El jefe de Gabinete Manuel Adorni dice que no pasará del lunes 15 de junio para presentar su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La elección del momento no es casual. El jueves 11 arranca el Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá, y el Gobierno apuesta a que el ruido del torneo más visto del planeta le dé cobertura mediática para un trámite que lleva meses demorado y que está directamente vinculado a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que el juez federal Ariel Lijo tiene abierta sobre el funcionario.

La demora de Adorni tiene dos explicaciones según su entorno. La primera es técnica: querían evitar interferir en la recopilación de pruebas que impulsa el fiscal a cargo de la causa. La segunda es política: el funcionario buscó no ceder ante la presión que en las últimas semanas ejercieron sobre él tanto la senadora Patricia Bullrich como la vicepresidenta Victoria Villarruel, que reclamaban públicamente que presentara la declaración sin más dilaciones. Fue Bullrich quien forzó los tiempos al adelantar la propia.

Lo que termina de completar el cuadro es el viaje que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, hará a París entre el 15 y el 19 de junio. Mahiques encabezará la delegación argentina ante el GAFI, el organismo internacional que evalúa las políticas del país en materia de lavado de dinero. En esa misma comitiva viajarán el juez federal Sebastián Casanello y el propio Lijo: el magistrado que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, que tiene en sus manos la causa de las coimas en la ANDIS y que concentra los expedientes más sensibles para el Gobierno, compartirá estadía en la capital francesa con el ministro de Justicia.

La interna que rodea al viaje tampoco es menor. Mahiques está alineado con Karina Milei en el seno del Gobierno. Lijo, en cambio, es visto históricamente como cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, el otro polo de la disputa interna que lleva meses tensando al oficialismo.

¿Qué es exactamente lo que la declaración jurada de Adorni deberá explicar? El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, encargó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) un análisis pormenorizado del patrimonio de Adorni y su esposa Bettina Angeletti. El eje central de la causa es si el nivel de vida del matrimonio puede justificarse con el sueldo del funcionario, que durante 2024 y buena parte de 2025 estuvo congelado en alrededor de $3 millones en mano.

Entre los elementos bajo escrutinio figuran dos compras de propiedades: un departamento en Caballito —adquirido con un préstamo de dos jubiladas al que faltan devolver 70.000 dólares— y una casa en el barrio privado Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, escriturada a nombre de Angeletti como titular del 100%. A eso se suman al menos 21 viajes del matrimonio en cuatro años a destinos como Aruba, Nueva York, España, Cancún y Punta del Este, con estadías en hoteles de alta gama. El último frente que abrió la investigación son los movimientos en criptomonedas: la fiscalía detectó operaciones de entrada y salida en más de 20 exchanges —entre ellos Binance, Ripio y Lemon— con activos en BTC, ETH y USDT que aún no tienen explicación patrimonial oficial. Todo eso es lo que Adorni prometió aclarar antes del lunes 15. El Mundial empieza el jueves.

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que el presidente Javier Milei podría no firmar el decreto de nombramiento de la jueza María Verónica Michelli, designada a ocupar el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata tal cual decidió este jueves el Senado con una abrumadura mayoría.

“Cuando se considere el momento oportuno para garantizar el servicio de Justicia, se firmará. El Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó”, sostuvo el funcionario respecto a la rúbrica del decreto.

Asimismo, pidió no hablar de “escándalo” luego de la aprobación del pliego de Michelli, horas después de los intentos del Poder Ejecutivo por intentar retirarlo pese a la resistencia de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “Todos los Presidentes desde el inicio de la democracia retirar pliegos”, lo justificó. “Es una facultad constitucional”, insistió. Además, admitió que incluyó a Michelli en las ternas, pero aclaró que el mandatario tiene la potestad de vetar las opciones.

Por su parte, Mahiques desmintió que los motivos para retirar el pliego hayan sido sus vínculos con el periodista Hugo Alconada Mon, que investiga casos de corrupción del Gobierno. “En ningún momento se dijo cuál es el motivo”, planteó.

Asimismo, el ministro sostuvo que uno de los pliegos retirados durante la gestión de Alberto Fernández fue el de su hermano Ignacio Mahíques, el fiscal que investigó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Los Sauces. “Tenía el acuerdo de la comisión, la audiencia en el Senado para ser propuesto juez federal de Mercedes. El presidente Alberto Fernández retiró el pliego y no hubo ninguna tapa de diario ni manifestaciones ni nada”, se expidió.

“¿Qué querés que hagamos? Si dependemos de los ATN para llegar a fin de mes”, suspira un peronista de una provincia norteña que hace tiempo se alejó de la oposición dura para votar junto al Gobierno. La decisión administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial 24 horas antes de la marcha universitaria, significó un recorte de más de $320 mil millones para las provincias. Este ajuste, sumado a la caída de la coparticipación, tiene a las provincias al borde del colapso y a los gobernadores al borde de la rebelión. Una receta para el desastre que el Gobierno intenta amortiguar con la única prenda de negociación disponible que Luis Caputo no puede recortar: los pliegos judiciales. 

Para los gobernadores aliados, el problema no es tanto la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo o el vómito incendiario contra periodistas y empresarios de Javier Milei. Ni siquiera el escándalo patrimonial de Manuel Adorni. El problema es el plan económico de Luis Caputo y el agujero imposible que les está dejando en las cuentas públicas. 

La decisión administrativa que arrasó con $2,5 billones en prevención contra el cáncer, salario docente, infraestructura en escuelas y obra pública tuvo su correlato directo en las provincias. Solo en el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional” del Ministerio del Interior la contracción fue de $320.711 millones, de los cuales el 100% de los recursos estaban destinados a la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Esto significa un recorte de más del 50% sobre los ATN que, en muchas provincias, representan la única soga de salvación frente a la asfixia financiera. 

Como relata un senador peronista, los ATN son lo que garantiza que algunas provincias puedan pagar el aguinaldo a mitad de año o en diciembre. Especialmente en un contexto de recorte de las partidas nacionales, caída consecutiva de la recaudación –van nueve meses a la baja– y derrumbe de las transferencias automáticas por coparticipación. Según un informe de Politikon Chaco, en el primer trimestre de 2026 hubo una caída del 5,7% de la coparticipación nacional. Esto es $1,39 billones. 

Si los gobernadores no le terminan de soltar la mano a Javier Milei es porque la alternativa –es decir, un recorte mayor en los ATN– los dejaría al borde del colapso. Especialmente cuando se presta atención a las pocas provincias que percibieron ATN en 2026: Misiones, Mendoza, Corrientes, Catamarca, Chaco, Chubut, Neuquén, Salta, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, Santa Cruz y Santa Fe. Todas provincias aliadas que, durante la última convocatoria opositora para interpelar a Adorni en la Cámara de Diputados, se negaron a dar quórum.

El Gobierno ha logrado, con dificultad, sostener cierto control del Congreso. La parálisis legislativa oficialista generada por el caso Adorni tuvo, como contracara, el empantanamiento de la oposición, que pese a la debilidad del Gobierno no logró avanzar en una sesión propia. Los aliados no se animan, de momento, a declararle la guerra a Milei. 

Pero es cuestión de tiempo. Durante el primer trimestre del año, el Ejecutivo repartió $121 mil millones en materia de ATN a las provincias aliadas. Después del recorte de la semana pasada, le quedan solo $127.755 millones disponibles en el Presupuesto. Es decir que, si continúa distribuyendo los ATN a este ritmo, solo le quedan cuatro meses más de recursos.

Una fecha límite a la que se le suma otra fecha clave: el fin del Mundial y el comienzo oficial de la campaña presidencial. 

Mapa judicial

Mientras Diego Santilli hace malabares para sostener el apoyo de los gobernadores sin casi elementos en su caja de herramientas, hay un actor que empezó a ser clave en el vínculo con las provincias: Juan Bautista Mahiques. El ministro de Justicia está en pleno proceso de envío de pliegos para cubrir las más de 200 vacantes que hay en la Justicia y se muestra, junto a su segundo Santiago Viola, mucho más receptivo que sus antecesores a aceptar las propuestas de los gobernadores para cubrir juzgados locales. 

El Gobierno juega con un gran tablero. Más del 35% de los juzgados de la Argentina están vacantes y eso le permite jugar con un amplio abanico de recursos para negociar con senadores y gobernadores que están interesados en cubrir las vacantes de sus provincias. La primera tanda de pliegos que Mahiques envió respondió a las prioridades de Comodoro Py –entre los que se incluye el de su padre, Carlos “Coco” Mahiques, cuyo pliego fue aprobado el jueves pasado en el Senado–, pero la segunda tanda fue un gesto a los gobernadores. 

En la última semana, el Poder Ejecutivo envió unos 60 pliegos judiciales para ser tratados durante el próximo mes. Algunos son compensaciones por favores prestados, como el caso del juez Víctor Pesino de la Cámara Laboral, que dejó sin efecto la medida cautelar conseguida por la CGT para suspender la aplicación de la reforma laboral. Otros, en cambio, son guiños a los gobernadores y senadores del PRO y la UCR que venían reclamando, desde el año pasado, un avance sobre algunas vacantes judiciales. 

Es el caso de Florentino Malaponte, de familia radical, que fue propuesto para la Cámara Federal de Rosario. Se presentaron pliegos, además, para cubrir vacantes en Chubut, Catamarca, Misiones, Chaco y Corrientes. “Les dejamos servidos en bandeja 280 cargos judiciales. Fue la impericia del kirchnerismo”, se lamenta, irritada, una senadora del peronismo. 

El Gobierno ya le adelantó a sus aliados que jugará con todo el tablero y que, en los próximos dos meses, continuará enviando los pliegos faltantes. Mahiques quiere cubrir todas las vacantes y el compromiso de acá a septiembre es tratar solo esos lugares: la Corte Suprema y la Procuración General de la Nación quedarán para después. Aunque Mahiques tiene a favor un gran antecedente: el pliego de su padre, que lo habilita a ser juez hasta los 80 años, fue aprobado con 58 votos a favor y solo 11 en contra, del kirchnerismo más duro. Más de dos tercios del Senado. 

Los mayores problemas que tiene por estas horas, en cambio, vienen de la propia interna. Y es que un sector del Gobierno se rehúsa a acompañar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania para la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. ¿El motivo? Su vínculo con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), con su presidente “Chiqui” Tapia y con su mano derecha, Pablo Toviggino. 

Algunos senadores aliados dejaron trascender su resistencia a acompañar los pliegos, pero la mayor presión no vino del Congreso, sino de Casa Rosada.

MCM/MC

En medio de una acelerada estrategia del Gobierno para completar vacantes en la justicia federal que ya lleva más de 130 pliegos enviados al Senado desde marzo, este jueves se concentran dos nombres de la “familia judicial”: el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, y el padre del ministro de Justicia, Carlos “Coco” Mahiques. Ambos buscan un guiño de los senadores para hacerse de cargos importantes.

El hijo de Horacio Rosatti debe rendir examen este jueves ante la Comisión de Acuerdos —presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto— para defender su pliego como candidato a juez federal en Santa Fe. A su vez, el pliego del padre de Juan Bautista Mahiques espera ser votado dentro del recinto de la Cámara alta en horas de la tarde.

El hijo del presidente de la Corte

Rosatti está propuesto para ocupar una vocalía en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su padre es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y, simultáneamente, presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elaboró la terna de la que el Poder Ejecutivo lo seleccionó. Desde el entorno del magistrado aclararon que el supremo no participó del plenario donde se votó esa terna, que salió por unanimidad con 19 consejeros.

Rosatti hijo ingresó a la terna casi a último momento, porque no sacó las notas más altas en las distintas pruebas técnicas. Figuró 9°, 4° y 3° en “antecedentes”, “mérito provisorio” e “impugnaciones”. Pero su suerte cambió luego de la “entrevista personal”. Justamente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron la “discrecionalidad” que habilitan estas audiencias finales.

Así Rosatti quedó en el podio de nombres que el Consejo de la Magistratura le hizo llegar al Ejecutivo. Fue el dedo de Javier Milei que lo eligió para ocupar ese cargo. “El flaco sabe de lo que habla, fue muchos años secretario del Juzgado Federal 1 y del Juzgado Electoral de Santa Fe. ¿Qué queres que haga, que se cambie el apellido?”, dijo a elDiarioAR un consejero de la Magistratura que estuvo en la entrevista personal.

La fuente también desmintió que Rosatti hijo tuviera antecedentes legales, aunque sí admitió que durante la pandemia le hicieron un control de alcoholemia que le dio positivo y le sacaron el registro, pero tuvo que hacer un curso para que se lo rehabiliten. Además Rosatti tuvo una demanda civil por el divorcio con su ex mujer, que, según la fuente consulta, se terminó resolviendo.

El caso Rosatti no es el único con características de familia judiical. Ante el Senado también exponen Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa $LIBRA.

En las audiencias anteriores ya habían pasado por el Salón Azul otros representantes de la misma lógica: Nicolás Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; y Javier Arzubi Calvo, ex secretario del juez Ariel Lijo. La comisión de este jueves está citada para las 10 y Rosatti aparece como octavo expositor en la lista.

El padre del ministro

Por la tarde, el Senado tratará en el recinto el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien conduce desde el Ejecutivo todo el proceso de designaciones judiciales en curso.

El camarista cumplirá 75 años en noviembre próximo, la edad límite para ejercer como juez que establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. Sin ese nuevo nombramiento, deberá retirarse. El pliego fue enviado al Senado el 4 de febrero, un mes antes de que su hijo asumiera como ministro, y el 16 de abril Mahiques padre expuso en audiencia pública durante varias horas, donde fue interpelado por el kirchnerismo por la causa Lago Escondido.

Ambos Mahiques estuvieron esa travesía de lujo junto a otros funcionarios judiciales y ejecutivos del Grupo Clarín. “Coco” sorteó con creces el examen: dijo que fue un viaje de trabajo porque dio una charla en una universidad patagónica pero no negó que estuvo también “descansando con amigos”: “No fue una travesía de pesa”, se defendió. Su expediente es el único de toda la primera tanda que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.

Mahiques suma otro dato polémico: En 2013, fue designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tras haber sido ternado por el Consejo de la Magistratura y posteriormente propuesto por el Poder Ejecutivo. Dicha decisión fue luego aprobada por el Senado; sin embargo, 4 años después —y con la sola solicitud del magistrado y la conformidad del Consejo— el entonces presidente Mauricio Macri dispuso su traslado a la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal antes de la Corte Suprema. En 2018, ese traslado fue avalado por el Senado de la Nación. Por eso la ACIJ e INECIP exigen que no se apruebe su prórroga en el cargo.

La negociación de fondo

El proceso de designaciones no es solo una cuestión técnica de cobertura de vacantes. La dinámica política que lo rodea es tensa. El oficialismo no tiene mayoría propia en el Senado y depende de los bloques dialoguistas del PRO y la UCR para conseguir los nueve votos necesarios en la Comisión de Acuerdos.

La semana pasada, varios senadores aliados se negaron a firmar los dictámenes de los primeros 77 pliegos exigiendo que el Gobierno también enviara candidatos para cubrir vacantes en el interior del país, ya que la abrumadora mayoría de los postulantes correspondía a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. “No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, dijo una fuente parlamentaria. Entre los que aún no habían firmado figuraban el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y el radical Maximiliano Abad.

En respuesta, el Ejecutivo envió esta semana nuevas tandas de pliegos con más candidatos de provincias: Tucumán, Corrientes, Chaco, Salta, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Neuquén y Río Negro, entre otras. Esa nómina tomará estado parlamentario en la sesión de este jueves.

El peronismo, en tanto, mantiene una posición más dura. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, desconoció la validez de la composición de la Comisión de Acuerdos por considerar que no respeta la representación que le corresponde a la principal bancada opositora, y cuestionó los méritos de varios candidatos.

MC

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, padre del ministro Juan Bautista Mahiques, defendió este jueves su continuidad en el cargo ante el Senado en una audiencia atravesada por el escándalo del viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022. El magistrado buscó relativizar el episodio al afirmar que se trató de “un viaje de distracción con amigos”, mientras el oficialismo avanzó con su pliego y dejó encaminada su renovación por cinco años más, en lo que fue leído como un guiño político para su permanencia.

La exposición se dio en la Comisión de Acuerdos, donde Mahiques respondió preguntas de senadores sobre su trayectoria y sobre el viaje realizado en octubre de 2022 a la estancia del empresario británico Joe Lewis, en Río Negro. Allí coincidió con otros jueces federales, funcionarios y directivos vinculados al conglomerado de medios. Frente a los cuestionamientos, el camarista insistió en que se trató de una actividad privada: “Fue un viaje de distracción con amigos”, sostuvo, y negó que hubiera existido algún tipo de contraprestación o vínculo indebido con su función judicial.

Las respuestas no lograron disipar las críticas de la oposición. Desde el peronismo, varios senadores remarcaron que el traslado se hizo en un vuelo privado y que la estadía fue en una propiedad de Lewis, lo que dio lugar a denuncias por presuntas dádivas. En ese sentido, plantearon que no se trata de un hecho menor sino de un episodio que pone en discusión la independencia y la transparencia de integrantes de uno de los tribunales más importantes del país. Las consultas fueron planteadas por la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el rionegrino Martín Soria.

Con Mahiques viajó Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Incluso fue Juan Bautista Mahiques, actual ministro, que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

Mahiques explicó: “Me cuide muy bien de verificar, cuando hicimos ese viaje de amigos, que no me financió ninguna empresa”. También reiteró que “no pedí licencia porque el único tribunal que tiene jurisdicción en todo el país es Casación Federal y en consecuencia, de algún modo, seguí trabajando”. Agregó, en ese sentido, que participó “de un seminario que está grabado en la Universidad Austral durante el viernes y el sábado, y el domingo me volví”.

Pese a esa polémica, el oficialismo avanzó con el tratamiento del pliego enviado por el Poder Ejecutivo para renovar su mandato. Mahiques cumple 75 años en noviembre de 2026, el límite constitucional para ejercer como juez, por lo que necesita un nuevo acuerdo del Senado para permanecer en el cargo por otros cinco años. La continuidad en Casación —tribunal clave para revisar causas penales de alto impacto— convierte la decisión en un movimiento de peso dentro del esquema judicial.

Fernández Sagasti recordó dos impugnaciones que recibió el pliego de Mahiques por parte de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) porque fue beneficiado con el cargo actual por una decisión de Mauricio Macri en 2017, pese a que su cargo original era el de juez de la Cámara Nacional de Casación Penal: “Los traslados fueron un elemento excepcional y necesario, ortodoxos y compatibles con la interpretación constitucional”, y cerró al respecto que “el Consejo de la Magistratura evaluó el pedido y el Ejecutivo convalidó y lo envió a este Senado que también lo aprobó”, dijo Mahiques.

El senador Soria cargó contra el magistrado y recordó que “fue trasladado a dedo por el expresidente Mauricio Macri” y sostuvo que “pertenece a un grupo selecto de magistrados contrario a la Constitución y al Reglamento sin concursar a la máxima instancia”. “¿Usted cree que esto no lo afecta su independencia judicial? ¿No es falta de idoneidad moral?”, lo inquirió.

“No me hago cargo ni acepto de ninguna de las denuncias de sus imputaciones que hizo en general a un selecto grupo que nunca pertenecí. He servido al Estado en donde fui convocado no por razones ideológicas, sino por aportes técnicos”, se defendió Mahiques. Al finalizar la audiencia pública, tras casi cuatro horas de reunión, el pliego del juez Mahiques obtuvo dictamen de comisión.

MC

El doctor Esteban Mahiques, hermano de Juan Bautista, fue oficializado este jueves como titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia de la Nación, cargo que, según se indicó, será “ad honorem”.

“Desígnase con carácter ‘ad honorem’, a partir del 6 de marzo de 2026, en el cargo de Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia al doctor Esteban Mahiques”, señaló el decreto 251/2026 publicado en el Boletín Oficial.

Esteban se desempeñaba como director general de Relaciones Institucionales de la Cancillería y hasta hace poco integraba el Tribunal de Disciplina de la AFA, puesto al que renunció en las últimas semanas tras los cuestionamientos por incompatibilidades después de la avanzada del Gobierno contra el titular de la casa madre del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino.

La oficialización de la designación fue firmada por el presidente Javier Milei y el titular del Ministerio de Justicia y la misma señaló que la función de Esteban Mahiques comenzó a regir el pasado 6 de marzo de 2026 debido a que Juan Bautista Mahiques asumió en el cargo a comienzos de dicho mes.

El ministro y el ahora designado jefe de asesores en Justicia tienen otro hermano, Agustín, fiscal de instrucción porteño, conocido por su rol como adjunto del fiscal Gerardo Pollicita en la causa “Vialidad” contra Cristina Fernández de Kirchner, que terminó con la condena a la expresidenta a seis años de prisión.

“Coco” Mahiques, ante el Senado, para defender su pliego

Carlos “Coco” Mahiques, padre de Juan Baitista y Esteban, defiende este jueves su pliego para acceder a la prórroga por cinco años más en su cargo en la Cámara Federal de Casación Penal. Lo hará en el Salón Illia del Senado frente a los miembros de la Comisión de Acuerdos que preside el riojano Juan Carlos Pagotto.

“Coco” Mahiques cumplirá los 75 años, edad límite para ser juez establecida en la Constitución Nacional (artículo 99, inciso 4), en noviembre próximo. Sin embargo, puede recurrir a un nuevo nombramiento por cinco años más, a propuesta del Poder Ejecutivo.

Al pliego se le dio ingreso formal en la sesión del 18 de marzo pasado, mientras que el 7 de abril culminó el plazo para recibir respaldos e impugnaciones a su candidatura, las cuales tendrá sobre la mesa la Comisión de Acuerdos.

Es camarista de la Casación Federal, el principal tribunal penal del país. Por encima solo está la Corte Suprema. El juez acaba de correrse de la causa que investiga la supuesta malversación de fondos en la AFA porque se reveló que festejó su cumpleaños a fines de 2025 en la quinta que se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

Tras integrar tribunales orales y de casación en la provincia de Buenos Aires, en 2015 fue designado como ministro de Justicia bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal al frente de la gobernación, cargo al que renunció cinco meses después. En 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, llegó a la Cámara Federal de Casación Penal, trasladado desde la Casación porteña. Como parte del tribunal, firmó la resolución que en 2024 atribuyó el atentado a la AMIA a Hezbollah con apoyo iraní y lo clasificó como crimen de lesa humanidad; un año antes, en 2023, confirmó 54 condenas por torturas, desapariciones y “vuelos de la muerte” en la ESMA. Además, Carlos Mahiques es profesor universitario, autor de libros de derecho penal, recibió la Orden al Mérito de Italia y sendas condecoraciones de Francia y Malta, y premios de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y la ADL (Anti-Defamation League -Liga Antidifamación-), por su rol en la causa AMIA.

Con información de NA y El Parlamentario.

Fue este mismo lunes. Mientras los jueces de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti presentaron en un acto formal un proyecto de reglamento que busca acotar la discrecionalidad política en la selección de magistrados, el Poder Ejecutivo remitió al Senado los pliegos de los candidatos para ocupar más de 50 cargos federales vacantes con un nombre que se destacó entre los postulantes: Emilio Rosatti, hijo del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, fue propuesto para el tribunal federal de juicio de Santa Fe.

En total, el Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, envió 52 pedidos de acuerdo para jueces nacionales y federales de diferentes fueros, en su mayoría con asiento en la Ciudad de Buenos Aires. La operación busca poner fin a más de dos años de parálisis en la cobertura de vacantes y marca el primer movimiento concreto del gobierno de Javier Milei para remodelar el mapa judicial del país. Se especula que en los próximos días ingresaría una decena de pliegos adicionales, para así completar la primera tanda de 62 candidaturas.

Actualmente hay más de un tercio de los cargos federales vacantes, además de la propia Corte Suprema, que tiene dos sillas vacías. Los más de 300 cargos vacantes son en los fueros penal, penal económico, civil, comercial, contencioso administrativo y seguridad social.

Lo sugestivo del envío de los pliegos fue el momento. Mientras el proceso de envío de pliegos –entre ellos el del hijo de Rosatti– que activó este lunes el Ejecutivo está regido por el reglamento vigente, en la misma jornada la Corte Suprema presentó un proyecto para modificar el modo en que se seleccionan los jueces.

El pliego Rosatti

El diploma de Emilio Rosatti llegó al Senado en la segunda tanda de la tarde de este lunes, junto a las otras candidaturas. Fue propuesto para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Según trascendió, el presidente de la Corte no participó de la votación de su terna en el Consejo de la Magistratura, que además encabeza el propio Rosatti. 

Tanto el pliego de Rosatti hijo como del resto de los candidatos deberán pasar por la Comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano libertario Juan Carlos Pagotto, pero no podrán tratarse hasta que tomen estado parlamentario en una sesión de la Cámara Alta. La intención de Patricia Bullrich, titular del bloque oficialista, es acelerar el proceso para la semana que viene, luego del doble feriado del 2 de abril y Semana Santa.

Más allá del apellido Rosatti, la lista de pliegos contiene varias designaciones de alto valor político-judicial. Tres nombres para los Tribunales Orales Federales de La Plata –Carlos Fabián Cuesta, María Verónica Michelli y María Julia Sosa, todos para el TOF N° 3– concentran especial atención: ese tribunal tiene competencia sobre causas de lesa humanidad en la región bonaerense, algunas de las cuales involucran a militares y civiles, en el contexto de un gobierno que tiene un fuerte sesgo negacionista.

En el fuero Penal Económico, hubo dos vocales propuestos para la Cámara de Apelaciones –Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway– y un fiscal para el mismo fuero: Juan Andrés Moldes. El Penal Económico es el fuero donde tramitan causas de lavado de dinero, evasión y corrupción empresarial. La composición de sus cámaras tiene impacto directo sobre investigaciones que involucran a sectores del poder económico y financiero.

En la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional –el tribunal de segunda instancia que revisa las sentencias penales más relevantes del país– figura Nicolás Grappasonno. Y para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Santiago Quian Zavalía. Ambas designaciones tienen peso institucional: quiénes integren esos cuerpos determinarán, en buena medida, el rumbo de los procesos penales de mayor trascendencia pública en los próximos años.

El reglamento que Rosatti no firmó, y Mahiques aplaudió

El acto de presentación del proyecto de nuevo reglamento que impulsan Rosenkrantz y Lorenzetti se realizó en la Sala de Audiencias de la Corte y reunió a buena parte del establishment judicial: consejeros de la Magistratura, camaristas, fiscales, presidentes de tribunales provinciales, académicos y representantes de colegios de abogados. Entre los presentes estaba el ministro Mahiques, quien escuchó en primera fila cómo Rosenkrantz proclamaba que el objetivo del nuevo reglamento es “eliminar la discrecionalidad” en la selección de jueces.

Las palabras de los dos jueces firmantes no dejaron margen para la ambigüedad. Rosenkrantz señaló que la propuesta busca “identificar a los mejores candidatos mediante una estrategia simple: eliminar la discrecionalidad”, y advirtió que el reglamento tiene una lógica sistémica que no debería modificarse en sus aspectos centrales. Lorenzetti, por su parte, fue más explícito sobre el diagnóstico: habló de “un deslizamiento progresivo hacia una creciente partidización en la designación de jueces” y describió la situación actual como “un puente que ya se transita demasiado entre los poderes ejecutivos y los judiciales”.

El mecanismo que proponen reemplaza el sistema vigente con exámenes de 120 preguntas seleccionadas aleatoriamente de un banco de 2.000, corrección automatizada y anonimato garantizado por tecnología. La entrevista personal –históricamente la etapa más expuesta a presiones– queda limitada a solo 20 puntos sobre el total. El proyecto también incorpora concursos anticipados como regla y un legajo digital único para los postulantes. No requiere gasto extraordinario y, según sus impulsores, debería reducir los tiempos de selección, hoy extendidos durante años.

La acordada lleva únicamente las firmas de Rosenkrantz y Lorenzetti. Rosatti no la suscribió, a sabiendas de que encabeza tanto la Corte Suprema como el Consejo de la Magistratura, el organismo al que va dirigida la propuesta y que deberá tratarla en plenario. El contexto es relevante: en el Consejo ya hay 15 proyectos en discusión para reformar el sistema de concursos, presentados por consejeros de distintos sectores –jueces, abogados, académicos y representantes políticos–, ninguno de los cuales había llegado hasta ahora al plenario. La propuesta de la Corte se suma como un jugador externo que busca forzar la discusión.

Para que el nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo deberá aprobarlo. Mientras tanto, los 45 pliegos enviados este lunes por el Ejecutivo no pasaron por ninguno de estos mecanismos: provienen del sistema anterior, donde el Consejo elabora las ternas y el Ejecutivo elige a quién propone. La reforma es para el futuro. El presente, en cambio, quedó para el reparto.

El antecedente de “Coco” Mahiques

El gobierno de Milei llevaba más de dos años evitando cubrir vacantes en el Poder Judicial –más de 300 acumuladas–. Pero ahora, con Mahiques al frente del ministerio, decidió activar la maquinaria de golpe.

El apellido Rosatti es sugestivo entre los candidatos. Pero el propio ministro tiene un interés agregado: tiene a su propio padre esperando acuerdo en el tribunal penal federal más importante del país.

El 18 de marzo, hace dos semanas, el Senado dio ingreso al expediente de Carlos “Coco” Mahiques –padre del ministro de Justicia– para su continuidad en la Cámara Federal de Casación Penal. “Coco” Mahiques cumple en noviembre los 75 años, edad límite para ser juez, y necesita un nuevo nombramiento por cinco años para seguir en el cargo. Ya tiene la venia del oficialismo.

MC

“Pase, pase”. Horacio Rosatti presidió la jura como miembro del Consejo de la Magistratura del flamante viceministro de Justicia, Santiago Viola, y luego le dio paso a Juan Bautista Mahiques para una reunión privada. Fue una de las escenas que más llamó la atención entre los testigos de la ceremonia de este martes en el Palacio de Justicia, en la que el apoderado de La Libertad Avanza e íntimo de los hermanos Milei asumió en el organismo que designa y remueve jueces.

La cumbre entre Rosatti y Mahiques fue la primera desde que el funcionario reemplazó, hace apenas dos semanas, a Mariano Cúneo Libarona. Su ascenso implicó el corrimiento del hasta entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio, alfil de Santiago Caputo, quien fue designado como jefe de los abogados del Estado. Detrás de todo estuvo la mano de Karina Milei, que avanzó un casillero más en su disputa interna con el asesor presidencial.

“Lo que se vio fue una postal de karinismo puro, y hacía mucho no veía tantos funcionarios del Poder Ejecutivo en una jura así”, contó una fuente judicial sobre el desembarco de Viola. El Gobierno participó en pleno: además de Mahiques estuvieron Lule Menem; Sharif Menem —asesor en la Cámara de Diputados—; el diputado y armador bonaerense libertario Sebastián Pareja; el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni; el diputado Gonzalo Roca, representante libertario en el Consejo; los senadores Nadia Márquez (Neuquén) y Juan Carlos Pagotto (La Rioja), y el legislador porteño Diego Vartabedian.

Viola será la espada de Javier y Karina Milei en el Consejo de la Magistratura en un contexto en el que el Gobierno comienza a desplegar un paraguas político ante los escándalos que involucran al Presidente y su hermana. El principal es el caso $LIBRA, tras las filtraciones de estos últimos días. Por eso Mahiques salió el lunes en varios canales de televisión a sembrar dudas sobre esas revelaciones como prueba judicial, pese a que forman parte de peritajes oficiales que el fiscal Eduardo Taiano ya tenía desde hace tiempo.

No trascendió que esa línea ofensiva se haya conversado en la reunión a puertas cerradas entre Mahiques y los jueces Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Oficialmente, el ministro y los magistrados conversaron sobre las cientos de vacantes que aún existen en distintos estamentos del Poder Judicial. “El ministro ratificó el compromiso de avanzar en la cobertura de vacantes judiciales, iniciando el proceso de envío al Senado de los pliegos necesarios para cubrir más de 300 cargos de jueces, fiscales y defensores en todo el país, una medida clave para normalizar la integración de los tribunales y mejorar la capacidad de respuesta de la Justicia”, comunicó oficialmente la cartera.

Como anticipo de la nueva etapa que se abre, el comunicado señala que “el Gobierno Nacional y la Corte Suprema ratifican su voluntad de seguir trabajando de manera coordinada, cada uno dentro de sus competencias, para fortalecer la independencia de la Justicia, garantizar la seguridad jurídica y asegurar el pleno respeto al Estado de derecho”.

Según supo elDiarioAR de fuentes involucradas en la nominación de jueces, Mahiques acelerará primero un grupo de entre 30 y 50 nombramientos, eligiendo entre las ternas que ya conformó el Consejo de la Magistratura. “En cada pecera hay tres peces; tiene que pescar uno de cada una. Creo que es de los ministros de Justicia que más poder pueden llegar a tener”, apuntó un vocero.

Esas nominaciones serán enviadas al Congreso para su aprobación. En esa instancia será clave el rol del senador Pagotto, titular de la influyente comisión de Acuerdos, quien deberá acordar posturas con la oposición aliada —el PRO, la UCR y los gobernadores dialoguistas— para que los pliegos avancen.

Entre las urgencias de Mahiques figuran las vacantes en la justicia civil, la cámara comercial, la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico, y los tribunales federales y cámaras de provincias como Mendoza, Chaco, Salta, Córdoba, Buenos Aires y Chubut. Las vacantes del Poder Judicial rondan el 37%. Por ahora no está en el horizonte cercano del ministro avanzar sobre las dos sillas vacías de la Corte Suprema, sobre todo tras el fracaso de Milei al intentar designar por decreto a Manuel García-Mansilla y a Ariel Lijo.

MC

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, sostuvo este lunes que resulta necesario “dejar que la Justicia investigue la causa $LIBRA”, en tanto que calificó de “muy grave” que se haya filtrado información confidencial del expediente que obra en manos del fiscal Eduardo Taiano que involucran al presidente Javier Milei por la presunta cripto estafa perpetrada el 14 de febrero del 2025.

“Que se haya filtrado es grave. Los ministerios tienen que colaborar con lo requiere el fiscal o el juez, pero lo más grave es que puede que alguien haya tenido acceso a este archivo, por ende la cadena de custodia no está garantizada”, analizó el funcionario de Gobierno.

“No podemos garantizar que parte de este archivo haya sido manipulado”, insistió el titular de la cartera judicial en declarciones a LN+.

Según Mahiques, “hay una causa que investiga si pudo haber sido adulterado, modificado, adulterado el material o parte de lo que salió en los medios, y por otro lado se está investigando la causa $LIBRA”. 

“Tenemos que dejar que la Justicia investigue la causa $LIBRA”, instó el ministro.

Recordó asimismo que el Ministerio de Justicia, cuando estaba al frente su antecesor en el cargo, Mariano Cúneo Libarona, elaboró un informe sobre la causa que entregó a la Justicia.

Por otra parte, Mahiques defendió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien quedó envuelto en un escándalo luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, había sido parte de la comitiva presidencial que viajó a Nueva York la semana pasada, con vuelo y estadía sin cargo en un hotel de lujo de la Gran Manzana.

“Adorni tuvo la entereza y la altura de venir y pedir disculpas. Reconoció el error y se está investigando en la Justicia si hay o no hay delito”, indicó.

Luego agregó: “Yo no soy quien para juzgarlo. Yo no me puedo poner en juez de la moral de colegas o del jefe de Gabinete”.

“Hay denuncias penales que se están investigando. Esperemos a ver qué dice la Justicia”, cerró.

“Bueno, tenemos que definir cómo vamos a trabajar ahora”, suspiró Cristina Fernández de Kirchner, desde su departamento en San José, en diálogo con un senador kirchnerista. Una semana antes, los gobernadores peronistas alineados con Javier Milei habían quebrado el bloque en el Senado y habían dejado al cristinismo sin casi poder de negociación. Luego llegó la confirmación de la designación de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, con una señal de angustia que latía hace tiempo en el corazón del peronismo: Karina Milei había decidido reemplazarlos como aliados para sellar una tregua con Comodoro Py. 

El desembarco de Mahiques fue el golpe final, definitivo. El peronismo ya perdía poder de fuego en el Senado desde octubre. Primero con la reconfiguración de fuerzas tras las elecciones legislativas y los 20 senadores nuevos que logró anotarse La Libertad Avanza. Después con la mayoría automática de 40 senadores que Patricia Bullrich demostró, durante las sesiones extraordinarias, que podría juntar para aprobar cualquier ley que enviara el Ejecutivo. Finalmente, con la ruptura del bloque tras la fuga de Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza, lo que dejó al interbloque que preside José Mayans solo con 25 senadores. 

Hace poco más de un año, el kirchnerismo estaba negociando con Sebastián Amerio, el hombre de Santiago Caputo en el Ministerio de Justicia que Karina corrió la semana pasada, los pliegos de la Corte Suprema. El cristinismo era el interlocutor principal del Gobierno y CFK estaba convencida de que podría, así, condicionar al menos a uno de los nombramientos en el Máximo Tribunal. Ariel Lijo no era propio pero prometía cambiar, junto a Ricardo Lorenzetti, la relación de fuerzas en la Corte a su favor. 

Ahora, sin embargo, con Amerio afuera, los pliegos rechazados en el Senado, y un nuevo ministro de Justicia con terminales directas en la justicia federal, el peronismo se quedó afuera de la negociación. “Ahora nos van a intentar comer a uno o dos más. Amerio operó bien, pero la cagaron al mandar los pliegos por decreto. Pero ahora va a ser (Horacio) Rosatti el que va a manejar la terna”, masculló uno de los armadores de CFK en el Senado. 

El peronismo está a la defensiva. Pasó de controlar el Senado a salvar, por un pelo, que el Gobierno pudiera romperle el tercio del Senado (es decir, menos de 24 senadores). Mayans tuvo que negociar hasta último momento con el puntano Fernando Salino, que presidía Convicción Federal, el bloque que integraban Moises, Andrada y Mendoza antes de abandonar el interbloque. Salino aceptó quedarse, pero el formoseño, que es el brazo operativo de CFK en el Senado y en el PJ nacional, sospecha que podría irse en cualquier momento. 

No es el único. El kirchnerismo sabe que el objetivo del Gobierno es romper y atomizar al panperonismo, de modo de poder negociar las leyes con cada uno por separado. Ya lo logró con algunos gobernadores, como Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), pero CFK sabe que el operativo no terminará ahí. 

Mayans teme por Salino, por un lado, y por Gerardo Zamora, por el otro. El ex gobernador santiagueño ya advirtió que, cuando haya leyes muy duras intentará votar en contra, pero que en el resto intentará mantener una posición “neutral” con el Gobierno. Por ahora sigue dentro del grupo de los 25 y ayuda a blindar el tercio, pero es una posición frágil: el cristinismo se sabe débil, indeciso entre la caza de “traidores” y la amplitud del espacio, y teme que, uno por uno, los vayan dejando sin un peronismo al que conducir. 

La negociación que viene

Mahiques comenzó a marcar la agenda de trabajo y asentó como prioridad cubrir las más de 300 vacantes de jueces y fiscales de la Justicia nacional y federal. Su predecesor, Mariano Cúneo Libarona, había avanzado en varios pliegos, pero Mahiques dejó en claro que será él quien supervise los nombres antes de mandarlos al Senado. Una decisión que despertó las alarmas entre varios gobernadores, que ya habían negociado algunos lugares con Santiago Caputo y temen, ahora, tener que comenzar de cero. 

“Ojo que ahora el que tenga antecedente de que cantó la marcha peronista lo tiran a la mierda eh”, chicaneó un senador kirchnerista a uno de sus pares en las provincias del Norte, que confiaba haber llegado a un acuerdo con el Gobierno. 

El trámite se inicia en el Consejo de la Magistratura, que preside Horacio Rosatti tras el fallo que declaró inconstitucional la ley de 2006 y retrotrajo la composición del organismo al esquema anterior, con la presidencia en manos de la Corte Suprema. Primero se debe llamar a un concurso, realizar una evaluación de antecedentes y una entrevista con los candidatos y, luego, una vez aprobado, se envía la terna al Ejecutivo. Es el presidente quien elige entre los candidatos y los envía al Senado, en donde pueden ser aprobados con mayoría simple. 

Con una base de 40 votos asegurados, el oficialismo descuenta que tendrá los votos para aprobar los pliegos. Pretende utilizarlo como mecanismo de negociación con gobernadores y senadores aliados que, hasta ahora, fueron leales al Gobierno, como el correntino “Camau” Espínola. La discusión de los dos pliegos de la Corte Suprema, en cambio, se pateará para más adelante. “Hoy no es una prioridad”, aseguró el flamante ministro de Justicia, pocas horas después de haber asumido. 

Atomizado y en modo defensivo, el kirchnerismo tendrá que observar esa negociación desde afuera.

MCM/MC

El presidente Javier Milei apuntó contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla y sostuvo que “siempre operaron contra el gobierno”: “No pueden comprar favores sin un corrupto, por eso les gustaban tanto los gobiernos anteriores”, agregó.

“Mi argumento contra los 'empresaurios' es de indole moral. Yo no soy antiempresario, ojalá me argumentaran (sus posturas) en la cara”, indicó el presidente en una entrevista televisiva de LaNación+ grabada días atrás, previo a su viaje a los Estados Unidos para participar de la Argentina Week. También negó cualquier tipo de relación entre la reciente llegada del exfiscal Juan Bautista Mahiques al cargo de Ministro de Justicia de la Nación Argentina con la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), su presidente Claudio Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

Además, se refirió a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias y apuntó contra el kirchnerismo:“A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con (Mauricio) Macri, yo no me voy a dejar amedrentar por delincuentes, chorros y asesinos”, agregó.

Por otra parte, aseguró que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y sostuvo que fueron ellos quienes comenzaron “con las agresiones” en el Congreso el pasado 1 de marzo. Asimismo, indicó que “no había nada planificado” porque no puede premeditar las respuestas “de sus enemigos políticos”.

“Yo no empece con las agresiones, empezaron los 100 cavernícolas que no sólo son ignorantes, si no maleducados y violentos. El expresidente (Mauricio) Macri, a quien yo quiero y respeto, se lo llevaron puesto a pesar de tener el manual de la perfección. Yo no tengo problemas en lidiar ni con las formas ni con el contenido. Hay personas muy básicas, como otros periodistas, que no pueden discutir el contenido del discurso y se detienen en las formas”, manifestó.

“No somos Suiza”

En cuanto al escenario económico que atraviesa el país, aseguró que si bien “no somos Suiza”, su gestion, bajó la pobreza a un 27% y sacó de la misma a más de 12 millones de personas: “Si este gobierno siguiera, la economia crecería el 8%, la inflación va a volver a la baja”; agregó.

Por otra parte, se refirió a los 920 puesto de trabajo que se perdieron con el cierre de Fate, la empresa de neumáticos de Javier Madanes Quintanilla, y manifestó que “él ha estado desempleado” y “sabe lo que es el dolor” de la gente. Sin embargo, aseveró que si bien “esos empleos se pierden”, ahora se van a crear “nuevos puestos de trabajo en otros sectores”.

En la misma línea, planteó que “no piensa como un populista ni como ”los zurdos empobrecedores“ y subrayó que lo que hay que seguir haciendo en Argentina es ”reconstruir el capital de trabajo para poder crecer“. 

La interna entre Karina y Santiago Caputo: “Son tonterías”

En cuanto a los dichos sobre las internas entre la secretaria de Presidencia, Karina Milei y el asesor presidencial, Santiago Caputo, manifestó que le parecen “tonterías”, al igual que cuando aseguran que quien gobierna es su hermana.

“Si todas las personas que trabajan conmigo pensaran igual, estaríamos en un problema; podemos tener diferencias y es natural, porque a mí no me importa tener la razón, me importa hacer lo correcto”, agregó. 

“En 2031 no me ven más”

Por otra parte, aseguró que no tiene intenciones de reformar la constitución “ni tampoco de hacer una reelección indefinida” y ratificó que, si fuera reelecto, en 2031 “se va al campo con sus hijitos de cuatro patas, a vivir de dar conferencias”: “Yo no quiero jubilaciones de privilegio, yo quiero hacer las cosas bien y en 2031 no me ven más”, expresó. 

“Hoy si yo diera una conferencia la podría cobrar 500 mil dólares”, agregó pero luego aclaró que ese monto bajará cuando deje de ser Presidente: “Fuera del cargo va a valer la mitad la conferencia, imagino yo”.

La defensa de Mahiques por su relación con Tapia y Toviggino

En cuanto a la designación como ministro de Justicia de la Nación al ex fiscal Juan Bautista Mahiques, y en relación a los rumores sobre “salvar” al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia y al tesorero Pablo Toviggino, resaltó “que no es sí” y que “si son culpables, que lo paguen”.

Además, confirmó que Mahiques nunca tuvo ningún vínculo con la AFA.

El regreso de Gallo y la AFA

Respecto a la ayuda que propició Tapia en el regreso del gendarme argentino Nahuel Gallo, que se encontraba detenido en Venezuela, indicó que “lo más importante es que regresó” al país y que su traslado fue posible “por el gobierno de Donald Trump que terminó con el gobierno de Nicolas Maduro”: “Que lo haya traido Tapia es de segundo orden. Nahuel estuvo 448 días secuestrado, si tenían el contacto para traerlo, ¿por qué no lo trajeron antes?”; cuestionó Milei.

“Si Villarruel quiere abandonar su puesto, es una decisión de ella”

También habló muy brevemente sobre de la vicepresidenta Victoria Villarruel y reafirmó que es “falso” que quisiera su renuncia; asimismo, recordó que “ella es parte de un gobierno que fue elegido hasta el año 2027 y si quiere abandonar su puesto es una decisión de ella”.

El apoyo a EE.UU. e Israel

Para finalizar, ratificó su “total y absoluto” apoyo a Estados Unidos e Israel y aseguró que Irán es “un régimen autocrático” que se comprometió a “dejar de desarrollar armas nucleares”, sin embargo, “no sólo las está desarrollando, sino que pone en riesgo toda la región y todo el planeta”. En la misma línea, aseguró que también “financiaron a terroristas”.

“Esos terroristas que acá nos pusieron dos bombas y que la condenada (por Cristina Fernández de Kirchner) firmó un memorándum para que fueran excluidos. Tampoco nunca explicaron por qué lo mataron a (Alberto) Nisman. Y es falso que la Argentina esté en riesgo de sufrir nuevamente un atentado. Primero, porque hay países que están alineados y no recibieron ataques terroristas, y segundo, hay otros que están alineados directamente con Irán y sus socios y sí recibieron ataques terroristas. Verdaderamente, los que dicen eso son gente muy poco instruida respecto a estas cuestiones”, concluyó.

La narración de la política a partir de conspiraciones que solapan tramas del poder en principio antagónicas es muy tentadora en un país como Argentina, aunque no siempre sea tan real o genuina. Hay poderes y poderes. En la mezcolanza de intrigas, se arma un lodo en el que salen todos manoseaos y quienes discepoleanamente “viven de los otros” quedan disimulados en sus quinchos VIP, sus cuentas en Luxemburgo y sus atalayas en Miami o la Costa Azul.

Sin embargo, hay instancias en las que el tejido enhebra vínculos impensados y deja a la luz pública al sistema de poder con toda su crudeza. La verba inflamada queda achicharrada y las operaciones de prensa se reconfiguran. Las cosas son porque son, no hay espacio para declaraciones de principios.

Una vértice de esa dinámica se encontró en el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia y Santiago Viola como su segundo; es decir, un integrante del tronco central de la Familia Judicial y un primo hermano de la rama de los Servicios.

Las terminales de Mahiques y Viola fueron repasadas por la prensa esta semana. Hay que hacer un esfuerzo para unir los fragmentos y conformar un texto, porque la implicancia de los reyes de los medios de comunicación en la hoja de ruta de ambos funcionarios es tan profunda, que las prevenciones sanitizantes ante el periodismo “polarizado” se tornan insuficientes.

Continuidad

Un primer dato, esencialmente político, es la ratificación de que no existiría el mileísmo sin el precedente del macrismo. Los fundamentals —dirían técnicos de ambas vertientes— son comunes.

Mahiques y Viola prestaron servicios clave en la administración 2015-2019, el primero como delegado del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y responsable de la Mesa Judicial en la tarea de recorrer persuasivamente despachos de jueces y fiscales, y el segundo, en el radio de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la Inteligencia estatal y paraestatal.

Cada tanto, despiertan voces que destacan la “virtud institucionalista” de Mauricio Macri, frente al Javier Milei “populista”. La ensoñación dura lo que demora echar una mirada a las votaciones en el Congreso desde diciembre de 2023, con asistencia perfecta de las bancadas de Juntos por el Cambio, o al gabinete de Milei, básicamente compuesto por exministros de Macri. Con los mismos intérpretes, no hay por qué pensar que las cosas serían muy distintas.

Cada tanto, se despiertan a desgano voces que destacan la 'virtud institucionalista' de Mauricio Macri, frente al Javier Milei 'populista'. La ensoñación se evapora enseguida

Si se observa el manejo de áreas como la SIDE, las finanzas, el sistema de medios, telecomunicaciones, redes sociales y Comodoro Py, la continuidad Macri-Milei es, antes que nada, procedimental. Allí se insertan los apellidos Mahiques y Viola como articuladores.

Por algún motivo que no termina de quedar claro, aun asumiendo la pelea por los negocios del fútbol y el innegable interés público que despierta la AFA, el bimedio Clarín y La Nación ha desplegado un seguimiento desmesurado del “escándalo del Chiqui Tapia” desde hace un semestre. No hay criterio periodístico válido que justifique lejanamente la obsesión traducida en media docena de títulos diarios y horas y horas en los diferentes soportes de los dos principales grupos de comunicación de Argentina. Ni el ataque de Israel y EE.UU. a Irán, ni la Venezuela intervenida, ni la consolidación política y electoral de Milei, ni las causas ANDIS y $LIBRA, ni el juicio Cuadernos, ni las crisis futbolísticas de Boca y River, ni la persistente inflación, ni la estanflación merecieron tanto despliegue en continuado como las sospechosas cuentas del Chiqui.

Saltó la ficha de Mahiques por su presencia en la fiesta de cumpleaños de su padre en una lujosa quinta de Pilar que estaría a nombre de un testaferro de Tapia y por su papel como vicerrector de un experimento universitario de la AFA. El nuevo ministro niega en forma oblicua el festejo en la quinta: “Lo que dicen que sucedió, no sucedió”. Algún día contará lo que no dicen.

El cumpleaños 74 del camarista de Casación Federal Carlos Mahiques dividió aguas en el elenco mediático oficialista. Unos impugnan a los Mahiques como cómplices de Tapia; otros señalan a los impugnadores como deudos de Santiago Caputo, quien acaba de perder otra batalla con Karina Milei.

No todo es tan esquemático. Mahiques llega con la meta de implementar el sistema de sociedades anónimas deportivas, un esquema de negocios que mueve oscurísimos capitales multimillonarios en Europa y algo menos voluminosos en América Latina. Se supone que ese negociado va en contra de Tapia y de casi toda la oficialidad de los clubes del fútbol argentino. ¿A qué lealtad responderá el ministro?

Será, sin dudas, un funcionario poderoso, con unas doscientas designaciones pendientes de jueces que estarán al alcance de la mano en el gentil Senado que dejaron las urnas y el transfuguismo. Mucho por negociar, mucho por repartir.

Lago Ocultado

Los socios en Papel Prensa, Expoagro y Costa Salguero —reciente concesión del Gobierno de CABA— se vieron obligados a distraer de la agenda —Clarín mucho más que La Nación— el dato más importante del currículum de Juan Bautista Mahiques: su participación en la excursión al paraíso patagónico de Lago Escondido en octubre de 2022, junto a jueces —entre ellos, su padre, Carlos Mahiques—, agentes de Inteligencia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad. El entierro informativo obedece a que Clarín fue el organizador del viaje.

El poder como sinónimo de impunidad —certera definición de Alfredo Yabran en su agonía— quedó expuesto sin mediaciones. Fue un festival de intereses en conflicto y delitos registrados en la mera realización del viaje y en la posterior divulgación del chat de Telegram en el que “los huemules” —así se llamaban entre ellos— tramaron maniobras y venganzas.

Mahiques, desde 2019 fiscal general de la Ciudad, se grabó con la propuesta de fraguar “alguna facturita” para poder engañar a la población y a las instituciones si a alguien se le ocurría llevar a los jueces al banquillo.

El tour a la estancia de Joe Lewis dejó huellas marcadas mucho más allá del anfitrión Clarín, los Mahiques, los otros jueces y los agentes de la SIDE.

Horacio Rodríguez Larreta, el presidenciable más firme cuando se conoció el hecho (2022), estuvo representado por dos miembros en la comitiva de Lago Escondido: Juan Bautista Mahiques, designado al frente del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad y todavía hoy con relación cordial, y su entonces ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.  

Alberto Fernández perdió a su jefe de Asesores, Julián Leunda, porque el chat de Telegram registró su promesa de que el viaje sería borrado de la agenda del Grupo Indalo (C5N, Radio Diez, Ámbito Financiero y otros). Tras su abrupta salida del Ejecutivo, Leunda regresó a la cúpula del multimedios de Cristobal López y Fabián de Souza.   

Cuando a mediados de 2025 López tomó las riendas de Indalo, que había estado década y media en manos de su socio De Souza, Leunda dejó la empresa. Hoy es vocal titular en River Plate y se dedica a la “consultoría de poder”, en la proximidad de Lucas Nejamkis y Antonio Jaime Stiusso, el megaespía al se le alargó el trámite de jubilación.

El recambio de autoridades de Indalo supuso la incorporación, como director de Relaciones Institucionales, de D’Alessandro, el mismo ministro de Larreta al que los chats de Lago Escondido también le costaron el puesto de ministro de CABA. Una de sus metas es suavizar las aristas de C5N y Radio 10, y enterrar la conflictividad con Clarín, algo que el Grupo Poderoso ya responde con reciprocidad.

Mahiques dice que el episodio Lago Escondido quedó aclarado por “la Justicia”. Se refiere a lo decidido en Comodoro Py. Primero, el fuero federal en lo criminal de CABA arrancó la causa desde los tribunales de Río Negro, donde se había originado, dado el aterrizaje de los huemules en el aeropuerto de Bariloche. Al juez federal Sebastián Ramos le bastaron unos pocos meses para sobreseer a los pasajeros, incluidos sus colegas de Comodoro Py Julián Ercolini y Mahiques padre. Ramos adujo que la difusión del caso surgió de un supuesto espionaje ilegal, que primero registró el viaje y luego difundió el Telegram. Atención al argumento, que volverá más abajo.

El nuevo ministro niega nexos relevantes con Eduardo “Wado” de Pedro, durante años, delegado de La Cámpora en la negociación con el fuero federal. Ambos son oriundos de Mercedes. Aunque suenen desconcertantes los modos y las zonas de acuerdo, las conexiones amistosas de De Pedro no son explicables como un arrojo o una excursión individual de quien fuera uno de los preferidos de Cristina. En el eje Patria-La Cámpora argumentan que “siempre se necesita un blanco”, y Wado es (¿era?) el suyo. Los resultados están a la vista.

Foja de servicios

El viceministro Viola tiene un perfil algo diferente al de Mahiques, de quien fue compañero de trabajo hace dos décadas y hoy es amigo personal. La foja de servicios de este hijo de la influyente abogada Claudia Balbín es menos publicable que la de su colega.

El antecedente más conocido del actual apoderado de La Libertad Avanza es que ejerció como abogado de los hijos de Lázaro Báez en la causa que Clarín tituló “ruta del dinero K”. Era 2016, primeros meses de Macri en Casa Rosada. Se sucedían los arrestos de funcionarios y allegados a Cristina Kirchner, con chaleco antibalas y casco frente a los focos de las cámaras en el prime time. Jorge Lanata dedicaba un Martín Fierro a “tortuga Casanello”, el juez que investigaba el lavado de los Báez.

En ese contexto se echó a rodar la versión de que Sebastián Casanello había visitado en Olivos a Cristina, con la confesión de dos presuntos testigos. La denuncia, tendiente a apartar al juez del expediente, fue enarbolada por Viola en nombre de los hijos de Báez, y contó con el impulso indisimulado de Clarín. Títulos principales del diario, notas con y sin firma y los programas de Lanata así lo demuestran.

Se trató de un montaje. En un recorrido inusual para los estándares de Comodoro Py, los dos testigos —un empleado de la ANSES y un chofer— admitieron haber mentido y pactaron una pena en un juicio abreviado En cambio, Viola y el fiscal Eduardo Miragaya —línea SIDE-Servini de Cubría— fueron finalmente sobreseídos. Mientras Báez y sus hijos cumplen su condena, una versión sostiene que el caso dejó heridas en Comodoro Py, con una línea más macrista y de tradición judicial, que buscó poner un freno a tropelías de Inteligencia, y otra más inorgánica y vandálica. Las consecuencias —afirman— se verán ahora, con Viola y Mahiques empoderados. Nadie debería creer que la línea divisoria es demasiado tajante.

Objetivos

El baile de nombres y conexiones lleva la pregunta de por qué Milei encara su tercer año de Gobierno con un movimiento de este tipo en la cartera de Justicia. Las causas contra Cristina marchan de acuerdo al plan, según explicitó el Presidente en su sosegado mensaje de apertura de sesiones del Congreso, por lo que la explicación transita por otras vías.

El ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, no era considerado por nadie como el titular real del área. La atribución recaía en su segundo, Sebastián Amerio, con mayor ascendencia real, pero invalidado ante Karina por su dependencia de Santiago Caputo.

Una lectura del ascenso de Mahiques y Viola que comparten fuentes de Comodoro Py es la consolidación de la estrategia de impunidad de los hermanos Milei. De las múltiples sospechas de corrupción sobre casi todos los presidentes de la democracia, en pocas un mandatario quedó tan directamente implicado como Milei en $LIBRA y ANDIS.

El frente de la criptoestafa $LIBRA cuenta con el fiscal federal Eduardo Taiano como garantía de no investigación. El expediente tiene incorporados contratos de contraprestación, constancias de movimientos entre cuentas, visitas al despacho presidencial, whatsapps e imágenes reveladores. Taiano juega al distraído. Cada tanto, emite un oficio y vuelve a pisar el expediente.

La investigación de la corrupción en la disuelta Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS) descripta en detalle en los audios atribuidos al exmejor amigo de Milei, Diego Spagnuolo, tuvo hasta ahora otro destino, pero se podría torcer.

En febrero, antes de dejar el expediente en el juzgado que estaba subrogando, el juez Casanello procesó a Spagnuolo y 18 acusados por defraudación, cohecho, asociación ilícita y/u otros presuntos delitos. Los procesados son funcionarios que habían montado un sistema de corrupción en el Gobierno de Macri y fueron recontratados por Milei, empresarios y lobistas. La causa es importante por el detallado esquema que describió el procesamiento, pero también por su potencial. Según la voz de Spagnuolo, todo termina en un 3% para Karina.

El expediente quedó a cargo de Ariel Lijo tras la salida de Casanello en febrero. El fiscal Franco Picardi avanza con la investigación, en la que podría haber novedades en cuestión de días, y resiste la ofensiva para anular la causa de parte de Spagnuolo y la familia Kovalivker, dueña de Droguería Suizo Argentina, ubicada en el corazón del esquema de presunta corrupción.

La estrategia de Sagnuolo —que se siente abandonado y por momentos deprimido, según personas al tanto de su vida— es invalidar la investigación con el argumento de que los audios fueron creados con inteligencia artificial —su abogado, Mauricio D’Alessandro, presentó un peritaje realizado en España, que afirma que una parte del registro tiene rastros “sintéticos”—, mientras que los Kovalivker cuestionan el origen presuntamente ilegal de las escuchas, con el argumento jurídico del “fruto del árbol prohibido”.

Tanto Casanello como Picardi desestimaron las impugnaciones, bajo el concepto de notitia criminis, que indica que, si una autoridad toma conocimiento de un presunto delito, debe actuar. En este caso, la denuncia inicial relata hechos verosímiles, lo que se vio corroborado por la decisión de Milei de apartar a Spagnuolo de la ANDIS, sostuvo el juez.

Ni la acusación ni los procesamientos tomaron en cuenta los audios, sino que se basaron en registros contables, contenidos de teléfonos incautados, fotos, grabaciones y testimonios.

La moneda de la nulidad está en el aire. Fuentes con acceso al expediente apuntan a los argumentos de los camaristas Martín Irurzun y Roberto Boico, en contra del voto de su colega Eduardo Farah, quienes intervinieron tras la desestimación de Casanello.

Irurzun, uno de los jueces más veteranos del fuero, de afinidad histórica con la UCR e intención de prolongar su estadía más allá de los 75 años, coincidió con Boico, exabogado de Cristina Kirchner, en ordenar que se establezca “el origen y veracidad de los audios” difundidos originalmente por el sitio Carnaval, y “exponer qué otros elementos abonaron” la investigación.

Si bien los camaristas no anularon una causa que acumula pruebas sólidas y generó un cántico popular sobre Karina y el 3%, “les están mostrando el camino a las defensas, si no para archivar, para ganar tiempo”, dice una voz con conocimiento del expediente.

Hay vías alternativas para tira la pelota afuera, como que Lijo solicite un peritaje sobre los audios en el exterior que demore meses o años.

Interesante invariante. Un fuero federal que trabaja tan codo a codo con los servicios de Inteligencia encuentra en la sospecha de espionaje ilegal un comodín al que acudir en caso de necesidad y urgencia.

Ocurrió con Lago Escondido el 23 de diciembre de 2023, días después de la asunción presidencial de Milei. Ocho años antes, el 30 de diciembre de 2015, con Macri recién llegado a Casa Rosada, la jueza Sandra Arroyo Salgado hizo lo propio —con idéntico argumento del “fruto del árbol prohibido”— con un expediente que ella misma había construido sobre una organización presuntamente extorsiva y de trasiego de información liderada por el exjefe de la SIDE y actual funcionario Juan Bautista Yofre, que abastecía con filtraciones —según describió la magistrada— a los periodistas Carlos Pagni y Edgard Mainhard. Todos fueron desprocesados.

En un tiempo, alguna tarde confundida entre Navidad y Año Nuevo, cuando pocos tengan el apellido Spagnuolo en mente, acaso algún juez dictamine el archivo de la causa ANDIS con el mismo comodín.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El exviceministro de Justicia Sebastián Amerio será designado como nuevo procurador del Tesoro, en reemplazo de Santiago Castro Videla, según confirmaron fuentes oficiales. El cambio se produce en medio de una reconfiguración del Ministerio de Justicia impulsada por el flamante titular de la cartera, Juan Bautista Mahiques, quien comenzó a avanzar con la renovación de funcionarios en distintos organismos.

Horas después de asumir, el ministro solicitó la renuncia de los responsables políticos de varios entes que dependen de la cartera, entre ellos la Inspección General de Justicia (IGJ), el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y la Unidad de Información Financiera (UIF). Los pedidos de renuncia alcanzaron a sus titulares: Daniel Vítolo, Ana Belén Mármora, Alejandro Melik, Juan Cruz Montero y Ernesto Gaspari.

“Llegué y pedí la renuncia de los funcionarios políticos”, sostuvo Mahiques en declaraciones a A24, donde explicó que se trata de una práctica habitual cuando se produce un cambio de conducción en el ministerio. “Son funcionarios que pone la política y cuando el ministro se va se tienen que ir, es la lógica”, afirmó.

La decisión marca el inicio de un proceso de reordenamiento interno con el que el nuevo ministro busca rodearse de funcionarios de confianza y consolidar su propio equipo en las áreas bajo su órbita. Según fuentes oficiales, el objetivo es avanzar con una estructura alineada a la nueva conducción y con mayor control sobre los organismos descentralizados.

En paralelo, desde el Gobierno volvieron a insistir en la necesidad de cubrir las más de 300 vacantes existentes en el Poder Judicial. No obstante, en la Casa Rosada reconocen que antes de avanzar con nuevas designaciones se buscará consolidar una mayoría en el Senado que garantice la aprobación de los candidatos propuestos y evite eventuales bloqueos legislativos.

Para el nombramiento de jueces federales se requiere mayoría absoluta en la Cámara alta, es decir 37 votos, por lo que el oficialismo evalúa avanzar con cautela en ese proceso. Mientras tanto, el nuevo equipo de Justicia se enfoca en reorganizar la estructura del ministerio y definir los próximos pasos en materia institucional.

Con información de Noticias Argentinas y medios

JIB

Su padre Carlos “Coco” Mahiques, camarista de casación federal, y su hermano Ignacio, fiscal, en primera fila. A un costado, el resto del gabinete nacional, pero también Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Más atrás, parado con gesto adusto, el asesor Santiago Caputo, que vio acortado su poder de influencia en el interior de la Casa Rosada ante la llegada del nuevo ministro. Con ese escenario juró este jueves al mediodía Juan Bautista Mahiques a cargo de la cartera judicial.

La ceremonia fue breve, apenas lo que tardó el presidente Javier Milei en leer la fórmula juramental y la aceptación de Mahiques. Pero las imágenes que transmitió la Casa Rosada en su YouTube y los movimientos tras bambalinas revelaron más detalles sobre esta jornada en el poder libertario.

Mahiques juró y se abrazó con el Presidente, que al instante llamó a su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, para hacer un abrazo de a tres. La cámara ponchó apenas dos veces a los invitados pero fue suficiente para mostrar los alcances que tiene el nuevo ministro.

“Coco” Mahiques es camarista de la Casación Federal, el principal tribunal penal del país. Por encima solo está la Corte Suprema. El juez acaba de correrse de la causa que investiga la supuesta malversación de fondos en la AFA porque se reveló que festejó su cumpleaños en la quinta que se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

También se lo vio aplaudiendo a Ignacio Mahiques, el menor de los hijos de “Coco” y hermano del ahora ministro. Es fiscal de instrucción N°35 en la Ciudad de Buenos Aires desde 2015. Fue adjunto de Gerardo Pollicita en causas emblemáticas contra el kirchnerismo, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Muchos más atrás de ellos se quedó Santiago Caputo, que las cámaras oficiales no lo tomaron pero que sí fue visto por los acreditados en la Casa Rosada. El asesor todoterreno se abrazó al entrar en el Salón Blanco con Santiago Viola, flamante segundo de Mahiques y actual apoderado de La Libertad Avanza, por lo que tienen la confianza absoluta de los Milei.

Viola desplazó ayer como secretario de Justicia a Sebastián Amerio, alfil de Caputo en el terreno judicial. El saliente funcionario se enteró vía mensaje de texto en plena reunión del Consejo de la Magistratura, lo que demostró el trato de Karina Milei a un hombre de confianza de Caputo.

Caputo y Karina se saludaron este jueves pero de manera fría y distante. El asesor no sacó las manos de sus bolsillos. Luego, cuando terminó la ceremonia, Caputo sí se abrazó con Milei, que se acercó a saludarlo. El cruce duró un largo momento, todo lo que tardó el asesor en decirle lo que parecieron secretos al oído del mandatario, que asintió con su cabeza antes de despedirlo con varias palmadas en un hombro.

MC

“Un gobierno se sostiene cuando consigue armar la justicia a su favor”. La máxima que soltó un juez con experiencia en Comodoro Py podría revelarse a partir del desembarco de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La llegada del flamante funcionario abre una etapa clave para Javier Milei, porque tiene por delante cubrir una extensa lista de cargos judiciales vacantes que atraviesan prácticamente toda la estructura del sistema judicial nacional, además de convertirse en el parrarayos de las causas sensibles que acorralan tanto al Presidente como a su hermana Karina.

Entre tribunales federales, fiscalías, defensorías y la cúpula del Poder Judicial, el Ejecutivo tiene por delante la designación de centenares de funcionarios cuya nominación depende del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado. Por otro lado, el flamante funcionario tendrá que saber gestionar el avance de las causas de la criptoestafa $LIBRA y los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican de diferente manera a los hermanos Milei.

La Corte Suprema incompleta

En la cima del sistema judicial, la Corte Suprema funciona actualmente con tres miembros sobre un total de cinco, por lo que hay dos vacantes que el Gobierno busca cubrir. Mariano Cúneo Libarona fracasó en la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como compañeros de Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La designación de esos jueces requiere la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo de dos tercios del Senado, lo que convierte a esas vacantes en uno de los principales frentes de negociación política del Gobierno.

Pero el oficialismo cree que puede avanzar sin tener que pactar caro con Unión por la Patria, que ostenta la primera minoría (25 miembros de 72). La aprobación de la reforma laboral le mostró a Milei que está cerca de conseguir los 2/3 con una acuerdo con aliados: suma un piso de 47 luego de lograr quebrar al peronismo. Está a un voto de llegar a los dos tercios.

Un tercio de vacantes judiciales

Por fuera de la Corte, el Poder Judicial y el Ministerio Público atraviesan una crisis estructural: alrededor del 37% de los cargos están vacantes, lo que equivale a unas 353 posiciones sin titular sobre un total de poco más de mil cargos habilitados. Esto incluye juzgados federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías públicas, lo que para distintos actores del sistema judicial ya genera demoras y sobrecarga en tribunales.

En lo inmediato, el Gobierno maneja un paquete de más de 300 nombramientos pendientes en el Poder Judicial. Se trata de vacantes de posiciones para jueces, fiscales y defensores, cuyos pliegos deberían enviarse al Senado.

A esto se suman numerosos juzgados que funcionan con magistrados subrogantes y 191 vacantes pendientes de resolución directa del Poder Ejecutivo, mientras otras 162 se encuentran en proceso de selección en el Consejo de la Magistratura.

El Procurador General, otra silla pendiente

Otro puesto clave sin resolver es el del jefe de los fiscales. La jefatura del Ministerio Público Fiscal permanece vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017 y está ocupada de forma interina por Eduardo Casal.

El Gobierno también debe enviar al Senado un candidato para Procurador General de la Nación, cargo que requiere mayoría agravada y que define la política criminal del país. Mahiques justamente era hasta ayer el jefe de los fiscales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El Consejo de la Magistratura

Una pieza central para avanzar con los nombramientos es el Consejo de la Magistratura, encargado de realizar los concursos, evaluar a los postulantes y elevar ternas al Poder Ejecutivo.

Actualmente el organismo tiene concursos abiertos o en trámite para al menos 157 vacantes judiciales, cuyos resultados deberán convertirse luego en propuestas formales del Ejecutivo para el Senado. Allí se verá la mano de Mahiques, pero también de su flamante segundo, Santiago Viola, abogado e íntimo de los Milei.

Viola se convertiria en el representante del Poder Ejecutivo en el organismo que controla a los jueces. Ayer Sebastián Amerio se enteró de que dejaba el cargo como viceministro justo en pleno Zoom del Consejo.

El Consejo tiene 20 integrantes y su interna revela la puja en la corporación judicial. Hoy preminencia el bloque de los jueces, pero este año se renovarán autoridades en los estamentos de abogados y de legisladores. Ahí Mahiques volvería a mostrar su cintura política, ya que el Gobierno apuesta a que los senadores Eduardo Vischi y Luis Juez, fieles aliados de Milei, se mantengan en sus cargos.

De hecho Vischi, el año pasado, acompañó una decisión del Consejo para que no se investigue a los jueces que viajaron a Lago Escondido en 2022 pagados por el Grupo Clarín. En ese grupo estuvo, justamente, Mahiques.

Blindaje a la reforma laboral

Mahiques también tendrá la tarea de blindar judicialmente la reforma laboral. La CGT judicializó la ley y la denunció el lunes pasado de inconstitucional, reclamo que aún no avanzó, así como tampoco el Poder Ejecutivo promulgó y reglamentó la norma que flexibiliza la ley de Contratos de Trabajo.

Pero la ley esconde un blindaje para el Gobierno: determinó el traspaso del fuero laboral a la justicia porteña. El cambio implicaría la pérdida de 1700 puestos de trabajo con la disolución de 80 juzgados laborales y 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Serían reemplazados por una decena de juzgados en los tribunales porteños, donde es innegable la influencia macrista. Mahiques fue hasta ahora jefe de los fiscales porteños, además de ser pupilo de Daniel Angelici, mandamás en los tribunales de CABA.

$LIBRA y ANDIS, las piedras en el zapato

Con la llegada de Mahiques, en los tribunales de Comodoro Py 2002 comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener en causas sensibles para el Gobierno. Aparecen la investigación por los sobornos y malversación de fondos en la compra de medicamentos de la ANDIS, a cargo del juez federal Ariel Lijo (que tuvo en su momento a un joven Mahiques como empleado en el juzgado) y el expediente por la criptoestafa $LIBRA, que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

En la causa ANDIS ya fueron procesados el ex amigo de los Milei Diego Spagunolo y el operador Miguel Calvete, que aparecen como cabecillas de una trama para desviar unos $6.000 millones. Lijo quedó a cargo de la causa tras el alejamiento de Sebastián Casanello, quien dictó el procesamiento.

A su vez, la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA avanza sobre los Milei. En los últimos días se supo del hallazgo de copias de borradores del supuesto acuerdo entre Milei y el impulsor de $LIBRA, el norteamericano Hayden Davis, vía Mauricio Novelli, quien fue funcionario bajo la órbita de Karina Milei. La investigación de Martínez de Giorgi busca determinar si hubo posibles delitos financieros, como maniobras de fraude o captación irregular de fondos, además de reconstruir la cadena de decisiones que rodeó la iniciativa.

MC

Juan Bautista Mahiques estuvo en el viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022 y en el que participaron otros poderosos del ámbito judicial, como su padre Carlos Mahiques –juez de Casación alineado con el macrismo–, Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Y fue Mahiques el que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

El mismo Mahiques quedó confirmado este miércoles como flamante ministro de Justicia de Javier Milei, quien lo eligió en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en una jugada que tiene mucho de simbólico: mete en el Gobierno a un hombre fogueado por el macrismo, supone un avance de Karina Milei por sobre las acciones de Santiago Caputo –ya que fue desplazado Sebastián Amerio de la Secretaría de Justicia– y confirma la necesidad oficialista de armar un frente judicial de peso para defender al Presidente y su hermana ante las causas sensibles de la criptoestafa $LIBRA y las sobornos en la Andis.

“Somos víctimas de un espionaje ilegal. Para tener guardado debajo del colchón, podríamos averiguar el tema de una facturita. No creo que sea necesaria...”, se lo escucha Mahiques en uno de los audios filtrados en su momento al respecto del viaje a Lago Escondido, donde tiene su mansión el magnate Joe Lewis. Los Mahiques, Ercolini, D’Alessandro y Bergroth compartieron el vuelo el 13 de octubre de aquel año con Pablo Yadarola, juez en lo penal económico; Pablo Cayssials, juez federal de lo Contencioso Administrativo, y Tomás Reinke, empresario especialista en campañas digitales. En el grupo de chat también estaban el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y otro directivo, Pablo Casey, el sobrino de Héctor Magnetto.

Pero Mahiques y sus compañeros de viaje respiran tranquilos: en diciembre de 2023, apenas diez días después de asumido Milei, el juez federal Sebastián Ramos dictó “la nulidad de todo lo actuado” en la causa. Consideró que aquel vuelo privado y estadía “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura”.

Y en abril del año pasado el favor llegó desde la propia corporación judicial: la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura frenó la investigación por el viaje de jueces a Lago Escondido. La jugada fue coordinada casi quirúrgicamente: tres consejeros jueces que integran la Comisión (Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero) se retiraron al mismo tiempo de la reunión y la dejaron sin quórum. “El restante juez, Alberto Lugones, directamente no participó de la reunión. La resolución para cerrar el caso fue adoptada por esos cuatro jueces que integran la Comisión más el representante de los académicos Hugo Galdersi y el senador radical Eduardo Vischi”, recordó en una nota la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Un detalle es que el correntino Vischi, es un aliado del Gobierno en el Senado: votó recientemente la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

Los contactos de Mahiques con la justicia y el poder son fluidos y hasta consanguíneos. Su padre –mandamás de la Cámara de Casación porteña– fue también ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La familia tiene su origen en Mercedes, donde el flamante ministro nació en 1980: allí cultivó una amistad con el senador kirchnerista Wado de Pedro, también de la zona. 

Pero también tiene otros enlaces que ahora llaman la atención con su desembarco en el gabinete libertario. El año pasado fue designado por Claudio “Chiqui” Tapia como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa). Según consignó el diario La Nación, Mahiques pidió dejar de integrar la Unafa “inmediatamente después del lanzamiento” y exigió que su nombre fuera eliminado de la página oficial. 

Otro eslabón llamativo en el marco de la “guerra” entre el Gobierno y la AFA es el propio Carlos Mahiques: el padre del flamante ministro tenía para resolver la disputa por la competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Pero se corrió la semana pasada luego de que se revelara que el camarista festejó el año pasado su cumpleaños en esa quinta. 

Mahiques se recibió como abogado por la UBA en 2007, tiene una maestría en Administración de Justicia en la universidad italiana Unitelma Sapienza, y se movió desde temprano en los pasillos de tribunales. Fue secretario letrado del Consejo de la Magistratura, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Nº17 y miembro suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Su salto a la escena pública llegó en 2015, cuando el gobierno de Mauricio Macri lo nombró representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial.

“Coco” Mahiques a su vez es íntimo de Daniel Angelici, el operador macrista-radical en la Justicia. Fue el padrino político del flamante ministro. Según trascendió, el ahora funcionario libertario filtró que está alejado de Angelici, así como de los Macri (Mauricio y Jorge) para tener la bendición de Karina Milei.

Mahiques le debe a los Macri el apoyo que le dio el oficialismo porteño en 2019 para que la Legislatura aprobara su pliego como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, pese a objeciones de organizaciones judiciales que cuestionaban su independencia. Asumió en octubre de ese año y se mantuvo en el cargo hasta su ahora llegada al gabinete de Milei.

Organizaciones independientes cuestionaron también que la Procuraduría porteña adquiriera el año pasado el sistema de reconocimiento facial privado Clearview AI, que fue denunciado y multado en Europa y América del Norte por “apropiarse” fotos de internet . El Ministerio Público Fiscal de CABA pagó US$ 27.588 por el software que recolecta imágenes de redes sociales sin consentimiento y podría generar “falsos positivos”, según la alerta de especialistas consultados por elDiarioAR.

Con esa trayectoria llega Mahiquies al Gobierno, con el objetivo político de delinear la estrategia judicial del Gobierno. Los frentes son varios: completar la Corte Suprema de Justicia así como las cientos de vacantes en juzgados federales. Pero también aceitar la defensa de los Milei, cercados en los tribunales por el caso $LIBRA y de la Andis.

MC

Cualquier foto de una persona subida a redes sociales puede ser usada por un sistema de reconocimiento facial privado que adquirió recientemente el Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Buenos Aires. El hecho despertó críticas de expertos en informática y asociaciones civiles, que denuncian la vulnerabilidad de datos personales sensibles.

El software bajo la lupa es propiedad de la compañía Clearview AI, que tuvo varios casos escandalosos en América del Norte y Europa –incluso con multas y penalidades de las autoridades gubernamentales–. Tras una licitación por U$S 27.588 durante 12 meses, el sistema ya está en utilización por parte del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del organismo del Poder Judicial porteño que conduce Juan Bautista Mahiques, según supo elDiarioAR a partir del análisis de documentos públicos y conversaciones con fuentes oficiales y ONGs.

El reconocimiento facial es un sistema que despierta inquietudes y preocupaciones por la utilización en ámbitos judiciales y de seguridad para la prevención de delitos o su posterior penalización. El punto que critican especialistas informáticos es que dichos softwares –supuestamente para ayudar al Estado a cotejar las imágenes de los sospechosos o imputados– utilizan bases de datos que violan la privacidad de las personas. Y eso, según los expertos, ocurre por la falta de controles gubernamentales.

Clearview en el país

Clearview fue fundada en 2017 por Hoan Ton-That y Richard Schwartz y, según su sitio web, tiene una base de más de 60 mil millones de imágenes facialmente identificables. Al ámbito porteño llegó meses atrás a partir de una licitación que se abrió el 11 de mayo pasado pero con la aclaración de que el distribuidor oficial y exclusivo del software es la empresa VEC S.R.L., una firma que ya tiene una decena de contratos con distintos ámbitos estatales. En agosto pasado también el municipio de Berazategui adquirió el software. La sospecha de los expertos es que el sistema desembarcó en el mercado local porque ya está penalizado en Europa y América del Norte.

Clearview AI estuvo bajo la lupa en países como Canadá, Estados Unidos, Italia y Países Bajos. Por mencionar algunos ejemplos, la Autoridad de Protección de Datos de los Países Bajos (conocida por sus siglas DPA) sancionó a Clearview AI en septiembre de 2024 con una multa de 30,5 millones de euros (aproximadamente USD 33,7 millones) por haber construido una base de datos “ilegal” con más de 30 mil millones de fotografías faciales sin consentimiento, violando la reglamentación de la Junta Europea de Protección de Datos.

Este organismo europeo, a su vez, emitió años atrás un informe en el que advirtió que el uso de Clearview AI por parte de la autoridad policial continental –conocida como Europol– “presenta riesgos elevados desde la perspectiva del cumplimiento normativo”. En 2021 aconsejó “no emplear ni promover la herramienta”, y enfatizó la necesidad de un enfoque mucho más estricto en la selección y evaluación de tecnologías externas que puedan involucrar datos personales sensibles.

En la licitación del Ministerio Público Fiscal porteño se lee que “CLEARVIEW PRO es una herramienta de reconocimiento facial que combina la inteligencia artificial con un potente motor de búsqueda en fuentes abiertas. Su tecnología permite cotejar una fotografía con una base de datos que contiene millones de imágenes provenientes de páginas web, fichas policiales, redes sociales públicas y otras bases de datos provenientes de fuentes abiertas”. Y se agrega: “...la solución ofrece recursos simplificados que agrupan imágenes vinculadas entre sí, creando perfiles detallados que pueden descargarse para futuras investigaciones o tareas asociadas. En este sentido, su capacidad de archivo es complementaria al sistema integrado de búsquedas referenciadas”.

elDiarioAR consultó al Ministerio Público Fiscal y la respuesta formal que recogió destaca que “se ha contratado por un período de 12 meses una de las herramientas que ofrece el mercado para agilizar el trabajo humano para rastrear en fuentes abiertas”. Voceros del organismo que conduce Mahiques se limitaron a agregar sobre Clearview: “La utilización no es con fines preventivos ni para tareas de inteligencia, sino que sólo se puede utilizar en el marco de una investigación penal bajo el estricto pedido de un Fiscal. Lo que la herramienta ofrece es acortar pasos para rastrear en imágenes públicas de internet, es decir que las imágenes ya fueron compartidas previamente por otro usuario y están disponibles de manera online”.

La magnitud de la base de datos y el uso “cerrado” que hace el software de esas imágenes son algunas de las preocupaciones de los expertos. “La empresa se apropia de las imágenes que están en internet como si fuera una base de datos propia. Se dice que son imágenes ya compartidas, pero uno no sube fotos a sus redes para que se utilicen en una base para comparar con posibles delincuentes”, advirtió Manuel Tufró, director del área de Justicia y Seguridad del CELS. “El problema de fondo es la adopción de tecnología sin ningún tipo de salvaguarda, con el agregado que acá hay antecedentes públicos sobre las complicaciones de este sistema. Si la decisión del Ministerio Público es contratarla igual, deberían explicar por qué. Son tecnologías muy intrusivas que afectan derechos”.

“El principio general para el tratamiento de datos personales es el consentimiento de la persona. El problema es que Clearview trata los datos de todo el mundo”, alertó Tomas Pomar, abogado y referente del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA).

El problema es que el software es privativo, el Estado no sabe cómo funciona el proceso

“El software tiene una estructura que se llama scraper, que es un robot digital que todo el tiempo hace una tarea sencilla: da vuelta por redes sociales y por internet en general reconociendo figuras antropométricas para buscar información de contexto. No es que visita Facebook o Instagram, sino que ya tiene esas bases de datos dentro de su sistema”, explicó Pomar. Esa base es la que se usa para cotejar una imagen de un sospechoso de un delito que no es identificable de manera fehaciente. 

“El problema es que el software es privativo, el Estado no sabe cómo funciona el proceso. Además, la investigación puede quedar a merced del sistema y señalar a alguien incorrecto”, subrayó Pomar. “Se aumenta la posibilidad de que haya falsos positivos. Clearview es un saqueo de todas las imágenes en el mundo digital: hay un problema de privacidad enorme”, complementó Trufó.

El CELS y ODIA tienen abierta aún una causa contra el uso del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP) implementado por el Gobierno porteño. La Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó la inconstitucionalidad del sistema porque se gestionó por fuera de la norma que lo regula y sin mecanismos de control.

El caso de Clearview alertó también a la red global conocida como INCLO (International Network of Civil Liberties Organizations, en inglés), que redactó una serie de principios para regular, restringir o incluso prohibir los sistemas de reconocimiento facial. Algunos de estos principios destacan que debería haber una ley que reglamente el uso de estos software, los procesos de adquisición deberían contar con evaluaciones de impacto tecnológico y que siempre haya un control externo. Ninguno de esos tres ítems se habrían cumplido, según los expertos, en la adquisición de Clearview por parte del Ministerio Público de la Ciudad.

MC

Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, dictaminó este miércoles que sean desestimadas las impugnaciones a la precandidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno porteño, en una resolución dirigida al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local que deberá definir sobre el fondo de la controversia.

La resolución del fiscal aconsejó el rechazo a los recursos presentados por la precandidata al Ejecutivo porteño Vanina Biasi (Frente de Izquierda) y el dirigente Eugenio “Nito” Artaza, quienes apelaron la determinación del Tribunal Electoral porteño que no dio lugar a su demanda original.

En particular, se presentaron tres impugnaciones ante el Tribunal Electoral a la precandidatura del exintendente de Vicente López, por considerar que no cumplía con el requisito de tener una residencia no menor a cinco años en el distrito tal como lo dispone, a su entender, el artículo 97 de la Constitución porteña.

Aquel artículo dice que “para ser elegido se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener treinta años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección”.

En ese marco, una resolución firmada la semana pasada por los jueces electorales Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici determinó que Macri, actual ministro de Gobierno porteño, cumplía “con los requisitos estipulados en el artículo 97 de la Constitución local para postularse al cargo de Jefe de Gobierno”.

En esa línea, Mahiques expresó este miércoles en su dictamen dirigido al TSJ porteño que “el precandidato impugnado satisface con el requisito constitucional”.

“Si un precandidato a jefe de Gobierno acredita poseer una residencia habitual y permanente en la Ciudad durante el lapso de cinco años, en tanto dicho lapso haya sucedido temporalmente de forma previa a la fecha prevista para la elección, independientemente que lo sea de manera inmediata o no, desde el estricto plano constitucional estará habilitado para postularse”, afirmó el fiscal.

Esta semana, la Corte Suprema de Justicia se declaró incompetente para determinar sobre la precandidatura de Macri y dejó la resolución en manos del máximo tribunal de la ciudad de Buenos Aires, una decisión que fue cuestionada por el oficialismo y la izquierda, ya que advirtieron que el máximo tribunal no tuvo el mismo proceder apenas dos meses atrás en cuestionamientos electorales en Tucumán y San Juan.

Para evitar pronunciarse sobre las objeciones a la postulación de Jorge Macri, la Corte se apoyó en los argumentos esgrimidos por el procurador Eduardo Casal, quien había dictaminado que correspondía a la justicia porteña -y no al máximo tribunal- decidir sobre el tema.

LC con información de agencia Télam

El juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, determinó este miércoles que la causa del viaje a Lago Escondido, protagonizado por jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios se tramite ante en los tribunales federales de Comodoro Py y no en Bariloche, como fue hasta ahora.

“Hacer lugar al planteo de inhibitoria formulado en el legajo, para lo cual el juzgado instructor deberá solicitar al Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche la remisión de las causas números FGR 17869/2022 y FGR 21086/2022, por las vías pertinentes”, escribió el juez Farah en su resolución, difundida esta mañana.

El lunes pasado, el fiscal ante la Cámara Federal porteña José Agüero Iturbe opinó en ese mismo sentido en un dictamen que evaluó el juez Farah al concluir la feria judicial.

“Se sabe -sin debate o duda al respecto- que todos los agentes públicos que se mencionaron ejercen sus funciones en el ámbito de esta ciudad; todos los asuntos que -se dijeron- conectados a los hechos, se sustanciaron o llevaron adelante en esta sede territorial; si, por hipótesis, existieron los alegados ofrecimientos y aceptaciones de traslados y alojamientos, los incumplimientos de obligaciones ligadas a los oficios de los involucrados, u otras variantes que se trajeron a colación, todo ello también habría sucedido aquí”, explicó Farah.

En ese marco, el camarista indicó que “a los fines de determinar la competencia territorial deviene insustancial cuál habría sido el destino previamente pactado y después concretado de aquellos servicios” y agregó: “Nótese, para reforzar el argumento, que podría haber correspondido a diferentes lugares, e incluso al exterior del país, pero la definición del tema sería la misma que propondré aquí”.

El pase de la causa a Comodoro Py, rechazado en primera instancia, fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por los jueces Julián Ercolini y Carlos Mahiques, así como el ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, quienes fueron recibidos en Bariloche por los representantes del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.

El fiscal recordó en su dictamen de 7 páginas que, en la imputación formulada por la fiscal federal de Bariloche María Cándida Etchepare, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, había sostenido la fiscal federal del distrito patagónico.

La causa se estaba tramitando ante el juzgado federal de Bariloche, que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien anunció recientemente su jubilación, por lo que hubiera sido reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal de Neuquén.

Los jueces investigados en esta causa son Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). En el caso también se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro porteño en uso de licencia Marcelo D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

LC con información de agencia Télam

Un dictamen del José Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, señala que la causa donde se investiga el viaje a Lago Escondido de jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios debería pasar de la justicia federal de Bariloche a los tribunales federales de Comodoro Py, tal como reclamaban los propios acusados.

Ahora, deberá ser el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien determine si efectivamente la causa cambia de jurisdicción, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de la causa a Comodoro Py ya había sido rechazado en primera instancia. Fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez del fuero penal económico quien está imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por otros jueces, entre ellos Julián Ercolini y Carlos Mahiques, junto al ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Todos ellos fueron recibidos en Bariloche por Pablo Casey y Jorge Rendo, representantes del Grupo Clarín.

“En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio”, sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en su dictamen de 7 páginas.

El fiscal recordó que, en la imputación formulada por María Cándida Etchepare, fiscal federal de Bariloche, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, sostuvo la fiscal Etchepare.

Por ahora, la causa se tramita ante el juzgado federal de Bariloche que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien por otro lado anunció recientemente su jubilación, por lo que será reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal del Neuquén.

Los investigados en esta causa son los jueces Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). También se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

A principios de diciembre la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, emitió un dictamen en el que deja en claro que no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.

De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

LC con información de agencia Télam