Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron la declaración indagatoria de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El pedido alcanza también a otros directivos de la compañía y a responsables de distintas droguerías que, según la acusación, participaron de un esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y pagos de sobornos en coordinación con funcionarios públicos.

En un dictamen de más de 300 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Suizo Argentina logró controlar el funcionamiento de la agencia estatal entre mayo de 2024 y agosto de 2025, durante la gestión de Diego Spagnuolo. Según la investigación, la compañía no solo obtuvo información privilegiada sobre las compras de medicamentos de alto costo, sino que también intervino en las decisiones institucionales del organismo y administró un sistema de acuerdos con otras 14 empresas del sector.

La magnitud económica de las maniobras quedó reflejada en las adjudicaciones recibidas por Suizo Argentina durante el período investigado: $137.118.708.357, una cifra equivalente a cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS. Para los fiscales, esas operaciones estuvieron atravesadas por precios elevados y sobreprecios que perjudicaron al Estado y, especialmente, a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas graves que dependían de esos medicamentos.

La acusación sostiene que la empresa controló el circuito de adquisición de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud. Para hacerlo, habría establecido acuerdos ilegales con altos funcionarios de la agencia, que le proporcionaban información anticipada sobre las compulsas de precios.

De acuerdo con las pruebas reunidas, Suizo Argentina administraba las compras, fijaba los valores de venta de sus propios medicamentos y los de otras droguerías, determinaba qué firma resultaría ganadora y daba instrucciones a los funcionarios sobre qué empresas debían cobrar y cuáles debían sufrir demoras en los pagos.

Además, llevaba un registro detallado de los montos y porcentajes asignados a cada compañía en las sucesivas operaciones. Los investigadores encontraron archivos en poder de la droguería que anticipaban los resultados de las compulsas antes de que estas finalizaran. Posteriormente, esos datos coincidían con las adjudicaciones efectivamente realizadas por la ANDIS.

Un medicamento vendido a 42 veces su costo

Uno de los ejemplos más llamativos incluidos en el dictamen corresponde a un medicamento destinado al tratamiento de la esclerosis múltiple.

Según los fiscales, en julio de 2024, el gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina informó a su equipo que había adquirido ese producto a un costo de $92.000 por unidad. Al momento de establecer el precio de venta, dio una indicación que quedó incorporada a la investigación: “Lo ponés vos, loco, el que quieras, ganemos plata”.

La ANDIS terminó pagando a Suizo Argentina entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad, aproximadamente 42 veces el costo de adquisición informado por la empresa. La diferencia representó un incremento superior al 4.100%.

Los investigadores también señalaron que, en mayo de 2024, la agencia había comprado ese mismo medicamento a otra droguería por $281.400, mientras que dos meses después lo adquirió a Suizo Argentina por $4.093.811.

Para la Fiscalía, estas operaciones constituyen una muestra de los sobreprecios que el organismo estatal aceptaba pagar sin cuestionamientos.

Un doble pacto con funcionarios y droguerías

Los fiscales describieron el funcionamiento del esquema como un “doble pacto”. Por un lado, Suizo Argentina habría establecido acuerdos con funcionarios de la ANDIS para obtener información privilegiada, controlar las compras y garantizarse la mayor parte de las adjudicaciones. Por otro, habría organizado una red de droguerías que debían ajustarse a las condiciones impuestas por la compañía para participar de las operaciones.

Según la acusación, las empresas que no respetaban esas reglas podían sufrir represalias, como demoras deliberadas en los pagos.

En una de las comunicaciones incorporadas a la causa, Pablo Atchabahian, identificado por los investigadores como operador de Suizo Argentina, le indicó a Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS: “Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”.

La Fiscalía atribuyó a Atchabahian un papel central en la articulación entre los intereses privados y las decisiones del organismo. Garbellini, por su parte, había llegado a la agencia como uno de los principales colaboradores de Spagnuolo.

Otra de las maniobras investigadas involucra a Droguería Génesis, una empresa que, según los fiscales, fue utilizada como intermediaria para vender medicamentos a la ANDIS con incrementos de precios superiores al 200%.

La compañía, vinculada a Atchabahian, había tenido una actividad prácticamente inexistente en 2023, pero entre mayo de 2024 y agosto de 2025 recibió adjudicaciones por $34.066.729.176 y pasó a ubicarse entre las diez firmas que más pagos obtuvieron del Estado en ese período.

Nuevos señalamientos contra Spagnuolo

El dictamen también incorpora nuevos hechos atribuidos al exdirector ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, relacionados con presuntos pagos de sobornos realizados a través del empresario Miguel Ángel Calvete.

Los fiscales sostienen que Calvete gestionó y pagó un viaje de Spagnuolo a Israel, realizado entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024. Los gastos habrían incluido pasajes aéreos, alojamiento y servicios de asistencia al viajero.

Según la investigación, la secretaria de Calvete intervino incluso en la elección del asiento del avión y manifestó que esos gastos estaban destinados a pagar favores políticos.

Los investigadores también detectaron vínculos económicos entre directivos de Suizo Argentina y Calvete, quien habría recibido de la empresa más de 54.000 dólares durante 2024 sin que se registraran actividades comerciales legales que justificaran esos pagos.

El dictamen menciona, además, encuentros en restaurantes entre funcionarios de la ANDIS y personas vinculadas a la droguería. Otro elemento señalado por los fiscales fue la conducta de los directivos durante los allanamientos de agosto de 2025, cuando no entregaron las claves de computadoras cuyos discos estaban encriptados, pese a la existencia de una orden judicial.

Los nuevos pedidos de indagatoria

Además de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, los fiscales solicitaron que sean llamados a declarar Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina; Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de esa misma área.

El pedido también comprende a directivos, gerentes y socios de otras 14 firmas: Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, Ultra Pharma, Droguería del Sud, Droguería Disval, Hemipharm, Medipharma, Droguería Génesis y Scienza Argentina.

A su vez, los representantes del Ministerio Público solicitaron ampliar las indagatorias de personas que ya se encontraban imputadas, entre ellas Spagnuolo, Garbellini, Atchabahian, Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de Génesis.

El nuevo requerimiento fiscal representa una ampliación de la investigación, que ya no se concentra únicamente en las presuntas irregularidades de determinadas compras, sino en la posible existencia de un sistema organizado para poner las decisiones de un organismo público al servicio de intereses privados.

En el tramo final del dictamen, los fiscales hicieron hincapié en las consecuencias sociales de las maniobras investigadas. Señalaron que, a diferencia de otros hechos de corrupción en los que el perjuicio puede parecer abstracto, en este caso las víctimas son concretas: las personas con discapacidad y sus familias, especialmente aquellas que necesitan de la asistencia estatal para acceder a tratamientos y medicamentos.

Según plantearon, el desvío de recursos destinados a esas prestaciones afecta directamente las condiciones de vida de una población especialmente vulnerable. Esa dimensión, sostuvieron, vuelve particularmente graves los hechos que buscan esclarecer.

El pedido de indagatorias deberá ser evaluado ahora por la Justicia, que tendrá que resolver si convoca a declarar a los empresarios y demás personas señaladas por la Fiscalía.

El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por nuevas maniobras de corrupción vinculadas con la compra de insumos médicos y ortopédicos del Programa Incluir Salud, destinado a personas sin obra social que reciben pensiones no contributivas. La resolución también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas y amplió las acusaciones contra otros cuatro imputados que ya habían sido procesados en febrero.

La decisión alcanza a contrataciones realizadas entre diciembre de 2023 y mediados de 2025, durante la gestión de Spagnuolo al frente del organismo. El magistrado le atribuyó nuevos hechos relacionados con una presunta organización que habría direccionado compras públicas para favorecer a determinados proveedores a cambio de beneficios económicos indebidos.

Además de Spagnuolo, Lijo amplió los procesamientos del ex segundo de la ANDIS Daniel Garbellini y del lobista Miguel Ángel Calvete, a quienes también atribuyó el papel de presuntos jefes de una asociación ilícita. La medida alcanzó asimismo a Andrés Arnaudo y Federico Santich, señalados como integrantes de la organización. Los cinco habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, en una decisión posteriormente confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.

En esta nueva etapa de la investigación se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En el caso de Spagnuolo, el juez fijó un embargo de $47.100.829.143,44.

Según la investigación, un relevamiento técnico del Ministerio de Salud identificó diferencias de precios por al menos $1.849 millones en la adquisición de insumos correspondientes a seis rubros: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.

Esa cifra se suma a los $5.984 millones que ya habían sido detectados de manera provisoria en la compra de medicamentos. De este modo, el monto total bajo investigación asciende a $7.833 millones. El juzgado aclaró que se trata de una estimación parcial, ya que solamente pudieron analizarse las contrataciones para las que existían valores de referencia comparables.

Una presunta estructura para direccionar contrataciones

En una resolución de más de 500 páginas, Lijo sostuvo que las irregularidades no se limitaron a la existencia de sobreprecios, sino que formaron parte de una presunta estructura organizada para intervenir en los procedimientos de contratación estatal y beneficiar a determinadas empresas.

El juez dio por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la existencia de una organización que habría operado tanto dentro como fuera de la ANDIS. Según la resolución, estaba integrada por funcionarios del organismo, operadores externos, empresarios vinculados con firmas proveedoras y personas encargadas de recibir y canalizar el dinero proveniente de las maniobras investigadas.

La operatoria habría incluido la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia entre empresas, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en beneficio de determinadas firmas.

“A través de ese mecanismo se habrían generado beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización”, sostuvo el magistrado.

Para Lijo, la reiteración de estas prácticas en diferentes segmentos de compras, junto con las comunicaciones y operaciones económicas documentadas, permite descartar que se tratara de irregularidades aisladas.

Entre las pruebas mencionadas aparecen mensajes intercambiados entre Calvete y su hija Ornella, exfuncionaria del Ministerio de Economía que ya había sido procesada en la primera etapa de la causa. En esas conversaciones se hacía referencia a un supuesto pago del “3%” por parte de un proveedor, el mismo porcentaje mencionado en los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron origen al escándalo.

El exdirector de la ANDIS había sido designado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023 y permaneció en el cargo hasta agosto de 2025, cuando fue desplazado tras la difusión de grabaciones en las que una voz atribuida a él describía un supuesto sistema de coimas entre laboratorios y funcionarios del organismo. En esos audios se mencionaba a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Spagnuolo ya tenía un procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña en el primer tramo de la investigación, por los presuntos delitos de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los nuevos procesados

La resolución también alcanzó a empresarios vinculados con distintas firmas proveedoras de la ANDIS, entre ellos Emilio César Olguín, de Expo Trauma; Evangelina Ileana García y Martín Goncalo Armella, relacionados con Artrobone Ortopedia y Cirugía y Ortopedia Imnova; Claudio Alejandro Kahn, vinculado con una firma de insumos médicos; y Osmar Mariano Caballi, de Farma Salud.

También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con empresas de insumos ortopédicos; Humberto Gabriel Maone, de Med-El Latino América; Nicolás Luna, de Meridius; Fabián César Piedimonte, de Neurosalud; Gustavo David Bernat, de Ortopedia Bernat; y Patricio Oscar Acosta, relacionado con Bymax Medical y Sistemas Médicos Globales.

Entre los acusados figuran además Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola y Alberto Denholm, quienes habrían desempeñado funciones relevantes dentro de la estructura administrativa de la agencia, vinculadas con las invitaciones a proveedores, el manejo de información interna, la coordinación de trámites y el seguimiento de pagos.

En otro tramo de la investigación, Lijo procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos agravado. La acusación se vincula con circuitos financieros y comerciales relacionados con el lobista Miguel Ángel Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como presunto integrante de la asociación ilícita.

Lijo también dictó la falta de mérito para otras 11 personas que habían sido indagadas, al considerar que todavía resulta necesario profundizar la investigación para determinar su eventual participación.

La causa está delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi, quien había solicitado los procesamientos. La primera tanda de acusaciones fue resuelta en febrero por el entonces juez a cargo del expediente, Sebastián Casanello.

Con esta nueva resolución, la investigación sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad se amplía desde las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos hacia un esquema más extenso de contrataciones de insumos médicos y ortopédicos, con funcionarios, intermediarios y empresarios bajo investigación judicial.

CRM

El abogado Gregorio Dalbón pidió este lunes la detención del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, recientemente procesado en la causa que investiga presuntas coimas y otras irregularidades en contrataciones realizadas durante su gestión.

La solicitud fue presentada ante el juez federal Ariel Lijo a partir de “nuevos elementos de convicción incorporados que profundizan las irregularidades denunciadas respecto de las contrataciones realizadas durante su gestión”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Entre esos elementos aparecen informes en los que se habrían detectado diferencias de precios de gran magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y compras en las que los productos finalmente entregados no coincidían con aquellos que habían sido adjudicados.

“No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo”, sostiene la presentación.

Según el escrito, la nueva documentación describe distintas operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido “significativas afectaciones al patrimonio público” durante el período en que Spagnuolo estuvo al frente de la ANDIS.

El pedido de detención se produjo luego de que el exfuncionario fuera procesado por ser considerado jefe de una asociación ilícita que, según la investigación, habría direccionado la compra de medicamentos e insumos médicos hacia determinados laboratorios y empresas mediante el pago de coimas y la aplicación de sobreprecios.

Dalbón argumentó además que existe “peligro de entorpecimiento” de la causa y planteó la posibilidad de que Spagnuolo pueda “destruir, modificar, ocultar, suprimir o falsificar elementos de prueba”.

También advirtió sobre el riesgo de que el exfuncionario pueda influir sobre testigos o peritos y solicitó que se evalúe la existencia de un eventual “peligro de fuga”.

El planteo quedó ahora en manos del juez Lijo, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de detención formulado contra el exresponsable de la ANDIS.

Con información de la agencia NA

La causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este miércoles un nuevo testimonio que vuelve a poner bajo la lupa al entorno más cercano de Javier Milei. La abogada boliviana Nadia Beller, expareja del consultor político Fernando Cerimedo, declaró ante la Justicia de su país y ratificó las acusaciones que había formulado públicamente sobre la presunta participación de Karina Milei en maniobras de corrupción dentro del organismo. Lo hizo con un chaleco antibalas, bajo un fuerte operativo de seguridad y después de haber sobrevivido a un ataque a tiros por el que Cerimedo permanece detenido en Bolivia.

La declaración se realizó por videoconferencia, duró cerca de una hora y fue solicitada por el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación argentina. Beller estuvo acompañada por representantes del Ministerio Público boliviano y, al finalizar su presentación, confirmó ante los medios que había ratificado sus declaraciones anteriores. “Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina”, sostuvo.

La abogada había asegurado públicamente que Cerimedo, cuando todavía se desempeñaba como asesor del Presidente, le había contado que la secretaria general de la Presidencia estaba involucrada en hechos de corrupción. Sus dichos adquirieron una nueva dimensión después del ataque que sufrió el pasado 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, del que responsabilizó a su expareja. Ahora, esas afirmaciones quedaron incorporadas formalmente a la investigación que tramita en los tribunales federales argentinos.

Beller también aseguró que puso a disposición de la Justicia argentina el contenido de su teléfono celular, donde afirma conservar elementos que podrían resultar relevantes para la causa. “Todo lo que está en mi celular fue puesto a disposición del Ministerio Público argentino”, señaló. Los investigadores deberán determinar el contenido, la autenticidad y el eventual valor probatorio de los registros que puedan obtenerse del dispositivo.

La declaración representa un nuevo capítulo en una investigación que comenzó con la difusión de los audios atribuidos al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se describía un supuesto sistema de retornos vinculado a las contrataciones del organismo y se mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. La Justicia investiga si detrás de las compras y adjudicaciones de la agencia funcionó una estructura de funcionarios, empresarios y operadores externos que habría obtenido beneficios económicos mediante el direccionamiento de contrataciones y el cobro de coimas.

El testimonio que vuelve a apuntar al entorno presidencial

La incorporación de Beller al expediente se produce en un momento particularmente sensible para la investigación. Este martes, la Cámara confirmó el procesamiento de 19 involucrados en la causa, entre ellos Spagnuolo, y rechazó un planteo de la droguería Suizo Argentina que buscaba anular las actuaciones a partir de los cuestionamientos sobre la legalidad de los audios que dieron origen al escándalo.

La estrategia de algunas defensas apunta a sostener que la investigación depende de esas grabaciones y que, si se determina que fueron obtenidas de manera ilegal, el expediente debería quedar invalidado. Frente a ese planteo, Picardi buscó reunir otros elementos de prueba que permitan reconstruir las presuntas maniobras investigadas con independencia del material difundido públicamente.

En ese contexto adquiere relevancia la declaración de Beller. Su testimonio incorpora una nueva fuente de información sobre las conversaciones que Cerimedo habría mantenido en torno a las irregularidades de la ANDIS, aunque todavía resta determinar qué elementos concretos puede aportar para corroborar sus afirmaciones y establecer eventuales responsabilidades penales.

El propio Cerimedo ya había declarado como testigo en la causa. Bajo juramento, en septiembre de 2025, sostuvo que Spagnuolo le había contado personalmente, en distintas oportunidades durante 2024, sobre la existencia de presuntas maniobras de corrupción dentro de la agencia. Su declaración permitió incorporar al expediente el relato de una persona que aseguró haber recibido esa información directamente del entonces funcionario.

Ahora, su expareja afirma que Cerimedo también compartió con ella información sobre esas irregularidades y sobre la presunta participación de la hermana del Presidente. La coincidencia entre los distintos testimonios será uno de los aspectos que deberán evaluar los investigadores, junto con los registros y las comunicaciones que puedan incorporarse a la causa.

La Cámara, además, advirtió al confirmar los procesamientos que algunos de los mensajes detectados durante la investigación sugieren la posible existencia de “otros actores” por fuera del entramado de funcionarios, exfuncionarios, droguerías y operadores externos identificado hasta el momento.

El ataque a balazos y la detención de Cerimedo

La imagen de Beller declarando con un chaleco antibalas tiene detrás un episodio que todavía investiga la Justicia boliviana. La noche del 17 de agosto, la abogada fue atacada a tiros frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra al que, según su propio relato, había acudido alentada por Cerimedo para encontrarse con un supuesto informante.

Dos hombres vestidos como repartidores se acercaron en una motocicleta y uno de ellos le disparó tres veces. Beller resultó herida y debió ser trasladada a una clínica, donde permaneció internada. Antes de escapar, los atacantes le quitaron su teléfono celular.

Horas después, Cerimedo fue detenido por la Policía boliviana en el aeropuerto de Viru Viru. Beller lo acusó públicamente de haber estado detrás del ataque y la Justicia de ese país dispuso su detención preventiva. El consultor enfrenta allí una investigación por tentativa de feminicidio y otra por presunto enriquecimiento ilícito.

La abogada explicó este miércoles que había solicitado personalmente contar con protección durante su declaración. También aseguró que su relación con Cerimedo terminó después del ataque y descartó cualquier posibilidad de retomar el vínculo.

Para el fiscal Picardi, el nuevo testimonio abre la posibilidad de contrastar las declaraciones de ambos y examinar las comunicaciones que Beller afirma conservar. La investigación deberá establecer si esos elementos permiten avanzar sobre las maniobras ya identificadas o si aportan información sobre otras personas que pudieron haber participado del presunto circuito de corrupción dentro de la agencia.

PL/CRM

La justicia dejó firme el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional y cohecho pasivo.

Así lo dispuso este martes la Sala II de la Cámara Federal porteña que confirmó el procesamiento de Spagnuolo –dictado en febrero pasado por el juez Sebastián Casanello– en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

En la misma decisión, los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

Para el fiscal Franco Picardi, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según la acusación, estas maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores. La causa se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

La Cámara Federal rechazó además un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

En el fallo, los jueces señalaron que “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios”, cuya finalidad era la “obtención de ganancias indebidas”. Los jueces señalaron que el extitular del ANDIS habría tenido “intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.

La decisión de la Cámara se da luego de que se conoció que una auditoría encontró un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ANDIS, y un día después de la salida de quien era su actual titular, Alejandro Vilches.

Además, este miércoles se espera la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular del ANDIS.

Con información de NA

Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, declarará el próximo 23 de septiembre como testigo en la causa que investiga presuntos sobreprecios, retornos y direccionamientos en contrataciones de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La abogada, de 33 años, prestará testimonio por videoconferencia desde Bolivia ante el fiscal federal Franco Picardi. La declaración se realizará bajo reserva y con intervención de las autoridades judiciales bolivianas, debido a su estado de salud y a la situación de seguridad derivada del ataque a balazos que sufrió el 17 de agosto.

Beller quedó vinculada a la investigación a partir de declaraciones públicas en las que aseguró tener información sobre el origen de los audios atribuidos al extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, que dieron impulso a la causa por presunta corrupción en el organismo.

La mujer sostuvo que sabe quiénes estuvieron detrás de la filtración y afirmó además que conserva grabaciones de conversaciones mantenidas con Cerimedo en las que se habría hablado de presuntas maniobras irregulares. Hasta el momento, el contenido de esos registros no fue verificado judicialmente.

Picardi gestionó la declaración mediante un exhorto remitido a las autoridades bolivianas a través de los canales de cooperación internacional. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz citó a Beller para el 23 de septiembre, cuando deberá presentarse en sus oficinas para participar de la videoconferencia con la Justicia argentina.

El fiscal argentino también solicitó que representantes del Ministerio Público boliviano estén presentes durante la testimonial para garantizar la integridad de Beller. La abogada fue operada y permaneció internada después del ataque que sufrió en Santa Cruz de la Sierra.

Por ese episodio, Cerimedo se encuentra detenido en Bolivia con prisión preventiva en el marco de una investigación por el presunto intento de femicidio de Beller. El consultor político negó haber participado del ataque.

El antecedente de Cerimedo en la causa ANDIS

La incorporación de Beller como testigo agrega un nuevo capítulo a una investigación en la que el propio Cerimedo ya había prestado declaración.

En septiembre de 2025, el consultor declaró ante Picardi y afirmó que Spagnuolo le había contado sobre la existencia de un supuesto mecanismo de retornos en las compras de medicamentos realizadas por ANDIS. Según su testimonio, el entonces titular del organismo también habría comunicado esa situación al presidente Javier Milei.

Ahora, la Justicia buscará establecer qué información recibió Beller durante su relación con Cerimedo y qué puede aportar acerca de los audios atribuidos a Spagnuolo.

La citación se produjo también después de que la diputada Marcela Pagano solicitara que la abogada fuera convocada “con carácter urgente” a raíz de sus declaraciones públicas y de las grabaciones que afirmó conservar.

Beller ya había sido citada el 26 de agosto en otra investigación, vinculada con un presunto enriquecimiento ilícito de Cerimedo, pero aquella declaración fue suspendida luego de que solicitara ser incorporada a un régimen de protección de testigos por razones de seguridad.

En esa causa estaba previsto que aportara información sobre distintas irregularidades que atribuyó a su expareja, entre ellas presuntos sobreprecios en la distribución de combustible, pagos a legisladores y la conformación de un equipo policial bajo su órbita.

La atención estará puesta ahora en la testimonial del 23 de septiembre y, particularmente, en las grabaciones que Beller asegura conservar. Su eventual incorporación al expediente podría aportar nuevos elementos para reconstruir tanto el circuito de los audios atribuidos a Spagnuolo como las presuntas maniobras investigadas en la ex ANDIS.

Con información de la agencia NA

El fiscal federal Franco Picardi solicitó que Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, sea citada como testigo en la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de que la abogada asegurara públicamente tener información sobre el origen de los audios que dieron lugar a la investigación.

Según confirmaron fuentes judiciales, Beller ya fue notificada del pedido. Aunque todavía no se fijó una fecha para su declaración, podría prestar testimonio de manera virtual en las próximas semanas debido a su estado de salud, tras haber recibido tres disparos en un ataque ocurrido en Bolivia.

Picardi realizó días atrás el pedido ante la autoridad central boliviana por intermedio de la Cancillería y solicitó, además, que fiscales de ese país acompañen a Beller en el momento de brindar su testimonio.

La medida se produjo después de que la diputada Marcela Pagano reclamara que la abogada fuera citada “con carácter urgente” a raíz de las declaraciones que realizó en medios de comunicación sobre el caso ANDIS.

Desde la clínica en la que estuvo internada después del ataque, Beller concedió una entrevista a Radio Rivadavia en la que afirmó que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios que dieron origen a la investigación en la que aparece involucrada Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei.

“Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, aseguró Beller.

A partir de esas afirmaciones, Pagano había solicitado a la Justicia que Beller “aporte las grabaciones que afirma poseer de tales conversaciones”, con el objetivo de que sean analizadas e incorporadas al expediente.

“El testimonio y las grabaciones que dice poseer inciden de manera directa e inmediata sobre el extremo que la alzada mandó esclarecer: el origen de los audios”, sostuvo la diputada en su presentación judicial.

Con información de la agencia NA

El juez federal Ariel Lijo rechazó el pedido del exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo para frenar la pericia sobre los audios incorporados a la causa en la que se investigan presuntas coimas.

La defensa del exfuncionario había objetado el análisis de 58 archivos al sostener que no estaban incluidos originalmente en la investigación. Tras el rechazo del planteo, los peritos de Gendarmería Nacional deberán continuar con los estudios previstos para establecer, entre otras cuestiones, si las grabaciones atribuidas a Spagnuolo fueron editadas o adulteradas.

Los abogados del exdirector de la ANDIS anticiparon que apelarán la decisión.

En su resolución, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 sostuvo que el planteo presentado por la defensa no se originó en ningún cambio posterior respecto del material que debía ser sometido a peritaje.

“La cuestión que ahora introduce la defensa no resulta novedosa ni responde a una modificación sobreviniente del objeto de la experticia”, afirmó Lijo.

El magistrado recordó que, cuando se dispuso la realización de los estudios, los audios fueron identificados expresamente como aquellos “aportados oportunamente a la fiscalía instructora por el periodista Mauro Federico”. Por ese motivo, descartó que se hubiera ampliado posteriormente el material sometido a análisis.

“No existió, por ende, una modificación posterior de su objeto ni una decisión sorpresiva”, señaló.

Lijo destacó además que la defensa de Spagnuolo no había objetado inicialmente esa determinación y que, por el contrario, participó “activamente” de las medidas destinadas a establecer la autenticidad y la integridad de las grabaciones.

Según detalló, los abogados reclamaron la realización de esos estudios, aceptaron la decisión que individualizó el material que debía ser examinado, designaron un perito de parte y propusieron puntos de pericia destinados a profundizar el análisis.

Para el juez, esa conducta resulta incompatible con el intento posterior de detener los estudios argumentando objeciones sobre los archivos incluidos.

“Luego de reclamar la realización de estudios destinados a determinar la autenticidad e integridad de los audios, consentir la decisión que individualizó expresamente el material sometido a examen, designar perito de parte y proponer puntos dirigidos a profundizar su análisis, no resulta compatible con una actuación procesal coherente pretender ahora paralizar la experticia”, sostuvo.

El magistrado agregó que el cuestionamiento sobre el material sometido a estudio “pudo —y debió— ser introducido oportunamente”.

Con la resolución, la pericia sobre los 58 archivos continuará de acuerdo con lo dispuesto originalmente, mientras la defensa de Spagnuolo prepara la apelación para intentar revertir el fallo.

Con información de la agencia NA

La Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra presentó la imputación formal contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo y solicitó que permanezca 180 días en prisión preventiva por su presunta participación como autor intelectual del ataque armado contra su expareja, Nadia Beller.

El pedido fue confirmado por el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien explicó que la decisión final quedará en manos de un juez durante la audiencia cautelar. El Ministerio Público solicitará además que Cerimedo sea trasladado a la cárcel de Palmasola.

“Tenemos a un presunto autor aprehendido, en calidad intelectual. La comisión fiscal está elaborando la imputación formal y con seguridad se solicitará la detención preventiva”, señaló Zeballos.

Cerimedo fue detenido el martes de madrugada en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Buenos Aires. El exasesor de Javier Milei y actual colaborador personal del presidente boliviano Rodrigo Paz es investigado como presunto autor intelectual del ataque ocurrido el lunes por la noche.

La Justicia busca determinar qué grado de participación tuvo el consultor y quiénes fueron los responsables materiales de la agresión. También intenta establecer si existió una planificación previa y si otras personas participaron en la organización o el financiamiento del ataque.

Beller fue atacada frente a un hotel de Santa Cruz de la Sierra por dos hombres que llevaban ropa similar a la utilizada por repartidores de comida. Según la investigación, uno de ellos se acercó a la mujer y le efectuó tres disparos a corta distancia, mientras que el segundo le sustrajo el teléfono celular y la cartera. Los agresores huyeron en una motocicleta y todavía no fueron identificados.

La víctima fue trasladada a la Clínica Las Américas, donde fue operada. Desde el hospital contó que todavía conserva restos de proyectiles en el cuerpo y que uno de los disparos le provocó una lesión en el hueso del brazo. Beller responsabilizó públicamente a Cerimedo y sostuvo que fue él quien la convenció de acudir al lugar donde finalmente fue atacada.

Según su relato, el consultor le había dicho que allí podría obtener una prueba relacionada con una denuncia de abuso sexual contra el expresidente boliviano Evo Morales. También habría asegurado que el hotel contaba con cámaras de seguridad y que enviaría personas para custodiarla.

“Él me indujo a ir al lugar donde me citaron, supuestamente para conseguir una prueba contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales”, relató la mujer. Beller afirmó además que Cerimedo le había prometido que tendría escoltas en el lugar, pero que “nunca aparecieron”.

La víctima también declaró que hablaba por teléfono con el consultor cuando recibió los disparos y que logró sobrevivir porque simuló estar muerta para evitar que el atacante volviera a dispararle.

Peritan el celular y la computadora

Como parte de la investigación, la Fiscalía ordenó realizar peritajes sobre el teléfono celular y la computadora de Cerimedo, que fueron secuestrados al momento de su detención.

La fiscal Yolanda Aguilera dispuso analizar la información almacenada en los dispositivos para buscar comunicaciones, archivos u otros elementos que puedan vincular al consultor con el ataque.

De acuerdo con fuentes judiciales, el acceso al teléfono no requerirá vulnerar ninguna medida de seguridad, ya que Cerimedo habría entregado voluntariamente la contraseña cuando fue detenido.

El acusado, sin embargo, se negó a declarar ante la Justicia el martes por recomendación de sus abogados, quienes pretenden conocer primero las pruebas reunidas en el expediente.

Los chats sobre supuestos episodios de violencia

La investigación también incorporó conversaciones que Beller difundió públicamente y en las que atribuyó a Cerimedo episodios anteriores de violencia física. En uno de esos intercambios, la mujer sostuvo que el consultor la había ahorcado, arrojado al piso y golpeado. En la respuesta atribuida a Cerimedo no aparece una admisión explícita de esos hechos, aunque se lee: “Te pedí disculpas de mil formas”.

Beller también difundió capturas fechadas semanas antes del ataque en las que mostró lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas el cuello, el codo, la rodilla y el pómulo. La Justicia deberá determinar la autenticidad de esas conversaciones y establecer qué valor probatorio pueden tener dentro de la investigación.

Mientras Cerimedo permanece detenido, la Policía boliviana continúa buscando a los dos hombres que ejecutaron el ataque. Las cámaras de seguridad permitieron identificar que ambos llegaron en una motocicleta vestidos como repartidores. Uno de ellos fue quien disparó contra Beller, mientras que el otro le sustrajo sus pertenencias.

Los investigadores encontraron la motocicleta que habría sido utilizada para la fuga y continúan analizando las imágenes de las cámaras del hotel y de los alrededores para intentar identificar a los responsables. La Fiscalía también recolectó casquillos y otras evidencias en el lugar del ataque.

Allanamientos y una segunda investigación

La detención de Cerimedo derivó además en allanamientos en al menos dos domicilios, entre ellos el departamento que ocupaba en La Paz.

Según informó el fiscal departamental de La Paz, Carlos Torres, durante los procedimientos se encontraron importantes sumas de dinero, compartimentos ocultos con objetos de valor, un teléfono satelital y una camiseta de la Policía boliviana.

También fueron secuestradas valijas, una motocicleta con las llaves colocadas y un automóvil con características similares a las de un vehículo oficial. Los investigadores encontraron además tarjetas personales en las que Cerimedo figuraba como “asesor principal del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia”.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aclaró que ese cargo no forma parte de la estructura oficial del Gobierno y que las tarjetas no fueron emitidas por el Estado. Sin embargo, reconoció que Cerimedo mantuvo una asesoría personal con Paz luego de la campaña electoral. A partir de los elementos encontrados, la Fiscalía abrió una segunda investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

En paralelo, Beller difundió una conversación que atribuyó a Cerimedo en la que el consultor se refería a su supuesto vínculo con el presidente Paz. “Por suerte Rodrigo me empezó a hacer caso con el cambio de ministros y mano dura”, sostiene uno de los mensajes difundidos. En otro tramo agrega: “La semana pasada lo entendió. Y está saliendo bien”.

La captura no demuestra que Paz haya tomado decisiones en función de las recomendaciones de Cerimedo, pero expone que el consultor se atribuía influencia sobre determinadas decisiones del mandatario.

El Gobierno boliviano, en tanto, anunció una investigación sobre el caso. Paz ordenó que el episodio sea esclarecido y Gálvez aseguró que las autoridades prestarán “absoluta colaboración” a la Justicia y que Cerimedo no contará con protección política.

La conexión con la causa ANDIS

El caso también generó repercusiones en la Argentina a partir de las declaraciones de Beller sobre la supuesta participación de Cerimedo en la filtración de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.

La mujer afirmó que el consultor le había hablado de presuntos hechos de corrupción en la Argentina y sostuvo que fue quien difundió las grabaciones que dieron origen a una investigación por supuestas coimas en el organismo.

El consultor ya declaró como testigo en esa causa y aseguró ante la Justicia que Spagnuolo le había hablado durante 2024 sobre un supuesto circuito de retornos en la compra de medicamentos que involucraba a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

Cerimedo no ocupa actualmente un cargo oficial en el Gobierno argentino. Fue uno de los principales colaboradores de Milei durante la campaña presidencial, participó en la estructura digital y formó parte de su círculo de confianza. Según fuentes de la Casa Rosada, se encontraba distanciado del Presidente desde hacía tiempo.

Nadia Shirley Beller Delgado, exnovia de Fernando Cerimedo, aseguró que el exasesor de Javier Milei y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios que derivaron en la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La mujer sostuvo además que Cerimedo le contó que la maniobra tuvo como objetivo exponer la presunta corrupción del Gobierno.

“Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei, eso lo tengo grabado y él sabe que lo tengo grabado”, afirmó Beller Delgado en declaraciones a Radio Rivadavia.

La mujer también acusó a Cerimedo de “lavar dinero” y vinculó el contenido de los audios con conversaciones que, según dijo, mantuvo con el exasesor.

“Él me cuenta muchas cosas, como que ellos sí filtraron los audios, porque yo le dije ‘es una corrupta’ y dice ‘no, qué va a ser ella corrupta si ella fue la que filtró los audios para que caiga la corrupción de Milei y de la hermana de Milei’. Él sabe que yo eso lo tengo grabado”, relató.

Beller Delgado realizó estas declaraciones mientras continúa internada en terapia intensiva tras recibir disparos en la puerta de un hotel en Santa Cruz, Bolivia.

La acusación por el ataque

La mujer señaló directamente a Cerimedo por el ataque que sufrió el lunes por la noche y afirmó que habría enviado sicarios para matarla porque ella tenía previsto denunciarlo por supuestas agresiones.

Al ser consultada sobre por qué consideraba que el exasesor de Milei estaba detrás del ataque, respondió: “Porque él sabe que yo conozco muchas cosas y porque yo le dije que iba a denunciar las agresiones”.

Beller Delgado fue aún más contundente al referirse a la presunta autoría intelectual del ataque: “Yo estoy segura de que ha sido él”.

Según su relato, cuando le comunicó a Cerimedo que tenía previsto denunciarlo, él le pidió tiempo. “Ahora entiendo que era tiempo para organizar y matarme”, afirmó.

La mujer aseguró además que teme por su seguridad y cuestionó la protección que recibió tras el ataque.

“No me siento segura en mi país, estoy con la plena certeza de que va a mandar gente que termine de hacer lo que no hicieron. Me pusieron una sola policía mujer de escolta, no tengo seguridad”, manifestó.

Su relación con Cerimedo

Durante la entrevista, Beller Delgado aseguró que fue amante de Cerimedo y afirmó que está embarazada de cuatro semanas, señalando al exasesor como el padre.

Contó que cuando lo conoció sabía que estaba casado, pero que él le dijo que estaba separado de Natalia Basil. Según su versión, Cerimedo le había contado que su esposa lo había engañado mientras estaba embarazada de su segundo hijo y que el niño no era de él.

“Teníamos una relación buena, él me contaba absolutamente todo. En abril yo le descubro mensajes románticos con la madre de sus hijos”, relató.

La mujer sostuvo que, hasta entonces, Cerimedo le había dicho que no había considerado necesario divorciarse, aunque le aseguró que lo haría a partir de la relación que mantenían.

“Me dijo que nunca la tocó, pero que fingió enamorarla para que ella no viniera a Bolivia”, afirmó.

Beller Delgado señaló que, después de descubrir esos mensajes, comenzó a reclamarle a Cerimedo por “muchas cosas”, entre ellas cuestiones relacionadas con Basil y con el caso Andis.

Tiempo después, según su relato, descubrió otra supuesta infidelidad y afirmó que Cerimedo la golpeó cuando fue a confrontarlo.

Las acusaciones realizadas por Beller Delgado constituyen su versión de los hechos y deberán ser investigadas y corroboradas por las autoridades correspondientes.

Con información de la agencia NA

Diego Spagnuolo siente que lo abandonaron. Aquellas noches en Olivos —38 visitas en los primeros 16 meses de gobierno— son un recuerdo surrealista bajo este frío otoño. Todo un abismo que va del privilegio de arreglar sobre la marcha una cena con su íntimo amigo Javier Milei, con menú comprado en La Farola de la avenida Maipú, a cinco cuadras de la Quinta, a este presente del teléfono callado y un procesamiento como jefe de una asociación ilícita y fraude al Estado.

“McBain” —como lo llamaban en el mundo Milei-Espert-Villarruel antes de llegar a la cumbre— se sitúa protagonista de una pesadilla que comenzó a vivir apenas echó a andar el gobierno ultra. Al constatar que la “traición” provino de personas en las que confió y lo elevaron adonde nunca creyó llegar, y verse ahora indagado de hecho por la cronista Mercedes Ninci frente a un ascensor de Comodoro Py, se asume como chivo expiatorio de un latrocinio perpetrado por otros. No concibe una salida aceptable. Tiene que rearmar su vida y necesita despejar el horizonte de la cárcel.

Con tiempo libre infinito que pasa en la galería reformada de su casa en un barrio cerrado de Pilar, Spagnuolo observa cómo “los Menem” —a quienes se ocupó de describir en infinidad de diálogos como jefes de una gavilla que copó la Agencia de Discapacidad (ANDIS)— se pasan la gran vida y administran poder.

Para colmo, la Justicia mantiene incautados los USD 82.000 hallados en una caja de seguridad de la casa de Pilar. Spagnuolo dice que puede justificar ese tesoro y piensa que es poco y nada para acusarlo de recibir coimas. Al fin y al cabo, no le alcanzaría ni para comprar medio departamento de esos baratos que consiguen Manuel Adorni y Bettina Angeletti.

Ni las viejas relaciones pueden dar la cara por él. José Luis Espert, a quien alguna vez Spagnuolo creyó su mejor amigo, también cayó en desgracia y transcurre sus días a la sombra de otra galería reformada. Otra amiga, Victoria Villarruel, esa mujer chispeante que hacía bromas homofóbicas y tomaba de punto a “McBain” —por un personaje de los Simpsons que resolvía todo a los tiros—, quedó raleada del mundo Milei. Cuando se dividieron las aguas entre la fórmula presidencial, el contertulio de las noches de Olivos quedó del lado del Soez. ¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte? ¿Habrá insistido la vicepresidenta en la humillación de Spagnuolo como su caniche toy?

A la filtración de los audios que se le atribuyen al extitular de ANDIS y titularon una era, “el 3% de Karina”, le siguió un cúmulo de pruebas documentales, mails, cientos de miles de dólares en efectivo apilados en cajones y mochilas, y whatsapps indiscretos.

Las noticias de que los Menem y Karina habían instalado una burocracia proveniente del macrismo “para afanar” de los fondos de discapacitados dispararon una investigación que, entre agosto de 2025 y febrero pasado, llevaron al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi a revelar una red de corrupción sistemática. La pregunta de fondo: ¿Se trató de una célula autónoma compuesta por decenas de personas para robar uno de los presupuestos más diezmados por la motosierra, o fue otra de las terminales para satisfacer la avidez por el dinero de los Hermanos Milei?

¿La sombra del despoder volvió a encontrar a esos compinches —Victoria y Diego— que viajaban por las montañas del Norte?

El turno de Lijo

El trayecto desde esa trama a la mentada voracidad de Karina y los Menem requiere ser probado en el expediente. Antes de dejar la causa en manos de Ariel Lijo, en febrero, Casanello procesó a 19 personas: empresarios, ejecutivos de droguerías, lobistas y exfuncionarios de segundas líneas. Esta semana comenzó un nuevo capítulo con la nueva ronda de 35 indagatorias y el horizonte de decenas de nuevos procesamientos relacionados a sobreprecios en insumos de alto costo por un valor estimado en $75.400 millones, con beneficio en las firmas Indecomm; Laboratorio Ortopédico Sagues; Probock; Prolite Orthopedics y Resposane Salud. Ese monto se suma otros $43.000 millones detectados en otra instancia del expediente, con sobreprecios estimados en 1.900%.

Las citaciones a indagatoria fueron el primer paso de Lijo en la trama ANDIS. Significativo, porque había expectativa sobre la actitud que adoptaría el excandidato a juez de la Corte Suprema que congregó las causas más sensibles para Ejecutivo en el último bimestre, a excepción de la más grave, la estafa $LIBRA, que la mantiene secuestrada el fiscal Eduardo Taiano.

El segundo paso del juez a cargo de ANDIS fue ordenar, el jueves, un peritaje sobre los audios atribuidos a Spagnuolo. La dirección de Criminalística de Gendarmería deberá dilucidar si esos archivos fueron adulterados mediante inteligencia artificial. Esa fuerza, sometida a injerencias de Patricia Bullrich, se transforma en una usina sórdida que puede llegar a cualquier conclusión —como se demostró en el caso Nisman—. El peritaje asoma como una herramienta de negociación entre la polifacética senadora y su amiga/enemiga Karina. Probablemente, la candidatura de la ultraderecha en la Ciudad para 2027 se jugará en el dictamen de un grupo de gendarmes.

Spagnuolo se aferró a la impugnación de los audios como su tabla de salvación. La estrategia le sirve a él, al resto de los procesados y a los hermanos Milei, aunque sus objetivos finales sean divergentes. Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua.

La llegada del abogado Mauricio D’Alessandro a la defensa de Spagnuolo, en noviembre de 2025, tres meses después de iniciada la causa y con la victoria legislativa de La Libertad Avanza de por medio, apuntó a que los audios del “3% de Karina” eran creaciones de inteligencia artificial. En paralelo, los Kovalivker —los supuestos “helvéticos” de la Droguería Suizo-Argentina en los diálogos de la banda que pactaba licitaciones y coimas— habían avanzado en una estrategia similar. Los helvéticos denunciaron tempranamente que los audios difundidos por el sitio Carnaval y el portal Data Clave obedecían a una operación de inteligencia y, por lo tanto, toda la investigación debería caer como fruto del árbol prohibido.

Se formó así una comunidad de intereses en torno a un frágil silencio, que pende de un hilo, porque impera la desconfianza mutua

En la línea sostenida por Casanello y Picardi, los audios fueron apenas un indicio que disparó una noticia periodística y luego una denuncia judicial, y así comenzó la investigación, como ocurrió decenas de veces en Comodoro Py. Para no pisar el palito del “árbol prohibido”, el juez y el fiscal se ocuparon de evitar cualquier mención al contenido de los audios en sus resoluciones. Ambos situaron el componente de verosimilitud de la sospecha en el hecho de que el Ejecutivo licenció a Spagnuolo de su puesto en ANDIS en cuanto se conocieron los audios. ¿No eran artificiales?

Lo malo y lo peor

La apuesta a anular la causa tendría un altísimo costo político para un gobierno anegado por casos de corrupción, desde las pequeñas a las grandes estafas, pero no deja de ser el mal menor para los Hermanos Milei. Confirmar la percepción generalizada de que el Presidente y su hermana manejan los hilos del poder para garantizar impunidad a ellos mismos y sus elegidos es una mala opción. Dar lugar a que se investigue una sospecha de que coparon el Estado para succionar fondos de los más vulnerables de la sociedad es peor.

Con los expedientes Adorni, préstamos del Banco Nación al equipo de Luis Caputo y ANDIS en un mismo juzgado, la dupla que comanda el Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola, trata por todos los medios de incidir en la voluntad de Lijo. En un territorio —Comodoro Py— en el que inciden estamentos del macrismo, una corporación judicial a la defensiva, tentáculos de Inteligencia y los grupos Clarín y La Nación, el engranaje ya no funciona como antes.  

Spagnuolo mide su silencio. En las dos indagatorias que enfrentó —la última, el miércoles—, eligió hacer uso de su derecho a no declarar. Lo mismo hizo el jueves Daniel Garbellini, un hombre del riñón del PRO que reingresó a ANDIS con Milei para —según Spagnuolo— manejar la caja. Con intereses enfrentados, a ambos les conviene el paso del tiempo, con la mira en la invalidación de las grabaciones.

A poco de ingresar al expediente, el defensor D’Alessandro presentó un peritaje privado a cargo del experto español Miguel Ángel de la Torre. El estudio indica que la parte del audio en la que Spagnuolo aparece hablando en un bar tiene una probabilidad “baja” de ser una creación de inteligencia artificial, pero otro segmento de una conversación telefónica tendría chances “razonables” de contener “trazos de voz sintetizada”. El contenido más grave de los dichos atribuidos a Spagnuolo —incluido el 3% de Karina (8% de coimas totales sobre el precio de venta de medicamentos e insumos) y el comentario de que puso al tanto a Javier Milei de la situación— está en la parte del diálogo en el bar.

D’Alessandro afirma que los audios fueron editados, y que se incorporó ruido ambiente de una confitería para enmascarar la voz artificial. Tanto Mauro Federico e Ivy Cángaro, los periodistas que difundieron las grabaciones en Data Clave, como fuentes de la fiscalía de Picardi dan por sentado que los audios fueron editados, pero no adulterados. El fin de la edición fue borrar al interlocutor de Spagnuolo, que sería quien registró y divulgó la grabación.

Hay que prestar atención a dónde llega la explicación del extitular de ANDIS. Su desmentida es sobre haber denunciado el 3% de Karina, pero no sobre el papel de los Menem. Según fuentes que escucharon sus argumentos, tampoco niega haber transmitido a Milei el desfalco que estaban cometiendo Garbellini y el exfuncionario del PRO y exempleado del laboratorio Roche Pablo Atchabahian, a quienes definió como “delincuentes”. A partir de su aviso al Presidente, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a elegir comida en el menú de La Farola de Olivos.

Spagnuolo afirma que lo único que lo vincula a los delitos investigados son los audios. Le interesa salir del foco de la causa, pero se desentiende de la suerte de “los delincuentes” y los Menem. En la fiscalía de Picardi leen eso y no entierran la posibilidad de lograr la adhesión a la figura del arrepentido. Es por ello que el silencio del extitular de ANDIS es tanto una estrategia que agradecen los Milei, como una bomba de tiempo. Aunque “McBain” parezca disimular el papel de Karina y guarde mayor encono con los Menem, dos más dos es cuatro. Por lo pronto, Spagnuolo dejó una frase sugestiva el miércoles, durante la indagatoria informal ante la periodista Ninci en un pasillo de Comodoro Py: “No es la única oportunidad en que se puede declarar”.

Una mano estuvo detrás del abismo que se creó entre Spagnuolo y quienes le manejaban la caja en ANDIS: Santiago Caputo.

El poderoso asesor tiene bajo su órbita al ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, padre de su socio, Rodrigo Lugones. Esa cartera, aun diezmada por la motosierra, es una fuente inagotable de negocios. Por el reparto inicial de responsabilidades en el gobierno ultraderechista, los medicamentos y tratamientos para discapacitados fueron capturados por los Menem. Se desató entonces una sórdida batalla por esa caja. Spagnuolo, un abogado sagaz, con poca experiencia política, débil de carácter y nulo conocimiento del mercado de la salud, fue la vía a través de la cual intentó penetrar Santiago Caputo.

En sus extensas tardes en Pilar, frente a la pantalla en negro de su celular, Spagnuolo también piensa en la impunidad del asesor que imita a los personajes de Peaky Blinders.

Cuentas pendientes en la Cámara Federal

En la fiscalía de Picardi surgen datos incesantes sobre el desfalco al Estado. Emanuel y Jonathan Kovalivker, Atchabahian, el lobista Miguel Calvete, Laboratorios Roche y Garbellini tienen motivos para preocuparse, pero la pelota está en la Cámara Federal. Se bifurca otro capítulo.

A partir de su aviso a Milei, hace exactamente un año, cesaron las invitaciones nocturnas a Olivos a elegir comida en el menú de La Farola de la avenida Maipú

La sala de la Cámara Federal que trata el expediente está compuesta por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah. El primero —exabogado de Cristina— y el segundo —veterano del fuero penal federal, vinculado a la UCR— impusieron su voto mayoritario para hacer lugar al reclamo de los Kovalivker y ordenaron a Casanello que investigara el origen de esas grabaciones. Casanello tiró la pelota afuera con medidas procesales, Boico e Irurzun insistieron y ahora Lijo hizo lugar al peritaje.

Los movimientos de Boico, una de las pocas designaciones en el Poder Judicial que pudo concretar Alberto Fernández, vienen provocando desconcierto en estamentos de Comodoro Py que esperaban romper el statu quo que se había instalado. Si la mirada se detiene en Irurzun —el autor de la doctrina de la influencia de los exfuncionarios que sirvió para mantener a kirchneristas en la cárcel durante años—, la historia se vuelve más compleja. Cumple 75 años el próximo 18 de julio, por lo que debería cesar su función de camarista. El juez bregó para que se enviara al Senado la prórroga de su designación por otros cinco años, como ocurrió con colegas muy allegados al Ejecutivo, pero hasta ahora no tuvo suerte y es probable que no la tenga.

Boico e Irurzun tienen en sus manos reproducir la mayoría contra Farah para cortar la causa ANDIS de raíz, con la teoría del fruto del árbol prohibido, y satisfacer así los múltiples intereses cruzados de los imputados y de quienes miran de afuera, por ejemplo, desde varios despachos de Balcarce 50. No sería una decisión fácil para ambos camaristas, que no están entre lo más desprestigiado de Comodoro Py. De todas maneras, quedaría la instancia de Casación, donde la conformación de la sala que intervendría no sería la más oficialista posible.

En la exposición de argumentos frente a la Cámara Federal, Picardi citó jurisprudencia asentada en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento, un fraude millonario que abarca los gobiernos de los Kirchner y Macri e involucra al gigante brasileño Odebrecht. Allí los imputados también plantearon que la acusación debía desmerecerse porque provenía de filtraciones de celulares de lobistas asociados al Lava Jato de Brasil.

En esa instancia, la Cámara Federal sostuvo que el planteo de nulidad debía fundarse en la “verificación fehaciente” de que la prueba había sido originada de forma ilegal, y no una mera suposición. Uno de los jueces firmantes de aquella resolución fue Irurzun, el 11 de marzo de 2019.

SL

slacunza@eldiarioar.com

El juez federal Ariel Lijo dispuso avanzar con una pericia clave en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad. La medida apunta a analizar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que hasta el momento no habían sido plenamente incorporados al expediente.

La decisión marca un cambio en el rumbo de la investigación, ya que las grabaciones habían quedado en un segundo plano mientras se debatía su validez. Ahora, el magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 11 ordenó que se determine su autenticidad y procedencia.

Para ello, Lijo encomendó la tarea a la Gendarmería Nacional Argentina, específicamente a su Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, que deberá realizar un análisis técnico sobre el material. El objetivo es establecer si los audios son genuinos y cómo fueron obtenidos.

El avance se produce en línea con lo dispuesto previamente por la Cámara Federal porteña, que había ordenado verificar estos elementos antes de definir su valor probatorio dentro del expediente.

En paralelo, las defensas de Spagnuolo y de la empresa Suizo Argentina habían planteado la nulidad de la causa, argumentando que las grabaciones podrían tener un origen irregular. Si bien ese pedido no prosperó, sí derivó en la necesidad de profundizar el análisis sobre el material.

La resolución que impulsó esta instancia fue tomada por la Sala II del tribunal de apelaciones, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes en diciembre instruyeron avanzar con la verificación.

En ese momento, el juzgado estaba a cargo de manera subrogante de Sebastián Casanello, quien había recibido la orden de iniciar las comprobaciones sobre los audios.

Con esta nueva medida, la causa entra en una etapa decisiva, ya que el resultado de las pericias podría determinar el peso de las grabaciones dentro de la investigación y su eventual impacto en la situación procesal de los involucrados.

Con colaboración de Sebastián Lacunza

JIB

En línea con lo solicitado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 llamó a indagatoria a 35 personas investigadas en la causa sobre las presuntas maniobras de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), entre ellas su extitular, ya procesado, Diego Spagnuolo, quien este martes se presentó en Comodoro Py pero se negó a declarar. Este martes también será el turno del exsegundo en el organismo, Daniel Garbellini. Las indagatorias se extenderán hasta el 26 de mayo.

Además de Spagnuolo y de Garbellini, también fue llamado a segunda indagatoria Miguel Ángel Calvete, presunto lobbista de los directivos de laboratorios y droguerías.

“La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, sostuvo el juez Ariel Lijo, en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal.

Asimismo, el Juzgado decretó la inhibición general de bienes para las personas y empresas involucradas: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos —y por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado—”, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura.

Spagnuolo ya fue indagado y procesado en la causa por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen fiscal, las maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.

También deberán pasar por los tribunales Andrés Horacio Arnaudo, Federico Maximiliano Santich, Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez, Diego Miras Acosta, Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

Un entramado entre funcionarios y empresarios

De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo y Garbellini, mientras que desde el ámbito privado habrían tenido roles clave Calvete y Pablo Atchabahian. A ellos se suman más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas.

El expediente describe un mecanismo en el que funcionarios de la ANDIS direccionaban compras de insumos -conocidos como PACBI- para beneficiar a empresas allegadas, a cambio de retornos y dádivas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas.

Estos insumos eran canalizados a través del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según la fiscalía, el circuito habría sido desviado de sus objetivos para favorecer a proveedores determinados, en perjuicio de la población destinataria.

Simulación de competencia y sobreprecios

Los fiscales sostienen que el esquema se apoyó en el sistema de compras SIIPFIS, que debía garantizar transparencia, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas vinculadas. Entre las irregularidades detectadas se mencionan la filtración de información privilegiada, la manipulación de compulsas de precios, acuerdos de cartelización y la participación directa de empresarios en decisiones internas del organismo.

Además, se registraron incrementos injustificados en los valores de medicamentos e insumos médicos. En algunos segmentos, como el de amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025 con una distribución equilibrada entre grupos empresariales, lo que refuerza la hipótesis de un reparto previamente acordado.

La causa también apunta a posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito del dinero generado por estas contrataciones.

19 procesados

Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas por el juez Sebastián Casanello (quien estuvo al frente de la causa hasta que dejó la subrogancia del Juzgado Federal 11 en febrero pasado y el sorteo cayó en manos de Ariel Lijo), consideradas en algunos casos como jefes de una asociación ilícita. La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el alcance total de las responsabilidades y profundizar el análisis del circuito financiero.

Con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, la investigación sigue en desarrollo. Para los fiscales, el expediente expone “una enorme trama de corrupción” en la que la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para canalizar pagos indebidos, en desmedro de políticas públicas destinadas a sectores especialmente vulnerables.

La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.

Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras.

También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Compras direccionadas y sobreprecios

El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.

De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.

El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.

Pagos indebidos y acceso irregular al sistema

La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.

El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.

En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

El origen de la causa

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.

Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.

Según la resolución de Casanello, quien subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Para el magistrado que llevó la primera parte de la causa, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Además, Casanello advirtió la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

MC

El Gobierno tiene un problema judicial. O, más precisamente, una acumulación de problemas judiciales que empiezan a superponerse en el tiempo y a dialogar entre sí. $LIBRA, ANDIS y el caso Adorni son expedientes distintos, con lógicas propias, pero atravesados por un mismo hilo conductor: todos rozan, de una u otra manera, el núcleo de poder que rodea a Javier Milei. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue solo un cambio de nombres, sino la designación, en los hechos, de un rol que nadie explicitó en público pero que en privado nadie se molesta en negar: el de escudo.

No se trata, además, de un actor ajeno a ese mundo. Mahiques viene de la llamada “familia judicial”, hijo de un histórico camarista de Casación y formado en los códigos, vínculos y lógicas de Comodoro Py, un capital que en la Casa Rosada le reconocen y por el que fue elegido para cumplir justamente esa función. La apuesta era clara: alguien que hablara el idioma de los tribunales, que conociera sus tiempos y sus reflejos, y que pudiera ofrecer cobertura en un momento de tensión creciente. El problema es que, a poco más de un mes de asumir, ese escudo todavía no logra mostrar eficacia, o peor aún, no termina de cubrir.

Hay escenas que lo delatan. En marzo, durante su primera entrevista en LN+, Mahiques ensayó la fórmula esperable, pero apenas unos segundos después cruzó esa línea y se metió de lleno en el caso $LIBRA, donde terminó actuando más como abogado defensor del Presidente que como ministro de Justicia. No lo hizo en un expediente ni en un dictamen, sino en televisión, como quien tantea el terreno, al esbozar una estrategia para desarmar la prueba central.

En Comodoro Py la hipótesis es conocida: si el origen de una prueba es cuestionable, todo lo que se construye sobre ella puede caerse. Es la mentada teoría del “fruto del árbol envenenado”. Por lo que cualquier filtración aparece, en el razonamiento de Mahiques, como una posible llave de nulidad. Ese corrimiento tuvo consecuencias, porque en los tribunales lo leyeron como una señal de debilidad más que de fortaleza. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque reveló la urgencia del oficialismo y expuso que las pruebas, lejos de ser marginales, preocupaban.

Esa preocupación se vuelve más tangible cuando se mira el estado de las causas. En $LIBRA, el expediente que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli empezaron a aportar elementos incómodos para la defensa oficial, incluyendo referencias a un presunto acuerdo económico con el propio Presidente para promocionar la criptomoneda meme que dio lugar a acusaciones de estafa y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.

En paralelo, la causa que investiga los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Ariel Lijo, acaba de escalar con un movimiento que en Tribunales funciona como señal de cambio de fase: los fiscales pidieron 27 nuevas indagatorias, ampliaron la imputación a una estructura que combina funcionarios y empresarios y pusieron bajo la lupa un esquema de direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones, con pedidos de inhibición de bienes incluidos, lo que indica que la investigación no solo sigue abierta sino que se expande. A su vez, en el caso Adorni, también bajo la órbita de Lijo, el expediente que más rápido se movió en los últimos días, la hipótesis de dádivas por el viaje a Punta del Este y las sospechas de enriquecimiento ilícito empiezan a consolidarse con pruebas que, al menos por ahora, resultan difíciles de desactivar. “Nos conviene que la causa avance rápido”, deslizan en Casa Rosada.

En ese mapa hay un dato que sobresale y que conecta los casos más sensibles que orbitan alrededor del oficialismo: aunque no todas están en el mismo juzgado, la figura de Lijo aparece como un actor central en este momento judicial. Su comportamiento en las últimas semanas no pasa desapercibido. Licencias llamativas, movimientos políticos y reuniones que trascienden pueden no significar demasiado por separado, pero en conjunto construyen la imagen de un magistrado en estado de activación, una percepción que circula cada vez con más fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Allí no lo dicen en voz alta, pero lo sugieren con insistencia. Lijo está en campaña, no en términos electorales sino institucionales, en un contexto en el que la Procuración General de la Nación volvió a entrar en la conversación como horizonte de poder, junto con los nombres de quienes aspiran a ocuparla, entre los que aparecen tanto el propio juez como el ministro Mahiques.

La paradoja es evidente, porque el funcionario que debería garantizar un vínculo aceitado entre el Gobierno y la Justicia compite, en los hechos, por el mismo objetivo que uno de los jueces que investiga a sus principales figuras. No es una disputa explícita, pero tampoco hace falta que lo sea, ya que se expresa en gestos, silencios y movimientos que se leen más por lo que insinúan que por lo que dicen, en un juego donde la exposición también construye posicionamiento.

Para Lijo, la ecuación pasa por recuperar centralidad después del traspié que significó su fallida llegada a la Corte Suprema impulsada por el asesor Santiago Caputo, mientras que para Mahiques el desafío es consolidarse en un cargo que, por ahora, lo expone más de lo que lo protege. Ambos saben que para llegar a ser jefe de los fiscales no alcanza solo con antecedentes técnicos, sino con poder político, y que ese poder se construye en el cruce, siempre inestable, entre los tribunales y la Casa Rosada.

Es que mientras en los pasillos de Comodoro Py empiezan a circular versiones que amplían el mapa —como la que menciona a Mahiques como posible nexo informal entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, las causas que acorralan a Milei dejan de ser solo expedientes para convertirse también en herramientas de negociación. Por eso, cuando en Balcarce 50 hablan de levantar un escudo ante al frente judicial, quizás estén mirando el partido equivocado. Echando mano a la metáfora del último video compartido por el Presidente en su cuenta de Instagram, del otro lado, más que delanteros aislados, empieza a haber un equipo que juega en bloque y que, sin apurarse, empieza a empujar la pelota hacia el arco con cada vez menos intermediarios.

PL/CRM

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez pidieron ampliar las declaraciones indagatorias, avanzar con nuevas imputaciones y dictar medidas cautelares en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Entre los principales implicados se encuentra su extitular, Diego Spagnuolo, quien volverá a ser citado a declarar en el marco de nuevos hechos incorporados al expediente.

El pedido, dirigido al juez Ariel Lijo, alcanza a más de una veintena de funcionarios y empresarios -27 indagatorias en total- y se produce tras la aparición de “nuevos hallazgos” que ampliaron la estructura delictiva bajo análisis. Entre los convocados también figura el empresario Miguel Ángel Calvete, considerado junto a Spagnuolo como una pieza central del esquema.

La investigación sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 funcionó dentro del organismo un sistema destinado a direccionar contrataciones de insumos médicos de alto costo. Según el dictamen fiscal, las maniobras implicaron la erogación de al menos $75.478 millones de fondos públicos en favor de un grupo reducido de proveedores.

Un entramado entre funcionarios y empresarios

De acuerdo con la acusación, la estructura habría sido conducida desde el sector público por Spagnuolo y Daniel María Garbellini, mientras que desde el ámbito privado habrían tenido roles clave Calvete y Pablo Atchabahian. A ellos se suman más de 20 empresarios que operaban a través de unas 30 firmas.

El expediente describe un mecanismo en el que funcionarios de la ANDIS direccionaban compras de insumos -conocidos como PACBI- para beneficiar a empresas allegadas, a cambio de retornos y dádivas. Los productos bajo análisis incluyen prótesis de alta gama, implantes cocleares, materiales quirúrgicos complejos y sillas de ruedas motorizadas.

Estos insumos eran canalizados a través del programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad o enfermedades graves en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, según la fiscalía, el circuito habría sido desviado de sus objetivos para favorecer a proveedores determinados, en perjuicio de la población destinataria.

Simulación de competencia y sobreprecios

Los fiscales sostienen que el esquema se apoyó en el sistema de compras SIIPFIS, que debía garantizar transparencia, pero que habría sido utilizado para simular competencia entre empresas vinculadas. Entre las irregularidades detectadas se mencionan la filtración de información privilegiada, la manipulación de compulsas de precios, acuerdos de cartelización y la participación directa de empresarios en decisiones internas del organismo.

Además, se registraron incrementos injustificados en los valores de medicamentos e insumos médicos. En algunos segmentos, como el de amputaciones, se detectaron adjudicaciones por más de $5.600 millones entre 2024 y 2025 con una distribución equilibrada entre grupos empresariales, lo que refuerza la hipótesis de un reparto previamente acordado.

La causa también apunta a posibles maniobras de lavado de activos vinculadas al circuito del dinero generado por estas contrataciones.

Más imputados y avance sobre el patrimonio

Entre los nuevos citados a indagatoria figuran, además de Spagnuolo y Calvete, Emilio César Olguín, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martim Goncalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi y Mariano Sagués, entre otros.

En paralelo, los fiscales solicitaron la inhibición general de bienes de personas físicas y jurídicas vinculadas al caso, con el objetivo de evitar el movimiento de activos mientras avanza la investigación.

Hasta el momento, 19 personas ya fueron procesadas, consideradas en algunos casos como jefes de una asociación ilícita. La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el alcance total de las responsabilidades y profundizar el análisis del circuito financiero.

Con la colaboración de áreas especializadas de la Procuración General de la Nación, la investigación sigue en desarrollo. Para los fiscales, el expediente expone “una enorme trama de corrupción” en la que la ANDIS habría sido utilizada como una estructura para canalizar pagos indebidos, en desmedro de políticas públicas destinadas a sectores especialmente vulnerables.

CRM

La investigación por el casamiento realizado en la Quebrada de las Conchas, en la provincia de Salta, sumó en las últimas horas un fuerte condimento político a partir de los vínculos de los protagonistas con figuras del poder y contratos estatales.

La causa, que está en manos de la fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, se inició tras la viralización de imágenes de la boda de Nicole Pocoví y Federico Maran en un área protegida donde no están permitidos este tipo de eventos sin autorización. La investigación apunta a determinar si se utilizó un permiso falso para realizar la celebración y si hubo incumplimiento de la normativa ambiental vigente.

Sin embargo, a medida que avanzó la pesquisa, comenzaron a emerger conexiones que exceden lo estrictamente ambiental o administrativo. Nicole Pocoví es hija de Marcelo Adolfo Pocoví, expareja de Zulemita Menem, quien en el pasado realizó duras declaraciones públicas sobre él. En paralelo, versiones sobre la posible presencia de integrantes de la familia Menem en la boda fueron desmentidas a La Nación por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

El foco político también se posó sobre Kevin Pocoví, hermano de la novia, vinculado a la firma Inversora Eslava S.A., que mantiene un contrato millonario con el PAMI por el alquiler de oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Según registros oficiales, esos espacios habrían sido utilizados en reiteradas oportunidades por La Libertad Avanza durante la campaña electoral, lo que abre interrogantes sobre la relación entre negocios privados y estructuras partidarias.

A esto se suma que otro de los hermanos, Alan Pocoví, se encuentra bajo investigación en la denominada “causa Andis”, donde se analizan presuntas maniobras de direccionamiento de contratos y lavado de dinero en el sistema de provisión de insumos para personas con discapacidad.

En este contexto, la Justicia no solo busca establecer si hubo irregularidades en la autorización del evento en un área protegida —regulada por las leyes provinciales 7.070 y 7.107—, sino también determinar si detrás del episodio existe una red de vínculos que conecte intereses económicos, relaciones políticas y eventuales beneficios indebidos.

Así, lo que comenzó como una presunta infracción ambiental por una boda en un paisaje icónico del norte argentino se transformó en un caso con derivaciones políticas, donde se cruzan nombres, contratos y estructuras de poder bajo la lupa judicial.

Con información de medios

JIB

La causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ingresa en una fase clave con la apertura del servidor informático secuestrado en la Droguería Suizo Argentina, empresa propiedad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Para el fiscal federal Franco Picardi, el análisis de ese material puede resultar determinante para profundizar la hipótesis sobre el “rol preponderante” que habría tenido la firma dentro del organismo.

El expediente ya derivó en el procesamiento de 18 personas por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho. El juez federal Sebastián Casanello sostuvo que funcionarios de la ANDIS y empresarios del sector salud habrían integrado una organización destinada a direccionar contrataciones y obtener beneficios económicos indebidos.

Si bien la Droguería Suizo Argentina no fue incluida en la primera tanda de procesamientos, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido de nulidad presentado por los Kovalivker, lo que confirmó que la empresa continuará bajo investigación. La resolución señaló que la firma aparece mencionada en múltiples comunicaciones y registros incorporados a la causa.

Según la fiscalía, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la ANDIS habría operado como una “ventanilla de pagos millonarios” con procedimientos que no garantizaban principios de transparencia y competencia. En ese contexto, la droguería fue beneficiada en un año con compras por aproximadamente 55.000 millones de pesos, volumen que ahora se encuentra bajo análisis.

En el expediente figuran conversaciones en las que se alude a la necesidad de “tener gente con la bandera correcta”, junto al emoji de la bandera suiza, así como referencias a “el helvético”. De acuerdo con la hipótesis fiscal, a través de ex funcionarios procesados como Pablo Atchabahian y Matías Garbellini, la empresa habría tenido influencia en decisiones administrativas internas, incluso en despidos de personal.

El comportamiento de los empresarios durante los allanamientos también quedó bajo escrutinio. Jonathan Kovalivker estuvo cuatro días sin presentarse ante la Justicia tras un procedimiento en su domicilio y entregó posteriormente un teléfono celular reseteado de fábrica. En el vehículo de Emmanuel Kovalivker, interceptado en Nordelta, las fuerzas de seguridad hallaron 266.000 dólares distribuidos en sobres y siete millones de pesos en efectivo. En la vivienda allanada se encontró una caja fuerte abierta con escaso dinero en su interior.

Los investigadores consideran que el análisis técnico del servidor permitirá reconstruir movimientos económicos, comunicaciones y eventuales directivas impartidas desde la empresa hacia el organismo estatal. Con esta nueva instancia probatoria, la causa ANDIS suma un elemento que podría resultar decisivo para determinar el grado de participación de la Droguería Suizo Argentina y de los hermanos Kovalivker en el presunto entramado de corrupción público-privado vinculado a la compra de medicamentos de alto costo.

La fortaleza del dueño de la Suizo Argentina

El edificio vidriado en la esquina de Ramsay y Monroe, en el barrio de Belgrano, es la sede de la droguería Suizo Argentina, empresa cuyo nombre empezó a ser conocido tras el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El edificio, una construcción moderna que contrasta con la fisonomía más clásica de la avenida Monroe, tiene continuidad en la esquina de Ramsay y Figueroa Alcorta, donde se encuentra uno de los estudios de diseño más prestigiosos del país.

De alrededor de 20 metros por lado, la sede de la Suizo Argentina, sobre la planta baja con dispositivos electrónicos para el ingreso, suma tres pisos de oficinas con vistas a la calle y en cuyo interior puede apreciarse el movimiento de los empleados, que para las 8 ya están en sus puestos de trabajo. Iluminación uniforme y muebles funcionales, sin demasiados lujos, es lo que puede verse a través de los cristales que, llamativamente, carecen de cortinas que den un poco de privacidad a las más expuestas.

La construcción tiene dos ingresos vehiculares, uno sobre cada arteria, que se comunican por el centro y funcionan, en algunos casos, como entrada y salida. Así, pudo apreciarse ingresar un Volvo de última generación por el portón de Monroe y retirarse, diez minutos más tarde, por la salida de Ramsay.

Esto parece funcionar de manera selectiva, ya que los vehículos que ingresaron por Ramsay estacionaron y volvieron a salir por el mismo portón, siempre asistidos por un efectivo de la Policía de la Ciudad. Una SUV BMW, también de última generación, ingresó por ese lugar y allí permaneció hasta horas de la tarde.

La seguridad es algo que la familia Kovalivker se toma muy en serio: lo primero que se aprecia al llegar por Monroe es la presencia de un móvil, rojo y con al menos dos personas, de la empresa San Miguel; son quienes custodian el ingreso por esa puerta y asisten, también, a quienes deben dejar o retirar mercadería, movimiento más bien escaso durante la jornada.

Además del puesto fijo, la seguridad se ve reforzada por un efectivo de la Comunal 13A —de ronda por la cuadrícula, no fijo— y la presencia alternativa de las diferentes divisiones de la Policía Federal que custodian el Monumento a los caídos, emplazado en el Parque de las Américas. La presencia del cronista fue rápidamente alertada y se hizo saber dentro del edificio, en el que no se apreció la llegada de las principales autoridades en el transcurso de la jornada.

Cámaras fijas apuntando en diferentes direcciones sobre los muros y un domo 360° sobre el poste que se encuentra justo delante del ingreso de Ramsay 2500 completan la seguridad del lugar, donde nada parece librado al azar: desde la primera pregunta del personal privado de guardia hasta los múltiples controles, que incluyen acceso por huella o llaves electrónicas incluidas en los celulares de los empleados para abrir el molinete que, finalmente, da acceso al resto del edificio.

Con información de la agencia Noticias Argentinas.

El juez federal Ariel Lijo, a quien el Gobierno había promovido para integrar la Corte Suprema, quedó a cargo de la causa por los presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que involucra al ex funcionario Diego Spagnuolo y otros colaboradores del entorno libertario.

Lijo salió sorteado después de que el magistrado Sebastián Casanello dejara la subrogancia del Juzgado Federal 11, que es el que lleva el expediente contra Spagnuolo.

Casanello subrogaba desde el año pasado en el Juzgado Federal 11, que quedó vacante desde que falleció Claudio Bonadio.

Al haber informado a la Cámara Federal que no solicitaría una prórroga de esa subrogancia, se designó por sorteo a Lijo, titular a su vez del Juzgado Federal 7, informaorn hoy fuentes judiciales.

La causa tiene 19 procesamientos dictados: además de Spagnuolo están Daniel Garbellini, Miguel Angel Calvete, su hija Ornella Calvete y Pablo Atchabahian por delitos como cohecho activo, fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles con la función pública.

A principios del año pasado el Gobierno había intentado promover a Lijo y al abogado Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, aunque no consiguió el respaldo del Senado.

En el caso de Lijo, el máximo tribunal le exigió que renunciara a su cargo en el juzgado en lugar de presentar una licencia, lo que el magistrado se negó a hacer.

En tanto, Spagnuolo fue procesado el lunes último por asociación ilícita, mientras la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance la de la investigación.

Lo había dispuesto Casanello en la causa por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS.

Con información de la agencia NA

El Gobierno eligió el silencio. Ni defensa cerrada, ni contraataque, ni operación visible. Apenas mutismo. La decisión del juez federal Sebastián Casanello de procesar al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos volvió a encender una alarma que en la Casa Rosada creían encapsulada. El expediente, que en su origen parecía circunscripto al entorno de Karina Milei, terminó desplazando el foco y golpeando también al otro vértice del poder libertario: el universo de Santiago Caputo.

El fallo judicial describe a la ANDIS como un “centro de operaciones” de un esquema que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, direccionó compras de medicamentos de alto costo, habilitó sobreprecios millonarios y garantizó pagos privilegiados a un puñado de proveedores. En ese entramado aparecen, además de Spagnuolo y su segundo Daniel Garbellini, el operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete —señalado como nexo con las droguerías beneficiadas— y su hija Ornella, funcionaria del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado y ahora una de las procesadas, cuando renunció en silencio tras el estallido del escándalo.

Ese dato reconfigura el mapa político del caso. La causa ANDIS había sido leída inicialmente como un problema del karinismo, sobre todo tras la difusión, en agosto pasado, de los audios del titular del área (y abogado personal de Milei) Diego Spagnuolo en los que se mencionaba un presunto “3% para Karina”. En esas grabaciones también aparecía el nombre de Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos del oficialismo y figura central del dispositivo territorial de la secretaria general de la Presidencia.

Pero el avance judicial, los procesamientos y la reconstrucción del circuito de intermediación empezaron a rozar también al sector ligado a Santiago Caputo. No solo por la figura de Calvete y su hija, sino por las conexiones operativas entre ANDIS y el PAMI —dos áreas que compartían proveedores, mecanismos de compra y circuitos de autorización— y por la aparición de iniciales políticamente sensibles en cuadernos incautados por la Justicia.

En la Casa Rosada, hace tiempo que la decisión fue replegarse. Sin declaraciones públicas de peso ni una narrativa oficial que ordene el episodio, el Gobierno apuesta a una estrategia de enfriamiento. “Es un tema que está investigando la Justicia”, se limitan a responder oficialmente. El objetivo es evitar que el expediente se convierta en un nuevo campo de batalla interno entre el karinismo y el caputismo, una tensión que se mantiene y que la causa ANDIS vuelve a poner en escena bajo una forma incómoda: la de una trama judicial que ya no distingue facciones.

La incomodidad es doble. Porque el caso no solo expone presuntas maniobras de corrupción en un área sensible, como es la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, sino que además toca fibras del propio diseño de poder del oficialismo. La ANDIS, hoy convertida en secretaría dentro del Ministerio de Salud tras su disolución formal, había sido presentada por el Gobierno como un organismo a “sanear” por irregularidades heredadas. Pero el avance del expediente sugiere algo distinto: que el problema no quedó encapsulado en el pasado y que las responsabilidades podrían escalar más allá de los nombres ya procesados.

El esquema Calvete

En ese esquema, la figura de Miguel Ángel Calvete adquirió un peso particular. Exconcejal de La Matanza por Cambiemos y dirigente del sector supermercadista —fue presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos (FESACH)—, sin cargo formal dentro del Estado, la investigación lo ubica como un operador con acceso a decisiones sensibles del área de discapacidad. Según la hipótesis judicial, habría funcionado como nexo entre el entorno de Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y droguerías beneficiadas por el esquema de compras, con capacidad para influir en adjudicaciones, circuitos administrativos y flujos de pagos.

La dimensión política del caso se amplificó por el vínculo familiar. Su hija, Ornella Calvete, se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado, cuando presentó su renuncia en medio del avance judicial. Durante la investigación, la Justicia allanó su domicilio y secuestró 700.000 dólares en efectivo, los cuales no pudo justificar.

El expediente del fiscal Franco Picardi incorporó además intercambios entre padre e hija que, según la acusación, ayudan a reconstruir el funcionamiento del circuito bajo sospecha. En uno de esos chats, del 10 de septiembre de 2025, Ornella le escribe a su padre —a quien tenía agendado como “Carmela Vivaldi”— para que intermedie en favor de una empresa.

Calvete responde que ya había concretado una reunión y ella le dice que, si todo salía bien, le compraría “una lambo, una granja, lo que quieras”, a lo que él contesta: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”. Dos días después, tras advertir la presencia policial en su domicilio, Ornella le consulta por la situación de una firma vinculada a su padre y por la existencia de “cash blanco”, mientras él le sugiere “hacerse la gila”. Esa superposición entre el rol del operador y la presencia de su hija dentro de la estructura estatal terminó de ampliar el alcance político de la causa más allá del núcleo original del caso ANDIS.

Por el escándalo, también renunció en noviembre la pareja de Ornella y yerno de Miguel Calvete, Javier Cardini, ni más ni menos que el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Tras una trayectoria en el sector tecnológico privado, su desembarco se produjo en un área atravesada por el reparto de influencia entre Karina Milei y Santiago Caputo, a partir de su vínculo personal con el asesor presidencial y su hermano Francisco Caputo, mediado a su vez por Georgie Neuss, amigo de la infancia de ambos, según publicó Alejandro Rebossio en elDiarioAR. Con Cardini ingresó además la tía de Ornella, Susana Calvete, hermana del operador farmacéutico, que también fue despedida.

En los tribunales, la investigación avanzó sobre un esquema preciso. Según la resolución, la ANDIS operó durante casi dos años con un mecanismo paralelo de compras —las llamadas “compulsas especiales”— en el que la competencia era ficticia y las adjudicaciones estaban definidas de antemano.

Cuatro droguerías concentraron más del 90% de ciertas contrataciones por montos superiores a los 30 mil millones de pesos, con incrementos abruptos de precios en medicamentos esenciales y accesos irregulares al sistema informático del organismo por parte de personas ajenas a la estructura estatal. El cuadro que describe el juez Casanello va más allá de una anomalía puntual. Se trata de una arquitectura diseñada para garantizar retornos, pagos privilegiados y direccionamiento sistemático.

La Salud como caja

Ese diagnóstico es el que complica políticamente al Gobierno. Porque el caso ya no se limita a los audios de Spagnuolo ni a la hipótesis inicial de un pedido de aportes irregulares. El volumen de pruebas empujó la causa hacia una reconstrucción más amplia del circuito de decisiones, donde la frontera entre funcionarios y operadores privados aparece deliberadamente difusa. Y en ese punto, el expediente vuelve a cruzarse con el mapa real del poder libertario.

En paralelo, el Ministerio de Salud atraviesa una fase de tensión silenciosa, pero el dato político central no es el desgaste de Mario Lugones sino la consolidación de Santiago Caputo. Tras el último reacomodo interno, el asesor presidencial terminó de afirmar su control sobre el área, convertida en uno de los núcleos de mayor peso dentro de su arquitectura de poder. En la lógica del oficialismo, Salud funciona como una caja de gestión y financiamiento bajo su influencia directa, con el PAMI como pieza clave operada por funcionarios de su máxima confianza.

Las conexiones entre ANDIS y el organismo previsional que conduce Esteban Leguizamo comenzaron a ser cada vez más evidentes, sobre todo a partir de que el nombre de su número 2, Carlos Zamparolo, apareciera en los registros incautados a Calvete junto a siglas políticamente sensibles. El rediseño del PAMI impulsado por el caputismo buscó centralizar aún más las decisiones, en un intento por controlar la gestión de insumos de alto costo, en medio de denuncias de pactos subterráneos con sectores del peronismo hechas por referentes libertarios del conurbano.

El Gobierno, por ahora, evita cualquier reacción que amplifique el tema. Más allá de en un principio desdecir a Spagnuolo, hasta el momento no hubo intento alguno de desacreditar la investigación judicial ni un discurso defensivo que ordene la escena. La apuesta, por el contrario, fue dejar que el expediente siga su curso sin transformarlo en un conflicto público. Pero ese silencio oficial también refleja una dificultad: el caso no golpea a un sector aislado, sino que toca simultáneamente a las dos alas del poder puertas adentro de la Casa Rosada.

En ese cruce, el expediente adquiere otra dimensión. No solo por lo que ya probó la Justicia, sino por lo que sugiere el propio fallo del juez Casanello cuando advierte que el esquema “no se agota en los hechos aquí probados” y que podría existir “otro nivel de complicidades”. Esa frase, leída con atención en Balcarce 50, es la que explica el clima de repliegue: nadie sabe hasta dónde puede escalar la causa ni qué nombres podrían aparecer en la próxima etapa.

PL/CRM

El juez federal Sebastián Casanello procesó al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas —entre exfuncionarios mileístas y operadores privados— por los delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos, en una causa que investiga el manejo irregular de compras de medicamentos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

La resolución judicial sostiene que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, la ANDIS fue utilizada como “centro de operaciones” de un esquema delictivo que permitió direccionar contrataciones públicas, aplicar sobreprecios millonarios y garantizar pagos privilegiados a un grupo reducido de droguerías y empresas proveedoras, en detrimento del erario público y de un sector especialmente vulnerable de la población.

Además de Spagnuolo, quien fuera íntimo amigo de Javier Milei y de quien se filtró un audio hablando de “un 3%” para Karina Milei, están procesados Daniel María Garbellini, su mano derecha dentro de la agencia, y Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, operadores con estrechos vínculos con droguerías proveedoras del Estado investigadas por direccionamiento de compras

También fueron procesados, como integrantes y partícipes: Diego Martín D’Giano (exdirector de Prestaciones Médicas), Roger Edgar Grant (Ex Coordinador de Gestión de Urgencias), Eduardo Nelio González (exdirector Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas), Lorena Vanesa Di Giorno (empleada vinculada a Calvete), Luciana Ferrari (exfuncionaria), Andrés Horacio Arnaudo (vinculado a Droguería Génesis), Silvana Vanina Escudero (vinculada a Droguería New Farma), Alejandro Gastón Fuentes Acosta (vinculado a Droguería Floresta), Patricio Gustavo Rama, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Julio César Viera, Ornella Calvete, Patricia Canavesio y Ruth Noemí Lozano.

Compras direccionadas y sobreprecios

El corazón de la maniobra investigada fue el sistema de compras de Prestaciones de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI), utilizadas para la provisión de medicamentos biológicos y tratamientos complejos destinados a beneficiarios de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura de salud.

De acuerdo con la resolución, se implementó un mecanismo paralelo de “compulsas especiales”, en el que solo participaban un puñado de proveedores previamente seleccionados. Esa supuesta competencia —según el juez— era ficticia: algunas empresas cumplían el rol de oferentes “pantalla”, mientras que las adjudicaciones se encontraban definidas de antemano.

El expediente detalla que, como resultado de este sistema, cuatro droguerías concentraron más del 90% de las adjudicaciones en determinadas compras, con órdenes de pago que superaron los 30 mil millones de pesos. En varios casos, los precios abonados por el Estado registraron incrementos abruptos y difíciles de justificar en lapsos muy breves, con subas que llegaron a multiplicar varias veces el valor de referencia de los medicamentos.

Pagos indebidos y acceso irregular al sistema

La investigación también dio por probado que el esquema incluyó pagos indebidos y retornos a funcionarios de la ANDIS, a cambio de garantizar adjudicaciones, agilizar trámites y priorizar pagos. Para eso, personas ajenas al organismo habrían tenido acceso directo al sistema informático interno (SIIPFIS), utilizando credenciales de funcionarios públicos para cargar datos, gestionar compulsas y monitorear procesos de compra.

El fallo describe una confusión deliberada entre intereses públicos y privados, en la que empresarios del sector farmacéutico influyeron en decisiones estratégicas del organismo como si fueran parte de su conducción formal.

En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.

Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.

El origen de la causa

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de una denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón, basada en información periodística y en la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo que mencionan a Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Aunque esos audios funcionaron como disparador, el juez aclaró que el procesamiento se apoya en un volumen amplio de pruebas incorporadas posteriormente: allanamientos, intervenciones telefónicas, peritajes sobre dispositivos electrónicos, documentación secuestrada y declaraciones testimoniales.

Durante la investigación también se encontraron sumas importantes de dinero en efectivo en cajas de seguridad vinculadas al exdirector de la ANDIS, cuya justificación fue objetada por la fiscalía.

Según la resolución de Casanello, “en esta investigación se ha podido reconstruir la actividad delictiva desplegada por una organización criminal compuesta tanto por funcionarios estatales de la órbita de la ANDIS como por actores particulares, que tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas”, al tiempo que consideró que el organismo “fue cooptado y empleado como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

Para el magistrado, el trabajo de la Justicia estos meses “permitió reconstruir, como se expuso, un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.

Además, Casanello advierte la existencia de un “esquema delictivo” que “pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia ANDIS, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”, al tiempo que revela que la investigación que sigue su curso también apunta a que “la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.

Con información de agencia NA