Brugge y Alejandra Torres. Excepto Aresca, la mayoría de los legisladores suelen jugar con cierta autonomía y la negociación de los opositores –que son sus propios compañeros de bloque en Provincias Unidas– es mano a mano. Hay expectativa de que Schiaretti, por ejemplo, acompañe, dado que su esposa, la senadora Alejandra Vigo, se pronunció públicamente en contra de la derogación de la Ley de Tierras. Torres, en cambio, es más cercana a Menem.  

El restante grupo de indecisos lo componen otras fuerzas provinciales –como la neuquina Karina Maureira o el santacruceño José Garrido– y varios satélites que se desprendieron de LLA. Es el caso de Eduardo Falcone y Oscar Zago, del MID, y de Lourdes Arrieta, que suelen jugar a favor del Gobierno. El resultado final dependerá de la pesca en esa pecera de indecisos.

MCM/MC

–Conversemos, ¿qué van a hacer?

–Nosotros a la extranjerización de la tierra la vamos a tumbar. ¿Cómo no vamos a estar presentes si la única provincia a la que toca el decreto es a nosotros?

Era jueves, la oposición acababa de convocar una sesión para voltear el DNU 70/2023 y Gabriel Bornoroni, jefe de la bancada libertaria en Diputados, intentaba negociar con los aliados provinciales. Intentó con los misioneros, pero no tuvo éxito: si hubo una provincia que se perjudicó por el megadecreto fue Misiones, a quien el DNU le había desregulado el Instituto Nacional de la Yerba Mate. En el Gobierno no se molestaron en llamar al gobernador Hugo Passalacqua por teléfono, prefirieron apuntar contra los cinco mandatarios que definirán la votación del 15 de octubre. Por suerte para el oficialismo, cuatro de esos cinco estaban con Javier Milei en Francia mientras los diputados negociaban. 

Los funcionarios que viajaron con Milei a la Argentina Week en París regresaron al país satisfechos. Durante tres días, Diego Santilli, Luis Caputo y hasta los hermanos Milei aprovecharon para acercarse a los 13 gobernadores que participaron del evento. Milei les agradeció, en uno de sus discursos, por haberle dado los votos para avanzar con las reformas, y Caputo los llevó a cenar afuera la última noche. El Presidente no participó, prefirió quedarse en el hotel, pero sí se tomó la molestia de conversar brevemente con ellos en un pasillo durante la convención. “El 70% de los argentinos no quiere volver atrás”, les dijo Milei, y los mandatarios asintieron, conformes. 

Santilli se les acercó para discutir la eliminación de las PASO y el Presupuesto 2027, pero los gobernadores le respondieron con la boleta electoral. A los mandatarios les importa solo una cosa (además de recursos): que Karina Milei desistiera de fortalecer a los candidatos libertarios en sus provincias. La hermana presidencial se mostró receptiva, ratificando el cambio de postura que empezó a predicar entre los suyos. “La prioridad es la reelección de Milei”, dice Karina, y los candidatos libertarios lo repiten. Incluso aquellos que tienen expectativas de competir en sus distritos, como la beligerante Emilia Orozco (Salta) o el ex ministro de Interior, Lisandro Catalán. 

“Cuidan mejor a los aliados que a los propios”, suspira un dirigente oficialista que será candidato a gobernador de una provincia norteña el año que viene. No fue invitado a la comitiva presidencial, y hace meses que se ve venir lo que Karina terminó anticipando en Francia: un principio de entendimiento político según el cual, a cambio de votos, el Gobierno se compromete a no hacer campaña en los territorios. 

Algunas provincias, como Mendoza y Entre Ríos, tienen acuerdos políticos avanzados. Otras, como Salta o Tucumán, se mueven entre el compromiso y la desconfianza. Los gobernadores peronistas, Gustavo Sáenz y Osvaldo Jaldo, se niegan a prestar los votos antes de que haya un compromiso expreso de que los libertarios que compiten con ellos en sus territorios jugarán solos, sin apoyo de Milei. Y el menemismo, la pata operativa del karinismo, advierte que una vez que consigan reelegir en sus provincias –ambas adelantarán las elecciones– se plegarán a la oferta nacional del peronismo y comenzarán a jugarles en contra. 

“Sergio les dio todo y lo cagaron. No podés confiar. A la mínima que hay ruido en el círculo rojo se dan vuelta”, se queja un alfil que responde a los primos Menem, Martín y Lule. 

Predominan las suspicacias, pero Sáenz, desde Europa, le mandó un mensaje al resto de la oposición: no cuenten conmigo para voltear el DNU 70/2023. 

Quién es quién

De los 13 gobernadores que viajaron con Milei a Francia, hay cuatro que tienen la llave del quórum de la sesión opositora para rechazar el DNU 70/2023 y rehabilitar la Ley de Tierras. Uno es Sáenz, que tiene tres diputados que le responden y dieron a entender, a sus compañeros de bancada misioneros de Argentina Federal, que no participarán. Otro es el neuquino Rolando Figueroa, quien cuenta con una diputada, y después está Martín Llaryora, que no participó del viaje pero envió a su vice, Myrian Prunotto. El último es el catamarqueño Raúl Jalil, quien anunció, desde Francia, un acuerdo con la suiza Glencore para explotar cobre y oro en la provincia. 

El quinto gobernador que definirá el resultado de la avanzada opositora del 15 de octubre es el peronista Jaldo, que no viajó a Europa pero mantiene diálogo cotidiano con el Gobierno. Tanto Jaldo, como los otros cuatro gobernadores, se expresaron en contra de la extranjerización de tierras hace dos meses, cuando el Senado debatía la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que incluyó el capítulo que derogaba la Ley de Tierras. En ese momento regía el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que suspendió el artículo 154 del DNU 70 que derogaba la ley y ponía un tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros. Un fallo que, el miércoles pasado, la Corte Suprema de Justicia revocó en medio de un terremoto político que lo obligó a tener que dar explicaciones. 

La oposición los tiene en la mira, y no esconde que el éxito de la estrategia depende de que esos cinco gobernadores aliados del Gobierno se plieguen ante la presión social. “Esto no se resuelve con rosca. Se construye con respaldo popular, de abajo hacia arriba”, explica una dirigenta del peronismo que tiene diálogo con todos los gobernadores. 

La oposición está a 14 votos de poder voltear el megadecreto fundacional de Milei, que avanzó con la Ley de Tierras, pero también con la Ley de Alquileres, la de Abastecimiento –que le daba facultades al Ejecutivo a intervenir sobre precios máximos–, la de Compre Argentino y varios institutos provinciales, como el Instituto Nacional de Yerba Mate, que regulaba el valor de la yerba y cuya desregulación generó una crisis en la producción local misionera. Fue este motivo, así como la amenaza de un aumento en la extranjerización de las provincias –algunas localidades, como Iguazú, tienen el 40% del territorio en manos extranjeras–, lo que llevó a que Passalacqua fuera el primero de los gobernadores aliados del Gobierno en adelantar su apoyo a la sesión opositora. 

Entre el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica, los radicales díscolos –que incluyen a los jujeños, pese a la presencia del gobernador Carlos Sadir en la Argentina Week–, los puntanos peronistas, Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot, Natalia de la Sota y Marcela Pagano, la oposición suma una base de 112 votos. Necesita llegar a 129 para el quórum. Si se le suman al menos tres de los misioneros –el cuarto, Daniel Vanscik, es muy amigo de Martín Menem, quien fue su caddie cuando jugaba al golf–, la oposición tiene 115 votos. Le faltan 14. 

El plan es esperar –y contribuir– a que la tensión social crezca. Las autoridades del bloque peronista están en diálogo con la CGT para que se sume a la movilización convocada frente al Congreso para el día de la sesión. Se sumarán los rectores y sindicatos docentes –la marcha original era en defensa de la educación pública–, las organizaciones de las personas con discapacidad, los inquilinos agrupados y gran parte de las centrales sindicales y organizaciones sociales. La Iglesia, que ayudó a voltear en el Senado el capítulo de Tierras, también empezó a trabajar. 

“Esto va a crecer. Y una vez que crezca, no lo parás con nada”, advierte un dirigente opositor de peso, que ha integrado listas con los gobernadores que, ahora, definirán el futuro de la votación.

MCM/MG

Para la oposición es ahora o nunca. El fallo de la Corte Suprema que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras abrió un escenario inédito en el Congreso: por primera vez desde que asumió Javier Milei, la oposición está decidida a voltear el DNU 70/2023. El objetivo es aprovechar el malestar que la decisión judicial de los supremos generó en la sociedad –que ya se movilizó en contra de la extranjerización de tierras y está llamando a marchar el próximo martes– y convocar una sesión en la Cámara de Diputados para el 7 o el 15 de octubre. Tiene que ser lo antes posible, argumentan, porque no saben cuándo volverán a tener otra oportunidad para rechazar el megadecreto fundacional del gobierno libertario. 

El día después de la publicación del fallo de la Corte, que revocó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023, la Cámara de Diputados amaneció en un hervidero de actividad. Temprano a la mañana, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal desembarcó en el despacho de Martín Menem para reunirse con los jefes de bloque aliados. El Máximo Tribunal había reabierto el capítulo de extranjerización de las tierras, que el Gobierno creía haber dejado atrás, pero la agenda oficialista se mantuvo imperturbable: el objetivo de aprobar el proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional, impulsado por Santiago Caputo, continuó siendo una prioridad. 

Mientras Ibarzabal intentaba convencer a los radicales y provinciales de acompañar la totalidad del proyecto, dos pisos más arriba, la bancada peronista debatía cómo responder al fallo de la Corte. El Senado ya había logrado voltear el capítulo de la Ley de Inviolabilidad que disponía la derogación de la Ley de Tierras –una iniciativa que el Gobierno tuvo que impulsar en el Congreso cuando la Cámara Federal de La Plata definió la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70– y ahora les correspondía a ellos hacer lo mismo. 

Hubo un sector, protagonizado por Juan Marino y Pablo Todero, que reclamó avanzar en un juicio político contra los tres supremos que firmaron el fallo, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Pero no hubo consenso. “No está el número”, le recordaron sus compañeros de bancada, quienes intentaron avanzar en un jury contra los magistrados durante el último año de gobierno de Alberto Fernández y fracasaron. 

Tampoco quedaba claro si estaba el número para terminar de voltear el DNU 70/2023, que el Senado ya había rechazado en marzo de 2024. Pero se acordó que no había espacio para seguir dilatando la discusión. “Por primera vez creo en el principio de revelación. Hay que intentarlo”, afirmó una de las principales autoridades del peronismo, antes de ir a reunirse con representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que fueron quienes impulsaron el amparo contra la derogación de la Ley de Tierras, que ponía un tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros. 

Durante el resto de la tarde, las espadas del peronismo, Germán Martínez y Cecilia Moreau, se reunieron con las principales figuras de la oposición. La diputada de izquierda Myriam Bregman ya los había presionado la noche anterior para convocar a una sesión para voltear el decreto lo antes posible, y el peronismo se puso a juntar las firmas. 

El objetivo es convocar una sesión para el próximo 7 de octubre o, en última instancia, si no se llega con el número, para el 14 o 15. El jueves 15 está convocada la quinta marcha federal en defensa de la universidad pública, y la oposición tiene la expectativa de reunir en esa misma convocatoria todos los reclamos sociales que vienen impulsando en el Congreso: presupuesto universitario, emergencia en discapacidad, endeudamiento y, ahora, la Ley de Tierras. 

Martínez conversaba con el lilito Maximiliano Ferraro, quien a su vez dialogaba con el radical díscolo Pablo Juliano. A unos metros, el socialista Esteban Paulon bromeaba con su compañera de Interbloque, la cordobesa Alejandra Torres, para que acompañara la derogación del DNU 70/2023. “Bueno hay que ver porque el DNU incluye muchas cosas”, atinó a decir, incomoda, la cordobesa, que suele jugar con el Gobierno nacional. 

Era el gran escollo de la negociación: rechazar el DNU 70/2023 no implica solo rechazar la derogación de la Ley de Tierras, sino que barre con decenas de modificaciones y derogaciones de otras leyes. El megadecreto de Milei había eliminado la Ley de Alquileres y la de Compre Argentino, había desregulado el valor de las prepagas y había habilitado la transformación jurídica de empresas estatales en sociedades anónimas con el objetivo de facilitar su privatización. Hubo diputados que estaban dispuestos a eliminar la derogación de la Ley de Tierras, pero no todo. 

La oposición ofreció, como alternativa, plantear debates legislativos específicos sobre las leyes que volverían a estar vigentes. Uno de los puntos de conflicto es, por ejemplo, la Ley de Alquileres, que diputados como Nicolás Massot no querían que vuelva a regir. El peronismo y los díscolos del radicalismo y la Coalición Cívica se comprometieron, a cambio, a debatir las iniciativas en el Congreso. Mientras tanto, las negras jugaban: el Gobierno, a través de mensajes y trascendidos, ofreció incluir el tratamiento de una nueva Ley de Tierras en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que todavía tiene que tratarse en Diputados.

Miguel Ángel Pichetto, a través de sus redes sociales, le sugirió al Gobierno incluir la nueva Ley de Tierras en el proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional. En LLA tomaron rápidamente la posta, y lo están analizando como posibilidad. En la bancada opositora se miraban con sorpresa: ¿para quién jugaba Pichetto?

Todas estas negociaciones se dieron, irónicamente, en medio de la reunión de comisión por el proyecto que el Gobierno bautizó como “Defensa de la Soberanía Nacional”. Mientras las segundas líneas de Casa Rosada defendían el proyecto –no fue ni el canciller Pablo Quirno ni Ibarzabal, que había estado presente en Diputados una hora antes–, los legisladores opositores las cruzaban por la hipocresía de avanzar con un proyecto que decía defender la soberanía de las Islas Malvinas y, al mismo tiempo, impulsar la derogación de la Ley de Tierras. 

“El fallo de la Corte Suprema les cae desubicado como alfajor de pollo porque no se imaginaban que iba a traer esta discusión de la ley de Tierras nuevamente. El Gobierno planeaba bajo un paraguas soberanista meter a discutir cuestiones graves. Pero nadie puede creer que le importa Malvinas cuando están entregando el continente”, los cruzó, irónica, Bregman. 

Mientras la diputada de izquierda hablaba, el diputado libertario Jairo Guzmán le gritaba por fuera del micrófono. Se metió Juan Grabois, quien lo mandó a callar y, cuando Guzmán lo chicaneó por su visita a Peter Thiel se levantó a increparlo. Estuvo a punto de irse a las manos, se llamaron “cagón” mutuamente y tuvieron que meterse otros diputados del peronismo y LLA a separarlos. 

La escena volvió a repetirse unas horas después, cuando fue el turno de Grabois de tomar la palabra. La libertaria Juliana Santillán lo acusó de estar leyendo, y el líder de Patria Grande le respondió: “No estoy leyendo, tontita”. Empezaron los gritos, Grabois siguió insultando a toda la bancada libertaria –“Hipócritas, estafadores, mentirosos”, les decía– y algunos legisladores empezaron a pararse. El jefe del plenario, Carlo Zapata, intentaba poner orden y le cortaba el micrófono, y en un momento Grabois, irritado, le gritó: “Dejá de cortarme el micrófono, facho de mierda”. 

“EEEhhh” le respondieron desde la bancada libertaria, cuyos integrantes se levantaron y se fueron. Zapata, furioso, decidió terminar unilateralmente la comisión.

MCM/MG

Con la libertad de mercado como bandera, el oficialismo se anotó un triunfo a medias en la Cámara de Diputados: emitió dictamen de mayoría por el tema de endeudamiento familiar, pero sabe que no tiene los votos para imponerse en el recinto. Arrinconado por la fecha límite que le impuso la oposición, La Libertad Avanza se vio obligada a presentar una propuesta propia, que hace hincapié en la transparencia crediticia y la educación financiera. Con el apoyo del PRO y la UCR, se hizo con la mayoría de las firmas del plenario de comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, pero no con el de los aliados provinciales. La oposición quiere ir al recinto en dos semanas. 

La propuesta del Gobierno, que ha calificado el aumento de la morosidad como un problema “entre privados”, parte de la premisa de que el sobreendeudamiento es resultado de una falta de información sobre el acceso al crédito. Sostiene que los bancos y billeteras virtuales están obligados a mostrar el costo real de los créditos, así como garantizar el acceso al propio perfil crediticio y una liquidación completa de la deuda (capital original, refinanciaciones, intereses, comisiones). Exige una doble validación para los préstamos que se toman de manera online y un control parental mínimo para los casos de endeudamiento de menores de edad (se comprometen a notificarlos). 

El dictamen fue trabajado por la bullrichista Silvana Giudici y consiguió el apoyo del radicalismo y del PRO, pero fracasó en sumar las firmas de los aliados provinciales, como si había logrado con el despacho de la ley de discapacidad. La mayoría de las iniciativas opositoras exigían, de mínima, un plan de reestructuración de las deudas, algo a lo que el oficialismo se opuso con énfasis. 

“¿Qué país nos va a creer si otra vez aplicamos las recetas del pasado? Hablan de condonaciones y baja de tasas obligatorias como si fueran recetas mágicas. Nos retrotraen a la Ley de Alquileres: ¿no aprendieron que poner topes ficticios lo que hace es quebrar el mercado y la esperanza de futuro?”, azuzó Giudici, la voz cantante del oficialismo en el debate de comisiones. El objetivo era disputarle a la oposición el discurso sobre la crisis de morosidad. “Era de ustedes la ley”, le recordó, entre risas, Myriam Bregman, aludiendo a que uno de los impulsores de la Ley de Alquileres fue Daniel Lipovetsky (PRO).

La oposición, que fue la que forzó el debate sobre la crisis de 6 millones de morosos y más de 20 millones de personas endeudadas, presentó otra propuesta. Luego de tres semanas de debate, el peronismo, el radicalismo y la Coalición Cívica acordaron unificar los más de 70 proyectos presentados y dictaminaron una iniciativa que crea un régimen especial de desendeudamiento y alivio financiero. 

La propuesta crea un régimen para refinanciar las deudas de todas aquellas personas que están en situación de mora de créditos al consumo hace más de 60 días o que, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones. El tope para ingresar estará fijado en dos Canasta Básicas Totales –unos $3,2 millones– para el monto total del capital adeudado en créditos. 

El régimen de reestructuración pone un tope a las tasas de interés, que en algunas billeteras virtuales llegó a superar el 1000%. El límite a la tasa se fijará en base al TAMAR (Tasa Mayorista de la Argentina) de bancos privados, que hoy está al 26%, a lo que se sumará otro 25% adicional. Se habilita un plan de hasta 12 cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. 

Si bien la propuesta no incluye una condonación de las deudas –resultado de un duro debate interno de la oposición que, pese a la resistencia de la izquierda, acordó no incluir quitas para evitar que la propuesta tuviera costo fiscal–, sí propone eliminar todos los intereses punitorios. Suspende, a su vez, todas las ejecuciones, embargos y cobranzas extrajudiciales. 

“Ustedes saben que esto es algo razonable. Impulsemos algo que no sea tomada de pelo para la gente y que pueda aliviar la realidad de las familias. Esto es un parche para tratar de aliviar a la gente hasta que podamos hacer un cambio de modelo económico. Pero incluso para los que no lo vean así: piénsenlo como manto de racionalidad para cuidar a las familias bajando el nivel de mora” defendió la iniciativa Itai Hagman, de Patria Grande. 

La propuesta de los bloque opositores consiguió 27 firmas y la del oficialismo 32. Pero pese al control que LLA tiene sobre las comisiones de la Cámara de Diputados esa mayoría no se expresa automáticamente en el recinto. En el peronismo hacen cuentas y confían en que podrán tener unas 130 voluntades para sesionar dentro de dos semanas. Dependen, como siempre, de la voluntad de los gobernadores del Norte. 

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En el Gobierno no esconden su preocupación por el mensaje que el papa León XIV traerá a la Argentina. La visita del Sumo Pontífice es un acontecimiento que genera entusiasmo en las filas libertarias, donde hay muchos fieles católicos, pero la perspectiva de que el foco del viaje apostólico gire en torno a la situación social del país mantiene en alerta a Karina Milei. La hermana presidencial llamó a no politizar la visita papal, y dejó en manos de su asesora Mara Gorini la coordinación con la Iglesia. El objetivo es dar una muestra de institucionalidad con la oposición, pero con un límite: sin Cristina Fernández de Kirchner. 

Fue el arzobispo Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien sugirió invitar a todos los ex presidentes al primer encuentro que se realizará con el Papa el domingo 8 de noviembre. La actividad, que se realizará en el ex CCK –rebautizado Palacio Libertad–, contará con la presencia de todo el Gabinete, incluida la vicepresidenta Victoria Villarruel, y referentes de la oposición. Reunidos en el Ministerio de Seguridad, Colombo le sugirió a Karina Milei convocar a todos los ex presidentes, incluso aquellos que lo fueron durante un solo día, como Federico Pinedo. E incluso aquellos que están presos, como Cristina Fernández de Kirchner. 

La respuesta del Gobierno fue áspera: se podía analizar la posibilidad de invitar a Mauricio Macri, Alberto Fernández o Adolfo Rodríguez Saa, pero no a Cristina. Desde el Episcopado no insistieron. Dado que la ingeniería organizacional de la visita papal está en manos de Presidencia, la decisión de quiénes serán los invitados del evento en el ex CCK queda en manos de Karina Milei. “(Cristina) está presa”, explicó, sucinto, un funcionario cercano a la hermana presidencial. 

En el kirchnerismo, en cambio, esgrimen antecedentes que podrían respaldar una solicitud de salida excepcional ante la Justicia. Uno es el caso de Ricardo César Araujo, investigado y luego absuelto por crímenes de lesa humanidad en Bahía Blanca, quien pudo asistir a la misa de primera comunión de su nieta. Otro es el de Néstor Ramón Vignolles, condenado por crímenes de lesa humanidad en Mar del Plata, quien había solicitado ir a misa dos veces por mes en el convento de las Carmelitas Descalzas y se lo autorizaron. Los ejemplos se acumulan, en su mayoría referidos a procesados y condenados por los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar. 

“No creo que prospere, ya bastantes problemas tienen con que el Papa vaya al cottolengo de Claypole. No va a gustar”, desliza un dirigente cristinista, al tanto de las conversaciones con el Episcopado. 

En el peronismo observan la cautela con la que se mueve el Gobierno con la llegada del Papa y destacan que, pese a la negativa de aceptar la presencia de CFK, Karina Milei está intentando dar señales de buena voluntad. Al menos para no generar conflicto innecesario en la previa de la llegada de León XIV que, como primer mensaje político de peso, visitará el Cottolengo Don Orione en Claypole en medio de la avanzada de Luis Caputo contra las personas con discapacidad. La reunión de la semana pasada con el arzobispo Colombo, con quien Milei no se reunió nunca desde que asumió la presidencia del Episcopado, fue una primera señal. 

La segunda señal fue la designación de Mara Gorini como interlocutora. Gorini no tiene, como Santiago Caputo, un cargo formal en la estructura estatal –solo un contrato de locación de servicios en la Secretaría General de la Presidencia–, pero es una de las figuras más cercanas a la hermana presidencial. En la Iglesia tienen una relación más tirante con el canciller Pablo Quirno, y la decisión de Karina de designar a alguien de confianza para articular con el Episcopado fue recibida como una buena señal. “Con Quirno no se podía ni hablar”, se quejó un alto miembro de la Iglesia ante un dirigente opositor. 

Gorini ingresó al multiverso de La Libertad Avanza allá por 2023, cuando Karina la contrató para organizar los cierres de campaña de su hermano en el Movistar Arena. Como Belén Agudiez –que renunció la semana pasada en medio del escándalo de la residencia de Olivos–, Gorini siempre mantuvo un perfil bajo y se movió en silencio alrededor de Karina, como su sombra. De extrema confianza de la secretaria General de la Presidencia, suele ser la encargada de organizar todos los eventos que Karina quiere monitorear de cerca. 

La funcionaria sin cargo logró mantenerse por fuera del radar mediático durante dos años, hasta que el escándalo de Manuel Adorni la expuso. Entre las denuncias de corrupción que empezaron a sobrevolar al ex jefe de Gabinete destacó una que involucra a los clientes de la consultora de coaching de su esposa Bettina Angeletti, llamada MasBe. Uno de esos clientes era el Foggia Group, una productora que estaba peleando por quedarse con la concesión por 25 años de Tecnópolis. Gorini fue socia de Foggia Group durante casi 10 años: abandonó el directorio cuando pasó a la función pública sin cargo, pero dejó la empresa en manos de su esposo, Marcelo Dionisio. 

Pese a las sospechas, en el karinismo hablan de dar mensajes de unidad en la previa de la visita papal. “Es el Papa de todos los argentinos”, afirmó la propia hermana presidencial, quien empezó a levantar el perfil en público. El objetivo es evitar escalar tensiones con un Papa que, saben en el Gobierno, mantiene una agenda que va a contramano de la que sostiene el gobierno libertario. Es decir: la lucha por la dignidad humana frente al avance de la inteligencia artificial y la defensa de la doctrina social de la Iglesia frente “a la dictadura de la economía que mata”.

*Con la colaboración de Mauricio Caminos

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Patricia Bullrich conversa con Paolo Rocca todos los meses. La senadora lo conoce hace más de 20 años y todavía se acuerda de que, en la interna con Horacio Rodríguez Larreta, el dueño de Techint jugó para el otro bando. Hace unos meses, Rocca, como otros empresarios, empezó a insistirle para que apure el despegue del Gobierno: Javier Milei barrió con cualquier expectativa de introducir correcciones al plan económico, y el establishment teme por la continuidad del proyecto. La búsqueda de un nuevo candidato de centro derecha se volvió urgente, y Bullrich se prende al coqueteo. Pero le advierte a los suyos: “Los candidatos del círculo rojo están destinados a perder”. 

Bullrich envió dos mensajes en la última semana. El primero, el más escandaloso, fue para Milei. El videoclip cantando el tema “No me importa” de Lali Espósito, la artista más vapuleada por el Presidente en los últimos tres años, fue una provocación destinada a generar una reacción. “A mí no me tratan de tonta”, exclamó, cuando se enteró de que el Presupuesto había incluido un capítulo que barría con las prestaciones de discapacidad. No por las personas con discapacidad, sino porque le generaba problemas políticos en el Senado.

El segundo mensaje fue para Karina Milei, el más potente. Dado que la hermana presidencial bajó línea de no salir a confrontar con Bullrich –el único vocero del malestar presidencial fue Diego Santilli, a quien la ex ministra casi le arranca la cabeza cuando le sugiere, durante la reunión de la mesa política en Casa Rosada, que sería mejor no “sacar los trapitos al sol”–, la senadora decidió redoblar la apuesta. Le preguntaron si pensaba en candidaturas y, en vez de repetir el leitmotiv karinista de “la prioridad es la reelección de Milei”, repitió la del círculo rojo: la prioridad es el proyecto. 

“Para mí es muy importante que el proyecto reelija. En 1983 Alfonsín no terminó su mandato. En 2001 De la Rúa se fue dos años antes. Macri no pudo reelegir. Todos los proyectos que intentaron construir un liberalismo republicano. La medida del triunfo de ese proyecto es que reelija. Es el paso que todavía no se dio”, disparó, ante la sorpresa de los entrevistadores de LN+. Después publicó el recorte en sus redes sociales. 

“Fuimos a volverlo loco a él, si no podemos iremos a volverla loca a ella”, admite un dirigente cercano a Bullrich, que sabe que ella se fortalece ante cada provocación que queda impune. Por mucho menos, Milei crucificó a economistas amigos y Karina excomulgó a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, y al fundador de La Libertad Avanza, Ramiro Marra. Pero Bullrich puede darse el lujo de decir y hacer lo indecible sin consecuencias. 

Una sociedad de pares

Patricia puede hacer lo que hace porque el Gobierno la necesita. Esta premisa la repiten tanto en el equipo de la senadora como en los despachos de Casa Rosada. Aunque con matices. En el caputismo admiten que los tiempos de las purgas indiscriminadas se acabaron: el Gobierno ya no puede darse el lujo de cortar cabezas a piacere, está demasiado débil para hacerlo. “Eran otros tiempos, hoy el Gobierno no tiene esa licencia. Y no podemos prescindir de ella”, admite un funcionario libertario. 

Karina la deja jugar, apostando a tomarse su venganza más adelante. Manda a Santilli a cruzarla en público, pero después la invita a comer sushi en Villa Urquiza junto al resto de la bancada libertaria del Senado. La sienta al lado suyo y se fotografía sonriendo. No todos en el Gobierno están de acuerdo con la estrategia: en el caputismo creen que no es suficiente, que a Bullrich había que haberle dado el “abrazo del oso” apenas empezó a desmarcarse con el escándalo de Manuel Adorni. 

“Vos la tenés que abrazar y decir que es tu candidata a vice, aunque después no lo sea. Solo así obturas su crecimiento por afuera, y la encorsetás”, explica un dirigente del círculo chico de Santiago Caputo, y razona: “Si vos la abrazás, no puede romper. Y si rompe te traicionó. Y si te traicionó paga mucho costo político en imagen”. 

Bullrich, mientras tanto, se siente aún más imprescindible. Desde abril, los sondeos que le llegan a su despacho la muestran con mejor imagen que el Presidente, y la intransigencia de Milei a introducir cambios al programa económico no hace sino subir sus acciones. “Lo más importante es que el cambio y el esfuerzo se sientan en la vida de cada argentino”, repite en las entrevistas, buscando posicionarse como la cara amable del plan de ajuste del Gobierno. 

En el equipo de Bullrich identifican que el votante de Milei comienza a parecerse más al votante histórico de Juntos por el Cambio. El voto joven y popular que lo llevó a la presidencia en 2023, insisten, abandonó el barco debido a la situación económica, mientras que el que se consolida es el voto “republicano tradicional” que acompañó a Bullrich en la primera vuelta y, luego, apoyó a Milei en el ballotage. “Patricia dice ‘soy socia, tengo el 40% de las acciones, las voy a hacer valer”, traduce uno de los hombres más cercanos de la ex ministra. 

Acumular para negociar

Tres meses estuvo Bullrich pisando el tratamiento de la reforma del régimen de zonas frías por sus aliados en el radicalismo. “Se portó bien, más no pudo hacer”, admitió una senadora radical, unas horas antes de que comenzara la sesión en el Senado que sancionó la reducción de los subsidios al gas en todo el país, incluida la Patagonia. Bullrich jugó a favor de sus aliados bajo el argumento de que la insistencia de Luis Caputo le desbarataba las mayorías para las leyes futuras. “Es una ley de mierda que hace pelear al Norte con el Sur”, se la escuchó murmurar en los pasillos del Senado. Pero el motivo real era otro. 

La senadora logró articular a su alrededor una robusta mayoría “opositora”, integrada por peronistas, radicales, macristas y provinciales, a quienes sumó a un grupo de WhatsApp llamado “Grupo de 44”. Con la excusa de acumular políticamente para el Gobierno, Bullrich empezó a tejer una red de alianzas en el Senado que el círculo rojo mira con atención. Los cuida y los mima, incluso yendo en contra de los intereses de su propio Gobierno. Los considera propios, y confía en que, de lanzarse a jugar por el sillón de Rivadavia, los aliados saldrán en su apoyo. 

El miércoles, una treintena de dirigentes del PRO, como María Eugenia Vidal y Humberto Schiavoni, se reunieron con Hernán Lacunza para brindarle apoyo institucional a su candidatura presidencial. El jefe del bloque PRO en el Senado, Martín Goerling, fue uno de los organizadores, pero el evento nunca se comunicó institucionalmente. A pedido de Mauricio Macri, el presidente del partido, Fernando de Andreis, ordenó no enviar gacetillas a los periodistas ni comunicar nada a través de las cuentas de redes sociales. 

Macri está resignado a firmar con Milei y, pese a que intenta subir el valor de sus acciones recorriendo el país, en su entorno anticipan que lo más probable es que se cierre la boleta nacional para acordar el futuro de la Ciudad. “El PRO sobrevive si logramos mantener los tres distritos y ganar más municipios. Y después esperar que haya un liderazgo fuerte en 2031 o 2035”, sostiene, encogiéndose de hombros, uno de los dirigentes de mayor confianza de Macri.  

Frente a este escenario, no son pocos los macristas que miran con atención los movimientos de Bullrich. La senadora dialoga cotidianamente con Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), así como también con Jorge Macri. “No necesitamos a Mauricio”, sacan pecho en el bullrichismo. 

El objetivo es acumular. La senadora advierte que Milei sigue midiendo por encima de los 30 puntos y que, en estas condiciones, no puede darse el lujo de sacar los pies del plato. Un informe de la consultora Casa Tres, que dirige Mora Jozami, muestra que solo 1 de cada 10 encuestados tiene una mirada distinta de Milei que de Bullrich. La única manera de jugar por afuera, señalan en el equipo de Bullrich, es si la imagen del Presidente cae por debajo de los 20 puntos de intención de voto. Tomará la decisión en marzo. 

Hasta entonces, el objetivo es pegar para negociar. La ex ministra tiene el ojo puesto en la vicepresidencia, pero quiere más. Se considera socia de los Milei y, como tal, pretende tener lugares en las listas de legisladores y, a su vez, poner nombres propios en los ministerios nacionales. Quiere una parte de la torta. En todo caso, si la imagen del Presidente sigue cayendo, buscará seducirlo con ser ella la candidata a presidenta. 

Si es vicepresidenta, Bullrich tiene en claro que no quiere ser una figura decorativa como Villarruel o Gabriela Michetti. “Es otra negociación. Ella si es vice, es vice como Cristina (Fernández de Kirchner)”, señala, risueño, uno de los dirigentes de confianza de Bullrich que estuvo detrás del video de Lali. Milei ya le ofreció el lugar en alguna oportunidad, siempre informalmente. “Sería copado que seas mi vice, haríamos buen equipo”, le dijo una vez, hace unos meses. Ante estas declaraciones, Bullrich sostiene la misma cautela que con los empresarios. 

Espera una propuesta más formal. “Viste como es Javier”, se limita a explicar.

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En un giro de 180 grados, el oficialismo pasó de querer barrer con la ley de emergencia en discapacidad a dictaminar un proyecto que la ratifica. La propuesta incluye el nomenclador único de las prestaciones, la inclusión laboral de las pensiones y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como única vía de acceso a una pensión. Martín Menem, sin embargo, se guardó una carta: la de no explicitar nunca el mecanismo de actualización de las prestaciones. Los aliados cuestionaron la decisión, pero acompañaron el dictamen del oficialismo con disidencias. 

Menem consiguió lo que había ido a buscar cuando habilitó que se desautorizara a Javier Milei y se presentara una propuesta que contradecía lo que, hace una semana, el Gobierno había enviado en el Presupuesto. Es decir, hacerse con el dictamen de mayoría de un tema que la oposición había utilizado como punta de lanza contra el Gobierno durante todo el año pasado. A un mes de la llegada del Papa León XIV, que visitará el Cottolengo Don Orione de Claypole cuando llegue a la Argentina, el oficialismo quería evitar un escenario de tensión con las organizaciones de las personas con discapacidad, que vienen denunciando al Gobierno por incumplir la ley de emergencia sancionada el año pasado. 

“No venimos a demonizar la emergencia, sino que nos preguntamos qué viene el día después de la emergencia. La principal preocupación es la generación de políticas estables, la tranquilidad de que las reglas de juego no se van a cambiar de manera permanente”, sostuvo Laura Rodríguez Machado, la bullrichista que se encargó de redactar la nueva propuesta del oficialismo junto al PRO y la UCR. Rodríguez Machado, que integra La Libertad Avanza, votó en contra de la emergencia tres veces el año pasado: cuando se aprobó en Diputados por primera vez, cuando se insistió tras el veto de Milei y cuando el Gobierno intentó derogarla en el Presupuesto 2026. 

El dictamen del oficialismo –que consiguió 42 firmas con ayuda de los gobernadores de San Juan, Tucumán, Salta, Misiones y Neuquén– fue consensuado para incluir gran parte de las incorporaciones de la ley de emergencia que el Gobierno había intentado vetar el año pasado. Ese fue, incluso, el argumento que utilizaron los aliados para apoyar la propuesta del oficialismo: si se aprobaba la versión del oficialismo, Milei no podría vetarla. 

El proyecto mantiene el Nomenclador Único para las prestaciones por discapacidad, que garantiza la uniformidad de los aranceles que las prepagas y obras sociales deben pagarle a los prestadores. Sostiene la inclusión laboral, que habilita a las personas a cobrar una pensión con discapacidad teniendo un trabajo formal o informal con salarios de hasta dos sueldos mínimos. Y confirma que las pensiones por discapacidad continuarán siendo garantizadas a través del Certificado Único de Discapacidad.

Las organizaciones de personas con discapacidad, sin embargo, miran la propuesta con desconfianza. También algunos diputados de los partidos provinciales, que acompañaron el dictamen pero advierten que hay ambigüedades que dejan abierta la puerta a las discrecionalidades del Ejecutivo. “Acá lo que pasa es que se perdió la confianza en el Gobierno, y este es el resultado”, explica uno de los diputados provinciales que acompañó el dictamen con disidencias. Nadie cree que el Gobierno cumplirá con su palabra, por lo que exigen un proyecto a prueba de trampas. 

El mayor punto de conflicto es el que se refiere a la actualización de las prestaciones. El principal objetivo de la ley de emergencia de discapacidad fue indexar las prestaciones para que fueran actualizadas de manera mensual según la fórmula de movilidad jubilatoria (que es el índice de inflación). El Gobierno pisó el valor de las prestaciones durante 2025, generando la crisis en el sector que derivó en las movilizaciones de las familias y personas con discapacidad frente al Congreso casi todas las semanas. Ese fue el germen de la ley de emergencia. 

La suspicacia de los aliados se debe a que el proyecto del oficialismo no expresa de manera taxativa que la actualización será automática, mensual y por IPC. Lo que hace el texto es retrotraer al articulado de la ley de emergencia que había incluido esta exigencia en la ley de discapacidad, pero no especifica el contenido. El misionero Oscar Herrera Ahuad, que fue uno de los que negoció gran parte del proyecto con el oficialismo, exige que se de mayor claridad sobre ese punto y que, a su vez, el proyecto especifique las partidas que estarán destinadas a Discapacidad. No quiere esperar a ver a que aparezcan en el Presupuesto. 

El peronismo, mientras tanto, presentó su propio dictamen junto a Provincias Unidas y la izquierda. La oposición propone prorrogar la emergencia, que es lo que vienen exigiendo las organizaciones de las personas con discapacidad. 

“Respetamos el criterio de las organizaciones de las organizaciones que dicen ‘nada sobre nosotros sin nosotros’. No se puede presentar una ley entre gallos y medianoche sin convocar a las personas con discapacidad”, cuestionó Juan Marino (UxP), que señaló que, si querían generar “confianza” en las organizaciones primero tendrían que eliminar el capítulo del Presupuesto que barre con las garantías legales de las personas con discapacidad y elegir un secretario de Discapacidad “que no venga a profundizar el ajuste”. El día anterior, el Ministerio de Salud había anunciado que el reemplazo de Alejandro Vilches al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad sería Pablo Di Liscia. 

La oposición analiza los pasos a seguir. El hecho que el oficialismo haya conseguido más firmas en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto no significa que tenga más número en el recinto, pero en el peronismo sospechan que muchos de los gobernadores que los habían respaldado hace un mes buscarán, ahora, jugar con el Gobierno. 

El oficialismo, mientras tanto, no se apura a convocar una sesión tampoco. Se acumulan los pedidos de modificaciones –como el que exige establecer un cronograma de pagos para la deuda que tiene el Gobierno con los prestadores, a quienes todavía no les pagó la compensación que establece la ley de emergencia– y, si continúa resistiéndose, varios aliados ya le advirtieron que acompañaran la prórroga. 

Quien consiga antes el número será quien convoque.

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Menos de una semana después de la presentación del Presupuesto 2027, Martín Menem presentó una propuesta para reemplazar la emergencia en discapacidad que contradice el proyecto original de Javier Milei. Luego de dos semanas de negociaciones con los aliados, que pegaron el grito en el cielo cuando vieron el capítulo del Presupuesto que barría con las prestaciones de discapacidad, el bloque oficialista borró con el codo lo que Luis Caputo había escrito con la mano y acordó un dictamen que no toca el nomenclador ni las compensaciones. Un acuerdo que necesita, todavía, el visto bueno de la Casa Rosada. 

Las negociaciones se llevaron adelante en el despacho de Menem en el primer piso de la Cámara de Diputados. La bullrichista Laura Rodríguez Machado venía trabajando en el nuevo borrador desde la semana pasada, cuando el Gobierno decidió dinamitar las conversaciones presentando un Presupuesto que avanza contra todas las garantías legales de las personas con discapacidad. Rodríguez Machado se desayunó la noticia al mismo tiempo que el resto del oficialismo: cuando le empezaron a llegar las preguntas de periodistas y los insultos de los aliados. 

Horas después del cimbronazo, sin embargo, Menem reunió a las principales espadas aliadas y las tranquilizó: las negociaciones continuarían como venían. Al riojano ya lo habían amenazado con voltearle el Presupuesto si defendía el proyecto tal cual lo había mandado Milei, y quería evitar una nueva derrota. “Los tiempos del Congreso no son los mismos que los de la Rosada”, argumentaban en el bloque oficialista, que desde un principio contradijo al Presidente: el Presupuesto 2027, así como estaba, no lo iban a tratar. 

Rodríguez Machado, junto a la radical Pamela Verasay y al macrista Javier Sánchez Wrba, se dedicaron a juntar pedidos de los bloques provinciales y negociaron la propuesta con Menem. Se acordó dejar intactos casi todos los artículos de la ley de emergencia en discapacidad pero sin llamarla “emergencia”. Se definió darle el nombre grandilocuente de “Ley de Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de discapacidad”. 

Según el borrador, al que accedió eldiarioAR, se mantiene el Nomenclador Único para las prestaciones por discapacidad –que garantiza la igualdad en los aranceles que cada prepaga y obra social le paga a los prestadores– y la compensación que incluyó la emergencia en Discapacidad pero el Gobierno aún no pagó. Sostiene la inclusión laboral, que habilita a las personas a cobrar una pensión con discapacidad teniendo un trabajo formal o informal con salarios de hasta dos sueldos mínimos. Y confirma que las pensiones por discapacidad continuarán siendo garantizadas a través del Certificado Único de Discapacidad.

“Nosotros queremos sostener las garantías de la emergencia pero con la estabilidad de una ley”, explicó una de las negociadoras cuando salió del despacho de Menem, en donde se habían reunido junto a la catamarqueña Fernanda Ávila, el misionero Oscar Herrera Ahuad, la neuquina Karina Maureira, entre otros jefes de bloque provinciales. 

La propuesta incluye, a su vez, la actualización mensual por inflación de las prestaciones: el reclamo fundacional de las organizaciones por discapacidad que llevó a que el Congreso tuviera que sancionar, el año pasado, la emergencia. El texto del borrador incorpora, expresamente, el artículo de la ley de emergencia que fija la indexación mensual y el estudio de costos de los prestadores. Pero hay una trampa: los aliados admiten que ese punto todavía se está negociando con el Gobierno. 

“Todavía no está claro si es mensual o bimestral, falta hablarlo con Casa Rosada”, admitió una de las aliadas del Gobierno. La expectativa es poder resolver este punto antes de la reunión de comisión de Discapacidad el miércoles, que es cuando se dictaminarán los proyectos y el oficialismo buscará imponer el suyo por sobre el de la oposición. Será difícil: los principales decisores, Luis Caputo y Javier Milei, están en Nueva York participando de la Asamblea General de Naciones Unidas. 

Menem pretende evitar, así, una nueva derrota en la Cámara de Diputados. “El escenario es otro. Hoy el Gobierno está más débil, no puede darse el lujo de acelerar en las curvas como siempre”, analiza un diputado oficialista, enfurecido por la descoordinación política interna del Gobierno de la semana pasada. 

La oposición no participó de la reunión en el despacho de Menem, pero aguarda a la presentación oficial del dictamen con desconfianza. Sin la declaración de emergencia y la obligación a la Jefatura de Gabinete a reasignar partidas, advierten, el Gobierno podrá volver a pisar las actualizaciones de las prestaciones como sucedió el último año. “La emergencia era una herramienta para que las familias y las organizaciones pudieran judicializar la situación. No se puede judicializar la subejecución presupuestaria”, advierte un importante dirigente del peronismo. 

Depende, en última instancia, de que el Gobierno cumpla con asignar las partidas en el Presupuesto y que luego las cumpla el año próximo. Un acto de fe.

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De “Soberanía Nacional” quedó solo el título. En eso coinciden los organismos de derechos humanos que denuncian que, detrás del proyecto malvinero anunciado por Javier Milei, se esconde una iniciativa destinada a fortalecer el aparato de inteligencia y darle mayor margen de actuación interna a las Fuerzas Armadas. La oposición advierte, además, que podría llevar a una amnistía de las empresas que, como Premier Oil (hoy rebautizada Harbour Energy), fueron inhabilitadas por participar de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. El objetivo del Gobierno, sin embargo, es aprobarlo antes de que termine el año. 

En La Libertad Avanza están decididos a embanderarse con la causa Malvinas hasta que termine el año. Después de unos días de espera, Martín Menem le dio giro al proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” para que empiece a debatirse la semana próxima en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El objetivo es que el canciller Pablo Quirno sea quien vaya a la Cámara de Diputados a defender una iniciativa que, además de endurecer las penas para las empresas que explotan recursos en la plataforma continental argentina, crea el Consejo de Seguridad Nacional. 

En la oposición están en estado de alerta. Concientes de que el Gobierno buscará arrinconconarlos con un discurso nacionalista, las bancadas de la izquierda, la Coalición Cívica y el peronismo comenzaron a advertir que el proyecto tiene poco que ver con Malvinas y más que ver con darle más poder de intervención al Estado sobre la política local. “Van a cambiar el eje para distraer del tema de Presupuesto y Discapacidad, pero no nos tenemos que subir”, señala uno de los diputados opositores que viene impulsando la agenda por endeudamiento y emergencia en discapacidad. 

La clave está en la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que será el órgano encargado de asegurar la seguridad nacional y tendrá facultades extraordinarias para intervenir sobre lo que considere que es una “amenaza extranjera”. Un concepto que el proyecto amplía hasta alcanzar a cualquier persona u organismo que, por ejemplo, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. 

El Consejo de Seguridad Nacional estará habilitado a llevar adelante investigaciones administrativas amplias y sin control, así como aplicar sanciones a personas jurídicas o físicas. En el marco de estas investigaciones puede adoptar, ante un “riesgo grave e inminente”, medidas urgentes como el congelamiento de activos, restricciones sobre transferencias bancarias y comercio exterior, suspensión de autorizaciones, sin proceso previo. El Consejo estará integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, y por el titular de la SIDE. Será este organismo quien defina la política de seguridad nacional del país. 

“Más que un consejo, es una suerte de supraministerio con atribuciones muy amplias de definición de políticas, facultades de investigación y sanción administrativa, además de decidir sobre el uso del instrumento militar y la inteligencia estratégica nacional”, advierten en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que elaboró un informe analizando el proyecto y concluyó que representa una concentración de poder “inédita” en democracia “en nombre de la defensa de la soberanía”. 

“El proyecto crea procedimientos excepcionales, similares al estado de sitio, dentro de la legislación ordinaria, sin necesidad de pasar por el Congreso y a través de evaluaciones que no son controladas por nadie. Por eso el problema de las garantías comienza en el momento en que el Ejecutivo se arroga la capacidad de definir qué situaciones entran al campo de la Seguridad Nacional”, advierte el organismo en el informe, y señala que las facultades extraordinarias del Consejo “abren la puerta a su uso para controlar la opinión pública y perseguir a la disidencia sin necesidad de comprobar delitos en sede judicial”. 

El CELS sostiene que el Gobierno presentó el proyecto con la excusa de Malvinas, pero que la iniciativa excede la agenda de la soberanía para enfocarse en “un rediseño del Estado para generar un órgano con superpoderes”. La soberanía, insiste, “no requiere un nuevo órgano de gobierno sin controles que concentre capacidades militares, de inteligencia y de castigo basados en supuestos de intervención mal definidos”.

Algunos dirigentes opositores, sin embargo, ya comenzaron a poner reparos también en la primera parte del proyecto. Específicamente en la parte de que deroga la ley 26.659 –para reemplazarla por la que propone Milei, con penas más duras para las empresas que participen o asesoren la explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina sin autorización del país – y que, según advierten en la oposición, podría abrirle la puerta a una amnistía de hecho a las empresas ya sancionadas por la ley vigente. 

El primero en advertirlo fue el lilito Maximiliano Ferraro, que denunció que, sin una cláusula específica que preserve las sanciones vigentes, la inhabilitación podría perder sustento normativo después de la sanción de la ley. “El resultado podría ser que, en los hechos, se termine limpiando la inhabilitación de la misma empresa que fue beneficiada con el RIGI y con otras autorizaciones para explorar y explotar recursos. Eso se parece demasiado a una autoamnistía”, señaló el diputado de la Coalición Civica. 

Ferraro hace referencia al caso de Harbour Energy, la petrolera que quedó en el ojo de la tormenta porque fue autorizada para adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) pese haber sido sancionada en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas sin autorización argentina. En ese momento, la empresa se llamaba Premier Oil PLC: cambió el nombre, pero es la misma persona jurídica con el mismo registro británico. 

Cuando llegue Quirno a la Cámara de Diputados, la oposición esperará hambrienta. 

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–Si avanzan con esto no les vamos a voltear el capítulo, les vamos a voltear todo el Presupuesto. 

–Vamos a seguir trabajando como veníamos, no cambia nada. 

La respuesta de la bullrichista Silvana Giudici al ex gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, fue nerviosa, acelerada. Como Martín Menem y Patricia Bullrich, la diputada se enteró que el Gobierno había vuelto a declararle la guerra a las prestaciones por discapacidad cuando le empezaron a llover mensajes de periodistas en el teléfono. Los aliados se enfurecieron y el Gobierno quedó expuesto en una descoordinación interna que amenaza con volver invivibles los últimos meses antes de la campaña. Especialmente cuando un sector del círculo rojo todavía presiona por un insider que mantenga el rumbo económico de Milei sin Milei. 

Como siempre, la primera en reaccionar fue Bullrich. Indignada porque Luis Caputo envió el Presupuesto 2027 sin avisarle nada a nadie, ni siquiera durante la reunión del martes de la mesa política –donde se consensuó que había que tener cuidado con el tema discapacidad–, la ex ministra salió a quemar las naves. Responsabilizó en público a Caputo, se quejó de que la habían dejado como una “tonta” y acusó a su propio Gobierno de tensionar la relación con los aliados. Y después hizo lo impensable: subió un video cantando un tema de Lali Espósito, una artista a quien el Presidente detesta. 

La jefa del oficialismo en el Senado, que ha mutado de afiliaciones partidarias como de ropa, estaba exultante con las repercusiones. Bullrich hizo de los videoclips su forma predilecta para enviar mensajes políticos internos: cada vez que quería pelearse con Karina Milei, con Menem o con el propio Presidente, su equipo de comunicación le confeccionaba un video musicalizado con algún tema pop. Esta última vez, aprovechando el paso en falso de Caputo, Bullrich fue por Lali. La primera opción fue “La tonta”, de Jimena Barón, pero en su equipo pensaron que hubiese sido “demasiado fuerte”. El chiste se cuenta solo. 

Lo del Presupuesto fue la excusa perfecta para volver a diferenciarse. Como lo fue el pliego de la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, Verónica Michelli. O sus declaraciones sobre los límites del modelo económico de Milei si este no derrama, en algún momento, sobre la economía real. La senadora se lo repite incluso al propio Presidente en público, delante de otros funcionarios. Lo hizo en la última reunión de Gabinete y Milei estuvo casi una hora explicando por qué los indicadores económicos eran todos positivos. Fue ese intercambio lo que lo llevó a advertirles a sus legisladores, unas horas más tarde, que no se dejaran “psicopatear”.

“Están en Alicia en el País de las Maravillas”, se quejó, irritada, la senadora cuando salió de la reunión. Apenas se quedó media hora. 

Desorden interno

Algunos dirigentes libertarios hablan de mala fe, la mayoría lo atribuye a una falta de inteligencia interna. “No hubo maldad, pasa que somos un quilombo”, suspiró, resignado, un alfil menemista, que admitió que el riojano se enteró del contenido del Presupuesto como el resto: el martes a la noche, cuando ya todo el mundo lo tenía en sus manos. “Y si Menem no lo sabía, eso significa que Karina tampoco”, agrega, malicioso, un ex PRO devenido en libertario. 

La decisión de enviar un Presupuesto que barre contra todos los derechos adquiridos de las personas con discapacidad, luego de haber perdido seis votaciones en el Congreso, expuso como pocas cosas el nivel de desarticulación interna del Gobierno. Un desorden originario en LLA que Karina intentó resolver con el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete. Los problemas, sin embargo, continúan allí. 

En la misma semana que Santilli encadenó reuniones con seis gobernadores distintos para avanzar con la aprobación del Presupuesto y la eliminación de las PASO, los legisladores que responden a esos mandatarios discutían a los gritos con Menem, Giudici y el jefe del oficialismo en Diputados, Gabriel Bornoroni. “No cuidan ni a los propios, viejo”, se quejó, furioso, un legislador de una provincia del Norte que había acompañado la sesión opositora y negociaba, hace una semana, dar un gesto al oficialismo y acompañar sus propuestas para discapacidad y endeudamiento familiar.

Tras una semana de negociaciones con radicales, PRO y provinciales, el propio Gobierno terminó arruinando los intentos de Menem para evitar una nueva derrota en el Congreso. Se organizaron reuniones de emergencia. El riojano se reunió, primero, con los radicales y les prometió que nada de lo que decía el Presupuesto se aprobaría. Luego, Menem llamó a los legisladores libertarios más cercanos y les ordenó que volvieran de sus provincias para hacer control de daños. “Solo los que leemos de corrido”, ironizó, con maldad, uno de los presentes. 

El bloque libertario no se caracteriza por el orden interno, pero hicieron lo posible para bajar el perfil durante las dos reuniones de comisión emplazadas por la oposición. La línea del riojano, que pretende aprovechar los últimos tres meses que quedan antes de que arranque la campaña, era sencilla: nadie dice nada, nadie reacciona, quietos. Similar a la que planteó Karina durante la última reunión con legisladores libertarios. 

“No le peguen a los gobernadores aliados, portense bien hasta febrero”, les exigió la secretaria de la Presidencia, quien está a cargo, junto a los Menem, de cerrar las alianzas provinciales. A unos metros estaba la senadora salteña María Emilia Orozco, que quiere ser gobernadora de la provincia y aprovecha cada oportunidad que puede para cuestionar a Gustavo Sáenz, uno de los peronistas que se volvieron aliados clave del Gobierno. 

El traspié del Presupuesto desarmó la estrategia en solo 48 horas. La conducción libertaria asegura que los aliados fueron apaciguados, que todo marcha de acuerdo a lo planeado, pero el malestar se extiende al interior del propio oficialismo. “Hay un eslabón intermedio que está fallando. Y algunos están empezando a ver si hay algo en el medio”, desliza un dirigente del centro del país que se sumó hace tres años a LLA. 

Ese “algo en el medio” tiene nombre y apellido y es Patricia Bullrich. Es un secreto a voces que la senadora libertaria no quiere que el Gobierno elimine las PASO porque fantasea con la posibilidad de ir a una interna con Milei. Es ella, denuncian en el menemismo, quien está boicoteando la aprobación de la reforma electoral en el Senado. 

La senadora se mueve con cautela. Las encuestas que le llegan todas las semanas le muestran escenarios parejos: en sondeos sobre un futuro ballotage, a veces gana el peronismo, a veces gana Milei. No observa, de momento, que la crisis política del presidente sea terminal y está convencida de que Milei todavía tiene herramientas para mejorar su situación. No saca los pies del plato. No todavía.

“Solo le falta decir el que gana conduce, el que pierde acompaña”, comentó un senador peronista que fantasea con la posibilidad de que Bullrich se presente como candidata en 2027. Está convencido de que es la única que le puede ganar a Milei.

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El Gobierno abrió un nuevo frente de batalla con las personas con discapacidad. Luego de perder seis votaciones en el Congreso, La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. El Presupuesto 2027 no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90: una fantasía impulsada por el ministro de Salud, Mario Lugones, que dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo. 

Las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición: el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos. 

“Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”, se quejó un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado. La idea era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad – como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión. 

El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas. 

El Presupuesto 2027, por un lado, desmantela la ley de emergencia de discapacidad que se sancionó el año pasado, Milei vetó, el Congreso insistió, se buscó eliminar en el Presupuesto y la oposición rechazó en el recinto. El proyecto propone volver al modelo de “invalidez laboral” y elimina el Certificado Único de Discapacidad como única vía legal y directa para acceder a una pensión (que pasará a quedar a manos de la discrecionalidad del Ejecutivo). La incompatibilidad laboral se vuelve automática y no por dos sueldos mínimos, como establece la ley para garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. 

Lo más grave es que barre con el sistema de prestaciones que viene funcionando desde hace 30 años. No solo elimina la actualización mensual obligatoria de las prestaciones (que se estableció en la ley de emergencia), sino que elimina el arancel único que paga cada obra social y prepaga a los prestadores. La idea del Ejecutivo –cuyo autor intelectual es Lugones– es liberar a cada obra social y prepaga pueda definir los vales y las terapias que cubre. 

Quitan, además, la garantía legal de cobertura de salud. Es decir que la cobertura médica obligatoria dejará de ser un derecho legal exigible para los titulares de pensiones.

“Esto es invotable”, advirtieron los representantes de las provincias de Misiones, Córdoba y Santa Fe. 

“División de poderes”

El cortocircuito entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso quedó expuesto en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. 

“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.

En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad. 

Los aliados sospechan de una interna del Gobierno: Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna. 

“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.

MCM

“A ver decime, ¿qué artículo querés sumar?”, le pregunta una diputada oficialista al ex aliado misionero, Oscar Herrera Ahuad, mientras a un costado uno de los representantes de las asociaciones bancarias defiende la postura oficial sobre el endeudamiento familiar: lo mejor que puede hacer el Estado es no intervenir. En privado, la negociadora de La Libertad Avanza repite lo mismo, pero se muestra más flexible: el Gobierno quiere desactivar la ofensiva por los endeudados y está dispuesto a consensuar un proyecto light que le permita evitar una nueva oleada de derrotas legislativas. 

El oficialismo decidió cambiar la estrategia tras el triunfo opositor de la semana pasada. Una vez que los diputados del peronismo, la izquierda y el radicalismo díscolo consiguieron los votos de los gobernadores para forzar el tratamiento de los proyectos vinculados al endeudamiento y a la emergencia en discapacidad, el bloque libertario pegó el volantazo. “Tenemos una corta ventana antes de que arranque la campaña y se termine el amor, hay que aprovechar”, desliza una dirigenta del oficialismo, que observa que, a partir de diciembre, comenzará el sálvese quien pueda de los provincialismos que buscan la reelección. 

Javier Milei quiere que sus diputados disputen el relato de la caída de los ingresos. Por eso repartió panfletos sobre los éxitos económicos del Gobierno en la reunión del lunes en Casa Rosada. Y por eso es que el oficialismo está decidido, esta vez, a presentar sus propias propuestas para resolver las problemáticas sociales que la oposición puso en agenda. 

En el caso de la emergencia en discapacidad, que ya le hizo perder 6 votaciones en el Congreso el año pasado, el Gobierno ya comenzó a circular un dictamen que incluye algunos puntos de la ley sancionada por la oposición el año pasado. Se comenzará a discutir este miércoles. 

En cambio, sobre el aumento de la morosidad –que llega a las seis millones de personas–, la posición de LLA es más complicada. Milei y Luis Caputo vienen sosteniendo que es un “problema de privados” y que cualquier injerencia del Estado afectaría el crédito. Puertas adentro, sin embargo, un sector del oficialismo reconoce que hay que hacer un gesto hacia las familias endeudadas, al menos en términos discursivos. 

El oficialismo analiza varias opciones. La línea principal es sostener una mayor “transparencia” en el acceso al crédito, con exigencias claras, a bancos y billeteras virtuales, sobre las tasas y el costo financiero final de los préstamos que ofrecen. También reforzar la “educación financiera”, buscando instalar la idea de que el problema del endeudamiento no es por la caída de los ingresos, sino por falta de información de los endeudados. 

Lo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar, en cambio, es poner límites a las tasas, la eliminación de intereses punitorios o, en última instancia, la condonación de una parte de la deuda. El oficialismo no quiere abrirle la puerta a la reestructuración de las deudas: esa es una prerrogativa de los bancos, insisten, y cualquier intervención podría generar “problemas en la seguridad jurídica”. 

Fueron las asociaciones bancarias, incluso, las que tomaron la palabra durante el debate en la reunión informativa de las comisiones de Finanzas y Defensa al Consumidor. Mientras el oficialismo dialogaba con los representantes de las provincias aliadas, buscando convencerlos de que les mandaran sus propuestas para sumarlos a un dictamen final, los representantes de los bancos manifestaron sus reparos ante las propuestas opositoras. 

“Los bancos y los clientes ya están resolviendo las deudas. Es un proceso que está funcionando bien sin que el Estado esté ex profeso haciendo algo. Cualquier proyecto debe evitar afectar el proceso de normalización”, advirtió Javier Bolzico, presidente de la Asociación de Bancos Argentinos. Bolzico señaló que ya se habían habilitado planes de refinanciación a más de 500 mil clientes, aunque omitió decir que este número representa apenas el 8% del universo de endeudados en situación de mora. 

“Se rompe la seguridad jurídica. Si se imponen condonaciones compulsivas se cambian las reglas de juego. Los préstamos bancarios se aportan con plata de los depositantes, a medida que cambien las reglas de juego estos depositantes se les va a desarmar esa confianza. Y los bancos van a tener menos insumos para créditos futuros”, analizó Paz Adrogué, la gerenta de Técnica y Consejo Asesor de la Presidencia de la Asociación de Bancos de Argentina, en línea con la postura del Gobierno. 

La oposición, mientras tanto, observa los movimientos del oficialismo con alarma. “Hay que tener cuidado con que el Gobierno no nos choree el centro (político) con un proyecto naif y gane la votación”, advirtió un diputado opositor, mientras miraba cómo el oficialismo se movía entre los bloques de las fuerzas provinciales. La noche anterior, muchos de ellos habían presentado proyectos propios sobre endeudamiento. 

En total hay unas 76 iniciativas presentadas, muchas de ellas redactadas por los representantes de Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) o Martín Llaryora (Córdoba). El desafío de la oposición será consensuar un proyecto que incluya las propuestas de los gobernadores antes de que el Gobierno los seduzca para hacer lo mismo: la disputa por el relato de la problemática del endeudamiento, así como la solución que se les da a las familias, depende de eso.

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Karina Milei bajó línea a la tropa: gobernador que no apoyara la eliminación de las PASO, gobernador que tendría que prepararse para que el aparato de la Casa Rosada le intervenga electoralmente la provincia. Sin recursos para ofrecer, sin obras para prometer, la única prenda de cambio que tiene el Gobierno para negociar con los gobernadores es el ultimátum político: si quieren reelegir, acompañen la reforma electoral. 

Este martes, el oficialismo comenzará a debatir el proyecto de reforma política en la comisión de Asuntos Constitucionales en el Senado. El Gobierno no tiene los votos para eliminar las PASO –prioridad número uno de Karina, así como la de su hermano es el Presupuesto y la reforma de la carta orgánica del Banco Central– y el objetivo es escenificar un debate mientras Diego Santilli y Lule Menem intentan convencer a los gobernadores de aportar los votos para avanzar con la reforma. Hasta ahora, no han tenido éxito. 

La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, es la primera en confesarlo en privado. “Depende de que haya acuerdos políticos, y yo no veo a nadie corriendo para cerrar un acuerdo”, admitió, en diálogo con un aliado, quien comparte con Bullrich la mirada de que, pese al crecimiento de la imagen de Milei en las últimas semanas, el presidente está débil. La ex ministra es una de las que presiona, junto a Luis Caputo, para que haya algún tipo de gestualidad hacia los sectores perjudicados por el ajuste económico. 

“Me preocupa que esa velocidad esté al ritmo de lo que cada argentino necesita, para que el año que viene sienta que el esfuerzo que hizo tuvo un sentido”, declaró, hace un par de días, en una charla en la Universidad de San Andrés. La senadora libertaria observa que Milei está perdiendo apoyo en el sector más joven que lo llevó a la presidencia en 2023 y acumula recorridas en diversos institutos educativos: en su equipo hablan de contener el voto joven, pero nunca precisan para qué. “Bullrich está siempre regando la plantita de los votos”, suele repetir uno de sus principales colaboradores. 

Estas diferenciaciones de Bullrich –que ayer dijo, ante el Colegio de Abogados de la Ciudad, que había que defender la libertad de prensa– despiertan suspicacias en Karina y muchos de sus compañeros de bloque, algunos de los cuales deslizan que es la propia jefa de bloque la que boicotea algunas iniciativas. “Yo estoy atrapada. El Gobierno puede esperar una cosa, pero tengo los votos que tengo”, responde Bullrich, encogiéndose de hombros, cuando la cuestionan por el cuello de botella de proyectos en el Senado: la reforma del régimen de zonas frías, Super RIGI, Hojarasca, Biocombustibles, entre otras iniciativas, no logran pasar el filtro de los aliados. 

En el caso de la reforma electoral, la respuesta es la misma: sin cerrar los acuerdos electorales con las provincias, el número para avanzar con la reforma electoral no aparecerá. Algunas provincias, como Jujuy o Catamarca, están más encaminadas a cerrar un acuerdo, pero hay otras aliadas clave que observan, con temor, cómo le crecen alternativas libertarias que podrían poner en peligro su proyecto reeleccionista. Es el caso del salteño Gustavo Sáenz, que mira con terror la posibilidad de una candidatura de María Emilia Orosco, y el del tucumano Osvaldo Jaldo, que no solo tendrá que enfrentarse al libertario Lisandro Catalán sino también a su ex socio, Juan Manzur. 

Pero no son sólo las provincias. El PRO y la UCR, aliados que han acompañado todas las leyes de Milei, también se resisten a dar el visto bueno. El Gobierno intentó seducirlos incluyendo el proyecto de Ficha Limpia en la reforma electoral, ampliando la inhabilitación para ejercer cargos públicos a varios delitos (no solo a los vinculados a la corrupción), pero en el PRO y la UCR no olvidan que fue el Gobierno quien boicoteó la sanción de la Ficha Limpia hace dos años a través del voto de los senadores misioneros. Bullrich, a modo de gesto, incorporó los proyectos de Martín Goerling Lara (PRO) y Edith Terenzi (UCR) al debate. Pero no alcanza. 

La semana pasada, los delegados del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, se reunieron con los de LLA, Martín Menem y Lule Menem, por tercera vez en el mes. En estos encuentros, que apuntan a avanzar en acuerdos políticos y afinar las estrategias legislativas, el Gobierno no logró, hasta ahora, garantizarse el apoyo del PRO a la eliminación de las PASO. Pese al alineamiento automático de Ritondo con Milei, así como su apuesta a que Santilli sea el candidato del oficialismo en Provincia de Buenos Aires, el jefe del bloque PRO en Diputados no termina de tranquilizar al Gobierno. La culpa, advierten en Casa Rosada, es de Mauricio Macri, quien no termina de querer soltar la herramienta de las PASO.

Santilli, que tiene una mano en ambos lados del mostrador, intenta interceder, pero la postura oficial de Ritondo sigue siendo la misma: el PRO está dispuesto a acompañar la eliminación de la obligatoriedad de las primarias, pero no más. Es decir, que haya una PAS (Primarias Abiertas y Simultáneas). Durante un tiempo, el Gobierno lo barajó como una posibilidad: al no ser obligatorias, las internas perderían su funcionalidad, ya que la participación bajaría y dejarían de funcionar como una gran encuesta. Dado que el presidente no tiene planeado ir a una interna con nadie, la ausencia de la propuesta electoral del oficialismo les quitaría peso y, por lo tanto, reduciría la incertidumbre política de una campaña muy larga. 

En el Gobierno ya reconocen que los votos para eliminar las PASO no están, así que apuestan a repetir la estrategia del año pasado. Es decir, ir por la suspensión y patear la discusión de fondo para más adelante. El número, sin embargo, no aparece todavía. Y los tiempos comienzan a acortarse: la Cámara Nacional Electoral ya emitió una acordada solicitando al Congreso que respete los estándares internacionales para debatir reformas electorales, advirtiendo que se estaba acercando demasiado a la fecha de la elección. 

Queda poco tiempo, y los gobernadores lo saben. Una apuesta a jugar con las ansiedades oficialistas en tiempos de vacas flacas.

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Sergio Massa llegó al Hotel Savoy por el homenaje a José Manuel de la Sota y repartió besos y abrazos como si fuera el anfitrión. Se saludó afectuosamente con los cordobeses Martín Llaryora (gobernador) y Juan Carlos Maqueda (ex juez de la Corte Suprema), se dio un largo abrazo con el salteño Juan Manuel Urtubey y se besó con la bonaerense Victoria Tolosa Paz y el banquero Jorge Brito. Se encargó, luego, de que el video circulara por todas partes. El modus operandi del tigrense para decir que volvió al ruedo (del que nunca se fue). Después viene el operativo clamor. 

No hace falta que dé entrevistas: Massa hace saber cuando quiere blanquear que va por algo. Una candidatura, un cargo, una paritaria interna. Primero en el homenaje por la muerte del ex gobernador cordobés, de quien fue amigo y socio político, después con un asado en San Fernando con intendentes peronistas. “Lo que tenemos que promover es la unidad con competencia”, les dijo a los jefes comunales. Lo escuchaban Federico Otermin, Mariel Fernández, Federico Achaval y Nicolás Mantegazza: cuatro de los más de 12 dirigentes bonaerenses que ya se anotaron en la pelea por la gobernación de la Provincia de Buenos Aires. 

Cristina Fernández de Kirchner no esconde que tendrá candidato propio para competirle a Axel Kicillof, y ensaya estrategias para desgastarlo. Massa es una de ellas, por más que la estrategia oficial sea sostener la bandera de Cristina presidenta. Mientras Máximo Kirchner promueve la precandidatura presidencial de su madre, quien sabe que está inhabilitada por la Justicia, Cristina baraja opciones. No descarta a Massa, a quien ya respaldó en 2023 y observa que es de los pocos con ambición y posibilidades de competirle una interna a Kicillof, pero deja correr nombres. 

Uno es el santiagueño Gerardo Zamora, quien comenzó a deslizar, en la última semana, que puede atraer gobernadores del extrarradio panperonista a un frente electoral. Zamora, como el sanjuanino Sergio Uñac y otros globos de ensayo provinciales, funciona como una garantía de que los gobernadores tendrán una pata en el futuro armado electoral del peronismo. Aún aquellos que rompieron con el peronismo K, se aliaron a Javier Milei y le prenden la vela a cualquier candidato del círculo rojo –hasta a Patricia Bullrich– antes que a Kicillof. 

Uno de los dirigentes que organizó la cumbre en el Hotel Emperador, hace ya tres semanas, suele hablar de los “tres círculos de la gobernabilidad”. El primero es el de ellos, el círculo chico de opositores duros a Milei (que se caracteriza, además, por ser el que está enfrascado en la interna fratricida). El segundo círculo son los gobernadores peronistas que rompieron con el kirchnerismo y que “se fueron” a cuidar el pago chico. Y el tercero son los gobernadores radicales, como Juan Pablo Valdés o Carlos Sadir, que acompañan las leyes de Milei pero se han visto perjudicados por el ajuste económico. 

El contacto entre los peronistas y los gobernadores radicales no se cortó nunca. Massa, Kicillof, Máximo, Cecilia Moreau, Germán Martínez y José Mayans tienen un vínculo aceitado con muchos de los mandatarios, incluso con los del PRO. La fantasía es poder cerrar una gran coalición que los incluya a todos. Idealmente para la elección, de mínima para generar la gobernabilidad de un futuro gobierno peronista. 

“A estos tipos les conviene más que ganemos nosotros, y lo saben”, asegura uno de los interlocutores semanales de los gobernadores radicales. Fueron esas charlas las que lograron desactivar el capítulo de extranjerización de tierras y de la ley de manejo del fuego en la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y son las charlas que están manteniendo, hace ya semanas, para evitar que Karina Milei suspenda las PASO. 

En los bloques peronistas del Congreso hacen cuentas y calculan que, de ganar las elecciones, el peronismo tendrá la mayoría en ambas Cámaras para avanzar con las futuras reformas (y deshacer las de Milei). Un optimismo aritmético que contrasta con el desorden interno. Y es que antes de pensar en un futuro gobierno, el peronismo debe definir un candidato. Y si bien el peronismo coquetea con sumar a los gobernadores como tercera pata de la mesa, para Massa, Kicillof y parte del cristinismo el futuro no vislumbra muchas opciones, sino solo dos.  

La larga marcha de Kicillof

El motivo por el cual Massa y varios jefes provinciales –Zamora, Uñac, incluso el riojano Ricardo Quintela coquetea para ganar peso interno– empiezan a mostrarse es porque todos observan lo mismo: el principal candidato, Kicillof, tiene un techo electoral que no logra perforar. 

En todas las encuestas que pasan por los despachos peronistas, Kicillof aparece como el dirigente opositor con mayor intención de voto. En los últimos meses, Cristina comenzó a superarlo en el ranking de imagen positiva –en algunos sondeos que llegan a la calle Libertador, incluso, lo supera por 8 puntos a Kicillof– pero, al no poder ser candidata, es una fortaleza que funciona más como factor de negociación en la pelea que realmente le importa a CFK: la Provincia de Buenos Aires.

Kicillof aparece, por lo general, como la figura mejor posicionada para encarar la carrera presidencial. El problema, observan incluso dentro del mismo kicillofismo, es que no crece.

La caída de la imagen de Milei se explica, en parte, por la pérdida de adhesión de los jóvenes de sectores populares que, en 2023, fueron el motor de la candidatura del presidente. Esos votos, sin embargo, no terminan volcándose hacia otra opción alternativa, sino que viran a algo que, en el Observatorio Pulsar de la UBA, definen como el “auge del ningunismo”. 

Massa, hace tiempo, accede a un tracking diario que le mide quién ganaría una hipotética interna en el peronismo. Estos informes, hasta hace unas semanas, le mostraban que Kicillof se imponía. Pero, en los últimos días, el escenario se dio vuelta: el tigrense mira números que le hacen creer que no solo el peronismo puede ganar la elección –la mayoría son escenarios de empate con Milei–, sino que podría ser él quien lidere esa victoria. 

“Axel no solo no está creciendo, se achica. No podés ser el heredero peleándote con tu mamá”, grafica un dirigente massista. La interna entre CFK y Kicillof, advierten en el Frente Renovador, le hizo perder votos a Kicillof. Votos que el tigrense, en su fuero íntimo, fantasea con que puedan ir a él si Cristina lo bendice. 

En el kicillofismo, sin embargo, toman esos números con sorna. La cuenta que hacen en La Plata es mirando los resultados de un ballotage con Milei –los resultados les dan 50-50, a veces gana Milei, a veces gana el gobernador– y en todos les aparece el gobernador como principal figura de la oposición a competirle al Presidente. “La única manera de que Sergio gane una interna es con el diseño electoral, poniendo candidatos de izquierda que saquen votos. Pero con los votos naturales no alcanza, y lo sabe”, señala un funcionario bonaerense que trabaja en la candidatura de Kicillof.

Hay una discrepancia sobre el resultado final, pero en el equipo de Kicillof coinciden en que la batalla final del peronismo tendrá solo dos competidores. El gobernador, por un lado. Y Massa, con el aval de Cristina, por el otro. “No va a aparecer nada más. Hadad, Brito: cualquiera que salga de la polarización lo van a cagar a piñas. Es lo que hay, ese es el problema”, se resigna, con un suspiro, un dirigente massista. 

MCM/MG

Los diputados de La Libertad Avanza ingresaron al recinto casi a la par que los del peronismo, este mediodía de miércoles. Fracasado el intento oficialista de boicotear la sesión, Martín Menem hizo lo único que podía hacer para evitar quedar expuesto ante la derrota: bajar a dar quórum con el resto de la oposición. Casi por unanimidad, los bloques opositores y oficialistas acordaron un cronograma de trabajo para dictaminar hacia fin de mes los proyectos de endeudamiento familiar y de emergencia en discapacidad. Solo los radicales mileístas se rehusaron a dar quórum.

El oficialismo intentó ponerle buena cara y fingir que todo había marchado de acuerdo al plan, pero era difícil tapar la derrota. Por primera vez en el año, la oposición había logrado imponerse en la Cámara de Diputados para avanzar con su propia agenda. La última vez había sido durante el debate del Presupuesto 2026, en diciembre, cuando la oposición volteó el capítulo que derogaba las leyes de discapacidad y de financiamiento universitario. Desde entonces, la agenda había sido controlada por Menem. Hasta ahora.

“Se les escapó la tortuga”, sonreía, eufórico, uno de los armadores opositores en la previa de la sesión, que consiguió quórum con facilidad. El emplazamiento de las comisiones para tratar la emergencia en discapacidad, que se dictaminará el 23 de septiembre, se aprobó por unanimidad. Los libertarios, incluso, jugaron a aplaudir con la oposición cuando el tablero mostró el resultado en verde (votos favorables). Lo mismo sucedió con el emplazamiento para tratar los 50 proyectos por endeudamiento, aunque con una salvedad: el santacruceño José Garrido, en soledad, votó en contra.

Quienes estaban enojados eran los radicales que comanda la mendocina Pamela Verasay, que quedaron en offside negándose a dar quórum para la sesión opositora. “¿Por qué nos exponen así? Hace dos semanas les dije que tenían que habilitar las comisiones, que el tema de discapacidad era delicado”, se quejó una espada radical que juega en tándem con el oficialismo.

A Menem le sucedió lo que otras veces: jugó al límite y, cuando vio que la presión sobre los aliados no surtía efecto, pegó el volantazo antes de estrellarse. Si habían perdido era cuestión de que no se notara.

En el Gobierno creyeron que los gobernadores de siempre –Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rolando Figueroa (Neuquén)– se plegarían a último momento a la estrategia oficialista. Les prometieron recursos y una solución para las personas con discapacidad, que denuncian que el Gobierno no está cumpliendo con la compensación a los prestadores que establece la ley. Pero los gobernadores, esta vez, no les creyeron. Y el Gobierno tuvo que aceptar que la oposición tendría su mayoría.

Para evitar quedar expuestos en la derrota, los libertarios se plegaron al quórum y festejaron acordar un mismo cronograma de trabajo con la oposición. Negaron que el Gobierno no estuviera cumpliendo con la ley de emergencia en discapacidad, pero, por lo bajo, se comprometieron a establecer un plan de pagos para normalizar la deuda con los prestadores. Prometieron, a su vez, incluir las disposiciones de la ley de emergencia de discapacidad, que vence este año, en el Presupuesto 2027. Ver para creer.

El triunfo opositor, sin embargo, arrastraba una incómoda nota al pie. Habían logrado llevar la agenda de los endeudados y las personas con discapacidad en Diputados luego de meses de intentos fallidos, sí. Pero a ninguno se le escapaba que la victoria tenía patas cortas: el oficialismo tenía mayoría en todas las comisiones emplazadas, por lo que, si querían, podían evitar que los proyectos se dictaminen.

Caso de los proyectos por tema endeudamiento, por ejemplo. Las comisiones emplazadas fueron la de Finanzas y la de Defensa al Consumidor. La de Presupuesto, en cambio, había quedado afuera: una estrategia opositora –que el oficialismo buscó apropiarse como propia– para no incluir ninguna iniciativa de alivio para los endeudados que arrastrara un costo fiscal (y, por lo tanto, pudiera ser impugnada por el presidente). En Finanzas y en Defensa del Consumidor, el oficialismo, junto al PRO y la UCR aliada, cuenta con 16 de los 31 integrantes.

Es decir, el oficialismo tiene la llave para definir si los proyectos mueren en las comisiones o no. Sin dictamen, la oposición necesita dos tercios para aprobar las leyes: un número imposible de conseguir.

“Cuándo empezamos no teníamos ninguna expectativa y hoy se sentaron y votaron. Hay que tener fe, quizá los convencemos”, deslizó, no muy convencida, una de las principales espadas de Unión por la Patria.

El peronismo era conciente de las limitaciones del triunfo opositor, pero prefirió disfrutar el momento. Tras el recambio legislativo, Menem se había hecho del control de la Cámara de Diputados y ellos, por primera vez en el año, le habían impuesto una mayoría. Las consecuencias de este giro se verían más adelante.

MCM/MC

Este miércoles, el Gobierno medirá los límites de la estrategia comunicacional que desplegó tras la cadena nacional por la causa Malvinas. Luego de días de hiperactividad, con un Javier Milei eufórico por las repercusiones sobre su cambio de postura respecto la soberanía de las islas, el oficialismo se enfrenta a una eventual derrota: que la oposición consiga el número para avanzar en una sesión sobre la crisis del endeudamiento familiar y la emergencia en discapacidad. Hasta último momento, Diego Santilli llamó por teléfono a gobernadores e hizo promesas, pero los aliados se negaron: no bastaba con promesas, querían resultados de antemano.

“Estamos bien. Ayer no estaban seguros, hoy tengo el número”, aseguró una de las espadas peronistas encargadas de juntar el quórum para la sesión del miércoles, que comenzará al mediodía en la Cámara de Diputados. La oposición ya había conseguido 133 voluntades para avanzar con el tema hace dos semanas, pero se imponía la máxima que rige en todos los despachos opositores: no se puede confiar en los gobernadores.

Santilli estuvo llamando a todos los gobernadores del Norte, intentando seducirlos con partidas futuras a cambio de boicotear la sesión. El misionero Hugo Passalacqua, que viene de romper con el jefe Carlos Rovira, ya había definido con el diputado (y ex gobernador) Oscar Herrera Ahuad que darían quórum. Ellos ya habían presentado su propio proyecto sobre la problemática del endeudamiento y, además, Passalacqua ve negocio en diferenciarse del Gobierno (y Rovira) de cara a las elecciones del año que viene.

La incógnita era el salteño Gustavo Sáenz, que el lunes a la mañana había confirmado a todos sus diputados para el quórum y, por la tarde, había cambiado de opinión. A última hora del martes, en la previa de la sesión, los tres salteños habían prometido a sus compañeros de bloque en Argentina Federal que bajarían a dar quórum. Si los salteños cumplían con lo prometido, así como los catamarqueños de Raúl Jalil y el conjunto de Provincias Unidas, la oposición tendría más de 129 presentes para el quórum.

Es por este motivo que Santilli llamaba y prometía recursos y obras, una negociación que busca enganchar con la discusión del Presupuesto 2027 (que se presenta la semana próxima). “Basta de promesas, que la ponga por delante antes si quiere que acompañamos. Pero (Luis) Caputo no le va a dar la plata”, masculló un operador norteño.

Martín Menem juntó a los jefes de bloque aliados en su despacho del primer piso de la Cámara de Diputados por la tarde. Ni atinó a pedirles que lo ayudaran a boicotear la sesión: en el oficialismo predominaba, hace horas, la convicción de que la oposición tendría el número. Hasta los sanjuaninos de Marcelo Orrego habían prometido que darían quórum: ninguno quería quedar expuesto en un tema tan sensible como la emergencia en discapacidad.

Los aliados, incluso, le reclamaron a Menem que el Gobierno terminase de pagar una compensación adeudada a los prestadores incluida en la ley sancionada el año pasado. “Sabían que se venía el tema de discapacidad y no hicieron nada igual. Son todos errores propios”, deslizó una radical que suele jugar con el Gobierno, luego de la reunión en el despacho de Menem.

La oposición, mientras tanto, se mostraba confiada: todo marchaba acorde al plan, al menos por ahora. El verdadero desafío, en cambio, vendrá más adelante. Es decir, cuando llegue el momento de unificar un proyecto de consenso sobre la problemática del endeudamiento, ya que hay 50 proyectos presentados. El objetivo es presentar una iniciativa a prueba de impugnaciones presidenciales por representar un costo fiscal.

En el peronismo anticipan que, cualquiera sea el proyecto final, probablemente derivará en un veto presidencial. Y que, a diferencia de los números del año pasado, el oficialismo cuenta con un tercio para blindar cualquier veto. La discusión pasa por otro lado: sostener la agenda de los endeudados y forzar al Gobierno a dar una respuesta o, al menos, hacerle pagar el costo político de un veto antipático en la previa de un año electoral.

MCM/MG

Axel Kicillof está decidido a ser la contracara de Javier Milei. Si el presidente vacía la cumbre de la UIA en el Día de la Industria, el gobernador bonaerense organiza un acto propio con empresarios en un parque industrial de Morón. Si Milei dice que el aumento del endeudamiento familiar es un problema entre privados, Kicillof denuncia a las billeteras virtuales por violar los derechos del consumidor. Y si Milei viaja a Misiones, en donde fue recibido con un tractorazo de productores yerbateros, Kicillof también viaja a Misiones y organiza una recorrida por una cooperativa yerbatera.

Este miércoles, el gobernador bonaerense desembarca en Posadas como parte de su gira por las provincias para construir una alternativa que le gane a Milei en 2027. En medio de la interna entre el gobernador misionero, Hugo Passalacqua, y su ex jefe político, el mandamás provincial Carlos Rovira, Kicillof visita Misiones arrastrando los coletazos del último capítulo de su propia interna con su ex jefa política. Es decir: el acto de Máximo Kirchner frente a San José 1111 a cuatro años del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner.

Allí, frente a la puerta del edificio donde CFK cumple prisión domiciliaria, la militancia camporista volvió a ensayar las estrofas de una canción contra Kicillof que la organización cristinista le dedicó por primera vez en el club Atenas, allá por 2024. “Cristina es la conducción, vamos a ver si se entiende”, cantó la militancia y, en respuesta a una vieja frase de Kicillof sobre “entonar nuevas canciones” y renovar al peronismo, remataron: “Y si querés otra canción, vení te presto la mía”.

El acto de Kirchner rompió la frágil tregua a la que se había llegado tras la cumbre peronista en el Hotel Emperador, donde Kirchner, Kicillof, Sergio Massa y los gobernadores peronistas se vieron cara a cara por primera vez en muchos años. La canción enfureció a Kicillof, quien está convencido de que el único objetivo de Cristina y de su hijo es desgastarlo para que llegue disminuido a las elecciones presidenciales del 2027. El cristinismo, en cambio, se hace el desentendido y acusa a Kicillof de victimizarse.

El resto del panperonismo, mientras tanto, observa la interna kirchnerista con incredulidad. La interna por la conducción del peronismo pasó a depender de qué canta cada agrupación en los actos partidarios.

En este escenario, y con un Kicillof que se niega a blanquear su candidatura presidencial antes del año que viene, el gobernador prefiere hablar de construir grandes coaliciones nacionales y fortalecer su presencia en el resto del país. Ya pasó por Córdoba, Tierra del Fuego, Chaco, Corrientes y La Pampa. Y ahora es el momento de Misiones.

La visita a Misiones fue organizada por el presidente del PJ local, Christian Humada, y por el propio Passalaqcua, con quien Kicillof mantiene una buena relación. Desde que Passalacqua rompió con Rovira, el peronismo se entusiasma con sumar al gobernador misionero, fiel aliado de Milei durante los primeros años de gobierno libertario, a un frente opositor más duro. Passalacqua comenzó a dar muestras de independencia de la estrategia legislativa del mileísmo, manifestando su rechazo a la ley de extranjerización de la tierra y, ahora, prometiendo dar quórum para la sesión opositora por la problemática del endeudamiento familiar.

Passalacqua y Kicillof firmarán convenios de colaboración entre Misiones y la Provincia de Buenos Aires en materia de desarrollo industrial. Una excusa para mostrarse juntos, sacarse una foto y enviar un mensaje al Gobierno, que viene de sufrir un tractorazo en su contra cuando viajó a Misiones el último viernes. El propio Milei desembarcó en Misiones –junto a Federico Sturzenegger, Luis Caputo, Martín Menem y Pablo Quirno– y fue recibido por una protesta de productores yerbateros, que denuncian una crisis en el sector.

Kicillof, por su parte, buscará capitalizar este malestar y se reunirá con la yerbatera “Cooperativa Las Tunas”. También recorrerá una fábrica agropecuaria y una escuela secundaria de la ciudad. El evento final será un gran acto en el PJ misionero, en el que se espera que haya mucha presencia de militancia peronista y sindical. Kicillof, sin decirlo, buscará mostrarse como presidenciable.

MCM/CRM

Eufórico ante el impacto político generado tras la cadena nacional por Malvinas, el Gobierno pretende estirar el efecto lo más posible. O al menos hasta este miércoles, que es cuando la oposición buscará sesionar para tratar unos 50 proyectos vinculados al endeudamiento de las familias. Mientras baraja la posibilidad de presentar el proyecto sobre “soberanía” ese mismo día, de modo de eclipsar la avanzada opositora, el Gobierno comenzó a operar sobre los gobernadores de Santa Fe, Salta y Tucumán para voltear la sesión por endeudamiento.

“No creo que aprueben la ley, y si la aprueban no van a poder sostener nunca un veto”, se desentendió un operador libertario mientras, en la Cámara de Diputados, los jefes de la oposición habían comenzado a sondear las voluntades para el quórum de la sesión de mañana. Frente a la problemática del endeudamiento familiar, los voceros de La Libertad Avanza repiten la línea trazada por Javier Milei: es un problema entre privados sobre el que el Estado sólo puede intervenir de manera indirecta, dándole “credibilidad” al modelo económico y apostando a la baja de la inflación.

En conversaciones con aliados, sin embargo, funcionarios del Gobierno comenzaron a prometer medidas. Si no para los endeudados, que superan los 20,9 millones y ya arrastran casi 6 millones que no están pudiendo pagar las deudas, al menos para atender la emergencia en discapacidad. La ley que la oposición le impuso a Milei el año pasado, superando el veto presidencial e instalando la actualizaciones de los nomencladores de las prestaciones, vence a fin de año, y la oposición está buscando prorrogarla un año más.

En las provincias advierten que, cuando la Nación no se hace cargo, los reclamos políticos recaen sobre los gobiernos locales, que arrastran desde hace dos años las consecuencias de la caída de la recaudación. Un reclamo que apunta fundamentalmente a la presión sobre los hospitales y clínicas provinciales, pero también sobre al incremento de la morosidad: muchos de los gobernadores que hoy se resisten a las iniciativas opositoras para reestructurar las deudas vienen impulsando, hace algunas semanas, respuestas locales a los problemas de morosidad familiar.

Es el caso, por ejemplo, del mendocino Alfredo Cornejo, que presentó ayer una ley de alivio financiero en la Legislatura provincial. Pero también del chubutense Nacho Torres o del cordobés Martín Llaryora.

En la oposición observan con alarma los movimientos de los gobernadores que, hace dos semanas, comprometieron su apoyo en la última sesión de Diputados. Es el caso de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes acompañaron la avanzada opositora de hace un par de semanas, durante la sesión que aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central, y que ahora están en duda. “El Gobierno está presionando”, advierten en las filas opositoras.

En el oficialismo se mueven con cautela. Puertas adentro, Martín Menem y Diego Santilli dialogan con los aliados, buscando desactivar una sesión que echaría por tierra la centralidad conseguida tras la cadena nacional de Milei por la causa Malvinas. Para afuera, en cambio, se muestran confiados: aunque la oposición consiga el número para la sesión del miércoles, solo logrará avanzar con el emplazamiento de las comisiones. De ahí a la aprobación de las leyes hay un largo trecho y, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el Gobierno tiene el número para sostener cualquier veto presidencial.

Un problema, diferentes universos

La oposición enfrenta dos desafíos. Por un lado, evitar el boicot del Gobierno y convencer a los gobernadores aliados a Milei de alinearse detrás de la nueva bandera opositora: la de la crisis del endeudamiento familiar. Pero más allá de las negociaciones políticas y de un juego de mayorías que amenaza con chocarse con un veto infranqueable, la oposición primero necesita definir prioridades. El diagnóstico es el mismo –la caída de los ingresos y la eliminación de los controles en la asignación de créditos duplicaron la mora en dos años–, pero las propuestas de alivio financiero varían según el universo al que se quiere beneficiar.

En total, hay unos 50 proyectos de ley presentados por la oposición. Algunos dialogan con los 20 millones de endeudados y plantean marcos regulatorios que pongan límites a las prácticas abusivas y a las tasas liberadas. Otros apuntan específicamente al universo de 6 millones de morosos, fijando regímenes de reestructuración de las deudas y la eliminación de intereses punitorios. Otros, mientras tanto, buscan mecanismos de intermediación con los acreedores informales, que ya no son ni bancos ni fintech, sino prestamistas de última instancia.

La mayoría de las iniciativas establecen diferentes mecanismos de reestructuración de las deudas. Algunos, como el de la peronista Kelly Olmos, proponen que quienes tengan deudas de consumo de hasta tres Canastas Básicas Totales –más de $1,5 millones– podrían ingresar obligatoriamente a un régimen de regularización que establece condonaciones del 100% de los intereses punitorios, planes de pago de hasta 36 cuotas y la suspensión de los embargos hasta que se cumpla el plan.

Otros, como uno presentado por Natalia Zaracho e Itai Hagman (Patria Grande), proponen crear un fondo que compre y reorganice las deudas de personas con ingresos que no superen los seis salarios mínimos ($2,3 millones) ni tengan un vehículo o propiedad a su nombre. La iniciativa establece que se fijará un plan de pagos con cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona adeudada.

Otros proyectos apuntan fundamentalmente a endurecer las reglas para bancos, tarjetas y fintech. En el caso de las billeteras virtuales y fintech, que ofrecieron créditos a tasas que duplicaron los créditos bancarios, los proyectos apuntan a fijar límites y regulaciones. En el caso del proyecto del radical Pablo Juliano, se exigen evaluaciones previas sobre la capacidad real de pago del usuario y obliga a las aplicaciones a precisar de manera clara cuáles serán las comisiones y el costo financiero total del préstamo otorgado.

La mayoría de las iniciativas coinciden, además, en regular las prácticas de cobranza para impedir el hostigamiento abusivo a los deudores.

En un mar de propuestas, que afecta a universos distintos, la oposición tendrá por delante el desafío de presentar una propuesta unificada que no genere costo fiscal. El objetivo es evitar que Milei pueda acusarlos de “degenerados fiscales” y dificultarle, así, la posibilidad de justificar un eventual veto presidencial.

MCM