Mientras Javier Milei emprende su viaje de vuelta a la Argentina tras su visita fugaz a los Estados Unidos, donde participó de la Conferencia del Instituto Milken, Karina Milei encabezó este jueves en San Juan una cumbre política y empresarial que dejó varias lecturas dentro del oficialismo. La más evidente fue una ausencia. No estuvo el jefe de Gabinete Manuel Adorni, habitual integrante de las recorridas y reuniones políticas del karinismo hasta antes del estallido de la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo presión desde hace dos meses.

La secretaria general arribó a las 10.30 al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento y fue recibida por la ministra provincial Laura Palma. Desde allí partió hacia el departamento Sarmiento para recorrer las instalaciones de Caleras San Juan S.A., en la localidad de Los Berros, acompañada por el gobernador Marcelo Orrego. La actividad formó parte de la agenda organizada alrededor de la Expo San Juan Minera y de las celebraciones por el Día de la Minería, uno de los sectores estratégicos para el Gobierno en su búsqueda de dólares e inversiones.

La comitiva recorrió los hornos industriales, la planta fotovoltaica y distintas áreas del complejo ubicado en Divisadero, antes de continuar con actividades en Pocito y un almuerzo protocolar en Energía Provincial Sociedad del Estado. Pero más allá de la agenda minera, el viaje tuvo una dimensión política evidente. Karina Milei se mostró rodeada por funcionarios que, dentro y fuera del Gobierno, empiezan a ser leídos como parte de un nuevo esquema de poder interno en medio de la crisis por el caso Adorni.

La acompañaron el ministro del Interior, Diego Santilli, uno de los principales articuladores políticos del Gobierno con los gobernadores; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que ganó centralidad en las últimas semanas por el frente judicial que enfrenta el oficialismo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, además del secretario de Minería, Luis Lucero. También participaron gobernadores que forman parte del núcleo de mandatarios dialoguistas con los que el oficialismo intenta reconstruir puentes de cara al 2027.

De la foto junto a Santilli formó parte el anfitrión Orrego, uno de los gobernadores que desde el inicio de la gestión libertaria mantuvo una relación pragmática con el Gobierno. El sanjuanino necesita sostener el flujo de inversiones para el desarrollo minero de su provincia, especialmente en litio y cobre, y observa en la administración Milei una oportunidad para acelerar proyectos estratégicos que requieren apertura al capital extranjero.

También dijeron presente Alfredo Cornejo y Raúl Jalil, dos de los principales impulsores de la expansión minera en la región cuyana y del NOA. Cornejo mantiene con la Casa Rosada un vínculo político oscilante, pero alineado en temas económicos y productivos, especialmente alrededor de la minería metalífera y el RIGI. Jalil, por su parte, fue uno de los gobernadores peronistas más colaborativos con Milei desde el inicio de la gestión y se convirtió en un aliado clave para el oficialismo en distintas votaciones legislativas sensibles.

La nómina incluyó además a Gustavo Sáenz, otro mandatario con fuerte interés en el desarrollo del litio y una relación de cooperación permanente con la Casa Rosada; a Carlos Sadir, heredero político del radicalismo jujeño y protagonista de la estrategia regional vinculada al triángulo del litio; y a Maximiliano Pullaro, cuya presencia tuvo una lectura más política que minera, en momentos en que el oficialismo busca recomponer vínculos con sectores de la UCR.

También estuvo Martín Llaryora, otro de los actores que el Gobierno considera centrales para cualquier acuerdo político de mediano plazo. Aunque el cordobés mantuvo diferencias públicas con la Casa Rosada por temas fiscales y de coparticipación, el oficialismo sigue viendo a Córdoba como un territorio clave tanto para la gobernabilidad legislativa como para el armado político rumbo al año que viene.

La visita a San Juan funcionó así como una postal de las alianzas que el karinismo intenta preservar. En su entorno aseguran que el apoyo de esos gobernadores dialoguistas será indispensable para avanzar con proyectos centrales, especialmente la reforma política y la eliminación de las PASO, dos objetivos que la hermanísima considera prioritarios para consolidar el armado nacional de La Libertad Avanza.

La ausencia de Adorni, sin embargo, fue el dato que más comentarios generó en Balcarce 50. En el oficialismo reconocen que el escándalo judicial modificó el equilibrio interno y obligó a redistribuir funciones. La lectura se repite en distintos despachos y también de la oposición. Desde que el caso Adorni empezó a escalar, Karina Milei viene delegando parte de la interlocución política en Santilli y en el armado territorial de los Menem. El corrimiento del jefe de Gabinete de determinadas actividades empezó a ser interpretado como una forma de bajar el nivel de exposición pública mientras continúa el desgaste judicial y mediático.

En la Casa Rosada insisten en que los hermanos Milei siguen respaldando a Adorni. Pero admiten, por lo bajo, que la situación golpea directamente la imagen presidencial. Algunos funcionarios reconocen la caída en la popularidad y que las distintas estrategias para contener el impacto no lograron frenar el deterioro. Por eso, la decisión de Karina de no viajar a los Estados Unidos junto a su hermano fue leída en clave estríctamente política, a modo de fuga hacia adelante. “Hay que seguir gobernando”, remataron cerca de la secretaria general.

PL/MC

En jornadas de intensa movilización sindical que arrancaron hace dos semanas, cuatro provincias argentinas cuyos gobernantes mantienen abierto su apoyo al presidente Javier Milei vieron a sus empleados estatales salir a las calles para reclamar mejoras salariales y denunciar la falta de recursos provenientes del Gobierno nacional. Los conflictos en Catamarca, San Juan, Jujuy y Santa Cruz pusieron en evidencia la creciente presión social sobre los mandatarios provinciales que respaldan la gestión nacional pese a que la Casa Rosada retacea los fondos federales para educación, salud, asistencia social y la obra pública.

Catamarca: mesa de negociación fracasa

En Catamarca, gobernada por el peronista Raúl Jalil –uno de los gobernadores más cercanos a Milei en el norte–, el conflicto docente escaló este último miércoles 11, durante la noche, cuando las columnas de maestros y profesores se concentraron frente a la Casa de Gobierno en una marcha de antorchas. La movilización tuvo replicas en las ciudades más importantes de esta provincia, como en Santa María. “El Ejecutivo liderado por el gobernador Raúl Jalil tiene literalmente un plan sistemático de destrucción de la educación pública”, aseguró el docente Marcos Castro durante la movilización. Su colega Bruno Corzo, también referente del sector de los autoconvocados, apuntó contra el reciente viaje de Jalil a Estados Unidos junto a la comitiva presidencial de Javier Milei: “Es muy grave lo que hace con la situación que hay acá. El gobernador pide prudencia en la política salarial para los trabajadores pero él se va de gira con la comitiva presidencial”.

Pese a que el gobierno no tenía en sus planes abrir el diálogo, elDiarioAR supo que el mandatario catamarqueño –que todavía no retornó del exterior– bajó la orden de reiniciar las negociaciones. La primera reunión se concretó este último jueves al mediodía, en la que estuvo la Intersindical Docente, que integran los gremios ATECa, SADOP y SIDCa, pero terminó sin acuerdo, lo que profundiza la crisis que ya lleva semanas. 

Mientras las conducciones gremiales mantenían el encuentro con funcionarios en el interior de la Casa de Gobierno, los docentes autoconvocados permanecieron en la calle frente al edificio, rechazando de antemano cualquier propuesta que no cumpliera con sus exigencias. El Ejecutivo de Jalil había ofrecido llevar el salario básico docente a $800.000 por cargo (posteriormente mejorado a $850.000), más un bono extraordinario de $80.000 por inicio de clases y actualización bimestral del punto índice según la inflación. Sin embargo, los docentes exigen $1.300.000 de salario básico, denunciando que Catamarca tiene el tercer salario docente más bajo del país, solo por encima de Misiones y Mendoza, según el último Informe Indicativo de la Secretaría de Educación de la Nación.

El fracaso de la mesa abre un escenario de mayor conflictividad: los docentes autoconvocados –que no participaron de la reunión– ya convocaron una nueva marcha para este viernes y advierten que no aceptarán cualquier acuerdo que surja de la paritaria sin su participación directa.

Jujuy: el conflicto policial que encendió la mecha

En Jujuy, gobernada por el radical Carlos Sadir, afín a la Casa Rosada, la actual ola de protestas estatales se originó en un conflicto salarial policial que estalló con violencia días atrás y terminó por contagiar a todo el sector público provincial. Comenzó cuando efectivos de la Policía iniciaron reclamos por mejoras salariales, exigiendo la actualización del salario básico y mejores condiciones de trabajo. La situación se agravó cuando trascendió que la plana mayor de la fuerza había recibido aumentos del 70%, mientras que sectores como los custodios de autoridades de Gobierno y el CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales) accedían a beneficios excluyentes. Este trato diferenciado profundizó el malestar entre los agentes de menor rango, que se sintieron discriminados. La reacción oficial fue dejar sin efecto los aumentos pero el enojo ya se había instalado. 

El conflicto escaló hacia disturbios frente a la Casa de Gobierno el lunes por la noche, con una manifestación que derivó en ataques al edificio gubernamental. Las autoridades presentaron denuncias penales contra los responsables y el Ministerio Público de la Acusación inició una investigación de oficio, calificando los hechos como parte de una estrategia “coordinada y premeditada” por sectores “sin representatividad” en la fuerza. Lejos de calmar los ánimos, estas decisiones no amedrentaron al sector rebelde y se incrementó el malestar.  

Ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial se vio obligado a presentar una propuesta que incluía aumentos escalonados y un piso salarial de $1.150.000 para agentes recién incorporados desde marzo, más adicionales por presentismo y mejoras en títulos y posgrados, en un intento de calmar las aguas internas. Cuando trascendió el contenido del ofrecimiento, el grupo de policías activos que protagonizó los reclamos lo rechazó por insuficiente y cuestionó a los interlocutores que eligió el gobierno por “no contar con el aval para tomar decisiones”. La tensión interna escaló tanto que presentó su renuncia el secretario de Seguridad Juan Manuel Pulleiro. El militar retirado ya se había desempeñado como ministro de Seguridad en Salta, durante la primera mitad del mandato del gobernador Gustavo Sáenz.

Como efecto dominó, el conflicto policial encendió los reclamos del resto de los gremios estatales. Los docentes jujeños, encabezados por el gremio combativo Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), marcharon este miércoles durante la noche para reclamar la restitución del abono docente y una nueva negociación salarial. “Hay una situación económica asfixiante, con $800.000 no puede vivir nadie en este momento. La canasta básica ya está casi llegando al millón quinientos”, expresó en la marcha Mercedes Sosa, secretaria general del CEDEMS y sostuvo que “debemos ser recibidos en paritaria, no se puede poner un 10% en cuotas”.

La presión en las calles, a la que se sumaron estatales enrolados en una decena de sindicatos de la administración pública, obligó al gobierno provincial a reabrir las paritarias, aunque la situación permanece tensa. El secretario de Trabajo y Empleo, Andrés Lazarte, indicó que la próxima semana se retomarán las mesas de diálogo con los representantes de los distintos sectores. “Queremos llevar tranquilidad para todos los ámbitos de la administración pública y comunicar que van a ser convocados los días lunes y martes. Se generará una agenda de trabajo para dialogar con cada sindicato”, precisó.

La paradoja salarial en Jujuy resulta llamativa: mientras el gobierno ofrece 30% de aumento a la policía, los docentes y empleados estatales denuncian que se les impone un porcentaje inferior, lo que genera una brecha creciente entre las fuerzas de seguridad y resto de los trabajadores públicos. 

San Juan: antorchas en la calle logran abrir mesa de diálogo

La provincia cuyana gobernada por Marcelo Orrego, que integró Juntos por el Cambio como diputado nacional y hoy cultiva sintonía fina con la Casa Rosada, vivió este miércoles por la noche horas de alta tensión porque los gremios docentes marcharon con antorchas en reclamo de mejoras salariales, en una potente demostración de fuerza. 

La columna multitudinaria estuvo encabezada por la secretaria general del gremio educativo UDAP, Patricia Quiroga, y contó con la participación de distintos sindicatos docentes y estatales. Se sumaron los sindicatos UDA, AMET y SADOP, y también adhirieron trabajadores de otros sectores, entre ellos ATE, la Unión Judicial y referentes del sindicato SUTE, que viajaron desde Mendoza para expresar su apoyo. Durante la protesta se pudieron ver banderas argentinas, pancartas y carteles con consignas como “sueldo digno”, mientras los manifestantes sostenían velas encendidas en una marcha simbólica que rodeó la plaza principal.

El conflicto en San Juan había escalado con cuestionamientos al paro médico por parte de funcionarios provinciales, quienes aseguraron que los salarios “le ganan a la inflación”, una afirmación que contrastaba con la realidad que denunciaban los trabajadores en las calles. Sin embargo, la presión de la movilización docente logró revertir la intransigencia inicial del Ejecutivo. Como resultado directo de las protestas en las calles, el gobierno accedió a sentarse a negociar este jueves 12 con los representantes gremiales, abriendo una instancia de diálogo que busca destrabar el conflicto salarial. La apertura de la mesa representa una victoria parcial para los docentes, que lograron forzar al gobierno aliado de Javier Milei a escuchar sus reclamos.

La situación evidencia la dificultad del gobierno de Orrego para sostener simultáneamente el apoyo al presidente y la paz social en su territorio, mostrando que incluso las manifestaciones más tradicionales pueden doblegar la resistencia inicial de administraciones que intentan aplicar austeridad fiscal, de igual modo que la Casa Rosada.

Santa Cruz: acampe gremial y ley de emergencia que busca “reorganizar el gasto público”

En Santa Cruz, provincia gobernada por el gremialista Claudio Vidal –quien si bien pertenece al PJ no kirchnerista se muestra cercano a la gestión de Milei–, los gremios montaron un acampe frente a la Legislatura desde el pasado miércoles para repudiar que la Legislatura debata un proyecto de ley de emergencia económico-financiera y administrativa que presentó el Poder Ejecutivo.

La presión en las calles, con momentos de tensión, provocó que el proyecto sea devuelto este jueves al Ejecutivo por los diputados, decisión que fue votada por unanimidad. La iniciativa contemplaba facultades extraordinarias para el gobierno provincial. Según los artículos claves, la emergencia alcanzaba a toda la estructura estatal, incluyendo la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes autárquicos, institutos, organismos de previsión social, tribunales de cuentas y la Legislatura misma. Pero lo que encendió la chispa de los reclamos fue que el texto también establecía que durante la vigencia de la emergencia, prevista hasta el 31 de diciembre de 2026, “no podrán aplicarse aumentos salariales automáticos, ni mejoras remunerativas, si no existen recursos financieros disponibles para afrontarlos”.

El rechazo de los diputados a avanzar con la ley –en medio de un acampe gremial– evidenció las dificultades para implementar medidas de ajuste estructural, en un contexto de creciente conflictividad social. Los trabajadores estatales temen que la “emergencia” se traduzca en despidos, suspensiones y reducción de derechos laborales, mientras el gobierno provincial busca herramientas para cumplir con las metas fiscales que exige la coordinación con la Nación.

El dilema de los gobernadores aliados

Las cuatro provincias comparten una característica común: sus gobernadores han manifestado en distintos grados apoyo o alineamiento con la gestión de Javier Milei, en términos de coordinación fiscal y, sobre todo, un respaldo político que permitió la aprobación de proyectos libertarios en el Congreso, como fue la reforma laboral. Sin embargo, esta alianza con la Casa Rosada les presenta un desafío creciente: el Gobierno nacional ha reducido significativamente el envío de fondos federales a las provincias, lo que les impide atender las demandas salariales de sus empleados estatales.

La situación genera una paradoja política porque mientras los mandatarios respaldan al jefe de Estado, son precisamente quienes más sufren las consecuencias sociales de sus políticas de ajuste. En Catamarca, Jalil fracasó en la mesa de negociación de hoy; en Jujuy, Sadir tuvo que ceder ante la presión policial para evitar un colapso institucional; en Santa Cruz, Vidal no logró avanzar con su ley de emergencia; y en San Juan, Orrego se vio obligado a abrir el diálogo tras las protestas.

Los conflictos docentes y estatales en estas cuatro provincias evidencian que el costo político del apoyo a Milei está comenzando a cobrarse en las calles, con gobernadores aliados obligados a enfrentar la ira de sus propios trabajadores mientras la Casa Rosada retiene los recursos necesarios para calmar las aguas. Las protestas de las últimas horas sugieren que la tensión social podría profundizarse en los próximos días, con mandatarios atrapados entre su lealtad al Presidente y la necesidad de garantizar la gobernabilidad en sus territorios.

DC/MG

Jorge Macri (de CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El palco de los gobernadores que acompañaron el discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa, el domingo por la noche, reveló en parte la trama de alianzas que construyó el Gobierno en los últimos meses para que avancen leyes clave durante el verano, desde la reforma laboral a la baja de edad de imputabilidad y la modificación de la Ley de Glaciares. 

Lo que no mostró esa foto es que el pacto de la Nación con las provincias tiene mucho más que ver con la cuestión económica que la simpatía política o ideológica. Porque Milei reunió a mandatarios provinciales del PRO, de la UCR, el peronismo no-kirchnerista y de fuerzas locales: alianzas transversales que le aportaron votos en el Senado y Diputados al libertario. Evitaron mostrarse junto al Presidente otros gobernadores que le hicieron el favor en las últimas votaciones, como el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo, el misionero Hugo Passalacqua, el catamarqueño Raúl Jalil, el santacruceño Claudio Vidal o el neuquino Rolando Figueroa.

Apenas horas después del discurso de Milei, se conoció que el Gobierno repartió en febrero sugestivamente unos $20.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Fue el mes en que el Congreso avanzó con las sesiones extraordinarias mileístas. Así, Misiones, Salta y Santa Cruz recibieron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy, $3.000 millones cada una; y Neuquén, $2.000 millones, según analizó la consultora Politikon Chaco. 

Otra provincia que benefició Milei con más partidas fue Córdoba, donde gobierna Martín Llaryora: la Nación duplicará los fondos que le envía mensualmente a la provincia para cubrir el déficit de su caja de jubilaciones no transferida. Los giros de la ANSES pasarán de 5.000 a 10.000 millones de pesos por mes.

Esos montos parecieron ser el precio que le costó al Gobierno la reforma laboral, luego del tour federal que armó el ministro del Interior, Diego Santilli, en enero de este año. En el poroteo, en la votación de la reforma laboral fueron clave los legisladores que responden directamente a los mandatarios de Misiones, Salta, Tucumán, San Juan, Entre Ríos, Chaco, Mendoza, Corrientes, Corrientes y Santa Cruz. Más allá del beneficio particular, el mayor triunfo de los gobernadores fue voltear el articulado que proponía la reducción de alícuotas del impuesto a las sociedades y del Impuesto a las Ganancias.

Eso hubiera impactado en la coparticipación en un total de $3,1 billones en 2026, equivalente a 0,3 puntos del PBI. De ese total, $1,7 billones corresponderían a las provincias, según estimaciones privadas. Un escenario que preocupaba a los gobernadores, cuando ya la coparticipación cayó en febrero con respecto al año anterior en un 7,5%. En ese marco, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación de impuestos volvió a caer en febrero en un 9%.

En los pasillos de Balcarce 50 niegan que la relación sea solo por fondos y aseguran que la negociación es abierta, con idas y vueltas. Las provincias también necesitan de la Nación gestiones de créditos, habilitaciones de trámites, obra pública o alguna gestión en particular con deudas de cajas previsionales. En los últimos días varias provincias abrieron sus sesiones ordinarias y algunos gobernadores aprovecharon para exigir fondos y obras a la Nación. “No me cansaré de ir y volver de Buenos Aires”, dijo Sáenz al abrir el período legislativo de Salta. “Si a las provincias les va bien, nos irá bien como país. Hay que dejar de lado el federalismo al revés”, completó, pese a acompañar cada votación oficialista.

En ese marco la Casa Rosada ya prepara varios gestos hacia los gobernadores aliados. Milei se lleva de viaje este fin de semana a casi todos los ya mencionados a Nueva York: Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

Son las provincias cuyo motor económico está en la minería o el petróleo. Es que entre este lunes y martes, Milei encabezará el llamado “Argentina Week”, un “road show” de inversiones que se realizará en Manhattan. Mientras Milei y su equipo económico –también irán Luis Caputo y Federico Sturzenegger– tendrán presentaciones y reuniones con bancos de Wall Street y grandes corporaciones energéticas, tecnológicas y financieras, los gobernadores tendrán un desayuno en el Council de las Americas y disertarán en el consulado argentino sobre las oportunidades de inversiones de sus respectivas provincias.

Tras esa cita, Milei estará el 19 de marzo en Tucumán como invitado de honor del Foro Económico del NOA 2026, invitado por Jaldo. Poco antes, el domingo 15, Santilli reiniciará su gira federal para consolidar la mayoría circunstancial del oficialismo en el Congreso: el Gobierno busca sancionar la nueva Ley de Glaciares en Diputados y avanzar con una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

Milei destacó ante la Asamblea Legislativa las posibilidades del RIGI para las provincias: “Los 32 proyectos presentados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, apuntó. En otro tramo les exigió bajar impuestos: “Solo falta que las provincias y los municipios hagan su parte, por lo cual hemos facilitado una herramienta para denunciar tasas excesivas”. Fueron de las pocas referencias al federalismo, palabra que no mencionó en todo su discurso. 

A poco de subirse al avión, uno de los aliados de Milei sacó chapa de libertario y festejó insólitamente el desempleo en todo el país. “Mientras en gran parte del país el empleo privado retrocede, en Mendoza se sostiene y fortalece”, tuiteó Cornejo, que acompañó el mensaje con un cuadro por demás llamativo: la provincia aparece con un retroceso del empleo del 0,6% según un ranking de variación en el empleo privado. Todas las jurisdicciones tienen su números en rojo, salvo dos: Neuquén (+3,4%) y Río Negro (+0,7), impulsadas por Vaca Muerta.

MC

El presidente Javier Milei encabezará la Argentina Week en Nueva York, un evento que reunirá a los principales referentes del mundo financiero, tecnológico y energético de Estados Unidos entre el 9 y el 11 de marzo, y donde además pretende estar al lado de diez gobernadores para mostrar que su plan de gestión tiene el respaldo de casi todo el arco político.

De acuerdo a lo que trascendió, el oficialismo cursó invitaciones al evento a Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Todavía los mandatarios no confirmaron participación en lo que será, para la gestión libertaria, una nueva escala de su estrategia internacional para atraer inversiones y consolidar el respaldo de Wall Street a su programa económico.

En torno a la agenda, el mandatario será el principal orador del encuentro que se desarrollará entre las sedes del JPMorgan Chase Tower y el Bank of America, aunque contará con un cóctel de bienvenida que se llevará a cabo el lunes 9, en el Consulado General de Argentina con la presencia de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete.

Luego de ese acto de presentación, Javier Milei hablará el martes 10 entre las 9 y las 10 hora local. Su exposición estará precedida por una presentación de Jamie Dimon, CEO de JPMorgan. En la misma jornada, luego de la palabra presidencial, hablará el canciller Pablo Quirno. “Argentina y Estados Unidos: Desbloqueando la inversión estratégica en una nueva configuración geopolítica”, lleva el título de su presentación.

Al mediodía, Alec Oxenford, embajador argentino en Estados Unidos y uno de los organizadores de la actividad, y Peter Lamelas, embajador en Argentina, protagonizarán un panel. Moderados por Neil Herrengton, Senior VP para las Américas de la US Chamber of Commerce, llevará el nombre de “Fundadores y embajadores: dando forma al próximo capítulo de la alianza estratégica entre Estados Unidos y Argentina”.

Otro miembro libertario que estará encabezando una exposición es Mario Lugones, ministro de Salud, a las 14. Mientras que en el horario de cierre, Federico Sturzenegger, jefe de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, realizará una recepción a las 18.

Al día siguiente, el Bank of America será testigo a partir de las 9 de un discurso de Luis Caputo, ministro de Economía. Luego, a partir de las 9.30, el funcionario integrará el panel Economía y mercado de capitales con Santiago Bausili, titular del Banco Central. Los moderadores serán Facundo Gómez Minujin (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America). A las 10, será el turno de Sturzenegger y a las 11 aparecerá en escena José Luis Daza, secretario de Política Económica.

Uno de los ejes centrales de los encuentros será exhibir el RIGI, considerado por el oficialismo como una herramienta clave para atraer proyectos de gran escala. El evento incluirá además presentaciones de ejecutivos de compañías globales como Chevron, Dow, Pfizer, Rio Tinto y Baker Hughes, junto con empresarios argentinos de firmas como YPF, Pan American Energy, Mercado Libre y Globant.

En paralelo, el Gobierno buscará reforzar su alineamiento estratégico con Estados Unidos en materia comercial, energética y geopolítica. La agenda incluye diálogos con autoridades económicas estadounidenses, representantes de la Cámara de Comercio de ese país y organismos financieros internacionales. En La libertad Avanza consideran una instancia clave para profundizar la inserción de la Argentina en los mercados globales.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

“Bien ahí gobernador… Primero Salta, primero los salteños”, dice el usuario de X @JosLuiscordovin en un posteo en el que el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anuncia la reactivación de obras en rutas de esa provincia. La cuenta, sin foto de perfil ni biografía, tiene como única actividad responder a publicaciones de Sáenz, con permanentes elogios.

El usuario @ahumadaangeledu, en cambio, responde a cada comentario del mandatario con 3 emojis de aplausos. Siempre igual. Se unió a la plataforma en mayo de 2024, no tiene seguidores ni foto de perfil ni biografía.

Estos son algunos de los comentarios positivos que pueden encontrarse en posteos de las redes sociales de algunos gobernadores argentinos: en general, provienen de perfiles sin fotos reales, casi sin seguidores y creados al mismo tiempo.

Ruido y Connectas investigaron hasta dónde alcanza esta práctica en las provincias argentinas, cómo puede distorsionar la democracia y -si bien nadie admite que se paga para crear perfiles falsos de seguidores- cuánto dinero público se destina a empresas que proveen servicios en redes sociales. 

Un primer relevamiento incluyó las cuentas personales de los 24 gobernadores. En 23 se detectaron en Instagram perfiles sospechosos de ser falsos, creados para hablar a favor de esos mandatarios. Lo mismo sucedió en 15 de las 24 cuentas en el caso de X. 

“Esto muestra el panorama de las maquinarias de apoyo artificial en redes. Se trata de un aparato propagandístico encubierto -que se suma a la propaganda directa- y trata de generar un clima de opinión simulado que son determinantes en el ecosistema informativo y comunicacional actual”, dijo Delia Ferreira, ex presidenta de Transparencia Internacional y autora del informe “Impacto de las redes sociales y la IA en la erosión de la democracia”.

Y enfatizó: “El origen y el volumen de los recursos necesarios para organizar estas campañas se caracteriza por la opacidad”.

Sospechas de cuentas falsas en varias provincias 

A partir del relevamiento inicial de Ruido y Connectas, un equipo del Centro de Investigaciones y Estudios en Cultura y Sociedad (CIECS) del Conicet y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba seleccionó una muestra de 107 cuentas para analizar. 

El estudio identificó que las cuentas relevadas en 3 provincias (Córdoba, Mendoza y Salta) tienen un nivel “alto” de sospecha tanto en sus perfiles como en su actividad. En otras 5 el nivel sospechoso es “medio” (La Rioja, Buenos Aires, CABA, San Juan y Santa Fe) y en 1 el nivel es “bajo” (Chubut). Del resto, hay 9 provincias (Entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Río Negro, San Luis y Tierra del Fuego) donde la cantidad de información recolectada es “insuficiente” como para hacer una interpretación concluyente.

Además, en otras 2 provincias (Jujuy y Catamarca) no se validaron cuentas sospechosas y en 3 (Formosa, La Pampa y Misiones) no se pudo recabar información porque las cuentas de X de los gobernadores tienen restringidos los comentarios.

Córdoba, un caso paradigmático

“Excelente medida para una Cordoba mas segura” (sic), dice @naiarachavez98, usuaria de X. Sólo reposteaba y respondía con elogios a contenido del gobernador cordobés Martín Llaryora y del ex gobernador y entonces candidato a diputado por el peronismo, Juan Schiaretti, en las elecciones de octubre de 2025. 

La cuenta se creó en septiembre de 2025 y dejó de postear el día después de esas elecciones, como 12 de los perfiles de seguidores de Llaryora relevados para esta investigación. 

De los 100 perfiles sospechosos analizados, 68 fueron creados entre 2024 y 2025, 81 tienen imágenes de perfil genéricas, 85 no tienen biografía, y 35 fueron suspendidos en enero de 2026 por la red social al detectar spam (cuentas falsas o automatizadas), amenazas, suplantación de identidad, comportamiento abusivo o riesgos de seguridad.

Un ejemplo: la siguiente captura de pantalla muestra parte de los comentarios de un posteo al azar de la cuenta personal de Llaryora, en X, en donde se pueden encontrar mensajes de apoyo al gobernador.

Si bien a primera vista esto puede parecer un comportamiento normal, el análisis de las cuentas arroja datos que ponen en duda la autenticidad de muchas de ellas. Por ejemplo, de esos 36 usuarios que postean, ninguno tiene foto real de perfil ni biografía identificatoria, y 27 de los 36 fueron creados entre abril y mayo de 2024. 

Llaryora gobierna la provincia que -después de la Ciudad- lidera el gasto en publicidad oficial: el presupuesto 2025 contempló $ 38 mil millones (unos US$ 26 millones), de los cuales hasta noviembre de 2025 se habían usado $ 30 mil millones. Ese monto no incluye a los entes autárquicos, como Córdoba Turismo y Córdoba Deportes etc, que no tienen control del Tribunal de Cuentas provincial.

A partir de un procesamiento de datos oficiales, Ruido pudo listar los 1.500 proveedores de pauta oficial y elaboró un buscador accesible (con datos hasta octubre 2025). Si bien el gobierno local respondió a la consulta del medio con generalidades, en la lista elaborada se pueden encontrar decenas de consultoras y agencias especializadas en estrategias digitales. 

Dos firmas vinculadas a la agencia japonesa Dentsu son las que concentraron hasta octubre de 2025 el mayor porcentaje de contrataciones. Se trata de Iprospect Media y Carat Argentina -segunda y tercera más beneficiadas-, enfocadas en el marketing digital y las redes sociales.

Entre las empresas contratadas en 2025 por el gobierno cordobés, también figura Madero Media Group, un holding de empresas cuyo dueño (Fernando Cerimedo) admitió que controla “granjas” con miles de trolls. Madero es, también, accionista de La Derecha Diario, el principal medio de propaganda del gobierno libertario.

Ruido consultó a las empresas Iprospect y Carat para saber qué tipo de servicio brindan al gobierno de Córdoba, pero no hubo respuesta. Tampoco respondió Madero Media.

Maximiliano Firtman, programador y director de la academia IT Master Academy explicó que “las prácticas de contratar agencias para plantar los discursos políticos en nombre de la sociedad a través de cuentas falsas y bots claramente son un atentado al orden democrático”. 

Y agregó: “Hoy parte de la conversación pública sucede en redes sociales y muchas veces nos encontramos discutiendo con mucho fervor y hasta ira con cuentas que no son personas reales, y no estamos conscientes de ello”.

Pautas millonarias y consultoras cuestionadas 

La cuenta del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -Jorge Macri- es otra donde se pueden ver comentarios de cuentas que promueven la gestión oficial. 

El informe del CIECS la califica con un nivel de sospecha “medio”, aunque “la mitad de las cuentas (en X) tiene actividad casi todo el día, lo que permitiría suponer que se trata de cuentas automatizadas u operadas por más de una persona en diferentes horarios”. 

CABA es el distrito con más pauta publicitaria oficial del país presupuestada en 2025: más de $ 76 mil millones (U$S 52 millones).

En respuesta a un pedido de acceso a la información, el Gobierno porteño niega que se contraten consultoras o empresas para promover al gobierno o a funcionarios. Y afirma que “la utilización de los perfiles del jefe de Gobierno y funcionarios de las redes sociales para la comunicación de gobierno se realiza exclusivamente para aprovechar los seguidores de cada uno de ellos como un medio más, a lo que se suma periódicamente la interacción natural con los usuarios en los posteos de las diferentes cuentas”.

Pero esto es imposible de verificar, ya que en el portal de datos BA Data sólo se puede acceder a las pautas publicitarias hasta 2023. Faltan las de 2024 y 2025. Sí se informa que el gobierno de CABA aprobó una licitación para la contratación del Servicio de Realización de Estudios de Opinión Pública, entre cuyas beneficiarias se encuentra la empresa Epoge (con $510.620.683). 

Esta consultora aparece relacionada con varias administraciones provinciales. Su contratación por parte del gobierno de Río Negro motivó un pedido de informes de un legislador opositor. “Weretilneck paga con recursos públicos a una consultora cercana a Milei por acciones netamente proselitistas y partidarias”, afirmó el diputado provincial José Luis Berros.

El legislador le dijo a Ruido que el gobierno provincial pidió una prórroga para contestar el pedido de informes en octubre de 2025, pero el plazo para hacerlo ya se venció, sin que haya respuesta.

La firma Epoge, dedicada a la comunicación política, es cuestionada por sus vínculos con administraciones del gobernador Rolando Figueroa, en Neuquén; con la intendencia de la kirchnerista Mayra Mendoza, en Quilmes (provincia de Buenos Aires); o con la gestión nacional del ex presidente Alberto Fernández. 

A Epoge también se la menciona como una empresa ligada a allegados al asesor presidencial Santiago Caputo.

Ruido y Connectas intentaron contactar a esta empresa para que responda sobre esos nexos, pero no fue posible hallar ninguna forma de contacto en ninguna plataforma, ni existe algún website de la compañía.

Provincias unidas por las mismas empresas

En Tucumán, esta investigación detectó cuentas sospechosas entre seguidores del gobernador Osvaldo Jaldo, aunque los datos fueron insuficientes como para ser analizadas por el equipo del CIECS. 

Si bien el gobierno de esa provincia no respondió el pedido de acceso a la información, Ruido encontró entre las empresas contratadas a través de publicidad oficial, al igual que en Córdoba, a Madero Media Group. La empresa de Cerimedo también aparece como proveedora del gobierno de Entre Ríos.

Otra consultora polémica es Smart Consumer, propiedad de Guillermo Seita –armador del espacio político “Provincias Unidas”, que nuclea a los gobernadores de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Córdoba (Llaryora), Chubut (Ignacio Torres), Jujuy (Carlos Sadir) y Santa Cruz (Claudio Vidal)- y de Gastón Douek, conocido como “el señor de los trolls”. Esta empresa ofrece servicios de publicidad, de consultoría de información y de estudios de mercado. 

Smart Consumer y/o una de sus subsidiarias, Prosumia, tienen contratos de pauta oficial al menos en las provincias de Córdoba, Catamarca, Chubut, Corrientes, Tierra del Fuego y Chaco. En esta última provincia, se pidieron informes sobre posibles desvíos millonarios de fondos públicos para la contratación de usuarios ofensivos para redes sociales y plataformas de discusión como estrategia digital con fines proselitistas. 

“Estas firmas han sido objeto de denuncias públicas por participación en campañas de desinformación, manejo de redes de cuentas falsas y operaciones digitales durante procesos electorales”, afirma en su pedido de informes el legislador Nicolás Slimel, quien informó a Ruido que aún no tuvo ninguna respuesta del gobierno

Ruido y Connectas enviaron una consulta al único contacto de Prosumia que figura en la web, ya que el sitio de Smart redirige hacia el de Prosumia. Pero no hubo respuesta.

Quién paga las campañas positivas

El diario La Nación informó sobre consultoras y agencias especializadas en la creación de perfiles falsos relacionados con el presidente Javier Milei, ya sea para atacar a rivales o bien para promover a quienes pagan por eso. 

Si bien no se las puede asociar directamente con la creación de perfiles oficialistas a cambio de recibir fondos públicos, el relevamiento de Ruido y Connectas registró consultoras expertas en campañas digitales y/o promoción en redes que se contratan en al menos 9 provincias (Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Río Negro, Santa Fe y Tucumán).

Pero no hay respuestas concluyentes porque los gobiernos provinciales o bien lo niegan, o bien no responden, o bien ocultan la información sobre contrataciones a este tipo de empresas.

De los 24 pedidos de acceso a la información con preguntas relacionadas con estas contrataciones, sólo respondieron 7 de los 24 distritos, pero 5 de los 7 que contestaron lo hicieron con datos parciales y/o insuficientes. Sólo provincia de Buenos Aires y CABA respondieron la totalidad de lo requerido. 

¿Son efectivas estas campañas de propaganda?

Firtman afirmó que estos intentos de manipular audiencias “pocas veces resultan eficaces porque requieren de muchísima inversión para lograr cambiar la narrativa; en los casos locales lo que vemos son intentos pequeños que no parecen torcer a la audiencia pero sí mejorar alguna métrica que luego alguna consultora, a veces la misma, le lleva al político para que vea cómo está mejorando su imagen”.

Soledad Segura, docente, investigadora en Comunicación e integrante del CIECS, aseguró que X es una red no masiva, y que las restricciones recientes a cuentas bot y contenido de IA dificultan las estrategias de este tipo de campañas, aunque pueden incidir en “aumentar la visibilidad de publicaciones específicas mediante likes y reposteos”. Considera, de todos modos, que la comunicación no genuina “distorsiona el diálogo público, fomenta la desconfianza y dificulta la comunicación basada en verdad, justicia y sinceridad”.

Aclaración: en el caso de Santiago del Estero, se tomaron las cuentas del anterior gobernador, Gerardo Zamora, que ejerció el cargo hasta el 10 de diciembre de 2025. Lo mismo para el caso de Corrientes, en el que se relevó la cuenta de Gustavo Valdés.

Esta investigación fue realizada por Edgardo Litvinoff y Ezequiel Soria (Rudio), con la edición y acompañamiento editorial del Equipo Connectas. El relevamiento fue realizado por: Ezequiel Soria, Norma Devechi, Claudia Araujo, Eliana Coronel, Pablo Oro, Gabriela Sánchez, Judith Córdova, Luz Pérez, Agustín Mottet, Marcela Arce, Mariela Arias, Hugo Alonso, Silvina Guzmán Coraita, Juan Manuel González.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Fecha de publicación original: 23/02/2026

“Cuida a tu provincia, ¿para qué te votaron?”, le grita, enojada, Paula Penacca, diputada de La Cámpora, a las tucumanas que responden a Osvaldo Jaldo que se están sentando para dar quórum en la sesión de la reforma laboral. “Ganen las elecciones”, le responde, también a los gritos, Elia Marina Fernández, quien integró una lista de unidad con La Cámpora hasta hace solo unos meses. La reforma laboral de Javier Milei quebró al peronismo en su columna vertebral –el trabajo– y lo arrastró a una crisis que hubiera deseado evitar. Los pragmáticos de ayer, kicillofistas y cristinistas, se chocaron con la “traición” de los gobernadores y se preguntan, como en 2019, “¿es con todos?”.

Cristina Fernández de Kirchner siguió la votación en la Cámara de Diputados desde su departamento. Era su cumpleaños y ya hace tiempo que el estricto régimen de visitas que le impuso la Justicia le impide casi hacer política. Atrás había quedado la carta posterior derrota electoral en la que, tras cuestionar la decisión de desdoblar la elección bonaerense, destacó las victorias en Catamarca y Tucumán y abogó por tener “flexibilidad” con los gobernadores de cara al futuro. “Son ellos los que no quieren estar con nosotros”, explica un dirigente de su círculo chico. La tregua había terminado.

CFK había dado vía libre a disparar contra los gobernadores peronistas que, como Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil o Gustavo Sáenz, habían habilitado la sesión de la reforma laboral. Y la tropa cristinista salió a cruzarlos con dureza: fueron ellos, más que el propio Gobierno, los destinatarios de la metralleta discursiva. “La traición que hicieron los salteños al dar quórum. O los misioneros y los tucumanos, y no estoy hablando de LLA. Porque eso es honestidad intelectual. Los que chorean son los peronistas que se sentaron en el medio y dieron quórum”, atizó, con dureza, Vanesa Siley, en la sesión.

Siley no fue una excepción. La tropa cristinista salió, al unísono, a apuntar contra los gobernadores. La secretaria general de La Cámpora, Lucía Campora, los insultaba en el recinto, mientras que, en paralelo, Mayra Mendoza, los cruzaba en redes sociales. “Los que asumieron sus bancas por el peronismo y hoy votan esto son, casualmente, los que quieren terminar con el kirchnerismo. ¿Será porque nosotros siempre defendemos a los trabajadores y no negociamos por un cordón cuneta?”, deslizó la ex intendenta de Quilmes, muy cercana a la ex presidenta. 

No fue solo el cristinismo, sin embargo. Massistas y kicillofistas se movían por el Congreso con ira y resignación, y apuntaban siempre los cañones a un mismo destinatario: los gobernadores que habían traicionado el mandato popular y se habían alineado con Milei. “Van a perder las elecciones así. No entienden que no existe más el centro, que Karina los va a arrasar en las provincias. No tienen más estrategia que la supervivencia a corto plazo”, reflexionó un dirigente massista que, en el pasado, compartió muchos asados con Sáenz. Incluso un Año Nuevo. 

El kicillofismo, mientras tanto, estaba irritado pero sabía que no podía ser tan locuaz. El motivo era que Axel Kicillof pretende comenzar a construir su armado federal presidencial durante 2026 con ayuda de los jefes territoriales de cada provincia. El gobernador bonaerense busca crear un “gran frente democrático” que incluya a todos los partidos y dirigentes que quieran hacerle frente a Milei. Y eso, hasta hace 48 horas, incluía también a los gobernadores del Norte.

Kicillof, además, mantiene un diálogo acotado con Jalil y Jaldo. Aunque no en la previa de la votación, advierten en La Plata, en donde estaban en alerta ante las críticas que habían surgido dentro del cristinismo por una reunión que el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, había tenido hace varios días con Alberto Arrúa, uno de los diputados misioneros que votaron a favor de la reforma laboral. “Operaciones de quienes les estuvieron festejando la victoria electoral de esos gobernadores hace poco”, se quejaban en el kicillofismo.

Más allá de la encerrona bonaerense, que aprovecha las crisis para echarse las culpas, Kicillof sabe que tendrá que encontrar una salida a la atomización peronista si quiere convertirse en el candidato de la oposición. Especialmente frente a un calendario que le marca que, en unos meses, deberá empezar a recorrer el país. 

“Nosotros vamos a construir con todos los que se quieran oponer a Milei. Pero no veo que les interese ser opositores a Milei a los (gobernadores) que indicaron a sus legisladores votar estas leyes”, argumentaron en el entorno del gobernador bonaerense. 

¿Unidad hasta que duela?

La pelea entre el cristinismo y el peronismo “del interior” más mileista continuó mucho después de la votación. El ministro de Interior de Tucumán, Darío Monteros, cruzó a Siley en Twitter y acusó al cristinismo de ser responsable de la crisis del peronismo. “No nos vengan a endosar responsabilidades a quienes hoy tenemos que ordenar, gobernar y contener después de una derrota que fue consecuencia directa de esa conducción. Las provincias no fallaron: falló una forma de hacer política que alejó al peronismo de la gente”, se quejó Monteros.

Siley le respondió, pero, más allá de los cruces, un sector del kirchnerismo admitía, por lo bajo: “Ya sabíamos que Jaldo era de Milei y fuimos con él a la elección. En todo caso se hará como con Massa, que fue aliado de Macri los primeros dos años, y después fue nuestro candidato a presidente”, remarcó un dirigente con terminales tanto en el cristinismo como el kicillofismo. 

La comparación con Massa fue una constante tras la explosión indignada de algunos dirigentes. Si el tigrense, que había cantado que iba a meter presos a todos los de La Cámpora, se había vuelto íntimo de Máximo Kirchner y convertido en el candidato del cristinismo, ¿quién podía animarse a cerrarle la puerta a los gobernadores que habían votado con Milei?

“Culpar a los gobernadores sin entender cómo se llegó a esta situación solo profundiza la crisis y fortalece a Milei. En este nivel de atomización y diáspora no tiene sentido caerle a los gobernadores. En todo caso hay que generar las condiciones para que tengan otras alternativas. Y eso se hace con un proyecto de poder”, reflexionó, más cauto, uno de los principales armadores del kicillofismo.

Incluso en el cristinismo furioso, que viene manteniendo hace un tiempo una fuerte disputa con algunos PJ provinciales, sostienen que, al final del día, prevalecerá la bandera del pragmatismo. “Hay tiempo de recomponer, pero hay que ver si ellos quieren. Sin proyecto de hegemonía política va a ser difícil”, suspira un referente de La Cámpora.

MCM/MG

El Senado debate este miércoles desde las 11 el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, luego de que el oficialismo introdujo una serie de modificaciones al textp para garantizar los votos necesarios y atenuar el rechazo sindical. El eje del conflicto volvió a centrarse en el impacto directo sobre los trabajadores, en un contexto de salarios que no lograron recuperar poder adquisitivo y paritarias rezagadas.

La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció un acuerdo con bloques aliados para llevar el dictamen al recinto y sostuvo que se trató de “la primera ley de la democracia para hacer un cambio estratégico en las relaciones laborales”. La negociación incluyó concesiones a gobernadores, a bloques parlamentarios aliados y a la Confederación General del Trabajo (CGT), que había cuestionado puntos centrales del articulado original.

Uno de los cambios más relevantes fue la eliminación del artículo que preveía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas. Ese punto había generado un fuerte rechazo de los gobernadores por el impacto fiscal sobre las provincias. La quita de ese artículo fue determinante para destrabar el apoyo político necesario para avanzar con la sesión.

En paralelo, el oficialismo cedió a reclamos históricos de la CGT vinculados al financiamiento sindical y de las obras sociales. Se mantuvo por dos años el aporte solidario a los gremios, con un tope del 2%, y se sostuvo el aporte del 6% destinado a las obras sociales, en lugar del recorte que planteaba el texto original. Estas modificaciones evitaron un desfinanciamiento inmediato de las organizaciones sindicales, uno de los puntos que había concentrado mayor resistencia.

También se mantuvo el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, con un tope del 0,5%, y se descartó la posibilidad de que los salarios se paguen a través de billeteras virtuales. El dictamen estableció que los sueldos deberán abonarse exclusivamente mediante cuentas bancarias o en entidades de ahorro oficial, una demanda compartida por los sindicatos y el sistema bancario. El Gobierno argumentó que habilitar otros mecanismos podía generar “enormes problemas” para los trabajadores.

Con estos cambios, La Libertad Avanza llegó al recinto con el respaldo de la UCR, el PRO y bloques provinciales, y alcanzó un número que le permitió proyectar la sanción de la ley. El oficialismo cuenta 41 votos, aunque al cierre del día persistían dudas sobre la posición de algunos senadores provinciales. La construcción de mayorías quedó atada a concesiones explícitas, reconocidas incluso por la propia Bullrich, quien admitió que sin esos cambios no contaban con los votos necesarios.

Otro punto sensible del acuerdo fue la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir despidos. El esquema final estableció dos categorías: un aporte del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, con la posibilidad de ajustes posteriores bajo control de una comisión bicameral. El fondo fue presentado como un mecanismo de contención, aunque los sindicatos cuestionaron que se avance en paralelo con cambios que abaratan y flexibilizan los despidos.

El dictamen también ratificó la decisión de derogar distintos estatutos laborales, entre ellos el Estatuto del Periodista, con un plazo de seis meses para negociar nuevos convenios colectivos. La medida generó alarma en sectores que advirtieron sobre un vacío normativo y una pérdida de protecciones específicas, en un escenario donde la correlación de fuerzas en la negociación colectiva aparece debilitada.

Protestas

Mientras el Senado sesiona, la conflictividad se traslada a la calle. La CGT y las dos CTA convocaron a una movilización frente al Congreso desde las 14.30 para rechazar el proyecto. Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas parcial desde las 13, sin paralización total, para facilitar la participación en la marcha. Las CTA y ATE, en cambio, dispusieron un paro de 24 horas.

En su convocatoria, la CGT sostuvo que la reforma “no es modernización” sino “ajuste sobre las y los trabajadores” y advirtió que implica una pérdida de derechos laborales, previsionales y provinciales. El mensaje apuntó a unificar el rechazo en torno a la defensa del trabajo y las jubilaciones, y a marcar un límite político al avance del oficialismo.

Dirigentes sindicales reforzaron ese posicionamiento. Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, afirmó que el proyecto fue elaborado con un “criterio antisindical” y que busca desfinanciar a las organizaciones gremiales. Rodolfo Aguiar, de ATE, advirtió que los gobernadores que avalen la reforma “estarán firmando su propia sentencia de muerte” y reclamó que defiendan a los trabajadores de sus provincias.

Durante las horas previas al debate, distintas organizaciones sindicales desplegaron campañas de difusión para advertir sobre los efectos concretos de la reforma. Las piezas apuntaron a cambios en la jornada laboral, el pago de horas extra, las vacaciones, las indemnizaciones y la estabilidad del empleo, con un mensaje directo hacia quienes dependen de su salario para sostener sus ingresos.

El debate legislativo se desarrollará así en un clima de alta tensión política y social. Mientras el oficialismo celebró haber alcanzado un acuerdo parlamentario, los sindicatos dejaron en claro que la disputa no se agotará en el recinto.

JJD, con información de NA

El Gobierno avanzó en las últimas horas en nuevas negociaciones con bloques dialoguistas del Senado para intentar aprobar la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza, pero el acuerdo quedó atado a definiciones pendientes en el capítulo fiscal y a cambios que afectan de manera directa las condiciones de despido, el financiamiento sindical y la protección del empleo. La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, evitó dar precisiones sobre los consensos alcanzados y postergó los anuncios para la sesión prevista para este miércoles.

Las conversaciones se desarrollaron mientras creció la resistencia de gobernadores dialoguistas a la rebaja del impuesto a las Ganancias para empresas, un punto central del paquete fiscal que acompaña la reforma laboral. Desde las provincias señalan a la Casa Rosada el impacto negativo en sus recursos coparticipables, en caso de avanzar el proyecto con esta baja incluida.

Tras más de tres horas de conversaciones, Bullrich sostuvo que el oficialismo mantenía “un acuerdo grande” pero aclaró que las definiciones se comunicarán recién durante la sesión. “Estamos todavía terminando el debate”, afirmó, y agregó que el bloque resolvió no adelantar los cambios hasta cerrar el poroteo final. La estrategia dejó en suspenso aspectos centrales del proyecto que afectan directamente a los trabajadores, como el esquema de indemnizaciones y los aportes sindicales.

Una sesión atravesada por tensiones políticas

La agenda legislativa de este martes incluye una reunión de Labor Parlamentaria prevista para las 14, donde el oficialismo y el peronismo discutirán el formato de la sesión. Fuentes parlamentarias anticiparon momentos de alta tensión, tanto por el orden del debate como por los artículos que podrían quedar fuera del dictamen final.

En paralelo, trascendió el malestar con su propio gobierno de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien no participó de los encuentros entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Si bien estuvo presente el secretario parlamentario, Agustín Gustinian, la interna política sumó ruido a una negociación ya condicionada por el frente fiscal.

A una reunión de rosca realizada el lunes en el despacho del senador radical Eduardo Vischi asistieron representantes de distintos bloques provinciales y federales, entre ellos miembros del PRO, de Provincias Unidas, del Frente Renovador de la Concordia (Misiones), de Despierta Chubut, de Independencia (Tucumán) y de Primero los Salteños. La diversidad de actores da cuenta de la fragilidad del acuerdo y la necesidad del oficialismo de ceder en puntos sensibles.

El capítulo fiscal se convirtió en uno de los principales obstáculos. El proyecto incluyó una rebaja del impuesto a las Ganancias para grandes empresas del 35% al 31,4% y para medianas empresas del 31% al 27%, una medida que gobernadores rechazaron por el impacto en sus arcas a partir de 2027, estimado por fuentes parlamentarias en casi $2 billones.

Un vocero oficial admitió ante NA que, si no se reunían los votos necesarios, ese punto podría eliminarse del proyecto y tratarse en una ley aparte. El capítulo fiscal también contempló la eliminación de impuestos internos y la creación de un Régimen de Inversiones para medianas empresas, con amortización acelerada en Ganancias.

En el plano estrictamente laboral, uno de los focos de discusión fue el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiará con el 3% de los aportes patronales destinados a ANSES. La UCR propuso que las pymes puedan utilizar ese fondo para financiar despidos, una iniciativa que generó fuertes cuestionamientos por trasladar el costo de las cesantías al sistema previsional.

Indemnizaciones, aportes y salarios

Sí hubo acuerdo en avanzar con un nuevo tope indemnizatorio: un sueldo por año trabajado, con un máximo de tres veces el salario promedio, pagadero en hasta 12 cuotas para grandes empresas y 18 para pymes, con actualización por inflación más 3% anual, en lugar de tasas judiciales. El esquema implicó una reducción del costo del despido y una mayor previsibilidad para el empleador, a costa de limitar la reparación económica para el trabajador despedido.

Otro punto de conflicto fue la propuesta de volver voluntarios los aportes sindicales, rechazada por el sindicalismo por su impacto directo en la afiliación y en la capacidad de organización colectiva. También quedó abierta la discusión sobre eliminar contribuciones empresarias a gremios y cámaras, una medida que debilitó el financiamiento de la negociación colectiva.

Finalmente, el proyecto incluyó cambios en la forma de pago de salarios: se debatió si los sueldos deberán abonarse exclusivamente a través de entidades bancarias o si se habilitarán billeteras virtuales, una alternativa rechazada por las cámaras bancarias y que planteó interrogantes sobre la protección del salario y la trazabilidad de los ingresos laborales.

JJD, con información de NA

A solo dos días del tratamiento de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno volvió a mover fichas en el tablero de las provincias. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió este lunes en la Casa Rosada al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, uno de los aliados más firmes del oficialismo en el interior. El mandatario ingresó por el Salón de los Bustos pasadas las 10 y se dirigió a las oficinas del área política ubicadas en la planta baja, en una visita que, en Balcarce 50, leyeron como parte de la ronda final de contactos antes de la votación.

Después del encuentro con Santilli, Zdero mantuvo también una reunión con el armador político Eduardo “Lule” Menem en sus oficinas del primer piso. El ministro del Interior llegó a la Casa Rosada tras intercambiar algunas palabras con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien partía hacia el Ministerio de Seguridad. La secuencia reflejó el movimiento coordinado del oficialismo sobre el frente político, en momentos en que el Gobierno busca consolidar apoyos para garantizar el resultado en el Senado.

Santilli y Zdero coincidieron en subrayar la necesidad de que el Congreso avance con la aprobación de la reforma laboral. “Va a impulsar la llegada de inversiones privadas a cada provincia, lo que se traducirá en más empleo y en un incremento de la productividad”, destacaron tras la reunión, según deslizaron fuentes del entorno del minsitro del Interior. En la misma línea, remarcaron que “avanzar en una nueva ley laboral es importante porque las recetas del pasado nos llevan a los mismos resultados de siempre”.

No se trató del primer contacto entre Santilli y el gobernador en lo que va del año. Ambos ya se habían reunido el 12 de enero en la provincia de Chaco, donde el gobernador radical había expresado públicamente su respaldo al proyecto de reforma laboral impulsado por Javier Milei. En aquella oportunidad, también coincidieron en la necesidad de fomentar la creación de empleo y acompañar el desarrollo productivo. Zdero había señalado entonces que el rumbo económico del Gobierno y la iniciativa laboral apuntaban a reducir el riesgo país y consolidar el deficit cero, en una línea de sintonía política con la Casa Rosada.

El gobernador de Chaco, que ya suma más de 25 ingresos a la Casa Rosada desde la asunción de Milei, se convirtió en uno de los interlocutores más frecuentes del oficialismo en el interior. En el Gobierno destacan su alineamiento político y su rol dentro del grupo de mandatarios que, aun con reservas, optaron por acompañar la reforma o evitar confrontar abiertamente con el Ejecutivo.

Es que, más allá del respaldo político, la discusión que hoy atraviesa el vínculo con los gobernadores es fiscal. En el Gobierno reconocen que la baja del Impuesto a las Ganancias es uno de los puntos más sensibles del paquete y saben que genera preocupación tanto en mandatarios aliados como opositores por el impacto sobre los recursos provinciales.

En ese marco, según comentaron a elDiarioAR fuentes informales, algunos gobernadores habrían propuesto postergar la reducción durante dos años y aplicarla en etapas, a través de un proyecto fiscal separado de la reforma laboral. La alternativa buscaría aliviar el costo inmediato sobre las arcas locales sin romper el alineamiento político con la Casa Rosada. Sin embargo, nadie confirmó oficialmente este planteo, por lo que el tema sigue en discusión y forma parte de la negociación de último momento previa al debate en el recinto.

La ronda federal de Santilli

La visita de Zdero se inscribe en una secuencia más amplia de gestiones que el ministro del Interior viene desplegando desde comienzos de año para asegurar el respaldo político a la reforma. Santilli abrió su ronda federal en Chaco, donde obtuvo el apoyo explícito del propio Zdero, y luego continuó con encuentros con el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil, tres gobernadores clave en el poroteo legislativo. La gira incluyó además visitas a San Juan, donde se reunió con Marcelo Orrego, y a Mendoza, con el radical Alfredo Cornejo, ambos alineados con el oficialismo en la discusión por la “modernización” laboral.

En la Casa Rosada sostienen que el escenario parlamentario está, en términos generales, encaminado. El oficialismo trabaja para garantizar el quórum y una mayoría que supere los 37 votos necesarios, con la expectativa de acercarse a los 40 apoyos si se mantiene ordenado el respaldo de los legisladores vinculados a gobernadores aliados. En ese cálculo, el rol de las provincias no solo pasa por el voto sino también por asegurar presencia en el recinto, un factor que el Gobierno considera determinante para evitar sorpresas en la sesión.

La lectura política del oficialismo sobre los mandatarios es clara: la mayoría prefiere negociar recursos antes que confrontar abiertamente con Milei, y evita quedar alineada con la CGT en un conflicto que consideran ajeno a sus prioridades fiscales. En Balcarce 50 creen que el costo político de romper con el Gobierno es hoy más alto que el de acompañar la reforma, lo que explica el repliegue de sectores del peronismo dialoguista.

Con el frente sindical contenido y la negociación con las provincias en su tramo final, el oficialismo entra en la recta decisiva hacia la sesión del Senado. En el Gobierno confían en que el respaldo provincial seguirá ordenado y que el resultado de la votación dependerá menos de las dudas parlamentarias que de la capacidad del Ejecutivo para sostener el equilibrio político construido en las últimas semanas.

PL/MC

El debate por la reforma laboral del Gobierno sumó en las últimas horas un nuevo eje de tensión política: gobernadores de distintos signos reclamaron a la Casa Rosada eliminar o modificar la rebaja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en el proyecto de “modernización laboral”, al advertir que la medida recorta recursos coparticipables y afecta de manera directa a las finanzas provinciales.

Según la Noticias Argentinas, la presión provino tanto de mandatarios aliados como opositores y se intensificó a pocas horas de que el Senado comience a debatir la iniciativa en sesiones extraordinarias. El reclamo se apoyó en el impacto fiscal que tendría la reducción del tributo, que forma parte de los ingresos que la Nación distribuye a las provincias.

El conflicto se volvió central porque los gobernadores condicionaron su respaldo legislativo a la reforma laboral a la resolución de este punto. En la mesa de negociaciones, exigieron que el Gobierno nacional asuma el costo fiscal, modifique el esquema o postergue la medida. De lo contrario, advirtieron, el apoyo político quedará en duda.

De acuerdo a la información oficial citada por NA, la rebaja del Impuesto a las Ganancias para sociedades y empresas —incluida en el proyecto que impulsa el presidente Javier Milei— implicaría una pérdida estimada de hasta $3 billones en recursos coparticipables. Ese impacto explica la resistencia de los mandatarios, incluso de aquellos que acompañan el rumbo general del Ejecutivo.

Entre los distritos más afectados se encuentran Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que lideran el ranking de provincias con mayor pérdida proyectada, con un índice estimado superior a $1 billón en cada caso. La advertencia encendió alarmas en los gobiernos provinciales, que enfrentan restricciones presupuestarias en un contexto de ajuste y caída de la recaudación real.

Los gobernadores aliados al oficialismo, como Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, expresaron su disposición a acompañar la reforma laboral, pero reclamaron garantías fiscales concretas. En ese marco, plantearon dos alternativas: que la Nación absorba el costo de la rebaja o que la medida se postergue hasta 2027.

La tensión se instaló cuando el Ejecutivo defendió la reducción del impuesto como un instrumento para mejorar la rentabilidad empresaria y estimular la inversión, aun cuando el costo recaiga sobre las provincias. Para los mandatarios, el esquema implica trasladar el ajuste a los territorios sin compensaciones claras.

Desde el Gobierno nacional, sin embargo, la posición se mantuvo firme. Según NA, el Ejecutivo insistió en sostener la rebaja de Ganancias, aunque en las últimas horas comenzó a evaluar alternativas para no poner en riesgo la sanción de la reforma laboral. Entre ellas, se analizó la posibilidad de sacrificar el capítulo fiscal para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

La negociación dejó expuesta la lógica que atraviesa el tratamiento legislativo: la reforma laboral se convirtió en una ficha de canje en una disputa ajena a las condiciones de trabajo. Mientras se discuten impuestos, coparticipación y costos fiscales, el contenido laboral del proyecto —que modifica normas centrales de la relación entre empleadores y trabajadores— quedó subordinado a acuerdos políticos.

En el otro extremo, gobernadores que ya rechazaron la reforma mantuvieron una posición intransigente. Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Gustavo Melella y Axel Kicillof ratificaron su rechazo a la reforma laboral, con o sin modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.

Ese posicionamiento marcó un límite político claro: para esos distritos, el problema no es solo fiscal, sino el contenido mismo del proyecto, que consideran regresivo para los derechos laborales y perjudicial para quienes trabajan.

El escenario refuerza una constante del debate actual: las condiciones de empleo quedan fuera del centro de la discusión, mientras el foco se desplaza hacia la ingeniería fiscal y las negociaciones de poder. La reforma laboral avanza así como parte de un paquete más amplio, donde los derechos de los trabajadores funcionan como variable de ajuste en un intercambio entre Nación y provincias.

A horas de que el Senado abra el debate, el Gobierno enfrenta un dilema político: sostener el capítulo fiscal y arriesgar apoyos clave, o ceder en Ganancias para asegurar la sanción de una reforma laboral cuestionada por sindicatos, trabajadores y sectores de la oposición. En ninguno de los escenarios, el eje del debate se corre hacia la protección del empleo o la recuperación del salario, que continúan ausentes de la negociación.

JJD

En la Casa Rosada tomaron una decisión que ordena la estrategia, pero también expone el conflicto: la reforma laboral llegará al recinto del Senado tal como fue dictaminada, sin cambios previos. Con las sesiones extraordinarias de febrero iniciadas formalmente este lunes, el Gobierno buscará no reabrir la discusión en comisión y trasladar cualquier intento de modificación al momento más crudo del debate, cuando los números se cuentan voto por voto. La disputa con los gobernadores quedaría así planteada a cielo abierto, en una semana que el oficialismo considera clave para avanzar con el temario legislativo.

La definición busca evitar lo que en Balcarce 50 describen como una señal de debilidad. Reabrir el texto dictaminado en diciembre antes de tiempo, sostienen, solo alimentaría la presión de los mandatarios provinciales que reclaman cambios en el capítulo tributario, en particular en la rebaja del impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta de lleno en recursos coparticipables. “Si quieren cambiarlo, que junten los votos en el recinto”, deslizan sin matices fuentes del oficialismo.

La disputa de fondo sigue siendo fiscal y federal. Los mandatarios provinciales vienen reclamando escalonar la reducción de alícuotas o establecer mecanismos de compensación por la pérdida de recursos. El Ejecutivo, por ahora, se niega a incorporar esos planteos en el texto y apuesta a sostener el dictamen como una bandera: llegar al Senado sin haber cedido, obligar a los gobernadores a mostrar su fuerza y negociar solo cuando el costo de romper sea más alto. Aún sin confirmación oficial, en las provincias analizan la posibilidad de reunirse el mismo miércoles en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ordenar y centralizar los reclamos.

Pero la tensión no es solo con las provincias sino que también atraviesa al propio Gobierno. En el ala dura del oficialismo, empujada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, se impone la postura de avanzar sin concesiones. El argumento es siempre el mismo: aceptar cambios en Ganancias implicaría desnaturalizar uno de los ejes del proyecto y abrir la puerta a una lógica de compensaciones paralelas que el mileísmo rechaza como parte de su relato fiscal, pese a que llegado el caso no tiene problema en abrir la billetera.

Es que la discusión, además, es identitaria. ¿Hasta dónde puede ceder un gobierno que hizo de la pureza fiscal un relato fundacional sin parecer que vuelve a la lógica de la “rosca” que prometió combatir? En el oficialismo conviven esas dos pulsiones: la épica de no negociar nada y el pragmatismo inevitable de un Congreso fragmentado.

En ese escenario, Patricia Bullrich se mueve como la jefa. La exministra de Seguridad asumió el rol de armadora del Senado. Recibe reclamos y acumula observaciones de aliados, además de administrar la mayoría como si la ley ya estuviera aprobada. Ya habla en primera persona de “los 44”: todos los senadores salvo los 28 del peronismo, un cálculo optimista que funciona como mantra interno para sostener que el proyecto, al menos en general, tiene los votos. En ese marco, Bullrich convocó para este martes a una reunión con legisladores radicales con la idea de supervisar ese bloque de respaldo.

En paralelo, el rol de Diego Santilli se volvió central como embajador ante las provincias. Después de un enero de recorridas federales y reuniones con siete gobernadores, el ministro del Interior arranca la semana con encuentros de trabajo para medir el poroteo fino. En su entorno aseguran que el funcionario dedicará estos días a seguir de cerca las negociaciones en el Congreso en la previa al tratamiento que el oficialismo espera para el próximo miércoles 11 de febrero en la Cámara Alta, aunque por ahora no tenía gobernadores agendados para esta semana. Su tarea es atender los reclamos provinciales e instrumentar soluciones con la limitación monetaria que impone Economía.

En la Casa Rosada creen que la intransigencia programática es la única forma de no perder la iniciativa. Pero también saben que en el Senado las leyes no se aprueban con desafío sino con números. Por eso, la mesa política volverá a reunirse este miércoles para dar inicio formal al operativo de conquista de voluntades que el Gobierno apuesta a desplegar durante las próximas semanas. Será la cuarta reunión del año convocada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, con la presencia de Karina Milei y el resto de los miembros del núcleo duro de La Libertad Avanza.

El optimismo es lo que prima puertas adentro del Gobierno a la hora de pensar en el futuro del paquete legislativo que se tratará en extraordinarias: las modificaciones a la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la Ley Penal Juvenil, que el oficialismo espera que obtenga media sanción en febrero para avanzar con su aprobación completa después del 1° de marzo. Pero la reforma laboral, proyecto madre del período, será también el escenario donde el mileísmo deberá decidir hasta dónde puede sostener su pureza fiscal sin quedarse, simplemente, sin votos.

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Sergio Palazzo, secretario general del gremio bancario y diputado nacional de Unión por la Patria, advirtió que si el Senado avanza con la reforma laboral del Gobierno, las centrales sindicales deberán responder con una medida de fuerza antes y durante el tratamiento. En una entrevista radial, el dirigente pidió a los gobernadores no prestar sus votos para aprobar la iniciativa y sostuvo que “sería traicionar a la clase trabajadora”.

“El Presidente solo tiene 20 senadores y nosotros 28. El resto son los gobernadores o espacios provinciales, que estimo no van a ser los verdugos de los trabajadores”, afirmó en diálogo con AM 530. Palazzo cuestionó que se esté negociando “el paquete fiscal a cambio de derechos laborales” y llamó a rechazar en bloque el proyecto que el Ejecutivo buscará aprobar en febrero, durante las sesiones extraordinarias.

Según el dirigente, no hay posibilidad de reforma positiva: “No hay un solo artículo de esa ley que sea favorable a los trabajadores”, sostuvo. “Todos son perjudiciales. Ya sea por afectar directamente un derecho o por inclinar la balanza a favor de sectores empresariales”, remarcó.

El proyecto de “modernización laboral” promovido por el oficialismo incluye cambios en la Ley de Contrato de Trabajo, en el régimen de asociaciones sindicales y en la ley de negociación colectiva. También introduce figuras como el banco de horas, que permite a las empresas reorganizar unilateralmente la jornada laboral.

Palazzo consideró que la iniciativa constituye un “retroceso de más de 100 años” en materia de derechos y criticó la estrategia de fragmentar el tratamiento parlamentario: “Pareciera que la discusión se reduce a ‘me sacás esto y yo te acompaño’. Pero no se trata solo de recursos fiscales, se trata de derechos fundamentales”, afirmó.

Durante la entrevista, recordó que la reforma ya fue frenada en diciembre por falta de consenso legislativo y por la movilización de la CGT durante el tratamiento en comisión. Sin embargo, advirtió que si el Gobierno insiste en el Senado, “tendrá que haber una acción gremial más fuerte”.

“Yo soy de los que entienden que la medida de fuerza tiene que ser previa al tratamiento. Inclusive el día del debate tiene que haber interrupción de actividades y una fuerte movilización al Congreso”, anticipó. En esa línea, señaló que la CGT debería convocar a un Consejo Directivo para definir un plan de acción común. “Es responsabilidad de todos. No solo de los legisladores, también de los trabajadores, los gremios y las centrales”, agregó.

Palazzo también apuntó contra la conducción política de algunos bloques aliados al oficialismo. “Si ya tuvieran los votos, el Gobierno habría adelantado las sesiones para tratar la reforma. Pero no los tienen. Eso quiere decir que hay margen para frenarla”, planteó. Según el dirigente, las conversaciones entre legisladores radicales y Patricia Bullrich revelan que hay sectores dispuestos a votar en general, aunque pidan cambios puntuales. “Pero aun con cambios, la ley implica inevitablemente pérdida de derechos”, insistió.

Consultado sobre la posibilidad de presentar un proyecto alternativo, relativizó su alcance: “No se pueden tratar proyectos que no sean del Ejecutivo durante extraordinarias”, recordó. Aclaró que el bloque de Unión por la Patria ya presentó 283 proyectos de reforma laboral en los últimos dos años, todos a favor de los trabajadores. “El proyecto de Kelly Olmos es uno más dentro de ese conjunto. Si conseguimos dictamen de mayoría, van a estar incluidos allí”, explicó.

La Bancaria ratificó su alineamiento con un rechazo total al proyecto del Gobierno, tanto en el plano legislativo como sindical. “Estamos muy convencidos de frenar esta reforma laboral. Ojalá ni siquiera llegue a tratarse”, concluyó.

JJD

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, inicia hoy una ronda de negociaciones con otras bancadas para destrabar el tratamiento del proyecto de reforma laboral que el oficialismo busca sancionar en febrero. Según fuentes legislativas, los primeros intercambios se realizarán de forma virtual, y forman parte de una estrategia conjunta con el Ministerio del Interior para sumar adhesiones de gobernadores y legisladores provinciales.

El proyecto, bautizado por el Gobierno como “Modernización Laboral”, fue incorporado al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso junto con otras iniciativas como la Ley de Glaciares, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la baja de la edad de imputabilidad penal. La intención de La Libertad Avanza es avanzar en bloques temáticos que permitan acelerar los tiempos de debate y votación.

Mientras Bullrich coordina con senadores y referentes de otros bloques, el ministro del Interior, Diego Santilli, se encarga de la negociación territorial. Esta semana viajará a Corrientes y Misiones para reunirse con los mandatarios Gustavo Valdés y Hugo Passalacqua. De concretarse esas adhesiones, el Gobierno contaría con el apoyo de diez provincias para respaldar la reforma.

Hasta el momento, ocho gobernadores manifestaron públicamente su aval al proyecto: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El objetivo de la Casa Rosada es garantizar la mayoría en el Senado sin depender del bloque completo de la oposición dialoguista.

El proyecto de reforma laboral incluye una serie de cambios regresivos sobre derechos vigentes, denunciados por diversos sectores gremiales y especialistas en derecho laboral. Entre los principales puntos se encuentran la ampliación del período de prueba, modificaciones en el cálculo y pago de indemnizaciones, legalización del banco de horas unilateral, y nuevas restricciones al ejercicio del derecho de huelga.

La iniciativa también propone la derogación de la Ley de Teletrabajo y la supresión de artículos del régimen de asociaciones sindicales, lo que representa, según advierten los gremios, un intento de desestructurar la negociación colectiva. La CGT expresó su rechazo parcial al texto y algunos de sus referentes, como Jorge Sola, advirtieron que el nuevo esquema “coloca al trabajador en igualdad con el empleador, y eso es inconstitucional”.

En paralelo, gremios no alineados con la conducción de la CGT comenzaron a organizarse por fuera de la estructura tradicional. La semana pasada, más de 20 sindicatos, entre ellos Aceiteros, APA, APLA, Luz y Fuerza, la Federación Obrera Ceramista y la UOM, se declararon en estado de alerta y preparan una jornada de protesta para el día en que el Senado trate el proyecto.

Uno de los gremios más activos es la Federación de Aceiteros, cuyo secretario general, Daniel Yofra, aseguró que su sindicato irá a la huelga si se aprueba la reforma. “Ya han demostrado que pueden votar en contra de los trabajadores. No tenemos esperanzas en el Congreso, por eso hay que salir a la calle ahora”, sostuvo en declaraciones públicas.

La pérdida del poder adquisitivo añade presión al conflicto. Según el Indec, entre enero y noviembre de 2025 los salarios del sector privado registrado subieron 25,6%, frente a una inflación de 27,9%. Eso representa una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en los sectores con mayor cobertura sindical.

En el caso del empleo público nacional, el retroceso fue mayor: los salarios subieron apenas 19%, sin paritarias activas ni bonos compensatorios. En este marco, la reforma aparece como una avanzada que busca consolidar un mercado laboral más precario y menos regulado.

Aunque Bullrich y Santilli aceleran las negociaciones legislativas, ninguno de los funcionarios del oficialismo convocó a representantes sindicales a una mesa de diálogo. Tampoco hubo instancias formales de consulta con las organizaciones que representan a trabajadores y trabajadoras de sectores críticos.

La ausencia de debate social y la velocidad del tratamiento parlamentario profundizan el malestar en las bases gremiales. Para los sindicatos movilizados, la reforma laboral no solo vulnera derechos adquiridos, sino que también se tramita a espaldas de quienes serán directamente afectados.

JJD

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó el primer encuentro del año con los principales operadores legislativos del oficialismo, en una reunión que buscó afinar la estrategia para aprobar la reforma laboral en el Congreso antes del inicio del período ordinario. La mesa política se reunió durante más de dos horas en la Casa Rosada y contó con la presencia de la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el operador Eduardo “Lule” Menem, entre otros.

El objetivo inmediato es que el Senado habilite el tratamiento del proyecto a fines de enero. La discusión se concentra en dos ejes sensibles: el capítulo tributario —vinculado a cargas sociales y al Impuesto a las Ganancias coparticipable— y el futuro del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que garantiza cobertura ante despidos y suspensiones. La eliminación o modificación de este fondo podría representar un recorte directo en las protecciones mínimas para trabajadores en situación de conflicto laboral o desvinculación forzosa.

Entre los puntos en análisis se encuentran la eliminación de multas por empleo no registrado, la reformulación del régimen de indemnizaciones, cambios en los regímenes de licencias y restricciones a la representación gremial. La propuesta también apunta a modificar las condiciones de negociación colectiva y reemplazar el FAL por un esquema alternativo con menor alcance. Todo el paquete tiene como eje una flexibilización del mercado de trabajo, que podría debilitar la posición de los trabajadores frente a sus empleadores y facilitar contrataciones más precarias, sobre todo para sectores jóvenes, tercerizados o sin convenio colectivo.

Desde los sindicatos se advierte que la iniciativa implica una regresión en derechos adquiridos, con especial impacto en sectores laborales desprotegidos. El reemplazo del sistema de sanciones y la eliminación del FAL implican, en los hechos, menos incentivos para registrar trabajadores y menos herramientas para enfrentar despidos arbitrarios. La CGT ya anticipó que no descarta medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios sustantivos.

El Gobierno, a su vez, estudia la posibilidad de dar lugar a una serie de compensaciones destinadas a los gobernadores que se resisten a determinados puntos del articulado de la reforma laboral. Según la agencia Noticias Argentinas, uno de los puntos impositivos que más resquemores encuentra entre los representantes provinciales está dado por la modificación de la escala para el pago del impuesto a las Ganancias que afecta la recaudación del tributo que es coparticipable.

Son varios los mandatarios provinciales aliados que no ocultan sus diferencias, por lo que en Casa Rosada debaten la posibilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos necesarios y fue un tema que se debatió en la reunión de mesa política que convocó Adorni.

Lo cierto es que hay quienes plantean ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador, mientras otros rechazan la posibilidad de dar lugar al planteo. Los menos permeables a ceder ante las tensiones sostienen que los representantes provinciales responden ante los argumentos y que se beneficiarán del impacto de la reforma en sus provincias.

Sobre la mitad del mes, el Poder Ejecutivo aceita los mecanismos que le permitan al equipo negociador compuesto por los Menem, Bullrich, Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, concertar la línea que desplegarán para intentar anotarse un nuevo triunfo legislativo.

Santilli sigue de gira

El ministro del Interior, Diego Santilli, debió reprogramar por segunda vez la reunión con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, quien tenía previsto visitar Casa Rosada el viernes por la tarde.

El mandatario provincial argumentó “problemas personales” para cancelar la audiencia en agenda para las 14 y, si bien la idea original era relizarla el pasado miércoles, los planes se vieron truncados por fuertes lluvias en La Pampa.

Desde la cartera que lidera el exdiputado del PRO revelaron: “El gobernador se comunicó con el ministro y pidió, por cuestiones personales de último momento, reprogramar la agenda. Acordaron una reunión para los próximas días”:

El encuentro se enmarca en una serie de contactos que el funcionario nacional protagoniza en la búsqueda de acuerdos que le permitan sancionar la Reforma Laboral que obesesiona al presidente Javier Milei.

Como contó esta agencia, el peronista Ziliotto se muestra abierto al diálogo, pero no oculta sus reparos al articulado que diseñó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Santilli ya se reunió con gobernadores con diálogo con la Casa Rosada, como el chubutense Ignacio Torres, y el lunes visitará Salta para entrevistarse con otro de ellos, Gustavo Sáenz.

JJD

La CGT reactivará su estrategia para morigerar el contenido del proyecto de reforma laboral que el Gobierno busca aprobar el mes que viene en el Congreso, por lo que en los próximos días visitará a gobernadores para convencerlos de no acompañar la iniciativa a través de sus legisladores, o bien impulsar cambios en los artículos que más rechaza el sindicalismo.

En paralelo, la central obrera resolvió enviar sólo a los abogados laboralistas de su equipo de asesores a las reuniones que se iniciarán el viernes próximo en el Senado para analizar algunos cambios a la iniciativa antes de que la Cámara alta comience a tratarla formalmente los primeros días de febrero. 

“Esta semana no, solo nuestros equipos técnicos en Senado. La semana que viene, se retoman reuniones con bloques y quizás vayan algunos dirigentes”, detalló un representante de la central obrera en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Desde este viernes funcionará una comisión técnica en la Cámara Alta que analizará los planteos del sindicalismo y del sector empresarial, con la intención de introducir cambios que luego se llevarán al recinto el 10 de febrero.

Cómo viene la negociación

Esta instancia se abrió por iniciativa de la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien en diciembre había postergado la idea inicial de debatir la reforma debido la dura resistencia de la CGT, que ese mes hizo una movilización masiva a Plaza de Mayo.

En tanto,  referentes de la central visitarán varias provincias en los próximos días para reunirse con gobernadores y que escuchen de primera mano sus críticas a la iniciativa que la gestión de Javier Milei considera medular para la segunda mitad de su mandato.

“La idea es ir a cada provincia”, dijeron las mismas fuentes a la Agencia Noticias Argentinas, aunque no está claro que vayan a tener tiempo de verse con todos los mandatarios provinciales antes de que el debate comience en el Senado.

Se trata de un movimiento similar a la ronda de encuentros que viene llevando adelante el ministro del Interior, Diego Santilli, pero con sentido contrario, ya que el funcionario busca sumar consensos y futuros apoyos a la “modernización laboral”.

La lista de rechazos

La CGT apunta a diluir el impacto de algunos puntos, como la ampliación de las actividades consideradas ‘esenciales’, lo que lleva a garantizar servicios mínimos durante los paros y, por ende, limitar el derecho a huelga.

Tampoco aceptan que quede tal como está el apartado de la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, que derivaría en acuerdos por empresa, dejando de lado los acuerdos sectoriales y licuando así el poder de las conducciones de los sindicatos.

También resisten los cambios en la llamada cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados al gremio, algo fijado por convenio, y el Fondo de Asignación Laboral (FAL) en reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.

El comunicado de la CGT sobre el proyecto del Gobierno

Rechazamos la reforma laboral regresiva y precarizadora como parte del plan de acción sindical en todos los frentes.

Defendemos el trabajo digno y con derechos como pilar de la justicia social.

La reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional constituye un ataque directo a los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores.

Se apoya en una matriz ideológica que concibe el trabajo como un costo a reducir y no como un derecho humano protegido por la Constitución Nacional, la legislación vigente y los tratados internacionales ratificados por nuestro país.

Bajo el discurso de la modernización y la competitividad, se pretende avanzar sobre derechos individuales y colectivos, debilitar la negociación colectiva y a las organizaciones sindicales, e imponer un modelo de relaciones laborales que profundiza la precarización, la informalidad y la desigualdad.

Este proyecto no actualiza el derecho del trabajo ni generará nuevos empleos: promueve contratos precarios, despidos más baratos, jornadas de trabajo extendidas y salarios fragmentados. Su contenido compromete el financiamiento de las jubilaciones y pensiones actuales y futuras, y profundiza aún más la dualidad del mercado de trabajo.

La sanción de esta ley lesionará derechos individuales como el fraccionamiento de vacaciones, la limitación en la base de cálculo para el despido y la posibilidad de que los salarios sean variables o modificables por decisión del empleador, sin respetar derechos adquiridos ni continuidad en el tiempo, rompiendo el principio de igualdad salarial.

Respecto a los derechos colectivos, que son los que fortalecen la vigencia de los derechos individuales y permiten su protección, la pérdida es aún mayor.

Se limita la acción gremial, se amplía sin límites el poder disciplinario del empleador, se atomiza la organización sindical y se modifican las condiciones para la negociación colectiva. en definitiva, se violenta la libertad sindical y el ejercicio efectivo de la representación.

El movimiento sindical representa a todos los trabajadores: los que tienen trabajo y aquellos que no lo tienen.

Creemos en el justo equilibrio entre el capital y el trabajo y en la sinergia positiva que genera esta ecuación. por eso nos oponemos a una ley que transfiere recursos del sector del trabajo al capital.

El llamado “costo argentino” no son los salarios ni los derechos laborales, sino la especulación financiera, el industricidio y las políticas económicas que desalientan la inversión productiva.

Una vez más, el gobierno elige a quién favorecer. atiende las demandas de sectores del capital financiero en procura de brindar señales a los mercados y no atiende las demandas del Pueblo trabajador.

Frente a un escenario de crisis, exigimos igualdad en el tratamiento para todos los sectores, en especial para los más afectados por el actual modelo económico de exclusión.

Nuestro país necesita un nuevo contrato social, sustentado en el diálogo real y efectivo, que amplíe derechos y garantice trabajo digno.

Con información de agencias.

IG

La reforma laboral ya tiene fecha de tratamiento: el 10 de febrero. Para entonces, el Gobierno necesita sumar los votos de al menos una decena de legisladores aliados o provinciales. Con ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió de gira para negociar cara a cara con los gobernadores, abrir canales de diálogo político y ofrecer recursos a cambio de respaldo legislativo.

Pero el primer encuentro mostró el límite de esa estrategia: en Chubut, el gobernador Ignacio Torres ya exigió hace unos días el pago de una deuda previsional de más de $51.000 millones que la ANSES mantiene con la provincia desde 2017. Según advirtió el mandatario, ese dinero no afecta la administración central, sino que impacta directamente en las jubilaciones de miles de trabajadores retirados del Estado provincial.

“La deuda que tiene el Gobierno nacional es con nuestros jubilados chubutenses, que aportaron toda la vida para tener una jubilación digna”, afirmó Torres. Aunque valoró la apertura de negociaciones, ratificó que la presentación de la demanda ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento del convenio bilateral firmado con Nación. “Podemos sentarnos a negociar, pero no voy a desistir del reclamo judicial”, sostuvo.

La estrategia del Gobierno para aprobar la reforma laboral combina presión parlamentaria, favores fiscales y concesiones puntuales. Santilli ya tiene previsto visitar al menos diez provincias durante enero. Según confirmaron desde el Ministerio del Interior, el objetivo es “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos por asistencia financiera o flexibilización de partidas.

La escena revela una paradoja: mientras se promete modernización laboral y reducción del gasto público, se utilizan transferencias discrecionales como moneda de cambio para habilitar una reforma que recorta derechos laborales, debilita a los sindicatos y reduce los costos de despido e indemnización.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen en el Senado, propone eliminar la ultraactividad de los convenios colectivos, limitar las cuotas solidarias que financian a los gremios, habilitar bancos de horas, flexibilizar vacaciones y acortar los plazos de preaviso. También incluye la creación de un fondo de cese laboral como sustituto de las indemnizaciones tradicionales. Para la CGT, se trata de “una reforma regresiva que rompe el equilibrio entre partes y precariza el empleo”.

En este contexto, las provincias aparecen como el escenario clave para destrabar la votación, pero también como territorio de disputa por deudas sociales. El caso de Chubut es elocuente: es una de las trece jurisdicciones que no transfirió su caja previsional a la Nación. Por ley, la ANSES debe cubrir anualmente el déficit de ese sistema. Pero en este caso, la deuda acumulada desde 2017 fue certificada por el propio organismo nacional y nunca saldada.

“No estamos mendigando nada. Estamos exigiendo lo que nos corresponde”, señaló Torres, que encabeza por primera vez una demanda judicial de este tipo en nombre de la provincia. La falta de esos fondos deja al sistema previsional local en estado crítico y obliga al Gobierno provincial a cubrirlo con recursos propios, en medio de un escenario de ajuste y recorte de transferencias.

Los jubilados del sector público, en especial docentes, administrativos y trabajadores estatales retirados, son quienes más sufren la demora.

JJD

El Gobierno nacional redobla la presión para que la reforma laboral tenga luz verde este verano. La “modernización” de las normas laborales es una prioridad personal del presidente Javier Milei, y para eso el oficialismo relanzó su maquinaria de negociación territorial. El objetivo es llegar a la primera semana de febrero con los votos necesarios para sancionar el proyecto durante las sesiones extraordinarias.

La primera escala será Chubut. Este miércoles, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará a Rawson para reunirse con el gobernador Ignacio Torres, integrante del PRO pero enfrentado con la Casa Rosada por la deuda previsional que el Estado mantiene con su provincia. La cifra reclamada por Chubut supera los $51.000 millones, y ya fue anticipado un reclamo judicial ante la Corte Suprema.

Desde el Ministerio del Interior confirmaron que Santilli tiene planeado un cronograma de visitas a al menos diez provincias durante enero, con el fin de “escuchar los reclamos locales” e intercambiar apoyos legislativos por asistencia financiera o fiscal. La coordinación incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

En paralelo, Patricia Bullrich y Martín Menem retomaron el diálogo con los bloques aliados en el Congreso, a fin de “aceitar” las condiciones para el tratamiento del proyecto. Ambos fueron piezas clave para la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, y ahora vuelven a actuar bajo el comando de Karina Milei y del núcleo legislativo libertario.

“La ley no está cerrada, se va a discutir artículo por artículo”, aseguró Bullrich a senadores de bloques provinciales, en un intento por abrir la negociación. La jefa de bloque ya había logrado el dictamen de mayoría en el Senado a fines de 2025, pero la reforma no se trató por la presión sindical y la tensión política en medio del debate presupuestario.

En su versión actual, el proyecto elimina la ultraactividad de los convenios colectivos, debilita el rol sindical en la negociación paritaria, introduce indemnizaciones más bajas, y permite a las empresas modificar horarios mediante un sistema de banco de horas. También elimina las cuotas solidarias, principal fuente de financiamiento de los gremios.

Desde la CGT advirtieron que si el Gobierno avanza con la reforma, volverán a movilizar. Las centrales obreras ya preparan una agenda de medidas para febrero, con asambleas, protestas regionales y posibles paros escalonados. “Es una reforma para precarizar el trabajo y romper la negociación colectiva, no para generar empleo”, afirmó uno de los dirigentes del consejo directivo.

El Gobierno, en cambio, busca mostrar la reforma como parte de un paquete para reducir costos laborales y estimular inversiones. En ese marco, la estrategia de Santilli apunta a destrabar los votos “provinciales” a través de una diplomacia fiscal a medida: ofrecer fondos o flexibilizar partidas a cambio de apoyos en el Congreso.

Los próximos días serán clave para el futuro del proyecto. Si el oficialismo logra convencer a un puñado de legisladores aliados y provinciales, podrá avanzar en febrero con una reforma que podría cambiar de raíz las reglas del mundo del trabajo en Argentina, debilitando al sindicalismo y trasladando el poder de negociación hacia las empresas.

JJD

La sanción del primer Presupuesto de la gestión libertaria ordenó una foto precisa del vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores. Javier Milei logró aprobar la ley central de su programa con el respaldo clave de mandatarios provinciales, en su mayoría peronistas, que optaron por un pragmatismo más marcado que en otras etapas. No se trató de un acuerdo político integral ni de un nuevo pacto federal, sino de una suma de entendimientos tácticos, construidos voto a voto y distrito por distrito, en un contexto atravesado por demandas y un punto que ya es un dato fáctico: gobernadores y La Libertad Avanza comparten, en muchos territorios, el mismo electorado.

En la votación del viernes pasado en el Senado acompañaron al oficialismo los legisladores que responden a Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), además de los dos misioneros que responden al exgobernador Carlos Rovira, alineados con Hugo Passalaqua. El esquema de votación por capítulos —idéntico al utilizado en Diputados— fue decisivo para blindar artículos sensibles, como el 30, que recorta fondos a educación y ciencia, y evitar que el proyecto regresara a la Cámara baja, un escenario que el Gobierno buscó esquivar hasta último momento.

Las negociaciones se extendieron durante toda la jornada. Además de la flamante senadora Patricia Bullrich, participaron activamente el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem, todos ellos parte del engranaje político que responde a Karina Milei. El objetivo fue evitar sobresaltos y garantizarle al Presidente la sanción del Presupuesto, aun a costa de conceder gestos y acelerar transferencias.

Ese método, sin embargo, ya había mostrado fisuras pocos días antes en Diputados. Allí, varios legisladores que responden a los gobernadores norteños votaron a favor en general pero rechazaron el Capítulo XI. En las provincias, la lectura fue que el oficialismo falló en los cálculos y, convencido de tener los votos asegurados, no terminó de chequear posiciones clave, en especial sobre la derogación de las leyes de financiamiento educativo y de emergencia en discapacidad. La respuesta de la Casa Rosada fue rápida: antes y después de esa sesión se agilizaron los giros de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y se profundizó el goteo de fondos por compensación del consenso fiscal, con transferencias que, en varios distritos, superaron ampliamente los promedios mensuales habituales.

Ese movimiento volvió a dejar al desnudo una asimetría persistente. Provincias como Salta, Chaco, Misiones o Catamarca recibieron en pocos días montos extraordinarios, mientras que en el bloque de Provincias Unidas el acompañamiento fue dispar. En los distritos del centro se consolidó la percepción de que el oficialismo sigue privilegiando a los gobernadores del norte, más funcionales en términos legislativos y electorales.

Detrás de esa conducta aparece un factor estructural: en buena parte del país, La Libertad Avanza ya es primera o segunda fuerza en capitales provinciales y grandes centros urbanos, incluso donde gobiernan mandatarios peronistas o radicales. Esa superposición de electorados que quedó expuesta en los comicios de 2025 vuelve a los gobernadores más cautelosos. Confrontar abiertamente con la Casa Rosada implica, para muchos, el riesgo de empujar votantes propios hacia el oficialismo nacional. El pragmatismo que primó durante la votación del Presupuesto no responde tanto a afinidades ideológicas como a una lógica defensiva frente al nuevo mapa político.

En ese esquema, el Ministerio del Interior funciona hoy menos como articulador federal clásico y más como mesa de contención de conflictos y administración de demandas. Santilli actúa como interlocutor operativo, pero las decisiones estratégicas no pasan exclusivamente por su despacho: la validación política corre por cuenta de Karina Milei, mientras que la viabilidad real de cada acuerdo depende del Ministerio de Economía y de ANSES. No es casual que varios gobernadores negocien por canales paralelos, lo que explica por qué algunos entendimientos avanzan con rapidez y otros quedan empantanados durante meses.

La sanción del Presupuesto 2026 también dejó una línea de incentivos difícil de disimular. Los gobernadores que sellaron alianzas electorales o mostraron cooperación legislativa sostenida fueron los que recibieron respuestas más rápidas y contundentes. Chaco y Entre Ríos aparecen como ejemplos claros de ese esquema, mientras que Córdoba logró un acuerdo parcial sin alineamiento formal. El Presupuesto operó así como un test de lealtades, más que como una simple ley económica.

El caso Pullaro

En ese tablero, el santafesino Maximiliano Pullaro quedó ubicado deliberadamente en el lugar del disidente. No solo rechazó el acuerdo previsional ofrecido por Nación, que su administración considera insuficiente frente a una deuda que estima en torno a los $2 billones, sino que también cuestionó de manera abierta el diseño de la ley de leyes.

Pullaro intentó incorporar el reclamo santafesino al texto presupuestario y no lo logró. Su bloque, además, se opuso al artículo 30, al que el gobernador asoció directamente con el “desfinanciamiento de la ley de discapacidad y de la educación pública”. En paralelo, criticó con dureza la asignación de recursos nacionales para infraestructura vial: “El gobierno tiene para todo el país menos presupuesto, alrededor de $360 mil millones, que lo que nosotros tenemos para reparar rutas en Santa Fe. Esto va a hacer que las rutas de Nación se sigan deteriorando”, advirtió.

La estrategia de Pullaro ya había incluido un gesto político explícito: a mediados de año, se mostró ante la Corte Suprema junto a sus antecesores Omar Perotti y Antonio Bonfatti, en una señal de respaldo transversal al reclamo provincial. Ahora, que sea el único gobernador no peronista que no fue recibido por Santilli terminó de consolidar su lugar como caso testigo del nuevo equilibrio. En la Casa Rosada interpretan su postura como una decisión consciente de diferenciarse y, al mismo tiempo, como una advertencia implícita al resto.

Es que, más allá de la victoria legislativa, el Presupuesto 2026 no cerró los conflictos estructurales entre Nación y provincias. Las deudas previsionales, la obra pública nacional y el financiamiento de educación y ciencia quedaron abiertos, garantizando que la tensión continúe durante todo el año próximo. La ley ordenó la coyuntura y le dio a Milei una herramienta central de gobierno, pero no pacificó el vínculo federal. Por el contrario, institucionalizó un sistema de negociaciones permanentes, sostenido en premios, castigos y en una competencia silenciosa por el mismo electorado que hoy condiciona a todos los actores.

PL/CRM

La media sanción del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó en el Gobierno una sensación ambivalente. Hubo alivio por haber logrado, después de tres años, la aprobación en general de la llamada Ley de Leyes, un hecho inédito para una gestión que gobernó dos ejercicios consecutivos con presupuestos prorrogados. Pero el rechazo del Capítulo XI transformó rápidamente ese logro en una derrota política de mayor alcance.

Es que no se trató solo de la caída de un apartado sensible, sino de un revés que atravesó a todo el oficialismo y dejó afuera el corazón fiscal del proyecto, incluso después de que la Casa Rosada desplegara, como pocas veces desde la llegada de Javier Milei al poder, todo su arsenal de negociación con gobernadores y aliados.

En el entorno presidencial, la evaluación fue inmediata y tajante: el Presupuesto que salió de Diputados “no sirve”. No como diagnóstico técnico ni como objeción reglamentaria, sino como definición política. La exclusión del artículo 75, que derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, sostienen, vulnera el principio de equilibrio fiscal y obliga al Ejecutivo a administrar un esquema de gasto incompatible con el superávit que Milei convirtió en eje identitario de su gobierno. Para el Presidente, no se trata de un matiz: lo considera una alteración directa de su mandato electoral.

El contraste con las horas previas a la sesión profundizó el golpe. Durante diciembre, el Gobierno había abierto el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como pocas veces en la historia reciente. Más de 65 mil millones de pesos enviados en apenas dos semanas a provincias consideradas claves para destrabar la discusión presupuestaria. Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta encabezaron la lista. El mensaje fue explícito: recursos a cambio de gobernabilidad. Sin embargo, la billetera de Luis Caputo no alcanzó.

Pases de factura

Ese esquema tuvo un impulso decisivo con la llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior. El “Colo” asumió el vínculo político con las provincias bajo una premisa clara: sin incentivos concretos no hay disciplina parlamentaria. En pocas semanas multiplicó reuniones, habilitó acuerdos sectoriales, avaló endeudamientos y escuchó reclamos largamente repetidos. El objetivo era blindar el Presupuesto y evitar sorpresas en el recinto. Tras la votación, ese diagnóstico quedó bajo revisión.

El oficialismo había llegado a la sesión del miércoles confiado. Sabía que el artículo que derogaba las emergencias era el punto más frágil del proyecto, pero apostó a forzar su aprobación mediante una votación por capítulos. La estrategia falló. El Capítulo XI cayó por 123 votos contra 117, con dos abstenciones, y dejó al descubierto una paradoja incómoda: incluso con ATN récord, acuerdos bilaterales y concesiones acumuladas, el Gobierno no logró imponer su núcleo fiscal cuando el ajuste tocó áreas de altísimo costo político y social.

En Balcarce 50, la bronca buscó responsables. Los primeros apuntados fueron Martín Menem y su primo Eduardo “Lule” Menem. Desde un sector los responsabilizan por haber manejado mal los acuerdos con los gobernadores aliados y por haber avanzado con compromisos —como la votación de los auditores de la Auditoría General de la Nación— incluso después de que esos mismos aliados ya habían fallado en la votación clave del Presupuesto. Para sus detractores, Menem tensó innecesariamente con el PRO, debilitó el vínculo con la UCR y relegó a Provincias Unidas para sostener acuerdos que no se tradujeron en votos.

También quedaron en la mira varios gobernadores que, según la lectura oficial, “se dieron vuelta” a último momento, como Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), además de diputados radicales y aliados que votaron en contra o se abstuvieron. Aun así, en la cúpula del Gobierno admiten que el problema excede largamente a los nombres propios.

El traspié no fue del todo sorpresivo. En la previa, hubo mandatarios que habían avisado que no acompañarían el recorte a universidades y discapacidad, un ítem que, de acuerdo los dichos de la oposición legislativa, el oficialismo “metió por la ventana”. Los radicales aliados también habían marcado límites. La Libertad Avanza decidió avanzar igual, confiado en que la billetera, la presión política y la ingeniería parlamentaria terminarían alineando voluntades. Incluso intentó un atajo: atar esos recortes a otros fondos sensibles para forzar una votación incómoda. El resultado fue el contrario: los supuestos aliados se alinearon con la oposición y el capítulo se desplomó.

Recalculando

Con el capítulo clave rechazado y la decisión de posponer el debate de la reforma laboral para febrero, el Gobierno entró en modo repliegue. Las alternativas que circularon este jueves fueron variopintas. Pero una prevaleció: si el Senado introduce los cambios que el Gobierno busca, la intención es volver a tratar el Presupuesto en Diputados el próximo 29. Si no, el menú de opciones incluye también dejar caer la iniciativa o avanzar con un veto presidencial para preservar el superávit y volver a administrar con discrecionalidad, una jugada inédita para un gobierno que impulsó la ley.

Todas las miradas se desplazan ahora a la Cámara alta, donde el oficialismo asume que el escenario no deja de ser adverso. La expectativa es lograr dictamen en comisión este mismo viernes para abrir una negociación fina y así reescribir la Ley de Leyes. Sin embargo, en la Casa Rosada reconocen que hoy no cuentan con los votos para aprobarlo con modificaciones.

En ese sentido, el rol de Patricia Bullrich aparece como central. Es ella quien debe definir el camino reglamentario para introducir los cambios y ordenar una mayoría esquiva en la Cámara alta. Puertas adentro, reconocen que los ATN no garantizan disciplinamiento automático de las provincias: hubo abstenciones clave que dejaron al descubierto que la negociación sigue abierta y que, según apuntaron a elDiarioAR desde el entorno de Diego Santilli, “todavía queda trabajo por delante”.

La Libertad Avanza comprobó esta semana que su poder de fuego tiene límites concretos. El proyecto de Presupuesto avanzó, pero su núcleo fiscal quedó afuera. Y en esa distancia quedó al desnudo una certeza que atraviesa a todo el oficialismo: esta vez no falló solo una negociación ni un operador. Fue una derrota política del gobierno entero, en un contexto de creciente conflictividad social y con una agenda legislativa que entra ahora en su tramo más delicado.

PL/CRM

Con el dictamen del Presupuesto 2026 prácticamente asegurado, el Gobierno entra este martes en la instancia decisiva de su negociación con las provincias. Los gobernadores fijaron una línea roja para el resto de su agenda: sin presupuesto aprobado, no habrá reforma laboral. Tras la conformación de la comisión y luego de semanas de conversaciones reservadas, la Casa Rosada confía en reunir los votos necesarios mientras administra, caso por caso, las demandas de los gobernadores, que aceptan acompañar la ley en general pero mantienen reparos en la discusión en particular.

En ese sentido, la ronda de diálogo que viene encabezando el ministro del Interior, Diego Santilli, empieza a rendir frutos. Salvo el núcleo duro del kirchnerismo, los mandatarios provinciales están dispuestos a dar respaldo al proyecto oficial, aunque sin resignar reclamos. “Lo primero es encontrar una previsibilidad de cara al año que viene, después debatamos la reforma laboral”, es la frase que más escuchó Santilli en sus contactos con gobernadores y dirigentes de provincias dialoguistas.

El oficialismo parte de una ventaja numérica: los votos para aprobar el Presupuesto 2026 estarían garantizados tanto en Diputados como en el Senado. Pero el apoyo no es automático ni homogéneo. Las negociaciones se desarrollan de manera individual, sin coordinación entre los gobernadores, una dinámica que la Casa Rosada alienta para evitar un frente común de reclamos. Cada mandatario plantea exigencias propias, aun cuando, por ahora, la mayoría admite que las respuestas concretas escasean.

En ese esquema, la reforma laboral quedó deliberadamente relegada. El punto más sensible para las provincias es el impacto fiscal del proyecto: la modificación de la escala del impuesto a las Ganancias de las sociedades recortaría alrededor de $1,6 billones anuales de recursos coparticipables. El mensaje que baja desde las provincias es claro: sin un proyecto de “ley de leyes” cerrado y sin certezas sobre la distribución de fondos, no hay margen político para abrir ese debate.

El problema de fondo es que el cambio de clima con la Casa Rosada no vino acompañado, hasta ahora, de una mejora sustantiva en el flujo de recursos. La excepción fue Tucumán. El gobernador Osvaldo Jaldo recibió una transferencia de $20.000 millones en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el monto individual más alto otorgado en lo que va del gobierno de Javier Milei. Jaldo, con influencia directa sobre tres diputados y un senador, se reunió la semana pasada con Santilli, en un gesto leído por el resto de los mandatarios como parte del toma y daca presupuestario.

En las provincias siguen de cerca si ese movimiento se replica. En noviembre, Economía no giró ATN y, descontando lo enviado a Tucumán, todavía quedan $708.000 millones disponibles. La expectativa es que en las próximas horas otras provincias reciban ATN, en un mes especialmente sensible por el pago de aguinaldos y la situación financiera de muchos municipios. En el oficialismo admiten que se evalúan distintas alternativas para liberar recursos, aunque nadie garantiza que alcancen para descomprimir todos los frentes abiertos.

Santilli es consciente de ese límite. Tutelado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, su desembarco en el Ministerio del Interior apuntó a recomponer el vínculo con los gobernadores y a construir el consenso político que el Gobierno necesitaba para encarar esta etapa legislativa. La flexibilización en la firma de avales para que las provincias salgan a colocar deuda en los mercados fue leída como un gesto, aunque insuficiente para compensar reclamos estructurales. El único mandatario al que la Nación dejó en claro que no le habilitará esa vía es el bonaerense Axel Kicillof.

También aparecen tensiones en otros capítulos sensibles del Presupuesto. Uno es el de las cajas previsionales provinciales no transferidas, donde varios gobernadores buscan asegurar un flujo mensual de fondos y dejar para más adelante la discusión por la deuda acumulada. Otro es la obra pública, con avances lentos y convenios que, como en el caso de Salta, siguen sin traducirse en desembolsos efectivos.

Con ese telón de fondo, el dictamen del Presupuesto 2026 aparece como una meta alcanzable, pero sostenida sobre equilibrios frágiles. Los gobernadores prometen el gesto político de acompañar la ley, aun cuando desconfían de que luego los recursos se ejecuten según lo aprobado. Para el Gobierno, la apuesta es cerrar rápido ese capítulo y recién entonces abrir el frente más espinoso: la reforma laboral. La incógnita es cuánto durará esa tregua tácita y si el consenso alcanzará para algo más que garantizar, una vez más, que el presupuesto exista, aunque muchos sospechen que buena parte de sus números volverán a quedar en letra muerta.

Los principales ejes del Presupuesto 2026

PL/CRM