El Senado sesiona este jueves con el objetivo declarado de convertir en ley la Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma del régimen de biocombustibles, pero el temario oficial quedó relegado a un segundo plano en el inicio del debate. El oficialismo llegó al recinto con 37 legisladores propios y debió salir a buscar el respaldo de bloques provinciales y federales para garantizar el quórum, en una jornada que comenzó dominada por los reclamos de la oposición contra los recortes en discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027.

El senador de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro fue el más duro. Vinculó los cambios que el Gobierno impulsa sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad con el articulado del nuevo Presupuesto y acusó al Ejecutivo de desentenderse del problema: “El Gobierno desconoce la Emergencia en Discapacidad, la veta y el Congreso vuelve a insistir. Parece que el presidente Javier Milei disfruta ver sufrir a los más vulnerables”, lanzó. También apuntó contra la lógica de ajuste familiar que, dijo, el oficialismo pretende trasladar a los hogares con una persona con discapacidad a cargo: “Los discapacitados dependen de la ayuda del resto de la sociedad. Es imposible que el pluriempleo pueda sostener a un hijo o a un miembro de la familia que necesita ayuda.”

A los cuestionamientos por discapacidad se sumaron las críticas del kirchnerismo por el endeudamiento de las familias argentinas. La senadora Alicia Kirchner advirtió sobre lo que definió como “usura social” y describió un escenario de “precariedad y abandono” que, sostuvo, alcanza a una gran mayoría de la población. La legisladora señaló que buena parte de las familias recurrió al crédito para sostener el consumo básico y que ese fenómeno quedó legitimado por la falta de respuestas del Estado.

El trasfondo de los reclamos tiene nombre y artículo: el 39 del proyecto de Presupuesto 2027, que habilitaría la eliminación del nomenclador nacional de discapacidad, el instrumento que fija valores de referencia uniformes para tratamientos, traslados y prestaciones en todo el país. Sin esa regulación unificada, los montos quedarían sujetos a negociaciones individuales con cada obra social, con el riesgo de que la diferencia termine cayendo sobre las familias.

La incomodidad no quedó circunscripta a la oposición. La propia jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció públicamente que ni ella ni el resto de la Mesa Política habían sido informados de los cambios en discapacidad que terminaron incorporados al Presupuesto. “A mí me sorprendió porque, estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz. No nos enteramos, es la verdad”, admitió en radio Rivadavia, y reconoció que ese tipo de desprolijidades “resiente un poco las relaciones” dentro del espacio libertario.

El episodio se inscribe en una tensión que el Gobierno viene arrastrando desde hace meses. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue vetada por Javier Milei en 2025 y el Congreso insistió con su sanción, convirtiéndola en la Ley 27.793. Desde entonces, sucesivos intentos oficiales de introducir modificaciones —incluida una propuesta del ministro de Salud, Mario Lugones, en abril— reavivaron el conflicto con los aliados legislativos y con el sector de prestadores, que denuncia pagos demorados de hasta 90 días y familias que abandonan coberturas por la crisis económica.

Más allá del ruido por discapacidad y endeudamiento, el Senado busca avanzar este jueves con el resto de un temario cargado: además de convertir en ley la Inocencia Fiscal II y avanzar con la reforma del régimen de biocombustibles, está en el temario el traspaso de competencias penales a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, la incorporación del Parque Nacional Monte León y una serie de pliegos judiciales, entre ellos las designaciones para tribunales en materia de delitos económicos. En cambio, quedó nuevamente postergado el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos que el oficialismo negocia con los bloques dialoguistas y que todavía no logró destrabar.

La Libertad Avanza decidió volver a arremeter contra el sistema de prestaciones y pensiones de las personas con discapacidad. En el proyecto del Presupuesto 2027, el Gobierno no solo elimina las compensaciones y las actualizaciones obligatorias, sino que barre con todo el sistema de prestaciones que venía funcionando desde los '90 y dinamitó la red de alianzas que había comenzado a tejer el oficialismo. 

La jefa de senadores oficialistas, Patrici Bullrich, se quejó este jueves de la manera en que se enteró de las modificaciones al leer el texto y aseguró estar “sorprendida”. “Estando en la Mesa Política, el tema no salió a la luz. Y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la Ley de Discapacidad que no eran conocidos. Sí se estaba discutiendo ya el tema en Diputados y había habido un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición para discutirlos de determinada manera”, relató la exministra de Seguridad.

“Yo digo la verdad. No nos enteramos (de los cambios en Discapacidad). Eso es un tema, porque cuando uno es jefe de una bancada y no se entera exactamente cómo van a venir las cosas, más estando en esa mesa, que es donde se discuten las cosas, uno llega después al Congreso y te dicen ‘nos estás engañando’… y tenés que decir ‘yo no sabía’ y quedás como un tonto o como que los engañaste. Entonces eso resiente un poco las relaciones y es bueno que nosotros corrijamos esos problemas”, advirtió la legisladora en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Veremos qué es lo que manda Diputados a Senado. Nosotros somos revisores en el caso del Presupuesto, así que esperaremos a ver qué nos llega a los senadores porque parece que está bastante peliaguda la discusión”, concluyó.

Horas antes, las bullrichistas Silvana Giudici y Laura Rodríguez Machado, ex PRO devenidas en libertarias furibundas, ya habían revelado públicamente que se enteraron del contenido del Presupuesto al mismo tiempo que la oposición, el martes a las 11 de la noche. Hace una semana que las dos diputadas venían trabajando en un dictamen de consenso con los gobernadores sobre el tema de discapacidad: el objetivo era evitar una séptima derrota en el Congreso y acordar una misma iniciativa con los aliados. En una noche, esa estrategia se cayó a pedazos. 

En el mismo sentido, un aliado del Gobierno, que la noche anterior había llegado a un acuerdo con Giudici y Rodríguez Machado, también se quejó: “Está todo prendido fuego, y lo peor es que ni cuidan a sus diputados”. La idea de libertarios y senadores cercanos al oficialismo era presentar un dictamen de “consenso” que incluyera algunos puntos de la ley de emergencia en discapacidad –como la actualización obligatoria del nomenclador de las prestaciones (que son los aranceles que las prepagas y obras sociales están obligadas a pagarles a los profesionales de salud por los tratamientos)– y restringiera, en cambio, los requisitos para poder acceder a una pensión. 

El borrador ya estaba redactado y el oficialismo estaba trabajando en conseguir las firmas suficientes para presentarlo como dictamen de mayoría en el recinto. La Casa Rosada, en cambio, tenía otros planes: en un cortocircuito insólito, que ni el propio bloque libertario pudo justificar, el Gobierno decidió barrer con todos los acuerdos que habían negociado sus espadas legislativas. 

Los chispazos entre la estrategia de Casa Rosada y la del bloque libertario en el Congreso también quedaron expuestos en medio de la reunión de la comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. 

“Queremos discutir las necesidades del sector vulnerable que son las personas con discapacidad. Hay división de poderes en nuestro país. El Congreso tiene un tiempo suficientemente largo como para tratar luego el Presupuesto y debatir las mejores condiciones”, atinó a justificar Giudici, al comienzo del debate. Se escucharon risas: todos sabían que la diputada del oficialismo se había enterado, como todos, del contenido del Presupuesto a último momento. Su propio Gobierno la había dejado expuesta.

En el despacho de Martín Menem tampoco podían dar explicaciones. El propio riojano les había prometido a los diputados de Salta, San Juan y Misiones que el Gobierno presentaría un proyecto “superador” sobre el tema de discapacidad que no iría en contra de los derechos adquiridos con la ley de emergencia en discapacidad. Los aliados no le creyeron y dieron quórum igual a la sesión opositora, pero la promesa se mantuvo: el objetivo era evitar que la oposición consiguiera los votos para prorrogar por un año la emergencia en discapacidad. 

De acuerdo a la información publicada este miércoles por elDiarioAR, los aliados sospechan de una interna del Gobierno: el ministro de Salud, Mario Lugones, que responde a Santiago Caputo, había logrado introducir su iniciativa –que ya había intentado impulsar, sin éxito, en el Senado– yendo en contra de las negociaciones encaradas por los Menem, sus rivales internos. En el menemismo, en cambio, lo niegan, y dejan entrever algo peor: un problema de descoordinación interna. 

“Los tiempos parlamentarios son distintos a los del Gobierno”, atinaron a responder cerca del riojano. Insistieron en que se continuaría trabajando en paralelo a la presentación del Presupuesto, como si nada hubiera pasado. Pero el cortocircuito había quedado expuesto. Y el malhumor generado amenaza con generar una nueva derrota legislativa al Gobierno dentro de dos semanas, cuando el tema llegue al recinto.

Más recortes en Discapacidad

El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.

El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.

El Gobierno profundiza su ataque al sector de discapacidad a partir de la letra chica del Presupuesto 2027. El mismo día en que se retoma en Diputados un plenario de comisiones para avanzar con la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Poder Ejecutivo incluyó en su proyecto de gastos para el próximo año artículos para derogar y reescribir buena parte de esa misma ley.

El artículo 41 del proyecto deroga directamente los artículos 5°, 8°, 9° y 14 de la Ley 27.793, la norma de Emergencia en Discapacidad que el Congreso le había aprobado a Milei en 2025. El artículo 5° es el que define a la persona con discapacidad remitiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 8° garantiza a quienes cobran la Pensión No Contributiva por Discapacidad la cobertura de salud y las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901. El artículo 9° dispone la conversión automática de pensiones no contributivas anteriores en Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social. Y el artículo 14° es el que había incorporado el artículo 7° bis a la Ley 24.901, estableciendo que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas fueran iguales para todos los obligados a brindar cobertura —obras sociales, prepagas y Estado— y se actualizaran automáticamente por el índice de movilidad jubilatoria.

Un negociador clave de Casa Rosada plantea la idea como un ejercicio teórico, hoy indecible en las inmediaciones de los Hermanos Milei: una primaria dentro de la alianza oficialista podría servir para apuntalar la candidatura a la reelección.

No es un escenario que esté sobre la mesa de negociaciones con probables aliados, ni el más deseable para la ultraderecha, pero la fuente, transmite una lógica que describe como “realista”.

Ocurre que la anulación de las primarias abiertas, simultáneas s obligatorias (PASO), como pretende el Ejecutivo, está lejos de tener el camino allanado en el Congreso. La moneda está en el aire, los antecedentes juegan a favor de conseguir a algún imitador del senador Kueider dispuesto a dejarse convencer, pero nadie puede asegurar un resultado favorable para el objetivo de los Milei.

A la resistencia del peronismo y la izquierda, que supuestamente serían los más perjudicados por una reforma tendiente a atomizar la oferta opositora y dar rienda suelta a la privatización total del financiamiento de las campañas, se suma la de algunos dirigentes de la UCR, el PRO y algún partido provincial. Los socios del oficialismo temen ser borrados del mapa por La Libertad Avanza (LLA) si se va directamente a la primera vuelta, sin primarias. En el mejor de los casos, podrían quedar recluidos a gobiernos locales, sin peso nacional.   

Siempre en el plano teórico, la fuente razona que un Milei con un nivel de aprobación personal en torno a 35%, con tendencia a la baja, y un apoyo al gobierno algo superior, enfrenta demasiados riesgos si acude a la cita de las primarias de dentro de un año como nombre único de la boleta oficialista y un desgaste marcado por la economía.

En el Palacio de Hacienda ya rebajan la previsión de Caputo a un pasaje árido hasta el último bimestre del año, con un hipotético repunte en 2027, que —admiten— no será nada del otro mundo

El pronóstico de los mejores 18 meses de la historia anunciado por Luis Caputo en abril compite por quedar como una frase antológica del estilo “hay que pasar el invierno” de Alsogaray, “qué lindo es dar buenas noticias” de De la Rúa, “los brotes verdes” de Macri. Las caídas interanuales de 5% en la industria y la construcción aceleraron la percepción de que el país se metió en una recesión que afecta todo, menos Vaca Muerta, el agronegocio y las finanzas. Aparecieron economistas y comunicadores imbuidos de fe mileísta que piden aflojar el dogma. Vislumbran que, con el deterioro acelerado del mercado laboral, las estadísticas retorcidas de Milei y Federico Sturzenegger no sirven para mucho.

En el Palacio de Hacienda ya rebajan la previsión de Caputo a un pasaje árido hasta el último bimestre del año, con un hipotético repunte en 2027, que —admiten— no será nada del otro mundo. El propio Caputo dejó de repetir aquel anuncio rimbombante incluso ante los sets amigables que le preparan en LN+ o en la Universidad Di Tella. Mantiene la sorna, se ancla en que “la gente se dio cuenta”, les pide a sus admiradores que insten a sus padres a sacar los dólares del colchón, pero de los 18 meses fantásticos, ni noticias.

La fuente —siempre en el plano teórico— razona que un Milei con lo propio, “con un piso similar superior al 30% que obtuvo en las PASO de 2023”, más lo que pueda aportar dentro de la primaria de LLA y aliados una postulación menos insultante, menos negadora del estancamiento, podría ganar competitividad para la primera vuelta.

Así, las PASO actuarían como un reaseguro. “No sólo aumentás el volumen frente a una primaria peronista que puede estar más entretenida, sino que bloqueás aventuras por afuera que nos podrían costar caro”, indica el teórico oficialista, que en su fase práctica se suma al objetivo urgente pero improbable de eliminar las primarias.

Convencer al Soez, contener a Patricia

Otra fuente de primer orden del gobierno descarta toda posibilidad de primarias entre Milei y un aliado. “El gobierno va a eliminar las PASO, y si no lo hace porque la política juega en contra, Milei va solo. Jamás habría una PASO en el oficialismo”.

Hasta ahora, una eventual primaria oficialista no formó parte de las discusiones bimensuales LLA-PRO entre Diego Santilli, Eduardo Menem, Martín Menem, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis en Casa Rosada. Ante un cambio de criterio, de ese grupo —al que se sumó Karina Milei esta semana— tendrán que salir argumentadores capaces de convencer a la singular psiquis del Soez de que “el mejor Presidente de la historia”, “el domador de mandriles”, el impartidor de “masterclasses” se queda sin nafta y necesita de alguna alquimia innovadora.  

Mientras el proyecto de eliminación de las PASO mantenga vida en el Senado, el foco estará puesto allí. ¿Patricia Bullrich da todo de sí para lograr el objetivo?

Por algún motivo, la Hermana intuye que la senadora —cada vez más explícita en sus matices y “preocupación por la velocidad, para que el crecimiento llegue a los hogares”— no termina de sumarse al clamor anti-PASO.

Acaso tanto Karina como Patricia barajan que el escenario virtuoso de una primaria que “aumentaría el volumen” de la boleta oficialista podría transformarse en un enorme riesgo para Javier. Aquella “terrorista que ponía bombas en jardines de infantes” atacada por el ultra en 2023 sabría cómo protagonizar su enésima reinvención hacia la opositora interna capaz de quedarse con todo, para entusiasmo del círculo rojo.

Mientras el proyecto de eliminación de las PASO mantenga vida en el Senado, el foco estará puesto allí. ¿Patricia Bullrich da todo de sí para lograr el objetivo?

Hay una explicación menos grandilocuente sobre la trabazón en la cámara alta. “Karina se sumó al whatsapp de los senadores y eso a Patricia le embola un montón. Patricia puede no estar poniendo toda su energía para mostrarle a Karina que la necesitan”, razona una voz conocedora de esa relación.

Subyace una pregunta de fondo. ¿La Patricia que se permite hablar como disidente, casi como una opositora amigable que critica, pero banca, obedece a una estrategia coordinada con los Milei como carta “catch all” de la derecha, o los Milei filtran esa versión de alta política porque no están en condiciones de frenarla, menos ahora que la senadora tiene banca hasta 2031 sin depender de nadie?

“Sepia”, pero convocante

La cumbre peronista en el Hotel Emperador en agosto fue presentada como la primera de varias, a la que se sumarían eventualmente mujeres, ya que fue 100% masculina. La cita en el hotel de Retiro reunió a los jefes parlamentarios, los gobernadores opositores y los líderes de espacios internos (Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa) y habilitó la idea de una estrategia conjunta, porque “hay 2027”, en rememoración de aquel “hay 2019” de Alberto Rodríguez Saá que activó las máquinas para llegar al Frente de Todos.

Un mes después, no hay nueva cita en ciernes y el único acuerdo vigente es la resistencia conjunta a la derogación de las PASO.

Kicillof viajó el miércoles a Misiones, territorio de un partido provincial aliado del peronismo que jugó como oficialista de Milei desde diciembre de 2023. Esa provincia norteña, entre las más perjudicadas por el esquema económico libertario medido en empleos destruidos y recursos del Estado, transita la mayor novedad política en dos décadas: el fin del imperio de Carlos Rovira, informado en detalle en este diario por Pedro Lacour. El gobernador, Hugo Passalacqua, movió fichas en el momento adecuado y lo que parecía una fortaleza feudal se desmoronó como un castillo de naipes.

En pleno plan de emancipación, Passalacqua pasó de aplaudir un insulto de Milei a los opositores y un vaticinio de reelección asegurada el 4 de septiembre, en Puerto Iguazú, a recibir a Kicillof con máxima visibilidad cinco días más tarde como no hizo ningún gobernador en las excursiones del mandatario bonaerense en su proyecto de candidato a la Presidencia.

Al cabo de una jornada intensa, Kicillof encabezó un concurrido acto callejero frente a la sede del PJ de Misiones, poco más que un mero sello en los años de Rovira. Al gobernador bonaerense, sus críticos lo denuestan por tener formas y discurso “color sepia”. Si Kicillof hace política a la antigua, demostró capacidad de congregar un miércoles cualquiera de septiembre, bien entrada la noche, a una manifestación numerosa en una provincia difícil. Cabe preguntarse si hay otro político peronista —además de Cristina— que hoy demuestre el activo la convocatoria, con su sola presencia, para escucharlo hablar.

Kicillof mantendrá visitas a provincias como candidato presidencial no declarado, pero no explicitará la postulación hasta marzo de 2027. “Cuando fue candidato a gobernador, recorrió la provincia en el Clío —de su amigo y alfil político Carlos Bianco—, fortaleció el contacto personal y pasó por el costado a las internas. Ahora hace lo mismo, pero como figura nacional, dos veces electo gobernador. A cada lugar que vamos, nos encontramos con una fuerza que demuestra que el peronismo está apunto de comenzar una nueva etapa”, describe un integrante del gabinete bonaerense. La última opción que transmite Kicillof es sellar un acuerdo con los Kirchnero o Massa que reparta la vicepresidencia, cabezas legislativas y la candidatura a gobernador de la Provincia de Buenos Aires a cambio de sellar “listas de unidad” bajo su postulación a la presidencia.

“Todo lo que hacen Máximo y Massa es para quedarse con la Provincia. Creen que se gana con cualquiera, y es lo opuesto de lo que pensamos nosotros”, dice otra voz cercana al despacho de La Plata. “No negociamos de esa manera. Hace dos años que construimos para resistir que nos armen las listas el último día antes de la inscripción”, agrega.

El grado de desconfianza de Kicillof hacia Cristina y Máximo lleva a su entorno a pensar que los “outsiders” que aparecen en el firmamento, con los empresarios Daniel Hadad, Jorge Brito y Dante Gebel a la cabeza, son ensayos para probar si alguno prende o, sobre todo, diluir el nombre de Kicillof entre varios, para que la expresidenta recupere el pulso como gran electora. Ninguno de los nombrados, más cercanos a la política económica de Milei que a la de Cristina o Kicillof, se muestra propenso a postularse bajo la unción de la exmandataria.

San José 1111 va a jugar a ganar o, como previenen en el kicillofismo, a hacer daño. El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es una carta que suena, pero nadie en La Cámpora excluye ir “con uno nuestro”. ¿Quién? “No va a ser nadie testimonial, Cristina no piensa así”.

Si se habla de 2027, corresponde enumerar los mundos que habitan bajo el nombre de Massa. Massa es Massa, el esposo de Malena, el yerno de Moria, el padre de una egresada de la Universidad de San Martín, el ucedeísta que se transformó en peronista y va a las marchas del 24 de marzo, el odiado por Mauricio Macri, el jefe del voluble Frente Renovador, el exintendente de Tigre o el “político que mejor conoce el Estado” que definen los propios. Pero también, el que maneja terminales en la Embajada de Estados Unidos, el tiene llegada a Wall Street, el amigo de Jorge Brito, Daniel Vila, Alejandro Bulgheroni y Francisco de Narváez —ganadores por excelencia del plan Milei—, el que tejió un swap con el gobierno chino, el que financió y les llenó las listas a Milei, el que calla ante las acusaciones de que orquestó un sistema de coimas para destrabar dólares bajo las restricciones de 2023 o el asesor de Greylock Capital.

Massa es todo eso, pero para la memoria colectiva más reciente, es antes que nada el ministro de Economía que entregó la silla con 211% de inflación anual. Tras cartón, se guardó tres años y ni siquiera atinó a explicar que una parte de ese 211% se explica por la irresponsabilidad de un rival como Milei que llamaba en plena campaña a comprar dólares y desprenderse del “excremento” peso.

Hay más significados de Massa, muy presentes en el cuadro político de hoy. Dejan trascender que es el mediador entre Cristina y Kicillof, como antes lo fue entre Cristina y Alberto Fernández, y eso lo condujo a inscribir su candidatura presidencial minutos antes del cierre.

Esta semana, el exministro se dejó ver en un homenaje en CABA a José Manuel de la Sota y sumó fotos para su Instagram muteado. Se saludó con alguien que resultaría decisivo hace tres años para la victoria de Milei, el exgobernador de Córdoba Juan Schiaretti.

En simultáneo, circula la explicación en el cristinismo de que Massa puso el cuerpo en el tramo final del gobierno del Frente de Todos y que, a diferencia de Kicillof, fue “leal” a Cristina ante la sentencia a prisión.

Sentencia que —cabe recordar— Massa vaticinó que llegaría, en tiempos de enemistad, años atrás.

SL

slacunza@eldiarioar.com

Diego Santilli sentó a Luis Caputo en la mesa de negociaciones y destrabó el acuerdo con los gobernadores del Norte para avanzar con la reforma del régimen de zonas frías. El ministro de Economía se comprometió a avanzar con lo prometido hace tres meses, cuando el Gobierno aprobó en Diputados el proyecto que reduce los subsidios al gas gracias al apoyo de los gobernadores norteños. Es decir: avanzar con una resolución que aumente los topes para los subsidios a la electricidad en las provincias del Norte.

La cumbre de los gobernadores con Caputo, Santilli y los cuadros técnicos de Energía se extendió hasta entrada la noche del martes en el Ministerio de Economía. A la salida, el jefe de Gabinete celebró haber cerrado un “acuerdo histórico” sin fecha concreta de implementación, pero que resultó suficiente para apaciguar las ansiedades de los gobernadores norteños. Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) se mostraron conformes: si Caputo se comprometía a cumplir con su parte del trato, ellos estaban dispuestos a sancionar el nuevo régimen de zonas frías.

El acuerdo es el mismo que Santilli cerró en mayo, luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción a una ley que reduce los subsidios al gas para más de 3 millones de hogares. La iniciativa limita el subsidio del 30% para las zonas frías ampliadas –que incluyen varios municipios de Provincia de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, entre otras– para que solo se aplique a los hogares que superan las 3 canastas básicas totales de ingresos. Pero también limita el subsidio para la Patagonia, la Puna y Malargüe, en donde pasará a deducirse sólo sobre la mitad de la boleta (lo que implica, en la práctica, un aumento en las facturas de gas en todos los hogares).

El Gobierno había ofrecido un toma y daca: una resolución para aumentar los topes de consumo eléctrico subsidiado a las provincias norteñas durante el verano a cambio de disminuir los subsidios al consumo de gas en las zonas frías. En los cálculos que hacía el Ministerio de Economía, esta reforma le permitiría ahorrarse unos $272.000 millones. Pese a la promesa de Santilli, sin embargo, el Ejecutivo no publicó nunca la resolución en el Boletín Oficial y los senadores se sublevaron: hasta que no se avanzara con lo prometido, el Senado no sancionaría la reforma.

El proyecto de zonas frías estuvo congelado en el Senado durante dos meses. Pero el martes, con Caputo sentado como garantía de cumplimiento, Santilli logró destrabar la negociación. El Gobierno aumentará los topes de consumo eléctrico de 300 a 550 kWh durante el verano para las zonas “muy cálidas” y de 150 kWh a 300 kWh para las zonas “cálidas”. El nuevo régimen de subsidios, que se aplicará entre los meses de noviembre y abril, se presentará una vez que el Senado apruebe los cambios en el régimen de zonas frías.

Senado empantanado

El objetivo del Gobierno es llevar la discusión al recinto a finales de septiembre, cuando el invierno empiece a amainar y los gobernadores aliados más renuentes a pagar el costo político de aumentar el gas con bajas temperaturas, como el mendocino Alfredo Cornejo, acepten dar sus votos. Durante los últimos meses, hasta los gobernadores más cercanos al Gobierno se negaron a acompañar la iniciativa. O a darle dictamen, siquiera. Ninguno quería ser el responsable de aumentar las boletas de gas en medio del invierno.

Blindado el acuerdo con los gobernadores del Norte, el oficialismo confía en que tendrá el número para aprobar el nuevo esquema de zonas frías. Con el apoyo de las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca, los votos del PRO y LLA y algunos del radicalismo, el oficialismo podría acercarse a los 36-37 votos propios. Estará ajustado, pero en LLA pretenden avanzar sobre algunos díscolos radicales en lo que queda del mes.

Pero el mayor problema del Gobierno es político. Desde el desguace de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que Patricia Bullrich no logra convencer a los aliados de avanzar con una nueva sesión en el Senado. Bullrich necesita una victoria para combatir los pases de factura del karinismo, que la responsabilizan por la caída del capítulo de extranjerización de la tierra, pero no logra acordar un temario con los aliados provinciales y radicales. Intentó avanzar en una sesión para esta semana, solo acotada a los pliegos judiciales enviados por Juan Bautista Mahiques, pero los senadores le rechazaron la propuesta.

Bullrich, además, es crítica de la estrategia del Gobierno de cerrar con los gobernadores del Norte a costa de enfurecer a los aliados radicales, muchos de los cuales no quieren saber nada con canjear zona fría por zona cálida, La jefa del oficialismo del Senado está convencida de que las negociaciones no tienen que ser “ley a ley”, sino organizar un esquema de mayorías macro, que pueda aplicarse a diferentes iniciativas.

Donde el Gobierno ve una victoria, Bullrich, en cambio, anticipa derrotas futuras.

MCM/CRM

“Hay que ver qué hace el peronismo ahora, tenemos que estar alerta. Yo a estos hijos de puta los conozco, antes me votaban todo y ahora no”, advirtió Patricia Bullrich el día después de la trágica sesión en el Senado en la que el oficialismo pudo aprobar la la Ley de Propiedad Privada a costa de bajar el capítulo sobre extranjerízación de la tierra. La jefa del oficialismo vio los movimientos del peronismo para voltear los votos aliados y anticipó que algo estaba cambiando. Lo mostraban las encuestas y las redes sociales: la culpa no era suya, le insistió a Karina Milei, el “clima de época” había cambiado. Cuatro días después, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa y los gobernadores se reunieron en un hotel por cinco horas por primera vez en años.

El boicot a la extranjerización de tierras generó un cimbronazo al interior de la clase política. Para el Gobierno fue un llamado de atención, una alarma que llevó a que viejos enemigos, como Karina y Mauricio Macri, volvieran a levantar el teléfono y empezaran a medir las condiciones de un acuerdo político de cara a 2027.

Para el peronismo, en cambio, fue como una bocanada de aire fresco, la comprobación de que no todo estaba perdido y de que el respaldo social habilitaba una coordinación interna que permitía fantasear con sumar aliados para frenar a Javier Milei. O al menos sus leyes.

“Les agradezco el gesto que tuvieron el otro día, que demuestra que si todos trabajamos juntos podemos frenarlo. Necesitamos de todos”, proclamó José Mayans, en el Hotel Emperador, mientras miraba a los ojos a casi todos los candidatos presidenciales del panperonismo. Kicillof estaba a su lado, mientras que Massa y el santiagueño Gerardo Zamora lo miraban a unos metros. Cuando Mayans insistió en que “hay que acompañar al que mide mejor y nadie tiene que sacar los pies del plato”, todos los presentes dijeron que sí con la cabeza.

La reunión había sido organizada entre Mayans y Germán Martínez para plantear una mínima hoja de ruta de prioridades legislativas, pero se terminó extendiendo hasta pasada la medianoche. Se repartieron tareas y se ensayaron estrategias para evitar que el Gobierno pueda eliminar las PASO, un anticipo de que esperan que sea el voto popular, y no un acuerdo de cúpula, lo que defina la pelea interna por el liderazgo. “Los otros (gobernadores) van a tener que sacarse la careta. Están con nosotros o están con Milei. Quien ayude a eliminar las PASO está con Milei, que se sepa”, sacó pecho uno de los participantes.

No hubo pases de factura, a pesar de que era la primera vez que Máximo y Kicillof se veían las caras después del raid de insultos y acusaciones cruzadas de los últimos meses. Ninguno hizo referencia a la resistencia de Kicillof a visitar a Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. El líder de La Cámpora, que saludó a todos los presentes con un abrazo, fue el último en tomar la palabra y se limitó a hacer una evaluación territorial de la fuerza del peronismo en cada provincia. “Escuchó a todos y habló bien, fue un análisis objetivo”, suspiró, con alivio, uno de los dirigentes.

Se habló mucho de los otros gobernadores, de los que vienen funcionando como aliados de Milei y que, durante la sesión del jueves, fueron claves para voltear el capítulo de la Ley de Manejo del Fuego. Ninguno tiene expectativas de sumar al salteño Gustavo Sáenz, el catamarqueño Raúl Jalil o el tucumano Osvaldo Jaldo a reuniones futuras. Estos ya dieron a entender que se limitarán a proteger el pago chico y que, incluso, analizan la posibilidad de cerrar un acuerdo político con LLA si Karina lo habilita. Mayans y Martínez esperan, de mínima, aprovechar los desplantes del Gobierno a los mandatarios para convencerlos de ensayar un frente anti Milei en el Congreso.

“De donde menos se espera salta la liebre”, analiza, en tono zen, uno de los armadores peronistas, que ya está haciendo cálculos. El objetivo es claro: evitar que Bullrich pueda sumar 37 senadores para avanzar con la eliminación de las PASO. Algunos gobernadores, como Jaldo, ya anticiparon que no ayudarán al Gobierno a eliminar las PASO. Jalil, en cambio, ya manifestó en público que cree que los partidos tienen que definir sus propias internas. Sáenz es una incógnita: Flavia Royón, la senadora que le responde, fue una de las aliadas que se dio vuelta de manera intempestiva, sin que Bullrich lo anticipara, a la hora de votar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La convocatoria a los gobernadores esconde una amenaza, sin embargo. Si cualquiera que acompañe la eliminación de las PASO apuesta a la reelección de Milei, entonces el peronismo no tendrá otra opción que tener candidatos propios en cada una de esas provincias. El mensaje es “si no podemos ganar, al menos los haremos perder”.

Pragmatismo o pureza, la incógnita oficialista

El Gobierno también mira con atención a los gobernadores, a quienes necesita para asegurar la eliminación de las PASO, pero también para garantizar una gobernabilidad que le permita surfear con tranquilidad la campaña de 2027. Mientras el peronismo se reunía en Retiro, Diego Santilli viajaba a Misiones para hacer control de daños y poner la cara después del desplante en el Senado. Intentó convencerlos de avanzar con la reforma del Régimen de Zonas Frías y con la reforma electoral, pero se volvió con las manos vacías.

“El problema es que no tienen plata para ofrecer. Los gobernadores miran que la imagen de Milei es mala, entonces se enojan y empiezan a pedir más”, explica un senador que responde a los intereses de los gobernadores del Norte Grande. Santilli no pudo garantizar ni un decreto para modificar el régimen de energía eléctrica para las zonas cálidas ni el reparto de los miles de pesos destinados a obras viales que se recaudan del impuesto a los combustibles y que el Gobierno, yendo en contra de la ley, utiliza para mantener la ficción del superávit fiscal.

Los gobernadores miran las encuestas y detectan que la imagen de Milei está estancada en unos 30-35 puntos, que el voto joven –clave para el triunfo de Milei en 2023– empieza a derrumbarse y que, para colmo, los Menem no detienen la voracidad de la construcción territorial. El reclamo político es sencillo, que pongan un candidato débil y no jueguen a fondo a ganar la provincia, pero ni Martín ni Lule Menem terminan de darles garantías. Los gobernadores sospechan que, cuando llegue el momento, replicarán la estrategia de 2025 y priorizarán la consolidación de LLA en todo el país sobre los acuerdos locales.

Los Menem, puertas adentro, no lo esconden: si funcionó en 2025, ¿por qué no repetir la estrategia en 2027? “Necesitamos gente propia que no se de vuelta por el cambio de clima. Si hubiésemos acordado, Adorni nunca habría sobrevivido a la expulsión. No hay que resignar nada”, advierte un dirigente menemista, que mira con sorna las veleidades acuerdistas que reclama el caputismo. “Massa les dio todo, y fueron y desdoblaron. No podes confiar en los gobernadores. A la mínima que hay ruido político se dan vuelta”, insiste.

En el Gobierno no pasó desapercibido el acto de Daniel Hadad en la Facultad de Derecho con toda la clase política. Los armadores de Karina saben que el Círculo Rojo está en la búsqueda de un candidato que garantice el “rumbo económico” de Milei, pero sin tener que lidiar con el libertario. Lo intentaron con Bullrich, la senadora jugó a diferenciarse y Karina la castigó: la dejó sin candidatura en CABA, le boicoteó la negociación en el Senado y ni sueña con dejarle la vicepresidencia (un lugar que quedará para Menem). En LLA observan que quieren hacer lo mismo con Hadad, y les preocupa el poder de fuego que el empresario pueda llegar a tener desde Infobae.

Distinta fue la actitud de Karina con el PRO, a quien fue a buscar inmediatamente después de la derrota en el Senado. Llamó por teléfono a Macri, acordaron crear una mesa de trabajo y cerraron un pacto de no agresión en las provincias que gobierna el partido amarillo. En LLA advierten que hay cada vez más consenso para dejarle a Macri lo único que realmente quiere, que es la Ciudad de Buenos Aires, pero señalan que el acuerdo no termina de cerrarse por la guerra que Mauricio sostiene con su primo Jorge, el jefe de Gobierno. “Es Mauricio el que anda operando que no puede ser Jorge el candidato porque no le dan los votos”, señalan en LLA.

Es por eso que, en los últimos días, empezó a circular con más fuerza la posibilidad de que Santilli sea candidato en CABA, como una forma de acordar con el PRO y sostener cierto margen de influencia. Y dejarle la Provincia al peronismo. “Que se reagrupen ahí, es un desperdicio el Colo en la Provincia. Que el peronismo se quede con PBA, si quiere”, afirmó un dirigente libertario.

MCM/MG

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se desmarcó públicamente de las acusaciones de la oposición que la vinculaban con el comisario Gustavo Antonio Gauna, jefe de la Dirección de Organizaciones Criminales de la Policía Federal Argentina.

El efectivo quedó envuelto en la polémica tras ser fotografiado portando un arma de fuego, sin uniforme ni identificación visible, durante los incidentes registrados frente al Congreso mientras la Cámara Alta debatía la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Frente a la difusión de imágenes del pasado en las que aparecía junto al jefe policial, la legisladora desestimó categóricamente cualquier trato de preferencia o amistad, aunque reconoció haber compartido espacios públicos con él en el marco de sus funciones institucionales previas.

Al ser consultada sobre la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas, Bullrich llamó a analizar el contexto en el que se desencadenaron los hechos y señaló que es necesario evaluar qué sucedió para que la policía reaccionara de esa manera.

En relación con su vínculo con el comisario, la senadora fue contundente al aseverar que no tiene “ningún comisario amigo” y que Gauna es simplemente un integrante de la fuerza con el que ha coincidido en actos políticos.

Asimismo, justificó no recordar su nombre de forma personal dada la gran cantidad de efectivos que conforman la Policía Federal, remarcando finalmente su rol actual como legisladora para deslindar cualquier responsabilidad directa en el diseño y las órdenes del operativo.

Con información de la agencia NA

La media sanción de una acotada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada dejó en la Casa Rosada una sensación bastante menos celebratoria de la que suele acompañar las victorias legislativas del oficialismo. El Gobierno consiguió que el Senado aprobara uno de los proyectos que Javier Milei había incluido entre sus prioridades para el segundo semestre, pero lo hizo después de resignar buena parte de la iniciativa original y comprobar, una vez más, que los votos de sus aliados tienen límites. El resultado abrió además una ronda de pases de factura que alcanzó tanto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, padre de la iniciativa, como a Patricia Bullrich, encargada de conducir la negociación en la Cámara alta.

La discusión comenzó incluso antes de que los senadores se sentaran en sus bancas. El proyecto había llegado al Congreso con dos capítulos particularmente sensibles: la modificación de la Ley de Tierras, que flexibilizaba las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros, y los cambios a la Ley de Manejo del Fuego. Ninguno de los dos sobrevivió al recorrido por el Senado. El primero fue retirado previo a la sesión ante la evidencia de que no estaban los votos y el segundo terminó cayéndose durante la votación, después de que los bloques provinciales dejaran en claro que tampoco estaban dispuestos a acompañarlo.

La poda dejó al proyecto reducido a cuatro capítulos y concentrado fundamentalmente en dos aspectos: la agilización de los desalojos y las modificaciones al régimen de expropiaciones. El oficialismo logró así la media sanción y giró el texto a Diputados, aunque a costa de desprenderse de algunas de las reformas que habían convertido a la iniciativa en una de las apuestas más ambiciosas de la agenda desreguladora de Milei, que comenzó con el DNU 70/2023.

Puertas adentro, mientras los hermanos Milei se encontraban de gira por Ecuador y Colombia, el traspié volvió a poner bajo la lupa una dinámica que hasta ahora había sido tolerada por las distintas terminales del oficialismo. Sturzenegger mantiene desde la creación ad hoc del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en julio de 2024, un canal prácticamente directo con el Presidente para impulsar reformas. El ministro trabaja los proyectos con su equipo, se los presenta a Milei y, cuando consigue su aprobación, avanza con ellos sin que necesariamente atraviesen previamente el circuito político que controla Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia.

No es una modalidad nueva. En buena medida, el ministerio que Milei creó a medida de Sturzenegger nació precisamente para institucionalizar ese mecanismo y darle al economista capacidad para revisar regulaciones y promover reformas en distintas áreas del Estado. Durante mucho tiempo, los resultados alcanzaron para amortiguar las objeciones. Pero el episodio de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada comenzó a alimentar una pregunta que hasta ahora circulaba con bastante menos intensidad: quién mide la viabilidad política de las iniciativas antes de que el Gobierno decida convertirlas en una batalla legislativa.

En sectores del karinismo señalan especialmente la falta de timing con la que se impulsó el proyecto y cuestionan que una iniciativa con consecuencias directas sobre los intereses de las provincias haya avanzado sin una instancia política previa capaz de detectar las resistencias. El problema, advierten, no fue solamente que hubiera artículos controvertidos, sino que la Casa Rosada terminó descubriendo en plena negociación parlamentaria que algunos de sus aliados habituales no estaban dispuestos a acompañarlos.

La discusión toca un punto particularmente sensible en el funcionamiento interno del Gobierno. Karina Milei construyó durante los últimos dos años un esquema cada vez más centralizado para controlar el vínculo con gobernadores y aliados provinciales. El método de Sturzenegger funciona, en los hechos, por un carril diferente: la legitimidad de sus proyectos proviene directamente de la aprobación presidencial. Mientras las iniciativas avanzan, ambas lógicas pueden convivir. Cuando aparecen derrotas o concesiones importantes, la ausencia de una instancia de coordinación se vuelve mucho más visible.

Pero Sturzenegger no fue el único destinatario de los reproches. Parte de las miradas también se dirigieron hacia la propia Bullrich, que había quedado a cargo de reunir los votos necesarios en el Senado. La exministra de Seguridad había demostrado durante los últimos meses capacidad para articular acuerdos con bloques dialoguistas y fuerzas provinciales, pero esta vez encontró una resistencia que no consiguió doblegar.

Bullrich terminó admitiendo las dificultades apenas abandonó el recinto. En una entrevista con TN en la puerta del Congreso, con la sesión ya terminada, vinculó el traspié con el tiempo que el Senado permaneció prácticamente paralizado durante la crisis que atravesó Manuel Adorni y, posteriormente, con el Mundial. “Durante meses fue muy importante que cada vez que se hablaba de algo, se hablaba de Adorni; después vino el Mundial”, sostuvo.

La senadora incluso dejó planteado que el desenlace podría haber sido otro si el Gobierno hubiera llevado la iniciativa al recinto algunos meses antes. “Seguramente se hubiera aprobado. Con la ley de Tierras, con todo”, se lamentó durante la madrugada. Su explicación introdujo una variable incómoda para la Casa Rosada, pero también funcionó como una manera de responder anticipadamente a los cuestionamientos por no haber conseguido esta vez los votos necesarios para sostener el proyecto completo.

No era la primera vez que Bullrich marcaba diferencias alrededor de aquella decisión. Durante los meses en los que Adorni quedó bajo presión por su situación judicial, había advertido puertas adentro sobre el costo político que implicaba sostenerlo y sobre las consecuencias de mantener prácticamente congelada la actividad de la Cámara alta para impedir que la oposición avanzara con su interpelación.

Lo cierto es que el episodio expuso una dificultad más amplia para el oficialismo. La mayoría que Milei consiguió construir en distintas votaciones desde el comienzo de su gestión nunca funcionó como una coalición estable, sino como una suma cambiante de acuerdos con gobernadores y bloques provinciales. La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada volvió a mostrar hasta dónde puede estirarse esa alianza: los mismos senadores que están dispuestos a acompañar al Gobierno en reformas nacionales pueden tomar distancia cuando consideran que una iniciativa afecta intereses económicos, productivos o territoriales de sus provincias.

PL/MC

La senadora Patricia Bullrich señaló este viernes que la Ley de Propiedad Privada “vino un poco endiablada”, a la vez que indicó que “la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico” y dijo que, desde el oficialismo, “se tiene que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”.

“Esta ley vino un poco endiablada, en primer lugar porque ya hacía tres meses que la estábamos tratando, en el medio tuvimos que parar el Congreso un tiempo hasta definir la decisión del jefe de Gabinete, (Manuel) Adorni. Eso nos paró dos sesiones importante y después tuvimos el Mundial y fue casi imposible poder trabajar con la gente explicando la ley. Y vino todo el tema de la campaña anti Argentina después. Así es la democracia”, expresó la exfuncionaria libertaria.

“La producción parlamentaria tiene que tener un sentido y la agenda parlamentaria que viene tiene un buen pronóstico”, sostuvo la legisladora, a la vez que indicó: “Desde el Gobierno tenemos que apuntar bien y mirar bien las cosas más importantes y trascendentes”.

Bullrich dijo, además, que no cree que en el oficialismo “haya vencedores y vencidos” y reafirmó que el objetivo es “tener sociedades más simples, trabajar sobre salud mental que es un tema postergado en Argentina y trabajar sobre la educación”.

“Tomar una agenda que tenga que ver temas sociales educativos y no solo económicos y que la gente sienta cómo lo beneficia a cada uno. Tenemos que tener una agenda con temas que le interesen a toda la sociedad”, aseveró en declaraciones a Radio Rivadavia, y concluyó: “No hay preocupación en el Gobierno, hay ocupación”.

Después de varios intentos, Patricia Bullrich tuvo que reconocer la derrota. Los aliados de Tucumán y Misiones le habían soltado la mano, el radical Daniel Kroneberger estaba decidido a votar en contra y, con cada hora que pasaba, un senador se comunicaba para mostrarse incómodo con la aprobación del capítulo de extranjerizacion de la tierra. La senadora libertaria reconoció que no tenía los votos y, a 24 horas del inicio de la sesión, aceptó sacar el capítulo de Tierras del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La decisión se tomó esta tarde en el despacho del bloque radical, donde Bullrich se reunió con los senadores aliados del “grupo de los 40” --los propios más aliados-- para tomar una decisión. Estaban las radicales Edith Terenzi y Mariana Juri, el correntino “Camau” Espínola, el jefe PRO, Martín Goerling, la salteña Flavia Royón, la tucumana Beatriz Ávila y la santacruceña Natalia Gadano. Los senadores aliados se sentaron, le comunicaron que no estaban los votos para insistir con el capítulo que modifica la Ley de Tierras Rurales y le explicaron que había que sacarlo. “Así no se puede”, explicó una senadora radical, a la salida del encuentro.

Bullrich intentó resistir, pero tuvo que reconocer que estaba sola. Diego Santilli se había comunicado con los gobernadores aliados el día anterior, pero las negociaciones no habían surtido efecto. En Casa Rosada, Federico Sturzenegger presionaba para avanzar con la ley, pero casi no había otros funcionarios que quisieran sumarse a su cruzada desreguladora. La marcha convocada para el jueves, así como la intensa campaña en redes sociales, habían permeado en la sociedad, que manifestaba un rechazo mayoritario–según varios sondeos de consultoras, como Ad Hoc y Zuban Córdoba– y descincentivaba las manifestaciones de apoyo.

“Lo importante es mantener unido al grupo de los senadores aliados, tenemos más leyes que aprobar”, se la escuchó decir a Bullrich en el Senado, antes de ingresar a su despacho. Todavía faltaba comunicárselo al resto del bloque libertario, que se enteraría primero por las redes sociales de la caída del capítulo que elimina el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros, así la prohibición de la venta en zona de fronteras y el límite de mil hectáreas en zonas núcleo. El Gobierno se enteraría al final: Bullrich se lo comunicaría después de haber tomado la decisión con los senadores.

La sesión está convocada para las 14 horas en el Senado, una jugada de Victoria Villarruel que anticipó el anuncio a la estrategia oficialista. Bullrich todavía no sabía si levantaría la sesión cuando la vicepresidenta del Senado convocó a la sesión para el día siguiente.

Para evitar que le rechacen el capítulo en el recinto, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, anunciará el retiro del apartado el jueves al comienzo de la sesión. El objetivo es desactivar la movilización convocada al Congreso, pero para algunos senadores la decisión llegó demasiado tarde.

“Esto se tendría que haber resuelto ayer”, se quejó un senador aliado, a la salida de la cumbre con Bullrich.

Crónica de una derrota anunciada

Los problemas empezaron la noche anterior, poco después de que Bullrich saliera a anunciar, con bombos y platillos, las modificaciones introducidas a último momento al capítulo de Tierras para conseguir los votos que le faltaban. Poco duró la maniobra del tope del 25% a nivel provincial, una concesión que no modificaba el corazón de la reforma, ya que habilitaba que se continuase avanzando con la extranjerización a nivel de los departamentos. Menos de 24 horas después de dar la conferencia de prensa, la senadora libertaria estaba anunciando que el capítulo no se debatiría en la sesión.

Los primeros en patear el tablero fueron los radicales Flavio Fama y Daniel Kroneberger, que la noche anterior se mantenían reacios a acompañar el capítulo de Tierras. Esta decisión, sumada a la incomodidad de otros aliados –como Edith Terenzi– y a la rebelión de los senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, inclinaron la cancha en favor de la oposición. Pero fue el pronunciamiento del gobernador Tucumán, Osvaldo Jaldo, al día siguiente lo que terminó de hundir las esperanzas del Gobierno.

“Yo creo que de ninguna manera tenemos que entregar un metro cuadrado de tierra argentina a los extranjeros, que vengan a invertir, que vengan a producir, pero la tierra es y será de los argentinos que somos los que vivimos en este bendito país”, afirmó el gobernador tucumano, a través de un comunicado publicado en la web oficial de la Provincia. Allí, Jaldo aseguró que se había comunicado con las dos senadores que le responden, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, y que ambas se oponían a la ley “y son personas que no cambian de opinión”.

Después de Jaldo salió el neuquino Rolando Figueroa, quien dos días antes había presentado un proyecto de ley para que la provincia no pudiera vender tierras fiscales a extranjeros. El gobernador de Neuquén, hasta hace dos días, era aliado del Gobierno y en el oficialismo contaban a su senadora, Julieta Corroza, como un voto a favor de toda la ley. El martes a la mañana, sin embargo, Figueroa salió con un video anunciando su rechazo. “No estamos de acuerdo con la extranjerización de tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional”, afirmó.

Después de estos dos pronunciamientos, la caída del capítulo fue solo cuestión de tiempo.

MCM

A menos de 24 horas de que el Senado retome el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —que en su capítulo central modifica el régimen de compra de tierras rurales por extranjeros—, la resistencia ya no viene solo de la oposición. Gobernadores y senadores que en otros temas acompañaron al oficialismo empiezan a marcar diferencias, en una sesión que el propio bloque libertario reconoce como la más ajustada del año.

A este mediodía de jueves en el oficialismo reconocieron ante elDiarioAR no tener los votos para abrir siquiera la sesión. El golpe a las aspiraciones de Javier Milei llegó desde distintas provincias: hubo expresiones públicas del gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y del neuquino Rolando Figueroa, y también del senador radical por La Pampa Daniel Kroneberger.

Tucumán: Jaldo dice que sus dos senadoras rechazan el proyecto

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo informó que, según las conversaciones que mantuvo con las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, ambas le expresaron su rechazo al proyecto de cara a su tratamiento en el recinto. Las dos bancas integran el Bloque Independencia, un espacio que el oficialismo suele necesitar para reunir números en votaciones clave.

La Pampa: Kroneberger confirmó el rechazo

En La Pampa, el senador radical Daniel Kroneberger fue el más terminante: adelantó que votará en contra de los últimos cambios introducidos a la reforma y remarcó que ya se lo comunicó a su bloque. Justificó su postura en el desacuerdo con la flexibilización para la compra de tierras por parte de extranjeros. Su compañera de bancada por la provincia, Victoria Huala, todavía no definió su voto.

Neuquén: Figueroa reclama un límite nacional

El gobernador neuquino Rolando Figueroa reafirmó su postura contraria a la extranjerización de la tierra. Lo hizo al ratificar el envío a la Legislatura provincial de un proyecto para que las tierras fiscales de Neuquén queden en manos de argentinos, y sostuvo que no acompañará iniciativas que en el plano nacional avancen en ese sentido. En paralelo, había pedido a la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, que impulsara en el recinto un límite cuantificable a la compra extranjera para todo el país.

Un poroteo que sigue sin cerrar

Estos tres frentes provinciales se suman a un escenario que ya venía complicado para el oficialismo. En el bloque libertario reconocen que la votación está prácticamente empatada y que la definición puede quedar en manos de uno o dos senadores. La bisagra sigue siendo la UCR: el bloque nacional pidió a sus diez senadores votar en contra, pero la conducción de la bancada apuesta a que la mayoría acompañe al Gobierno. A los rechazos de Kroneberger y de su par Maximiliano Abad se suma ahora la incertidumbre sobre Huala.

El texto que llega al recinto es, además, la versión número diecisiete: ante la falta de apoyos, el oficialismo resignó su objetivo original de eliminar el tope a la compra extranjera y lo reemplazó por un límite del 25% por provincia, sin fijar restricciones a nivel de departamento, que es donde se concentra la extranjerización real según advierten especialistas en la materia.

La sesión se dará en medio de una movilización convocada por la CGT, las dos CTA y organizaciones campesinas, ambientales y de pueblos originarios frente al Congreso.

MC

“72 personas deciden quién puede comprar la Argentina”. Con esa frase una web invita a comunicarse con los senadores nacionales a través de su mail institucional o sus redes sociales para exigirles que voten en contra de la reforma de la Ley de Tierras que propone el Gobierno para desregular la venta a extranjeros. La plataforma es parte de un ecosistema de acciones de autoconvocados que impulsan el rechazo a la norma, que se vota este jueves en el Senado.

El plato fuerte será la movilización que se está gestando para este 6 de agosto frente al Congreso y en distintos puntos del país. La resistencia está creciendo en grupos de WhatsApp y espacios virtuales, y ya tuvo acciones callejeras como volantedas y hasta un banderazo en el Obelisco el sábado pasado, como anticipó elDiarioAR.

En el medio, el Gobierno avanza con su iniciativa tras incorporar cambios de último momento. Este martes temprano el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que se cambió el tope de 15% al 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. “Está poniendo un límite parecido en la región, sin ir más lejos me voy a Brasil”, dijo el ministro coordinador, que buscó no anticiparse demasiado a la conferencia de prensa que agendó Patricia Bullrich para esta tarde a las 16.

“No creo que vaya a haber un desempate. Por mis conversaciones con Patricia, creo que está encaminado el tema”, dijo Santilli en diálogo con radio Rivadavia, en referencia a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, encargada de presentar oficialmente las modificaciones al texto original.

El proyecto en discusión es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en su versión original eliminaba por completo el límite a la propiedad extranjera de tierras rurales. Tras las negociaciones de las últimas semanas, el oficialismo resolvió no derogar el tope sino elevarlo al 25% de la superficie rural como promedio nacional y provincial, pero deja al descubierto a nivel departamental. “Hay 36 departamentos que superan el límite del 15%, creemos que ahí están los recursos que quieren vender”, denunció Julieta Caggiano, cofundadora del Observatorio de Tierras, otra de las plataformas virtuales que denuncian el avance de la extranjerización de la ltierra. “Los intereses están donde hay agua potable y minerales”, alertó la socióloga.

El rechazo de abajo

Mientras el oficialismo negocia los votos necesarios para destrabar una iniciativa que ya sufrió cuatro intentos fallidos de tratamiento, el rechazo social al proyecto se organiza a nivel federal. La red de asambleas "Ponete la camiseta" convocó movilizaciones para el mismo jueves 6 de agosto en al menos veinte provincias, con epicentro en el Congreso de la Nación, donde se prevén un verdurazo, una radio abierta y un festival durante toda la tarde.

Bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, también habrá concentraciones en Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Salta, San Juan, Tucumán y localidades de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, entre otras.

A la movilización callejera se sumó la herramienta digital de seguimiento legislativo que reúne la posición declarada de cada uno de los 72 senadores nacionales sobre la Ley de Tierras y permite a cualquier ciudadano identificar a los representantes de su provincia y enviarles un mail con un texto pre armado para pedirles el rechazo del proyecto. La iniciativa busca capitalizar la presión ciudadana en un debate donde el oficialismo, que parte de una base de 21 senadores propios, necesita sumar al PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar la mayoría de 37 para tener quórum y aprobar la ley.

La presión también llegó por escrito. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos —que integran, entre otras, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos— envió el 30 de julio una carta a los 72 senadores para pedirles que rechacen lo que calificó de “rapiña” y “desguace de la Nación”. El texto menciona el caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con dinero no declarado, como advertencia sobre las “enormes presiones de grupos económicos extranjeros” que —sostienen— pueden alcanzar “no solo tierras sino también la voluntad de quienes gobiernan nuestras provincias y la de sus representantes en el Congreso”. La carta enmarca el proyecto de tierras junto al Decreto 70/23 y las leyes de RIGI, Súper RIGI y de Glaciares, y advierte a quienes voten a favor: “No olvidaremos, no perdonaremos ni nos reconciliaremos jamás con quienes faciliten, del modo que sea, tamaña rapiña”.

MC

El próximo jueves, el Gobierno intentará aprobar, por quinta vez, la ley que elimina los límites a la venta de tierras nacionales al capital extranjero. No le sobran los votos: Patricia Bullrich trabaja para tranquilizar a los radicales díscolos y a los provinciales incómodos con la iniciativa, pero la masiva movilización convocada para el 6 de agosto empieza a pesar sobre las negociaciones. La oposición está a dos votos de voltear el capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y juega a su favor una aliada inesperada: Victoria Villarruel.

La vicepresidenta viene manifestando su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada hace tiempo. En la previa de la última sesión en el Senado, luego de la victoria de Argentina contra Inglaterra, Villarruel se trenzó a los insultos con Bullrich por Whatsapp para evitar que se tratara la iniciativa al día siguiente. “Quieren vender el país. Como se nota que la integridad territorial no les importa nada”, le espetó la vice, que aspira a reciclarse como una “nacionalista” de derecha con algunos sectores del peronismo.

La discusión –que terminó con Bullrich pidiéndole la renuncia por chat– continuó al día siguiente, cuando la jefa del oficialismo tuvo que suspender la sesión y convocar a un cuarto intermedio porque no tenía los votos para aprobar el proyecto. Uno de los culpables fue el propio autor del proyecto, Federico Sturzenegger, quien se rebeló ante una de las modificaciones que había negociado Bullrich para conseguir el apoyo de los gobernadores, el famoso artículo 25 que garantiza a las provincias “jurisdicción plena” sobre sus tierras y recursos naturales.

La senadora logró convencer al ministro de Desregulación la semana pasada, pero para entonces ya era tarde: la campaña de rechazo había comenzado.

La campaña que mueve los votos

Villarruel no es la única que está colaborando con José Mayans, el jefe del interbloque peronista, para boicotear el capítulo que modifica la ley de Tierras, elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras. La demora en la aprobación del proyecto —que ya fue modificado quince veces e intentó aprobarse en cuatro oportunidades— le dio tiempo a la oposición para instalar el debate en las redes sociales. Lo que hasta hace unas semanas era una discusión casi exclusivamente parlamentaria empezó a traducirse en un costo político para los senadores indecisos.

Según una encuesta de Zubán Córdoba, el 77% de los argentinos está de acuerdo en que hay que ponerle límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El tema, que venía pasando desapercibido, se instaló en la agenda y diversos sectores de la oposición aprovecharon para utilizarlo como bandera contra Javier Milei.

El peronismo se puso al frente, pero también el Comité Nacional de la UCR, que preside Leonel Chiarella, emitió un comunicado pidiéndole a sus senadores que no acompañen el proyecto. Hasta la CGT, que venía dilatando su respaldo a la marcha convocada para el 6 de agosto, anticipó que movilizaría al Congreso en contra de la ley, junto a las CTA y las organizaciones sociales.

El ojo está puesto en el bloque radical y las fuerzas provinciales, que conforman la base de apoyos del Gobierno en el Senado. Bullrich hace números y contabiliza a su favor unos 34 votos firmes a favor: La Libertad Avanza, el PRO, gran parte de la UCR y los provinciales como el correntino “Camau” Espínola, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila. Mayans hace lo mismo y calcula unos 33 votos en contra: el éxito de la maniobra para voltear dependerá de cuántos radicales acompañen la ley y de la interna misionera.

La ruptura del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con el líder indiscutido del oficialismo provincial, el mandamás Carlos Rovira, desató una crisis en la red de alianzas del Gobierno. Los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, responden a Rovira, que es quien negocia con el Gobierno, pero Passalacqua está presionando para que voten en contra de la iniciativa. Misiones es el ejemplo más extremo de la extranjerización de la tierra: el 11,29% de la provincia ya está en manos extranjeras –en su mayoría de una sola empresa, la forestal chilena Arauco– y más de 30 organizaciones productivas, políticas y sindicatos publicaron un comunicado rechazando el proyecto alegando que iba en contra de las economías regionales.

Passalacqua les hizo saber a Arce y Rojas Decut del rechazo casi unánime al proyecto en la provincia. Hasta ahora, los senadores misioneros acompañaron al Gobierno en casi todas las votaciones –la más importante fue cuando, a pedido del Gobierno, hicieron caer la sanción de la ley de Ficha Limpa–, pero la oposición apuesta a que acompañen la ley en general y, luego, en la votación en particular, ayuden a voltear el capítulo de tierras.

En ese caso, el resultado de la votación dependerá del bloque radical y de un puñado de senadores que integran fuerzas provinciales. El jefe de la bancada, Eduardo Vischi, es socio de Bullrich y acordó negociar algunos puntos de la ley a cambio de los votos del bloque. Fue así que se eliminó el capítulo que habilitaba los desalojos en los barrios populares, y se introdujeron algunos cambios en el capítulo de Tierras, como la limitación a la compra de tierras por parte de estados nacionales y la exigencia de un acuerdo de los gobiernos provinciales para la venta de tierras en zona de frontera.

El Gobierno necesita que al menos 9 de los 10 senadores radicales den quórum y acompañen la ley –el bonaerense Maximiliano Abad ya anticipó que no acompañará el capítulo– y necesita que algunos díscolos, como el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger, se plieguen a la decisión del bloque. Lo mismo ocurre con la chubutense Edith Terenzi, que es radical pero no integra el bloque.

La apuesta de la oposición es que la movilización del miércoles incline a los indecisos antes de la sesión. La cordobesa Alejandra Vigo, por ejemplo, era una incógnita y se apuró a adelantar, vía redes sociales, que ella votaría en contra del proyecto. “Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”, aseguró, el viernes por la tarde.

El Gobierno necesita llegar a los 36 votos, que es la mitad del recinto. Si no lo consigue, el capítulo de tierras corre riesgo de caerse. Y aun si la votación terminara empatada, el desenlace no está asegurado: Villarruel ya anticipó que desempataría en contra del proyecto, pero el viaje de Milei a Colombia podría dejarla al frente del Poder Ejecutivo y quitarle esa posibilidad. En ese escenario, el voto decisivo quedaría en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

“Tenemos a muchos que nos prometen que votan en contra, pero habrá que ver si lo sostienen cuando aparezca un ATN o un regalo la semana próxima”, ironiza una senadora que participa de las negociaciones.

MCM/MG

Carteles pegados en las inmediaciones del Congreso. Un banderazo en el Obelisco. Un verdurazo sobre avenida Rivadavia. Volanteadas en estaciones de trenes del conurbano. La proyección del documental “La tierra explota” en el cine Gaumont, en CABA. Grupos de WhatsApp que coordinan acciones diversas federales: Córdoba, Santa Fe, Misiones, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, Paraná, La Rioja, Formosa, Chaco, La Pampa, Corrientes, Mendoza, Mar del Plata, Santa Cruz, Tucumán, San Juan, Salta, Chubut, Río Negro, Neuquén. Publicaciones en Facebook con las líneas de contacto de los senadores para llamarlos. Mensajes sueltos en encuestas sobre compras de productos, como el que dejó una mujer en la web de YPF: “Defendamos lo nuestro, las Malvinas son argentinas y el resto del territorio también. La energía es un recurso estratégico, que tiene que estar en manos del país, no de una YPF gringa. El 6 de agosto ponete la camiseta del país, defendamos lo nuestro”. Individuales, colectivas, chicas y grandes, acciones de diversos tipos se propagan de manera subterránea en todo el país como resistencia autoconvocada a la ley de Propiedad Privada, que el Gobierno buscará aprobar en el Senado el próximo jueves.

La agenda que circulan los grupos autoconvocados confirma la dispersión de acciones y propuestas. Este viernes hubo asamblea abierta en el hall de la terminal de El Chaltén, en Santa Cruz; cine debate en pleno centro de Córdoba capital y asamblea en la sede de UnTER en Bariloche, mientras que el jueves Jujuy tuvo su banderazo en la Plazoleta Eva Perón y Santa Fe encadenó cinco banderazos simultáneos en Rosario, Funes, Pérez y Villa Gobernador Gálvez. Para este sábado se anuncian banderazos en Baradero, en Gualeguaychú –en el Puente Rojo y en los Obeliscos de la Costanera–, en Paraná, en Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, en el Complejo Municipal Xamena de Salta y en la plaza San Martín de La Pampa, además de un semaforazo en Concordia y el banderazo que llevará a los porteños desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco. Y el jueves 6, día de la votación, la lista prevé, además del abrazo al Congreso nacional, movilizaciones simultáneas en Mar del Plata, Comodoro Rivadavia, Bariloche, San Martín de los Andes, Catamarca, Tucumán, Salta, Esquel y buena parte del Gran Rosario, entre decenas de puntos más a lo largo del país.

Detrás de esa dispersión hay una estructura. Una comunidad de WhatsApp organizada bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema, no se desaloja” nuclea a cientos de personas repartidas en grupos por ciudad y provincia, y funciona como columna vertebral de la convocatoria al Congreso. Florencia Gómez, abogada especializada en políticas de tierras rurales y ex secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales, es una de las voces que coordina la red: cuenta que además de las acciones callejeras hay un trabajo de bajo perfil llegó a obispos y también a senadores que todavía dudan cómo votar, sostenido en reuniones virtuales de hasta 250 personas de distintos puntos del país.

La adhesión sindical se fue sumando en capas. Primero la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda. Después las dos CTA, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y los movimientos sociales de la UTEP. La CGT, como anticipó elDiarioAR el jueves, confirmó que también marchará de forma orgánica, un escalón más en la agenda de protestas que el triunvirato sindical armó para la segunda mitad del año. Se espera una conferencia el miércoles sobre la organización de la protesta frente al Palacio Legislativo.

A esa lista se agregaron pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional de Capellanes y otro del Llamamiento Argentino-Judío, todos en contra del proyecto.

La foto se completa al día siguiente: el 7 de agosto es San Cayetano, y la CGT, las dos CTA y la UTEP ya anunciaron que participarán de forma orgánica de la peregrinación por “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”, que ese día cumple una década de su primera edición. La caminata de Liniers a Plaza de Mayo funcionará como una segunda tanda de presión sobre el mismo reclamo, ya que la CTA de los Trabajadores incorporó el rechazo a la ley de extranjerización de tierras entre las banderas de esa jornada, junto con el repudio a la privatización de AySA y el planteo previsional.

Lo que el oficialismo llevará al recinto el jueves es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa de 48 artículos que reforma cinco normas y que el ministro Federico Sturzenegger negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo. Fuera del capítulo de tierras, el proyecto endurece las reglas de expropiación –indemnización a valor de mercado, tope del 30% para el lucro cesante y prohibición de transferir el dominio sin pago previo–, habilita desalojos por juicio sumarísimo, con lanzamiento exprés contra “intrusos” bajo caución juratoria, y recorta la Ley de Manejo del Fuego: elimina la prohibición de treinta años para cambiar el uso de tierras incendiadas en pastizales y zonas de interfase urbano-forestal, y deja esa restricción limitada a los bosques nativos categorizados.

El capítulo que concentra el rechazo, sin embargo, es el que reescribe la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Hoy esa norma limita al 15% la tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, baja ese tope al 30% para una misma nacionalidad, impide comprar más de mil hectáreas en las zonas más fértiles y prohíbe adquirir inmuebles con cuerpos de agua permanentes.

“El reclamo tiene que ver con la tierra y con el manejo del fuego, pero también arrastra la rabia por la entrega de los glaciares, la hidrovía, los bienes naturales, la soberanía. (...) Si se aprueba la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y cae la Ley de Tierras, magnates globales como Peter Thiel se frotarán las manos. El agua, la energía y el clima de la Patagonia son ideales para instalar mega granjas de datos y servidores de la IA, y traer las inversiones que espera el gobierno”, reflexionó Gómez en un reciente ensayo publicado en la revista Anfibia.

El dictamen que Patricia Bullrich llevará al recinto deroga ocho artículos y traslada la potestad de fijar límites a cada provincia, que “conservará la jurisdicción plena” sobre su territorio, y solo deja en pie una prohibición: ningún Estado extranjero, ni una empresa con participación estatal extranjera, podrá comprar tierra rural sin autorización provincial y del Poder Ejecutivo. Para las personas físicas extranjeras no habrá techo de hectáreas. “Un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierra, resumió Bullrich, aunque aclaró que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera”.

La versión número 15 del proyecto circula ahora entre los bloques aliados, después de que Bullrich y Sturzenegger buscaran destrabar la semana pasada el nudo del artículo 25, el que fija cuánto margen conservan las provincias para legislar sobre venta de tierra a extranjeros y que había obligado a un cuarto intermedio en pleno recinto. Pero la sesión del jueves no está garantizada: ya fue pospuesta cuatro veces y en el Senado el oficialismo no parece tener una mayoría firme.

“Siguen sin tener los números asegurados. Habría que preguntarle a Sturzenegger qué piensa de los cambios en el artículo 25”, lanzaron ante elDiarioAR una fuente del radicalismo, que votaría dividida. Los cálculos más informales hablan de un empate técnico, con 33 o 34 votos para cada lado, y todas las miradas –oficialistas y opositoras– convergen en Misiones, donde los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut llegan presionados en su provincia para votar en contra del capítulo de tierras. Bullrich tiene en agenda entrevistarse con los aliados el martes y miércoles, para tener el poroteo final de la sesión. Será en paralelo a la sucesión de acciones callejeras de los grupos autoconvocados.

MC

El pasado 14 de julio, el debut de Sebastián Pareja al frente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia dejó un pedido de informes que, detrás de una aparente cuestión administrativa, derivó en una pregunta mucho más política: quién controla realmente el Ministerio de Seguridad desde la salida de Patricia Bullrich y su desembarco en el Senado.

Entre los distintos requerimientos aprobados durante la reunión, los diputados de Unión por la Patria solicitaron información acerca de la situación del politólogo Miguel Gómez Goldin, quien se desempeñaría como flamante director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), sin todavía no haber sido formalizado en el Boletín Oficial.

Fuentes inobjetables aseguraron a elDiarioAR que Gómez Goldin ya ocupa de hecho el cargo que lo convierte en el número 2 del organismo. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún acto administrativo que oficialice su nombramiento. Este medio se intentó comunicar con el Ministerio de Seguridad y con el propio Gómez Goldin, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta. Ese fue precisamente uno de los motivos por los que la Bicameral decidió solicitar explicaciones formales a la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

La observación excede el plano burocrático. Detrás de la designación aparece uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, lo que vuelve a abrir interrogantes sobre el margen de influencia que la exministra conserva dentro de un área que formalmente ya no conduce. Gómez Goldin mantiene una relación de pareja con Damián Arabia, uno de los principales armadores políticos de Bullrich y, probablemente, el dirigente de mayor confianza que conserva la actual senadora dentro del Congreso. El diputado nacional del PRO tampoco respondió la consulta de elDiarioAR.

Conocido por el apodo de “Tiki”, Gómez Goldin construyó un perfil eminentemente técnico. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad del Salvador y magíster en Políticas Públicas por la Universidad Austral. También obtuvo una doble maestría en Asuntos Públicos y en Asuntos Internacionales y Europeos en la Universidad París I Panthéon-Sorbonne. A lo largo de su carrera fue becario de los programas Fulbright, Eiffel y de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), además de desempeñarse tanto en el sector público como en la consultoría especializada en reformas institucionales y asuntos internacionales.

Un enclave estratégico

El cargo que ocupa Gómez Goldin está lejos de ser una oficina menor. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituye el principal organismo civil encargado de producir inteligencia estratégica para combatir el crimen organizado. Desde allí se coordina el intercambio de información entre las cuatro fuerzas federales, el Ministerio Público Fiscal, organismos provinciales y agencias internacionales, además de elaborar análisis vinculados al narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo, el lavado de activos y otras formas de criminalidad compleja.

La dependencia también ocupa un lugar central dentro del nuevo esquema de inteligencia diseñado por el Gobierno tras la reforma impulsada por el polémico DNU 941/2025, que redefinió la arquitectura del Sistema Nacional de Inteligencia y modificó, entre otros aspectos, el funcionamiento de la inteligencia criminal y militar.

Al frente de la DNIC continúa Ramiro Anzit Guerrero, otro dirigente estrechamente identificado con Patricia Bullrich. Designado en marzo de 2025 por decisión de la entonces ministra, Anzit había llegado desde Lyon, donde se desempeñaba como oficial de Inteligencia Criminal de la Secretaría General de Interpol.

Su vínculo con el área, sin embargo, viene de mucho antes. Durante el gobierno de Mauricio Macri ocupó la Dirección de Análisis de la propia DNIC, uno de los cargos más relevantes de la segunda línea del organismo, de la mano de Gerardo Milman, entonces secretario de Seguridad Interior y uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich.

Aquel primer paso por Inteligencia Criminal terminó envuelto en controversias. Sobre Anzit recayó un sumario administrativo cuyo trámite quedó abierto al finalizar la gestión de Cambiemos. Dentro del ministerio todavía recuerdan que al menos dos de los funcionarios que habían intervenido en ese expediente fueron desplazados tras el regreso del bullrichismo al Gobierno, una coincidencia que alimentó suspicacias internas acerca de una eventual revisión de viejas disputas dentro del área.

La sombra de Bullrich

Cuando Bullrich dejó el Ministerio de Seguridad para asumir su banca en el Senado impulsó personalmente a Monteoliva como su sucesora. En aquel momento, dentro del oficialismo muchos interpretaron esa decisión como una manera de preservar influencia sobre una cartera que la exministra había convertido en uno de los principales pilares de su construcción política.

Con el correr de los meses, sin embargo, el escenario comenzó a modificarse. Monteoliva fue construyendo un vínculo cada vez más estrecho con Karina Milei, que encontró en la ministra una interlocutora propia y una forma de limitar el protagonismo que Bullrich seguía conservando dentro del Gobierno. Ese acercamiento coincidió con una sucesión de cortocircuitos entre la secretaria general de la Presidencia y la actual senadora.

En la Casa Rosada incomodó, por un lado, la autonomía con la que Bullrich comenzó a moverse desde el Senado, donde buscó construir una agenda política propia. Y, más recientemente, también generó malestar el posicionamiento que adoptó durante la crisis que terminó con la salida de Manuel Adorni del Gobierno, un episodio que volvió a exhibir diferencias de criterio en la mesa política libertaria.

En lo que respecta a Seguridad, hay quienes sostienen que el diálogo político continúa pasando, en buena medida, por Bullrich, mientras que Monteoliva concentra su gestión en los aspectos operativos de la cartera. Esa percepción también se refleja en distintos sectores del propio ministerio, donde la exministra sigue siendo vista como la principal referencia política del área.

En ese contexto, la llegada de Gómez Goldin a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal adquiere una lectura que trasciende su situación administrativa. Más allá de que su nombramiento todavía no fue publicado en el Boletín Oficial, su desembarco en una estructura que ya conduce otro dirigente de confianza de Bullrich vuelve a alimentar una pregunta que atraviesa desde hace meses los pasillos oficiales: cuánto poder conserva realmente la exministra sobre un ministerio que formalmente quedó bajo la conducción de Monteoliva, pero que todavía exhibe fuertes señales de continuidad con la gestión anterior.

PL/MG

La avanzada del gobierno de Javier Milei para desregular la venta de tierra a extranjeros ya motoriza una fuerte manifestación en contra. Organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas, sindicales y de la oposición convocan a movilizarse el 6 de agosto frente al Congreso, el mismo día en que el oficialismo intentará conseguir en el Senado los votos para aprobar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La convocatoria empezó a circular en las bases apenas se confirmó la fecha y crece en paralelo al acuerdo que este jueves alcanzaron Patricia Bullrich y el ministro Federico Sturzenegger para no perder votos en el recinto.

El senador Mariano Recalde, de Unión por la Patria, fue una de las voces cantantes este viernes. Pidió en una entrevista radial “que el día del tratamiento haya una gran movilización”. “La presión social permea e influye en la decisión de los más especuladores”, dijo en diálogo con FutuRock. Desde el peronismo en Diputados la legisladora Cecilia Moreau (Unión por la Patria) comparó el reclamo con el sentimiento por Malvinas que dejó el Mundial: “El 6 de agosto todos y todas a las calles”.

Las dos CTA ya convocaron de manera formal bajo la consigna “por la tierra y el agua”, mientras la CGT, que desde principios de julio viene circulando documentos internos contra la ley (“nuestro suelo es soberanía, no mercancía”, llevan como consigna), evalúa sumarse a la protesta.

El Observatorio de Tierras, un proyecto del Programa de Investigaciones de Historia Agraria de la UBA, mantiene desde el 25 de junio una recolección de firmas contra el proyecto que ya superó los 4.000 referentes de todo el país. En paralelo, espacios como la Coalición Federal en Defensa de la Tierra y la Multisectorial por la Tierra y la Vivienda organizaron para la próxima semana (del 27 al 31 de julio) una serie de acciones federales bajo el nombre “Argentina no se vende”. Habrá talleres, radios abiertas, banderazos antes de la movilización central del 6 de agosto al Congreso, bajo el hashtag #lasoberanianosenegocia.

El reclamo sumó pronunciamientos poco habituales en este tipo de debates: una carta abierta a los legisladores firmada por Endepa, la Pastoral Social y Cáritas, un comunicado del Movimiento Nacional Capellanes y un pronunciamiento del Llamamiento Argentino-Judío, todos en rechazo al proyecto.

La fecha elegida para marchar no es casual: Bullrichse reunió ayer con Sturzenegger, y el secretario Alejandro Cacace, para destrabar las diferencias que habían obligado a aplazar por cuarta vez el debate del proyecto. El nudo era el artículo 25, que fija cuánto margen conservan las provincias para dictar sus propias reglas sobre la venta de tierras a extranjeros.

Sturzenegger había planteado objeciones desde el exterior la semana pasada, lo que sembró dudas entre los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para sumar votos. Tras el encuentro, Bullrich confirmó que se mantiene el texto acordado con los aliados y que la sesión será el 6 de agosto. La última versión del dictamen (la número 15) deja a cada provincia la jurisdicción plena sobre su territorio, prohíbe la compra de tierras rurales por parte de Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera salvo autorización provincial y del Poder Ejecutivo, y elimina el artículo de silencio administrativo que daba por autorizada una venta si el Estado no se pronunciaba en seis meses.

El proyecto —que Bullrich presenta como una forma de “salir de la era de Máximo Kirchner”— apunta a modificar en los hechos la Ley de Tierras Rurales 26.737, sancionada en 2011 durante el primer año del segundo mandato de Cristina Kirchner. Esa norma fija un tope del 15% de tierra en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental, impide que una misma nacionalidad supere el 30% de esa proporción, prohíbe la compra de más de mil hectáreas en las zonas más fértiles del país y veda la adquisición de inmuebles con cuerpos de agua permanentes, como el que compró el británico Joseph Lewis en Lago Escondido.

El Gobierno ya había intentado derogarla a fines de 2023 por el DNU 70/2023, pero una cautelar del Juzgado Federal N°4 de La Plata, confirmada después por la Cámara Federal platense a partir de un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de esa ciudad, la mantuvo vigente.

Ahora el intento llega por ley, dentro de una iniciativa más amplia —nueve artículos bajo el título “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”— que además modifica el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojo y la Ley de Manejo del Fuego, y que el Poder Ejecutivo negoció originalmente con los gobernadores en el Consejo de Mayo.

No todo el arco social está del mismo lado. El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, salió este jueves a respaldar el proyecto de extranjerización: “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, dijo desde el predio de Palermo, donde Milei irá el próximo domingo para inaugurar la feria rural.

Bullrich, por su parte, buscó matizar el reclamo soberanista distinguiendo entre personas y Estados: sostuvo que “un extranjero que vive en la Argentina tiene los mismos derechos” que un argentino para comprar tierras, pero que “un Estado extranjero no puede, de ninguna manera” adquirir un metro de suelo, una prohibición que quedó plasmada en el dictamen.

El resultado de la votación, de todos modos, sigue siendo incierto. La mayor duda está en los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, presionados en su provincia para que voten en contra del capítulo de venta de tierras a extranjeros. En ese escenario, la apuesta de quienes convocan a movilizarse el 6 de agosto es lograr que la presión de la calle termine de inclinar a los senadores que todavía dudan.

MC

El ministro de Desregulación, Federico Sturzengger, y la jefa del bloque oficialista de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se reunieron este miércoles en el Senado con vistas a relanzar el proyecto de Propiedad Privada luego de la sesión que debió levantarse la semana pasada, para pasar a un cuarto intermedio del 6 de agosto.

Según trascendió, ambos acordaron mantener los cambios que consensuaron entre los senadores libertarios y los dialoguistas, sobre la eliminación de restricciones para la venta de tierras a extranjeros, que generó rechazos en diferentes sectores de la población.

El proyecto impulsado por el Gobierno sufrió un traspié la semana pasada, lo que fue adjudicado al clima mundialistas, especialmente al triunfo sobre Inglaterra y el despliegue de la leyenda “las Malvinas son argentinas”, que generó un clima poco favorable para la venta de tierras a extranjeros.

Incluso, trascendió un duro cruce entre la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, y Bullrich, ya que la primera había manifestado que no era “el momento” para semejante iniciativa.

Tras más de hora y media reunidos, se abordó cómo llegar al 6 de agosto, y que aún no están los votos para ser aprobada la polémica iniciativa, especialmente en aquellas provincias fronterizas, y por tanto la necesidad de “hacer concesiones” para destrabarlo. También se mencionaron a los dos representantes de Misiones, que hicieron caer el proyecto de Ficha Limpia.

En ese marco, la iniciativa ya tiene 15 borradores extra, pese a un dictamen firmado a fines de mayo pasado.

Bullrich informó a los periodistas acreditados en el Senado que el ministro aceptó las reformas incluidas en el proyecto sobre el tema tierras con lo cual “el 6 de agosto vamos con los cambios que acordamos con los aliados”.

Uno de los puntos que había generado malestar entre Bullrich y el ministro es el referido a las potestades que tendrán las provincias para aprobar una venta a un inversor extranjero, donde se deja abierta la posiblidad que puedan dictar sus propias normas.

La senadora confió que Sturzenegger “tenía algunas dudas respecto a los cambios que habíamos hecho, y, le explicamos que tenían que ver con una mirada federal del uso de la tierra”.

Las diferencias en el oficialismo y la ausencia de algunos aliados que iban a votar el proyecto obligaron al Gobierno a postergar por cuarta vez el debate de esa iniciativa en la sesión del pasado 16 de julio, que tiene como eje central la eliminación de las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Además de la jefa de LLA y el ministro, estuvieron el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y asesores de los senadores Agustín Coto y Nadia Márquez, presidentes de las comisiones que trabajaron el proyecto.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, respaldó este jueves la posibilidad de que inversores extranjeros compren tierras en el país. “No tendría problema en venderle hectáreas a un extranjero”, afirmó, y agregó que esas personas “no se van a llevar un pedazo de tierra para algún lado”. La declaración llega el mismo día en que el Gobierno se reúne en Casa Rosada para terminar de definir la letra del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la iniciativa que habilitaría justamente ese tipo de operaciones y que ya fue postergada cuatro veces en el Senado.

El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar la actual Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011. Esa norma establece que la titularidad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia y de cada departamento o municipio, y que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese cupo. La versión más reciente de la reforma elimina esos límites para personas físicas y jurídicas extranjeras, aunque exige una autorización conjunta de la Nación y de la provincia correspondiente cuando la compradora sea una empresa con participación de Estados extranjeros.

Ese capítulo sobre la “extranjerización” de tierras es, según reconoce el propio oficialismo, el principal obstáculo para reunir los votos necesarios en el Senado. El tratamiento del proyecto se postergó la semana pasada ante la falta de respaldos y quedó reprogramado para el 6 de agosto. La discusión interna llegó a escalar en un cruce entre la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se manifestó en contra de ese punto de la reforma, y la senadora Patricia Bullrich, uno de cuyos asesores llegó a denunciar por amenazas a un colaborador de Villarruel.

Para bajar esa tensión y afinar el texto antes de la nueva sesión, este jueves por la tarde se reúnen en Casa Rosada Bullrich, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, los equipos de Sturzenegger, los presidentes de las comisiones en el Senado de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, Agustín Coto y Nadia Márquez, y un legislador de los bloques federales que representa los reclamos de los gobernadores sobre el rol que deberían conservar las provincias en la regulación de la tierra.

En ese contexto se enmarca el respaldo de la Sociedad Rural. Pino ya había defendido la iniciativa la semana pasada, tras la primera postergación del debate: “Una vez más, el Poder Legislativo está frenando algo que es necesario. Es un proyecto muy necesario, no solo para el campo pero es necesario para toda la Argentina”, había dicho entonces. Sobre el punto específico de la compra de tierras por extranjeros, sostuvo que “esto ya ocurrió en los siglos XIX y XX; la Argentina también fue hecha por extranjeros, así que no hay que tener miedo”. El titular de la entidad rural matizó, de todos modos, que pueden existir situaciones puntuales que ameriten alguna regulación, como la adquisición de campos para destinarlos a parques o reservas naturales, en referencia a casos en la Patagonia donde la expansión de fauna silvestre en tierras no productivas afecta a la ganadería ovina de los campos vecinos.

Desde el Gobierno remarcan que la apertura no alcanza a los Estados extranjeros como tales, sino únicamente a inversores privados, y que el objetivo de la reforma es atraer inversiones y dar mayor previsibilidad jurídica a la propiedad privada. Sin embargo, el capítulo despertó resistencia que excede al kirchnerismo y la izquierda: sectores de la oposición dialoguista y varios gobernadores plantearon objeciones sobre el alcance de los cambios y sobre qué margen deberían conservar las provincias para regular el uso de sus tierras, un debate que se sostiene desde hace semanas y que todavía no está saldado dentro del propio oficialismo.

Con la letra del proyecto en revisión y la nueva fecha de tratamiento fijada para el 6 de agosto, en la mesa política del Gobierno se muestran confiados en destrabar esta vez la sanción: “Los votos van a estar”, aseguró uno de sus integrantes.

MC

Los extranjeros poseen 13 millones de hectáreas rurales en Argentina, lo que representa el cinco por ciento del total de tierras rurales del país, superficie equivalente a la extensión de Inglaterra. La actual Ley de Tierras Rurales (26.737) permite un tope de 15 por ciento (hasta 40 millones de hectáreas), y el gobierno de Javier Milei pretende derogarla de hecho a través del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, para que los extranjeros no tengan ningún límite en la compra de hectáreas argentinas.

Un territorio equivalente a Buenos Aires y Corrientes podría estar en manos extranjeras con la ley vigente. La pregunta es entonces: ¿por qué el Gobierno quiere quebrar todos los límites y poner el país a la venta? El Observatorio de Tierras (Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria/UBA) realizó cuatro informes claves para analizar el estado actual de la extranjerización de la tierra y repasar cuáles son las tierras estratégicas que ya tienen los capitales transnacionales.

“Las más de 13 millones de hectáreas extranjerizadas relevadas se concentran mayoritariamente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la vera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas áreas de bosques nativos”, advierte el Observatorio de Tierras y precisa que 36 municipios del país, en esas zonas estratégicas, ya superan el límite del 15 por ciento de extranjerización y cuatro exceden el 50 por ciento con dueños de otro bandera.

Los informes marcan como un punto de quiebre de la extranjerización en el país el año 1996, cuando el gobierno de Carlos Menem autorizó la venta de ocho millones de hectáreas en zonas de seguridad de frontera con la creación de la Secretaría de Seguridad Interior (SSI), con la que vulneró áreas históricamente protegidas por el Decreto 15.385 de 1944, que establecía su venta exclusivamente a ciudadanos argentinos. El decreto sigue vigente, pero la norma impulsada por La Libertad Avanza propone la derogación de su artículo 4: “Declárase de conveniencia nacional que los bienes ubicados en las zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos”.

Desde 2011, con la sanción de la Ley de Tierras se establecieron límites para la extranjerización, aunque no se revirtió el avance ocurrido. No se consideró extranjero solo al titular de la propiedad sino que se contempló a las empresas con un control de hasta un 25 por ciento, algo que el gobierno de Mauricio Macri revirtió con el decreto 820/2016 y elevó hasta un 51 por ciento del control de una sociedad para considerarla extranjera, además de flexibilizar los controles societarios.

El objetivo de la reforma de la Ley de Tierras, escrita por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y negociada en el Congreso por la senadora Patricia Bullrich, es derogar todas las restricciones para la extranjerización de la tierra. Desde el dictamen firmado el 20 de mayo, La Libertad Avanza negoció con sus aliados —UCR, PRO y bancas provinciales— 15 borradores y aún sostiene la eliminación de ocho artículos y la modificación o sustitución de otros cinco. En síntesis:

“Más allá del nombre, esta es una ley de extranjerización, propone eliminar todo tipo de límites para que capitales radicados en el exterior se puedan hacer de nuestros territorios más valiosos”, sentencia Julieta Caggiano, integrante del Observatorio de Tierras.

El trabajo central del observatorio fue la creación del Mapa de Extranjerización de la Tierra, construido originalmente a partir de información del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) y ampliado luego con datos de la red de Parques Nacionales (PN), el Inventario Nacional de Glaciares (Ianigla), el Registro Nacional de Tierras Indígenas y la Cartera de Proyectos Mineros (Siacam). El diseño de La Libertad Avanza para abrir los bienes comunes del país al capital privado y despojar a las poblaciones locales se puede advertir hasta en las fuentes de información que se utilizó para el mapeo. La modificación de la Ley de Glaciares dejó en manos de las provincias la autoridad de quitar glaciares o zonas periglaciares del inventario nacional, mientras que la Ley de Emergencia Territorial Indígena, que promovía la regularización territorial de los pueblos originarios y su registro, fue derogada con la firma de Milei en diciembre de 2024.

En paralelo, la sanción del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) otorga a los capitales extranjeros beneficios impositivos, fiscales y aduaneros por 30 años para que lleguen al país a explotar los bienes comunes. Hasta el momento, el Gobierno aprobó 21 proyectos dentro del RIGI, en su mayoría, mineros. Los más recientes: el proyecto Vicuña (en zona glaciar en San Juan) y el proyecto Tres Quebradas (en zona del sistema de humedales de Lagunas Altoandinas en Catamarca). El Súper RIGI —que ingresó en paralelo a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y ya obtuvo media sanción en Diputados— amplía esos beneficios para “nuevas industrias” altamente demandantes de tierras, recursos hídricos y energéticos como, por ejemplo, los enormes centro de datos (data centers).

El mapa del Observatorio cruza la posesión de tierras en manos extranjeras con el 0,1 por ciento del territorio nacional de área glaciar (283.886 hectáreas), con los 701 proyectos mineros en marcha y proyectados, con las tierras de las 747 comunidades originarias reconocidas, las 258 que quedaron con trámite sin concluir y las 652 sin relevar.

“La combinación de estas variables permite identificar algo que no aparece en cada dato por separado: la convergencia de procesos que estructuran la disputa por el control y uso de los bienes comunes”, sostiene el Observatorio de Tierras que integran también los docentes e investigadores Matías Oberlin y Pablo Volkind.

Una reforma para extranjerizar la tierra, el agua y los minerales

La verdadera dimensión del impacto de la reforma propuesta por el oficialismo surge al analizar la extranjerización de la tierra a escala departamental y observar cuáles son las pretendidas por los capitales extranjeros. Haciendo zoom sobre la cordillera de Los Andes —zona de frontera, donde se ubican los mayores recursos hídricos y mineros del país— y en la zona ribereña del Río Paraná —que acaba de ser reprivatizado a manos de la empresa belga Jan de Nul—, por donde sale el 80 por ciento de la producción del país: del agronegocio a la minería.

“Con el mapa de extranjerización identificamos que hay 36 partidos que superan el límite del 15 por ciento de la ley y cuatro que superan el 50 por ciento. Esto no se trata de cualquier territorio sino de liberalizar la venta en los territorios que tienen cuerpos de agua, zonas de frontera, tierras ribereñas lo cual atenta contra nuestra soberanía”, advierte Caggiano.

De acuerdo al mapa de extranjerización del Observatorio de Tierras, los cuatro casos que superan el 50 por ciento de propiedad extranjera son Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta), todos ellos en zona de cordillera o precordillera con recursos de agua dulce o minerales. En el caso de General Lamadrid, con el 57 por ciento de la superficie en manos extranjeras, existen seis proyectos mineros previstos en zonas con presencia de ambientes glaciares o periglaciares.

En el caso de la localidad salteña de San Carlos, con el 60 por ciento de la tierra extranjerizada, se trata de una zona de glaciares de escombros —con su protección desregulada por la modificación de la Ley de Glaciares—, con cuatro proyectos mineros previstos y con cuatro comunidad indígenas sin su relevamiento finalizado antes de la derogación de la Ley de Emergencia Territorial.

Al este, Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes), y Campana (Buenos Aires), duplican el límite actual de extranjerización con un 30 por ciento. Allí, se encuentran recursos hídricos, el acceso al río Paraná y un caso paradigmático: el de la forestal Arauco —controlada por el Grupo Angelini, uno de los principales conglomerados económicos de Chile— 264.000 hectáreas, incluidas 120.000 de bosque nativo, lo que representaba el 27 por ciento del territorio de Misiones.

El informe del Observatorio de Tierras hace foco en otras localidades que superan los límites actuales de la Ley de Tierras y la influencia directa de los intereses mineros. En Tinogasta (Catamarca), el 27 por ciento de la superficie rural está extranjerizada, en un departamento donde existen tres proyectos mineros en operación y seis previstos en áreas con casi 4.500 hectáreas de ambientes glaciares o periglaciares.

En el departamento de Iglesia (San Juan) el 25 por ciento de la superficie rural se encuentra extranjerizada. Allí se encuentra la mina Veladero, operada por Barrick Gold y Shandong Gold, la que registra el mayor derrame de la historia de la minería argentina y cuenta con nuevas denuncias de contaminación.

Otro departamento que supera el límite de la norma actual es Malargüe (Mendoza), donde el gobierno de Mendoza —que impulsó la modificación de la Ley de Glaciares— avanza con decenas de proyectos mineros a través del denominado Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO), y para el cual habilitó la minería de cobre en una provincia que cuenta con la Ley 7772 para la protección del agua.

“En un contexto de expansión extractiva, creciente presencia de capitales extranjeros y marcos normativos que habilitan la libre disponibilidad de divisas, el riesgo es claro: que esos recursos se exploten de manera intensiva, con graves consecuencias sociales y de reproducción de las comunidades que los circundan, que la renta se fugue y que la economía se reoriente hacia formas de reprimarización, mientras se debilita la capacidad de decidir sobre el uso y el destino de estos territorios”, advierte el Observatorio de Tierras en sus informes.

¿Quiénes ya controlan el cinco por ciento del territorio argentino?

El análisis del Observatorio de Tierras marca el primer punto crítico de la extranjerización de tierras en la década del noventa y un segundo momento en los años 2000, cuando el boom del precio de los alimentos incrementó el valor de la tierra y la devaluación del 2001 facilitó en el país la compra por parte de extranjeros de tierras fértiles y estratégicas. A partir de 2008, tras la crisis financiera global, la tierra paso a ser un commodity a nivel global para los capitales especulativos.

En ese contexto, la norma sancionada en 2011, durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, estableció los límites actuales a nivel nacional, provincial y departamental, y planteó la tierra rural como un recurso estratégico, limitado e irreproducible, sin revertir el proceso de extranjerización anterior. “La ley operó como un freno al proceso de extranjerización, aunque no lo revirtió: las tierras que ya se encontraban en manos extranjeras mantuvieron esa condición”, señala el observatorio.

A partir de los datos del Registro Nacional de Tierras, creado con la norma de 2011, el observatorio analizó las nacionalidades de los principales poseedores de tierras y el listado es encabezado por propietarios estadounidenses, que poseen más de 2,7 millones de hectáreas —una área equivalente a la provincia de Misiones—, seguidos por los propietarios de nacionalidad italiana con dos millones de hectáreas —una superficie casi equivalente a Tucumán— y en tercer lugar los españoles —con 1,7 millones de hectáreas, es decir 85 veces la Ciudad de Buenos Aires—.

Otro caso emblemático para la Argentina son los propietarios de tierras con capitales británicos. Gran Bretaña ocupa ilegalmente 1,1 millón de hectáreas en las Islas Malvinas, pero además posee otras 246 mil hectáreas en el territorio nacional. De ese total, 12.000 pertenecen al caso paradigmático de Joe Lewis en el Lago Escondido, departamento de Bariloche (Río Negro), que se encuentra al límite de extranjerización con 13,6 por ciento de sus tierras en manos extranjeras. Pero las propiedades británicas dentro de Argentina se distribuyen a nivel federal con los casos más significativos en la zona núcleo del agronegocio: con 19.000 hectáreas entre las localidad de Balcarce, Arrecifes y Río Cuarto.

Si el análisis se concentrara en las hectáreas dominadas por propietarios radicados en “paraísos fiscales” o países con regulaciones especiales, esos propietarios se ubican en segundo lugar, por delante de los italianos y españoles, con 2,2 millones de hectáreas. En este punto resulta crítico el análisis del decreto decreto 820/2016 de Mauricio Macri que desmanteló la articulación con la AFIP (ahora ARCA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), al eliminar los cruces de información que permitían identificar beneficiarios finales y detectar triangulaciones societarias, además de quitar la obligación de anunciar previamente al Estado los cambios societarios.

Como consecuencia, precisa el Observatorio de Tierras, entre el primer relevamiento oficial de 2015 y el de 2022 la reducción del total de hectáreas registradas como extranjerizadas pasó de 15 millones a 13 millones, algo que “no refleja una reducción real, sino el impacto de esta nueva metodología”. Con esa opacidad instalada, en la actualidad, 2,2 millones de hectáreas están controladas por firmas radicadas en paraísos fiscales o países con regulaciones especiales.

En el caso de los paraísos fiscales se registran empresas o empresarios con domicilio en Luxemburgo (163.661 hectáreas), Liechtenstein (66.971 hectáreas), Panamá (69.243 hectáreas). Por otro lado, 1,1 millones de hectáreas están en manos de ciudadanos o empresas de Suiza, mientras que los otros países con regulaciones fiscales especiales que tienen empresas radicadas con propiedad de tierras en Argentina son Singapur, Arabia Saudita, los Países Bajos, Bélgica y Uruguay.

La decisión del gobierno de La Libertad Avanza de eliminar todo límite para los titulares extranjeros privados surge del análisis del Observatorio de Tierras como una contrarreforma a favor del capital. “Dado que la extranjerización de la tierra en Argentina ha sido realizada mayoritariamente por capitales privados, esta redefinición equivale, en los hechos, a legalizar la extranjerización masiva del territorio”, sentencian.

“La discusión actual remite, en última instancia, a quién controla los territorios estratégicos y qué intereses orientan su uso. Aquí aparece una cuestión central: la función social de los bienes naturales. El agua, la tierra, los ecosistemas de alta montaña, los minerales y las fuentes de energía sostienen la vida de las poblaciones que habitan el territorio argentino —urbanas y rurales— y hacen posible las producciones agropecuarias, además de los equilibrios ecológicos de los que dependen”, plantean desde el observatorio e invitan a reflexionar a los legisladores en el Congreso: “Se trata de bienes que nadie creó con su trabajo y que forman parte del patrimonio común. La pregunta es qué se hace con ellos y quién se apropia de la renta que generan”.

Veinticuatro horas después de la semifinal que revolucionó al país, el oficialismo abrirá el Senado para aprobar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que habilita la venta sin límites de las tierras nacionales a los extranjeros. Con el apoyo de los gobernadores y bloques aliados, que lograron introducir cambios al proyecto redactado por Federico Sturzenegger, el Gobierno buscará coronar la semana dandole media sanción a un proyecto que habilita los desalojos exprés para los inquilinos endeudados, flexibiliza la ley ambiental de Manejo del Fuego y elimina el tope del 15% a la venta de tierras a capitales extranjeros.

Será el tercer intento en lo que va del año. Boicoteada sistemáticamente por los coletazos generados por el caso Manuel Adorni, Patricia Bullrich volverá a intentar aprobar la iniciativa insignia de Sturzenegger. El primer intento fue hace un mes, en la misma sesión que el Senado aprobó el pliego de la candidata a jueza que Milei quiso vetar por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Y el último fue hace unas semanas, cuando la propia Bullrich dejó sin quórum para evitar la moción de censura contra Adorni y presionar, así, para que el Gobierno lo echara. Tres días después, Karina Milei le pidió la renuncia.

En esta ocasión, sin embargo, la prioridad del Gobierno es otra. Los números para aprobar el capítulo de extranjerización de la tierra están justos, y en el oficialismo se mueven con cautela porque están movidos por una urgencia. La urgencia tiene nombre propio: el pliego del juez Victor Pesino, que cumple 75 años el próximo 27 de julio y tiene hasta entonces para conseguir que le aprueben el pliego para continuar cinco años en el cargo. Pesino viene de dejar sin efecto la cautelar que suspendía la reforma laboral y, a su vez, de intervenir uno de los sindicatos más combativos contra el Gobierno, la UOM.

El motivo del oficialismo para convocar la sesión en las vísperas del receso invernal es aprobar el pliego de Pesino, y la oposición apuesta a utilizarlo en su favor. Envalentonados por la victoria de Argentina sobre Inglaterra, el peronismo apuesta a voltear la sesión antes de que llegue el momento de tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El jefe de interbloque, José Mayans, viene conversando con algunos senadores más díscolos del radicalismo y de fuerzas provinciales con el objetivo de convencerlos de rechazar, al menos, el capítulo de extranjerización de las tierras.

“Estamos muy cerca de voltear el capítulo 3, pero dependemos de algunos radicales”, deslizó una senadora peronista que, hasta último momento, venía poroteando la sesión. El capítulo 3 es el que modifica la Ley de Tierras sancionada en 2011 con el objetivo de poner límites a la venta ilimitada de tierras en el país, especialmente en zonas de recursos naturales o hídricas.

Bullrich negoció cambios hasta la semana pasada con el objetivo de conseguir los votos de algunos radicales, como Maxi Abad o Daniel Kroneberger. Habilitó límites para la venta de tierras a empresas con capital de estados extranjeros, así como dobles conformes –del Congreso Nacional y del gobernador– para las zonas de frontera. Pero la jefa del oficialismo no está segura aún de tener el número. Lo sabrá recién el jueves a la mañana, cuando los senadores que vienen de festejar el triunfo de la Argentina se sienten para dar quórum.

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El oficialismo y sus aliados decidieron avanzar definitivamente con la aprobación del proyecto que endurece las penas para las falsas denuncias en casos de violencia de género. Esta iniciativa, que es impulsada por Carolina Losada, viene siendo cuestionada por organizaciones feministas y de derechos humanos por criminalizar a las mujeres que denuncian situaciones de violencia. Las críticas llevaron a que Patricia Bullrich durmiese el tema por unos meses, pero volvió a la carga: la jefa del oficialismo está decidida a hacer buena letra con los aliados para poder suspender las PASO y anunció que convocará a una sesión el 6 de agosto para aprobar el proyecto.

El proyecto de Losada aumenta las penas de dos delitos que ya existen en el Código Penal: el de denuncia falsa (art. 245) y el de falso testimonio (art. 275). Y lo hace partiendo de la hipótesis, muy difundida en los grupos antifeministas, de que existe una emergencia de falsas denuncias por violencia de género que amerita un endurecimiento de las penas para convertirlos en no excarcelables. “Las denuncias falsas arruinan vidas. Utilizan recursos del Estado para su investigación y las penas existentes hoy son, prácticamente, inexistentes”, argumentó Losada, durante el debate en comisión del Senado.

El rechazo generalizado que despertó la iniciativa, sin embargo, la obligó a cambiar los planes. La versión original fue redactada por Andrea Guacci, la esposa de Diego Guacci, el entrenador de la Selección femenina de fútbol que, en 2021, fue denunciado por abuso y acoso sexual por cinco jugadoras. Proponía un aumento de las penas específicamente para las denuncias vinculadas a la violencia de género, abuso sexual y violencia contra las infancias, lo que despertó una oleada de advertencias de grupos de abogadas y de supervivientes que advertían que, de aprobarse, la iniciativa desincentivaría las denuncias por un tipo de delito que tiene un elevado subregistro.

En efecto, según datos oficiales, sólo el 18% de las víctimas de femicidio denunciaron previamente situaciones de violencia (Corte Suprema, 2024). Los delitos contra la integridad sexual, mientras tanto, son el delito violento menos reportado: solo el 12,5% de las víctimas lo denuncia (INDEC, Encuesta Nacional de Victimización, 2018).

Frente a estas impugnaciones, Losada y Bullrich negociaron modificaciones con el resto de los bloques aliados. El cambio más importante es que el aumento de las penas por falso testimonio y denuncia falsa no será ya solo para los casos de violencia de género, sino que se amplía para otros delitos. Según el borrador al que accedió eldiarioAR, en el caso de que la imputación hubiera sido sobre delitos dolosos graves o que tuviesen como víctimas a menores de edad, la pena será de 2 a 5 años de prisión. Y, si la denuncia hubiera derivado en la restricción judicial de “derechos de carácter patrimonial o familiar”, la pena será de 3 a 6 años de prisión.

El texto de la ley no lo dice, pero la última pena dialoga directamente con una de las narrativas que sostienen los grupos que hacen lobby contra las denuncias falsas: que son estrategias de las madres para separar a los padres de sus hijos. Un mecanismo que, según advirtieron durante las audiencias en el Senado muchas “madres protectoras”, suele utilizarse como estrategia discursiva en los juicios por abuso sexual infantil.

“Esta ley viene a consolidar algo que se da en las sombras. Porque en los expedientes los abogados vienen ya planteando, como estrategia judicial, que hicimos una falsa denuncia por despecho, por venganza o por un supuesto beneficio económico”, advierte, en diálogo con eldiarioAR, Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años. Y agrega: “Con esta ley tienen una herramienta valiosísima no solo para lograr la impunidad, sino también para vengarse y criminalizar a quienes han querido poner un límite y han denunciado”.

Estas advertencias permearon al interior del bloque radical y de los otros bloques aliados, que se resistieron a acompañar el proyecto original. Con los nuevos cambios, sin embargo, Losada espera poder conseguir el número a principios de agosto, que es cuando Bullrich se comprometió a llevar el tema al recinto.

La jefa del oficialismo en el Senado no es una gran defensora de la iniciativa en la intimidad, según advierten interlocutores de la oposición que intentaron convencerla para bajar el proyecto. Pero el escenario cambió con las nuevas modificaciones y con la aparición de una urgencia política más importante: la necesidad de hacer buena letra entre los radicales para conseguir sus votos para la suspensión de las PASO.

“Esto debería ser algo que se apruebe por unanimidad. Ojalá el kirchnerismo se decida acompañar porque afecta a mucha gente”, afirmaron desde el despacho de Losada.

Qué dicen los números oficiales

El argumento de Losada y las organizaciones que impulsan el proyecto parte de la premisa de que existe un aumento significativo de las denuncias falsas que, por un lado, le están arruinando la vida a las personas denunciadas –en su mayoría hombres– y que, por el otro, obturan el funcionamiento del Poder Judicial. Los datos oficiales, sin embargo, muestran lo contrario.

Según un informe realizado por el Observatorio de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF), el delito de falsa denuncia es un “fenómeno marginal” que sólo explica el 0,09% del total de causas penales registradas. El relevamiento analizó más de ocho millones de investigaciones penales registradas en 17 jurisdicciones durante los últimos tres años y concluyó que no existe un fenómeno criminal que justifique el endurecimiento de las penas. “La falsa denuncia representa una causa aproximadamente cada mil en el sistema penal. El falso testimonio, aproximadamente una causa cada cuatro mil”, grafica.

“La instalación de la idea de una supuesta proliferación de denuncias falsas no solo carece de sustento empírico, sino que además genera efectos regresivos: desalienta la denuncia, refuerza estereotipos de género y contribuye a la deslegitimación de la palabra de las mujeres víctimas”, advirtieron, a través de un comunicado publicado en abril, el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina.

El proyecto girará al recinto después de las vacaciones de invierno, cuando comience el verdadero debate por la eliminación de las PASO.

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