Fue el derrumbe de la ley de extranjerización de tierras lo que habilitó que, finalmente, todas las patas del peronismo volvieran a reunirse en un mismo lugar. Ayer a la noche, en un hotel de la Ciudad de Buenos Aires, Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner se vieron las caras por primera vez en más de un año. La cumbre contó también con la presencia de casi todos los gobernadores peronistas y los jefes de bloque del Congreso, Germán Martínez y José Mayans. Una primera postal de unidad luego de meses de coquetear con la ruptura.

En el encuentro no se habló de candidaturas, sino que se optó por dejar la discusión para más adelante. Al menos tres de los dirigentes que participaron de la reunión tienen pretensiones presidenciales –Kicillof, Massa y Gerardo Zamora, que también formó parte de la comitiva–, pero no hubo mención al tema. Organizada por Mayans y Martínez, la cumbre tenía como objetivo comenzar a diseñar una estrategia para evitar la eliminación de las PASO. Una amenaza que pesa sobre el peronismo desde que Karina Milei decidió que la prioridad del Gobierno debía ser avanzar con la reforma electoral para evitar que la oposición pueda presentar una oferta electoral unificada.

“Milei tiene como único objetivo la reelección. Y está dispuesto a todo en función de eso”, explicó uno de los participantes de la reunión, que se llevó a cabo en el Hotel Emperador, ubicado sobre la Avenida Libertador, y se extendió durante más de cuatro horas. El encuentro se desarrolló en un “buen clima”, según los asistentes, y giró fundamentalmente alrededor de la necesidad de resistir la avanzada del Gobierno para eliminar o suspender las PASO. “Los que apoyen la eliminación o suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de ayudar a Milei a tener 4 años más de este infierno para la gente”, advirtió uno de los dirigentes peronistas.

Era la primera vez que el líder de La Cámpora y el gobernador bonaerense se veían en persona desde el cierre de listas para las elecciones legislativas, una instancia que había terminado con una unidad atada con alambres y que explotaría poco después de la derrota. Desde entonces, la interna entre el gobernador y Cristina Fernández de Kirchner no hizo más que escalar, en una espiral de enfrentamientos que amenazó con romper la alianza en más de una oportunidad.

La clave, advierten quienes participaron, fue la presencia de casi todos los gobernadores peronistas críticos a Javier Milei. Además de Kicillof, dieron el presente Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), así como también el senador santiagueño, Zamora. “Axel se sintió respaldado entre los gobernadores”, explicaban en el kicillofismo, en donde marcaban la diferencia con la última cumbre organizada por Quintela en La Rioja a la que el gobernador no había querido participar “sólo para sacarse una foto y que después no cambie nada”.

Hubo varios intentos para reunir a los socios principales del panperonismo, pero todos fracasaron debido a las sospechas cruzadas. La negativa de Kicillof a reunirse con CFK, quien se encuentra presa en su domicilio de San José 1111, había llevado la guerra con La Cámpora a una instancia de pases de factura diarios, insultos públicos y acusaciones de “traición”. La Cámpora trata a Kicillof como si fuera un enemigo interno, y Kicillof rechaza cualquier tipo de acercamiento a la organización que responde, en última instancia, a la expresidenta.

La derrota del Gobierno en el Senado el jueves pasado, sin embargo, modificó el clima. La presión social que tiró abajo el capítulo de la Ley de Tierras, así como el trabajo conjunto de varios referentes del peronismo para voltear el capítulo de la Ley de Manejo del Fuego, habilitó la apertura de una nueva conversación. Hubo una coordinación opositora que contó con la participación de senadores cristinistas, como Mayans, Wado de Pedro o Juliana Di Tullio, el diputado Martínez y el propio Massa. Cada uno llamó por teléfono a gobernadores y senadores indecisos para convencerlos de que no acompañaran el capítulo que flexibilizaba la Ley de Manejo del Fuego y lograron, así, dar vuelta el capítulo.

“Todos trabajaron en voltear la ley. Después de eso no hubo otra que juntarse a charlar”, admite un dirigente bonaerense con diálogo con todas las terminales del peronismo. Una tregua después de meses de pelea sin cuartel, que no resuelve los problemas de fondo, pero ofrece una primera imagen de unidad después de más de un año. “Es un primer gesto que intenta mostrar que, en 2027, vamos a ir todos juntos”, se esperanza el referente peronista.

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El proyecto de Carolina Losada que endurece las penas de denuncias falsas acumula críticas en organismos de derechos humanos de todo el mundo. El rechazo a la iniciativa, que ya fue cuestionada por organizaciones feministas y por las mismas víctimas del entrenador de fútbol que le dio nombre a la ley (Diego Guacci), llegó ahora a la ONU y a la OEA. En su último informe, el Comité de Expertas de la OEA encargado de prevenir la violencia contra la mujer en todo el continente advirtió que, de avanzar la ley de Losada, la Argentina violaría tratados internacionales.

Hace meses que Losada busca incluir la ley en alguna de las sesiones convocadas por Patricia Bullrich en el Senado. La iniciativa, que endurece las penas para los delitos de denuncias falsas y de falso testimonio en casos de violencia de género, cuenta con el apoyo de Javier Milei, con quien Losada tiene una relación directa, según señalan en el oficialismo. Iba a tratarse en la sesión del jueves pasado, cuando se debatió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió posponerse porque no podían incluir nuevas iniciativas al temario (ya que era la continuación del cuarto intermedio de otra sesión).

La senadora radical busca, ahora, la revancha, pero empieza a chocar con el mismo fenómeno que hizo caer el capítulo de extranjerización de tierras. Es decir: a medida que pasa el tiempo, el debate se dilata, las críticas contra el proyecto se acumulan y los senadores que, hasta hace un mes, estaban dispuestos a votar a favor, empiezan a dudar. “Losada insiste con su proyecto y no se da cuenta de que le está pasando lo de la Ley de Tierras, perdió la batalla cultural”, desliza un senador aliado al Gobierno.

Las primeras en salir a denunciar el proyecto fueron las organizaciones de abogadas que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, que advirtieron que la iniciativa tendría como consecuencia el desincentivo de las denuncias por un tipo de delito ya de por sí muy subregistrado. Según datos oficiales, sólo el 18% de las víctimas de femicidio denunciaron previamente situaciones de violencia (Corte Suprema, 2024). Los delitos contra la integridad sexual, mientras tanto, son el delito violento menos reportado: solo el 12,5% de las víctimas lo denuncia (INDEC, Encuesta Nacional de Victimización, 2018).

Frente a este escenario, Losada y Bullrich negociaron modificaciones en el proyecto con el resto de los bloques aliados. Para alejar el proyecto de su foco original sobre las denuncias por violencia machista, la senadora suprimió las referencias explícitas a la violencia de género o a la violencia contra las infancias. Las matizó pero las incluyó indirectamente, ampliando el endurecimiento de las penas para todos los “delitos dolosos graves” o que tengan como víctimas a “personas vulnerables”.

Incluyó, además, un agravamiento de hasta 6 años de prisión –hoy es de dos meses a un año– para los casos de denuncias falsas que deriven en “restricciones a derechos patrimoniales y familiares”. Una narrativa que sostienen habitualmente los grupos que hacen lobby contra las denuncias falsas. Es decir: la idea que las denuncias son estrategias de las madres para separar a los padres de sus hijos.

“En caso de aprobarse esta reforma se daría la paradoja de que tendríamos penas más severas para las falsas denuncias y falsos testimonios que las contempladas actualmente para el delito de abuso sexual, que está penado con prisión de 6 meses a 4 años”, explican diversas organizaciones de la sociedad civil –como ELA, CELS o INECIP–, que publicaron un documento cuestionando el nuevo dictamen modificado de la ley hace un par de semanas. Las organizaciones denuncian que no solo viola el principio de proporcionalidad de las penas, sino también el de legalidad, ya que no existe el concepto “delito doloso grave” en el Código Penal.

“Habilita márgenes amplios de discrecionalidad judicial”, analizan las organizaciones en el informe, en el que cuestionan que se lleve a cabo una política criminal con consecuencias graves para las mujeres basándose en un “fenómeno marginal” que sólo explica el 0,09% del total de causas penales registradas. Según un relevamiento del Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal sobre la base de más de ocho millones de investigaciones penales de los últimos 3 años, la falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal.

El rechazo de los organismos internacionales

A las críticas de las organizaciones locales se les sumó, el martes, la del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI). En un comunicado, el Comité advirtió que la aprobación de la ley “constituiría una violación de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de la Convención de Belém do Pará y podría comprometer su responsabilidad internacional”.

El comunicado del MESECVI, sin embargo, no es el único informe que advirtió sobre las consecuencias que la Ley Guacci –llamada así porque la autora intelectual del proyecto original es Andrea Guacci, esposa del entrenador de la Selección femenina de fútbol que fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras ante la FIFA en 2021– podría tener sobre las mujeres que denuncian. Antes que este organismo, que depende de la Organización de Estados Americanos, se pronunció la ONU.

En junio, el Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas de Naciones Unidas manifestó su preocupación por el proyecto de ley. Y advirtió que la reforma podía “reforzar los estereotipos arraigados sobre la supuesta deshonestidad de las mujeres, aumentar la discriminación, equiparar las acusaciones no probadas con denuncias falsas” y, a su vez, podía tener un efecto disuasorio no solo sobre las víctimas de violencia, sino también sobre los familiares, profesionales de la salud y testigos que participan de la denuncia.

A principio de año, incluso, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW) se pronunció respecto de las regresiones normativas, institucionales y presupuestarias que afectan la vida de mujeres y niñas en la Argentina, como parte de su evaluación del cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de prevención de la violencia de género. En ese mismo apartado final, la CEDAW hizo una mención especial al proyecto de Losada y solicitó al Estado que retirara la propuesta porque crearía “obstáculos” para hacer denuncias.

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El Gobierno está decidido a dar vuelta la derrota del jueves en el Senado con una victoria en la Cámara de Diputados. Tras el fracaso de la batalla por la extranjerización de la tierra, que sigue acumulando pases de factura, el oficialismo busca reflotar un conjunto de proyectos de perfil más técnico, vinculados a la batalla cultural que realmente le importa a Javier Milei: la económica. El objetivo es poner a prueba la lealtad de los aliados y convocar a una sesión dentro de dos semanas para aprobar la nueva ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

“Acá todo es más fácil, el problema es el Senado. El problema es Patricia”, se queja un diputado libertario, buscando matizar los dolores de cabeza que generó el derrumbe de la mitad del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lo dice mientras, en la oficina de al lado, la bullrichista Laura Rodríguez Machado recorre la comisión de Presupuesto en busca de las firmas que le faltan para dictaminar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

Es el nuevo desafío de La Libertad Avanza, que está buscando la manera de volver a la ofensiva tras la movilización opositora del jueves. Primero necesita recuperar el vínculo con los gobernadores, que por la mañana se reunieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli con un pliego de reclamos. Y después necesita consolidar la alianza con proyectos de ley que, advierten, ya arrastran cierto consenso social. O al menos no generan grandes campañas ciudadanas en su contra.

La Ley de Inocencia Fiscal, que terminó consiguiendo dictamen con el apoyo de los gobernadores de Mendoza, Misiones, Tucumán y Salta, es el primer paso. Como gesto de buena voluntad, Martín Menem aceptó introducir algunos cambios al texto original para que los funcionarios de los tres poderes del Estado no puedan adherir al blanqueo. La versión original, que el ministro de Economía, Luis Caputo, mandó a modificar con la fantasía de así conseguir exteriorizar más dólares sin declarar, permitía que los funcionarios pudieran adherir. El caso paradigmático fue el de Manuel Adorni, quien se adhirió al régimen para justificar sus ingresos no declarados en los días previos a la caída en desgracia que lo obligó a renunciar.

Según la nueva versión, ningún funcionario público podrá adherirse a los beneficios y a la presunción de inocencia fiscal. Se aplica a ministros, secretarios, jueces, diputados y senadores, y a cualquier otro funcionario que haya ocupado un cargo público en los últimos cinco años previos a la fecha de la adhesión. Es decir, los funcionarios podrán adherir al trámite –es decir, la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias–, pero no a la reducción de las multas y a la presunción de inocencia.

El proyecto, además, amplía el universo de contribuyentes y elimina los topes de ingresos para poder acceder. A cambio, el nuevo proyecto exige revestir la condición de residente fiscal durante la totalidad del período por el que se presenta la declaración jurada simplificada.

“¿Quién nos va a contar cuáles son los fundamentos que los han llevado a modificar este punto tan importante?”, preguntó la peronista Victoria Tolosa Paz, durante el debate. El presidente de la comisión, “Bertie” Benegas Lynch le respondió que no le iba a dar ninguna explicación. “Le hizo mal el implante”, masculló, enojada, Cecilia Moreau, por fuera del micrófono.

¿Las negras juegan?

Además del proyecto de Inocencia Fiscal, Menem buscará avanzar con la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. El objetivo es sesionar el miércoles 26 con una sesión de bajo perfil que permita avanzar con las reformas estructurales que viene impulsando personalmente el Presidente. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en cambio, quedará para más adelante: nadie en LLA tiene interés en darle prioridad al proyecto de Federico Sturzenegger después de lo que pasó en el Senado.

Más lejos quedó la reforma electoral, que depende de los acuerdos electorales con los gobernadores y que, según advierten en el propio Gobierno, viene más lentos de lo deseado. “No están tirando ni una para las provincias, a este ritmo tenemos PASO el año que viene”, masculla un armador libertario, que está a cargo de las negociaciones en una de las provincias cuyanas. Los gobernadores exigen mejores condiciones que en la negociación de 2025, cuando Karina Milei se quedó con la boleta violeta y gran parte de los lugares de los legisladores. Quieren que les garanticen que podrán mantener el control del territorio y, a su vez, que tendrán más legisladores nacionales con los cuales aumentar su poder de negociación en la próxima gestión.

En paralelo, la oposición busca maneras de aprovechar la ola de rechazo social generada por la Ley de Tierras. Hay varias iniciativas en carpeta, la mayoría orientadas a resolver la crisis del endeudamiento de 6 millones de familias, pero en el peronismo no terminan de decidirse a actuar. En la Cámara de Diputados predomina un clima derrotista, generado por las desventaja numérica de la oposición, que los tiene envueltos en una inmovilidad hace varios meses.

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Casi no hubo llamados provenientes de Casa Rosada en los días previos a la votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Los gobernadores norteños, habituales aliados de Javier Milei en el Congreso, coinciden en una cosa: Karina Milei vio que el proyecto de Federico Sturzenegger no salía y prefirió castigar a Patricia Bullrich antes que hacer un esfuerzo para aprobar la ley. “La dejaron sola. No midieron lo que estaba pasando y se comieron la curva”, asegura un senador norteño, que esperó hasta último momento una llamada que no ocurrió y que observa, a cuatro días de la derrota oficialista, que Milei no cambiará de estrategia. A este ritmo, insiste mientras mira las encuestas, el presidente llegará demasiado golpeado a las elecciones.

Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Hugo Passalacqua (Misiones), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Rolando Figueroa (Neuquén) hacen cuentas. Responsables de la derrota del Gobierno en el Senado, los mandatarios blanqueron un quiebre que se había dado, antes, en las redes sociales y en la calle. Los posteos de Tini Stoessel, Catriel, Emilia Mernes, Nicki Nicole y Dillom les llegaron como la confirmación de lo que ya observaban en sondeos: el Gobierno había perdido la batalla cultural y, lo peor de todo, la había perdido entre los jóvenes.

Varias encuestas dieron cuenta de este fenómeno durante el fin de semana. La consultora Atlas Intel, en su último sondeo, muestra una desaprobación de 69,9% para Milei en los jóvenes entre 16 y 24 años. La aprobación en ese rango etario, que supo ser uno de los principales impulsores de la postulación presidencial de Milei, está en apenas 23,1%, mientras a nivel general se mantiene en 39,7%.

“La pérdida de adhesión (al Gobierno) se da en los jóvenes. Los que dicen ‘extranjerización de tierras’ son el universo juvenil. Son los que en 2023 convencieron a sus mayores que había que acompañar a Milei. En 2025 están rodeados de mayores que le soltaron la mano a Milei y que ven los padecimientos de sus mayores y no ven mejoras de su vida cotidiana”, analizó la consultora Shila Vilker, en diálogo con El Destape, hace una semana.

Estos números, que son revisados con alarma en Casa Rosada, son analizados también por los gobernadores, que ya decidieron diferenciarse del Gobierno una vez, y ahora analizan cómo seguir. Un sector del peronismo busca sumarlos a un esquema de coordinación opositora, que funcione como traba para algunas de las futuras iniciativas de Milei –como el Super RIGI, que demora su sanción en el Senado, o el nuevo Régimen de Inocencia Fiscal, al que un sector de la oposición busca introducir modificaciones en Diputados–, pero que sirva también para impulsar una agenda propia.

“No hay que confiar”, matiza un armador peronista en la Cámara de Diputados, que se mueve con escepticismo frente a las idas y venidas de los gobernadores. En el bloque peronista, que preside Germán Martínez, están hace varios meses intentando avanzar con una sesión opositora que incluya una batería de temas sociales, como el endeudamiento familiar o la crisis en las Pymes. En el bloque esperan poder aprovechar el empuje de la derrota del jueves, pero desconfían de los mandatarios, cuyas voluntades varían según los tiempos electorales y la buena predisposición del Ejecutivo para repartir recursos.

Los gobernadores, mientras tanto, buscan estrategias para exprimir su nueva posición de fuerza. El objetivo es capitalizar el descontento y aprovecharlo para reclamar por lo que, denuncian, son varios incumplimientos del Ejecutivo.

La agenda de los gobernadores

Los gobernadores del Norte Grande se reunirán el miércoles en Posadas con el objetivo de impulsar una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias de la región. Esta propuesta, que funciona como una contrapartida de la reforma del régimen de Zonas Frías que está impulsando el Gobierno, será el puntapié desde donde comenzar a construir una agenda regional que les permita sumar poder de negociación con Diego Santilli, uno de los pocos interlocutores “razonables” en los que los mandatarios aún confían. El jefe de Gabinete participará de la cumbre, a la que pidió sumarse para juntar los votos que le faltan para avanzar con la sanción del nuevo esquema de subsidios.

El recorte a los subsidios al gas tuvo su media sanción en Diputados en mayo, pero su tratamiento se congeló en el Senado debido al rechazo de los mismos gobernadores aliados que habían dado sus votos para aprobarlo en Diputados. Un motivo es el costo político de sancionar una ley que encarece las boletas de gas, tanto en las zonas frías originales –Puna, Patagonia y Malargüe– como en las ampliadas, en pleno invierno.

El otro tiene que ver con que el Gobierno nunca cumplió con la promesa que hizo para conseguir los votos que necesitaba para aprobar el proyecto en Diputados. Es decir: un subsidio a las zonas cálidas en verano, así como la inclusión de las distribuidoras de energía locales y provinciales a la condonación de deudas de Cammesa. Una regularización que, según el proyecto original del Gobierno, apunta fundamentalmente a Edenor y Edesur.

El argumento del oficialismo es que el Ejecutivo cumplirá con su parte del trato y que oficializará la compensación prometida una vez que sancione la reforma del Régimen de Zonas Frías. Los gobernadores, en cambio, exigen una respuesta previa a la sanción en el Senado.

“Milei va a tener que cambiar la ortodoxia, pero no lo va a hacer. Ve una curva y acelera”, se queja un dirigente norteño que está trabajando en la propuesta de Zonas Frías y observa, con desconfianza, que el intento de coordinación de gobernadores norteños amenaza con tener el mismo desenlace que los encuentros previos para avanzar con la coparticipación de la Ley del Cheque o la Ley para distribuir los ATN. Es decir: anulado.

“Los únicos que nos pueden salvar son los Menem o Santilli. Pero si lo escucha a Sturzenegger choca”, ironiza.

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–No hay duplicidad en esto. ¿Estás dispuesta?

-–Yo por la patria estoy dispuesta a cualquier cosa.

Grandilocuente, Victoria Villarruel selló su ruptura con el Gobierno 48 horas antes de que se debatiera la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Reunida con un senador peronista en su despacho del Congreso, la vicepresidenta aceptó colaborar con la oposición para voltear el capítulo de extranjerización de tierras. Armó un listado de senadores con los que tiene buena relación y, a pedido del bloque peronista, se puso a llamarlos para convencerlos de no acompañar la iniciativa.

No era la primera vez que Villarruel jugaba en contra de los intereses de su ex compañero de fórmula. Los funcionarios libertarios más concesivos hablan de “exceso de institucionalismo”, pero los más duros –entre los que se encuentra el propio Presidente– la llaman abiertamente “kirchnerista” y “traidora”. En la última semana, sin embargo, la vice pasó a operar como opositora y, quienes conversan con ella, aseguran que está pensando en 2027.

Empezó con la resolución para que Anabel Fernández Sagasti pudiera sesionar de manera remota, un pedido que la senadora camporista le hizo personalmente a la vice, yendo en contra de los intereses del resto del bloque peronista. El resultado estaba parejo y, pese a que los armadores de la oposición ya advertían que tenían dos votos de ventaja, Villarruel intervino para facilitar uno más en contra de la ley.

Unos días antes, en privado, ya le había advertido a José Mayans que, en caso de empate, ella estaba dispuesta a desempatar en contra del Gobierno. Milei tuvo que adelantar su viaje a Colombia para que ella se hiciera cargo del Ejecutivo y así quedara imposibilitada de votar en la sesión.

“Otra que Cobos”, ironizaban en el Senado, en donde la postura de la vice ya era un secreto a voces hace un mes. La misma Villarruel se la había expuesto a Bullrich en una pelea por WhatsApp la noche del triunfo argentino sobre Inglaterra. “Como se nota que la integridad territorial no les importa nada. Ustedes nos quieren rifar, pero no nos vamos a poner de acuerdo. Vos ya tomaste partido y yo tomo partido por Argentina”, le espetó, vía chat, la vice a la jefa del oficialismo en el Senado.

En Casa Rosada intentaron bajarle el precio a su rol en la derrota. “Hace tiempo que juega con esas reglas, es un costo hundido”, señaló un dirigente del caputismo que, como muchos funcionarios en diálogo con este medio, se preocupó menos por su juego “a lo Cobos” que por los cuestionamientos que la vice había hecho, hace una semana, a la salud mental del Presidente.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, denunció Villarruel, a través de su cuenta de Twitter, como respuesta al comentario de un usuario que comentaba un posteo de Lilia Lemoine que la acusaba de tener una sociedad política con Axel Kicillof, Marcela Pagano y el presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia.

Para el Gobierno, Villarruel cruzó una línea roja. En menos de 24 horas, tanto el jefe de Gabinete, Diego Santilli, como el canciller, Pablo Quirno, le pidieron la renuncia a través de los medios de comunicación. “Si (Villarruel) no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra”, se quejó Quirno, en declaraciones televisivas. “Yo no desestabilizo a nadie. Tengo apego y respeto por las instituciones del país y la Constitución nacional, todo lo hago por amor a la Patria”, le respondió Villarruel.

La vice sabe que tiene los días contados. No hay futuro posible para ella en La Libertad Avanza, y por eso ya comenzó a buscarlo en otro lado.

Victoria 2027

Hay algunos dirigentes marginales del peronismo que vienen sugiriéndolo hace rato, como Guillermo Moreno. Pero fue Miguel Ángel Pichetto –el ex candidato a vice de Mauricio Macri que se reconcilió con Cristina Fernández de Kirchner y trabaja, ahora, en un proyecto de ley para devolverle la capacidad de ser candidata– quien lo expuso con claridad a principios de esta semana: “Villarruel va a ser candidata porque en la política los resentimientos y el desprecio generan reacción. Ese electorado existe. Puede ser 4 puntos, pero es el electorado nacionalista, católico, de base militar, que en su momento apoyó a Milei y ganaron las elecciones”, aseguró el diputado peronista.

Villarruel tiene hace tiempo la fantasía de convertirse en el rostro “productivista” y “nacionalista” de un proyecto conservador alternativo a Milei. Su principal asesor es Mario “Pato” Russo, el consultor político que la conectó, allá por 2021, con Milei para fortalecer la candidatura del mediático anarcocapitalista. El desembarco de Russo como Director General del Cuerpo de Asesores del Senado hace un año coincidió con el interés de la vice de perfilarse de cara a 2027, y es él quien viene gestionando el andamiaje digital con el que busca posicionar a Villarruel.

Russo es uno de sus vínculos con el ecosistema peronista, así como su bravucón personal. Tiene varias denuncias por amenazas de parte de otros asesores y legisladores, al punto que la senadora libertaria María Emilia Orozco hizo una cuestión de privilegio en su contra en la sesión del jueves pasado. Lo acusó de tener “actitudes violentas” contra sus compañeros y solicitó que se lo removiera del cargo. La senadora libertaria se refería a los insultos y amenazas que había recibido el prosecretario parlamentario, Cristian Larsen, por parte de Russo en WhatsApp (a los que accedió elDiarioAR).

Russo no está solo detrás de la instalación de Villarruel, sino que hay también un amplio sector del peronismo que aspira a candidatearla el año que viene como un mecanismo para romper el voto libertario en las elecciones presidenciales.

El peronismo hace la misma cuenta que Karina Milei: la elección la gana quien logre fracturar al adversario político sin romper el propio electorado. La hermana presidencial apuesta a eliminar las PASO y cerrar filas con gobernadores y aliados. El peronismo, mientras tanto, mira alternativas que le permitan romper el voto libertario –así como se hizo en 2023 con la candidatura de Milei para romper el voto de Patricia Bullrich– y resistir a la propia disgregación interna.

La imagen de Villarruel, sin embargo, no es buena. La última encuesta de Atlas Intel le dio un 22% de imagen positiva y un 64% de imagen negativa, muy por debajo de otros dirigentes de la centroderecha como Mauricio Macri o Jorge Macri. Milei, en cambio, la supera por más de 15 puntos: la única dirigente oficialista que tiene menos imagen positiva que ella es, curiosamente, Karina Milei.

A la mala imagen de Villarruel se le suma otro problema: la resistencia que hay en gran parte del kirchnerismo a vincularse con una dirigencia que hizo carrera política denunciando que los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad eran presos políticos. La Villarruel que organizaba visitas de estudiantes para ver a Rafael Videla a la cárcel o la que escribió dos libros junto a Alberto “El Gato” González, oficial de Inteligencia de la ESMA que fue condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad, entre ellos las violaciones a muchas de las detenidas.

“Yo con Villarruel no voy ni a la esquina”, advierte una dirigenta de confianza de CFK, que dialoga seguido con la propia Villarruel. La expresidenta tuiteó, en su momento, que había que pedirle “pericia psiquiátrica” a quienes decían que Villarruel era peronista. Pero no son pocos los dirigentes de su entorno que vienen impulsando la candidatura de la vice como un mecanismo para dividir el voto libertario, sin importar lo poco que mida.

“Ella se está preparando para el año que viene, le puede sacar 5 puntos al tipo”, se entusiasma un importante dirigente cristinista que ya empezó a conversar con la vice, y agrega: “Después vemos cómo lo armamos”.

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La Libertad Avanza consiguió esta madrugada sancionar en general el proyecto que agiliza los desalojos y limita las expropiaciones, pero el Gobierno tuvo un revés con la Ley del Manejo del Fuego, ya que debió eliminar ese capítulo porque no tuvo los votos de sus aliados dialoguistas. La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos. Ya había tenido que eliminar los artículos referentes a la extranjerización de tierras.

Crónica de un extenso debate

Pese a la caída del capítulo sobre la extranjerización de las tierras, la plaza del Congreso se llenó igual. Iniciada la sesión en el Senado, en donde se debatían los restos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger, cientos de personas movilizaron al Palacio Legislativo para reclamar en contra de la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego, los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones. “Que se caiga la ley no se negocia nada”, decía uno de los carteles que poblaba la plaza, un par de horas antes de que la policía comenzara a reprimir.

Puertas adentro, en el Congreso, Patricia Bullrich se movía con tranquilidad: después del fracaso del capítulo de Tierras, la jefa del oficialismo se mostraba confiada de que tendría el número para aprobar el resto de la ley. Lo importante era evitar una nueva derrota –era la quinta vez que el proyecto se debatía en el Senado– y ofrecer alguna demostración de fuerza luego de que los gobernadores aliados le hubieran soltado la mano con el capítulo de Tierras debido al rechazo popular a la iniciativa.

Sin embargo, el oficialismo negoció hasta el final pero perdió el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, de 2020, y que prohíbe cambiar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias.

La votación final, con los desalojos exprés para inquilinos adeudados y los cambios en el régimen de expropiaciones incluidos, fue de 37 senadores a favor y 33 en contra. El oficialismo obtuvo el respaldo de los 21 miembros de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos “Camau” Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Para el rechazo a los cambios en la Ley del Manejo del Fuego, los peronistas recibieron el apoyo de los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros.

Movilización masiva, represión y agitado debate

El debate en el Senado fue acompañado por una masiva movilización. Pero al caer la tarde, hubo incidentes, destrozos y una fuerte represión policila que dejó un saldo de 10 detenidos, una fotógrafa con traumatismo de cráneo y un gendarme hospitalizado tras recibir un piedrazo.

“Este proyecto no es el original, hubo modificaciones porque la gran mayoría de los oradores no estaban de acuerdo. Es el fruto del trabajo de múltiples bloques, de ese trabajo de consenso nació este proyecto”, reivindicó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto (LLA), antes de anunciar formalmente que se eliminaría el capítulo 3 que modifica la Ley de Tierras Rurales. Y agregó, buscando mostrarse optimista: “El espíritu original es que quien es el dueño de un bien no sea castigado por eso, que quien es titular de un departamento pueda hacerse de su bien de forma rápida cuando es ocupado”.

A diferencia de otros debates, en los que los senadores libertarios apenas toman la palabra y dejan en manos de los aliados la defensa de sus proyectos, esta vez el bloque oficialista tuvo mandato de intervenir. Durante la jornada, los senadores de La Libertad Avanza defendieron los tres capítulos sobrevivientes de la ley.

“Durante años se castigó al que invierte en la Argentina, así queremos blindar el proceso judicial contra trampas judiciales y poner orden donde antes había caos”, celebró la fueguina Belén Monte de Oca, defendiendo la reforma del Código Civil y Comercial que habilita a los jueces a disponer de la entrega inmediata del inmueble solo con la denuncia del propietario. Estos cambios, que habilitan los desalojos exprés, no solo alcanzan a quienes ocupan un domicilio de manera ilegal, sino también a los inquilinos que adeudan el alquiler o cuyo contrato haya vencido.

“El propietario tiene título, paga impuestos, recurre a la Justicia y no a la violencia, como el intruso que recurre a la banda organizada que le dio ese lugar. El resultado de recurrir a la Justicia es nulo”, denunció Agustín Monteverde, quien aseguró que los “usurpadores” se instalan a propósito con “menores, discapacitados y ancianos” con el objetivo de blindarse frente a la Justicia. “Buscan la protección de una Justicia abolicionista”, cuestionó.

Mientras los senadores encadenaban discursos, la oposición trabajaba para voltear alguno de los capítulos. Tras el rechazo al capítulo de extranjerización, el peronismo esperaba que la victoria fuera contagiosa y que la presencia callejera sirviera como incentivo para voltear, al menos, el capítulo que modifica la Ley de Manejo del Fuego, algo que finalmente consiguió en la votación, pasada la 1 de la madrugada. El proyecto del oficialismo eliminaba la prohibición de vender o cambiar el uso del suelo de pastizales, humedales y tierras productivas incendiadas por 30 años.

“Los incendios en Argentina casi siempre son intencionales pero no se encuentra a quienes los producen. Con la Ley de Manejo del Fuego se había logrado un efecto disuasivo y con esta modificación, lo estamos eliminando. Es una regresión”, cuestionó el entrerriano Adan Bahl (PJ).

“La patria no solo no se vende. La patria no se incendia, no se privatiza y tiene que ser para todos y todas”, agregó el camporista Mariano Recalde.

El peronismo cosechó votos entre los radicales y patagónicos, que eran quienes estaban más incómodos con la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego.

El primer intento del peronismo de voltear la sesión, a su vez, ya había fracasado. Poco después de que comenzara la sesión, el jefe del interbloque, José Mayans, pidió devolver la iniciativa a comisiones, pero no consiguió los votos. Por 38 votos en contra y 31 a favor, el oficialismo consiguió seguir sesionando.

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Caído el capítulo más polémico del proyecto, este jueves el Gobierno intentará avanzar en la aprobación de lo que queda de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La sesión comenzará a las 14 horas en el Senado, cuando empiecen a llegar los primeros manifestantes a la plaza del Congreso. Pese a que Patricia Bullrich bajó el capítulo de extranjerización de tierras por falta de votos, las organizaciones sociales y sindicales movilizan igual y aspiran a dar una gran demostración de fuerza en contra del gobierno de Javier Milei.

La oposición ya volteó dos de los capítulos más importantes de la ley de Sturzenegger: el que barría el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), muy resistido por la Iglesia Católica, y el que avanzaba contra la Ley de Tierras Rurales. Pero quedan tres capítulos más, que avanzan sobre el régimen de expropiaciones, flexibilizan la Ley de Manejo del fuego y habilitan los desalojos exprés para inquilinos endeudados.

Tres capítulos que, después de la derrota del martes, Bullrich buscará aprobar a como dé lugar.

Los restos de la Ley de Inviolabilidad

Uno de los principales puntos de la iniciativa de Sturzenegger, que quedó en un segundo plano por la avanzada contra la Ley de Tierras Rurales, es el que modifica el Código Civil y Comercial para acelerar los desalojos. No solo para las personas que estén ocupando un domicilio de manera ilegal, sino también para inquilinos que adeudan el pago del alquiler o se les haya vencido el contrato.

En ambos casos se habilita un trámite sumarísimo y habilita a que el juez disponga la entrega inmediata del inmueble solo con la denuncia del propietario. En un contexto de alza del endeudamiento familiar y de que, según una encuesta de Inquilinos Agrupados, el 70% de los inquilinos está endeudado, la ley permite la desocupación inmediata cuando la causal sea falta de pago o vencimiento contractual.

Otro de los cambios del proyecto refiere al régimen de expropiaciónes. Es uno de los puntos que el peronismo rechaza con más ahínco, resuelto el rechazo del capítulo de Tierras, y es el que intentará voltear en el recinto. “Están queriendo blindar la venta de las empresas públicas”, advierten en la oposición.

El objetivo del proyecto es endurecer los requisitos para poder expropiar, aumentando el valor de las indemnizaciones. Hoy el Estado paga el valor de la empresa expropiada más daños directos. El proyecto de la Libertad Avanza, en cambio, suma el lucro cesante cuando sea consecuencia directa de la expropiación y fija que el valor del bien expropiado –una represa, un camino, una compañía de energía– lo fijará el mercado y se actualizará por inflación.

El proyecto establece, además, que la declaración de utilidad pública debe interpretarse de manera restrictiva. Obliga al Estado a justificar con más detalle la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de cada expropiación, lo que abre más espacio a que expropiaciones sean judicializadas ya que, en la práctica, el expropiado podrá discutir más fácilmente si la expropiación esta bien fundada o no.

Finalmente, otro de los cambios que introduce el proyecto es la flexibilización ambiental de la Ley de Manejo del Fuego, una iniciativa impulsada por Máximo Kirchner en 2020 con el objetivo de evitar la especulación inmobiliaria sobre las tierras incendiadas.

Originalmente, el proyecto eliminaba la prohibición de vender, por al menos 60 años, aquellos bosques nativos o áreas protegidas que fueron incendiados. Pero, al igual que sucedió con gran parte de la ley, los aliados se mostraron incómodos con la derogación absoluta de la protección sobre el territorio, y se acordó solo eliminar la prohibición de vender las tierras por 30 años en las zonas agropecuarias.

El caso Sagasti

Al comienzo de la sesión, sin embargo, se buscará zanjar el pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien solicitó que le permitieran votar de manera remota debido a que cursa un embarazo de riesgo de 32 semanas y no puede viajar por recomendación médica. Victoria Villarruel hizo lugar a su pedido, pero dejó en manos de los senadores que se habilitara, de manera excepcional, si puede votar o no de manera virtual. Lo mismo hizo con el radical Flavio Fama, que aprovechó para solicitar el mismo pedido debido a una operación que se hizo en una rodilla.

Bullrich buscará rechazar el pedido, pero hay dudas dentro del mismo peronismo respecto a si avanzar con el reclamo de Sagasti. Algunos senadores peronistas temen que, si se la habilita, se siente un precedente que permita a cualquier senador enfermo que sesione desde su casa. Y en un contexto de mayorías para el oficialismo, en el cual la estrategia principal de la oposición es dejarlo sin quórum, le permitirá a LLA contar con más herramientas en el futuro para avanzar con sus leyes.

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Después de varios intentos, Patricia Bullrich tuvo que reconocer la derrota. Los aliados de Tucumán y Misiones le habían soltado la mano, el radical Daniel Kroneberger estaba decidido a votar en contra y, con cada hora que pasaba, un senador se comunicaba para mostrarse incómodo con la aprobación del capítulo de extranjerizacion de la tierra. La senadora libertaria reconoció que no tenía los votos y, a 24 horas del inicio de la sesión, aceptó sacar el capítulo de Tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La decisión se tomó esta tarde en el despacho del bloque radical, donde Bullrich se reunió con los senadores aliados del “grupo de los 40” --los propios más aliados-- para tomar una decisión. Estaban las radicales Edith Terenzi y Mariana Juri, el correntino “Camau” Espínola, el jefe PRO, Martín Goerling, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano. Los senadores aliados se sentaron, le comunicaron que no estaban los votos para insistir con el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales y le explicaron que había que sacarlo. “Así no se puede”, explicó una senadora radical, a la salida del encuentro.

Bullrich intentó resistir, pero tuvo que reconocer que estaba sola. Diego Santilli se había comunicado con los gobernadores aliados el día anterior, pero las negociaciones no habían surtido efecto. En Casa Rosada, Federico Sturzenegger presionaba para avanzar con la ley, pero casi no había otros funcionarios que quisieran sumarse a su cruzada desreguladora. La marcha convocada para el jueves, así como la intensa campaña en redes sociales, habían permeado en la sociedad, que manifestaba un rechazo mayoritario–según varios sondeos de consultoras, como Ad Hoc y Zuban Córdoba– y descincentivaba las manifestaciones de apoyo.

“Lo importante es mantener unido al grupo de los senadores aliados, tenemos más leyes que aprobar”, se la escuchó decir a Bullrich en el Senado, antes de ingresar a su despacho. Todavía faltaba comunicárselo al resto del bloque libertario, que se enteraría primero por las redes sociales de la caída del capítulo que elimina el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros, así la prohibición de la venta en zona de fronteras y el límite de mil hectáreas en zonas núcleo. El Gobierno se enteraría al final: Bullrich se lo comunicaría después de haber tomado la decisión con los senadores.

La sesión está convocada para las 14 horas en el Senado, una jugada de Victoria Villarruel que anticipó el anuncio a la estrategia oficialista. Bullrich todavía no sabía si levantaría la sesión cuando la vicepresidenta del Senado convocó a la sesión para el día siguiente.

Para evitar que le rechacen el capítulo en el recinto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, anunciará el retiro del apartado el jueves al comienzo de la sesión. El objetivo es desactivar la movilización convocada al Congreso, pero para algunos senadores la decisión llegó demasiado tarde.

“Esto se tendría que haber resuelto ayer”, se quejó un senador aliado, a la salida de la cumbre con Bullrich.

Crónica de una derrota anunciada

Los problemas empezaron la noche anterior, poco después de que Bullrich saliera a anunciar, con bombos y platillos, las modificaciones introducidas a último momento al capítulo de Tierras para conseguir los votos que le faltaban. Poco duró la maniobra del tope del 25% a nivel provincial, una concesión que no modificaba el corazón de la reforma, ya que habilitaba que se continuase avanzando con la extranjerización a nivel de los departamentos. Menos de 24 horas después de dar la conferencia de prensa, la senadora libertaria estaba anunciando que el capítulo no se debatiría en la sesión.

Los primeros en patear el tablero fueron los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que la noche anterior se mantenían reacios a acompañar el capítulo de Tierras. Esta decisión, sumada a la incomodidad de otros aliados –como Edith Terenzi– y a la rebelión de los senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, inclinaron la cancha en favor de la oposición. Pero fue el pronunciamiento del gobernador Tucumán, Osvaldo Jaldo, al día siguiente lo que terminó de hundir las esperanzas del Gobierno.

“Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, afirmó el gobernador tucumano, a través de un comunicado publicado en la web oficial de la Provincia. Allí, Jaldo aseguró que se había comunicado con las dos senadores que le responden, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y que ambas se oponían a la ley “y son personas que no cambian de opinión”.

Después de Jaldo salió el neuquino Rolando Figueroa, quien dos días antes había presentado un proyecto de ley para que la provincia no pudiera vender tierras fiscales a extranjeros. El gobernador de Neuquén, hasta hace dos días, era aliado del Gobierno y en el oficialismo contaban a su senadora, Julieta Corroza, como un voto a favor de toda la ley. El martes a la mañana, sin embargo, Figueroa salió con un video anunciando su rechazo. “No estamos de acuerdo con la extranjerización de tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, afirmó.

Después de estos dos pronunciamientos, la caída del capítulo fue solo cuestión de tiempo.

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“Propiedad no es soberanía. La propiedad es un papel, un contrato. La soberanía es hacer cumplir la ley en todo territorio”, aseguró Patricia Bullrich en el salón de las Provincias del Senado, 48 horas antes de la votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Arrinconada ante la falta de votos para aprobar el capítulo de Tierras, la jefa del oficialismo anunció los cambios al proyecto, agradeció a los aliados que le habían sugerido establecer un nuevo tope del 25% y buscó comprometerlos a acompañar el proyecto el jueves. Los números, sin embargo, están justos y Bullrich enfrenta una batalla mucho más importante: la disputa por el relato.

Bullrich había convocado la conferencia de prensa con la excusa de exponer los cambios negociados a último momento para poder aprobar la ley de Federico Sturzenegger, que el Gobierno ya intentó aprobar cuatro veces en el Senado. Oficializó el nuevo tope del 25% para la compra de tierras por parte de extranjeros a nivel provincial, un cambio que esconde la posibilidad de continuar avanzando con la extranjerización de tierras a nivel local, y agradeció a los senadores de la UCR, el PRO, la Neuquinidad, Salta y Tucumán que habían colaborado con la modificación del último borrador.

Sin mencionarlos con nombre y apellido, Bullrich buscó blindar así a los senadores aliados cuyo voto necesita garantizarse para aprobar el jueves el capítulo de Tierras: Flavia Royón (Salta), Julieta Corroza (Neuquén), Beatriz Ávila (Tucumán) y los radicales díscolos Flavio Fama y Daniel Kronenberger. “Hemos llegado a un dictamen común que pone el límite del 25% que nos asemeja a Brasil y nos permitirá crecer cuatro veces más”, se jactó, comparando el crecimiento de Brasil con Argentina en los últimos años. Un extraño paralelismo teniendo en cuenta que, en los últimos días, el presidente Javier Milei calificó al presidente brasileño, Lula da Silva, de “ladrón” y “corrupto”.

El objetivo de la conferencia, sin embargo, iba más allá. La senadora libertaria salió en defensa del proyecto de Sturzenegger –algo que casi ningún funcionario hizo, hasta ahora– e intentó desmontar los argumentos de la oposición. “Queremos terminar con los fantasmas, esta es una ley clara y concreta”, explicó la jefa de LLA en el Senado, quien calificó la Ley de Tierras Rurales de 2011 –que prohíbe la compra de tierras en zonas de fronteras y establece un límite del 15% a nivel nacional, provincial y local para la compra de tierras por parte de extranjeros– como una ley “de Máximo Kirchner”, pese a que el líder de La Cámpora no era legislador en aquella época.

“La única vez que la Argentina entregó soberanía a un gobierno extranjero fue al gobierno chino en la instalación de una base espacial. Fue la primera vez que en territorio argentino se instaló un estado extranjero con 200 hectáreas cedidas por 50 años. Eso fue en el gobierno de Kirchner”, recordó la ex ministra. A su izquierda, la senadora karinista Nadia Márquez, de Neuquén (donde se radicó la base), asentía con entusiasmo.

La batalla de Bullrich es comunicacional. En el oficialismo observan que en la sociedad se instaló el discurso de que la iniciativa avanza contra la soberanía del país y que cualquier senador que la acompañe está regalando la integridad territorial de la Argentina. Una idea que pesa sobre los senadores aliados, que están incómodos frente a la visibilización que tuvo el proyecto y observan que votar a favor de la ley les puede generar un problema cuando vuelvan a sus provincias.

“Se perdió el relato. Insistieron mucho, quisieron ir para delante a como dé lugar, y ahora la discusión no es sobre el federalismo sino que es sobre que están vendiendo la Patagonia”, se quejó un senador que integra una fuerza provincial, minutos antes de que Bullrich diera la conferencia de prensa. El senador viene acompañando todas las leyes del Gobierno y formó parte de la negociación que modificó la letra chica del proyecto de Inviolabilidad, pero ni siquiera él está convencido de acompañar la ley si el relato sobre la extranjerización de tierras continúa siendo el mismo.

“A nadie le gusta esto. Estamos todos incómodos”, admitió.

El caso Sagasti y la pelea por los votos

La votación particular del capítulo de Tierras se definirá por un voto. Así lo ven tanto en el despacho del jefe peronista, José Mayans, como en el de Bullrich, dos oficinas que concentraron mucho movimiento durante el martes. Hay un empate técnico de 35 votos para cada sector que, sin embargo, va cambiando hora a hora en base a las negociaciones que encara el oficialismo. El Gobierno, se quejan en el Senado, todavía no activó la maquinaria de presión.

Es por este motivo que se generó un terremoto en la oposición que Anabel Fernández Sagasti anunciase que no podía participar de la votación de manera presencial porque cursaba un embarazo avanzado de 32 semanas y la recomendación médica había sido que no viajase. La senadora de La Cámpora, muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, le solicitó a Victoria Villarruel que la autorizase a votar de manera virtual y, tarde a la noche del martes, la vicepresidenta hizo lugar al pedido.

A través de una resolución, Villarruel autorizó “ad referéndum” a Sagasti a participar de manera virtual o remota en las sesiones del Senado “mientras subsista la restricción médica”. La decisión, ahora, quedará en manos del recinto, que es quien deberá votar si acepta que la senadora peronista, que está en contra de la ley, podrá votar en la sesión del jueves. Un debate que protagonizará el inicio de la sesión y que funcionará como anticipo del resultado de la votación de la Ley de Tierras.

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Patricia Bullrich comprobó que no estaban los votos para aprobar el capítulo de Tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e hizo una oferta: si los aliados acompañaban el proyecto, ella aceptaría fijar un nuevo tope del 25% para la compra de tierras por parte de extranjeros. Una concesión destinada a evitar un quinto fracaso legislativo en el Senado, pero que deja intacto el corazón de la reforma. La propuesta –que Bullrich oficializará el martes en una conferencia de prensa– establece un tope solo a nivel nacional y provincial. Nada dice de los departamentos, en donde se juega la verdadera batalla contra la extranjerización.

El nuevo borrador del proyecto comenzó a circular por los Whatsapp de los senadores aliados temprano a la mañana. Bullrich había intentado, hasta último momento, avanzar con la última versión del proyecto redactado por Federico Sturzenegger, pero los números no le daban: necesitaba tener 37 votos asegurados para evitar una nueva derrota y estaba estancada en 35 voluntades.

Había cuatro senadores radicales que se negaban a acompañar el capítulo –Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Edith Terenzi–, mientras que los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut amenazaban con votar en contra. Si a ellos se les sumaban los dos santacruceños y la cordobesa Alejandra Vigo, la iniciativa amenazaba con caerse en la votación en particular.

“El proyecto así no sale”, le advirtió un senador radical durante el fin de semana. La campaña en redes sociales y la marcha convocada para el jueves frente al Congreso había surtido efecto: los senadores estaban incómodos con la ley y ninguno quería pagar el costo político de ser el voto definitivo que habilitase la flexibilización de la Ley de Tierras Rurales. Bullrich se vio obligada a ensayar cambios.

El nuevo borrador, que Bullrich defenderá el martes a las 16 horas en una conferencia de prensa, establece: “La prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera, por encima del veinticinco por ciento (25%) en el territorio de cada provincia”.

La concesión de Bullrich, sin embargo, esconde una trampa: el borramiento del límite a nivel departamental o local. La ley original, sancionada en 2011, establece el límite del 15% a nivel nacional, provincial y departamental, ya que el objetivo era frenar la extranjerización en zonas estratégicas específicas. Es decir, aquellas que cuentan con recursos hídricos o minerales estratégicos, están en zona de frontera o a la vera de una vía navegable fluvial o marítima.

La clave, insisten desde el Observatorio de Tierras, no es cuánta tierra está en manos extranjeras. Sino en dónde.

La trampa de la extranjerización

“La nueva redacción es engañosa y no cambia nada”, sostiene Pablo Volkind, coordinador del Observatorio de Tierras, que fue creado con la ley de 2011 con el objetivo de hacer un seguimiento de la extranjerización de las tierras a nivel nacional. “Hoy en día no hay ninguna provincia que supere el 15% que fija la ley. Las que tienen mayor porcentaje de extranjerización son Salta y Misiones, que no superan el 11,3%. Pero eso no quiere decir que, en cada provincia, haya departamentos que superan el 40 y hasta el 50% de tierra extranjerizada”, explica, en diálogo con eldiarioAR.

Hay localidades, como Iguazú, que cuentan con el 40% de las tierras en manos extranjeras. El caso de Misiones es paradigmático, no sólo porque es una de las provincias con mayor porcentaje de tierras en manos extranjeras, sino porque la mayoría pertenece a una sola empresa: una forestal chilena llamada Arauco. La empresa es propietaria de más de 240.000 hectáreas en Misiones, lo que la convierte en uno de los mayores propietarios privados de tierra del país, y se dedica a las plantaciones forestales de pino y eucalipto para la producción de celulosa.

Hay otros casos. El departamento de San Carlos, en Salta, cuenta con el 60% de su territorio en manos extranjeras. Es una zona con glaciares de escombros y ya registra unos cuatro proyectos mineros, así como también dos comunidades indígenas con relevamiento terminado (y otras cuatro sin el relevamiento finalizado), lo que la vuelve un espacio donde convergen intereses productivos, ambientales y comunitarios. Al lado está Cafayate, que comparte el mismo glaciar de escombro y tiene el 23% de su superficie en manos extranjeras.

Una situación similar se observa en Tinogasta, en Catamarca, donde cerca del 27% de la superficie rural está extranjerizada y el departamento concentra tres proyectos mineros en operación y seis previstos. En total, según un informe del Observatorio de Tierras, hay 36 localidades que superan el límite del 15%. ¿Por qué? Porque se compraron antes de la sanción de la ley de 2011.

De prosperar la nueva versión del proyecto, todas estas localidades podrían avanzar con la venta de todo el territorio porque, en el cálculo final, no llegarían a sobrepasar el límite del 25% provincial. “Hoy la ley sirve como dique de contención para la extranjerización en esos territorios”, explica Julieta Caggiano, integrante también del Observatorio de Tierras.

Las y los especialistas señalan, además, que la nueva versión arrastra otros problemas. Por un lado, elimina el tope de cantidad de hectáreas por persona humana o jurídica y el tope por nacionalidad. “Hasta ahora, el capital extranjero de una misma nacionalidad podía comprar hasta el 30% de las tierras extranjerizadas. Con el nuevo proyecto el capital norteamericano podría comprar todo Salta o Neuquén como ya pasa con Chile en Misiones, y no pasa nada”, explica Volkind.

La versión “concesiva” de Bullrich, a su vez, habilita la venta de tierras en zonas de fronteras y los ojos de agua dulce. También elimina el Registro Nacional de Tierras y deja en manos de las provincias el registro de la tenencia de tierras: el estado nacional ya no tendrá control sobre la extranjerización de su territorio.

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Patricia Bullrich comprobó durante el fin de semana que no están los votos para aprobar el capítulo de extranjerización de tierras del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La resistencia de un puñado de díscolos radicales y de fuerzas provinciales usualmente aliadas, que le hicieron saber que no acompañarían el capítulo en la sesión del jueves, la obligó a ensayar una modificación de último momento: aumentar del 15% al 25% el límite a la compra de tierras por parte de extranjeros y enterrar, así, la fantasía desreguladora de Federico Sturzenegger.

La jefa del oficialismo se lo estaba anunciando este lunes temprano a la mañana al resto de sus compañeros de La Libertad Avanza en el Senado: sin los votos garantizados de todo el bloque radical y de los senadores misioneros y santacruceños, el capítulo que avanzaba con la eliminación de los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros amenazaba con caerse en la votación en particular. Ella proponía, a sugerencia de los aliados con los que había conversado el viernes, dejar fijo un tope, pero aumentarlo a un 25%. Que es el mismo que tiene, por ejemplo, Brasil.

“Yo el proyecto así no lo acompaño”, le hizo saber a Bullrich, a través de Eduardo Vischi (jefe de bloque radical), uno de los senadores radicales que mantenían su voto en suspenso. La jefa del oficialismo necesita que al menos 9 de los 10 radicales acompañen la iniciativa para poder estar tranquila, pero el rechazo hasta ahora de Maximiliano Abad, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y, su vez, de la chubutense Edith Terenzi, le arruinaba los planes.

Este lunes el bloque libertaria buscaba acordar la estrategia parlamentaria definitiva, en una semana marcada por varios movimientos: el presidente Javier Milei viajará a Ecuador y Colombia entre el miércoles y el jueves, y el Ejecutivo quedará a cargo de Victoria Villarruel, quien no podrá presidir la sesión agendada para el jueves sobre la ley de Propiedad Privada. La vice ya se manifestó en contra del proyecto libertario y desde la Casa Rosada ya le pidieron explícitamente que renuncie a su cargo.

La iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas fue craneada por el ministro Federico Sturzenegger luego del Consejo de Mayo, donde tuvo visto bueno de los gobernadores hasta que se conoció la letra chica. Fuera del capítulo de Tierras –que en el último borrador conocido elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras–, endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El volantazo para conseguir el apoyo de los aliados quedaría certificado en una conferencia de prensa que Bullrich analiza dar este martes. “Va a haber algunos cambios pero todavía seguimos trabajando en la redacción”, comentó a este medio uno de los negociadores del oficialismo.

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El próximo jueves, el Gobierno intentará aprobar, por quinta vez, la ley que elimina los límites a la venta de tierras nacionales al capital extranjero. No le sobran los votos: Patricia Bullrich trabaja para tranquilizar a los radicales díscolos y a los provinciales incómodos con la iniciativa, pero la masiva movilización convocada para el 6 de agosto empieza a pesar sobre las negociaciones. La oposición está a dos votos de voltear el capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y juega a su favor una aliada inesperada: Victoria Villarruel.

La vicepresidenta viene manifestando su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada hace tiempo. En la previa de la última sesión en el Senado, luego de la victoria de Argentina contra Inglaterra, Villarruel se trenzó a los insultos con Bullrich por Whatsapp para evitar que se tratara la iniciativa al día siguiente. “Quieren vender el país. Como se nota que la integridad territorial no les importa nada”, le espetó la vice, que aspira a reciclarse como una “nacionalista” de derecha con algunos sectores del peronismo.

La discusión –que terminó con Bullrich pidiéndole la renuncia por chat– continuó al día siguiente, cuando la jefa del oficialismo tuvo que suspender la sesión y convocar a un cuarto intermedio porque no tenía los votos para aprobar el proyecto. Uno de los culpables fue el propio autor del proyecto, Federico Sturzenegger, quien se rebeló ante una de las modificaciones que había negociado Bullrich para conseguir el apoyo de los gobernadores, el famoso artículo 25 que garantiza a las provincias “jurisdicción plena” sobre sus tierras y recursos naturales.

La senadora logró convencer al ministro de Desregulación la semana pasada, pero para entonces ya era tarde: la campaña de rechazo había comenzado.

La campaña que mueve los votos

Villarruel no es la única que está colaborando con José Mayans, el jefe del interbloque peronista, para boicotear el capítulo que modifica la ley de Tierras, elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras. La demora en la aprobación del proyecto —que ya fue modificado quince veces e intentó aprobarse en cuatro oportunidades— le dio tiempo a la oposición para instalar el debate en las redes sociales. Lo que hasta hace unas semanas era una discusión casi exclusivamente parlamentaria empezó a traducirse en un costo político para los senadores indecisos.

Según una encuesta de Zubán Córdoba, el 77% de los argentinos está de acuerdo en que hay que ponerle límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El tema, que venía pasando desapercibido, se instaló en la agenda y diversos sectores de la oposición aprovecharon para utilizarlo como bandera contra Javier Milei.

El peronismo se puso al frente, pero también el Comité Nacional de la UCR, que preside Leonel Chiarella, emitió un comunicado pidiéndole a sus senadores que no acompañen el proyecto. Hasta la CGT, que venía dilatando su respaldo a la marcha convocada para el 6 de agosto, anticipó que movilizaría al Congreso en contra de la ley, junto a las CTA y las organizaciones sociales.

El ojo está puesto en el bloque radical y las fuerzas provinciales, que conforman la base de apoyos del Gobierno en el Senado. Bullrich hace números y contabiliza a su favor unos 34 votos firmes a favor: La Libertad Avanza, el PRO, gran parte de la UCR y los provinciales como el correntino “Camau” Espínola, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila. Mayans hace lo mismo y calcula unos 33 votos en contra: el éxito de la maniobra para voltear dependerá de cuántos radicales acompañen la ley y de la interna misionera.

La ruptura del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con el líder indiscutido del oficialismo provincial, el mandamás Carlos Rovira, desató una crisis en la red de alianzas del Gobierno. Los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, responden a Rovira, que es quien negocia con el Gobierno, pero Passalacqua está presionando para que voten en contra de la iniciativa. Misiones es el ejemplo más extremo de la extranjerización de la tierra: el 11,29% de la provincia ya está en manos extranjeras –en su mayoría de una sola empresa, la forestal chilena Arauco– y más de 30 organizaciones productivas, políticas y sindicatos publicaron un comunicado rechazando el proyecto alegando que iba en contra de las economías regionales.

Passalacqua les hizo saber a Arce y Rojas Decut del rechazo casi unánime al proyecto en la provincia. Hasta ahora, los senadores misioneros acompañaron al Gobierno en casi todas las votaciones –la más importante fue cuando, a pedido del Gobierno, hicieron caer la sanción de la ley de Ficha Limpa–, pero la oposición apuesta a que acompañen la ley en general y, luego, en la votación en particular, ayuden a voltear el capítulo de tierras.

En ese caso, el resultado de la votación dependerá del bloque radical y de un puñado de senadores que integran fuerzas provinciales. El jefe de la bancada, Eduardo Vischi, es socio de Bullrich y acordó negociar algunos puntos de la ley a cambio de los votos del bloque. Fue así que se eliminó el capítulo que habilitaba los desalojos en los barrios populares, y se introdujeron algunos cambios en el capítulo de Tierras, como la limitación a la compra de tierras por parte de estados nacionales y la exigencia de un acuerdo de los gobiernos provinciales para la venta de tierras en zona de frontera.

El Gobierno necesita que al menos 9 de los 10 senadores radicales den quórum y acompañen la ley –el bonaerense Maximiliano Abad ya anticipó que no acompañará el capítulo– y necesita que algunos díscolos, como el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger, se plieguen a la decisión del bloque. Lo mismo ocurre con la chubutense Edith Terenzi, que es radical pero no integra el bloque.

La apuesta de la oposición es que la movilización del miércoles incline a los indecisos antes de la sesión. La cordobesa Alejandra Vigo, por ejemplo, era una incógnita y se apuró a adelantar, vía redes sociales, que ella votaría en contra del proyecto. “Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”, aseguró, el viernes por la tarde.

El Gobierno necesita llegar a los 36 votos, que es la mitad del recinto. Si no lo consigue, el capítulo de tierras corre riesgo de caerse. Y aun si la votación terminara empatada, el desenlace no está asegurado: Villarruel ya anticipó que desempataría en contra del proyecto, pero el viaje de Milei a Colombia podría dejarla al frente del Poder Ejecutivo y quitarle esa posibilidad. En ese escenario, el voto decisivo quedaría en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

“Tenemos a muchos que nos prometen que votan en contra, pero habrá que ver si lo sostienen cuando aparezca un ATN o un regalo la semana próxima”, ironiza una senadora que participa de las negociaciones.

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La convocatoria de una manifestación frente al Congreso el próximo 6 de agosto contra la intención del Gobierno de avanzar con la extranjerización de la tierra suma un actor de peso: la CGT. Según pudo saber elDiarioAR de distintas fuentes sindicales, la central obrera se sumará a las dos CTA, los movimientos sociales de la UTEP y un sinfin de organizaciones de izquierda y de agrupaciones de autoconvocados que están detrás de la marcha para el jueves de la semana que viene.

Ese día el oficialismo espera sesionar para aprobar la llamada ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, craneada por el ministro Federico Sturzenegger para desregular la venta de tierras. El debate ya fue pospuesto cuatro veces y fue la senadora Patricia Bullrich la que decidió convocar a un cuarto intermedio de la Cámara alta para el próximo 6 al entender que no tenía los apoyos suficientes de los aliados.

“Vamos a acompañar”, confirmó una alta fuente de la CGT a este medio sobre la acción de la central por la ley de propiedad privada. Se trata de un paso más en la agenda de acciones escalonadas que armó el triunvirato para este segundo semestre del año, en busca de sumar fuerzas contra el ajuste de Javier Milei.

El miércoles de la semana pasada la CGT movilizó junto a los jubilados frente al Congreos. Y ya tiene programado acompañar el viernes 7 la peregrinación de San Cayetano desde Liniers a la Plaza de Mayo en su décimo aniversario.

La marcha del 6 no nace de cero: viene precedida por una semana de acción coordinada bajo la consigna “Argentina no se vende”, que la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda vienen desplegando con talleres, radios abiertas y banderazos en distintos puntos del país, así como recolección de firmas y distintas actividades. Este sábado 1 de agosto habrá un banderazo en el Obelisco de autoconvocados como antesala a la marcha del jueves. El reclamo también sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por la Iglesia, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

Lo que el oficialismo intentará votar ese día es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto de 48 artículos que modifica cinco normas distintas y que Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Además del capítulo sobre tierras, la iniciativa endurece el régimen de expropiaciones —fija la indemnización al valor de mercado, con un tope del 30% para el lucro cesante, y prohíbe transferir el dominio sin pago previo—, acelera los desalojos por la vía del juicio sumarísimo y deroga parte de la Ley de Manejo del Fuego que impedía, por 30 años, cambiar el uso de tierras incendiadas.

El capítulo que más resistencia genera reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011, que hoy limita al 15% la tierra en manos extranjeras, prohíbe que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, veda comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

El Gobierno ya había intentado derogarla por decreto a fines de 2023, pero una cautelar judicial la mantuvo vigente; ahora insiste por ley, dejando la potestad de fijar límites en manos de cada provincia y manteniendo solo la prohibición de compra por Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera.

Bullrich lo resumió así: “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, pero “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”. Con el resultado todavía incierto, todas las miradas —las del oficialismo y las de quienes organizan la marcha— están puestas en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para votar en contra. A esa presión se sumará también la CGT.

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Cristina Fernández de Kirchner guardó silencio durante medio año, esperó a que se agotaran las instancias judiciales en la Argentina y pateó el tablero. Nadie, excepto sus abogados, sabía que presentaría una medida cautelar para revertir la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La estrategia judicial es, en realidad, una estrategia política, y CFK está dispuesta a todo por conseguir su libertad. Hasta a ser candidata a presidenta.

La decisión de ir al Comité de DDHH de la ONU, antes que a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no fue casual. La expresidenta eligió ese camino con un objetivo claro: apurar los tiempos y forzar un pronunciamiento sobre la causa Vialidad, si no sobre el fondo, al menos sobre sus consecuencias inmediatas. Sus dos nuevos abogados, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, anunciaron cuatro presentaciones durante la conferencia de prensa en el Hotel NH Buenos Aires: una medida cautelar para revertir la inhabilitación política, otra para cambiar las condiciones de la prisión domiciliaria, una tercera para modificar la composición de la Corte Suprema y, finalmente, una presentación de fondo contra la condena.

“En el comité hay un acceso directo, cualquier ciudadano que tiene sus derechos violados puede ir al comité de la ONU. En la CIDH primero hay que pasar por una comisión, es un proceso”, explicó Valim, un abogado especialista en lawfare que llevó a cabo la defensa de Lula da Silva en la causa Lava Jato.

Durante ese proceso judicial, que llevó a Lula a pasar un tiempo preso en una cárcel común antes de que el Tribunal Supremo de Justicia anulara la condena, el presidente brasileño consiguió que el Comité de Derechos Humanos solicitara la suspensión provisoria de su inhabilitación política. Meses después llegó el fallo del máximo tribunal brasileño y, más tarde, la decisión definitiva de la ONU, que concluyó que el juicio a Lula había violado su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.

La ex presidenta se mira en el espejo de Brasil y aspira a que suceda lo mismo con ella. Quiere que la ONU suspenda su inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y que flexibilice las condiciones de su detención, y se prepara, incluso, para ser candidata en 2027 si es necesario. “Ella tiene interés en recuperar su libertad, y está dispuesta a pelear por todo”, afirma un dirigente de su círculo chico, que visitó a la ex presidenta días antes de que se oficializara la presentación.

¿Cristina presidenta?

La bandera “Cristina presidenta” comenzó a coquetear con lo real. Lanzado como parte de una estrategia comunicacional de La Cámpora para acumular políticamente en la interna con Axel Kicillof, el operativo clamor busca hacer pie, ahora, en la estrategia internacional.

“Nosotros vamos a pelear para que pueda suceder, eso es lo que dice Máximo. Y cualquiera que diga que no se puede es un ignorante o un mala leche”, sacaban pecho desde las filas de La Cámpora, poco después de la presentación oficial y de que Máximo Kirchner declarase, en diálogo con varias radios, que su candidata presidencial era Cristina, su madre. Fue un día intenso, en el que el cristinismo buscó marcar la agenda con entrevistas, la conferencia de prensa, la publicación de una carta de CFK, en la que prometió que “muy pronto volveremos a caminar juntos”, y varias publicaciones en medios internacionales, como El País de España y Libération de Francia.

Uno de los abogados de CFK, el español Borrego, incluso subió la apuesta cuando aseguró, durante la conferencia de prensa, que CFK ya estaba en condiciones de presentarse en las PASO si así lo quisiera. “¿Las primarias son elecciones para un cargo público? En principio no. Son elecciones preparatorias para las futuras elecciones de un cargo público, por lo tanto al sistema PASO Cristina Fernández de Kirchner se podría presentar. ¿Por qué? Porque no es cargo público”, aseguró.

La afirmación del abogado generó un revuelo en el cosmos panperonista, en donde se leyó la declaración de Borrego como un mensaje a Kicillof. Si CFK quería ir a una PASO en 2027, por más que estuviera proscrita, era porque buscaba disputarle la legitimidad del voto peronista al gobernador bonaerense. “Vamos aclarando el panorama”, tuiteó Teresa García, diputada nacional y referenta del peronismo bonaerense muy cercana a CFK, sobre el comentario de Borrego de que CFK podría ir a una interna.

En el kicillofismo decidieron tomar las declaraciones con cuidado. En el equipo del gobernador aseguraron que Kicillof “respetaba” la decisión de La Cámpora de proponer a CFK como candidata a presidenta, pero que creía que era “prematuro”. “No tenemos problemas en que los distintos sectores del peronismo propongan candidatos cuando quieran, a nosotros nos parece prematuro, por eso no hablamos de candidatos por el momento, pero respetamos lo que hagan los otros sectores”, sostuvieron en La Plata.

En el entorno de CFK, sin embargo, buscaron matizar las declaraciones del abogado español. “Es la interpretación válida de un jurista. Pero, ¿cuál sería el sentido? La Justicia electoral va a decir que no se puede presentar, sería irracional”, aseguraron desde el círculo chico de la ex presidenta, donde insistieron que la búsqueda de CFK es una sola, y es conseguir su libertad.

Existen diferentes mecanismos para lograrlo. Una es la estrategia judicial. Otra es la legislativa, que es en la que está trabajando Miguel Ángel Pichetto junto a varios diputados cristinistas, como Eduardo Valdés, con el objetivo de aprobar una ley que permita declarar la nulidad del fallo. Pichetto sostiene que, como la condena de Cristina configura un caso grave de proscripción, el Congreso está facultado para modificar la legislación y establecer mecanismos que suspendan la inhabilitación de los derechos políticos de Cristina. Utiliza, a modo de ejemplo, el antecedente del fallo Muiña del 2x1, en el que el Congreso intervino legislando que el beneficio no podía aplicarse a los genocidas, y la Corte Suprema tuvo que fallar en consecuencia.

Y después está la política. Cristina está acumulando para crear las condiciones políticas que le permitan revertir la condena, y necesita para lograrlo que el peronismo gane las elecciones en 2027. Todavía no tiene candidato propio para conseguirlo, la puerta está abierta, tanto para un postulante externo, como Sergio Massa, como para una fórmula de unidad con Kicillof. Y coquetea, a partir de ahora, con una opción más: que sea ella misma quien compita para ganarle la elección a Javier Milei y conseguir la libertad.

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Axel Kicillof alegó que tenía problemas de agenda cuando Ricardo Quintela lo llamó, por segunda vez, para preguntarle si viajaría el sábado a La Rioja a participar del acto homenaje a Enrique Angelelli. Máximo Kirchner ya había confirmado su presencia, y el gobernador riojano esperaba convertirse en el arquitecto de una foto de unidad inédita. Pero el “milagro” no sucederá: el gobernador bonaerense no quiere escenificar una unidad que, intuye, se agotará al día siguiente cuando las recriminaciones del cristinismo continúen. El objetivo, insiste, es otro: construir un frente amplio capaz de derrotar a Javier Milei.

“¿De qué sirve la foto si después no hay una discusión sincera? Eso ya lo hicimos y salió mal. Primero la foto y después no hay garantía de nada, nos siguen puteando más de lo que putean a Milei”, deslizó un funcionario cercano al gobernador bonaerense, poco después de que Kicillof hubiera tomado la decisión de no participar del acto junto a Máximo en La Rioja. Quintela insistió durante varios días. Creía que convencer a Kicillof sería más sencillo que convencer al líder de La Cámpora. Pero el gobernador terminó declinando la invitación.

Kicillof tiene su estrategia para ganar las elecciones en 2027 y, desde hace un tiempo, mira más hacia afuera del peronismo que hacia adentro. Antes que pensar en resolver la interna, insisten en el kicillofismo, hay que trabajar en construir un frente amplio y federal que aglutine a la mayor cantidad de fuerzas opositoras a Milei. El resto, argumentan, se resolverá por su propio peso. “Los muchachos después verán si quieren jugar a ganar o facilitarle 4 años más a la derecha”, sacan pecho en La Plata.

Es la misma lógica por que explica que no visita a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111 o participar de otro tipo de actividades “en nombre de la unidad”. “El hecho de que sigamos trabajando con ministros de La Cámpora, que muchas veces nos quieren dinamitar el gobierno, es una demostración de que Axel tiene vocación de unidad. Pero no hay que correr el eje. El eje es cómo construimos una fuerza grande para ganarle a Milei”, desliza un dirigente kicillofista, quien todavía recuerda las dificultades para aprobar, a fin del año pasado, el endeudamiento y el Presupuesto 2026 en la Legislatura bonaerense.

Pese a las resistencias de Kicillof, que recibió con dureza el paralelismo con Agusto Vandor –sindicalista asesinado en 1969 luego de proponer un “peronismo sin Perón”– del camporista Facundo Tignanelli, todavía existen varios interlocutores que trabajan para reunirlo con el cristinismo. Y si no a él, al menos con sus embajadores políticos, como “Carli” Bianco o Gabriel Katopodis. Algunos intentan lograrlo desde el Congreso, como Germán Martínez o José Mayans, y otros desde las provincias, como Gildo Insfrán y el propio Quintela.

Quintela fracasó, admiten varios de los dirigentes que sí viajarán a La Rioja este sábado, porque se equivocó en querer publicitar la foto. “Así como está la cosa no va nadie. Hizo todo demasiado público, estas cosas son en reserva, no contando en público quién va y quién no va”, masculla, irritado, un referente de peso en el cristinismo que viene trabajando para reunir a todos los socios mayoritarios del peronismo –Máximo y Kicillof, pero también Sergio Massa y los gobernadores– hace un mes.

Hasta que esto suceda, Kicillof planea continuar con su agenda de trabajo por las provincias. Ya recorrió La Rioja –ese fue el argumento que utilizó, incluso, para no ir el sábado–, Tierra del Fuego, Córdoba y Corrientes. El equipo que trabaja en su candidatura presidencial insiste en que, si bien Provincia de Buenos Aires es clave –por representar más del 40% del electorado y por concentrar el voto duro kirchnerista–, la disputa con Milei está destinada al fracaso si no se logra recuperar los votos perdidos en el norte del país y los grandes centros urbanos de Santa Fe y Córdoba.

Las negociaciones, insisten, llegarán con el tiempo. Kicillof se niega a negociar el candidato que lo sucederá en Provincia de Buenos Aires a cambio del apoyo de Cristina en la elección presidencial y esta resistencia, atisban en el propio kicillofismo, estirará la tensión hasta último momento.

La otra estrategia

Todos los dirigentes y dirigentas que visitan a Cristina a su departamento de Constitución, donde cumple con la prisión domiciliaria, coinciden en que la ex presidenta está dolida con Kicillof, que la ruptura es definitiva y que le corresponde a él llamarla por teléfono para romper con la guerra fría que dura desde el cierre de listas del año pasado. Las encuestas que le llegan a San José 1111 le muestran que, silenciosa y encerrada, mide más que ningún otro líder de la oposición. Mide más que Kicillof –por solo un par de puntos– y que Sergio Massa y el resto de las figuras del peronismo que amagan con competir por la presidencia, como Sergio Uñac.

Estos datos sirven como insumo de negociación para La Cámpora, que se convirtió en su vocera oficial desde que ella dejó de publicar cartas y enviar audios o mensajes. La bandera “Cristina presidenta” apunta a apelar a esos votantes kirchneristas duros, que el camporismo está convencido de que no son de Kicillof, sino que en su mayoría responden fielmente a la figura de CFK. Ninguno cree realmente que Cristina pueda ser candidata, la inhabilitación política ratificada por la Corte Suprema es inapelable, pero la promesa funciona como estrategia de acumulación política en PBA.

En el último mes, La Cámpora subió el tono de la confrontación contra Kicillof, acusándolo de traidor, de que no estaba en condiciones de ser candidato presidencial y que era inentendible que no fuera a visitar a Cristina. La estrategia enfureció al gobernador bonaerense, pero no respondió. Y, cuando la tensión amenazaba con derivar en una ruptura, Máximo intervino para bajar un poco los ánimos.

El jefe de La Cámpora dio una entrevista en C5N el lunes por la noche en la que aseguró que no había diferencias ideológicas con Kicillof, desmintiendo una premisa que había comenzado a instalarse en la propia militancia camporista para justificar la pelea con el gobernador. “Estoy convencido que no estamos en veredas opuestas con Kicillof. Nosotros compartimos el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Él es presidente del PJ y gobernador, después hay debates y discusiones lógicas de adentro de la política, que no interesan”, afirmó Máximo.

Las palabras del líder de La Cámpora sirvieron para bajar la temperatura a la interna, pero no convencieron a Kicillof. El gobernador, insisten en su entorno, continuará apostando a construir por fuera del peronismo antes que ordenar la disputa puertas adentro. Un obstáculo más para la foto que Quintela imaginó para el sábado.

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Ricardo Quintela imagina una foto que, hasta ahora, parece imposible: Máximo Kirchner y Axel Kicillof sentados en la misma mesa en medio de la guerra abierta por la conducción del peronismo. Aprovechando el acto por el 50° aniversario del asesinato del obispo Enrique Angelelli, el gobernador de La Rioja organiza una cumbre peronista para acercar a los dos dirigentes que llevan un año sin hablarse. El hijo de Cristina Kirchner ya confirmó que viajará y dejó la pelota del lado del mandatario bonaerense, que le prometió asistir, aunque todavía se resiste.

El gobernador riojano conversó con ambos dirigentes por separado, antes de abrir la convocatoria a otros mandatarios provinciales, senadores, diputados y representantes de las tres tribus peronistas. Con el líder de La Cámpora se reunió hace dos semanas, cuando el “Gitano” Quintela estaba de paso por Buenos Aires. No fue una conversación fácil: el riojano rompió su relación con el cristinismo después de disputarle la presidencia del PJ a Cristina Fernández de Kirchner en 2024. Ese episodio marcó, además, el origen de la ruptura con Kicillof, quien optó por respaldar –por lo bajo, juntando avales– a Quintela antes que a su ex líder política.

En el último año, sin embargo, el riojano comenzó un proceso de reacercamiento. En junio de 2025, se reunió con Cristina en San José 1111, poco después del fallo condenatorio de la Corte Suprema. En La Cámpora desconfiaban de Quintela por ser uno de los principales impulsores de la candidatura presidencial de Kicillof por fuera del círculo chico del kicillofismo, pero el gobernador retomó el contacto con Máximo hace unas semanas. En una oficina porteña, el “Gitano” le propuso participar del acto homenaje a Angelelli, el obispo asesinado por la dictadura militar que el Papa Francisco beatificó, y Máximo le dijo que sí.

“Maximo escuchó de Quintela lo que quería escuchar de él, que es imposible la unidad del peronismo sin Cristina”, explica un dirigente riojano al tanto de la conversación. A partir de ese encuentro, Quintela y el líder de La Cámpora acercaron posiciones. “Máximo dice que él está dispuesto a acordar”, aseguran en La Rioja.

Quintela, que aspira a ganar visibilidad en su rol de articulador interno, se comunicó después con Kicillof. Tiene con el gobernador bonaerense una relación de confianza y, pese a que a veces se irrita con la resistencia de Kicillof a abrir su armado político, mantienen una sociedad política de cara a 2027. Lo invitó a participar. Kicillof dudó, Quintela insistió y el gobernador bonaerense le prometió que iría.

En La Plata matizan la promesa. “No es parte de nuestra estrategia, todavía no hay nada definido”, se desentienden en el kicillofismo, en donde desconfían de cualquier actividad que cuente con la participación de La Cámpora. En el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación de Kicillof, están convencidos de que cualquier instancia de diálogo con Máximo o Cristina es una trampa. Que el objetivo del cristinismo es desgastarlos y eliminarlos del mapa político, y que cualquier gesto de acercamiento es una excusa para poder limarlo.

“Si te dicen ‘Vandor’ mucho no quieren conversar”, masculla un funcionario de peso del kicillofismo. Se refiere a cuando días atrás el diputado provincial Facundo Tignanelli, mano derecha de Kirchner, comparó a Kicillof con el dirigente sindical Augusto Vandor, asesinado por cinco balazos en 1969 tras proponer un peronismo sin Perón. “Mis abuelos militaron la Resistencia Peronista, creyendo y trabajando para que Perón vuelva. No para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor”, deslizó Tignanelli hace 20 días, en el momento de mayor tensión de la escalada comunicacional de La Cámpora contra Kicillof.

Desde entonces, el kicillofismo le cerró la puerta a cualquier instancia de diálogo con La Cámpora. Kicillof bajó línea de no responder a las provocaciones, de guardar silencio, pero puertas adentro está furioso. “Para Axel la cosa no tiene retorno”, grafica un dirigente del MDF de confianza que, a diferencia del núcleo duro kicillofista, está convencido de que la estrategia de La Cámpora es pegar para después negociar. Que la búsqueda es tensionar para que Kicillof ceda la candidatura a la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, y que ese es el único motivo por el que el camporismo subió la apuesta de la confrontación con Kicillof.

Cumbre de unidad riojana

El “Gitano” Quintela se mueve con cuidado, atento a que no le suceda lo que le sucedió a Mariel Fernández este domingo. La intendenta de Moreno organizó un gran acto por el 74 aniversario de la muerte de Eva Perón e invitó a representantes de todas las tribus peronistas, incluidos Máximo Kirchner y Kicillof. Pero ninguno de los dos fue. El Gitano pretende evitar ese desenlace, que viene repitiéndose, indistintamente, en todas las actividades peronistas del último año.

En La Rioja no esconden que el deseo de Quintela es posicionarse desde un rol de armador interno que le permita tener visibilidad nacional y ganar peso por fuera de las fronteras del pago chico del PJ. Pretende ser quien consiga lo que ningún otro dirigente pudo hasta ahora: poner fin a la guerra fría entre Cristina y Kicillof antes que sea demasiado tarde. “Empecemos a caminar juntos porque a este tipo (Milei) no lo paramos”, le dijo el gobernador a uno de sus interlocutores, luego de invitarlo al acto del sábado que viene.

El desafío de Quintela no es sólo mostrar a Kicillof y Máximo en un mismo escenario, sino a toda la diáspora panperonista. El “Gitano” le anticipó la jugada a Sergio Massa cuando estuvo por Buenos Aires hace un par de semanas, pero el tigrense aún no confirmó su participación. “Si Axel y Máximo van, ni dudes que se suma”, afirmó, risueño, uno de los participantes que viaja el viernes a La Rioja.

El gobernador riojano también invitó a sus pares provinciales, incluso los que están alineados con el gobierno de Milei, como Gustavo Sáenz (Salta) o Raúl Jalil (Catamarca). No obtuvo respuesta, pero sospecha que no participarán: a excepción de Massa, gran parte del peronismo coincide en que los gobernadores son unos “traidores” y adelantan que no serán bien recibidos. Sí participarán, en cambio, los jefes de bloque peronistas que vienen resistiendo las leyes libertarias en el Congreso, Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado).

Los dirigentes kirchneristas que quedaron huérfanos en el divorcio observan la cumbre riojana del sábado con expectativa. En medio del hastío por la batalla bonaerense, predomina cierta esperanza. “Tal vez Angelelli obre el milagro”, ironiza un dirigente que estará el sábado en el escenario.

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Sergio Massa está convencido de que el peronismo puede ganar en primera vuelta en 2027. Las encuestas que le llegan todas las semanas a su oficina en la calle Libertador le muestran que la imagen de Javier Milei tiende a la baja, que está rompiendo su propia base electoral y que, pese a la antipatía que despierta el peronismo, la lógica de la polarización se impondrá por sobre todo. La única alternativa al “sacrificio inútil” de Milei, sostiene, es el peronismo. Solo hace falta presentar un candidato de unidad. Un candidato que, en su fuero íntimo, fantasea que todavía puede ser él.

El ex ministro de Economía del Frente de Todos se reúne todas las semanas con Cecilia Moreau y Máximo Kirchner en sus oficinas para porotear leyes, analizar el estado de situación de la Provincia de Buenos Aires y discutir de política. Con Cristina Fernández de Kirchner habla regularmente, y suele visitarla seguido en San José 1111. Con Axel Kicillof, en cambio, se reúne una vez por mes. Es una cita que ninguno de los dos se pierde y, pese a la desconfianza mutua, la repiten de forma periódica. Son cenas y almuerzos, por lo general en La Plata, que se extienden durante horas.

Hace tres años que no habla en público, pero Massa nunca dejó de operar políticamente. Por sus oficinas pasan gobernadores, intendentes, ministros, diputados, jueces, empresarios y más de un operador libertario. Tiene un rol activo en las negociaciones judiciales que atraviesan el Senado, en donde cuenta con interlocutores que lo conectan con los operadores judiciales de Karina Milei. Cuando se debatieron los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, Massa fue el principal impulsor de la postulación de Ariel Lijo, según señalan en el cristinismo. Tanto dentro del bloque como en San José 1111.

Es uno de los pocos socios mayoritarios del peronismo que no está pidiendo la cabeza de los gobernadores que, hace dos años, vienen votando todas las leyes de Milei. Con el salteño Gustavo Sáenz comparte asados de fin de año y mantiene, desde hace tiempo, una larga amistad. Con el catamarqueño Raúl Jalil conversa seguido, e incluso lo ha intentado convencer de que no acompañe la eliminación de las PASO. Lo mismo con el tucumano Osvaldo Jaldo. Les dice que es una trampa y que, cuando llegue el momento, Karina no pagará.

Puertas afuera se muestra comprensivo, insiste en que los gobernadores hacen lo posible para sobrevivir y que, cuando llegue el momento, habrá que sumarlos para ganarle la elección a Milei. “Es con todos”, le gusta repetir, fiel al estilo de equilibrista y componedor que inauguró en los turbulentos momentos del FdT. Pero amenaza: si no se suman a una coalición anti Milei en 2027, el peronismo tendrá que castigarlos instalándoles un candidato en cada provincia. Si no pueden vencerlos, al menos pueden hacer que pierdan. Una lógica que comparte el propio Máximo.

“Sergio es un intendente, resuelve problemas. La coyuntura lo devora y al peronismo, ensimismado en su bucle endogámico, le falta lubricante. Massa es ese lubricante para que las cosas funcionen”, lo define uno de sus dirigentes de confianza, uno de los que le recomienda que no salga a hablar todavía. Es una discusión al interior del Frente Renovador: si Massa tiene que volver a la escena pública o no. Ya amagó con publicar un libro, con salir a recorrer el conurbano –antes y después del Mundial– o con mostrarse caminando por universidades o fábricas. Y siempre, sobre el final, decidió postergar el regreso.

El tigrense los escucha a todos. A su esposa Malena Galmarini y a su cuñado Sebastián Galmarini, diputado nacional y quien nutre a todo el espacio de encuestas, tendencias y estrategias de comunicación política. A Cecilia Moreau, que es su embajadora en Diputados, y a los intendentes que todavía le responden, como Francisco Andreotti. También a una consultora brasilera que participó de la campaña de Lula da Silva y se quedó trabajando con Massa después de la derrota electoral de 2023.

Todavía no está decidido a competir. El tigrense considera que tienen que darse las condiciones objetivas para poder ir por la revancha, pero todos los que lo conocen saben que Massa quiere una cosa en la vida y es ser presidente de la Nación.

La última bala

Hay tres motivos por los que Massa cree que puede ser presidente. Por un lado, las encuestas que le llegan lo muestran como uno de los cuatro políticos opositores con mejor imagen positiva, justo detrás de Kicillof, Cristina y Myriam Bregman. Tiene menos imagen positiva que su principal competidor interno, el gobernador bonaerense, pero menos imagen negativa: es un posicionamiento menos polar, ni tan K ni tan anti K, destacan en su entorno. Y agregan: “Son los neutros los que van a definir la elección”.

“Sergio no puede ser candidato después de lo que pasó”, razona un dirigente kicillofista, que admite, sin embargo, que es el único en condiciones de disputarle una interna al gobernador bonaerense. En el kicillofismo están convencidos de que la pierde, pero el massismo lo pone en duda. Es el segundo motivo: para el Frente Renovador, la candidatura de Kicillof se desinfló. Fue un error, apuntan, haberse peleado con Cristina y llevar la fractura a un punto de no retorno. Los votos del gobernador, insisten, son los mismos que los de la expresidenta y si la expresidenta designa otro sucesor esos votos migrarán a quien ella diga. Ese sucesor, esperan, es Sergio.

Es el tercer motivo, la gran fantasía de Massa: que CFK lo elija como su candidato a disputarle el liderazgo a Kicillof del peronismo. Con el apoyo de la expresidenta, Massa aspira a posicionarse como el candidato de unidad del peronismo. “La decisión es de la jefa”, ironiza uno de los dirigentes más cercanos de Massa.

En el entorno del ex ministro enumeran otras razones por las que creen que Massa puede ser competitivo. Que puede apelar a los votantes del centro que no se identifican con el kirchnerismo. Que es el único dirigente de la oposición peronista que puede garantizar una buena relación con Estados Unidos y matizar, así, el fantasma del “riesgo kuka”. Que tiene un nivel de conocimiento altísimo y puede activar una campaña presidencial en el sprint final sin problemas. Que incluso las impugnaciones por su rol como ministro de Economía al final del gobierno del FdT pueden ser reivindicadas ante el derrumbe de los indicadores económicos de la era Milei.

“No va a decir se los dije, porque es antipático. Pero pasó lo que dijimos que iba a pasar en la campaña”, explican en su entorno.

Eterno optimista, Massa desea ser candidato, pero no tomará una decisión hasta que no la tome Cristina. No se toma en serio los guiños que le llegan de La Cámpora desde que comenzó la guerra abierta con Kicillof porque todos en el Frente Renovador intuyen que, detrás de los insultos y las recriminaciones públicas, hay un deseo del cristinismo de forzar una negociación con el gobernador. “Sergio no va a dejar que lo usen como una estrategia de negociación con Axel, que amenacen con candidatearlo para después acordar la Provincia con Axel”, advierte un referente de su espacio.

De momento, el tigrense prefiere jugar al artífice de la unidad. A fin de año, esperan en su entorno, tomará una decisión. “Sabe que no puede lanzarse y que no tenga un costo. Esta es su última bala”, advierte un dirigente peronista.

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“Hay una política de exterminio con los jubilados. Nos bajan el salario todos los meses al dejar el bono congelado y nos quitan los medicamentos gratis. Pero no es solo hacia nosotros, es también hacia los discapacitados. Sobramos y nos quieren exterminar”, afirma Daniel, docente jubilado de la Provincia de Buenos Aires, mientras sus compañeros de Jubilados Insurgentes golpean cacerolas en la esquina de Callao y Corrientes. Como todos los miércoles, los jubilados se acercan al Congreso para protestar por el derrumbe de sus haberes, pero esta vez las fuerzas de seguridad no los reprimen. Esta vez, después de casi tres años de protestas, hay sindicatos marchando junto a ellos.

Como parte de la primera medida del plan de lucha anunciado por las principales centrales obreras del país, la CGT, las dos CTA, organizaciones de izquierda y peronistas marcharon al Congreso en reclamo de un aumento de los haberes jubilatorios, el acceso a una moratoria previsional y la devolución de los medicamentos gratuitos. Movilizaron columnas de La Cámpora y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), de la Mesa Ecuménica de la Paz y de Camioneros: un mosaico de fuerzas opositoras que pretende acompañar, a partir de ahora, todos los miércoles a los jubilados.

La CGT fue quien encabezó la columna. Sus tres secretarios generales, Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), participaron de la marcha, dieron la vuelta a la plaza frente al Congreso, se quedaron una hora y después partieron por caminos separados. “Los jubilados no son un pasivo, sino trabajadores que han dado todo y que necesitan un Estado presente que no los está considerando”, destacó Sola en la previa, asegurando que este era solo el “primer paso” del plan de lucha y reivindicando la “unidad” entre sindicatos que “hace mucho que no se venía dando”.

“Al menos vinieron, yo pensé que después del regalo del Gobierno el otro día no iban a venir”, deslizó, en cambio, un dirigente peronista que movilizaba a unos metros, aludiendo al decreto publicado el lunes en el Boletín Oficial que benefició a los sindicatos flexibilizando el tope fijado en la reforma laboral a los aportes que los empleadores hacen a los sindicatos.

No era el único dirigente que masticaba desconfianza mientras caminaba, codo a codo, con la central gremial: en las columnas de izquierda e, incluso, en las más kirchneristas predominaba la impugnación de que una movilización no era suficiente, que había que ir a un paro general. “Mucho más que acompañar un día hay lo que se necesita es un plan de lucha para derrotar la política de Milei. Plan de lucha y paro general”, destacó Nicolás del Caño, diputado del FIT que marchaba a una distancia prudencial de la columna de la CGT.

“Ojalá este sea el principio de la resistencia y no una marcha más para acompañar a los jubilados, sino que sea la profundización de una resistencia contra un gobierno tan dañino y que le hace mal a millones de argentinos”, sumó Pablo Moyano, el secretario adjunto de Camioneros, y agregó: “Esperemos que sea el principio de la derrota de este gobierno”.

En la CGT piden mesura, y advierten: “Es el primer paso”. Todavía nadie quiere hablar de paro general en la central de la calle Azopardo, pero sí hubo un cambio en la línea oficial: los dirigentes de la CGT aseguran que “el clima social cambió” y que la inmovilidad de la primera parte del año se había terminado. Que había comenzado una nueva etapa.

El plan de lucha

Los triunviros tomaron la decisión de avanzar con un plan de lucha contra Milei en la sede de Azopardo junto a un conjunto de gremios más combativos, como las dos CTA, ATE (trabajadores del Estado) y la CATT (Transporte), y las organizaciones sociales que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La marcha con los jubilados fue el acto de lanzamiento de una serie de acciones de protesta que continuarán el resto del año, casi todas las semanas, con el objetivo de mantener una conflictividad social activa.

“La CGT va a continuar acompañando los conflictos sociales”, aseguró Sola, en la plaza, y en su entorno ponen el ojo en la movilización que se llevará a cabo, junto a los movimientos sociales, para el 7 de agosto por el Día de San Cayetano. Antes, sin embargo, los sindicatos también acompañarán el paro docente del 3 de agosto con una movilización –todavía no se definió a dónde– si el Gobierno no cierra antes un acuerdo con los gremios.

La CTA, junto al bloque peronista del Congreso, analiza convocar también una gran movilización para el 6 de agosto, que es el día que el oficialismo busca sesionar para intentar aprobar, por quinta vez consecutiva, la Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. El peronismo busca hacer de la resistencia a la extranjerización de las tierras una bandera contra Milei y espera sumar presión para voltear el capítulo cuando vuelva a tratarse en el recinto.

“Hay determinación de las tres centrales sindicales de acompañar cada uno de los conflictos para evitar que queden encapsulados”, aseguró Hugo Yasky, titular de la CTA y diputado nacional que viene trabajando con los triunviros en la agenda de lucha. Yasky apuesta a construir un “cordón solidario” con varios gremios para intervenir en cada situación de conflictividad social, sean despidos, paritarias o reclamos sectoriales (como el de los jubilados). El objetivo es que haya siempre una presencia constante en cada reclamo, aunque sea con un puñado de delegados, para evitar la represión o que la protesta se desinfle.

La gran apuesta, sin embargo, será convocar a una gran marcha federal para septiembre y cerrar, en octubre, con un paro general. En la CGT todavía no están de acuerdo, pero el resto de los sindicatos confía en que, cuando llegue el momento, se plegarán.

“Estamos entrando en periodo electoral, y la CGT va a jugar fuerte. No se van a quedar mirando desde afuera. Estamos entrando en el último período: es el último momento para no quedar mal”, manifiesta, desafiante, un referente sindical.

MCM/MG

Sin festejo ni feriado nacional, el Gobierno da vuelta la página del Mundial y empieza una nueva etapa: la de la reelección de Javier Milei. Es lo único que importa y hasta la propia Karina Milei, otrora defensora a ultranza de arrasar el país con el sello de La Libertad Avanza, está dispuesta a supeditar toda la estrategia electoral a garantizar el triunfo electoral del hermano. El fantasma del gobierno fallido de Mauricio Macri acecha los pasillos de Casa Rosada, y la gestión libertaria está decidida a hacer todo lo posible para ganar en primera vuelta. Y la clave para lograrlo es la eliminación de las PASO.

“Arranca la etapa pre electoral que acelera los acuerdos políticos”, grafica un funcionario nacional, unas horas antes de participar de la reunión de la mesa política que encabezó Karina el martes en Casa Rosada. Cada funcionario tiene sus prioridades. El Presidente, que no participa de las reuniones de la mesa política, quiere avanzar con la reforma de la carta orgánica del Banco Central. Luis Caputo, con la reforma de la ley de Inocencia Fiscal. Federico Sturzenegger, con su Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya intentó aprobar cuatro veces en el Senado y fracasó.

La prioridad de la mesa política, mientras tanto, es otra: conseguir los votos para avanzar con la reforma electoral mientras se negocian el resto de las leyes. No es la agenda pública que el Gobierno quiere instalar puertas afuera, pero es la que sostiene puertas adentro. La urgencia es simple: el Gobierno apuesta a ganar en primera vuelta en 2027, y para eso necesita tener el frente interno ordenado y a la oposición atomizada. Sin Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno busca asegurarse de que el peronismo llegará partido a la elección general.

El objetivo original, sin embargo, se evidenció imposible: ni los gobernadores ni el PRO tienen ningún interés en avanzar con la eliminación de las PASO. Así se lo hicieron saber a Diego Santilli hace casi medio año, cuando todavía era ministro del Interior, y han sostenido la postura desde entonces. Descartado el Plan A, el Gobierno esbozó un Plan B: suspender las PASO en 2027 y modificar la Boleta Única de Papel (BUP) de modo de habilitar la inclusión de adhesiones –coloquialmente conocidas como “colectoras” aunque no llevan ese nombre en el caso de la BUP– de categorías inferiores de votación a una categoría superior, como la presidencial.

Este plan, que le permitía a los gobernadores adherirse a una boleta de LLA sin resignar sus propios candidatos a legisladores nacionales, se chocó con la resistencia de algunos mandatarios. Hasta la propia jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, salió a diferenciarse en público de la estrategia. “No me gusta, pero no encontramos un sistema mejor”, afirmó, hace un par de semanas, anticipándose al rechazo que ya percibía entre los senadores del radicalismo y el PRO.

Frente a la resistencia de los senadores aliados, el Gobierno activó una tercera estrategia: la eliminación de la obligatoriedad de las primarias, mejor conocida como el Plan PAS. Esta propuesta fue ideada originalmente por el PRO, quien buscó salir de la encerrona que le proponía el oficialismo con una alternativa que dejaba viva la posibilidad de ir a primarias abiertas y simultáneas, pero quitándole el peso de una interna obligatoria.

La propuesta no resuelve la impugnación oficial –es decir, el costo fiscal que implica para el Estado garantizar internas partidarias–, pero sí el desafío estratégico. “Las primarias, al no ser obligatorias, pierden su funcionalidad. Favorecen al oficialismo porque no tiene competencia”, explica una senadora con diálogo cotidiano con Cristina Fernández de Kirchner que observa, con irritación, que los gobernadores peronistas, otrora integrantes del mismo frente del que ella formó parte, están dispuestos a acompañar con su voto esta última propuesta del Gobierno.

La lógica que subyace a esta alternativa es que las internas, al no ser obligatorias, no arrastrarán un gran caudal de votantes. Si en las PASO de 2023 participó el 70% del electorado, en el Gobierno especulan con que unas PAS no convocarán a más del 40% del electorado. Y si a eso se le suma que el oficialismo no participará, ya que Milei no irá a una interna con nadie, la elección pierde fuerza predictiva. Es decir, deja de funcionar como una gran encuesta y contiene el efecto negativo que podría tener si el Gobierno perdiese las PASO.

En Casa Rosada miran con atención la experiencia del macrismo y el Frente de Todos, cuando la derrota en las PASO aceleró la incertidumbre económica. El objetivo es impedir que una derrota en las elecciones internas arrastre una corrida cambiaria que perjudique la estabilidad económica y, con ello, las posibilidades de reelección de Milei. Unas primarias sin oferta oficialista y con una participación menor al 50% despejarían cualquier “riesgo kuka”, como le gusta decir al ministro de Economía.

La alternativa de las PAS, a su vez, dejaría al peronismo sin herramienta para dirimir su internismo. “Es el Presidente el que elige al candidato de la oposición, ¿quién va a querer ir a una interna así?”, se pregunta una dirigenta cristinista, aludiendo a una debilidad que el massismo también ya empezó a identificar: sin internas obligatorias, ningún candidato opositor se arriesgará a que el oficialismo le intervenga su interna abierta con el objetivo de empoderar al candidato más débil.

El Gobierno se muestra confiado de que, de fallar los primeros dos planes, esta tercera alternativa servirá para empezar a allanar el camino de cara a la reelección de Milei. El objetivo es llevar el tema al recinto a partir de septiembre, pero dependerá de los acuerdos políticos que Karina y Santilli cierren en cada provincia. Ningún gobernador quiere regalarle a Milei la llave de su reelección a cambio de nada: piden recursos y la garantía de que no les armarán listas competitivas en sus distritos.

En el primer caso, el Gobierno comenzó a cumplir. La semana pasada, la Nación habilitó un adelanto financiero por $400 mil millones para Córdoba, pero no fue la única provincia beneficiada. También liberó más de $25 mil millones en materia de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones. Todo esto solo en una semana, con el compromiso de seguir enviando.

El segundo caso es más difícil, pero los gobernadores saben que no les queda otra que confiar. “Si no acompañamos la puerta se cierra, al menos así nos garantizamos una promesa”, admite un peronista del norte grande que anticipa que, cuando llegue el momento, votará con el Gobierno.

MCM/CRM

Veinticuatro horas después de la semifinal que revolucionó al país, el oficialismo abrirá el Senado para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que habilita la venta sin límites de las tierras nacionales a los extranjeros. Con el apoyo de los gobernadores y bloques aliados, que lograron introducir cambios al proyecto redactado por Federico Sturzenegger, el Gobierno buscará coronar la semana dandole media sanción a un proyecto que habilita los desalojos exprés para los inquilinos endeudados, flexibiliza la ley ambiental de Manejo del Fuego y elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

Será el tercer intento en lo que va del año. Boicoteada sistemáticamente por los coletazos generados por el caso Manuel Adorni, Patricia Bullrich volverá a intentar aprobar la iniciativa insignia de Sturzenegger. El primer intento fue hace un mes, en la misma sesión que el Senado aprobó el pliego de la candidata a jueza que Milei quiso vetar por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Y el último fue hace unas semanas, cuando la propia Bullrich dejó sin quórum para evitar la moción de censura contra Adorni y presionar, así, para que el Gobierno lo echara. Tres días después, Karina Milei le pidió la renuncia.

En esta ocasión, sin embargo, la prioridad del Gobierno es otra. Los números para aprobar el capítulo de extranjerización de la tierra están justos, y en el oficialismo se mueven con cautela porque están movidos por una urgencia. La urgencia tiene nombre propio: el pliego del juez Victor Pesino, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y tiene hasta entonces para conseguir que le aprueben el pliego para continuar cinco años en el cargo. Pesino viene de dejar sin efecto la cautelar que suspendía la reforma laboral y, a su vez, de intervenir uno de los sindicatos más combativos contra el Gobierno, la UOM.

El motivo del oficialismo para convocar la sesión en las vísperas del receso invernal es aprobar el pliego de Pesino, y la oposición apuesta a utilizarlo en su favor. Envalentonados por la victoria de Argentina sobre Inglaterra, el peronismo apuesta a voltear la sesión antes de que llegue el momento de tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El jefe de interbloque, José Mayans, viene conversando con algunos senadores más díscolos del radicalismo y de fuerzas provinciales con el objetivo de convencerlos de rechazar, al menos, el capítulo de extranjerización de las tierras.

“Estamos muy cerca de voltear el capítulo 3, pero dependemos de algunos radicales”, deslizó una senadora peronista que, hasta último momento, venía poroteando la sesión. El capítulo 3 es el que modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011 con el objetivo de poner límites a la venta ilimitada de tierras en el país, especialmente en zonas de recursos naturales o hídricas.

Bullrich negoció cambios hasta la semana pasada con el objetivo de conseguir los votos de algunos radicales, como Maxi Abad o Daniel Kroneberger. Habilitó límites para la venta de tierras a empresas con capital de estados extranjeros, así como dobles conformes –del Congreso Nacional y del gobernador– para las zonas de frontera. Pero la jefa del oficialismo no está segura aún de tener el número. Lo sabrá recién el jueves a la mañana, cuando los senadores que vienen de festejar el triunfo de la Argentina se sienten para dar quórum.

MCM/CRM