Con una caída de los salarios de investigadores del 40%, laboratorios sin insumos y una inversión que va a tocar su piso histórico según el presupuesto 2026, el sistema científico argentino atraviesa una de las peores crisis de su historia. 

Para Daniel Filmus, el problema va más allá del clásico ajuste de los gobiernos de derecha. Responde a la convergencia de la lógica anarcocapitalista de dejar todo en manos del mercado, con un modelo económico primarizado que no demanda conocimiento y un clima oscurantista que desconfía de la ciencia. “La peor combinación posible”, resume el exministro de Ciencia y Tecnología. 

Querido por investigadores y añorado por docentes por su gestión en ambas carteras durante la gestión de Alberto Fernández y Néstor Kirchner, Filmus sigue activo como investigador y director del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia Tecnología e Innovación. En diálogo con elDiarioAR analiza los vaivenes de la política científica en los 40 años de democracia.

–¿Qué lectura general tiene acerca de lo que está pasando hoy con el ecosistema de Ciencia y Tecnología?

–Milei vino a romper el péndulo que hubo en los 40 años de democracia, con momentos de mayor y de menor apoyo a la ciencia. Desde el marco teórico de la escuela económica austriaca o el anarcocapitalismo, plantea que el Estado no tiene que financiar la ciencia. Lo cierto es que en distintos momentos de la historia argentina discutimos qué orientación debía tener la ciencia, con una intención más de ciencia básica o aplicada, pero nunca se discutió la esencia respecto de la ciencia. Incluso en las épocas de la dictadura militar hubo otra mirada, más vinculada a la ciencia y tecnología de la defensa. Lo que hay con Milei, a diferencia de todos los momentos anteriores, es un corte conceptual.

Incluso en las épocas de la dictadura militar hubo otra mirada, más vinculada a la ciencia y tecnología de la defensa. Lo que hay con Milei, a diferencia de todos los momentos anteriores, es un corte conceptual

–¿Cuál es la particularidad de esta época con respecto a anteriores desfinanciamientos?

–Lo más grave en el gobierno de Javier Milei, más allá de los datos concretos del ajuste, es la fusión de la mirada desde tres perspectivas distintas. Por un lado, el marco teórico de la escuela económica austriaca, que dice que la ciencia y la tecnología tiene que ser financiada desde el mercado o desde la filantropía. Si entra el Estado, textualmente dicen, la distorsiona porque ya no sigue la demanda del mercado. El segundo factor es la aplicación de un neoliberalismo muy radicalizado que alienta un modelo económico primarizado y de especulación financiera que no necesita ciencia, ni tecnología, ni agregado valor para la producción. Y esto se combina con un tercer elemento, que es muy original de la Argentina y no necesariamente pasa en las nuevas derechas en todos lados, que es un alianza con un tercer sector oscurantista, que niega la ciencia. Entonces tenés la peor combinación posible para la ciencia. 

–¿Y cómo son las derechas en el resto del mundo respecto a este tema?

–El sistema de ciencia y tecnología en Estados Unidos no se desarmó totalmente, aunque tiene un sesgo oscurantista en algunas áreas, sobre todo en las ligadas a la salud con su ministro antivacunas, no en las de las vinculadas a la producción. 

El otro día todos vimos un cohete (Artemis II) que salió a la Luna, que es de la NASA. Y la NASA es un organismo público, cuyos desarrollos derraman en el sector privado. Orban, otro líder de ultraderecha que acaba de perder en Hungría, continuó con la tradición científica del país, que es muy fuerte. Yo estuve el año pasado invitado justamente por el gobierno de Hungría a una reunión mundial de científicos que se hace de manera bianual y todos decían que, a pesar de ser ultra retrógrado, ha aportado al sistema científico. Bolsonaro mismo, cuando tuvo el gobierno en época de pandemia también con la mirada oscurantista, no abandonó la ciencia.

El otro día todos vimos un cohete (Artemis II) que salió a la Luna, que es de la NASA. Y la NASA es un organismo público, cuyos desarrollos derraman en el sector privado. Orban, otro líder de ultraderecha que acaba de perder en Hungría, continuó con la tradición científica del país, que es muy fuerte

–Los relatos de científicos migrando, o sin insumos recuerdan a años de crisis del país. ¿En cuánto se asemeja la situación actual a los 90 o a la dictadura?

–Nada es peor que la dictadura, porque en esa época hubo persecución directa, exilio forzado y desaparición de científicos. La comparación que hago es presupuestaria, no política ni represiva. Y en ese plano, los datos son elocuentes: incluso en los peores años, como la salida de la dictadura o la crisis de 2001, la inversión en Ciencia y Técnica se mantuvo cerca o por encima del 0,18%–0,20% del PBI. Lo que se proyecta ahora para 2026 es 0,14%, el nivel más bajo de toda la serie desde 1972. Es decir, el ajuste actual no solo es más profundo que el de los 90, sino que rompe el piso histórico incluso de momentos de colapso económico.Y, por otro lado, teniendo en cuenta esos guarismos, ¿qué sentido tiene hacer un ajuste? Bueno, para poner en juego una concepción.

–¿Puede funcionar en Argentina un ecosistema de CyT financiado estrictamente con el sector privado? 

–En el caso de Argentina, y de la mayor parte de los países de la región, la inversión privada es insignificante, concentrada en el área biomédica, principalmente los laboratorios. La inversión pública y privada de Argentina en Ciencia puede llegar al 0,6% del PBI en un buen momento, con la mayor parte como inversión pública. Hay otros países, como Israel o Corea, que tienen cinco puntos de inversion, traccionado por el sector privado. En Estados Unidos es similar. La relevancia del sector público en este área es que funciona para traccionar al sector privado, uno de los ejemplos más gráficos es la NASA, como te mencionaba anteriormente.Vos fíjate que Milei bajó la inversión pública en ciencia y tecnología y, automáticamente, cayó la inversión privada por primera vez en la historia.

–Hablando en sus propios términos, ¿es deficitaria o superavitaria la CyT?

–El sociólogo Enrique Oteiza fue de los primeros en cuantificar el costo de la fuga de cerebros. Él mostraba que cuando un país forma científicos, ingenieros o técnicos y después esos profesionales emigran, lo que está haciendo en los hechos es financiarle capital humano al resto del mundo. Es decir, una transferencia neta de recursos. Y al mismo tiempo, cuando el sistema funciona, genera exactamente lo contrario: ahorro de divisas y valor agregado. Un ejemplo concreto es el de las vacunas o desarrollos tecnológicos locales, que pueden evitar importaciones por cientos de millones de dólares al año.

–¿Cuál es el principal déficit histórico de nuestro sistema de CyT, y que hoy lo vuelve más vulnerable?

–La falta de articulación público-privada, e incluso en el mismo sistema. Es un problema que hay que resolver en una futura gestión. En mi último libro “Del péndulo al precipicio”, analizamos que, al tener Argentina históricamente políticas pendulares, el sistema de ciencia y tecnología y universitario se construyó en defensiva y con poca vinculación con el medio, con el proyecto estatal y con lo privado . Usamos la imagen del archipiélago, con organismos de ciencia y tecnología muchas veces muy desvinculados entre sí, que pertenecen a ministerios distintos con poca articulación en el trabajo conjunto.

Lo más grave que está ocurriendo hoy es el éxodo de los científicos. Los mejores científicos y los mejores tecnólogos, no solo del Conicet, se están yendo o se quieren ir y están buscando becas alternativas. Es difícil que vuelvan a Argentina, ya no más

—Usted también es investigador. ¿Cómo atraviesa personalmente este momento en la forma de trabajar?

–Hay que tener en cuenta un aspecto que para mí es paradójico. Milei critica principalmente las ciencias sociales, pero quienes más sufren el impacto de las políticas son los de las ciencias duras. Nosotros necesitamos menos equipamiento, insumos importados y edificios, para poder trabajar. La investigación social exige relativamente menos recursos. El salario está golpeado igual que cualquier otro, pero las posibilidades de investigación son peores para las ciencias más duras. Se paralizaron todas las obras, se estaban haciendo 100 obras hasta que asumió Milei.

–¿Cómo imagina el sistema científico en los próximos años? 

–Lo más grave que está ocurriendo hoy es el éxodo de los científicos. Los mejores científicos y los mejores tecnólogos, no solo del Conicet, se están yendo o se quieren ir y están buscando becas alternativas. Es difícil que vuelvan a Argentina, ya no más. Nosotros habíamos llevado adelante un programa llamado el Programa Raíz, una ley que este gobierno está incumpliendo y había permitido la recuperación de casi 1700 científicos al país. Pero ¿cuántas veces lo vas a hacer en tu vida? En ciertos campos del conocimiento, como la inteligencia artificial, el conocimiento se renueva cada meses, días, horas. Si los científicos no pueden estar en contacto con la bibliografía porque se cayeron todas las suscripciones, vamos a quedar afuera de la carrera. Que te podes recuperar, claro que sí. Lo hemos hecho.Tenemos una capacidad de resiliencia enorme, pero es difícil. 

Durante décadas, Argentina se destacó como una economía anómala en América Latina. Mientras países vecinos exportaban cobre, petróleo o soja sin procesar, acá la matriz productiva se apoyaba también en obreros metalúrgicos y de la industria automotriz, junto a una clase media que traccionaba el mercado interno. Esa diferencia fue el resultado de una apuesta por la industrialización que el resto de la región, salvo Brasil, no hizo o no pudo. 

Esa condición está cambiando de manera acelerada con el modelo económico que propone Javier Milei. En enero, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) creció 1,9% interanual. El agro y la minería explicaron 1,7 puntos de ese alza. Del otro lado, la industria manufacturera y el comercio, dos sectores que se caracterizan por ser generadores de empleo, cayeron 2,6% y 3,2% interanual, respectivamente. 

El dato de enero confirma un patrón que se repite desde 2024: el fuerte crecimiento de sectores primarios vinculados a la extracción de recursos naturales, como el agro y la minería, convive con una caída o estancamiento de la industria, el comercio, la construcción. “Tres sectores”, señala el doctor en Ciencias Sociales e investigador del CONICET Martín Schorr en diálogo con elDiarioAR, “muy anclados en el mercado interno”. Su retracción es consistente con la pérdida de poder adquisitivo del salario.

Desde Epyca Consultores, el economista Martín Kalos grafica esta dinámica como un crecimiento en forma de K, con sectores extractivos y de servicios que crecen a la vez que la industria manufacturera y la construcción caen. “Tanto el crecimiento como la caída de la actividad entre los distintos sectores es mérito del gobierno”, asegura el informe.

2026: el año del cierre de empresas

La desindustrialización, según Schorr, tiene raíces en la última dictadura militar: “Después tenés dos o tres momentos en que el acelerador se pisa fuerte”. Para el investigador, el proceso actual se distingue de otros experimentos neoliberales por su velocidad: “La caída en la ocupación industrial y en la estructura empresarial es más acelerada que con Mauricio Macri, que en los 90 e incluso que en algunos pasajes de la dictadura”.

El diagnóstico es compartido por industriales consultados por este medio, que ya etiquetan a 2026 como el año del cierre de empresas, a un ritmo más vertiginoso del esperado.

Lo distintivo de esta etapa, frente a otros ciclos de apertura, es la combinación de factores: achicamiento del mercado interno por la caída de los salarios, apertura económica acelerada, aumento de los costos financieros y ausencia de política industrial.

El resultado es el cierre o la reconversión de empresas. Desde el inicio del actual gobierno, el universo de firmas se redujo en 22.608, un 4,4% del total. Según el Monitor mensual de empresas que consigna el think tank Fundar, es la peor caída en los primeros 25 meses de un gobierno desde 2003.

Y muchas de las que no cerraron, están cambiando de rol. El monto de importaciones de bienes de consumo es hoy el más alto de los últimos 30 años, según Schorr. Con una economía estancada y salarios deteriorados, eso revela una destrucción de capacidad instalada, con firmas que abandonan la producción industrial y se reconvierten en importadoras. 

“No creo tanto en el cierre de empresas como en la reformulación. Empresas que dejan de producir, que se orientan a importar, archivando expertise, conocimiento acumulado, inserción en mercados”, complementa Sergio Arelovich, miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y Economía.

Sin embargo, el mismo Arelovich advierte que no conviene subestimar lo que queda en pie: “El tejido industrial en la Argentina sigue siendo muy importante, a pesar de los golpes recibidos”. Empresarios industriales consultados por este medio agregan otra dimensión al diagnóstico: la ausencia histórica de una política industrial sostenida. “Nunca hubo una estrategia clara de desarrollo industrial. Hubo momentos de crecimiento, pero no una política consistente”, resumen. 

Latinoamericanización

El patrón que describen estos datos tiene nombre: latinoamericanización. El tipo de país que emerge del otro lado del plan económico actual está alejado de la Argentina que se construyó durante décadas, con una industria que empleaba, una clase media que consumía, y una estructura que, con todos sus problemas, distribuía de manera más amplia su crecimiento, muchos años estancado.

“Gran parte de las producciones primarias de este poder económico transnacionalizado son para vender en el mercado mundial. Objetivamente no les importa que los salarios sean bajos, porque su rentabilidad está atada a la demanda mundial, no a la interna”, dice Schorr. Esta condición limita cualquier política redistributiva futura ya que, a diferencia de la industria orientada al consumo local donde salarios más altos implican más ventas y más producción, estos sectores pueden expandirse sin que mejore el ingreso de la población. 

Además, el aporte de estos sectores en términos de divisas es más limitado de lo que se supone. En un contexto de fuerte transnacionalización, buena parte de los dólares que generan se canaliza hacia el exterior en forma de utilidades, dividendos o pagos financieros. De esta manera, actividades que explican el crecimiento no necesariamente alivian e, incluso, pueden tensionar la restricción externa.

Finalmente, el mercado de trabajo exhibe un deterioro que toma forma de pluriempleo, informalidad y caída en la calidad del empleo. Los sectores que traccionan el crecimiento tienen una menor capacidad de generación de puestos de trabajo y no logran compensar la pérdida de empleo en la industria, el comercio y la construcción.

La pregunta que el modelo actual deja abierta, y que ningún indicador de crecimiento del agro o la minería responde, es quién va a emplear, quién va a consumir y quién va a disrtibuir en la Argentina que viene.

NR/MG

Es mediodía y Martina, administrativa en un ministerio de la Provincia de Buenos Aires, abre el tupper con tarta y ensalada que trajo de su casa. Desde hace dos semanas, a la planificación de la vianda le debe sumar la categoría de comidas que se pueden comer frías. Es que el único microondas que tiene el edificio de más de cincuenta oficinas en el que trabaja se rompió y no hay señales de que vayan a venir a arreglarlo pronto. A medida que avanza el mes, la vianda se va reduciendo. En la última semana el tupper se convierte en una bolsita con dos frutas y una servilleta. Espera llegar a su casa para directamente cenar. 

El de Martina no es un caso aislado: es el retrato de millones de trabajadores asalariados en Argentina. Un estudio publicado este martes por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) en convenio con Edenred, describe que el 83,5% de los asalariados, el sector más protegido del mercado laboral, experimenta alguna forma de vulnerabilidad alimentaria durante su jornada laboral, ya sea porque sacrifica la cantidad o la calidad de lo que consume o porque llega a experimentar ambas carencias de manera simultánea (56,2%).

Saltear comidas y comer mal: el ajuste silencioso

La privación alimentaria en el trabajo tiene dos caras. La más visible es saltarse una comida: el 61,1% de los asalariados reconoció haberlo hecho por razones económicas. La otra, resignar calidad: el 78,5% optó alguna vez por alimentos menos nutritivos como comidas al paso y ultraprocesados.

El efecto se acentúa entre los más jóvenes como Lucas, que tiene 24 años y trabaja como cadete en una empresa de logística del sur del conurbano. Entra a las 8 y sale a las 18. En su trabajo no hay comedor, no hay cocina, ni heladera. Al mediodía compra lo que puede en el kiosco de la esquina: una gaseosa y una bolsa de papas fritas, o un sándwich de miga si el día le fue bien.  

Siete de cada diez trabajadores de entre 18 y 29 años se saltan comidas por razones económicas, frente a menos de la mitad de los mayores de 60. “Esta disparidad sugiere que la falta de antigüedad, los salarios iniciales más bajos y la precariedad inherente a las primeras experiencias laborales exponen a los jóvenes a una privación mucho más recurrente”, muestra el estudio.

El sector público, allí donde trabaja Marina, es otro de los puntos mas sensible al hablar de vulnerabilidad alimenticia en el ambiente laboral. El 73,2% de los empleados estatales se saltaron comidas, superando en más de 17 puntos a los del sector privado (56%). 

“El fenómeno se agrava en las áreas con índices históricos de pobreza”, explica el informe al mostrar que en el NOA, el 70,8% de los asalariados se privó de comer en algún momento de la jornada y, en el NEA, esa cifra llega al 67,1%.

Quién paga la comida

Resolver el almuerzo durante la jornada presencial tiene un costo que, en su mayoría, afronta el empleado. La franja más común de gasto es entre $5.001 y $10.000 por día, un monto que para quien gana $800.000 por mes representa el 12,5% de su ingreso diario. 

En el sector público, el 13,2% de los trabajadores gasta más de $20.000 por día, frente al 5,7% en el sector privado. “Al contar con menos comedores y aportes del empleador, el trabajador estatal suele recurrir con más frecuencia a comidas externas”, explica el informe.

Solo el 44,4% de los asalariados recibe algún aporte de su empleador para alimentarse durante la jornada. Y esa cobertura no llega donde más se necesita: entre quienes ganan más de $2.000.000 por mes, el 58,3% tiene el beneficio; entre quienes cobran hasta $800.000, apenas el 39,8%. En el sector privado lo recibe casi la mitad (49,6%); en el público, solo el 32,2%. “Quienes están recibiendo aportes para alimentación son los sectores sociales más aventajados del sector formal”, señaló Ianina Tuñón, investigadora responsable del informe en el ODSA-UCA, durante la presentación del estudio. 

“Uno de los datos más graves del informe”, asegura Tuñón, “es el dato del Índice de Masa Corporal, que es mayor al promedio”. El 59,7% de los asalariados está por encima del peso recomendado.

La reforma laboral

El contexto de este informe coincide con la aprobación de la Reforma Laboral que “podría ampliar el alcance de los beneficios alimentarios laborales en Argentina al extender el concepto de servicio de comedor más allá de los espacios físicos dentro de la empresa” consignó Bárbara Granatelli, directora de Asuntos Públicos para Europa, América Latina y Medio Oriente de Edenred ante la pregunta de eldiarioAR.

Hasta ahora, la legislación consideraba beneficio social no remunerativo, es decir, exento de aportes, contribuciones e impuesto a las ganancias al hecho de que una empresa proveyera un comedor en sus propias instalaciones. Ese esquema beneficiaba principalmente a las grandes empresas con capacidad de infraestructura y a los trabajadores de escritorio con empleo fijo.

La reforma amplía esa definición para incluir también a los llamados comedores externos, que son los comercios cercanos al lugar de trabajo. En la práctica, esto significa que una empresa podría entregar a sus empleados un monto monetario o una tarjeta para que almuercen en establecimientos cercanos, y ese beneficio seguiría siendo no remunerativo tanto para el empleador como para el trabajador.

El problema es que la medida es optativa. Y si los datos del informe muestran algo, es que cuando los beneficios alimentarios quedan librados a la voluntad del empleador llegan, con suerte, a quienes ya están mejor: los sectores de mayores ingresos, las empresas más grandes, el sector privado. Los mismos de siempre.

El tupper frío sobre el escritorio de Martina no es solo un problema de logística. Es el síntoma de un sistema que, por acción o por omisión, todavía no garantiza a millones de trabajadores algo tan básico como poder comer bien mientras trabajan.

MC

La idea de que el Estado volviera a controlar la Vía Navegable Troncal Paraná-Paraguay parecía verosímil en 2021 cuando venció la concesión de la Hidrovía S.A., un consorcio de la belga Jan De Nul y la argentina Emepa, y el gobierno de Alberto Fernández prometió crear Hidrovía Sociedad del Estado para administrar el principal corredor de comercio exterior del país.

Pasaron apenas cuatro años, un cambio de gobierno y un derrotero político que incluyó prórrogas, anuncios que no fueron, licitaciones anuladas y hasta una tragedia: Mario Meoni, el entonces ministro de Transporte, impulsaba el esquema con participación estatal, falleció en un accidente de tránsito cuatro días antes del vencimiento de la concesión. En esta Argentina tan distinta, la discusión por la soberanía se esfumó y el control del principal corredor exportador se disputa en una licitación entre gigantes privados: las belgas Jan De Nul y DEME y la brasileña DTA Engenharia, que corre el riesgo de ser descalificada por no haber presentado las garantías que exige el pliego.

El proceso, que arrancó formalmente el 27 de febrero con la apertura del primer sobre, no se terminará hasta el segundo semestre, aseguraron a elDiarioAR fuentes de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). En la primera instancia las empresas deben presentar antecedentes legales, financieros y técnicos, además de una garantía por US$ 20 millones para mantener la oferta. En marzo se abrirá el segundo sobre con el plan de obras e inversiones y en abril el económico, en el que competirán por la tarifa. La adjudicación no se espera antes de mayo y de ahí se calculan entre treinta y sesenta días hasta la toma de posesión.

Quiénes compiten por el río

Los tres nombres de las dragadoras que aparecen como cabeza en las ofertas pertenecen a capitales extranjeros y, dos de ellas, son gigantes del negocio en el mundo. 

La belga Jan De Nul, fundada en 1938, participó en proyectos emblemáticos como la construcción del aeropuerto de Hong Kong sobre tierras ganadas al mar y obras vinculadas a la expansión del Canal de Panamá. En Argentina es conocida porque está a cargo desde 1994 de las tareas de dragado, primero dentro de la concesión de Hidrovía S.A. y luego como contratada directa de la Administración General de Puertos desde 2021.

En febrero de 2025 el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanar sus oficinas en una causa impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan por presuntas irregularidades en el anterior proceso de licitación de la hidrovía, que el gobierno terminó anulando. El expediente no derivó en imputaciones.

La otra gigante competidora es DEME, fundada en 1875 y también con sede en Bélgica. La empresa se especializa en dragado, infraestructura marítima y proyectos offshore vinculados a energía y puertos.

A nivel local tomó conocimiento público por haber presentado impugnaciones y denuncias en la licitación fallida de 2025. La firma insistía con que el diseño del pliego favorecía a Jan De Nul, y terminó siendo la única oferente. Luego de apuntar contra la empresa públicamente, desde ANPYN confesaron a elDiarioAR: “Decidimos hacer borrón y cuenta nueva, porque robustece a la licitación que una empresa de tal envergadura esté interesada”.

En el plano internacional, cuenta con una causa penal en Bélgica por presunto soborno vinculado a un contrato en el puerto ruso de Sabetta. La fiscalía llegó a pedir la confiscación de 12,6 millones de euros. La acusación quedó sin efecto porque el tribunal consideró que parte de la evidencia clave, que se trataba de correos electrónicos incorporados al expediente, habían sido obtenidos en violación de garantías procesales. 

A diferencia de las europeas, el grupo empresario brasileño DTA Engenharia –la tercera competidora– es una firma más jóven, fundada en los 90, y con trayectoria concentrada en el mercado brasileño. “Tuve que revisar su web para ver de dónde venía”, admitió uno de los representantes de usuarios de la Vía. La firma corre el riesgo de quedar fuera de la carrera por no presentar la garantía de mantenimiento de la oferta. Según supo elDiarioAR, las semanas previas a la licitación, representantes de la empresa recorrieron Buenos Aires y Rosario para presentar su propuesta ante cámaras empresarias y usuarios del sistema.

El pliego bajo discusión

Las empresas llegan a la licitación en medio de un debate técnico sobre el diseño del proceso. Uno de los puntos más discutidos fue la fijación de bandas tarifarias –sobre todo el límite interior– para las ofertas, una recomendación que el Gobierno decidió incorporar por recomendación de la mesa de comercio y desarrollo de la ONU (UNCTAD), que actuó como veedor del proceso para evitar una nueva anulación del mismo.

Quienes defienden ese esquema sostienen que fijar un límite inferior busca evitar ofertas temerarias o estrategias de dumping, como las que se registraron en otras concesiones de infraestructura en los años noventa. Del otro lado, especialistas como Alejandro Bustamante, profesor de la Universidad del CEMA y director de Amaltea Agro explicó a este medio que “desnaturaliza el propósito de una licitación”, cuyo objetivo debería ser descubrir el precio más competitivo que las empresas están dispuestas a ofrecer.

Otra crítica en esta línea apunta al impacto que el esquema tarifario podría tener sobre la competitividad del comercio exterior. Según el pliego, el peaje comenzaría bajando de US$ 4,30 por TRN a US$ 3,80 al comienzo de la nueva concesión para luego aumentar 44% en la etapa 2 de la operación, pero prevé obras para profundizar el canal navegable, lo que permitiría que barcos de mayor tamaño puedan cargar más mercadería en los puertos del sistema.

Gustavo Idígoras, presidente de la cámara CIARA-CEC, explicó a elDiarioAR que “hoy muchos barcos tienen que completar carga en Bahía Blanca, Necochea o incluso en puertos de Uruguay o Brasil. Si se logra mayor profundidad se puede cargar más en origen y eso termina compensando el costo”.

Bustamante cuestiona que las metas de profundización previstas no alcanzan para eliminar la necesidad de completar carga en puertos marítimos, un sobrecosto logístico que puede rondar entre 5 y 7 dólares por tonelada. En ese escenario, advierte, cualquier aumento del peaje terminaría trasladándose a productores y exportadores.

También hubo cuestionamientos sobre el diseño técnico del pliego. El sistema de evaluación de las ofertas otorga un peso significativo a antecedentes y requisitos técnicos (40% versus los 60% que pondera la tarifa) que, en su máxima expresión, sólo podría cumplir la empresa que ya operó la hidrovía durante los últimos años. Según el especialista, eso podría terminar favoreciendo a Jan de Nul, operador histórico del sistema.

El derrotero

El esquema de concesión que hoy se vuelve a discutir nació en los años noventa cuando, al igual que con las autopistas, las empresas de servicios públicos, YPF y otros etcétera, el expresidente Carlos Menem y su ministro de Economía Domingo Cavallo privatizaron la obra permitiendo a las empresas concesionarias cobrar peaje por tonelada fiscalizada. Desde 1994 y hasta 2021, estuvo en manos de Hidrovía S.A., el consorcio entre la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa de Gabriel Romero, con una facturación estimada de 300 millones de dólares por año.

El vencimiento del contrato le tocó al gobierno de Alberto Fernández quien, luego de un intento fallido por estatizarla y ante las presiones del sector privado, optó por elaborar una licitación como la que se está llevando a cabo ahora pero, en el mientras tanto, administrar la Vía a través de la Administración General de Puertos, que siguió contratando a Jan de Nul para dragar y a Emepa para balizar.

En 2025, bajo el gobierno de Javier Milei, se lanzó una licitación que terminó anulada tras impugnaciones y cuestionamientos cruzados. Para esta nueva convocatoria, elaborada con auditoría técnica de la UNCTAD, el Gobierno se muestra confiado. 

El caballito de batalla son los tres nombres que se presentaron. “La UNCTAD nos había señalado que en procesos de este tipo lo habitual es que se presenten entre dos y cuatro empresas, por lo que la participación de tres oferentes, que además entre los principales jugadores del sector, es una señal de competencia suficiente para avanzar con la adjudicación”, explicaron a este medio desde el Gobierno.

NR/MG

Hubo un tiempo en que una fábrica de neumáticos podía ser sponsor de Boca y River. En los años '80, FATE, industria nacional con producción local que llegó a emplear cerca de 2.000 trabajadores, ocupaba uno de los espacios publicitarios más codiciados del fútbol argentino. 

Cuatro décadas después, el cierre de su planta expone mucho más que una nueva crisis económica: la consolidación de una nueva matriz productiva, en la que la industria pierde peso relativo, mientras se fortalecen actividades asociadas a la importación, la intermediación financiera y los sectores extractivos.

El caso FATE no es aislado. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, cerraron 21.938 empresas. “Es la peor caída en los primeros 24 meses de un gobierno”, señalan los investigadores Guido Zack, Nicolás Sidicaro y Daniel Schteingart en el monitor de empresas que elabora mensualmente el think tank Fundar. 

La caída atraviesa a casi toda la estructura sectorial. De los 19 grandes rubros relevados por Fundar, 15 se vieron afectados desde la asunción del actual gobierno. En el último puesto se ubica transporte y almacenamiento, con una disminución de 13,27% de las firmas del sector, mientras que minería y electricidad aparecen entre las pocas actividades con mayor crecimiento en el período.

Es exactamente lo que voté

Lejos de replegarse o intervenir, el presidente Javier Milei redobló la apuesta la noche del miércoles que se conoció la noticia del cierre de FATE: “¿Aquellos que critican al liberalismo desde la ignorancia estarán aprendiendo cuál es la diferencia entre ser promercado y proempresa?”, posteó en X. 

Ya lo había hecho en enero durante la Derecha Fest, tras la controversia por la licitación que perdió Techint frente a una empresa india para fabricar caños destinados al gasoducto del consorcio Southern Energy en Vaca Muerta. 

“La única forma de crecer en el sistema capitalista es sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un menor precio. Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado”, dijo. La firma de Paolo Rocca, tradicional proveedora del sector, también amenazaba con cerrar una de sus plantas con más de 400 empleados en Valentín Alsina.

La lógica que subyace a estas intervenciones fue sintetizada por el diario británico Financial Times, que describió así el enfoque oficial: “Milei quiere que la economía del país se centre en sectores donde tiene ventaja competitiva, como la minería, la agricultura y los servicios tecnológicos”.

Para la consultora Vectorial, no todo marcha acorde al plan: “La narrativa oficial de apertura y reordenamiento productivo no encuentra, por ahora, correlato en la aparición de nuevas actividades competitivas, sino en un entramado industrial más chico, financieramente más frágil y crecientemente desplazado por importaciones”.

El ratio de sacrificio del modelo libertario

En su comunicación oficial, FATE atribuyó el cierre a los “cambios en las condiciones de mercado”, en clara referencia a un escenario marcado por la apertura importadora y el uso del tipo de cambio como ancla antiinflacionaria. Pero las consecuencias del modelo no son solo la baja de los precios. 

Según el informe “La apertura baja los precios (y el empleo)” de PxQ, el fuerte crecimiento de las importaciones coincidió con una caída de precios en dólares, especialmente en bienes transables. Pero esa baja de precios no se dio porque las empresas vendieran más y ganaran eficiencia, sino porque productos importados desplazaron producción local en un contexto de demanda interna débil. Es lo que PxQ define como un alto “ratio de sacrificio”: desinflación a cambio de empleo.

En el caso de los neumáticos, PxQ lo explica en números. Entre 2023 y 2025 las importaciones pasaron de 266 millones de dólares a 358 millones; en el mismo período el precio promedio en dólares cayó -34,2% y el empleo del sector se redujo -46,1%.

Ganadores y perdedores

Por su perfil intensivo en trabajo, orientado al mercado interno y expuesto a la competencia importada, los fabricantes de neumáticos quedan del lado de los perdedores del modelo promercado que celebra Milei. La producción industrial se encuentra 6,2% por debajo del nivel de fines de 2023, con desplomes fuertes en sectores que cumplen el mismo patrón: textiles (-31,5%), caucho y plástico (-28,4%) y automotriz (-23,3%). 

Al mirar otros bienes durables como lavarropas y heladeras, las importaciones crecieron con fuerza (1.432% y 625%, respectivamente), acompañadas por caídas pronunciadas en sus precios en dólares y anuncios de cierre de plantas como Whirlpool, o suspensiones en Newsan.

Del lado de los ganadores, además de los importadores y comercializadores de bienes finales, se ubican los sectores vinculados a recursos naturales y a la intermediación financiera.

En un mapa dominado por caídas, actividades como refinación de petróleo figuran entre las pocas ramas manufactureras que muestran mejoras en el índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM), de 8,4% entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025.

El sponsoreo deportivo sintetiza esa mutación. Donde antes había marcas industriales, hoy predominan las billeteras virtuales, bancos, fintech y casas de apuestas. No es solo marketing: es el reflejo de qué sectores pueden hoy pagar esa exposición. Cuando producir deja de ser negocio, el capital no se retira; se reubica.

NR/MG

La crisis estadística que desencadenó la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC no se limita al plano nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, el instituto de estadísticas (IDECBA) difundió recién este viernes el calendario de publicaciones de febrero, con el mes ya avanzado, y sigue sin presentar el cronograma anual que históricamente se publica a comienzos de año. El organismo porteño fue una de las referencias utilizadas durante la intervención del INDEC entre 2007 y 2015, junto con mediciones privadas y provinciales.

La demora del ente porteño tiene como explicación inmediata un conflicto gremial abierto. ATE-Estadística denuncia que la Jefatura de Gabinete porteña no renovó los contratos anuales de todo el personal contratado del organismo, que representa cerca del 30% de su planta. El impacto se siente no solo en la publicación tardía del calendario. También con la activación de un plan de contingencia que incluye capacitar a trabajadores de planta permanente, incluso choferes y ordenanzas, para sostener los relevamientos de precios y costos en un contexto de paro, denuncia ATE. Trabajadores del organismo alertaron a elDiarioAR acerca de la posibilidad de que el dato de inflación se publique con un informe más corto.

Pero, como ocurre con el INDEC, el problema también es político. Desde 2024 el área de estadísticas dejó de depender de Hacienda y pasó a funcionar como instituto bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, entonces a cargo de Néstor Grindetti. José María Donati, que llegó a la conducción de la mano del ex jefe de Gabinete, quedó en una posición frágil desde su renuncia a principios del año pasado. Entre los trabajadores crece la hipótesis de que el gobierno porteño busca colocar a un dirigente propio al frente del instituto. 

El costo de un IPC desactualizado

En el edificio de Diagonal Sur el clima interno tras la salida de Lavagna es de asombro. Así lo describe Raúl Llaneza, secretario general adjunto de ATE-INDEC y encuestador con más de 36 años en el organismo : “Nos sentimos abrumados por esta interferencia política en un organismo que debería ser técnico. Hay mucha incertidumbre”, dice.

Puertas afuera, la discusión técnica sobre la nueva metodología de inflación tiene efectos concretos y medibles sobre ingresos, contratos y activos financieros. 

La consultora PxQ, de Emmanuel Álvarez Agis, calculó que si la inflación se hubiera medido con las ponderaciones y la canasta que resultó de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017, en 2024 –año de fuertes aumentos tarifarios– el IPC habría sido 16,1 puntos más alto. Para el 2025, año electoral y sin tarifazos, la diferencia sería de apenas 0,4 puntos. Con matices, otras estimaciones privadas se mueven en ese mismo rango. Esto implica que la mayoría de los ingresos y activos que se actualizan por inflación serían entre 17% y 18% más altos.

Desde abril de 2024, la fórmula de movilidad jubilatoria incorpora la evolución del IPC. Si el índice subestima la inflación, el recorte es automático. Lo mismo ocurre con la AUH y otras prestaciones de la Anses. La diputada y directora del CEPA Julia Strada calculó una pérdida de nueve puntos adicionales de poder adquisitivo para el trimestre octubre-diciembre de 2025, comparado con el último trimestre de 2023.

Pese a ese daño, no parece haber margen judicial para reclamos masivos. “No hay argumentos jurídicos sólidos para reclamar esa diferencia. Por un lado, porque la actualización de la fórmula es una potestad del INDEC. Pero, sobre todo, no parece haber un clima en la Justicia propicio para este tipo de reclamos”, explica a elDiarioAR el abogado previsional Federico Bobrovsky y recuerda el antecedente de la Corte Suprema que falló a fines del año pasado contra una demanda por la pérdida de ingresos que supuso el empalme de la fórmula durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el mundo del trabajo, el ruido se amplifica. Desde la CGT admiten que un IPC poco confiable desordena la negociación paritaria. “Ya veníamos diciendo que el índice no refleja la situación real de los trabajadores”, explican y adelantan la idea de construir un observatorio propio con apoyo académico. “En los hechos, muchos acuerdos ya se cerraban tomando referencias privadas, siempre un punto por encima del IPC oficial. Los sindicatos estatales, en cambio, siguen más atados al número oficial”, explican a este diario.

La incertidumbre también alcanza a la reforma laboral. Uno de los artículos clave establece que las indemnizaciones deben actualizarse tomando como referencia el IPC más un 3%. Con un índice cuestionado, los jueces ganan margen de discrecionalidad, se traban acuerdos previos y se multiplican los juicios. 

Por el lado de los activos, la actualización por inflación atraviesa bonos, plazos fijos y créditos hipotecarios UVA, y hasta a la propia estrategia de financiamiento del Tesoro. “El Estado se financia ofreciendo instrumentos a tasa fija, ajustados por inflación o por tipo de cambio. Si el IPC pierde credibilidad, cae el atractivo de los instrumentos ajustados por inflación y eso reduce la liquidez”, explica Guido Zack, director de Economía de Fundar.

Dar un crédito UVA se vuelve un salto al vacío: si el índice queda por debajo de la inflación real, el banco pierde; si se cubre subiendo la tasa, el crédito se vuelve impagable. El resultado probable es menos hipotecas, menos acceso a la vivienda y menos actividad en la construcción. En paralelo, los bonos ajustados por inflación pierden atractivo

“Uno conoce el daño inmediato, pero no sabe dónde termina”, sentencia Zack.

El derrotero del INDEC

El primer indicio de tensión interna fue la renuncia de dos directores clave en agosto del año pasado: Georgina Giglio, directora del Índice de Precios, y Guillermo Manzano, responsable de Condiciones de Vida y de la Encuesta Permanente de Hogares. Unos meses después, en diciembre, la discontinuación de estadísticas de turismo bajo el argumento de que “no daban bien”. 

Más de una década atrás, el INDEC ya había atravesado una crisis profunda. Entre 2007 y 2015, el organismo fue intervenido y el índice de inflación quedó bajo control político, lo que obligó a recurrir a mediciones privadas y provinciales como referencias alternativas. Para Raúl Llaneza, secretario general adjunto de ATE-INDEC, la comparación con aquel período sirve para marcar una diferencia clave: “El objetivo es el mismo, condicionar el índice con intención política, pero el método es distinto. Entonces hubo manipulación directa, con patotas dentro del edificio; hoy la injerencia pasa por la autonomía del organismo”.

Zack coincide en ese matiz. No hay pruebas de manipulación del relevamiento de precios, y esa es una diferencia clave. “Mientras los precios se sigan midiendo, el daño es reversible”, explica. Sin embargo, la violación del secreto estadístico que quedó demostrado con las declaraciones públicas de funcionarios anticipando el nivel de enero es alarmante.

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La desigualdad económica dejó de ser una anomalía característica de algunos países, para convertirse en una tendencia persistente que organiza la economía global. La novedad ya no es la concentración cada vez más fuerte de la riqueza, sino sus efectos. Uno de los más nocivos es su relación con el poder político, que convierte a este problema social en una amenaza directa para la democracia.

“Los acontecimientos de 2025 pusieron de manifiesto una triste realidad: los superricos no solo han acumulado más riqueza de la que podrían gastar jamás, sino que también la han utilizado para asegurarse el poder político necesario para definir las reglas que conforman nuestras economías y rigen las naciones y el mundo”, resume la organización Oxfam en el informe Contra el imperio de los más ricos que publicó, como ya es costumbre, al momento de apertura del Foro Económico Mundial que reúne a las élites gubernamentales y principales organizaciones y empresas internacionales en la ciudad suiza de Davos.

Este año, el informe se centra en la aparición de una oligarquía con excesivo acceso al poder y capacidad de controlar economías y sociedades frente a una mayoría pobre en términos políticos cuyas opiniones y derechos se ven reprimidos en muchos países.

Ricos y famosos 

Ese poder concentrado tiene nombres propios. Además de figuras conocidas como Elon Musk, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg, el reporte identifica a otros multimillonarios cuyo poder se apoya en el control de medios, la influencia directa sobre gobiernos o el acceso privilegiado a decisiones estratégicas.

Entre los que concentran poder mediático, aparece el francés Vincent Bolloré, propietario de CNews, utilizado para promover narrativas de extrema derecha; el estadounidense Larry Ellison, fundador de Oracle, con control sobre conglomerados mediáticos como Paramount; y al magnate de los casinos Sheldon Adelson, recordado por financiar periódicos de ultraderecha en Israel.

Los casos en los que la riqueza extrema facilita el acceso directo al poder político se ilustran con el ex primer ministro del Líbano Najib Mikati, con más riqueza que apoyo popular. Aliko Dangote, el hombre más rico de Nigeria, aparece vinculado a privatizaciones y a su rol como asesor presidencial. En Malaui, el multimillonario Thom Mpinganjira es mencionado en relación con un escándalo de sobornos judiciales ligados a elecciones.

Para el tercer escenario, que destaca la influencia de los grandes magnates sobre los gobiernos, el informe de Oxfam menciona a Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego, los hombres más ricos de México, que integraron el consejo asesor empresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. También aparece el francés Bernard Arnault, dueño del grupo LVMH, como uno de los principales opositores a los impuestos a la riqueza.

Argentina también hace su aporte al listado de apellidos que conforman la nueva oligarquía global, con Marcos Galperin y Eduardo Eurnekian. 

“El hombre más rico de Argentina, Marcos Galperin, es un acérrimo defensor del presidente Milei en redes sociales. En un escenario de grandes recortes presupuestarios en Argentina, su empresa Mercado Libre (la más importante del país y la mayor empresa de comercio en línea de América Latina) ha sido la principal beneficiaria de las exenciones fiscales nacionales, por valor de 247 millones de dólares en los últimos tres años”, sentencia Oxfam. 

Al presidente de Corporación América lo menciona por su respaldo a la modificación de 366 leyes para “desregular las condiciones laborales y salariales, desmantelar las protecciones sindicales y privatizar las empresas públicas”, proceso que vino acompañado de “brutalidad policial generalizada y detenciones masivas”. 

La década dorada para los multimillonarios

La desigualdad también se mide en cifras, y las de 2025 son récord. La riqueza de los multimillonarios creció más de un 16% el año pasado, tres veces más rápido que el promedio de los últimos cinco años, hasta alcanzar los 18,3 billones de dólares, el nivel más alto jamás registrado. Desde 2020, sus fortunas aumentaron un 81%, mientras que una de cada cuatro personas en el mundo enfrenta inseguridad alimentaria y casi la mitad de la población vive en la pobreza.

Oxfam advierte que los multimillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar cargos políticos que una persona común y que la riqueza colectiva que sumaron solo en el último año, 2,5 billones de dólares, equivale casi a la riqueza total de la mitad más pobre de la humanidad. Esa cifra, señala el informe, alcanzaría para erradicar la pobreza extrema 26 veces.

La publicación del informe coincide con una nueva exposición de Javier Milei en Davos, el foro que el Presidente eligió desde su llegada al poder como plataforma para proyectar su ideario libertario a escala global. En 2025 su intervención tuvo una fuerte repercusión internacional y derivó en protestas en la Argentina, luego de que algunas de sus declaraciones fueran interpretadas como un ataque a derechos y consensos democráticos. 

Esta vez, el escenario vuelve a amplificar una discusión que el reporte de Oxfam coloca en el centro del debate: el avance del poder económico sobre las decisiones políticas y sus consecuencias para la democracia.

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En la Argentina de los años 30, cuando se impuso el primer control de cambios, el mercado paralelo de divisas se llamaba “bolsa negra” y las operaciones de compraventa en ese mercado se cubrían en la sección policiales de los diarios. En 1939, el teatro Maipo inauguró la temporada con una obra llamada El dólar está cabrero, y una década después repitió con La risa es la mejor divisa. Más tarde, los medios bautizarían a la inflación como “carestía de la vida”, y el cine casi estrena en los 80 una película llamada Qué verde era mi dólar, aunque finalmente se conoció como Plata dulce.

Esta trama de billetes, humor, publicidad, cultura popular y política es la que reconstruyen los investigadores Ariel Wilkis y Mariana Luzzi en El dólar, historia de una moneda argentina; un libro que no mira los balances del Banco Central para entender la penetración del dólar en la economía doméstica, sino costumbres de época.

Lejos de ser solo un fenómeno económico, el dólar es, para Wilkis, un “artefacto de interpretación”: una herramienta que usan los argentinos para tratar de entender lo que pasa y puede pasar. Y no es una novedad. Desde los primeros controles cambiarios de 1931 hasta los influencers financieros de TikTok, pasando por el pase de Diego Maradona a Boca por un millón de dólares, el libro que reeditó este año la editorial Siglo XXI reconstruye cómo una divisa extranjera se transformó en una obsesión nacional.TAG

En diálogo con elDiarioAR Wilkis repasa las claves de esa historia: cuándo y cómo el dólar desbordó el ámbito de las elites, qué papel jugaron los medios, por qué el mercado paralelo nunca pudo ser eliminado y por qué, gane quien gane las elecciones, el dólar sigue funcionando como una institución informal de la democracia argentina.

-La primera regulación cambiaria que marcan en el libro es en 1931. ¿Cuál es la diferencia con la famosa de 2011, de 2019 o el actual cepo?

-La historia que narramos en el libro empieza en 1931, que es cuando se implementan los primeros controles y hay ciertos debates públicos en torno al mercado cambiario en Argentina. En ese momento el dólar no es el centro, sino las divisas en general; es una regulación para la libra, el dólar, el franco. Otro rasgo importante es que no fue una innovación ni exclusivo de Argentina. Es una medida que implementaron muchos países del mundo para controlar los efectos de la crisis de 1930. A pesar de que en 2011 el debate público pasó de largo esta larga historia de controles cambiarios en Argentina, lo cierto es que desde la década del 30 hasta ahora el país estuvo más años con controles cambiarios que sin ellos.

-¿Es ese primer control el principio del fin, de todo este recorrido que hacen en el libro del vínculo dólar-sociedad argentina?

-En la periodización que reconstruimos, ese momento pone al mercado cambiario en el centro de la conversación pública, de una manera que no estaba previamente. Pero no especialmente al dólar, sino al mercado de divisas. A ese período que va desde los 30 hasta fines de la década del 50, lo llamamos la prehistoria de la popularización del dólar en Argentina. Con dos rasgos distintivos. Por un lado, que el dólar no es una moneda dominante en la conversación. Todavía faltarán algunos años para que el dólar se instale como moneda central en las preocupaciones públicas. Además -en diálogo con la historia global del dólar y el antes y después de Bretton Woods-, el dólar era en ese periodo una moneda de élites económicas, financieras, vinculadas al comercio exterior. No estaba presente en la conversión pública, en los medios, o en la cultura popular.

-¿Y qué momento ubica al verdadero punto de inflexión?

-Durante la década del 60, tras la gran devaluación que aplicó Arturo Frondizi, el dólar desborda en los dos planos que investigamos en el libro. Es decir, hacia la esfera pública en los medios, en la publicidad, en el humor gráfico y televisivo, y empieza a ser una moneda de referencia más allá de las elites. Ese doble proceso nos lleva a identificar a la década del 60 como la primera etapa de la popularización del dólar en Argentina. Y es un hallazgo importante, porque normalmente se colocaba ese quiebre a fines de la década del 70 con el gobierno militar, por condiciones estrictamente económicas.

-Una de las constantes del libro es la bolsa negra, que hoy llamamos mercado blue o paralelo. ¿Cómo fue su evolución?

-Nace con los primeros controles cambiarios. En los 50, el economista Raul Prebisch alertó sobre la “bolsa negra”. En ese momento, aún se vinculaba a las operaciones en ese mercado al delito, que de hecho se cubría en la sección policiales de los diarios. Se empieza a naturalizar en la década del 60, cuando su cotización ocupa el mismo lugar en los diarios que la oficial, como un mercado más. Ese mercado paralelo sigue madurando hasta que en 1971 se promulga una nueva ley penal cambiaria para reprimirlo, pero ya era tarde. El mercado cambiario ilegal tiene un grado de plasticidad y resistencia mayor a los intentos de querer domesticarlo de manera represiva.

-En el libro definen al dólar como una moneda popular. ¿Qué significa eso?

-Nos referimos a la cultura popular no como a la de las clases populares, sino a la cultura de masas. Y lo definimos de esa manera por el espacio que ocupa en la esfera pública. La comunicación en todos sus formatos, desde la prensa escrita hasta TiKTok, pasando por el cine, la literatura, el humor gráfico, el televisivo y otras redes sociales, permitieron reconstruir la presencia del dólar en la cultura popular. Le prestamos atención especialmente al efecto pedagógico que tiene, la necesidad de interpretar al dólar al ser argentino. La otra dimensión del dólar como moneda popular es estrictamente sociológica, que interpreta su expansión entre cada vez más amplios sectores sociales que, como mínimo, se interesan sobre lo que pasa en ese mercado y, como máximo, participan en él.

-¿Y qué rol cumple el relato periodístico?

-La prensa fue el archivo que nos permitió reconstruir en el largo plazo, y es la infraestructura en la cual se transmite conocimiento. Para mí hay una relación entre la prensa especializada de la década del 60, que empieza a escribirle en un lenguaje menos técnico a una sociedad más amplia sobre lo que pasa en el mercado cambiario, y un influencer financiero de TikTok. En ambos casos son formas de enseñar a diferentes segmentos de la sociedad lo que pasa en ese mercado. Lo mismo el teatro, las películas son leídas en esa clave de instrumentos pedagógicos que le enseñan al público a prestarle atención.

-Además de las funciones tradicionales de la moneda, como ahorro, unidad de cuenta e intercambio, en el libro agregan una cuarta, que ubica al dólar como artefacto de interpretación ¿Qué significa y qué importancia tiene para la toma de decisiones?

-Efectivamente. Y es porque esta historia está reconstruida desde lo que pasa abajo, en la calle, y no desde arriba. Si analizás los últimos meses sólo desde la historia oficial, se puede narrar un gobierno que impuso medidas para alentar la dolarización de la economía. Ahora, si lo mirás desde abajo ves que esas medidas son resistidas incluso por sectores que acompañan a este gobierno. Y eso es porque el Gobierno no está viendo esta cuarta función del dólar, como artefacto de interpretación. Es decir, la moneda que permite interpretar lo que está pasando en las coyunturas económicas y políticas en Argentina, que se generaliza antes que las otras funciones tradicionales de la moneda. Es más generalizado que la sociedad argentina adopte al dólar como un termómetro sobre lo que está pasando o va a pasar en la política, que la moneda que tengo guardada bajo el colchón.

-En los diarios de época aparecen prácticas comunes atadas a la regulación cambiaria similares a las de hoy ¿Cuáles son los patrones que más se repiten?

-Las prácticas más comunes son importadores que adelantan y exportadores que retienen exportaciones. Comportamientos inherentes en términos de lógica económica y sociológica a la vinculación con ese mercado, sin maldad presupuesta de ningún actor económico por fuera de un contexto de sacar provecho de la situación. Otro patrón común que recorre esta historia es la idea de que todo político, vocero de gobierno, ministro de economía le dice a la sociedad que el mercado cambiario ilegal es pequeño, que no hay que prestarle atención. Puede ser que, en efecto, ocupe una parte menor en términos estrictamente económicos, pero no desde el punto de vista sociológico. Es que la sociedad le presta atención a ese mercado que se disputa el significante de valor real, e incluso guía decisiones y expectativas.

-Con tanta historia detrás ¿hay posibilidad de que este vínculo se transforme, se rompa?

-Esta pregunta tomaba más sentido durante la primera publicación del libro en 2019. En este contexto resulta más complicado porque, salvo excepciones, la historia política de la Argentina con el dólar es una relación que la mayoría de los gobiernos -sean radicales, peronistas, militares o democráticos- han tenido voluntad de romper. Incluso la convertibilidad no significó una dolarización. Pero estos últimos años todo cambió, a partir de que un candidato, Javier Milei, gana la primera vuelta y el balotaje con la propuesta de dolarizar. La pregunta entonces muta en cuál va a ser el legado de este gobierno en torno a la dolarización o desdolarización de la economía argentina. Y está abierta aún, porque aún no hay resultados concretos del modelo económico en este sentido.

-El Gobierno tomó algunas medidas en esta clave, que aún no tuvieron mucho efecto

-Por lo menos, no por ahora. Evidentemente no se modificó esa relación de protección de los argentinos frente al Estado en temas vinculados con el dólar. Es eso mismo lo que está en juego, lo que debería revertirse para que funcione lo que pide el gobierno: que saquen la plata del colchón y confíen en la economía. Independientemente de quién esté en el poder, durante los últimos cuarenta años prevalece una relación regular de autonomía en relación al Estado. Esto convierte al mercado cambiario en una institución informal de la democracia.

-En este vínculo, ¿qué dimensión adquiere mayor jerarquía, la económica o la cultural?

-La reacción inmediata al contenido de este libro siempre es “acá vienen los culturalistas”, que se oponen a una explicación económica. Esta es una explicación sociológica que coloca a la dimensión cultural para dar cuenta de los procesos de aprendizaje y familiarización con este mercado. En nuestra explicación, no es suficiente apelar a la historia inflacionaria. La verdadera jerarquía la adquiere la dimensión política de esta historia. El mercado cambiario es una gran institución informal de la democracia, que no se la conceptualiza en el lugar que tiene realmente en los procesos eleccionarios. Incluso la sociedad argentina se vincula con el mercado cambiario en la lógica de derechos. En el 2001, el Estado incumplió la promesa de la paridad cambiaria y la gente se movilizó reclamando ese derecho. Reaparece esa forma de protesta de 2011 en adelante, como una idea que jerarquiza la demanda y oferta política al punto que parte del pacto de Cambiemos en 2015 era devolverle a esa parte de la sociedad su derecho a volver al mercado cambiario. Y Milei también.

-El libro está lleno de rarezas y curiosidades en torno al mercado cambiario, ¿qué fue lo que más te sorprendió?

-Hay un capítulo hermoso esparcido en diferentes momentos del libro, que es el mercado de jugadores de fútbol. Accedimos a un archivo de contratos de jugadores y pudimos identificar el momento en el cual se empieza a dolarizar, en los 80. La primera gran transferencia en dólares de un jugador local es la de Diego Armando Maradona a Boca en el 81. Esa transferencia aparece en revistas, no solo deportivas, y lo más simbólico es un cantito de la hinchada de Boca que dice “Vale un palo verde, se llama Maradona”. O sea, cantando que el jugador más importante de la Argentina lo tiene su club y un indicador de relevancia de ese jugador es su valor, y en dólares. Ese es un granito de la cultura popular sobre el lugar que está teniendo el dólar en la sociedad argentina.

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Mientras en redes sociales aún se discute si una docena de empanadas puede costar $48.000 como dijo Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand o $16.000, como retrucó el ministro Luis Caputo, los precios reales de esta tradición culinaria develan un debate de larga data: la Argentina es un país donde lo mismo puede costar muy distinto, dependiendo no sólo en qué ciudad, sino también en qué local se lo compre. Las causas detrás de esta economía que va a dos velocidades y aún no logra precios de referencia, sigue siendo la inflación, los costos regionales y la disparidad de ingresos.

Un relevamiento realizado por elDiarioAR junto con medios de distintas provincias de todo el país reveló que el precio de una docena de empanadas de carne clásica puede variar desde $16.200 en La Quiaca hasta $50.400 en Ushuaia, pasando por $8.000 en Formosa, $9.000 en Tucumán, $20.000 en Rosario, $20.400 en el conurbano bonaerense, entre $12.000 y $14.000 en Mendoza, o $16.000 en Bahía Blanca. Incluso dentro de la misma ciudad, el producto puede costar más del doble según se compre en una rotisería de barrio o en una cadena reconocida.

Dispersión extrema de Ushuaia a La Quiaca

El caso de la empanada es un síntoma de cómo funciona hoy la economía Argentina.  De acuerdo al relevamiento mencionado, una docena de empanadas de carne en un local de barrio cuesta $16.200 en La Quiaca, y casi el doble en Ushuaia, o más: se relevaron precios de $36.000 y $50.400.

Esto no ocurre solo con este clásico criollo: los precios de los alimentos registran diferencias marcadas a lo largo y ancho del país. Según el último informe de precios al consumidor del INDEC de abril, un kilo de pan francés cuesta $3.415 en el Gran Buenos Aires, pero apenas $1.993 en Cuyo y $3.263 en la Patagonia. El kilo de carne picada común arranca en $6.528 en el Noreste y alcanza los $9.492 en la Patagonia. Y un paquete de un kilo de arroz puede valer desde $1.851 en GBA hasta $2.822, siempre dependiendo del punto del mapa.

Una de las razones detrás de esta disparidad de precios está en la desigualdad de ingresos según la provincia. De acuerdo al último informe de distribución del ingreso del INDEC, correspondiente al tercer trimestre de 2024, Tierra del Fuego registra el segundo ingreso per cápita familiar medio más alto del país detrás de CABA, con $524.235 mensuales, mientras que Tucumán, con $277.578, se ubica entre los más bajos.

Esa diferencia se traduce también en una gran diferencia acerca de cuánto pesa una docena de empanadas sobre el bolsillo de cada familia. Por ejemplo, en Santa Fe, donde el ingreso medio es de $412.965, una docena puede representar apenas el 2,9% del ingreso mensual si se compra en una rotisería de barrio. En cambio, en Buenos Aires —con un ingreso medio de $387.498— la misma compra puede insumir hasta el 12,4% si se opta por una cadena de renombre. En Córdoba, donde el ingreso medio se ubica en $386.469, el gasto va del 5,2% al 6,5%, según el local elegido. Y en Tierra del Fuego, pese a tener el mayor ingreso medio del país, una docena de empanadas oscila entre el 6,9% y el 9,6% del ingreso mensual. Tucumán, con el precio más accesible del país, mantiene esa relación en un 3,2%, lo que confirma que en la Argentina actual no sólo se paga distinto, sino que también se gana muy distinto.

Además de la desigualdad de ingresos que distorsiona precios, hay diferencias estructurales entre regiones que explican buena parte de la brecha. En ciudades como Ushuaia, por ejemplo, los costos logísticos encarecen todos los productos, y la gastronomía se concentra en menos jugadores, con precios más altos. En cambio, en Tucumán, cuna de la empanada, la oferta es abundante y accesible.

Economía a dos velocidades

Pero no es solo una cuestión geográfica. La otra gran variable es la dualidad de precios dentro de cada ciudad. Lo muestra el relevamiento de elDiarioAR: en San Martín, en el conurbano bonaerense, una docena de empanadas puede costar $20.400 en una rotisería de barrio y $47.900 en una cadena reconocida a través de una app de comida rápida. La misma diferencia se repite en Córdoba, Rosario o Bahía Blanca. La coexistencia de una oferta popular y otra premium, que además incluye delivery y packaging de diseño, genera una brecha que en algunos casos supera el 150%.

“Pese a la desaceleración inflacionaria que estuvimos viendo el año pasado en Argentina, el primer trimestre de este año mostró disparidades exacerbado, principalmente, por la volatilidad cambiaria, las presiones de devaluación, el cambio de régimen económico cambiario. Muchos comercios fijan precios según las expectativas”, explica a elDiarioAR la economista especialista en precios Celina Calore.

Ya se vivió con los restaurantes llenos y recitales con entradas a precio internacional agotados: la inflación golpea más a quienes menos tienen y generan una economía partida en dos, donde los precios se adaptan a distintos niveles de ingreso y de consumo. Pero a medida que pasan los años, la nivelación se da para abajo.

Las disparidades exacerbadas se dan por la volatilidad cambiaria, las presiones de devaluación y el cambio de régimen económico cambiario.

Celina Calore — Economista especialista en precios

El debate que se encendió con los dichos de Ricardo Darín y la respuesta de Caputo trasciende la empanada. Tiene que ver con cómo percibe la gente su poder de compra, con qué productos mide la inflación emocional de todos los días. Lo fue en algún momento el kilo de asado, el café, el tomate, la pizza y, ahora, este bocado nacional.

Como resume un empleado de una empanadería de La Quiaca, en Jujuy: “La empanada refleja el humor social porque es algo que comemos en familia, con amigos, en una peña o viendo un partido. Si se siente como un lujo, marca que algo está desordenado”.

*El relevamiento se produjo en colaboración con periodistas de otros medios situados en Rosario, Formosa, Córdoba, Neuquén, Mendoza, Bahía Blanca, Salta, Santiago del Estero, Misiones y Tucumán.

MC

El “Plan de Reparación Histórica de los ahorros de los argentinos” no le hace honor a su nombre mesiánico. Al menos en su primera etapa, se trata de una relajación de los controles que realiza el Estado para transacciones que van desde consumos personales con tarjeta, transferencias bancarias, extracciones en efectivo y hasta compra de inmuebles y vehículos.

“Un nuevo régimen que permitirá que los argentinos puedan disponer libremente de sus ahorros sin tener que demostrar de dónde los sacaron todo el tiempo”, asegura el documento de difusión de la medida, que durante la conferencia de prensa de presentación de la misma el vocero presidencial Manuel Adorni sintetizó en la frase “tus dólares, tu decisión”, que parafrasea aquella que popularizó la lucha feminista durante el debate sobre la legalización del aborto: “Mi cuerpo, mi decisión”. 

La primera fase del plan, que se materializará en un decreto firmado por el presidente Javier Milei, consiste en derogar diversos regímenes de información que obligaban a reportar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) sobre consumos personales con tarjetas y billeteras virtuales, compra-venta de vehículos usados, inmuebles, pago de expensas, y consumos relevantes de servicios públicos. Adicionalmente, aumentarán los montos de los umbrales para el reporte de diversas operaciones financieras como transferencias, extracciones en efectivo, conformación de plazos fijos y tenencias en AlyCs. También se creará un nuevo régimen simplificado de Ganancias que se centrará en la facturación y los gastos deducibles, sin requerir información sobre consumos personales o variación patrimonial. 

Sobre la segunda etapa del plan hay aún menos definiciones. De acuerdo a lo informado por Adorni, se elaborará un proyecto de ley para modificar el régimen penal tributario con el objetivo de “blindar a los ahorristas argentinos frente a las próximas administraciones”.

“Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA decida lo contrario”, volvió a hablar en formato zócalo Adorni.

Facilidad para delinquir

“No es un blanqueo, es una facilidad para delinquir”. Así lo admitía a este diario un tributarista que prefirió no decir su nombre. El Gobierno viene prometiendo estos anuncios con bombos y platillos dos semanas previas a las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires en las que buscaba reafirmarse como fuerza hegemónica. “Se estiró porque estaban flojos de papeles, no querían tener problemas con organismos internacionales que después nos bloqueen un posible acceso a financiamiento”, asegura el tributarista. 

El anuncio de esta mañana se diferencia al de un blanqueo tradicional porque depende pura y exclusivamente del Poder Ejecutivo. “Para que sea un blanqueo debe si o si pasar por el Congreso (para modificar la ley penal tributaria), y eso generaría mucha discusión en el Congreso donde el oficialismo no tiene mayoría fácil. No veo que ese proyecto ingrese antes de las elecciones”, aseguró al elDiarioAR el economista Martín Burgos. “El ejecutivo no puede blanquear plata no declarada”, complementa el economista Juan Graña. 

A pesar de que Caputo insiste en negarlo, el objetivo de la medida es engrosar las reservas del Banco Central. Incluso evitó decir en conferencia de prensa cuánto esperan ingresar de esos U$S200.000 millones que los ahorristas mantienen fuera del sistema formal de acuerdo con el informe trimestral “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa” del último trimestre de 2024. En un evento empresario, un funcionario de Economía confesó ante periodistas que el monto que esperaban era de U$S10.000 millones.

“El objetivo es que ese dinero, seguramente en dólares, empiece a circular y agregue oferta al sistema financiero. Se está buscando una fuente adicional de dólares para tratar, por un lado, de hundir el valor del dólar al piso de la banda y, por el otro, que parte de la demanda de dólares que está enfrentando el Banco Central la satisfagan estas nuevas fuentes y no sus reservas”, asegura Graña.

Bajo la lupa del GAFI

Aunque no públicamente, el Gobierno es muy cuidadoso ante la mirada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo que puede incluir al país en una lista de países con deficiencias en prevención de lavado, que lo hace menos atractivo para recibir financiamiento e inversiones. Y al ser tan cuidadoso puede que no tenga el impacto deseado. Sobre los problemas con GAFI, coinciden, hay que esperar a la ley de blanqueo. 

“Hay que bajar la intensidad de la información”, explica Burgos. “Levantar los umbrales implica una cuestión de nominalidad, quedaron muy abajo y había que actualizarlos. Lejos está de ser una reforma ambiciosa, como la llamó Adorni”. Graña lo complementa: “Me parece que el gris en el que quedan las medidas y los anuncios no va a ser tan relevante para mover la economía”. 

En esa misma línea, el economista Guido Zack planteó una mirada escéptica sobre el incentivo real para blanquear dólares: “Quien quería consumir y usar los dólares para eso ya lo podía hacer en el canal informal. ¿Por qué los pasaría a hacer en el canal formal? No me queda tan claro. Quienes quisieran hacer consumos más importantes, como un departamento, ya pudieron hacerlo en el blanqueo del año pasado, y en cualquier caso las transacciones de montos tan elevados van a seguir siendo informadas. Los mínimos se elevaron, pero no tanto”.

Y agregó: “La sensación es que se busca que los pequeños poseedores de dólares de la economía muevan sus dólares. No parece ser incentivo suficiente, pero en el medio sí es cierto que con regímenes informativos tanto más laxos, el sector público pierde una capacidad, que es la capacidad de tener datos suficientes y poder hacer fiscalización a través de esos datos. El riesgo es justamente este, que dado que las agencias tributarias no tengan capacidad por falta de datos para la fiscalización, el resultado sea el inverso al buscado. En lugar de que se hagan más operaciones en la formalidad, se hagan más en la informalidad”.

“Sáquela del colchón y duerma tranquilo”, dice un aviso en el diario Clarín de 1992, en el que el Ministerio de Economía de la Nación –que comandaba Domingo Cavallo– promocionaba una exteriorización de moneda extranjera en el país, con una similitud en la forma. El aviso comienza diciendo: “Hace mucho tiempo que Ud. ahorra en moneda extranjera, ¿no es cierto? Y claro, sucesivos gobiernos lograron, a través de décadas de inestabilidad e inflación, que muchos eligieran ese camino. Así, el destino de esos ahorros era el colchón, una caja de seguridad o, en el mejor de los casos, un depósito bancario, pero siempre fuera del circuito impositivo”. Pero no en el fondo: es que esta medida, a diferencia de un blanqueo tradicional, no es recaudatoria. Es decir, no hay ningún pago de multas, o porcentaje por la entrada de dinero al circuito legal.

NR/MG

Mientras la oposición sigue dando batalla para aumentar el valor de los haberes jubilatorios y facilitar el acceso a las prestaciones para quienes no cuentan con los 30 años de aportes exigidos por ley, hay un proyecto de reforma previsional que el Gobierno escucha con atención. Se trata del plan elaborado por el think tank CIPPEC. Rafael Rofman, investigador principal de protección social de CIPPEC, fue recibido cinco veces por funcionarios nacionales, según los registros de ingresos a la Casa Rosada a fines del año pasado.

El proyecto de Rofman y Manuel Mera, que se resume en la “propuesta para reordenar el Sistema Previsional Argentino” publicado en la página web de CIPPEC, hace foco en eliminar el requisito de los 30 años mínimos de aporte y propone un ingreso básico a partir de los 65 años. En línea con los históricos pedidos que hace el FMI y la obsesión fiscal del Gobierno, propone equiparar la edad jubilatoria de hombres y mujeres, e incluso aumentarla a medida que mejora la perspectiva de vida. También busca eliminar regímenes de excepción. Aún sin números finos, CIPPEC asegura que la propuesta implicaría un menor porcentaje del gasto del PBI, incluso respecto al escenario actual sin reforma.

Aprovechar el momento

Es lo que dice Rafael Rofman sobre el espíritu de un gobierno que viene con intenciones –y capital político– para avanzar con reformas estructurales. “Lo presentamos en cuanta ocasión aparece: encuentros empresarios, organismos internacionales, diputados, gobierno. Es muy bien recibido en su estructura general, pero las dudas sobre su aplicación son estrictamente políticas”, asegura sobre su implementación. La coyuntura electoral y el staff report del FMI indicaría que la discusión podría darse para el 2026. “Para eso, habría que empezar ya con el armado técnico, que es complejo”, asegura Rofman. 

La propuesta plantea seis áreas centrales de cambio estructural para reordenar el sistema previsional argentino. Uno de los puntos más sensibles en el debate público es la modificación gradual de la edad de retiro. Históricamente las edades mínimas de retiro se fijaron en contextos de menor expectativa de vida y trabajos físicamente más demandantes, de acuerdo al documento. En este sentido, la propuesta sugiere igualar la edad mínima de retiro entre varones y mujeres –un pedido histórico del FMI–, establecer mecanismos de actualización gradual de la edad de retiro en función de los cambios en la expectativa de vida y generar incentivos para quienes opten por postergar su jubilación, mediante beneficios adicionales o esquemas de retiro parcial.

Otro capítulo clave propone revisar los regímenes de excepción vigentes –que mejoran las condiciones de jubilación ya sea por permitir jubilarse a menor edad o con menos años de aporte, o con haberes/movilidad más altos–, con el compromiso de respetar los adquiridos pero de dejar de aprobar nuevos. Según el documento “más del 40% del total de beneficios previsionales y cerca del 55% del gasto total se explican por estos esquemas de excepción”, lo que afecta la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, dentro de estos regímenes de excepción se encuentran poblaciones sensibles: desde regímenes diferenciales por actividad riesgosa como mineros o petroleros, hasta retiros militares, pasando por docentes. El proyecto se ocupa también de ordenar las jubilaciones y pensiones por invalidez y por fallecimiento.

CIPPEC propone una nueva estructura para el régimen general, con un rediseño del cálculo del haber inicial de vejez basado en la ley 24.241 de 1993 y sus múltiples modificaciones. La propuesta plantea crear una prestación básica universal, equivalente a aproximadamente el 25% del salario medio, accesible para todos los residentes mayores de una edad mínima, y complementar esta con una prestación proporcional que se determine según la historia completa de aportes, sin exigir un mínimo de años de aportes. La estructura incluiría también un pilar de ahorro voluntario, financiado de manera diferenciada: la prestación básica con rentas generales y la proporcional con aportes de los trabajadores.

La propuesta para la movilidad de los haberes previsionales, que garantiza la actualización periódica para preservar el poder adquisitivo, respalda el esquema actual basado en el IPC (Índice de Precios al Consumidor), pero sugiere perfeccionarlo estableciendo una periodicidad variable, que sea mensual en contextos de alta inflación y más espaciada cuando esta se reduzca. Además, propone sumar un ajuste anual adicional vinculado a la evolución de los salarios reales para preservar la relación entre los haberes previsionales y los ingresos de los activos. Por otro lado, se recomienda evitar aumentos asimétricos y establecer reglas claras ante posibles caídas de precios.

Mientras tanto, en el Congreso

Rofman y Mera presentaron la propuesta a periodistas el mismo día que la oposición llegara un acuerdo para convocar a una sesión especial –este miéroles– para tratar once dictámenes con propuestas que van desde un aumento del 7,2% en las jubilaciones y una actualización del bono hasta $115.000, hasta la extensión de la moratoria previsional o una mejora en las condiciones de la PUAM. “Las reformas parciales (NdR: que se debaten en el Congreso) son peligrosas porque terminan siendo parches que generan nuevas inequidades. En vez de pensar si la moratoria sigue o no, es importante ver todo el paquete”, aseguró Rafael Rofman quien prefirió no tomar partido por ninguno de ellos.

Entre los dictámenes presentados en el Congreso, uno de los puntos más discutidos fue el valor de los haberes. El dictamen de mayoría (Unión por la Patria) propone un aumento del 7,2% desde la sanción de la ley (es el aumento que no se contempló en la último ley de movilidad correspondiente a enero de 2024), y una actualización del bono a $115.000, incorporándolo al haber y con movilidad. La primera minoría (los radicales disidentes del bloque Democracia Para Siempre, Encuentro Federal y la Coalición Cívica) también contempla el mismo porcentaje de aumento, pero con un bono menor, de $100.000 a mayo de 2025, e incluye una propuesta para identificar fuentes de financiamiento. 

Otro eje de debate gira en torno a qué hacer con las prestaciones para quienes no reúnen 30 años de aportes. De nuevo el mayoritario de Unión por la Patria propone extender la moratoria vigente por dos años más, permitiendo regularizar aportes hasta 2010, e incluir a mujeres en la PUAM desde los 60 años en vez de los 65 actuales. 

En cambio, varios dictámenes de minoría sugieren abandonar esta lógica de moratorias periódicas y adoptar esquemas de proporcionalidad, donde los beneficios se ajusten a los años de aporte efectivamente realizados. Por ejemplo, DPS y EF proponen una Prestación Proporcional por Vejez equivalente al 85% de la PBU más los componentes PC y PAP, sumado a un suplemento previsional adicional. La UCR propone algo similar pero con una tasa del 70%, y PRO directamente plantea instaurar una Prestación Básica universal (similar a la PUAM) complementada con un haber proporcional calculado sobre la base de todos los aportes registrados.

En un Congreso fragmentado y con reformas parciales en disputa, la propuesta integral de CIPPEC gana peso en los despachos oficiales. La pregunta es si, cuando llegue el momento, habrá consenso político para avanzar.

NR/MG

Si el término “uberización del trabajo” trascendió a los choferes de la plataforma de viajes para aplicarse a otras de delivery, las “IAchangas” que hace Leonardo son una mezcla entre las clásicas ocupaciones temporales y el uso de la inteligencia artificial. En los últimos seis meses, este joven de 35 años complementó sus ingresos como docente entrenando a tres inteligencias artificiales: una de sonido —que tiene más que ver con su profesión de músico—, otra generando prompts y potenciales respuestas sobre peronismo, Malvinas y otros temas para argentinizar a extranjeros que quieren aprender del país, y una última de entrenamiento de voces en español argentino. El caso de Leonardo, que pidió estrictamente cambiar su nombre, al igual que el resto de los testimonios consultados por elDiarioAR, está lejos de ser una excepción.

“¿Está mi trabajo a salvo?” Es una de las preguntas que más crece desde 2023 en las búsquedas globales en Google, según cuenta un artículo de la revista inglesa The Economist publicado en julio de ese año. Y la inquietud no es extraña: un estudio que publicó el FMI afirma que el 40% del empleo global está expuesto —es decir, potencialmente afectado o transformado, no necesariamente eliminado—  a la Inteligencia Artificial, una cifra que trepa al 60% en las economías avanzadas. Y aunque el impacto aún no es masivo, en la Argentina ya hay personas que dependen de algoritmos para conseguir, mantener o perder su trabajo.

“Mi jefe es un algoritmo”, es el rasgo común que encuentra Leonardo entre las tres experiencias de “IAchangas” que realiza. “No sabés bien lo que estás haciendo y, sobre todo, no están las reglas muy claras. No siempre te asignan tareas, las capacitaciones son tutoriales que terminan en multiple choice y, en general, no te comunican cuándo se termina un proyecto: simplemente no hay más trabajo”, explica. “Si haces mal una tarea, o hay alguna falla en el sistema, te pueden bloquear la cuenta y no podés seguir trabajando. A mi novia, que también trabaja en el mismo proyecto, le pasó y hace varios días que nadie le responde por qué. Te dicen que es un trabajo freelance pero te aprietan y te califican todo el tiempo. Es un algoritmo el que determina que tengas trabajo y, por lo tanto, plata”, concluye. 

Además de bannearle la cuenta, a su pareja Gala la IA le cambió las condiciones de pago mientras estaba en el proyecto: “Ya había hecho algunas tareas y me mandaron un nuevo contrato con un valor menor por hora, sin explicación alguna ni posibilidad de preguntar. En un chat de la comunidad alguien dijo que era porque se dieron cuenta que estaban pagando mucho por la tarea”, cuenta a elDiarioAR.

Si te querés contactar con soporte te generan un ticket en el que responde un bot. Hay reuniones semanales pero nadie prende una cámara. Nosotros estamos entrenando voces así que no me sorprendería que sea resultado de lo que es mi trabajo

Leonardo

La paga para trabajar con una IA es, efectivamente, atractiva: “Llegué a hacer 1.300 dólares en una semana de trabajo no muy intenso, y usando un 25% de mi capacidad cerebral”, dice Leonardo. “Voy a seguir buscando este tipo de changas, pero no es un trabajo en el que pueda proyectar”, apunta, ya que aún tiene un empleo en relación de dependencia. Además, advierte: “En solo seis meses ya estoy viendo cómo se vuelve cada vez más precario el entrenamiento”. 

En ese periodo, Leonardo vio cómo el mismo tipo de trabajo —entrenamiento de una IA— se fue transformando en algo cada vez más automatizado y precarizado. “El último que estuve es lo más Black Mirror que viví. La única instancia humana allí son los referentes, gente que se puede ver en su perfil que entró a trabajar ahí hace pocos meses. O sea, podría ser yo. Si te querés contactar con soporte te generan un ticket en el que responde un bot. Hay reuniones semanales pero nadie prende una cámara. Nosotros estamos entrenando voces así que no me sorprendería que sea resultado de lo que es mi trabajo”, relata para admitir que lo suyo puede ser un pensamiento “paranoide”.

Gala, que es psicóloga, se frustró más rápido: “En solo dos semanas me cambiaron de proyecto tres veces y tuve que ver un montón de tutoriales y rendir exámenes para ingresar a cada uno. Después, me bloquearon la cuenta. Invertí mucha energía intentando entender qué pasa. Por más que me viene bien la plata, me dio mucha ansiedad seguir dependiendo de esa dinámica y decidí salir a buscar más pacientes para no volverme loca. Todo bien, no estoy cerrada si vuelve a salir algo, pero no quiero depender de un algoritmo”. 

Entrenando a la bestia

Rodolfo y Nahomi también son pareja y, en el último año y medio, recibieron la misma noticia de sus respectivos trabajos: iban a ser reemplazados por una IA. Él es músico y suele buscar ofertas en una plataforma de freelancers. Durante dos años trabajó transcribiendo canciones para subir al cancionero de una app que tiene miles disponibles para tocar con una guitarra. “Era un trabajo precarizado pero con un muy buen pago para el momento del país, porque cobraba en dólares y había una brecha muy alta entre el formal y el informal. Obviamente no tenía aguinaldo, ni días por enfermedad. Pero nunca me quejé, porque me convenía”, explica.

Pero el primer día hábil de 2024 se logueó para empezar a trabajar y tenía un mensaje de uno de sus jefes que decía que iban a reducir al 90% del personal, porque gran parte del trabajo lo iba a seguir haciendo una IA. “Lo arruinaron”, se lamenta. El equipo venía conviviendo unos meses antes con pruebas de esta IA, que tenían que corregir –o entrenar–.

Nahomi trabajaba como soporte interno en una empresa de tecnología, el rubro que más está siendo reemplazado por la IA. “Adaptate o morís”, le dijo su jefe a principios del 2025. Los procesos internos empezaron a automatizarse y, en vez de desvincularla, le dieron espacio a ella y sus compañeras para que elijan en qué parte de la empresa les gustaría estar y aportar. Su panorama cambió, pero sigue con preocupación: “Yo estoy incorporando a la parte de producto, pero la mayoría se paralizó, y algunos se fueron a otros puestos similares en otras empresas. Estimo que les queda poco tiempo, porque va a pasar lo mismo”.

Según un documento publicado por el entonces Ministerio de Trabajo de la Nación en diciembre de 2023, el 54% del empleo formal en el sector privado en Argentina está en ocupaciones donde al menos la mitad de sus tareas podrían ser ejecutadas por una IA. De ese total, se calcula que un 22% de los puestos —más de 670 mil empleos— son directamente sustituibles, sobre todo en tareas administrativas y de soporte, mientras que el 71% podría complementarse con estas herramientas. Aunque en la Argentina no se viven olas masivas de despidos, las empresas ya empezaron a achicar tareas y reorganizar puestos.

Ya no conviene hacer CV súper visuales o con íconos. Eso es para humanos, y cada vez los mira menos gente. La IA que procesa los CV necesita que todo esté bien estructurado y claro

Marco es programador, un rubro históricamente mimado en el mundo tech que está dejando de serlo porque las máquinas se están empezando a autoprogramar. “Cada uno desde su laburo en mayor o menor medida está entrenando a la bestia. La incertidumbre es total”, explica en diálogo con este diario. Nahomi es un poco más optimista: “En los trabajos incluso más creativos te piden que uses GPT para responder más rápido. Ahora bien, si en un año todos los guiones son iguales por ahí esto pega la vuelta y se empieza a valorar la particularidad de cada uno”.

Buscar trabajo en tiempo de IA

Si la tecnología cambia la forma de trabajar, también transforma la de buscar trabajo. En las áreas más expuestas a la IA, ya no alcanza con diseñar un buen CV en Canva. Los algoritmos de recursos humanos leen primero los CV, los ordenan, los filtran y toman decisiones. Y no se llevan bien con los colores, las columnas, ni con los textos difusos.

“Ya no conviene hacer CV súper visuales o con íconos. Eso es para humanos, y cada vez los mira menos gente. La IA que procesa los CV necesita que todo esté bien estructurado y claro. Te lee el perfil y espera que le digas bien concreto qué hiciste y qué querés”, cuenta Martina, que hace poco rehizo su CV con ayuda de Chat GPT.

Martina, que viene del mundo tech pero busca un puesto más creativo vinculado a la escritura, le cargó su CV anterior al Chat GPT, le explicó qué quería hacer y le pidió recomendaciones de empleos. “Me sugirió meterme en agencias creativas, en marketing para videojuegos —que nunca lo había pensado— y en contenido para empresas fintech. Después le pedí que me dijera qué tenía que cambiar de mi CV, y me tiró varias. Por ejemplo, que en el resumen inicial ponga métricas, resultados concretos y es lo que estoy buscando. Porque, de nuevo, la IA busca resultados y palabras clave”.

Incluso el proceso de entrevistas está cambiando con la IA. Hace unas semanas, Martina vio en redes sociales a una diseñadora UX –experiencia del usuario, por sus siglas en inglés– contando que tuvo una entrevista laboral completamente gestionada por un avatar virtual: “Decía que fue re eficiente, que no perdió tiempo y que el bot le hacía las preguntas correctas”, relata. En esta nueva etapa, buscar trabajo es también entrenar y ser entrenado por una IA.

Más allá de los números, la llegada de la IA está cambiando las relaciones laborales, la forma de buscar trabajo y de entender qué es “trabajar”. Hoy las tareas se reorganizan, los empleos se diluyen y las certezas se achican, como dice Marco: “Cada uno desde su laburo está entrenando a la bestia”. Tal vez la cuestión no sea cuánto se va a perder, sino qué capacidad tendremos para reinventar lo que viene.

NR/MC

El empresario financiero Darío Epstein, muy cercano al presidente de la Nación, se subió al escenario con dos regalos: un termo de la fundación del Hospital Gutiérrez y un libro de formación espiritual. Eran para el ministro de Economía Luis Caputo, que acababa de terminar su discurso en el Latam Economic Forum sin las prometidas novedades sobre las medidas para incentivar el uso doméstico de dólares no declarados. Ante la incomodidad del funcionario, que dijo no tomar mate, Epstein le sugirió que le diera el termo a Axel Kicillof y continuó con un mensaje de los comerciantes del barrio de Once, sentados al fondo del salón: “Me dicen que eso de los US$100.000 sin recibo y sin factura les funcionó siempre. ¿El año que viene vamos a poder cobrar en dólares directamente?”. “Sin ninguna duda. Pero con factura”, respondió Caputo antes de bajarse del escenario.

Tanto el ministro como el presidente Javier Milei, que cerró el evento, centraron sus discursos en el nuevo puente de dólares que buscan para sostener el modelo económico: los no declarados de los ahorristas. “En los colchones los argentinos debemos tener entre U$S200 y 400 mil millones, según quien lo mida. Es una inyección enorme para la economía argentina”, aseguró Milei. 

“Entre el ARCA, Economía y el BCRA se está trabajando en un mecanismo para que la gente pueda entrar los dólares en el sistema, que puedan comprar lo que quieran sin la sensación de dejar los dedos marcados para que nadie los vaya a buscar”, gritó Milei ante un salón que se iba vaciando a medida que pasaban los minutos de su discurso sobre la naturaleza del dinero, y cosechó el aplauso número siete de los diez que consiguió durante la hora que duró su disertación.

La inscripción al evento que organiza hace once años Darío Epstein es de $100.000 y convoca a un público distinto al convencional: gente de mucho dinero con caras poco conocidas. “El verdadero poder”, explicaba uno de los asistentes mientras comía un sándwich de pastrón y pepinillo del catering kosher Schuster. Este año, la organización convocó a un centenar de empresarios del exterior interesados en invertir en el país. Desde el año pasado, el salón se llenó también de jóvenes de menos de 25 años, con una estética “criptobro”, con relojes llamativos y buzos de Balenciaga. Muchos de ellos pertenecientes a la Juventud Libertaria.  

En palabras de Caputo, la entrada de dólares al sistema formal va a ayudar a que la economía “se sostenga o incluso pueda crecer”. El objetivo del Gobierno es que la economía se sostenga en el crecimiento del 6% y hasta un 8% en los próximos años usando no solo pesos sino también los dólares, y poder aumentar de esta manera la recaudación. “Si crece al 6% en los próximos siete años, vamos a poder bajar impuestos a razón de 1,5 puntos de producto por año. Se le devolverían U$S420.000 millones al sector privado. Si la tasa es del 8%, le devolveríamos U$S550.000 millones que podrían usar para invertir”, sedujo Caputo a los casi mil asistentes sentados en el Golden Center de Parque Norte.

Debajo del escenario, una fuente cercana al Gobierno aseguró a elDiarioAR que el objetivo es lograr una inyección del 20% de esos U$S400.000 millones que diferentes consultoras reconocen como no declarados, ya que el 80% restante está más concentrado, y fuera del sistema local por lo que va a costar más tiempo que ingresen al país . “Serán menos de U$S80.000 millones la suma de todos los canutos”, aseguró. La medida no va a pasar por el Congreso, lo que plantea dudas respecto de su legalidad. Según esta misma fuente, el mensaje de Kristalina Georgieva sobre los dólares de los ahorristas actúa como un apoyo importante en el caso de que hubiera reclamos internacionales de organismos como el GAFI.

Hace más de una semana que Luis Caputo amaga con anunciar medidas en las que trabaja el ARCA, el BCRA y Economía para la remonetización de los dólares fuera del sistema. Aunque aún sin definiciones concretas, Milei se encargó de dejar algo en claro: “En esta transición (a la competencia de monedas) el peso va a seguir siendo utilizado para pagar impuestos”, un punto importante para un esquema de competencia de monedas, porque mantiene la demanda de esa moneda dentro de la economía. 

Ahora bien el objetivo final, una vez que la economía esté dolarizada endógenamente y el peso sea marginal, es poder “cerrar esa institución siniestra”, el Banco Central, para “ganar libertad monetaria y evitar que los políticos roben con el impuesto inflacionario”, concluyó Milei.

Explotadores y explotados

El discurso del Presidente comenzó con un tono político a horas de que el Senado rechace el proyecto de ficha limpia, con acusaciones al PRO y a Clarín, e incluso instalando un nuevo apodo para Alberto Fernández: “Golperto Fernández”. Pero la mayor parte, que hizo que el salón se vaya vaciando muy lentamente, la ocupó en un formato de clase de economía para justificar la dolarización endógena. 

Una de las frases más provocadoras del discurso económico fue la resignificación de la teoría de la explotación, uno de los conceptos centrales del pensamiento marxista, que sostiene que el capitalista se apropia del valor generado por el trabajador pagándole menos de lo que produce. “Se acabó la Teoría de la Explotación, salvo que sean los trabajadores los que estén explotando a los empresarios, porque los trabajadores le compran dinero a los empleadores a cambio de trabajo”.

Para Milei no existe tal explotación porque en una transacción libre el trabajador entrega su trabajo a cambio de dinero que valora más en ese momento, anulando la idea de opresión sistemática. La premisa resulta funcional al relato liberal clásico, que interpreta las relaciones laborales como acuerdos voluntarios entre partes iguales, aunque omite considerar los condicionamientos estructurales que limitan esa supuesta libertad en amplios sectores sociales.

NR/JJD

“Prefiero no hablar de política”, sentencia el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Roberto Cacciola, ante la pregunta sobre si los resultados de las elecciones de medio término podían cambiar las proyecciones optimistas que tienen sobre el sector. “Pero como sociedad no compramos más el discurso de Estado benefactor. Y, salvo que hagamos las cosas muy mal, estas bases que se están plantando ahora no tienen retorno”, no se aguanta emitir su opinión hacia el final de su exposición en el desayuno por la celebración del Día de la Minería y la presentación de al exposición Arminera 2025, que se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo en La Rural.

En on y en off, los empresarios mineros están mayormente a favor del Gobierno. Y la herramienta estrella sobre la que se apoyan todos los discursos es el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI), que “nos cambia la fama de Argentina incumplidora”, explica Cacciola. Pero en la práctica, ninguno de los siete proyectos de minería presentados para adherir al RIGI fueron aprobados.

“La demora está vinculada con la estructura de aprobación que tiene el RIGI, que involucra a 16 secretarías y subsecretarías”, admite Cacciola. “Esperamos tener una noticia en el corto plazo sobre los proyectos presentados. Sé que el proceso es complejo, pero sería un gran problema que se genere una expectativa enorme y no se compruebe en la realidad”, continuó.

El RIGI fue aprobado en agosto del año pasado. Su objetivo fue incentivar proyectos que demanden un mínimo de US$ 200 millones como inversión e impacta en ocho sectores de la actividad económica (forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, y petróleo y gas), ofreciendo una serie de facilidades impositivas, de acceso a importaciones y al mercado de cambios, además del manejo de utilidades y flujo de fondos en el exterior“, según el Decreto publicado en el Boletín Oficial.

Debajo del escenario, el clima es similar: “El Gobierno exige mucha papelería, pero después no responde en los términos que requiere la industria”, explicó café y pinche de frutas en mano un empresario minero a elDiarioAR que, de la misma manera, celebra el Régimen porque es una garantía de estabilidad para invertir en Argentina en la negociación con las casas matrices. 

La minería espera su turno en el RIGI

Desde el 22 de octubre, día en el que el Gobierno nacional reglamentó la operatividad del RIGI, se presentaron trece proyectos, de los cuales solo tres fueron aprobados. El primero, en enero de este año, fue el parque solar fotovoltaico “El Quemado” de YPF Luz, ubicado en Mendoza (U$S211 millones). En marzo ingresó el proyecto Vaca Muerta Sur para duplicar las exportaciones de petróleo de Neuquén y Río Negro presentado por YPF en conjunto con Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía y Pluspetrol, y las empresas internacionales Chevron y Shell (U$S2.500-U$S3.000 millones). Y esta semana se aprobó el tercero de Southern Energy (propiedad de PAE y Golar LNG) para instalar una barcaza para producir GNL en el Golfo de San Matías, Río Negro (U$S2.900 hasta U$S7.000 millones en los 20 años de vida útil).

Ninguno tuvo que ver con el sector minero, que tiene siete proyectos en la fila:

*Galan Lithium, que pidió ingresar al RIGI para producir cloruro de litio de alta calidad en el Proyecto Hombre Muerto Oeste en Catamarca (U$S217 millones); 

*Minas Argentinas (firma integrante del AISA Group y operadora de la Mina Gualcamayo) que presentó un plan de inversión de U$S1.000 millones para explotar oro en San Juan;

*Río Tinto con una inversión de U$S2.700 millones para aumentar la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta que se iniciará en 2025 en Rincón de Litio en Salta;

* Río Tinto con otra inversión de U$S818 millones destinada al desarrollo de la mina de litio ubicada en el Salar del Hombre Muerto, Catamarca. El proyecto tiene una producción proyectada de 15.000 toneladas por año de carbonato de litio equivalente;

* Ganfeng presentó el proyecto minero Mariana en Salta, con una inversión de U$S273 millones;

*McEwen Cooper presentó el proyecto minero de cobre Los Azules en San Juan con una inversión de U$S227 millones;

*Posco presentó un proyecto de inversión de U$S600 millones en Salta.

La década del cobre, pero sin proyectos aprobados

Existe una dificultad extra de la herramienta, para el caso del cobre que se convirtió en los últimos años en el mineral con mayor potencial de crecimiento dado que Argentina comparte cordillera (y minerales) con Chile y Perú, que abastecen casi el 30% de mineral al mundo. Desde que La Alumbrera, la mina de cobre y oro a cielo abierto más grande de Argentina, dejó de operar a fines de 2018, no se puso en marcha ningún otro proyecto de cobre en el país, aunque hay 22 en desarrollo. “Esta es la década del cobre”, remarcó uno de los empresarios asistentes.

Sin ir más lejos, esta semana la minera Vicuña, una sociedad formada por la canadiense Lundin Mining y la australiana BHP, anunció “uno de los descubrimientos de yacimientos más significativos de los últimos 30 años” en sus proyectos Filo del Sol y Josemaría, que concentran más de 12 millones de toneladas de cobre medido, junto oro y plata. Desde la empresa aseguraron que el yacimiento se encuentra entre los diez mayores del mundo.

A pesar de que todas las inversiones de proyectos de cobre requieren montos que superan ampliamente los U$S200 millones, solo uno de los 22 de cobre en Argentina se presentó al RIGI - Los Azules, de McEwen Cooper-. Los tiempos de vigencia del RIGI, de dos años con opción de extenderlo uno más, parecen no ser suficientes para desarrollar su potencial. “En términos técnicos, las decisiones de inversión no deberían extenderse más allá del año que viene”, aseguró Cacciola. 

Por el estado de avance actual se espera que puedan entrar Taca-Taca (Salta, U$S3.583 millones), San Jorge (Mendoza US$462 millones); El Pachón (San Juan, US$6.000 millones), Mara (Catamarca, US$2.700 millones) y la recién anunciada Vicuña, que se presentará en los próximos meses. 

Radiografía minera 2024

El 7 de mayo, se conmemora el Día de la Minería por la sanción de la primera ley de fomento minero en 1813. También es un día de balances en el sector. El 2024 se caracterizó por un año con la inauguración de proyectos de litio, que se encuentra a precios bajos, y proyectos en decadencia –con no más de 5 años de vida útil– para el oro y la plata, cuyos precios subieron mucho.

De acuerdo a datos de CAEM presentados por su directora ejecutiva Alejandra Cardona en 2024, las exportaciones mineras alcanzaron los U$S4.600 millones, lo que representa un crecimiento del 15% respecto al año anterior y marca el cuarto año consecutivo de incremento. Casi el 70% correspondieron al oro, seguido por la plata y el litio.

En cuanto a inversiones y exploración, Argentina se posicionó como el 6º destino mundial de presupuestos en exploración minera, alcanzando los U$S500 millones en 2024, con foco en cobre (41%), oro (27%) y litio (26%). 

De cara a 2025, se proyecta un fuerte crecimiento en la producción de litio, que alcanzaría las 131,8 mil toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE), un 77% más que en 2024, impulsada por nuevas operaciones en Salta y ampliaciones en Catamarca y Jujuy. En contraste, se anticipa una caída en la producción de oro y plata, con estimaciones de -9,3% y hasta -14,3% respectivamente, dependiendo de los escenarios.

Aunque el tema ambiental y social no estuvo presente en los discursos oficiales, no deja de ser una de las cuestiones sensibles que atraviesa la actividad minera, especialmente en zonas de litio y cobre en el NOA.  

Al cierre del encuentro, quedó claro que, si bien los empresarios valoran el cambio de tono y la previsibilidad macro que propone el actual Gobierno, persiste una distancia entre las promesas y las concreciones. “Hay buena voluntad, pero falta músculo para destrabar los expedientes y acelerar definiciones”, resumió un directivo de una minera. La industria percibe que el Gobierno prioriza políticamente a Vaca Muerta y el petróleo, mientras la minería sigue esperando su momento.

NR/MG

Según el diccionario argentino de modismos, el canuto es “algo muy único que se tiene escondido para el momento adecuado, muchas veces para no compartirlo y disfrutarlo solo”. Pero el ministro de Economía, Luis Caputo, decidió salir a buscarlos: “Queremos que la gente esté más proclive a sacar y gastar los dólares que tiene en el colchón y en cajas de seguridad. Hoy no lo hacen porque les rompen los cocos”, dijo este lunes durante una entrevista en La Casa streaming. 

Detrás de esa frase, se esconde mucho más que una humorada. Caputo anticipó que el Ministerio de Economía, el Banco Central y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) trabajan en un paquete de medidas para eliminar controles que permitan a la gente mover esos dólares sin dar explicaciones. En términos más técnicos, alcanzar lo que en el Palacio de Hacienda definen como “dolarización endógena”, un proceso en el cual, sin una decisión formal de reemplazar la moneda nacional, el uso del dólar se generaliza en distintas transacciones de la economía —ahorro, precios, contratos y pagos—.

Y no es un asunto menor: en la Argentina, hay U$S271.247 millones que los ahorristas mantienen fuera del sistema formal de acuerdo con el informe trimestral “Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa” del último trimestre de 2024. 

En carpeta

Dentro de las alternativas que el Gobierno tiene a mano para tentar a los dueños de esos dólares que duermen en cajas fuertes, colchones y cuentas en el exterior, tiene que ver con flexibilizar el uso de los fondos blanqueados en la etapa 1 del último sinceramiento fiscal. Sin necesidad de pasar por el Congreso, el Ejecutivo podría permitir que esos dólares en efectivo se utilicen antes del 31 de diciembre —hoy se pueden retirar pagando el 5% de penalidad— y para un uso más amplio: desde la compra de inmuebles usados y autos, hasta electrodomésticos o cualquier bien de consumo personal.

Una de las peleas que vienen dando las fintech en Economía es la creación de CVU en dólares para billeteras virtuales. Eso les permitiría ofrecer cuentas remuneradas, y a los clientes poder pagar directamente en esa divisa en los comercios. Sin embargo, esta medida tiene un antecedente poco feliz. El Gobierno habilitó a principios de año la posibilidad de pagar con tarjeta de débito o con QR en dólares en cualquier local, e incluso dispuso que los comercios puedan exhibir los precios en dólares. Pero la medida no funcionó, y desde el sector bancario aseguran que es muy poca la demanda de este servicio. 

Otra de las opciones para incentivar el uso de dólares es habilitar y dar beneficios para el pago anticipado de impuestos en esa moneda, e incluso ofrecer planes de regularización de deudas tributarias más blandos si se cancelan en dólares. 

Estas medidas podrían encender alarmas en organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que evalúa a 200 países de acuerdo a estándares internacionales en materia de transparencia financiera.

Perú, Uruguay y la “convivencia de monedas”

En la narrativa oficial, Caputo suele señalar a Perú como modelo de éxito de este modelo. En América Latina hay varios casos donde las autoridades decidieron implementar esquemas de tolerancia al uso de dólares para determinadas operaciones, formalizando prácticas que ya ocurrían en la informalidad. Así lo detallan Jorge Carrera, Micaela Fernández Erlauer, Emiliano Libman y Tomás Canosa en un documento sobre el tema del think tank Fundar, que describe las experiencias de Perú y Uruguay como ejemplos de convivencia exitosa de monedas.

El informe explica que en los años 80 y 90, en contextos de altísima inflación o hiperinflación, muchos países de la región permitieron el uso de dólares para algunas transacciones, principalmente financieras, mientras defendían la moneda nacional. Perú logró estabilizar su economía sin dolarizar formalmente como hizo Ecuador en el año 2000. 

En cambio, optó por permitir cierto uso del dólar, pero siempre con incentivos claros para que la moneda nacional siguiera ocupando un lugar central. Mantuvo encajes diferenciados, obligó a listar precios en moneda local y limitó el pago de impuestos exclusivamente en soles. Uruguay siguió una lógica similar. En ambos casos, la competencia de monedas se utilizó para fortalecer el peso o el sol, no para desplazarlo.

Lo que intenta Caputo se mueve en otra dirección. Así lo advierte el director de economía de Fundar Guido Zack: “Acá el Gobierno está yendo más allá de lo deseable en este esquema, incentivando el uso de dólares en cualquier tipo de operación, incluso aquellas que no suelen dolarizarse —como el pago en verdulerías o comercios minoristas—. 

Impactos

Zack plantea los riesgos de este esquema: “Esto implica que entren dólares a la economía, pero sin haber pagado impuestos, provenientes de actividades que pueden ir desde un freelance informal hasta narcotráfico”. Además, alerta que en un contexto donde se debería remonetizar en pesos, dolarizar informalmente reduce la eficacia de la política monetaria. “Si la mitad de las transacciones se hacen en dólares, el Banco Central solo puede manejar la tasa en pesos, y pierde poder de intervención”, remarca.

El plan Caputo no apunta a dolarizar la economía por ley sino más bien por costumbre. Si el experimento prospera, los dólares del colchón podrían salir a pasear por la calle sin pasar nunca por el banco: una bimonetariedad de hecho, sin ley que la respalde y sin pesos que la disputen.

NR/JJD

Credicoop, Patagonia, Santander, Industrial And Commercial Bank Of China (ICBC), Galicia, Nación, BBVA, Macro, Supervielle son los nueve bancos que, a partir de este mes y hasta el 21 de agosto, se repartirán el negocio del pago de haberes de la Administración Pública Nacional (APN). 

La medida, que oficialmente apunta a quitar el monopolio que tiene el Banco Nación en la prestación del servicio, resulta muy seductora para los principales actores del sector en un contexto de baja del empleo privado –y sus cuentas sueldo–, y teniendo en cuenta que el gasto en personal de la APN fue de $10,7 billones (U$S9.000 millones) en 2024. 

La Oficina de Contrataciones (ONC) habilitó a nueve de los doce bancos que se habían presentado como interesados en la primera etapa de esta licitación para ofrecer el servicio que, hasta la publicación del decreto 747/2024 —firmado por Federico Sturzenegger y publicado en agosto pasado— solo podía acreditar el Banco Nación. 

Quedaron inhabilitados para presentarse en estos pliegos el Banco Ciudad, Hipotecario y el digital Brubank. Mientras que el primero fue por la falta de territorialidad –es un banco que tiene presencia en CABA y primer cordón de la provincia de Buenos Aires, pero el servicio se necesita en todo el país–, el Banco Hipotecario alega una cuestión técnica de derecho administrativo que ya fue apelada. Brubank también apeló, pero no respondió a la consulta de este diario.

Libertad a medias

El acuerdo marco que habilitó el decreto firmado en agosto por Sturzenegger establece un contrato de duración de tres años con opción de prórroga por un año más en el que los bancos deberán garantizar apertura de cuentas, acceso a cajeros automáticos, transferencias sin costo, emisión de tarjetas de débito y crédito, acceso a plataforma digital, atención al cliente eficiente, y acreditación de fondos en un plazo de no más de 24 horas desde su recepción. 

Aunque la medida se presenta como una apertura del mercado y una opción para descentralizar el pago de sueldos estatales, en la práctica los empleados públicos seguirán sin poder elegir libremente dónde cobrar. La decisión será un acuerdo cerrado entre cada organismo estatal y los bancos habilitados.

Con el “apto físico” emitido por la ONC, desde la semana pasada y hasta el 21 de agosto, los nueve bancos deberán presentarse en las licitaciones ad-hoc de cada organismo contratante. El primero fue la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, con 730 agentes y una masa salarial de $958 millones. 

Si bien es difícil calcular la cantidad de dinero en juego, una aproximación son los U$S9.000 millones de gasto en personal que ejecutó el Estado en 2024 de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso. Es una cifra máxima y poco precisa, porque la partida incluye algunos entes que ya habían desregulado ese decreto de 2012 como por ejemplo universidades, así como organismos que tienen cuentas aparte (o formas contractuales específicas) alcanzadas por ese cambio.

Según datos del sector a los que accedió elDiarioAR, hay 10,2 millones de cuentas sueldo en el sistema financiero, 12,07% de las cuales pertenecen al Banco Galicia, un 12,57% al Provincia, un 11,08% al Nación, y el resto a las otras entidades del sistema financiero. El Banco Nación cuenta hoy con 550.000 cuentas de haberes del Estado. “Es una oportunidad”, explican en uno de los bancos participantes a este diario ante el señalamiento de que pareciera representar poco caudal respecto a la cantidad de cuentas. “Si no, no se hubieran presentado 12 bancos”, complementa otro.

Para convertirse en agente financiero del Estado o de una empresa, los bancos deben pagar un canon mensual –basado en un porcentaje de la masa salarial transferida o en un monto fijo–, además de ofrecer servicios que los organismos contratantes deseen. Según el acuerdo marco, los organismos deben seleccionar a los bancos con la mejor oferta en cuanto a servicios, cobertura y beneficios para los empleados. En el Banco Nación no respondieron la consulta de este diario acerca de cuánto es el canon que pagan hoy en día a los distintos organismos.

En el sector privado tampoco quisieron dar un número, pero aseguraron que dependerá de cada organismo estatal: “Están los más atractivos, que son los que pagan más salarios como AFIP o el Banco Central, que sabés que vas a tener mayores oportunidades de brindar otros negocios más allá de las cuentas sueldo. Y hay otros que son más difíciles, porque manejan poca plata, por el tipo de público, como el pago de las jubilaciones, o los que tienen una dispersión territorial grande. Imaginate en Cancillería, tenes que hacer acuerdo con bancos de todos los países para pagar sueldos, por ejemplo”, explican.

Banco Nación S.A.

El Banco Nación es agente financiero de la mayoría de los organismos estatales a nivel nacional gracias a un decreto publicado en 2012 que obligó a implementar el pago de haberes del sector público mediante la entidad, pero no es el único. Hay otros bancos privados que participan en ese negocio a través de contratos tercerizados, por ejemplo, vía universidades. Hoy cuenta con 550.000 cuentas de haberes del Estado. Si bien el caudal parece ser poco, es significativo con respecto a las 1,3 millones de cuentas sueldo totales que operan actualmente en el banco público más grande de la Argentina: casi la mitad son estatales. 

Para la Argentina del 2012, la medida tenía sentido. Más allá del expertise que tuviera el banco en términos de pago de haberes, la liquidez obtenida por estas cajas de ahorro ordinarias de bajo costo, retornaba en forma de política pública en créditos a pymes, al sector agropecuario para la compra de maquinaria, promociones y cuotas. Incluso como ordenador del sector financiero.

En la Argentina del 2025, el Banco Nación va a camino a privatizarse. Esa fue la intención del Gobierno al incluirlo en la lista de empresas sujetas a privatización de la Ley Bases. Al haberlo eliminado de esa lista como parte de la negociación para que se aprobara la Ley en el Congreso, en la Casa Rosada arman el esquema para la entrada de capitales privados sin necesidad de que sea por ley.

Fintech versus todos

Una de las condiciones para participar en este proceso licitatorio es ser una entidad bancaria autorizada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), renglón que deja afuera a las fintech. 

Es que hoy en día, uno de los mayores problemas de los bancos tradicionales es la retención de haberes, es decir, cómo hacer que los sueldos recién ingresados no salgan a una cuenta remunerada de alguna billetera virtual, o a algún banco con promociones más seductoras. 

Esta desregulación puede ser la punta del iceberg de una desregulación más profunda impulsada por el Gobierno en este tema, que asomó en el DNU 70. El capítulo laboral del mega decreto que publicó el gobierno de Javier Milei a menos de un mes de asumido, habilitaba a las billeteras digitales a salir a disputarle a los bancos el negocio de la acreditación de los haberes. 

“Marcos Galperín está muy interesado en el negocio, está afilando los cubiertos desde el año pasado”, ironiza uno de los bancos participantes desde la tranquilidad de que el capítulo laboral está suspendido gracias a una cautelar presentada en la Justicia. “Sin embargo, hay un proyecto de ley (NdR: el de Romina Diez, diputada de LLA), que avanza sobre el tema”, advierte otro banco. 

Efectivamente, el artículo 6 del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sustituye el artículo de la ley que restringía el pago de haberes de bancos por uno que habilita que la cuenta a nombre del empleado puede estar en “entidad bancaria, o una institución de ahorro oficial u en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

NR/DTC

“Trabajo de 12 a 12 y cobro menos de $600.000”, cuenta a elDiarioAR Gabriel, mientras maneja la grúa de una empresa tercerizada de una firma reconocida de seguros. Gabriel tiene 25 años y acaba de ser papá. Dice que llega muy cansado a su casa, pero no consigue algo mejor. “Antes hacía mudanzas pero me duele toda la espalda , ya no puedo, ahora tengo que levantar al nene”, sonríe. Gabriel no tiene un contrato formal: está a disposición las doce horas de trabajo pero, si no salen viajes, no gana nada. Si se enferma, no cobra. Si tiene que cuidar a su hijo, tampoco. “La gente no dura más de tres meses en este trabajo, yo les pido que me reconozcan que ya voy casi un año y me den al menos un fijo para los días en que no hay acarreos”. 

Argentina llega a este 1° de mayo, Día del Trabajador, con sus protagonistas viviendo jornadas extenuantes y en condiciones precarias. Trabajadores que sobreviven a fuerza de horas extra y pluriempleo en un contexto en el que el Gobierno avanza en una flexibilización laboral con la extensión del periodo de prueba, la creación de figuras como los “colaboradores”, del fondo de cese laboral que busca suplantar las indemnizaciones y la eliminación de sanciones a quienes no registren a sus empleados, entre otras medidas festejadas por el FMI.

El último informe del mercado de trabajo de INDEC indica un aumento del desempleo de poco menos de un punto entre el último trimestre de 2023 y 2024, de 5,7% y 6,4% respectivamente. Preocupa menos el aumento del desempleo, que aún se encuentra lejos del 9,1% al que llegó durante el gobierno de Mauricio Macri, que el deterioro de su calidad. Al hacer doble click en las cifras, se evidencia un descenso del peso relativo de las personas asalariadas de 73,7% a 72,3% en contraposición con un aumento del grupo cuentapropista (de 22,6% a 23,8%).

En el mismo sentido el informe sobre informalidad que comenzó a publicar el INDEC este año indica que el 42% de los ocupados son informales, guarismo que también creció levemente frente al 41,4% del cuarto trimestre de 2023.

“Los datos de 2024 reflejan los altos niveles de precariedad laboral del mercado de trabajo argentino, que constituye el principal problema de los últimos años junto a la desigualdad al interior de los trabajadores. Y no tanto la desocupación que, si bien se ha elevado en el último año, no se ha disparado como en los 90 o en el gobierno de Macri”, explica a este diario Darío Romano, coordinador del Área de Trabajo y Producción del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM). “La flexibilización laboral no sirve para bajar la informalidad sino que por el contrario, puede incrementarla, empeorando la calidad del trabajo en todas sus formas”, asegura.

De trabajadores pobres a sobreocupados

Marcela tiene 42 años y es administrativa en una clínica privada de zona sur. Desde noviembre, su empleador le recortó los francos: ahora trabaja de lunes a sábados con una hora menos de almuerzo, y si quiere mantener su puesto tiene que cubrir también guardias los domingos cada 15 días. “Me lo avisaron en una reunión. Nos dijeron que era por la crisis y que si no aceptábamos, iban a tener que hacer ‘una reducción de personal’”, cuenta. La paritaria cerró por debajo de la inflación y para compensar, Marcela empezó a trabajar por las tardes como secretaria en un consultorio odontológico. Entre los dos empleos llega a las 60 horas semanales. “No hay tiempo para nada, pero sola con dos hijos, no me queda otra”, dice.

Hay una estadística que el Gobierno celebra en medio de este ajuste de derechos. Una suba en los salarios registrados del sector privado, de 7% entre noviembre de 2023 –mes previo al inicio de la actual gestión de Gobierno– y febrero de 2025 según SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país).

Lo que no cuentan los números oficiales, pero si reveló un informe del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD de IDAES-UNSAM, es que ese aumento no vino de la mano de una mejora real del poder adquisitivo, sino de la cantidad de horas trabajadas. Las horas extra crecieron un 5,1% en ese período, mientras el nivel de empleo caía un 2,3%. 

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, explica el informe. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada aumentó apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja el ministro de Economía Luis Caputo en Twitter.

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta al aumento de la masa salarial que refleja el SIPA. 

Si los cuatro años de gestión de Alberto Fernández instalaron el concepto de “trabajadores pobres” es decir, gente con empleo incluso formales, cuyos ingresos no alcanzaban para vivir, este periodo se caracterizará por trabajadores sobreocupados.

La tarea hecha

Sol, de 23, trabajaba en una cadena de ropa en un shopping de Capital. La tomaron en enero bajo periodo de prueba de seis meses. “A los cinco meses me dijeron que no me iban a renovar, que era por ventas bajas, pero ya estaban buscando a alguien más para el puesto”, cuenta. En ese tiempo, Lucía no tuvo licencia por enfermedad ni vacaciones. “Me enfermé dos veces, pero si faltaba no me pagaban el día. Llegabas al mes cinco sabiendo que te echaban y no había indemnización”, dice. Hace poco consiguió otro empleo en otro local, nuevamente bajo periodo de prueba. “Ya sé cómo es: seis meses y afuera”.

En un año y medio de gestión, el gobierno de Javier Milei ya comenzó a implementar muchas de las reformas que el staff técnico del FMI, histórico demandante de este tipo de medidas, elogió. Las principales fueron aprobadas a través de la “Ley Bases”a fines de junio del 2024 y están comprendidas en título IV “Promoción del empleo registrado” y en el título V “modernización laboral”. 

• Extensión del periodo de prueba de 3 a 6 meses o hasta 1 año en función del tamaño de la empresa, lo que permite los despidos sin causa ni indemnización a los trabajadores durante ese periodo. Esta medida generó una aceleración en la rotación laboral, sobre todo, en sectores que ya contaban con ese tipo de esquemas como el comercio, turismo o algunos administrativos que no requieren tiempo de entrenamiento. Como estas actividades mercado internistas se encuentran en recesión, el periodo de prueba se utiliza como un mecanismo de ajuste de los empleadores para mantener plantillas que no aumenten la antigüedad. 

• Creación de la figura del “colaborador”. Un “trabajador independiente” puede contratar hasta tres colaboradores que deberán hacerse cargo individualmente de sus aportes previsionales, obra social y ART y se eliminan las multas por incumplimiento en el registro de trabajadores contratados. 

Estas medidas producen impacto por el mensaje de flexibilización laboral. “A 1 año de la gestión de Milei bajó la cantidad de asalariados (con mejores esquemas de protección laboral) y aumentó la cantidad de no asalariados particularmente monotributistas, lo cual implica una mayor precarización del mercado de trabajo argentino. Posiblemente la figura del colaborador promovió esto último”, explica Dario Romano.

• Fondo de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones por despido. Sería un fondo sostenido por el empleador a lo largo del período en el que el empleado está activo. A pesar de ser una de las medidas elogiadas por el FMI, la norma no tuvo efecto en las negociaciones colectivas de trabajo –hasta ahora, ningún convenio la tomó–; y es difícil de medir en términos de negociaciones individuales.

• Se incorporó como causal de despido medidas o acciones llevadas adelante por los empleados en el marco de conflictos laborales. Si bien el Gobierno atribuye a esta normativa una merma de la conflictividad salarial en documentos oficiales, el abogado laboralista e investigador Juan Manuel Ottaviano propone hacer un “zoom out”, y agrega otros factores como el disciplinamiento salarial, el desempleo, o las condiciones laborales precarias que, desde 2017, generaron una baja en las manifestaciones en este sentido. 

• Se promovió un “blanqueo laboral” que estipula la condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a la regularización de relaciones laborales que, sin embargo, no fue exitoso. 

Este Día del Trabajador, Argentina transita un modelo laboral que reparte más penurias que derechos. Una postal de precarización planificada, que transforma el trabajo en sacrificio y la estadística en relato.

NR/MG

El contexto de dólar planchado combinado con una apertura comercial que incentiva la entrada de importaciones, la actividad estancada y el empleo industrial cayendo no parece cambiar el orden de prioridades en la agenda de la Unión Industrial Argentina (UIA), que representa a uno de los sectores más golpeados por las políticas económicas de Milei. “Queremos competir, competir, competir”, plantó posición Martín Rappallini en su primera rueda de prensa luego de asumir como presidente de la institución. “No pedimos privilegios, pero la industria juega otro partido y no queremos quedar fuera por tener una mochila llena de piedras”, continúa el industrial en referencia a la carga fiscal que tienen las empresas que producen en el país. 

La bandera de la gestión del industrial bonaerense, que por el momento sigue siendo también titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), es la misma que flameó durante su gestión al frente de la entidad y lo hizo entrar en cortocircuito con el gobierno provincial: mejorar la competitividad, a través de la reducción de la presión fiscal –esa “mochila de piedras” que calculan en 52% para las socias de la entidad– y la modernización de las reglas laborales.  

Rappallini admite que el de la competitividad es un camino largo, que en otros países ha llevado hasta veinte años de conseguir. Un plazo que no marida con las urgencias del sector fabril generadas por el ingreso acelerado de importaciones, que aumentaron 38,7% interanual en marzo, o la caída de 30.600 empleos industriales registrados en 2024. Las estadísticas tampoco lo sacan de su discurso: “Me preocupa la entrada de importaciones en algunos sectores, pero tanto como conseguir las modificaciones necesarias para competir”, insiste Rappallini ante la pregunta de elDiarioAR al respecto. 

La nueva conducción entró con una puerta abierta en el Ministerio de Economía, ya que estiman mantener reuniones mensuales con Pablo Lavigne, el secretario de Coordinación Productiva, para evaluar el camino hacia la baja de impuestos para la industria.

También en concordancia con el Gobierno, Rappallini fue contundente sobre la posibilidad de que una corrección cambiaria pueda generar competitividad: “las devaluaciones no solucionan nada, siempre hay un corrimiento a precios y sobre todo en Argentina, que generan un proceso de caída de la actividad y pobreza”.

El plan

En este camino, la UIA pondera como su “gran desafío” el de “nivelar la cancha”, con medidas como el reclamo de la ley pyme, una reforma fiscal y la adecuación laboral, que se encuentran sobre la mesa. A corto plazo, las fichas están puestas en el decreto que el Gobierno publicará para eliminar los derechos de exportación a 1.000 posiciones arancelarias de Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que actualmente pagan un arancel de entre 3% y 5%. 

 “En esta primera etapa, priorizamos posiciones arancelarias relacionadas con pymes. La idea es que a las pymes casi no le van a quedar retenciones de exportación”, explicó el economista jefe y director Ejecutivo de la UIA, Diego Coatz. “Esto implica una mejora importante a nivel de la microeconomía, pero un bajo impacto fiscal”, agregó.

“Sabe lo que es pagar quincenas”

Rappallini llega con dos cartas a su favor: el contraste generacional y de trayectoria frente a su antecesor. Tiene 56 años contra los 79 de Funes de Rioja. Y a diferencia del abogado defensor de empresas y titular de la Cámara de Industrias de productos alimenticios COPAL, con carrera desde el escritorio, ostenta trayectoria industrial. 

Rappallini se crió en una familia ligada a la fabricación de cosméticos (Gigot) y que, en 1993, adquirió Cerámica Alberdi, una compañía proveedora de la industria de la construcción con plantas en Buenos Aires, Santa Fe y Salta. En esta última planta, el Sindicato Obreros Industrias Ceramista comenzó una huelga por la muerte de un trabajador de una empresa tercerizada, que tuvo un accidente mientras realizaba tareas de mantenimiento y fue ignorada por el personal jerárquico que decidió mantener la planta en funcionamiento.

Gigot y Cerámica Alberdi se unieron en el Grupo Alberdi, al que se sumó Alberdi Energía y Alberdi Desarrollos, dedicado a construir y gestionar parques industriales. “Un tipo que sabe lo que es pagar quincenas”, lo pintaron a Rappallini en su sector. 

El Consejo de la T

La lista de consenso que presentó la central fabril incluye a Alejandro Gentile, director de relaciones institucionales de Techint junto con otros cercanos a la compañía como David Uriburu –uno de los directores de la fabricante de aceros Ternium Argentina, firma insignia del Grupo Techint–, y Rodrigo Pérez Graziano, del grupo automotriz Stellantis. 

La lista del Comité Ejecutivo de la UIA se completa con referentes de empresas que históricamente estuvieron en puestos decisivos como Martín Cabrales o Modesto Magadán, de Arcor. También con Walter Andreozzi (industriales de Santa Fe), Roberto Arano (UIA de Tucumán), Mauricio Badaloni (Andesmar), Miguel Calello (software CESSI), Elio Del Re (metalúrgicos ADIMRA), Marcelo Domínguez Molet (autopartistas AFAC), Isaías Drajer (farmacéuticos CILFA), Claudio Drescher (textil CIAI), Gonzalo Fagioli (cervecería Quilmes), Eduardo Franciosi (CILFA), Diego Leal (UIA San Luis), Franco Mignacco (minera EXAR), Guillermo Moretti (Químicos de Santa Fe), Héctor Sellaro (Cámara del Calzado), Luis Tendlarz (textil), Daniel Urcía (frigoríficos), y Javier Viqueira (insumos electromédicos). A la vez, se excluye a históricos como Miguel Acevedo de Aceitera General Dehesa (AGD).

Brillan por su ausencia las mujeres –la única en la lista es Cecilia Rena, de Arcor– y miembros de la UIA Joven, que protagonizaron a fines del año pasado un enfrentamiento con la cúpula de la gremial empresaria, resultante en el espacio “Movimiento Industrial”, que lanzaron este año y ya cuenta con 80 integrantes dueños de empresas. 

NR/MG

El martes próximo, 29 de abril, será el último día de los cuatro años de mandato de Daniel Funes de Rioja al frente de la Unión Industrial Argentina (UIA). En su lugar asumirá Martín Rappallini, empresario bonaerense y hombre de Techint, quien llega junto a un Comité Ejecutivo con fuerte respaldo del grupo de la T. Con un frente externo tensionado por la suba de aranceles de Estados Unidos y un mercado interno golpeado por la apertura importadora y la recesión económica, Rappallini tiene por delante dos años de gestión desafiantes a cargo de la entidad fabril en los que deberá decidir si sigue con la bandera de la lucha por una rebaja impositiva o se permite ser crítico a la política económica de Javier Milei.

“Estoy apostando a que, con este recambio, se modifique la manera de relacionarse por parte de la UIA”, se entusiasma uno de los miembros del próximo Comité Ejecutivo de la entidad en diálogo con elDiarioAR, y agrega que la anterior gestión era “muy negociadora” en un contexto de extrema urgencia desde el punto de vista industrial. 

La estrategia del nuevo equipo, se estima, no será de confrontación, pero sí de imponer más la agenda. Cerca de la gestión actual, se justifican: “Se manifestó todo lo que no convencía y se trabajó en conjunto para lo que sí”, apuntó otra fuente. 

“Sabe lo que es pagar quincenas”

Rappallini llega con dos cartas a su favor: el contraste generacional y de trayectoria frente a su antecesor. Tiene 56 años contra los 79 de Funes de Rioja. Y a diferencia del abogado defensor de empresas y titular de la Cámara de Industrias de productos alimenticios COPAL, con carrera desde el escritorio, ostenta trayectoria industrial. 

Rappallini se crió en una familia ligada a la fabricación de cosméticos (Gigot) y que, en 1993, adquirió Cerámica Alberdi, una compañía proveedora de la industria de la construcción con plantas en Buenos Aires, Santa Fe y Salta. Se trata, justamente, de uno de los sectores más golpeados por el modelo económico de ajuste fiscal con fuerte recorte de obra pública y caída de la actividad.  

Gigot y Cerámica Alberdi se unieron en el Grupo Alberdi, al que se sumó Alberdi Energía y Alberdi Desarrollos, dedicado a construir y gestionar parques industriales. “Un tipo que sabe lo que es pagar quincenas”, lo pintaron a Rappallini en su sector. 

Una agenda indefinida

Rappallini tiene experiencia en representación gremial. Desde 2018, también de la mano de Techint, logró ocupar la silla principal de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). Desde allí, levanta la bandera de la baja impositiva y se pelea con el equipo de Axel Kicillof. 

Desde la UIA aún no dan detalles de la agenda que tendrá la nueva gestión, aunque mencionan la intención de hacer foco en la parte impositiva y laboral, con tratamiento especial para las pymes, incluso con la presentación de proyectos de ley. “Es un liberal, con una tendencia a plantear como principal problema no tanto la cuestión de la caída del consumo o la entrada de importaciones, sino que pone en primer lugar el tema impositivo. Y ahí coincide con la idea de Milei, aunque no con la práctica porque no les bajó ningún impuesto”, confiesa a este diario un empresario que conoce su trayectoria en la UIPBA.  

Una muestra gratis de cómo piensa Rappallini se puede recuperar durante el discurso inaugural de la 30ª Conferencia Industrial en noviembre del año pasado. Allí, planteó que para salir del estancamiento es necesario construir una industria productiva en un país competitivo, dejar atrás las distorsiones macroeconómicas, reducir la presión fiscal y modernizar las reglas laborales. Reivindicó el rol del empresariado nacional y reclamó igualdad de condiciones para competir con el mundo, señalando que sin un sector privado fuerte y pujante no hay desarrollo sostenible posible.

Sin embargo, su perfil no termina de encajar en el esquema de extrema liberalización actual. En teoría, su lista busca representar a los sectores pyme-industriales. En un esquema de “importación absoluta” como definen algunos industriales, Rappallini será protagonista de un momento crítico. Si la UIA opta por mantener su discurso clásico, o si se anima a discutir de verdad el modelo productivo, será una de las claves de este nuevo ciclo. 

El Consejo de la T

“Cuando los niveles de actividad están tan bajos y estamos invadidos por productos importados, los problemas y, por lo tanto, la agenda de las grandes y pequeñas empresas, es la misma”, resume en diálogo con elDiarioAR uno de los miembros del próximo Comité Ejecutivo de la entidad, en referencia a la fuerte incidencia de Techint en la dirigencia de la UIA.

Es que la lista de consenso que presentó la central fabril incluye a Alejandro Gentile, director de relaciones institucionales de Techint  junto con otros cercanos a la compañía como David Uriburu –uno de los directores de la fabricante de aceros Ternium Argentina, firma insignia del Grupo Techint–, y Rodrigo Pérez Graziano, del grupo automotriz Stellantis. 

Paolo Rocca, dueño del grupo, está “más industrialista”, dicen desde adentro. “Tiene un montón de proveedores pymes que necesita que estén activos porque sino no le funciona el negocio”, aseguran. Otras voces, más desconfiadas, no entienden el interés de Rocca por la industria nacional ahora que “su foco está en oil and gas”. 

Rocca, que durante todo el año fue uno de los principales defensores del rumbo libertario, en diciembre tuvo su momento de quiebre en público: en el seminario ProPymes, presionó tanto a Pablo Lavigne –secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía– sobre la apertura comercial y el impacto chino que el funcionario, acorralado, se excusó con un “Me tengo que rajar” ante un auditorio lleno de pequeños y medianos empresarios. 

La lista del Comité Ejecutivo de la UIA se completa con referentes de empresas que históricamente estuvieron en puestos decisivos como Martín Cabrales o Modesto Magadán, de Arcor. También con Walter Andreozzi (industriales de Santa Fe),  Roberto Arano (UIA de Tucumán), Mauricio Badaloni (Andesmar), Miguel Calello (software CESSI), Elio Del Re (metalúrgicos ADIMRA), Marcelo Domínguez Molet (autopartistas AFAC), Isaías Drajer (farmacéuticos CILFA), Claudio Drescher (textil CIAI), Gonzalo Fagioli (cervecería Quilmes), Eduardo Franciosi (CILFA), Diego Leal (UIA San Luis), Franco Mignacco (minera EXAR), Guillermo Moretti (Químicos de Santa Fe), Héctor Sellaro (Cámara del Calzado), Luis Tendlarz (textil), Daniel Urcía (frigoríficos), y Javier Viqueira (insumos electromédicos). A la vez, se excluye a históricos como Miguel Acevedo de Aceitera General Dehesa (AGD).

Brillan por su ausencia las mujeres –la única en la lista es Cecilia Rena, de Arcor– y miembros de la UIA Joven, que protagonizaron a fines del año pasado un enfrentamiento con la cúpula de la gremial empresaria, resultante en el espacio “Movimiento Industrial”, que lanzaron este año y ya cuenta con 80 integrantes dueños de empresas. 

NR/MC

Doce días después de que el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el préstamo número 23 a la Argentina, el ministro de Economía Luis Caputo aterrizará en Washington con los primeros resultados de la salida parcial del cepo cambiario que permitió el respaldo de U$S12.000 millones de desembolso inicial del acuerdo a las arcas del Banco Central. Con aire triunfal, también por el apoyo público al programa económico del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, evaluará los primeros pasos de la fase 3 del programa con la titular del organismo, Kristalina Georgieva, en el marco de las reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM). 

El encuentro tendrá un clima muy distinto al que mantuvieron ambos funcionarios durante la reunión anual de los organismos en octubre pasado, en el que Caputo aún buscaba fondos frescos y Georgieva lo recibió apenas 30 minutos en la planta baja de la sede del FMI. Esta vez, el equipo económico llega eufórico a la capital estadounidense: por una semana en la que el peso se acerca al piso del esquema de bandas cambiarias y con la afirmación de Bessent de que “estaría dispuesto” a ofrecerle una línea de crédito específica al Gobierno de Javier Milei si un shock global frena la recuperación.

Sin embargo, Caputo deberá mostrar también los primeros resultados para cumplir con las metas cuantitativas que exige el acuerdo de facilidades extendidas (EFF) —un superávit fiscal del 1,3% del PBI, US$9.000 millones más de reservas en 2025, y 0 emisión monetaria—. Es que el calendario de revisiones comienza en pocas semanas. En junio el staff del FMI tiene previsto iniciar el cumplimiento de las primeras metas pautadas para mayo, para transferir U$S2.000 millones más. La siguiente revisión está agendada para diciembre y, de ser exitosa, habilitará un desembolso de U$S1.000 millones. A partir de 2026 y hasta el 2029, las mismas serán trimestrales y habilitarán desembolsos de U$S4.000 millones. 

Noticias desde el DC

El equipo económico que acompañará al ministro estará integrado por Santiago Bausili (presidente del BCRA), José Luis Daza (secretario de Política Económica) y Pablo Quirno (secretario de Finanzas), un tridente fundamental durante la última negociación con el FMI. 

Pablo Quirno fue el primero en exponer tras confirmarse el acuerdo. Participó de un panel del G-24, donde advirtió sobre la volatilidad e incertidumbre global. Señaló que Argentina trabaja para recuperar credibilidad mediante una política fiscal conservadora. “No vamos a especular sobre cuándo la Argentina podrá recuperar el acceso a los mercados internacionales. Mientras tanto seguimos trabajando en ello, y vamos a respetar y pagar nuestras obligaciones como hemos hecho en los últimos 15 meses”, adelantó el funcionario marcando el camino hacia el próximo puente de dólares al que aspira el programa de Javier Milei.

Cómo sigue la agenda

El ministro Caputo mantendrá reuniones bilaterales con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, que visitó hace menos de un mes la Argentina; con la primera subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, y representantes de países de Europa y la India. También participará en una reunión paralela de los líderes financieros del G-20 y expondrá en un encuentro privado con inversores internacionales organizado por el banco J.P. Morgan, donde explicará los pilares del ajuste argentino y la sostenibilidad del plan.

Bausili se presentará el miércoles al mediodía en el panel “Argentina: desafíos y lecciones de la estabilización macroeconómica”, que moderará Rodrigo Valdés, director para América Latina del FMI que Javier Milei pidió desplazar de las negociaciones con Argentina. 

Quirno estará presente en el encuentro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, informó el Ministerio de Economía.

También viajarán otros miembros del gabinete, como Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación, que será parte de un panel sobre crecimiento económico en tiempos de incertidumbre, y Patricia Bullrich, titular de Seguridad Nacional, quien expondrá sobre los vínculos entre el crimen transnacional y la economía.

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