La senadora Patricia Bullrich presentó este miércoles de manera anticipada su declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción. La presentación se realizó más de dos meses antes del vencimiento legal previsto para el 31 de julio.

El movimiento ocurre en medio de la polémica que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y todavía no difundió su declaración jurada, pese al reclamo público que la propia Patricia Bullrich le había realizado semanas atrás en una entrevista televisiva.

La decisión de la funcionaria fue interpretada dentro del oficialismo como un mensaje dirigido a Adorni para que publique sus bienes y desactive el costo político que la situación genera para el Gobierno nacional.

La situación también salpicó al presidente Javier Milei, quien días atrás había asegurado que la declaración jurada del exvocero presidencial sería presentada en el corto plazo. Sin embargo, eso aún no ocurrió.

Incluso, el propio Adorni había reconocido públicamente que Bullrich “lo spoileó” al adelantar que iba a presentar la documentación para despejar dudas. Pese a eso, la publicación del documento continúa demorada y desde su entorno todavía no precisaron una fecha.

En paralelo, dentro de La Libertad Avanza surgieron cuestionamientos hacia Bullrich por la jugada política. Desde sectores de la Casa Rosada deslizaron fuertes críticas contra la ministra y consideraron que su decisión buscó exponer internamente al funcionario.

Con información de medios

JIB

Diego Santilli levantó el teléfono, llamó a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Jujuy), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones) y, en menos de 24 horas, convirtió la rebelión de los aliados en un trámite entre amigos. El ministro de Interior tuvo que transpirar, pero al final consiguió el quórum para sesionar para modificar el régimen de Zonas Frías con promesas. A cambio de reducir los subsidios al gas para algunos distritos, el Gobierno aumentaría los subsidios a la energía eléctrica para las regiones cálidas durante el verano. No había fecha para la nueva reglamentación, sólo una promesa. Y para los gobernadores fue suficiente.

24 horas antes de que sonara la chicharra que marcó el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, una diputada salteña dialogaba con un diputado opositor, irritada ante el parate de la obra pública en su provincia. “Nosotros no vamos a dar quórum. Tenemos todas las obras comprometidas por falta de fondos”, se quejó, y le adelantó que su gobernador ya había asegurado que Salta no daría su apoyo al gobierno para modificar el régimen de Zonas Frías. Menos de cuatro horas después, el panorama había cambiado. Santilli había llamado.

El proyecto del Gobierno afecta directamente al Norte argentino porque, al cambiar el criterio de adjudicación del subsidio al gas para las “zonas ampliadas” –es decir, las no patagónicas–, hay miles de familias que tendrían que empezar a pagar un 30% en la tarifa de gas a un mes del inicio del invierno.

El criterio de adjudicación de los subsidios, según la iniciativa de La Libertad Avanza, ya no sería geográfico, sino por ingresos. Antes, con la ley de 2021 impulsada por Máximo Kirchner, un conjunto de municipios de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucuman y San Juan se veían beneficiadas con el régimen diferencial. Ahora, si la ley del Gobierno se sanciona, sería solo para aquellos hogares que cobran menos de tres Canastas Básicas Totales ($4,3 billones).

Los gobernadores se quejaron, y Santilli intervino. Les propuso un canje: a cambio de dar quórum y ayudarlos a desactivar la sesión opositora para interpelar a Manuel Adorni, convocada una hora después de la del oficialismo, les propuso ampliar las zonas que eran beneficiadas con el subsidio eléctrico por zonas cálidas.

La propuesta era un compromiso a cambiar la reglamentación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que define la Secretaría de Energía. No solo se ampliaría las zonas englobadas bajo la categoría “zona muy cálida” –que tienen un consumo base de 550 kWh mensuales–, sino que se ampliaría el período de tiempo que duraría el subsidio. Ya no sería sólo durante los meses del verano (enero, febrero, marzo), sino que pasaría a ser durante los meses comprendidos entre septiembre y marzo.

Esta propuesta de Santilli, que terminó convenciendo a los gobernadores para bajarle línea a sus diputados para que dieran quórum, era solo eso: una propuesta. Ninguno de los gobernadores logró arrancarle una fecha de implementación. Es una promesa a cumplir más adelante.

“Salieron a revolear lo de ‘zona cálida’ y es solo una hoja de Word que dice ‘zona cálida’. Si alguno dió quórum pensando que le va a dar algo, suerte, porque este es un gobierno que no cumple”, advirtió el socialista santafesino Esteban Paulón, cuando la chicharra sonó y los salteños de Sáenz y los tucumanos de Jaldo le garantizaron el quórum a Martín Menem.

El Gobierno no había ni necesitado llamar a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Martín Llaryora (Córdoba). Con solo acomodar a los gobernadores del Norte había bastado. Horas después de iniciada la sesión, Santilli apareció en fotos con varios gobernadores junto a Luis “Toto” Caputo, que se reunió con Rolando Figueroa (Neuquén) y Alfrejo Cornejo (Mendoza).

Menem salvó a Adorni

El objetivo de la sesión oficialista es aprobar el nuevo régimen de Zonas Frías, pero también desactivar la sesión opositora convocada para ese mismo día. La oposición había pedido una sesión para interpelar a Adorni por la causa por enriquecimiento ilícito que avanza en la Justicia, pero Menem les ganó de mano y convocó una sesión una hora antes. El desafío de conseguir el quórum era menos la necesidad de pasar a la ofensiva, luego de dos meses y medio de parálisis legislativa, que evitar una votación que pudiera perjudicar al jefe de Gabinete.

La estrategia opositora, sin embargo, sufrió un revés cuando Menem consiguió el quórum para la sesión oficialista con lo justo: 129 diputados sentados. Pero rápidamente los opositores pasaron al Plan B: convocar a un cuarto intermedio para suspender la sesión oficialista y poder dar inicio, si conseguía quórum, la sesión opositora.

Germán Martínez, el jefe de la bancada peronista, pidió una moción para convocar el cuarto intermedio, pero Menem se negó a tratarlo. “La naturaleza jurídica del cuarto intermedio es otra. Está mal planteada la moción”, atinó a justificar Menem, que se negó, durante una hora y media, a dar lugar a la votación de la moción.

“Ustedes son los tramposos, aunque no lo quieran admitir”, lo cruzó la lilita Mónica Frade, quien acusó a Menem de tener cerradas las comisiones. El objetivo de la oposición para esa sesión era poder emplazar a las comisiones para obligarlas a tratar no solo la interpelación a Adorni, sino también un conjunto de iniciativas sociales que iban desde el restablecimiento del Plan Remediar para medicamentos -que el Gobierno desarticuló hace un mes- o la ampliación de las licencias por paternidad.

No hubo manera, sin embargo. Hasta que no pasó las 11 y media de la mañana -que era el tiempo límite para juntar quórum para la otra sesión- Menem no habilitó la votación. Y ahí sí, blindado Adorni, pudo darse el lujo de festejar el resultado: con 111 votos a favor y 131 en contra, el recinto rechazó la moción opositora.

MC/MC

El diputado provincial por La Libertad Avanza y hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, rectificó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción e incorporó, en la misma, una herencia de $21 millones, a pesar de que, en un principio, no se especificó públicamente el origen del dinero en la documentación.

Esta presentación se realizó luego de ser imputado por la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, situación que se suma a la investigación que está atravesando Manuel Adorni por el mismo motivo. 

En su nueva presentación, el legislador provincial corrigió datos de un crédito hipotecario con el Banco Provincia y declaró que el pasivo comenzó el año en $45 millones y cerró en $57 millones, debido a la actualización por inflación de los créditos UVA, hecho que contradijo la versión anterior que indicaba una cancelación de deuda por más de $70 millones.

Asimismo, registró la venta de un vehículo Chery Tiggo y la adquisición del 50% de una camioneta Jeep Renegade por un valor de $10.750.000.

La modificación de su declaración patrimonial se produjo paralelamente a los avances de una causa penal impulsada luego de una denuncia realizada por la diputada nacional del bloque Coherencia y ex libertaria, Marcela Pagano. 

Por el momento, el fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a Francisco Adorni y el juez Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del exfuncionario del ministerio de Defensa, mientras la Justicia investiga la consistencia de su evolución patrimonial entre 2024 y 2025, en relación con sus ingresos en la función pública.

Con información de agencias.

Victoria Villarruel encabezó este martes una visita a Rosario, donde participó de una misa en memoria de su padre, Eduardo Villarruel, al cumplirse cinco años de su fallecimiento. Pero más allá del carácter íntimo de la actividad, la vicepresidenta aprovechó el contacto con la prensa para lanzar una nueva señal de diferenciación respecto del Gobierno nacional y apuntó contra Manuel Adorni.

“Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni”, sostuvo ante periodistas locales al ser consultada sobre la situación del jefe de Gabinete, en una frase que se interpretó como un nuevo gesto de tensión dentro de La Libertad Avanza.

La titular del Senado se sumó así al reclamo que ya había expresado Patricia Bullrich, quien también pidió públicamente que el funcionario presente su documentación patrimonial.

Villarruel llegó a la Catedral de Rosario acompañada por un discreto operativo de seguridad y fue recibida por el párroco Osvaldo Macerola. La ceremonia religiosa estuvo dedicada a recordar a Eduardo Villarruel, militar que combatió en la Guerra de Malvinas y que murió en 2021 tras sufrir complicaciones derivadas del Covid-19.

Tras la misa, la vicepresidenta respondió preguntas sobre la situación política y volvió a tomar distancia de la administración de Javier Milei. “No participo del Gobierno”, aseguró, al tiempo que deslizó críticas sobre el clima interno del oficialismo. “La convivencia en sociedad debe ser con respeto”, agregó.

Las declaraciones llegan en medio de crecientes rumores sobre diferencias entre Milei y Villarruel, especialmente luego de varias señales públicas de autonomía política por parte de la vicepresidenta.

Antes de retirarse, Villarruel evitó pronunciarse sobre posibles candidaturas de cara a 2027 y destacó el vínculo personal que mantiene con Santa Fe. “Rosario es mi segunda casa”, afirmó.

Con información de la agencia NA

El empresario uruguayo Rolando Rozenblum, uno de los constructores de la Trump Tower de Punta del Este, confirmó este lunes que Manuel Adorni dio una charla sobre la economía argentina ante una docena de empresarios en febrero pasado, en ocasión del viaje del jefe de Gabinete durante el feriado de carnaval, como informó elDiarioAR el domingo. La cita fue organizada por Rozenblum y Marcelo Grandio, pero —según dijo— tuvo un caracter “de camaradería”, sin cobro del cubierto.

El desarrollador puntaesteño, concejal de Punta del Este por el Partido Nacional (PN), negó ante dos radios de su ciudad que el encuentro en su propio departamento en la Trump Tower hubiera tenido una meta “empresarial o política”, y resaltó la presencia de su familia y la de Adorni.

Sin embargo, Rozenblum detalló que el jefe de Gabinete brindó una charla de entre cuarenta minutos y una hora ante unos doce empresarios.

“Manuel hizo una explicación de cuarenta minutos o casi una hora sobre la economía argentina, la situación política y, como la mayoría éramos uruguayos, qué impacto genera (el gobierno de Javier Milei) en Uruguay”. Según pudo reconstruir este diario, además de esos temas, los asistentes argentinos se interesaron por la ley de Inocencia Fiscal que estaba siendo reglamentada en esos días por el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a lo narrado por el empresario a las radios Cadena del Mar y FM Gente de Punta del Este, también estuvieron presentes los padres y los hijos del anfitrión, la exsenadora del PN Verónica Alonso y Bettina Angeletti, esposa de Adorni, entre otras personalidades. En suma, la reunión congregó a unas veinte personas, más que la docena informada por este diario, aunque una de las fuentes indicó que hubo un momento apartado para la agenda empresarial.

El constructor uruguayo dijo que había organizado el encuentro porque le interesa “recibir bien al turista” y por el impacto que tiene Argentina en la economía esteña.

“Manuel Adorni vino a pasar un fin de semana largo de carnaval a Punta del Este y en torno a ese fin de semana, Marcelo (Grandio) y yo le propusimos recibirlo en mi casa una noche”, contó Rozenblum. El empresario se desentendió del pago del vuelo privado en torno a los US$9.000, operado por la firma Alpha Centauri, que habría sido abonado por Grandio y el propio jefe de Gabinete, según declararon ambos.

'Es totalmente falso, es mentira, no hubo ningún tipo de pago', dijo en referencia al abono de US$1.000 el cubierto, narrado a este diario por dos fuentes

“Es fundamental que nosotros aprovechemos a explicar mano a mano a estos referentes, cuál es el funcionamiento de Uruguay, de Punta del Este, las costumbres y la sana política mayoritaria que tenemos”, argumentó Rozenblum en el estudio de Cadena del Mar.

“Es totalmente falso, es mentira, no hubo ningún tipo de pago”, dijo en referencia al abono de US$1.000 el cubierto, narrado a este diario por dos fuentes. “(Los asistentes) no se llevaron más que buenas empanadas y buenas pizzas. No vendo tickets en mi casa para eventos”, agregó.

La nota del domingo informó que el lugar del encuentro fue un salón de la Trump Tower, donde tanto Rozenblum como Grandio tienen departamentos. El cobro de un fee para escuchar a Adorni generó objeciones en empresarios convocados a la cita. El periodista deportivo y Adorni no respondieron la consulta de elDiarioAR, y Rozenblum indicó que no haría declaraciones a la prensa, como se consignó.

La admisión tardía del empresario uruguayo choca con la explicación de Adorni de que había optado por ir en vuelo privado a Punta del Este porque quería pasar un fin de semana largo con sus hijos, agotado tras permanecer dos años sin vacaciones. Luego se supo que Adorni y/o Angeletti, durante 2024 y 2025, habían recorrido Bariloche, Aruba, Madrid y Gualeguaychú, en general, en estadías de lujo, con un costo de decenas de miles de dólares. Ahora queda desmentido que el propósito haya sido sólo pasar un fin de semana con sus hijos, sino que incluyó una cena de tono político-empresarial en la torre Trump de Parada 9 de Punta del Este.

De todas maneras, Adorni sí pasó días de playa y compró churros en Manolo, aclaró el constructor.

“Manu, brillante”

Rozenblum —un empresario que estuvo preso en Brasil, acusado de fraude y luego resultó absuelto—, aprovechó las entrevistas con las radios uruguayas para defender a Adorni y atacar a elDiarioAR.

“Manu Adorni es un tipo brillante. Para estar en esa función, como también Javier Milei, uno tiene que estar medio enfermo, en el buen sentido”, describió. “Esto va a pasar y ojalá Argentina siga el camino del bien que está construyendo… El esfuerzo que esta gente está generando en la economía argentina es titánico”, se entusiasmó.

En el sentido opuesto, Rozenblum consideró que elDiarioAR es “un medio de izquierda que quiere politizar y dramatizar una cena de camaradería, forma parte de una prensa muy voraz, con pauta de los K, para dañar al gobierno de Milei”.

“Están en esa onda de que ‘esto es amarillo y chicaneo’, es una mala práctica”, dijo Rozenblum en referencia a este medio.

El constructor y concejal del PN hizo una defensa integral ante la sospecha de corrupción que pesa sobre Adorni.

“Hay una politización tremenda de la información. Si uno evalúa todo lo que pasa con una persona durante 24 horas, algún chicle puede tirar a la calle sin querer. Un contratista paga algo en negro y lo responsabilizan a Adorni”, se quejó.

Rozenblum y Grandio ya habían sido artífices de la visita de Adorni y Javier Milei en febrero de 2022, en los orígenes del proyecto presidencial de ultraderecha. El entonces diputado y Adorni brindaron una conferencia el 11 de febrero de hace cuatro años, en el auditorio de la escuela International College, a la que asistieron algunos cientos de personas, que pagaron una entrada de hasta US$30.

Quién es Rozenblum

El anfitrión de Adorni vivió años en Brasil, donde montó un negocio de bicicletas junto a su padre, Isidoro. En 2006, ambos terminaron condenados en Curitiba por “corrupción activa” y evasión, en la llamada Operación Pôr do Sol, con un supuesto desfalco al Estado de decenas de millones de dólares. Padre e hijo se escaparon de un hospital y fugaron a Uruguay, hasta que el juicio fue anulado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil, por vicios procesales.

Afincado en Punta del Este, Rozenblum se dedicó a la construcción y el negocio de la videovigilancia, y en 2017 fundó el International College, una escuela orientada al público extranjero y de alto poder adquisitivo. El amigo de Grandio presidió la Cámara Empresarial del departamento de Maldonado y la ONG Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado-Uruguay.

Desde esas posiciones, se conectó con colegas argentinos, también dedicados al desarrollo inmobiliario, algunos de los cuales participaron de la cena con Adorni.

Ante la parálisis de la construcción de la Trump Tower durante varios años, Rozenblum, Grandio y otros formaron un consorcio para hacerse cargo de la obra. El edificio de Parada 9 fue inaugurado en 2022.  

Con tiempo y dólares, Rozenblum irrumpió en la vida interna del PN. En ese camino, fue el promotor de la incursión del ultraderechista español Javier Negre, socio de La Derecha Diario, durante todo 2024, año electoral en Uruguay. En abierta tarea promocional, LDD lo bautizó “el Milei de Uruguay”.

Rozenblum chocó con la estructura tradicional del PN —hoy más bien crítica de Milei— y perdió las primarias, pero mantiene su proyecto político en pie.

SL/CRM

slacunza@eldiarioar.com

El juez Ariel Lijo y el fiscal federal Gerardo Pollicita esperan que, esta semana, Manuel Adorni presente su declaración jurada completa y, mientras tanto, pondrán el foco en recopilar toda la información patrimonial, bancaria y de criptoactivos, antes de definir si llaman al jefe de Gabinete a declarar, formalmente, bajo la figura de indagatoria o informativa.

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito por parte del funcionario, la Justicia analiza exhaustivamente los testimonios de Matías Tabar y José Rodríguez, involucrados en las refacciones y en los contratos de alquiler que Adorni pagó desde octubre de 2023. 

Luego de ambas declaraciones, donde tanto el contratista Tabar como Rodríguez, el propietario de una casa en el country Indio Cuá, confirmaron que recibieron cifras significativas en dólares y en efectivo, comenzaron las sospechas de que podría haber ciertas irregularidades, ya que no coincidirían con el ingreso declarado por el funcionario, desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei.

Hasta el momento, Adorni fue intimado formalmente a entregar los documentos que viene postergando, a pesar de haber sido advertido que su situación procesal se podría complicar si no presenta la documentación necesaria y completa a la brevedad.

El avance de la causa se sustenta en las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko, que firmó la compra del departamento de Caballito; del contratista Tabar, quien confesó el cobro de 245.000 dólares sin factura; y de José Rodríguez, el propietario que confirmó que recibió el pago en efectivo de otros 21.000 dólares por alquileres temporales en Exaltación de la Cruz.

Según trascendió, en el entorno de Casa Rosada crece el malestar por las derivaciones de la causa, a pesar del respaldo público que el presidente Javier Milei le brinda, además de ratificar que no le pedirá la renuncia.

Con información de agencias.

Sin explicaciones para dar sobre quién pagó los cerca de US$9.000 que costó el vuelo en avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval, Manuel Adorni apeló a un argumento de la esfera íntima: “Tengo derecho a irme de vacaciones con mis hijos”.

El relato del jefe de gabinete incluyó una primera mentira, que resultaría un eslabón de una larga cadena. “Hacía dos años que no me iba de vacaciones, no tengo por qué dar explicaciones”. A esa altura, la cuenta turística de la familia Adorni-Angeletti en el bienio 2024-2025 acumulaba decenas de miles de millas y dólares gastados en destinos de lujo en el país y en el mundo.

De acuerdo a una información reconstruida por este diario con dos fuentes con conocimiento directo de los hechos, Adorni también faltó a la verdad sobre el motivo principal del viaje a Punta del Este, entre el 12 y el 17 de febrero pasados.

Durante su estadía, el funcionario encabezó una reunión con empresarios uruguayos y argentinos radicados en esa ciudad oriental. Unos doce asistentes al reservado ágape en la Trump Tower, cerca de la Parada 9, sobre la rambla Lorenzo Batlle Pacheco, abonaron US$1.000 el cubierto. Los artífices del negocio fueron el socio de Adorni y exconductor en la TV Pública, Marcelo Grandio, y el empresario y directivo de la Comunidad Israelita de Punta del Este y Maldonado-Uruguay (CIPEMU) Rolando Rozenblum.

Grandio y Adorni no respondieron preguntas de este medio. Rozenblum —figura polémica de la política uruguaya— pidió conocer el motivo de la consulta y se comprometió a devolver el llamado, pero finalmente informó que no hablaría con la prensa. Un funcionario de Casa Rosada dijo que trasladaría la inquietud a Adorni, sin respuesta.

El revuelo suscitado por la difusión del viaje de los Adorni y Grandio en el Honda Jet de cinco plazas encendió los corrillos en el mundo empresarial de Punta del Este

La información dada por elDiarioAR de que Adorni, su pareja Bettina Angeletti, los hijos de ambos y el amigo Grandio habían viajado a Punta del Este el 12 de febrero, en un vuelo operado por la empresa Alpha Centauri, fue el disparo de largada para conocer una vida dispendiosa: propiedades por centenares de miles de dólares, refacciones por otro tanto, misteriosos préstamos otorgados por jubiladas, viajes, deudas, alquileres y un gasto mensual en blanco que no baja de los US$18.000. Todo ello, mientras Adorni llevaba la voz cantante de los recortes en universidades, hospitales y asistencia a discapacitados.

El revuelo suscitado por la difusión del viaje de los Adorni y Grandio en el Honda Jet de cinco plazas encendió los corrillos en el mundo empresarial de Punta del Este. De inmediato, el encuentro en la Trump Tower —del que hay registro visual— trascendió el cono del silencio al que se comprometieron los asistentes.

A algunos de asistentes les pareció impropio e incluso ilegal que se cobrara un fee para escuchar a Adorni, más allá de que prevaleciera una adhesión entusiasta al gobierno ultraderechista argentino en el ambiente empresarial de Punta del Este, en particular, en el rubro de desarrolladores inmobiliarios y el negocio de la tecnología de seguridad. Las fuentes dijeron no saber si Adorni cobró por su presentación o si lo recaudado fue para cubrir los gastos del lugar y el traslado en vuelo privado.

La conversación de los empresarios con Adorni se centró en el panorama legislativo y electoral de cara a 2027, las chances de retorno del peronismo a Casa Rosada y un tema de específico interés para los oyentes argentinos: la ley de Inocencia Fiscal, la norma que restringe al mínimo el control estatal e impositivo sobre el flujo de fondos, hasta un extremo sin precedentes, y entró en vigencia en el mismo mes del encuentro en la Trump Tower.

Joint Venture

Adorni, Milei, Rozenblum y Grandio ya habían armado un pequeño joint venture cuatro años atrás, auspiciado por el estudio Insight Trust, especializado en la creación de fideicomisos en Islas Vírgenes, una guarida fiscal. El 11 de febrero de 2022, organizaron un “talk show” de Milei y Adorni en el International College, colegio bilingüe que era propiedad de Rozenblum. Cobraron entre US$15 y US$30 la entrada a un recinto con aforo para unas mil personas. Grandio fue el moderador y la producción integral estuvo a cargo de Imhouse, la empresa a nombre de la cual se emitieron las facturas del vuelo privado de Adorni en febrero pasado, en lo que parece ser la repetición de un esquema.

Aquel viaje de 2022 fundó la amistad de los matrimonios Adorni-Angeletti y Grandio-Nofal, que tanto rédito les traería después.

En esa oportunidad, Milei —que conocía a Grandio hacía años— cantó “Panic sow” y anticipó los trazos de su proyecto presidencial, y Adorni bromeó con que sería su vocero. Faltaba año y medio para la elección que consagró al Soez en la Casa Rosada.

Con dos décadas como emigrado a Punta del Este junto a su esposa, Mónica Nofal, Grandio se familiarizó con la Trump Tower apenas quedó inaugurada, en 2022. “Hablaba como si fuera de él y jodía con que la rebautizaría Grandio Tower”, dijo una persona que lo escuchó. A caballo de una vida relajada en su casa de Rincón del Indio, un reducto caro de Punta del Este, producto de la fortuna de su familia política —exaccionista de Torneos y Competencias—, el periodista deportivo Grandio aceleró la frecuencia de sus viajes a Buenos Aires desde que su socio Adorni le consiguió contratos en la TV Pública.

El papel de Rozenblum es más importante que el de Grandio en el ambiente esteño. No “juega” de local en la Trump Tower; es local. Formó parte del grupo empresarial que terminó la construcción y comercialización, que había quedado empantanada por problemas de los argentinos que iniciaron la obra. Rozenblum vive en un departamento de la torre junto a su pareja brasileña.

Emigrado de joven a Brasil, él y su padre, Isidoro, montaron un negocio de bicicletas y, en 2006, terminaron condenados en Curitiba por “corrupción activa” y evasión, en la llamada Operación Pôr do Sol, con un presunto desfalco al Estado de decenas de millones de dólares. Padre e hijo se escaparon de un hospital en una escena cinematográfica y fugaron a Uruguay, hasta que el juicio fue anulado en 2008 por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil. Los magistrados detectaron abusos procesales del juez federal Sergio Moro y del fiscal Deltan Dallagnol, la misma dupla que cometería ilegalidades para encarcelar a Lula da Silva una década más tarde.  

Con tiempo y dólares, Rozenblum irrumpió en la vida interna del Partido Nacional (PN, o Partido Blanco), uno de los tres que protagonizan la política oriental. El ascenso del economista argentino lo entusiasmó al punto de presentarse como “el Milei uruguayo”. Rozemblum fue el promotor de la incursión del ultraderechista español Javier Negre, socio de La Derecha Diario (LDD), durante todo 2024, año electoral en Uruguay. El cubo del cronista de LDD comenzó a aparecer en todos los actos de campaña Rozenblum, en forma tan asidua como las entrevistas que le concedió a Grandio en sus ciclos televisivos.

Finalmente, Rozenblum perdió la primaria del PN ante Javier Carballal en la puja por la alcaldía de Punta del Este, pero le alcanzó para ser electo concejal. Mantiene desde hace dos años la condición de aliado tenso de Carballal y del intendente de Maldonado, Miguel Abella. La desconfianza entre la estructura tradicional de los blancos y el cuentapropista Rozenblum es profunda.

Derecha en alquiler

El papel de Negre expone el tejido regional de la ultraderecha. En su país, articula con Vox, la derecha del Partido Popular y otros grupúsculos de esa vertiente. Con problemas judiciales en España, Negre se trasladó a Buenos Aires, donde fue mimado por Adorni y el aparato comunicacional de Casa Rosada durante más de un año, al tiempo que hizo negocios con gobiernos provinciales, incluidos libertarios y peronistas. Consumado el objetivo, viajó a combatir el comunismo en México y en Uruguay, hasta que se afincó en la Casa Blanca, donde se dedica a dar pelea por Donald Trump.

La vocación política no es la más importante para Rozenblum. Antes, presidió la Cámara Empresarial de Maldonado y el CIPEMU, en el que hoy sigue integrando la comisión directiva. Desde esos pilares, vio una oportunidad con los cerca de 1.000 argentinos emigrados a Punta del Este en los últimos años, comunidad que tiene a figuras tan connotadas como Marcos Galperin, dueño de Mercado Libre, y Martín Migoya, de Globant. Ninguno de esos dos grandes empresarios estuvo en la reunión con Adorni en la Trump Tower, llevada a cabo o el domingo 15 o el lunes 16 de febrero (difieren las fuentes).

Según Rozenblum, cerca de la mitad de la matrícula de 400 alumnos del International College —escuela fundada por él en 2017, vendida en 2025— eran argentinos.

El CIPEMU es hoy una entidad binacional, con tantos uruguayos como argentinos, que se dedica a la vida comunitaria, la defensa del Estado de Israel y la asistencia social. Como organización judía apartidaria, no estuvo involucrada en la visita de Adorni a Punta del Este, más allá de lo que pudieran haber hecho Rozenblum y otros referentes a título individual, indicó a elDiarioAR una voz de la entidad. Una de las fuentes indicó que el CIPEMU, con la impronta de Rozenblum, se transformó en una plataforma de promoción política y económica, y en ese marco, se dio la visita de Adorni.

La realización de una actividad comercial brinda algo de sentido al pago de un vuelo privado por cinco días, cuyo costo duplica el sueldo que Adorni comenzó a ganar este año, y cuadruplica el ingreso mensual durante 2025. Si bien el jefe de Gabinete dijo —sin demostrarlo— que pagó el traslado de su familia a Punta del Este, la alternativa —que Grandio hubiera sido generoso con su amigo— tampoco parecía del todo lógica.

Entre las hipótesis que manejan en el juzgado federal de Ariel Lijo para explicar una carrera desenfrenada hacia el lujo del jefe de Gabinete, se encuentra el cobro de entrevistas y gestiones, un camino en el que los hermanos Milei desarrollaron expertise en cuanto saltaron a la fama.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El contratista Matías Tabar se presentó este viernes de manera espontánea ante la Justicia para ampliar su declaración en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En su comparecencia, el empresario aportó nueva documentación y detalles sobre las obras realizadas en una propiedad del funcionario, en un intento por reforzar su testimonio previo.

Según trascendió, Tabar entregó facturas, remitos y capturas de pantalla de conversaciones, todos elementos vinculados a las tareas de refacción ejecutadas en una vivienda ubicada en el country Indio Qua. Además, ratificó el monto total de la obra —estimado en US$245.000— y aseguró que los pagos se realizaron en dólares y en efectivo, según pudo saber la Agencia Noticias Argentina.

La presentación del contratista se produjo en el marco de una investigación que busca determinar si existió un crecimiento patrimonial incompatible por parte de Adorni. En este contexto, la nueva documentación aportada por Tabar apunta a justificar los gastos asociados a la obra y explicar el origen y circuito de los pagos.

De acuerdo con su testimonio, el contratista actuó como intermediario entre el funcionario y otros actores vinculados a la ejecución de los trabajos. En ese sentido, precisó que el presupuesto inicial de su intervención fue de US$94.000, cifra que correspondía a una primera etapa de la obra y que fue abonada mediante un anticipo en efectivo.

“El presupuesto es de 94.000 dólares. Eso me lo pagó con un anticipo. Yo era el intermediario entre Manuel y el administrador. Esa sumatoria terminó en los 245.000 dólares”, explicó Tabar, en referencia al monto final declarado.

Uno de los puntos centrales de la investigación gira en torno a la modalidad de pago. Tabar confirmó que recibió dinero en efectivo y en moneda extranjera, aunque sostuvo que se trataba de una práctica habitual en el sector de la construcción en el contexto económico de los últimos años.

“Está declarado que fue en dólares billete, porque el contexto de hace dos años era bastante distinto al de ahora. Es la única forma que el constructor trata de resguardar”, afirmó.

El contratista también buscó relativizar las interpretaciones sobre la operatoria financiera, al señalar que los montos totales incluyen distintos rubros y proveedores, y no corresponden en su totalidad a honorarios propios. Según detalló, su retribución profesional fue de aproximadamente US$20.000, mientras que el resto del dinero se destinó a materiales, mano de obra y servicios asociados a la obra.

“Una cosa es lo que me paga a mí, otra es lo que declaro que termina costando la obra. En ningún momento vinieron ni bolsos de dólares ni cajas de zapatos llenas de dólares”, añadió, en referencia a versiones que circulaban sobre el caso.

En su presentación, Tabar también incorporó capturas de pantalla de chats que mantenía con Adorni, con quien, según indicó, tenía contacto frecuente durante el desarrollo de los trabajos.

“Teníamos conversaciones siempre, dos o tres veces por semana. La obra se terminó en ese tiempo y se siguieron haciendo un montón de cosas: arreglos, pintura, carpintería”, explicó.

El contratista destacó que el presupuesto inicial fue ampliándose a medida que se incorporaban nuevas tareas y modificaciones sobre el proyecto original, un proceso que calificó como habitual en el rubro de la construcción.

“Le pasé un presupuesto, él lo aceptó, empezamos a trabajar y se empezaron a pedir nuevas cosas que terminaron desembocando en el total de la obra”, señaló.

Horas antes de presentarse ante la Justicia, Tabar brindó declaraciones públicas en las que manifestó su respaldo a Adorni y expresó confianza en que el funcionario podrá justificar su situación patrimonial.

“Yo lo adoro a Manuel, estoy convencido de que es honesto y creo que va a poder justificar todo”, afirmó en una entrevista.

En la misma línea, el empresario relativizó las acusaciones y cuestionó la interpretación pública del caso: “Parece que los únicos que evadimos fuimos Manuel y yo”, ironizó, al referirse a la discusión sobre los pagos en efectivo.

En qué estado está la causa

La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. La presentación de Tabar se suma a otros elementos incorporados en el expediente, en el que los investigadores buscan determinar la correspondencia entre los ingresos declarados y los gastos realizados en la propiedad.

El eje del caso está puesto en el origen de los fondos utilizados para financiar las obras y en la legalidad de las transacciones efectuadas, en particular aquellas realizadas en efectivo y en moneda extranjera.

Hasta el momento, desde el entorno del funcionario han sostenido que todas las operaciones pueden ser justificadas y que no existe irregularidad en su patrimonio.

El avance de la investigación ha generado repercusiones en el ámbito político, en un contexto donde otros casos vinculados a la transparencia y la gestión pública también ponen bajo presión al oficialismo.

La ampliación de la declaración del contratista representa un nuevo capítulo en el expediente y podría ser clave para el análisis judicial, ya que aporta documentación concreta sobre la ejecución y financiación de las obras.

En las próximas semanas, se espera que la Justicia evalúe el material presentado y determine si corresponde avanzar con nuevas medidas de prueba o eventuales imputaciones formales.

Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento tanto en el plano judicial como político, en una investigación que combina aspectos técnicos de la actividad constructiva con cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de fondos privados por parte de un alto funcionario del Gobierno.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

Matías Tabar, el contratista que trabajó para el jefe de Gabinete Manuel Adorni, reconoció públicamente que parte de los pagos vinculados a las obras se realizaron “en efectivo” y justificó las maniobras irregulares al asegurar que la evasión “es muy normal” dentro del rubro de la construcción.

“Acá parece que los únicos dos que hemos evadido seríamos Manuel y yo”, afirmó Tabar durante una entrevista con Radio Rivadavia, en medio de la causa judicial que investiga al funcionario nacional por presunto enriquecimiento ilícito.

El contratista sostuvo que el sistema de construcción en Argentina hace “imposible” blanquear todos los gastos de una obra y negó que la iniciativa de manejar dinero no declarado haya partido exclusivamente de Adorni. “No es que a mí vino él y me propuso ‘hagamos esto y tiene que ser en negro’”, explicó.

En ese sentido, aseguró que los pagos del funcionario fueron realizados en efectivo y reveló además que Adorni “no exigía las facturas” durante el avance de la obra. Sin embargo, indicó que sí existieron comprobantes parciales y prometió presentarlos ante la Justicia.

Las declaraciones de Tabar se producen en el marco del expediente que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo, con intervención del fiscal Gerardo Pollicita.

Durante la entrevista, el contratista admitió que sabía a lo que se exponía al declarar judicialmente. “Tampoco me quedaba mucha alternativa”, reconoció.

Pese al escándalo, Tabar defendió su vínculo personal con el funcionario libertario y aseguró que mantiene afecto por él y su entorno familiar. “Lo adoro. A él y a su familia. Entiendo también que el tiempo vaya a poner las cosas en su lugar”, sostuvo.

“Es una persona con la cual conviví casi un año y medio”, agregó el empresario, antes de cerrar con una frase que resumió el impacto del caso: “Es una cagada tener que transitar todo esto”.

Con información de la agencia NA

El juez federal Sebastián Casanello ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel, y de esta manera hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuan y que buscan determinar si incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Francisco Adorni es diputado provincial y el miércoles fue imputado por el fiscal federal Marijuan, quien le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en un expediente que se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por el hermano del jefe de Gabinete.

En tanto, lo que se encuentra bajo investigación es un crédito hipotecario de $60 millones que se habría cancelado en doce meses, la adquisición en un 50% de un vehículo y un presunto incremento patrimonial del 84% en año, mientras que las medidas de prueba requeridas por Marijuan son veinte y las mismas son para reconstruir de forma integral el patrimonio y el flujo de fondos de Francisco Adorni desde 2020 hasta la actualidad.

En primer lugar, se ordenó por parte de Casanello, el levantamiento de secretos y acceso a datos fiscales, para así tener acceso a la documentación del ARCA (ex AFIP), a la vez que tendrá que remitirse a la fiscalía un informe completo del sistema EFISCO, incluyendo declaraciones juradas de Ganancias, Bienes Personales e IVA.

Tarde a la noche, cuando los votos no aparecían y se buscaban alternativas para no dejarle servido en bandeja un triunfo político al Gobierno, la oposición anunció que suspendía la sesión para interpelar a Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. A través de una carta a Martín Menem, los estrategas de la oposición tuvieron que reconocer la derrota: los gobernadores no les darían quórum para enfrentar a Javier Milei, así que convenía reagruparse y postergar el pedido de sesión para la semana que viene. La nueva fecha será el 20 de mayo e incluirá, tal como venía reclamando el peronismo, otras iniciativas sociales y económicas. 

Después de dos meses de parálisis legislativa, el Gobierno tendrá la oportunidad de festejar el primer triunfo político desde que comenzó el escándalo patrimonial de Adorni. Por partida doble. Por un lado, la Cámara de Diputados no será escenario de una embestida opositora para interpelar a Adorni: una demostración de fuerza del Gobierno, que todavía sostiene su red de alianzas, en un momento de gran debilidad política. Y, por el otro, el Senado volverá a abrir las puertas del recinto para aprobar, sin dolores de cabeza, el pliego del juez Carlos “Coco” Mahiques y el pago a dos fondos buitre. 

Crónica de una derrota opositora en Diputados

En los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados predomina la resignación desde temprano a la mañana. Pese a la contundencia de la marcha federal en defensa de las universidades públicas, pese a la debilidad política de Javier Milei por el Adornigate, pese al nuevo recorte presupuestario anunciado vía decreto. Pese a todos estos motivos, los gobernadores y aliados del Gobierno –PRO y radicales– no estaban dispuestos a dar quórum para la sesión opositora del jueves. 

La sesión había sido orquestada por un sector del bloque Provincias Unidas, que viene manteniendo una fuerte disputa interna entre el ala más dura –los socialistas, como Esteban Paulón, o los radicales díscolos, como Pablo Juliano– y el ala más blanda, comandada por la presidenta del bloque, Gisela Scaglia. Una interna que gira en torno al posicionamiento del bloque frente al Gobierno –Scaglia, que responde a Maximiliano Pullaro, se resiste a enemistarse abiertamente con Milei, como los cordobeses de Martín Llaryora– que llevó a que los lilitos de la Coalición Cívica rompieran con el espacio. 

“Nosotros no podemos estar pintados mirando el techo y con Patricia marcando la cancha con Adorni. Podemos perder, pero al menos podemos demostrar que queremos hacer algo”, explicó uno de los impulsores de la sesión que reconocía, desde temprano, que sería difícil conseguir el mágico número de 129 para abrir el recinto el jueves a las 11. Una debilidad que fue advertida, puertas adentro, por el propio jefe del bloque peronista, Germán Martínez, que era partidario de esperar una semana más para convocar. 

El problema, por un lado, son los gobernadores. Ni Pullaro, Llaryora, Raúl Jalil (Catamarca) o Marcelo Orrego (San Juan) quieren abrir un conflicto con el Gobierno, pese a que la sesión no buscaba aprobar la interpelación en sí. Sino que buscaba emplazar a las comisiones para que traten los proyectos de interpelación a Adorni: un mecanismo con el que la oposición busca compensar su minoría en las comisiones y que fue necesario durante todo el año pasado para aprobar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. 

El PRO, por otro lado, tampoco daría quórum para avanzar con la interpelación a Adorni. Tal como anticipó eldiarioAR, Mauricio Macri le marcó la cancha al Gobierno pero no bajó línea para colaborar con la sesión opositora. Luego de publicar un “manifiesto” cuestionando a los que “frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, Macri continuó mandando mensajes envenenados al Gobierno. Pero, atento a que podría generar una rebelión interna en el bloque, no mandó a sus emisarios a dar quórum en la sesión. 

Frente a este escenario, la oposición hizo cálculos y decidió postergar la sesión. A través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los diputados solicitaron convocar a una nueva sesión el 20 de mayo con un temario más extenso. No solo se incluirían los proyectos de interpelación a Adorni, sino también una batería de iniciativas sociales, como la ampliación de licencias por paternidad, la creación del Programa Remediar, y el establecimiento de la gratuidad de los medicamentos para jubilados. 

Cinco años para Mahiques

Del otro lado de Pasos Perdidos, el oficialismo buscará sesionar el jueves con el objetivo de salir de la parálisis legislativa que atraviesa al Gobierno desde que estalló el caso Adorni. 

Una de las iniciativas a tratar será el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Cámara de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Mahiques (padre) está por cumplir los 75 años que lo obligan a tener que jubilarse, por lo que Mahiques (hijo) envió el pliego para que pudiera continuar como juez durante cinco años más poco después de haber asumido como ministro. 

El juez de Casación Penal fue uno de los participantes del viaje a Lago Escondido que organizó el Grupo Clarín en 2022. Durante la audiencia en la comisión de Acuerdos, Mahiques intentó justificar el viaje a la estancia del empresario europeo Joe Lewis –en el que participaron también otros jueces, como Julián Ercolini, y el entonces ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro– alegando que había sido “un viaje de distracción con amigos”. Su explicación no logró convencer a los senadores del kirchnerismo, que le cuestionaron que ponía en duda su independencia, pero no generó problemas a la hora de conseguir las firmas para el dictamen. 

El oficialismo se muestra confiado de que el pliego de Mahiques tendrá votos de sobra para ser aprobado. Calcula, incluso, que habrá varios votos peronistas de Unión por la Patria. “Ningún senador quiere enemistarse con el juez de Casación Penal”, suspiró, resignado, un senador cristinista. 

Además del pliego de Mahiques, en la sesión se tratará un acuerdo con los fondos buitre por U$D 171 millones. La iniciativa implica un desembolso a las firmas Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, que mantenían judicializada la deuda soberana nacional cuando el país entró en default en 2001. También tendrá los votos para ser aprobado. 

Por último, se aprobará la prórroga del programa de entrega de armas coordinado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), un mecanismo que cuenta con el apoyo en todos los bloques.

MCM/MG

Francisco Adorni, actual diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado este miércoles por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.

El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa 2024, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Su escalada en la función pública se dio gracias a su hermano

El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, indagando su evolución patrimonial por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.

Con información de la agencia NA

Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga. Este miércoles, José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y afirmó que el funcionario le pagó más de 20 mil dólares en efectivo por el alquiler de una casa dentro del barrio privado.

Según el testimonio, Adorni permaneció allí mientras se realizaban obras de refacción en su propia propiedad ubicada en el mismo country, en Exaltación de la Cruz.

Rodríguez explicó ante la fiscalía que la suma total corresponde a dos contratos de alquiler y una extensión informal acordada debido a demoras en la obra de remodelación de la vivienda del funcionario. La declaración quedó incorporada al expediente judicial que intenta determinar si el patrimonio del jefe de Gabinete presenta inconsistencias.

De acuerdo con lo expuesto por el propietario, el primer acuerdo se firmó en octubre de 2023 y contempló un alquiler temporario por 5.600 dólares en efectivo para que Adorni veraneara allí a comienzos de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial.

Más adelante, según el testigo, se concretó un segundo contrato por 13.000 dólares también abonados en efectivo. Ese alquiler correspondía al período en el que el funcionario residió en la propiedad mientras avanzaban las refacciones de su casa dentro del country, inmueble que, según trascendió en la causa, habría sido adquirido por 120 mil dólares.

Rodríguez agregó además que, debido a retrasos en la obra encabezada por el contratista Matías Tabar, el alquiler debió extenderse tres meses más, lo que implicó un pago adicional de 2.400 dólares.

Según el testimonio, todas las operaciones fueron realizadas en efectivo y con entrega de dinero “en mano”, alcanzando un total de 21 mil dólares.

La investigación ya había sumado previamente la declaración de Tabar, quien sostuvo que las remodelaciones realizadas en la propiedad de Adorni tuvieron un costo cercano a los 245 mil dólares.

Ahora, la Dirección de Asesoramiento Económico Financiero (DAFI) y los investigadores judiciales analizan la documentación y los movimientos vinculados a esos pagos para determinar si las operaciones se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.

Con información de la agencia NA

El bloque del PRO en la Cámara de Diputados no acompañará este jueves la sesión especial convocada por la oposición para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a pesar de que el partido de Mauricio Macri mantiene públicas críticas al Gobierno de Javier Milei.

El diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando De Andreis, anticipó que su bloque no respaldará los proyectos de la oposición porque “hay investigación judicial en curso”.

Sin embargo, De Andreis no escatimó en cuestionamientos al funcionario. Opinó que Adorni “es más un obstáculo para el cambio en la Argentina que otra cosa”, aunque aclaró que “es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de cómo termina esta novela”.

Para el diputado, la interpelación no es el camino correcto en este momento. “No corresponde una interpelación porque se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde la justicia está actuando”, sostuvo, aunque reclamó que el Gobierno “tiene que mejorar sustancialmente la explicación de lo que está pasando y adelantar la declaración jurada”.

De Andreis también apuntó contra la actitud del funcionario ante las acusaciones: “Si hay una tranquilidad tan grande, debería ser más sencillo de explicar”. Lo que más le llamó la atención, dijo, fue “la falta de conexión con la realidad y la no dimensión del lugar que ocupa, del cargo, de que Adorni es el jefe de Gabinete”.

La posición del PRO ante la interpelación refleja una tensión que el partido arrastra desde hace días. El domingo pasado, el partido publicó un duro comunicado en el que acusó al oficialismo de actuar “con soberbia y arrogancia” y de pedirle a la ciudadanía sacrificios que sus propios funcionarios “no están dispuestos a hacer”.

El documento, titulado “Manifiesto próximo paso”, señalaba que “el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia y arrogancia. A los dos los vamos a enfrentar”. Aunque sin mencionar nombres, el escrito circuló en plena polémica por la situación de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, y luego de que Milei lo ratificara en el cargo.

De Andreis también marcó diferencias con el estilo del presidente respecto al trato hacia el sector privado y los medios: “No estamos de acuerdo con el ataque a ningún individuo, ni a los empresarios, ni al periodismo, ni al que piensa distinto. Las formas es algo en lo que claramente somos distintos con La Libertad Avanza”.

Pese a todo, el PRO sigue sosteniendo su apoyo parlamentario al Gobierno. El partido recordó que cuando fue necesario “estuvo ahí, del lado del cambio, sin especular, sin mirar desde afuera”. La consigna del bloque macrista, por ahora, es criticar sin voltear la mesa.

La Justicia Federal profundizó la investigación sobre posibles irregularidades en contrataciones vinculadas a la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, quienes buscan determinar si existió direccionamiento en licitaciones o beneficios económicos indebidos relacionados con firmas proveedoras del Estado.

En las últimas horas, el magistrado ordenó una serie de medidas para reconstruir la relación comercial entre +BE y distintas compañías privadas, entre ellas Foggia Group, Grupo Datco y National Shipping S.A. Según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Lijo solicitó documentación vinculada a facturación emitida hacia la consultora de Angeletti, legajos societarios presentados ante la Inspección General de Justicia y datos sobre los beneficiarios finales de las contrataciones cuestionadas.

Además, la fiscalía requirió información a la Oficina Nacional de Contrataciones para conocer el detalle de la participación de las empresas investigadas en distintos procesos licitatorios y las adjudicaciones obtenidas en organismos públicos.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, y apunta a esclarecer si existió un posible esquema de retornos de fondos públicos a través de vínculos comerciales entre empresas contratistas del Estado y la firma ligada a la esposa del funcionario.

Entre las compañías bajo análisis aparece Grupo Datco, dedicada a servicios tecnológicos y con antecedentes como proveedora de organismos estatales como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas. También figura National Shipping S.A., empresa naviera vinculada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y señalada como una de las principales proveedoras de YPF, donde Adorni se desempeña como director titular.

Otro de los focos de la investigación es Foggia Group, conducida por Mara Gorini, identificada en el expediente como una empresaria cercana a Karina Milei. La firma estuvo vinculada a la concesión de Tecnópolis y participó en la organización de distintos eventos libertarios, incluidos actos realizados en el Luna Park y el Movistar Arena encabezados por el presidente Javier Milei.

Hasta el momento no hay imputaciones formalizadas en la causa. Sin embargo, las nuevas medidas judiciales apuntan a reconstruir el circuito de contrataciones y establecer si existieron beneficios cruzados entre compañías con negocios en el Estado y la consultora +BE.

Con información de la agencia NA

La movida de Mauricio Macri en contra de Javier Milei sorprendió a todos en el PRO. Solo Fernando de Andreis, el presidente del partido y mano derecha de Macri, estaba al tanto del “manifiesto” con el que el expresidente salió a marcarle la cancha al gobierno libertario. Hubo enojo entre los gobernadores y otros presidentes del partido, pero a Macri no le importó: el golpe estaba dirigido a Manuel Adorni, pero los destinatarios eran Milei y su propio partido. El expresidente busca recuperar el liderazgo del PRO, para afuera y para adentro. Por eso sube el perfil, organiza recorridas y prepara, para este viernes, un acto en Vicente López con el mismo lema del comunicado: “El próximo paso”. 

Los gobernadores Rogelio Frigerio e Ignacio Torres llamaron furiosos por teléfono a De Andreis cuando vieron el comunicado. Lo mismo pasó con Cristian Ritondo, jefe del bloque en Diputados y presidente del partido en la Provincia de Buenos Aires. Ninguno había sido consultado previamente y, como el propio Gobierno, se enteraron de la publicación del comunicado cuando se compartió en las redes sociales del PRO. 

“Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, lanzó Macri, a través del equipo de comunicación de De Andreis, en una bomba teledirigida a Adorni que, con el correr de las horas, fueron ratificando sus voceros, como el senador Martín Goerling o el propio De Andreis. Había llegado el momento de despegarse de la mancha venenosa del gobierno de Milei. 

“AEA, Techint. Estas son las cosas que pasan por decirle ‘Don Chatarrin’ a Rocca”, ironizó un dirigente del PRO, aludiendo al enojo de un sector del círculo rojo con los insultos que Milei viene dispensando contra el establishment económico y periodístico. Un enojo que tiene a varios empresarios discutiendo la posibilidad de instalar una alternativa “racional” a Milei en 2027 que garantice el programa económico de La Libertad Avanza pero que lo pueda volver políticamente sostenible. Una hipótesis que el propio Macri empezó a barajar en reuniones en privado con empresarios, como Paolo Rocca, el dueño de Techint que, por estas horas, el Gobierno define como “su principal opositor”. 

El despegue de Macri, sin embargo, no fue consensuado con el resto del partido que todavía apuesta a sellar una alianza con LLA el año que viene para garantizarse la supervivencia en el territorio. Es el caso de Frigerio, pero fundamentalmente el de la dupla bonaerense de Cristian Ritondo y Diego Santilli, que salieron rápidamente a diferenciarse del comunicado del PRO. “Yo no fui consultado”, se atajó, irritado, Ritondo, en diálogo con elDiarioAR. 

El mensaje de Macri también los tenía a ellos como destinatarios. “Mauricio les está diciendo que el que maneja el PRO es él, que se divirtieron durante algunos años pero que ahora el líder es él”, analiza un referente porteño amarillo, que se distanció hace un par de años del expresidente y juega a volver a acercarse. 

Macri, que quedó duramente golpeado tras la derrota de la lista encabezada por Silvia Lospennato en la elección porteña de mayo, dejó en manos de sus alfiles provinciales el armado de las listas nacionales de octubre. Se desentendió, pidió garantizar algunos nombres propios –como el de De Andreis– y habilitó al ala negociadora de Ritondo a cerrar acuerdos con LLA en donde pudiera. Ahora, en cambio, Macri quiere levantar el perfil y participar más activamente de la vida del partido. 

Aunque sea desde el exterior, donde estaba de viaje cuando mandó a publicar el comunicado del PRO. 

Acto en Vicente López y sesión por Adorni

El próximo paso de Macri será encabezar un acto en Vicente López el viernes. No será tan populoso como el de Parque Norte hace un mes, al que convocó a toda la dirigencia del PRO para dar una muestra de fortaleza, pero sí lo suficiente como para hacer un llamado de atención desde uno de los pocos municipios del conurbano que el PRO todavía gobierna. Y no por cualquier intendente, sino por Soledad Martínez, una de las pocas 100% macristas que quedan en el PRO. 

Será la primera actividad de Macri en la Provincia de Buenos Aires en muchos años. El encargado de diagramarle las recorridas es De Andreis, quien pasó a hacerse cargo del PRO en enero y viene de cortar toda posibilidad de un futuro acuerdo político con Patricia Bullrich en medio de los gestos de acercamiento de la exministra. “Lo mejor que podría hacer Patricia por el país es dejar de pasar de un partido a otro. Eso le ha hecho mucho daño a ella y a la política argentina”, chicaneó en diálogo con Radio La Red, durante el fin de semana. 

Macri estuvo hace unas semanas en Corrientes y Chaco y tiene planeado viajar a Santa Fe después del acto de Vicente López. Lo llama la gira de “El próximo paso”. ¿Un guiño hacia una futura candidatura? Quienes más lo conocen a Macri lo rechazan de lleno, deslizando que está “en otras cosas” desde su separación con Juliana Awada. Pero Macri igual coquetea con la posibilidad, sabedor de que, aunque no tiene los votos para ganar una elección presidencial, puede tener los votos suficientes para evitar que Milei gane. Y eso, en una negociación con Karina Milei, vale mucho. 

Por eso juega a tensionar. “Esto no cambia el vínculo con el Gobierno ni cierra puertas para el futuro”, se apura en aclarar un dirigente de confianza de Macri. El expresidente no está dispuesto a romper del todo con Milei, y es por eso que su bloque no participará de la sesión opositora del jueves en la Cámara de Diputados.

Es una incógnita hasta qué punto Macri estaba dispuesto a dejar correr su enojo con Adorni y Milei. La última vez que vio al Presidente, incluso, fue para recomendarle que no fuera el vocero quien reemplazara a Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete. Macri quiere venganza, pero no todavía. Es por ese motivo que no presionará a Ritondo para que de quórum el jueves cuando la oposición intente tratar un paquete de leyes destinadas a interpelar a Adorni. 

Pero es cuestión de tiempo. “Estamos en las medidas preparatorias”, vaticinó, irónico, un diputado del PRO.

MCM/CRM

La Justicia avanzó con nuevas medidas en la investigación que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa Bettina Angeletti. El juez Ariel Lijo requirió información detallada sobre contratos, facturación y vínculos comerciales entre la consultora +BE y tres empresas privadas con conexiones con organismos estatales.

El magistrado solicitó al Grupo Datco, a National Shipping S.A. y a Foggia Group que entreguen todas las facturas, órdenes de licitación y documentación relacionada con la firma perteneciente a Angeletti.

La medida se desarrolla en paralelo a la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario nacional y busca determinar si existió algún tipo de direccionamiento o beneficio económico irregular hacia la consultora.

Según consta en el expediente, uno de los puntos bajo análisis es la relación comercial entre +BE y empresas que mantienen contrataciones o vínculos con distintas áreas del Estado nacional.

Entre ellas aparece el Grupo Datco, proveedor de servicios tecnológicos para organismos públicos como AFIP, AySA y Aerolíneas Argentinas.

También figura National Shipping S.A., una empresa naviera vinculada al transporte marítimo y fluvial de hidrocarburos y considerada una de las principales proveedoras de YPF, donde Adorni se desempeña como director titular.

La tercera compañía involucrada es Foggia Group, dirigida por Mara Gorini, señalada como una colaboradora cercana de Karina Milei. La firma está relacionada con la concesión de Tecnópolis y organizó distintos eventos libertarios, incluidos actos en el Luna Park y el Movistar Arena donde participó el presidente Javier Milei.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza.

De acuerdo con el texto judicial, la causa intenta determinar si existió “un posible esquema de retorno de fondos públicos” a través de relaciones comerciales entre empresas privadas y la consultora vinculada a la esposa del funcionario.

Con información de la agencia NA

La semana que comienza será, para el gobierno de Javier Milei, un nuevo intento por recuperar la iniciativa política después de varios días absorbidos por el caso que involucra a Manuel Adorni. En la Casa Rosada aseguran que el Presidente busca dejar atrás el ruido generado por las revelaciones judiciales sobre el patrimonio de su jefe de Gabinete y volver a concentrar la atención en aquello que considera el corazón de su gestión: el programa económico y la profundización del ajuste sobre el Estado.

Pero, aun cuando el oficialismo intenta reinstalar una imagen de normalidad, el expediente que rodea a Adorni sigue proyectando su sombra sobre el funcionamiento cotidiano del Gobierno, alimenta una preocupación cada vez más visible por la parálisis de áreas sensibles de la administración y amenaza con seguir condicionando el clima interno de Balcarce 50.

En distintos despachos oficiales reconocen que las últimas semanas estuvieron consumidas por tareas defensivas. Ministros, secretarios y asesores debieron dedicar buena parte de su tiempo a responder consultas periodísticas, contener a sus propios equipos y recalcular la agenda pública de cada área. El efecto, admiten en voz baja, fue una desaceleración del ritmo de gestión. “Venimos de un verano donde pudimos sacar la reforma laboral, fue algo histórico”, se lamentó ante elDiarioAR un dirigente que ve cómo el capital político alcanzado por el Gobierno pareció haberse esfumado en estos últimos dos meses.

Proyectos demorados, decisiones postergadas y funcionarios que optaron por bajar el perfil son algunas de las consecuencias de una crisis que hace rato que dejó de ser percibida como un problema exclusivamente personal de Adorni para convertirse en un factor de desgaste sobre el conjunto del oficialismo.

No son pocos, incluso, los que empiezan a mirar el calendario con una mezcla de ansiedad y pragmatismo. En los pasillos de la Casa Rosada circula la idea de que el inicio del Mundial de fútbol, el próximo 11 de junio, podría funcionar como un punto de inflexión mediático capaz de correr el foco de la controversia y permitirle al Gobierno recuperar aire. “Si llegamos al Mundial con esto todavía abierto, por lo menos la gente va a hablar de otra cosa”, sintetizó, en estricto off the record, un integrante del gabinete. La frase, mitad broma y mitad expresión de deseo, refleja hasta qué punto el oficialismo confía en que algún acontecimiento externo contribuya a desplazar una discusión que, por ahora, sigue monopolizando buena parte de la conversación política.

El blindaje presidencial a Adorni quedó ratificado el viernes pasado durante la primera reunión ampliada de gabinete después de un mes sin convocatorias de ese tipo. Allí, según reconstruyeron distintas fuentes oficiales, Milei no solo volvió a respaldar a su jefe de Gabinete sino que justificó su decisión con un argumento de fuerte carga personal: lo definió ante sus ministros como una persona “honesta”. La frase buscó clausurar cualquier especulación sobre una eventual salida y dejó en claro que, al menos por ahora, el Presidente no está dispuesto a revisar su respaldo político al funcionario más cuestionado del gabinete.

Milei busca reordenar prioridades y transmitir la idea de que el Gobierno sigue concentrado en su hoja de ruta. Con ese mensaje todavía fresco, el oficialismo prevé retomar esta semana su rutina política habitual. Si no hay cambios de último momento, este martes volvería a reunirse la mesa política, el ámbito en el que la mesa chica del oficialismo, encabezada por Karina Milei, intenta coordinar la estrategia legislativa, analizan el clima político y evalúan el impacto de las principales crisis. Allí volverá a sobrevolar el caso Adorni y, con él, el papel cada vez más disruptivo que asumió Bullrich dentro del oficialismo.

La jefa del bloque libertario en el Senado fue la primera dirigente del núcleo gobernante en verbalizar públicamente lo que muchos funcionarios comentaban en privado. Primero le reprochó a Adorni, delante del propio Milei y de Karina Milei, que ordenara su situación patrimonial porque “todo es un quilombo” y el tema le trababa las leyes en el Congreso. Después reclamó en televisión que exhibiera “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Esa doble intervención quebró una regla tácita del oficialismo, según la cual los cuestionamientos internos rara vez se exteriorizan, y consolidó a Bullrich como una de las pocas figuras con capacidad para tensionar abiertamente el blindaje presidencial.

Su actitud volvió a poner de relieve la relación tirante que mantiene con Karina Milei, atravesada por desconfianzas acumuladas y por una disputa silenciosa por espacios de poder. El malestar de Bullrich no se limita al caso Adorni, pero encontró en esa crisis una oportunidad para expresar una incomodidad más profunda con la lógica de “subordinación o exterminio” que, según describen cerca de la dirigente, domina el funcionamiento interno de La Libertad Avanza.

El contexto político más amplio también empezó a mostrar señales de fatiga entre los aliados. Este lunes, el PRO difundió un comunicado en el que tomó distancia del Gobierno y advirtió que “acompañar el cambio no es aplaudir lo que está mal”. Aunque el mensaje no estuvo dirigido exclusivamente al caso Adorni, en la Casa Rosada fue leído como otra evidencia de que el respaldo externo al oficialismo comienza a volverse menos automático frente a las controversias que afectan al núcleo del poder.

La preocupación no se limita al frente político. En el entorno presidencial seguirán con atención el dato de inflación de abril, que el INDEC dará a conocer el jueves. El Gobierno espera exhibir ese número como una señal de desaceleración tras el 3,4% de marzo, además de como un argumento para reinstalar el eje económico en el centro de la escena. Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, consideran que una mejora en las variables de precios puede ayudar a restaurar la narrativa de éxito económico y reducir el impacto del ruido institucional sobre la percepción de los mercados.

Si no surgen imprevistos, el próximo viernes Milei volverá a reunir a todo su gabinete en Casa Rosada, nuevamente alrededor de las 14. El encuentro tendría como objetivo seguir revisando la marcha del plan de gobierno y ordenar la estrategia legislativa para el segundo semestre. Sobre la mesa estarán proyectos que el oficialismo considera prioritarios, como la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental, además de la búsqueda de acuerdos con distintos bloques parlamentarios para garantizar su aprobación.

La intención del Presidente es recuperar la agenda que el Gobierno considera propia y desplazar el foco desde la crisis política hacia la gestión. Sin embargo, en Balcarce 50 nadie da por cerrado el capítulo Adorni. Y aunque Milei insiste en que su jefe de Gabinete no es culpable de nada de lo que se le acusa, y mantiene intacta la decisión de sostenerlo, el interrogante es si el oficialismo podrá volver a concentrarse en sus reformas o si el desgaste político terminará fagocitándose definitivamente el funcionamiento del conjunto de la administración.

PL/CRM

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó este lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintasáreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto. El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”. El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

MC

Durante buena parte de la última semana, la Casa Rosada funcionó como un laboratorio en miniatura de las tensiones que atraviesan al gobierno de Javier Milei. En la superficie, el oficialismo intentó transmitir una imagen de normalidad y disciplina, en medio de la vuelta de las conferencias de prensa y gestos cuidadosamente calculados para reforzar la idea de que el programa sigue intacto. Por debajo, sin embargo, el caso que envuelve a Manuel Adorni continuó expandiéndose hasta convertirse en algo más que un problema judicial o patrimonial. El expediente comenzó a alterar el equilibrio interno del gabinete, abrió fisuras entre algunos de los principales socios políticos del Presidente y, lo que resultó más inquietante, empezó a filtrarse incluso en las conversaciones con empresarios e inversores extranjeros.

El episodio deja en evidencia una paradoja que se repite con frecuencia en el universo libertario. Cuanto mayor es la presión sobre uno de sus funcionarios más cercanos, más decidido parece Milei a sostenerlo. Esa lógica de blindaje tiene una dimensión política, pero también simbólica: para el Presidente, retroceder frente a un cuestionamiento externo equivale a convalidar la ofensiva de sus adversarios. El problema es que, en esta oportunidad, la controversia dejó de ser un asunto exclusivamente mediático.

La declaración judicial del contratista Matías Tabar, con detalles sobre pagos en efectivo por US$245.000 para remodelar la casa de Adorni en el country Indio Cuá, los cruces internos y las preguntas formuladas en la propia Casa Rosada terminaron convirtiendo el caso en un factor de desgaste capaz de interferir con la agenda legislativa, con la convivencia entre las distintas tribus oficialistas y con el relato económico que el Gobierno intenta ofrecer ante los mercados.

Blindaje presidencial

En Balcarce 50 describen las últimas semanas como una secuencia de movimientos destinados a recuperar la iniciativa y evitar que la crisis se convierta en un problema de gobernabilidad. Primero fue la conferencia de prensa que Adorni dio el lunes, concebida como una reaparición pública después de semanas de silencio. Luego llegó la foto junto a Milei antes del viaje presidencial a los Estados Unidos, durante la reunión con autoridades de la B'nai B'rith International, interpretada dentro del oficialismo como un respaldo explícito del Presidente.

El miércoles por la noche, Milei reforzó ese blindaje en una entrevista televisiva y descartó de plano una eventual salida del jefe de Gabinete. “Ni en pedo”, respondió cuando le preguntaron si evaluaba pedirle la renuncia. Y este viernes terminó de despejar cualquier especulación al volver a ratificarlo de manera enfática delante de todos sus ministros, en la primera reunión de gabinete después de más de un mes —la última había tenido lugar el 6 de abril. “A mí el desgaste político no me importa”, repite como un mantra el mandatario cada vez que tiene la oportunidad. El mensaje es inequívoco: Adorni no se mueve.

La decisión de reunir nuevamente al gabinete completo no fue casual. Durante las últimas cuatro semanas, la dinámica política del oficialismo había quedado concentrada en encuentros más reducidos de la mesa política, el ámbito en el que Karina Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, Patricia Bullrich y Martín Menem analizan la marcha del Gobierno, porotean votos en el Congreso y calibran el impacto político de cada crisis. En esas reuniones, el caso Adorni se convirtió en un tema recurrente: no solo por sus derivaciones judiciales, sino por el ruido que empezó a generar sobre el conjunto de la gestión y por el temor de que termine interfiriendo con las prioridades legislativas y económicas del oficialismo.

El encuentro de este viernes comenzó a las 14 y se extendió durante dos horas y media. Milei habló durante aproximadamente 30 minutos, volvió a darle un respaldo explícito a Adorni, ofreció un panorama general sobre la marcha de la administración y delineó los objetivos para lo que resta del año y para 2027. Acto seguido, se retiró para continuar con actividades en la residencia de Olivos. Según trascendió, a partir de ese momento, el jefe de Gabinete tomó el control del encuentro. Agradeció a los equipos ministeriales por el trabajo realizado para su informe de gestión presentado el 29 de abril ante la Cámara de Diputados y repasó aspectos vinculados a la reestructuración presupuestaria, los retiros voluntarios y desvinculaciones en organismos públicos.

También hubo espacio para el frente legislativo. Menem y Bullrich expusieron sobre los proyectos que el oficialismo considera prioritarios para los próximos meses, entre ellos la Ley Hojarasca, el “super RIGI” y la nueva Ley de Salud Mental. El dato no es menor: buena parte del malestar interno en torno a Adorni se vincula precisamente con la percepción de que su situación judicial está comenzando a complicar la agenda parlamentaria del Gobierno.

La titular del bloque oficialista en el Senado fue una de las voces más incisivas al respecto. En un intento además por contener a la propia base electoral libertaria, Bullrich se encargó de trasladar su preocupación al plano público al sostener que el jefe de Gabinete debía presentar “de manera inmediata” la documentación respaldatoria sobre su patrimonio y sus gastos. Hace un mes, delante del propio Milei y de Karina Milei, ya le había dicho a Adorni: “Manuel, acomodá tus papeles porque todo es un quilombo, se me traban todas las leyes en el Congreso”. De hecho, el viernes, una vez que el Presidente se retiró de la reunión de gabinete, Bullrich insistió con la cuestión. “Patricia parece la única que de verdad piensa políticamente y no quiere saber nada con perder”, señaló un habitante de los pasillos —hoy restringidos a la prensa— de Balcarce 50.

Lo cierto es que en el entorno del ministro coordinador ya tomaron una decisión que hasta hace pocos días seguía bajo análisis: el jefe de Gabinete presentará su declaración jurada patrimonial mucho antes del 31 de julio, el plazo legal previsto para ese trámite. Según pudo saber elDiarioAR, la documentación será dada a conocer en algún momento de las próximas semanas, en un movimiento orientado a desactivar parte de las sospechas y a responder a los reclamos, tanto de la oposición como de sectores del propio oficialismo.

“La intención es volver a recuperar la agenda”, apuntaron en uno de los despachos oficiales. Hay quienes creen que la jugada de Bullrich —digna de una política “profesional”— permitió también descomprimir parte de la tensión interna acumulada durante semanas. Al expresar en voz alta un malestar que varios funcionarios compartían en privado, permitió canalizar el conflicto y evitar que siguiera acumulándose de forma subterránea. “Ayudó”, fue la escueta definición de una fuente oficialista al tanto de las fricciones. Sin embargo, nada lleva a pensar que la relación entre la senadora y Karina Milei vaya a recomponerse fácilmente. La desconfianza entre ambas es vox populi y persiste. ¿Responde a una todavía latente, pero cada vez más manifiesta, disputa de poder que excede largamente el caso Adorni? Es una pregunta sin respuesta que inquieta hoy a buena parte de la tropa de La Libertad Avanza.

“Riesgo Adorni”

Otra dimensión sensible de la polémica que envuelve hoy al jefe de Gabinete quedó expuesta este viernes, pocas horas antes de la reunión que encabezó Milei. En una conferencia de prensa convocada para presentar el llamado “super RIGI”, Adorni reapareció junto a Luis Caputo y la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva. El objetivo era anunciar un nuevo esquema de incentivos para atraer inversiones de gran escala. Sin embargo, la presentación terminó dominada por preguntas sobre el denominado “riesgo Adorni”.

Caputo tuvo entonces que responder si el escándalo estaba influyendo sobre el riesgo país. “Lo de Manuel no tiene ningún impacto”, aseguró. “Un inversor se rió en Estados Unidos y nos dijo que no tiene ningún sentido este tema”, agregó, en una frase que buscó relativizar la controversia pero que, al mismo tiempo, confirmó que el caso ya se había colado en las conversaciones con empresarios.

El ministro insistió además en que “los problemas políticos y judiciales no se trasladan a la economía” y volvió a apelar al concepto de “riesgo kuka” para explicar la persistencia del riesgo país, pese a que días atrás lo había descartado públicamente. “El riesgo país no baja por el riesgo kuka, porque el mercado percibe que, aunque haya una probabilidad baja, el escenario de que eso pase es literalmente el infierno”, afirmó.

La secuencia de los últimos días condensó así el dilema que enfrenta el oficialismo. Mientras Milei y su hermana consideran que ceder equivaldría a validar una operación política contra el Gobierno, otros sectores empiezan a preguntarse cuánto desgaste adicional puede absorber la administración sin afectar la estabilidad que el programa económico necesita para sostenerse. La evidente caída en la imagen presidencial es una luz roja en el tablero. Sin embargo, la decisión está tomada: Adorni seguirá en su cargo y continuará recibiendo un respaldo explícito. Pero el interrogante ya cambió de naturaleza. La cuestión no es únicamente si el jefe de Gabinete podrá resistir judicialmente, sino cuánto tiempo más podrá el Gobierno evitar que su crisis personal termine proyectándose sobre el conjunto del experimento libertario.

PL/MG