Javier Milei volvió a elegir como blanco al movimiento feminista y a la legalización del aborto durante su exposición ante el Council of the Americas. El Presidente vinculó la caída de la natalidad en la Argentina con lo que definió como “la locura de los pañuelitos verdes” y sostuvo que sus consecuencias no se limitan, según su mirada, al terreno “moral” o “cultural”, sino que alcanzan también al crecimiento económico y a la sustentabilidad del sistema previsional.

“Estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes”, afirmó Milei al desarrollar su argumento sobre la importancia de la población y el mercado de trabajo para el crecimiento. El mandatario señaló que la Argentina ya no alcanza una tasa de natalidad que permita garantizar el reemplazo generacional y atribuyó parte de ese fenómeno a lo que llamó “esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre”. “También nos está costando caro en términos de crecimiento y ni les cuento en términos de sistema previsional”, completó.

En medio de una defensa cerrada de su modelo económico, Milei también dedicó parte de su exposición a cuestionar los temores alrededor del avance tecnológico y su impacto sobre el mercado de trabajo. El Presidente rechazó lo que denominó los “escenarios distópicos” que anticipan una destrucción masiva de puestos de trabajo y sostuvo que la propia experiencia histórica posterior a la Revolución Industrial desmiente esa hipótesis. Para argumentarlo, señaló que desde comienzos del siglo XIX la población mundial se multiplicó por diez, mientras que el producto lo hizo, según las cifras que mencionó, “unas 150 veces y la productividad aumentó quince veces”.

“Si fuera cierto que el progreso tecnológico destruye trabajo, la tasa de desempleo debería ser 90%, porque no podría haber creado ni un solo empleo nuevo”, planteó Milei, quien apeló a Jorge Luis Borges para defender su razonamiento: “Si como argentinos admiramos tanto a Borges, ¿por qué no tratamos de pensar como Borges, de llevar estas ideas al extremo a ver qué dan?”. Y extendió esa crítica a otras afirmaciones que, a su juicio, se repiten sin suficiente sustento. Entre ellas incluyó incluso la frase “la gente no llega a fin de mes”, a la que colocó junto con la idea de que la tecnología destruye empleos como ejemplos de lo que calificó como “estupideces que se repiten todos los días”.

Contra el feminismo

La referencia a los “pañuelitos verdes” no resultó novedosa dentro del discurso de Milei. El Presidente mantiene desde hace años una posición abiertamente contraria a la legalización del aborto y convirtió el tema en uno de los componentes recurrentes de su batalla cultural. Hace apenas unos meses volvió sobre esa discusión para atacar a la periodista Débora Plager, a quien calificó como “cómplice de asesinato” por haber defendido la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el debate que terminó con su aprobación en el Congreso.

El episodio ocurrió a partir de sus declaraciones sobre el hallazgo de fetos en una clínica de Villa Ballester. Milei cuestionó la formación de Plager para haber participado del debate legislativo y terminó extendiendo la acusación al conjunto del movimiento que impulsó la legalización. “Ella y todos los pañuelitos verdes son cómplices de todos los muertos que hay por abortos. Son todos cómplices de asesinato en el vientre de la madre. Son asesinos”, afirmó entonces. En aquella oportunidad, además, sustentó parte de sus críticas a la periodista en datos erróneos y en una interpretación fuera de contexto de sus declaraciones.

La posición había quedado expuesta con particular claridad ya en mayo de 2024, durante el acto que Milei encabezó en el Luna Park para presentar su libro. Allí sostuvo que el aborto forma parte de una estrategia de control de la natalidad y de la población que, según afirmó, puede rastrearse “desde el imperio egipcio hasta la actualidad”. El Presidente vinculó además su legalización con una supuesta agenda internacional promovida durante la segunda mitad del siglo XX para contener el crecimiento demográfico.

“Lo que está inspirando la agenda asesina de hoy es el Club de Roma”, aseguró entonces, antes de afirmar que documentos desclasificados de la administración de Richard Nixon demostraban que existió un plan para “impulsar la agenda del aborto para el año 2000” ante el temor de un eventual caos social. “Es una agenda que tiene más de 3000 años y es una agenda asesina, por un par de salames que hicieron mal las cuentas”, agregó.

PL/MC

La denuncia presentada contra Lisandro Catalán y el diputado nacional Federico Pelli por presuntas irregularidades en los domicilios declarados para competir en las elecciones de 2027 provocó un cimbronazo que excede ampliamente la discusión sobre los requisitos electorales en Tucumán. El conflicto abrió una pelea a cielo abierto entre La Libertad Avanza y dirigentes que hasta hace poco orbitaban alrededor del oficialismo nacional, justo cuando en Buenos Aires la Casa Rosada intenta ordenar la relación con sus aliados y evitar que la fragmentación de la derecha complique la estrategia electoral del próximo año.

Catalán decidió este miércoles responder públicamente y lo hizo sin demasiados matices. Durante una conferencia de prensa en Tucumán, el exministro del Interior apuntó contra el concejal de Yerba Buena Mauricio Argiró, autor de la presentación judicial, pero dirigió buena parte de sus críticas hacia el diputado nacional Mariano Campero, exintendente de ese municipio y uno de los dirigentes que durante los últimos años buscó acercarse al universo libertario.

“Se vendían como ‘los buenos’, como la esperanza blanca, diciendo: ‘Yo soy la oposición, yo puedo’. Pero ayer demostraron lo que son: esbirros del oficialismo de turno, serviles al oficialismo de turno”, disparó Catalán. Y fue todavía más lejos: sugirió que detrás de la denuncia podría existir “algún incentivo” o “alguna mano negra” destinada a perjudicar a los referentes de La Libertad Avanza.

La presentación de Argiró quedó radicada ante la Justicia Federal con competencia electoral y apunta directamente contra Catalán y Pelli. El concejal sostiene que ambos habrían declarado domicilios que no se corresponderían con sus lugares efectivos de residencia para cumplir con las exigencias legales necesarias para eventuales candidaturas en 2027.

En el caso de Pelli, la denuncia sostiene que habría realizado dos modificaciones de domicilio en menos de 72 horas durante julio hasta terminar registrando una dirección ubicada en una galería comercial de Yerba Buena. Sobre Catalán, en tanto, cuestiona el domicilio declarado en San Miguel de Tucumán, donde funciona una sede partidaria.

La presentación también alcanza a funcionarios o agentes del Registro Nacional de las Personas (Renaper) y solicita preservar registros digitales, auditorías y cámaras de seguridad para reconstruir las circunstancias en las que se realizaron los trámites cuestionados.

Pero el enfrentamiento venía escalando desde antes. Campero ya había acusado públicamente a los dos dirigentes libertarios y había puesto especialmente el foco sobre Pelli. “Pelli está mintiendo; no vive en Yerba Buena, no tiene la residencia”, aseguró en declaraciones a La Gaceta. El exintendente afirmó además que su espacio se encontraba reuniendo documentación sobre los cambios de domicilio y sostuvo que el diputado había realizado dos modificaciones durante una misma semana.

La respuesta de Catalán terminó de convertir una controversia electoral en una disputa política mucho más profunda. Para el dirigente libertario, detrás del episodio se encuentra una oposición provincial que durante años se presentó como alternativa al peronismo tucumano pero que, llegado el momento de disputar realmente el poder, termina jugando a favor del oficialismo.

“Los tucumanos se van a dar cuenta de quién es quién”, advirtió. Y trazó una división en tres espacios de cara a 2027: “De un lado va a estar el oficialismo, que hace su juego desde hace 43 años. En el medio va a estar la oposición servil y funcional a ese oficialismo. Y de este lado está La Libertad Avanza”.

¿Aliados y opositores?

La definición no resulta inocua para el armado electoral. Campero fue uno de los dirigentes tucumanos que más buscó identificarse con el Gobierno nacional y su enfrentamiento abierto con Catalán y Pelli expone las dificultades que puede encontrar en las provincias el intento de reunir bajo una misma arquitectura electoral a libertarios y antiguos integrantes de Juntos por el Cambio.

Este miércoles, Catalán incluso utilizó ese pasado reciente para cuestionar a sus adversarios. “Hay actores políticos que hace meses se pasaban al bloque de La Libertad Avanza, haciéndose los libertarios, incluso mandando a su gente a decir que eran más libertarios que Milei, y hoy salen con esto”, sostuvo. Y dejó una frase que parece reducir todavía más el margen para una reconciliación: “Esos actores ya le hicieron todo el bien y todo el mal que le pueden hacer a Tucumán. No tienen más para dar”.

El choque tucumano aparece en un momento particularmente incómodo para la estrategia nacional de La Libertad Avanza. Mientras la conducción libertaria busca recomponer vínculos con sectores del PRO y otros antiguos aliados de Juntos por el Cambio para evitar una dispersión del electorado en 2027, en Tucumán ocurre el movimiento contrario: dirigentes que durante los últimos años buscaron aproximarse al oficialismo nacional comenzaron a disputarse entre sí quién puede representar ese espacio.

Catalán intentó transformar incluso la denuncia en una demostración de esa disputa. “Están nerviosos porque en Tucumán se está generando una esperanza que representa La Libertad Avanza”, afirmó este miércoles. Y contrapuso su espacio a quienes, según él, buscan contratos o favores del poder provincial.

La Justicia deberá determinar ahora si existen elementos detrás de las irregularidades denunciadas por Argiró. Pero la consecuencia política llegó antes que cualquier resolución. La pelea puso sobre la mesa una pregunta que la estrategia nacional de alianzas de La Libertad Avanza todavía no terminó de resolver: hasta dónde alcanza la categoría de aliado cuando llega el momento de repartir candidaturas. Tucumán será una de las primeras provincias en elegir autoridades en 2027, con elecciones el 9 de mayo, separadas de la elección nacional.

PL/MG

La decisión había sido presentada apenas una semana atrás como el comienzo de una nueva dinámica dentro del Gobierno. Después de convocar a Federico Sturzenegger para discutir algunas de las iniciativas que habían generado cuestionamientos incluso dentro del oficialismo, la mesa política de la Casa Rosada había resuelto comenzar a incorporar a los ministros según los temas que estuvieran bajo análisis. Este martes, sin embargo, el esquema volvió por un momento a su formato original: ningún integrante del Gabinete ajeno al núcleo habitual participó del encuentro.

La reunión, que comenzó cerca de las 13 y se extendió durante casi dos horas, sirvió principalmente para ordenar la agenda legislativa de las próximas semanas y repasar algunos asuntos de gestión, según confirmaron fuentes oficiales a elDiarioAR. Con Karina Milei a la cabeza, la ausencia de ministros no supone, al menos por ahora, una marcha atrás con respecto al mecanismo acordado la semana pasada. De hecho, durante el encuentro se definió que Sandra Pettovello será la próxima funcionaria en incorporarse a la mesa, en una reunión prevista para la semana que viene en la que se discutirán cuestiones vinculadas con educación, trabajo y las diferentes áreas que concentra el Ministerio de Capital Humano.

El antecedente inmediato fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Su participación había tenido un significado particular: llegó después de una serie de cuestionamientos internos por la manera en que algunas de sus reformas avanzaban con el respaldo directo de Javier Milei, pero sin atravesar necesariamente una evaluación política previa. La decisión adoptada entonces fue convertir a la mesa política en una instancia capaz de anticipar conflictos y sumar, cuando fuera necesario, al ministro responsable de cada área.

Este martes, sin embargo, las urgencias fueron otras. Una parte de la conversación estuvo dedicada a la situación salarial de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas, un asunto sobre el que el Gobierno anticipó que habrá anuncios durante los próximos días. La presencia de Bullrich, que se retiró antes de que finalizara la reunión, aportó una interlocutora con conocimiento directo del universo de las fuerzas de seguridad, aunque actualmente ocupa una banca en el Senado y ya no conduce el ministerio, aunque el desembarco en la cartera de figuras ligadas a su entorno echa un manto de dudas.

El otro capítulo central fue el Congreso. El oficialismo puso la mirada especialmente en la sesión que busca realizar el 26 de agosto en la Cámara de Diputados, donde pretende avanzar con un paquete de cinco iniciativas. La más relevante desde el punto de vista institucional es la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que el Gobierno viene preparando desde hace meses.

En el mismo temario aparecen Inocencia Fiscal II, el Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y una iniciativa para reducir del 21% al 10,5% el IVA aplicado a la fécula y la harina de mandioca. Este último proyecto tiene particular impacto en Misiones y forma parte de las negociaciones que el oficialismo mantiene con las provincias para reunir respaldos en el Congreso.

La mirada también estuvo puesta en el Senado. Allí el Gobierno sigue el avance en comisiones de la modificación de la Ley General de Sociedades, mientras intenta administrar una Cámara en la que cada votación obliga a reconstruir acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas.

Martes de rosca

La reunión de la mesa política fue, de todos modos, apenas la primera escala de un martes cargado de encuentros en la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda. Con la plena ausencia del Presidente, la agenda obligó después a sus principales integrantes a repartirse entre otros dos asuntos que el Gobierno considera sensibles: la preparación de una eventual visita papal y la negociación energética con las provincias del Norte Grande.

A las 17, Karina Milei tiene previsto encabezar la primera reunión interdisciplinaria destinada a organizar la visita del papa León XIV a la Argentina. La secretaria general de la Presidencia quedó al frente de una coordinación que involucra a ministros del Gabinete, funcionarios nacionales, representantes de la Iglesia y autoridades del gobierno porteño. Se trata del primer encuentro de una estructura que deberá comenzar a definir aspectos institucionales, protocolares, logísticos y de seguridad de la visita.

En paralelo, otra parte del Gobierno debía concentrarse en una negociación que había quedado abierta apenas seis días antes en Posadas. Después del planteo formulado por los gobernadores durante la 24ª Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, Diego Santilli y el equipo económico y energético vuelven a sentarse con representantes provinciales para discutir la posibilidad de crear algún mecanismo específico para las denominadas “zonas cálidas”.

El reclamo parte de una particularidad que los mandatarios norteños vienen señalando desde hace tiempo: mientras el régimen de Zonas Frías reconoce mediante subsidios el mayor consumo de gas necesario para atravesar las bajas temperaturas, las provincias del norte reclaman que se contemple también el fuerte incremento de la demanda eléctrica provocado por el uso intensivo de sistemas de refrigeración durante el verano.

La discusión adquirió mayor urgencia a partir de la media sanción que Diputados otorgó a la modificación del régimen de Zonas Frías. La semana pasada, en Misiones, los gobernadores habían planteado que cualquier revisión del esquema debía contemplar también las particularidades climáticas del norte del país. El Gobierno aceptó entonces conformar una mesa técnica para estudiar alternativas y este martes comenzó a darle forma.

Del encuentro participarán presencialmente apenas cuatro gobernadores: Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Leandro Zdero (Chaco). Pero también estarán funcionarios y técnicos enviados por las diez provincias que conforman la región. Por el Ejecutivo nacional intervendrán el jefe de Gabinete Santilli y las autoridades del área energética, con el objetivo de determinar qué instrumento podría utilizarse y, sobre todo, cuál sería su impacto fiscal. Será el primer intento concreto por traducir en una propuesta el compromiso que el Gobierno asumió con los gobernadores apenas una semana atrás.

PL/CRM

La conferencia de prensa de este martes en la Casa Rosada dejó pocas respuestas y varias preguntas abiertas. Adrián Ravier volvió a presentarse ante los periodistas acreditados con la misión de defender el rumbo del Gobierno, pero durante buena parte de la rueda de prensa evitó entrar en los asuntos concretos que le fueron planteados. Ante las consultas por el destino del impuesto a los combustibles, el impacto social del ajuste, los aumentos de tarifas y hasta la agenda de Javier Milei, el vocero optó alternativamente por repetir argumentos conocidos, correr el eje de las preguntas o directamente no brindar precisiones.

La escena más elocuente llegó cuando le preguntaron cómo imagina el Gobierno atravesar los próximos meses en medio de las dificultades económicas que enfrentan distintos sectores de la población. La consulta apuntaba específicamente a saber si el oficialismo piensa continuar con los aumentos de tarifas y la liberación de precios y qué medidas contempla frente a sus consecuencias. Ravier no habló de tarifas, precios ni anunció acciones destinadas a amortiguar ese impacto. “Si la pregunta es cómo llegamos a octubre del 2027, nos imaginamos reelectos en primera vuelta”, respondió, cortante.

La frase condensó buena parte del tono de una conferencia en la que el vocero se mostró más dispuesto a ratificar las convicciones generales del Gobierno que a contestar sobre algunos de sus efectos concretos. Ravier había sido consultado minutos antes sobre la continuidad de la “motosierra” y sobre qué respuesta espera la Casa Rosada de la sociedad frente a la persistencia del ajuste.

“La motosierra es un símbolo de este Gobierno”, contestó. Según sostuvo, la experiencia argentina es incluso ponderada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y observada desde el exterior porque la reducción del gasto público estaría permitiendo una expansión de la actividad económica. “A partir del gobierno de Milei el mundo mira con atención porque la reducción del gasto público está logrando que haya una expansión de la economía”, afirmó.

Ravier reconoció entonces la existencia de sectores que reclaman otro tipo de respuesta, pero volvió a defender el mismo instrumento. “Usted me dirá que hay gente que está reclamando una solución distinta, pero nosotros pensamos que la motosierra le va a dar soluciones a la gente. Es más, hemos reducido la pobreza a la mitad con motosierra”, sostuvo. También aseguró que el Gobierno se encuentra en niveles récord de producción, exportaciones y consumo y dejó claro que no contempla modificar el rumbo económico.

Los combustibles, otra vez

Algo similar ocurrió cuando Ravier volvió a ser consultado por el destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. El tema había quedado abierto desde la conferencia de la semana pasada, cuando el propio vocero reconoció que sólo una parte de lo recaudado se destina a Vialidad y que otra es utilizada para contribuir al equilibrio de las cuentas públicas. “Parte del impuesto va a Vialidad y parte para lograr el equilibrio fiscal”, había explicado entonces.

Este martes le pidieron precisiones justamente sobre ese punto. Pero Ravier evitó explicar cuál es el destino específico de esa segunda porción de los recursos y se limitó, en buena medida, a repetir la explicación de la semana anterior. “No se están malversando los fondos, no hay ningún delito, se respeta el presupuesto donde se asignan las partidas destinadas para las rutas nacionales. El resto del dinero no se desvía a ningún lado”, aseguró.

La respuesta dejó sin despejar el interrogante que había motivado la consulta: qué ocurre concretamente con los recursos que no son destinados a Vialidad y que el propio vocero había dicho siete días antes que contribuían al objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal.

La discusión no es menor en momentos en que el estado de las rutas nacionales y el financiamiento de las obras de mantenimiento se convirtieron en motivo de reclamos de gobernadores y distintos sectores. Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene como una de sus principales banderas el resultado fiscal: este martes se conoció que el sector público nacional registró en julio un superávit financiero de $244.897 millones.

“Cuando se conozca, se comunica”

La misma lógica apareció incluso frente a una consulta bastante más sencilla. Cuando le preguntaron cuál sería la agenda de Milei para los próximos días, el vocero tampoco dio detalles. “Cuando se conozca, se comunica”, se limitó a responder. Ravier sí se extendió, en cambio, cuando la pregunta derivó hacia las versiones sobre el estado de salud del Presidente. En ese terreno abandonó las respuestas escuetas y rechazó de plano cualquier dificultad.

“El Presidente está muy bien. Ayer [en el acto de homenaje a José de San Martín] dio un excelente discurso. Creo que se adelantó el escenario electoral y empiezan todo tipo de especulaciones absurdas”, afirmó. Y agregó: “Es lamentable que operen de esta manera”.

El contraste atravesó buena parte de la conferencia. Mientras varias consultas sobre decisiones de gestión terminaron sin una respuesta concreta, el vocero fue categórico cuando se trató de defender al Presidente, cuestionar las versiones que circulan alrededor suyo o reivindicar el rumbo económico.

Ravier llegó a la Vocería Presidencial a fines de junio, después de dejar su banca como diputado nacional, con la intención declarada de convertirse en la nueva voz pública del Gobierno. A menos de dos meses de asumir esa tarea, la conferencia de este martes terminó por instalar una paradoja alrededor de su función: el hombre elegido para hablar en nombre de la Casa Rosada no parece sentirse cómodo ni defendiendo a su propio gobierno.

PL

La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri parece condenada a empezar de nuevo. Se acercaron cuando el libertario necesitaba ganar una elección, imaginaron una sociedad política que nunca terminó de concretarse, acumularon reproches, volvieron a encontrarse alrededor de unas milanesas, dejaron de hablar y hasta permitieron que sus partidos compitieran entre sí. Cada reconciliación pareció contener las razones de la pelea siguiente. Ahora, cuando falta poco más de un año para las presidenciales, La Libertad Avanza y el PRO descubrieron que quizás ya no tengan demasiado tiempo para seguir ensayando rupturas.

El último deshielo ni siquiera necesitó una conversación entre los dos protagonistas. Macri retomó esta semana el contacto con Karina Milei, quien siempre le desconfió, y alcanzó ese intercambio para destrabar una relación que llevaba meses congelada. Cristian Ritondo y Fernando de Andreis llegaron el jueves a la Casa Rosada para reunirse con Diego Santilli y los primos “Lule” y Martín Menem. La conversación se extendió durante casi dos horas.

Formalmente, hablaron de la agenda legislativa. Pero detrás de las leyes, el calendario empieza a imponer una discusión más urgente: cómo evitar que libertarios y macristas lleguen separados a 2027. No hubo grandes anuncios, pero sí una decisión que mostró la intención de darle continuidad al intento: la mesa volverá a reunirse cada quince días.

La preocupación por una virtual fragmentación del electorado de derecha ganó terreno dentro del Gobierno durante las últimas semanas. La Libertad Avanza consiguió ocupar buena parte del espacio que durante años perteneció al PRO y Milei conserva un núcleo electoral propio. Pero una presidencial plantea otra lógica. Una oferta competitiva dentro del mismo universo puede quitarle los puntos necesarios para dificultar una victoria en primera vuelta y alterar las condiciones de un eventual ballotage. “No podemos regalar cinco o seis puntos por una pelea entre nosotros”, resume uno de los dirigentes que participa de las conversaciones con el macrismo.

La historia empezó de una manera muy diferente. Después de las elecciones generales de 2023, Macri fue decisivo para abrirle a Milei las puertas de una parte importante del electorado de Juntos por el Cambio. El respaldo de Patricia Bullrich y la estructura que se puso detrás del libertario para enfrentar a Sergio Massa inauguraron una sociedad construida alrededor de una urgencia: impedir una victoria del peronismo.

Milei ganó. Y casi inmediatamente apareció la pregunta que atravesaría toda la relación posterior: ¿qué lugar debía ocupar Macri dentro del nuevo poder? El expresidente imaginó que el respaldo brindado en el momento de mayor fragilidad podía transformarse en influencia sobre el rumbo del Gobierno. Milei alimentaba esa expectativa con elogios. Lo recibía en Olivos y nunca ocultaba su admiración. Macri, a su vez, se veía en condiciones de aportar experiencia, cuadros técnicos y una estructura partidaria que el libertario todavía no tenía.

Pero las expectativas nunca terminaron de coincidir. La sociedad que había funcionado para ganar el ballotage comenzó a mostrar sus límites apenas hubo que repartir poder. “Mauricio siempre creyó que en algún momento iba a existir un acuerdo político más amplio. Eso nunca pasó”, explican todavía en su entorno.

La diferencia se convirtió en una fuente permanente de reproches. Cerca del expresidente comenzaron a acumular una lista de compromisos que consideraban incumplidos y decisiones de las que, según se quejaban, se enteraban cuando ya estaban tomadas. “Nos llamaban para acompañar, pero nunca para discutir antes qué se iba a hacer”, sintetiza un dirigente amarillo que siguió de cerca varios de aquellos intentos de acercamiento. En la Casa Rosada nunca reconocieron que el respaldo de hace tres años le otorgara a Macri derecho a intervenir sobre la composición del Gobierno.

Karina Milei fue todavía más resistente. Entendió desde el comienzo que construir La Libertad Avanza como fuerza nacional implicaba disputar precisamente el espacio que durante casi dos décadas había ocupado el PRO. Mientras Macri imaginaba una convergencia, la secretaria general trabajaba para desarrollar una estructura libertaria que no dependiera del partido amarillo. “Karina nunca quiso una fusión. Quería construir algo propio y, si podía, llevarse a los mejores dirigentes del PRO”, describe alguien que conoce las discusiones de aquellos meses.

La escena del jueves expuso esa transformación con una ironía difícil de pasar por alto. Santilli, uno de los dirigentes que durante años encarnó el recambio del PRO, se sentó del lado del Gobierno para negociar con los enviados de Macri. El actual jefe de Gabinete es, además, una de las figuras que aparecen en las conversaciones para disputar la gobernación bonaerense en 2027.

La última cena entre Milei y Macri graficó a la perfección aquellos desencuentos. En noviembre pasado, se encontraron en Olivos alrededor de las habituales milanesas, pero el expresidente salió molesto después de enterarse de que Manuel Adorni sería designado jefe de Gabinete en lugar de Guillermo Francos. El nombre tenía una carga política difícil de soslayar para el fundador del PRO: apenas unos meses antes, Adorni había encabezado la lista libertaria que derrotó al partido amarillo en las elecciones locales de la ciudad de Buenos Aires de mayo de 2025. Ese día, Macri había llegado a la quinta presidencial con otras expectativas sobre la reorganización del Gobierno. No volvieron a hablar.

Mientras la relación personal permaneció congelada, 2027 modificó los incentivos. Para la Casa Rosada, el PRO dejó de representar solamente una estructura a la que podía quitarle dirigentes y electores. También puede convertirse, si decide competir por separado, en una fuerza capaz de restarle votos a Milei exactamente allí donde más los necesita. “Una cosa es competir para crecer y otra es dividirte en una presidencial en la que querés reelegir”, señalan cerca de uno de los negociadores libertarios.

Por eso, existe una diferencia fundamental respecto del Pacto de Acassuso, como se bautizó el acuerdo de 2023 en alusión a la localidad bonaerense donde está ubicada la casa de Macri. Entonces era Milei quien llegaba al expresidente necesitado de estructura y votos. Hoy el libertario conduce la fuerza dominante de la derecha y el PRO pelea por conservar su identidad. ¿Puede Macri darse el lujo de romper con quien terminó quedándose con buena parte de su electorado? ¿Y puede Milei arriesgarse a que los votos que todavía conserva el PRO terminen complicando el 2027?

Eso explica también que Karina haya reabierto un canal que durante meses pareció prescindible. No se trata necesariamente de devolverle a Macri la influencia que reclamó desde el comienzo. Para Macri, el desafío es el inverso. Necesita aprovechar esa necesidad para preservar al PRO sin terminar de diluirlo dentro del universo libertario. Debe demostrar que todavía conserva suficientes votos para ser necesario, pero sin llegar al extremo de tener que contarlos en una elección que podría demostrar lo contrario.

En 2023, ese temor tenía nombre y apellido: Sergio Massa. En 2027 todavía no está claro quién representará al peronismo, aunque el tigrense merodea, agazapado. Esta vez el riesgo también está dentro de su propio espacio. Una derecha dividida puede convertirse en uno de los principales obstáculos para la reelección de Milei. Y la pregunta vuelve a ser inevitable: ¿cuánto están dispuestos a arriesgar para comprobar quién necesita menos al otro?

PL/MG

La Libertad Avanza y el PRO dieron este jueves el primer paso formal para explorar un acuerdo político de cara a las elecciones de 2027. La reunión comenzó a las 11 en la Casa Rosada y se extendió durante casi dos horas. Sobre la mesa estuvo la agenda legislativa que el Gobierno pretende impulsar durante el segundo semestre. Pero también sobrevoló una discusión bastante más incómoda: cómo volver a juntar a dos espacios que comparten buena parte de su electorado y de su programa, pero que llevan años acumulando desconfianzas, reproches y facturas pendientes.

El encuentro fue el primer movimiento concreto después del deshielo que habían habilitado Mauricio Macri y Karina Milei a comienzos de la semana. El expresidente y la secretaria general de la Presidencia retomaron el contacto después de meses de distancia y delegaron en sus respectivos representantes la tarea de empezar a reconstruir una relación que terminó considerablemente deteriorada durante la primera mitad del mandato de Javier Milei.

“Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo. Por eso, esta dinámica de trabajo continuará con reuniones periódicas cada 15 días”, informaron a través de un comunicado luego del encuentro.

Por el PRO llegaron el presidente de su bloque en Diputados, Cristian Ritondo, y el secretario general del partido, Fernando de Andreis, dos dirigentes de máxima confianza de Macri. Del lado del Gobierno los esperaban el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. También participó el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La foto tuvo una particularidad difícil de ignorar. Santilli, durante años uno de los principales dirigentes del PRO, quedó esta vez sentado del lado libertario de la mesa y frente a los enviados de Macri. El actual jefe de Gabinete se convirtió así en uno de los interlocutores elegidos por Karina Milei para negociar con el partido en el que construyó buena parte de su carrera política. Una postal bastante gráfica de cuánto cambió el mapa de poder desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

La composición de la reunión también dejó en claro que no se trató simplemente de una conversación entre operadores parlamentarios. Aunque la agenda legislativa funcionó como argumento formal, participaron dirigentes con capacidad para hablar en nombre de las conducciones políticas de ambos espacios. Macri y Karina Milei no estuvieron presentes, pero fueron quienes terminaron de habilitar el contacto.

Hasta alrededor de ese gesto inicial existen versiones contrapuestas. Cerca de la secretaria general aseguran que fue Macri quien tomó la iniciativa y llamó a Karina Milei. En el PRO responden que antes habían existido varios contactos desde la mesa política libertaria hacia De Andreis para intentar reconstruir el diálogo. La discusión casi infantil acerca de quién llamó primero sirve, de todos modos, para medir el nivel de susceptibilidad que todavía domina la relación. Ninguno quiere aparecer como el que necesitó más que el otro volver a conversar.

En el macrismo, de hecho, llegaron al encuentro con una mezcla de predisposición y recelo. Cerca del expresidente admitían que el vínculo quedó demasiado deteriorado como para pensar que una sola reunión pueda recomponerlo y planteaban el encuentro apenas como el comienzo de un proceso. En ese mismo entorno todavía pesan los reproches acumulados durante los primeros dos años y medio de gestión y, sobre todo, la sensación de que muchos de los compromisos asumidos por los libertarios en los distintos intentos de acercamiento nunca terminaron de concretarse.

La última experiencia personal entre Macri y Milei tampoco dejó precisamente un buen recuerdo. El expresidente no volvió a conversar con el jefe de Estado después de aquella cena de milanesas en la Quinta de Olivos en la que Milei le anticipó que Manuel Adorni sería su jefe de Gabinete. Macri había llegado a esa conversación con expectativas bastante diferentes sobre la reorganización del Gobierno y salió molesto. Desde entonces, el vínculo directo entre ambos quedó prácticamente congelado.

Por eso, en el PRO procuran bajar las expectativas sobre la velocidad del acercamiento. No hay todavía un acuerdo electoral ni una negociación abierta por las candidaturas, al menos formalmente. La posición que transmiten cerca de Macri es que primero deberá comprobarse si existe margen para reconstruir una dinámica política común y recién después llegará la discusión por los distritos y los nombres.

Las diferencias existen. Quedaron expuestas, por ejemplo, durante la discusión por la reforma del Banco Central, donde legisladores amarillos plantearon reparos sobre algunos aspectos del proyecto oficial. Pero son considerablemente menores que las que La Libertad Avanza mantiene con otros bloques de la oposición y en Balcarce 50 parten de una certeza: si hay algún socio natural con el que Milei puede intentar construir una mayoría política más amplia, ese sigue siendo el PRO.

En la agenda inmediata aparece la reforma política que el oficialismo pretende impulsar durante el segundo semestre. Dentro de ese paquete figura la eventual eliminación de las PASO nacionales, una modificación que el Gobierno considera prioritaria y que debería quedar resuelta antes de diciembre, previo al comienzo del año electoral. Pero detrás de esa agenda aparece inevitablemente la discusión que ninguno de los dos espacios quiere todavía admitir como el verdadero objetivo del acercamiento: 2027.

Objetivo: 2027

Karina Milei comenzó a acelerar durante las últimas semanas el armado político con el que pretende garantizar la reelección de su hermano. En ese esquema, el PRO vuelve a aparecer como un socio posible después de más de dos años de una relación atravesada por una contradicción: los amarillos acompañaron al Gobierno en algunas de sus votaciones más importantes mientras el vínculo político entre Macri y la Casa Rosada se deterioraba.

El punto de encuentro más sencillo sigue siendo el adversario. Libertarios y macristas comparten la necesidad de evitar una recuperación del peronismo y, particularmente, que el kirchnerismo conserve espacios decisivos de poder. Esa coincidencia adquiere especial importancia en la provincia de Buenos Aires, donde las conversaciones entre ambos sectores están bastante más avanzadas que a nivel nacional.

Allí, Ritondo mantiene un diálogo permanente con Sebastián Pareja, jefe de La Libertad Avanza bonaerense. En ambos espacios consideran que la unidad entre libertarios y macristas es prácticamente una condición indispensable para disputar con posibilidades reales la gobernación.

Santilli es otra pieza central de ese tablero. El jefe de Gabinete conserva su proyecto bonaerense y cuenta con el respaldo de Ritondo para una eventual candidatura a gobernador. La apuesta es construir un frente suficientemente amplio para enfrentar al peronismo y al que eventualmente puedan incorporarse sectores de la UCR. Pero cualquier entendimiento provincial quedará condicionado por lo que ocurra a nivel nacional. Y allí comienza la negociación verdaderamente difícil.

Milei ya trabaja para buscar su reelección. En el PRO, en cambio, todavía hay dirigentes que reclaman preservar una alternativa presidencial propia. La aparición del exministro Hernán Lacunza como eventual candidato, alentada por Macri, volvió a generar ruido en el oficialismo y funcionó como una advertencia: el expresidente todavía pretende llegar a la negociación con alguna ficha propia sobre la mesa.

La relación de fuerzas, sin embargo, ya no es la misma que al comienzo del Gobierno. La Libertad Avanza se consolidó como fuerza nacional y absorbió dirigentes, electores y buena parte de la centralidad que alguna vez tuvo el PRO. Milei ya no necesita al macrismo para legitimarse como alternativa política y pretende que cualquier acuerdo se construya alrededor de su candidatura.

Ahí aparece el dilema para Macri. ¿Hasta dónde puede acercarse a Milei sin convertir al PRO definitivamente en un apéndice de La Libertad Avanza? ¿Y cuánto margen conserva para amenazar con una candidatura propia sin terminar favoreciendo al mismo peronismo que ambos espacios pretenden derrotar?

Para los amarillos, una alianza puede garantizar competitividad, lugares en las listas y la supervivencia de parte de su estructura, pero también acelerar su absorción por el espacio libertario. Para el Gobierno, el desafío es exactamente el inverso: incorporar lo que todavía puede aportar el PRO sin devolverle a Macri una capacidad de condicionamiento que los Milei nunca estuvieron dispuestos a reconocerle.

PL/MC

“Ahora van a ver La Odisea”, bromeó uno de los colaboradores cuando la reunión ya estaba por terminar. No hablaba de política, aunque la frase se prestaba demasiado bien para la interpretación. La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande había transcurrido durante buena parte de la mañana en el hall de entrada del IMAX del Parque del Conocimiento de Posadas, con las puertas de las salas de cine a pocos metros de la mesa alrededor de la cual Diego Santilli y buena parte de los mandatarios de la región habían conversado durante casi dos horas. La referencia era literal: en el complejo se proyecta la película dirigida por Christopher Nolan. Pero el chiste tenía inevitablemente una segunda lectura.

El movimiento había comenzado bastante antes. Desde las 10 fueron llegando los gobernadores y representantes provinciales al enorme predio levantado en las afueras del centro de Posadas. A las 10.20 estaba prevista la fotografía institucional y alrededor de las 10.45 comenzó la reunión. Hugo Passalacqua ofició de anfitrión y Santilli llegó como representante de un Gobierno nacional que atraviesa una etapa en la que necesita bastante más de los mandatarios de lo que su discurso original estaba dispuesto a reconocer.

Pero antes de que se cerraran las puertas apareció la frase política más fuerte de la jornada. Gustavo Sáenz ni siquiera había entrado a la reunión cuando decidió meterse de lleno en la interna de la provincia que lo recibía. El gobernador de Salta habló con los periodistas presentes, respaldó explícitamente a Passalacqua y apuntó contra Carlos Rovira. “Se terminaron los capangas”, soltó.

Para los conocedores de la historia política reciente de Misiones, la elección de las palabras resultó especialmente sugestiva. Más de dos décadas atrás, el propio Rovira había apelado a una expresión casi idéntica cuando decidió romper con Ramón Puerta, el dirigente que había sido su padrino político y bajo cuyo liderazgo había llegado a la gobernación. En 2003, aquella rebelión terminó dando origen al esquema de poder que después el líder del otrora Frente Renovador de la Concordia conduciría durante más de veinte años.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puede gobernar un fantasma, un señor ingeniero que no lo conoce nadie”, sostuvo Sáenz. Y lanzó, irónico: “Yo le mandé un mensaje una vez pero nunca me contestó porque parece que estaba con los horarios cambiados, porque no vive acá”.

El gobernador de Salta cuestionó así al viejo conductor del oficialismo misionero prácticamente en la puerta de uno de sus monumentos. Es que la escena sumaba otra paradoja. Sáenz estaba a punto de ingresar a una de las obras que mejor condensan el legado de Rovira. El Parque del Conocimiento no es simplemente uno de los principales complejos culturales de Misiones. Es también una de las construcciones más ambiciosas de la era del exgobernador y uno de los proyectos con los que buscó dejar una marca que trascendiera su paso formal por el poder.

Inaugurado en el año 2007, Rovira lo concibió como una suerte de ciudad cultural, con grandes explanadas y distintos espacios conectados por recorridos internos. Ubicado a pocos metros del Aeropuerto general José de San Martín, el predio reúne espacios que a primera vista parecen difíciles de encontrar dentro de una misma institución: un teatro lírico, una biblioteca, centros de exposiciones, un observatorio astronómico y el IMAX donde se desarrolló la reunión, una sala de cine de gran formato y alta resolución, una de las dos que existen en el país.

La escala forma parte de la pretensión con la que fue pensado. También algunos detalles de su arquitectura. Uno de los más característicos es la extensa rampa ascendente que atraviesa la entrada del edificio principal. Quienes conocen la concepción original del complejo explican que la pendiente buscó representar el esfuerzo necesario para alcanzar el conocimiento: un recorrido progresivo hacia arriba antes de llegar a destino.

Durante la mañana, la rampa adquirió una utilidad bastante más terrenal. Al finalizar la reunión, Santilli se apartó allí para hablar por teléfono. El jefe de Gabinete quedó durante algunos minutos sobre la pendiente, celular en mano, mientras a pocos metros continuaba el movimiento de funcionarios y colaboradores. En una jornada pródiga en metáforas involuntarias, el hombre encargado de reconstruir el vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores había elegido justamente la rampa del esfuerzo para atender una llamada.

La conversación a puertas cerradas se extendió hasta cerca de las 12.45. El contenido formal giró alrededor de la agenda que Nación y las provincias vienen negociando desde hace semanas, pero el dato político estuvo en la propia presencia de Santilli. Apenas seis días antes, varios de los gobernadores representados en aquella mesa habían vuelto a demostrar en el Senado que su acompañamiento a Javier Milei tiene límites.

El jefe de Gabinete llegó por eso con una tarea que excedía ampliamente los asuntos puntuales del temario: sostener abiertos los puentes con mandatarios cuyos votos el oficialismo necesitará para atravesar los próximos meses. La lógica es ahora bastante más pragmática. Antes de abrir nuevas batallas, el Gobierno quiere saber con qué apoyos cuenta y qué resistencias puede generar en las provincias.

Pasado el mediodía, la comitiva volvió a ponerse en movimiento. Después de la actividad en el hall central, gobernadores y funcionarios caminaron hacia otro sector del predio para cerrar la jornada con un almuerzo. El destino fue Sky, el restaurante ubicado dentro del Parque del Conocimiento, a pocos metros del observatorio astronómico.

Durante los primeros minutos, las puertas permanecieron abiertas y desde afuera pudo verse una de las imágenes políticas de la jornada: Passalacqua y Santilli sentados uno al lado del otro alrededor de la mesa. La escena quedó expuesta apenas unos minutos. Poco después, las puertas se cerraron y las conversaciones continuaron fuera del alcance de cámaras y periodistas.

PL/CRM

Desde temprano, el movimiento empezó a concentrarse alrededor del Parque del Conocimiento de Posadas. Uno a uno fueron llegando los gobernadores y representantes de las provincias del Norte Grande para participar de la 24ª Asamblea regional, con Hugo Passalacqua como anfitrión y una agenda cargada de reclamos por energía, infraestructura y recursos. La foto institucional estaba prevista para media mañana, pero buena parte de la política ya había empezado antes, entre saludos, conversaciones breves y la expectativa por la llegada del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Santilli aterrizó en Misiones con una misión que excedía la formalidad de acompañar una cumbre de gobernadores. La Casa Rosada viene de varios días de negociaciones intensas con las provincias y necesita sostener esos vínculos para avanzar con su agenda legislativa. Pero antes de sentarse a escuchar reclamos sobre rutas, tarifas y zonas cálidas, el funcionario dejó una definición que terminó atravesando buena parte de la jornada. “El esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme, es enorme, y eso hay que destacarlo”, dijo apenas llegó a Posadas.

La frase funcionó como reconocimiento y también como pedido de paciencia. Consultado por la demora en la recuperación del consumo, la actividad y los ingresos, Santilli defendió el rumbo económico, aunque admitió que la mejora todavía no alcanza a todos. “Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que fortalece los sectores productivos”, sostuvo.

El jefe de Gabinete reconoció además que el crecimiento es dispar. “Es un proceso de transformación del país donde se ven muchas industrias que crecen, otras que no. Nosotros estamos tratando de que la economía llegue a todos los sectores”, afirmó.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo faltaba para que esa recuperación se sintiera de manera generalizada, evitó poner una fecha. “Yo creo que va a llegar, yo creo que va a llegar”, respondió. Luego agregó que los cambios estructurales en otros países demandaron “tres, cuatro, cinco a siete años” y aseguró que Argentina ya comenzó a crecer, aunque todavía de forma desigual.

Las definiciones tuvieron un peso particular por el escenario en el que fueron pronunciadas. El Norte Grande concentra buena parte de los reclamos de las provincias por asimetrías energéticas, infraestructura y costos logísticos. Y Santilli llegó a Posadas convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y los gobernadores, justo cuando el oficialismo necesita sus votos para sostener la agenda que viene en el Congreso.

La advertencia más reciente había llegado la semana pasada, cuando el Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió resignar varios de sus capítulos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden acompañar a Milei, pero no están dispuestos a hacerlo a cualquier costo.

En ese contexto, uno de los temas que sobrevoló la reunión fue el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, las provincias del Norte Grande buscan aprovechar esa discusión para introducir su propio reclamo: un régimen específico para las denominadas zonas cálidas.

“Estamos discutiendo el tema de zonas cálidas, estamos trabajando con los gobernadores”, confirmó Santilli. La idea es avanzar sobre algún mecanismo que compense el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas, en paralelo con la discusión sobre los beneficios para las regiones que soportan inviernos más duros.

La energía ocupó también un lugar central en la agenda de la cumbre. Los gobernadores discutieron una Estrategia Federal Energética, con nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas, además de mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino.

Santilli sumó a esa lista la situación de las rutas nacionales. El jefe de Gabinete señaló que el nuevo esquema sobre más de 9.000 kilómetros de corredores viales ya comenzó a avanzar y estimó que algunos de los últimos tramos adjudicados podrían empezar a recibir trabajos entre fines de agosto y principios de septiembre.

La infraestructura sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la relación entre Nación y las provincias. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la Casa Rosada redujo fuertemente la obra pública nacional y trasladó buena parte de la responsabilidad hacia los distritos. Los gobernadores, en cambio, insisten en que rutas, corredores logísticos, acueductos y obras energéticas de gran escala no pueden depender únicamente de recursos provinciales.

Santilli buscó mostrar avances en esa relación. “La agenda que yo tengo de ellos casi el 90% está resuelta”, aseguró al referirse a los reclamos que recibió durante sus conversaciones con los mandatarios.

Interna misionera

La reunión también tuvo un condimento político inesperado por la interna misionera. Passalacqua recibió a sus pares en medio del proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante dos décadas principal conductor del oficialismo provincial.

Gustavo Sáenz decidió meterse de lleno en esa disputa apenas llegó a Posadas. El gobernador salteño respaldó explícitamente a Passalacqua y lanzó una de las frases más fuertes de la jornada contra Rovira. “Se terminaron los capangas”, afirmó al cuestionar los liderazgos que, según planteó, pretenden conducir una provincia por fuera de los cargos institucionales.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puedo acompañar a una persona que no conozco”, sostuvo Sáenz al ser consultado por Rovira.

La intervención del mandatario salteño llevó así la discusión local al centro de una reunión que, en principio, tenía una agenda predominantemente federal. Pero también reforzó un mensaje más amplio del Norte Grande: la necesidad de que las provincias coordinen posiciones frente a la Nación.

“Hay que juntarnos todos y pelear por nuestras provincias”, planteó Sáenz, y volvió sobre una crítica habitual de los gobernadores del interior: la tendencia de los gobiernos nacionales a tomar decisiones desde Buenos Aires sin contemplar las particularidades productivas y sociales de cada región.

Ese es justamente el terreno que Santilli intenta administrar. La Casa Rosada necesita evitar que el Norte Grande se transforme en un bloque de resistencia, pero los gobernadores saben que el oficialismo tampoco tiene los votos suficientes para prescindir de ellos. El resultado es una negociación cada vez más explícita en la que energía, rutas, infraestructura y legislación nacional se mezclan con la construcción política para 2027.

PL

Diego Santilli desembarcará este miércoles en Posadas con una misión que excede largamente la agenda formal del Norte Grande. Apenas unos días después de que los aliados provinciales le marcaran un límite al Gobierno en el Senado, el jefe de Gabinete se sentará frente a los gobernadores de una de las regiones que más reclamos acumula contra la Nación y cuyos votos la Casa Rosada necesita para sostener la agenda legislativa de Javier Milei.

La excusa institucional será la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, que reunirá en el Parque del Conocimiento de la capital misionera a mandatarios y representantes de las diez provincias que integran el espacio. Además del anfitrión Hugo Passalacqua —en pleno proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante más de dos décadas conductor indiscutido del poder provincial—, el bloque está compuesto actualmente por Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Carlos Sadir, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gustavo Sáenz, de Salta; Elías Suárez, de Santiago del Estero; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La agenda comenzará a las 10 con la llegada de los gobernadores. Según informaron fuentes oficiales, a las 10.20 está prevista la fotografía institucional y a las 10.45 comenzará la asamblea. Los mandatarios atenderán a la prensa alrededor de las 12.45 y luego compartirán un almuerzo de trabajo.

El temario de la reunión contempla, entre otros puntos, el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño y las herramientas de prevención y respuesta. Pero buena parte de la atención política estará puesta en el diálogo entre Santilli y los gobernadores.

Es que el jefe de Gabinete llegará a ese escenario convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y las provincias. Desde que asumió como ministro coordinador intensificó los contactos con mandatarios provinciales y comenzó a ocupar un lugar que para el Gobierno será cada vez más importante a medida que se acerque 2027: conseguir votos en el Congreso sin convertir cada negociación legislativa en una guerra con los mandatarios que después Milei necesitará para intentar reelegirse.

La advertencia más reciente llegó la semana pasada. El Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que desprenderse de algunos de sus capítulos más ambiciosos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La modificación de la Ley de Tierras quedó afuera antes de la sesión y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego terminaron cayéndose en el recinto. Los aliados acompañaron, pero antes obligaron al oficialismo a podar el proyecto.

La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden ayudar a Milei, pero no están dispuestos a acompañarlo a cualquier costo. La mesa política encabezada este martes por Karina Milei volvió sobre esa dificultad y empezó a ordenar la agenda que viene bajo una lógica bastante más pragmática. Antes de abrir una nueva batalla, habrá que saber cuántos votos existen y, especialmente, qué precio político puede tener para la relación con las provincias.

Uno de los temas que sobrevolará la reunión de este miércoles en Posadas será el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, el Norte Grande busca aprovechar la discusión para introducir su propio reclamo: si existen beneficios para las regiones que soportan bajas temperaturas, también debería contemplarse el mayor consumo energético de las provincias sometidas durante buena parte del año a calores extremos.

De allí surgió la negociación para avanzar con un régimen específico para las denominadas zonas cálidas. La hoja de ruta que comenzó a discutirse contempla dos movimientos simultáneos: conseguir la sanción definitiva de Zonas Frías y, como contrapartida, impulsar una iniciativa destinada a compensar el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas en el norte del país.

El planteo energético tendrá además un capítulo propio en la agenda oficial. Los gobernadores discutirán una Estrategia Federal Energética que contempla nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas y mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino. También volverán sobre uno de los reclamos más persistentes desde la llegada de Milei al poder: el financiamiento de infraestructura.

Para un Gobierno que hizo del recorte de la obra pública una de las primeras banderas de su ajuste, el tema nunca resultó cómodo. Para los gobernadores, en cambio, sigue siendo una de las principales monedas de negociación con la Nación. Rutas, acueductos, energía y obras inconclusas forman parte de una lista de demandas que Santilli viene escuchando provincia por provincia mientras intenta construir una relación menos áspera que la que caracterizó buena parte de la primera mitad del mandato libertario.

PL/MG

Federico Sturzenegger se sentó este martes a la mesa política de la Casa Rosada y salió de allí con una nueva regla para sus reformas. A partir de ahora, los proyectos que impulse el ministro de Desregulación deberán atravesar esa instancia antes de convertirse en prioridades del Gobierno, una decisión que busca incorporar un filtro político al circuito prácticamente directo que durante los últimos dos años mantuvo con Javier Milei.

La presencia de Sturzenegger fue la principal novedad de una reunión encabezada por Karina Milei y convocada para ordenar la agenda después del traspié que sufrió el oficialismo la semana pasada en el Senado. Alrededor de la mesa estuvieron también el jefe de Gabinete, Diego Santilli; su segundo, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; la titular del bloque libertario del Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el secretario de Comunicación, Fabián Fernández; y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.

Sturzenegger llegó como invitado, no como nuevo integrante permanente. Pero su incorporación tuvo un significado particular después de los cuestionamientos que comenzaron a acumularse alrededor de algunas de sus iniciativas. La decisión que surgió del encuentro apunta precisamente a modificar una dinámica que durante buena parte de la gestión fue tolerada por las distintas terminales del oficialismo: el ministro diseña reformas con su equipo, las conversa directamente con Milei y, cuando obtiene su aprobación, avanza sin que necesariamente exista antes una evaluación sobre su viabilidad parlamentaria o sobre los costos políticos que pueden generar.

En esa misma línea, se definió que en las próximas reuniones podrán ser convocados otros ministros del Gabinete, según los temas que estén sobre la mesa, para ampliar la discusión a las distintas áreas de gestión y coordinar con mayor anticipación las iniciativas que luego deberá sostener el oficialismo en el Congreso.

La nueva modalidad no supone que Sturzenegger pierda el respaldo presidencial. Milei continúa considerándolo uno de los funcionarios centrales para ejecutar su programa y apenas un día antes había vuelto a elogiar públicamente una de sus desregulaciones. Tampoco implica que la mesa política pueda imponerse sobre una decisión del Presidente. Lo que cambia, en todo caso, es el paso previo. Antes de empujar una iniciativa, el Gobierno buscará evaluar ahora qué resistencias puede despertar, con qué votos cuenta y qué consecuencias puede tener sobre la relación con gobernadores y otros sectores afectados.

La decisión terminó de formalizar una discusión que se había instalado en la Casa Rosada durante los últimos días. El antecedente inmediato fue la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, uno de los proyectos que llevan la marca de Sturzenegger y que llegó al Senado con capítulos que chocaron contra la resistencia de los aliados provinciales. El Gobierno debió retirar la modificación de la Ley de Tierras antes de la sesión y terminó resignando también los cambios a la Ley de Manejo del Fuego para conseguir la media sanción.

La mesa de este martes buscó empezar a anticiparse y evitar futuros dolores de cabeza. El cambio en la dinámica refuerza el lugar que Karina pretende darle a ese ámbito durante el tramo que queda hasta las elecciones de 2027. La secretaria general quiere que se concentre cada vez más la coordinación entre las reformas que impulsa el Ejecutivo, la estrategia parlamentaria y la relación con las provincias. La experiencia de la semana pasada mostró el problema de que esos tres planos funcionen por separado.

Relación con las provincias

La relación con los gobernadores ocupó por eso una parte central del análisis. En la Casa Rosada no interpretan lo ocurrido con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como una ruptura generalizada de los aliados, pero sí como una advertencia sobre los límites de ese acompañamiento. Incluso cerca de Santilli admitieron durante los últimos días que había iniciativas en las que no era posible “arrastrar” a los mandatarios provinciales y que el Gobierno necesita reducir los errores no forzados.

La agenda que viene refleja esa búsqueda. Entre las prioridades que la mesa repasó aparecen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, considerada estratégica por Milei, el paquete económico que acompañará esos cambios, Inocencia Fiscal II, Zonas Frías y la reforma política que contempla la eliminación (o, al menos, la suspensión) de las PASO. El criterio será determinar no solamente qué quiere aprobar el Gobierno, sino qué puede aprobar y en qué orden conviene intentarlo.

Zonas Frías aparece, en ese sentido, como una de las iniciativas con mejores perspectivas. Después de conseguir la media sanción en Diputados, el oficialismo sostiene que avanzó en acuerdos con gobernadores para completar su tratamiento. En paralelo, Santilli viene conversando con mandatarios del Norte sobre la posibilidad de elaborar un esquema de beneficios para las zonas cálidas, un reclamo que busca incorporar a la negociación con las provincias.

La reforma política presenta un escenario más complejo. El karinismo quiere avanzar con la eliminación de las PASO antes de diciembre, pero dentro del propio oficialismo reconocen que todavía existen dificultades para reunir los votos. La discusión obliga nuevamente a mirar hacia las provincias: modificar las reglas electorales nacionales afecta los cálculos de gobernadores y fuerzas locales que serán indispensables para construir una mayoría.

Ese vínculo tendrá una nueva prueba apenas un día después de la reunión. Santilli viajará este miércoles a Misiones para participar del encuentro de gobernadores del Norte Grande, donde buscará profundizar el diálogo con mandatarios que la Casa Rosada considera centrales para la etapa que viene. La visita adquiere una relevancia adicional después de que algunos representantes provinciales marcaran distancia del Gobierno durante la discusión por la reforma de la Ley de Tierras.

La agenda federal continuará después con los contactos que Santilli viene manteniendo con gobernadores para sostener acuerdos legislativos y políticos. La tarea que Milei le encomendó al jefe de Gabinete empieza a cruzarse cada vez más con las decisiones de la mesa: mientras Sturzenegger propone las reformas, Santilli debe determinar hasta dónde pueden avanzar sin dinamitar los puentes que después necesita el oficialismo en el Congreso.

PL/MG

El Gobierno salió este martes a despejar las dudas sobre el futuro de Federico Sturzenegger y ratificó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado como una de las figuras centrales de la administración de Javier Milei. Después de los ruidos de los últimos días alrededor de su lugar dentro del Gabinete, el vocero presidencial Adrián Ravier reivindicó públicamente su gestión y confirmó que participará de la mesa política que volverá a reunirse durante la jornada.

“Es uno de los ministros más importantes de este Gobierno, es una figura clave”, afirmó Ravier durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada. La definición buscó clausurar las especulaciones alrededor de Sturzenegger y estuvo acompañada por una reivindicación de la política de desregulación que encabeza desde el comienzo de la gestión libertaria.

“Nosotros hemos recibido a diciembre de 2023 una Argentina en la cual el Estado era una máquina de impedir”, sostuvo el vocero. Y atribuyó al ministro, “y por supuesto al liderazgo del Presidente”, buena parte de las transformaciones realizadas desde entonces: “Hemos podido aprobar más de 16.000 desregulaciones en las cuales pudimos destrabar en gran parte ese Estado, o por lo menos desmantelar ese Estado que es una máquina de impedir”. Según Ravier, el resultado es que “tenemos una economía mucho más libre”.

La defensa pública tiene además una traducción política inmediata. Sturzenegger participará este martes de la mesa que reúne al núcleo del Gobierno para discutir la agenda política y legislativa, una presencia con la que la Casa Rosada pretende demostrar que los cuestionamientos internos no modificaron su lugar dentro del esquema oficialista.

Transporte Eléctrico

La conferencia sirvió también para presentar una nueva apuesta del Gobierno por la participación privada en infraestructura. Ravier anunció el llamado a licitación de AMBA I, la primera de las 16 obras contempladas dentro del Plan Nacional de Ampliación del Transporte Eléctrico, con una inversión estimada de US$800 millones y una adjudicación prevista para el primer semestre de 2027.

El proyecto contempla una nueva línea de alta tensión de 500 kilovoltios y unos 270 kilómetros, además de una estación transformadora en la localidad bonaerense de Plomer. Y aunque Ravier enfatizó que el financiamiento estará en manos privadas y que el Tesoro no realizará aportes, CAMMESA desembolsará unos US$100 millones iniciales para facilitar el comienzo de los trabajos. La mitad se entregará en transformadores y el resto en efectivo.

Según explicó el Gobierno, será un aporte no reembolsable proveniente de la Cuenta de Exportaciones de la compañía, alimentada con las ganancias obtenidas por las ventas de energía a países vecinos. La obra contará además con una garantía del Banco Interamericano de Desarrollo y el adjudicatario podrá solicitar su adhesión al RIGI.

El anuncio se produjo un día después de otro movimiento de magnitud dentro del mercado energético. YPF informó el lunes que aceptó la oferta de Edenor para comprar el 70% de su participación en MetroGAS por US$780 millones. Edenor está controlada por Edelcos, el consorcio integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, que de concretarse la operación pasará a controlar al mismo tiempo la principal distribuidora eléctrica y la mayor distribuidora de gas del país.

Ravier aprovechó la conferencia para defender también la estrategia oficial sobre las rutas nacionales. El vocero sostuvo que el modelo de participación privada “ha tenido éxito en cantidad de países”, entre los que mencionó “Chile, Perú, Colombia, México, gran parte de Europa y Estados Unidos”, donde, afirmó, “las rutas nacionales no se hacen con el dinero de los pagadores de impuestos, sino con inversiones privadas”.

Según detalló, “se han licitado 9.000 kilómetros de ruta”, correspondientes a algunos de los corredores de mayor circulación, y aseguró que “para octubre, la totalidad de estos kilómetros van a estar en ejecución”. El esquema incluye también acuerdos con distintas provincias para que se hagan cargo de la administración de algunos tramos de rutas nacionales dentro de sus territorios. “Cada acuerdo es diferente”, aclaró Ravier, quien aseguró que las negociaciones continúan ampliándose. “Lo más importante es este cambio de paradigma que estamos teniendo en la Argentina”, insistió.

Brasil y la campaña “antiargentina”

Otro momento de la conferencia estuvo dedicado a la denominada “campaña antiargentina” que el Gobierno denunció durante y después del Mundial. Consultado por los dichos del Presidente acerca de que esa “campaña” provenía de usinas brasileras, Ravier reconoció que algunas de las versiones utilizadas para sostener esa hipótesis “vienen de redes” y admitió que “habría que evaluarlas”, aunque insistió en que el rechazo registrado contra la Argentina no puede explicarse exclusivamente por cuestiones deportivas.

“Lo que nosotros vemos ha sido un sentimiento o una animosidad contra los argentinos en el entorno del Mundial”, sostuvo. Para el vocero, “ese sentimiento no es solo por el plantel argentino, si es violento en el juego o incumple alguna norma, sino que hay algo más que tiene que ver con la figura del Presidente”, particularmente por “el liberalismo que él expresa”.

Consultado por las fuentes que permitirían vincular esa supuesta campaña con sectores políticos de Brasil, México o España, Ravier reconoció que no podía aportarlas durante la conferencia. “Habría que buscar las fuentes que se mencionan”, respondió, desentendiéndose. “En este momento no tengo esas fuentes para darlas, pero se las ofrecemos más tarde”, prometió.

Por último, el vocero fue consultado además por el aumento de la morosidad y volvió a defender el programa económico como la principal respuesta del Ejecutivo. “El Gobierno hace mucho con el plan de estabilización para bajar la inflación”, aseguró. Y añadió: “Nosotros pensamos, y coincido y creo que la mayoría de los economistas estará de acuerdo, que bajando la inflación se resuelve el tema de las moras”.

PL/MC

Federico Sturzenegger se acostumbró a jugar por afuera de la política. Desde que Javier Milei creó a su medida el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, el funcionario construyó un mecanismo de trabajo que prácticamente no reconoce intermediarios: diseña reformas con su equipo, se las presenta directamente al Presidente y, cuando consigue su aprobación, comienza a empujar su implementación. El método le permitió convertirse en uno de los funcionarios con mayor capacidad para intervenir sobre distintas áreas del Estado. Aunque también empezó a transformarlo en una fuente creciente de ruido dentro del Gobierno.

En la Casa Rosada admiten que durante las últimas semanas se acumularon cuestionamientos alrededor del ministro. No están dirigidos tanto al contenido general de su programa, que Milei sigue respaldando, como a las consecuencias políticas y económicas de algunas de las iniciativas que impulsa y, sobre todo, a la ausencia de un filtro previo que permita medirlas. “A veces nos enteramos del problema cuando ya lo tenemos encima”, resume, consultado por elDiarioAR, un funcionario que participa habitualmente de las discusiones políticas del oficialismo.

Milei, sin embargo, se encargó este lunes de volver a dejar en claro de qué lado está. En medio de los ruidos internos alrededor de Sturzenegger, el Presidente compartió en X una publicación en la que el ministro celebraba el decreto que actualizó después de tres décadas los pesos y dimensiones permitidos para el transporte pesado, equiparó algunas medidas con Brasil y habilitó mayores cargas por camión. “MAGA VLLC!”, escribió Milei al difundir el mensaje.

El malestar oficial coincide con una versión que comenzó a circular en Balcarce 50 de cara a la reunión de la mesa política prevista para este martes: la posibilidad de que Sturzenegger sea incorporado a ese ámbito. La decisión todavía no fue confirmada, pero su nombre apareció en las conversaciones previas y despertó una lectura particular entre algunos integrantes del Gobierno. Más que ampliar el poder de un ministro que ya cuenta con acceso directo al despacho presidencial, sentarlo en esa mesa permitiría incorporar sus iniciativas a una discusión política antes de que se conviertan en decisiones del Ejecutivo o proyectos que después otros funcionarios deben defender en el Congreso.

La principal factura política, sin embargo, no llegó por el traspié que sufrió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. El episodio que terminó de encender las alarmas fue la crisis con los prácticos, que derivó en un paro de 48 horas y golpeó de lleno a algunas de las principales actividades exportadoras del país. La semana pasada, antes de viajar junto a su hermano a Ecuador y Colombia, Karina Milei apartó a Sturzenegger en medio de un conflicto que ya había comenzado a generar irritación entre grandes empresas vinculadas a la operatoria portuaria y preocupación dentro del propio Gobierno.

El problema había comenzado con la decisión de avanzar sobre el régimen de practicaje, una actividad técnica y altamente regulada que cumple un rol central para garantizar la navegación segura de los buques en puertos, canales y zonas de maniobras complejas. La desregulación impulsada por Sturzenegger derivó rápidamente en una disputa con el sector y terminó exponiendo una dificultad que en el papel había recibido menos atención: el Estado tampoco tenía capacidad inmediata para reemplazar a los prácticos sin personal específicamente habilitado para realizar esas tareas.

La respuesta oficial terminó profundizando el conflicto. Primero el Gobierno intimó a los prácticos a retomar sus tareas y después exploró la posibilidad de reemplazarlos con integrantes de la Armada y de la Prefectura. La alternativa se encontró rápidamente con la realidad: la Armada contaba con apenas seis oficiales disponibles para asumir esas funciones y la Prefectura, con ninguno. La disputa terminó además profundizando una interna entre ambas fuerzas alrededor de quién debía asumir las responsabilidades derivadas de la crisis. Para entonces, el costo ya había dejado de ser solamente político.

La crisis tuvo además un componente particularmente incómodo para el karinismo. No se trataba solamente de administrar la reacción de un gremio afectado por una desregulación. El conflicto había comenzado a irritar a grandes compañías argentinas cuyos negocios dependen de la operatoria portuaria y que reclamaban una solución para volver a mover sus cargas. Para un sector del Gobierno, era la demostración más extrema de un problema que venía advirtiéndose desde hacía tiempo: algunas reformas podían ser correctas desde la lógica desreguladora de Sturzenegger y, al mismo tiempo, generar costos políticos y económicos que nadie había calculado previamente.

La intervención de Karina funcionó como una señal. La secretaria general viene concentrando cada vez más la estrategia política alrededor de un objetivo: garantizar la reelección de Milei en 2027. Desde esa perspectiva, abrir frentes simultáneos con gobernadores, sindicatos, empresas o corporaciones profesionales por reformas que no resultan indispensables para llegar a las elecciones empieza a ser visto como un riesgo innecesario.

Hasta ahora, Sturzenegger está blindado por Milei. El Presidente considera al ministro una pieza central de su programa económico, valora especialmente su vocación por avanzar sobre regulaciones que otros funcionarios prefieren evitar y le concedió desde el comienzo un acceso que pocos integrantes del Gabinete tienen. Cuestionar a Sturzenegger supone, en ese sentido, discutir decisiones que cuentan en última instancia con el aval del propio Presidente.

Ese respaldo explica por qué, pese al creciente malestar, nadie imagina por ahora una salida inmediata del ministro. Pero en la Casa Rosada comenzó a circular una alternativa bastante menos estridente y potencialmente igual de significativa: quitarle volumen político a sus iniciativas.

Según pudo saber elDiarioAR, el Gobierno evalúa congelar algunos de los proyectos que llevan la marca de Sturzenegger. Las iniciativas que ya obtuvieron media sanción, como la denominada Ley Hojarasca, no pueden ser retiradas del Congreso, pero sí pueden perder prioridad y quedar indefinidamente relegadas de la agenda parlamentaria. Sería una forma de poner un freno a la avanzada desreguladora sin convertir la discusión interna en una crisis abierta con uno de los funcionarios protegidos por Milei.

Entre las iniciativas cuyo futuro quedó bajo análisis aparece también la Ley de Lobby, diseñada para regular y transparentar el cabildeo de intereses sectoriales, además del Régimen de Corretaje y las normas de protección de la actividad librera. Otro ítem es la habilitación para comercializar medicamentos por fuera de las farmacias y una mayor flexibilización del mercado de Gas Licuado de Petróleo. Cada capítulo tiene una lógica propia. Y, según la mirada que empezó a imponerse entre algunos funcionarios, también tiene capacidad para abrir un conflicto diferente.

La discusión en torno a Sturzenegger expresa una tensión más profunda que comienza a atravesar al oficialismo. El ministro entiende que el poder acumulado por Milei ofrece una oportunidad para profundizar las transformaciones y avanzar sobre intereses que durante décadas bloquearon reformas. El ala política, en cambio, empieza a mirar el calendario: faltan poco más de doce meses para las elecciones y cada disputa debe medirse también por su impacto sobre los sectores con los que la Casa Rosada necesita mantener algún canal abierto.

PL/MC

Javier Milei quiere liderar la nueva derecha latinoamericana, pero primero tiene que conseguir que los gobernadores argentinos lo ayuden a reelegirse. Entre esas dos ambiciones, una épica y otra bastante más terrenal, comenzó a ordenarse buena parte de la política del Gobierno para los próximos meses. Mientras el Presidente recorre la región convencido de que llegó el momento de proyectar su influencia más allá de las fronteras, en la Casa Rosada Karina Milei construye una estrategia mucho más pragmática: evitar peleas innecesarias, preservar aliados y aceptar que algunas de las reformas de la revolución libertaria pueden esperar.

La última semana ofreció una postal difícil de mejorar. Mientras el Senado desarmaba parte de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada ante la resistencia de los bloques provinciales, Milei estaba en Ecuador junto a Daniel Noboa. Desde allí continuó hacia Colombia, donde el viernes participó de la asunción de Abelardo de la Espriella. Afuera, un Presidente que pretende convertirse en articulador de una nueva generación de gobiernos de derecha. Adentro, un oficialismo que debió retirar capítulos de una de sus leyes prioritarias para no romper con los mismos aliados que necesita para sostener su agenda y, sobre todo, llegar competitivo a 2027.

La distancia entre ambas imágenes es menos contradictoria de lo que parece. Milei puede imaginar una transformación continental porque Karina está cada vez más concentrada en garantizar las condiciones para que siga gobernando después del año próximo. Para la secretaria general de la Presidencia, la prioridad empieza y termina en la reelección de su hermano. Y si para conseguirla hay que negociar con gobernadores que hasta hace poco integraban la “casta”, moderar reformas o abandonar temporalmente la pretensión de pintar de violeta cada provincia, el costo parece haber dejado de ser un problema.

“No sirve de nada ganar todas las peleas ahora si después perdemos la elección”, grafica una fuente al tanto de la estrategia que se impulsa en Balcarce 50. El giro encierra una ironía para un Gobierno que hizo de la intransigencia una identidad. Milei llegó a la Casa Rosada prometiendo no negociar las ideas y convirtió cada concesión en sinónimo de debilidad. Casi tres años después, mientras intenta exportar ese modelo al resto del continente, su principal armadora política trabaja para garantizarle un segundo mandato mediante una estrategia que depende precisamente de aquello que el Presidente siempre despreció en público.

La apuesta regional, mientras tanto, nunca había parecido tan posible. En el oficialismo consideran que el mapa político latinoamericano atraviesa un desplazamiento que puede darle a Milei un lugar privilegiado. La sintonía con Noboa, la llegada de De la Espriella al poder en Colombia y la expectativa por una eventual vuelta del bolsonarismo en Brasil alimentaron una lectura que el Presidente viene transmitiendo a sus colaboradores: ya no alcanza con ser una referencia ideológica de las nuevas derechas. Ahora pretende convertirse en su articulador político.

El canciller Pablo Quirno incluso dejó abierta esta semana la posibilidad de que Buenos Aires sea sede próximamente de una cumbre de presidentes identificados con ese espacio. Sería un primer intento por darle una expresión concreta a una red que Milei comenzó a construir mucho antes de que varios de sus actuales integrantes llegaran al poder y que ahora pretende transformar en una instancia de coordinación entre gobiernos.

Mientras tanto, la incipiente carrera electoral empieza a condicionar. El resultado en el Senado generó cuestionamientos sobre la falta de timing con la que se impulsó una iniciativa que afectaba intereses particularmente sensibles de las provincias. La secuencia terminó funcionando como una advertencia para la etapa que comienza. El Gobierno puede tener proyectos, votos y aliados, pero no necesariamente las tres cosas al mismo tiempo. Y Karina parece decidida a evitar que la vocación reformista de algunos sectores del oficialismo termine poniendo en riesgo relaciones políticas que considera imprescindibles para el año próximo.

Esa lógica empezó a extenderse mucho más allá del Congreso. La estrategia electoral que diseña la secretaria general supone revisar uno de los principios que guiaron la expansión inicial de La Libertad Avanza: la idea de que el partido debía competir con sello propio en todo el país y desplazar progresivamente a las estructuras provinciales tradicionales. La experiencia acumulada en el poder y, sobre todo, la perspectiva de una elección presidencial comenzaron a modificar aquella pretensión.

La prioridad ahora es Milei. En el karinismo consideran que toda la arquitectura electoral de 2027 debe quedar subordinada a garantizar su reelección, incluso si eso obliga a cerrar acuerdos con dirigentes que hasta hace poco eran considerados adversarios. En algunas provincias, la conveniencia puede pasar por fortalecer La Libertad Avanza; en otras, por evitar una confrontación con gobernadores capaces de aportar gobernabilidad, estructura territorial o simplemente neutralidad durante la campaña presidencial.

El fantasma de Mauricio Macri sobrevuela esas discusiones. En la Casa Rosada recuerdan que Cambiemos llegó al poder con una coalición competitiva, consiguió avanzar con parte de su programa y, sin embargo, terminó perdiendo la reelección cuatro años después. “De nada sirve construir un partido enorme si después te quedás sin Presidente”, sintetiza una fuente. Ninguna expansión territorial, ninguna disputa por una gobernación y ninguna reforma legislativa justifican, bajo esa lógica, poner en riesgo el objetivo principal.

Eso no significa que Milei haya abandonado su vocación de confrontar. El Presidente sigue construyendo su identidad alrededor de una batalla ideológica que considera global y encuentra precisamente en el exterior uno de los escenarios más cómodos para desplegarla. La transformación del mapa regional fortaleció esa pulsión. Milei fue uno de los primeros dirigentes de la nueva derecha latinoamericana en llegar al poder y considera que eso le concede una ventaja sobre quienes vinieron después. “Quiero decirle que ha sido un faro para nosotros”, llegó a decirle, sin ir más lejos, De la Espriella cuando lo recibió en Colombia.

Durante sus primeros años, Milei cultivó vínculos con referentes que todavía eran oposición y participó de encuentros partidarios que muchas veces despertaron cuestionamientos por la utilización de viajes presidenciales para actividades de carácter ideológico. Ahora algunos de aquellos dirigentes comenzaron a convertirse en presidentes.

Noboa es uno de esos interlocutores con los que Milei busca profundizar esa relación. Tanto el triunfo de Keiko Fujimori en Perú como la llegada de De la Espriella en Colombia también ampliaron el tablero. Pero, de cara al futuro, Brasil aparece como la pieza que podría terminar de cambiar la dimensión de la apuesta. En el Gobierno siguen con particular atención la posibilidad de que el bolsonarismo vuelva al poder y creen que un eventual cambio político en Brasil permitiría conformar un eje regional con un peso muy diferente al que el libertario podía imaginar cuando asumió la Presidencia.

La eventual cumbre en Buenos Aires sería un paso en esa dirección. Quirno evitó por ahora confirmar que exista una fecha, pero tampoco descartó la posibilidad. En el Gobierno imaginan una instancia que permita coordinar posiciones entre presidentes que comparten una mirada similar. La referencia inevitable es el Grupo de Lima, aunque en la Casa Rosada todavía no existe una definición sobre el formato que podría adoptar una eventual articulación.

Milei pretende ocupar el centro de esa fotografía. No solamente como anfitrión, sino como el dirigente que llegó antes, sobrevivió a las dificultades iniciales de su gestión y consiguió demostrar que una derecha más radical que la tradicional podía gobernar y sostenerse en el poder. La reelección argentina adquiere, desde esa perspectiva, una dimensión que excede incluso la política doméstica: sería la confirmación que necesita para presentar su experiencia como un modelo exportable.

PL/MG

La media sanción de una acotada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en la Casa Rosada una sensación bastante menos celebratoria de la que suele acompañar las victorias legislativas del oficialismo. El Gobierno consiguió que el Senado aprobara uno de los proyectos que Javier Milei había incluido entre sus prioridades para el segundo semestre, pero lo hizo después de resignar buena parte de la iniciativa original y comprobar, una vez más, que los votos de sus aliados tienen límites. El resultado abrió además una ronda de pases de factura que alcanzó tanto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, padre de la iniciativa, como a Patricia Bullrich, encargada de conducir la negociación en la Cámara alta.

La discusión comenzó incluso antes de que los senadores se sentaran en sus bancas. El proyecto había llegado al Congreso con dos capítulos particularmente sensibles: la modificación de la Ley de Tierras, que flexibilizaba las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros, y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. Ninguno de los dos sobrevivió al recorrido por el Senado. El primero fue retirado previo a la sesión ante la evidencia de que no estaban los votos y el segundo terminó cayéndose durante la votación, después de que los bloques provinciales dejaran en claro que tampoco estaban dispuestos a acompañarlo.

La poda dejó al proyecto reducido a cuatro capítulos y concentrado fundamentalmente en dos aspectos: la agilización de los desalojos y las modificaciones al régimen de expropiaciones. El oficialismo logró así la media sanción y giró el texto a Diputados, aunque a costa de desprenderse de algunas de las reformas que habían convertido a la iniciativa en una de las apuestas más ambiciosas de la agenda desreguladora de Milei, que comenzó con el DNU 70/2023.

Puertas adentro, mientras los hermanos Milei se encontraban de gira por Ecuador y Colombia, el traspié volvió a poner bajo la lupa una dinámica que hasta ahora había sido tolerada por las distintas terminales del oficialismo. Sturzenegger mantiene desde la creación ad hoc del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en julio de 2024, un canal prácticamente directo con el Presidente para impulsar reformas. El ministro trabaja los proyectos con su equipo, se los presenta a Milei y, cuando consigue su aprobación, avanza con ellos sin que necesariamente atraviesen previamente el circuito político que controla Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

No es una modalidad nueva. En buena medida, el ministerio que Milei creó a medida de Sturzenegger nació precisamente para institucionalizar ese mecanismo y darle al economista capacidad para revisar regulaciones y promover reformas en distintas áreas del Estado. Durante mucho tiempo, los resultados alcanzaron para amortiguar las objeciones. Pero el episodio de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada comenzó a alimentar una pregunta que hasta ahora circulaba con bastante menos intensidad: quién mide la viabilidad política de las iniciativas antes de que el Gobierno decida convertirlas en una batalla legislativa.

En sectores del karinismo señalan especialmente la falta de timing con la que se impulsó el proyecto y cuestionan que una iniciativa con consecuencias directas sobre los intereses de las provincias haya avanzado sin una instancia política previa capaz de detectar las resistencias. El problema, advierten, no fue solamente que hubiera artículos controvertidos, sino que la Casa Rosada terminó descubriendo en plena negociación parlamentaria que algunos de sus aliados habituales no estaban dispuestos a acompañarlos.

La discusión toca un punto particularmente sensible en el funcionamiento interno del Gobierno. Karina Milei construyó durante los últimos dos años un esquema cada vez más centralizado para controlar el vínculo con gobernadores y aliados provinciales. El método de Sturzenegger funciona, en los hechos, por un carril diferente: la legitimidad de sus proyectos proviene directamente de la aprobación presidencial. Mientras las iniciativas avanzan, ambas lógicas pueden convivir. Cuando aparecen derrotas o concesiones importantes, la ausencia de una instancia de coordinación se vuelve mucho más visible.

Pero Sturzenegger no fue el único destinatario de los reproches. Parte de las miradas también se dirigieron hacia la propia Bullrich, que había quedado a cargo de reunir los votos necesarios en el Senado. La exministra de Seguridad había demostrado durante los últimos meses capacidad para articular acuerdos con bloques dialoguistas y fuerzas provinciales, pero esta vez encontró una resistencia que no consiguió doblegar.

Bullrich terminó admitiendo las dificultades apenas abandonó el recinto. En una entrevista con TN en la puerta del Congreso, con la sesión ya terminada, vinculó el traspié con el tiempo que el Senado permaneció prácticamente paralizado durante la crisis que atravesó Manuel Adorni y, posteriormente, con el Mundial. “Durante meses fue muy importante que cada vez que se hablaba de algo, se hablaba de Adorni; después vino el Mundial”, sostuvo.

La senadora incluso dejó planteado que el desenlace podría haber sido otro si el Gobierno hubiera llevado la iniciativa al recinto algunos meses antes. “Seguramente se hubiera aprobado. Con la ley de Tierras, con todo”, se lamentó durante la madrugada. Su explicación introdujo una variable incómoda para la Casa Rosada, pero también funcionó como una manera de responder anticipadamente a los cuestionamientos por no haber conseguido esta vez los votos necesarios para sostener el proyecto completo.

No era la primera vez que Bullrich marcaba diferencias alrededor de aquella decisión. Durante los meses en los que Adorni quedó bajo presión por su situación judicial, había advertido puertas adentro sobre el costo político que implicaba sostenerlo y sobre las consecuencias de mantener prácticamente congelada la actividad de la Cámara alta para impedir que la oposición avanzara con su interpelación.

Lo cierto es que el episodio expuso una dificultad más amplia para el oficialismo. La mayoría que Milei consiguió construir en distintas votaciones desde el comienzo de su gestión nunca funcionó como una coalición estable, sino como una suma cambiante de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a mostrar hasta dónde puede estirarse esa alianza: los mismos senadores que están dispuestos a acompañar al Gobierno en reformas nacionales pueden tomar distancia cuando consideran que una iniciativa afecta intereses económicos, productivos o territoriales de sus provincias.

PL/MC

La interna que desde hace semanas atraviesa al oficialismo misionero llegó este jueves al Senado y terminó de romper la representación unificada de la provincia en la Cámara alta. Apenas comenzada la sesión en la que se debatió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la senadora Sonia Rojas Decut anunció la conformación del monobloque Movimiento por Misiones (MPM), una decisión que formaliza su alineamiento con el gobernador Hugo Passalacqua y profundiza el distanciamiento con Carlos Rovira, cuyo principal referente parlamentario pasa a ser el senador Carlos Arce.

El anuncio confirma, además, el escenario que elDiarioAR había adelantado durante los últimos días. En medio de la discusión por el capítulo que derogaba la Ley de Tierras —finalmente retirado por La Libertad Avanza para facilitar el tratamiento del proyecto— comenzaron a multiplicarse las versiones sobre un eventual voto dividido de los senadores misioneros. La creación del monobloque, comunicada antes del inicio del debate, terminó de consolidar esa posibilidad.

Después de casi tres años en los que los dos senadores actuaron en forma coordinada y acompañaron la estrategia parlamentaria definida por Rovira, la representación de Misiones en la Cámara alta quedó oficialmente dividida en dos espacios con referencias políticas distintas. La fractura también representa un nuevo dolor de cabeza para Milei: desde el inicio de su gestión, Arce y Rojas Decut integraban el grupo de aliados más confiables del oficialismo en la Cámara alta. Con la conformación del nuevo bloque, la Casa Rosada pierde uno de esos apoyos previsibles y suma un nuevo foco de incertidumbre en un Senado donde cada voto resulta determinante para sostener su agenda legislativa.

En el comunicado difundido por su despacho, Rojas Decut sostuvo que la conformación del monobloque “Movimiento por Misiones” “representa la consolidación de un camino político que pone en el centro a Misiones, su identidad y el mandato de los misioneros” y aseguró que el nuevo espacio será “una herramienta de gestión al servicio del Gobierno de la provincia y de cada misionero que abraza los ideales del federalismo”.

La senadora procuró presentar la decisión como una reafirmación de una identidad provincial antes que como una ruptura política. “Vine al Senado a defender a mi provincia”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el nuevo bloque nace para sostener “un compromiso territorial directo con los 79 municipios” de Misiones, un guiño a los intendentes que en su inmensa mayoría están alineados con el gobernador Passalacqua.

No resulta casual que el primer punto de la agenda del flamante monobloque esté dedicado a la defensa de la tierra misionera. El documento rechaza expresamente “cualquier reforma que facilite la extranjerización indiscriminada de tierras rurales” o debilite la protección de las zonas de frontera vinculadas al Acuífero Guaraní, precisamente el capítulo que desencadenó la tensión entre el Gobierno nacional y los gobernadores y que finalmente fue retirado del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

“La tierra misionera es identidad, soberanía, seguridad y arraigo para nuestras familias. Ante la más mínima duda sobre la protección de nuestro territorio, mi deber no es arriesgar: es proteger”, sostuvo Rojas Decut. Sin embargo, la definición política más significativa aparece sobre el final del texto. “Estoy a disposición para llevar la voz del Gobierno de mi provincia al Congreso de la Nación”, concluye la senadora.

La creación del monobloque agregó un nuevo elemento de incertidumbre a la sesión de este jueves. Si bien en los pasillos del Senado seguía firme la versión de que los representantes de Misiones podrían votar de manera diferente el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el anuncio de Rojas Decut terminó de institucionalizar una ruptura que ya no se limita a una diferencia circunstancial sobre una ley, sino que refleja la reconfiguración del poder dentro del oficialismo misionero.

En la votación final, los dos representantes misioneros votaron en contra de las modificaciones al Manejo del Fuego y a favor de los demás capítulos de la norma que fueron aprobados en la madrugada de este viernes.

PL/CRM

Mientras la Casa Rosada concentraba este miércoles todos sus esfuerzos en asegurar los votos para la sesión del Senado, otra crisis amenazó con abrir un nuevo frente para el Gobierno. Por la mañana, el director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguízamo, y su segundo, Carlos Zamparolo, pusieron a disposición sus renuncias en medio del creciente deterioro político que atraviesa la obra social de los jubilados. La noticia comenzó a circular rápidamente entre funcionarios y dirigentes del oficialismo, hasta el punto de que distintos medios dieron por consumada la salida de ambos. Sin embargo, pocas horas después llegó la desmentida. “Falso”, repetían desde distintos despachos oficiales.

Esa versión, sin embargo, solo reflejaba una parte de la historia. Según pudo reconstruir elDiarioAR a partir de distintas fuentes con conocimiento de las negociaciones, tanto Leguízamo como Zamparolo efectivamente intentaron dar un paso al costado durante la jornada del miércoles, aunque el Ministerio de Salud decidió no aceptarlo. La decisión no respondió a una ratificación de confianza en la conducción del organismo sino a una intervención política de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que ordenó poner paños fríos y postergar cualquier definición hasta que exista un esquema de reemplazos.

La intervención de Karina no modificó el diagnóstico que circula dentro del propio Gobierno. Varias voces coinciden en que la continuidad de las actuales autoridades tiene fecha de vencimiento y que la salida de ambos funcionarios forma parte de una reconfiguración más amplia que desde hace varios meses atraviesa al PAMI. La discusión ya no pasa por si habrá cambios sino por cuándo se producirán y quién terminará ocupando uno de los organismos con mayor presupuesto y despliegue territorial del Estado.

La situación de Leguízamo y Zamparolo venía deteriorándose desde abril, cuando el PAMI comenzó a quedar bajo una presión creciente por el empeoramiento de las prestaciones, las dificultades para acceder a medicamentos y las demoras en distintos servicios. Desde abril creció la judicialización del sistema. Según describen trabajadores del organismo, cada vez son más los afiliados que recurren a la Justicia para obtener prestaciones que antes se resolvían administrativamente.

“Hoy el sistema funciona a base de amparos”, resumió un trabajador con años de experiencia en el PAMI. “Hay geriátricos que no cobran porque el PAMI no autoriza las prestaciones. Entonces las familias presentan un amparo y recién ahí consiguen que se las paguen. Si hacés un amparo, lo tenés; si no, no lo tenés”, describió. Distintas fuentes sostienen que la misma lógica comenzó a extenderse a otras prestaciones médicas y que el creciente volumen de amparos refleja el deterioro de la capacidad de respuesta del organismo.

Otros cambios

La reconfiguración coincidió además con otros cambios dentro del área sanitaria. A principios de julio dejó el Ministerio de Salud Guido Giana, uno de los principales colaboradores de Mario Lugones y responsable de la coordinación administrativa de la cartera. Oficialmente, cerca del exfuncionario atribuyeron la decisión al desgaste acumulado por la gestión y aseguraron que había decidido dar un paso al costado. Sin embargo, dentro del propio Gobierno también circularon versiones que vinculaban su alejamiento con diferencias en torno al manejo de los recursos del ministerio.

Los cambios en el área de Salud, sin embargo, todavía no terminaron. Un dato que llamó la atención en el último tiempo fue el desembarco de funcionarios provenientes del Ministerio de Justicia. La designación de Luciana Campos al frente de Recursos Humanos se sumó al protagonismo creciente de la síndica general María Florencia Zicavo y a otros nombramientos de perfiles similares. En distintos despachos del organismo interpretan esos movimientos como parte de un avance del armado político de Karina Milei sobre una estructura históricamente estratégica por su presupuesto y su despliegue territorial. “La duda es qué va a pasar con los caputistas”, admitió un funcionario que sigue de cerca la reconfiguración.

En ese escenario, la figura de Zamparolo aparece como una pieza central. Aunque formalmente ocupa el cargo de subdirector ejecutivo, desde hace años es quien concentra el manejo operativo y presupuestario del organismo. Cercano a Santiago Caputo, y con influencia sobre contrataciones, convenios y ejecución de recursos, puertas adentro del PAMI es señalado como el verdadero administrador de la obra social. “Es el que corta la torta”, resumió un dirigente con conocimiento de la estructura interna.

Su eventual salida, por eso, excede un simple recambio de nombres. Distintas fuentes consultadas coinciden en que alrededor del PAMI conviven intereses políticos y económicos de enorme magnitud. “Es un tema de cajas y de la futura campaña”, arriesgó un dirigente que sigue de cerca las negociaciones, en referencia al peso territorial que conserva la obra social a través de sus delegaciones distribuidas en todo el país y a la importancia de su presupuesto para el armado político del oficialismo de cara al 2027.

PL/MC

Javier Milei sufrió este miércoles un nuevo revés parlamentario cuando La Libertad Avanza resolvió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que derogaba la Ley de Tierras, una de las reformas que más resistencia había despertado entre los gobernadores y que amenazaba con poner en riesgo el tratamiento de la iniciativa en el Senado. La marcha atrás significó una nueva concesión para el oficialismo, pero en la Casa Rosada procuraron bajarle el tono al episodio y sostuvieron que la decisión mejora las chances de conseguir este jueves la media sanción del proyecto, que luego deberá atravesar el debate en la Cámara de Diputados para convertirse en ley.

La decisión llegó después de que fracasaran las gestiones políticas para destrabar el conflicto. El martes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se comunicó con varios gobernadores aliados para intentar sostener el capítulo referido a la extranjerización de tierras, pero las conversaciones no alcanzaron para modificar el escenario. Los mandatarios mantuvieron sus objeciones y el oficialismo terminó optando por retirar por completo ese tramo del proyecto antes que arriesgar el resto de la iniciativa.

Dentro del Gobierno, el principal defensor de mantener la reforma era el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor intelectual del proyecto enviado al Congreso. Según reconstruyeron fuentes oficiales, el funcionario insistió hasta último momento en sostener el capítulo, aunque encontró escaso acompañamiento dentro del propio gabinete. Más allá de su entorno, pocos dirigentes del Gobierno estaban dispuestos a asumir el costo político de confrontar con los gobernadores por una reforma que amenazaba con complicar toda la sesión.

En Balcarce 50 describían la marcha atrás como un costo asumible. La lectura predominante era que insistir con la derogación de la Ley de Tierras podía terminar arrastrando el resto del articulado y frustrar la media sanción de una norma que el Gobierno considera prioritaria. “Lo importante es que salga la ley”, resumía un funcionario con acceso a la mesa política. En la Casa Rosada creen que la eliminación del capítulo facilitará el acompañamiento de varios gobernadores y, en consecuencia, aumentará las posibilidades de aprobar el resto del proyecto.

La apuesta oficial ahora está concentrada en preservar el núcleo de la iniciativa redactada por Sturzenegger. El proyecto mantiene las reformas sobre desalojos acelerados, el endurecimiento del régimen de expropiaciones, los cambios en la Ley de Manejo del Fuego —con la flexibilización de restricciones en determinadas superficies afectadas por incendios— y la modificación de los requisitos para la regularización dominial. Para el Gobierno, esos capítulos contienen el corazón de la reforma y justificaban resignar uno de los puntos que mayor rechazo había generado desde el ingreso del proyecto al Senado, el pasado 27 de marzo.

No deja de ser, sin embargo, un nuevo retroceso para Sturzenegger. Es el segundo capítulo que el oficialismo se ve obligado a retirar del proyecto después de haber resignado, durante el debate en comisiones, la eliminación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). También llega menos de 48 horas después de que el Gobierno debiera dar marcha atrás con el decreto que había desatado un conflicto con los prácticos y capitanes de barco, paralizando el ingreso de buques a los puertos argentinos y afectando el comercio exterior.

La decisión también tuvo impacto puertas adentro del oficialismo. En los pasillos del Senado, algunos dirigentes interpretaban que la principal perjudicada era Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, quien durante los últimos días había encabezado la defensa pública del capítulo referido a la extranjerización de tierras. Incluso circularon versiones sobre un supuesto escaso respaldo que habría recibido desde algunos despachos de la Casa Rosada durante la negociación. Ningún funcionario lo admitía públicamente y no existen elementos para afirmar que se haya tratado de una decisión deliberada para exponer a la senadora. En el Gobierno, por el contrario, insistían en presentar la marcha atrás como una decisión estrictamente táctica para garantizar el avance del proyecto.

El repliegue también modifica el escenario para los gobernadores. En el caso de Misiones, los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut habían anticipado su rechazo al capítulo referido a la Ley de Tierras, en línea con la posición expresada por el gobierno provincial de Hugo Passalacqua y en medio de la interna con Carlos Rovira. Sin embargo, hasta este miércoles ninguno de los dos legisladores había adelantado cuál será su postura respecto del resto de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Sin embargo, como adelantó elDiarioAR, sigue en pie la versión sobre un eventual voto dividido: Arce acompañaría el proyecto, mientras que Rojas Decut votaría en contra. En la Casa Rosada interpretan que, eliminado el punto de mayor conflicto, aumentan las posibilidades de sumar el acompañamiento de los bloques provinciales.

Si esa apuesta se confirma, el oficialismo buscará presentar la sesión del jueves como una victoria política, aun después de haber resignado una de las reformas que originalmente integraban el proyecto. En Balcarce 50 sostienen que el objetivo nunca fue defender cada artículo a cualquier costo, sino garantizar el avance de una iniciativa que consideran central para su programa legislativo del segundo semestre. Conseguir la media sanción en el Senado, afirman, permitiría trasladar la discusión a la Cámara de Diputados desde una posición más favorable y mantener viva una de las principales apuestas legislativas del Gobierno.

PL/CRM

Con la primera gran prueba legislativa del segundo semestre a la vuelta de la esquina, el Gobierno reunió este martes a su mesa política en la Casa Rosada para coordinar la estrategia parlamentaria y revisar el avance de los principales proyectos que buscará impulsar durante agosto. El encuentro funcionó como una nueva foto de unidad de la conducción política del oficialismo, con Karina Milei a la cabeza, en un momento en que la Casa Rosada intenta dejar atrás las tensiones internas y concentrarse en la agenda del Congreso.

Además de la secretaria general de la Presidencia, el encuentro contó con la participación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

El principal eje de la reunión fue la sesión prevista para este jueves en el Senado, donde el oficialismo buscará darle media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, considerado por el Gobierno como el punto de partida de la ofensiva legislativa del segundo semestre. La iniciativa, que incorporar al debate modificaciones a la Ley de Tierras, pretende endurecer las herramientas contra las ocupaciones ilegales de inmuebles, uno de los temas que la administración de Javier Milei convirtió en una de sus principales banderas políticas.

En la Casa Rosada, sin embargo, saben que la sesión también pondrá a prueba la solidez de las mayorías que el oficialismo logró construir en la Cámara alta durante los últimos meses. La polémica en torno a la Ley de Tierras tensionó el ida y vuelta con varios gobernadores y amenaza con alterar el delicado equilibrio parlamentario alcanzado hasta ahora.

La discusión gira alrededor de la intención del Gobierno de flexibilizar el régimen vigente para facilitar inversiones y eliminar restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros, una propuesta que encuentra resistencias en provincias que reclaman conservar herramientas para administrar recursos considerados estratégicos. En Balcarce 50 reconocen que esa discusión podría convertirse en el principal foco de negociación de la jornada y condicionar el tratamiento del resto de la agenda.

La reunión de este martes también sirvió para ordenar el cronograma legislativo de agosto. Según se informó oficialmente, hacia mediados de mes la Cámara de Diputados debatirá dos de los proyectos económicos que el Gobierno considera prioritarios: la modificación del régimen de Inocencia Fiscal y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

El primero busca ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al régimen simplificado impulsado por el Ministerio de Economía para facilitar la exteriorización de los llamados “dólares del colchón”. El segundo apunta a reforzar la autonomía del Banco Central y limitar de manera definitiva la posibilidad de financiar al Tesoro, uno de los compromisos económicos que el oficialismo presenta como centrales para consolidar su programa económico.

Como parte de esa estrategia política, Santilli confirmó durante la reunión que este jueves viajará junto al ministro Caputo a Catamarca para reunirse con los gobernadores Raúl Jalil y Elías Suárez, de Santiago del Estero, en el marco de la puesta en marcha de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta. Más allá de la inauguración de la obra, el viaje también se inscribe en la política de acercamiento que la Casa Rosada mantiene con gobernadores dialoguistas, cuyo respaldo continúa siendo clave para sostener la agenda legislativa del Gobierno en el Congreso.

PL/CRM

La conversación ya había cruzado varios límites cuando Alejandro Sarubbi Benítez lanzó la propuesta que terminó convirtiéndose en el centro de la polémica. Durante una emisión de La Trinchera, el programa libertario que conduce en el canal de streaming Carajo, el abogado sugirió cercar el conurbano bonaerense con un muro custodiado por francotiradores y, como alternativa todavía más extrema, bombardearlo diariamente con napalm. Las declaraciones provocaron un inmediato repudio y volvieron a poner el foco sobre una de las figuras más extremas del ecosistema libertario.

El intercambio había comenzado con una discusión sobre la provincia de Buenos Aires. Sarubbi sostuvo que el conurbano tenía un “problema cultural y de marginalidad” que, según su visión, ya no tenía solución. A partir de esa premisa empezó a enumerar tres supuestas alternativas que fueron escalando en violencia.

La primera consistía en impulsar esterilizaciones masivas. “La primera sería la esterilización... De hecho, es muy buena, en serio. Es la más tibia, la más tranquila de las tres”, afirmó. La referencia evocó inevitablemente uno de los episodios más condenados del gobierno de Alberto Fujimori en Perú, cuando miles de mujeres, principalmente campesinas e indígenas, fueron sometidas a programas de esterilización sin un consentimiento pleno.

Lejos de detenerse, avanzó con una segunda propuesta todavía más extrema: cercar completamente el conurbano bonaerense. “Levantaría un muro de quince metros de altura con snipers arriba para que nadie pueda cruzar. Obviamente, daría la posibilidad de no quedarse ahí, pero con portación de cara. Sería totalmente arbitrario a la hora de decir quién pasa y quién no”, sostuvo entre risas de los integrantes de la mesa.

Finalmente planteó una tercera alternativa. “Todas las mañanas tirar napalm desde aviones”, dijo, agregando que previamente se avisaría, “con total arbitrariedad”, a las personas que el Estado decidiera salvar antes del bombardeo.

En otro tramo, celebró a carcajadas la intervención de Kalina Ann, integrante de la mesa, quien en una tabla con distintos tonos de piel indicó el blanco para mostrar qué bonaerenses tendrían “derecho” a dejar el conurbano.

Pero quienes siguen desde hace tiempo el universo libertario saben que ese tipo de intervenciones no constituyen un hecho aislado. La provocación, la hipérbole y la búsqueda deliberada de correr los límites de lo aceptable forman parte de la identidad pública que Sarubbi Benítez construyó en los últimos años. Abogado de profesión y conductor de La Trinchera, se convirtió en una pieza central del ecosistema digital que rodea a Santiago Caputo: no sólo participa activamente de la construcción discursiva de ese espacio, sino que además representa judicialmente a varios de sus principales referentes.

Su cartera de clientes refleja el lugar que ocupa dentro de ese entramado. Según pudo saber elDiarioAR, además de representar al propio Daniel Parisini –el Gordo Dan–, también patrocinó judicialmente a Fernando Cerimedo, propietario de La Derecha Diario; a Esteban Glavinich, conocido en redes como “Traductor Te Ama”; y hasta al exjefe de Gabinete Manuel Adorni, entre otros dirigentes y comunicadores vinculados al espacio libertario.

Un historial de polémicas

No es la primera vez que Sarubbi Benítez quedó en el centro de una controversia. Meses atrás había calificado al gobernador bonaerense Axel Kicillof como un “gigantísimo retrasado mental” durante otra emisión de Carajo. Mientras pronunciaba esas palabras, el programa exhibía una imagen generada con inteligencia artificial que modificaba el rostro del mandatario para asemejarlo a una persona con síndrome de Down.

Las expresiones motivaron cuestionamientos de organizaciones vinculadas a la discapacidad. La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), que en reiteradas oportunidades pidió evitar ese tipo de términos, recordó que el uso de esas expresiones contribuye a reforzar estigmas y vulnera la dignidad de las personas con discapacidad.

Su actividad en redes sociales tampoco pasó inadvertida para el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. La semana pasada, el Tribunal de Disciplina de la institución sancionó a Sarubbi por las expresiones que publicó contra los integrantes de la Corte Suprema y otros miembros del Poder Judicial desde su cuenta de X.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Marcelo Bassano, quien cuestionó una serie de publicaciones en las que Sarubbi insultó a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda luego de un fallo del máximo tribunal. “La concha puta de su madre enfermos hijos de mil puta. Los quiero presos del primero al último”, escribió el abogado, para luego insistir calificándolos como “hijos de mil puta” y definir a la Corte como “la peor Corte de la historia humana”.

En su presentación, Bassano sostuvo que esas manifestaciones no podían considerarse simples opiniones privadas porque habían sido difundidas desde una cuenta pública en la que Sarubbi se presenta y actúa como abogado.

El Tribunal de Disciplina coincidió con ese criterio. En la resolución sostuvo que el letrado había proferido “frases insultantes y ofensivas” no sólo contra los jueces de la Corte sino también contra toda la administración de justicia y concluyó que su conducta “excedió un límite al decoro profesional” y vulneró los principios éticos que rigen el ejercicio de la abogacía. Como consecuencia le aplicó una advertencia disciplinaria, una de las sanciones previstas por el Código de Ética profesional.

En otro expediente independiente, iniciado por el especialista en informática Javier Smaldone, el mismo Tribunal le impuso además una multa de un millón de pesos. Sarubbi apeló ambas resoluciones ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, por lo que las sanciones permanecen bajo revisión judicial y todavía no quedaron firmes.

En su descargo, el abogado rechazó los cuestionamientos y denunció que existía un intento de perseguirlo por sus opiniones políticas. “El problema surge cuando se pretende perseguir al otro por sus opiniones”, sostuvo en su presentación ante el Tribunal de Disciplina. Y agregó: “Aún en el improbable caso de obtener su objetivo, su torpeza no le permite vislumbrar que de cualquier modo voy a seguir opinando sobre lo que me dé la gana por el solo hecho de que así se me antoja”.

También cuestionó que el Colegio Público pretendiera intervenir sobre expresiones realizadas desde sus redes sociales y advirtió que una institución profesional no podía convertirse en “una mera herramienta de exterminio de individualidades no afines al pensamiento colectivo”. Lejos de modificar su perfil, Sarubbi continuó profundizando el mismo estilo que lo convirtió en una figura de referencia dentro del universo libertario.

PL/MG

La interna en el oficialismo misionero entre Carlos Rovira y el actual gobernador Hugo Passalacqua —que este lunes terminó de formalizar su ruptura con el histórico conductor al renunciar a Encuentro Misionero, el partido que ambos compartían hasta hace pocas semanas— podría tener el próximo jueves su primera consecuencia concreta en el Congreso. Después de casi tres años en los que los dos senadores de Misiones acompañaron disciplinadamente la estrategia parlamentaria diseñada por Rovira y sostuvieron al gobierno de Javier Milei en prácticamente todas las votaciones decisivas, el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada amenaza con alterar esa dinámica.

El hermetismo es total y hasta último momento nadie se anima a dar por cerrado el escenario. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR de fuentes cercanas a los involucrados, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce rechazarían el artículo que deroga la Ley de Tierras, el punto más controvertido del proyecto impulsado por la Casa Rosada. Las diferencias aparecerían en la votación en general: mientras Arce se inclinaría por acompañar el resto de la iniciativa, Rojas Decut también votaría en contra del proyecto completo. ¿Responderán los senadores al hombre que durante más de veinte años ordenó la política misionera o comenzarán a reflejar el nuevo equilibrio de poder que intenta construir Passalacqua?

La duda no es menor. Desde la llegada de La Libertad Avanza al poder, Rovira se convirtió en uno de los aliados parlamentarios más confiables del oficialismo. Tanto los diputados como los senadores del entonces Frente Renovador de la Concordia —hoy rebautizado Encuentro Misionero— acompañaron casi sin fisuras las principales iniciativas del Gobierno. La única excepción aparente fue el episodio de Ficha Limpia, en mayo de 2025, cuando los votos de Rojas Decut y Arce terminaron siendo determinantes para que el proyecto fracasara.

Inmediatamente, sin embargo, esa votación comenzó a ser leída como el resultado de un entendimiento subterráneo orientado a impedir la sanción de una ley que hubiera fortalecido al PRO apenas una semana antes de las elecciones porteñas. El Presidente, después del escándalo, buscó despegarse públicamente de aquella maniobra y llegó a presentar el resultado como una traición de los legisladores misioneros. En la política provincial, en cambio, siempre predominó otra interpretación: que Rojas Decut y Arce no hicieron más que ejecutar una instrucción en el marco de un acuerdo previamente conversado con la Casa Rosada.

Esta vez el escenario es diferente. La resistencia a derogar la Ley de Tierras no nació en el entorno del histórico conductor, sino en el del actual gobernador. El gobierno de Passalacqua viene marcando desde hace semanas su rechazo a la iniciativa con un argumento político sencillo: para una provincia cuya economía depende en buena medida de la producción primaria y donde la cuestión de la tierra posee una sensibilidad histórica, eliminar los límites a la compra por parte de extranjeros implicaría asumir un costo político demasiado alto. El fin de semana terminó de reforzar esa posición cuando el mandatario apareció públicamente con una gorra que llevaba la inscripción “Lo que amamos no se vende”.

Detrás de esa discusión jurídica aparece, en realidad, otra mucho más profunda. La tensión entre Rovira y Passalacqua dejó hace tiempo de ser una simple disputa por nombres o candidaturas. También expresa dos estrategias distintas frente al Gobierno nacional. Mientras Rovira fue el principal arquitecto del entendimiento político con Milei y el encargado de garantizar el acompañamiento legislativo de Misiones desde diciembre de 2023, Passalacqua nunca terminó de sentirse cómodo con ese alineamiento. El gobernador debió administrar una provincia especialmente golpeada por el ajuste nacional, con una fuerte caída de la obra pública, un deterioro de las economías regionales y una crisis sin precedentes para el sector yerbatero, uno de los pilares de la economía misionera.

La tierra como frontera política

En Misiones hay una convicción que atraviesa a buena parte del arco político, incluso por encima de las diferencias partidarias: la tierra nunca fue considerada un activo económico más. Esa es una de las razones por las que el artículo del proyecto impulsado por Milei que elimina las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros terminó generando una reacción tan transversal. El rechazo no provino solamente de organizaciones rurales o ambientales, sino que también alcanzó a intendentes, productores, gremios y, ahora, al propio oficialismo provincial.

Los números ayudan a entender esa sensibilidad. Según el Quinto Informe del Observatorio de Tierras, Misiones es hoy la provincia argentina con mayor porcentaje de superficie rural en manos de capitales extranjeros: el 11,29% de su territorio —unas 325.750 hectáreas— pertenece a propietarios de otros países. Distintas organizaciones provinciales sostienen incluso que el porcentaje asciende al 14% cuando se consideran únicamente las tierras de mayor productividad.

A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, donde la propiedad extranjera aparece distribuida entre distintos actores, en Misiones la concentración tiene nombre propio. La forestal chilena Arauco, a través de Alto Paraná y otras sociedades vinculadas, controla alrededor de 240.000 hectáreas, convirtiéndose en uno de los mayores propietarios privados de tierras del país. La mayor parte de esas superficies se ubica sobre el corredor del río Paraná, precisamente la zona donde también se concentran algunos de los mayores niveles de extranjerización de toda la provincia.

Las consecuencias ya forman parte del debate cotidiano en varios municipios. En Puerto Libertad, por ejemplo, las autoridades locales sostienen que cerca del 80% de las tierras útiles pertenecen a una sola empresa, una situación que condiciona tanto la expansión urbana como la radicación de nuevos emprendimientos productivos. Ese diagnóstico es compartido por numerosos intendentes y por más de treinta organizaciones sociales, campesinas, sindicales y ambientales que durante las últimas semanas impulsaron movilizaciones y documentos públicos para reclamar a los legisladores nacionales que rechacen la derogación de la Ley de Tierras.

La discusión, además, llega en un momento especialmente delicado para la economía provincial. La crisis que atraviesa la producción yerbatera, sumada al deterioro de otras economías regionales, alimentó el temor de que muchos pequeños productores terminen desprendiéndose de sus chacras por necesidad económica. En Misiones, por eso, el debate no gira únicamente alrededor de quién puede comprar tierras. También alrededor de quién estará en condiciones de conservarlas.

Ese contexto ayuda a entender por qué el eventual voto de los senadores misioneros excede ampliamente una discusión legislativa. Si finalmente Rojas Decut y Arce rechazan el artículo que deroga la Ley de Tierras, no solo marcarán distancia de una de las iniciativas más importantes impulsadas por la Casa Rosada. También reflejarán el nuevo equilibrio de fuerzas que comenzó a emerger dentro del oficialismo provincial, donde Passalacqua encontró en la defensa de la tierra uno de los primeros temas capaces de diferenciarlo abiertamente de la estrategia de acercamiento a Milei que Rovira impulsó desde el inicio del gobierno libertario.

PL/CRM