La postal de esta mañana en la quinta de Quinta de Olivos buscó transmitir normalidad. En medio de la presión judicial y política que rodea a Manuel Adorni, Javier Milei recibió a su jefe de Gabinete durante más de dos horas para un desayuno de trabajo en el que, según la versión oficial, se repasaron “temas de agenda” y distintos proyectos legislativos que el Gobierno pretende enviar en las próximas horas al Congreso. Pero detrás de la puesta en escena de gestión, el encuentro volvió a dejar expuesta la principal incógnita que atraviesa hoy al oficialismo: por qué Adorni sigue demorando la presentación de su declaración jurada completa cuando el propio Milei había asegurado hace ya dos semanas que estaba “lista para presentarse”.

El mensaje de la reunión fue inequívoco. El Presidente volvió a exhibir respaldo personal y político hacia su ministro coordinador en un momento especialmente sensible. En la Casa Rosada, sin embargo, el clima está lejos de la calma que intentó transmitir el encuentro. Distintos funcionarios admiten por lo bajo que empieza a crecer la incomodidad por la demora en la presentación de la declaración jurada, sobre todo porque fue el propio Presidente quien había dado a entender públicamente que la situación estaba resuelta. “Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel”, dijo Milei el 7 de mayo en LN+, cuando salió a defenderlo luego de que la senadora reclamara que hiciera pública “de inmediato” su situación patrimonial. Dos semanas después, la presentación sigue sin concretarse.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramitan el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita sigue avanzando y, según fuentes judiciales, ambos esperaban que Adorni entregara la documentación patrimonial pendiente esta semana, pero eso no ocurrió. “Puede ser más a fin de mes o principio de junio”, deslizaron a elDiarioAR desde el Gobierno. Es lo que necesitan para terminar de definir si convocan formalmente al jefe de Gabinete bajo alguna figura procesal. Mientras tanto, la Justicia concentra la atención sobre movimientos patrimoniales, contratos de alquiler, pagos en efectivo y operaciones vinculadas a refacciones inmobiliarias.

Esa demora ya provocó tensiones internas. Bullrich volvió a insistir con el tema durante la última reunión de gabinete y quedó aislada. Nadie acompañó su planteo y el mensaje que bajaron Milei y Karina Milei fue el opuesto: respaldo total e incondicional. Ayer, incluso, la exministra de Seguridad buscó diferenciarse adelantando la presentación de su propia declaración jurada. En la Casa Rosada ya anticipan además que el próximo lunes el Presidente volverá a juntar a sus ministros. Hay quienes dicen que Bullrich no formará parte de esa convocatoria por pedido explícito de la secretaria general de la Presidencia.

El cónclave de esta mañana en Olivos también ocurrió en medio de otro frente de tormenta: la feroz interna desatada durante el fin de semana entre Santiago Caputo y Martín Menem por la cuenta de X @PeriodistaRufus. El conflicto escaló al punto de que Milei debió intervenir personalmente para frenar la disputa y, según distintas fuentes oficiales, terminó provocando la suspensión de la reunión de mesa política prevista para esta semana. La pelea volvió a dejar al descubierto el nivel de tensión que atraviesa al primer círculo libertario justo cuando el Gobierno intenta cerrar filas alrededor de Adorni.

En público, el oficialismo insiste en mostrar a un jefe de Gabinete concentrado exclusivamente en la gestión. Según dejaron trascender, en el desayuno de hoy se repasaron iniciativas como el denominado “Súper RIGI”, una ley de lobby, cambios en el etiquetado frontal de alimentos, proyectos vinculados a la ludopatía y modificaciones a la ley de Medios. En privado, sin embargo, la preocupación gira alrededor de otro tema: cuánto tiempo más puede sostenerse el blindaje político sin que aparezcan las pruebas que el propio Gobierno prometió.

La tensión crece además porque la causa judicial empezó a sumar elementos sensibles. Los testimonios del contratista Matías Tabar, de la escribana Adriana Nechevenko y del propietario José Rodríguez alimentaron sospechas sobre pagos en efectivo y movimientos patrimoniales difíciles de compatibilizar con los ingresos declarados por el funcionario desde el inicio de la gestión libertaria. En ese contexto, la intimación judicial para que Adorni entregue documentación completa dejó de ser un trámite administrativo y empezó a convertirse en un problema político de primera magnitud para La Libertad Avanza.

Aun así, la decisión presidencial parece firme. Milei no sólo descarta pedirle la renuncia: también apuesta a sostenerlo públicamente mientras intenta dar vuelta la página. De ahí la sucesión de apariciones compartidas, pese al silencio frente a la prensa y las crecientes restricciones impuestas dentro de la Casa Rosada para los periodistas acreditados. El problema para el Gobierno es que, cuanto más se demora la presentación prometida, más difícil se vuelve separar la defensa política de Adorni de la evolución de la causa judicial que lo rodea.

PL/CRM

La pelea que estalló entre Santiago Caputo y Martín Menem a raíz de las cuentas anónimas en X y de los mensajes que el asesor atribuyó al titular de la Cámara baja dejó al descubierto algo más profundo que una simple disputa de egos. Lo que quedó expuesto es la arquitectura misma del poder en el gobierno de Javier Milei: un esquema en el que conviven dos circuitos de acceso al Presidente, dos formas distintas de acumular influencia y dos lógicas de construcción política que, aunque hasta ahora lograron coexistir, mantienen entre sí una tensión estructural.

Las declaraciones de Milei en Neura ofrecieron una primera pista para interpretar ese equilibrio inestable. Al afirmar que la controversia del fin de semana había sido “algo prefabricado para generar un problema” y señalar que Menem ya había dado explicaciones dentro del gabinete, el Presidente intentó bajar el tono de la disputa y presentarse como un componedor. Sin embargo, en el intento por desactivar el conflicto terminó transmitiendo una señal que, dentro del oficialismo, fue leída como un respaldo más explícito al presidente de la Cámara de Diputados que al asesor con el que mantiene, paradójicamente, la relación más directa y despojada de intermediarios de todo su gobierno.

La escena resultó llamativa precisamente porque, hasta ahora, Milei había hecho del respaldo a Caputo una constante política. Cada vez que su principal asesor quedó en el centro de cuestionamientos internos o externos, el Presidente optó por blindarlo. Lo hizo, por ejemplo, en marzo, cuando se multiplicaron las versiones sobre un supuesto avance de Karina Milei sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), tras efectivamente quedarse con el Ministerio de Justicia; también en noviembre del año pasado, cuando ese sector refenciado en la hermana del Presidente fantaseó con recortar su influencia sobre otras áreas sensibles del Estado.

En esos momentos, Milei transmitió una idea inequívoca: podrá haber cambios en ministerios, desplazamientos de funcionarios o reacomodamientos de poder, pero hay un activo que no está dispuesto a resignar: el de su principal consejero. Esa es la razón por la que, aun cuando en esta ocasión sus palabras parecieron inclinarse en favor de Menem, pocos en la Casa Rosada interpretaron sus declaraciones como un cuestionamiento de fondo a Caputo.

Esa paradoja ayuda a entender el funcionamiento cotidiano de la Casa Rosada. Desde que llegó al poder, Milei fue delegando áreas enteras de gestión mientras concentraba su atención en la economía y la batalla cultural. El resultado fue un sistema con dos polos claramente diferenciados. De un lado, Karina Milei, encargada del armado político y partidario de La Libertad Avanza y principal administradora del acceso al Presidente. Del otro, Santiago Caputo, el estratega al que Milei suele definir como “el arquitecto” de su victoria electoral, que logró extender su influencia sobre algunas de las áreas más sensibles del Estado.

La diferencia entre ambos circuitos es tan simple como decisiva. Entre Javier Milei y Santiago Caputo no hay filtros, validaciones previas ni traductores políticos. El asesor habla con el Presidente de manera directa y cotidiana, sin necesidad de intermediarios. Los Menem, en cambio, construyeron un poder enorme, pero siempre mediado por Karina Milei, que es quien convierte sus planteos en decisiones concretas. Mientras Caputo conserva una línea directa con el jefe de Estado, tanto Martín como su primo “Lule” ejercen su influencia a través del canal institucional y político que representa la hermana del Presidente. “Santiago manda un mensaje y soluciona los problemas; Lule, no”, lo resumió alguien que conoce la interna oficialista desde adentro.

Eso no significa que el poder de los Menem sea menor. Por el contrario, se trata de una de las estructuras más robustas del oficialismo. Martín, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, conduce la estrategia parlamentaria. Lule, desde la Subsecretaría de Gestión Institucional, diseñó el armado territorial de La Libertad Avanza en gran parte del país, negoció candidaturas y construyó una red de vínculos con las provincias que lo convirtió, para muchos dentro del Gobierno, en una suerte de ministro del Interior sin cartera.

El episodio del fin de semana, sin embargo, dejó daños colaterales. Uno de ellos es el desconcierto de una parte de la militancia digital libertaria, habituada durante meses a actuar como un bloque disciplinado detrás de las directivas del propio Caputo y de figuras como Daniel Parisini, mejor conocido como Gordo Dan. Las críticas públicas de Parisini a la explicación presidencial y la sensación de que el Presidente pudo haber sido mal informado reflejaron una fisura poco habitual en ese ecosistema. El otro efecto es más personal para el propio asesor: al exponer públicamente sus sospechas y no obtener un respaldo explícito del Presidente en esta ocasión, quedó momentáneamente en la incómoda posición de quien, al menos para algunos dentro del oficialismo, terminó cayendo en una trampa tendida por sus adversarios internos.

La tensión, de todos modos, está lejos de haber concluido. Si no hay nuevos cambios de último momento, Caputo y Menem volverán a verse las caras el próximo martes en una nueva reunión de la mesa política, el ámbito donde se coordinan estrategias legislativas y que esta semana quedó virtualmente paralizado como consecuencia del conflicto. Ese reencuentro será observado con atención en la Casa Rosada.

El Presidente sabe que ambos circuitos cumplen funciones complementarias y que una ruptura abierta entre ellos tendría costos difíciles de absorber. El interrogante de fondo no es quién ganó esta batalla puntual, sino otro. ¿Qué ocurrirá si, tarde o temprano, Javier Milei se ve obligado a optar entre el asesor al que históricamente blindó y la estructura política que su hermana construyó para darle sustentación al proyecto libertario? Por ahora, la pregunta no tiene respuesta, pero resume mejor que ninguna otra la fragilidad del equilibrio sobre el que descansa el Gobierno.

PL/MG

El regreso de Santiago Caputo desde Washington no trajo consigo una tregua sino, por el contrario, una nueva escalada en la interna libertaria. Apenas aterrizado, el principal asesor de Javier Milei decidió pasar a la ofensiva y apuntó directamente contra Martín Menem, a quien responsabiliza por una serie de ataques difundidos desde una cuenta anónima, en la que durante los últimos días se multiplicaron mensajes especialmente agresivos en su contra.

La disputa, que hasta hace poco se desarrollaba en voz baja, quedó expuesta de manera inédita y provocó un efecto inmediato en uno de los ámbitos de coordinación que es compartido por ambas figuras: la suspensión de hecho de la mesa política, el espacio que desde el verano se consolidó como el verdadero centro de decisiones del oficialismo, incluso por encima de las propias reuniones de gabinete, que según confirmaron este martes desde el Gobierno tendrá una nueva cita el próximo lunes 25 de mayo, tras el habitual Te Deum por la fecha patria en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

El parate no es un detalle menor. Además de Caputo y del titular de la Cámara de Diputados, esa instancia, que venía reuniéndose semanalmente, es convocada por Manuel Adorni, junto a los principales vértices del poder libertario: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado; Diego Santilli, encargado del vínculo con gobernadores e intendentes; Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y dueño de la “caja”; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y operador de extrema confianza de la hermana del Presidente; e Ignacio Devitt, funcionario dedicado al seguimiento y coordinación de los temas prioritarios del Gobierno.

La mesa política, donde se discuten desde la estrategia legislativa y la comunicación hasta la administración cotidiana del poder, ganó relevancia de manera paulatina durante los primeros meses del año. En parte, porque las reuniones de gabinete dejaron de funcionar como un espacio real de discusión y se transformaron, cada vez más, en escenificaciones de respaldo al Presidente. La dinámica cotidiana del poder empezó entonces a correrse hacia ese otro ámbito, mucho más reducido y operativo, donde conviven dirigentes con perfiles y ambiciones muy distintas, pero unidos por la necesidad de administrar un gobierno que, desde su origen, nació con múltiples centros de poder y con una lógica interna atravesada por desconfianzas permanentes.

La reunión de la semana pasada, sin ir más lejos, ya había mostrado señales de agotamiento. Santiago Caputo se ausentó por su viaje a Washington, del que pocos estaban enterados, y el clima estuvo enrarecido por el desgaste político generado por las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, un tema que en las últimas semanas alteró el humor interno de la Casa Rosada y obligó al oficialismo a cerrar filas en defensa del funcionario. Incluso antes de la pelea pública entre caputistas y menemistas, varios de los asistentes describían una dinámica cada vez más tensa, con reuniones largas y discusiones cada vez menos disimuladas sobre el rumbo político del Gobierno y la administración de poder dentro del oficialismo.

Sin embargo, la situación actual fue el producto de algo absolutamente inesperado. El detonante fue la sospecha de Caputo de que detrás de la cuenta @PeriodistaRufus —donde se publicaron mensajes que calificaban al asesor como “el fracaso más grande que carga el presidente” y anticipaban que “le queda poco”— se encontraba el propio Martín Menem o, al menos, alguien de su entorno inmediato.

El titular de la Cámara de Diputados negó en privado cualquier vinculación con ese perfil y atribuyó el episodio a un “error involuntario” de un colaborador que replicó algunos de esos mensajes. La explicación, sin embargo, no alcanzó para desactivar el malestar del sector caputista, que interpreta los ataques como la manifestación más descarnada de una disputa de poder que ya no se limita a diferencias tácticas, sino que expone desconfianzas mucho más profundas, que, según el entorno del asesor, no involucrarían a Karina Milei.

Este lunes, en un mensaje publicado en su cuenta de X, Caputo buscó reafirmar su alineamiento personal con Milei y, al mismo tiempo, enviar una advertencia hacia adentro del oficialismo. “Voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, escribió. Y remató con una frase cargada de significado político: “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”. El mensaje fue leído dentro del oficialismo como una ratificación pública de cuál sigue siendo su principal blindaje: la confianza personal del Presidente.

Ese respaldo, sin embargo, convivió con una señal política más ambigua. Este martes, Javier Milei buscó bajarle el tono al conflicto y salió a respaldar a Martín Menem. Según sostuvo en una entrevista con Neura, la controversia del fin de semana fue “algo prefabricado para generar un problema” y aseguró que el propio titular de la Cámara baja dio explicaciones sobre el episodio dentro del gabinete. Más allá del intento presidencial por encuadrar la disputa como una maniobra externa, el principal efecto político ya es evidente. En la Casa Rosada pocos creen que la pelea derive en cambios inmediatos o pedidos de renuncia, aunque el episodio generó preocupación por el impacto que puede tener sobre el funcionamiento interno del Gobierno. Durante meses, la mesa política funcionó como una válvula de equilibrio entre los distintos sectores del oficialismo. Que hoy haya quedado en suspenso expone hasta qué punto esa convivencia volvió a entrar en una zona de fragilidad.

PL/CRM

Un año después de que elDiarioAR revelara en exclusiva la existencia de más de una denuncia anónima contra el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ante el Comité de Ética de la FIFA, The New York Times publicó un extenso artículo que suma un capítulo más a la novela que tiene en la mira al dirigente paraguayo: informa de la existencia de otra presentación, en la que se acusa a Domínguez de haber recibido más de US$5 millones provenientes de fondos que su confederación logró recuperar tras el FIFAGate, y que las máximas autoridades del organismo rector del fútbol a nivel mundial la conocían hace tiempo.

El diario estadounidense indaga en pistas similares a las que este medio dio a conocer en mayo y junio de 2025, cuando accedió a dos denuncias que describían un entramado de cuentas offshore, transferencias millonarias y presuntos pagos sin justificación verificable.

La primera de esas publicaciones, difundida en mayo del año pasado, reveló que Domínguez había sido denunciado por presuntas irregularidades financieras, posible percepción indebida de fondos y eventuales maniobras de lavado de dinero a través de estructuras fiduciarias y bancos radicados en Dubái y Singapur. La presentación, a la que accedió elDiarioAR, citaba específicamente al Standard Chartered, a Noo Bank y a United Overseas Bank como entidades que habrían canalizado depósitos y transferencias supuestamente vinculadas al empresario.

Un mes después, en junio de 2025, elDiarioAR publicó una segunda nota con un nivel de detalle aún mayor. Allí se informaba sobre la presentación de otra denuncia anónima ante el Comité de Ética de la FIFA acerca de una cuenta abierta en Dubái a nombre de Capital Heritage Limited, de la que Domínguez figuraría como “único autorizado y responsable”, y que habría recibido exactamente US$23.481.551 provenientes de compañías sin relación comercial conocida con la CONMEBOL, entre ellas AIX Investment Group. La presentación subrayaba que no existían egresos ni movimientos de salida de fondos, una anomalía que, según los denunciantes, sugería que la cuenta podría haber sido utilizada como vehículo de ocultamiento o resguardo de activos.

La investigación del New York Times retoma ahora esa misma línea argumental, pero aporta elementos adicionales que refuerzan la gravedad del caso. El primero es institucional: según tres personas con conocimiento directo del expediente, las máximas autoridades de la FIFA estaban al tanto de la denuncia desde hacía más de un año. El segundo es económico: la presentación sostiene que Domínguez y otro alto funcionario de la CONMEBOL habrían recibido más de US$5 millones provenientes de los fondos que la confederación logró recuperar tras el FIFAGate, la megacausa judicial impulsada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que en 2015 involucró a dirigentes del fútbol mundial y ejecutivos de empresas de marketing deportivo. Según el diario estadounidense, ese dinero habría sido retenido como una suerte de bono o “comisión secreta”.

La publicación del New York Times aparece en un momento especialmente delicado para Domínguez y para la propia FIFA. Falta menos de un mes para el inicio del Mundial, que comenzará el próximo 11 de junio y tendrá como sedes a Mexico, Canada y los Estados Unidos. A sus 54 años, el empresario paraguayo no sólo preside la CONMEBOL desde 2016, sino que ocupa una de las ocho vicepresidencias de la FIFA y forma parte del círculo de mayor confianza de Gianni Infantino, con quien construyó una relación política estrecha a lo largo de la última década.

Su llegada al poder estuvo íntimamente ligada a la necesidad de refundar la institucionalidad del fútbol sudamericano después del derrumbe provocado por el FIFAGate. Domínguez asumió la conducción de la CONMEBOL tras la caída y posterior condena de su compatriota Juan Ángel Napout, y se presentó desde el comienzo como el rostro de una nueva etapa. Impulsó auditorías internacionales, promovió reformas de gobernanza y construyó un discurso centrado en la transparencia y la profesionalización de la entidad con sede en Asunción. Por eso, el impacto político de las denuncias excede el contenido puntual de los expedientes. Lo que queda bajo cuestionamiento es el núcleo mismo del relato sobre el que Domínguez edificó su liderazgo regional e internacional.

Sin que hasta ahora se conozca una resolución formal del Comité de Ética de la FIFA, la investigación del New York Times vuelve a instalar preguntas incómodas sobre el patrimonio personal de uno de los dirigentes más influyentes del fútbol mundial y sobre el destino de los millones de dólares que la CONMEBOL logró recuperar después del mayor escándalo de corrupción en la historia de este deporte.

PL/CRM

La escena tiene algo de ensayo general. Aunque todavía falta más de un año para las elecciones ejecutivas, el karinismo ya empezó a moverse con la vista puesta en 2027. La Libertad Avanza realizará el próximo 25 de mayo un “Cabildo Abierto por la Libertad” en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, una acción coordinada en simultáneo con el objetivo explícito de mostrar músculo territorial, ordenar a la militancia y empezar a instalar a sus dirigentes locales en la disputa por las intendencias y, eventualmente, la gobernación bonaerense.

La iniciativa es impulsada por Sebastián Pareja, el armador bonaerense de Karina Milei y principal responsable de la expansión territorial del partido en la provincia. Según confirmaron fuentes del partido, entre las 11 y las 13 del feriado patrio, mesas libertarias se desplegarán frente a los concejos deliberantes de cada distrito. Allí participarán concejales, legisladores, coordinadores seccionales y distritales, además de militantes de la juventud libertaria. La consigna oficial es “escuchar a los vecinos”, relevar problemáticas locales y sistematizar esa información para diseñar agendas políticas ajustadas a la realidad de cada municipio. Todo bajo una estructura partidaria homogénea, disciplinada y directamente subordinada al mando político de la hermana del Presidente.

En el universo libertario bonaerense, la actividad es leída como una nueva demostración del poder acumulado por Pareja, una figura de cierto bajo perfil público pero central en el esquema político de Karina Milei. Desde antes incluso de que Javier Milei llegara a la Casa Rosada, el ahora diputado nacional supo construir una red de dirigentes que responde de manera directa a su conducción. Ese modelo, basado en una lógica vertical y altamente centralizada, le permitió extender la presencia formal del partido en toda la provincia, aunque también generó resistencias y tensiones con otros sectores del oficialismo, en particular con el universo de Santiago Caputo y la agrupación Las Fuerzas del Cielo.

El operativo del próximo lunes incluye un manual de estilo que circuló en las últimas semanas entre los responsables territoriales. El documento fija pautas para la puesta en escena y subraya la necesidad de “incrementar la cercanía con los bonaerenses”, “escuchar y dar la cara” y “construir legitimidad desde abajo, con presencia y participación”. También plantea la conveniencia de registrar la actividad con materiales audiovisuales que luego serán utilizados para exhibir el despliegue simultáneo en las ocho secciones electorales.

Sin embargo, puertas adentro no todos observan la convocatoria con el mismo entusiasmo. En varios municipios del conurbano persiste un escepticismo difícil de disimular sobre el impacto real de la movida. “La mayoría de la gente no sabe dónde están los concejos deliberantes. El 25 de mayo a esa hora no pasa ni el loro”, ironizó, en diálogo con elDiarioAR, un referente libertario con trabajo territorial, sugiriendo que la épica del Cabildo Abierto podría terminar desarrollándose ante un público bastante más reducido que el imaginado en los manuales de estilo. En los últimos días, eso sí, comenzaron a llegar a los distritos los banners y materiales gráficos enviados desde la conducción bonaerense, una señal de que, aunque no aparezcan vecinos, al menos no faltará escenografía.

Otro dirigente resumió con una anécdota la dificultad que enfrenta el espacio para construir liderazgos locales en un contexto en el que el desgaste de la gestión nacional comienza a proyectarse sobre el armado bonaerense. Contó que días atrás, mientras hacía compras en un supermercado, le preguntó a la cajera si lo votaría el año próximo. La respuesta fue tan espontánea como filosa: “¿Y qué? ¿Vos vas a ser como Adorni?”. La frase condensa una preocupación que ya circula entre varios armadores: las dificultades judiciales y políticas que atraviesa el jefe de Gabinete empieza a permear en la percepción de los candidatos distritales, que todavía carecen de identidad propia y cargan, para bien o para mal, con la imagen del gobierno nacional.

El Cabildo Abierto se realizará a menos de un mes del encuentro que Karina Milei y Sebastián Pareja encabezaron en Suipacha, donde unos 1.500 dirigentes bonaerenses participaron de una extensa jornada de capacitación política organizada por la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político. Allí, la secretaria general buscó transmitir un mensaje de cohesión y de proyección a largo plazo. “Esta causa es mucho más grande que cualquiera de nosotros”, dijo al cierre del acto. Y remató con una consigna que sintetiza el espíritu de la estrategia bonaerense: “Necesitamos dar vuelta la realidad de esta provincia y eso se va a lograr con las ideas de la libertad, que son las ideas de Javier Milei”.

Lo cierto es que, más allá de la actividad del próximo lunes, la fortaleza de Pareja excede ya el plano estrictamente partidario. En la última semana sumó un activo político de peso al asumir la presidencia de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, uno de los ámbitos más sensibles del sistema institucional argentino. Desde ese lugar, el armador bonaerense no sólo amplía su gravitación dentro del oficialismo, sino que adquiere una posición singular para observar de cerca lo que ocurre puertas adentro de la SIDE, el territorio donde Santiago Caputo conserva buena parte de su influencia.

La tensión latente no pasa inadvertida para nadie: mientras el asesor presidencial mantiene su centralidad sobre los resortes más reservados del poder, uno de sus principales “enemigos públicos” quedó formalmente a cargo del organismo parlamentario encargado de controlar, precisamente, lo que la inteligencia hace o deja de hacer.

PL/CRM

Mientras Martín Llaryora intensifica sus reclamos a Javier Milei por la continuidad de las retenciones al agro y por una distribución más equilibrada de los recursos federales, en Córdoba comienza a tomar forma una trama de contrataciones públicas que expone el costado menos visible de su modelo de gestión. Detrás de tareas tan rutinarias como limpiar escuelas, desmalezar predios estatales o mantener los jardines de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), un reducido grupo de compañías acumuló en los últimos años contratos por decenas de miles de millones de pesos. Los registros muestran que los mismos nombres se repiten en Educación, Salud, Lotería y otras dependencias, configurando un circuito donde los servicios tercerizados y la estructura del poder político avanzan en paralelo.

La historia no es completamente nueva. En octubre del año pasado, elDiarioAR publicó una primera investigación que reconstruyó cómo el negocio de la limpieza se había transformado en una de las principales fuentes de recursos del poder provincial. Ese trabajo reveló la concentración de contratos en tres empresas: Servicios Drill S.A., Euro Clean S.R.L. y Pulizia S.R.L.. La novedad ahora es que nuevos documentos oficiales permiten medir con mayor precisión la magnitud del fenómeno y mostrar cómo el mismo esquema se expandió hacia otras áreas del Estado con montos aún más elevados.

Servicios Drill está asociada al empresario Rubén Alabi, un hombre de bajo perfil que en los últimos años expandió sus negocios más allá del rubro de limpieza. Fuentes del sector lo vinculan también con Fly Kitchen, dedicada a servicios gastronómicos y concesionaria del catering del Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio L.V. Taravella, con operaciones posteriores en las terminales de las Cataratas del Iguazú y el Aeropuerto de Sauce Viejo.

Euro Clean, por su parte, está controlada por Mauro y Matías Martínez, dos empresarios con intereses también en el negocio inmobiliario cordobés. Mientras que Pulizia —o Kazaró, que es su nombre comercial— pertenece a Tomás Romero y a Lucas Dagatti, quien además preside la Cámara de Empresas de Servicios Generales y Afines (CASEGE), la principal entidad del sector en la provincia. Según comentaron ellos mismo en una entrevista con La Voz, la firma pasó de unos 600 a cerca de 1.500 empleados en los últimos años, en paralelo con la expansión de sus contratos con el Estado cordobés.

Las licitaciones

La magnitud del negocio puede medirse, en principio, en las licitaciones del Ministerio de Educación. Las licitaciones públicas Nº 01/2025 y Nº 02/2025, destinadas a la limpieza de escuelas de la capital y del interior, tuvieron un monto total preadjudicado de $105.365 millones por un plazo de 24 meses. Euro Clean fue la principal beneficiaria en Córdoba Capital con tres zonas adjudicadas por $31.607 millones. Servicios Drill obtuvo dos zonas por $23.320 millones y Pulizia una por $4.030 millones.

En el interior de la provincia, las mismas empresas volvieron a quedarse con buena parte de los departamentos adjudicados, consolidando su predominio en el sector. En el rubro señalan además que, en esa licitación, las tres compañías presentaron valores prácticamente idénticos por unidad de servicio y levemente superiores a los ofertados por otros competidores, un dato que alimentó cuestionamientos sobre el grado de competencia efectiva dentro del proceso.

El Ministerio de Salud ofrece un panorama similar. En la licitación de 2024 para hospitales, centros de atención primaria y otras dependencias sanitarias, el monto total preadjudicado alcanzó los $29.507 millones. Euro Clean recibió adjudicaciones por $10.854 millones; Servicios Drill por $4.472 millones; y Pulizia por $2.551 millones.

Las adjudicaciones de EPEC refuerzan esa tendencia. En julio de 2025, Servicios Drill obtuvo tres licitaciones electrónicas consecutivas para desmalezado y mantenimiento de espacios verdes en Río Ceballos, San Francisco y la zona norte de la ciudad de Córdoba. Pulizia, a su vez, fue adjudicataria de las zonas de Río Cuarto y Bell Ville. El negocio, de ese modo, excede la limpieza de edificios y se extiende al mantenimiento de predios y jardines en toda la provincia.

Requisitos y polémica

Uno de los aspectos más cuestionados por empresarios del sector son los requisitos técnicos y administrativos de los pliegos. En licitaciones recientes se exigieron dotaciones mínimas de 500 empleados registrados, múltiples certificaciones ISO y certificados de libre deuda emitidos por CASEGE, la cámara presidida por el propio Dagatti. Para competidores de menor escala, esas condiciones reducen sensiblemente las posibilidades de participación y consolidan la posición de las compañías con mayor estructura y experiencia en contrataciones estatales.

Por otro lado, también aparece apuntado el sindicato de Obreros y Empleados de Empresas de Limpieza, Servicios y Afines de Córdoba (SOELSAC), conducido por Sergio Fittipaldi, quien además lidera las 62 Organizaciones Peronistas en la provincia. En Córdoba aseguran que el gremio ocupa un lugar central en todo el esquema. “Interviene en la emisión de certificados de libre deuda para habilitar a las empresas 'amigas' y garantiza la paz social a cambio de flexibilización laboral”, denunció una fuente a elDiarioAR.

En el caso del artículo 35.1 de los pliegos del Ministerio de Educación, se estableció como condición excluyente que las adjudicatarias debían absorber a todo el personal que ya se encontraba prestando servicios, reconociendo antigüedad, categoría y carga horaria. Sin embargo, en distintas localidades del interior se registraron denuncias de operarias que aseguraron haber quedado sin empleo o haber sido desvinculadas sin continuidad laboral cuando ingresaron las nuevas contratistas.

El cuadro expone una paradoja: mientras el Estado provincial incrementó de manera sustancial el gasto en servicios tercerizados y consolidó a un grupo de empresas con capacidad para manejar contratos multimillonarios, la mejora económica no se habría traducido necesariamente en mejores condiciones laborales para quienes realizan las tareas de limpieza.

Operadores y funcionarios

Detrás de toda esta trama aparecen apuntados funcionarios y operadores con peso propio dentro del oficialismo provincial. Uno de ellos es Juan Manuel Cid, director del Banco de Córdoba y uno de los dirigentes de mayor confianza de Llaryora. Abogado de perfil técnico, con fuerte inserción en los tribunales y en los despachos más sensibles del poder cordobés, en el ecosistema político local se lo describe como el principal articulador político de este circuito: el hombre encargado de tender puentes entre empresarios y la estructura del poder provincial, con capacidad para destrabar gestiones y coordinar interlocutores en distintas áreas del Estado. Ese rol, sumado a su bajo perfil y a su influencia transversal, le valió el apodo de “el Caputito cordobés”, en alusión al asesor presidencial Santiago Caputo.

Otro nombre que surge en los registros es el de Néstor Rubén Alabi, tesorero general de la provincia y homónimo del empresario vinculado a Servicios Drill, la principal adjudicataria del rubro. Por la naturaleza de su cargo, su función se ubica en el plano administrativo: la Tesorería General ocupa un lugar estratégico dentro del circuito encargado de instrumentar y ejecutar los pagos del Estado.

En ese contexto, distintas fuentes del sector también mencionan la gravitación que tiene Guillermo Acosta, uno de los funcionarios más cercanos al gobernador. Como ministro de Economía, Acosta representa el eslabón político y presupuestario de mayor jerarquía dentro de esa estructura, con influencia sobre las áreas responsables de autorizar desembolsos y administrar el flujo de fondos provinciales. Su salida temporal del gabinete, en abril, a partir de una licencia, coincidió con una reorganización interna del manejo del gasto y con la creación de un Consejo de Gestión Estratégica del Gasto destinado a supervisar las erogaciones públicas.

La concentración de las adjudicaciones no constituye, por sí misma, una irregularidad comprobada. Pero sí revela, al menos, un esquema en el que un número reducido de empresas logró consolidar una posición dominante en un rubro que moviliza recursos millonarios y atraviesa áreas sensibles de la administración pública. En la Córdoba que reclama a la Nación reglas más equitativas para el aparato productivo, los contratos de limpieza ofrecen una radiografía del modo en que los negocios y el poder político convergen alrededor del Estado.

PL/MG

Durante varias semanas, Santiago Caputo pareció desvanecerse del centro de la escena. El escándalo que envuelve a Manuel Adorni absorbió la atención política y mediática de tal manera que el principal asesor de Javier Milei, hasta hace poco el personaje más observado del llamado triángulo de hierro, quedó relativamente fuera del radar. La paradoja es que la crisis que más inquietó a la Casa Rosada terminó ofreciéndole un inesperado respiro. Mientras ministros, legisladores y funcionarios dedicaban buena parte de su tiempo a defender al funcionario más cuestionado del gabinete, Caputo recuperó algo que en política suele ser tan valioso como el poder mismo: la posibilidad de operar lejos de los reflectores.

Pero la discreción nunca implicó retiro. En el ecosistema libertario nadie duda de que el asesor sin firma sigue ocupando un lugar decisivo en la arquitectura del poder. El viaje que realizó esta semana a Washington D. C. volvió a recordarlo. Más que una escala diplomática, la visita funcionó como un intento de demostración de que Caputo conserva uno de los activos más difíciles de sustituir dentro del Gobierno: el canal informal de interlocución con la administración republicana.

Sin embargo, más allá de los datos concretos que trascendieron, el verdadero significado de la travesía sigue envuelto en un margen de ambigüedad. Se sabe que Caputo participó junto al embajador Alec Oxenford de un evento en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y que mantuvo reuniones reservadas con Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional de Trump para América Latina. También que ese encuentro con Mast resultó especialmente sugestivo por las recientes declaraciones del congresista sobre la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, en las que advirtió que, luego de la asistencia financiera de US$20.000 millones de Estados Unidos a la Argentina, sería “inaceptable” que empresas norteamericanas quedaran al margen del negocio del dragado y de las vías navegables.

Pero, aun con esa agenda parcialmente reconstruida, subsiste una pregunta que algunos malpensados se hacen: ¿quién impulsó realmente la invitación al asesor si Donald Trump y buena parte de su gabinete se encontraba de visita en China? El propio Caputo intentó despejar cualquier tipo de dudas con un mensaje publicado en su cuenta de X, en el que señaló que tanto Mast como Jensen “resaltaron la alianza estratégica con la Argentina basada en la confianza que tienen en Javier Milei y la búsqueda de profundizar esa alianza de manera ‘sistémica’”.

Aquel backchannel (la negociación extraoficial) construido por el asesor, de la mano del lobista republicano Barry Bennet —y la injerencia directa del polémico empresario Leonardo Scatturice en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés)—, es presentado por su entorno como una de sus obras más ambiciosas y, al mismo tiempo, como la prueba más tangible de su utilidad política. Según repiten cerca suyo, fue ese circuito paralelo el que permitió destrabar el préstamo que Trump le otorgó a Milei en septiembre del año y que ahora el congresista Mast quiere cobrarse. Un acuerdo que tuvo su correlato un mes más tarde, en la reunión que mantuvieron ambos presidentes en la Casa Blanca.

Para los detractores internos de Caputo, en cambio, aquella operación tuvo una segunda lectura menos altruista. Al convertirse en el arquitecto y custodio de ese vínculo reservado, el asesor no solo le habría resuelto a Milei uno de sus objetivos geopolíticos más ambiciosos, a pocas semanas de las elecciones nacionales en las que La Libertad Avanza triunfó. También, en los hechos, lo que terminó fue convirtiéndose en el dueño de una llave que ningún otro dirigente del oficialismo posee. Una jugada magistral para asegurarse que, cada vez que alguien ponga en duda su continuidad, deba preguntarse quién podría reemplazarlo sin arriesgar el puente directo con Trump. En esa zona gris entre el interés del Estado y la construcción de poder personal reside buena parte de su fortaleza.

Juegos de poder

En el plano político doméstico, la visita de Caputo a los Estados Unidos pudo leerse como una reafirmación de utilidad. ¿Fue también una forma de recordarle al resto del oficialismo que sigue allí, que conserva relaciones que nadie más puede ofrecer y que continúa siendo funcional a uno de los objetivos estratégicos más importantes del Presidente? Y, en sentido inverso, ¿es realmente cierto que en el gabinete nadie sabía de antemano que viajaría, o esa aparente sorpresa formó parte de la misma lógica de opacidad y centralización con la que el asesor suele administrar sus movimientos?

Pese a su actual repliegue relativo, Caputo nunca dejó de tener influencia en varios resortes clave del aparato estatal. Uno de ellos es el área de Salud, probablemente su principal caja dentro del Gobierno, un sector con capacidad de intervención y enorme peso presupuestario. A través de su vínculo con el ministro Mario Lugones, y de la participación de Rodrigo Lugones, su socio histórico, mantiene una presencia significativa en un universo donde se cruzan intereses públicos y privados de enorme magnitud. Sin embargo, la crisis que atraviesa el PAMI, con su delicada situación financiera y operativa, convirtió ese sector en uno de los frentes más sensibles de la administración.

La otra pata de su poder permanece en la inteligencia. Caputo sigue siendo el principal articulador político de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), un organismo que considera esencial tanto para la gobernabilidad interna como para la inserción de la Argentina en los circuitos de cooperación occidentales. En los últimos meses, el oficialismo exhibió como prueba de ese proceso la intensificación de los contactos entre la SIDE y la CIA. La fotografía del Señor 5, Cristian Auguadra, junto a su par estadounidense, John Ratcliffe, en el hall principal de la sede de CIA en Langley fue interpretada como un guiño explícito al rediseño del sistema de inteligencia impulsado por el asesor.

La incógnita, hacia adelante, es qué impacto podrá tener la llegada del karinista Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, un ámbito con capacidad para monitorear el funcionamiento de la SIDE y el uso de sus fondos reservados. Si esa designación alterará el delicado equilibrio de poder alrededor del sistema de inteligencia o si terminará adaptándose a la lógica ya consolidada por Caputo es, por ahora, una pregunta abierta que solo el tiempo podrá responder.

Lo cierto es que la discusión sobre el futuro del asesor nunca desapareció. Desde el año pasado, sectores del oficialismo cercanos a los primos Martín y “Lule” Menem imaginan un escenario en el que el poder de Caputo se reduzca gradualmente hasta desembocar en su salida. Es una fantasía recurrente en los márgenes del karinismo y, para algunos, un “sueño húmedo” que reaparece cada vez que el consultor atraviesa un momento de exposición o desgaste. “Santiago puede llegar a irse, pero se va a ir cuando él lo decida”, resumió, sin embargo, en diálogo con elDiarioAR, alguien que conoce la interna libertaria desde adentro.

En el entorno de Caputo relativizan la existencia de una confrontación directa con Karina Milei. Sostienen que la secretaria general de la Presidencia no interviene personalmente en esa disputa y que las tensiones obedecen más bien a movimientos de dirigentes de su entorno. Pero en la práctica, la distinción suele resultar difusa.

Es algo que quedó especialmente expuesto en marzo, cuando las pujas al interior del oficialismo alcanzaron uno de sus puntos más delicados. El desplazamiento de Sebastián Amerio del Ministerio de Justicia fue interpretado como un retroceso del caputismo y demostró que, más allá de las explicaciones, la pulseada por los espacios de poder continúa abierta. Según reconstruyen cerca del Gobierno, fue entonces cuando Milei buscó despejar cualquier duda. “El Ministerio de Justicia sí, pero la SIDE no”, le habría dicho a su hermana.

Es que el factor que mantiene a Caputo resguardo no es un cargo formal ni una estructura propia, sino el vínculo personal que conserva con el Presidente. En la práctica, ese lazo funciona como su principal seguro político, mucho más cuando se vive una etapa en la que el asesor volvió a estar a la defensiva.

El dato central, en cualquier caso, es que Caputo continúa acumulando atributos difíciles de reemplazar. Sobre todo, a la hora de contar con algo que en la lógica de Milei vale más que cualquier cargo formal: la certeza presidencial de que todavía resulta imprescindible. En un gobierno donde la confianza personal es el criterio último de supervivencia, esa convicción sigue siendo, al menos por ahora, la garantía más robusta de su permanencia.

PL/MG

Mientras en la Casa Rosada el Gobierno atravesaba semanas de alta tensión política, Santiago Caputo volvió a concentrarse en uno de los terrenos donde construyó parte sustancial de su poder: la relación directa con el ecosistema político de Donald Trump. El principal asesor de Javier Milei viajó esta semana a Washington D. C. con una agenda reservada y el objetivo de profundizar un canal de diálogo paralelo que, según repiten en su entorno, fue determinante para concretar la reunión que el libertario mantuvo con Trump en octubre del año pasado en la Casa Blanca. Para el asesor y su grupo, esa negociación informal o “backchannel” constituye uno de los activos estratégicos más valiosos del oficialismo y una nueva muestra de que la diplomacia del mileísmo no se agota en los carriles formales de la Cancillería.

“Lo convocó el Departamento de Estado a la Casa Blanca”, señalaron a elDiarioAR cerca de Caputo, en una fórmula que buscó transmitir que se trató de una invitación institucional de alto nivel. Según la misma fuente de su entorno, en las reuniones “hablaron de la situación de Argentina y los conflictos en general” y rechazaron las versiones que sugerían que se hubiera tocado el affaire del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En la capital estadounidense, según trascendió, el asesor participó de un evento en el octavo piso del Departamento de Estado de los Estados Unidos junto al embajador Alec Oxenford. Allí, la Argentina fue distinguida por la Washington Foreign Law Society y por la Oficina del Asesor Legal del Departamento de Estado, conducida por Reed Rubinstein. La ceremonia se realizó en el histórico Benjamin Franklin Room, uno de los salones más emblemáticos de la diplomacia estadounidense, y reunió a abogados, diplomáticos y funcionarios de peso, entre ellos el subsecretario de Estado Christopher Landau.

Caputo estuvo acompañado por Manuel Vidal, uno de sus hombres de mayor confianza y una figura clave en la arquitectura de ese vínculo transnacional. Según distintas fuentes, fue Vidal quien años atrás conectó al asesor con Leonardo Scatturice, empresario radicado en Estados Unidos cuya firma Tactic Global desempeñó un papel central en la inserción del mileísmo en el ecosistema de la CPAC y en los círculos de Mar-a-Lago, el club privado de Trump en Palm Beach. De ese mismo universo proviene Barry Bennett, veterano estratega republicano y uno de los principales nexos entre ambas administraciones.

En la visión del asesor, ese entramado no solo facilitó la aproximación política con Trump, sino que también contribuyó a robustecer la cooperación en áreas sensibles de seguridad e inteligencia. En los últimos meses, la CIA y la SIDE intensificaron sus contactos institucionales, en un contexto en el que el Gobierno buscó exhibir un organismo modernizado y alineado con estándares occidentales, enfocado en amenazas complejas como el terrorismo. La difusión de la fotografía de Cristian Auguadra junto a su par John Ratcliffe, en el hall principal de la sede central de Langley, fue interpretada dentro del oficialismo como una señal de validación internacional al rediseño impulsado por Caputo sobre el sistema de inteligencia argentino.

El viaje de Caputo a Washington también permitió explicar una ausencia que había llamado la atención apenas 24 horas antes en Balcarce 50. El asesor no participó de la reunión de la mesa política del martes, el ámbito donde habitualmente comparte decisiones estratégicas con Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo Menem e Ignacio Devitt. La noticia de que se encontraba fuera del país despertó una inmediata ola de especulaciones en el ecosistema libertario y en los círculos políticos que siguen de cerca sus movimientos.

En ese clima de suspicacia, el diputado bonaerense Agustín Romo, uno de los dirigentes más cercanos a Caputo y referente de Las Fuerzas del Cielo, publicó un escueto mensaje en su cuenta de X. Ante las versiones que circulaban sobre la presencia del asesor en territorio norteamericano, compartió una nota periodística al respecto y escribió una sola palabra: “Verdadero”.

Horas antes de volar, Caputo publicó un extenso mensaje en X a modo de guiño a los Estados Unidos. En él sostuvo que el mundo se encamina hacia una competencia entre “Grandes Naciones” por asegurarse las mejores cadenas de suministro para sus economías y anticipó una o dos décadas de “carrera mineralística” antes de un eventual conflicto global. En ese esquema, afirmó que la Argentina “decidió jugar con los Aliados y no con el Eje como en otros tiempos” y que, por la abundancia de recursos estratégicos, puede convertirse en un socio clave del país del norte.

La visita del asesor a Washington, sin embargo, se produjo en un momento especialmente sensible para el Gobierno, con un Javier Milei que busca recuperar la iniciativa y volver a instalar el programa económico como eje ordenador de la conversación pública. En la Casa Rosada siguen procesando el impacto político del caso que involucra a Adorni, una crisis que en las últimas semanas absorbió buena parte de la energía del oficialismo y obligó al gabinete a concentrarse en tareas defensivas antes que en la gestión cotidiana.

En ese contexto, el dato de inflación de abril aportó un alivio que en Balcarce 50 esperaban con ansiedad. El INDEC informó que el IPC fue de 2,6%, la cifra más baja de los últimos cinco meses. Aunque la inflación acumulada en el primer cuatrimestre alcanzó 12,3% y ya superó la meta de 10,1% prevista por el Ministerio de Economía para todo 2026, la desaceleración fue presentada por el Gobierno como una señal positiva. Sin embargo, en una entrevista con Neura, el Presidente afirmó que el único dato que va a dejar “cómodo” al Gobierno es que sea “cero”.

La de esta semana no fue la primera vez que Santiago Caputo se mueve de manera paralela a la diplomacia formal. En el universo mileísta, esa capacidad para tejer relaciones reservadas con Washington es presentada como una de las razones por las cuales el asesor continúa ocupando un lugar central en la estructura de poder, incluso en momentos en que su influencia doméstica parece quedar temporalmente fuera de escena.

PL/MG

La multitudinaria marcha universitaria que este martes volvió a colmar la Plaza de Mayo encontró al gobierno de Javier Milei en un momento de particular sensibilidad política. Mientras desde la Casa Rosada calificaban la protesta como “completamente política” y advertían que detrás de una “causa noble” la oposición busca erosionar al oficialismo, decenas de miles de estudiantes, docentes, no docentes, rectores, sindicatos y partidos opositores se movilizaban en defensa del financiamiento de las universidades públicas. Puertas adentro de Balcarce 50, en simultáneo, la cúpula libertaria se reunía para intentar retomar una agenda que en las últimas semanas quedó absorbida por el caso Adorni, el malestar interno por la parálisis en distintas áreas de la gestión y la profundización del ajuste sobre el Estado.

La coincidencia entre ambos hechos no fue casual. La reunión de la mesa política había sido convocada originalmente para las 14, pero terminó comenzando a las 16, en simultáneo con la llegada de la columna principal. El encuentro se realizó en el despacho del jefe de Gabinete Manuel Adorni, en la planta baja de la Casa Rosada, y contó con la presencia de Karina Milei, Luis “Toto” Caputo —quien reapareció después de varios faltazos—, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Ignacio Devitt y Eduardo “Lule” Menem. El gran ausente fue ni más ni menos que el asesor Santiago Caputo. El Presidente, que no suele participar de estas reuniones, permaneció durante toda la jornada en la residencia de Olivos.

El regreso del ministro de Economía a esa instancia de deliberación tuvo un valor simbólico y práctico. En el oficialismo lo consideran, junto a Federico Sturzenegger, uno de los principales custodios del equilibrio fiscal y de la ortodoxia económica que Milei busca preservar a cualquier costo. Esa centralidad había quedado expuesta el mes pasado en el AmCham Summit 2026, donde el Presidente no solo habló ante empresarios e inversores, sino que envió un mensaje inequívoco hacia adentro del gabinete: no habrá margen para desviaciones respecto del sendero de ajuste.

La bajada de línea ya había sido explicitada en la reunión de gabinete del 6 de abril. Allí, según reconstruyó elDiarioAR, Adorni transmitió por instrucción del Presidente una orden concreta a todos los ministros: reducir un 2% adicional los gastos corrientes y un 20% los gastos de capital, con fecha límite para presentar los respectivos planes antes de fin de mes. No se trató de una sugerencia, sino de una instrucción precisa que terminó de fijar los límites de acción para cada cartera. Desde entonces, varios funcionarios comenzaron a advertir en privado que el margen para seguir recortando se está agotando y que, con la recaudación por el piso, el ajuste ya empieza a resentir el funcionamiento cotidiano del Estado.

Es una preocupación que se profundizó este lunes con la publicación en el Boletín Oficial de una modificación presupuestaria firmada por el propio Caputo que recortó aproximadamente $2,5 billones del gasto público, equivalente a cerca del 1,6% del Presupuesto 2026. La medida, destinada a asegurar el cumplimiento de las metas de superávit comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), generó desconcierto en distintos ministerios, que deberán reducirse en medio de un clima ya cargado por tensiones políticas y judiciales. El efecto combinado del ajuste y del ruido derivado del caso Adorni alimentó una sensación de inmovilidad en distintas áreas del Estado. “Estamos todos mirando los números y viendo de dónde más recortar”, admite por lo bajo un funcionario con despacho en Balcarce 50.

Reclamo universitario

Aunque el reclamo universitario no figuraba formalmente en el temario, sobrevoló toda la reunión de la mesa política. Según dejaron trascender sus participantes, el encuentro estuvo enfocado en la estrategia legislativa para destrabar proyectos como la reforma electoral, la Ley Hojarasca, el pago de deuda a bonistas, tratados internacionales sobre patentes y los pliegos de más de un centenar de jueces y fiscales federales. Pero la imagen de una Plaza de Mayo colmada volvió a colocar en primer plano un conflicto que el Gobierno interpreta no solo como una discusión presupuestaria, sino también como un capítulo más de su denominada “batalla cultural”.

Horas antes de la movilización, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, realizaron una inédita ronda periodística y calificaron la protesta como “completamente política”. “La única ley que vamos a cumplir es la ley de Presupuesto”, advirtieron, en una definición que colisiona con el reclamo de rectores y docentes para que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Pettovello fue más allá y sostuvo que el Gobierno quiere “desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber”, en referencia al sistema universitario, y reivindicó la discusión como parte de la “batalla cultural”.

En paralelo, La Libertad Avanza difundió en X un comunicado titulado “Marcha política opositora de este martes 12 de mayo”. Allí sostuvo que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario implicaría un gasto adicional de $1,9 billones y advirtió que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal, lo que se traduciría en “más inflación y más pobreza”. El documento también acusó a la oposición de utilizar una “causa noble” para instalar la idea de que el Gobierno pretende desfinanciar o cerrar las universidades y defendió que las transferencias a las casas de estudio se realizan mensualmente y en tiempo y forma.

Así y todo, en horas de la tarde comenzaron a circular señales de que el Gobierno podría ensayar algún gesto para descomprimir el conflicto. En el ámbito universitario no descartan que, tal como ocurrió después de la histórica marcha del 23 de abril de 2024, la Casa Rosada habilite una recomposición de las partidas destinadas al funcionamiento de las universidades, con el objetivo de aliviar la presión de los rectores y aislar el reclamo salarial. Aquella vez, recuerdan en el sector, el conflicto se desactivó transitoriamente luego de que el Ejecutivo liberara fondos para gastos corrientes, una suma que en comparación con la deuda acumulada con docentes y no docentes fue considerada “una bicoca”.

La desconfianza se apoya en antecedentes recientes. Según cálculos del sector, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios universitarios acumularon una pérdida real del 33,6%: en ese período la inflación fue del 293%, mientras que los aumentos otorgados alcanzaron apenas el 160%.

De acuerdo con esas estimaciones, la recomposición necesaria para empatar la inflación debería rondar el 50,6%, muy por encima de la alternativa que algunos rectores estaban dispuestos a discutir en febrero: un incremento del 12% en tres cuotas, con la última recién en septiembre. “Era una propuesta muy alejada del conflicto y, con una inflación que sigue corriendo al 3% mensual, se la terminaba comiendo este mismo año”, resume otra fuente docente. Aun cuando admiten que existen conversaciones incipientes, en el sector creen que el Gobierno mantiene “una línea muy dura” y que cualquier oferta que no incluya una recomposición sustantiva de los salarios difícilmente alcance para cerrar la disputa.

La magnitud de la movilización de este martes mostró, sin embargo, que el conflicto universitario conserva una capacidad de convocatoria que excede al ámbito académico. Para un oficialismo que intenta dejar atrás el ruido del caso Adorni y volver a poner el foco en la posible baja mensual de la inflación, que se conocerá este jueves, la imagen de una Plaza de Mayo repleta funcionó como recordatorio de que, mientras la Casa Rosada busca ordenar sus propias tensiones internas y profundizar el ajuste, la calle continúa siendo un factor capaz de alterar el clima y condicionar sus intentos por recuperar la iniciativa.

PL/CRM

La semana que comienza será, para el gobierno de Javier Milei, un nuevo intento por recuperar la iniciativa política después de varios días absorbidos por el caso que involucra a Manuel Adorni. En la Casa Rosada aseguran que el Presidente busca dejar atrás el ruido generado por las revelaciones judiciales sobre el patrimonio de su jefe de Gabinete y volver a concentrar la atención en aquello que considera el corazón de su gestión: el programa económico y la profundización del ajuste sobre el Estado.

Pero, aun cuando el oficialismo intenta reinstalar una imagen de normalidad, el expediente que rodea a Adorni sigue proyectando su sombra sobre el funcionamiento cotidiano del Gobierno, alimenta una preocupación cada vez más visible por la parálisis de áreas sensibles de la administración y amenaza con seguir condicionando el clima interno de Balcarce 50.

En distintos despachos oficiales reconocen que las últimas semanas estuvieron consumidas por tareas defensivas. Ministros, secretarios y asesores debieron dedicar buena parte de su tiempo a responder consultas periodísticas, contener a sus propios equipos y recalcular la agenda pública de cada área. El efecto, admiten en voz baja, fue una desaceleración del ritmo de gestión. “Venimos de un verano donde pudimos sacar la reforma laboral, fue algo histórico”, se lamentó ante elDiarioAR un dirigente que ve cómo el capital político alcanzado por el Gobierno pareció haberse esfumado en estos últimos dos meses.

Proyectos demorados, decisiones postergadas y funcionarios que optaron por bajar el perfil son algunas de las consecuencias de una crisis que hace rato que dejó de ser percibida como un problema exclusivamente personal de Adorni para convertirse en un factor de desgaste sobre el conjunto del oficialismo.

No son pocos, incluso, los que empiezan a mirar el calendario con una mezcla de ansiedad y pragmatismo. En los pasillos de la Casa Rosada circula la idea de que el inicio del Mundial de fútbol, el próximo 11 de junio, podría funcionar como un punto de inflexión mediático capaz de correr el foco de la controversia y permitirle al Gobierno recuperar aire. “Si llegamos al Mundial con esto todavía abierto, por lo menos la gente va a hablar de otra cosa”, sintetizó, en estricto off the record, un integrante del gabinete. La frase, mitad broma y mitad expresión de deseo, refleja hasta qué punto el oficialismo confía en que algún acontecimiento externo contribuya a desplazar una discusión que, por ahora, sigue monopolizando buena parte de la conversación política.

El blindaje presidencial a Adorni quedó ratificado el viernes pasado durante la primera reunión ampliada de gabinete después de un mes sin convocatorias de ese tipo. Allí, según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, Milei no solo volvió a respaldar a su jefe de Gabinete sino que justificó su decisión con un argumento de fuerte carga personal: lo definió ante sus ministros como una persona “honesta”. La frase buscó clausurar cualquier especulación sobre una eventual salida y dejó en claro que, al menos por ahora, el Presidente no está dispuesto a revisar su respaldo político al funcionario más cuestionado del gabinete.

Milei busca reordenar prioridades y transmitir la idea de que el Gobierno sigue concentrado en su hoja de ruta. Con ese mensaje todavía fresco, el oficialismo prevé retomar esta semana su rutina política habitual. Si no hay cambios de último momento, este martes volvería a reunirse la mesa política, el ámbito en el que la mesa chica del oficialismo, encabezada por Karina Milei, intenta coordinar la estrategia legislativa, analizan el clima político y evalúan el impacto de las principales crisis. Allí volverá a sobrevolar el caso Adorni y, con él, el papel cada vez más disruptivo que asumió Bullrich dentro del oficialismo.

La jefa del bloque libertario en el Senado fue la primera dirigente del núcleo gobernante en verbalizar públicamente lo que muchos funcionarios comentaban en privado. Primero le reprochó a Adorni, delante del propio Milei y de Karina Milei, que ordenara su situación patrimonial porque “todo es un quilombo” y el tema le trababa las leyes en el Congreso. Después reclamó en televisión que exhibiera “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Esa doble intervención quebró una regla tácita del oficialismo, según la cual los cuestionamientos internos rara vez se exteriorizan, y consolidó a Bullrich como una de las pocas figuras con capacidad para tensionar abiertamente el blindaje presidencial.

Su actitud volvió a poner de relieve la relación tirante que mantiene con Karina Milei, atravesada por desconfianzas acumuladas y por una disputa silenciosa por espacios de poder. El malestar de Bullrich no se limita al caso Adorni, pero encontró en esa crisis una oportunidad para expresar una incomodidad más profunda con la lógica de “subordinación o exterminio” que, según describen cerca de la dirigente, domina el funcionamiento interno de La Libertad Avanza.

El contexto político más amplio también empezó a mostrar señales de fatiga entre los aliados. Este lunes, el PRO difundió un comunicado en el que tomó distancia del Gobierno y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”. Aunque el mensaje no estuvo dirigido exclusivamente al caso Adorni, en la Casa Rosada fue leído como otra evidencia de que el respaldo externo al oficialismo comienza a volverse menos automático frente a las controversias que afectan al núcleo del poder.

La preocupación no se limita al frente político. En el entorno presidencial seguirán con atención el dato de inflación de abril, que el INDEC dará a conocer el jueves. El Gobierno espera exhibir ese número como una señal de desaceleración tras el 3,4% de marzo, además de como un argumento para reinstalar el eje económico en el centro de la escena. Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, consideran que una mejora en las variables de precios puede ayudar a restaurar la narrativa de éxito económico y reducir el impacto del ruido institucional sobre la percepción de los mercados.

Si no surgen imprevistos, el próximo viernes Milei volverá a reunir a todo su gabinete en Casa Rosada, nuevamente alrededor de las 14. El encuentro tendría como objetivo seguir revisando la marcha del plan de gobierno y ordenar la estrategia legislativa para el segundo semestre. Sobre la mesa estarán proyectos que el oficialismo considera prioritarios, como la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental, además de la búsqueda de acuerdos con distintos bloques parlamentarios para garantizar su aprobación.

La intención del Presidente es recuperar la agenda que el Gobierno considera propia y desplazar el foco desde la crisis política hacia la gestión. Sin embargo, en Balcarce 50 nadie da por cerrado el capítulo Adorni. Y aunque Milei insiste en que su jefe de Gabinete no es culpable de nada de lo que se le acusa, y mantiene intacta la decisión de sostenerlo, el interrogante es si el oficialismo podrá volver a concentrarse en sus reformas o si el desgaste político terminará fagocitándose definitivamente el funcionamiento del conjunto de la administración.

PL/CRM

Durante buena parte de la última semana, la Casa Rosada funcionó como un laboratorio en miniatura de las tensiones que atraviesan al gobierno de Javier Milei. En la superficie, el oficialismo intentó transmitir una imagen de normalidad y disciplina, en medio de la vuelta de las conferencias de prensa y gestos cuidadosamente calculados para reforzar la idea de que el programa sigue intacto. Por debajo, sin embargo, el caso que envuelve a Manuel Adorni continuó expandiéndose hasta convertirse en algo más que un problema judicial o patrimonial. El expediente comenzó a alterar el equilibrio interno del gabinete, abrió fisuras entre algunos de los principales socios políticos del Presidente y, lo que resultó más inquietante, empezó a filtrarse incluso en las conversaciones con empresarios e inversores extranjeros.

El episodio deja en evidencia una paradoja que se repite con frecuencia en el universo libertario. Cuanto mayor es la presión sobre uno de sus funcionarios más cercanos, más decidido parece Milei a sostenerlo. Esa lógica de blindaje tiene una dimensión política, pero también simbólica: para el Presidente, retroceder frente a un cuestionamiento externo equivale a convalidar la ofensiva de sus adversarios. El problema es que, en esta oportunidad, la controversia dejó de ser un asunto exclusivamente mediático.

La declaración judicial del contratista Matías Tabar, con detalles sobre pagos en efectivo por US$245.000 para remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, los cruces internos y las preguntas formuladas en la propia Casa Rosada terminaron convirtiendo el caso en un factor de desgaste capaz de interferir con la agenda legislativa, con la convivencia entre las distintas tribus oficialistas y con el relato económico que el Gobierno intenta ofrecer ante los mercados.

Blindaje presidencial

En Balcarce 50 describen las últimas semanas como una secuencia de movimientos destinados a recuperar la iniciativa y evitar que la crisis se convierta en un problema de gobernabilidad. Primero fue la conferencia de prensa que Adorni dio el lunes, concebida como una reaparición pública después de semanas de silencio. Luego llegó la foto junto a Milei antes del viaje presidencial a los Estados Unidos, durante la reunión con autoridades de la B'nai B'rith International, interpretada dentro del oficialismo como un respaldo explícito del Presidente.

El miércoles por la noche, Milei reforzó ese blindaje en una entrevista televisiva y descartó de plano una eventual salida del jefe de Gabinete. “Ni en pedo”, respondió cuando le preguntaron si evaluaba pedirle la renuncia. Y este viernes terminó de despejar cualquier especulación al volver a ratificarlo de manera enfática delante de todos sus ministros, en la primera reunión de gabinete después de más de un mes —la última había tenido lugar el 6 de abril. “A mí el desgaste político no me importa”, repite como un mantra el mandatario cada vez que tiene la oportunidad. El mensaje es inequívoco: Adorni no se mueve.

La decisión de reunir nuevamente al gabinete completo no fue casual. Durante las últimas cuatro semanas, la dinámica política del oficialismo había quedado concentrada en encuentros más reducidos de la mesa política, el ámbito en el que Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Martín Menem analizan la marcha del Gobierno, porotean votos en el Congreso y calibran el impacto político de cada crisis. En esas reuniones, el caso Adorni se convirtió en un tema recurrente: no solo por sus derivaciones judiciales, sino por el ruido que empezó a generar sobre el conjunto de la gestión y por el temor de que termine interfiriendo con las prioridades legislativas y económicas del oficialismo.

El encuentro de este viernes comenzó a las 14 y se extendió durante dos horas y media. Milei habló durante aproximadamente 30 minutos, volvió a darle un respaldo explícito a Adorni, ofreció un panorama general sobre la marcha de la administración y delineó los objetivos para lo que resta del año y para 2027. Acto seguido, se retiró para continuar con actividades en la residencia de Olivos. Según trascendió, a partir de ese momento, el jefe de Gabinete tomó el control del encuentro. Agradeció a los equipos ministeriales por el trabajo realizado para su informe de gestión presentado el 29 de abril ante la Cámara de Diputados y repasó aspectos vinculados a la reestructuración presupuestaria, los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos.

También hubo espacio para el frente legislativo. Menem y Bullrich expusieron sobre los proyectos que el oficialismo considera prioritarios para los próximos meses, entre ellos la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental. El dato no es menor: buena parte del malestar interno en torno a Adorni se vincula precisamente con la percepción de que su situación judicial está comenzando a complicar la agenda parlamentaria del Gobierno.

La titular del bloque oficialista en el Senado fue una de las voces más incisivas al respecto. En un intento además por contener a la propia base electoral libertaria, Bullrich se encargó de trasladar su preocupación al plano público al sostener que el jefe de Gabinete debía presentar “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Hace un mes, delante del propio Milei y de Karina Milei, ya le había dicho a Adorni: “Manuel, acomodá tus papeles porque todo es un quilombo, se me traban todas las leyes en el Congreso”. De hecho, el viernes, una vez que el Presidente se retiró de la reunión de gabinete, Bullrich insistió con la cuestión. “Patricia parece la única que de verdad piensa políticamente y no quiere saber nada con perder”, señaló un habitante de los pasillos —hoy restringidos a la prensa— de Balcarce 50.

Lo cierto es que en el entorno del ministro coordinador ya tomaron una decisión que hasta hace pocos días seguía bajo análisis: el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada patrimonial mucho antes del 31 de julio, el plazo legal previsto para ese trámite. Según pudo saber elDiarioAR, la documentación será dada a conocer en algún momento de las próximas semanas, en un movimiento orientado a desactivar parte de las sospechas y a responder a los reclamos, tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo.

“La intención es volver a recuperar la agenda”, apuntaron en uno de los despachos oficiales. Hay quienes creen que la jugada de Bullrich —digna de una política “profesional”— permitió también descomprimir parte de la tensión interna acumulada durante semanas. Al expresar en voz alta un malestar que varios funcionarios compartían en privado, permitió canalizar el conflicto y evitar que siguiera acumulándose de forma subterránea. “Ayudó”, fue la escueta definición de una fuente oficialista al tanto de las fricciones. Sin embargo, nada lleva a pensar que la relación entre la senadora y Karina Milei vaya a recomponerse fácilmente. La desconfianza entre ambas es vox populi y persiste. ¿Responde a una todavía latente, pero cada vez más manifiesta, disputa de poder que excede largamente el caso Adorni? Es una pregunta sin respuesta que inquieta hoy a buena parte de la tropa de La Libertad Avanza.

“Riesgo Adorni”

Otra dimensión sensible de la polémica que envuelve hoy al jefe de Gabinete quedó expuesta este viernes, pocas horas antes de la reunión que encabezó Milei. En una conferencia de prensa convocada para presentar el llamado “super RIGI”, Adorni reapareció junto a Luis Caputo y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo era anunciar un nuevo esquema de incentivos para atraer inversiones de gran escala. Sin embargo, la presentación terminó dominada por preguntas sobre el denominado “riesgo Adorni”.

Caputo tuvo entonces que responder si el escándalo estaba influyendo sobre el riesgo país. “Lo de Manuel no tiene ningún impacto”, aseguró. “Un inversor se rió en Estados Unidos y nos dijo que no tiene ningún sentido este tema”, agregó, en una frase que buscó relativizar la controversia pero que, al mismo tiempo, confirmó que el caso ya se había colado en las conversaciones con empresarios.

El ministro insistió además en que “los problemas políticos y judiciales no se trasladan a la economía” y volvió a apelar al concepto de “riesgo kuka” para explicar la persistencia del riesgo país, pese a que días atrás lo había descartado públicamente. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que, aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó.

La secuencia de los últimos días condensó así el dilema que enfrenta el oficialismo. Mientras Milei y su hermana consideran que ceder equivaldría a validar una operación política contra el Gobierno, otros sectores empiezan a preguntarse cuánto desgaste adicional puede absorber la administración sin afectar la estabilidad que el programa económico necesita para sostenerse. La evidente caída en la imagen presidencial es una luz roja en el tablero. Sin embargo, la decisión está tomada: Adorni seguirá en su cargo y continuará recibiendo un respaldo explícito. Pero el interrogante ya cambió de naturaleza. La cuestión no es únicamente si el jefe de Gabinete podrá resistir judicialmente, sino cuánto tiempo más podrá el Gobierno evitar que su crisis personal termine proyectándose sobre el conjunto del experimento libertario.

PL/MG

El Gobierno intentó este viernes encapsular nuevamente el escándalo que rodea a Manuel Adorni dentro de una lógica puramente política, sin efectos sobre la economía ni sobre el vínculo con los mercados. Pero el solo hecho de que Luis “Toto” Caputo tuviera que responder preguntas sobre el tema en una conferencia destinada a anunciar el “super RIGI” dejó expuesto que el caso ya perforó la narrativa oficial y empezó a colarse incluso en las conversaciones con inversores extranjeros.

Caputo negó que el riesgo país no baje, pese al superávit fiscal y a los indicadores que exhibe el Gobierno, debido a la situación del jefe de Gabinete. “Lo de Manuel no tiene ningún impacto”, respondió el ministro de Economía. Y enseguida intentó minimizar el episodio con un argumento que repitió varias veces: “Un inversor se rió en Estados Unidos y nos dijo que no tiene ningún sentido este tema”.

En una puesta en escena cuidadosamente armada en Casa Rosada, junto al jefe de Gabinete y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, Caputo buscó relativizar el impacto político de las investigaciones que rodean a Adorni, que eligió no responder preguntas. El silencio del ministro coordinador contrastó con el esfuerzo discursivo del titular de Economía, que tuvo que salir a blindarlo en público mientras intentaba convencer a empresarios e inversores de que la Argentina sigue siendo un destino confiable para desembolsos millonarios.

El ministro insistió con que “los problemas políticos y judiciales no se trasladan a la economía” y sostuvo que en Wall Street “se ríen del tema”. Incluso buscó correr el eje hacia la polarización política y volvió a apelar a uno de los conceptos favoritos del oficialismo: el “riesgo kuka”. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que, aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó. Una definición que contrastó la que dio el mismo Caputo en la Expo EFI, hace apenas una semana, donde aseguró que ese “riesgo” era “cero” y que quienes dicen que hay alguna posibilidad de volver al kirchnerismo “toman a la gente por estúpida”.

“En la medida que el tiempo pase, las cosas van a seguir mejorando”, aseguró el ministro este lunes. Pero la escena dejó una contradicción difícil de ocultar. El Gobierno había convocado la conferencia para presentar el nuevo esquema de incentivos a grandes inversiones —una versión ampliada del RIGI destinada a sectores estratégicos que fue anunciada vía redes sociales por el presidente Javier Milei— y terminó obligado a responder por la situación del jefe de Gabinete. Más aún: la pregunta sobre el llamado “riesgo Adorni” no apareció como una provocación opositora sino como una categoría que, según deslizaron los periodistas presentes, ya comenzó a circular entre empresarios argentinos.

En la Casa Rosada admiten por lo bajo que el caso alteró parte de la agenda política de las últimas semanas. Aunque el oficialismo intenta transmitir que el frente económico sigue encapsulado de cualquier ruido institucional, la conferencia de este viernes dejó ver que el Gobierno ya no discute si el tema existe o no, sino cuánto puede contaminar el clima de negocios que Milei y Caputo buscan venderle al mundo.

PL/MC

Luego de un mes sin reuniones ampliadas de gabinete, Javier Milei reunió a todos sus ministros en la Casa Rosada, en medio de uno de los momentos más delicados para el oficialismo desde el inicio de la gestión. El encuentro llegó después de una semana atravesada por la profundización de la crisis política alrededor de Manuel Adorni, nuevas revelaciones judiciales sobre su patrimonio y un creciente malestar interno que ya empieza a aflorar entre funcionarios y dirigentes libertarios.

La reunión tuvo lugar apenas horas después del regreso de Milei de Estados Unidos, a donde viajó para participar de la Conferencia del Instituto Milken. La foto del Presidente antes de partir, mostrándose junto a Adorni durante una reunión con autoridades de B’nai B’rith Internacional, fue interpretada dentro del Gobierno como un gesto explícito de respaldo político a su jefe de Gabinete en medio de la tormenta judicial. Ese respaldo volvió a quedar expuesto el miércoles por la noche, cuando Milei defendió públicamente a Adorni en LN+ y descartó de plano pedirle la renuncia. “Ni en pedo”, respondió cuando le preguntaron si evaluaba desplazarlo del cargo. Pero el blindaje presidencial convive con un clima cada vez más espeso puertas adentro de la Casa Rosada.

En el Gobierno creían, hasta comienzos de esta semana, que la conferencia de prensa que Adorni dio el lunes podía funcionar como un punto de inflexión para empezar a retomar una cierta normalidad política. El jefe de Gabinete había vuelto a exponerse públicamente después de semanas de silencio, en una aparición diseñada para intentar descomprimir la crisis y ordenar la agenda oficial. Pero ese mismo día, casi en simultáneo, se conoció la declaración judicial del contratista Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. El testimonio, con detalles sobre pagos en efectivo por US$245.000 para remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, volvió a quemar los papeles dentro del oficialismo y reactivó la sensación de que el caso está lejos de estabilizarse.

La última reunión formal de gabinete tuvo lugar hace exactamente un mes. Desde entonces, la dinámica política del oficialismo quedó concentrada en encuentros más reducidos y reservados de la denominada “mesa política”, donde participan desde la secretaria general Karina Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, hasta el asesor Santiago Caputo y la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich, entre otros integrantes. En esos encuentros se discutió principalmente el frente legislativo, el avance de las reformas económicas y el impacto político que empezó a generar el caso Adorni sobre el conjunto de la gestión.

Presión bullrichista

La tensión interna fue escalando al ritmo de la causa judicial. El disparador más reciente fue precisamente la declaración de Tabar en el expediente que instruye el juez Ariel Lijo. La cifra mencionada por el contratista no solo desbordó el valor original de compra del inmueble, sino que terminó de instalar en la Casa Rosada la sensación de que el caso dejó de ser un problema estrictamente mediático. En el oficialismo ya no discuten solamente si Adorni puede sostenerse judicialmente. Empiezan a preguntarse cuánto más puede resistirse políticamente. Y ahí aparece uno de los focos más sensibles del conflicto interno: Patricia Bullrich.

La presidenta del bloque oficialista en el Senado viene transmitiendo desde hace semanas su malestar por el impacto del caso sobre la agenda legislativa. En la última reunión ampliada de gabinete, delante del propio Milei y de Karina Milei, le lanzó una frase que todavía recuerdan varios ministros: “Manuel, acomodá tus papeles porque todo es un quilombo, se me traban todas las leyes en el Congreso”. La escena dejó al descubierto algo que hasta entonces se comentaba solo en voz baja: que una parte importante del gabinete considera que la permanencia de Adorni se convirtió en un obstáculo político para el Gobierno.

Bullrich no solo reclamó explicaciones internas. También salió a hacerlo en público. En declaraciones televisivas, la senadora planteó que Adorni debía mostrar “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos, en referencia a la presentación de su declaración jurada y a las inconsistencias que distintos sectores opositores y judiciales empezaron a señalar. “Si él dijo que tiene todo probado, bueno, esa prueba tiene que ser inmediata”, advirtió.

El lunes pasado, después de la declaración de Tabar, Bullrich había vuelto a insistir. “Javier, yo vengo de varios gobiernos que han fracasado y cuando un ministro no termina de explicar todo lo mejor es esperar a la Justicia”, le dijo ese día al Presidente, según reconstrucciones de distintas fuentes oficiales. La frase sintetiza una discusión que empieza a atravesar al oficialismo: hasta dónde conviene sostener a un funcionario cuya situación judicial amenaza con contaminar el resto de la gestión.

“Las negras también juegan”, repiten por estas horas en el entorno de Bullrich, usando una metáfora ajedrecística para describir el clima interno del Gobierno. La frase alude a algo que empieza a cambiar en sectores del oficialismo: la decisión de dejar de aceptar pasivamente cada movimiento del karinismo. “Ahora vamos a esperar. Hay una dinámica de subordinación o exterminio que no va más”, deslizó un dirigente de su cercanía, tal como publicó Mauricio Caminos, en referencia al malestar creciente dentro del gabinete por el blindaje político a Adorni.

El avance de Bullrich sobre el caso Adorni también reactualizó una desconfianza que Karina Milei arrastra desde el verano, cuando la senadora hizo alarde en público de haber sido la principal artífice de la aprobación de la reforma laboral en el Senado. En el karinismo interpretaron aquella movida como un intento de capitalización política individual sobre una de las principales apuestas legislativas del Gobierno. Desde entonces, el vínculo quedó atravesado por recelos que nunca terminaron de disiparse.

Gestión en vilo

El malestar puertas adentro del Gobierno no se limita a Bullrich. En el área económica también empezaron a encenderse alarmas. Toto Caputo dejó trascender en distintas reuniones de mesa política su preocupación por el impacto que el escándalo puede tener sobre la credibilidad del Gobierno y, con ella, sobre el programa económico. En el Palacio de Hacienda creen que la acumulación de ruido político complica la posibilidad de consolidar confianza en los mercados y de seguir bajando el riesgo país, uno de los objetivos centrales del oficialismo para los próximos meses.

La discusión de fondo empieza a dividir al Gobierno en dos interpretaciones distintas sobre el rol de Adorni. Una parte del oficialismo lo ve todavía como un pararrayos útil, alguien que concentra sobre sí mismo el desgaste político mientras el Gobierno intenta preservar la centralidad de la agenda económica. Pero otra parte empieza a sospechar que el efecto puede ser exactamente el contrario: que el caso termine erosionando la estabilidad política que el propio plan económico necesita para sostenerse.

Pese a todo, Milei y Karina Milei mantienen, por ahora, la decisión de sostenerlo. “No vamos a entregar a nadie”, le escucharon decir al Presidente en conversaciones privadas recientes. En el entorno presidencial creen que la velocidad con la que avanzó la investigación judicial forma parte de una operación orientada a desgastar políticamente al Gobierno. Esa lectura explica el nivel de blindaje que recibió Adorni durante las últimas semanas, tanto en su informe de gestión del 29 de abril como en las sucesivas apariciones públicas junto al Presidente.

Pero el respaldo ya no luce tan sólido como antes. Incluso dentro del karinismo admiten que el desgaste existe y que el caso empezó a paralizar áreas sensibles de la gestión. Muchos ministros evitan confrontar directamente con los hermanos Milei, sobre todo con Karina, pero el malestar se acumula en silencio. Algunos cancelan entrevistas para evitar preguntas sobre Adorni. Otros directamente dejaron de exponerse públicamente.

La reunión de gabinete de este viernes servirá, en ese contexto, para medir hasta dónde llega realmente el respaldo político al jefe de Gabinete y cuánto ruido interno empieza a generar su permanencia. Nadie espera una definición inmediata. Pero sí una foto más clara sobre el estado de ánimo del oficialismo en medio de una crisis que, lejos de apagarse, sigue creciendo con cada nueva revelación judicial.

PL/CRM

Mientras Javier Milei emprende su viaje de vuelta a la Argentina tras su visita fugaz a los Estados Unidos, donde participó de la Conferencia del Instituto Milken, Karina Milei encabezó este jueves en San Juan una cumbre política y empresarial que dejó varias lecturas dentro del oficialismo. La más evidente fue una ausencia. No estuvo el jefe de Gabinete Manuel Adorni, habitual integrante de las recorridas y reuniones políticas del karinismo hasta antes del estallido de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo presión desde hace dos meses.

La secretaria general arribó a las 10.30 al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y fue recibida por la ministra provincial Laura Palma. Desde allí partió hacia el departamento Sarmiento para recorrer las instalaciones de Caleras San Juan S.A., en la localidad de Los Berros, acompañada por el gobernador Marcelo Orrego. La actividad formó parte de la agenda organizada alrededor de la Expo San Juan Minera y de las celebraciones por el Día de la Minería, uno de los sectores estratégicos para el Gobierno en su búsqueda de dólares e inversiones.

La comitiva recorrió los hornos industriales, la planta fotovoltaica y distintas áreas del complejo ubicado en Divisadero, antes de continuar con actividades en Pocito y un almuerzo protocolar en Energía Provincial Sociedad del Estado. Pero más allá de la agenda minera, el viaje tuvo una dimensión política evidente. Karina Milei se mostró rodeada por funcionarios que, dentro y fuera del Gobierno, empiezan a ser leídos como parte de un nuevo esquema de poder interno en medio de la crisis por el caso Adorni.

La acompañaron el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los principales articuladores políticos del Gobierno con los gobernadores; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ganó centralidad en las últimas semanas por el frente judicial que enfrenta el oficialismo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, además del secretario de Minería, Luis Lucero. También participaron gobernadores que forman parte del núcleo de mandatarios dialoguistas con los que el oficialismo intenta reconstruir puentes de cara al 2027.

De la foto junto a Santilli formó parte el anfitrión Orrego, uno de los gobernadores que desde el inicio de la gestión libertaria mantuvo una relación pragmática con el Gobierno. El sanjuanino necesita sostener el flujo de inversiones para el desarrollo minero de su provincia, especialmente en litio y cobre, y observa en la administración Milei una oportunidad para acelerar proyectos estratégicos que requieren apertura al capital extranjero.

También dijeron presente Alfredo Cornejo y Raúl Jalil, dos de los principales impulsores de la expansión minera en la región cuyana y del NOA. Cornejo mantiene con la Casa Rosada un vínculo político oscilante, pero alineado en temas económicos y productivos, especialmente alrededor de la minería metalífera y el RIGI. Jalil, por su parte, fue uno de los gobernadores peronistas más colaborativos con Milei desde el inicio de la gestión y se convirtió en un aliado clave para el oficialismo en distintas votaciones legislativas sensibles.

La nómina incluyó además a Gustavo Sáenz, otro mandatario con fuerte interés en el desarrollo del litio y una relación de cooperación permanente con la Casa Rosada; a Carlos Sadir, heredero político del radicalismo jujeño y protagonista de la estrategia regional vinculada al triángulo del litio; y a Maximiliano Pullaro, cuya presencia tuvo una lectura más política que minera, en momentos en que el oficialismo busca recomponer vínculos con sectores de la UCR.

También estuvo Martín Llaryora, otro de los actores que el Gobierno considera centrales para cualquier acuerdo político de mediano plazo. Aunque el cordobés mantuvo diferencias públicas con la Casa Rosada por temas fiscales y de coparticipación, el oficialismo sigue viendo a Córdoba como un territorio clave tanto para la gobernabilidad legislativa como para el armado político rumbo al año que viene.

La visita a San Juan funcionó así como una postal de las alianzas que el karinismo intenta preservar. En su entorno aseguran que el apoyo de esos gobernadores dialoguistas será indispensable para avanzar con proyectos centrales, especialmente la reforma política y la eliminación de las PASO, dos objetivos que la hermanísima considera prioritarios para consolidar el armado nacional de La Libertad Avanza.

La ausencia de Adorni, sin embargo, fue el dato que más comentarios generó en Balcarce 50. En el oficialismo reconocen que el escándalo judicial modificó el equilibrio interno y obligó a redistribuir funciones. La lectura se repite en distintos despachos y también de la oposición. Desde que el caso Adorni empezó a escalar, Karina Milei viene delegando parte de la interlocución política en Santilli y en el armado territorial de los Menem. El corrimiento del jefe de Gabinete de determinadas actividades empezó a ser interpretado como una forma de bajar el nivel de exposición pública mientras continúa el desgaste judicial y mediático.

En la Casa Rosada insisten en que los hermanos Milei siguen respaldando a Adorni. Pero admiten, por lo bajo, que la situación golpea directamente la imagen presidencial. Algunos funcionarios reconocen la caída en la popularidad y que las distintas estrategias para contener el impacto no lograron frenar el deterioro. Por eso, la decisión de Karina de no viajar a los Estados Unidos junto a su hermano fue leída en clave estríctamente política, a modo de fuga hacia adelante. “Hay que seguir gobernando”, remataron cerca de la secretaria general.

PL/MC

El gobierno de Javier Milei pretende profundizar su reforma sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con una idea que en la Casa Rosada repiten como horizonte: convertir al organismo en una agencia más parecida a la CIA estadounidense, concentrada en contraespionaje, amenazas externas y operaciones antiterroristas, y cada vez menos involucrada en tareas vinculadas a la seguridad interior. La transformación, todavía incompleta, tuvo su primer capítulo formal con el DNU 941, publicado el 2 de enero, pero en Balcarce 50 insisten con que el verdadero rediseño quedará refrendado en un proyecto de ley que el Ejecutivo planea enviar al Congreso durante el transcurso del año.

El cambio más elocuente aparece en la arquitectura interna del sistema de inteligencia que el propio mileísmo había creado un año y medio antes. Cuando Santiago Caputo avanzó en la reforma de 2024 que reemplazó a la AFI por la nueva SIDE, una de las estructuras centrales pasó a llamarse Agencia de Seguridad Nacional (ASN), un organismo encabezado por el excomisario Alejandro Cecati y pensado para concentrar tareas vinculadas a amenazas complejas, coordinación operativa y seguridad estratégica. Pero el Gobierno volvió a mover el tablero: por decreto, aquella ASN dejó de existir y fue rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC).

El cambio de nombre no es menor. En el oficialismo lo leen como una señal doctrinaria. En términos prácticos, el contraespionaje y la contrainteligencia implican detectar, neutralizar y prevenir operaciones de servicios extranjeros u organizaciones que busquen infiltrarse, obtener información sensible o afectar intereses estratégicos del Estado. Eso incluye desde el seguimiento de posibles agentes encubiertos y maniobras de captación de funcionarios, hasta la protección de infraestructura crítica, sistemas informáticos, embajadas, centrales energéticas o comunidades consideradas objetivos sensibles frente a “amenazas terroristas”. Es el caso del ciudadano ruso Dmitrii Novikov, vinculado con una estructura conocida como La Compañía, recientemente detenido y expulsado del país “por representar un riesgo para la seguridad nacional”, según consta en un comunicado difundido en X.

En el Gobierno aseguran que el objetivo es que la SIDE deje de destinar recursos a tareas de “inteligencia política” o monitoreo territorial doméstico y concentre capacidades en amenazas externas, ciberseguridad y cooperación internacional con agencias aliadas. La intención es que todo lo vinculado a “interior” quede bajo la órbita exclusiva del Ministerio de Seguridad, donde Alejandra Monteoliva viene empoderando perfiles técnicos ligados al combate contra el crimen organizado y las amenazas complejas. En la lógica que empieza a tomar forma puertas adentro del oficialismo, el control del territorio debería quedar exclusivamente en manos de las fuerzas federales y en la estructura política de aquella cartera.

Sin embargo, el propio DNU 941 dejó una contradicción que dentro del mundo jurídico y de inteligencia generó ruido desde el primer día. Aunque cerca de Santiago Caputo aseguran que la intención es quitarle facultades policiales a la SIDE y acotar su intervención en asuntos internos, el decreto no termina de fijar con precisión sus límites e incluye una referencia a la posibilidad de “aprehensión” de personas en determinadas circunstancias. La mención fue leída por especialistas como un indicio exactamente inverso al discurso oficial: lejos de acotar capacidades operativas, parecía habilitar una expansión de atribuciones sensibles para el organismo.

Esa ambigüedad es una de las razones por las cuales el oficialismo sostiene que la futura ley —insinuada, pero no anunciada por Milei en su discurso de apertura de sesiones del pasado 1° de marzo— deberá eliminar las zonas grises del DNU y ordenar aquello que su letra dejó abierto: qué puede hacer la SIDE, qué debe quedar en manos de las fuerzas federales y hasta dónde llegan sus capacidades de reunión de información dentro del país.

Mientras se discute ese rediseño, la poda ya empezó por abajo. Según pudo saber elDiarioAR, la intención del Gobierno es reducir el margen de maniobra de las delegaciones del interior, una estructura histórica de la inteligencia argentina, con presencia en cada provincia y con capacidad de producir información territorial por fuera de los grandes centros de decisión. En la práctica, esas dependencias de la SIDE ya comenzaron a achicar gastos. No se trata solo de una cuestión presupuestaria. También es una forma de disciplinar una red que durante décadas funcionó con autonomía relativa y vínculos locales propios.

Un dato interno permite medir la orientación del cambio. En marzo pasado fueron removidas las autoridades del área de Reunión Interior, que estaban bajo la órbita de la abogada María Laura Gnas, incorporada tras la reforma de 2024. Ese lugar lo ocupa ahora un excomisario de la Policía Federal. La modificación no pasó por los grandes anuncios oficiales debido a su caracter secreto, pero dentro del sistema fue leída como parte de una reconfiguración más profunda, en línea con un mayor control desde la conducción central y una SIDE pensada para supuestamente mirar menos la política doméstica y más las hipótesis de amenaza que el Gobierno considera estratégicas.

El alineamiento con Washington es, justamente, una de las piezas que el oficialismo busca exhibir para explicar la nueva doctrina que pretende imprimirle al organismo. En la Casa Rosada aseguran que el objetivo es avanzar hacia un esquema de inteligencia “más occidental”. En ese marco, la foto que finalmente apareció el martes pasado terminó funcionando como una validación política interna. La SIDE publicó en su cuenta oficial de X la imagen de Cristian Auguadra en la sede de la CIA, en Langley, durante su visita del pasado 24 de marzo, disipando así las dudas que se habían abierto tras el extraño borrado del comunicado original.

La fotografía, que fue tomada en el mítico hall de ingreso del cuartel general en Virginia, uno de los espacios más reconocibles y simbólicos del universo de inteligencia mundial, mostró finalmente a Auguadra junto al director de la CIA, John Ratcliffe, después de semanas de especulaciones sobre si el encuentro había ocurrido realmente o si, como sostenían algunas versiones internas, el titular de la SIDE solo se había reunido con funcionarios de segunda línea de la agencia estadounidense. La discusión no era menor. En el universo de los servicios de inteligencia, cada nivel de interlocución funciona también como una señal de poder político y de reconocimiento internacional.

El que aprovechó rápidamente esa confirmación fue el propio Santiago Caputo. Apenas la SIDE difundió la fotografía, el asesor presidencial replicó la publicación en sus redes con un mensaje cargado de ironía dirigido a quienes habían puesto en duda el encuentro. “No puede ser. Si una banda de operadores con problemas cognitivos y consumos postergados anduvieron diciendo que esto no había pasado”, escribió. La frase no solo funcionó como una provocación más en el estilo habitual del asesor. También expuso hasta qué punto la relación con la CIA aparece hoy atravesada por la interna oficialista y por la necesidad de Caputo de mostrar que todavía conserva terminales propias en uno de los organismos más sensibles del Estado.

La puesta en marcha del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), inaugurado en abril con presencia del FBI y del embajador estadounidense Peter Lamelas, fue presentada como la principal vidriera de esa nueva etapa. Allí empezó a ganar visibilidad el subsecretario administrativo José Francisco Lago Rodríguez, un funcionario cercano a Santiago Caputo que dentro del organismo muchos describen como un “comisario político” enviado para monitorear la estructura desde adentro.

El crecimiento de Lago Rodríguez no pasó inadvertido. Abogado surgido del estudio Cassagne y hombre de confianza del entorno caputista, comenzó a construir un perfil público inusual para alguien de su cargo, al punto de presentarse en redes sociales como “Subsecretario de Inteligencia” y “oficial de reserva del Ejército Argentino”. Su protagonismo coincidió además con el corrimiento de figuras internas y con una redistribución del poder dentro de la SIDE que relativizó la centralidad de Auguadra como único conductor político del organismo.

Ese reordenamiento ocurre, además, en simultáneo con la creciente articulación internacional que busca exhibir el oficialismo. La visita del empresario tecnológico Peter Thiel a la Casa Rosada terminó de completar ese cuadro. Cofundador de PayPal y referente detrás de Palantir, una firma especializada en análisis masivo de datos y vinculada históricamente a estructuras de defensa e inteligencia de Estados Unidos, Thiel mantuvo reuniones con Javier Milei y con Santiago Caputo en medio del relanzamiento doctrinario de la SIDE.

Su desembarco fue leído dentro del sistema político como parte de un movimiento más amplio: la intención del Gobierno de robustecer capacidades de análisis, integración y cruce de datos estatales en coordinación con aliados occidentales. No casualmente, el propio DNU 941 habilitó la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CIN), una arquitectura pensada para centralizar información sensible proveniente de distintos organismos públicos que podría allanarle el camino a Thiel y sus negocios.

Toda esta secuencia deja al descubierto distintas capas de sentido. Mientras el Gobierno intenta mostrar una SIDE profesionalizada, integrada a redes internacionales y enfocada en amenazas complejas, el organismo sigue atravesado por movimientos opacos y la jaqueada pero indiscutible centralidad política de Santiago Caputo. Si hace dos meses crecían las versiones sobre un avance de Karina Milei sobre el sistema de inteligencia tras hacerse con el Ministerio de Justicia, el último tramo pareció mostrar lo contrario: el asesor logró sostener influencia, conservar terminales propias y volver a exhibir capacidad de articulación.

Pero incluso esa aparente consolidación convive con una lógica de poder extremadamente inestable. En un gobierno donde las áreas sensibles cambian de manos con rapidez y las internas nunca terminan de cerrarse, la SIDE sigue funcionando como un territorio en permanente transición, atravesado al mismo tiempo por la búsqueda de legitimidad internacional y la disputa doméstica por el control del aparato del Estado.

PL/MG

La escena fue calculada. Antes de viajar a Estados Unidos, Javier Milei eligió mostrarse con Manuel Adorni en la Casa Rosada, durante una reunión con autoridades de la organización judía B’nai B’rith Internacional. La foto, difundida por Presidencia, llegó en el momento más incómodo para su jefe de Gabinete, atravesado por una causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que volvió a tomar impulso en las últimas horas. No fue una imagen más. Fue una señal.

La nueva imagen de Adorni con Milei, en ese contexto, funciona como un mensaje hacia afuera y hacia adentro. Busca frenar los rumores de salida, que circulan con más fuerza en el plano mediático que en la dinámica real del Gobierno, y ordenar la interna en un momento de ruido. Pero no resuelve la incógnita de fondo. ¿Es el jefe de Gabinete un escudo que protege al Gobierno o un problema que puede terminar hundiéndolo?

El dato que reactivó la crisis fue la declaración del contratista Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el expediente que instruye el juez Ariel Lijo. Según su testimonio, Adorni le habría pagado US$245.000 en efectivo por las remodelaciones de la casa en el country Indio Cuá, una cifra que desborda el precio de compra del inmueble, estimado en unos US$120.000, y que tensiona aún más la relación entre los ingresos declarados del funcionario y su nivel de gasto. Tabar no solo detalló la obra, con pisos, paredes, pileta, quincho y una cascada, y el plazo de ejecución, de casi diez meses, sino que además entregó documentación y su teléfono celular para ser peritado, en un intento por respaldar su versión.

La respuesta de Adorni fue inmediata, pero no disipó las dudas. Negó el monto, cuestionó al contratista y anticipó que podría denunciarlo. “Ese no es el monto. Seguramente vayamos a solicitar un peritaje porque cualquiera que conozca mi casa sabe que no vale ese dinero”, deslizó en conversaciones en la Casa Rosada. También planteó que nunca recibió la factura final de la obra y que los costos mencionados “parecen exagerados”. La estrategia es consistente con lo que viene ensayando desde que estalló el caso. Deslegitimar las acusaciones y trasladar cualquier explicación al ámbito judicial.

Pero el frente judicial ya dejó de ser un problema aislado. La acumulación de datos, que incluye viajes al exterior, vuelos privados, estadías en hoteles de lujo, nuevas propiedades y deudas cruzadas, empezó a configurar un cuadro más amplio que incomoda al Gobierno. Entre esos números aparece el pago de US$65.000 vinculado a refacciones de su departamento en Caballito, además de gastos en turismo y bienes que, en conjunto, superan ampliamente su salario como funcionario. La causa en Comodoro Py ordena ahora ese rompecabezas bajo una misma hipótesis. La de un crecimiento patrimonial difícil de explicar.

En paralelo, la rutina política intenta seguir su curso en una Casa Rosada atravesada por nuevas reglas. Este martes, Adorni volvió a mostrarse en Balcarce 50, donde llegó a las 9.40 de la mañana y retomó su agenda habitual en medio de la tormenta judicial. Su presencia temprana fue leída como un gesto de normalidad hacia adentro del Gobierno, en un contexto donde cada uno de sus movimientos es observado con lupa y donde el regreso de los periodistas acreditados, tras días de veto, no implicó una apertura plena sino un cambio en las condiciones de trabajo.

¿Escudo o pararrayos?

La pregunta empieza a instalarse incluso dentro del oficialismo. ¿Por qué se blinda tanto a Adorni? ¿Qué explica el nivel de protección política que recibió en las últimas semanas, incluso en momentos de máxima exposición? El episodio más claro fue su informe de gestión del 29 de abril, donde el oficialismo desplegó una defensa cerrada y evitó que la discusión escalara más allá de lo controlable.

Las respuestas no son unívocas. Una de las lecturas que circula en la Casa Rosada lo ubica como un “pararrayos”. Mientras el foco esté puesto en su figura, en sus gastos, en sus viajes y en su patrimonio, el Gobierno logra desplazar del centro de la escena otros temas más sensibles, en particular la marcha del programa económico. En ese esquema, el costo político se concentra en una persona y no se distribuye sobre el conjunto de la gestión.

Pero esa hipótesis convive con otra, más inquietante. En la mesa política, el ministro de Economía, Luis Caputo, dejó trascender su preocupación por el efecto contrario. Que el ruido político termine contaminando la credibilidad del Gobierno y, con ella, el frente económico. En un esquema que depende en gran medida de la confianza de los mercados, un escándalo como el de Adorni puede tener efectos más amplios que los estrictamente personales.

Entre esas dos lecturas se mueve hoy el oficialismo. Sostener a Adorni implica, al mismo tiempo, contener el desgaste y asumir el riesgo de que ese desgaste se amplifique. Por eso, el respaldo político no es lineal. Karina Milei sigue siendo su principal sostén interno y quien empujó, en buena medida, el blindaje en las instancias más críticas. Pero ese respaldo también muestra límites. Según lo que relató María Cafferata en elDiarioAR, la secretaria general ya no lo considera como una opción electoral para disputar la jefatura de Gobierno porteña, una posibilidad que hasta hace poco estaba sobre la mesa.

Las posibles respuestas a tantas preguntas, por ahora, no son concluyentes. Y esa ambigüedad se proyecta hacia adelante. El viernes próximo habrá una nueva reunión de gabinete, una instancia que, más allá de la agenda formal, servirá para medir hasta dónde llega el respaldo político al jefe de Gabinete y cuánto cimbronazo interno empieza a generar su situación. En ese ámbito, donde conviven las urgencias económicas con la gestión del poder, el caso Adorni volverá a estar sobre la mesa, aunque dificilmente alguien lo nombre en voz alta.

PL/MC

“Cuando Casa Militar considere que no hay riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir actualizando y modificando”. La frase de Manuel Adorni, pronunciada este lunes durante su primera conferencia de prensa en más de un mes y en medio de la polémica por la restricción de circulación para los periodistas acreditados, volvió a poner en primer plano a un organismo que suele operar lejos de la escena pública, pero que en el gobierno de Javier Milei ganó centralidad política.

Dependiente de la Secretaría General de la Presidencia que comanda Karina Milei, la Casa Militar tiene a su cargo no solo la seguridad del jefe de Estado. También está bajo su órbita la organización de sus actividades oficiales y el funcionamiento logístico de la sede de Gobierno y sus dependencias. Es, en términos prácticos, el dispositivo que regula no solo la protección física del Presidente sino también la circulación cotidiana dentro de Balcarce 50, y que combina personal de las Fuerzas Armadas con cuadros civiles en tareas de gestión, coordinación y administración. Su estructura no es masiva pero sí altamente especializada: está integrada por varios centenares de efectivos —entre militares, personal de seguridad e inteligencia y equipos administrativos— distribuidos entre la Casa Rosada, la Quinta de Olivos y otros dispositivos de custodia presidencial.

La Casa Militar tiene además una larga tradición institucional. Fue creada formalmente a fines del siglo XIX, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, como parte del proceso de organización del Estado nacional y de profesionalización de la seguridad presidencial. Desde entonces, su rol fue mutando con el tiempo, pero siempre conservó una doble función: custodiar al Presidente y administrar la vida interna de la sede de Gobierno.

En términos formales, su función es técnica. Sin embargo, en la práctica, su margen de intervención se expande hacia lo político. La definición de protocolos de seguridad no solo impacta en la protección del jefe de Estado, sino también en la manera en que se organiza el acceso al poder. Quién entra, por dónde, hasta dónde puede circular, qué puede ver y qué no: todo eso pasa, en última instancia, por Casa Militar.

En ese sentido, no es casual que uno de los primeros movimientos de Karina Milei haya sido intervenir directamente en ese esquema. En marzo de 2024, la secretaria general decidió desplazar a quien era su jefe, Alejandro Guglielmi, un funcionario que había logrado atravesar sin sobresaltos las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. La decisión fue leída en los pasillos de Balcarce 50 como el resultado de tensiones acumuladas y de una supuesta incomodidad creciente del propio Milei con el esquema de custodia vigente. En aquel entonces, trascendió que el fastidio del Presidente se debió a lo que consideraba un exceso de celo en los operativos de seguridad.

El reemplazo de Guglielmi por el coronel mayor Sebastián Ibáñez respondió a esa necesidad de recalibrar el dispositivo. Ibáñez, con pasado como jefe de la Brigada de Montaña en Salta, llegó con un perfil operativo y con la tarea de alinear la estructura de Casa Militar con la impronta del nuevo gobierno. Desde entonces, su gestión no solo se enfocó en la custodia presidencial, sino también en la redefinición de los criterios de acceso y circulación dentro de la Casa Rosada.

Esa redefinición tuvo un punto de inflexión reciente. La decisión de Ibáñez de impulsar una causa penal contra los periodistas de TN Luciana Geuna e Ignacio Salerno por presunto “espionaje ilegal”, a partir de la difusión de imágenes grabadas dentro de la Casa Rosada, no solo tensó la relación con los medios, sino que derivó en una medida inédita: la suspensión del ingreso de los periodistas acreditados a la sede de Gobierno. Durante varios días, el acceso habitual quedó bloqueado bajo la órbita de Casa Militar, que argumentó razones de seguridad para justificar la restricción.

El episodio funcionó como disparador de un cambio más amplio. La reapertura del acceso, concretada este lunes, no implicó un regreso a la normalidad, sino la implementación de un nuevo esquema. Los acreditados volvieron, pero con circulación limitada, áreas restringidas y protocolos más estrictos, definidos precisamente por Casa Militar. La lógica que quedó instalada es la misma que sintetizó Adorni en su mención durante la conferencia de prensa: el acceso y la visibilidad dentro de la Casa Rosada quedan supeditados a la evaluación de riesgo que haga el organismo.

En ese marco, la Casa Militar dejó de ser un actor técnico para convertirse en un regulador activo de la visibilidad del Gobierno. En la era Milei, la pregunta ya no es únicamente quién accede, sino qué se puede ver, qué puede registrarse y hasta dónde se puede avanzar. La seguridad aparece así como argumento, pero también como herramienta de ordenamiento político. La cuestión deja de ser meramente operativa para pasar a ser parte fundamental de un rediseño en la relación entre el poder y quienes lo observan.

PL/CRM

La reaparición de Manuel Adorni en la sala de conferencias de la Casa Rosada no fue solo su vuelta a responder preguntas después de más de un mes. Fue, por sobre todas las cosas, el intento del Gobierno de retomar el control del relato en medio de los cuestionamientos por el patrimonio del funcionario que ya afecta al oficialismo en las encuestas de opinión pública. En su primer contacto con los periodistas acreditados tras la reapertura de la sala, aunque con restricción, el jefe de Gabinete se movió dentro de un guion acotado, con respuestas repetidas, definiciones políticas y márgenes estrictos sobre qué estaba dispuesto a explicar.

Señalado por el crecimiento de sus bienes y su nivel de vida desde que asumió, Adorni apeló este lunes a una fórmula que repitió ante cada consulta incómoda. “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, sostuvo. La frase funcionó como un dique, que se repitió ante preguntas sobre su patrimonio, sus viajes y las denuncias en su contra, desplazando la discusión fuera del terreno político hacia el judicial, donde los tiempos y las reglas son otros.

El punto más delicado de la conferencia llegó cuando fue consultado por la custodia de su entorno. Adorni no desmintió que su esposa cuenta con protección y eligió justificarlo en términos estructurales. “Que los principales funcionarios de un gobierno y sus familiares tengan seguridad es una práctica habitual en todo el mundo. Es una cuestión de seguridad nacional”, afirmó.

Pero no se quedó ahí. Para reforzar ese argumento, apeló a su propia experiencia: “No sólo recibimos amenazas, sino que además vivimos un episodio de violencia en la vía pública”. Y sumó un elemento político al señalar que, según su interpretación, durante su exposición en el Congreso “quedó más claro que nunca por qué esa seguridad es legítima cuando cierto diputado casi que hizo una confesión de que están espiando a la esposa del jefe de Gabinete”. En ese mismo sentido, buscó cerrar cualquier duda sobre la legalidad del esquema: “No hay nada que ocurra fuera de la normativa en ninguna materia, pero menos aún en materia de seguridad”.

En paralelo, el funcionario negó que el Estado haya financiado sus viajes personales. “El Estado nacional no registra ningún pago de costos sobre mis viajes personales”, aseguró, y fue más allá: “No fueron financiados por terceros ni obsequios de ningún tipo. Nunca existió ocultación alguna”. La precisión buscó desactivar cualquier sospecha sobre conflictos de interés o uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, esa línea de defensa no se extendió a otros puntos igual de sensibles.

Consultado por los presuntos sobresueldos en el Estado, Adorni directamente omitió responder. Frente a versiones sobre un viaje familiar a Bariloche, se limitó a decir que “no responde a publicaciones periodísticas”, una postura que contrasta con la creación, bajo su gestión, de la Oficina de Respuesta Oficial, pensada precisamente para desacreditar informaciones consideradas falsas. Tampoco dio explicaciones sobre la deuda de US$65.000 vinculada a la compra de su departamento, uno de los aspectos que más incomodidad generó en la rueda de preguntas.

La misma lógica se replicó en torno a su patrimonio. Adorni insistió en que su declaración jurada será presentada “en tiempo y forma” y que allí estará el detalle actualizado de sus bienes. “Aún no venció el plazo”, argumentó. Pero el trasfondo de la discusión sigue siendo su última presentación ante la Oficina Anticorrupción, donde el anexo reservado fue entregado con demoras. En ese documento debía incluirse la compra de una propiedad en el country Indio Cuá por parte de su esposa, Bettina Angeletti, realizada en noviembre de 2024, un dato que no había sido informado oportunamente.

Tras responder las preguntas, Adorni fijó el encuadre para las conferencias que vendrán, que según aclaró se darán de manera periódica. “Quise venir, no para dar una bienvenida sino para restablecer el funcionamiento de la sala”, dijo, en una frase que funcionó como declaración de intenciones. Y enseguida dejó planteado que ese funcionamiento también estaría sujeto a revisión. “Cuando Casa Militar considere que no hay riesgo de que vuelva a haber filmaciones, los protocolos se van a ir modificando”, finalizó.

PL/MC

El regreso de los periodistas acreditados a la Casa Rosada no implicó una vuelta a la normalidad, sino la inauguración de un nuevo esquema de circulación restringida dentro de la sede de Gobierno. La reapertura de la cobertura presencial convive ahora con una arquitectura más opaca y segmentada, en la que el acceso a la información queda mediado por límites físicos y decisiones administrativas.

El reingreso de los cronistas vino acompañado de una serie de indicaciones precisas: ya no pueden desplazarse por el histórico sector del Patio de las Palmeras ni recorrer los pasillos como lo hacían habitualmente. El acceso quedó delimitado a un circuito acotado que incluye la sala de prensa, la cafetería, el área de recepción y el Patio Malvinas, en planta baja, sin posibilidad de avanzar más allá. En la práctica, ese perímetro funciona como una cápsula dentro del edificio, que permite la presencia de los acreditados pero restringe su capacidad de observar el movimiento cotidiano del poder.

La restricción al Patio de las Palmeras es clave. Se trata de uno de los espacios más abiertos y transitados de la Casa Rosada, un punto de paso obligado entre despachos y áreas de gestión que históricamente funcionó como termómetro de la actividad oficial. Desde allí, la prensa podía reconstruir agendas, detectar reuniones y seguir la dinámica interna del Gobierno. Su cierre no es solo físico: implica también un recorte en la capacidad de anticipar y verificar información.

Los trabajadores de medios tampoco pueden acercarse a zonas sensibles, como el área vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, incluido el llamado Salón Martín Fierro, que quedó explícitamente fuera de alcance. Ese corrimiento marca una frontera clara entre los espacios habilitados para la circulación periodística y aquellos donde se concentra la toma de decisiones.

En su conferencia de prensa de este lunes, Manuel Adorni aseguró que lo que definió como un “nuevo protocolo” fue dispuesto por Casa Militar —el organismo encargado de la seguridad presidencial— en conjunto con la Secretaría de Comunicación que conduce Javier Lanari. “No es censura”, planteó el funcionario, al justificar el esquema bajo criterios de seguridad. La frase buscó encuadrar la discusión, aunque no disipó las dudas sobre el impacto real de las restricciones.

El nuevo protocolo no solo redefine los movimientos, sino también la lógica de permanencia dentro del edificio. A partir de ahora, los acreditados deben entregar sus credenciales al retirarse y recuperarlas recién al día siguiente, un mecanismo inusual que refuerza el control sobre los ingresos y egresos. Se trata de un sistema que no tenía antecedentes recientes y que introduce una capa adicional de supervisión sobre quién permanece dentro de la Casa Rosada y por cuánto tiempo.

A eso se suma una transformación física del espacio. Puertas y pasillos que conectan con el sector de Palmeras fueron intervenidos con vidrios esmerilados, reduciendo la visibilidad hacia áreas internas donde hasta hace una semana se podía circular y observar. La modificación no es menor: cambia la lógica visual del edificio y limita la posibilidad de registrar movimientos incluso desde los sectores habilitados.

Bajo esa nueva arquitectura interna, el Gobierno reabrió este lunes Balcarce 50 para los periodistas acreditados, luego de diez días de veto informativo. La restricción había sido dispuesta tras una denuncia pública —aún sin correlato judicial— por supuesto “espionaje ilegal”, a raíz de un informe del canal TN que utilizó anteojos con cámara para registrar imágenes dentro de la Casa Rosada. La reacción oficial derivó en el endurecimiento de controles y la judicialización del episodio. Ese antecedente funciona como clave para entender el nuevo esquema. La reapertura no implicó una reversión de la medida, sino su reformulación bajo reglas más estrictas.

La conferencia de Adorni de este lunes fue, en ese contexto, la primera después de casi dos meses sin contacto directo con la prensa. Su última aparición había estado marcada por un clima de tensión, cuando respondió preguntas sobre las sospechas en torno a su patrimonio y sus viajes, acusó a los acreditados de ser “apenas periodistas” y abandonó la sala visiblemente ofuscado. Desde entonces, el vínculo entre el Gobierno y la prensa se deterioró de manera sostenida.

En las semanas siguientes fue el propio Javier Milei quien amplificó ese clima con una serie de declaraciones públicas contra los medios, bajo el latiguillo “no odiamos lo suficiente a los periodistas”. El último episodio de alto voltaje se produjo en el Congreso, donde acusó de “chorros y corruptos” a los acreditados que cubrían la presentación del informe de gestión de Adorni.

PL/MC

La discusión no es nueva, pero en las últimas semanas volvió a instalarse con fuerza en la mesa política que reúne al círculo más chico del oficialismo. Hace un mes, en un intercambio que empezó como balance de gestión, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, había dejado planteado que el margen de acción del programa económico empezaba a mostrar límites. Sin explicitarlo de ese modo, su diagnóstico apuntó a otro terreno: si las variables ya fueron ordenadas y las herramientas aplicadas, lo que falta para consolidar el rumbo no es técnico, sino político.

Para Caputo, los mercados no terminan de convalidar el programa porque dudan de la capacidad del Gobierno para sostenerlo en el tiempo. Para el ala política, en cambio, el desgaste tiene otra raíz. No sería la falta de acuerdos lo que explica la caída en la imagen de Javier Milei, sino una serie de episodios que, reconocen, erosionan la narrativa oficial, desde las tensiones internas hasta casos de presunta corrupción como el que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

La exposición del ministro coordinador en el Congreso fue interpretada en la Casa Rosada más como un examen político que como una instancia de gestión. El oficialismo valoró que haya logrado atravesar la sesión sin sobresaltos mayores, pero el saldo no alcanzó para desactivar el tema. El jueves pasado, el Gobierno debió volver a abrir la sala de prensa y resolvió que Adorni retome las conferencias, en un intento por recuperar control sobre la agenda y administrar un frente que, incluso entre los propios, ubican como uno de los factores centrales del desgaste.

La mesa política —que conforman, además del ministro de Economía, Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt— está cruzada por distintos diagnósticos. Hay, sin embargo, un punto en común que se repite en cada reunión: más allá de los matices, ninguno de sus miembros expresa una preocupación abierta por la marcha de la economía. Ni siquiera quienes discuten el rumbo político del Gobierno ponen en duda el programa en sí mismo. La discusión no gira sobre si el plan funciona o no, sino sobre qué le falta para cerrar. Es, en ese sentido, una anomalía: el frente material aparece como dato dado, incluso cuando deja de ofrecer resultados visibles en el corto plazo como ya reconoció el propio Milei.

Hubo dos ausencias consecutivas de Toto Caputo en la mesa política. A la primera reunión no asistió porque estaba en Washington, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). A la segunda tampoco, aun ya de regreso en el país. La reiteración alimentó versiones de malestar interno que el propio Caputo buscó desactivar con ironía. “Reconozco que en la reunión anterior pensé en tomarme un avión desde Washington y volver en el día, pero Kristalina me convenció que iba a ser un poco cansador”, escribió en X, en referencia a la directora gerente del FMI.

A fines de marzo, según pudo saber elDiarioAR, el ministro habría avanzado con una propuesta hacia el resto de los integrantes de la mesa. Planteó la necesidad de un acuerdo de gobernabilidad con mandatarios provinciales que garantice respaldo legislativo sostenido durante este año y el próximo. La contrapartida, de acuerdo a lo planteado por Caputo, sería no competir contra los gobernadores en sus provincias. Un pacto de no agresión electoral como condición para que el programa económico termine de cerrar.

La reacción del ala más política del Gobierno dejó al descubierto una fisura que ya venía insinuándose. Para algunos de sus miembros la idea fue leída como una concesión excesiva. “No es político, no entiende que eso es una pelotudez”, sintetizaron, sin matices, en referencia al ministro de Economía. La crítica no apuntaba sólo al contenido de la propuesta, sino a su lógica de ceder territorio a cambio de respaldo legislativo que supone, para ese sector, resignar poder sin garantías de retorno.

La línea de austeridad planteada por Caputo había sido explicitada en reuniones previas: el ajuste no se negocia. En una reunión de gabinete de principio de abril, con Javier Milei al frente, la instrucción había sido clara: sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo, incluso si eso implicaba profundizar recortes en áreas sensibles como el PAMI o acelerar reformas estructurales empujadas por el equipo económico. La imagen que el propio Presidente usó durante su discurso en AmCham —la de Ulises atado al mástil para no ceder ante el “canto de las sirenas” del gasto público—, sintetizaba esa lógica de resistencia frente a cualquier presión política o sectorial.

La semana que pasó, después de días de algunas versiones soterradas sobre un cortocircuito con su ministro, Milei salió a respaldarlo públicamente. Lo hizo en la cena de la Fundación Libertad, donde compartió escena con todo el gabinete y donde Karina Milei se mostró especialmente cercana a Caputo. El gesto se completó con un elogio explícito del Presidente, que lo definió como un “gigante” por el ajuste realizado.

En ese clima, la mesa política funciona como un termómetro más que como un ámbito de síntesis. Allí conviven dos miradas que, por ahora, no terminan de ordenarse. La discusión no es menor porque define el camino a seguir. Si el diagnóstico es que falta política, la salida es negociar, ampliar la base de sustentación y hasta ceder en algunos frentes. Si el problema es político, pero en otro sentido, entonces la respuesta es ordenarse tratando de evitar concesiones que puedan debilitar al Gobierno en su propia lógica.

Por ahora, esas dos estrategias coexisten sin integrarse. Y en esa convivencia tensa se empieza a jugar algo más que una diferencia de criterio. Lo que está en disputa es quién tiene la llave para explicar el presente y, sobre todo, para definir el próximo movimiento. Si algo quedó planteado desde aquel intercambio de fines de marzo es que, para el ministro Caputo, la economía por sí sola ya no alcanza. La pregunta es si el resto del Gobierno está dispuesto a aceptar esa premisa o si el verdadero debate pendiente es sobre el sentido mismo del rumbo.

PL/CRM