En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, familiares y allegados del fotógrafo Pablo Grillo denunciaron la cancelación de una muestra fotográfica que iba a realizarse en el Senado de la Nación. Según expresaron públicamente, la decisión fue tomada por la vicepresidenta Victoria Villarruel y la exministra de Seguridad y senadora Patricia Bullrich.

La medida generó fuertes críticas desde sectores vinculados a los derechos humanos, la cultura y el periodismo, que interpretaron la suspensión como un acto de censura y un ataque a la libertad de expresión.

Pablo Grillo continúa atravesando un proceso de rehabilitación luego de haber resultado herido durante un operativo de seguridad encabezado por el Ministerio de Seguridad nacional. Mientras su familia enfrenta las consecuencias de aquel episodio, denuncian ahora un nuevo intento de “silenciar” su trabajo artístico y documental.

“Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura”, señalaron en un comunicado difundido en redes sociales. Allí también afirmaron que “no se censuran solamente fotos”, sino que “se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo”.

La muestra reunía imágenes tomadas por Pablo Grillo a lo largo de su trayectoria como fotógrafo y buscaba visibilizar distintas expresiones sociales y políticas retratadas por su lente.

Ante la cancelación, organizaciones sociales, culturales y de derechos humanos convocaron a una concentración para este viernes a las 16.30 frente al Congreso Nacional. La propuesta es realizar allí una exhibición pública de las fotografías de Grillo “aunque algunos quieran impedirlo”.

Con información de redes sociales

JIB

El 1 de mayo pasado el diputado libertario Damián Arabia publicó una foto junto a Patricia Bullrich y la también legisladora Sabrina Ajmechet: “Se vienen cositas”. Cinco días después, se cononocieron las “cositas”: este miércoles la jefa del bloque oficialista en el Senado golpeó en el riñón de la mesa política del Gobierno. Exigió públicamente que Manuel Adorni presente su declaración jurada cuanto antes y por lo bajo –como informó ayer elDiarioAR– desafió a Javier Milei para que removiera al jefe de Gabinete hasta que se aclare el escándalo por su patrimonio. Bullrich es la primera figura de peso que se planta abiertamente ante el Presidente y Karina Milei. La pregunta es si sobrevivirá en un esquema de poder que no tolera el más mínimo signo de traición.

El desafío de Bullrich a Milei se cristalizó anoche cuando el mandatario se auto-obligó a dar una entrevista que no quería dar. Estaba solo de viaje en Estados Unidos –su hermana se quedó en Buenos Aires– y para colmo su anfitrión –Michael Milken, el “rey de los bonos basura”– le canceló un encuentro privado a último momento por problemas de salud. 

El libertario eligió la pantalla de LN+ con Luis Majul y Esteban Trebuq para reafirmar que “el presidente soy yo”, pero quedó más embarrado. Se peleó con los periodistas que siempre lo adulan, aseguró que “ni en pedo” se va a Adorni y dijo que Bullrich “espoileó” al jefe de Gabinete sobre la inminente presentación de su declaración jurada. Incluso dijo que él mismo había hablado con la senadora antes de la polémica. Esa charla ocurrió el lunes; Bullrich esperó 48 horas antes de romper públicamente.

La secuencia completa deja entonces la gran pregunta de qué pasará hacia adelante. Se reveló una grieta en la sociedad Milei-Bullrich que se había forjado cuando la excandidata de Juntos por el Cambio traicionó a Mauricio Macri y saltó a La Libertad Avanza para el balotaje. Esa diferencia existe desde meses atrás, sobre todo por la desconfianza entre la senadora y Karina. Ahí la disputa tiene tintes electorales porque Bullrich aspira a ser candidata a jefa de Gobierno porteño y “el Jefe” no acepta que le impongan nada. A su vez, la senadora está cansada de los modos de la hermanísima. “Hay una dinámica de subordinación o exterminio que no va más”, dicen al lado de la legisladora.

La expectativa está en cómo jugarán los Milei. ¿Expulsarán definitivamente a Adorni, buscarán una pax pasajera o correrán a Bullrich? “Las negras también juegan, pero no sé cómo reaccionarán ante esta situación”, dicen en el bullrichismo, que saben que Karina está “enojada”. No trascendió que haya habido un llamado directo entre ambas dos mujeres de poder.

Un horizonte a develar es 2027. Karina imaginaba a Adorni como su postulante, pero recién esta semana cedió ante la crisis y le dio el OK a Bullrich para que empiece a caminar la Ciudad como posible candidata, como anticipó María Cafferata en este medio. ¿Entonces la jugada de la senadora de ayer no fue un desafío a Milei sino que estaba todo orquestado entre ellos? ¿TMAP (Todo Marcha Acorde al Plan)?

Pero la tirria entre Bullrich y Karina tiene otros elementos. La jefa del bloque de LLA se queja porque tiene la agenda parlamentaria paralizada desde que estalló el escándalo Adorni, principalmente la reforma electoral que pretende eliminar las PASO. En ese río revuelto, los opositores aliados –el PRO, la UCR y los provinciales– ya vieron la oportunidad para impulsar un proyecto de Ficha Limpia como iniciativa separada y sin el visto bueno libertario. El karinismo pretendía utilizar ficha limpia como zanahoria dentro del paquete de la reforma para lograr que los legisladores dialoguistas levantaran la mano a una ley que incluye la eliminación de las primarias, que es en definitiva el verdadero designio del Gobierno.

Bullrich expresó a viva voz una presión interna que desde hace días recorre el gabinete sobre Adorni y los Milei no pueden hacerla callar tan fácil. La jefa del Senado ostenta una docena de legisladores propios en los bloques de LLA de ambas cámaras del Congreso y es la dirigente del Gobierno que mejor mide, incluso más que el Presidente. ¿“Se cortó sola” entonces para cuidar su propia reputación, siempre pensando en 2027? “Tenemos espalda”, se regocijan. ¿Hubo traición? “Es a la inversa de la traición: es para cuidarlos, inclusive de el propio Milei. Fue hacer lo que había que hacer”. Aparece en la mente de Bullrich la metáfora de Pepe Grillo o del tábano del filósofo griego Sócrates.

La exmontonera, exdelaruista y exmacrista también le puso un tic-tac a Adorni para que presente su DDJJ correspondiente al 2025. Allí debería reflejarse que vive en un departamento –en Caballito– que compró sin vender donde vivía antes –en Parque Chacabuco–, y que además tiene una casa en un country –que en realidad es de 2024–. Todo con hipotecas cruzadas y luego de haber gastado millones de pesos para viajes al exterior –Aruba en clase premium y Punta del Este en jet privado–. 

Adorni tenía plazo hasta el 31 de julio próximo (la Oficina Anticorrupción extendió el deadline que originalmente era del 29 de mayo), pero “el reloj Bullrich” lo obliga a apurarse. Ahora en la Casa Rosada anticipan que lo haría dentro de este mes de mayo. 

“Manuel ya tiene todas las cosas listas y estaba por presentar los números por adelantado. Ustedes saben que hay una fecha en la cual se hacen las presentaciones y Manuel decidió por las estupideces que se debaten públicamente de gente que ni siquiera sabe sumar y restar y viola la partida doble, los números Manuel de hecho estaba en eso”, dijo anoche Milei en LN+, tal como se puede leer en el desgravado de la entrevista que hizo circular el propio Gobierno. Fue en esa misma respuesta que el Presidente buscó matizar el desafío interno de Bullrich: “Lo que hizo Patricia fue espolear lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números, para que todo… tiene que ver con la dinámica de la Justicia”.

Milei vuelve hoy de Estados Unidos y para este viernes está programada una reunión de Gabinete donde estarán Adorni, Bullrich y Karina, además del resto de los funcionarios. Será una reunión de trabajo con excelente clima laboral, que anoche desveló a varios. A las 2 de madrugada de este jueves, Santiago Caputo, el creador de la sigla TMPAC, tuiteó: “Nunca pierdan de vista que lo que está en juego es la salvación de una nación luego de un siglo entero de oscuridad y empobrecimiento”.

MC

“Javier, yo vengo de varios gobiernos que han fracasado y cuando un ministro no termina de explicar todo lo mejor es esperar a la Justicia”. Patricia Bullrich le dijo estas palabras a Javier Milei poco después de que trascendiera el testimonio del contratista Matías Tabar, que relató que cobró US$245.000 por refaccionar la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cúa. La presidenta del bloque de senadores oficialistas expuso lo que, por lo bajo, varios funcionarios y dirigentes libertarios murmuran sin animarse a decirle al Presidente y a su hermana: que el jefe de Gabinete es un lastre, que paraliza el Gobierno y que hay que dejarlo ir. 

No fue la primera vez que Bullrich transmitió en público su irritación con el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, que ella denuncia que le impide avanzar con las reformas del Gobierno en el Senado. Ya en la última reunión de gabinete, que se llevó a cabo hace dos semanas, Bullrich le lanzó a la cara: “Manuel acomodá tus papeles que todo es un quilombo, se me traban todas las leyes en el Congreso”. No sólo estaba Adorni presente, sino todo el gabinete, incluidos el Presidente y su hermana, Karina Milei. 

Según explica un dirigente de confianza de la senadora, los ministros están acostumbrados a los exabruptos de Bullrich y ya empiezan a hacer caras cuando ven que va a tomar la palabra. Esa última reunión de gabinete no fue la excepción. “Ella siente que su rol es decir las cosas”, justifica un referente bullrichista. 

Bullrich, que acaba de recibir el visto bueno de Karina Milei para recorrer la Ciudad de Buenos Aires como virtual candidata a jefa de Gobierno porteño, dejó transmitir primero su malestar a través de una nota en La Nación. Allí, sus asesores advertían que la ex ministra volvería a pedirle al Presidente que le pidiera la renuncia a Adorni. La nota generó tal nivel de ruido interno, amplificado por un sector de Casa Rosada, que tu Bullrich tuvo que salir a declarar públicamente que no se iba del Gobierno. 

En diálogo con Eduardo Feinman, Bullrich respaldó a Milei, dijo que trabajaría en su reelección, pero advirtió: “Si él (Adorni) dijo que tiene todo probado, bueno esa prueba tiene que ser inmediata. Porque necesitamos dejar de discutir esta situación que él dice que tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba, y la prueba mientras antes mejor”, remató.

Este viernes, el Presidente volverá a encabezar una reunión de gabinete en una de las peores semanas del Gobierno en lo que viene siendo uno de los peores bimestres de la gestión libertaria desde que asumió Milei. Luego de arribar de Estados Unidos, a donde viajó de nuevo para participar de la Conferencia del Instituto Milken, el Presidente convocará a todos sus funcionarios para medir hasta dónde llega el respaldo político al jefe de Gabinete. Un respaldo que, a medida que pasan los días, cada vez es más escueto. 

Otro de los que dejó trascender su irritación con la permanencia de Adorni en el gabinete es Luis Caputo. Tal como relató Pedro Lacour en elDiarioAR, el ministro de Economía teme que el ruido político termine contaminando la credibilidad del Gobierno y, con ella, el frente económico. Para Caputo, los mercados no terminan de convalidar el programa por una falta de confianza en la sostenibilidad política del plan económico. Cuestiona que las crisis políticas afectan la gobernabilidad y, con ello, la posibilidad de bajar aún más el riesgo país. 

El resto del gabinete, mientras tanto, viene acumulando malestar. Pero en silencio. Ninguno se anima a decirle a los hermanos Milei –especialmente a Karina– que creen que llegó el momento de correr a Adorni. Que lo que podría haber sido originalmente un pararrayos que concentra en sí mismo, y en toda la investigación judicial por enriquecimiento ilícito, todos los ataques del Gobierno se convirtió, en la última semana, en un costo político demasiado grande para Milei.

Este jueves Adorni le dará una entrevista a Alejandro Fantino en Neura con el objetivo de matizar la última revelación del contratista que le refaccionó la casa en el country Indio Cúa. Ni la conferencia de prensa ni el informe de gestión lograron clausurar el escándalo, sino todo lo contrario: cada día que pasa, un nuevo testigo arriba al despacho del fiscal Gerardo Pollicita y suelta un testimonio que hunde más al jefe de Gabinete. 

El miércoles, encaramado a los coletazos del cascadagate, se conoció la declaración de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas que financió la compra del departamento de Caballito, que causó una nueva cuota de malestar en el Gobierno. ¿El motivo? Miano aseguró que la operación inmobiliaria incluía un pago adicional de US$65.000 por fuera de la escritura.

La sangría parece no detenerse, y son cada vez más los funcionarios y dirigentes libertarios que presionan para que Adorni dé un paso al costado. Circulan muchos nombres de posibles reemplazantes, pero el que conciliaba más adhesiones, el de Martín Menem, fue rechazado por su protagonista: el presidente de la Cámara de Diputados aseguró enfáticamente que él no asumiría en el lugar de Adorni. Otro de los nombres que circulan es el del canciller Pablo Quirno, aunque por lo bajo. 

A excepción de Bullrich y Caputo, que son los únicos que dejaron trascender su mal humor, el resto de los funcionarios se queja en silencio. El motivo es que Milei y Karina se resisten, de momento, a echar a Adorni. Y ninguno se anima a cruzar a la hermana presidencial. 

La parálisis del Senado

Uno de los principales motivos de la irritación de Bullrich es que considera que el escándalo patrimonial de Adorni le paraliza la agenda legislativa en el Senado. La jefa del oficialismo tenía previsto sesionar hace un par de semanas para aprobar el proyecto de “inviolabilidad de la propiedad privada”, pero tuvo que suspenderlo porque los senadores del radicalismo se le rebelaron y le empezaron a pedir cada vez más cambios. Bullrich tuvo que aceptar que, por primera vez desde el recambio legislativo, no tenía el control absoluto del Senado. 

El miércoles, sin embargo, Bullrich volvió a reunir a los aliados en el Senado con el objetivo de volver a intentarlo. En la cumbre con Eduardo Vischi (UCR), “Camau” Espínola (correntino que rompió con el peronismo) y Martín Goerling (PRO), así como otros senadores de fuerzas provinciales, se acordó avanzar con el dictamen del proyecto de Federico Sturzenegger. Pero con cambios. Uno de ellos es la eliminación del capítulo que disolvía el Registro Nacional de Barrios Populares y daba por concluido el régimen de regularización dominial en villas y barrios populares. 

El objetivo es sesionar el 14 de mayo e incluir, además, el pliego de Carlos “Coco” Mahiques. Quedará afuera, por falta de acuerdo, el proyecto de Carolina Losada que aumenta las penas para denuncias falsas en casos de violencia de género que fue duramente cuestionado por organizaciones feministas y de derechos humanos. Habrá que ver, si Adorni continúa en la jefatura de Gabinete para entonces. En el bullrichismo esperan que no.

MCM/MG

La agresión al fotorreportero Pablo Grillo por parte de un gendarme quedó al borde del juicio oral. La jueza federal María Servini recibió este 5 de mayo de 2026 un pedido formal para elevar a juicio oral la causa contra el Cabo Primero Héctor Guerrero, quien le disparó el 12 de marzo de 2025 una granada de gas lacrimógeno en la cabeza, en el marco de una represión ordenda por Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad.

La querella sostiene que Guerrero utilizó su armamento de forma deliberadamente letal, efectuando disparos en ángulo horizontal directamente hacia el cuerpo de los manifestantes en las inmediaciones del Congreso, en un contexto donde no existía riesgo para la integridad física de los efectivos actuantes.

Los hechos que fundamentan el pedido de elevación a juicio ocurrieron a las 17 de aquella jornada, cuando Grillo se encontraba registrando el operativo de seguridad con su cámara. Según la reconstrucción judicial, el Cabo Primero Guerrero integraba una hilera de gendarmes apostada en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Solís. A las 17:18:05, el uniformado efectuó un disparo con su pistola lanzagases que impactó de lleno en la zona frontal de la cabeza del fotógrafo, quien en ese momento se encontraba agachado realizando sus tareas profesionales y no participaba de ninguna conducta hostil.

El proyectil, una cápsula de gas lacrimógeno disparada a corta distancia y alta velocidad, provocó en la víctima una fractura encefalocraneana con pérdida de masa encefálica. Tras caer inconsciente en el pavimento, Grillo fue socorrido por otros manifestantes y trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde inició un largo y tortuoso proceso médico que lo mantuvo tres meses en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

A lo largo de un año, debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluyendo la implantación de prótesis craneales que sufrieron complicaciones. Recién en febrero de 2026, el fotoperiodista pudo regresar a su hogar, aunque todavía permanece bajo tratamiento ambulatorio y con secuelas neurológicas y físicas cuya magnitud total es incierta.

La acusación contra Guerrero no se limita únicamente al ataque contra Grillo, sino que incluye el cargo de abuso de armas agravado por otros cinco disparos efectuados entre las 17:14 y las 17:22 de ese mismo día. Los peritajes y registros audiovisuales permitieron determinar que, mientras la normativa internacional y los manuales de uso indican que este tipo de proyectiles deben dispararse en un ángulo de 45 grados para que su caída sea parabólica, Guerrero los dirigió de forma horizontal hacia la cara y el torso de los presentes.

La querella remarca que el gendarme, debido a su jerarquía y años de trayectoria en una fuerza federal, conocía plenamente la potencial letalidad de su conducta y se apartó de manera deliberada de los criterios de excepcionalidad que rigen el uso de la fuerza.

Más allá de la responsabilidad directa del Cabo Primero, la presentación ante la jueza Servini exige profundizar la investigación sobre la cadena de mandos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal y las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación. Se sostiene que las acciones y omisiones de los jefes operativos y de la conducción política permitieron que Guerrero actuara con la convicción de que su accionar quedaría impune, poniendo en riesgo la vida de decenas de ciudadanos que ejercían su derecho constitucional a la protesta.

El caso de Pablo Grillo se ha convertido en un emblema de la violencia institucional reciente, evidenciando cómo un arma considerada “menos que letal” puede ser utilizada como un instrumento de homicidio cuando se ignoran los protocolos mínimos de seguridad.

En una resolución de fuerte impacto institucional, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el cierre de la investigación por la represión contra un grupo de jubilados frente al Congreso ocurrida en octubre de 2025. El fallo no solo obliga a reabrir el expediente para determinar las responsabilidades penales de los efectivos policiales y las autoridades políticas, sino que además apartó a los jueces de la Cámara Federal que habían intentado clausurar la pesquisa, calificando su actuación como prematura y arbitraria.

La decisión, adoptada por los jueces Alejandro Slokar y Angela Ledesma, con la disidencia de Guillermo Yacobucci, se originó a partir de una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, y la abogada de CORREPI, María del Carmen Verdú. El caso central que motorizó el reclamo fue el de Egidio Contreras, un jubilado de 75 años que, durante una de las movilizaciones de los miércoles, sufrió una fractura de húmero tras ser violentamente empujado por efectivos de la Policía Federal mientras se encontraba sobre la vereda.

En sus fundamentos, el juez Slokar fue especialmente crítico con el “paradigma beligerante de combate” que las fuerzas de seguridad aplicaron contra un sector de extrema vulnerabilidad. El magistrado señaló que el uso de la fuerza pública debe estar regido por los principios de proporcionalidad y razonabilidad, algo que —según las pruebas videográficas analizadas— estuvo ausente en el operativo. Para la mayoría del tribunal, el cierre de la causa sin haber realizado peritajes médicos ni haber identificado a los responsables directos constituyó una denegación de justicia que favorecía la impunidad en casos de violencia institucional.

El fallo de Casación subraya que los Estados tienen una “obligación reforzada” de proteger a quienes se manifiestan pacíficamente, especialmente cuando se trata de adultos mayores, protegidos por la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y las Reglas de Brasilia. Los jueces advirtieron que la inacción judicial frente a estos excesos genera un “efecto amedrentador” o chilling effect, cuyo objetivo final es disciplinar a la sociedad y atrofiar el debate público mediante el temor a la represalia física.

Uno de los puntos más duros de la resolución fue el apartamiento de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de la Cámara Federal. Casación consideró que estos magistrados habían emitido un juicio sesgado al ratificar el archivo solicitado por el fiscal Eduardo Taiano (el mismo que tramita la causa de la cripto $LIBRA que salpica a Javier Milei), quien sostenía que la policía simplemente había cumplido con su deber bajo el protocolo de seguridad vigente. Para el máximo tribunal penal, aceptar ese argumento sin investigar los hechos equivale a validar una “zona de excepción” donde los derechos constitucionales de reunión y petición quedan suspendidos por la voluntad discrecional del Poder Ejecutivo.

La reapertura de la instrucción implica ahora una serie de medidas urgentes que el juzgado de origen había omitido sistemáticamente. Entre ellas, se destaca la citación a la víctima para que preste declaración testimonial, la realización de pericias forenses que acrediten la gravedad de las lesiones y la identificación precisa de la cadena de mandos que ordenó avanzar sobre los manifestantes. Según consta en el expediente, las imágenes televisivas de aquel 22 de octubre muestran a una treintena de jubilados rodeados por un despliegue desproporcionado de efectivos, lo que desmiente cualquier hipótesis de “resistencia a la autoridad” o peligro inminente para el orden público.

Este revés judicial para el Ministerio de Seguridad se produce en un contexto de creciente escrutinio internacional. Hace pocos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó en su informe anual una mención específica sobre el retroceso en las libertades democráticas en Argentina, señalando el uso abusivo de gases químicos y la violencia física contra sectores que reclaman por derechos sociales básicos.

Karina Milei dio luz verde y Patricia Bullrich no perdió un minuto. La senadora libertaria tiene el visto bueno de la hermana presidencial para comenzar a recorrer la Ciudad de Buenos Aires como candidata a jefa de Gobierno porteño: así se lo aseguró la semana pasada Karina, quien, luego de orquestar la coreografía del respaldo total del Gobierno a Manuel Adorni en la sesión de la Cámara de Diputados, le soltó la mano, llamó a Bullrich y le dijo que empezara a caminar. Y Bullrich, que está deseosa de destronar a los Macri de la Ciudad, tardó menos de 24 horas en dar comienzo a la campaña electoral. 

“Salí a caminar, Patri”. La voz de Karina Milei llegó del otro lado del teléfono de Bullrich poco después de que el Gobierno hubiera salido a respaldar, en grupo, a Adorni en el Congreso. La secretaria de la Presidencia admitía, sin decirlo, lo que no podía reconocer en público: por más apoyo que quisieran darle, Adorni ya había quedado muy golpeado por los escándalos patrimoniales y no podía ser candidato. Tenía que ser Patricia. 

La ex ministra de Seguridad, que ya venía trabajando en instalarse como candidata –lo que había generado, paradójicamente, la desconfianza de Karina–, recogió el guante. Rápido. En menos de 24 horas, Bullrich ya tenía listo un video para publicar en sus redes sociales. De fondo sonaba Aitana, con el tema “Superestrella”, y solo aparecía Bullrich caminando y saludando gente, a veces con Milei, otras con Karina. “Me dicen que quieren divertirse. Yo les digo que los rumores vuelan”, provocó, repitiendo la letra de la canción. 

La noticia cayó como un baldazo de agua en Uspallata, en donde Jorge Macri todavía espera poder cerrar un acuerdo con La Libertad Avanza para retener la Ciudad. Los últimos movimientos de Mauricio Macri, con sus recorridas por distintas provincias, hablando de que el PRO es “el siguiente paso”, y sus reuniones con el establishment económico, dejando trascender que Paolo Rocca lo quiere como alternativa “racional” a Milei, responden a esa necesidad. A esa expectativa. 

El ex presidente apuesta a subir el perfil y amenazar con presentar un candidato propio en 2027, de modo de forzar a Karina a negociar las listas. La expectativa máxima es sostener el control de la Ciudad: Macri espera que, si la imagen del Gobierno continúa cayendo y él amenaza con ir por afuera, el Gobierno podría mostrarse más receptivo a llegar a un acuerdo en CABA. Ya sea con una PASO entre Jorge Macri y una candidata con menos caudal de votos que Bullrich –como la karinista Pilar Ramírez– o consensuando otra transición.

Bullrich es consciente de esto, y por eso no descarta que, cuando llegue el momento, Karina pueda quitarle la venia y pedirle que dé un paso al costado. “La prioridad es que el presidente reelija”, asegura la senadora libertaria, copiando el leit motiv que la hermana presidencial le hace repetir a los propios. En ese caso, estará esperando alguna retribución: Bullrich planea llegar a 2027 como candidata a jefa de Gobierno porteño o a vicepresidente. Nada menos. 

Incluso, puertas adentro, más de un bullrichista aspira a algo más. La senadora jugará a ser el alfil de Milei en la Ciudad, pero, si la imagen del Gobierno sigue cayendo, no descarta ir por la presidencia. “Si Milei ve que no reelige y le pide ser la candidata a presidenta no le va a decir que no”, desliza, evitando sonreírse, un dirigente bullrichista.

Karina quiere a dos ex PRO para ganar las elecciones

Acusada de ser poco pragmática por el ala caputista del Gobierno, que siempre cuestionó la estrategia de la hermanísima de presentar candidatos propios en las provincias, Karina se mueve con más flexibilidad de lo que aparenta. “Va a haber pragmatismo. Si en las provincias aliadas hay que acordar con el gobernador se va a hacer. La prioridad es que Milei reelija”, explica un dirigente libertario que tiene a su cargo el armado político de una provincia cuyana. Insiste en que no hay nada definido excepto una cosa: Patricia en la Ciudad, Diego Santilli en la Provincia. 

El ministro de Interior hizo los deberes, se ganó la confianza de Karina y, a cambio, la hermana presidencial comenzó a presentarlo en las reuniones privadas como “el futuro gobernador de la Provincia”. Fue uno de los primeros en llegar al Congreso cuando Adorni expuso y fue el único ministro que se quedó, observando desde los palcos, hasta el final de la sesión. Cuando Macri se enfurece con Milei y lo cuestiona en público, Santilli no va a las reuniones. Se cuida, se mueve con cuidado, y Karina toma nota. 

La gran apuesta del PRO bonaerense, que lidera la dupla Santilli-Cristian Ritondo, es posicionarse como la principal oferta electoral contra el peronismo en 2027. Con el aval de Milei y el ahogo financiero de la Provincia, Santilli y Ritondo están convencidos de que un acuerdo con LLA es la puerta de entrada a volver a gobernar la Provincia. Ya no con María Eugenia Vidal a la cabeza, sino ellos mismos. Ellos, los primeros impulsores de la alianza electoral en 2025 y los equilibristas con el macrismo residual que se resiste a fusionarse con LLA.

Santilli y Ritondo juegan, sin embargo, un juego delicado. La estrategia de Macri de confrontar con el Gobierno pone en peligro su alianza con Milei, por lo que su trabajo de equilibristas siempre está tensionado por los dos polos. Aunque desde roles distintos. Santilli, a quien el Gobierno presiona para que se termine de afiliar a LLA, no puede diferenciarse del gabinete que integra. Pero Ritondo sí, y así lo ha hecho en el último par de semanas, marcando su distancia de Adorni a modo de llamado de atención al oficialismo. 

Este martes, Ritondo encabezará una cumbre del PRO bonaerense en la sede del partido sobre la calle Balcarce. Por primera vez desde que es ministro del Interior, Santilli se movilizará al partido y participará del encuentro con otros referentes territoriales bonaerenses. Los intendentes llevarán sus reclamos por el recorte de la obra pública, pero, en el fondo, lo que se discutirá será otra cosa: el estado de situación de la alianza con el Gobierno. 

Entre pases de factura y amenazas de ruptura, Ritondo y Santilli harán lo que siempre hacen: equilibrio.

MCM/CRM

“Es un juicio impresentable. Estando en la comisaría nos acusaban de terrorismo, que habíamos intentado generar un golpe de Estado, no sé… de manera telepática porque no nos conocíamos, pero de las 9 personas que llegamos a juicio ninguna tiene esa acusación”. La que habla es Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que este martes deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 3, en Comodoro Py, por haberse manifestado en junio de 2024 contra la aprobación de la ley Bases.

Calarco protagonizó este lunes una conferencia de prensa en el Serpaj (Servicio Paz y Justicia de Argentina), la organización liderada por el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Allí estuvo acompañada por distintas dirigentes de izquierda y de organizaciones de derechos humanos.

Calarco fue detenida el 12 de junio de 2024 a más de diez cuadras del Congreso, en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y Javier Milei, cuando ya estaba volviendo a su casa. La acusación en su contra es por supuestamente haber quemado una bicicleta. Estuvo detenida 78 días en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Junto a ella serán juzgados David Omar Sica, Nicolás Antonecchia, Roberto María de la Cruz Gómez, Guillermo David Domínguez, Héctor David Mallea, Brian Ezequiel Ortiz, Walter Gabriel Quiroga y Cristian Fernando Valiente.

De la Cruz Gómez fue quien más tiempo estuvo detenido en Ezeiza: 84 días. A un mes de la represión, Camila Juárez, 33 años, una de las manifestantes detenidas, relató a elDiarioAR el maltrato que recibió del servicio penitenciario: le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

La feroz represión de aquella jornada dejó un saldo de 33 personas detenidas, que fueron imputadas por el fiscal federal Carlos Stornelli por una gran cantidad de delitos –desde instigación a cometer delitos hasta perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos–. No hubo expediente por supuesto “terrorismo”, la acusación que Bullrich, entonces ministra de Seguridad, lanzó mediáticamente. Pero pocos días después del 12 de junio la jueza federal María Servini liberó y dictó la falta de mérito para gran parte de los detenidos.

Solo Calarco y ocho personas más continuaron siendo investigados. Cuatro de ellos fueron procesados por los delitos de intimidación pública (que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión) y atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión). Calarco fue procesada por los delitos de incendio (3 a 15 años), daño agravado (3 meses a 4 años) e intimidación pública (2 a 6 años). A ninguno de los manifestantes procesados se los acusa por el incendio del móvil de Cadena 3, que quedó como una de las postales emblemáticas de aquella protesta y represión de junio de 2024.

El juicio revela una matriz de criminalización de la protesta social desde que asumió Javier Milei. En marzo otro proceso judicial condenó a cuatro manifestantes que participaban de una protesta contra la primera versión de la ley Bases, que se trató en el Congreso el 2 de febrero de 2024. Joaquín Arrua, Juan Carlos Denube, Pedro Esquivel y Astor Galán Vizgarra fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por tirar piedras y agredir a policías. 

La sentencia de la jueza María Julia Correa, del juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N 28 de la Ciudad, se apoyó solamente en los testimonios de los agentes que aplicaron ese día el protocolo antipiquete de Bullrich. 

Este lunes, además, se conoció que la fiscal Lorena San Marco, a cargo de la fiscalía especializada en violencia institucional, archivó una causa contra un policía que el 11 de junio de 2025 –durante una protesta por la universidad pública frente al Congreso– empujó deliberadamente a una manifestante causándole graves daños. Cintia Castellanos sufrió fracturas múltiples en su pie derecho y tuvo que ser operada. 

MC

Desde hace un mes que las encuestas que llegan a los despachos de la Casa Rosada no ofrecen una buena noticia. El escándalo patrimonial de Manuel Adorni se apalancó sobre la caída del poder adquisitivo y no hay noticia –ni la baja del índice de pobreza, ni el fallo por la expropiación de YPF, ni la guerra contra el periodismo– que permita salir de la encerrona. Pero allá donde la imagen de Javier Milei cae, junto a la del resto del Gobierno, la de Patricia Bullrich se mantiene inmutable. Un dato que el círculo rojo, los empresarios insultados por Milei, Mauricio Macri y hasta el peronismo empiezan a olfatear. Una pregunta que, en la intimidad, se hace la propia Bullrich: ¿y si en 2027 el candidato no es Milei?

El primero en sugerir, sin decirlo, la posibilidad de un mileísmo sin Milei fue Mauricio Macri en Parque Norte hace tres semanas. “Esa diferencia entre lo que se prometió y lo que no llegó a la mesa de los argentinos se llama ‘próximo paso’. Y nosotros somos el próximo paso”, afirmó el ex presidente en el acto de relanzamiento del PRO. A su manera, reivindicando la motosierra y la estabilización macro impulsada por el gobierno libertario, Macri expuso una debilidad que la oposición viene advirtiendo hace tiempo y que, ahora, se escucha también en las charlas de empresarios con aliados del Gobierno: aunque la macro esté ordenada, si la micro no cierra, Milei va a perder las elecciones. 

Macri verbalizó este diagnóstico casi como una provocación. El único interés del ex presidente radica en mantener el control de la Ciudad de Buenos Aires y, para lograrlo, necesita negociar con Karina Milei. Jorge Macri fantasea con poder ir a una PASO con La Libertad Avanza, pero sus asesores le dicen que, para lograrlo, necesita que el PRO mida 15 puntos a nivel nacional. “Y nosotros no medimos ni 15 puntos en la Ciudad”, afirma, irónico e irritado, un referente del PRO. 

Macri es conciente de esa limitación, ya que se enfrentó a esa realidad en la elección porteña, cuando Adorni sacó el doble de votos que la lista encabezada por Silvia Lospennato. Pero también advierte que tiene capacidad de daño: si Milei quiere ganar en primera vuelta, necesita evitar que haya filtraciones hacia otras opciones de derecha. LLA los necesita si pretende evitar la instancia de ir a un ballotage contra el peronismo. 

El ex presidente observa los números de la actividad y desempleo, así como los coletazos del escándalo de Adorni, y hace cuentas. Quienes lo conocen advierten que no tiene interés en dar una pelea electoral, pero que, por si acaso, deja la puerta abierta. 

El efecto Adorni

Bullrich, en la intimidad, hace una lectura similar a la de Macri, pero no está dispuesta a sacar los pies del plato. No todavía, al menos. Su principal objetivo es ser la candidata de Milei en la Ciudad de Buenos Aires, y está construyendo políticamente para lograrlo.

Después de dejar el Ministerio de Seguridad, que le ofrecía una vidriera fácil, Bullrich se las empezó a rebuscar para mantener su propia agenda: se muestra como la garante de las reformas libertarias en el Senado, se saca selfies en el Lollapalooza y organiza encuentros con diversas figuras, desde el gendarme detenido en Venezuela, Nahuel Gallo, hasta la abogada acusada por injurias raciales en Brasil, Agostina Páez.

Karina, que resiente a todos aquellos dirigentes que levantan el perfil, la castigó por ello. La guerra fría entre ambas dirigentas comenzó poco después de que el Senado aprobara la reforma laboral, que fue capitalizada por Bullrich casi como un triunfo propio. La secretaria de la Presidencia la comenzó a esmerilar, mostrando a Adorni como su candidato en la Ciudad de Buenos Aires y planteando dudas sobre la lealtad de Bullrich. 

Cuando conversan en privado, eso sí, Karina “finge demencia”, tal como define un bullrichista. Durante todo el verano, la secretaria de la Presidencia no dio muestras de estar enojada con la ex ministra de Seguridad, pero sí se lo hizo saber a través de terceros. Bullrich comenzó a impacientarse. “Ella hace política hace 40 años, tiene su perfil, no la van a asustar”, advierte un colaborador cercano, que se pregunta cuántas más “muestras de amor” tiene que dar después de haberse ido del PRO para sumarse a LLA. 

La última semana, sin embargo, Karina llamó por teléfono a Bullrich para sellar la paz. La crisis política que desató el escándalo patrimonial de Adorni la obliga a ordenar el frente interno. Pero no solo eso: Karina, como todos los funcionarios de Casa Rosada en la última semana, recibió la encuesta de CB Global Data que muestra cómo el derrumbe de la imagen de Adorni arrastra la imagen de todo el Gobierno. De todo el Gobierno menos de una persona: Patricia. 

La consultora –que está a cargo de Cristian Buttié y es conocida por haber sido una de las pocas que pronosticó el triunfo de Milei– viene registrando una tendencia a la baja de la imagen de Milei desde hace tres meses. La última caída, sin embargo, fue más pronunciada y muestra al presidente con una imagen positiva del 42% y una negativa del 56%. Adorni tiene una imagen negativa del 67%. Bullrich, en cambio, lidera el ranking con una imagen positiva del 46% y una negativa del 52%. 

Bullrich sabe que esa imagen positiva es su seguro de vida. Y que, con Adorni caído en desgracia, ella está un paso más cerca de reemplazarlo en la boleta porteña. La ex ministra aparece como la principal beneficiaria de la crisis política del Gobierno y, por lo tanto, apuesta a administrarla en silencio. Se sacó una foto con Adorni para apaciguar las aguas hace un par de semanas –especialmente luego de que un sector de Casa Rosada empezó a operar con que había sido ella, y no Santiago Caputo, quien había filtrado el video de Adorni subiéndose a un avión privado con su familia–, pero no sobreactúa su respaldo.

La senadora prefiere mantener distancia de todos los escándalos. No solo el de Adorni o los créditos del Banco Nación, sino también de la embestida contra los periodistas. Bullrich fue una de las pocas referentas libertarias que no salió a denunciar la supuesta operación mediática rusa ni a cuestionar a los medios que aparecieron en el listado. “La guerra de Milei es con el Grupo Clarín, por eso no dice nada”, advierte un dirigente de confianza de la ex ministra. 

A su manera, Bullrich se diferencia del resto del Gobierno mientras relojea las repercusiones. Ella insiste, ante cualquiera que le pregunte, que ella es la candidata de Milei. En su entorno fantasean con la posibilidad de hacer un mileismo sin Milei si la situación económica no repunta y que sea el propio Milei quien acepte la propuesta. Aunque saben, sin embargo, que Karina nunca lo aceptará.

Mientras tanto, esperan.

MCM/CRM

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió a la polémica en torno a Manuel Adorni y sostuvo que el jefe de Gabinete eligió “el silencio” para afrontar las denuncias en su contra porque “quizás no tiene el cuero tan duro” como ella, ya que “recién arranca en política”.

“Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado”, sostuvo Bullrich en el marco de su participación en un encuentro de la Bolsa de Comercio de Córdoba, confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

“La posición del Gobierno es que no nos entrometemos con las cuestiones judiciales. Él ha decidido mantener una posición de silencio y es imposible que les diga qué hubiera hecho yo en su lugar. Él es una persona que recién arranca en política, quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo, entonces las cosas pueden afectar”, planteó.

Y continuó: “La Justicia está actuando y determinará si sus acciones fueron hechas a derecho o no. Nosotros tenemos confianza en que las cosas van a salir bien, pero en definitiva hay un fiscal y hay un juez que son los que van a decidir”.

Bullrich dijo esto en un encuentro con periodistas antes de disertar en la Bolsa de Comercio cordobesa, donde dio un discurso con una fuerte defensa de las leyes de reforma laboral y de reforma de la de Glaciares.

También sostuvo que la inflación “ahora subió, pero tenemos un panorama de que va a seguir bajando” e hizo una comparación con lo que pasó con el Riesgo País.

“Subió el año pasado porque tuvimos una crisis política muy fuerte, la pérdida de control de las cámaras. Y ahora el riesgo país sigue bajando”, sostuvo en la Bolsa de Comercio“, dijo al respecto.

En el tramo final de su exposición, la ex ministra sostuvo: “Cuando uno atraviesa un río difícil, va a tener momentos de zozobra. Hay que seguir por el rumbo, no hay que desviarse. Hay que tener coraje, valentía y hay que saber que si nos desviamos nos caemos y que si seguimos adelante el país sale adelante de una vez y para siempre”.

En el centro de cuestionamientos por su patrimonio y viajes privados, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, retomó su agenda pública con una estrategia clara: mostrarse activo, acumular reuniones políticas y exhibir respaldo interno para disipar las versiones sobre una eventual salida del cargo. En paralelo, desde la cúpula del Gobierno salieron a reforzar su figura y a ordenar la agenda hacia el terreno legislativo.

Tras su reaparición pública con una conferencia de prensa este miércoles, avanzó con una intensa agenda de gestión. Desde la Casa Rosada, Adorni encabezó una serie de reuniones con ministros y referentes del oficialismo, en un intento por dejar atrás la polémica y proyectar normalidad. Entre los encuentros más destacados figuró el que mantuvo con Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, con quien buscó recomponer el vínculo tras tensiones recientes.

La reunión con Bullrich no fue casual. En las últimas semanas, ambos habían protagonizado cruces indirectos en medio de la controversia por los viajes del funcionario. Sin embargo, el encuentro en Balcarce 50 buscó transmitir una señal de unidad. “Se viene el primer paquete de reformas”, sostuvo la senadora tras la reunión, en referencia a la agenda legislativa que impulsa el presidente Javier Milei.

En esa línea, Adorni también recibió al ministro de Justicia, Juan Mahiques, con quien avanzó en el envío de pliegos judiciales al Congreso. La seguidilla de encuentros incluye además a funcionarios clave como Sandra Pettovello y Diego Santilli, en una agenda que apunta a reforzar la imagen de gestión en marcha.

El despliegue no es aislado. Forma parte de una estrategia más amplia del oficialismo para correr el foco del escándalo y reposicionar la discusión en torno a las reformas estructurales. El jefe de Gabinete anticipó el envío de un paquete de leyes que incluye cambios en propiedad privada, la modificación de la ley de Glaciares y reformas al Código Penal, entre otras iniciativas.

El funcionario reapareció esta semana con una conferencia de prensa en la que buscó cerrar filas frente a las denuncias. Allí defendió su patrimonio, evitó dar precisiones sobre el financiamiento de su viaje a Punta del Este y marcó límites: “Mis decisiones de gastos las voy a hablar solo ante un juez. Yo hago lo que quiero con mi dinero”. También sostuvo que “todo lo que tenía que declarar, está declarado” y denunció una campaña para desgastar al oficialismo.

El respaldo interno fue otro de los pilares en la respuesta del Gobierno. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, salió públicamente a sostener al funcionario con un mensaje directo: “Mi apoyo, intacto”. La funcionaria, considerada una de las figuras de mayor influencia en el entorno presidencial, buscó así cerrar filas en un momento de creciente presión política.

A ese respaldo se sumaron gestos del gabinete y la coordinación comunicacional con el asesor presidencial Santiago Caputo, en un intento por ordenar la narrativa oficial y amortiguar el impacto mediático. Sin embargo, puertas adentro del oficialismo algunos sectores reconocen que el episodio dejó al jefe de Gabinete “golpeado”.

La polémica se originó a partir de la difusión de viajes privados -incluido uno a Punta del Este- y se amplió con versiones sobre bienes no declarados. A esto se sumaron cuestionamientos por su ausencia en el Congreso y críticas a su desempeño comunicacional. Incluso desde el propio espacio libertario surgieron voces disonantes, como la del escritor Nicolás Márquez, quien pidió su renuncia para evitar mayores costos políticos.

Pese a ese escenario, en la Casa Rosada descartan cambios en el gabinete. La apuesta oficial es sostener a Adorni, reforzar su exposición pública y avanzar con la agenda legislativa para recuperar la iniciativa política.

CRM

El fotógrafo Pablo Grillo recibió este viernes el alta de internación y continuará su recuperación con un tratamiento de rehabilitación ambulatoria, según informó su entorno a través de un mensaje difundido en redes sociales.

“A Pablo le dieron el alta de internación. Continúa con su rehabilitación ambulatoria”, señala el texto publicado en sus cuentas, en el que también agradecen a los profesionales de la salud pública, a organizaciones sociales y a las personas que acompañaron el proceso desde que resultó gravemente herido. “Hoy tenemos una certeza: la solidaridad y la empatía colectiva siempre le van a ganar a la violencia disfrazada de orden. Una nueva etapa comienza”, concluye el mensaje.

Grillo resultó herido durante un operativo represivo que se encuentra bajo investigación judicial y en el que recibió el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza. La causa tramita en el juzgado federal de María Servini, que ya procesó al gendarme Héctor Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades.

Según la investigación, Guerrero efectuó varios disparos con una pistola lanzagases de manera antirreglamentaria: en línea horizontal y no a 45 grados, como establecen los protocolos. El disparo que impactó en la cabeza de Grillo fue el cuarto de una secuencia de seis tiros realizados por el efectivo.

Las pruebas reunidas por la Justicia, entre ellas registros audiovisuales del operativo, muestran además que durante esa secuencia el gendarme recibió una palmada en la espalda de uno de sus superiores mientras continuaba disparando. También hay videos en los que se observa a jefes de la Gendarmería Nacional Argentina y de la Policía Federal Argentina en la zona donde se produjeron los disparos sin que se registren intervenciones para frenar la conducta.

El procesamiento de Guerrero fue confirmado por instancias superiores y esta semana la Justicia rechazó un nuevo planteo de su defensa, lo que deja a la causa más cerca de un eventual juicio oral.

La querella que representa a Grillo, integrada por las abogadas Claudia Cesaroni y Agustina Lloret, busca además que la investigación avance sobre la cadena de mando del operativo. En un escrito presentado ante la Justicia señalaron que, de haberse intervenido tras los primeros disparos prohibidos, el fotógrafo no habría resultado gravemente herido.

En ese planteo se apunta a distintos responsables operativos de las fuerzas de seguridad, entre ellos los jefes de grupo Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, así como a otros mandos de la fuerza y de la Policía Federal que participaban del dispositivo.

También se menciona como máxima responsable política del operativo a la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en el contexto de la aplicación del protocolo antipiquetes. La querella cuestiona además el cierre de una investigación administrativa interna contra Guerrero y reclama que se analice el rol de las autoridades que diseñaron, coordinaron y supervisaron el operativo.

En la misma línea, la Cámara Federal de Apelaciones de Buenos Aires pidió profundizar la investigación sobre las responsabilidades de los funcionarios a cargo del operativo, más allá del autor material del disparo.

El juzgado de Servini también mantiene abierta otra causa sobre el operativo represivo en el que resultó herido Grillo, ocurrido el 12 de marzo, en el que también se investigan las lesiones sufridas por otros manifestantes.

Mientras avanza el proceso judicial, el alta médica del fotógrafo marca un nuevo paso en su recuperación tras meses de internación y tratamiento. Desde su entorno señalan que ahora comenzará una nueva etapa enfocada en la rehabilitación.

JIB/MC

A un año del disparo de una granada de gas lacrimógeno a manos del gendarme Héctor Guerrero que hirió en la cabeza al reportero gráfico Pablo Grillo durante una cobertura en el centro porteño, familiares, amigos, organizaciones de derechos humanos, sindicatos de prensa y colectivos culturales realizaron un festival en Plaza de Mayo para reclamar avances en la causa judicial y exigir mayores garantías para el ejercicio de la labor periodística en contextos de protesta.

La actividad incluyó intervenciones artísticas, música en vivo de la mano de La Bersuit, Willy Bronca, Peteco Carbajal y Ariel Prat, entre otros, y la lectura de un documento consensuado entre las entidades convocantes. El lema fue “Revelando la Libertad, un festival por la verdad y la justicia” y el eje la denuncia de la violencia institucional y la demanda de políticas públicas que protejan a trabajadores y trabajadoras de prensa frente a agresiones que se volvieron más frecuentes en los últimos años según informes de diferentes organizaciones.

El mismo Pablo Grillo, en plena rehabilitación, difundió un video junto a su familia para convocar al Festival: “El jueves se cumple un año y hacemos una gran festichola. Vengan a la plaza, están todos invitados y copemos las calles”, desafió el fotógrafo.

La causa

Pablo Grillo busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del gendarme Héctor Guerrero, sino también en la cadena de mando del operativo donde en el vértice superior está quien era entonces la ministra de Seguridad en pleno auge del protocolo antipiquetes, Patricia Bullrich.

De acuerdo a la información que publicaba días atrás Mauricio Caminos para elDiarioAR, la jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al cabo de la fuerza federal por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que Guerrero disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

IG/MC

El primer juicio vinculado a la aplicación del llamado “protocolo antipiquetes”, impulsado por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, comienza este martes en la Ciudad de Buenos Aires y tiene como acusados a cinco manifestantes detenidos durante una protesta frente al Congreso en febrero de 2024. El proceso es seguido de cerca por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, que advierten sobre un posible caso de criminalización de la protesta.

Los hechos se remontan al 2 de febrero de 2024, en los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cuando se desarrollaban movilizaciones frente al Congreso contra el proyecto de ley impulsado por el oficialismo —conocido entonces como Ley Ómnibus y luego como Ley Bases—. En ese contexto, organizaciones culturales y sociales habían montado un festival en las inmediaciones del Parlamento para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno.

Durante la jornada se desplegó un operativo de fuerzas federales y se produjeron incidentes en la zona de Plaza Congreso. En ese marco fueron detenidas 14 personas. Con el avance de la causa judicial, cinco de ellas quedaron imputadas y ahora enfrentarán juicio oral acusadas del delito de “atentado contra la autoridad”, una figura penal que prevé penas de hasta un año de prisión.

Astor Valentín Galán Vizgarra, Joaquín Ignacio Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa son los acusados, quienes según la fiscalía, cerca de las 00.20 del 3 de febrero de 2024 arrojaron piedras y botellas de vidrio hacia el personal de la PFA que los detuvo.

El juicio se realizará en el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad y se desarrollará a lo largo de tres audiencias previstas para esta semana. Las defensas sostienen que la acusación se basa principalmente en declaraciones de efectivos de la Policía Federal y cuestionan la falta de otras pruebas. Según denunciaron abogados y organismos de derechos humanos, el expediente presenta una “orfandad probatoria” y se apoya casi exclusivamente en testimonios policiales recogidos durante la investigación.

El caso se convirtió en el primero en llegar a juicio oral tras la implementación del protocolo de orden público anunciado por Bullrich en diciembre de 2023. Esa normativa habilitó la intervención de fuerzas federales ante cortes de calles y dispuso la identificación de manifestantes y la eventual imputación de los organizadores de protestas, además de la posibilidad de cobrar los costos de los operativos a quienes convocaran las movilizaciones.

Desde su puesta en marcha, el protocolo generó controversias jurídicas y políticas. Diversos organismos de derechos humanos y organizaciones sociales cuestionaron la medida por considerar que restringe el derecho a la protesta. En distintos ámbitos también se presentaron denuncias contra operativos policiales realizados en manifestaciones frente al Congreso durante 2024, en algunos casos por presuntos excesos en el uso de la fuerza.

Para las organizaciones que siguen el caso, el proceso judicial que comenzará ahora puede marcar un precedente sobre el alcance de las políticas de seguridad aplicadas durante las protestas en la actual gestión. En ese sentido, sostienen que el juicio no sólo evaluará la conducta de los cinco acusados sino también el modo en que se aplicó el protocolo durante las movilizaciones contra el Gobierno.

Un caso similar en Córdoba

En paralelo, organizaciones sindicales denuncian un proceso judicial similar en la provincia de Córdoba. La CTA Autónoma de esa provincia informó que la Justicia local elevó a juicio una causa contra el dirigente sindical Federico Giuliani —secretario general de ATE y referente de la central— y otros 14 militantes detenidos durante una protesta realizada el 28 de agosto frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba.

Según la denuncia de la central sindical, durante esa jornada se produjo un operativo policial que terminó con la detención de dirigentes, militantes y trabajadores que participaban del reclamo social. Entre ellos se encontraban Giuliani y la secretaria adjunta de la CTA Córdoba, Silvia Alcoba. Tras las detenciones, varios de los manifestantes fueron trasladados al penal de Bouwer.

La CTA Córdoba sostiene que el expediente judicial se basa en una investigación “plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones” y lo presenta como un caso de criminalización de la protesta. El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por la fiscalía provincial, lo que abre ahora la etapa de juicio oral para los 15 imputados.

MC

“Qué decirte, Bullrich, que sos tremenda compañera”. Con esa sutileza Pablo Grillo le habló días atrás a la jefa libertaria en el Senado y quien fue ministra de Seguridad cuando el gendarme Héctor Guerrero disparó una granada de gas lacrimógeno que impactó en su cabeza. El jueves próximo se cumple un año de aquella represión frente al Congreso y el fotorreportero busca que la Justicia avance no solo en la responsabilidad del cabo de la fuerza federal, sino también en la cadena de mando del operativo. En el vértice de arriba aparece, justamente, Bullrich.

La jueza federal María Servini está cerca de elevar a juicio oral al gendarme Guerrero por lesiones gravísimas y abuso de armas reiterado en seis oportunidades. Es que el cabo disparó de manera antirreglamentaria en reiteradas oportunidades: en línea horizontal y violando el protocolo de hacerlo a 45 grados. La magistrada descubrió en la investigación que el disparo que impactó sobre Grillo fue el cuarto, exactamente a las 17.18, cuando cayó Grillo. Y en esa secuencia de la represión hay un detalle que quedó registrado en las pruebas que recolectó la Justicia y que podrían aventurar que se avance sobre la cadena de mando: Guerrero, entre tiro y tiro, recibe una palmada en su espalda de uno de sus superiores. 

También hay videos donde se ven a distintos jefes tanto de la Gendarmería como de la Policía Federal alrededor del grupo represivo, y que nada hacen para detener las maniobras ilegales de Guerrero.

Servini procesó al gendarme a fines del año pasado y la Cámara de Casación confirmó la medida. La última instancia ocurrió esta semana, donde el tribunal de alzada rechazó un planteo de queja de los abogados de Guerrero, defensores puestos por el Gobierno. Pero un análisis pormenorizado de la resolución de Servini, vinculados a los momentos y modos en que se produjeron los seis disparos de Guerrero, permiten trazar una línea directa con distintos funcionarios que componen la cadena de mando del operativo.

“El disparo que dio en la parte frontal de la cabeza de Pablo fue el cuarto de los seis disparos que se demostró que hizo Guerrero. Esto significa que si los funcionarios que tenían el deber de supervisar y controlar el accionar de los agentes en terreno, hubieran tomado efectiva intervención ante el primero, el segundo o el tercer disparo prohibido de Guerrero, hoy Pablo estaría completamente sano y salvo, y ningún otro manifestante hubiera corrido riesgo de terminar gravemente herido o muerto por el accionar deliberadamente peligroso y abusivo del cabo primero”, denunciaron las abogadas de Grillo, Claudia Cesaroni (de la Liga Argentina por los Derechos Humanos) y Agustina Lloret (del CELS) en un escrito presentado el 10 de febrero pasado al que accedió elDiarioAR.

En esa presentación, la querella puntualizó a los jefes de la Gendarmería del operativo, así como de la Policía Federal –fuerza que dirige el comando unificado del protocolo antipiquetes– y a Bullrich como máxima responsable política.

“Fue un tiro bien hecho”, declaró Bullrich sin ruborizarse el 28 de enero pasado en el streaming del diario El Cronista. Allí no le repreguntaron sobre la cantidad de disparos de Guerrero ni sobre el peritaje que realizó la Unidad de Balística de Policía de la Ciudad como fuerza auxiliar de la Justicia. Esa investigación determinó que el tiro de la pistola lanzagases –calibre 38.1mm, serie n° 00660– que hirió a Grillo fue realizado de manera antirreglamentaria. 

El pedido de investigar la cadena de mando del operativo no es un planteo solo de la querella o de Servini, sino también del tribunal de alzada. En la confirmación del procesamiento de Guerrero, el presidente de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, el juez Roberto Boico, exigió puntualmente que se profundice la investigación hacia todas las autoridades involucradas en el diseño del operativo, la transmisión de órdenes y la supervisión del accionar de las fuerzas de seguridad. “Los hechos que aquí se investigan exige una profundización relativa a las eventuales responsabilidades que le cupieron, si fuera el caso, a las autoridades a cargo del operativo dentro del cual Guerrero se condujo del modo en que se examinó”, escribió el magistrado.

“Se torna indispensable que, más allá de la determinación de responsabilidad del autor material, se lleve adelante una investigación profunda y seria que establezca las responsabilidades de los funcionarios detrás del diseño, coordinación, conducción y supervisión del operativo, así como la falta deliberada de investigar a Guerrero y demás responsables en sede administrativa con intentos de instalar una versión falsa de los hechos para procurar su impunidad”, denunció la querella.

La investigación sobre la cadena de mando aún está en ciernes y la querella estima que se profundice una vez que la causa sobre Guerrero sea elevada a juicio. El juzgado de Servini además tiene un expediente abierto sobre todo el operativo represivo del 12 de marzo, cuando también fue herida la jubilada Beatriz Blanco –recibió un golpe de un policía– y Jonathan Navarro –perdió la visión de un ojo por un disparo en la cara que efectuó un prefecto, sobre el lado de la avenida Rivadavia–. 

A un año de la represión, este jueves habrá un festival musical en el Congreso encabezado por la Bersuit. Grillo todavía se recupera en el hospital de rehabilitación Rocca, aunque ya puede dormir los fines de semana en su casa en Escalada, Lanús. Desde allí fue que le grabó el video que le dedicó a Bullrich y le dijo a la revista Mu de LaVaca: “Quiero verla presa”.

MC

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, se reunió este jueves con el gendarme Nahuel Gallo, quien fuera liberado de su detención ilegal en Venezuela después de 448 días, y denunció un intento de “apropiación” del caso por parte de la AFA.

“Estuve charlando un rato largo con él, fue una charla muy importante porque como ministra de Seguridad en ese momento seguí el caso desde el primer día”, relató Bullrich. También sostuvo que hubo “cuestiones de carácter íntimo” de la cárcel que Gallo contará cuando esté en “condiciones”.

También adelanto que en la charla de casi dos horas el gendarme expresó la necesidad de “seguir en la Gendarmería”. “Primero habrá un tiempo de adaptación y, luego, vendrán las tareas de Gendarmería”.

También señaló que los representantes de la AFA le pidieron a Gallo que mencionara a la entidad como una de las responsables de gestionar su liberación, a lo que el gendarme “se negó” porque “sabe que su país estuvo siempre”.  “Les agradeció de manera privada y no lo quiso hacer público”, acotó Bullrich sobre Gallo.

“Hubo un intento de apropiación. Ellos podían llegar Delcy Rodríguez, son amigos y comparten ese mismo modelo. Nosotros no”, dijo Bullrich sobre las gestiones de la AFA para repatriar al gendarme.

Y añadió que Argentina “siempre tuvo dificultades. Nuestra embajada en Venezuela fue destruida. Gallo está acá y eso es lo importante”, concluyó. Bullrich no había estado en la conferencia de prensa que Gallo brindó este miércoles desde el Edificio Centinela.

Con información de la agencia NA

La liberación del gendarme Nahuel Gallo de Venezuela, que llegó este lunes al país después de 448 días detenido y a bordo de un avión de la AFA de Claudio “Chiqui” Tapia, habría comenzado a gestarse meses atrás por el avance de una diplomacia paralela que incluyó desde una diputada exlibertaria, ex embajadores ligados al kirchnerismo y hasta una periodista del diario Clarín. Incluso un empresario investigado en la trama de corrupción de la ANDIS y con vínculos con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado aparecen en la trama. La gestión dejó en offside al gobierno de Javier Milei, que además tiene una guerra abierta con el jefe del fútbol argentino, a quien acusa de lavado de dinero. “No estábamos al tanto”, reconoció esta mañana Patricia Bullrich, que era ministra de Seguridad cuando Gallo fue capturado en diciembre de 2024.

La punta del ovillo parecería iniciarse en la diputada Marcela Pagano, que ingresó al Congreso de la mano de La Libertad Avanza pero se alejó rápido del oficialismo, y pareja de Franco Bindi, abogado y empresario de medios, que elDiarioAR ya reveló como posible ejecutor de las filtraciones de audios por las que Karina Milei fue acusada de cobrar coimas. 

Según relató Pagano en la pantalla de LN+, fue contactada durante el verano por Kevin Gallo, hermano menor de Nahuel y de bajísimo perfil mediático, y Griselda Heredia, su madre. El enlace fue la periodista de Clarín Natasha Niebieskikwiat, experta en la cobertura de temas de política exterior argentina, quien fue consultada por la familia de Gallo para acceder a la diputada.

Fue entonces que Pagano ponderó lo que llamó una “diplomacia parlamentaria”: se activó un enlace con Venezuela a partir de que tras la captura de Nicolás Maduro quedaran al frente del gobierno chavista Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. En paralelo habrían aceitado los contactos Oscar Laborde, ex embajador argentino en Caracas durante el kirchnerismo, y Stella Lugo, ex embajadora de Venezuela en Buenos Aires. 

“Laborde viaja a Venezuela y se reúne en un mano a mano con Delcy Rodríguez y le solicita poder repatriar al gendarme, y la respuesta fue afirmativa”, contó Pagano, aunque Laborde negó a elDiarioAR haber estado reunido con Rodríguez. La diputada agregó ante LN+: “La disposición a devolver a Nahuel Gallo siempre estuvo desde que Delcy asumió, pero si no se hizo antes fue porque nadie antes hizo un pedido formal. Según el gobierno venezolano no hubo un solo cable diplomático por parte de la cancillería argentina o de la embajada de Estados Unidos ni la italiana al respecto”.

Pagano mencionó la diplomacia italiana porque ese país pasó a hacerse cargo de los intereses argentinos en Venezuela desde que se rompió la relación con Brasil y luego de que Javier Milei decidiera quitar la representación del país en Caracas. Pero pese al relato de Pagano, elDiarioAR supo de fuentes diplomáticas al tanto de la negociación que el gobierno de Rodríguez no quería “entregarle” a Gallo a Milei.

Ahí es entonces cuando entró la AFA en la trama. Como la repatriación de Gallo tenía como conflicto secundario la prohibición de que avión venezolano aterrice en territorio argentino, surgió la alternativa de usar un avión privado. “Era imposible poder lograrlo: la dificultad radicaba en qué volvía el gendarme. Porque la embajada argentina ni los Estados Unidos ofrecieron ningún avión”, dijo Pagano, y agregó: “Delcy Rodríguez decía que no podía largarlo en un vuelo comercial porque si le pasaba algo la iban a responsabilizar a ella”.

A Rodríguez se le acerca un viejo conocido: el titular de la Asociación de Fútbol Venezolano, Jorge Jiménez Ochoa, íntimo amigo del Chiqui Tapia, a quien le piden un avión que pueda poner a disposición la AFA. La gestión se aceleró el fin de semana, a partir de una “excusa formal”: el Prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el Secretario de Protocolo, Fernando Isla Casares, visitaron junto a Ochoa las obras del nuevo Centro de Alto Rendimiento de Caracas.

La AFA subió una foto de los tres dirigentes este domingo en Caracas a las 17:39. A las pocas horas Gallo fue liberado, aunque hay una ventana de tiempo que no se explica. Según relató Bullrich, el gendarme fue extraído de la cárcel Rodeo I a las 21.30, cuando la noticia de su liberación la confirmó la esposa de Gallo, Maria Alexandra Gomez, a las 19.07 de Argentina: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”, escribió en X. 

“El Fútbol, un puente humanitario”, había publicado la AFA a las 19.03, es decir antes que la propia pareja de Gallo. El Gobierno intentó torpedear la gestión de Tapia: “Pasamos un muy mal momento. Gallo no estaba seguro de adónde iba cuando lo subieron al avión”, dijo la senadora libertaria esta mañana en radio Mitre. Las imágenes contradicen la narrativa libertaria, porque Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y también señalado en la causa judicial contra Tapia, mostró una foto del Gendarme arriba del avión con la comitiva de fútbol argentino, una camiseta de la Selección y un mate.

Pagano confirmó la liberación de Gallo a las 19.09 y relató que inmediatamente después recibió una llamada de un agente de la agencia de inteligencia –a quien no identificó–: “Me llamó alguien de la SIDE para preguntarme si lo que escribí en mi Twitter era así. Nadie del gobierno me solicitó nada”, afirmó. En su Twitter había escrito: “Una gestión que se le debe a la diplomacia parlamentaria argentina no oficialista, ex embajadores y especialmente a la diplomacia deportiva de la AFA. Todo lo que entorpecieron desde Cancillería lo desactivamos desde el sentido común”.

“Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno. El gobierno venezolano no quería entregárselo a Milei”, cuestionó Bullrich. El canciller Pablo Quirno, para no exponer aún más al Gobierno, le agradeció en X la gestión a los gobiernos de Italia y de Estados Unidos y a la ONG Foro Penal, pero no mencionó la intervención clave de la AFA y Tapia.

Por su lado, la activista venezolana en la Argentina Elisa Trotta cruzó la versión de Pagano: “Sabemos bien que estas 'negociaciones' oscuras por debajo cuerda se dieron porque Jorge Jiménez, presidente de la FVF, es un corrupto aliado de Delcy Rodríguez y, también, de quien hoy preside la AFA. Sabemos que esto fue una movida propagandística para intentar mejorar la imagen del señor Tapia y para tratar de dejar mal al gobierno de Milei”, publicó en sus redes.

La trama se completa con el dato de que el Learjet 60 matrícula LV-KMA al que se subió Gallo pertenece a Baires Fly, empresa de Sergio Daniel Mastropietro, que hizo negocios con Fred Machado –acusado de narcotráfico en Estados Unidos y que le pagó a José Luis Espert US$200.000 que le costaron su carrera electoral– y quien también está involucrado en la causa de las coimas en la agencia de discapacidad: Baires Fly le habría aportado a Diego Spagnnuolo –ex amigo íntimo de Milei– y Miguel Calvete una pantalla de contratación de vuelos para blanquear el dinero desvaído en la ANDIS, según determinó la justicia federal.

Así, la liberación de Gallo cerró 448 días de angustia para su familia, pero abrió una trama política que expone la fragilidad de la diplomacia del Gobierno y las internas del poder libertario. Milei quedó corrido de una gestión que no pudo capitalizar en su exposición ante la Asamblea Legislativa y que le ganó de mano Tapia, que se vislumbra hoy un enemigo político más hábil que el peronismo.

MC

Patricia Bullrich volvió a demostrar para que llegó a la Cámara Alta y en un trámite exprés consiguió que el próximo viernes 27 el Senado vuelva a tratar el proyecto de reforma laboral. Si todo marcha de acuerdo al plan, entonces, la jefa del bloque de senadores de la La Libertad Avanza estará más cerca de conseguir la sanción definitiva y haber cumplido así el pedido del presidente Javier Milei de tener aprobada la ley antes de que comience el período de sesiones ordinarias que inaugurará exactamente a las 48 horas.

Este viernes, en un trámite que duro un poco más de una hora, Bullrich apretó el acelerador y logró un dictamen del plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para tratar en una semana el proyecto aprobado ayer por Diputados que incluye una única modificación, la eliminación del artículo 44 sobre licencias médicas.

Bullrich ,y su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, tuvieron el apoyo de los bloques de la oposición dialoguista (el radicalismo, el PRO, y los provinciales). El dictamen fue rechazo por el peronismo, tal como ocurrió en el primer debate en el Senado y luego en Diputados.

“Nunca habíamos visto que se tratara de una manera tan rápida, tan exprés, tan afectada e irregular en su procedimiento”, advirtió Mariano Recalde de Unión por la Patria y detalló que el proyecto abarca 218 artículos y “modifica 18 leyes, deroga 11 leyes y suma 21 entre derogaciones parciales”. “Son todas leyes que fueron tratadas en el Congreso por separado y que merecían un debate profundo”, se quejó. 

Pero fue la senadora riojana Florencia López quien protagonizó un duro cruce con Bullrich. “El pueblo se va a despertar y no van a alcanzar los helicópteros para que se fuguen como lo hicieron antes. No van a alcanzar, presidenta”, le dijo durante el debate en comisión.

– Epa, golpista, golpista. Pará eh–, le respondió la jefa del bloque libertario.

No fue la única acusación que soltó la senadora peronista. También hubo críticas por el fallido artículo 44:  “Pasaron vergüenza porque tuvieron que admitir que no habían leído el proyecto, por eso hoy estamos acá debatiendo la eliminación del artículo 44″.

Pero a pesar de las críticas, Bullrich terminó llevándole al oficialismo un nuevo triunfo. “Nosotros tomamos el toro por las astas y ponemos sobre la mesa un problema que existe”, dijo sobre el proyecto de reforma laboral y retrucó a la oposición de “no leer los números” porque “la tasa de desempleo en la Argentina va a la baja; y va a ir mucho más a la baja cuando la relación entre empleadores y empleados sea más libre”.

“El viernes que viene el país va a tener un punto adelante, que el intento permanente de voltear gobiernos lo impidió. Lo impidió en el gobierno de (Raúl) Alfonsín, con 13 paros generales, lo impidió en el gobierno de (Fernando) De la Rúa, en el de (Mauricio) Macri. No lo va a impedir en el gobierno de (Javier) Milei”, concluyó.

La intención del oficialismo es dar sanción definitiva a la reforma laboral y a la ley del Régimen Penal Juvenil el viernes 27, dos días antes de que concurra el presidente Javier Milei, a inaugurar el domingo 1 de marzo el período de sesiones ordinarias.

El proyecto que busca sancionar al gobierno de Milei introduce fuertes cambios en el sistema de convenios colectivos de trabajo, en la Ley de Asociaciones Sindicales, limita el derecho de huelga en los servicios públicos, crea el Fondo de Asistencia Laboral para financiar despidos, reduce las indemnizaciones, y establece un banco de horas para no pagar horas extras.

El Senado aprobó el proyecto durante la madrugada del jueves 12 de febrero por 42 votos a 30, con el respaldo de los sufragios oficialistas, y de bloques dialoguistas.

NB con información de NA y Parlamentario.

La escena que abrió la mañana posterior a la media sanción de la reforma laboral tuvo estética de videoclip. “No trabajamos con excusas. Trabajamos con resultados”, escribió Patricia Bullrich en X, exultante. El comentario lo acompañó con una pieza audiovisual, en la que se la puede ver caminando por los pasillos del Senado y celebrando con gestos de victoria mientras de fondo suena “Vogue”, el clásico de Madonna. El registro ubica a la jefa del bloque libertario como protagonista central de la batalla parlamentaria, con un relato propio tras la aprobación del proyecto en la madrugada del jueves. Y en el Gobierno reconocen que, puertas adentro, lo fue.

El triunfo legislativo le dio a Bullrich algo más que una ley: le dio centralidad política. La exministra ordenó el bloque y sostuvo el poroteo durante la negociación final. La escena no pasó inadvertida en el corazón del poder. ¿Es cierto que Karina Milei está incómoda con la creciente estelaridad de la senadora? Algunos aserguran que la secretaria general no la imagina ni como jefa de Gobierno ni como eventual candidata a vicepresidenta de su hermano en 2027. Y que observa con recelo cualquier movimiento que sugiera autonomía política dentro de un esquema que sigue siendo vertical. El video con Madonna, en ese sentido, fue leído como algo más que un festejo. Se trató de un posicionamiento.

Este jueves, mientras tanto, el clima en los pasillos de la Casa Rosada era de una calma triunfal. La media sanción fue leída como la confirmación de que la estrategia política y legislativa del oficialismo había funcionado. Sin euforia pública, pero con sensación de objetivo cumplido, en Balcarce 50 daban por superada una de las instancias más inciertas y comenzaban a concentrarse en el próximo paso.

Tras la votación, el Gobierno se fijó un objetivo inmediato: convertir el proyecto en ley antes del cierre del período de sesiones extraordinarias, previsto para el 28 de febrero. La estrategia oficial prevé convocar a comisión la semana próxima, dictaminar ese mismo día y acelerar el llamado a sesión. La meta es llegar a la apertura del año legislativo, el próximo 1° de marzo, con la reforma laboral sancionada. Esa hoja de ruta es impulsada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que pidió acelerar los tiempos para que la ley sea parte del discurso con el que Javier Milei abrirá el año parlamentario.

El calendario inmediato depende ahora de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En Balcarce 50, todas las miradas estaban puestas en cuándo giraría el proyecto a la Cámara de Diputados. Cerca de la titular del Senado estimaban que el envío podría concretarse una vez terminado el repaso técnico del texto, después de una sesión que concluyó de madrugada. Pese a la relación rota entre Villarruel y el Presidente, en el oficialismo esperaban que no hubiera dilaciones y que el trámite avanzara con normalidad. Si el cronograma se mantiene, el proyecto podría tratarse entre el 26 y el 28 de febrero, incluso con la opción de una sesión especial si hiciera falta.

Lo sucedido en la madrugada del jueves fue el primer paso hacia ese objetivo. El oficialismo logró la media sanción de su “modernización” laboral tras destrabar la tensión con las provincias y con el respaldo de los bloques dialoguistas, mientras el peronismo quedó en soledad en el rechazo. La votación general se concretó cerca de la 1.30, después de más de trece horas de debate. Desde uno de los palcos, Karina Milei siguió cada intervención junto a Adorni y el ministro del Interior, Diego Santilli, en una señal de la importancia política que la Casa Rosada le asignó a la sesión.

En paralelo, la rosca que permitió cerrar la votación dejó otro dato político: el rol prescindente de Santiago Caputo. Fue el único integrante de la mesa política que no se trasladó al Congreso y siguió la sesión a distancia desde su despacho, en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, junto a su equipo más cercano. Aunque mantuvo un perfil bajo, algunas voces del oficialismo le atribuyen haber colaborado en el ida y vuelta con algunos gobernadores y en la interlocución indirecta con sectores sindicales, en coordinación con Santilli, que terminó asegurando el número de 42 votos afirmativos.

Pero es Bullrich quien emerge en ese tablero como la figura que convirtió el triunfo legislativo en capital político propio. Desde su afiliación a La Libertad Avanza en mayo del año pasado, dejó de ser una aliada táctica para transformarse en una pieza orgánica del poder libertario. Primero consolidó liderazgo desde Seguridad, luego participó del armado político junto a Karina Milei, y finalmente se proyectó como conductora parlamentaria. La reforma laboral terminó de sellar esa evolución: demostró que puede ordenar, negociar y ganar.

Ese crecimiento, sin embargo, altera equilibrios. En La Libertad Avanza el poder no se mide solo por cargos, sino por cercanía al núcleo presidencial, y ese territorio lo administra Karina. La victoria legislativa fortaleció a Bullrich, pero también abrió una nueva tensión silenciosa dentro del oficialismo. Mientras el Gobierno acelera para convertir la reforma en ley, en el centro del poder se libra esa otra disputa, menos visible. Habrá que esperar al 2027 para conocer su desenlace.

PL/CRM

“Si no sale el FAL, agarro yo el FAL contra los senadores”. Patricia Bullrich empezó a reír mientras hacía el gesto de un arma con los brazos y sacudía el cuerpo en una mímica de disparos al aire. Promediaba la tarde en el primer piso del Senado y la jefa del bloque de La Libertad Avanza todavía ajustaba el poroteo fino de la reforma laboral. Entre sus prioridades estaba definir cómo quedaría el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el instrumento ideado por Federico Sturzenegger para fondear las indemnizaciones bajo la nueva normativa flexibilizadora.

Finalmente, la exministra cedió ante la presión de aliados y empresas y cerró una fórmula que le permitió avalar el FAL con amplia mayoría: un aporte del 1% sobre las contribuciones de las grandes empresas y del 2,5% en el caso de las pymes. En paralelo, negoció subterráneamente con la CGT y mantuvo los aportes solidarios de los afiliados, aunque con un tope del 2%.

Con esa arquitectura consiguió que todo el bloque de la UCR se encolumnara detrás suyo y sumó el respaldo de los delegados de gobernadores peronistas no kirchneristas, como la salteña Flavia Royón y la cordobesa Alejandra Vigo. Sumó 42 votos a favor, un número que le había anticipado a Milei por WhatsApp temprano. La mayoría circunstancial se alcanzó incluso en capítulos sensibles, como el que propone derogar el Estatuto del Periodista y el que recorta fondos para el INCAA, aunque sus definiciones quedaron postergadas para 2027 y 2028, respectivamente.

En esa trama jugó en tándem con Diego Santilli, que hizo base en el despacho de Martín Menem pero cruzó de un lado a otro el Congreso para reunirse con Bullrich en el Senado. En los últimos dos meses, el ministro del Interior recorrió medio país para visitar gobernadores y prometer compensaciones a cambio de votos. “Acá corrió la Banelco, seguro, porque ningún senador vota solamente por esto, está clarito”, denunció el titular del sindicato de empleados judiciales, Julio Piumato.

Bullrich se mantuvo todo el día conectada con el Presidente vía celular —él le dijo que estaba “contento” cuando le adelantó temprano que todo marchaba de acuerdo al plan— y recibió la bendición de Karina Milei desde el balcón central del recinto. Con esa cintura política se movió como una cazadora de votos entre las bancas. En los pasillos se la vio tranquila, siempre con una planilla en la que tenía detallado cada poroto para cada votación. Ninguno de los títulos de la amplia reforma peligró, aunque no todos obtuvieron la misma cantidad de apoyos.

En la Casa Rosada hubo fuego cruzado contra la exministra porque hay quienes creen que la ley podría haber salido igual sin ceder tanto, pero ella se mantuvo incólumne. Una anécdota sobre porqué finalmente pidió que se dé de baja los cambios en el impuesto a las Ganancias, y que afectaban a las provicias por la coparticipación —como queria Toto Caputo—, la pinta en el mensaje que ella transmitía a la mesa política de Karina.

—¿Cuántos votos hubieras tenidos para Ganancias si convocabas a la votación la semana pasada o antes? —le preguntó alguien en un recinto.

—Ninguno, si nunca hubo ningún voto para eso —sentenció.

Durante la tarde sí tuvo un cruce llamativo fuera del recinto con Victoria Villarruel. La vicepresidenta la “invitó” a su despacho a una reunión frente a varios jueces porteños interesados en la jugada de introducir el traspaso de la Justicia laboral de la Nación a la Ciudad, lo que habilitaría a magistrados porteños a intervenir en causas que afectan a grandes empresas con sede en CABA. “Me sentó ahí, qué sé yo; finalmente eso sale en un anexo”, comentó Bullrich, con gesto de sorpresa, ante algunos interlocutores. La movida fue leída como un favor con nombres propios: “Fue un beneficio para Mauricio Macri y Daniel Angelici, que manejan a los jueces de la Ciudad”, denunció un legislador porteño.

El hambre de votos se trasladó también a la calle. Bullrich comandó a la distancia el operativo que ejecutó su reemplazante en Seguridad, Alejandra Monteoliva: hubo detenciones arbitrarias, balas de goma, gases lacrimógenos y el avance de motos y camiones hidrantes. “Patricia es una topadora. Maneja el bloque como quiere y también conduce el ministerio. Se hace lo que ella dice”, comentó, al caer la noche, una persona que la conoce desde hace años.

La represión comenzó luego de que un grupo reducido de manifestantes violentos arrojara bombas molotov contra el vallado policial y la zona estéril que separaba el Congreso de la plaza. Esa agresión dio pie al avance generalizado de las fuerzas sobre toda la movilización y alimentó la narrativa de mano dura libertaria. El Gobierno habilitó a que los agentes utilizaran balas de goma, hidrantes e incluso las pistolas lanzagases, la misma que el gendarme Héctor Guerrero disparó hace casi un año contra Pablo Grillo —episodio por el que está procesado y a punto de ser elevado a juicio—.

Fuentes que estuvieron en el lugar apuntaron que, más que “infiltrados”, quienes armaron las molotov habrían sido integrantes de organizaciones piqueteras y de izquierda minoritarias, con banderas poco reconocibles para el público general. “Está lleno de grupos de izquierda petardistas y creo que primó la desesperación por la apatía de la CGT”, comentó un dirigente piquetero curtido en marchas. “Hay mucha bronca”, dijo otro referente, que sí acusó a que hubo “servicios” en la movilización del 2025 que terminó con un movil de Cadena 3 prendido fuego.

“Es complejo identificar grupos con estas características violentas”, dijo Monteoliva, que hizo operativos también en estaciones de trenes. Detalló que hubo 71 detenidos, mientras distintas ONGs aún reclaman la libertad de 24 personas, que están esperando la audiencia de imputación: 20 de Policía de la Ciudad y cuatro de la Federal“. Otras organizaciones de izquierda y de derechos humanos anunciaron que todavía quedan unos 40 detenidos.

El Gobierno logró vaciar la plaza y, con eso, vaciar la movilización de la CGT. La central obrera quedó en offside en una marcha sin escenario, sin acto y sin documento. El triunvirato integrado por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello fue uno de los grandes derrotados de la jornada. La presión de sus bases para convocar a un paro general se mantiene.

“Se perdió una oportunidad histórica”, denunció Rodolfo Aguiar, de ATE, que articula junto al camionero Pablo Moyano, el metalúrgico Abel Furlán, los Aceiteros y las dos CTA en la conformación de un frente sindical más combativo, dispuesto a disputar la calle también con la izquierda. “UPCN es más razonable porque no te lleva al conflicto permanente”, llegó a decir Bullrich sobre los estatales, en una postal elocuente del momento sindical.

La CGT no se animó a una huelga cuando el derecho a huelga es, precisamente, uno de los puntos afectados por la reforma. El proyecto amplía las actividades consideradas esenciales y limita las medidas de fuerza. También recorta vacaciones y buscó avanzar sobre estatutos históricos, como el de los periodistas. En un contexto de “sálvese quien pueda” avalado por el Gobierno libertario, la reforma finalmente preservó derechos colectivos sensibles, pero avanzó sobre derechos individuales que nadie defiende.

Bullrich fue así de las principales artífices de la victoria oficialista. Ahora tiene como objetivo que el miércoles 25 de febrero se apruebe la reforma a la Ley de Glaciares. Ya negocia con legisladores de provincias mineras —Salta, Catamarca y La Rioja, todas gobernadas por el peronismo—. Para esa misma semana el Gobierno espera que Diputados vote la sanción definitiva de la reforma laboral, con la amenaza de un paro sindical en el aire. Será otra jornada para ver cómo Bullrich despliega su cintura política, con el garrote represivo —o el gesto de FAL— a mano.

MC

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei terminó con un duro saldo represivo, que incluyó detenciones arbitrarias, personas heridas y denuncias por violencia policial, mientras continúa el reclamo por la liberación de quienes siguen privados de su libertad, entre ellos un fotógrafo platense que cubría la protesta y un trabajdor del INDEC.

La jornada se desarrolló frente al Congreso Nacional, en el marco de la marcha convocada por la CGT contra el proyecto oficial que avanza sobre derechos laborales y busca flexibilizar indemnizaciones, jornadas y otras garantías históricas. Miles de trabajadores, jubilados, organizaciones sociales y partidos políticos se concentraron desde horas del mediodía. Sin embargo, la movilización quedó rápidamente eclipsada por episodios de violencia y enfrentamientos en los alrededores del vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

Tras esos incidentes, se desató un operativo represivo de gran magnitud, con gases lacrimógenos, balas de goma y el avance de motos de la Policía Federal sobre manifestantes. Según un conteo de la CORREPI, al menos hubo 22 personas detenidas. Desde las fuerzas se informó 20 personas detenidas por parte de la Policía de la Ciudad y dos por parte de las fuerzas nacionales, en paralelo a decenas de demorados.

Entre quienes fueron arrestados y a quienes se les imputan cargos como “atentado”, “resistencia y lesiones”, “incendio” u “otros” figuran: Julián Catalano, Francisco Masilla, Tripolli, Marcelo Olvera, Nicolás Viña (el fotógrafo), Adrián Jorge Montiel, Carlos Agusto Ruiz, Juan Manuel Reichenbach, Maximiliano Javier Melgar, Gastón Ezequiel Reyes, Raúl Alberto Bande, Jorge Euclides Nieto, Lila Amanto, Claudio Garro, Ayelén Portale, Sabina Neuman, Leonidas Orquera, Corina González, Félix Américo Maldonado y Agustín Sánchez Tomás.

Desde las organizaciones sociales, como UTEP, denunciaron que al menos diez personas continuaban presas “sin causa” en una comisaría del barrio de Barracas, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria elevó un reclamo al indicar que hay alrededor de 60 detenidos relevados tras los enfrentamientos. Una de las personas detenidas fue Emilio Salgado, trabajador del INDEC, “cazado” mientras estaba sobre un árbol en la plaza.

La detención de Nicolás Viña, el joven fotógrafo de La Plata, generó un fuerte repudio de sindicatos de prensa y colectivos de periodistas, que exigieron su liberación inmediata y denunciaron un ataque al derecho a la información y a la libertad de expresión. Se trata de un estudiante de fotografía en la Facultad de Artes de la UNLP y afiliado al SiPreBo.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió públicamente el accionar policial. En sus redes sociales confirmó que dos personas fueron detenidas por agredir al personal policial, además de mencionar que varios efectivos, incluidos tres de Gendarmería y uno de la Policía Federal, resultaron heridos durante los enfrentamientos. La ministra insistió en que las manifestaciones “deben desarrollarse de manera pacífica” y advirtió que “quienes atacan a las fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”.

Monteoliva: “Hay tres grandes grupos de violencia significativa”

Este miércoles, la funcionaria detalló que en la jornada hubo 71 detenidos: 27 detenidos en las estaciones terminales a medidas que iban llegando; 20 por Policía de Ciudad en la zona de Congreso; y 24 por las fuerzas federales por resistencia a la autoridad y violencia.

De acuerdo a la Ministra, “Hay tres grandes grupos de violencia significativa: los de la izquierda combativa, los que se autodenominan Antisistema y los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que tenían las bombas Molotov, exactamente. Los veníamos identificando ya con las cámaras, en los accesos, en las columnas”, detalló.

Además, Monteoliva pidió a la Justicia “ponerse cada vez más firme. Si bien nosotros venimos insistiendo muchísimo en esta articulación siempre entre Seguridad y Justicia, esto no puede ser que el esfuerzo que hacemos con la evidencia que habla por sí sola y que al rato, en la noche o pasado un par de horas estén afuera como si nada”, explicó en una entrevista con A24.

“Nuestra intención es que esto no puede quedar así, esto realmente es gravísimo y puedo asegurar que estos no son manifestantes contra ninguna reforma, hay mucho menos que tenga que ver con laburar, porque de eso, si hay algo que no saben, es de trabajar”, concluyó.

MC