Después de varios intentos, Patricia Bullrich tuvo que reconocer la derrota. Los aliados de Tucumán y Misiones le habían soltado la mano, el radical Daniel Kroneberger estaba decidido a votar en contra y, con cada hora que pasaba, un senador se comunicaba para mostrarse incómodo con la aprobación del capítulo de extranjerizacion de la tierra. La senadora libertaria reconoció que no tenía los votos y, a 24 horas del inicio de la sesión, aceptó sacar el capítulo de Tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La decisión se tomó esta tarde en el despacho del bloque radical, donde Bullrich se reunió con los senadores aliados del “grupo de los 40” --los propios más aliados-- para tomar una decisión. Estaban las radicales Edith Terenzi y Mariana Juri, el correntino “Camau” Espínola, el jefe PRO, Martín Goerling, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano. Los senadores aliados se sentaron, le comunicaron que no estaban los votos para insistir con el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales y le explicaron que había que sacarlo. “Así no se puede”, explicó una senadora radical, a la salida del encuentro.

Bullrich intentó resistir, pero tuvo que reconocer que estaba sola. Diego Santilli se había comunicado con los gobernadores aliados el día anterior, pero las negociaciones no habían surtido efecto. En Casa Rosada, Federico Sturzenegger presionaba para avanzar con la ley, pero casi no había otros funcionarios que quisieran sumarse a su cruzada desreguladora. La marcha convocada para el jueves, así como la intensa campaña en redes sociales, habían permeado en la sociedad, que manifestaba un rechazo mayoritario–según varios sondeos de consultoras, como Ad Hoc y Zuban Córdoba– y descincentivaba las manifestaciones de apoyo.

“Lo importante es mantener unido al grupo de los senadores aliados, tenemos más leyes que aprobar”, se la escuchó decir a Bullrich en el Senado, antes de ingresar a su despacho. Todavía faltaba comunicárselo al resto del bloque libertario, que se enteraría primero por las redes sociales de la caída del capítulo que elimina el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros, así la prohibición de la venta en zona de fronteras y el límite de mil hectáreas en zonas núcleo. El Gobierno se enteraría al final: Bullrich se lo comunicaría después de haber tomado la decisión con los senadores.

La sesión está convocada para las 14 horas en el Senado, una jugada de Victoria Villarruel que anticipó el anuncio a la estrategia oficialista. Bullrich todavía no sabía si levantaría la sesión cuando la vicepresidenta del Senado convocó a la sesión para el día siguiente.

Para evitar que le rechacen el capítulo en el recinto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, anunciará el retiro del apartado el jueves al comienzo de la sesión. El objetivo es desactivar la movilización convocada al Congreso, pero para algunos senadores la decisión llegó demasiado tarde.

“Esto se tendría que haber resuelto ayer”, se quejó un senador aliado, a la salida de la cumbre con Bullrich.

Crónica de una derrota anunciada

Los problemas empezaron la noche anterior, poco después de que Bullrich saliera a anunciar, con bombos y platillos, las modificaciones introducidas a último momento al capítulo de Tierras para conseguir los votos que le faltaban. Poco duró la maniobra del tope del 25% a nivel provincial, una concesión que no modificaba el corazón de la reforma, ya que habilitaba que se continuase avanzando con la extranjerización a nivel de los departamentos. Menos de 24 horas después de dar la conferencia de prensa, la senadora libertaria estaba anunciando que el capítulo no se debatiría en la sesión.

Los primeros en patear el tablero fueron los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que la noche anterior se mantenían reacios a acompañar el capítulo de Tierras. Esta decisión, sumada a la incomodidad de otros aliados –como Edith Terenzi– y a la rebelión de los senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, inclinaron la cancha en favor de la oposición. Pero fue el pronunciamiento del gobernador Tucumán, Osvaldo Jaldo, al día siguiente lo que terminó de hundir las esperanzas del Gobierno.

“Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, afirmó el gobernador tucumano, a través de un comunicado publicado en la web oficial de la Provincia. Allí, Jaldo aseguró que se había comunicado con las dos senadores que le responden, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y que ambas se oponían a la ley “y son personas que no cambian de opinión”.

Después de Jaldo salió el neuquino Rolando Figueroa, quien dos días antes había presentado un proyecto de ley para que la provincia no pudiera vender tierras fiscales a extranjeros. El gobernador de Neuquén, hasta hace dos días, era aliado del Gobierno y en el oficialismo contaban a su senadora, Julieta Corroza, como un voto a favor de toda la ley. El martes a la mañana, sin embargo, Figueroa salió con un video anunciando su rechazo. “No estamos de acuerdo con la extranjerización de tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, afirmó.

Después de estos dos pronunciamientos, la caída del capítulo fue solo cuestión de tiempo.

MCM

A menos de 24 horas de que el Senado retome el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que en su capítulo central modifica el régimen de compra de tierras rurales por extranjeros—, la resistencia ya no viene solo de la oposición. Gobernadores y senadores que en otros temas acompañaron al oficialismo empiezan a marcar diferencias, en una sesión que el propio bloque libertario reconoce como la más ajustada del año.

A este mediodía de jueves en el oficialismo reconocieron ante elDiarioAR no tener los votos para abrir siquiera la sesión. El golpe a las aspiraciones de Javier Milei llegó desde distintas provincias: hubo expresiones públicas del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y del neuquino Rolando Figueroa, y también del senador radical por La Pampa Daniel Kroneberger.

Tucumán: Jaldo dice que sus dos senadoras rechazan el proyecto

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo informó que, según las conversaciones que mantuvo con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas le expresaron su rechazo al proyecto de cara a su tratamiento en el recinto. Las dos bancas integran el Bloque Independencia, un espacio que el oficialismo suele necesitar para reunir números en votaciones clave.

La Pampa: Kroneberger confirmó el rechazo

En La Pampa, el senador radical Daniel Kroneberger fue el más terminante: adelantó que votará en contra de los últimos cambios introducidos a la reforma y remarcó que ya se lo comunicó a su bloque. Justificó su postura en el desacuerdo con la flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros. Su compañera de bancada por la provincia, Victoria Huala, todavía no definió su voto.

Neuquén: Figueroa reclama un límite nacional

El gobernador neuquino Rolando Figueroa reafirmó su postura contraria a la extranjerización de la tierra. Lo hizo al ratificar el envío a la Legislatura provincial de un proyecto para que las tierras fiscales de Neuquén queden en manos de argentinos, y sostuvo que no acompañará iniciativas que en el plano nacional avancen en ese sentido. En paralelo, había pedido a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulsara en el recinto un límite cuantificable a la compra extranjera para todo el país.

Un poroteo que sigue sin cerrar

Estos tres frentes provinciales se suman a un escenario que ya venía complicado para el oficialismo. En el bloque libertario reconocen que la votación está prácticamente empatada y que la definición puede quedar en manos de uno o dos senadores. La bisagra sigue siendo la UCR: el bloque nacional pidió a sus diez senadores votar en contra, pero la conducción de la bancada apuesta a que la mayoría acompañe al Gobierno. A los rechazos de Kroneberger y de su par Maximiliano Abad se suma ahora la incertidumbre sobre Huala.

El texto que llega al recinto es, además, la versión número diecisiete: ante la falta de apoyos, el oficialismo resignó su objetivo original de eliminar el tope a la compra extranjera y lo reemplazó por un límite del 25% por provincia, sin fijar restricciones a nivel de departamento, que es donde se concentra la extranjerización real según advierten especialistas en la materia.

La sesión se dará en medio de una movilización convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones campesinas, ambientales y de pueblos originarios frente al Congreso.

MC

“72 personas deciden quién puede comprar la Argentina”. Con esa frase una web invita a comunicarse con los senadores nacionales a través de su mail institucional o sus redes sociales para exigirles que voten en contra de la reforma de la Ley de Tierras que propone el Gobierno para desregular la venta a extranjeros. La plataforma es parte de un ecosistema de acciones de autoconvocados que impulsan el rechazo a la norma, que se vota este jueves en el Senado.

El plato fuerte será la movilización que se está gestando para este 6 de agosto frente al Congreso y en distintos puntos del país. La resistencia está creciendo en grupos de WhatsApp y espacios virtuales, y ya tuvo acciones callejeras como volantedas y hasta un banderazo en el Obelisco el sábado pasado, como anticipó elDiarioAR.

En el medio, el Gobierno avanza con su iniciativa tras incorporar cambios de último momento. Este martes temprano el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que se cambió el tope de 15% al 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. “Está poniendo un límite parecido en la región, sin ir más lejos me voy a Brasil”, dijo el ministro coordinador, que buscó no anticiparse demasiado a la conferencia de prensa que agendó Patricia Bullrich para esta tarde a las 16.

“No creo que vaya a haber un desempate. Por mis conversaciones con Patricia, creo que está encaminado el tema”, dijo Santilli en diálogo con radio Rivadavia, en referencia a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, encargada de presentar oficialmente las modificaciones al texto original.

El proyecto en discusión es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en su versión original eliminaba por completo el límite a la propiedad extranjera de tierras rurales. Tras las negociaciones de las últimas semanas, el oficialismo resolvió no derogar el tope sino elevarlo al 25% de la superficie rural como promedio nacional y provincial, pero deja al descubierto a nivel departamental. “Hay 36 departamentos que superan el límite del 15%, creemos que ahí están los recursos que quieren vender”, denunció Julieta Caggiano, cofundadora del Observatorio de Tierras, otra de las plataformas virtuales que denuncian el avance de la extranjerización de la ltierra. “Los intereses están donde hay agua potable y minerales”, alertó la socióloga.

El rechazo de abajo

Mientras el oficialismo negocia los votos necesarios para destrabar una iniciativa que ya sufrió cuatro intentos fallidos de tratamiento, el rechazo social al proyecto se organiza a nivel federal. La red de asambleas "Ponete la camiseta" convocó movilizaciones para el mismo jueves 6 de agosto en al menos veinte provincias, con epicentro en el Congreso de la Nación, donde se prevén un verdurazo, una radio abierta y un festival durante toda la tarde.

Bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, también habrá concentraciones en Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Salta, San Juan, Tucumán y localidades de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, entre otras.

A la movilización callejera se sumó la herramienta digital de seguimiento legislativo que reúne la posición declarada de cada uno de los 72 senadores nacionales sobre la Ley de Tierras y permite a cualquier ciudadano identificar a los representantes de su provincia y enviarles un mail con un texto pre armado para pedirles el rechazo del proyecto. La iniciativa busca capitalizar la presión ciudadana en un debate donde el oficialismo, que parte de una base de 21 senadores propios, necesita sumar al PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar la mayoría de 37 para tener quórum y aprobar la ley.

La presión también llegó por escrito. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos —que integran, entre otras, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos— envió el 30 de julio una carta a los 72 senadores para pedirles que rechacen lo que calificó de “rapiña” y “desguace de la Nación”. El texto menciona el caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con dinero no declarado, como advertencia sobre las “enormes presiones de grupos económicos extranjeros” que —sostienen— pueden alcanzar “no solo tierras sino también la voluntad de quienes gobiernan nuestras provincias y la de sus representantes en el Congreso”. La carta enmarca el proyecto de tierras junto al Decreto 70/23 y las leyes de RIGI, Súper RIGI y de Glaciares, y advierte a quienes voten a favor: “No olvidaremos, no perdonaremos ni nos reconciliaremos jamás con quienes faciliten, del modo que sea, tamaña rapiña”.

MC

El próximo jueves, el Gobierno intentará aprobar, por quinta vez, la ley que elimina los límites a la venta de tierras nacionales al capital extranjero. No le sobran los votos: Patricia Bullrich trabaja para tranquilizar a los radicales díscolos y a los provinciales incómodos con la iniciativa, pero la masiva movilización convocada para el 6 de agosto empieza a pesar sobre las negociaciones. La oposición está a dos votos de voltear el capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y juega a su favor una aliada inesperada: Victoria Villarruel.

La vicepresidenta viene manifestando su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada hace tiempo. En la previa de la última sesión en el Senado, luego de la victoria de Argentina contra Inglaterra, Villarruel se trenzó a los insultos con Bullrich por Whatsapp para evitar que se tratara la iniciativa al día siguiente. “Quieren vender el país. Como se nota que la integridad territorial no les importa nada”, le espetó la vice, que aspira a reciclarse como una “nacionalista” de derecha con algunos sectores del peronismo.

La discusión –que terminó con Bullrich pidiéndole la renuncia por chat– continuó al día siguiente, cuando la jefa del oficialismo tuvo que suspender la sesión y convocar a un cuarto intermedio porque no tenía los votos para aprobar el proyecto. Uno de los culpables fue el propio autor del proyecto, Federico Sturzenegger, quien se rebeló ante una de las modificaciones que había negociado Bullrich para conseguir el apoyo de los gobernadores, el famoso artículo 25 que garantiza a las provincias “jurisdicción plena” sobre sus tierras y recursos naturales.

La senadora logró convencer al ministro de Desregulación la semana pasada, pero para entonces ya era tarde: la campaña de rechazo había comenzado.

La campaña que mueve los votos

Villarruel no es la única que está colaborando con José Mayans, el jefe del interbloque peronista, para boicotear el capítulo que modifica la ley de Tierras, elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras. La demora en la aprobación del proyecto —que ya fue modificado quince veces e intentó aprobarse en cuatro oportunidades— le dio tiempo a la oposición para instalar el debate en las redes sociales. Lo que hasta hace unas semanas era una discusión casi exclusivamente parlamentaria empezó a traducirse en un costo político para los senadores indecisos.

Según una encuesta de Zubán Córdoba, el 77% de los argentinos está de acuerdo en que hay que ponerle límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El tema, que venía pasando desapercibido, se instaló en la agenda y diversos sectores de la oposición aprovecharon para utilizarlo como bandera contra Javier Milei.

El peronismo se puso al frente, pero también el Comité Nacional de la UCR, que preside Leonel Chiarella, emitió un comunicado pidiéndole a sus senadores que no acompañen el proyecto. Hasta la CGT, que venía dilatando su respaldo a la marcha convocada para el 6 de agosto, anticipó que movilizaría al Congreso en contra de la ley, junto a las CTA y las organizaciones sociales.

El ojo está puesto en el bloque radical y las fuerzas provinciales, que conforman la base de apoyos del Gobierno en el Senado. Bullrich hace números y contabiliza a su favor unos 34 votos firmes a favor: La Libertad Avanza, el PRO, gran parte de la UCR y los provinciales como el correntino “Camau” Espínola, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila. Mayans hace lo mismo y calcula unos 33 votos en contra: el éxito de la maniobra para voltear dependerá de cuántos radicales acompañen la ley y de la interna misionera.

La ruptura del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con el líder indiscutido del oficialismo provincial, el mandamás Carlos Rovira, desató una crisis en la red de alianzas del Gobierno. Los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, responden a Rovira, que es quien negocia con el Gobierno, pero Passalacqua está presionando para que voten en contra de la iniciativa. Misiones es el ejemplo más extremo de la extranjerización de la tierra: el 11,29% de la provincia ya está en manos extranjeras –en su mayoría de una sola empresa, la forestal chilena Arauco– y más de 30 organizaciones productivas, políticas y sindicatos publicaron un comunicado rechazando el proyecto alegando que iba en contra de las economías regionales.

Passalacqua les hizo saber a Arce y Rojas Decut del rechazo casi unánime al proyecto en la provincia. Hasta ahora, los senadores misioneros acompañaron al Gobierno en casi todas las votaciones –la más importante fue cuando, a pedido del Gobierno, hicieron caer la sanción de la ley de Ficha Limpa–, pero la oposición apuesta a que acompañen la ley en general y, luego, en la votación en particular, ayuden a voltear el capítulo de tierras.

En ese caso, el resultado de la votación dependerá del bloque radical y de un puñado de senadores que integran fuerzas provinciales. El jefe de la bancada, Eduardo Vischi, es socio de Bullrich y acordó negociar algunos puntos de la ley a cambio de los votos del bloque. Fue así que se eliminó el capítulo que habilitaba los desalojos en los barrios populares, y se introdujeron algunos cambios en el capítulo de Tierras, como la limitación a la compra de tierras por parte de estados nacionales y la exigencia de un acuerdo de los gobiernos provinciales para la venta de tierras en zona de frontera.

El Gobierno necesita que al menos 9 de los 10 senadores radicales den quórum y acompañen la ley –el bonaerense Maximiliano Abad ya anticipó que no acompañará el capítulo– y necesita que algunos díscolos, como el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger, se plieguen a la decisión del bloque. Lo mismo ocurre con la chubutense Edith Terenzi, que es radical pero no integra el bloque.

La apuesta de la oposición es que la movilización del miércoles incline a los indecisos antes de la sesión. La cordobesa Alejandra Vigo, por ejemplo, era una incógnita y se apuró a adelantar, vía redes sociales, que ella votaría en contra del proyecto. “Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”, aseguró, el viernes por la tarde.

El Gobierno necesita llegar a los 36 votos, que es la mitad del recinto. Si no lo consigue, el capítulo de tierras corre riesgo de caerse. Y aun si la votación terminara empatada, el desenlace no está asegurado: Villarruel ya anticipó que desempataría en contra del proyecto, pero el viaje de Milei a Colombia podría dejarla al frente del Poder Ejecutivo y quitarle esa posibilidad. En ese escenario, el voto decisivo quedaría en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

“Tenemos a muchos que nos prometen que votan en contra, pero habrá que ver si lo sostienen cuando aparezca un ATN o un regalo la semana próxima”, ironiza una senadora que participa de las negociaciones.

MCM/MG

Carteles pegados en las inmediaciones del Congreso. Un banderazo en el Obelisco. Un verdurazo sobre avenida Rivadavia. Volanteadas en estaciones de trenes del conurbano. La proyección del documental “La tierra explota” en el cine Gaumont, en CABA. Grupos de WhatsApp que coordinan acciones diversas federales: Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Paraná, La Rioja, Formosa, Chaco, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Mar del Plata, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Salta, Chubut, Río Negro, Neuquén. Publicaciones en Facebook con las líneas de contacto de los senadores para llamarlos. Mensajes sueltos en encuestas sobre compras de productos, como el que dejó una mujer en la web de YPF: “Defendamos lo nuestro, las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también. La energía es un recurso estratégico, que tiene que estar en manos del país, no de una YPF gringa. El 6 de agosto ponete la camiseta del país, defendamos lo nuestro”. Individuales, colectivas, chicas y grandes, acciones de diversos tipos se propagan de manera subterránea en todo el país como resistencia autoconvocada a la ley de Propiedad Privada, que el Gobierno buscará aprobar en el Senado el próximo jueves.

La agenda que circulan los grupos autoconvocados confirma la dispersión de acciones y propuestas. Este viernes hubo asamblea abierta en el hall de la terminal de El Chaltén, en Santa Cruz; cine debate en pleno centro de Córdoba capital y asamblea en la sede de UnTER en Bariloche, mientras que el jueves Jujuy tuvo su banderazo en la Plazoleta Eva Perón y Santa Fe encadenó cinco banderazos simultáneos en Rosario, Funes, Pérez y Villa Gobernador Gálvez. Para este sábado se anuncian banderazos en Baradero, en Gualeguaychú –en el Puente Rojo y en los Obeliscos de la Costanera–, en Paraná, en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, en el Complejo Municipal Xamena de Salta y en la plaza San Martín de La Pampa, además de un semaforazo en Concordia y el banderazo que llevará a los porteños desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco. Y el jueves 6, día de la votación, la lista prevé, además del abrazo al Congreso nacional, movilizaciones simultáneas en Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bariloche, San Martín de los Andes, Catamarca, Tucumán, Salta, Esquel y buena parte del Gran Rosario, entre decenas de puntos más a lo largo del país.

Detrás de esa dispersión hay una estructura. Una comunidad de WhatsApp organizada bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema, no se desaloja” nuclea a cientos de personas repartidas en grupos por ciudad y provincia, y funciona como columna vertebral de la convocatoria al Congreso. Florencia Gómez, abogada especializada en políticas de tierras rurales y ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, es una de las voces que coordina la red: cuenta que además de las acciones callejeras hay un trabajo de bajo perfil llegó a obispos y también a senadores que todavía dudan cómo votar, sostenido en reuniones virtuales de hasta 250 personas de distintos puntos del país.

La adhesión sindical se fue sumando en capas. Primero la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda. Después las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y los movimientos sociales de la UTEP. La CGT, como anticipó elDiarioAR el jueves, confirmó que también marchará de forma orgánica, un escalón más en la agenda de protestas que el triunvirato sindical armó para la segunda mitad del año. Se espera una conferencia el miércoles sobre la organización de la protesta frente al Palacio Legislativo.

A esa lista se agregaron pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en contra del proyecto.

La foto se completa al día siguiente: el 7 de agosto es San Cayetano, y la CGT, las dos CTA y la UTEP ya anunciaron que participarán de forma orgánica de la peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, que ese día cumple una década de su primera edición. La caminata de Liniers a Plaza de Mayo funcionará como una segunda tanda de presión sobre el mismo reclamo, ya que la CTA de los Trabajadores incorporó el rechazo a la ley de extranjerización de tierras entre las banderas de esa jornada, junto con el repudio a la privatización de AySA y el planteo previsional.

Lo que el oficialismo llevará al recinto el jueves es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas y que el ministro Federico Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Fuera del capítulo de tierras, el proyecto endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El capítulo que concentra el rechazo, sin embargo, es el que reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Hoy esa norma limita al 15% la tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, baja ese tope al 30% para una misma nacionalidad, impide comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

“El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía. (...) Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, magnates globales como Peter Thiel se frotarán las manos. El agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar mega granjas de datos y servidores de la IA, y traer las inversiones que espera el gobierno”, reflexionó Gómez en un reciente ensayo publicado en la revista Anfibia.

El dictamen que Patricia Bullrich llevará al recinto deroga ocho artículos y traslada la potestad de fijar límites a cada provincia, que “conservará la jurisdicción plena” sobre su territorio, y solo deja en pie una prohibición: ningún Estado extranjero, ni una empresa con participación estatal extranjera, podrá comprar tierra rural sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo. Para las personas físicas extranjeras no habrá techo de hectáreas. “Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, resumió Bullrich, aunque aclaró que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”.

La versión número 15 del proyecto circula ahora entre los bloques aliados, después de que Bullrich y Sturzenegger buscaran destrabar la semana pasada el nudo del artículo 25, el que fija cuánto margen conservan las provincias para legislar sobre venta de tierra a extranjeros y que había obligado a un cuarto intermedio en pleno recinto. Pero la sesión del jueves no está garantizada: ya fue pospuesta cuatro veces y en el Senado el oficialismo no parece tener una mayoría firme.

“Siguen sin tener los números asegurados. Habría que preguntarle a Sturzenegger qué piensa de los cambios en el artículo 25”, lanzaron ante elDiarioAR una fuente del radicalismo, que votaría dividida. Los cálculos más informales hablan de un empate técnico, con 33 o 34 votos para cada lado, y todas las miradas –oficialistas y opositoras– convergen en Misiones, donde los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut llegan presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras. Bullrich tiene en agenda entrevistarse con los aliados el martes y miércoles, para tener el poroteo final de la sesión. Será en paralelo a la sucesión de acciones callejeras de los grupos autoconvocados.

MC

El pasado 14 de julio, el debut de Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia dejó un pedido de informes que, detrás de una aparente cuestión administrativa, derivó en una pregunta mucho más política: quién controla realmente el Ministerio de Seguridad desde la salida de Patricia Bullrich y su desembarco en el Senado.

Entre los distintos requerimientos aprobados durante la reunión, los diputados de Unión por la Patria solicitaron información acerca de la situación del politólogo Miguel Gómez Goldin, quien se desempeñaría como flamante director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), sin todavía no haber sido formalizado en el Boletín Oficial.

Fuentes inobjetables aseguraron a elDiarioAR que Gómez Goldin ya ocupa de hecho el cargo que lo convierte en el número 2 del organismo. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún acto administrativo que oficialice su nombramiento. Este medio se intentó comunicar con el Ministerio de Seguridad y con el propio Gómez Goldin, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta. Ese fue precisamente uno de los motivos por los que la Bicameral decidió solicitar explicaciones formales a la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

La observación excede el plano burocrático. Detrás de la designación aparece uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, lo que vuelve a abrir interrogantes sobre el margen de influencia que la exministra conserva dentro de un área que formalmente ya no conduce. Gómez Goldin mantiene una relación de pareja con Damián Arabia, uno de los principales armadores políticos de Bullrich y, probablemente, el dirigente de mayor confianza que conserva la actual senadora dentro del Congreso. El diputado nacional del PRO tampoco respondió la consulta de elDiarioAR.

Conocido por el apodo de “Tiki”, Gómez Goldin construyó un perfil eminentemente técnico. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad del Salvador y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral. También obtuvo una doble maestría en Asuntos Públicos y en Asuntos Internacionales y Europeos en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne. A lo largo de su carrera fue becario de los programas Fulbright, Eiffel y de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), además de desempeñarse tanto en el sector público como en la consultoría especializada en reformas institucionales y asuntos internacionales.

Un enclave estratégico

El cargo que ocupa Gómez Goldin está lejos de ser una oficina menor. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituye el principal organismo civil encargado de producir inteligencia estratégica para combatir el crimen organizado. Desde allí se coordina el intercambio de información entre las cuatro fuerzas federales, el Ministerio Público Fiscal, organismos provinciales y agencias internacionales, además de elaborar análisis vinculados al narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el lavado de activos y otras formas de criminalidad compleja.

La dependencia también ocupa un lugar central dentro del nuevo esquema de inteligencia diseñado por el Gobierno tras la reforma impulsada por el polémico DNU 941/2025, que redefinió la arquitectura del Sistema Nacional de Inteligencia y modificó, entre otros aspectos, el funcionamiento de la inteligencia criminal y militar.

Al frente de la DNIC continúa Ramiro Anzit Guerrero, otro dirigente estrechamente identificado con Patricia Bullrich. Designado en marzo de 2025 por decisión de la entonces ministra, Anzit había llegado desde Lyon, donde se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de Interpol.

Su vínculo con el área, sin embargo, viene de mucho antes. Durante el gobierno de Mauricio Macri ocupó la Dirección de Análisis de la propia DNIC, uno de los cargos más relevantes de la segunda línea del organismo, de la mano de Gerardo Milman, entonces secretario de Seguridad Interior y uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich.

Aquel primer paso por Inteligencia Criminal terminó envuelto en controversias. Sobre Anzit recayó un sumario administrativo cuyo trámite quedó abierto al finalizar la gestión de Cambiemos. Dentro del ministerio todavía recuerdan que al menos dos de los funcionarios que habían intervenido en ese expediente fueron desplazados tras el regreso del bullrichismo al Gobierno, una coincidencia que alimentó suspicacias internas acerca de una eventual revisión de viejas disputas dentro del área.

La sombra de Bullrich

Cuando Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad para asumir su banca en el Senado impulsó personalmente a Monteoliva como su sucesora. En aquel momento, dentro del oficialismo muchos interpretaron esa decisión como una manera de preservar influencia sobre una cartera que la exministra había convertido en uno de los principales pilares de su construcción política.

Con el correr de los meses, sin embargo, el escenario comenzó a modificarse. Monteoliva fue construyendo un vínculo cada vez más estrecho con Karina Milei, que encontró en la ministra una interlocutora propia y una forma de limitar el protagonismo que Bullrich seguía conservando dentro del Gobierno. Ese acercamiento coincidió con una sucesión de cortocircuitos entre la secretaria general de la Presidencia y la actual senadora.

En la Casa Rosada incomodó, por un lado, la autonomía con la que Bullrich comenzó a moverse desde el Senado, donde buscó construir una agenda política propia. Y, más recientemente, también generó malestar el posicionamiento que adoptó durante la crisis que terminó con la salida de Manuel Adorni del Gobierno, un episodio que volvió a exhibir diferencias de criterio en la mesa política libertaria.

En lo que respecta a Seguridad, hay quienes sostienen que el diálogo político continúa pasando, en buena medida, por Bullrich, mientras que Monteoliva concentra su gestión en los aspectos operativos de la cartera. Esa percepción también se refleja en distintos sectores del propio ministerio, donde la exministra sigue siendo vista como la principal referencia política del área.

En ese contexto, la llegada de Gómez Goldin a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal adquiere una lectura que trasciende su situación administrativa. Más allá de que su nombramiento todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, su desembarco en una estructura que ya conduce otro dirigente de confianza de Bullrich vuelve a alimentar una pregunta que atraviesa desde hace meses los pasillos oficiales: cuánto poder conserva realmente la exministra sobre un ministerio que formalmente quedó bajo la conducción de Monteoliva, pero que todavía exhibe fuertes señales de continuidad con la gestión anterior.

PL/MG

La avanzada del gobierno de Javier Milei para desregular la venta de tierra a extranjeros ya motoriza una fuerte manifestación en contra. Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición convocan a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará conseguir en el Senado los votos para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria empezó a circular en las bases apenas se confirmó la fecha y crece en paralelo al acuerdo que este jueves alcanzaron Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger para no perder votos en el recinto.

El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, fue una de las voces cantantes este viernes. Pidió en una entrevista radial “que el día del tratamiento haya una gran movilización”. “La presión social permea e influye en la decisión de los más especuladores”, dijo en diálogo con FutuRock. Desde el peronismo en Diputados la legisladora Cecilia Moreau (Unión por la Patria) comparó el reclamo con el sentimiento por Malvinas que dejó el Mundial: “El 6 de agosto todos y todas a las calles”.

Las dos CTA ya convocaron de manera formal bajo la consigna “por la tierra y el agua”, mientras la CGT, que desde principios de julio viene circulando documentos internos contra la ley (“nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, llevan como consigna), evalúa sumarse a la protesta.

El Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la UBA, mantiene desde el 25 de junio una recolección de firmas contra el proyecto que ya superó los 4.000 referentes de todo el país. En paralelo, espacios como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizaron para la próxima semana (del 27 al 31 de julio) una serie de acciones federales bajo el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, radios abiertas, banderazos antes de la movilización central del 6 de agosto al Congreso, bajo el hashtag #lasoberanianosenegocia.

El reclamo sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y un pronunciamiento del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

La fecha elegida para marchar no es casual: Bullrichse reunió ayer con Sturzenegger, y el secretario Alejandro Cacace, para destrabar las diferencias que habían obligado a aplazar por cuarta vez el debate del proyecto. El nudo era el artículo 25, que fija cuánto margen conservan las provincias para dictar sus propias reglas sobre la venta de tierras a extranjeros.

Sturzenegger había planteado objeciones desde el exterior la semana pasada, lo que sembró dudas entre los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para sumar votos. Tras el encuentro, Bullrich confirmó que se mantiene el texto acordado con los aliados y que la sesión será el 6 de agosto. La última versión del dictamen (la número 15) deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo, y elimina el artículo de silencio administrativo que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.

El proyecto —que Bullrich presenta como una forma de “salir de la era de Máximo Kirchner”— apunta a modificar en los hechos la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner. Esa norma fija un tope del 15% de tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, impide que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, prohíbe la compra de más de mil hectáreas en las zonas más fértiles del país y veda la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes, como el que compró el británico Joseph Lewis en Lago Escondido.

El Gobierno ya había intentado derogarla a fines de 2023 por el DNU 70/2023, pero una cautelar del Juzgado Federal N°4 de La Plata, confirmada después por la Cámara Federal platense a partir de un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de esa ciudad, la mantuvo vigente.

Ahora el intento llega por ley, dentro de una iniciativa más amplia —nueve artículos bajo el título “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— que además modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego, y que el Poder Ejecutivo negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

No todo el arco social está del mismo lado. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió este jueves a respaldar el proyecto de extranjerización: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, dijo desde el predio de Palermo, donde Milei irá el próximo domingo para inaugurar la feria rural.

Bullrich, por su parte, buscó matizar el reclamo soberanista distinguiendo entre personas y Estados: sostuvo que “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, pero que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera” adquirir un metro de suelo, una prohibición que quedó plasmada en el dictamen.

El resultado de la votación, de todos modos, sigue siendo incierto. La mayor duda está en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para que voten en contra del capítulo de venta de tierras a extranjeros. En ese escenario, la apuesta de quienes convocan a movilizarse el 6 de agosto es lograr que la presión de la calle termine de inclinar a los senadores que todavía dudan.

MC

El ministro de Desregulación, Federico Sturzengger, y la jefa del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunieron este miércoles en el Senado con vistas a relanzar el proyecto de Propiedad Privada luego de la sesión que debió levantarse la semana pasada, para pasar a un cuarto intermedio del 6 de agosto.

Según trascendió, ambos acordaron mantener los cambios que consensuaron entre los senadores libertarios y los dialoguistas, sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros, que generó rechazos en diferentes sectores de la población.

El proyecto impulsado por el Gobierno sufrió un traspié la semana pasada, lo que fue adjudicado al clima mundialistas, especialmente al triunfo sobre Inglaterra y el despliegue de la leyenda “las Malvinas son argentinas”, que generó un clima poco favorable para la venta de tierras a extranjeros.

Incluso, trascendió un duro cruce entre la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y Bullrich, ya que la primera había manifestado que no era “el momento” para semejante iniciativa.

Tras más de hora y media reunidos, se abordó cómo llegar al 6 de agosto, y que aún no están los votos para ser aprobada la polémica iniciativa, especialmente en aquellas provincias fronterizas, y por tanto la necesidad de “hacer concesiones” para destrabarlo. También se mencionaron a los dos representantes de Misiones, que hicieron caer el proyecto de Ficha Limpia.

En ese marco, la iniciativa ya tiene 15 borradores extra, pese a un dictamen firmado a fines de mayo pasado.

Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro aceptó las reformas incluidas en el proyecto sobre el tema tierras con lo cual “el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”.

Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posiblidad que puedan dictar sus propias normas.

La senadora confió que Sturzenegger “tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y, le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra”.

Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esa iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Además de la jefa de LLA y el ministro, estuvieron el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y asesores de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones que trabajaron el proyecto.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó este jueves la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”. La declaración llega el mismo día en que el Gobierno se reúne en Casa Rosada para terminar de definir la letra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa que habilitaría justamente ese tipo de operaciones y que ya fue postergada cuatro veces en el Senado.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo. La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto. La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.

Para bajar esa tensión y afinar el texto antes de la nueva sesión, este jueves por la tarde se reúnen en Casa Rosada Bullrich, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, los equipos de Sturzenegger, los presidentes de las comisiones en el Senado de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, y un legislador de los bloques federales que representa los reclamos de los gobernadores sobre el rol que deberían conservar las provincias en la regulación de la tierra.

En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”. El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.

Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada. Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.

Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.

MC

Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.

Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.

“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera.

Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.

Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.

El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:

“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.

El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.

En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).

El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.

“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind.

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales

La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.

“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.

De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.

En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.

Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.

El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.

En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.

Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.

“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes.

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?

El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.

En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.

A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.

Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.

Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.

Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.

En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.

La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.

“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”.

Veinticuatro horas después de la semifinal que revolucionó al país, el oficialismo abrirá el Senado para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que habilita la venta sin límites de las tierras nacionales a los extranjeros. Con el apoyo de los gobernadores y bloques aliados, que lograron introducir cambios al proyecto redactado por Federico Sturzenegger, el Gobierno buscará coronar la semana dandole media sanción a un proyecto que habilita los desalojos exprés para los inquilinos endeudados, flexibiliza la ley ambiental de Manejo del Fuego y elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

Será el tercer intento en lo que va del año. Boicoteada sistemáticamente por los coletazos generados por el caso Manuel Adorni, Patricia Bullrich volverá a intentar aprobar la iniciativa insignia de Sturzenegger. El primer intento fue hace un mes, en la misma sesión que el Senado aprobó el pliego de la candidata a jueza que Milei quiso vetar por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Y el último fue hace unas semanas, cuando la propia Bullrich dejó sin quórum para evitar la moción de censura contra Adorni y presionar, así, para que el Gobierno lo echara. Tres días después, Karina Milei le pidió la renuncia.

En esta ocasión, sin embargo, la prioridad del Gobierno es otra. Los números para aprobar el capítulo de extranjerización de la tierra están justos, y en el oficialismo se mueven con cautela porque están movidos por una urgencia. La urgencia tiene nombre propio: el pliego del juez Victor Pesino, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y tiene hasta entonces para conseguir que le aprueben el pliego para continuar cinco años en el cargo. Pesino viene de dejar sin efecto la cautelar que suspendía la reforma laboral y, a su vez, de intervenir uno de los sindicatos más combativos contra el Gobierno, la UOM.

El motivo del oficialismo para convocar la sesión en las vísperas del receso invernal es aprobar el pliego de Pesino, y la oposición apuesta a utilizarlo en su favor. Envalentonados por la victoria de Argentina sobre Inglaterra, el peronismo apuesta a voltear la sesión antes de que llegue el momento de tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El jefe de interbloque, José Mayans, viene conversando con algunos senadores más díscolos del radicalismo y de fuerzas provinciales con el objetivo de convencerlos de rechazar, al menos, el capítulo de extranjerización de las tierras.

“Estamos muy cerca de voltear el capítulo 3, pero dependemos de algunos radicales”, deslizó una senadora peronista que, hasta último momento, venía poroteando la sesión. El capítulo 3 es el que modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011 con el objetivo de poner límites a la venta ilimitada de tierras en el país, especialmente en zonas de recursos naturales o hídricas.

Bullrich negoció cambios hasta la semana pasada con el objetivo de conseguir los votos de algunos radicales, como Maxi Abad o Daniel Kroneberger. Habilitó límites para la venta de tierras a empresas con capital de estados extranjeros, así como dobles conformes –del Congreso Nacional y del gobernador– para las zonas de frontera. Pero la jefa del oficialismo no está segura aún de tener el número. Lo sabrá recién el jueves a la mañana, cuando los senadores que vienen de festejar el triunfo de la Argentina se sienten para dar quórum.

MCM/CRM

El oficialismo y sus aliados decidieron avanzar definitivamente con la aprobación del proyecto que endurece las penas para las falsas denuncias en casos de violencia de género. Esta iniciativa, que es impulsada por Carolina Losada, viene siendo cuestionada por organizaciones feministas y de derechos humanos por criminalizar a las mujeres que denuncian situaciones de violencia. Las críticas llevaron a que Patricia Bullrich durmiese el tema por unos meses, pero volvió a la carga: la jefa del oficialismo está decidida a hacer buena letra con los aliados para poder suspender las PASO y anunció que convocará a una sesión el 6 de agosto para aprobar el proyecto.

El proyecto de Losada aumenta las penas de dos delitos que ya existen en el Código Penal: el de denuncia falsa (art. 245) y el de falso testimonio (art. 275). Y lo hace partiendo de la hipótesis, muy difundida en los grupos antifeministas, de que existe una emergencia de falsas denuncias por violencia de género que amerita un endurecimiento de las penas para convertirlos en no excarcelables. “Las denuncias falsas arruinan vidas. Utilizan recursos del Estado para su investigación y las penas existentes hoy son, prácticamente, inexistentes”, argumentó Losada, durante el debate en comisión del Senado.

El rechazo generalizado que despertó la iniciativa, sin embargo, la obligó a cambiar los planes. La versión original fue redactada por Andrea Guacci, la esposa de Diego Guacci, el entrenador de la Selección femenina de fútbol que, en 2021, fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras. Proponía un aumento de las penas específicamente para las denuncias vinculadas a la violencia de género, abuso sexual y violencia contra las infancias, lo que despertó una oleada de advertencias de grupos de abogadas y de supervivientes que advertían que, de aprobarse, la iniciativa desincentivaría las denuncias por un tipo de delito que tiene un elevado subregistro.

En efecto, según datos oficiales, sólo el 18% de las víctimas de femicidio denunciaron previamente situaciones de violencia (Corte Suprema, 2024). Los delitos contra la integridad sexual, mientras tanto, son el delito violento menos reportado: solo el 12,5% de las víctimas lo denuncia (INDEC, Encuesta Nacional de Victimización, 2018).

Frente a estas impugnaciones, Losada y Bullrich negociaron modificaciones con el resto de los bloques aliados. El cambio más importante es que el aumento de las penas por falso testimonio y denuncia falsa no será ya solo para los casos de violencia de género, sino que se amplía para otros delitos. Según el borrador al que accedió eldiarioAR, en el caso de que la imputación hubiera sido sobre delitos dolosos graves o que tuviesen como víctimas a menores de edad, la pena será de 2 a 5 años de prisión. Y, si la denuncia hubiera derivado en la restricción judicial de “derechos de carácter patrimonial o familiar”, la pena será de 3 a 6 años de prisión.

El texto de la ley no lo dice, pero la última pena dialoga directamente con una de las narrativas que sostienen los grupos que hacen lobby contra las denuncias falsas: que son estrategias de las madres para separar a los padres de sus hijos. Un mecanismo que, según advirtieron durante las audiencias en el Senado muchas “madres protectoras”, suele utilizarse como estrategia discursiva en los juicios por abuso sexual infantil.

“Esta ley viene a consolidar algo que se da en las sombras. Porque en los expedientes los abogados vienen ya planteando, como estrategia judicial, que hicimos una falsa denuncia por despecho, por venganza o por un supuesto beneficio económico”, advierte, en diálogo con eldiarioAR, Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años. Y agrega: “Con esta ley tienen una herramienta valiosísima no solo para lograr la impunidad, sino también para vengarse y criminalizar a quienes han querido poner un límite y han denunciado”.

Estas advertencias permearon al interior del bloque radical y de los otros bloques aliados, que se resistieron a acompañar el proyecto original. Con los nuevos cambios, sin embargo, Losada espera poder conseguir el número a principios de agosto, que es cuando Bullrich se comprometió a llevar el tema al recinto.

La jefa del oficialismo en el Senado no es una gran defensora de la iniciativa en la intimidad, según advierten interlocutores de la oposición que intentaron convencerla para bajar el proyecto. Pero el escenario cambió con las nuevas modificaciones y con la aparición de una urgencia política más importante: la necesidad de hacer buena letra entre los radicales para conseguir sus votos para la suspensión de las PASO.

“Esto debería ser algo que se apruebe por unanimidad. Ojalá el kirchnerismo se decida acompañar porque afecta a mucha gente”, afirmaron desde el despacho de Losada.

Qué dicen los números oficiales

El argumento de Losada y las organizaciones que impulsan el proyecto parte de la premisa de que existe un aumento significativo de las denuncias falsas que, por un lado, le están arruinando la vida a las personas denunciadas –en su mayoría hombres– y que, por el otro, obturan el funcionamiento del Poder Judicial. Los datos oficiales, sin embargo, muestran lo contrario.

Según un informe realizado por el Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF), el delito de falsa denuncia es un “fenómeno marginal” que sólo explica el 0,09% del total de causas penales registradas. El relevamiento analizó más de ocho millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante los últimos tres años y concluyó que no existe un fenómeno criminal que justifique el endurecimiento de las penas. “La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal. El falso testimonio, aproximadamente una causa cada cuatro mil”, grafica.

“La instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas”, advirtieron, a través de un comunicado publicado en abril, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina.

El proyecto girará al recinto después de las vacaciones de invierno, cuando comience el verdadero debate por la eliminación de las PASO.

MCM/CRM

La discusión por la reforma electoral y la interna del peronismo bonaerense sumaron nuevos capítulos este jueves. Mientras la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, cuestionó el sistema de colectoras que negocia el Gobierno y admitió que no tiene los votos para avanzar con el proyecto, un referente de La Cámpora comparó al gobernador Axel Kicillof con el histórico gremialista Augusto Vandor, en medio de la tensión con Cristina Kirchner.

La Libertad Avanza quiere debatir en septiembre la reforma electoral en el Senado, pero no cuenta con los votos para eliminar las PASO ni para aprobar el mecanismo de colectoras que el oficialismo busca ofrecer a otros espacios a cambio de acompañar la reelección de Javier Milei. Bullrich admitió que “no están los votos” para sancionar el proyecto.

La senadora fue especialmente crítica con la alternativa que impulsa Casa Rosada: “Surgió la idea de las colectoras, que deforman el sistema electoral. Es retroceder y llevarse una parte de las PASO a la misma elección”, sostuvo al salir del Senado al hablar con periodistas acreditados del Congreso este miércoles por la noche. Bullrich remarcó que prefiere pelear por la eliminación directa de las primarias antes que discutir una suspensión, como reclaman varios partidos provinciales: “No sirve, necesitamos una solución de fondo”, rechazó.

En esa misma línea se pronunció el gobernador de Jujuy, el radical Carlos Sadir, quien se manifestó en contra de eliminar las PASO, aunque abrió la puerta a una nueva suspensión. “Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia. El mandatario jujeño confirmó además que mantuvo conversaciones sobre el tema con el jefe de Gabinete, Diego Santilli: “Hemos hablado bastante de ese tema, pero, obviamente, no hay una definición. Dependerá del Congreso”, señaló, y agregó que el debate “demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara”.

Se recalienta la interna peronista

En el plano de la interna peronista, el diputado provincial Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora y amigo de Máximo Kirchner, comparó implícitamente a Kicillof con Vandor, el gremialista de la UOM que en los años 60 impulsó un “peronismo sin Perón”. “Mis abuelos militaron la Resistencia Peronista creyendo y trabajando para que Perón vuelva. No para ver cómo encontraban una alternativa con Vandor”, dijo Tignanelli en Futurock, en referencia al armado de Kicillof con su espacio Movimiento Derecho al Futuro y su distanciamiento de Cristina Kirchner.

Desde el entorno del gobernador bonaerense calificaron la comparación como una chicana que “no busca construir, sino marcar una división tajante”.

La relación entre Máximo Kirchner y Kicillof está fracturada desde hace meses, en medio de ataques cruzados desde ambos entornos y de la militancia de La Cámpora por una nueva candidatura de Cristina Kirchner. La tensión se profundizó después de que Kicillof impulsara el desdoblamiento de las elecciones provinciales y la suspensión de las PASO en la provincia, medidas que el kirchnerismo interpretó como una estrategia para fortalecer su propio espacio.

Franco Oscari, joven campesino de 24 años oriundo de Palma Sola (Jujuy) e integrante de la organización Tierra Fértil, estuvo once días detenido por una presunta amenaza en Facebook a la senadora Patricia Bullrich. En un desproporcionado operativo policial, Oscari fue detenido por fuerzas federales en el paraje rural Las Goteras, a 200 kilómetros noreste de la capital jujeña. Estuvo incomunicado durante nueve horas y sufrió traslados injustificados por dependencias de la Policía Federal de Jujuy, Salta y Tucumán.

La causa la lleva el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Ariel Lijo. Quien ejecutó la orden de detención fue el Juzgado Federal de Jujuy N°1, a cargo de Esteban Eduardo Hansen y la Secretaría Penal N° 2, de Sebastián Galli, quien ordenó el allanamiento a la finca del departamento Santa Bárbara, donde detuvieron al joven campesino.

Las abogadas María José Castillo y Samanta Delgado confirmaron —este viernes 3 de julio al mediodía— que Oscari fue finalmente liberado, pero permanece procesado por decisión del porteño juez Ariel Lijo.

Los hechos

La “amenaza” investigada contra Patricia Bullrich se habría producido el 16 de abril de 2026 mediante un mensaje por Facebook donde se habría expresado: “Renunciá ya, sino te vamos a mandar a matar”. Lo que produjo la actuación del Ministerio de Seguridad de la Nación: “Al tomar conocimiento de lo sucedido, se alertó de inmediato al personal de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal que comenzó a realizar distintas tareas de campo para dar con el responsable”, expresaron oficialmente desde el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La detención se produjo el 23 de junio. A las 5 de la mañana.

“A las 12 del mediodía (del miércoles 1 de julio), luego de una audiencia, el juez Hansen resolvió el traslado inmediato de Franco”, manifestó Castillo. Y declaró que durante la audiencia pudo hacer contacto con Oscari y afirmó que “él está bien, está fuerte, quiere que lo dejen en libertad. Y confía que lo dejarán en libertad porque no hizo ningún hecho delictuoso”.

Que Oscari haya sido “paseado” por distintos calabozos de distintas provincias puso en alerta a familiares, allegados y organismos de derechos humanos del NOA, ya que se especulaba que la intención del juez Lijo era tenerlo detenido en la Ciudad de Buenos Aires, con todo el riesgo psicofísico que le hubiera implicado.

A su vez, como parte de la estrategia legal, las letradas que representan a Oscari, plantearon en primer término el pedido de incompetencia jurisdiccional de la causa ante el juzgado de Lijo, solicitando que se trate en los estrados federales con sede en Jujuy. Ese tema aun no fue contestado por la autoridad judicial de Comodoro Py.

¿Causalidades extractivas?

“Me considero ya un preso político”, expresó el joven campesino desde su detención, al momento de poder enviar dos videos al exterior y que circularon por las redes sociales. Franco Oscari se presenta como una persona de campo que se dedica a trabajar, “a defender mi soberanía alimentaria ambiental, tanto como a mi familia y a los que me rodean”. Confirmó que forma parte de la organización campesina Tierra Fértil, que pertenece al Movimiento Nacional Campesino Indígena ( MNCI-Vía Campesina) y es ex alumno de la Escuela Campesina del Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero).

“Fue de terror, lo apuntaron con el arma a él, a su esposa, a sus suegros. Lo tiraron al suelo, a las 5 de la mañana”, declararon los allegados de Oscari, a la periodista Elena Corvalán, al comentar el operativo de las fuerzas federales.Lo llamativo es que, por esos mismos días, un grupo de vecinos y referentes comunitarios de Palma Sola se reunieron para hacer una presentación ante el Juzgado Ambiental de Jujuy. Se trata de un amparo colectivo para frenar el proyecto minero de cobre “Martín Bronce” de la empresa MOM Mining (del grupo Villanueva, empresa de capitales jujeños que ya opera en dos proyectos mineros en la Puna: minas la Auxiliadora y Lupe). La denuncia remarca que el proyecto minero pone “en riesgo actual e inminente de daño ambiental sobre bosques, cursos de agua, biodiversidad y las actividades productivas de la población local”.

La presentación formal del amparo fue el viernes 17 de abril y llevó la firma de trece personas, entre quiénes está la madre de Franco Oscari, y cuenta con el patrocinio legal de las abogadas María José Castillo y Samanta Delgado.

En Jujuy muchos señalan la “coincidencia” entre las fechas de las reuniones y la organización para el reclamo ambiental de Palma Sola, la de la “amenaza” vía Facebook de un integrante del movimiento campesino, y el accionar desproporcionado, violento y a “control remoto” desde Comodoro Py.

El contexto es complejo: apenas seis días después del amparo ambiental, la jueza Mirta del Milagro Vega, del Juzgado Civil y Comercial de San Pedro dictó una sentencia para desalojar a dos familias de Las Goteras (paraje a 50 kilómetros al sureste de Palma Sola, donde detuvieron a Franco Oscari).

En declaraciones al diario digital Infoterritorial, Rufina Palma, integrante de las familias amenazas por el desalojo, expresó que “el 30 de abril pasado tres hombres vestidos de civil llegaron hasta su vivienda. La excusa fue la entrega de una notificación, pero el tono cambió cuando notaron que la familia registraba el encuentro”. Palma, agregó que uno de los hombres parecía llevar un arma y la camioneta tenía la patente tapada.

En el mismo sentido, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina) denunció que los desalojos estarían vinculados con intereses inmobiliarios y forestales. Tierra Fértil, que integra el MNCI, es una organización campesina que trabaja desde 2008 en la zona de Palma Sola, departamento Santa Bárbara, con la fuerte decisión de resistir al avance de la soja, la caña de azúcar y los desmontes; y en favor de preservar los bienes naturales, la vida y la formación de los productores originarios de la región y sobre todo la defensa de la soberanía alimentaria y los territorios.

Esperanza Pereyra, referenta del MNCI de las comunidades de Perilagos de El Carmen, afirmó que “la movida de la gente para detener a la minera (proyecto Martín Bronce) fue muy fuerte en Palma Sola”. Destacó que en la zona “se juntan los intentos de desalojo, uno de ellos en contra de la familia de los suegros de Franco Oscari, con el amparo que presentaron en abril”. Y conforma un clima complejo de convivencia entre los campesinos y las empresas.

Respecto a la detención de Oscari, Pereyra aseguró que desde el MNCI consideran que la acusación “no es causa para detención. La Justicia puede interpretar como ellos quieran las expresiones en las redes sociales, pero no es una causa que sea para resolver de esta forma. Seguimos haciendo presentaciones judiciales, pero sin entender por qué Franco fue privado de su libertad”.

“Se lo llevaron sin avisarle a sus abogadas, sin avisarnos a nosotros. Lo trataron como si fuera un monstruo”, dijo entre sollozos, Mabel Oscari Romano, mamá de Franco, en una entrevista con FM Sky de Perico y no pudo contener su angustia. Aún así, reafirmó ser parte del amparo judicial presentado en abril en defensa del territorio: “Soy una vecina más que está en contra de la mina porque acá vivimos de la tierra y tenemos problemas de agua”.

La detención del joven campesino de Palma Sola en Jujuy despertó una amplia y rápida red de apoyo y pedido por su liberación en diferentes puntos del país.

Además de la intervención de juristas y organizaciones de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Técnicos), Andhes (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales), el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; agrupaciones sindicales, sociales, campesinas y políticas de Jujuy; se conformó la Coordinadora por la Libertad de Franco Oscari, con referentes de Jujuy y el NOA. Personalidades públicas como Adolfo Pérez Esquivel, el fotógrafo Pablo Grillo y Sergio Maldonado expresaron en redes sociales en solidaridad con Franco y su familia, exigiendo su inmediata liberación.

Una “PYME” global

“Estamos en el radar global gracias a la producción de metales de transición”, dice en sus redes sociales la empresa Valerza, pata financiera del Grupo Villanueva, holding minero inmobiliario que lleva adelante el proyecto Martín Bronce en las serranías de Santa Bárbara.

“En Valerza te abrimos las puertas a la economía real a través de Martín Bronce, la única mina de cobre en producción del país”, declara desde Valerza, que desde fines de 2025 está en busca de inversionistas por diez millones de dólares para el primer fideicomiso financiero de desarrollo minero.

“Hoy operamos con extracción a cielo abierto y camiones 6x4, no con grandes flotas como las multinacionales. Somos una PYME y nuestro modelo es distinto”, manifestó Diego Zuliani, el gerente de MOM Mining, el brazo ejecutor de Villanueva en Martín Bronce ante el sitio Energy Report. La empresa informa que el fideicomiso de Villanueva/MOM/Valerza busca recursos en el mercado para “construir la planta de procesamiento con una tecnología propia, ampliar la capacidad de extracción hasta llegar a las 5.000 toneladas mensuales y financiar exploración adicional y extender la vida útil del proyecto”.

Zuliani admite que el predio de la mina es de 27 hectáreas, pero el área minera es de 6.000 hectáreas y que están en busca de certificación internacional de medición de recursos. “Con las perforaciones (que harán) se puede medir específicamente cuánto hay, no únicamente en Martín Bronce, sino toda el área, que se llama Palma Sola. Estamos muy contentos con el mineral y la situación, el cobre está de moda y hay mucho interés”, confirmó el empresario ante Energy Report a fines de 2025.

Zuliani confirma que para el crecimiento de la “PYME” jujeña van por el territorio de la región de Palma Sola, donde según el catastro minero de la Secretaría de Minería de Jujuy hay cerca de 70 áreas de minas concedidas, cateos y pedimentos mineros, donde los minerales buscados son cobre, cobalto, plata, oro, tierras raras y coltan, entre otros.

La mina Martín Bronce extrae el mineral y exporta vía el Paso de Jama. “Picamos con la piedra, lo procesamos, molemos, lo trituramos y lo ponemos en big bag (bolsones), y lo movemos así a Chile. Se lixivia, se concentra y se lo mezclan con chatarra, eso tiene así cemento de cobre que se llama. Y ese cemento de cobre es 80, 90% puro de cobre”, celebra el gerente Zuliani.

El proyecto minero está en el corazón de una región de alta sensibilidad ambiental, a 22 kilómetros de la Reserva Natural Las Lancitas y a 53 kilómetros del Parque Nacional Calilegua.

Empresarios y políticos

Carlos Villanueva —propietario de la empresa MOM Mining— llegó a Jujuy hace cuatro décadas desde Buenos Aires y junto a sus hijos dirige el grupo que empezó con obras civiles y desarrollos inmobiliarios, y hace una década pegó el salto hacia los servicios financieros, la minería y la energía.

En una provincia donde la actividad empresarial siempre estuvo ligada a las obras públicas con el Estado, el Grupo Villanueva tuvo un crecimiento notorio desde el cambio de gestión entre Eduardo Fellner y Gerardo Morales (2015). Una antigua sociedad bipartidista que —es un secreto a voces en ámbitos políticos— se dividieron la provincia en cargos, territorios, negocios y proyectos.

A través de MOM Mining y de la fuerte apuesta del gobierno radical (Morales 2015-2023 y Carlos Sadir 2023-2027) hacia las inversiones mineras, realzadas por al RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) entre otras legislaciones nacionales promovidas por Javier Milei; Villanueva se animó y entró al rubro con los proyectos Martín Bronce (cobre en Palma Sola), La Auxiliadora y Lupe (oro aluvional en Rinconada). Villanueva, con un esquema amplio de inversiones en diferentes rubros, acrecentó sus horizontes y también cuenta con la construcción del Hotel Amerian Jujuy (el edificio más alto de la provincia).

Bandera de los pueblos originarios (Wiphala).

Territorio y laboratorio

Así como en 2015 soplaron nuevos aires para el Grupo Villanueva, desde diciembre de 2015 en Jujuy comenzaron los nuevos avances de un método de control, represión y depredación de los derechos ciudadanos y los territorios.

Gerardo Morales, en alianza con el PRO de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, bajo los eslogan de “unión, paz y trabajo”, “Jujuy verde” y “Pachamama yo te cuido”, gobernó con mano dura durante ocho años promulgando leyes, decretos y una Reforma Constitucional (2023) que sostenía el plan de avance territorial sobre territorios comunitarios, exenciones a empresas extractivistas y la criminalización de opositores.

Con el nombramiento de jueces afines (amplió la cantidad de jueces del máximo tribunal de cinco a nueve, y de los cuatro nuevos tres eran ex diputados radicales) obtuvo el control del Poder Judicial y así persiguió y encarceló opositores, siendo cuestionado y observado por organismos nacionales e internacionales que describían a Jujuy como un “laboratorio de nuevas políticas represivas” y la ausencia del Estado de Derecho. La detención de la dirigente social Milagro Sala (que aún sigue detenida) fue el primero y uno de los más resonantes casos expuestos a nivel internacional.

Las órdenes de desalojos de comuneros se hicieron cotidianos en los pueblos Jujuy: Cueva del Inca Tilcara, Guerrero, Volcán, La Quiaca Vieja, Perilagos de El Carmen, Tusca Pacha en Palpalá y CiPaQui de Purmamarca, entre otros.

El estallido social y comunitario del 2023 en rechazo a la reforma constitucional puso de manifiesto las tensiones contenidas en casi una década de un Gobierno que hizo de la violencia un método institucional.

El territorio de la Puna jujeña, y en particular de las Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc como eje del triángulo regional del litio, lleva adelante una sostenida resistencia al avance extractivista por el cuidado de sus recursos naturales, cosmovisión y biodiversidad, cuyo principal sostén está en un litigio que está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que aún representa un bastión donde la política minera de la provincia no pudo avanzar a pesar de todas sus estrategias judiciales, administrativas, discursivas y represivas.

Redes sociales y un Poder Judicial cómplice

“Soy un soldado que está trabajando con Patricia, a quien conozco hace mucho tiempo”, dijo Gerardo Morales en septiembre de 2023, mientras aún era gobernador y formaba parte del Juntos por el Cambio que proponía a Bullrich como candidata a presidenta. Todavía Jujuy ardía por el “Jujeñazo” que mantuvo la provincia “dada vuelta” en las plazas y rutas, en el conflicto social más intenso que se recuerde en décadas y que resistía a la aplicación de la Reforma Constitucional, que entre otras cosas permitía el avance estatal sobre los territorios comunitarios.

En diciembre de 2023, dos ciudadanos jujeños —como miles en ese momento— comentaban en redes sociales acerca de un rumor sobre la vida matrimonial de Gerardo Morales. El 4 de enero de 2024, el Poder Judicial de Jujuy, con el fiscal Walter Rondón del Ministerio Público de la Acusación a la cabeza, detuvo a Nahuel Morandini y Roque Villegas, acusados de supuestas “lesiones psicológicas” por poner en duda la identidad de la hija menor del gobernador Gerardo Morales. Fueron apresados por publicar un tuit.

El caso tuvo repercusión nacional e internacional con la intervención de organizaciones de derechos humanos, juristas y distintos sectores sociales que cuestionaron el uso desmedido del derecho penal frente a opiniones en redes sociales. Los detenidos denunciaron vejaciones y torturas psicológicas dentro del penal, donde estuvieron 53 días presos.

A principios de este año, el Poder Judicial determinó que la querella no presentó las pruebas suficientes para la investigación y declaró “inadmisible” la acusación, aunque el trámite judicial aún no está cerrado.El accionar similar del Poder Judicial de Jujuy en ambos casos es otro punto que Morandini observa cómo método: “En ambos casos hubo activaciones veloces para encarcelar, las irregularidades en los procedimientos y la falta de repuesta a los reclamos de familiares y de las organizaciones que acompañan”.

En sentido similar a Gerardo Morales, Patricia Bullrich promovió denuncias y correspondientes detenciones sobre ciudadanos que la habrían amenazado por redes sociales en 2024 y 2025. Un caso se concretó en Orán (Salta), donde Clemente Rojas fue apresado por supuestas amenazas a la entonces Ministra de Seguridad. Y la segunda denuncia refiere a la aprensión de “L.L.G”. alias “Gaona”. Según el portal Infobae, habría amenazado a Bullrich, motivado por la represión que entonces sufrían los jubilados en la Plaza de Mayo. En esa causa también intervino el juez Ariel Lijo.

La minería en Jujuy: crímenes y contaminación

La minería industrial en Jujuy arrancó en la década del 1930 en la región de la Puna y tuvo entre sus primeras acciones el asesinato de Rafael Tauler, quien descubriera el yacimiento aurífero de Orosmayo (departamento Rinconada) en 1935, que luego pasó a ser explotado por la empresa Pichetti, donde el entonces gobernador Pérez Alisedo era socio.

Tauler, un minero español asentado en Jujuy que reclamaba como propio el derecho a la explotación, fue fusilado por policías contratados por la empresa que explotó oro, plata, estaño, zinc y plomo de la mina Pirquitas durante casi 60 años, y que cerró en la década del 90 con un grave pasivo ambiental y social en la zona.

Los habitantes de la puna jujeña no tuvieron opción de aceptar o rechazar el “progreso” de esa minería que se abría paso con dinamita en los cerros. Un proceso similar al que está empezando en Palma Sola con la extracción de cobre a cielo abierto. El saber popular olfatea que los pleitos y los males serían más comunes de lo deseado por estas tierras cuando las minas empiezan a ser objeto de la codicia de los poderosos: sea Pichetti ayer, o en el presente con las empresas Glencore (mina El Aguilar), Río Tinto (Arcadium Lithium en Olaroz) y también el Grupo Villanueva hoy.

Al cierre de esta nota, Franco Oscari fue liberado pero sigue procesado (por el juez Ariel Lijo). Estuvo once días preso, lejos de su familia, sus cultivos y su animales.

La empresa Villanueva y MOM Mining siguen publicitando sus emprendimientos de “desarrollo minero”. Patricia Bullrich y el gobierno nacional mantienen su interés para avanzar con la llamada “inviolabilidad de la propiedad privada” (para facilitar la venta de tierras a extranjeros) el Súper RIGI, leyes a medida de las corporaciones tecnológicas y extractivas.

Este artículo fue publicado originalmente en la agencia Tierra Viva

“Esta es la nueva normalidad que necesitábamos”, suspira, satisfecho, un peso pesado del PRO mientras escucha la conferencia de prensa de Adrián Ravier en la pantalla de LN+. El nuevo vocero está diciendo que el desembarco de Diego Santilli inaugura una nueva etapa del Gobierno y que la alianza con el PRO y la UCR es clave para avanzar con las reformas estructurales que necesita el país. A unos kilómetros, un representante de los gobernadores del Norte suspira y dice que, con Santilli en la Jefatura de Gabinete, la conversación con el Gobierno cambia de tono, que solo lo tienen que dejar ser. Que con esta nueva normalidad Javier Milei puede reelegir.

El Gobierno, fundamentalmente el ala que responde a Karina Milei, alimenta los rumores esperanzadores, los infla y los reproduce. Los gobernadores son los primeros en replicarlos, ya que conocen a Santilli hace años. Les agrada, a diferencia de Adorni, a quien no podían ni ver. “Llegó la casta”, resume, con maldad, una primera línea libertaria que se ganó el odio de los hermanos Milei.

Por fuera del ámbito de influencia de Karina, sin embargo, la épica oficial choca contra la realidad. El oficialismo no puede abrir las puertas del Congreso. Patricia Bullrich intentó sesionar en el Senado y no solo se chocó con la resistencia de Victoria Villarruel y el peronismo, sino con los aliados que, minutos antes, estaban celebrando la expulsión de Manuel Adorni. Intentó convocar una sesión para la semana próxima y los tres sectores –Villarruel, aliados, peronismo– le dijeron que era mejor esperar. Adorni ya no estaba, pero el Senado continúa resistiéndose a acomodarse a esta nueva normalidad.

Karina fijó dos prioridades para esta nueva etapa del Gobierno, la modificación del régimen de Zonas Frías y la reforma electoral, y ninguna de las iniciativas tiene aún los votos. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que Bullrich ya intentó aprobar tres veces y fracasó, sigue recibiendo modificaciones todos los días. Santilli se reunió el miércoles con los jefes de bloque aliados y pidió 15 días para organizar la discusión. No tuvo el recibimiento cálido que esperaba.

“Yo apuro para sesionar no tengo”, deslizó, indiferente, uno de los principales interlocutores del Gobierno en el Senado después de abandonar la reunión.

¿Terminó la crisis?

La imagen de Javier Milei recuperó casi ocho puntos de imagen positiva en el último mes, según la mayoría de las encuestas que circulan por los despachos de Casa Rosada y del peronismo. Después del derrumbe catastrófico de abril, que fue cuando se filtró el video de Adorni subiéndose un avión privado para viajar a Punta del Este, la imagen de Milei comenzó un proceso de recuperación. La expulsión de Adorni y la designación de Santilli, en ese sentido, apenas significaron un repunte de unos puntos.

“El Gobierno necesitaba hacer un corte, sobre todo por cómo la gente empezaba a narrar el Gobierno. Hubo un cisma: el Gobierno tuvo un antes y un después de Adorni. Hay algo de la esencia del Gobierno que cambió”, grafica la consultora Shila Vilker, directora de TresPuntoZero, quien señala que la designación de Santilli consolidó ese cambio de identidad: “El gobierno anti casta, el gobierno anti político se terminó. Ya no está el ADN básico de origen: hoy lo que queda es la política descarnada”.

Según el tracking mensual que elabora TresPuntoZero, la imagen del Gobierno alcanzó un pico de imagen positiva del 49% en noviembre, después de las elecciones, y se derrumbó en abril, cuando llegó a su piso del 33%. En los últimos meses, la imagen del Gobierno repuntó hasta llegar al 40%. Si bien hay unos 10 puntos que nunca recuperó, Vilker advierte que Milei está bien posicionado de cara a 2027: “El Gobierno está en un proceso de recuperación, Milei todavía tiene capacidad para decir algo del futuro”.

Pero hay algo más: la clave del repunte de la imagen de Milei, que es moderada en comparación a las expectativas que se esgrimen de Casa Rosada, radica menos en la percepción del Gobierno que en lo que hay del otro lado. Para la mayoría de los consultores, incluso los que trabajan con el peronismo, la mayor fortaleza del Presidente no es la imagen de Milei ni de su gestión –que tiene una percepción mayoritariamente negativa–, sino que no existe hoy una alternativa capaz de disputarle el poder en 2027.

“Vos tenés hoy que el 56% de las personas consultadas dice no estar de acuerdo con lo que dice Milei y que cree que hay una alternativa mejor. ¿Eso significa que pierde las elecciones? Bueno cuando te fijas qué hay en ese 56% te das cuenta que está disperso”, explica el consultor Raúl Timerman, director de La Sastrería, que advierte: “Hoy Milei no tiene con quien perder. No está construido todavía el espacio que le pueda ganar a Milei”.

Es la oposición, estúpido

En el Gobierno lo saben y es por eso que la prioridad de Santilli desde que asumió es la reforma electoral. Sin PASO y con el peronismo arrasado por una interna fraticida entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, las chances de ganar en primera vuelta crecen exponencialmente. Karina Milei ya no esconde su interés en cerrar acuerdos electorales en distintos distritos y apuesta a presentar un frente de derecha unificado alrededor de la imagen de Milei. “La única prioridad es la reelección de Javier”, repite, como un mantra, la hermana presidencial en todas las reuniones.

El peronismo, en cambio, coquetea con la ruptura. “Antes que quede Kicillof, el peronismo va en dos listas”, aseguró, la semana pasada, el novedoso lanzallamas de La Cámpora, Guillermo Moreno, quien pasó de decir que “los pibes de La Cámpora no saben laburar” a ocupar el primer lugar en el acto organizado por Máximo Kirchner en Parque Lezama. El cristinismo está en la búsqueda de un candidato que le permita desafiar a Kicillof, a quien ya han catalogado oficialmente de “traidor”, y está decidido a utilizar la bandera de “Cristina presidenta” para disputar el voto kirchnerista en la Provincia de Buenos Aires.

Frente a este escenario, hay otra figura que amenaza con lanzarse: Sergio Massa. El ex ministro de Economía, que no volvió a levantar el perfil desde que perdió el ballotage contra Milei, está decidido a comenzar a recorrer la Provincia de Buenos Aires una vez que finalice el Mundial. En su entorno están convencidos de que Massa tiene menos imagen negativa que Kicillof y Cristina y que, a su vez, los duplica en imagen neutra. Eso lo vuelve presidenciable.

“Esta es una elección que, como en Colombia o Perú, se decide por 50 mil votos. Gana quien logre convencer a ese sector del electorado del medio que no se inclina por los polos de izquierda o derecha”, explica un veterano consultor que trabaja, hace años, en las campañas del peronismo.

El peronismo comparte con el Gobierno que la clave de la elección será ganar en primera vuelta. Gana, explican en ambos lados de la grieta, quien consiga fracturar al adversario sin romper su propio electorado.

“El problema somos nosotros. Estamos en el mismo escenario que la elección del 23’: podemos ganar en primera vuelta si vamos unidos. Pero si vamos al ballotage, y se produce el summum de la polarización, ahí ya se abre otro escenario”, pronostica un peso pesado del peronismo bonaerense.

MCM/MG

“Me pediste tiempo, te di tiempo. Pero a este pibe el miércoles se lo cargan. Hay que resolverlo porque no sale nada”, se quejó Patricia Bullrich cuando Karina Milei la llamó el jueves para consultarle por qué había hecho caer la sesión del Senado. La conversación selló el final de Manuel Adorni: después de esa charla, la secretaria de la Presidencia puso en movimiento los engranajes para echar al jefe de Gabinete. Bullrich celebró esa decisión como si hubiera sido propia y Diego Santilli, quien aguardaba hace semanas la decisión, se supo un paso más cerca de la Gobernación bonaerense. Y también festejó. 

Karina Milei, Patricia Bullrich y Diego Santilli, los tres ganadores de la caída en desgracia de Adorni, están decididos a capitalizar la nueva etapa. Cada uno, a su manera, buscará instalar la idea de que el Gobierno recuperó el control de la agenda y que la energía política destinada a administrar la crisis estará puesta, a partir de ahora, en conseguir la reelección de Javier Milei. 

Karina fue la primera en mover las fichas. No solo tomó la decisión de expulsar a Adorni cuando su hermano, el Presidente, todavía estaba de viaje en Madrid, sino que se encargó de tener listo el nuevo organigrama de la Jefatura de Gabinete para cuando Milei arribara a la Argentina. La elección de Santilli respondió a una necesidad política, pero también personal: el “Colo” aprendió a construir una relación de confianza con la hermana presidencial casi desde el principio de la gestión libertaria, cuando algunos dirigentes del PRO todavía discutían cómo pararse frente a Milei o, como su socio político Cristian Ritondo, apostaban al caballo de Santiago Caputo. 

Santilli hizo carrera en La Libertad Avanza a base de estar disponible cada vez que el Gobierno necesitaba reemplazar a alguien. Así desembarcó en la elección bonaerense el año pasado, encabezando la lista de diputados nacionales cuando José Luis Espert tuvo que renunciar a raíz del escándalo desatado por su relación con Fred Machado. Un bombero político que se echó la campaña al hombro, ganó la elección y, cuando Guillermo Francos presentó su renuncia, fue ungido como ministro del Interior y pasó a participar de la mesa chica política.

La designación de Santilli es, en ese sentido, pragmática. Rosquero y entrador, el dirigente (¿PRO?) continuará cumpliendo con el rol de articulador político con los aliados y le sumará el desafío de tener que gestionar la administración cotidiana del Gabinete. Todo con la fantasía de que, al final del recorrido, llegue la bendición de la hermana presidencial para consagrarse como candidato a gobernador bonaerense de La Libertad Avanza. Conoce sus límites: las decisiones estratégicas continuarán siendo de Karina. 

La secretaria de la Presidencia, mientras tanto, apuesta a continuar ampliando su margen de influencia en el Congreso. En los últimos días, según admiten legisladores libertarios a eldiarioAR, la hermana presidencial pasó a integrar los grupos de WhatsApp oficiales de la Cámara de Diputados y el Senado. El motivo que esgrimió cuando la sumaron fue que querían invitarlos a todos el miércoles a una reunión en Casa Rosada.

La cita es a las 9.30 en el Salón de los Héroes de Malvinas, que antes se llamaba “de Pueblos Originarios”, en Casa de Gobierno. El objetivo es trazar las prioridades legislativas para lo que queda del año y reordenar la tropa luego de meses de desgaste por el escándalo de Adorni. Están invitados diputados y senadores y participarán también el resto de los integrantes de la mesa política, como Martín y Lule Menem, y el flamante vice jefe de Gabinete, Ignacio Devitt. 

Karina está decidida a terminar el año con la reforma electoral sancionada: es su único verdadero desafío legislativo. El Gobierno está decidido a eliminar –o, al menos, suspender– las PASO para las elecciones presidenciales de 2027, de modo de quitarle a la oposición una herramienta crucial para presentar una oferta electoral unificada. En medio de la guerra interna peronista, la suspensión de las primarias podría forzar una ruptura entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof y dividir el voto kirchnerista. 

Patricia hiperactiva

Patricia Bullrich fue la única dirigenta libertaria, además de Karina, que despidió a Adorni cuando el ex vocero presentó su carta de renuncia. En el resto del Gabinete no hubo agradecimientos ni deseos de buena suerte: la partida de Adorni cumplió con la máxima libertaria de que ningún funcionario abandona el gobierno de Milei en buenos términos. 

“La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, tuiteó la ex ministra de Seguridad, cinco minutos después de que Adorni publicase su carta de renuncia. La verduga se reía del degollado. En las horas previas a la oficialización de la salida de Adorni, el bullrichismo no disimulaba su orgullo, su excitación. “Si hay alguien que ha trabajado para que no viva fue Patricia, se festeja”, celebró un dirigente del riñón de la ex ministra. 

La senadora libertaria fue la primera en acusar a Adorni, en público, de ser un agente del caos en el Congreso. Se lo dijo, primero, a Milei y, luego, a su hermana. El primero no escuchó, pero la segunda sí, y fue esa conversación lo que terminó definiendo la partida de Adorni. Ahora, sin embargo, tendrá que mostrar resultados: si Adorni era el factor que obstaculizaba el funcionamiento del Senado, su partida tendría que liberarlo. 

Es por este motivo que, desde temprano a la mañana, Bullrich comenzó a contactarse con los senadores radicales, del PRO y de las fuerzas aliadas para activar una sesión este jueves. El objetivo es conseguir la revancha tras el fracaso de la sesión de la semana pasada, cuando Bullrich dejó la sesión sin quórum porque temía que la situación de Adorni complicara los números de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. 

Bullrich pretende volver a intentar tratar el proyecto redactado por Federico Sturzenegger, que elimina los límites para la venta de tierras a extranjeros y habilita desalojos exprés en 10 días en casos de mora en el pago del alquiler. El martes convocará a una reunión con aliados en el Senado para porotear la iniciativa, que comenzó a generar algunas resistencias en el bloque radical por uno de sus capítulos más polémicos. Es decir, el que habilita la extranjerización de las tierras. 

Numerosas organizaciones civiles están advirtiendo sobre las consecuencias de eliminar el tope del 15% para la venta de tierras nacionales a extranjeros, e incluso la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado advirtiendo que la ley “atenta contra la soberanía”. La oposición está trabajando con la Iglesia católica para voltear la iniciativa y calcula que, si logra torcer cinco votos radicales y de fuerzas provinciales, podrán rechazar el capítulo de la extranjerización de tierras. Bullrich observa lo mismo, y es por eso que, antes de sesionar, buscará tener el número asegurado.

MCM/CRM

La situación judicial del joven campesino jujeño Franco Matías Javier Oscari sumó un nuevo capítulo de polémica. La Justicia Federal rechazó su pedido de excarcelación y, en medio de un traslado que mantuvo durante varias horas sin información a su defensa y a sus familiares, finalmente ordenó que sea restituido a la provincia de Jujuy.

Oscari, integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), fue detenido durante la madrugada del 23 de junio en el paraje Las Goteras, departamento Santa Bárbara. Un importante operativo de la Policía Federal llegó hasta la vivienda donde vive junto a su familia y lo arrestó por orden del juez federal Ariel Lijo, quien interviene en una causa iniciada a partir de una denuncia presentada por la ex ministra de Seguridad y actual senadora Patricia Bullrich por presuntas amenazas.

Según sostienen sus defensoras, el origen de la causa sería una publicación realizada por Oscari en redes sociales con fuertes críticas hacia la dirigente política, aunque niegan que el contenido constituya una amenaza.

Tras permanecer alojado en la delegación de la Policía Federal en San Salvador de Jujuy, el joven fue llevado a audiencia de imputación. Allí, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa, pese a que sus abogadas remarcaron que posee arraigo familiar, laboral y territorial, además de no registrar antecedentes que permitan presumir riesgo de fuga.

Horas sin información

La situación se agravó cuando, luego de la audiencia, Oscari fue retirado de la sede policial para ser trasladado por vía terrestre hacia Buenos Aires. Durante varias horas, ni sus abogadas ni sus familiares pudieron conocer dónde se encontraba.

Ante la falta de información oficial, las defensoras Samanta Delgado y María José Castillo presentaron dos habeas corpus para exigir precisiones sobre su paradero. Recién horas después fueron notificadas de que el joven había llegado hasta Tucumán y que el traslado hacia la Capital Federal había quedado suspendido.

La oposición presentada por la defensa derivó finalmente en una resolución del juez Lijo para que Oscari sea restituido a Jujuy. Sus abogadas también anticiparon que se opondrán a un eventual alojamiento en una unidad penitenciaria federal, al considerar que aún no existe procesamiento que justifique esa medida.

Castillo señaló además que el joven atravesó el extenso traslado en un estado de profunda angustia y cuestionó que nunca se informaran oficialmente las razones del procedimiento ni el recorrido realizado.

Un contexto de conflicto territorial

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena sostienen que la detención no puede analizarse de manera aislada. La organización recordó que ocurrió apenas un día después de que la Justicia provincial suspendiera un desalojo que afectaba a familias campesinas de la zona.

Además, la madre de Oscari figura entre las personas que impulsaron un amparo ambiental contra un proyecto de explotación de cobre promovido por la empresa Mom Mining SRL en Palma Sola.

Para el movimiento campesino, ese contexto vuelve imprescindible analizar la actuación judicial con especial cuidado. La organización denunció que el joven desarrolla actividades rurales que constituyen el sustento económico de su familia, cuenta con domicilio conocido y arraigo en la comunidad, por lo que considera desproporcionada tanto la detención como la prisión preventiva.

Reclamos por las garantías

El caso generó fuertes cuestionamientos entre organizaciones sociales, campesinas y de derechos humanos, que reclaman la inmediata liberación de Oscari y el respeto de las garantías constitucionales.

Entre los principales cuestionamientos figura el despliegue de un operativo federal en una zona rural alejada para detener a un trabajador campesino acusado de un delito cuya eventual pena sería de cumplimiento condicional, además de la decisión de tramitar la causa desde un juzgado federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras la investigación continúa, las organizaciones que acompañan al joven sostienen que su libertad e integridad física y psicológica fueron vulneradas durante el procedimiento y exigen que la Justicia garantice el debido proceso, el derecho de defensa y una revisión de las medidas adoptadas.

CRM

Durante toda la semana la oposición intentó instalar una idea: que el Congreso podía convertirse en el ámbito donde comenzara a definirse el futuro político de Manuel Adorni. Este jueves, la Casa Rosada respondió con una demostración de fuerza. La sesión especial del Senado terminó sin quórum y el oficialismo consiguió, con ayuda de la oposición dialoguista, postergar una vez más la discusión sobre la interpelación y la eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete.

En Balcarce 50 no leyeron el resultado únicamente como una victoria parlamentaria. Lo interpretaron como un mensaje político. La continuidad de Adorni, repiten cerca del Presidente, no será resuelta por el Congreso sino por Javier y Karina Milei. “Los tiempos los manejamos nosotros”, sintetizó un importante funcionario del oficialismo en diálogo con elDiarioAR.

La maniobra comenzó a tomar forma minutos antes del inicio de la sesión. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, terminó de cerrar un entendimiento con la UCR y con los bloques provinciales para convocar el próximo martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzarán a discutirse los proyectos de interpelación presentados por el kirchnerismo y otros sectores de la oposición. La oferta resultó suficiente para desactivar la sesión de este jueves y trasladar la pelea a un terreno mucho más favorable para el oficialismo.

El movimiento no fue gratuito. A cambio de ganar tiempo para Adorni, el Gobierno resignó el tratamiento de uno de los proyectos que impulsaba para la sesión, el de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa que había quedado completamente eclipsada por la crisis política del jefe de Gabinete.

La apuesta, sin embargo, era otra. El oficialismo necesitaba impedir que el Senado fijara desde ahora una fecha para la comparecencia de Adorni y evitar que la oposición pudiera avanzar, apenas una semana después, hacia una eventual moción de censura. La convocatoria a comisión abre un nuevo plazo y, al mismo tiempo, fortalece la posición reglamentaria que impulsa la Casa Rosada: sin dictamen previo, cualquier intento de tratar el tema sobre tablas requerirá una mayoría de dos tercios.

Ese criterio quedó respaldado por los bloques dialoguistas con los que Bullrich reconstruyó una mayoría durante las últimas horas. Radicales, senadores de fuerzas provinciales y representantes de gobernadores que habitualmente colaboran con el oficialismo terminaron acompañando la estrategia dilatoria diseñada por la Casa Rosada. El kirchnerismo, que sostiene que alcanza con la mayoría absoluta prevista en el artículo 101 de la Constitución, quedó nuevamente en minoría.

Detrás de esa ingeniería volvió a aparecer Karina Milei. Después de varios días de versiones cruzadas sobre el manejo político del caso Adorni, la secretaria general de la Presidencia terminó imponiendo la estrategia que ya había funcionado en Diputados: evitar cualquier definición de fondo, trasladar el conflicto a las comisiones y convertir el procedimiento parlamentario en una herramienta para administrar el tiempo.

El protagonismo de Karina no pasó inadvertido ni siquiera dentro del propio oficialismo. El miércoles por la noche, mientras la Cámara de Diputados debatía el denominado Súper RIGI, la secretaria general apareció en uno de los palcos del recinto. Cuando los legisladores libertarios advirtieron su presencia comenzaron a cantar “Adorni no se va”. Ella respondió con una sonrisa y celebró el gesto. La escena fue interpretada por varios dirigentes como una señal política hacia adentro del Gobierno, en momentos en que todavía circulaban versiones sobre el futuro del jefe de Gabinete.

La imagen contrastó con la incertidumbre de apenas cuarenta y ocho horas antes, cuando Patricia Bullrich había anunciado que Adorni no concurriría al Senado para presentar su informe de gestión y el propio funcionario salió a desautorizarla a través de X. En la Casa Rosada sostienen ahora que aquella confusión quedó superada y que el mensaje definitivo fue el que terminó imponiéndose este jueves. El blindaje de Adorni es una decisión política del núcleo de poder que integran Javier y Karina Milei.

Eso no significa que el Gobierno considere cerrado el episodio. En Balcarce 50 reconocen que la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito seguirá condicionando al jefe de Gabinete y que el desgaste político difícilmente desaparezca en el corto plazo. Pero hacen una distinción que consideran central. Una cosa es el deterioro de un funcionario; otra muy distinta es quién administra su corrimiento.

La sesión frustrada dejó, según esa lectura, una enseñanza. La oposición puede instalar el debate, reunir firmas o intentar construir mayorías. Pero el oficialismo cree haber recuperado algo que durante varios días pareció perder: el control del calendario político. Y allí reside, probablemente, el principal mensaje que quiso enviar este jueves: el momento de su eventual salida no será decidido por una votación en el Senado. Será, insisten en la Casa Rosada, una decisión que tomarán exclusivamente los hermanos Milei.

PL/CRM

El Senado no sesionará este jueves por falta de quórum. Se iba a tratar un pedido de interpelación para el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sin dictamen de comisión y que el oficialismo, representando allí por su jefa de bloque, Patricia Bullrich, iba a buscar frenar. 

El próximo martes 1 de julio LLA abrirá la Comisión de Asuntos Constitucionales para darle curso natural a los proyectos para interpelar a Adorni. Hay uno del bloque peronista y otro del PRO, que presentó ayer el jefe de la bancada, Martín Goerling. 

De esta manera, el oficialismo no logra asomar la cabeza en la Cámara alta con su agenda. Tenía los votos para avanzar en Propiedad Privada y, como hace semanas atrás, ése tema deberá esperar hasta que se despeje el camino del funcionario nacional en esa arena política. 

Con solo 25 presentes registrados, de los bloques de la oposición dialoguista, aliados de LLA, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, dio por levantada “inmediatamente” la sesión al haberse cumplido el plazo de espera y no haber quórum.

Por su parte, los oficialistas que estaban dentro del recinto se mantuvieron de pie, a pedido de Bullrich, por lo que el peronismo decidió no acercarse a sabiendas de la imposibilidad de conseguir los números necesarios para arrancar la sesión.

Idas y vueltas

La escena duró apenas unos minutos, pero alcanzó para condensar buena parte de la desorientación que atraviesa el oficialismo. Patricia Bullrich había anunciado este martes que Manuel Adorni no concurriría al Senado el próximo 2 de julio para presentar su informe de gestión. Poco después, el propio jefe de Gabinete salió a desautorizar esa decisión a través de sus redes sociales y aseguró que estaba dispuesto a asistir. En el medio apareció, una vez más, la figura de Karina Milei, la dirigente más poderosa del Gobierno después del Presidente y, al mismo tiempo, la más difícil de descifrar en medio de la crisis política que rodea al funcionario.

El episodio marcó la antesala de una sesión que no fue, pero que el oficialismo observaba con máxima atención, en la que el kirchnerismo intentaba avanzar con un pedido de interpelación y una moción de censura contra Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito tras haber reconocido que mantuvo durante años una parte de sus ahorros fuera de sus declaraciones patrimoniales.

Tal como contaba Pedro Lacour en elDiarioAR, la controversia de horas atrás se desató cuando Bullrich, al salir de una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado, confirmó ante los medios la decisión tomada. La jefa del bloque oficialista explicó que se buscaba evitar una exposición política innecesaria y sostuvo que no tenía sentido que el jefe de Gabinete concurriera a una jornada que, según su mirada, terminaría convertida en un largo cuestionamiento público antes que en un intercambio institucional sobre la marcha del Gobierno.

La senadora también dejó trascender que la decisión había sido conversada y acordada con Karina Milei y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los funcionarios encargados de articular el vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso. Pero la estrategia duró poco.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional”, escribió Adorni en X. El tuit abrió más interrogantes de los que cerró. Si la suspensión había sido efectivamente acordada con Karina Milei, la reacción de Adorni equivalía a una desautorización pública de una decisión tomada en el núcleo político del Gobierno. Si, por el contrario, la secretaria general de la Presidencia nunca había avalado la medida, la situación dejaba expuesta una preocupante falta de coordinación entre algunos de los principales actores del oficialismo.

La secuencia volvió a poner en evidencia un dato que en la Casa Rosada ya nadie discute demasiado: el vínculo entre Bullrich y Adorni está roto. La presidenta del bloque libertario en el Senado fue una de las primeras dirigentes en cuestionar las explicaciones que el jefe de Gabinete dio sobre su situación patrimonial y, desde hace semanas, mantiene una posición distante respecto de su continuidad política. Sin embargo, durante las últimas horas, Bullrich logró consolidar un acuerdo con los bloques dialoguistas para modificar las condiciones necesarias para avanzar con una eventual interpelación.

El cambio no es menor. La semana pasada existía un entendimiento político para que el Senado definiera este jueves el futuro de Adorni. Ahora el oficialismo impulsó otra interpretación reglamentaria: al no existir dictamen de comisión, cualquier intento de habilitar una discusión sobre tablas requerirá una mayoría agravada de dos tercios de los presentes.

La oposición sostiene otra cosa. Interpreta que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece un procedimiento específico para los casos de moción de censura y remoción de un jefe de Gabinete y que, por lo tanto, alcanza con una mayoría absoluta de 37 senadores. El oficialismo, en cambio, entiende que primero deben respetarse las reglas generales del funcionamiento parlamentario, mientras pone a prueba su capacidad de reunir nuevamente a los bloques dialoguistas que en Diputados ya le permitieron evitar una sesión incómoda.

Más allá de la discusión jurídica, la estrategia es transparente. El Gobierno busca ganar tiempo, algo que este jueves consiguió cuando el kirchnerismo no consiguió su objetivo y el expediente pasó a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para intentar obtener dictamen y recién entonces regresar al recinto. Ese recorrido le garantiza semanas adicionales de oxígeno a un funcionario cuya situación política continúa deteriorándose.

La escena duró apenas unos minutos, pero alcanzó para condensar buena parte de la desorientación que atraviesa hoy el oficialismo. Patricia Bullrich anunció este martes que Manuel Adorni no concurriría al Senado el próximo 2 de julio para presentar su informe de gestión. Poco después, el propio jefe de Gabinete salió a desautorizar esa decisión a través de sus redes sociales y aseguró que estaba dispuesto a asistir. En el medio apareció, una vez más, la figura de Karina Milei, la dirigente más poderosa del Gobierno después del Presidente y, al mismo tiempo, la más difícil de descifrar en medio de la crisis política que rodea al funcionario.

El episodio ocurrió en la antesala de una sesión que el oficialismo observa con máxima atención. Este jueves, el kirchnerismo intentará avanzar con un pedido de interpelación y una moción de censura contra Adorni, investigado judicialmente por presunto enriquecimiento ilícito tras haber reconocido que mantuvo durante años una parte de sus ahorros fuera de sus declaraciones patrimoniales.

La controversia se desató cuando Bullrich, al salir de una reunión de Labor Parlamentaria en el Senado, confirmó ante los medios la decisión tomada. La jefa del bloque oficialista explicó que se buscaba evitar una exposición política innecesaria y sostuvo que no tenía sentido que el jefe de Gabinete concurriera a una jornada que, según su mirada, terminaría convertida en un largo cuestionamiento público antes que en un intercambio institucional sobre la marcha del Gobierno.

La senadora también dejó trascender que la decisión había sido conversada y acordada con Karina Milei y con el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, uno de los funcionarios encargados de articular el vínculo entre la Casa Rosada y el Congreso. Pero la estrategia duró poco.

“Estoy a disposición para presentarme el día 2 de Julio próximo al Honorable Senado de la Nación para brindar el informe de gestión como marca la Constitución Nacional”, escribió Adorni en X. El tuit abrió más interrogantes de los que cerró. Si la suspensión había sido efectivamente acordada con Karina Milei, la reacción de Adorni equivalía a una desautorización pública de una decisión tomada en el núcleo político del Gobierno. Si, por el contrario, la secretaria general de la Presidencia nunca había avalado la medida, la situación dejaba expuesta una preocupante falta de coordinación entre algunos de los principales actores del oficialismo.

La secuencia volvió a poner en evidencia un dato que en la Casa Rosada ya nadie discute demasiado: el vínculo entre Bullrich y Adorni está roto. La presidenta del bloque libertario en el Senado fue una de las primeras dirigentes en cuestionar las explicaciones que el jefe de Gabinete dio sobre su situación patrimonial y, desde hace semanas, mantiene una posición distante respecto de su continuidad política. Sin embargo, durante las últimas horas, Bullrich logró consolidar un acuerdo con los bloques dialoguistas para modificar las condiciones necesarias para avanzar con una eventual interpelación.

El cambio no es menor. La semana pasada existía un entendimiento político para que el Senado definiera este jueves el futuro de Adorni. Ahora el oficialismo impulsó otra interpretación reglamentaria: al no existir dictamen de comisión, cualquier intento de habilitar una discusión sobre tablas requerirá una mayoría agravada de dos tercios de los presentes.

La oposición sostiene otra cosa. Interpreta que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece un procedimiento específico para los casos de moción de censura y remoción de un jefe de Gabinete y que, por lo tanto, alcanza con una mayoría absoluta de 37 senadores. El oficialismo, en cambio, entiende que primero deben respetarse las reglas generales del funcionamiento parlamentario, mientras pone a prueba su capacidad de reunir nuevamente a los bloques dialoguistas que en Diputados ya le permitieron evitar una sesión incómoda.

Más allá de la discusión jurídica, la estrategia es transparente. El Gobierno busca ganar tiempo. Si el kirchnerismo no consigue su objetivo, el expediente deberá pasar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, obtener dictamen y recién entonces regresar al recinto. Ese recorrido le garantiza semanas adicionales de oxígeno a un funcionario cuya situación política continúa deteriorándose.

Desconcierto

La principal incógnita probablemente siga estando puertas adentro de la Casa Rosada. El enfrentamiento entre Bullrich y Adorni dejó de ser una novedad hace tiempo, pero lo que todavía nadie termina de comprender es cuál es la estrategia de Karina Milei. Si la secretaria general de la Presidencia avaló el movimiento de Bullrich, el mensaje de Adorni adquiere una dimensión inédita. Y si no lo hizo, el episodio deja al descubierto un nivel de improvisación que el Gobierno ya no consigue ocultar.

En las últimas horas comenzó a circular otra reconstrucción de los hechos dentro del oficialismo. Según esa versión, el tuit de Adorni no habría sido un gesto de autonomía ni una reacción improvisada, sino exactamente lo contrario: una intervención avalada por la hermana del Presidente para corregir un movimiento que Bullrich había realizado por cuenta propia.

La hipótesis encuentra sustento en lo que ocurrió durante las últimas 48 horas. La secretaria general de la Presidencia fue quien terminó ordenando la estrategia parlamentaria para blindar a Adorni. Primero en Diputados, donde su presidente, Martín Menem, logró frustrar una sesión destinada a emplazar las comisiones que debían tratar los proyectos de interpelación, y luego en el Senado, donde el oficialismo consiguió modificar las reglas de juego.

La nueva instrucción fue otra: replicar en la Cámara alta el mismo esquema que había funcionado en Diputados. Si la oposición quería avanzar contra Adorni sin dictamen, tendría que reunir dos tercios de los presentes, una cifra que el oficialismo considera prácticamente imposible de alcanzar. El movimiento volvió a exhibir otra dinámica consolidada: Karina Milei interviene poco, pero cuando lo hace sus decisiones rara vez son revisadas. El problema es que en esta oportunidad la señal llegó envuelta en una dosis adicional de confusión.

Este jueves, cuando el Senado abra sus puertas, la disputa encontrará una primera traducción numérica. El kirchnerismo necesitará reunir 48 votos para imponer su interpretación y avanzar con la interpelación sobre tablas, una meta que hoy aparece lejana. Pero la sesión también servirá para medir otra cosa: el alcance real del operativo blindaje que Karina Milei puso en marcha alrededor de Adorni.

A esta altura, la discusión ya no gira solamente alrededor del futuro del jefe de Gabinete. Lo que empezó a ponerse en juego es el método con el que se toman las decisiones dentro del Gobierno. Y las últimas horas dejaron una imagen difícil de ignorar: mientras Bullrich y Adorni exhiben una ruptura cada vez más explícita, es Karina Milei quien parece haberse reservado la última palabra. El problema es que nadie termina de saber cuándo está hablando ella, cuándo hablan en su nombre y cuándo unos y otros simplemente intentan interpretar sus silencios.

PL/CRM