El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, viajaron este viernes a Catamarca, donde mantuvieron un encuentro con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez. Durante la jornada, los funcionarios firmaron acuerdos vinculados con obras de infraestructura y avanzaron en la delegación a Catamarca de la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales.

Uno de los principales puntos de la agenda fue la firma del convenio para poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta, un proyecto destinado a ampliar el acceso al agua potable y mejorar las condiciones para el desarrollo productivo en localidades del este de Catamarca y Santiago del Estero.

La visita había sido prevista originalmente para la semana anterior, pero debió postergarse debido a las condiciones meteorológicas que afectaban a la región.

Del encuentro también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria; el secretario de Coordinación de Infraestructura del Ministerio de Economía, Fernando Herrmann, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy.

Tras la firma de los acuerdos, Santilli y Caputo brindaron una conferencia de prensa junto a los mandatarios provinciales. El ministro de Economía destacó la importancia de avanzar en una agenda de trabajo con las provincias y sostuvo que uno de los objetivos de la gestión es fortalecer un modelo de gobierno federal.

“El objetivo de nuestro Gobierno es hacer un gobierno mucho más federal, que no esté centrado en Buenos Aires, sino que cada provincia tenga la posibilidad de explotar sus recursos y que esos recursos favorezcan a los gobernadores para que puedan generar más trabajo y dar una mejor calidad de vida a la gente”, afirmó Caputo.

Santilli, en tanto, aseguró que desde el Gobierno nacional trabajan para “corregir esas asimetrías” y sostuvo que buscan que “el Norte vaya hacia adelante fuertemente, en el marco del equilibrio que vivimos en nuestro país”.

Una obra para Catamarca y Santiago del Estero

La Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta contempla la construcción de dos plantas potabilizadoras y aproximadamente 50 kilómetros de acueductos. La obra alcanzará a unos 35.900 habitantes de Catamarca y Santiago del Estero. El proyecto será financiado mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y demandará una inversión estimada en $99.769 millones. El plazo previsto para su ejecución es de 36 meses.

Además de ampliar el abastecimiento de agua para los hogares, la infraestructura busca mejorar la disponibilidad del recurso para productores de una región que enfrenta dificultades estructurales para acceder al agua.

La iniciativa había sido solicitada formalmente por los gobiernos de Catamarca y Santiago del Estero al Gobierno nacional en enero de 2025. Durante ese año se avanzó con el proceso licitatorio internacional y se realizó la apertura de ofertas. Con la firma del convenio, Nación y las provincias quedaron en condiciones de avanzar en las distintas etapas para concretar el proyecto.

Santilli destacó que la obra se enmarca en la búsqueda de compatibilizar el desarrollo de infraestructura con el equilibrio de las cuentas públicas. “Equilibrio fiscal e infraestructura no son conceptos contrapuestos. La Argentina necesita infraestructura para crecer y desarrollarse, pero tenemos que hacerla de manera sostenible: con inversión del sector privado y financiamiento de los organismos multilaterales a tasas competitivas y a largo plazo”, sostuvo.

Durante la visita también se firmaron acuerdos para delegar en Catamarca la gestión integral de distintos tramos de rutas nacionales. La medida forma parte de una agenda que el Gobierno nacional viene desarrollando con diferentes provincias para avanzar en el mantenimiento y la ejecución de obras sobre rutas nacionales. El esquema ya tuvo antecedentes recientes con Santa Fe y San Juan y se suma a las conversaciones entre la Nación y los gobiernos provinciales en torno a la infraestructura y la distribución de recursos. En el caso de Catamarca, además, la agenda de trabajo incluye la discusión sobre deudas recíprocas entre el Estado nacional y la provincia.

Un nuevo acercamiento con los gobernadores

La presencia conjunta de Santilli y Caputo en Catamarca también se inscribe en el acercamiento que el Gobierno nacional busca profundizar con los gobernadores considerados dialoguistas. El jefe de Gabinete participó esta semana de un encuentro del Consejo Federal del Norte Grande en Misiones, donde se reunió con mandatarios de distintas provincias de la región. La agenda estuvo atravesada por reclamos vinculados con infraestructura, obras y subsidios.

La Casa Rosada busca fortalecer los vínculos con los gobernadores de cara a las negociaciones legislativas y a los proyectos que el Poder Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso. Entre las iniciativas que forman parte de esa agenda aparecen la reforma política, que contempla modificaciones vinculadas con las PASO, y cambios en la Carta Orgánica del Banco Central.

El acercamiento con las provincias también se desarrolla en paralelo a los contactos que el oficialismo comenzó a mantener con sectores del PRO con vistas a un eventual acuerdo electoral para 2027.

En ese escenario, la visita de Santilli y Caputo a Catamarca combinó una agenda institucional y de infraestructura con una señal política hacia los mandatarios provinciales. El objetivo planteado por el Gobierno nacional es avanzar en proyectos considerados prioritarios sin abandonar el equilibrio fiscal y mediante financiamiento de organismos multilaterales.

La jornada terminó así con acuerdos concretos para el desarrollo del Acueducto Albigasta y la transferencia de la gestión de determinados tramos de rutas nacionales, en el marco de una estrategia de la Casa Rosada para profundizar su relación con las provincias.

“Ahora van a ver La Odisea”, bromeó uno de los colaboradores cuando la reunión ya estaba por terminar. No hablaba de política, aunque la frase se prestaba demasiado bien para la interpretación. La 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande había transcurrido durante buena parte de la mañana en el hall de entrada del IMAX del Parque del Conocimiento de Posadas, con las puertas de las salas de cine a pocos metros de la mesa alrededor de la cual Diego Santilli y buena parte de los mandatarios de la región habían conversado durante casi dos horas. La referencia era literal: en el complejo se proyecta la película dirigida por Christopher Nolan. Pero el chiste tenía inevitablemente una segunda lectura.

El movimiento había comenzado bastante antes. Desde las 10 fueron llegando los gobernadores y representantes provinciales al enorme predio levantado en las afueras del centro de Posadas. A las 10.20 estaba prevista la fotografía institucional y alrededor de las 10.45 comenzó la reunión. Hugo Passalacqua ofició de anfitrión y Santilli llegó como representante de un Gobierno nacional que atraviesa una etapa en la que necesita bastante más de los mandatarios de lo que su discurso original estaba dispuesto a reconocer.

Pero antes de que se cerraran las puertas apareció la frase política más fuerte de la jornada. Gustavo Sáenz ni siquiera había entrado a la reunión cuando decidió meterse de lleno en la interna de la provincia que lo recibía. El gobernador de Salta habló con los periodistas presentes, respaldó explícitamente a Passalacqua y apuntó contra Carlos Rovira. “Se terminaron los capangas”, soltó.

Para los conocedores de la historia política reciente de Misiones, la elección de las palabras resultó especialmente sugestiva. Más de dos décadas atrás, el propio Rovira había apelado a una expresión casi idéntica cuando decidió romper con Ramón Puerta, el dirigente que había sido su padrino político y bajo cuyo liderazgo había llegado a la gobernación. En 2003, aquella rebelión terminó dando origen al esquema de poder que después el líder del otrora Frente Renovador de la Concordia conduciría durante más de veinte años.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puede gobernar un fantasma, un señor ingeniero que no lo conoce nadie”, sostuvo Sáenz. Y lanzó, irónico: “Yo le mandé un mensaje una vez pero nunca me contestó porque parece que estaba con los horarios cambiados, porque no vive acá”.

El gobernador de Salta cuestionó así al viejo conductor del oficialismo misionero prácticamente en la puerta de uno de sus monumentos. Es que la escena sumaba otra paradoja. Sáenz estaba a punto de ingresar a una de las obras que mejor condensan el legado de Rovira. El Parque del Conocimiento no es simplemente uno de los principales complejos culturales de Misiones. Es también una de las construcciones más ambiciosas de la era del exgobernador y uno de los proyectos con los que buscó dejar una marca que trascendiera su paso formal por el poder.

Inaugurado en el año 2007, Rovira lo concibió como una suerte de ciudad cultural, con grandes explanadas y distintos espacios conectados por recorridos internos. Ubicado a pocos metros del Aeropuerto general José de San Martín, el predio reúne espacios que a primera vista parecen difíciles de encontrar dentro de una misma institución: un teatro lírico, una biblioteca, centros de exposiciones, un observatorio astronómico y el IMAX donde se desarrolló la reunión, una sala de cine de gran formato y alta resolución, una de las dos que existen en el país.

La escala forma parte de la pretensión con la que fue pensado. También algunos detalles de su arquitectura. Uno de los más característicos es la extensa rampa ascendente que atraviesa la entrada del edificio principal. Quienes conocen la concepción original del complejo explican que la pendiente buscó representar el esfuerzo necesario para alcanzar el conocimiento: un recorrido progresivo hacia arriba antes de llegar a destino.

Durante la mañana, la rampa adquirió una utilidad bastante más terrenal. Al finalizar la reunión, Santilli se apartó allí para hablar por teléfono. El jefe de Gabinete quedó durante algunos minutos sobre la pendiente, celular en mano, mientras a pocos metros continuaba el movimiento de funcionarios y colaboradores. En una jornada pródiga en metáforas involuntarias, el hombre encargado de reconstruir el vínculo de la Casa Rosada con los gobernadores había elegido justamente la rampa del esfuerzo para atender una llamada.

La conversación a puertas cerradas se extendió hasta cerca de las 12.45. El contenido formal giró alrededor de la agenda que Nación y las provincias vienen negociando desde hace semanas, pero el dato político estuvo en la propia presencia de Santilli. Apenas seis días antes, varios de los gobernadores representados en aquella mesa habían vuelto a demostrar en el Senado que su acompañamiento a Javier Milei tiene límites.

El jefe de Gabinete llegó por eso con una tarea que excedía ampliamente los asuntos puntuales del temario: sostener abiertos los puentes con mandatarios cuyos votos el oficialismo necesitará para atravesar los próximos meses. La lógica es ahora bastante más pragmática. Antes de abrir nuevas batallas, el Gobierno quiere saber con qué apoyos cuenta y qué resistencias puede generar en las provincias.

Pasado el mediodía, la comitiva volvió a ponerse en movimiento. Después de la actividad en el hall central, gobernadores y funcionarios caminaron hacia otro sector del predio para cerrar la jornada con un almuerzo. El destino fue Sky, el restaurante ubicado dentro del Parque del Conocimiento, a pocos metros del observatorio astronómico.

Durante los primeros minutos, las puertas permanecieron abiertas y desde afuera pudo verse una de las imágenes políticas de la jornada: Passalacqua y Santilli sentados uno al lado del otro alrededor de la mesa. La escena quedó expuesta apenas unos minutos. Poco después, las puertas se cerraron y las conversaciones continuaron fuera del alcance de cámaras y periodistas.

PL/CRM

Desde temprano, el movimiento empezó a concentrarse alrededor del Parque del Conocimiento de Posadas. Uno a uno fueron llegando los gobernadores y representantes de las provincias del Norte Grande para participar de la 24ª Asamblea regional, con Hugo Passalacqua como anfitrión y una agenda cargada de reclamos por energía, infraestructura y recursos. La foto institucional estaba prevista para media mañana, pero buena parte de la política ya había empezado antes, entre saludos, conversaciones breves y la expectativa por la llegada del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Santilli aterrizó en Misiones con una misión que excedía la formalidad de acompañar una cumbre de gobernadores. La Casa Rosada viene de varios días de negociaciones intensas con las provincias y necesita sostener esos vínculos para avanzar con su agenda legislativa. Pero antes de sentarse a escuchar reclamos sobre rutas, tarifas y zonas cálidas, el funcionario dejó una definición que terminó atravesando buena parte de la jornada. “El esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme, es enorme, y eso hay que destacarlo”, dijo apenas llegó a Posadas.

La frase funcionó como reconocimiento y también como pedido de paciencia. Consultado por la demora en la recuperación del consumo, la actividad y los ingresos, Santilli defendió el rumbo económico, aunque admitió que la mejora todavía no alcanza a todos. “Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que fortalece los sectores productivos”, sostuvo.

El jefe de Gabinete reconoció además que el crecimiento es dispar. “Es un proceso de transformación del país donde se ven muchas industrias que crecen, otras que no. Nosotros estamos tratando de que la economía llegue a todos los sectores”, afirmó.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo faltaba para que esa recuperación se sintiera de manera generalizada, evitó poner una fecha. “Yo creo que va a llegar, yo creo que va a llegar”, respondió. Luego agregó que los cambios estructurales en otros países demandaron “tres, cuatro, cinco a siete años” y aseguró que Argentina ya comenzó a crecer, aunque todavía de forma desigual.

Las definiciones tuvieron un peso particular por el escenario en el que fueron pronunciadas. El Norte Grande concentra buena parte de los reclamos de las provincias por asimetrías energéticas, infraestructura y costos logísticos. Y Santilli llegó a Posadas convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y los gobernadores, justo cuando el oficialismo necesita sus votos para sostener la agenda que viene en el Congreso.

La advertencia más reciente había llegado la semana pasada, cuando el Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero debió resignar varios de sus capítulos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden acompañar a Milei, pero no están dispuestos a hacerlo a cualquier costo.

En ese contexto, uno de los temas que sobrevoló la reunión fue el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, las provincias del Norte Grande buscan aprovechar esa discusión para introducir su propio reclamo: un régimen específico para las denominadas zonas cálidas.

“Estamos discutiendo el tema de zonas cálidas, estamos trabajando con los gobernadores”, confirmó Santilli. La idea es avanzar sobre algún mecanismo que compense el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas, en paralelo con la discusión sobre los beneficios para las regiones que soportan inviernos más duros.

La energía ocupó también un lugar central en la agenda de la cumbre. Los gobernadores discutieron una Estrategia Federal Energética, con nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas, además de mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino.

Santilli sumó a esa lista la situación de las rutas nacionales. El jefe de Gabinete señaló que el nuevo esquema sobre más de 9.000 kilómetros de corredores viales ya comenzó a avanzar y estimó que algunos de los últimos tramos adjudicados podrían empezar a recibir trabajos entre fines de agosto y principios de septiembre.

La infraestructura sigue siendo uno de los puntos más sensibles en la relación entre Nación y las provincias. Desde el comienzo de la gestión libertaria, la Casa Rosada redujo fuertemente la obra pública nacional y trasladó buena parte de la responsabilidad hacia los distritos. Los gobernadores, en cambio, insisten en que rutas, corredores logísticos, acueductos y obras energéticas de gran escala no pueden depender únicamente de recursos provinciales.

Santilli buscó mostrar avances en esa relación. “La agenda que yo tengo de ellos casi el 90% está resuelta”, aseguró al referirse a los reclamos que recibió durante sus conversaciones con los mandatarios.

Interna misionera

La reunión también tuvo un condimento político inesperado por la interna misionera. Passalacqua recibió a sus pares en medio del proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante dos décadas principal conductor del oficialismo provincial.

Gustavo Sáenz decidió meterse de lleno en esa disputa apenas llegó a Posadas. El gobernador salteño respaldó explícitamente a Passalacqua y lanzó una de las frases más fuertes de la jornada contra Rovira. “Se terminaron los capangas”, afirmó al cuestionar los liderazgos que, según planteó, pretenden conducir una provincia por fuera de los cargos institucionales.

“Yo acompaño al gobernador que ha elegido la gente. No puedo acompañar a una persona que no conozco”, sostuvo Sáenz al ser consultado por Rovira.

La intervención del mandatario salteño llevó así la discusión local al centro de una reunión que, en principio, tenía una agenda predominantemente federal. Pero también reforzó un mensaje más amplio del Norte Grande: la necesidad de que las provincias coordinen posiciones frente a la Nación.

“Hay que juntarnos todos y pelear por nuestras provincias”, planteó Sáenz, y volvió sobre una crítica habitual de los gobernadores del interior: la tendencia de los gobiernos nacionales a tomar decisiones desde Buenos Aires sin contemplar las particularidades productivas y sociales de cada región.

Ese es justamente el terreno que Santilli intenta administrar. La Casa Rosada necesita evitar que el Norte Grande se transforme en un bloque de resistencia, pero los gobernadores saben que el oficialismo tampoco tiene los votos suficientes para prescindir de ellos. El resultado es una negociación cada vez más explícita en la que energía, rutas, infraestructura y legislación nacional se mezclan con la construcción política para 2027.

PL

Diego Santilli desembarcará este miércoles en Posadas con una misión que excede largamente la agenda formal del Norte Grande. Apenas unos días después de que los aliados provinciales le marcaran un límite al Gobierno en el Senado, el jefe de Gabinete se sentará frente a los gobernadores de una de las regiones que más reclamos acumula contra la Nación y cuyos votos la Casa Rosada necesita para sostener la agenda legislativa de Javier Milei.

La excusa institucional será la 24ª Asamblea de Gobernadores del Norte Grande Argentino, que reunirá en el Parque del Conocimiento de la capital misionera a mandatarios y representantes de las diez provincias que integran el espacio. Además del anfitrión Hugo Passalacqua —en pleno proceso de ruptura con Carlos Rovira, su histórico padrino político y durante más de dos décadas conductor indiscutido del poder provincial—, el bloque está compuesto actualmente por Raúl Jalil, de Catamarca; Leandro Zdero, de Chaco; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Gildo Insfrán, de Formosa; Carlos Sadir, de Jujuy; Ricardo Quintela, de La Rioja; Gustavo Sáenz, de Salta; Elías Suárez, de Santiago del Estero; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán.

La agenda comenzará a las 10 con la llegada de los gobernadores. Según informaron fuentes oficiales, a las 10.20 está prevista la fotografía institucional y a las 10.45 comenzará la asamblea. Los mandatarios atenderán a la prensa alrededor de las 12.45 y luego compartirán un almuerzo de trabajo.

El temario de la reunión contempla, entre otros puntos, el impacto que podría tener el fenómeno de El Niño y las herramientas de prevención y respuesta. Pero buena parte de la atención política estará puesta en el diálogo entre Santilli y los gobernadores.

Es que el jefe de Gabinete llegará a ese escenario convertido en uno de los principales encargados de recomponer los puentes entre la Casa Rosada y las provincias. Desde que asumió como ministro coordinador intensificó los contactos con mandatarios provinciales y comenzó a ocupar un lugar que para el Gobierno será cada vez más importante a medida que se acerque 2027: conseguir votos en el Congreso sin convertir cada negociación legislativa en una guerra con los mandatarios que después Milei necesitará para intentar reelegirse.

La advertencia más reciente llegó la semana pasada. El Gobierno consiguió la media sanción de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero tuvo que desprenderse de algunos de sus capítulos más ambiciosos frente a la resistencia de fuerzas provinciales. La modificación de la Ley de Tierras quedó afuera antes de la sesión y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego terminaron cayéndose en el recinto. Los aliados acompañaron, pero antes obligaron al oficialismo a podar el proyecto.

La experiencia dejó una enseñanza incómoda en Balcarce 50: los gobernadores pueden ayudar a Milei, pero no están dispuestos a acompañarlo a cualquier costo. La mesa política encabezada este martes por Karina Milei volvió sobre esa dificultad y empezó a ordenar la agenda que viene bajo una lógica bastante más pragmática. Antes de abrir una nueva batalla, habrá que saber cuántos votos existen y, especialmente, qué precio político puede tener para la relación con las provincias.

Uno de los temas que sobrevolará la reunión de este miércoles en Posadas será el régimen de Zonas Frías. El proyecto ya obtuvo media sanción en Diputados y el Gobierno pretende destrabar su tratamiento en el Senado después de las conversaciones que Santilli mantuvo con distintos mandatarios. En paralelo, el Norte Grande busca aprovechar la discusión para introducir su propio reclamo: si existen beneficios para las regiones que soportan bajas temperaturas, también debería contemplarse el mayor consumo energético de las provincias sometidas durante buena parte del año a calores extremos.

De allí surgió la negociación para avanzar con un régimen específico para las denominadas zonas cálidas. La hoja de ruta que comenzó a discutirse contempla dos movimientos simultáneos: conseguir la sanción definitiva de Zonas Frías y, como contrapartida, impulsar una iniciativa destinada a compensar el mayor consumo eléctrico durante los meses de altas temperaturas en el norte del país.

El planteo energético tendrá además un capítulo propio en la agenda oficial. Los gobernadores discutirán una Estrategia Federal Energética que contempla nuevas rutas y tarifas de transporte dentro del sistema de gas y mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la energía en el norte argentino. También volverán sobre uno de los reclamos más persistentes desde la llegada de Milei al poder: el financiamiento de infraestructura.

Para un Gobierno que hizo del recorte de la obra pública una de las primeras banderas de su ajuste, el tema nunca resultó cómodo. Para los gobernadores, en cambio, sigue siendo una de las principales monedas de negociación con la Nación. Rutas, acueductos, energía y obras inconclusas forman parte de una lista de demandas que Santilli viene escuchando provincia por provincia mientras intenta construir una relación menos áspera que la que caracterizó buena parte de la primera mitad del mandato libertario.

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La Casa Rosada y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, escenificaron este miércoles una nueva etapa en su relación política con la firma del convenio que transfiere a la provincia el control de la Ruta Nacional A012. Detrás del acto encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo, se condensó algo más que una decisión administrativa: el Gobierno concretó por primera vez el traspaso integral de una ruta nacional a una provincia y dio un nuevo paso en el modelo que Javier Milei impulsa desde el comienzo de su gestión, basado en el retiro de la Nación de la obra pública.

El acuerdo establece que Santa Fe administrará durante los próximos veinte años la A012, un corredor estratégico para el transporte de cargas y el acceso al complejo agroexportador del Gran Rosario, desde donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites. La provincia asumirá con recursos propios el mantenimiento, la conservación y la ejecución de nuevas obras sobre una traza cuyo deterioro venía siendo motivo de reclamos constantes. Según confirmaron desde la gobernación, los primeros trabajos comenzarán este mismo jueves.

En el Gobierno no ocultan que aspiran a replicar el mecanismo en otros distritos. De hecho, ya existen negociaciones avanzadas con Córdoba para transferir la concesión de la Ruta Nacional 19. La decisión también se complementa con el proceso de reducción de Vialidad Nacional, donde la administración libertaria impulsa retiros voluntarios y un repliegue progresivo de la estructura estatal encargada de ejecutar obras sobre la red vial.

La escena también reflejó la evolución del vínculo político entre Pullaro y la Casa Rosada. Después de un primer tramo de gestión marcado por los enfrentamientos por los recortes de fondos, ambas administraciones reconocen que la relación atraviesa un momento de mayor entendimiento. En Santa Fe atribuyen buena parte de ese cambio a la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete, desde donde asumió el rol de principal interlocutor con los gobernadores. “Hay mucho más diálogo y respuesta”, resumían este miércoles cerca del mandatario provincial.

En la gobernación también destacaban el papel que desempeñó Martín Menem para destrabar el acuerdo. Según explicaban, el presidente de la Cámara de Diputados insistió durante los últimos meses ante la Casa Rosada a partir de los reclamos que le transmitía la diputada nacional Gisela Scaglia, jefa del bloque Provincias Unidas. También reconocían las gestiones de Luis Caputo y la presión ejercida por la Bolsa de Comercio de Rosario, que convirtió el deterioro de la A012 en uno de los principales reclamos del sector productivo santafesino.

Pero el encuentro entre Karina Milei y Pullaro también se inscribe en una estrategia política más amplia que la secretaria general de la Presidencia viene desplegando con los gobernadores dialoguistas de cara a la segunda mitad del mandato. Después de un primer año atravesado por la confrontación abierta con las provincias, en Balcarce 50 comenzaron a imponerse los sectores que promueven una relación más pragmática con los mandatarios provinciales. La premisa es sencilla: sostener la gobernabilidad mediante la construcción de mayorías parlamentarias y evitar conflictos innecesarios con aquellos gobernadores que administran distritos donde La Libertad Avanza todavía no tiene una estructura capaz de disputar seriamente el poder.

En la Casa Rosada saben, además, que ningún gobernador está dispuesto a facilitar la reelección de Milei sin obtener algo a cambio. El reclamo combina dos condiciones: mayores recursos para las provincias y la garantía de que el oficialismo no impulsará listas competitivas que amenacen los oficialismos locales. En ese contexto comenzaron a aparecer los primeros gestos. Además del convenio firmado con Santa Fe, la semana pasada el Gobierno habilitó un adelanto financiero por $400.000 millones para Córdoba y liberó más de $25.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para Catamarca, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones, con el compromiso de sostener ese esquema de asistencia durante los próximos meses.

En paralelo, Santilli profundiza las conversaciones con los gobernadores alrededor de la reforma electoral que la mesa política encabezada por Karina Milei convirtió en su principal prioridad legislativa. La Casa Rosada considera que modificar el régimen de las PASO es una condición indispensable para la estrategia reeleccionista de Milei y, por eso, la discusión atraviesa todas las negociaciones que mantiene con las provincias. Aunque desde ambos gobiernos aseguraron que ese asunto no formó parte de la reunión de este miércoles con Pullaro, el oficialismo viene explorando distintas alternativas —desde la eliminación de las primarias hasta esquemas intermedios que reduzcan su obligatoriedad—, consciente de que cualquier reforma requerirá un delicado equilibrio entre los intereses electorales de la Nación y los de las provincias.

Mientras Santilli administra esas conversaciones, Karina supervisa un diseño político que combina dos velocidades. Allí donde La Libertad Avanza considera que tiene posibilidades reales de desplazar a los oficialismos provinciales, el objetivo sigue siendo construir una alternativa propia. En cambio, en los distritos donde el costo de una confrontación supera los beneficios, la estrategia pasa por explorar acuerdos de convivencia que permitan asegurar respaldo parlamentario, facilitar la agenda legislativa del Gobierno y llegar a 2027 con relaciones políticas estables.

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Terminó el paréntesis que impuso el Mundial y la Casa Rosada volvió este martes a concentrarse en su propia agenda. Encabezada por Karina Milei, la mesa política del Gobierno se reunió por primera vez tras la derrota de la Selección argentina en la final con un objetivo central: reorganizar la estrategia parlamentaria de La Libertad Avanza después del traspié sufrido la semana pasada en el Senado y aprovechar el receso invernal para reconstruir acuerdos antes de que el Congreso retome su actividad.

La reunión comenzó poco después de las 13 y juntó al núcleo duro del oficialismo. Además de la secretaria General de la Presidencia participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el armador nacional Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

Aunque el encuentro mantuvo el formato habitual de las últimas semanas, el contexto político cambió. La suspensión de la sesión en la que el oficialismo pretendía aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó al descubierto las dificultades del Gobierno para consolidar mayorías estables en el Senado y obligó a recalcular el cronograma legislativo para la segunda mitad del año. Con las comisiones paralizadas, en Balcarce 50 consideran que las próximas dos semanas serán determinantes para recomponer las conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas antes de volver al recinto.

El primer desafío llegará el 6 de agosto. Ese día, si las negociaciones prosperan, La Libertad Avanza buscará volver a la Cámara alta para intentar aprobar la iniciativa que modifica el régimen de expropiaciones, endurece los mecanismos para los desalojos y reforma distintos aspectos vinculados con la propiedad rural. Impulsado por Federico Sturzenegger y considerado prioritario por Javier Milei, durante la última sesión el oficialismo debió retirar el proyecto al advertir que no contaba con los votos necesarios.

Las mayores resistencias se concentraron en el capítulo referido a la venta de tierras a extranjeros, aunque distintos bloques también plantearon objeciones sobre otros cambios incorporados durante las negociaciones previas. El radicalismo y varios senadores alineados con gobernadores reclamaron modificaciones adicionales, mientras el oficialismo asegura haber avanzado en los últimos días para acercar posiciones. En cualquier caso, la convocatoria a una nueva sesión dependerá de que esas conversaciones terminen traduciéndose en apoyos concretos.

El traspié parlamentario también produjo un reordenamiento interno. Según pudo saber elDiarioAR, la Casa Rosada resolvió que el proyecto de Inocencia Fiscal inicie finalmente su recorrido legislativo por la Cámara de Diputados y no por el Senado, como se había evaluado inicialmente. La decisión fortalece el papel de Martín Menem en la negociación política y busca evitar un nuevo revés en la Cámara alta, donde el oficialismo volvió a comprobar las dificultades para ordenar a sus aliados.

Por su parte, el Ministerio de Economía presentará este miércoles las modificaciones a la Ley de Inocencia Fiscal, la iniciativa que un mes atrás quedó en el centro de la polémica tras conocerse que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa figuraban inscriptos. Los cambios al régimen simplificado de Ganancias eliminan los límites de ingresos y patrimonio establecidos en la ley vigente para ampliar el universo de contribuyentes que podrán adherir al esquema. La iniciativa será anunciada por el ministro Luis Caputo en una conferencia de prensa de la que también participarán representantes de distintas cámaras empresarias.

La agenda legislativa incluye además otros proyectos que el oficialismo pretende reactivar apenas concluya el receso. Entre ellos aparecen la denominada Ley Hojarasca, también impulsada por Sturzenegger, que propone derogar o modificar alrededor de setenta normas consideradas obsoletas por el Ejecutivo; la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, redactada personalmente por Milei junto al presidente de la entidad, Santiago Bausili , y orientada a impedir cualquier forma de financiamiento monetario del Tesoro; y los cambios al régimen de Zona Fría.

En paralelo, la discusión sobre la reforma electoral continúa empantanada. La eliminación definitiva de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sigue sin reunir los consensos necesarios y, por ese motivo, el oficialismo volvió a concentrarse en una alternativa más gradual: suspender las primarias únicamente para las elecciones de 2027.

Milei volvió a dejar en claro en las últimas horas que su objetivo de fondo sigue siendo la derogación. En una entrevista con LN+, el Presidente calificó a las PASO como “un invento de Néstor Kirchner” para resolver problemas internos de la política “haciéndole pagar una encuesta uno a uno a todos los argentinos”. “Mi posición histórica con respecto a las PASO siempre fue que no deberían existir”, sostuvo. Además, argumentó que una excesiva cantidad de elecciones termina deteriorando la participación ciudadana. “Si usted hace votar cinco o seis veces en un año a la persona, se empiezan a saturar del sistema y cada vez la participación es menor”, afirmó.

El principal obstáculo de Milei continúa siendo político. Varios gobernadores y dirigentes de la UCR y del PRO reclaman definiciones sobre la estrategia electoral de La Libertad Avanza en sus provincias antes de acompañar cualquier modificación del calendario electoral. Temen respaldar una reforma que termine beneficiando a un oficialismo nacional que luego decida competirles con listas propias en sus distritos.

Ese escenario también ocupó buena parte de la reunión de este martes. Santilli y “Lule” Menem quedaron a cargo de profundizar durante las próximas semanas las conversaciones con gobernadores y referentes provinciales para explorar acuerdos tanto legislativos como electorales. La continuidad de esa ronda de contactos llegará este mismo miércoles, cuando la Nación firme con Santa Fe el convenio para el traspaso de obras viales en un acto encabezado por Santilli, Karina Milei y el gobernador Maximiliano Pullaro.

Será la segunda reunión de alto nivel con un mandatario provincial en apenas tres días, luego del encuentro que el jefe de Gabinete mantuvo el lunes con el correntino Juan Pablo Valdés. En la Casa Rosada ya asumen que las negociaciones por la agenda parlamentaria y las conversaciones de cara al calendario electoral quedaron definitivamente entrelazadas: el respaldo que los gobernadores ofrezcan a las reformas impulsadas por Milei pesará cuando llegue el momento de definir alianzas para el año que viene.

PL/MG

“Esta es la nueva normalidad que necesitábamos”, suspira, satisfecho, un peso pesado del PRO mientras escucha la conferencia de prensa de Adrián Ravier en la pantalla de LN+. El nuevo vocero está diciendo que el desembarco de Diego Santilli inaugura una nueva etapa del Gobierno y que la alianza con el PRO y la UCR es clave para avanzar con las reformas estructurales que necesita el país. A unos kilómetros, un representante de los gobernadores del Norte suspira y dice que, con Santilli en la Jefatura de Gabinete, la conversación con el Gobierno cambia de tono, que solo lo tienen que dejar ser. Que con esta nueva normalidad Javier Milei puede reelegir.

El Gobierno, fundamentalmente el ala que responde a Karina Milei, alimenta los rumores esperanzadores, los infla y los reproduce. Los gobernadores son los primeros en replicarlos, ya que conocen a Santilli hace años. Les agrada, a diferencia de Adorni, a quien no podían ni ver. “Llegó la casta”, resume, con maldad, una primera línea libertaria que se ganó el odio de los hermanos Milei.

Por fuera del ámbito de influencia de Karina, sin embargo, la épica oficial choca contra la realidad. El oficialismo no puede abrir las puertas del Congreso. Patricia Bullrich intentó sesionar en el Senado y no solo se chocó con la resistencia de Victoria Villarruel y el peronismo, sino con los aliados que, minutos antes, estaban celebrando la expulsión de Manuel Adorni. Intentó convocar una sesión para la semana próxima y los tres sectores –Villarruel, aliados, peronismo– le dijeron que era mejor esperar. Adorni ya no estaba, pero el Senado continúa resistiéndose a acomodarse a esta nueva normalidad.

Karina fijó dos prioridades para esta nueva etapa del Gobierno, la modificación del régimen de Zonas Frías y la reforma electoral, y ninguna de las iniciativas tiene aún los votos. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que Bullrich ya intentó aprobar tres veces y fracasó, sigue recibiendo modificaciones todos los días. Santilli se reunió el miércoles con los jefes de bloque aliados y pidió 15 días para organizar la discusión. No tuvo el recibimiento cálido que esperaba.

“Yo apuro para sesionar no tengo”, deslizó, indiferente, uno de los principales interlocutores del Gobierno en el Senado después de abandonar la reunión.

¿Terminó la crisis?

La imagen de Javier Milei recuperó casi ocho puntos de imagen positiva en el último mes, según la mayoría de las encuestas que circulan por los despachos de Casa Rosada y del peronismo. Después del derrumbe catastrófico de abril, que fue cuando se filtró el video de Adorni subiéndose un avión privado para viajar a Punta del Este, la imagen de Milei comenzó un proceso de recuperación. La expulsión de Adorni y la designación de Santilli, en ese sentido, apenas significaron un repunte de unos puntos.

“El Gobierno necesitaba hacer un corte, sobre todo por cómo la gente empezaba a narrar el Gobierno. Hubo un cisma: el Gobierno tuvo un antes y un después de Adorni. Hay algo de la esencia del Gobierno que cambió”, grafica la consultora Shila Vilker, directora de TresPuntoZero, quien señala que la designación de Santilli consolidó ese cambio de identidad: “El gobierno anti casta, el gobierno anti político se terminó. Ya no está el ADN básico de origen: hoy lo que queda es la política descarnada”.

Según el tracking mensual que elabora TresPuntoZero, la imagen del Gobierno alcanzó un pico de imagen positiva del 49% en noviembre, después de las elecciones, y se derrumbó en abril, cuando llegó a su piso del 33%. En los últimos meses, la imagen del Gobierno repuntó hasta llegar al 40%. Si bien hay unos 10 puntos que nunca recuperó, Vilker advierte que Milei está bien posicionado de cara a 2027: “El Gobierno está en un proceso de recuperación, Milei todavía tiene capacidad para decir algo del futuro”.

Pero hay algo más: la clave del repunte de la imagen de Milei, que es moderada en comparación a las expectativas que se esgrimen de Casa Rosada, radica menos en la percepción del Gobierno que en lo que hay del otro lado. Para la mayoría de los consultores, incluso los que trabajan con el peronismo, la mayor fortaleza del Presidente no es la imagen de Milei ni de su gestión –que tiene una percepción mayoritariamente negativa–, sino que no existe hoy una alternativa capaz de disputarle el poder en 2027.

“Vos tenés hoy que el 56% de las personas consultadas dice no estar de acuerdo con lo que dice Milei y que cree que hay una alternativa mejor. ¿Eso significa que pierde las elecciones? Bueno cuando te fijas qué hay en ese 56% te das cuenta que está disperso”, explica el consultor Raúl Timerman, director de La Sastrería, que advierte: “Hoy Milei no tiene con quien perder. No está construido todavía el espacio que le pueda ganar a Milei”.

Es la oposición, estúpido

En el Gobierno lo saben y es por eso que la prioridad de Santilli desde que asumió es la reforma electoral. Sin PASO y con el peronismo arrasado por una interna fraticida entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, las chances de ganar en primera vuelta crecen exponencialmente. Karina Milei ya no esconde su interés en cerrar acuerdos electorales en distintos distritos y apuesta a presentar un frente de derecha unificado alrededor de la imagen de Milei. “La única prioridad es la reelección de Javier”, repite, como un mantra, la hermana presidencial en todas las reuniones.

El peronismo, en cambio, coquetea con la ruptura. “Antes que quede Kicillof, el peronismo va en dos listas”, aseguró, la semana pasada, el novedoso lanzallamas de La Cámpora, Guillermo Moreno, quien pasó de decir que “los pibes de La Cámpora no saben laburar” a ocupar el primer lugar en el acto organizado por Máximo Kirchner en Parque Lezama. El cristinismo está en la búsqueda de un candidato que le permita desafiar a Kicillof, a quien ya han catalogado oficialmente de “traidor”, y está decidido a utilizar la bandera de “Cristina presidenta” para disputar el voto kirchnerista en la Provincia de Buenos Aires.

Frente a este escenario, hay otra figura que amenaza con lanzarse: Sergio Massa. El ex ministro de Economía, que no volvió a levantar el perfil desde que perdió el ballotage contra Milei, está decidido a comenzar a recorrer la Provincia de Buenos Aires una vez que finalice el Mundial. En su entorno están convencidos de que Massa tiene menos imagen negativa que Kicillof y Cristina y que, a su vez, los duplica en imagen neutra. Eso lo vuelve presidenciable.

“Esta es una elección que, como en Colombia o Perú, se decide por 50 mil votos. Gana quien logre convencer a ese sector del electorado del medio que no se inclina por los polos de izquierda o derecha”, explica un veterano consultor que trabaja, hace años, en las campañas del peronismo.

El peronismo comparte con el Gobierno que la clave de la elección será ganar en primera vuelta. Gana, explican en ambos lados de la grieta, quien consiga fracturar al adversario sin romper su propio electorado.

“El problema somos nosotros. Estamos en el mismo escenario que la elección del 23’: podemos ganar en primera vuelta si vamos unidos. Pero si vamos al ballotage, y se produce el summum de la polarización, ahí ya se abre otro escenario”, pronostica un peso pesado del peronismo bonaerense.

MCM/MG

¿La Libertad Avanza debe intentar quedarse con las gobernaciones o le conviene convertir a los mandatarios provinciales en socios de la reelección presidencial de Javier Milei? Esa pregunta, que hace apenas unos meses parecía prematura, empezó a ordenar buena parte de las conversaciones de la mesa política del Gobierno, que anhela salir del atolladero en la que la dejó el caso Adorni. A medida que se acerca 2027, el oficialismo enfrenta un dilema que excede largamente el calendario electoral: construir poder territorial propio o administrar una red de alianzas con quienes hoy gobiernan las provincias.

La discusión supone, además, un cambio de paradigma para el propio mileísmo. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei hizo exactamente lo contrario de lo que durante décadas había recomendado el manual de la política argentina. Recorrió relativamente poco el país, sin un partido nacional, apoyado en una alianza de sellos de goma, sin gobernadores, sin intendentes y con armados provinciales que, en muchos casos, terminaron de cerrarse apenas semanas antes de la elección. En varios distritos obtuvo resultados extraordinarios sin haberlas visitado durante la campaña y, en algunos casos, tampoco volvió a hacerlo una vez convertido en Presidente. La elección pareció demostrar que era posible conquistar el poder sin estructura territorial.

Ese razonamiento, sin embargo, tenía un límite evidente. Una cosa era ganar una elección presidencial apoyado casi exclusivamente en la figura del candidato y otra muy distinta gobernar un país federal siendo una fuerza claramente minoritaria en el Congreso. La experiencia de estos primeros años terminó modificando varias de las certezas originales del oficialismo. Cada ley importante obligó a negociar con gobernadores que, durante la campaña, parecían formar parte de esa “casta” que Milei prometía dejar atrás.

La necesidad parlamentaria, sin embargo, no eliminó otra ambición que empezó a crecer silenciosamente dentro del karinismo. Mientras la gobernabilidad era garantizada, Karina Milei aprovechó el tiempo para construir un partido nacional capaz de disputar el poder en cada distrito. Afiliaciones, escuelas de formación, incorporación de dirigentes, desembarco de referentes jóvenes y armado de mesas políticas provinciales comenzaron a multiplicarse en paralelo a las negociaciones legislativas. Para comprenderlo, vale la pena tomar algunos ejemplos.

Córdoba

Córdoba concentra hoy una de las discusiones más delicadas del oficialismo. Durante meses convivieron dos hipótesis: aprovechar el buen vínculo que Martín Llaryora mantiene con la Casa Rosada para explorar algún entendimiento político o avanzar con una candidatura libertaria propia que disputara la gobernación. En los últimos días, el diputado Gabriel Bornoroni se encargó de inclinar la balanza. Al anunciar públicamente que La Libertad Avanza tendrá candidato propio en 2027, envió un mensaje tanto hacia adentro de la oposición como hacia el peronismo provincial: la prioridad seguirá siendo la reelección de Javier Milei, pero eso no implicará resignar la pelea por el poder en Córdoba.

La definición también reordenó el tablero opositor. Sin confirmar si será él quien encabece la boleta, Bornoroni dejó prácticamente descartada la posibilidad de ceder el primer lugar de la fórmula a dirigentes aliados como Luis Juez o Rodrigo de Loredo. El mensaje cayó en un momento de creciente tensión con el radicalismo, después de que el diputado libertario profundizara el acercamiento a intendentes radicales que comenzaron a abandonar la órbita de De Loredo para sumarse al armado violeta. En paralelo, dentro de la coalición opositora ya dan por descontado que, si el candidato termina siendo Bornoroni, el resto de los espacios deberá redefinir su estrategia en función de esa decisión.

Eso no significa que hayan desaparecido los puentes con el llaryorismo. El gobernador mantiene uno de los vínculos más fluidos con la Casa Rosada y las negociaciones legislativas alimentaron durante meses las versiones sobre un posible entendimiento que incluyera el respaldo cordobés a la agenda parlamentaria del Gobierno a cambio de una competencia menos agresiva en la provincia. Sin embargo, en Balcarce 50 aseguran que hoy prevalece otra mirada: Córdoba fue uno de los distritos donde Milei obtuvo sus mejores resultados y renunciar a disputar la gobernación enviaría una señal de debilidad incompatible con la ambición territorial que Karina Milei busca imprimirle a La Libertad Avanza.

Santa Fe

Si Córdoba representa el debate, Santa Fe parece haber tomado una decisión. Allí la conducción de Romina Diez ya trabaja con la premisa de que La Libertad Avanza debe disputar directamente la gobernación en 2027 y convertir a la provincia en uno de los principales objetivos electorales del oficialismo. Después del buen desempeño obtenido en las elecciones de 2025, el espacio empezó a convencerse de que el sello libertario tiene volumen suficiente para competir por el poder provincial sin necesidad de integrarse a una coalición más amplia.

La diputada nacional conduce una mesa política que responde de manera directa a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, quienes intervienen en las principales definiciones del armado. A su alrededor se consolidó un núcleo de dirigentes integrado, entre otros, por el diputado Agustín Pellegrini, el titular del PAMI Rosario, Guido Orlandi, el apoderado partidario Marcos Peyrano y referentes territoriales que comenzaron a extender la presencia libertaria hacia las principales ciudades de la provincia.

En paralelo, el espacio también impulsa la construcción en universidades y centros de estudiantes, una estrategia que el karinismo considera clave para consolidar una nueva generación de cuadros políticos. La prioridad, repiten cerca de Diez, es consolidar primero un partido propio. Las alianzas, si llegan, serán una discusión posterior. El objetivo inmediato es construir una alternativa capaz de disputarle el poder a Maximiliano Pullaro.

Entre Ríos

En Entre Ríos, la prioridad de La Libertad Avanza no pasa todavía por definir candidaturas, sino por terminar de ordenar una estructura que durante buena parte de 2025 estuvo atravesada por fuertes disputas internas. Bajo la conducción del diputado provincial Roque Fleitas, principal referente libertario en la provincia y hombre de confianza de la mesa nacional, el espacio busca cerrar definitivamente una etapa marcada por conflictos que terminaron demorando la consolidación del partido.

El caso más emblemático fue el de Concordia, el segundo distrito electoral de la provincia, donde la elección partidaria terminó judicializada y dejó al espacio prácticamente acéfalo durante más de un año, obligando incluso a la intervención de Karina Milei para intentar desactivar el conflicto. Después de meses de enfrentamientos, los sectores que encabezaban Ignacio Cabrera y Eduardo Beswick comenzaron a negociar una conducción de unidad con el aval de la conducción provincial y de la mesa nacional. El objetivo es dejar atrás una interna que consumió buena parte de las energías del partido y llegar al año electoral con una representación legítima, capaz de contener a las distintas líneas internas y proyectar una estrategia común.

Recién una vez resuelta esa etapa aparecerá la discusión política de fondo: si conviene competir en soledad o, como ocurrió en 2025, explorar un entendimiento con el gobernador Rogelio Frigerio, uno de los mandatarios provinciales con mejor vínculo con la Casa Rosada. Nadie descarta ninguna alternativa. De hecho, la posibilidad de un acuerdo sigue sobre la mesa, pero en el oficialismo repiten que antes de negociar con otros partidos necesitan ordenar el propio.

Tucumán

La conducción de La Libertad Avanza en Tucumán decidió cerrar de antemano cualquier especulación sobre un eventual entendimiento con el gobernador Osvaldo Jaldo, uno de los mandatarios peronistas que más acompañó al Gobierno en el Congreso. El presidente del partido en la provincia, Lisandro Catalán, fue terminante al descartar esa posibilidad y sostuvo que el objetivo del espacio es construir una alternativa capaz de gobernar la provincia, no negociar lugares dentro del esquema político existente.

Con esa premisa, el exvicejefe del Interior anunció que en los próximos meses presentará una propuesta integral de gobierno para la provincia y para cada uno de sus municipios, en una estrategia que busca correr el eje de la discusión electoral hacia un proyecto de gestión propio. Al mismo tiempo, abrió las puertas a dirigentes provenientes del radicalismo, el PRO e incluso del peronismo, aunque con una condición: que acepten incorporarse al proyecto libertario sin exigir candidaturas como condición de ingreso. “Eso de 'me sumo si me toca algo' es exactamente lo que queremos desterrar”, resumió recientemente.

Las definiciones también alcanzaron a los posibles aliados. Catalán no descartó conversaciones con otros espacios opositores, como Fuerza Republicana, de Ricardo Bussi, pero aclaró que cualquier entendimiento deberá preservar la identidad de La Libertad Avanza. La única puerta que el oficialismo provincial considera definitivamente cerrada es la que conduce a Jaldo. “Representa al peronismo que gobierna hace más de cuarenta años la provincia. Nosotros venimos a revertir ese proceso”, argumentó en una entrevista con el sitio Sin Letra Chica.

Río Negro

Con el senador Enzo Fullone convertido en el principal armador de la provincia y en contacto permanente con la Casa Rosada, La Libertad Avanza de Río Negro viene incorporando dirigentes de otros espacios para ampliar su base territorial. La afiliación del diputado nacional Aníbal Tortoriello, ex candidato a gobernador por el PRO y uno de los dirigentes con mayor nivel de conocimiento en la provincia, terminó de despejar una de las discusiones internas que atravesaban al espacio y reforzó la idea de competir con un candidato propio en 2027.

La estrategia responde a la lógica que impulsa Karina Milei en buena parte del país: fortalecer primero el partido y resolver después las candidaturas. Aunque Tortoriello aparece hoy como uno de los nombres mejor posicionados para enfrentar al oficialismo de Alberto Weretilneck, tampoco se descarta que el propio Fullone dispute esa postulación. Más allá de quién termine encabezando la boleta, en el oficialismo aseguran que el objetivo no es cerrar un acuerdo con el gobierno provincial sino consolidar una alternativa libertaria capaz de disputar el poder después de más de una década de predominio de Juntos Somos Río Negro.

Misiones

Misiones aparece, quizás, como el laboratorio más avanzado del proyecto territorial que impulsa Karina Milei. La secretaria general de la Presidencia desembarcó este fin de semana en Posadas para inaugurar la Escuela de Dirigentes de La Libertad Avanza, una iniciativa que trasciende largamente la formación política y funciona como una señal del lugar que la conducción nacional le asigna a la provincia dentro del mapa electoral de 2027. El objetivo no es solamente capacitar militantes, sino acelerar la consolidación de una estructura permanente que permita al partido competir en cada uno de los 79 municipios misioneros.

La apuesta libertaria coincide, además, con un momento de transición para el oficialismo provincial. Después de más de dos décadas de hegemonía política, el espacio que conduce Carlos Rovira atraviesa una reconfiguración interna que quedó reflejada en el lanzamiento de Encuentro Misionero, la nueva identidad con la que el histórico Frente Renovador de la Concordia busca administrar la sucesión y ordenar sus propias tensiones. En la Casa Rosada siguen de cerca ese proceso y creen que las diferencias que empezaron a aflorar dentro del rovirismo podrían abrir una oportunidad inédita para una oposición que, hasta hace pocos años, parecía condenada a disputar apenas un puñado de bancas legislativas.

En ese contexto, tanto el presidente provincial de La Libertad Avanza, Adrián Núñez, como el diputado nacional Diego Hartfield salieron en las últimas semanas a despejar cualquier especulación sobre un eventual acuerdo con el oficialismo. Ambos rechazaron de manera terminante la posibilidad de una alianza con Encuentro Misionero y sostuvieron que la tarea encomendada por Javier y Karina Milei consiste precisamente en construir una alternativa liberal propia. “Tenemos muy buenos candidatos y pueden aparecer más outsiders”, aseguró Núñez, quien incluso se excluyó de la carrera por la gobernación para concentrarse en el armado partidario.

Formosa

Después de meses de tensiones internas, renuncias y acusaciones cruzadas sobre supuestos vínculos con el oficialismo provincial, La Libertad Avanza de Formosa inició una etapa de reordenamiento con la llegada de Marión Rodríguez a la conducción partidaria y el fortalecimiento del liderazgo del diputado nacional Atilio Basualdo, considerado por la Casa Rosada como el principal referente libertario en la provincia.

La renovación de autoridades busca cerrar definitivamente una interna que expuso las dificultades de construir un partido nuevo en un territorio dominado desde hace décadas por el peronismo de Gildo Insfrán. La salida del entonces presidente partidario, Esteban López Tozzi, quien justificó su alejamiento denunciando que algunos sectores pretendían mantener acuerdos con el oficialismo provincial, terminó acelerando esa reorganización.

Objetivo 2027

En la Casa Rosada empezó a consolidarse una lectura. El desgaste de muchos oficialismos provinciales, algunos después de décadas en el poder, abrió una oportunidad que La Libertad Avanza cree que puede aprovechar. El antecedente de 2023 sigue muy presente entre los estrategas libertarios: fue el año con mayor cantidad de elecciones desdobladas de la historia reciente y, al mismo tiempo, uno de los que registró más derrotas de gobiernos provinciales. Separar los comicios locales de la elección presidencial dejó de ser una garantía de supervivencia política. Para el karinismo, esa tendencia podría profundizarse en 2027.

Sobre ese telón de fondo se montó la negociación que hoy encabeza el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, con los gobernadores. El objetivo inmediato es reunir los votos para suspender las PASO, una reforma que el Gobierno considera prioritaria de cara a los futuros comicios. Pero la conversación excede largamente las primarias. La propuesta oficial incluye rehabilitar las listas colectoras para la categoría presidencial, un mecanismo que permitiría a distintos mandatarios acompañar la candidatura de Milei sin necesidad de integrarse formalmente a La Libertad Avanza ni resignar el control de sus estructuras provinciales.

Después del Mundial comenzará, en los hechos, la carrera hacia el año que viene. Para Milei, ya no se trata solamente de volver a ganar una elección presidencial, sino de transformar un fenómeno político construido alrededor de un liderazgo personal en una organización capaz de sobrevivirle. La discusión sobre las gobernaciones, en el fondo, habla del intento de La Libertad Avanza por dejar de ser una fuerza que gobierna desde la Casa Rosada para convertirse, por primera vez, en un partido con poder territorial propio. Si logra alcanzarlo, solo el futuro lo dirá.

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“Esta es una guerra fratricida, y Karina va a ser quien entierre a Milei”. La frase de un histórico operador peronista del Norte, aliado del Gobierno, no refiere ni a la pelea de la hermana presidencial con Patricia Bullrich ni tampoco al escándalo patrimonial de Manuel Adorni. Refiere a la negociación política con las provincias. Los gobernadores están dispuestos a ordenarse detrás de la lógica del palo sin zanahoria que impera en las negociaciones políticas con el Gobierno por unos meses más. Pero no para siempre: exigen que Karina se comprometa a no intervenir, como en 2025, en sus provincias, y advierten que el tiempo se acaba. 

La discusión que Luis Caputo tuvo con Karina Milei hace más de un mes, desmentida en público por el ministro de Economía pero reconocida en privado por el resto de los participantes de la reunión, volvió a irrumpir con furia en Casa Rosada. Primero fue “Toto” Caputo, luego fue Bullrich y ahora empiezan a reclamarlo, como el año pasado, las golpeadas fuerzas del cielo que responden a Santiago Caputo: si Milei sueña con reelegir, tendrá que cerrar un acuerdo con los gobernadores. 

Ya lo empezaron a advertir los mandatarios aliados, como los norteños Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) o los radicales como Alfredo Cornejo (Mendoza). Piden más obra pública, piden fondos, piden adelantos de coparticipación. Negocian su acompañamiento casi ciego en el Congreso a cambio de la promesa –a veces es solo eso, una promesa– de que al final del mes llegará un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) que permitirá cubrir los sueldos provinciales de ese mes. 

Con Diego Santilli simulan dureza. En el último encuentro, cuando se reunieron en el CFI, el ministro del Interior intentó seducirlos para que acompañaran la reforma electoral que se encuentra trabada en el Senado. Volvió a insistir con la eliminación de las PASO –no la eliminación de la obligatoriedad, como viene impulsando el PRO, sino la eliminación de todas las primarias–, pero los gobernadores le respondieron con un pliego de demandas. 

A los gobernadores peronistas y radicales no les conviene eliminar las PASO, que funcionan como grandes ordenadoras de la oposición en tiempos de disgregación política. Con el apoyo del PRO, que tampoco quiere regalarle a Karina el control absoluto de la lapicera, los mandatarios han logrado sostener su resistencia. En el karinismo responsabilizan a Bullrich por no poder arribar a un acuerdo para avanzar con la reforma total: no creen que sea un tema de números, sino que es la propia senadora la que boicotea la negociación. 

La reforma electoral es el único proyecto que al Gobierno le interesa aprobar este año, por lo que la hermana presidencial no cederá en la discusión: es eliminación de las PASO o nada. Y los gobernadores advierten que, si la hermana presidencial realmente presiona, no habrá espacio para resistirse. “El federalismo no existe, este es un país unitario. Yo no quiero eliminar las PASO, pero si de repente hacen como en ‘Zonas Cálidas’ y ofrecen plata, ¿qué voy a hacer? Somos una provincia chica, es la única manera que tenemos de pagar los sueldos”, admite una de las manos derechas de Raúl Jalil. 

Ya empezaron a aparecer grietas en el muro de contención: entre los mandatarios del norte comenzó a hablarse de la posibilidad de suspender las PASO. Un punto intermedio –similar al que se llegó el año pasado con la suspensión de las primarias para las elecciones de medio término– que parte de la necesidad de supervivencia política de las provincias en un contexto de asfixia financiera y de caída de la recaudación. Hasta ahora, el Gobierno ha logrado ordenar a los gobernadores con este mecanismo, pero esta estrategia tiene fecha de vencimiento: después del Mundial, los gobernadores empezarán a demandar respuestas políticas. No solo económicas. 

Después del Mundial, los gobernadores querrán saber si Milei, en el caso de que se mantenga firme en las encuestas y Donald Trump no sufra una grave derrota en las elecciones, estará dispuesto a llegar a un acuerdo político. 

Pragmatismo o construcción nacional

En el Gobierno se reedita la discusión de 2025, cuando Santiago Caputo le discutía a Karina Milei que no había que armar listas en todas las provincias, sino que había que priorizar los acuerdos políticos con los gobernadores para sostener su apoyo en el Congreso. El caputismo argumentaba que no tenía sentido organizar La Libertad Avanza en las provincias solo para perder la batalla y, luego, enemistarse con el gobernador. La pelea, sin embargo, la ganó Karina, quien insistió en construir listas propias en todos los distritos y terminó llevandose el triunfo en gran parte del país. 

El 2027 será distinto. El Gobierno llegará más golpeado y con mayor necesidad de enviar mensajes de gobernabilidad, especialmente si el resultado de las elecciones norteamericanas no es favorable para los republicanos. En un escenario de debilidad, el Gobierno querrá sentarse a negociar. Y en el karinismo no le cierran la puerta a esa posibilidad: la secretaria de la Presidencia, insisten, siempre fue pragmática.

“Nosotros tenemos que llegar a 2027 con una estructura armada y sólida. A los partidos preparados, con diálogo con el territorio, con presidentes del partido que sean conocidos, por si hay que competir. Después se definirá provincia a provincia en base a lo que convenga”, explican cerca de Martín y Lule Menem, los armadores de la hermana presidencial en el territorio. Karina apuesta, incluso, a poner a Martín Menem en la boleta presidencial: no confía en nadie más para ese lugar. 

Algunas conversaciones están más avanzadas que otras. En Casa Rosada admiten que hay principios de acuerdo con Cornejo en Mendoza, con Leandro Zdero en Chaco y con Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Otras alianzas son más sutiles, como con Sáenz en Salta o Carlos Rovira en Misiones. “Hay provincias que podemos ganar, como Córdoba o Santa Fe. Pero hay otras en la que los nuestros quieren competir, como en Salta o Tierra del Fuego que, si les decimos, se van a ordenar. Porque los votos son de LLA”, señala un dirigente que responde a los Menem. 

En otras provincias, como Santa Fe y Córdoba, las conversaciones pasan por otros carriles. Hay un chat de WhatsApp de gobernadores de Provincias Unidas que comienza a impulsar la idea de convocar a elecciones provinciales el mismo día, una suerte de “superdomingo electoral” previo a las elecciones nacionales desde donde posicionarse con fuerza. Incluye también a Jujuy, Chubut y Corrientes, aunque en el espacio desconfían de que todos terminen alineándose: en la lógica del sálvese quien pueda, los gobernadores que puedan cerrar con Milei, lo harán. 

La fortaleza del Gobierno depende de una sola cosa: de las elecciones en Estados Unidos. Si Trump gana, los gobernadores irán corriendo a alinearse y Karina podrá ser mucho más exquisita en las alianzas que elige. Si no, el escenario cambia y será el Gobierno el que tenga que ir a buscarlos a ellos. La decisión está en manos de la hermana presidencial, quien, como advierten en las provincias, podrá ser la salvadora o la sepulturera de Milei.

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La rosca política entre la Casa Rosada y los gobernadores volvió a colarse este martes en una mesa donde, en teoría, se hablaba de otra cosa. Mientras gobernadores del Norte Grande se reunían en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para discutir cuestiones vinculadas a infraestructura y desarrollo regional, el Gobierno aprovechó la ocasión para avanzar sobre una negociación política que atraviesa desde hace semanas los despachos de Balcarce 50 y las provincias: la búsqueda de apoyos para eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

La presencia del ministro del Interior, Diego Santilli, no fue casual. Invitado por el gobernador catamarqueño Raúl Jalil, uno de los aliados más consistentes de Javier Milei entre los mandatarios provinciales, el funcionario llegó al encuentro con un mensaje preciso. Antes incluso de ingresar al edificio de la calle Azopardo defendió públicamente la reforma electoral impulsada por el oficialismo y dejó en claro cuál es la principal apuesta política de la Casa Rosada para los próximos meses.

“Las PASO cuestan entre 220 y 250 millones de dólares”, sostuvo Santilli, al tiempo que afirmó que “la gente no quiere votar cuatro o cinco veces”. Y agregó que el Gobierno ya trabaja para reunir los votos necesarios en el Congreso junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich. “Estamos trabajando para que salga”, afirmó el ministro.

La argumentación económica es la que el oficialismo eligió colocar en primer plano al momento de justificar la eliminación de las PASO. Pero detrás de ella aparece también una discusión política más profunda. La medida no sólo reduciría costos electorales. También simplificaría el calendario de votación de 2027 y eliminaría una instancia que históricamente funcionó como una gran encuesta nacional anticipada sobre el estado de ánimo de la sociedad.

La elección del escenario tampoco fue casual. El Norte Grande se convirtió en los últimos años en uno de los principales reservorios de votos legislativos para el oficialismo. Sentados alrededor de la mesa estuvieron, además del mencionado Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo; el salteño Gustavo Sáenz; el jujeño Carlos Sadir; el misionero Hugo Passalacqua; el formoseño Gildo Insfrán; el riojano Ricardo Quintela; el chaqueño Leandro Zdero; el correntino Juan Pablo Valdés y el santiagueño Elías Suárez. Aunque pertenecen a espacios políticos muy distintos, varios de ellos se convirtieron en interlocutores habituales de la Casa Rosada y acompañaron proyectos clave para el Gobierno en el Congreso.

Sin embargo, la actual negociación entre Nación y provincias transita sobre carriles más sinuosos. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los temas más sensibles de la reunión de este martes fue el impacto de la modificación del régimen de zonas frías impulsada por la Casa Rosada. Varios de los gobernadores presentes acompañaron esa iniciativa a través de sus legisladores nacionales y ahora esperan una compensación para las denominadas “zonas calientes”, donde el consumo eléctrico se dispara durante los meses de verano.

Mientras Milei necesita construir una mayoría parlamentaria para avanzar con una reforma que considera estratégica de cara al próximo calendario electoral, los gobernadores, por su parte, necesitan respuestas para problemas mucho más inmediatos vinculadas a tarifas energéticas y obras inconclusas, además de recursos para sostener sus administraciones. La discusión formal en el CFI estuvo centrada en la denominada “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, una iniciativa impulsada por el CFI que reúne a las provincias alrededor de distintos proyectos.

También aparecieron reclamos vinculados al abastecimiento de gas para la industria. Según relató el propio Santilli, los gobernadores plantearon preocupaciones por la reducción de las exportaciones desde Bolivia y por el impacto que esa situación podría tener sobre la actividad productiva regional. “Había un planteo que tenía que ver con el gas para industrias, porque Bolivia no está exportando”, explicó el ministro. Y agregó que “un trabajo de Refinor va a proveer el diferencial que venía de Bolivia”.

Las conversaciones, sin embargo, transcurrieron lejos de la tensión que había caracterizado otros encuentros regionales. El último cónclave del Norte Grande había estado atravesado por reclamos sobre coparticipación y cajas previsionales. Incluso se había analizado la posibilidad de solicitar una audiencia conjunta con Milei para reclamar respuestas por fondos adeudados. Esta vez predominó una lógica diferente, de menor confrontación pública. Uno de los gobernadores resumió el clima del encuentro con una definición tan breve como elocuente. “Muy buena”, respondió ante la consulta de este medio, aunque sin mayores definiciones acerca de su posición sobre el futuro de las PASO.

Escenario trabado

Según pudo reconstruir elDiarioAR, la intención oficial es acelerar el tratamiento de la reforma electoral e intentar resolver su futuro antes de que la agenda pública quede absorbida por el Mundial. En la Casa Rosada admiten que los números todavía están lejos de ser cerrados, especialmente en el Senado, pero creen que existe margen para seguir construyendo acuerdos a través de los gobernadores que vienen acompañando al oficialismo en distintas votaciones.

El tema fue motivo de conversación en las últimas reuniones de la mesa política del Gobierno. Allí coincidieron, llamativamente, el asesor Santiago Caputo y Menem, dos dirigentes que atraviesan semanas de tensiones. Ambos empujan la idea de abrir el debate cuanto antes y aprovechar el actual clima de diálogo con las provincias. Sin embargo, del otro lado aparecieron voces más cautas: quien advirtió acerca de la dificultad de reunir una mayoría estable para aprobar una reforma de semejante magnitud fue Bullrich.

En las últimas horas, la presidenta del bloque libertario en el Senado volvió a dejar en evidencia que conserva márgenes propios de acción en determinados temas sensibles. Este lunes, Bullrich anticipó que hará uso de su “derecho a la objeción de conciencia” para votar en contra de la decisión oficial de retirar el pliego de Verónica Michelli, candidata a integrar un Tribunal Oral Federal de La Plata y cuñada del periodista Hugo Alconada Mon.

En Balcarce 50 ya comenzaron a trabajar también sobre escenarios alternativos en caso de no conseguir el apoyo necesario para la reforma política. Si la eliminación completa de las PASO no consigue reunir los votos necesarios, una de las opciones que gana terreno es mantener el carácter abierto y simultáneo de las primarias, pero eliminar la obligatoriedad para los electores. El sistema pasaría así a convertirse en una suerte de PAS: Primarias Abiertas y Simultáneas, sin obligación de concurrir a votar.

La llave de cualquiera de esos caminos vuelve a estar, una vez más, en las provincias. Varios gobernadores dialoguistas aparecen hoy como potenciales socios del oficialismo para avanzar con la reforma. Sin embargo, las negociaciones todavía tropiezan con una dificultad política de fondo. Los mandatarios reclaman garantías de que La Libertad Avanza no utilizará esos acuerdos parlamentarios para luego desplegar estrategias agresivas en sus territorios y disputarles poder local. Es una conversación que permanece abierta y que explica buena parte de la cautela con la que se mueve el oficialismo.

PL/MC

El plan es copar la agenda, inundarla con iniciativas de alto y bajo perfil que imposibiliten cualquier avanzada opositora y esperar llegar entero al Mundial de Fútbol. El Gobierno tiene dos prioridades reales en el mar de anuncios destinados a simular el internismo: el Super RIGI y la reforma electoral. El resto son ensayos, reformas cuyo principal objetivo es sostener la narrativa de que Javier Milei, pese al descontrol interno, todavía conserva el poder para torcerle la mano a los gobernadores y mantener el control del Congreso. Al menos hasta el Mundial. 

El “Super RIGI”, que es como el Gobierno denominó al nuevo régimen de inversiones destinado a proyectos de más de US$ 1.000 millones en actividades vinculadas a la inteligencia artificial e infraestructura digital, comenzará a debatirse la semana que viene en la Cámara de Diputados. El debate comenzará en las comisiones de Presupuesto y de Industria y, pese al interés del Gobierno en aprobar la iniciativa mientras Peter Thiel todavía está en el país, las autoridades del oficialismo advierten que no habrá media sanción antes de que Argentina juegue su primer partido en el Mundial. 

La fecha no es una ironía: el inicio del Mundial de Fútbol representa uno de los dos momentos claves para la gestión libertaria de este año. El primero es el comienzo de la fiebre mundialista, un hito que el Gobierno espera que le represente un respiro frente al teleobjetivo político y mediático sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni o las internas del Gobierno. El segundo es la elección de medio término en Estados Unidos, cuyo resultado definirá la muñeca política –y financiera– que Milei tendrá para encarar la campaña electoral. 

El Gobierno pretende liquidar todo el paquete de reformas que quiere aprobar este año antes de que lleguen esas dos fechas. Porque después, advierten en el oficialismo, será cada vez más difícil acordar con los aliados. Especialmente con los gobernadores que apunten a reelegir en 2027 y desdoblen las elecciones locales para tomar distancia de la influencia de las nacionales. Varios mandatarios, incluso, están conversando para coordinar una misma fecha de comicios en varias provincias, de modo de organizar un “super domingo electoral” que impida que Milei pueda concentrar su atención en una sola provincia. 

Es por este motivo que el Gobierno buscará apurar una media sanción del nuevo “Super RIGI” antes del 12 de junio. En la Cámara de Diputados, sin embargo, son poco optimistas. Si bien no anticipan, todavía, que participarán funcionarios del debate, sí sospechan que no será un debate express. Recién la semana próxima podrá comenzar el debate en comisiones y, aún con el apoyo de los gobernadores –que ratificaron su alianza con Milei la sesión de la semana pasada, cuando aprobaron los cambios del régimen de zonas frías aún cuando los perjudicaba directamente–, habrá que abrir una negociación que llevará tiempo. 

La Ley de Lobby, mientras tanto, tendrá otro derrotero. La iniciativa busca crear un registro público de “gestores de intereses” que deberán dar cuenta de cuándo representantes de algunas empresas o colectivos se reúnen con legisladores, funcionarios o asesores del Poder Ejecutivo. Basada en la legislación norteamericana, la Ley de Lobby comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También la semana que viene, aunque con menos apuro. 

Sin los 129 votos garantizados, Menem no se arriesgará a abrir el recinto. El riojano prefiere, antes de tratar el “Super RIGI”, someter a votación proyectos que vienen siendo debatidos hace más tiempo. Es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos, que el oficialismo analiza tratar en las dos semanas que le quedan antes de que comience el Mundial. 

La reforma electoral

El verdadero dolor de cabeza del Gobierno es la eliminación de las PASO, una negociación fallida que quedó en stand by luego de la escalada de la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich. La jefa del oficialismo en el Senado había comenzado a negociar introducir modificaciones al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo pero la hermana presidencial se negó: era la eliminación de las PASO o nada. Con el correr del tiempo, sin embargo, Karina tuvo que aceptar que no podría eliminarlas, así que le exigió negociar una suspensión. O que al menos las Primarias dejasen de ser Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

Hay un principio de acuerdo respecto a eliminar la obligatoriedad, una propuesta del PRO, que se resiste a acompañar al Gobierno con esta iniciativa. El resto de los reclamos, mientras tanto, continúan siendo objeto de debate. Pero no hay mucho tiempo: Bullrich necesita apurarse porque los tiempos corren especialmente para ella, ya que la reforma electoral necesita ser aprobada antes de que termine 2026. 

Y más de un senador sospecha que, una vez que comience el Mundial, habrá varios legisladores que decidan viajar al norte a participar del espectáculo deportivo.

MCM/MG

Mientras Javier Milei emprende su viaje de vuelta a la Argentina tras su visita fugaz a los Estados Unidos, donde participó de la Conferencia del Instituto Milken, Karina Milei encabezó este jueves en San Juan una cumbre política y empresarial que dejó varias lecturas dentro del oficialismo. La más evidente fue una ausencia. No estuvo el jefe de Gabinete Manuel Adorni, habitual integrante de las recorridas y reuniones políticas del karinismo hasta antes del estallido de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo presión desde hace dos meses.

La secretaria general arribó a las 10.30 al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y fue recibida por la ministra provincial Laura Palma. Desde allí partió hacia el departamento Sarmiento para recorrer las instalaciones de Caleras San Juan S.A., en la localidad de Los Berros, acompañada por el gobernador Marcelo Orrego. La actividad formó parte de la agenda organizada alrededor de la Expo San Juan Minera y de las celebraciones por el Día de la Minería, uno de los sectores estratégicos para el Gobierno en su búsqueda de dólares e inversiones.

La comitiva recorrió los hornos industriales, la planta fotovoltaica y distintas áreas del complejo ubicado en Divisadero, antes de continuar con actividades en Pocito y un almuerzo protocolar en Energía Provincial Sociedad del Estado. Pero más allá de la agenda minera, el viaje tuvo una dimensión política evidente. Karina Milei se mostró rodeada por funcionarios que, dentro y fuera del Gobierno, empiezan a ser leídos como parte de un nuevo esquema de poder interno en medio de la crisis por el caso Adorni.

La acompañaron el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los principales articuladores políticos del Gobierno con los gobernadores; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ganó centralidad en las últimas semanas por el frente judicial que enfrenta el oficialismo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, además del secretario de Minería, Luis Lucero. También participaron gobernadores que forman parte del núcleo de mandatarios dialoguistas con los que el oficialismo intenta reconstruir puentes de cara al 2027.

De la foto junto a Santilli formó parte el anfitrión Orrego, uno de los gobernadores que desde el inicio de la gestión libertaria mantuvo una relación pragmática con el Gobierno. El sanjuanino necesita sostener el flujo de inversiones para el desarrollo minero de su provincia, especialmente en litio y cobre, y observa en la administración Milei una oportunidad para acelerar proyectos estratégicos que requieren apertura al capital extranjero.

También dijeron presente Alfredo Cornejo y Raúl Jalil, dos de los principales impulsores de la expansión minera en la región cuyana y del NOA. Cornejo mantiene con la Casa Rosada un vínculo político oscilante, pero alineado en temas económicos y productivos, especialmente alrededor de la minería metalífera y el RIGI. Jalil, por su parte, fue uno de los gobernadores peronistas más colaborativos con Milei desde el inicio de la gestión y se convirtió en un aliado clave para el oficialismo en distintas votaciones legislativas sensibles.

La nómina incluyó además a Gustavo Sáenz, otro mandatario con fuerte interés en el desarrollo del litio y una relación de cooperación permanente con la Casa Rosada; a Carlos Sadir, heredero político del radicalismo jujeño y protagonista de la estrategia regional vinculada al triángulo del litio; y a Maximiliano Pullaro, cuya presencia tuvo una lectura más política que minera, en momentos en que el oficialismo busca recomponer vínculos con sectores de la UCR.

También estuvo Martín Llaryora, otro de los actores que el Gobierno considera centrales para cualquier acuerdo político de mediano plazo. Aunque el cordobés mantuvo diferencias públicas con la Casa Rosada por temas fiscales y de coparticipación, el oficialismo sigue viendo a Córdoba como un territorio clave tanto para la gobernabilidad legislativa como para el armado político rumbo al año que viene.

La visita a San Juan funcionó así como una postal de las alianzas que el karinismo intenta preservar. En su entorno aseguran que el apoyo de esos gobernadores dialoguistas será indispensable para avanzar con proyectos centrales, especialmente la reforma política y la eliminación de las PASO, dos objetivos que la hermanísima considera prioritarios para consolidar el armado nacional de La Libertad Avanza.

La ausencia de Adorni, sin embargo, fue el dato que más comentarios generó en Balcarce 50. En el oficialismo reconocen que el escándalo judicial modificó el equilibrio interno y obligó a redistribuir funciones. La lectura se repite en distintos despachos y también de la oposición. Desde que el caso Adorni empezó a escalar, Karina Milei viene delegando parte de la interlocución política en Santilli y en el armado territorial de los Menem. El corrimiento del jefe de Gabinete de determinadas actividades empezó a ser interpretado como una forma de bajar el nivel de exposición pública mientras continúa el desgaste judicial y mediático.

En la Casa Rosada insisten en que los hermanos Milei siguen respaldando a Adorni. Pero admiten, por lo bajo, que la situación golpea directamente la imagen presidencial. Algunos funcionarios reconocen la caída en la popularidad y que las distintas estrategias para contener el impacto no lograron frenar el deterioro. Por eso, la decisión de Karina de no viajar a los Estados Unidos junto a su hermano fue leída en clave estríctamente política, a modo de fuga hacia adelante. “Hay que seguir gobernando”, remataron cerca de la secretaria general.

PL/MC

En jornadas de intensa movilización sindical que arrancaron hace dos semanas, cuatro provincias argentinas cuyos gobernantes mantienen abierto su apoyo al presidente Javier Milei vieron a sus empleados estatales salir a las calles para reclamar mejoras salariales y denunciar la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional. Los conflictos en Catamarca, San Juan, Jujuy y Santa Cruz pusieron en evidencia la creciente presión social sobre los mandatarios provinciales que respaldan la gestión nacional pese a que la Casa Rosada retacea los fondos federales para educación, salud, asistencia social y la obra pública.

Catamarca: mesa de negociación fracasa

En Catamarca, gobernada por el peronista Raúl Jalil –uno de los gobernadores más cercanos a Milei en el norte–, el conflicto docente escaló este último miércoles 11, durante la noche, cuando las columnas de maestros y profesores se concentraron frente a la Casa de Gobierno en una marcha de antorchas. La movilización tuvo replicas en las ciudades más importantes de esta provincia, como en Santa María. “El Ejecutivo liderado por el gobernador Raúl Jalil tiene literalmente un plan sistemático de destrucción de la educación pública”, aseguró el docente Marcos Castro durante la movilización. Su colega Bruno Corzo, también referente del sector de los autoconvocados, apuntó contra el reciente viaje de Jalil a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial de Javier Milei: “Es muy grave lo que hace con la situación que hay acá. El gobernador pide prudencia en la política salarial para los trabajadores pero él se va de gira con la comitiva presidencial”.

Pese a que el gobierno no tenía en sus planes abrir el diálogo, elDiarioAR supo que el mandatario catamarqueño –que todavía no retornó del exterior– bajó la orden de reiniciar las negociaciones. La primera reunión se concretó este último jueves al mediodía, en la que estuvo la Intersindical Docente, que integran los gremios ATECa, SADOP y SIDCa, pero terminó sin acuerdo, lo que profundiza la crisis que ya lleva semanas. 

Mientras las conducciones gremiales mantenían el encuentro con funcionarios en el interior de la Casa de Gobierno, los docentes autoconvocados permanecieron en la calle frente al edificio, rechazando de antemano cualquier propuesta que no cumpliera con sus exigencias. El Ejecutivo de Jalil había ofrecido llevar el salario básico docente a $800.000 por cargo (posteriormente mejorado a $850.000), más un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases y actualización bimestral del punto índice según la inflación. Sin embargo, los docentes exigen $1.300.000 de salario básico, denunciando que Catamarca tiene el tercer salario docente más bajo del país, solo por encima de Misiones y Mendoza, según el último Informe Indicativo de la Secretaría de Educación de la Nación.

El fracaso de la mesa abre un escenario de mayor conflictividad: los docentes autoconvocados –que no participaron de la reunión– ya convocaron una nueva marcha para este viernes y advierten que no aceptarán cualquier acuerdo que surja de la paritaria sin su participación directa.

Jujuy: el conflicto policial que encendió la mecha

En Jujuy, gobernada por el radical Carlos Sadir, afín a la Casa Rosada, la actual ola de protestas estatales se originó en un conflicto salarial policial que estalló con violencia días atrás y terminó por contagiar a todo el sector público provincial. Comenzó cuando efectivos de la Policía iniciaron reclamos por mejoras salariales, exigiendo la actualización del salario básico y mejores condiciones de trabajo. La situación se agravó cuando trascendió que la plana mayor de la fuerza había recibido aumentos del 70%, mientras que sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales) accedían a beneficios excluyentes. Este trato diferenciado profundizó el malestar entre los agentes de menor rango, que se sintieron discriminados. La reacción oficial fue dejar sin efecto los aumentos pero el enojo ya se había instalado. 

El conflicto escaló hacia disturbios frente a la Casa de Gobierno el lunes por la noche, con una manifestación que derivó en ataques al edificio gubernamental. Las autoridades presentaron denuncias penales contra los responsables y el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación de oficio, calificando los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada” por sectores “sin representatividad” en la fuerza. Lejos de calmar los ánimos, estas decisiones no amedrentaron al sector rebelde y se incrementó el malestar.  

Ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial se vio obligado a presentar una propuesta que incluía aumentos escalonados y un piso salarial de $1.150.000 para agentes recién incorporados desde marzo, más adicionales por presentismo y mejoras en títulos y posgrados, en un intento de calmar las aguas internas. Cuando trascendió el contenido del ofrecimiento, el grupo de policías activos que protagonizó los reclamos lo rechazó por insuficiente y cuestionó a los interlocutores que eligió el gobierno por “no contar con el aval para tomar decisiones”. La tensión interna escaló tanto que presentó su renuncia el secretario de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. El militar retirado ya se había desempeñado como ministro de Seguridad en Salta, durante la primera mitad del mandato del gobernador Gustavo Sáenz.

Como efecto dominó, el conflicto policial encendió los reclamos del resto de los gremios estatales. Los docentes jujeños, encabezados por el gremio combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), marcharon este miércoles durante la noche para reclamar la restitución del abono docente y una nueva negociación salarial. “Hay una situación económica asfixiante, con $800.000 no puede vivir nadie en este momento. La canasta básica ya está casi llegando al millón quinientos”, expresó en la marcha Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS y sostuvo que “debemos ser recibidos en paritaria, no se puede poner un 10% en cuotas”.

La presión en las calles, a la que se sumaron estatales enrolados en una decena de sindicatos de la administración pública, obligó al gobierno provincial a reabrir las paritarias, aunque la situación permanece tensa. El secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, indicó que la próxima semana se retomarán las mesas de diálogo con los representantes de los distintos sectores. “Queremos llevar tranquilidad para todos los ámbitos de la administración pública y comunicar que van a ser convocados los días lunes y martes. Se generará una agenda de trabajo para dialogar con cada sindicato”, precisó.

La paradoja salarial en Jujuy resulta llamativa: mientras el gobierno ofrece 30% de aumento a la policía, los docentes y empleados estatales denuncian que se les impone un porcentaje inferior, lo que genera una brecha creciente entre las fuerzas de seguridad y resto de los trabajadores públicos. 

San Juan: antorchas en la calle logran abrir mesa de diálogo

La provincia cuyana gobernada por Marcelo Orrego, que integró Juntos por el Cambio como diputado nacional y hoy cultiva sintonía fina con la Casa Rosada, vivió este miércoles por la noche horas de alta tensión porque los gremios docentes marcharon con antorchas en reclamo de mejoras salariales, en una potente demostración de fuerza. 

La columna multitudinaria estuvo encabezada por la secretaria general del gremio educativo UDAP, Patricia Quiroga, y contó con la participación de distintos sindicatos docentes y estatales. Se sumaron los sindicatos UDA, AMET y SADOP, y también adhirieron trabajadores de otros sectores, entre ellos ATE, la Unión Judicial y referentes del sindicato SUTE, que viajaron desde Mendoza para expresar su apoyo. Durante la protesta se pudieron ver banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas como “sueldo digno”, mientras los manifestantes sostenían velas encendidas en una marcha simbólica que rodeó la plaza principal.

El conflicto en San Juan había escalado con cuestionamientos al paro médico por parte de funcionarios provinciales, quienes aseguraron que los salarios “le ganan a la inflación”, una afirmación que contrastaba con la realidad que denunciaban los trabajadores en las calles. Sin embargo, la presión de la movilización docente logró revertir la intransigencia inicial del Ejecutivo. Como resultado directo de las protestas en las calles, el gobierno accedió a sentarse a negociar este jueves 12 con los representantes gremiales, abriendo una instancia de diálogo que busca destrabar el conflicto salarial. La apertura de la mesa representa una victoria parcial para los docentes, que lograron forzar al gobierno aliado de Javier Milei a escuchar sus reclamos.

La situación evidencia la dificultad del gobierno de Orrego para sostener simultáneamente el apoyo al presidente y la paz social en su territorio, mostrando que incluso las manifestaciones más tradicionales pueden doblegar la resistencia inicial de administraciones que intentan aplicar austeridad fiscal, de igual modo que la Casa Rosada.

Santa Cruz: acampe gremial y ley de emergencia que busca “reorganizar el gasto público”

En Santa Cruz, provincia gobernada por el gremialista Claudio Vidal –quien si bien pertenece al PJ no kirchnerista se muestra cercano a la gestión de Milei–, los gremios montaron un acampe frente a la Legislatura desde el pasado miércoles para repudiar que la Legislatura debata un proyecto de ley de emergencia económico-financiera y administrativa que presentó el Poder Ejecutivo.

La presión en las calles, con momentos de tensión, provocó que el proyecto sea devuelto este jueves al Ejecutivo por los diputados, decisión que fue votada por unanimidad. La iniciativa contemplaba facultades extraordinarias para el gobierno provincial. Según los artículos claves, la emergencia alcanzaba a toda la estructura estatal, incluyendo la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes autárquicos, institutos, organismos de previsión social, tribunales de cuentas y la Legislatura misma. Pero lo que encendió la chispa de los reclamos fue que el texto también establecía que durante la vigencia de la emergencia, prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, “no podrán aplicarse aumentos salariales automáticos, ni mejoras remunerativas, si no existen recursos financieros disponibles para afrontarlos”.

El rechazo de los diputados a avanzar con la ley –en medio de un acampe gremial– evidenció las dificultades para implementar medidas de ajuste estructural, en un contexto de creciente conflictividad social. Los trabajadores estatales temen que la “emergencia” se traduzca en despidos, suspensiones y reducción de derechos laborales, mientras el gobierno provincial busca herramientas para cumplir con las metas fiscales que exige la coordinación con la Nación.

El dilema de los gobernadores aliados

Las cuatro provincias comparten una característica común: sus gobernadores han manifestado en distintos grados apoyo o alineamiento con la gestión de Javier Milei, en términos de coordinación fiscal y, sobre todo, un respaldo político que permitió la aprobación de proyectos libertarios en el Congreso, como fue la reforma laboral. Sin embargo, esta alianza con la Casa Rosada les presenta un desafío creciente: el Gobierno nacional ha reducido significativamente el envío de fondos federales a las provincias, lo que les impide atender las demandas salariales de sus empleados estatales.

La situación genera una paradoja política porque mientras los mandatarios respaldan al jefe de Estado, son precisamente quienes más sufren las consecuencias sociales de sus políticas de ajuste. En Catamarca, Jalil fracasó en la mesa de negociación de hoy; en Jujuy, Sadir tuvo que ceder ante la presión policial para evitar un colapso institucional; en Santa Cruz, Vidal no logró avanzar con su ley de emergencia; y en San Juan, Orrego se vio obligado a abrir el diálogo tras las protestas.

Los conflictos docentes y estatales en estas cuatro provincias evidencian que el costo político del apoyo a Milei está comenzando a cobrarse en las calles, con gobernadores aliados obligados a enfrentar la ira de sus propios trabajadores mientras la Casa Rosada retiene los recursos necesarios para calmar las aguas. Las protestas de las últimas horas sugieren que la tensión social podría profundizarse en los próximos días, con mandatarios atrapados entre su lealtad al Presidente y la necesidad de garantizar la gobernabilidad en sus territorios.

DC/MG

Jorge Macri (de CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El palco de los gobernadores que acompañaron el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, el domingo por la noche, reveló en parte la trama de alianzas que construyó el Gobierno en los últimos meses para que avancen leyes clave durante el verano, desde la reforma laboral a la baja de edad de imputabilidad y la modificación de la Ley de Glaciares. 

Lo que no mostró esa foto es que el pacto de la Nación con las provincias tiene mucho más que ver con la cuestión económica que la simpatía política o ideológica. Porque Milei reunió a mandatarios provinciales del PRO, de la UCR, el peronismo no-kirchnerista y de fuerzas locales: alianzas transversales que le aportaron votos en el Senado y Diputados al libertario. Evitaron mostrarse junto al Presidente otros gobernadores que le hicieron el favor en las últimas votaciones, como el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo, el misionero Hugo Passalacqua, el catamarqueño Raúl Jalil, el santacruceño Claudio Vidal o el neuquino Rolando Figueroa.

Apenas horas después del discurso de Milei, se conoció que el Gobierno repartió en febrero sugestivamente unos $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fue el mes en que el Congreso avanzó con las sesiones extraordinarias mileístas. Así, Misiones, Salta y Santa Cruz recibieron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy, $3.000 millones cada una; y Neuquén, $2.000 millones, según analizó la consultora Politikon Chaco. 

Otra provincia que benefició Milei con más partidas fue Córdoba, donde gobierna Martín Llaryora: la Nación duplicará los fondos que le envía mensualmente a la provincia para cubrir el déficit de su caja de jubilaciones no transferida. Los giros de la ANSES pasarán de 5.000 a 10.000 millones de pesos por mes.

Esos montos parecieron ser el precio que le costó al Gobierno la reforma laboral, luego del tour federal que armó el ministro del Interior, Diego Santilli, en enero de este año. En el poroteo, en la votación de la reforma laboral fueron clave los legisladores que responden directamente a los mandatarios de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Corrientes, Corrientes y Santa Cruz. Más allá del beneficio particular, el mayor triunfo de los gobernadores fue voltear el articulado que proponía la reducción de alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias.

Eso hubiera impactado en la coparticipación en un total de $3,1 billones en 2026, equivalente a 0,3 puntos del PBI. De ese total, $1,7 billones corresponderían a las provincias, según estimaciones privadas. Un escenario que preocupaba a los gobernadores, cuando ya la coparticipación cayó en febrero con respecto al año anterior en un 7,5%. En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de impuestos volvió a caer en febrero en un 9%.

En los pasillos de Balcarce 50 niegan que la relación sea solo por fondos y aseguran que la negociación es abierta, con idas y vueltas. Las provincias también necesitan de la Nación gestiones de créditos, habilitaciones de trámites, obra pública o alguna gestión en particular con deudas de cajas previsionales. En los últimos días varias provincias abrieron sus sesiones ordinarias y algunos gobernadores aprovecharon para exigir fondos y obras a la Nación. “No me cansaré de ir y volver de Buenos Aires”, dijo Sáenz al abrir el período legislativo de Salta. “Si a las provincias les va bien, nos irá bien como país. Hay que dejar de lado el federalismo al revés”, completó, pese a acompañar cada votación oficialista.

En ese marco la Casa Rosada ya prepara varios gestos hacia los gobernadores aliados. Milei se lleva de viaje este fin de semana a casi todos los ya mencionados a Nueva York: Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Son las provincias cuyo motor económico está en la minería o el petróleo. Es que entre este lunes y martes, Milei encabezará el llamado “Argentina Week”, un “road show” de inversiones que se realizará en Manhattan. Mientras Milei y su equipo económico –también irán Luis Caputo y Federico Sturzenegger– tendrán presentaciones y reuniones con bancos de Wall Street y grandes corporaciones energéticas, tecnológicas y financieras, los gobernadores tendrán un desayuno en el Council de las Americas y disertarán en el consulado argentino sobre las oportunidades de inversiones de sus respectivas provincias.

Tras esa cita, Milei estará el 19 de marzo en Tucumán como invitado de honor del Foro Económico del NOA 2026, invitado por Jaldo. Poco antes, el domingo 15, Santilli reiniciará su gira federal para consolidar la mayoría circunstancial del oficialismo en el Congreso: el Gobierno busca sancionar la nueva Ley de Glaciares en Diputados y avanzar con una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

Milei destacó ante la Asamblea Legislativa las posibilidades del RIGI para las provincias: “Los 32 proyectos presentados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, apuntó. En otro tramo les exigió bajar impuestos: “Solo falta que las provincias y los municipios hagan su parte, por lo cual hemos facilitado una herramienta para denunciar tasas excesivas”. Fueron de las pocas referencias al federalismo, palabra que no mencionó en todo su discurso. 

A poco de subirse al avión, uno de los aliados de Milei sacó chapa de libertario y festejó insólitamente el desempleo en todo el país. “Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece”, tuiteó Cornejo, que acompañó el mensaje con un cuadro por demás llamativo: la provincia aparece con un retroceso del empleo del 0,6% según un ranking de variación en el empleo privado. Todas las jurisdicciones tienen su números en rojo, salvo dos: Neuquén (+3,4%) y Río Negro (+0,7), impulsadas por Vaca Muerta.

MC

El presidente Javier Milei encabezará la Argentina Week en Nueva York, un evento que reunirá a los principales referentes del mundo financiero, tecnológico y energético de Estados Unidos entre el 9 y el 11 de marzo, y donde además pretende estar al lado de diez gobernadores para mostrar que su plan de gestión tiene el respaldo de casi todo el arco político.

De acuerdo a lo que trascendió, el oficialismo cursó invitaciones al evento a Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Todavía los mandatarios no confirmaron participación en lo que será, para la gestión libertaria, una nueva escala de su estrategia internacional para atraer inversiones y consolidar el respaldo de Wall Street a su programa económico.

En torno a la agenda, el mandatario será el principal orador del encuentro que se desarrollará entre las sedes del JPMorgan Chase Tower y el Bank of America, aunque contará con un cóctel de bienvenida que se llevará a cabo el lunes 9, en el Consulado General de Argentina con la presencia de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.

Luego de ese acto de presentación, Javier Milei hablará el martes 10 entre las 9 y las 10 hora local. Su exposición estará precedida por una presentación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. En la misma jornada, luego de la palabra presidencial, hablará el canciller Pablo Quirno. “Argentina y Estados Unidos: Desbloqueando la inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica”, lleva el título de su presentación.

Al mediodía, Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos y uno de los organizadores de la actividad, y Peter Lamelas, embajador en Argentina, protagonizarán un panel. Moderados por Neil Herrengton, Senior VP para las Américas de la US Chamber of Commerce, llevará el nombre de “Fundadores y embajadores: dando forma al próximo capítulo de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina”.

Otro miembro libertario que estará encabezando una exposición es Mario Lugones, ministro de Salud, a las 14. Mientras que en el horario de cierre, Federico Sturzenegger, jefe de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, realizará una recepción a las 18.

Al día siguiente, el Bank of America será testigo a partir de las 9 de un discurso de Luis Caputo, ministro de Economía. Luego, a partir de las 9.30, el funcionario integrará el panel Economía y mercado de capitales con Santiago Bausili, titular del Banco Central. Los moderadores serán Facundo Gómez Minujin (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America). A las 10, será el turno de Sturzenegger y a las 11 aparecerá en escena José Luis Daza, secretario de Política Económica.

Uno de los ejes centrales de los encuentros será exhibir el RIGI, considerado por el oficialismo como una herramienta clave para atraer proyectos de gran escala. El evento incluirá además presentaciones de ejecutivos de compañías globales como Chevron, Dow, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes, junto con empresarios argentinos de firmas como YPF, Pan American Energy, Mercado Libre y Globant.

En paralelo, el Gobierno buscará reforzar su alineamiento estratégico con Estados Unidos en materia comercial, energética y geopolítica. La agenda incluye diálogos con autoridades económicas estadounidenses, representantes de la Cámara de Comercio de ese país y organismos financieros internacionales. En La libertad Avanza consideran una instancia clave para profundizar la inserción de la Argentina en los mercados globales.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

“Bien ahí gobernador… Primero Salta, primero los salteños”, dice el usuario de X @JosLuiscordovin en un posteo en el que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anuncia la reactivación de obras en rutas de esa provincia. La cuenta, sin foto de perfil ni biografía, tiene como única actividad responder a publicaciones de Sáenz, con permanentes elogios.

El usuario @ahumadaangeledu, en cambio, responde a cada comentario del mandatario con 3 emojis de aplausos. Siempre igual. Se unió a la plataforma en mayo de 2024, no tiene seguidores ni foto de perfil ni biografía.

Estos son algunos de los comentarios positivos que pueden encontrarse en posteos de las redes sociales de algunos gobernadores argentinos: en general, provienen de perfiles sin fotos reales, casi sin seguidores y creados al mismo tiempo.

Ruido y Connectas investigaron hasta dónde alcanza esta práctica en las provincias argentinas, cómo puede distorsionar la democracia y -si bien nadie admite que se paga para crear perfiles falsos de seguidores- cuánto dinero público se destina a empresas que proveen servicios en redes sociales. 

Un primer relevamiento incluyó las cuentas personales de los 24 gobernadores. En 23 se detectaron en Instagram perfiles sospechosos de ser falsos, creados para hablar a favor de esos mandatarios. Lo mismo sucedió en 15 de las 24 cuentas en el caso de X. 

“Esto muestra el panorama de las maquinarias de apoyo artificial en redes. Se trata de un aparato propagandístico encubierto -que se suma a la propaganda directa- y trata de generar un clima de opinión simulado que son determinantes en el ecosistema informativo y comunicacional actual”, dijo Delia Ferreira, ex presidenta de Transparencia Internacional y autora del informe “Impacto de las redes sociales y la IA en la erosión de la democracia”.

Y enfatizó: “El origen y el volumen de los recursos necesarios para organizar estas campañas se caracteriza por la opacidad”.

Sospechas de cuentas falsas en varias provincias 

A partir del relevamiento inicial de Ruido y Connectas, un equipo del Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad (CIECS) del Conicet y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba seleccionó una muestra de 107 cuentas para analizar. 

El estudio identificó que las cuentas relevadas en 3 provincias (Córdoba, Mendoza y Salta) tienen un nivel “alto” de sospecha tanto en sus perfiles como en su actividad. En otras 5 el nivel sospechoso es “medio” (La Rioja, Buenos Aires, CABA, San Juan y Santa Fe) y en 1 el nivel es “bajo” (Chubut). Del resto, hay 9 provincias (Entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego) donde la cantidad de información recolectada es “insuficiente” como para hacer una interpretación concluyente.

Además, en otras 2 provincias (Jujuy y Catamarca) no se validaron cuentas sospechosas y en 3 (Formosa, La Pampa y Misiones) no se pudo recabar información porque las cuentas de X de los gobernadores tienen restringidos los comentarios.

Córdoba, un caso paradigmático

“Excelente medida para una Cordoba mas segura” (sic), dice @naiarachavez98, usuaria de X. Sólo reposteaba y respondía con elogios a contenido del gobernador cordobés Martín Llaryora y del ex gobernador y entonces candidato a diputado por el peronismo, Juan Schiaretti, en las elecciones de octubre de 2025. 

La cuenta se creó en septiembre de 2025 y dejó de postear el día después de esas elecciones, como 12 de los perfiles de seguidores de Llaryora relevados para esta investigación. 

De los 100 perfiles sospechosos analizados, 68 fueron creados entre 2024 y 2025, 81 tienen imágenes de perfil genéricas, 85 no tienen biografía, y 35 fueron suspendidos en enero de 2026 por la red social al detectar spam (cuentas falsas o automatizadas), amenazas, suplantación de identidad, comportamiento abusivo o riesgos de seguridad.

Un ejemplo: la siguiente captura de pantalla muestra parte de los comentarios de un posteo al azar de la cuenta personal de Llaryora, en X, en donde se pueden encontrar mensajes de apoyo al gobernador.

Si bien a primera vista esto puede parecer un comportamiento normal, el análisis de las cuentas arroja datos que ponen en duda la autenticidad de muchas de ellas. Por ejemplo, de esos 36 usuarios que postean, ninguno tiene foto real de perfil ni biografía identificatoria, y 27 de los 36 fueron creados entre abril y mayo de 2024. 

Llaryora gobierna la provincia que -después de la Ciudad- lidera el gasto en publicidad oficial: el presupuesto 2025 contempló $ 38 mil millones (unos US$ 26 millones), de los cuales hasta noviembre de 2025 se habían usado $ 30 mil millones. Ese monto no incluye a los entes autárquicos, como Córdoba Turismo y Córdoba Deportes etc, que no tienen control del Tribunal de Cuentas provincial.

A partir de un procesamiento de datos oficiales, Ruido pudo listar los 1.500 proveedores de pauta oficial y elaboró un buscador accesible (con datos hasta octubre 2025). Si bien el gobierno local respondió a la consulta del medio con generalidades, en la lista elaborada se pueden encontrar decenas de consultoras y agencias especializadas en estrategias digitales. 

Dos firmas vinculadas a la agencia japonesa Dentsu son las que concentraron hasta octubre de 2025 el mayor porcentaje de contrataciones. Se trata de Iprospect Media y Carat Argentina -segunda y tercera más beneficiadas-, enfocadas en el marketing digital y las redes sociales.

Entre las empresas contratadas en 2025 por el gobierno cordobés, también figura Madero Media Group, un holding de empresas cuyo dueño (Fernando Cerimedo) admitió que controla “granjas” con miles de trolls. Madero es, también, accionista de La Derecha Diario, el principal medio de propaganda del gobierno libertario.

Ruido consultó a las empresas Iprospect y Carat para saber qué tipo de servicio brindan al gobierno de Córdoba, pero no hubo respuesta. Tampoco respondió Madero Media.

Maximiliano Firtman, programador y director de la academia IT Master Academy explicó que “las prácticas de contratar agencias para plantar los discursos políticos en nombre de la sociedad a través de cuentas falsas y bots claramente son un atentado al orden democrático”. 

Y agregó: “Hoy parte de la conversación pública sucede en redes sociales y muchas veces nos encontramos discutiendo con mucho fervor y hasta ira con cuentas que no son personas reales, y no estamos conscientes de ello”.

Pautas millonarias y consultoras cuestionadas 

La cuenta del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Jorge Macri- es otra donde se pueden ver comentarios de cuentas que promueven la gestión oficial. 

El informe del CIECS la califica con un nivel de sospecha “medio”, aunque “la mitad de las cuentas (en X) tiene actividad casi todo el día, lo que permitiría suponer que se trata de cuentas automatizadas u operadas por más de una persona en diferentes horarios”. 

CABA es el distrito con más pauta publicitaria oficial del país presupuestada en 2025: más de $ 76 mil millones (U$S 52 millones).

En respuesta a un pedido de acceso a la información, el Gobierno porteño niega que se contraten consultoras o empresas para promover al gobierno o a funcionarios. Y afirma que “la utilización de los perfiles del jefe de Gobierno y funcionarios de las redes sociales para la comunicación de gobierno se realiza exclusivamente para aprovechar los seguidores de cada uno de ellos como un medio más, a lo que se suma periódicamente la interacción natural con los usuarios en los posteos de las diferentes cuentas”.

Pero esto es imposible de verificar, ya que en el portal de datos BA Data sólo se puede acceder a las pautas publicitarias hasta 2023. Faltan las de 2024 y 2025. Sí se informa que el gobierno de CABA aprobó una licitación para la contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, entre cuyas beneficiarias se encuentra la empresa Epoge (con $510.620.683). 

Esta consultora aparece relacionada con varias administraciones provinciales. Su contratación por parte del gobierno de Río Negro motivó un pedido de informes de un legislador opositor. “Weretilneck paga con recursos públicos a una consultora cercana a Milei por acciones netamente proselitistas y partidarias”, afirmó el diputado provincial José Luis Berros.

El legislador le dijo a Ruido que el gobierno provincial pidió una prórroga para contestar el pedido de informes en octubre de 2025, pero el plazo para hacerlo ya se venció, sin que haya respuesta.

La firma Epoge, dedicada a la comunicación política, es cuestionada por sus vínculos con administraciones del gobernador Rolando Figueroa, en Neuquén; con la intendencia de la kirchnerista Mayra Mendoza, en Quilmes (provincia de Buenos Aires); o con la gestión nacional del ex presidente Alberto Fernández. 

A Epoge también se la menciona como una empresa ligada a allegados al asesor presidencial Santiago Caputo.

Ruido y Connectas intentaron contactar a esta empresa para que responda sobre esos nexos, pero no fue posible hallar ninguna forma de contacto en ninguna plataforma, ni existe algún website de la compañía.

Provincias unidas por las mismas empresas

En Tucumán, esta investigación detectó cuentas sospechosas entre seguidores del gobernador Osvaldo Jaldo, aunque los datos fueron insuficientes como para ser analizadas por el equipo del CIECS. 

Si bien el gobierno de esa provincia no respondió el pedido de acceso a la información, Ruido encontró entre las empresas contratadas a través de publicidad oficial, al igual que en Córdoba, a Madero Media Group. La empresa de Cerimedo también aparece como proveedora del gobierno de Entre Ríos.

Otra consultora polémica es Smart Consumer, propiedad de Guillermo Seita –armador del espacio político “Provincias Unidas”, que nuclea a los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Córdoba (Llaryora), Chubut (Ignacio Torres), Jujuy (Carlos Sadir) y Santa Cruz (Claudio Vidal)- y de Gastón Douek, conocido como “el señor de los trolls”. Esta empresa ofrece servicios de publicidad, de consultoría de información y de estudios de mercado. 

Smart Consumer y/o una de sus subsidiarias, Prosumia, tienen contratos de pauta oficial al menos en las provincias de Córdoba, Catamarca, Chubut, Corrientes, Tierra del Fuego y Chaco. En esta última provincia, se pidieron informes sobre posibles desvíos millonarios de fondos públicos para la contratación de usuarios ofensivos para redes sociales y plataformas de discusión como estrategia digital con fines proselitistas. 

“Estas firmas han sido objeto de denuncias públicas por participación en campañas de desinformación, manejo de redes de cuentas falsas y operaciones digitales durante procesos electorales”, afirma en su pedido de informes el legislador Nicolás Slimel, quien informó a Ruido que aún no tuvo ninguna respuesta del gobierno

Ruido y Connectas enviaron una consulta al único contacto de Prosumia que figura en la web, ya que el sitio de Smart redirige hacia el de Prosumia. Pero no hubo respuesta.

Quién paga las campañas positivas

El diario La Nación informó sobre consultoras y agencias especializadas en la creación de perfiles falsos relacionados con el presidente Javier Milei, ya sea para atacar a rivales o bien para promover a quienes pagan por eso. 

Si bien no se las puede asociar directamente con la creación de perfiles oficialistas a cambio de recibir fondos públicos, el relevamiento de Ruido y Connectas registró consultoras expertas en campañas digitales y/o promoción en redes que se contratan en al menos 9 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Tucumán).

Pero no hay respuestas concluyentes porque los gobiernos provinciales o bien lo niegan, o bien no responden, o bien ocultan la información sobre contrataciones a este tipo de empresas.

De los 24 pedidos de acceso a la información con preguntas relacionadas con estas contrataciones, sólo respondieron 7 de los 24 distritos, pero 5 de los 7 que contestaron lo hicieron con datos parciales y/o insuficientes. Sólo provincia de Buenos Aires y CABA respondieron la totalidad de lo requerido. 

¿Son efectivas estas campañas de propaganda?

Firtman afirmó que estos intentos de manipular audiencias “pocas veces resultan eficaces porque requieren de muchísima inversión para lograr cambiar la narrativa; en los casos locales lo que vemos son intentos pequeños que no parecen torcer a la audiencia pero sí mejorar alguna métrica que luego alguna consultora, a veces la misma, le lleva al político para que vea cómo está mejorando su imagen”.

Soledad Segura, docente, investigadora en Comunicación e integrante del CIECS, aseguró que X es una red no masiva, y que las restricciones recientes a cuentas bot y contenido de IA dificultan las estrategias de este tipo de campañas, aunque pueden incidir en “aumentar la visibilidad de publicaciones específicas mediante likes y reposteos”. Considera, de todos modos, que la comunicación no genuina “distorsiona el diálogo público, fomenta la desconfianza y dificulta la comunicación basada en verdad, justicia y sinceridad”.

Aclaración: en el caso de Santiago del Estero, se tomaron las cuentas del anterior gobernador, Gerardo Zamora, que ejerció el cargo hasta el 10 de diciembre de 2025. Lo mismo para el caso de Corrientes, en el que se relevó la cuenta de Gustavo Valdés.

Esta investigación fue realizada por Edgardo Litvinoff y Ezequiel Soria (Rudio), con la edición y acompañamiento editorial del Equipo Connectas. El relevamiento fue realizado por: Ezequiel Soria, Norma Devechi, Claudia Araujo, Eliana Coronel, Pablo Oro, Gabriela Sánchez, Judith Córdova, Luz Pérez, Agustín Mottet, Marcela Arce, Mariela Arias, Hugo Alonso, Silvina Guzmán Coraita, Juan Manuel González.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Fecha de publicación original: 23/02/2026

“Cuida a tu provincia, ¿para qué te votaron?”, le grita, enojada, Paula Penacca, diputada de La Cámpora, a las tucumanas que responden a Osvaldo Jaldo que se están sentando para dar quórum en la sesión de la reforma laboral. “Ganen las elecciones”, le responde, también a los gritos, Elia Marina Fernández, quien integró una lista de unidad con La Cámpora hasta hace solo unos meses. La reforma laboral de Javier Milei quebró al peronismo en su columna vertebral –el trabajo– y lo arrastró a una crisis que hubiera deseado evitar. Los pragmáticos de ayer, kicillofistas y cristinistas, se chocaron con la “traición” de los gobernadores y se preguntan, como en 2019, “¿es con todos?”.

Cristina Fernández de Kirchner siguió la votación en la Cámara de Diputados desde su departamento. Era su cumpleaños y ya hace tiempo que el estricto régimen de visitas que le impuso la Justicia le impide casi hacer política. Atrás había quedado la carta posterior derrota electoral en la que, tras cuestionar la decisión de desdoblar la elección bonaerense, destacó las victorias en Catamarca y Tucumán y abogó por tener “flexibilidad” con los gobernadores de cara al futuro. “Son ellos los que no quieren estar con nosotros”, explica un dirigente de su círculo chico. La tregua había terminado.

CFK había dado vía libre a disparar contra los gobernadores peronistas que, como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil o Gustavo Sáenz, habían habilitado la sesión de la reforma laboral. Y la tropa cristinista salió a cruzarlos con dureza: fueron ellos, más que el propio Gobierno, los destinatarios de la metralleta discursiva. “La traición que hicieron los salteños al dar quórum. O los misioneros y los tucumanos, y no estoy hablando de LLA. Porque eso es honestidad intelectual. Los que chorean son los peronistas que se sentaron en el medio y dieron quórum”, atizó, con dureza, Vanesa Siley, en la sesión.

Siley no fue una excepción. La tropa cristinista salió, al unísono, a apuntar contra los gobernadores. La secretaria general de La Cámpora, Lucía Campora, los insultaba en el recinto, mientras que, en paralelo, Mayra Mendoza, los cruzaba en redes sociales. “Los que asumieron sus bancas por el peronismo y hoy votan esto son, casualmente, los que quieren terminar con el kirchnerismo. ¿Será porque nosotros siempre defendemos a los trabajadores y no negociamos por un cordón cuneta?”, deslizó la ex intendenta de Quilmes, muy cercana a la ex presidenta. 

No fue solo el cristinismo, sin embargo. Massistas y kicillofistas se movían por el Congreso con ira y resignación, y apuntaban siempre los cañones a un mismo destinatario: los gobernadores que habían traicionado el mandato popular y se habían alineado con Milei. “Van a perder las elecciones así. No entienden que no existe más el centro, que Karina los va a arrasar en las provincias. No tienen más estrategia que la supervivencia a corto plazo”, reflexionó un dirigente massista que, en el pasado, compartió muchos asados con Sáenz. Incluso un Año Nuevo. 

El kicillofismo, mientras tanto, estaba irritado pero sabía que no podía ser tan locuaz. El motivo era que Axel Kicillof pretende comenzar a construir su armado federal presidencial durante 2026 con ayuda de los jefes territoriales de cada provincia. El gobernador bonaerense busca crear un “gran frente democrático” que incluya a todos los partidos y dirigentes que quieran hacerle frente a Milei. Y eso, hasta hace 48 horas, incluía también a los gobernadores del Norte.

Kicillof, además, mantiene un diálogo acotado con Jalil y Jaldo. Aunque no en la previa de la votación, advierten en La Plata, en donde estaban en alerta ante las críticas que habían surgido dentro del cristinismo por una reunión que el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, había tenido hace varios días con Alberto Arrúa, uno de los diputados misioneros que votaron a favor de la reforma laboral. “Operaciones de quienes les estuvieron festejando la victoria electoral de esos gobernadores hace poco”, se quejaban en el kicillofismo.

Más allá de la encerrona bonaerense, que aprovecha las crisis para echarse las culpas, Kicillof sabe que tendrá que encontrar una salida a la atomización peronista si quiere convertirse en el candidato de la oposición. Especialmente frente a un calendario que le marca que, en unos meses, deberá empezar a recorrer el país. 

“Nosotros vamos a construir con todos los que se quieran oponer a Milei. Pero no veo que les interese ser opositores a Milei a los (gobernadores) que indicaron a sus legisladores votar estas leyes”, argumentaron en el entorno del gobernador bonaerense. 

¿Unidad hasta que duela?

La pelea entre el cristinismo y el peronismo “del interior” más mileista continuó mucho después de la votación. El ministro de Interior de Tucumán, Darío Monteros, cruzó a Siley en Twitter y acusó al cristinismo de ser responsable de la crisis del peronismo. “No nos vengan a endosar responsabilidades a quienes hoy tenemos que ordenar, gobernar y contener después de una derrota que fue consecuencia directa de esa conducción. Las provincias no fallaron: falló una forma de hacer política que alejó al peronismo de la gente”, se quejó Monteros.

Siley le respondió, pero, más allá de los cruces, un sector del kirchnerismo admitía, por lo bajo: “Ya sabíamos que Jaldo era de Milei y fuimos con él a la elección. En todo caso se hará como con Massa, que fue aliado de Macri los primeros dos años, y después fue nuestro candidato a presidente”, remarcó un dirigente con terminales tanto en el cristinismo como el kicillofismo. 

La comparación con Massa fue una constante tras la explosión indignada de algunos dirigentes. Si el tigrense, que había cantado que iba a meter presos a todos los de La Cámpora, se había vuelto íntimo de Máximo Kirchner y convertido en el candidato del cristinismo, ¿quién podía animarse a cerrarle la puerta a los gobernadores que habían votado con Milei?

“Culpar a los gobernadores sin entender cómo se llegó a esta situación solo profundiza la crisis y fortalece a Milei. En este nivel de atomización y diáspora no tiene sentido caerle a los gobernadores. En todo caso hay que generar las condiciones para que tengan otras alternativas. Y eso se hace con un proyecto de poder”, reflexionó, más cauto, uno de los principales armadores del kicillofismo.

Incluso en el cristinismo furioso, que viene manteniendo hace un tiempo una fuerte disputa con algunos PJ provinciales, sostienen que, al final del día, prevalecerá la bandera del pragmatismo. “Hay tiempo de recomponer, pero hay que ver si ellos quieren. Sin proyecto de hegemonía política va a ser difícil”, suspira un referente de La Cámpora.

MCM/MG

El Senado debate este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, luego de que el oficialismo introdujo una serie de modificaciones al textp para garantizar los votos necesarios y atenuar el rechazo sindical. El eje del conflicto volvió a centrarse en el impacto directo sobre los trabajadores, en un contexto de salarios que no lograron recuperar poder adquisitivo y paritarias rezagadas.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció un acuerdo con bloques aliados para llevar el dictamen al recinto y sostuvo que se trató de “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. La negociación incluyó concesiones a gobernadores, a bloques parlamentarios aliados y a la Confederación General del Trabajo (CGT), que había cuestionado puntos centrales del articulado original.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo que preveía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas. Ese punto había generado un fuerte rechazo de los gobernadores por el impacto fiscal sobre las provincias. La quita de ese artículo fue determinante para destrabar el apoyo político necesario para avanzar con la sesión.

En paralelo, el oficialismo cedió a reclamos históricos de la CGT vinculados al financiamiento sindical y de las obras sociales. Se mantuvo por dos años el aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%, y se sostuvo el aporte del 6% destinado a las obras sociales, en lugar del recorte que planteaba el texto original. Estas modificaciones evitaron un desfinanciamiento inmediato de las organizaciones sindicales, uno de los puntos que había concentrado mayor resistencia.

También se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un tope del 0,5%, y se descartó la posibilidad de que los salarios se paguen a través de billeteras virtuales. El dictamen estableció que los sueldos deberán abonarse exclusivamente mediante cuentas bancarias o en entidades de ahorro oficial, una demanda compartida por los sindicatos y el sistema bancario. El Gobierno argumentó que habilitar otros mecanismos podía generar “enormes problemas” para los trabajadores.

Con estos cambios, La Libertad Avanza llegó al recinto con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales, y alcanzó un número que le permitió proyectar la sanción de la ley. El oficialismo cuenta 41 votos, aunque al cierre del día persistían dudas sobre la posición de algunos senadores provinciales. La construcción de mayorías quedó atada a concesiones explícitas, reconocidas incluso por la propia Bullrich, quien admitió que sin esos cambios no contaban con los votos necesarios.

Otro punto sensible del acuerdo fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir despidos. El esquema final estableció dos categorías: un aporte del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, con la posibilidad de ajustes posteriores bajo control de una comisión bicameral. El fondo fue presentado como un mecanismo de contención, aunque los sindicatos cuestionaron que se avance en paralelo con cambios que abaratan y flexibilizan los despidos.

El dictamen también ratificó la decisión de derogar distintos estatutos laborales, entre ellos el Estatuto del Periodista, con un plazo de seis meses para negociar nuevos convenios colectivos. La medida generó alarma en sectores que advirtieron sobre un vacío normativo y una pérdida de protecciones específicas, en un escenario donde la correlación de fuerzas en la negociación colectiva aparece debilitada.

Protestas

Mientras el Senado sesiona, la conflictividad se traslada a la calle. La CGT y las dos CTA convocaron a una movilización frente al Congreso desde las 14.30 para rechazar el proyecto. Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas parcial desde las 13, sin paralización total, para facilitar la participación en la marcha. Las CTA y ATE, en cambio, dispusieron un paro de 24 horas.

En su convocatoria, la CGT sostuvo que la reforma “no es modernización” sino “ajuste sobre las y los trabajadores” y advirtió que implica una pérdida de derechos laborales, previsionales y provinciales. El mensaje apuntó a unificar el rechazo en torno a la defensa del trabajo y las jubilaciones, y a marcar un límite político al avance del oficialismo.

Dirigentes sindicales reforzaron ese posicionamiento. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, afirmó que el proyecto fue elaborado con un “criterio antisindical” y que busca desfinanciar a las organizaciones gremiales. Rodolfo Aguiar, de ATE, advirtió que los gobernadores que avalen la reforma “estarán firmando su propia sentencia de muerte” y reclamó que defiendan a los trabajadores de sus provincias.

Durante las horas previas al debate, distintas organizaciones sindicales desplegaron campañas de difusión para advertir sobre los efectos concretos de la reforma. Las piezas apuntaron a cambios en la jornada laboral, el pago de horas extra, las vacaciones, las indemnizaciones y la estabilidad del empleo, con un mensaje directo hacia quienes dependen de su salario para sostener sus ingresos.

El debate legislativo se desarrollará así en un clima de alta tensión política y social. Mientras el oficialismo celebró haber alcanzado un acuerdo parlamentario, los sindicatos dejaron en claro que la disputa no se agotará en el recinto.

JJD, con información de NA

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA

A solo dos días del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno volvió a mover fichas en el tablero de las provincias. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados más firmes del oficialismo en el interior. El mandatario ingresó por el Salón de los Bustos pasadas las 10 y se dirigió a las oficinas del área política ubicadas en la planta baja, en una visita que, en Balcarce 50, leyeron como parte de la ronda final de contactos antes de la votación.

Después del encuentro con Santilli, Zdero mantuvo también una reunión con el armador político Eduardo “Lule” Menem en sus oficinas del primer piso. El ministro del Interior llegó a la Casa Rosada tras intercambiar algunas palabras con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien partía hacia el Ministerio de Seguridad. La secuencia reflejó el movimiento coordinado del oficialismo sobre el frente político, en momentos en que el Gobierno busca consolidar apoyos para garantizar el resultado en el Senado.

Santilli y Zdero coincidieron en subrayar la necesidad de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma laboral. “Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, destacaron tras la reunión, según deslizaron fuentes del entorno del minsitro del Interior. En la misma línea, remarcaron que “avanzar en una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

No se trató del primer contacto entre Santilli y el gobernador en lo que va del año. Ambos ya se habían reunido el 12 de enero en la provincia de Chaco, donde el gobernador radical había expresado públicamente su respaldo al proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. En aquella oportunidad, también coincidieron en la necesidad de fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo. Zdero había señalado entonces que el rumbo económico del Gobierno y la iniciativa laboral apuntaban a reducir el riesgo país y consolidar el deficit cero, en una línea de sintonía política con la Casa Rosada.

El gobernador de Chaco, que ya suma más de 25 ingresos a la Casa Rosada desde la asunción de Milei, se convirtió en uno de los interlocutores más frecuentes del oficialismo en el interior. En el Gobierno destacan su alineamiento político y su rol dentro del grupo de mandatarios que, aun con reservas, optaron por acompañar la reforma o evitar confrontar abiertamente con el Ejecutivo.

Es que, más allá del respaldo político, la discusión que hoy atraviesa el vínculo con los gobernadores es fiscal. En el Gobierno reconocen que la baja del Impuesto a las Ganancias es uno de los puntos más sensibles del paquete y saben que genera preocupación tanto en mandatarios aliados como opositores por el impacto sobre los recursos provinciales.

En ese marco, según comentaron a elDiarioAR fuentes informales, algunos gobernadores habrían propuesto postergar la reducción durante dos años y aplicarla en etapas, a través de un proyecto fiscal separado de la reforma laboral. La alternativa buscaría aliviar el costo inmediato sobre las arcas locales sin romper el alineamiento político con la Casa Rosada. Sin embargo, nadie confirmó oficialmente este planteo, por lo que el tema sigue en discusión y forma parte de la negociación de último momento previa al debate en el recinto.

La ronda federal de Santilli

La visita de Zdero se inscribe en una secuencia más amplia de gestiones que el ministro del Interior viene desplegando desde comienzos de año para asegurar el respaldo político a la reforma. Santilli abrió su ronda federal en Chaco, donde obtuvo el apoyo explícito del propio Zdero, y luego continuó con encuentros con el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, tres gobernadores clave en el poroteo legislativo. La gira incluyó además visitas a San Juan, donde se reunió con Marcelo Orrego, y a Mendoza, con el radical Alfredo Cornejo, ambos alineados con el oficialismo en la discusión por la “modernización” laboral.

En la Casa Rosada sostienen que el escenario parlamentario está, en términos generales, encaminado. El oficialismo trabaja para garantizar el quórum y una mayoría que supere los 37 votos necesarios, con la expectativa de acercarse a los 40 apoyos si se mantiene ordenado el respaldo de los legisladores vinculados a gobernadores aliados. En ese cálculo, el rol de las provincias no solo pasa por el voto sino también por asegurar presencia en el recinto, un factor que el Gobierno considera determinante para evitar sorpresas en la sesión.

La lectura política del oficialismo sobre los mandatarios es clara: la mayoría prefiere negociar recursos antes que confrontar abiertamente con Milei, y evita quedar alineada con la CGT en un conflicto que consideran ajeno a sus prioridades fiscales. En Balcarce 50 creen que el costo político de romper con el Gobierno es hoy más alto que el de acompañar la reforma, lo que explica el repliegue de sectores del peronismo dialoguista.

Con el frente sindical contenido y la negociación con las provincias en su tramo final, el oficialismo entra en la recta decisiva hacia la sesión del Senado. En el Gobierno confían en que el respaldo provincial seguirá ordenado y que el resultado de la votación dependerá menos de las dudas parlamentarias que de la capacidad del Ejecutivo para sostener el equilibrio político construido en las últimas semanas.

PL/MC