El juez federal Ariel Lijo dispuso avanzar con una pericia clave en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad. La medida apunta a analizar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que hasta el momento no habían sido plenamente incorporados al expediente.

La decisión marca un cambio en el rumbo de la investigación, ya que las grabaciones habían quedado en un segundo plano mientras se debatía su validez. Ahora, el magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 11 ordenó que se determine su autenticidad y procedencia.

Para ello, Lijo encomendó la tarea a la Gendarmería Nacional Argentina, específicamente a su Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, que deberá realizar un análisis técnico sobre el material. El objetivo es establecer si los audios son genuinos y cómo fueron obtenidos.

El avance se produce en línea con lo dispuesto previamente por la Cámara Federal porteña, que había ordenado verificar estos elementos antes de definir su valor probatorio dentro del expediente.

En paralelo, las defensas de Spagnuolo y de la empresa Suizo Argentina habían planteado la nulidad de la causa, argumentando que las grabaciones podrían tener un origen irregular. Si bien ese pedido no prosperó, sí derivó en la necesidad de profundizar el análisis sobre el material.

La resolución que impulsó esta instancia fue tomada por la Sala II del tribunal de apelaciones, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes en diciembre instruyeron avanzar con la verificación.

En ese momento, el juzgado estaba a cargo de manera subrogante de Sebastián Casanello, quien había recibido la orden de iniciar las comprobaciones sobre los audios.

Con esta nueva medida, la causa entra en una etapa decisiva, ya que el resultado de las pericias podría determinar el peso de las grabaciones dentro de la investigación y su eventual impacto en la situación procesal de los involucrados.

Con colaboración de Sebastián Lacunza

JIB

En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 35 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellas su extitular, ya procesado, Diego Spagnuolo, quien este martes se presentó en Comodoro Py pero se negó a declarar. Este martes también será el turno del exsegundo en el organismo, Daniel Garbellini. Las indagatorias se extenderán hasta el 26 de mayo.

Además de Spagnuolo y de Garbellini, también fue llamado a segunda indagatoria Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—”, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen fiscal, las maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.

También deberán pasar por los tribunales Andrés Horacio Arnaudo, Federico Maximiliano Santich, Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

Un entramado entre funcionarios y empresarios

De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, mientras que desde el ámbito privado habrían tenido roles clave Calvete y Pablo Atchabahian. A ellos se suman más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas.

El expediente describe un mecanismo en el que funcionarios de la ANDIS direccionaban compras de insumos -conocidos como PACBI- para beneficiar a empresas allegadas, a cambio de retornos y dádivas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas.

Estos insumos eran canalizados a través del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según la fiscalía, el circuito habría sido desviado de sus objetivos para favorecer a proveedores determinados, en perjuicio de la población destinataria.

Simulación de competencia y sobreprecios

Los fiscales sostienen que el esquema se apoyó en el sistema de compras SIIPFIS, que debía garantizar transparencia, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas vinculadas. Entre las irregularidades detectadas se mencionan la filtración de información privilegiada, la manipulación de compulsas de precios, acuerdos de cartelización y la participación directa de empresarios en decisiones internas del organismo.

Además, se registraron incrementos injustificados en los valores de medicamentos e insumos médicos. En algunos segmentos, como el de amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025 con una distribución equilibrada entre grupos empresariales, lo que refuerza la hipótesis de un reparto previamente acordado.

La causa también apunta a posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito del dinero generado por estas contrataciones.

19 procesados

Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas por el juez Sebastián Casanello (quien estuvo al frente de la causa hasta que dejó la subrogancia del Juzgado Federal 11 en febrero pasado y el sorteo cayó en manos de Ariel Lijo), consideradas en algunos casos como jefes de una asociación ilícita. La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el alcance total de las responsabilidades y profundizar el análisis del circuito financiero.

Con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, la investigación sigue en desarrollo. Para los fiscales, el expediente expone “una enorme trama de corrupción” en la que la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para canalizar pagos indebidos, en desmedro de políticas públicas destinadas a sectores especialmente vulnerables.

La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.

Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras.

También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Compras direccionadas y sobreprecios

El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.

De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.

El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.

Pagos indebidos y acceso irregular al sistema

La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.

El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.

En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

El origen de la causa

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.

Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.

Según la resolución de Casanello, quien subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Para el magistrado que llevó la primera parte de la causa, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Además, Casanello advirtió la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

MC

El Gobierno tiene un problema judicial. O, más precisamente, una acumulación de problemas judiciales que empiezan a superponerse en el tiempo y a dialogar entre sí. $LIBRA, ANDIS y el caso Adorni son expedientes distintos, con lógicas propias, pero atravesados por un mismo hilo conductor: todos rozan, de una u otra manera, el núcleo de poder que rodea a Javier Milei. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue solo un cambio de nombres, sino la designación, en los hechos, de un rol que nadie explicitó en público pero que en privado nadie se molesta en negar: el de escudo.

No se trata, además, de un actor ajeno a ese mundo. Mahiques viene de la llamada “familia judicial”, hijo de un histórico camarista de Casación y formado en los códigos, vínculos y lógicas de Comodoro Py, un capital que en la Casa Rosada le reconocen y por el que fue elegido para cumplir justamente esa función. La apuesta era clara: alguien que hablara el idioma de los tribunales, que conociera sus tiempos y sus reflejos, y que pudiera ofrecer cobertura en un momento de tensión creciente. El problema es que, a poco más de un mes de asumir, ese escudo todavía no logra mostrar eficacia, o peor aún, no termina de cubrir.

Hay escenas que lo delatan. En marzo, durante su primera entrevista en LN+, Mahiques ensayó la fórmula esperable, pero apenas unos segundos después cruzó esa línea y se metió de lleno en el caso $LIBRA, donde terminó actuando más como abogado defensor del Presidente que como ministro de Justicia. No lo hizo en un expediente ni en un dictamen, sino en televisión, como quien tantea el terreno, al esbozar una estrategia para desarmar la prueba central.

En Comodoro Py la hipótesis es conocida: si el origen de una prueba es cuestionable, todo lo que se construye sobre ella puede caerse. Es la mentada teoría del “fruto del árbol envenenado”. Por lo que cualquier filtración aparece, en el razonamiento de Mahiques, como una posible llave de nulidad. Ese corrimiento tuvo consecuencias, porque en los tribunales lo leyeron como una señal de debilidad más que de fortaleza. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque reveló la urgencia del oficialismo y expuso que las pruebas, lejos de ser marginales, preocupaban.

Esa preocupación se vuelve más tangible cuando se mira el estado de las causas. En $LIBRA, el expediente que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli empezaron a aportar elementos incómodos para la defensa oficial, incluyendo referencias a un presunto acuerdo económico con el propio Presidente para promocionar la criptomoneda meme que dio lugar a acusaciones de estafa y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.

En paralelo, la causa que investiga los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Ariel Lijo, acaba de escalar con un movimiento que en Tribunales funciona como señal de cambio de fase: los fiscales pidieron 27 nuevas indagatorias, ampliaron la imputación a una estructura que combina funcionarios y empresarios y pusieron bajo la lupa un esquema de direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones, con pedidos de inhibición de bienes incluidos, lo que indica que la investigación no solo sigue abierta sino que se expande. A su vez, en el caso Adorni, también bajo la órbita de Lijo, el expediente que más rápido se movió en los últimos días, la hipótesis de dádivas por el viaje a Punta del Este y las sospechas de enriquecimiento ilícito empiezan a consolidarse con pruebas que, al menos por ahora, resultan difíciles de desactivar. “Nos conviene que la causa avance rápido”, deslizan en Casa Rosada.

En ese mapa hay un dato que sobresale y que conecta los casos más sensibles que orbitan alrededor del oficialismo: aunque no todas están en el mismo juzgado, la figura de Lijo aparece como un actor central en este momento judicial. Su comportamiento en las últimas semanas no pasa desapercibido. Licencias llamativas, movimientos políticos y reuniones que trascienden pueden no significar demasiado por separado, pero en conjunto construyen la imagen de un magistrado en estado de activación, una percepción que circula cada vez con más fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Allí no lo dicen en voz alta, pero lo sugieren con insistencia. Lijo está en campaña, no en términos electorales sino institucionales, en un contexto en el que la Procuración General de la Nación volvió a entrar en la conversación como horizonte de poder, junto con los nombres de quienes aspiran a ocuparla, entre los que aparecen tanto el propio juez como el ministro Mahiques.

La paradoja es evidente, porque el funcionario que debería garantizar un vínculo aceitado entre el Gobierno y la Justicia compite, en los hechos, por el mismo objetivo que uno de los jueces que investiga a sus principales figuras. No es una disputa explícita, pero tampoco hace falta que lo sea, ya que se expresa en gestos, silencios y movimientos que se leen más por lo que insinúan que por lo que dicen, en un juego donde la exposición también construye posicionamiento.

Para Lijo, la ecuación pasa por recuperar centralidad después del traspié que significó su fallida llegada a la Corte Suprema impulsada por el asesor Santiago Caputo, mientras que para Mahiques el desafío es consolidarse en un cargo que, por ahora, lo expone más de lo que lo protege. Ambos saben que para llegar a ser jefe de los fiscales no alcanza solo con antecedentes técnicos, sino con poder político, y que ese poder se construye en el cruce, siempre inestable, entre los tribunales y la Casa Rosada.

Es que mientras en los pasillos de Comodoro Py empiezan a circular versiones que amplían el mapa —como la que menciona a Mahiques como posible nexo informal entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, las causas que acorralan a Milei dejan de ser solo expedientes para convertirse también en herramientas de negociación. Por eso, cuando en Balcarce 50 hablan de levantar un escudo ante al frente judicial, quizás estén mirando el partido equivocado. Echando mano a la metáfora del último video compartido por el Presidente en su cuenta de Instagram, del otro lado, más que delanteros aislados, empieza a haber un equipo que juega en bloque y que, sin apurarse, empieza a empujar la pelota hacia el arco con cada vez menos intermediarios.

PL/CRM

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron ampliar las declaraciones indagatorias, avanzar con nuevas imputaciones y dictar medidas cautelares en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los principales implicados se encuentra su extitular, Diego Spagnuolo, quien volverá a ser citado a declarar en el marco de nuevos hechos incorporados al expediente.

El pedido, dirigido al juez Ariel Lijo, alcanza a más de una veintena de funcionarios y empresarios -27 indagatorias en total- y se produce tras la aparición de “nuevos hallazgos” que ampliaron la estructura delictiva bajo análisis. Entre los convocados también figura el empresario Miguel Ángel Calvete, considerado junto a Spagnuolo como una pieza central del esquema.

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen fiscal, las maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.

Un entramado entre funcionarios y empresarios

De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que desde el ámbito privado habrían tenido roles clave Calvete y Pablo Atchabahian. A ellos se suman más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas.

El expediente describe un mecanismo en el que funcionarios de la ANDIS direccionaban compras de insumos -conocidos como PACBI- para beneficiar a empresas allegadas, a cambio de retornos y dádivas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas.

Estos insumos eran canalizados a través del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según la fiscalía, el circuito habría sido desviado de sus objetivos para favorecer a proveedores determinados, en perjuicio de la población destinataria.

Simulación de competencia y sobreprecios

Los fiscales sostienen que el esquema se apoyó en el sistema de compras SIIPFIS, que debía garantizar transparencia, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas vinculadas. Entre las irregularidades detectadas se mencionan la filtración de información privilegiada, la manipulación de compulsas de precios, acuerdos de cartelización y la participación directa de empresarios en decisiones internas del organismo.

Además, se registraron incrementos injustificados en los valores de medicamentos e insumos médicos. En algunos segmentos, como el de amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025 con una distribución equilibrada entre grupos empresariales, lo que refuerza la hipótesis de un reparto previamente acordado.

La causa también apunta a posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito del dinero generado por estas contrataciones.

Más imputados y avance sobre el patrimonio

Entre los nuevos citados a indagatoria figuran, además de Spagnuolo y Calvete, Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués, entre otros.

En paralelo, los fiscales solicitaron la inhibición general de bienes de personas físicas y jurídicas vinculadas al caso, con el objetivo de evitar el movimiento de activos mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas, consideradas en algunos casos como jefes de una asociación ilícita. La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el alcance total de las responsabilidades y profundizar el análisis del circuito financiero.

Con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, la investigación sigue en desarrollo. Para los fiscales, el expediente expone “una enorme trama de corrupción” en la que la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para canalizar pagos indebidos, en desmedro de políticas públicas destinadas a sectores especialmente vulnerables.

CRM

La investigación por el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, en la provincia de Salta, sumó en las últimas horas un fuerte condimento político a partir de los vínculos de los protagonistas con figuras del poder y contratos estatales.

La causa, que está en manos de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, se inició tras la viralización de imágenes de la boda de Nicole Pocoví y Federico Maran en un área protegida donde no están permitidos este tipo de eventos sin autorización. La investigación apunta a determinar si se utilizó un permiso falso para realizar la celebración y si hubo incumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Sin embargo, a medida que avanzó la pesquisa, comenzaron a emerger conexiones que exceden lo estrictamente ambiental o administrativo. Nicole Pocoví es hija de Marcelo Adolfo Pocoví, expareja de Zulemita Menem, quien en el pasado realizó duras declaraciones públicas sobre él. En paralelo, versiones sobre la posible presencia de integrantes de la familia Menem en la boda fueron desmentidas a La Nación por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El foco político también se posó sobre Kevin Pocoví, hermano de la novia, vinculado a la firma Inversora Eslava S.A., que mantiene un contrato millonario con el PAMI por el alquiler de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Según registros oficiales, esos espacios habrían sido utilizados en reiteradas oportunidades por La Libertad Avanza durante la campaña electoral, lo que abre interrogantes sobre la relación entre negocios privados y estructuras partidarias.

A esto se suma que otro de los hermanos, Alan Pocoví, se encuentra bajo investigación en la denominada “causa Andis”, donde se analizan presuntas maniobras de direccionamiento de contratos y lavado de dinero en el sistema de provisión de insumos para personas con discapacidad.

En este contexto, la Justicia no solo busca establecer si hubo irregularidades en la autorización del evento en un área protegida —regulada por las leyes provinciales 7.070 y 7.107—, sino también determinar si detrás del episodio existe una red de vínculos que conecte intereses económicos, relaciones políticas y eventuales beneficios indebidos.

Así, lo que comenzó como una presunta infracción ambiental por una boda en un paisaje icónico del norte argentino se transformó en un caso con derivaciones políticas, donde se cruzan nombres, contratos y estructuras de poder bajo la lupa judicial.

Con información de medios

JIB

La causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresa en una fase clave con la apertura del servidor informático secuestrado en la Droguería Suizo Argentina, empresa propiedad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Para el fiscal federal Franco Picardi, el análisis de ese material puede resultar determinante para profundizar la hipótesis sobre el “rol preponderante” que habría tenido la firma dentro del organismo.

El expediente ya derivó en el procesamiento de 18 personas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que funcionarios de la ANDIS y empresarios del sector salud habrían integrado una organización destinada a direccionar contrataciones y obtener beneficios económicos indebidos.

Si bien la Droguería Suizo Argentina no fue incluida en la primera tanda de procesamientos, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de nulidad presentado por los Kovalivker, lo que confirmó que la empresa continuará bajo investigación. La resolución señaló que la firma aparece mencionada en múltiples comunicaciones y registros incorporados a la causa.

Según la fiscalía, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS habría operado como una “ventanilla de pagos millonarios” con procedimientos que no garantizaban principios de transparencia y competencia. En ese contexto, la droguería fue beneficiada en un año con compras por aproximadamente 55.000 millones de pesos, volumen que ahora se encuentra bajo análisis.

En el expediente figuran conversaciones en las que se alude a la necesidad de “tener gente con la bandera correcta”, junto al emoji de la bandera suiza, así como referencias a “el helvético”. De acuerdo con la hipótesis fiscal, a través de ex funcionarios procesados como Pablo Atchabahian y Matías Garbellini, la empresa habría tenido influencia en decisiones administrativas internas, incluso en despidos de personal.

El comportamiento de los empresarios durante los allanamientos también quedó bajo escrutinio. Jonathan Kovalivker estuvo cuatro días sin presentarse ante la Justicia tras un procedimiento en su domicilio y entregó posteriormente un teléfono celular reseteado de fábrica. En el vehículo de Emmanuel Kovalivker, interceptado en Nordelta, las fuerzas de seguridad hallaron 266.000 dólares distribuidos en sobres y siete millones de pesos en efectivo. En la vivienda allanada se encontró una caja fuerte abierta con escaso dinero en su interior.

Los investigadores consideran que el análisis técnico del servidor permitirá reconstruir movimientos económicos, comunicaciones y eventuales directivas impartidas desde la empresa hacia el organismo estatal. Con esta nueva instancia probatoria, la causa ANDIS suma un elemento que podría resultar decisivo para determinar el grado de participación de la Droguería Suizo Argentina y de los hermanos Kovalivker en el presunto entramado de corrupción público-privado vinculado a la compra de medicamentos de alto costo.

La fortaleza del dueño de la Suizo Argentina

El edificio vidriado en la esquina de Ramsay y Monroe, en el barrio de Belgrano, es la sede de la droguería Suizo Argentina, empresa cuyo nombre empezó a ser conocido tras el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El edificio, una construcción moderna que contrasta con la fisonomía más clásica de la avenida Monroe, tiene continuidad en la esquina de Ramsay y Figueroa Alcorta, donde se encuentra uno de los estudios de diseño más prestigiosos del país.

De alrededor de 20 metros por lado, la sede de la Suizo Argentina, sobre la planta baja con dispositivos electrónicos para el ingreso, suma tres pisos de oficinas con vistas a la calle y en cuyo interior puede apreciarse el movimiento de los empleados, que para las 8 ya están en sus puestos de trabajo. Iluminación uniforme y muebles funcionales, sin demasiados lujos, es lo que puede verse a través de los cristales que, llamativamente, carecen de cortinas que den un poco de privacidad a las más expuestas.

La construcción tiene dos ingresos vehiculares, uno sobre cada arteria, que se comunican por el centro y funcionan, en algunos casos, como entrada y salida. Así, pudo apreciarse ingresar un Volvo de última generación por el portón de Monroe y retirarse, diez minutos más tarde, por la salida de Ramsay.

Esto parece funcionar de manera selectiva, ya que los vehículos que ingresaron por Ramsay estacionaron y volvieron a salir por el mismo portón, siempre asistidos por un efectivo de la Policía de la Ciudad. Una SUV BMW, también de última generación, ingresó por ese lugar y allí permaneció hasta horas de la tarde.

La seguridad es algo que la familia Kovalivker se toma muy en serio: lo primero que se aprecia al llegar por Monroe es la presencia de un móvil, rojo y con al menos dos personas, de la empresa San Miguel; son quienes custodian el ingreso por esa puerta y asisten, también, a quienes deben dejar o retirar mercadería, movimiento más bien escaso durante la jornada.

Además del puesto fijo, la seguridad se ve reforzada por un efectivo de la Comunal 13A —de ronda por la cuadrícula, no fijo— y la presencia alternativa de las diferentes divisiones de la Policía Federal que custodian el Monumento a los caídos, emplazado en el Parque de las Américas. La presencia del cronista fue rápidamente alertada y se hizo saber dentro del edificio, en el que no se apreció la llegada de las principales autoridades en el transcurso de la jornada.

Cámaras fijas apuntando en diferentes direcciones sobre los muros y un domo 360° sobre el poste que se encuentra justo delante del ingreso de Ramsay 2500 completan la seguridad del lugar, donde nada parece librado al azar: desde la primera pregunta del personal privado de guardia hasta los múltiples controles, que incluyen acceso por huella o llaves electrónicas incluidas en los celulares de los empleados para abrir el molinete que, finalmente, da acceso al resto del edificio.

Con información de la agencia Noticias Argentinas.

El juez federal Ariel Lijo, a quien el Gobierno había promovido para integrar la Corte Suprema, quedó a cargo de la causa por los presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que involucra al ex funcionario Diego Spagnuolo y otros colaboradores del entorno libertario.

Lijo salió sorteado después de que el magistrado Sebastián Casanello dejara la subrogancia del Juzgado Federal 11, que es el que lleva el expediente contra Spagnuolo.

Casanello subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio.

Al haber informado a la Cámara Federal que no solicitaría una prórroga de esa subrogancia, se designó por sorteo a Lijo, titular a su vez del Juzgado Federal 7, informaorn hoy fuentes judiciales.

La causa tiene 19 procesamientos dictados: además de Spagnuolo están Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian por delitos como cohecho activo, fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

A principios del año pasado el Gobierno había intentado promover a Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, aunque no consiguió el respaldo del Senado.

En el caso de Lijo, el máximo tribunal le exigió que renunciara a su cargo en el juzgado en lugar de presentar una licencia, lo que el magistrado se negó a hacer.

En tanto, Spagnuolo fue procesado el lunes último por asociación ilícita, mientras la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance la de la investigación.

Lo había dispuesto Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS.

Con información de la agencia NA

El Gobierno eligió el silencio. Ni defensa cerrada, ni contraataque, ni operación visible. Apenas mutismo. La decisión del juez federal Sebastián Casanello de procesar al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos volvió a encender una alarma que en la Casa Rosada creían encapsulada. El expediente, que en su origen parecía circunscripto al entorno de Karina Milei, terminó desplazando el foco y golpeando también al otro vértice del poder libertario: el universo de Santiago Caputo.

El fallo judicial describe a la ANDIS como un “centro de operaciones” de un esquema que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, direccionó compras de medicamentos de alto costo, habilitó sobreprecios millonarios y garantizó pagos privilegiados a un puñado de proveedores. En ese entramado aparecen, además de Spagnuolo y su segundo Daniel Garbellini, el operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete —señalado como nexo con las droguerías beneficiadas— y su hija Ornella, funcionaria del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado y ahora una de las procesadas, cuando renunció en silencio tras el estallido del escándalo.

Ese dato reconfigura el mapa político del caso. La causa ANDIS había sido leída inicialmente como un problema del karinismo, sobre todo tras la difusión, en agosto pasado, de los audios del titular del área (y abogado personal de Milei) Diego Spagnuolo en los que se mencionaba un presunto “3% para Karina”. En esas grabaciones también aparecía el nombre de Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos del oficialismo y figura central del dispositivo territorial de la secretaria general de la Presidencia.

Pero el avance judicial, los procesamientos y la reconstrucción del circuito de intermediación empezaron a rozar también al sector ligado a Santiago Caputo. No solo por la figura de Calvete y su hija, sino por las conexiones operativas entre ANDIS y el PAMI —dos áreas que compartían proveedores, mecanismos de compra y circuitos de autorización— y por la aparición de iniciales políticamente sensibles en cuadernos incautados por la Justicia.

En la Casa Rosada, hace tiempo que la decisión fue replegarse. Sin declaraciones públicas de peso ni una narrativa oficial que ordene el episodio, el Gobierno apuesta a una estrategia de enfriamiento. “Es un tema que está investigando la Justicia”, se limitan a responder oficialmente. El objetivo es evitar que el expediente se convierta en un nuevo campo de batalla interno entre el karinismo y el caputismo, una tensión que se mantiene y que la causa ANDIS vuelve a poner en escena bajo una forma incómoda: la de una trama judicial que ya no distingue facciones.

La incomodidad es doble. Porque el caso no solo expone presuntas maniobras de corrupción en un área sensible, como es la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, sino que además toca fibras del propio diseño de poder del oficialismo. La ANDIS, hoy convertida en secretaría dentro del Ministerio de Salud tras su disolución formal, había sido presentada por el Gobierno como un organismo a “sanear” por irregularidades heredadas. Pero el avance del expediente sugiere algo distinto: que el problema no quedó encapsulado en el pasado y que las responsabilidades podrían escalar más allá de los nombres ya procesados.

El esquema Calvete

En ese esquema, la figura de Miguel Ángel Calvete adquirió un peso particular. Exconcejal de La Matanza por Cambiemos y dirigente del sector supermercadista —fue presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos (FESACH)—, sin cargo formal dentro del Estado, la investigación lo ubica como un operador con acceso a decisiones sensibles del área de discapacidad. Según la hipótesis judicial, habría funcionado como nexo entre el entorno de Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y droguerías beneficiadas por el esquema de compras, con capacidad para influir en adjudicaciones, circuitos administrativos y flujos de pagos.

La dimensión política del caso se amplificó por el vínculo familiar. Su hija, Ornella Calvete, se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado, cuando presentó su renuncia en medio del avance judicial. Durante la investigación, la Justicia allanó su domicilio y secuestró 700.000 dólares en efectivo, los cuales no pudo justificar.

El expediente del fiscal Franco Picardi incorporó además intercambios entre padre e hija que, según la acusación, ayudan a reconstruir el funcionamiento del circuito bajo sospecha. En uno de esos chats, del 10 de septiembre de 2025, Ornella le escribe a su padre —a quien tenía agendado como “Carmela Vivaldi”— para que intermedie en favor de una empresa.

Calvete responde que ya había concretado una reunión y ella le dice que, si todo salía bien, le compraría “una lambo, una granja, lo que quieras”, a lo que él contesta: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”. Dos días después, tras advertir la presencia policial en su domicilio, Ornella le consulta por la situación de una firma vinculada a su padre y por la existencia de “cash blanco”, mientras él le sugiere “hacerse la gila”. Esa superposición entre el rol del operador y la presencia de su hija dentro de la estructura estatal terminó de ampliar el alcance político de la causa más allá del núcleo original del caso ANDIS.

Por el escándalo, también renunció en noviembre la pareja de Ornella y yerno de Miguel Calvete, Javier Cardini, ni más ni menos que el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Tras una trayectoria en el sector tecnológico privado, su desembarco se produjo en un área atravesada por el reparto de influencia entre Karina Milei y Santiago Caputo, a partir de su vínculo personal con el asesor presidencial y su hermano Francisco Caputo, mediado a su vez por Georgie Neuss, amigo de la infancia de ambos, según publicó Alejandro Rebossio en elDiarioAR. Con Cardini ingresó además la tía de Ornella, Susana Calvete, hermana del operador farmacéutico, que también fue despedida.

En los tribunales, la investigación avanzó sobre un esquema preciso. Según la resolución, la ANDIS operó durante casi dos años con un mecanismo paralelo de compras —las llamadas “compulsas especiales”— en el que la competencia era ficticia y las adjudicaciones estaban definidas de antemano.

Cuatro droguerías concentraron más del 90% de ciertas contrataciones por montos superiores a los 30 mil millones de pesos, con incrementos abruptos de precios en medicamentos esenciales y accesos irregulares al sistema informático del organismo por parte de personas ajenas a la estructura estatal. El cuadro que describe el juez Casanello va más allá de una anomalía puntual. Se trata de una arquitectura diseñada para garantizar retornos, pagos privilegiados y direccionamiento sistemático.

La Salud como caja

Ese diagnóstico es el que complica políticamente al Gobierno. Porque el caso ya no se limita a los audios de Spagnuolo ni a la hipótesis inicial de un pedido de aportes irregulares. El volumen de pruebas empujó la causa hacia una reconstrucción más amplia del circuito de decisiones, donde la frontera entre funcionarios y operadores privados aparece deliberadamente difusa. Y en ese punto, el expediente vuelve a cruzarse con el mapa real del poder libertario.

En paralelo, el Ministerio de Salud atraviesa una fase de tensión silenciosa, pero el dato político central no es el desgaste de Mario Lugones sino la consolidación de Santiago Caputo. Tras el último reacomodo interno, el asesor presidencial terminó de afirmar su control sobre el área, convertida en uno de los núcleos de mayor peso dentro de su arquitectura de poder. En la lógica del oficialismo, Salud funciona como una caja de gestión y financiamiento bajo su influencia directa, con el PAMI como pieza clave operada por funcionarios de su máxima confianza.

Las conexiones entre ANDIS y el organismo previsional que conduce Esteban Leguizamo comenzaron a ser cada vez más evidentes, sobre todo a partir de que el nombre de su número 2, Carlos Zamparolo, apareciera en los registros incautados a Calvete junto a siglas políticamente sensibles. El rediseño del PAMI impulsado por el caputismo buscó centralizar aún más las decisiones, en un intento por controlar la gestión de insumos de alto costo, en medio de denuncias de pactos subterráneos con sectores del peronismo hechas por referentes libertarios del conurbano.

El Gobierno, por ahora, evita cualquier reacción que amplifique el tema. Más allá de en un principio desdecir a Spagnuolo, hasta el momento no hubo intento alguno de desacreditar la investigación judicial ni un discurso defensivo que ordene la escena. La apuesta, por el contrario, fue dejar que el expediente siga su curso sin transformarlo en un conflicto público. Pero ese silencio oficial también refleja una dificultad: el caso no golpea a un sector aislado, sino que toca simultáneamente a las dos alas del poder puertas adentro de la Casa Rosada.

En ese cruce, el expediente adquiere otra dimensión. No solo por lo que ya probó la Justicia, sino por lo que sugiere el propio fallo del juez Casanello cuando advierte que el esquema “no se agota en los hechos aquí probados” y que podría existir “otro nivel de complicidades”. Esa frase, leída con atención en Balcarce 50, es la que explica el clima de repliegue: nadie sabe hasta dónde puede escalar la causa ni qué nombres podrían aparecer en la próxima etapa.

PL/CRM

El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas —entre exfuncionarios mileístas y operadores privados— por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos, en una causa que investiga el manejo irregular de compras de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.

Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras

También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Compras direccionadas y sobreprecios

El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.

De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.

El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.

Pagos indebidos y acceso irregular al sistema

La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.

El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.

En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

El origen de la causa

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.

Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.

Según la resolución de Casanello, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Para el magistrado, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Además, Casanello advierte la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Con información de agencia NA

Los trabajadores de la agencia nacional de discapacidad ANDIS se enteraron de su disolución en el mismo momento en que lo anunció Manuel Adorni en la conferencia de prensa que dio el martes a media mañana. Entonces estallaron los grupos de WhatsApp internos, sobre todo los del área de Recursos Humanos, que tampoco sabía de antemano lo que dio a conocer el jefe de Gabinete. Casi 12 horas tardó en reaccionar la directora, Camila Blanco Lifrieri, que en un mensaje de audio se la escucha decir: “Dudé bastante en enviar este audio. Por motivos obvios este audio se va destruir en 3, 2, 1… Pero quiero transmitir tranquilidad. No cambia absolutamente nada. Nosotros seguimos funcionando. Nadie va a dejar de tener un puesto de trabajo”. 

El mensaje de la funcionaria al que accedió elDiarioAR es más que elocuente en una parte: “No nos va a absorber literal el Ministerio de Salud. La idea no era que lo mencionara Adorni de esta manera”. El audio revela cierto conflicto interno en la nueva estructura que pensó el Gobierno: que la cartera de Mario Lugones se haga cargo del nuevo organismo, un modo elegante para buscar tapar el escándalo que estalló con las acusaciones de presunta trama de corrupción que favoreció a Karina Milei, trianguló Miguel Ángel Calvete y terminó con la corta gestión de Diego Spagnuolo, amigo del Presidente. Todo, mientras se negó la aplicación de la ley de emergencia votada e insistida por el Congreso.

Lo que dijo Adorni días atrás fue: “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”.

La Casa Rosada oficializó este viernes la disolución de la ANDIS y los trabajadores, personas con discapacidad y familiares marcharon a la histórica sede de la calle Yrigoyen para reclamar en contra. Denuncian ya 700 despidos en el área.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el avance de la motosierra se anticipaba internamente en el organismo: “Días previos había muchísimo radiopasillo de nuevos despidos, lo cual iban a ocurrir independientemente de la disolución debido a que una vez más caían los contratos”, comentó una voz que conoce internamente la ANDIS.

Milei avanzó contra la ANDIS a través de un DNU firmado por todo su gabinete. El decreto 942/2025 prorroga la emergencia sanitaria nacional hasta fines de 2026 y, como parte de su articulado, sustituye la estructura orgánica de la ANDIS, incorpora la ahora llamada Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud y establece que ese ministerio actuará “como continuador” del organismo, transfiriendo créditos, bienes y personal y derogando parte de la normativa que había creado la agencia como entidad con autonomía administrativa. Desde agosto pasado, cuando estalló el escándalo de Spagnolo y Karina Milei por el 3%, el organismo está intervenido por Alejandro Vilches.

Para el sector de discapacidad la reestructuración es apenas un maquillaje. “Desde el comienzo de este gobierno nuestra asamblea viene denunciando el continuo vaciamiento”, sostuvo la asamblea Discas en Lucha. El cambio clave sobre el que ponen alerta es que el organismo pase a definirse únicamente bajo el enfoque de salud, contraria al enfoque integral de derechos previsto en tratados internacionales.

El maquillaje burocrático de la ANDIS refuerza cambios que se aceleraron en noviembre, cuando el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi avanzaron en la trama de corrupción que tuvo como nodo a Calvete por compras y contratos amañados. elDiarioAR reveló cómo semanas atrás comenzó a haber traslados de áreas por supuestas cuestiones económicas: grupos de trabajadores fueron mudados de un edificio alquilado a inmuebles propios de la agencia. 

La ANDIS se creó en 2017 con la unificación de tres organismos con sedes separadas: Incluir Salud, la Comisión Nacional de Pensiones y el Sistema Nacional de Rehabilitación. En noviembre se cerró la sede de la avenida Rivadavia, la única que alquilaba y donde estaba Incluir Salud. Sí se mantuvieron las sedes en la calle Yrigoyen, donde funcionaba la Comisión Nacional de Pensiones, y en la calle Ramsay, donde estaba el Sistema Nacional de Rehabilitación. 

Junto con la mudanza intempestiva y los despidos, los trabajadores sufrieron en el último tiempo maltrato psicológico. “Esperamos un diciembre nefasto. Estamos bajo un régimen y cualquier cosa que digamos es para que nos despidan. Y que se entienda que el organismo además está intervenido por una presunta causa de coimas en medicamentos, no por culpa de los trabajadores”, señaló en su momento una de las empleadas consultadas.

A la problemática laboral se le suma la complejidad de su representación gremial. Como es un organismo que ensambló distintos entes, las juntas internas de UPCN se unificaron, pero en ATE quedaron separadas. “No nos han dado jamás información, ni nos han llamado a reunirnos en asambleas, no nos han contenido ni nos han representado jurídicamente, no han planteado ningún tipo de plan de lucha”, dijo a elDiarioAR una persona despedida.

En la web de ANDIS (https://www.argentina.gob.ar/andis/) ya figura la pomposa nueva Secretaría Nacional de Discapacidad. Allí se presenta con su objetivo declarado: “Elaboramos y gestionamos políticas públicas para promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad”. Pero un aviso da cuenta del efecto de la motosierra de Milei: “Estamos actualizando los contenidos del sitio en el marco de la implementación del Decreto [942/2025]”.

Semanas atrás, en la misma web se podía leer un dato clave sobre cómo el Gobierno vació el organismo: desde que asumió Milei se pasó de 1600 a 600 trabajadores. “La dotación óptima del organismo es de 881 agentes”, se leía en un apartado sobre el personal en la página oficial. 

Ahora los trabajadores denuncian que habrían 700 despidos y temen que haya más, porque con la absorción en el Ministerio de Salud habrá áreas que se superpondrán, como por ejemplo la de Recursos Humanos, más allá de que su directora anunció en el audio que prometió eliminar en la previa al Año Nuevo: “Nosotros seguimos funcionando. Nadie va a dejar de tener un puesto de trabajo”. 

MC

Organizaciones de personas con discapacidad, trabajadoras y colectivos sociales se convocaron a una protesta este viernes 2 de enero en la sede de pensiones de la ANDIS para repudiar el decreto presidencial 942/2025, mediante el cual el Ejecutivo dispuso la eliminación del organismo descentralizado y la transferencia de sus funciones al Ministerio de Salud. Denunciaron, además, que el proceso de reestructuración incluye más de 700 despidos y profundiza un vaciamiento que ya venía afectando prestaciones, pensiones y áreas clave de políticas públicas para personas con discapacidad.

El DNU, publicado este viernes en el Boletín Oficial, prorroga la emergencia sanitaria nacional hasta fines de 2026 y, como parte de su articulado, sustituye la estructura orgánica de la ANDIS, incorpora la Secretaría Nacional de Discapacidad al Ministerio de Salud y establece que ese ministerio actuará “como continuador” del organismo, transfiriendo créditos, bienes y personal y derogando parte de la normativa que había creado la agencia como entidad con autonomía administrativa.

Para los sectores afectados, esta decisión formaliza un proceso que, aseguran, ya venía desmantelando desde hacía meses la capacidad del Estado de gestionar integralmente la discapacidad. “Desde el comienzo de este gobierno nuestra asamblea viene denunciando el continuo vaciamiento”, sostiene una gacetilla de la asamblea Discas en Lucha, que denuncia más de 700 despidos, el debilitamiento de áreas como accesibilidad, la quita de pensiones y medicaciones, y la destrucción de capacidades técnicas y de gestión. En ese marco, advierten que la reforma apunta a “desaparecer nuestras vidas” y rechazan que el organismo pase a definirse únicamente bajo el enfoque de salud.

Frente a la sede en Hipólito Yrigoyen 1439 de la Ciudad de Buenos Aires, la asamblea realizó una radio abierta para visibilizar el impacto de las medidas y convocar a la lucha por “derechos que no se recortan ni se diluyen en reestructuraciones burocráticas”.

El plan de lucha anunciado incluye, además de esta actividad, una articulación con otros sectores en reclamos el sábado 3 en la estación Berazategui, donde se abordarán también la defensa del agua y la accesibilidad en el transporte público; y una movilización al Congreso el miércoles 7 de enero a las 17 horas junto a jubilados, para exigir la reincorporación de les despedides, el rechazo al decreto 942/2025 y la activación de un paro con plan de lucha a las centrales sindicales y al Foro en Discapacidad.

La protesta también cuestiona la orientación del Gobierno respecto de la discapacidad como “cuestión de salud”, contraria al enfoque integral de derechos previsto en tratados internacionales, y señala que la disolución de ANDIS podría servir para minimizar o encubrir investigaciones por irregularidades y denuncias de corrupción que envolvieron a la agencia en los últimos meses.

MC

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, meses después de que estallara un escándalo de corrupción que salpicó a Karina Milei y provocó la salida de Diego Spagnuolo, íntimo del Presidente. La decisión fue el eje más sensible de la última conferencia de prensa del año del jefe de Gabinete Manuel Adorni y llegó acompañada de un balance político de gestión, definiciones económicas y decisiones en materia de comunicación oficial, además de respuestas sobre minería, fondos para las provincias y nombramientos pendientes en el Gobierno.

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir”, confirmó Adorni, al explicar que el organismo acumuló con el paso de los años “capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. Según el jefe de Gabinete, esa autonomía derivó en un esquema sin controles efectivos, que terminó afectando el destino de recursos sensibles.

Para justificar la medida, enumeró irregularidades detectadas en auditorías y relevamientos internos: “Personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico”, además de organizaciones que facturaban servicios sin prestarlos. Citó el caso de la Fundación Metas, que, según describió, funcionaba en una vivienda precaria “sin agua, sin electricidad ni mobiliario”, donde solo se encontraron “suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.

El rediseño implica que las políticas de discapacidad pasarán a depender directamente del Ministerio de Salud, con “criterios sanitarios en todas las decisiones”, trazabilidad de expedientes y auditorías permanentes. También incluye la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa “una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del área”. Adorni buscó despejar temores ante un anuncio sensible: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni prestaciones. No se corta absolutamente ninguna prestación”, remarcó.

El trasfondo político del cierre del organismo también remite al escándalo de los audios de Spagnuolo, que estalló en agosto de este año y expuso presuntas maniobras internas, pedidos irregulares y circuitos informales de gestión dentro del área vinculada a discapacidad. Aquellas grabaciones —difundidas públicamente y replicadas en distintos medios— dieron el puntapié inicial a la causa que ahora se tramita en los tribunales, al tiempo que reforzaron la idea de que la ANDIS se había convertido en una estructura difícil de auditar y controlar. El interventor designado fue Alejandro Vilches, médico especializado en gestión de sistemas de salud pública y privada, de estrecho vínculo con el ministro Mario Lugones.

“Un cambio de época”

En el mismo mensaje, el jefe de Gabinete celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y de la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, a las que definió como “probablemente las más importantes de la historia argentina reciente”. Sobre la denominada ley de leyes, destacó que es el “primer presupuesto aprobado con déficit cero y sin estar en default” y sostuvo que su sanción implica “un cambio de época, un nuevo paradigma para la gestión de lo público”.

Adorni recordó que durante los dos primeros años de gestión el Gobierno debió gobernar con presupuestos prorrogados y apuntó contra la herencia recibida. “Venimos de un presupuesto que proyectaba 60% de inflación y terminó siendo más del triple”, dijo, en referencia al último año del gobierno anterior. Para el jefe de Gabinete, el Presupuesto 2026 no es “un cheque en blanco para el poder de turno”, sino “un contrato con toda la sociedad”, basado en una regla fiscal explícita: “Si el Estado recauda más de lo previsto, baja impuestos; si recauda menos, ajusta el gasto público”.

En ese sentido, defendió también la Ley de Principio de Inocencia Fiscal como un giro frente a un “régimen persecutorio” que, según dijo, trató durante décadas a los ciudadanos como sospechosos. “Los argentinos nos acostumbramos a vivir bajo un sistema donde quien ahorraba era tratado como un delincuente”, afirmó, y sintetizó el espíritu de la norma con una consigna repetida a lo largo de la conferencia: “Lo tuyo es tuyo. Tus dólares, tu decisión”. Detalló el régimen simplificado de Ganancias, la suba de los umbrales penales por evasión y la reducción del plazo de prescripción, además de señalar que 17 provincias ya firmaron convenios de intercambio de información con ARCA.

Adorni confirmó, además, que el Ministerio de Seguridad apelará el fallo que busca frenar el protocolo antipiquetes. “Estar en contra del protocolo es estar en contra de la ley y del orden”, sostuvo, y reivindicó la línea 134 de denuncias. Según afirmó, el esquema permitió garantizar la libre circulación y evitar el regreso a “más de 8.000 piquetes anuales” que, aseguró, caracterizaban a la gestión anterior.

Otro de los anuncios relevantes fue la reconversión de planes sociales en vouchers educativos. “Los planes sociales se van a transformar en vouchers para la capacitación”, dijo Adorni, al precisar que unos 900.000 beneficiarios del Plan Volver al Trabajo deberán capacitarse para sostener el beneficio. El esquema combinará oficios tradicionales y competencias tecnológicas, con acuerdos con empresas como Mercado Libre, Arcos Dorados y Quilmes. “Generar empleo en blanco en el sector privado es una obsesión de este gobierno”, sintetizó.

En materia de seguridad y control territorial, informó la aprobación de un financiamiento para adquirir cuatro helicópteros AW109, junto al banco francés CASIB, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el control de los espacios marítimos jurisdiccionales de la Argentina.

Durante la ronda de preguntas, Adorni aclaró que los Aportes del Tesoro Nacional (ATNs) se asignan “a pedido y en función de emergencias”, como eventos climáticos u otras situaciones excepcionales, y defendió su uso para asistir a provincias.

El jefe de Gabinete defendió también el desarrollo minero, al que definió como una oportunidad de “trabajo, inversión y futuro”, y recordó que los recursos son provinciales, por lo que cada distrito definirá su estrategia. “No hay una justificación real para no desarrollar la minería”, sostuvo, al comparar a la Argentina con países de la región que exportan varias veces más en ese sector.

Por otro lado, consultado por una queja de la vicepresidenta Victoria Villarruel por partidas asignadas al Senado, Adorni habló de un error técnico de distribución en algunos incisos del Presupuesto, que será reacomodado tras su promulgación. “El número global está bien, lo que falló fue la distribución”, explicó. Mientras que sobre una eventual designación de Diego Valenzuela en el Gobierno nacional, fue cauto: “Cuando esté firmada, lo vamos a comunicar”.

Hacia el final, confirmó la extensión del decreto de pauta oficial cero por al menos un año más y volvió a invitar al gobernador Axel Kicillof a “tomar el mismo rumbo”. Agradeció el acompañamiento ciudadano, destacó que se cumplió la mitad del mandato y afirmó que “por primera vez en muchos años diciembre fue un mes en el que los argentinos debatieron el futuro, sin saqueos ni desorden en las calles”.

“Argentina ha cambiado para siempre”, cerró Adorni. “Por primera vez tenemos un presidente que cumple con lo que promete”. Con el cierre del ANDIS como punta de lanza, el Gobierno condensó su narrativa de fin de año: orden fiscal, control del espacio público y reconversión de la política social. El impacto concreto de esas decisiones empezará a medirse en 2026.

PL/MC

Tras el escándalo a raíz de la filtración de los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo, el Gobierno finalmente concretó la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y traspasó sus atribuciones al Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones. 

Se trata de una decisión que maduraba en la administración libertaria desde las denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición por presuntas irregularidades y tras la difusión de los audios que involucraban hechos de supuesta corrupción en la agencia que conducía Diego Spagnuolo, el exabogado del presidente Javier Milei, y que salpicaron a su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia. 

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde la sala de conferencias. 

Asimismo, remarcó: “La agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo coordinar las políticas públicas en discapacidad. Sin embargo, durante años y fruto de la autonomía administrativa que gozaba este tipo de organización, acumuló toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. 

Para Adorni, la situación “provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario”.

“Solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores. Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, sentenció el funcionario, y completó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”. 

Por su parte, aclaró: “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo. Esto lo aclaro, porque en virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”.

Con información de NA.

IG

La defensa de Diego Spagnuolo presentó un peritaje en el expediente sobre las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con el fin supuesto de deslegitimar los audios atribuidos al extitular del organismo que revelarían un esquema masivo de corrupción orquestado por Karina Milei y los primos Menem. Sin embargo, la constatación del informe realizado por la firma española Graudio Forensics no hace más que aumentar la verosimilitud de una parte crucial de los dichos atribuidos a Spagnuolo, en especial, la que compromete al Presidente y su hermana.

El nuevo abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, anunció días atrás la existencia del informe pericial ordenado por su cliente, y hoy concretó su incorporación al expediente. Según dijo D'Alessandro, el estudio ratificaría la manipulación con inteligencia artificial de los registros difundidos en agosto, en un cambio con respecto a la línea de defensa inicial llevada a cabo por otros abogados del exmejor amigo y exabogado de Javier Milei.

El peritaje ratifica un dato que estuvo claro desde el principio, cuando los periodistas Ivy Cángaro y Mauro Federico hicieron públicos los audios en los sitios Data Clave y Carnaval. No se trata de una grabación de corrido, sino de fragmentos, con ediciones para borrar, por ejemplo, la voz del interlocutor de Spagnuolo. No obstante, hay partes nítidas que narrarían graves delitos. El autor del informe, Miguel Ángel de la Torre, un licenciado en Comunicación y máster en Dirección de Seguridad, detecta 18 cortes “compatibles con la edición intencionada”. Hasta allí, sin sorpresas.

La parte en la que el estudio se da vuelta como un búmeran para Spagnuolo —si es que su intención real era beneficiarse a sí mismo y a los hermanos Milei— es cuando se aboca a dilucidar si se utilizó una “voz sintetizada” mediante inteligencia artificial, a partir de la página 21 del texto de Graudio Forensics. La conclusión es que es “baja” la probabilidad de que, en efecto, no sea la voz de Spagnuolo la que revela el 3% de coimas para Karina y su indignación porque Javier Milei fue cómplice, cuando la conversación transcurre “en el contexto de restaurante o cafetería”), y es “alta” en el tramo por teléfono.

El español De la Torre analiza, por un lado, el primer minuto y 44 segundos del audio:

“En el análisis del fragmento inicial del archivo objeto de estudio (discurso en el contexto de restaurante o cafetería), los resultados entregan un valor de probabilidad del 42% (bajo), que no permite sacar una conclusión inequívoca sobre la presencia de síntesis vocal”.

Luego, en la parte telefónica, la conclusión es diferente.

“Sin embargo, en el fragmento correspondiente al discurso en el contexto telefónico, la herramienta entrega un resultado con una estimación de probabilidad del 65%, razonable para afirmar que el audio contiene trazas de voz sintetizada”.

Si sabés que están choreando, no te podés hacer el boludo conmigo

Voz atribuida a Diego Spagnuolo

El estudio se vuelve problemático para los Milei y los Menem cuando se analiza qué es lo que dice la voz atribuida a Spagnuolo en el contexto de un bar. Los siguientes son algunos de los textuales:

En cualquier caso, el autor del informe resalta en letras mayúsculas, en dos oportunidades, que el archivo remitido por D'Alessandro no es suficiente para “tomar una decisión final sobre la existencia total o parcial de voz sintetizada”. “Deberíamos adicionalmente analizar otros rasgos del habla, como es el ritmo, la entonación, y el acento o énfasis dentro de las palabras, pero falta contenido y contexto al no disponer de toda la secuencia conversacinoal y resto de los hablantes”.

De hecho, el informe español analiza, entre diálogos presenciales y telefónicos, apenas 7 minutos 32 segundos enviados por la defensa de Spagnuolo, una fracción menor de los conocido.

El juzgado criminal federal de Sebastián Casanello remitió el informe pericial a la Cámara, que debe expedirse en breve sobre el pedido de nulidad de la causa formulado por diversas partes, entre ellas, el examigo de Milei.

Tanto el juez como el fiscal, Franco Picardi, dejaron claro en sus dictámenes y decisiones que la construcción del expediente se basa sobre documentos, registros contables y diálogos de whatsapps obtenidos a partir de una veintena de allanamientos.

La estrategia de Spagnuolo, a partir de la llegada de D'Alessandro a su defensa después de las elecciones legislativas del 26 de octubre, pasó a coincidir llamativamente con el esbozo de Milei, quien semanas después de que se desatara el escándalo, dijo que se trataba de audios creados con inteligencia artificial. El fin último de este argumento es que impere la teoría del fruto del árbol prohibido, que sostiene que nunca una causa puede construirse a partir de pruebas ilegales.

Casanello y Picardi afirmaron en su consideración sobre la nulidad que el origen surge del texto de una denuncia —presentada por el abogado Gregorio Dalbón— con indicios verosímiles, pero que los audios no fueron tomados como prueba. De hecho, en sus resoluciones, prácticamente no hay alusiones a los audios atribuidos a Spagnuolo.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El juez Sebastián Casanello y el Fiscal Franco Picardi indagarán este mediodía al coordinador de Gestión de Urgencias de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Roger Edgar Grant, señalado por el Ministerio Público como una pieza operativa central dentro de la maniobra delictiva investigada por presuntas irregularidades en las compulsas de precios y contrataciones del organismo. Es la trama de corrupción que encabezarían Diego Spagnuolo, quien tenía un estrecho vínculo con los Milei, y el lobista Miguel Calvete.

Según el dictamen fiscal, Grant actuaba como ejecutor directo de las órdenes impartidas por el entonces titular de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, interviniendo en el armado de compulsas, habilitación de proveedores y manipulación de los tiempos del sistema SIIPFIS, en coordinación con operadores externos vinculados al sector privado.

La imputación señala que Grant “llevó adelante compulsas”, cumplió instrucciones precisas de Garbellini y participó en un esquema de consultas y decisiones articuladas con otros funcionarios para favorecer a un conjunto reducido de droguerías, incluso quedando registrado en documentación secuestrada a uno de los presuntos organizadores de la maniobra.

La fiscalía destacó además, que su nombre aparece asociado a comunicaciones internas que evidencian la influencia de actores privados sobre su tarea cotidiana dentro de la agencia, reforzando la sospecha de que su rol fue indispensable para la ejecución administrativa del esquema investigado.

Hasta ahora 5 de los 15 indagados evitaron responder preguntas del juez y el fiscal. Los investigadores buscan profundizar la reconstrucción de la cadena de responsabilidades que, según la acusación, permitió convertir áreas sensibles de la ANDIS en un circuito paralelo de decisiones y beneficios económicos dirigidos.

Con información de agencia NA

Pablo Atchabahian, hombre con múltiples funciones pasadas en el macrismo y luego volcado a la actividad privada, actuaba como un jefe paraestatal en la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) hasta hace semanas. Impartía premios y castigos, ordenaba “dormir pagos” a competidores porque estaban “jugando mal”, organizaba el reparto de presuntas coimas y disponía despidos de personal. “Rajá a esa mina”, ordenó una vez. Todo ello lo ejecutaba desde un teléfono celular a nombre de su empleador, la multinacional Roche, líder en la industria global de los laboratorios.

La firma resultó beneficiaria directa del despliegue plenipotenciario de Atchabahian en ANDIS. En el expediente que tramita en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, está registrado un pedido de Atchabahian para que la Agencia invitara a una droguería a participar de una compulsa de precios. Días después, la Droguería 20 de Junio, comercializadora de los productos Roche, logró que le adjudicaran la provisión de un medicamento de alto costo para pacientes con hemofilia A.

La empresa, cuya CEO en Argentina es la peruana María Pía Orihuela, pudo hasta ahora evitar el foco en una trama de corrupción que alumbró nombres de alto impacto y llegaría a las altas esferas del mundo Milei. Tras reiteradas consultas ante la filial argentina y la casa central en Suiza, F. Hoffmann-La Roche Ltd, la firma respondió a este medio con un texto de apariencia formal, que expone su estrategia legal.

“Roche Argentina no es parte demandada ni imputada en esta causa. Nuestra participación en la misma se limita a colaborar con la Justicia, a la cual le hemos proporcionado toda la información requerida. Las acciones mencionadas son de carácter individual y no representan ni cuentan con la aprobación corporativa de Roche”, expresó la empresa.

El texto anticipa que el laboratorio suizo, con 134 años de existencia y 95 de presencia en Argentina, deslinda las responsabilidades sobre lo actuado por Atchabahian y otra empleada, Luciana Ferrari. En una acción espejo, la sede central de Roche en Basilea respondió con retardo y transfirió todas las consultas a la filial argentina.

En un dato que marca el grado de venalidad con que se manejaban las licitaciones en ANDIS, la neuróloga Ferrari, que también actuó bajo las órdenes de Atchabahian en los dos últimos años del Gobierno de Mauricio Macri, tenía acceso a un sistema informático estatal para las adjudicaciones de medicamentos e insumos. El cargo de la tucumana Ferrrari en Roche hasta mediados de noviembre, cuando fue despedida, era health system partner, función descripta por la propia empresa como facilitadora del acceso a la salud y asociaciones entre el mundo privado y gubernamental. En otras palabras, lobby. Ya en 2020, la médica había prestado servicios para Roche, según su currículum.

Aunque el laboratorio suizo afirma que no es parte demandada ni imputada, lo cierto es que sus oficinas fueron allanadas y presentó abogados defensores ante el juzgado criminal federal 7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Casanello. El dictamen del fiscal Franco Picardi, que disparó decenas de allanamientos e indagatorias hace un mes, describe el mecanismo por el cual Atchabahian presuntamente benefició a su empleador con métodos espurios.

Código de conducta

Fuentes con conocimiento del expediente afirman que las imputaciones apenas están en su fase inicial. De hecho, el viernes se produjeron allanamientos y serían inminentes nuevos llamados a indagatoria, sobre los veinte ya efectuados.

Los indicios describen un sistema de sobreprecios y coimas cuyo alcance sería mucho mayor al descripto hasta ahora (unos US$30 millones), tanto en la magnitud del robo al presupuesto estatal de medicamentos para discapacitados y pacientes vulnerables, como en las responsabilidades hacia la cumbre del Poder Ejecutivo.

En los audios que se le atribuyen a Diego Spagnuolo y motivaron la denuncia que disparó la investigación judicial, el exmejor amigo de Javier Milei y extitular de ANDIS se muestra indignado por quedarse afuera de una cadena de coimas orquestadas por Eduardo Menem, Martín Menem, y Karina Milei. Informado por Spagnuolo del presunto desfalco, el Presidente protegió a su hermana y enterró la sospecha, según el audio.

El comunicado de Roche transmitido a elDiarioAR agrega: “(la empresa) opera bajo un estricto código de conducta global y políticas de compliance que son obligatorios para todos nuestros empleados, incluyendo una política de tolerancia cero ante cualquier acto que viole la ley o nuestra ética”.

El párrafo abunda sobre lo que la casa matriz y su filial argentina dejan claro en todas sus presentaciones públicas. Allí también se encuentra un eslabón débil ante la pregunta más básica. ¿Para qué contrataría, un laboratorio que provee al Estado, a un exfuncionario al que conoció del otro lado del mostrador como Atchabahian? ¿Ferrari, asignada a la tarea de “facilitar el acceso a la salud”, digitaba contratos y contaba con información privilegiada en beneficio de Roche sin que la empresa estuviera al tanto?

Se suma el dato de la fama que se había ganado Atchabahian en el ámbito de los laboratorios y ANDIS, sintetizada por la voz atribuida a Spagnuolo: “un delincuente”. A los auditores de compliance de Roche les aguarda un arduo trabajo.

La función exacta que desempeñaba en Roche el exfuncionario de los gobiernos de Nicolás Ducoté en el municipio de Pilar, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri en la Nación debe ser dilucidada por el fiscal Picardi, a cargo de la instrucción de la causa.

Ferrari y Atchabahian no respondieron mensajes de este medio.

Preguntas sin respuesta

La transparencia que aduce tener Roche no se vio verificada en la renuencia a responder la consulta de este medio. Con siete días de demora, la firma ni siquiera esclareció preguntas elementales, como qué tarea desempeñaban Atchabahian y Ferrari, si la casa central en Suiza estaba al tanto de su estrategia comercial, si trataba con el lobista Miguel Calvete, cuál era su relación con la Droguería 20 de Junio, qué documentación fue entregada en el allanamiento y si recibió algún pedido de soborno en la última década.

El grado de sospecha que pesa sobre Atchabahian está demostrado por el hecho de que es el único detenido del caso Spagnuolo, entre decenas de allanados e indagados.

Casanello tuvo indicios de que el exfuncionario y contratado por Roche evadió los allanamientos dispuestos durante quince días de octubre y noviembre, a la vez que sobrevuela la sospecha de que la delegación de la Policía Federal en Mendoza —provincia donde vive— actuó, como mínimo, con negligencia.

Para el juez, Atchabahian contaba con “una amplia disponibilidad de recursos compatible con el rol que habría desplegado en los hechos sometidos a estudio, donde se ubica en o junto al vértice”.

El juzgado debió apelar a otra instancia de la Policía Federal para lograr la detención de Atchabahian en apenas 24 horas. Concretado el arresto el 13 de noviembre, el contratado por Roche se negó a declarar. Desde entonces, Atchabahian parmanece detenido en el barrio privado Vistalba, de Luján de Cuyo, Mendoza.

Un patrón se repite en el expediente. En el primer allanamiento a los Kovalivker —dueños de la Droguería Suizo Argentina—, en el barrio La Isla de Nordelta, la seguridad privada y efectivos de la Federal actuaron con la negligencia suficiente como para que se escapara el mayor de los hermanos, Jonathan. El 15 de noviembre pasado, la Policía de Seguridad Aeroportuaria dejó pasar en Aeroparque al empresario Sergio Mastropietro, sindicado como presunto lavador de las coimas a través de la firma Baires Fly, sobre quien pesaba un pedido de requisa. Tras el descuido, Mastropietro perdió su celular —como anticipó este diario el domingo pasado—. La máxima de Patricia Bullrich, “el que las hace, las paga”, no corre cuando los caminos conducen a Olivos.

En 2018 y 2019, Atchabahian y Ferrari cumplieron funciones en ANDIS junto a Daniel Garbellini. La jefatura correspondió al primero de los mencionados. Cuando cambió el Gobierno, casi de inmediato, la neuróloga fue contratada por Roche, y en 2021 se sumaría Atchabahian. Garbellini, en tanto, regresó al Estado en junio de 2024 como director de Acceso a Servicios de Salud de ANDIS, cargo que había ocupado Atchabahian seis años antes.

Cuando el sitio Data Clave difundió los audios atribuidos a Spagnuolo en agosto pasado, los Milei dieron por válida la autoría de la grabación y lo despidieron de ANDIS junto a Garbellini. Más tarde, el soez ensayaría que se trató de audios creados con inteligencia artificial, misma estrategia que adoptó el tardío abogado de Spagnuolo, Mauricio D'Alessandro, tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones del 26 de octubre.

El funcionamiento del tándem Atchabahian-Garbellini es detallado en la voz de Spagnuolo: “Lule (Eduardo Menem) me quiso meter una mina en una dirección nacional, la fricé. Me quiso meter al de Recursos Humanos, lo fricé. Pero me metió al más importante de todos, para chorear”.

“A mí me pusieron un tipo que maneja todo lo que es la caja mía: un delincuente. (Atchabahian —parece decir—) es un delincuente que estaba en la gestión de Macri y se fue con denuncias… y se llevó los discos rígidos de las computadoras”, dice la voz en otro tramo.

El urólogo Atchabahian fue secretario de Salud de la municipalidad de Pilar entre 2011 y 2016, subsecretario de Salud de la provincia de Buenos Aires, durante el mandato de Vidal, entre 2016 y 2017, y director en ANDIS hasta 2019. Ya en funciones en Roche, cuando percibió que habría un cambio político en Casa Rosada, se preparó. “Muchachos, se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”, vaticinó Atchabahian, de acuerdo a los chats del Grupo Museo que comandaba junto al lobista Miguel Calvete.

“Calladita”

El papel de Luciana Ferrari —sostenida por Roche en el puesto hasta dos meses después de que los audios de Spagnuolo ventilaran la corrupción en ANDIS— es crucial. Los chats revelados prueban que esta exdirectora de Prestaciones Médicas de ANDIS manejaba desde junio de 2024 una clave para acceder al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones del programa estatal Incluir Salud. Con ese acceso, Ferrari se inmiscuía en las compulsas de precios, mientras Garbellini —la pata estatal del grupo que comandaba Atchabahian— garantizaba la adjudicación.

La healthcare system partner de Roche supo en mayo de 2024 que Garbellini sería nombrado en ANDIS: “Felicitaciones señor director!!!… Calladita la boca festejo por vos”. El 3 de junio, la designación se hizo oficial, y tres días después, ambos comenzaron a amañar compulsas de precios, demuestran intercambios de mensajes.

El 6 de agosto de 2024, celebró Ferrari: “Buen día!!!! Ayer aprobaron esa droga de Roche para (que) arme un Pac de corrientes… Se podrá meter en la compulsa del jueves?” “Sí, está el ticket”, le respondió Garbellini, solícito.

El 13 de noviembre de 2024, Atchabahián pidió al director de ANDIS que invitara a una compulsa de precios a la Droguería 20 de Junio SA, que comercializa productos Roche. Garbellini cumplió seis días después.

En las compulsas del 27 de noviembre, 3, 17 y 23 de diciembre, 20 de Junio SA ganó la provisión al programa Incluir Salud de la droga EMICIZUMAB, un antihemorrágico que produce Roche. Cada dosis inyectable tiene un costo que va desde los $7 millones para 30 mg a $37 millones para los 150 mg, según datos públicos en internet.

Felicitaciones señor director!!!… Calladita la boca festejo por vos

Luciana Ferrari, ex healthcare system partner de Roche

Las ofertas de la Droguería 20 de Junio eran de productos Roche, “de manera casi exclusiva”, detalló la imputación de Picardi.

La cartelización funcionaba a pleno. En teoría, 20 de Junio SA era competidora de la Droguería Suizo Argentina, pero las gestiones de Atchabahian y Ferrari comprendían a ambas empresas, y todo codo a codo con Calvete, el otro “vértice” señalado por Casanello. Hay al menos una visita registrada de Matias Litvanovich, director de Droguería 20 de Junio, a Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la Suizo Argentina, en su mansión de La Isla, en Nordelta.

El 7 de marzo de 2025, Atchabahian ordenó a Garbellini que despidiera a Mercedes Capandegui, directora de Presupuesto de ANDIS, cuya cabeza había pedido el director de Asuntos Corporativos y miembro del directorio de la Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner. Atchabahian fue fulminante: “Rajá a esa mina”. El estilo capanga era frecuente en el hombre de Roche. En otra oportunidad, instruyó echar a más gente de la ANDIS. “Sin piedad”.

La articulación entre el grupo de Atchabahian con Nuner Uner, hombre de máxima confianza de los Kovalivker, era permanente.

El 10 de abril pasado se dio otro diálogo inquietante entre el “vértice” de la organización y Garbellini. Picardi transcribe e interpreta en su dictamen: “’Es importante tener gente con la bandera correcta’, acompañando dicha expresión con el emoji de la bandera de Suiza, en clara alusión a la firma Suizo Argentina”.  

El dúo indica que apelarían a los oficios de Nuner Uner y Matías Palotti, un hombre insertado en ANDIS, para llegar “a Ritondo o al Colorado”. “Obvio (Matías) tiene bola blanca ahí”, se entusiasma Garbellini.

La confianza de Atchabahian y su segundo en las sombras radicaba en el recorrido de Palotti dentro del mundo PRO en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Entre 2015 y 2019, ese hombre fue mano derecha de entonces intendente de Morón y esposo de Vidal, Ramiro Tagliaferro, hoy divorciado.

Una fuente cercana a Ritondo niega todo contacto con Palotti o cualquier otro enviado de ANDIS, Atchabahian o la Droguería Suizo Argentina. “Si intentó llegar, fracasó. Cristian tuvo que averiguar quién era (Palotti) cuando se publicó el dictamen de Picardi. Cero contacto”, dijo la fuente.

Ferrari mostró algo de distancia de Roche en algunas de sus comunicaciones con Garbellini, un elemento que la firma podría usar a su favor para desligarse del caso.

Una fuente cercana a Ritondo niega todo contacto con Palotti o cualquier otro enviado de ANDIS, Atchabahian o la Droguería Suizo Argentina. 'Si intentó llegar, fracasó. Cristian tuvo que averiguar quién era (Palotti) cuando se publicó el dictamen'

El 26 de diciembre pasado, Ferrari le aclaró al director de ANDIS que pondría una foto en el estado de whatsapp para informar que estaría de vacaciones, pero “es sólo por Roche, para que no me jodan. Pero para ustedes estoy para lo que me necesiten”.

Dos meses más tarde, en febrero de 2025, Ferrari dio a entender que su empleador no estaba al tanto de que tenía acceso al sistema informático de ANDIS. “Me van a rajar de Roche si se enteran”, escribió.

“Ese diálogo existe, pero Roche tiene mucho por explicar”, dijo una fuente que sigue el caso.

slacunza@eldiarioar.com

SL

Un abogado que defendía a Miguel Ángel Calvete, uno de los implicados en la causa que investiga las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), renunció al cargo que ejercía en la Oficina Anticorrupción (OA).

Camilo Cordero Fabbri se desempeñaba como coordinador en el área de Admisión y Derivación de Denuncias en el organismo estatal.

El letrado representa a Miguel Ángel Calvete en un caso que derivó en su condena a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena.

El fiscal Franco Picardi acusa a Miguel Ángel Calvete, al extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y otros 14 exfuncionarios de integrar una organización que digitaba las compras para las llamadas Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).

“Se caracterizan por tener un costo económico elevado o un tratamiento prolongado, como las prácticas quirúrgicas de alta complejidad que se realizan una vez, así como también medicamentos biológicos para enfermedades ‘raras’”, dijo.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La Justicia federal profundizó este viernes la investigación por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y ordenó el allanamiento de la oficina que ocupaba Ornella Calvete, exdirectora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, quien renunció tras el hallazgo de una fuerte suma de dinero en su domicilio.

La exfuncionaria dejó su cargo luego de que trascendiera que, durante un procedimiento realizado el 9 de octubre, la Justicia encontró en su casa 700 mil dólares y otras divisas. El dato se conoció recién esta semana y derivó en su salida inmediata del Gobierno. Calvete es hija de Miguel Ángel Calvete, señalado por la Justicia como el presunto recaudador de coimas dentro de la trama de corrupción que involucra a funcionarios de la ANDIS.

El operativo de este viernes tuvo como objetivo ampliar el relevamiento de pruebas dentro del Ministerio. Según indicaron fuentes vinculadas al procedimiento, los agentes se concentraron en la búsqueda de material informático y documentación que pudiera estar vinculada al circuito de contrataciones bajo sospecha.

Fuentes de la causa informaron que los funcionarios judiciales “fueron a buscar dispositivos electrónicos” y que durante el allanamiento “se llevaron computadoras y documentación” que será incorporada al análisis del juzgado.

La trama también alcanza vínculos internos dentro del Ministerio de Economía: Ornella Calvete mantiene una relación de pareja con Javier Cardini, quien luego del escándalo renunció a su cargo de subsecretario de Gestión Productiva. Él dependía directamente del secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne.

Con la renuncia de Calvete, el hallazgo de fondos millonarios y los nuevos allanamientos en dependencias oficiales, la causa vuelve a escalar y suma presión sobre el esquema de contrataciones y presuntas coimas que investiga la Justicia federal.

Con información de medios

JIB

La orden fue clara. El  allanamiento del 13 noviembre en la casa que Sergio Mastropietro tiene en las Lomas de San Isidro no había podido dar con el celular del empresario vinculado a las sobornos en la causa ANDIS. Por eso, el juez federal Sebastián Casanello pidió que lo intercepten apenas ponga un pie en el Aeroparque porteño. Indicó horario, la empresa del vuelo privado y procedencia. ¿Qué podia salir mal? Todo. Las cámaras de seguridad registraron como el empresario entrega el teléfono a sus acompañantes mientras es trasladado por los agentes de seguridad aeroportuaria para, supuestamente, incautarle el celular.

Los datos surgen de la denuncia penal –a la que elDiarioAR tuvo acceso– que el propio Casanello presentó este viernes contra el personal de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que debía ocuparse de interceptar a Mastropietro.

Mastropietro, un empresario con un largo recorrido en el mundo de la aviación, quedó unido a la causa originada a partir de las confesiones de Diego Spagnuolo —un examigo íntimo de Javier Milei— a partir de giros de cientos de millones de pesos a las empresas Baires Fly y Baires Jet, acordados con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, a quien el fiscal federal Franco Picardi considera una pieza clave en las coimas bajo investigación.

Para Picardi, a cargo de la causa, las empresas Baires Fly y Baires Jets habrían actuado de pantalla para blanquear los fondos desviados por los sobreprecios en las licitaciones manipuladas de ANDIS. En su dictamen, el fiscal da por hecho que Baires Fly pertenece a Mastropietro.

Pero además, Mastropietro compartió negocios con Federico “Fred” Machado –el sospechado de narco que financió a José Luis Espert– y fue presidente de Avian, la fallida empresa creada a partir de la compra de MacAir, de la familia Macri, en 2018.

Según surge de la denuncia que presentó Casanello, Mastropietro viajó a Estados Unidos el 7 de noviembre y debía regresar al país el 14 de noviembre desde el Aeropuerto de Fort Lauderdale, Florida, a bordo de una de las aeronaves de Buenos Aires Fly con matrícula LV-CPL. Con el número exacto del vuelo, el juez pidió que el empresario sea demorado apenas llegue en el aeroparque. Sin embargo, Mastropietro, quien aterrizó a las 22: 25, pudo realizar todos los trámites, pasó Migraciones, Aduana y a las 22:34 ya salía del sector restringido. Recién entonces fue interceptado por personal de Migraciones cuando se encontraba en la vereda del sector de arribos internacionales. Las cámaras de seguridad lo muestran hablando por celular en ese lugar.

Casanello destaca en su presentación que el empresario pudo realizar todos los trámites sin ningun impedimento a pesar de ser un área con controles estrictos y de que había una orden judicial pidiendo que se incaute su celular.

Una vez en la vereda y delante de cuatro agentes de Migraciones que se acercaron a pedirle que lo acompañe, Mastropietro entregó su mochila y el equipaje a la tripulación de la aereonave –de la que es propietario– y a un tercer tripulante que lo acompañaba. Las imágenes de las cámaras vuelven a mostrarlo saliendo de la oficina de Migraciones para entregar a sus acompañantes un pequeño objeto que el juez estima es el celular que nunca más pudo ser encontrado. De acuerdo a la denuncia de Casanello, fue la hija del empresario quien mas tarde entregó en Migraciones el resto equipaje de su padre, pero allí tampoco estaba el celular.

En marzo de este año los controles de Aeroparque también quedaron bajo la lupa cuando se conocieron las imágenes de las valijas que, sin ningún control, ingresó al país Laura Belén Arrieta, una mujer ligada a la derechista Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

El juez federal Sebastián Casanello ordenó que se investigue cómo el empresario  Sergio Mastropietro.–con nexos con Fred Machado e involucrado en la causa ANDIS– logró eludir los controles de Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el  Aeroparque Metropolitano para evitar que le secuestraran su celular.

Ahora Casanello presentó una denuncia penal para saber cómo Mastropietro logró evadir los controles a pesar de que había una orden judicial para que entregue su celular al regreso al país en un vuelo privado desde los Estados Unidos, tal como informó elDiarioAR el pasado 23 de noviembre.

Según la denuncia del juez, el empresario respondió que no tenía su teléfono encima cuando los funcionarios de PSA le solicitaron que lo entregase. Sin embargo, el celular fue activado apenas salió de Aeroparque.

Para fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación de la causa por sobornos en la Agencia de Discapacidad,  Mastropietro es uno de los presuntos receptores de fondos originados en las coimas en torno a la ANDIS. Según Picardi, las empresas Baires Fly y Baires Jets habrían actuado de pantalla para blanquear los fondos desviados por los sobreprecios en las licitaciones manipuladas de ANDIS. En su dictamen, el fiscal da por hecho que Baires Fly pertenece a Mastropietro, un empresario con un largo recorrido en el mundo de la aviación.

Pero además, Mastropietro compartió negocios con Federico “Fred” Machado –el sospechado de narco que financió a José Luis Espert– y fue presidente de Avian, la fallida empresa creada a partir de la compra de MacAir, de la familia Macri, en 2018.

El nombre de Mastropietro figura en los registros del Bank of America como uno de los cientos que utilizaron el fideicomiso de Machado, según el expediente que tramita en un tribunal de Texas. Operó más de US$800.000 a través de ese vehículo y es además quien conectó a Machado con Espert a fines de febrero de 2019, junto a su conocido Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae.