El tuit duró lo suficiente como para instalar una escena. El 24 de marzo, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) hizo una publicación que la ubicó en el centro de una postal internacional: su titular, Cristian Auguadra, reunido en Langley, Virginia, con el director de la Central Intelligence Agency (CIA), John Ratcliffe. Al día siguiente, Manuel Adorni ratificó el dato en su fallida conferencia de prensa. “Otro hito silencioso para sumar a la lista de nuestra gestión”, leyó el jefe de Gabinete. Sin embargo, pocas horas después de ese mensaje exultante, algo extraño ocurrió: el comunicado desapareció. Había sido borrado.

En su versión original, el texto no dejaba demasiados márgenes para la ambigüedad. La SIDE informaba que Auguadra había mantenido una reunión bilateral “privada” con Ratcliffe en la sede de la agencia, en paralelo a la denominada Reunión por las Américas realizada en Washington, donde delegaciones de distintos países discutieron cooperación en materia de terrorismo, narcotráfico y lavado de activos. También anticipaba la entrega de un reconocimiento al organismo argentino en abril, en Langley, como resultado de “operaciones conjuntas” y del impulso al flamante Centro Nacional Antiterrorismo (CNA).

¿Por qué el Gobierno eliminó una noticia que, en principio, reforzaba a la perfección el relato oficial? ¿Acaso hubo una violación del secreto? Las explicaciones oficiales no llegaron de inmediato. Recién después de una semana de silencio, y tras la consulta de elDiarioAR, fuentes de la SIDE aseguraron que la publicación fue retirada porque se decidió volver a difundirla “una vez que se cuente con el material fotográfico oficial de la reunión mantenida ese día en Langley”. Aclararon que “no hubo ningún otro motivo detrás de la decisión” y que el objetivo es “aprovechar la foto para dar más información respecto del robustecimiento de la relación con la CIA”, además de anticipar anuncios vinculados al CNA.

¿Alcanza esa explicación para justificar la desaparición del comunicado? ¿O llega demasiado tarde para cerrar las dudas que ya se habían abierto? Según pudo reconstruir este medio a partir de distintas fuentes con conocimiento del viaje, Auguadra efectivamente estuvo en Washington y participó de la reunión regional, tal y como se informó. Ese dato no está en discusión. Lo que sí aparece bajo sospecha —y se espera que la foto venga a echar luz— es el corazón del mensaje: el cara a cara con el director de la CIA

De acuerdo con esas versiones, la reunión del titular de la SIDE no habría sido con Ratcliffe, sino con su número dos, David S. Cohen. Un encuentro de carácter protocolar, sin anuncios ni definiciones estratégicas, centrado en “generalidades”. ¿Es lo mismo? En el lenguaje de la inteligencia, claramente no: cada nivel de interlocución tiene un peso específico. La diferencia entre una bilateral con el director y un contacto con su segundo no es menor. ¿Por qué, entonces, se decidió comunicarlo de otra manera?

Ahí es donde la historia empieza a correrse del plano diplomático y a meterse en la lógica de la política doméstica. “Santiago pudo haber jugado una carta fuerte de ‘tengo esto que ustedes no’”, deslizó una fuente malpensada y al tanto de la dinámica interna del oficialismo. La SIDE, como otras áreas sensibles, es hoy un territorio en disputa entre el asesor presidencial y Karina Milei, en una interna que se expresa de manera cada vez más descarnada, pero que el affaire Adorni paradójicamente ayudó a dilatar.

La interna sin fin

La pulseada en la cúpula del poder libertario no es nueva, pero en las últimas semanas sumó capítulos. Mientras Santiago Caputo busca sobrevivir con su influencia en lugares estratégicos como la SIDE o ARCA, la secretaria general de la Presidencia intenta ordenar ese esquema bajo su propia lógica de control y lealtades. La decisión de postular a Sebastián Pareja como titular de la Bicameral de Inteligencia del Congreso es un botón de muestra. En ese sentido, el comunicado —ahora borrado— fue leído por muchos más como una señal hacia adentro que como un gesto hacia afuera. ¿Y si se trató de una forma apresurada de marcar territorio por parte del asesor? ¿Una manera de mostrar acceso directo a Washington en medio de esa puja?

Más allá del alineamiento automático de Javier Milei con la administración Trump, es evidente el lazo que une a Caputo con el lobby de Mar-a-lago a través del empresario Leonardo Scatturice, figura de su extrema confianza. Hay determinados niveles de la estructura norteamericana cuya llave de ingreso no depende solo de la afinidad política, sino de redes previas, confianza acumulada y validación técnica. “La visita a Langley no es tan difícil de conseguir, pero necesitás que los burócratas de defensa y seguridad de Washington te la validen, y a esos no los conoce cualquiera”, explicó a elDiarioAR un exfuncionario con vínculos en Estados Unidos, al describir los circuitos formales e informales que habilitan ese tipo de encuentros.

Sobre ese telón de fondo se dibuja, en paralelo, un clima interno en la SIDE que se volvió cada vez más inestable. Como reveló elDiarioAR, en el último mes se configuró un escenario de incertidumbre que incluso agentes con larga trayectoria describen como inusual. Hubo corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma del año 2024. La sensación dominante, según los testimonios recogidos, es la de un organismo desorientado, sin una directriz clara y atravesado por niveles de intriga que empiezan a afectar su funcionamiento cotidiano.

Todo alimenta el runrún de pasillo. Desde las versiones de nombres de la “vieja guardia” que podrían incorporarse, hasta los rumores —ahora menos insistentes— sobre una inminente eyección de Auguadra de su silla en el piso 5 de 25 de Mayo 11. En ese marco, el episodio del comunicado fantasma aparece como una pieza más de una trama mayor: la de una SIDE en transición permanente, donde lo doméstico y lo internacional se cruzan de manera cada vez más problemática.

PL/MG

El fallo a favor de la Argentina en la Cámara de Apelaciones de Nueva York le dio al Gobierno el impulso político que necesitaba para intentar dar vuelta la página del escándalo que envuelve desde hace semanas a Manuel Adorni. Por eso apenas conocida la noticia la usina virtual del mileísmo salió a invadir las redes sociales, con la particularidad de que fue el entorno del asesor Santiago Caputo –el asesor presidencial en conflicto con Karina Milei– quien motorizó la narrativa oficialista.

La usina caputista buscó posicionar a dos de los suyos como los protagonistas de la estrategia judicial argentina: la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, encargada de custodiar la firma del Presidente, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, hasta hace pocas semanas secretario de Justicia. Sin embargo la estrategia judicial del mileísmo respetó los lineamientos de gestiones anteriores, como la de Alberto Fernández y hasta de Axel Kicillof cuando fue el impulsor de la expropiación de YPF.

Qué se ganó y por qué

Para entender el peso del fallo hay que remontarse a 1993, cuando bajo el gobierno de Carlos Menem se privatizó YPF y se redactó un estatuto social que incluía una cláusula de protección a los accionistas minoritarios: cualquier entidad que adquiriera el control de la compañía debía lanzar una Oferta Pública de Adquisición para comprarles sus acciones a precio de mercado. Casi veinte años después, en abril de 2012, el Congreso sancionó la Ley 26.741 que declaró de utilidad pública el 51% de las acciones de YPF, pertenecientes a la española Repsol. La defensa argentina –liderada en ese momento por Kicillof como viceministro de Economía– argumentó que la ley de expropiación, al ser de orden público, prevalecía sobre los estatutos privados. Los accionistas minoritarios no recibieron oferta alguna.

En 2015, el fondo Burford Capital compró por 15 millones de euros los derechos de litigio de las empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado en España al no poder pagar los créditos con los que habían adquirido su 25% de YPF. Burford demandó a la Argentina en Nueva York alegando que el Estado había actuado como un inversor privado y no cumplió las reglas de mercado de la propia empresa. En marzo de 2023, la jueza Loretta Preska declaró a la Argentina responsable por incumplimiento de contrato. En septiembre de ese año fijó el monto de la condena en US$16.100 millones –US$8.400 millones en daños y US$7.600 millones en intereses retroactivos al 8% anual desde abril de 2012– cargando la totalidad sobre el Estado nacional y eximiendo a YPF S.A. Argentina apeló. Este jueves, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la condena y ordenó la revisión total del proceso.

La estrategia de la apelación fue conducida desde la Procuración del Tesoro por Sebastián Amerio, quien asumió el cargo hace pocas semanas tras ser viceministro de Justicia. Junto a él trabajaron los subprocuradores Santiago Castro Videla y Juan Ignacio Stampalija. Desde Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy coordinó la posición institucional del Ejecutivo. El equipo contó además con la participación de Bernardo Saravia Frías, ex Procurador del Tesoro, cuya experiencia acumulada en el caso desde gestiones anteriores resultó clave para darle continuidad técnica a una defensa que, en sus argumentos centrales, no había cambiado de un gobierno al otro.

Ese último punto es el que más incomoda al oficialismo en el festejo de hoy, y que el abogado Sebastián Soler sintetizó con precisión en X: “Ya había coincidencia en que haber expropiado YPF benefició al país, pero algunos porfiaban que se había 'expropiado mal' y que eso 'nos iba a costar US$16.000 millones de dólares'. Desde hoy, ya no lo pueden decir. El juicio se ganó porque se expropió correctamente, cumpliendo las únicas leyes que importan, que son las de nuestro país, y porque, más allá de las declaraciones desagradables y oportunistas del presidente Milei, su gobierno reiteró en la apelación los mismos argumentos legales que ya había planteado la defensa argentina durante la gestión del gobierno anterior.” Una lectura incómoda para el oficialismo, que festejaba la victoria como propia pero que en los hechos había continuado la estrategia legal del kirchnerismo.

La usina caputista tomó la delantera

El propio Santiago Caputo fue el primero en marcar el tono libertario. Con su habitual lenguaje críptico, publicó en X: “Las Fuerzas del Cielo operan de maneras misteriosas”, acompañado de una imagen que mostraba el derrumbe de la acción de Burford Capital. El fondo inglés, gran perdedor del día, vio sus acciones caer más de un 36% en la Bolsa de Estados Unidos apenas conocida la noticia. Horas después, Caputo volvió a postear, esta vez en clave más mística que política: “La Diosa Fortuna nos otorgó a los argentinos el privilegio de encontrarnos con Javier G. Milei para que salve el país. No perdamos esta oportunidad.” Un mensaje que, leído en clave interna, era también una declaración de principios frente a su propia pelea interna en la Casa Rosada.

La militancia digital amplificó sin matices. Agustín Romo, una de las cuentas más activas del ecosistema oficialista, escribió: “El mayor logro jurídico de la historia argentina lo hizo este gobierno. El de Javier Milei. Y los argentinos nos ahorramos 18 mil millones de dólares. Impresionante el laburo de todo el equipo legal, en especial el de la Dra. María Ibarzabal Murphy.” Minutos más tarde, ante la reacción opositora, Romo subió la apuesta: “Da lástima el peronismo queriendo adjudicarse el logro de ganar el juicio de YPF. Si ellos eran gobierno, en Estados Unidos nos condenaban a pagar diez mil veces más de lo que pedía Burford. Ustedes pactaron con Irán. Se piensan que es gratis? Boludísimos realmente.”

Milei y Kicillof como blanco

Milei no se quedó atrás en los improperios. En un discurso en un Centro de Capacitación de Capital Humano, el Presidente dijo que “tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner”. La frase fue aplaudida por su tropa pero desnudó también una operación política: Milei encontró en el gobernador bonaerense el rival más cómodo, el que le permite unificar a su electorado y correrse del escándalo Adorni con un solo movimiento. El comunicado oficial de la Casa Rosada fue, en ese sentido, más prolijo pero igualmente contundente: señaló que “las decisiones populistas e intervencionistas adoptadas durante el gobierno kirchnerista, con la participación directa del actual gobernador Axel Kicillof, expusieron al país a una contingencia judicial de magnitud extraordinaria”.

La paradoja, sin embargo, es que el argumento con el que la Argentina ganó en Nueva York es exactamente el que Kicillof esgrimió en 2012: que la expropiación fue un acto soberano amparado por la ley nacional, no una operación de mercado. El gobernador bonaerense no tardó en señalarlo. Respondió en redes sociales que “la Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras”, y sostuvo que el resultado era “un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana”. Afirmó además que los abogados del Estado habían defendido en Nueva York los mismos argumentos que él sostuvo siempre, señalando la contradicción de un gobierno que criticaba la estatización mientras sus propios letrados la defendían.

Cristina Kirchner fue más institucional pero igualmente reivindicativa. Agradeció “como ex Presidenta y como ciudadana” al estudio Sullivan & Cromwell LLP, encargado de la defensa del Estado desde 2020, y sostuvo que “la expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho”. Añadió que la decisión política de recuperar YPF “fue estratégica para el país” y que la posición argentina “siempre fue apoyada por Estados Unidos en las administraciones demócrata y republicana”. El fallo, en ese sentido, le daba un argumento que venía esperando hace años: la misma Cámara de Apelaciones que absolvía a la Argentina validaba, técnica y jurídicamente, la lógica de la nacionalización de 2012.

MC

El diputado libertario Sebastián Pareja quedó confirmado como presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. El legislador nacional, principal armador bonaerense de Karina Milei y uno de los dirigentes de mayor confianza del espacio libertario, conducirá el organismo encargado de supervisar la actividad de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), según supo ayer elDiarioAR de distintas fuentes parlamentarias. La formalización ocurrirá en los próximos días, cuando se constituya la comisión y sus 16 integrantes —ocho por cada Cámara— elijan a sus autoridades. En el oficialismo confían en tener la mayoría necesaria con legisladores propios y aliados.

La designación no es un movimiento menor. La Bicameral tiene atribuciones para analizar la ejecución del Plan de Inteligencia Nacional, controlar los gastos reservados de los organismos del sistema y requerir información clasificada, incluidas interceptaciones realizadas por la Dirección de Observaciones Judiciales y datos de empresas de telecomunicaciones. Sus reuniones son secretas. Que un hombre del entorno más estrecho de la hermanísima quede al frente de ese espacio tiene una lectura política directa: el sector “karinista” supervisará un área donde Santiago Caputo todavía conserva influencia, a través del titular de la SIDE, Cristian Auguadra.

Un territorio en disputa

La llegada de Pareja a la Bicameral se produce en un momento en que la avanzada de Caputo sobre el sistema de inteligencia está en compás de espera. Según pudo reconstruir elDiarioAR, las dos grandes iniciativas del asesor presidencial en materia de inteligencia comenzaron a desinflarse. El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que había delineado el ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert, despertó alarmas en la oposición y en organizaciones de derechos humanos por habilitar potencialmente tareas de espionaje interno. El documento, en su versión original, admitía producir información sobre “actores estratégicos” que intentaran erosionar el sistema financiero o generar desconfianza en las políticas económicas del gobierno, y sobre quienes difundieran información falsa con el objetivo de influir en la opinión pública.

La Bicameral le advirtió a Neiffert y emitió un dictamen crítico. Dos meses después, el ex titular de la SIDE presentó un PIN modificado: se eliminaron las referencias a la alianza con Estados Unidos e Israel y desaparecieron las alusiones a “actores estratégicos” que pudieran incidir sobre la percepción pública, que era la ambigüedad más cuestionada. En la oposición leyeron esos cambios como una concesión para dejar “todo en orden” antes de la salida de Neiffert. Desde sectores con vínculos en los servicios de inteligencia fueron más lejos y sostuvieron que fue el propio Caputo quien accedió a dar marcha atrás para no acumular problemas judiciales.

El otro frente aún abierto es el del DNU 941, que reestructuró la SIDE y amplió sus facultades operativas, incluyendo la posibilidad de que personal de inteligencia aprehenda personas en casos de flagrancia —una atribución que hasta ahora correspondía exclusivamente a las fuerzas de seguridad—. El Gobierno había anunciado un proyecto de ley para blindar ese decreto, pero el proyecto nunca llegó al Congreso. Pasaron dos meses sin novedades, y en la última reunión de la mesa política en Casa Rosada la iniciativa no apareció en la agenda. En el caputismo dicen que “está en carpeta”, pero desde el Gobierno no dan señales de que sea una prioridad.

El mapa interno

El ascenso de Pareja en la comisión parlamentaria se inscribe en una disputa más amplia entre Karina Milei y Santiago Caputo, que viene cobrando forma dentro del oficialismo. El antecedente más reciente fue el Ministerio de Justicia: la influencia de Caputo fue desplazada con el ingreso de Juan Bautista Mahiques como ministro y Santiago Viola como secretario del área, ambos cercanos a la hermana de Javier Milei. Ahora, la Bicameral de Inteligencia sigue ese camino.

Pareja, además, es resistido por Las Fuerzas del Cielo, el espacio militante vinculado a Caputo. La tensión viene de larga data y estalló públicamente durante la última Derecha Fest, en Mar del Plata, donde el diputado fue abucheado al subir al escenario. Pero dentro de la Cámara de Diputados Pareja tiene la confianza de Martín Menem, y en ese sentido con Lule Menem, mano derecha de Karina. Además es presidente del partido La Libertad Avanza a nivel bonaerense, por lo que sus vínculos con la hermanísima ahora son fortalecidos.

La designación también generó roces con el PRO de Mauricio Macri. El jefe del bloque en Diputados, Cristian Ritondo —que tiene su propio vínculo personal con Caputo—, esperaba que le ofrezcan a él la presidencia de la Bicameral, pero desde el entorno de Menem lo desmintieron: ayer en un despacho clave sostuvieron que siempre estuvo claro que las comisiones de gestión le corresponden a La Libertad Avanza. “Son para el partido gobernante”, dijo una de las fuentes consultadas.

Con Pareja confirmado, resta saber los demás nombres de la Bicameral. En el universo libertario también sonaba como ficha asegurada Gabriel Bornoroni, presidente del bloque en la Cámara de Diputados. Luego habrá que ver quiénes del PRO, así como del peronismo y del radicalismo, serán parte del organismo parlamentario que puede vigilar de cerca a la SIDE.

*Con la colaboración de María Cafferata

MC

La “guerra fría” entre Karina Milei y Santiago Caputo tuvo una tregua inesperada: la crisis de Manuel Adorni por sus escandalosos viajes en avión y las dudas sobre sus propiedades y patrimonio en general. El asesor todoterreno apareció este miércoles en la conferencia de prensa que brindó el jefe de Gabinete y en silencio siguió cómo el ministro coordinador desglosaba el guion que habían preparado durante el fin de semana largo: evitar respuestas comprometedoras, embarrar la cancha con comentarios secundarios y polemizar con los periodistas.

Adorni recurrió a Caputo luego de que la hermana del Presidente definiera darle un respaldo total al funcionario. Al asesor no le consultaron sobre qué hacer, sino cómo hacerlo: la idea de la conferencia no la aportó él, sino que fue algo “consensuado”, reconstruyó elDiarioAR de fuentes dentro de Balcarce 50. 

La presencia de Caputo en la conferencia confirmó ese alineamiento con Adorni, que no se traduce en una reconciliación con Karina: la hermanísima fue la única que no apareció con el jefe de Gabinete. Recién varias horas después de la exposición del jefe de Gabinete se sacó una foto a solas con él y tuiteó: “Mi apoyo, intacto”. A Adorni sí lo habían acompañado varios ministros: Mario Lugones (Salud), Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Cancillería), Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Federico Sturzenegger (Desregulación). Con cada uno de ellos se reunió Adorni uno a uno posteriormente para definir la nueva agenda parlamentaria del Gobierno.

“Con mi dinero hago lo que quiero”, “usted es apenas un periodista, no un juez”, “No tengo nada que esconder”, “hablar de mi familia me parece de una bajeza”, fueron algunas de las salidas que encontró Adorni en su intervención. Pero las omisiones fueron ensordecedoras: reconoció vivir en un departamento en Caballito que no está declarado y que ayer se supo que lo adquirió siendo funcionario, tampoco aclaró sobre la casa en el country Indio Cua a nombre de su mujer, Bettina Angeletti, y omitió dio precisiones sobre cómo pagó finalmente el viaje de unos US$9.000 que hizo en un jet privado a Punta del Este. 

Según la mirada del Gobierno, la conferencia de Adorni cumplió su objetivo. “El objetivo de la conferencia fue comunicar los objetivos de la agenda legislativa”, apuntó un vocero presidencial, que entiende que el expediente Adorni no afectó “en la imagen” de Milei. Sin embargo, cada uno de los silencios de Adorni dicen aún más cosas.

El departamento de Caballito

Adorni reconoció en la conferencia que vive en Caballito, pero no quiso confirmar si ese inmueble le pertenece. El Registro de la Propiedad Inmueble lo desmintió por las suyas: el jefe de Gabinete es dueño, junto a su esposa, de un departamento en Miró al 500, según confirmó ayer La Nación. La compra no figura en ninguna de sus declaraciones juradas públicas, aunque Adorni lo justificó con un argumento formal: “Lo que no está declarado es porque la declaración jurada no está vencida”. El departamento fue publicado en venta en 2024 con dos precios: US$295.000 y US$340.000, según registró el periodista de elDiarioAR Sebastián Lacunza.

Se trataría de un semipiso de 150 m² cubiertos, con 4 ambientes, balcón al frente, cohera y baulera. “Muy bueno; hermoso”, rezaba el aviso inmobiliario de 2024.

Lo llamativo es que tampoco vendió su anterior vivienda, en la calle Asamblea al 900, en Parque Chacabuco –ese departamento apareció publicado en el sitio Zonaprop– ni su otra propiedad en La Plata, que también sigue inscripta a su nombre. En apenas dos años de gestión pasó de dos inmuebles declarados a por lo menos tres, que serían cuatro si se suma la de un country adquirida por su esposa.

La casa en Indio Cua

En noviembre de 2024, Angeletti compró la unidad funcional 380 del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. En el registro bonaerense quedó constancia de que al momento de la operación estaba casada con Adorni. Las expensas del inmueble superan los $699.000 mensuales. El jefe de Gabinete no incluyó esa propiedad en la declaración jurada pública de 2024 ante la Oficina Anticorrupción, ni explicó si la volcó en el anexo reservado –que requiere un pedido especial ante el Ministerio de Justicia para acceder– ni, sobre todo, de dónde salió el dinero para comprarla.

La supuesta casa de Martínez

Un tercer inmueble también genera dudas: vecinos de una propiedad en Martínez dijeron haber visto a Adorni con frecuencia por allí. El funcionario no aclaró si tiene algún vínculo con esa casa. Su única respuesta fue que la mención de ese inmueble “es parte de una operación política y mediática para dañar al Gobierno”. No hubo más detalles.

Los ingresos de su esposa

Angeletti se presenta como especialista en coaching organizacional. En julio de 2024, seis meses después de que Milei asumiera, fundó +BE, una consultora. Hasta fines de 2024 facturaba como monotributista; a comienzos de 2025 pasó a estar inscripta como autónoma. Adorni podría alegar que las compras de su grupo familiar se financiaron con los ingresos de ella, pero no lo dijo ni aportó ninguna explicación al respecto. Angeletti también tiene a su nombre un departamento en Parque Avellaneda –en Bragado al 4700– y otra propiedad en el partido de Morón.

La declaración jurada 

La última DDJJ disponible de Adorni, presentada en agosto de 2025 ante la Oficina Anticorrupción y correspondiente al ejercicio 2024, refleja un patrimonio que incluye dos inmuebles, dos autos, más de $2,4 millones en efectivo en el país, unos US$42.500 también en efectivo y una cuenta de ahorro en Estados Unidos con algo más de US$6.200. Entre sus pasivos declaró deudas con particulares que, convertidas a pesos, superaban los $20 y $23 millones respectivamente –montos que según publicaciones de El Destape corresponderían a préstamos de su madre y de una familiar jubilada de 95 años– y además dos créditos hipotecarios. 

La declaración correspondiente a 2025, el año en que fue candidato a legislador porteño y luego ascendió a jefe de Gabinete, aún no fue presentada: el plazo vence a mediados de este año. Será esa DDJJ la que deberá reflejar, entre otras cosas, el departamento de Caballito, la casa en Indio Cua y el eventual auto nuevo. Por ahora, hay más preguntas que respuestas.

El viaje a Punta del Este

El detonante de toda la crisis fue un video que mostró a Adorni, su mujer, sus dos hijos y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado durante el fin de semana largo de Carnaval rumbo a Punta del Este. Los vuelos se contrataron con la empresa Alpha Centauri S.A.: el de ida costó unos 4.830 dólares y fue facturado a Imhouse, la productora de Grandio, que tiene contratos con la TV Pública. El de vuelta formó parte de un paquete de diez viajes por 42.250 dólares, abonados en efectivo según la factura, que quedó a nombre de un broker de vuelos privados. Ese broker aclaró que quien reservó y pagó fue Grandio. Adorni insistió en que pagó su parte, pero no presentó ningún comprobante. Grandio, por su parte, cambió su versión al menos tres veces.

Las causas judiciales

Adorni acumula al menos tres expedientes activos en Comodoro Py, cada uno con su propio objeto. El primero, ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, investiga quién pagó realmente el viaje a Punta del Este: la semana pasada se ordenaron el levantamiento del secreto fiscal de Imhouse, el secreto bancario de esa productora y un pedido de informes a ARCA para rastrear los vínculos financieros entre Grandio, Adorni y Angeletti. 

El segundo tramita ante el juez Daniel Rafecas, con la investigación delegada en la fiscal Alejandra Mángano: el foco está en el viaje oficial a Nueva York en el que la esposa de Adorni subió al avión presidencial, y Mángano ya requirió a la Secretaría General de la Presidencia –a cargo de Karina Milei– el listado completo de pasajeros de ese vuelo. 

El tercero, que quedó radicado en el juzgado de la jueza María Servini a partir de una denuncia de Pagano por enriquecimiento ilícito, apunta directamente a la casa en Indio Cua y a la evolución patrimonial del funcionario: la jueza analiza si corresponde acumular ese expediente con alguno de los otros. 

En todos los casos, los delitos investigados van desde malversación de caudales y abuso de autoridad hasta enriquecimiento ilícito, figuras que en el Código Penal prevén penas de hasta diez años de prisión. La estrategia de Adorni ante la prensa fue invocar esas causas para no dar precisiones, alegando que dar detalles podría “entorpecer” la investigación.

MC

“Hay una frase que se la debo a Santi Caputo…”, dijo Javier Milei desde el escenario del Palacio Libertad y el auditorio estalló en aplausos de ministros, legisladores, funcionarios. Todos, menos de Karina Milei, que justo fue ponchada por la cámara en la transmisión oficial con el gesto serio y la mano izquierda sobre la cara. La escena del miércoles fue más que elocuente sobre la interna que atraviesan dos de los vértices del “triángulo de hierro”. Y ya se ve en situaciones concretas del día a día en el Gobierno, con una hermana presidencial buscando recortarle poder al asesor todoterreno. 

Karina avanza como un Pac-Man sobre el mapa de influencia de Caputo, comiendo –o buscando comer– casillas una a una. La más codiciada es la Secretaría de Inteligencia del Estado, la SIDE. El nombre que suena para desplazar al caputista Cristian Auguadra es el de Jorge “Corcho” Anzorreguy, abogado y sobrino de Hugo Anzorreguy, el mítico “Señor Cinco” que condujo la SIDE durante casi todo el menemismo. El vínculo con el karinismo es doble: “Corcho” es cuñado de Santiago Viola, el abogado que Karina impuso como viceministro de Justicia, y comparte con él el histórico estudio jurídico de los Anzorreguy. En Balcarce 50 dicen que solo falta el visto bueno familiar para que el movimiento se concrete. Pero “Corcho” ya se negó dos veces, como registró este medio ayer.

El detonante público de la intención de Karina sobre la SIDE fue la filtración del video que mostró a Manuel Adorni subiendo al jet privado en San Fernando rumbo a Punta del Este. El propio jefe de Gabinete echó más leña: dijo en LN+ que “ese video salió de adentro del Gobierno”, apuntando sin nombrarlo a Caputo, cuyo hombre controla la SIDE. En el entorno del asesor lo desmienten. Este viernes la salida que encontró el Gobierno fue apuntar contra una ignota militante del PTS y representante gremial en el aeropuerto de San Fernando. En la agrupación de Myriam Bregman rechazan de plano el dedo señalador libertario.

La SIDE sería el segundo movimiento en poco tiempo, luego de haber consumado días atrás el desembarco en el Ministerio de Justicia de Juan Bautista Mahiques. Junto a Viola como viceministro, el karinismo tiene hoy un ministerio operativo en la defensa judicial del Presidente que tanto Mariano Cúneo Libarona, pero sobre todo el caputista Sebastián Amerio –que era el vice– nunca le brindó con la misma energía.

La demostración más reciente fue el caso $LIBRA. Cuando las filtraciones del peritaje del celular de Mauricio Novelli expusieron la cercanía de Milei con los promotores de la criptomoneda y sacudió la causa judicial, fue Mahiques quien salió a plantear en televisión una estrategia defensiva: poner en duda la cadena de custodia de la prueba y sugerir que la filtración podría haber implicado adulteración del archivo. La estrategia tiene flancos débiles –la filtración ocurrió cuando el peritaje ya estaba terminado y cargado en el sistema–, pero la señal política fue clara: hay un ministro dispuesto a pararse frente a las cámaras y defender al jefe de Estado. El martes, además, Mahiques y Viola se reunieron con la Corte Suprema, una movida que este medio detalló y que consolidó la lectura de que el karinismo ya tiene interlocutores propios en el Poder Judicial. 

Al mismo tiempo, un desenlace del caso YPF generó una ironía involuntaria: cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York suspendió el proceso de discovery, el Gobierno lo celebró como un resultado “histórico” y Milei destacó el trabajo conjunto de Amerio –ahora Procurador del Tesoro– y de María Ibarzabal, la titular de Legal y Técnica. Ibarzabal es esposa de uno de los mejores amigos de Caputo y es, según el entorno karinista, el próximo objetivo en la lista. El comunicado presidencial la reivindicó justo cuando más presión recibe.

Los que siguen en la mira

La Secretaría de Legal y Técnica no sería la única posición bajo amenaza. Según pudo saber elDiarioAR, en el radar karinista también figura Guido Giana, secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud (virtual número dos de Mario Lugones), y Carlos Zamparolo, segundo al mando del PAMI, cuyo nombre ya apareció en investigaciones vinculadas a la ANDIS. Sobre Giana, además, circula en el entorno karinista la versión de que habría favorecido el posicionamiento de empresas del Grupo Güemes en distintas áreas del ecosistema sanitario, información que estaría siendo usada para pintarle las diferencias a Karina y acelerar su eventual salida.

En ese mismo frente de la interna operan Lucas “Sagaz” Luna –director de Intercargo, referente de las Fuerzas del Cielo en Tres de Febrero y uno de los hombres más identificados con Caputo en el ecosistema libertario– y su secretaria, según confirmó este medio.

El patrón es siempre el mismo: identificar a un funcionario caputista, construir un expediente de quejas y operaciones, y llevárselo a Karina. Una fuente con conocimiento directo del tema lo describe en términos descarnados: “La guerra es por plata y por sobrevivir para seguir agarrando plata. La pelea es por plata, no por el poder.”

El fortín que resiste

Hay, sin embargo, una posición que por ahora parece inmune al avance: el ARCA. Andrés Vázquez, el director ejecutivo del organismo recaudador, es uno de los funcionarios más estrechamente vinculados a Caputo y también uno de los más vidriosos: está documentado que en el pasado habría adquirido inmuebles en Miami a través de sociedades offshore sin declararlos ante la Oficina Anticorrupción, y su paso por la ex AFIP quedó asociado a estructuras que respondían a la inteligencia. A pesar de ese historial, Milei lo sostuvo y lo ascendió. Por ahora, el karinismo no da señales de que vaya a presionar por su remoción: o no puede, o no quiere todavía.

La reunión del martes en el despacho de Adorni –con Karina, Caputo, Lule y Martín Menem, Diego Santilli, Patricia Bullrich e Ignacio Devitt– buscó frenar el ritmo de los movimientos más urgentes. Pero tampoco hubo foto de la cumbre. Es que nadie en la Casa Rosada da por definitiva ninguna tregua. Caputo conserva un único pero determinante sostén: la confianza directa de Milei, que lo valora como estratega. Es el escudo que por ahora lo mantiene en pie mientras el tablero se mueve a su alrededor.

MC

El clima se volvió casi irrespirable puertas adentro de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Lo que durante semanas circuló como un rumor empezó a tomar forma concreta en los últimos días con una serie de movimientos en el organigrama que encendieron todas las alarmas. Corrimientos en áreas sensibles, reubicaciones sin explicación formal y salidas de funcionarios que habían ganado peso tras la reforma de 2024 configuran un escenario de incertidumbre creciente, en medio de versiones cada vez más insistentes sobre una eventual salida de su titular, Cristian Auguadra, que fue designado en el cargo hace apenas tres meses.

“No recuerdo haber vivido algo así”, repiten en voz baja agentes de carrera que atravesaron distintos gobiernos y describen un cuadro atípico incluso para un organismo habituado al secreto y la discrecionalidad. La sensación que se impone, según pudo saber elDiarioAR a partir de distintos testimonios internos, es la de un esquema desorientado, sin una directriz clara y con niveles de intriga que comienzan a dificultar el funcionamiento cotidiano.

Pero el desconcierto no es sólo operativo. También es político. Aunque formalmente el sistema de inteligencia responde a la órbita del Poder Ejecutivo y, en los hechos, a la influencia del asesor presidencial Santiago Caputo, en los pasillos de 25 de Mayo 11 crece la percepción de que la conducción real está atravesada por una disputa más amplia. “Hoy su pulseada es abiertamente con Karina”, sintetizó una fuente con acceso habitual a La Casa, en referencia al avance de la secretaria general de la Presidencia sobre áreas clave del Estado, como el Ministerio de Justicia.

Sin embargo, no es la primera vez que esa tensión de fondo se filtra en el funcionamiento de la SIDE. En noviembre pasado, la caída en desgracia de Sergio Neiffert había expuesto una disputa similar por el control del espionaje. Entonces, la balanza se inclinó a favor de Caputo, que logró imponer al contador Auguadra al frente de la conducción. “Santiago le ganó de mano a Karina. Fue más rápido que ella y convenció a Javier de que, si le quitaban el mando de la inteligencia, no tenía sentido su continuidad en la gestión”, deslizó una voz al tanto de lo sucedido. “Casi una extorsión emocional”, remató. Dicen que, enojada por la situación, la mujer más poderosa del Gobierno estuvo una semana sin dirigirle la palabra a su hermano.

Fichas en movimiento

Cuatro meses después de aquella batalla, la tensión volvió y se traduce ahora en movimientos concretos que pasan por debajo del radar público. En los últimos días, distintos nombres que habían sido promovidos o incorporados tras la reconfiguración del sistema, a partir del DNU de julio de 2024, fueron desplazados de sus posiciones o quedaron en una zona gris, sin funciones claras. “Los van a volar a todos”, anticipó otro de los testimonios recogidos, en alusión a una posible limpieza interna que todavía no fue oficializada pero que ya se percibe en la dinámica cotidiana. Entre las salidas recientes, fuentes del organismo mencionan la de María Laura Gnas, otrora directora de Asuntos Jurídicos de la AFI en tiempos de Mauricio Macri, una abogada de perfil técnico que ocupaba funciones de jefatura. Su corrimiento fue leído puertas adentro como parte de ese proceso más amplio de reordenamiento.

En ese contexto, empiezan a circular versiones sobre quiénes podrían ocupar los espacios vacantes. Según pudo saber elDiarioAR, uno de los focos estaría puesto en el área de contrainteligencia, donde no se descarta la llegada de nuevos perfiles designados por Alejandro Cecati, quien está al frente de la otrora Agencia de Seguridad Nacional (ASN), ahora reformulada y rebautizada como Agencia Nacional de Contrainteligencia (ANC) tras el polémico DNU firmado por Javier Milei en enero pasado. Se trataría, en concreto y según los rumores, de comisarios con alguna que otra experiencia en ese ámbito, lo que implicaría un corrimiento hacia perfiles con mayor impronta policial dentro del sistema.

En paralelo, otro runrún comenzó a circular con insistencia en los pasillos: el posible desembarco de figuras vinculadas a Fernando Pocino, histórico operador del submundo de la inteligencia con peso propio en distintas etapas del sistema y que supo estar al frente de la Dirección de Reunión Interior. Durante los años del kirchnerismo, Pocino fue además el archienemigo de Antonio “Jaime” Stiuso, en una disputa que marcó buena parte de la dinámica interna del espionaje argentino en esa etapa. Su nombre vuelve ahora a las conversaciones internas como señal de un eventual reordenamiento con anclaje en estructuras previas.

La superposición de estas versiones alimenta la sensación de transición abierta que atraviesa hoy a la SIDE. Para algunos, se trata del inicio de una nueva etapa en la que el control del sistema podría redefinirse. Para otros, de una deriva sin conducción unificada, que deja al organismo en un estado de provisionalidad permanente.

En ese marco, también quedó en suspenso el proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia que, en la pluma del subsecretario administrativo del organismo, José Francisco Lago Rodríguez, Santiago Caputo tenía previsto enviar tarde o temprano al Congreso. Se trata de una iniciativa que buscaba consolidar el nuevo esquema pero que hoy aparece atravesada por la misma interna que sacude al organismo.

Mientras tanto, según coinciden distintas voces, Karina Milei ya comenzó a mover fichas para lo que vendrá: en Balcarce 50 hablan, en voz baja, de un “casting” en marcha para encontrar al reemplazante de Cristian Auguadra. El principal candidato de la hermanísima es el abogado Jorge Anzorreguy, sobrino del histórico Hugo, titular de la SIDE durante la década menemista. Sin embargo, elDiarioAR pudo saber que “Corcho” desistió del ofrecimiento. A falta de una, dos veces. “Una respuesta negativa más y entramos al canon bíblico”, ironizó un libertario al tanto de las negociaciones, con la Semana Santa ya asomando en el calendario.

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La avanzada reestructuradora de Santiago Caputo en la SIDE entró en un compás de espera. El asesor sin cargo quedó en el ojo de la tormenta tras la filtración del video de Manuel Adorni subiéndose a un avión privado rumbo a Punta del Este, y los rumores sobre un descabezamiento político en la agencia de Inteligencia se multiplicaron. Karina Milei tiene echado el ojo a la SIDE, aunque aún no intervino activamente. Pero una cosa es segura: las dos grandes iniciativas de Caputo en materia de Inteligencia –el nuevo Plan de Inteligencia Nacional y el proyecto de ley que venía a blindar el polémico DNU 941– comenzaron a desinflarse. 

El Plan de Inteligencia Nacional (PIN) había sido delineado por el ex titular de la SIDE, Sergio Neiffert, mucho antes de la escena nocturna que reveló elDiarioAR y que implicó, de hecho, la ruptura del conductor político de la SIDE con su alfil en la dirección del organismo. Filtrado por La Nación poco después de su presentación, el PIN de Neiffert despertó las alarmas de la oposición y las organizaciones de derechos humanos por abrirle la puerta a tareas de espionaje interno. 

El documento, al que accedió este medio, admitía “producir información” sobre “actores estratégicos” que pretendieran “erosionar el sistema financiero” o generar una “pérdida de confianza” en las políticas económicas del presidente. También habilitaba recabar información sobre “actores estratégicos” que difundieran información falsa de manera deliberada con el objetivo de “influir o manipular” la opinión pública. O, incluso, sobre aquellos “actores, hechos o circunstancias que condicionen, impidan o limiten el relacionamiento estratégico con Estados Unidos”.

Las ambigüedades del PIN, que es lo que define los objetivos generales estratégicos de inteligencia y las acciones operativas para llevarlos a cabo, despertaron un mismo reclamo: sin saber a qué se refería por “actores estratégicos”, cualquier periodista u opositor al Gobierno podía ser sujeto de espionaje interno (algo prohibido por la Ley de Inteligencia). La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia así se lo advirtió a Neiffert y emitió, durante el mes de septiembre, un dictamen crítico al documento. En ese momento todavía la presidía el ex senador Martín Lousteau, que hoy pasó a ocupar una banca en la Cámara de Diputados.

La advertencia de la Bicameral, que es la encargada de supervisar las actividades y recursos del sistema de inteligencia nacional, surtió efecto. Y dos meses después, Neiffert presentó un nuevo PIN que incluía modificaciones sobre algunos de los puntos más conflictivos. 

En primer lugar, el nuevo PIN eliminó las alusiones a la alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Un dato no menor en el marco del alineamiento automático de Javier Milei con Donald Trump en la escalada bélica en Medio Oriente. Si bien en la oposición descuentan que la SIDE ya viene trabajando hace tiempo con los servicios de inteligencia norteamericanos e israelíes, el PIN, de momento, no hace mención explícita a producir información sobre actores que perjudiquen la relación de la Argentina con ambos países.  

La otra gran modificación es que el nuevo PIN ya no hace ninguna alusión a “actores estratégicos” que pudieran incidir sobre la percepción pública o propiciar escenarios de inestabilidad. Esta era la gran imprecisión que le abría la puerta al espionaje político, según advertían los expertos. “La nueva redacción, en cambio, abandona la individualización de sujetos y focaliza el análisis en conductas, procesos o campañas con origen fuera del ámbito nacional”, explica uno de los integrantes de la Bicameral que tuvo acceso al nuevo documento. 

El maquillaje introducido en el nuevo plan de inteligencia representa, para la oposición, una concesión de Neiffert orientada a dejar “todo en orden” antes de su partida. Pero no solo eso: algunos dirigentes que integraron la Bicameral hasta el año pasado –la nueva composición todavía no se oficializó– deslizan que fue Santiago Caputo quien accedió a dar marcha atrás para no tener problemas judiciales. No solo por los cambios en el PIN, que se dieron a conocer en noviembre, sino también por la búsqueda de impulsar una ley que blinde el DNU 941 que reestructuró la SIDE.

“Está preparando el terreno para desaparecer con la menor cantidad de problemas judiciales posibles”, señalaban desde una oficina con vínculos con servicios de inteligencia, donde advierten que el asesor todoterreno está de salida. Los rumores de que Cristian Auguadra, el actual “Señor 5”, tiene los días contados son cada vez más fuertes: un sector del karinismo responsabiliza a Caputo por la filtración del video, por lo que la hermana presidencial ya comenzó a evaluar la posibilidad de desembarcar en la SIDE. 

¿Y la nueva ley de Inteligencia?

Tal como anticipó Pedro Lacour hace casi un mes, el Gobierno definió blindar con un proyecto de ley el polémico DNU 941 que reestructuró la SIDE. El objetivo de impulsar una nueva Ley de Inteligencia era doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Y, por el otro, sustituir una ley concebida en un contexto completamente distinto. Es decir: la ley sancionada en 2001 había quedado “vieja” y había que actualizarla. 

Más allá del interés del Gobierno por aggiornar el sistema de inteligencia argentino a los tiempos modernos, la principal preocupación de Caputo pasa por otro lado: resguardar judicialmente el DNU que, entre otras cosas, habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia. Una facultad reservada, hasta ahora, para las fuerzas de seguridad. 

Desde la publicación del DNU, a principios de enero, llovieron amparos y presentaciones judiciales que solicitaban la suspensión inmediata del decreto. Entre los fundamentos, los escritos judiciales no sólo advertían sobre las cuestiones de fondo –el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derivase, por ejemplo, en una lógica de vigilancia política–, sino también en las de forma. El Gobierno, argumentaban, no había acreditado nunca una situación real de necesidad y urgencia. 

El caputismo argumentó, en su momento, que la reforma del sistema de inteligencia era “urgente” debido al contexto internacional vigente y que no se podía esperar hasta que se habilitaran las sesiones ordinarias. Se mencionó, incluso, el secuestro de Nicolas Maduro como un argumento para apurar los tiempos. 

Pasaron dos meses, sin embargo, y el proyecto de ley no apareció. En el caputismo advierten que el proyecto “está en carpeta” y que se discutirá en los próximos meses. Pero tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada el martes, no hubo mención alguna de la iniciativa. Las prioridades, según se encargó de enumerar Adorni, eran otras. Y la ley de Caputo no era una de ellas.

MCM/CRM

La comisión de la Cámara de Diputados que investigó el caso $LIBRA pidió que se aparte el fiscal Eduardo Taiana y que se interpele a los hermanos Milei, además de al asesor Santiago Caputo y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La ofensiva parlamentaria se conoce poco después de las filtraciones del teléfono de Mauricio Novelli sobre sus insistentes contactos con todo el Gobierno al momento del lanzamiento de la cripto, el 14 de febrero del año pasado, y un supuesto borrador de un acuerdo por US$5.000.000 para la participación de Milei.

“El caso es una estafa y un hecho de corrupción millonario”, lanzó el diputado Maximiliano Ferraro, que fue presidente de la comisión especial durante el año pasado. Denunció que hubo “una clara malversación de la investidura presidencial que reviste una gravedad enorme desde el punto de vista institucional”.

“$LIBRA tuvo como protagonista y partícipe necesario al Presidente”, advirtió Ferraro al encabezar una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados.

Los ex integrantes de la comisión investigadora anunciaron que resolviero denunciar al fiscal Taiano por “entorpecer la causa”; requerir que el presidente Milei y su hermana Karina, la secretaria general de la Presidencia, “den las explicaciones que tienen que dar”, por lo que se presentará un “proyecto de resolución por escrito al Poder Ejecutivo para que todos los funcionarios involucrados” respondan sobre el caso.

“Karina Milei no solamente porque autorizó las reuniones con los involucrados sino porque habló por teléfono con Novelli antes y después del lanzamiento del token Libra”, consignó Ferraro. Además la comisión resolvió evaluar una segunda etapa investigativa en la Cámara de Diputados y “continuar delimitando las responsabilidades políticas del presidente de Milei y sus funcionarios en el caso”.

Por su parte, el diputado Juan Marino, de Unión por la Patria (UxP), sostuvo que “Milei mintió” porque “dijo que no estaba interiorizado en los pormenores del proyecto”. Sin embargo en numerosas oportunidades el mismo 14 de febrero del año pasado habló con Mauricio Novelli.

MC

Javier y Karina Milei aterrizaron el miércoles a las 16:33 en Buenos Aires luego de visitar Chile y de su paso por Nueva York y Miami, pero tardaron 24 horas más en salir a defender abiertamente a Manuel Adorni, envuelto en un escándalo por haber subido al avión presidencial a su esposa y de haber viajado en un jet privado a Punta del Este. El apoyo cerrado del Gobierno al jefe de Gabinete llegó recién en la tarde de este jueves, en una jugada coordinada en lo discursivo que habilitó la hermana del Presidente, “El Jefe”.

“Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, tuiteó la secretaria general de la Presidencia a las 14.51 de ayer y a partir de ese momento hubo una catarata de mensajes en apoyo a Adorni desde todas las terminales del Gobierno, como el propio Milei, el asesor Santiago Caputo, Martín Menem (titular de Diputados) y los diferentes ministros. Al final del día el jefe de Gabinete le puso el broche a la narrativa oficial: sin aclarar los costosos viajes con su esposa, admitió un “error” por haber dicho “deslomarse”.

“Salieron todos a bancar. Lo lógico en un equipo. El Jefe es muy ordenador, da un panorama, y si sale ella, es mejor para todos después salir”, explicaron desde es un despacho con poder sobre el detrás de escena. La narrativa fue la de una conspiración detrás de las denuncias. Karina le puso palabras a una defensa oficialista que había empezado tímidamente por la media mañana con la ministra Sandra Pettovello publicando una foto junto a Adorni, que luego repostearon Luis Caputo y hasta Adorni.

Pero la movida comunicacional dejó una incógnita interna: ¿por qué tardó tanto el Gobierno en reaccionar? Y una más: ¿qué se dice realmente en La Libertad Avanza debajo de la espuma? El escándalo comenzó tras el fin de semana por la revelación de la foto de la mujer de Adorni –Bettina Angeletti– con la comitiva en Nueva York, se acrecentó con la argumentación de “deslomado” que dio el propio ministro el martes y estalló este miércoles cuando elDiarioAR reveló el viaje privado a Punta del Este. 

Además, ya hay consecuencias judiciales del episodio. La Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación contra Adorni por sus dos viajes en cuestión. Por otro lado, la denuncia de la diputada Marcela Pagano recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien fue propuesto por el Gobierno para ocupar la Corte Suprema.

Milei y su hermana se encerraron en Olivos tras llegar de Chile el miércoles. Hubo diálogo con algunos ministros, como el de Interior, Diego Santilli, que tenía en agenda visitar Expoagro junto con la secretaria General de la Presidencia. Este jueves Milei armó las valijas de nuevo, porque a las 23 partió hacia España en un viaje ultralibertario: no tendrá audiencia oficial con Pedro Sanchez o la realeza, sino que se reunirá con Santiago Abascal –líder de Vox–, disertará en una conferencia ultra y se verá con el alemán Philipp Bagus, quien tiene su propio prontuario con el mandatario: su esposa es la española Eva María Carrasco Bañuelos, que aunque no tiene lazos con el país fue designada como directora del Colegio Mayor Argentino en Madrid con un sueldo de unos 6.000 euros, como reveló este medio en enero 2025.

Mientras Adorni se quedó en Nueva York para cerrar el Argentina Week y volverá el fin de semana en el vuelo particular –según él mismo explicó– que sacó con su dinero, tanto él como su esposa, que pagó unos US$5.400 ida y vuelta –aunque la ida la habría perdido porque se subió al Tango-01–. El ministro coordinador se mostró incluso con su esposa en varias reuniones con empresarios e inversores norteamericanos.

Pero debajo de la superficie el ruido no acaba en el mundillo libertario. “Es un garrón y el archivo es muy crudo”, dijo un funcionario sobre la doble vara que usó el oficialismo para defender a Adorni, cuando él mismo cuestionaba actitudes similares del kirchnerismo. El ministro coordinador aseguró que fue “Presidencia la que invitó” a su esposa al Tango-01: Angeletti no solo es su esposa, también “se lleva súper bien con Karina”, dijo a elDiarioAR alguien que la conoce. Si la decisión de llevar a la Nueva York no fue solo de Adorni, explicaría la defensa cerrada de todo el Gobierno.

El paraguas comunicacional cerró además la grieta entre Karina Milei y Santiago Caputo. “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”, tuiteó el asesor monotributista a las 15.09, veinte minutos después de El Jefe. 

El asesor permaneció las últimas horas en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. “Quizás no fue la mejor manera de defenderse, que podría haber sido más cuidadoso y no decir ‘deslomando’”, le recomendaron a Adorni desde una de las usinas de Caputo. La Oficina de Respuesta Oficial, que encabeza el tuitero caputista Juan Pablo Carreira –que fue con Milei, Adorni y su mujer a Nueva York–, no negó lo innegable pero sí lanzó mensajes en la red social X para cuestionar opositores sobre las críticas a Milei.

La defensa a Adorni llegó incluso a las huestes libertarias a través de Sebastián Pareja, mandamás en el territorio bonaerense. El diputado nacional distribuyó por WhatsApp entre su base de dirigentes un tuit suyo –que salió después del de Karina Milei– y la consigna “TE BANCAMOS, MANUEL”. Hubo obediencia automática, pero por lo bajo se registraron críticas muy filosas al jefe de Gabinete. “Vos imaginate si le pasa a alguno que no sea el salame este, que es favorito de Karina… es un tarado, un hijo de puta”, le dijo un legislador de LLA a este medio. La fuente anticipó que la polémica continuará, porque la oposición tiene con qué buscar pegarle al Gobierno: “En el Congreso, en la Legislatura y hasta en los Concejos Deliberantes van a estar todos hablando contra Adorni”.

Por lo pronto, el Gobierno acusó el golpe. “ÁNIMO @madorni”, tuiteó el presidente Milei, también después de su hermana. El mensaje revela que la situación afectó personalmente al ministro coordinador, quien aprovechará las últimas horas para distenderse en Nueva York porque recién volverá este sábado, luego de haberse “deslomado” durante toda la semana.

MC

Su padre Carlos “Coco” Mahiques, camarista de casación federal, y su hermano Ignacio, fiscal, en primera fila. A un costado, el resto del gabinete nacional, pero también Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Más atrás, parado con gesto adusto, el asesor Santiago Caputo, que vio acortado su poder de influencia en el interior de la Casa Rosada ante la llegada del nuevo ministro. Con ese escenario juró este jueves al mediodía Juan Bautista Mahiques a cargo de la cartera judicial.

La ceremonia fue breve, apenas lo que tardó el presidente Javier Milei en leer la fórmula juramental y la aceptación de Mahiques. Pero las imágenes que transmitió la Casa Rosada en su YouTube y los movimientos tras bambalinas revelaron más detalles sobre esta jornada en el poder libertario.

Mahiques juró y se abrazó con el Presidente, que al instante llamó a su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, para hacer un abrazo de a tres. La cámara ponchó apenas dos veces a los invitados pero fue suficiente para mostrar los alcances que tiene el nuevo ministro.

“Coco” Mahiques es camarista de la Casación Federal, el principal tribunal penal del país. Por encima solo está la Corte Suprema. El juez acaba de correrse de la causa que investiga la supuesta malversación de fondos en la AFA porque se reveló que festejó su cumpleaños en la quinta que se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

También se lo vio aplaudiendo a Ignacio Mahiques, el menor de los hijos de “Coco” y hermano del ahora ministro. Es fiscal de instrucción N°35 en la Ciudad de Buenos Aires desde 2015. Fue adjunto de Gerardo Pollicita en causas emblemáticas contra el kirchnerismo, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Muchos más atrás de ellos se quedó Santiago Caputo, que las cámaras oficiales no lo tomaron pero que sí fue visto por los acreditados en la Casa Rosada. El asesor todoterreno se abrazó al entrar en el Salón Blanco con Santiago Viola, flamante segundo de Mahiques y actual apoderado de La Libertad Avanza, por lo que tienen la confianza absoluta de los Milei.

Viola desplazó ayer como secretario de Justicia a Sebastián Amerio, alfil de Caputo en el terreno judicial. El saliente funcionario se enteró vía mensaje de texto en plena reunión del Consejo de la Magistratura, lo que demostró el trato de Karina Milei a un hombre de confianza de Caputo.

Caputo y Karina se saludaron este jueves pero de manera fría y distante. El asesor no sacó las manos de sus bolsillos. Luego, cuando terminó la ceremonia, Caputo sí se abrazó con Milei, que se acercó a saludarlo. El cruce duró un largo momento, todo lo que tardó el asesor en decirle lo que parecieron secretos al oído del mandatario, que asintió con su cabeza antes de despedirlo con varias palmadas en un hombro.

MC

El Gobierno prepara un nuevo movimiento en el tablero de la inteligencia argentina. No se trata solo de sostener el polémico DNU 941/2025 que Javier Milei firmó el 31 de diciembre y que reconfiguró la arquitectura del espionaje estatal, sino de avanzar hacia una instancia más ambiciosa: una nueva Ley de Inteligencia que reemplace de manera definitiva la norma sancionada en 2001, aún vigente. “¿Se va a presentar una nueva ley? Sí. ¿Cuándo? Es decisión del Presidente”, deslizaron, tajantes, fuentes del organismo a elDiarioAR.

La decisión política está tomada, pero todavía no se definió el momento para oficializarla. En la Casa Rosada habían descartado que el anuncio formara parte del discurso que Milei pronunció el domingo por la noche en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Tal como se esperaba, el mensaje presidencial que estuvo concentrado en el frente económico y en la agenda legislativa ya en marcha tras la aprobación de la reforma laboral. La única mención al tema de la inteligencia, acotada y al pasar, quedó plasmada en el pasaje dedicado a la defensa. “Los F-16 ya custodian nuestro espacio aéreo, y enviaremos un paquete de leyes para fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad e inteligencia”, apuntó Milei, sin dar mayores precisiones.

Según pudo saber elDiarioAR, el objetivo oficial es doble. Por un lado, otorgarle estabilidad jurídica a los cambios introducidos por el último DNU, que redefinió el alcance de la contrainteligencia, creó nuevas instancias de articulación entre organismos y amplió las facultades operativas de la SIDE. Por otro, sustituir una ley concebida en un contexto político y tecnológico completamente distinto. El argumento principal es que la legislación vigente quedó “vieja” frente a la complejidad del mundo actual: hay quienes sostienen que la Ley 25.520 —aprobada casi por unanimidad en diciembre de 2001, dos semanas antes de la renuncia de Fernando De la Rúa— fue pensada en clave posdictadura y bajo el impacto de los atentados terroristas de aquellos años, mucho antes de que el ciberespacio se convirtiera en un escenario estratégico.

La redacción del virtual proyecto ya tiene responsables definidos. El borrador está en manos del subsecretario administrativo de la SIDE, José Francisco Lago Rodríguez, en tándem con la secretaria Legal y Técnica, Martía Ibarzábal Murphy. Lago Rodríguez cobró notoriedad en noviembre pasado, cuando este medio reveló que protagonizó un incidente en el domicilio del exjefe de los espías Sergio Neiffert, en medio de la transición interna que terminó con la salida del entonces Señor 5.

Hombre de confianza del asesor Santiago Caputo, quien está a cargo de la conducción política de la inteligencia en la era Milei, Lago Rodríguez tuvo intervención tanto en la redacción del DNU 941 como en el decreto de julio de 2024 que disolvió la AFI y reinstaló la SIDE. Su vínculo con Ibarzábal Murphy no es nuevo: ambos compartieron paso por el estudio jurídico Cassagne, cantera de varios cuadros técnicos que hoy ocupan posiciones estratégicas en el Estado.

La intención oficial es incorporar en una norma integral conceptos que hoy aparecen dispersos en el decreto. La propia SIDE lo había anticipado en enero, a través de su cuenta de X, donde defendió el uso del DNU y confirmó que “las reformas más profundas de la Ley de Inteligencia, que merecen un profundo debate, se van a tratar en el Congreso cuando el Poder Ejecutivo envíe un proyecto de ley para una reforma más abarcativa —pero menos urgente— en la que se está trabajando”.

En ese mismo mensaje, que tenía como objetivo rebatir los argumentos de una nota periodística del diario La Nación, el organismo justificó el atajo reglamentario al sostener que “la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional era urgente debido al complejo contexto internacional que se está viviendo” y citó como ejemplo “la captura del principal dictador de la región”, en referencia al venezolano Nicolás Maduro, que precisan que ocurrió “tan solo un día después de la publicación del Decreto, dejando muy en claro que no se podía esperar a las Sesiones Ordinarias del mes de marzo”.

La apelación a la excepcionalidad no pasó inadvertida en el Congreso. Para la oposición, la justificación interncional funcionó más como construcción discursiva que como basamento jurídico. “La urgencia no puede ser un estado permanente”, señalaron por entonces desde un despacho que integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, órgano legislativo que deberá conformarse en los próximos meses.

Ese es, precisamente, el punto que ahora cambia de fase. Si el DNU se defendió en nombre de la inmediatez, el proyecto de ley que tiene entremanos el Gobierno implicaría convertir ese argumento coyuntural en arquitectura estable. La diferencia no es menor: mientras el decreto puede ser revisado judicialmente y eventualmente rechazado por el Congreso, una ley sancionada con mayoría parlamentaria consolidaría el rediseño y le daría previsibilidad política al esquema que hoy funciona por vía reglamentaria.

Rediseño estructural

El DNU 941 no fue interpretado dentro del sistema como una simple actualización normativa sino como un movimiento de concentración de poder. No sólo amplía facultades de la SIDE y modifica aspectos centrales de la Ley de Inteligencia y de la Ley de Defensa, sino que le otorga una centralidad que no tuvo en ninguna etapa de la democracia que se abrió en 1983.

“Esto es como hacen siempre: tiran 100 para ver si quedan 40”, resumió una fuente con trayectoria en distintas gestiones en diálogo con elDiarioAR. En su análisis, el Gobierno ya ganó la discusión pública, pero la implementación enfrenta límites operativos evidentes, además de una sospecha menos visible: el verdadero interés de Santiago Caputo podría estar en el control presupuestario ampliado que habilitan las fusiones y la reconfiguración de áreas.

La ampliación de facultades operativas de la SIDE es uno de los principales focos de tensión. El decreto habilita al personal de inteligencia a aprehender personas en casos de flagrancia durante actividades del área, una atribución históricamente reservada a fuerzas policiales. Dentro del propio sistema la reacción fue directa. “Una locura”, sintetizó un agente con responsabilidades operativas, al advertir que la medida rompe un límite democrático consolidado y expone al organismo a conflictos judiciales.

Otro de los movimientos que más llamó la atención fue el traslado del área de ciberseguridad desde la SIDE hacia la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, dependiente de la Jefatura de Gabinete. Aunque el área responde formalmente al esquema político de Karina Milei, al frente está Darío Genua, un funcionario cercano a Caputo, el asesor que gravita sobre la inteligencia a través del titular del organismo, Cristian Auguadra. Este mes, finalmente se confirmó que al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) estará Ariel Waissbein secundado por Ezequiel Gutesman. En ese esquema vuelve a aparecer un nombre cada vez más omnipresente: el del empresario Leonardo Scatturice, proveedor tecnológico que podría beneficiarse de un diseño donde Innovación concentra infraestructura y contratos estratégicos.

El rediseño del organigrama también impacta en Defensa. La disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Militar y la transferencia de funciones al Estado Mayor Conjunto modifican el equilibrio entre conducción civil y estructura castrense. Para muchos críticos, el nuevo esquema debilita el control civil y subordina a las Fuerzas Armadas a una lógica de seguridad interior.

Desde el universo de la inteligencia, el cuestionamiento vuelve sobre el método. “En dos años no hubo una sola coordinación real”, señala una fuente con larga experiencia. En su visión, el decreto construye una urgencia normativa que no existe y transforma a múltiples áreas del Estado en reservorios permanentes de información para la SIDE. “La Secretaría debería producir inteligencia estratégica para la toma de decisiones, no administrar todo el flujo informativo del Estado”, resume.

Las advertencias externas refuerzan ese diagnóstico. El CELS, que presentó enero un amparo colectivo ante la Justicia al considerar que el impacto del decreto no es individual sino generalizado, se encargó de alertar sobre el riesgo de que la ampliación del concepto de contrainteligencia derive en una lógica de vigilancia política y cuestionó que una reforma de esta magnitud se impulse por decreto. También advirtió que la integración obligatoria de organismos como ReNaPer o ARCA al circuito informativo puede erosionar garantías básicas de privacidad.

Ese es el trasfondo sobre el que ahora el Gobierno evalúa enviar una nueva Ley de Inteligencia al Congreso. Convertir en norma permanente lo dispuesto por decreto no sólo implicaría blindar jurídicamente la reforma, sino también institucionalizar este esquema de concentración informativa y presupuestaria. La discusión ya no sería sobre un DNU coyuntural, sino sobre el modelo de inteligencia que la administración Milei pretende dejar consolidado en el marco legal argentino.

PL/MG

El rumor de una virtual salida de Mariano Cúneo Libarona volvió a circular en la Casa Rosada en medio del clima de jolgorio que dejó la aprobación de la reforma laboral. Envalentonado por haber mostrado capacidad de articulación parlamentaria, el oficialismo ya proyecta la próxima batalla institucional: la reorganización del frente judicial. En ese contexto, y con el fin de las sesiones extraordinarias a la vista, una pregunta comenzó a ordenar las conversaciones internas: si el ministro de Justicia dejará su cargo cuando el Congreso apruebe la Ley Penal Juvenil, abriendo formalmente la pulseada por el control del área desde marzo, en simultáneo con la discusión por la designación de jueces.

El propio Cúneo Libarona ayudó a sostener la incertidumbre. Después de haber evaluado su salida, a comienzos de febrero aseguró en una entrevista radial que continuará al frente del Ministerio por un pedido directo de Javier y Karina Milei, aunque no faltan quienes aseguran que su etapa podría cerrarse una vez sancionada la ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. En aquella intervención pública buscó mostrarse sólido: afirmó que seguirá “por el cariño a la justicia” y con la intención de dejar una huella jurídica. “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”, remarcó.

Sin embargo, el equilibrio interno es más precario de lo que sugieren esas declaraciones. El ministro ya había manifestado en diciembre su intención de dar un paso al costado, cansado de la exposición y del desgaste de la interna. Pero fue Karina Milei quien lo persuadió de continuar para frenar el ascenso de su viceministro, Sebastián Amerio, hombre del esquema del asesor Santiago Caputo. Esa decisión abrió una tregua que dentro del oficialismo describen como inestable. Cúneo Libarona sigue en funciones, pero con margen político reducido, mientras las dos alas del Gobierno se preparan para disputar la conducción del área cuando se abra la etapa de definiciones.

La experiencia de 2024 funciona como antecedente y advertencia. El intento de impulsar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema terminó con el rechazo del Senado. La derrota no solo expuso la fragilidad de la ingeniería parlamentaria oficialista sino que dejó heridas internas y debilitó la posición de quienes habían conducido esa negociación, con Amerio a la cabeza.

Desde entonces, en la Casa Rosada predomina una lógica más cautelosa: cualquier movimiento en la Corte deberá estar respaldado por un acuerdo político más amplio y una aritmética garantizada, no por apuestas que puedan volver a naufragar en el recinto. En ese marco, el control del Ministerio de Justicia adquiere un valor estratégico: quien conduzca esa cartera será también quien administre la próxima ofensiva judicial del oficialismo y evite repetir el traspié que marcó el primer intento de rediseñar el máximo tribunal.

Es que el Gobierno no solo se encamina a una nueva etapa de designaciones, sino que además vuelve a discutirse la integración de la Corte, que hoy funciona con tres miembros, lo que obliga a fallar por unanimidad o recurrir a conjueces. En Balcarce 50 no descartan ampliarla de cinco a siete sillas como parte de un pacto más amplio con sectores del peronismo y gobernadores. Una modificación que trastocaría la correlación de fuerzas y permitiría negociar no solo los nombres sino el equilibrio interno del tribunal.

En el Senado, sin embargo, La Libertad Avanza ensaya cálculos más ambiciosos. Tras la aprobación de la reforma laboral y el quiebre de alineamientos que dejó esa votación, en algunos despachos especulan con que el Gobierno logró romper el bloque opositor y que, sumando a Consenso Federal y otros aliados provinciales, podría acercarse a los dos tercios sin depender directamente de Cristina Kirchner. Es una hipótesis que circula como demostración de fuerza: la posibilidad de prescindir del kirchnerismo duro en la negociación judicial.

Sin embargo, en la práctica, pocos creen que ese camino sea el más viable. Para la Casa Rosada suele resultar más sencillo negociar con una interlocutora centralizada que con una quincena de senadores con agendas propias, y la desconfianza hacia el PRO como socio estable sigue intacta. El paquete es amplio: no solo los dos lugares pendientes en la Corte, sino también la Procuración General de la Nación, la Defensoría General y la Defensoría del Pueblo.

El trasfondo es estructural. El artículo 99 inciso 4 de la Constitución obliga al Ejecutivo a remitir pliegos judiciales al Senado, pero desde el inicio del mandato libertario no se envió ninguno nuevo, pese a que el Consejo de la Magistratura elevó numerosas ternas. Mientras tanto, el nivel de vacancias crece: más del 35% de los cargos judiciales están sin cubrir. En la Justicia federal hay 160 vacantes sobre 485 cargos; en la nacional, 177 sobre 517; en el Ministerio Público Fiscal, 163 sobre 368; y en la Defensa Pública, 80 sobre 265.

Hoy la situación de Cúneo Libarona ofrece señales cruzadas. En la Casa Rosada sostenían hasta hace pocas semanas que no existía una búsqueda activa de reemplazo y que el ministro continuaría al frente de Justicia, una versión que se transmitió en diciembre tras su reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, donde ambos repasaron la agenda del área. Sin embargo, en paralelo, distintas fuentes del oficialismo reconocen movimientos reservados y conversaciones informales vinculadas al rediseño del mapa judicial.

La discusión, en realidad, va mucho más allá de un eventual recambio. Se inscribe de lleno en la interna oficialista: Karina Milei procura retener el control político de Justicia, mientras Santiago Caputo busca preservar la gravitación operativa de Amerio, que desde el inicio de la gestión actúa como nexo directo con jueces y fiscales. Convertirlo en ministro implicaría para su entorno resignar margen de maniobra y asumir una exposición que hoy prefieren evitar.

Es que la incógnita sobre el destino de Cúneo Libarona al frente del Ministerio de Justicia no remite solo a su continuidad personal, sino a una definición más profunda: quién conducirá la estrategia judicial del mileísmo en una fase en la que el Gobierno necesita ordenar su frente institucional y gestionar una negociación de alto voltaje político. Lo que se define en esa pulseada no es un nombre, sino la conducción de una de las áreas más sensibles para el equilibrio de poder en la etapa que viene.

PL/CRM

Santiago Caputo baja de una camioneta negra en el playón de ingreso de la Casa Rosada y una persona con camisa oscura de mangas cortas le abre la puerta y le flanquea el paso. La escena del miércoles pasado confirmó un dato que ya elDiarioAR publicó en septiembre pasado: el influyente asesor presidencial continúa movilizándose con un agente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a modo de custodia personal, pese a que no ocupa un cargo público dentro del Gobierno ni posee responsabilidad formal en el organismo de inteligencia.

La normativa vigente no habilita a agentes de inteligencia a proteger a particulares que no sean funcionarios públicos ni jerárquicos del organismo. Por otro, los agentes de “La Casa” –como se denomina en la jerga al organismo– no protegen a personas que no sean sus propios jerárquicos. En los últimos años nadie que no sea interventor o “Señor 5 u 8” –el titular y su vice– tuvo custodia. Fuentes del organismo y legislativas confirmaron la identidad del custodio, aunque la ley de inteligencia resguarda su anonimato y funciones específicas.

En 2025 este medio registró al menos cuatro secuencias de Caputo con el mismo custodio: una después de las elecciones bonaerenses que el Gobierno frente al peronismo y otra en el búnker de La Libertad Avanza en La Plata aquel domingo 7 de septiembre. Otras postales donde estuvo el consultor-estratega de Milei con el espía de la SIDE fueron en las inmediaciones del hotel Libertador durante la noche de las elecciones porteñas que ganó Manuel Adorni –el 18 de mayo– y al ingreso de los estudios del Canal de la Ciudad cuando fue el debate de candidatos porteños –el 29 de abril–.

La reforma de la SIDE, aún vigente

La custodia permanente de un espía acentúa la polémica sobre el modo en que el estratega de Javier Milei maneja desde las sombras la agencia de espías. Hoy la SIDE está conducida por Cristian Auguadra tras la salida de Sergio Neiffert en diciembre pasada y está atravesada por una polémica aún no saldada: tanto en la Justicia como en el Congreso está pendiente analizar una serie de denuncias contra una reforma integral de la SIDE que Milei impulsó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (el DNU 941/2025) en el último día del año 2025 y que habilitó a los espías a realizar tareas de policía.

El decreto en sí modifica y amplía las facultades del sistema de inteligencia nacional, entre ellas la posibilidad de que agentes de la SIDE participen en aprehensiones en el curso de actividades definidas por la normativa, algo que diversos opositores y juristas calificaron como una transformación sustancial del rol tradicional de los servicios de inteligencia.

Legisladores y abogados presentaron recursos judiciales –incluyendo hábeas corpus y amparos– para que se frene la aplicación del DNU, argumentando que habilita facultades que podrían afectar garantías constitucionales básicas. Esos amparos están pendientes de resolución en la Justicia. 

El fiscal del fuero contencioso administrativo federal Fabián Canda tiene a la firma aceptar una denuncia presentada por el CELS, luego de haber rechazado en enero habilitarle la feria judicial, supo elDiarioAR. Por otro lado, el juez federal de Paraná Daniel Alonso desestimó a fines de enero un habeas corpus de la UCR que pedía suspender el DNU.

Congreso sin bicameral y demora legislativa

Paralelamente, el Congreso no ha conformado la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, prevista por la ley para analizar los decretos de necesidad y urgencia que reforman normas orgánicas como las de inteligencia. El DNU sobre la SIDE ya ingresó formalmente a ambas cámaras y, con el plazo de diez días hábiles vencido para su tratamiento en comisión, ahora puede ser discutido directamente en el recinto.

La falta de acuerdos internos en el oficialismo y una oposición fragmentada tienen demorado el debate parlamentario. Sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical exigieron mayores precisiones sobre mecanismos de actuación, protocolos y límites operativos antes de avalar la norma. Pero la bicameral está congelada: todavía no fueron designados los miembros de ninguna de las dos cámaras.

Este año la presidencia de la bicameral quedaría para Diputados y elDiarioAR supo de fuentes parlamentarias que la presidencia quedaría para el libertario Gabriel Bornoroni. 

MC

Apenas dejó el puesto de jefe de Gabinete, en noviembre pasado, Guillermo Francos comenzó a cobrar honorarios de decenas de millones de pesos como representante del Estado nacional en el directorio de YPF, confirmaron fuentes de la empresa.

En la última asamblea de accionistas de abril de 2025, se dispuso una remuneración mensual de $80 millones en promedio para cada miembro del directorio de la petrolera con mayoría estatal. Medido en dólares, ese monto va en línea con lo percibido en 2024, cuando la nueva conducción “libertaria”, presidida por el exejecutivo de Techint Horacio Marín, estableció un abrupto salto en los honorarios hasta un nivel inusual para el mercado argentino, según ejecutivos del sector petrolero.

Mientras ejercía como jefe de Gabinete, Francos cumplió funciones como director titular en representación de la acción de oro del Estado, aunque sin percibir honorarios, en virtud de una norma no escrita que algunos gobiernos implementan, por decoro.

En enero pasado, el Ejecutivo dispuso cambios en su representación en YPF. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó a ocupar la silla principal en nombre del Estado nacional, pero Francos permaneció en el cuerpo directivo como director titular. Como representantes del Gobierno de Javier Milei, a ellos se suman el exministro del Interior Lisandro Catalán y el exdiputado pampeano (PRO) Martín Maquieyra, en este caso, por la silla del Ministerio de Economía. El cambio de estatus marcó el inicio de la percepción de honorarios para Francos.

La carga de trabajo de los directores de YPF es de un par de horas cada dos semanas, indicó otra fuente que conoce el funcionamiento de la empresa.

Andar liviano

Ese andar liviano tiene un correlato en expresiones del propio Francos, cuando fue entrevistado por Clarín en Punta del Este, en los primeros días de 2026.

En un diálogo centrado en la relajada vida del exjefe de Gabinete, Francos confesó: “¿Se me ve más joven? Dejamos el fragor del día a día, bajamos cinco cambios y ahora estamos tranquilos...No es fácil el ocio después de tantos años de estrés en la política… A veces el día se hace largo, pero es cierto, se siente el alivio de andar suelto de equipaje”. El exfuncionario contó que ocupa su atención su granja con 300.000 gallinas ponedoras de huevos en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y que recibió sondeos de empresas privadas para asumir nuevas funciones.

Francos no respondió consultas de este medio sobre sus ingresos en YPF.

No es fácil el ocio después de tantos años de estrés de la política

Guillermo Francos

La continuidad del exjefe de Gabinete en YPF corona más de cuatro décadas de sueldos estatales, en funciones relevantes tanto técnicas como políticas en todos los gobiernos dictatoriales y democráticos desde 1970, excepto el de Mauricio Macri, cuando se desempeñaba ya desde años previos como ejecutivo de Corporación América, el conglomerado de Eduardo Eurnekián. En cuanto a cargos electivos, Francos fue concejal de la Ciudad entre 1985 y 1993, y diputado nacional entre 1997 y 2000. En ninguno de esos puestos ganó tanto como en el directorio de YPF.

Antes de ser designado por Milei, primero como ministro del Interior y luego como jefe de Gabinete, Francos fue representante de Argentina en el Banco Interamericano de Desarrollo, bajo el mandato de Alberto Fernández. Es otra de las posiciones de designación estatal con mayor remuneración, con cerca de US$20.000 por mes.

El 30 de abril pasado, el cuerpo de conducción de YPF estableció un presupuesto de $11.000 millones anuales para los once directores y dos revisores de cuentas. La misma acta de asamblea aclaró que tanto Francos como el otro representante del Ejecutivo, José Rolandi (entonces vicejefe de Gabinete), no cobrarían honorarios, y que tampoco lo habían hecho en 2024. El monto aprobado equivalía a unos US$70.000 por mes (según la cotización promedio del primer semestre de 2025) para cada director y los dos revisores de cuentas, aunque la suma puede ser ampliada a posteriori, según la inflación, la cotización del dólar y otras eventualidades.

El papel ad honorem en YPF cambió tras las elecciones legislativas que dispararon cambios en el gabinete. Rolandi fue reemplazado por Catalán, un hombre cercano a Francos que intentó postularse en 2025 a diputado por La Libertad Avanza en Tucumán y terminó durante pocos meses como ministro del Interior, luego de que Karina Milei optara por otro candidato.

La llegada de Maquieyra en nombre del Ministerio de Economía puso fin a la silla de Eduardo Rodríguez Chirillo. Este ejecutivo del mundo de las empresas energéticas fue el primer secretario del área en el Gobierno de Milei. En octubre de 2024, Rodríguez Chirillo dejó el puesto, pero se incorporó al directorio de YPF, donde pasó a cobrar varias veces más. Según fuentes del sector, ahora regresó como asesor al mundo de las empresas energéticas interesadas en participar de licitaciones y privatizaciones que organiza la Secretaría que Rodríguez Chirillo dirigió los primeros meses del Gobierno libertario. El exfuncionario no respondió consultas de este medio.

El atractivo directorio de YPF es un ámbito en el que dirimen tensiones el Ejecutivo, las provincias, el sindicato petrolero y el management de la compañía, que maneja en general un criterio competitivo del sector petrolero.

Rodríguez Chirillo regresó al mundo de las empresas energéticas, interesadas en participar de licitaciones y privatizaciones que organiza la Secretaría que el exfuncionario dirigió los primeros meses del Gobierno libertario.

No todos los directores cobran lo mismo. Marín, designado presidente de YPF por Milei y muy consustanciado con la impronta del mandatario —al punto de que lo provee de mamelucos para que juegue con los perros y viaje a recibir premios de la ultraderecha global—, actúa además como CEO de la firma, por lo que su porción de los honorarios es superior al promedio del directorio. Entre las sillas que más ganan están las de los representantes del Estado nacional.

La interna gubernamental se expresa en el directorio con el karinista Adorni y el tándem Francos-Catalán, que no obedece por completo a la hermana de Milei, pero menos todavía a Santiago Caputo. Éste, a su vez, fue socio de Guillermo Garat, vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF, oficina estratégica en la relación con la prensa y la publicidad. Marín, por su parte, reservó un lugar para Eduardo Ottino, otro ex Techint. El sindicato petrolero tiene un representante en Gerardo Canseco.

Los gobernadores se valen de su lugar en el directorio para equilibrar tensiones en el pago chico. Por caso, el neuquino Rolando Figueroa (La Neuquinidad) designó en YPF a su predecesor y presunto jefe de la oposición, Omar Gutiérrez (Movimiento Popular Neuquino). A mediados de 2025, Figueroa lo echó mediante un sonoro comunicado, y designó en su reemplazo al ministro de Economía provincial. Ignacio Torres, otro de los gobernadores “petroleros” con silla propia en YPF, cedió el lugar de Chubut a un hombre del jefe sindical petrolero local, Jorge “Loma” Ávila, crucial para la alianza política del mandatario del PRO. El gobernador de Santa Cruz y sindicalista, Claudio Vidal, reservó su lugar para un representante de su gremio, mientras que el mendocino Alfredo Cornejo nombró a César Biffi, un histórico de la UCR. El rionegrino Alberto Weretilnek, en cambio, designó a su pareja y exsecretaria de Energía, Ana María Confini.

Algunos gobernadores disponen que los honorarios de YPF a sus representantes sean girados a rentas de la provincia.

slacunza@eldiarioar.com

SL

El Gobierno eligió el silencio. Ni defensa cerrada, ni contraataque, ni operación visible. Apenas mutismo. La decisión del juez federal Sebastián Casanello de procesar al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas por asociación ilícita, fraude contra la administración pública y pago de sobornos volvió a encender una alarma que en la Casa Rosada creían encapsulada. El expediente, que en su origen parecía circunscripto al entorno de Karina Milei, terminó desplazando el foco y golpeando también al otro vértice del poder libertario: el universo de Santiago Caputo.

El fallo judicial describe a la ANDIS como un “centro de operaciones” de un esquema que, entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, direccionó compras de medicamentos de alto costo, habilitó sobreprecios millonarios y garantizó pagos privilegiados a un puñado de proveedores. En ese entramado aparecen, además de Spagnuolo y su segundo Daniel Garbellini, el operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete —señalado como nexo con las droguerías beneficiadas— y su hija Ornella, funcionaria del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado y ahora una de las procesadas, cuando renunció en silencio tras el estallido del escándalo.

Ese dato reconfigura el mapa político del caso. La causa ANDIS había sido leída inicialmente como un problema del karinismo, sobre todo tras la difusión, en agosto pasado, de los audios del titular del área (y abogado personal de Milei) Diego Spagnuolo en los que se mencionaba un presunto “3% para Karina”. En esas grabaciones también aparecía el nombre de Eduardo “Lule” Menem, uno de los principales armadores políticos del oficialismo y figura central del dispositivo territorial de la secretaria general de la Presidencia.

Pero el avance judicial, los procesamientos y la reconstrucción del circuito de intermediación empezaron a rozar también al sector ligado a Santiago Caputo. No solo por la figura de Calvete y su hija, sino por las conexiones operativas entre ANDIS y el PAMI —dos áreas que compartían proveedores, mecanismos de compra y circuitos de autorización— y por la aparición de iniciales políticamente sensibles en cuadernos incautados por la Justicia.

En la Casa Rosada, hace tiempo que la decisión fue replegarse. Sin declaraciones públicas de peso ni una narrativa oficial que ordene el episodio, el Gobierno apuesta a una estrategia de enfriamiento. “Es un tema que está investigando la Justicia”, se limitan a responder oficialmente. El objetivo es evitar que el expediente se convierta en un nuevo campo de batalla interno entre el karinismo y el caputismo, una tensión que se mantiene y que la causa ANDIS vuelve a poner en escena bajo una forma incómoda: la de una trama judicial que ya no distingue facciones.

La incomodidad es doble. Porque el caso no solo expone presuntas maniobras de corrupción en un área sensible, como es la provisión de medicamentos para personas con discapacidad, sino que además toca fibras del propio diseño de poder del oficialismo. La ANDIS, hoy convertida en secretaría dentro del Ministerio de Salud tras su disolución formal, había sido presentada por el Gobierno como un organismo a “sanear” por irregularidades heredadas. Pero el avance del expediente sugiere algo distinto: que el problema no quedó encapsulado en el pasado y que las responsabilidades podrían escalar más allá de los nombres ya procesados.

El esquema Calvete

En ese esquema, la figura de Miguel Ángel Calvete adquirió un peso particular. Exconcejal de La Matanza por Cambiemos y dirigente del sector supermercadista —fue presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos (FESACH)—, sin cargo formal dentro del Estado, la investigación lo ubica como un operador con acceso a decisiones sensibles del área de discapacidad. Según la hipótesis judicial, habría funcionado como nexo entre el entorno de Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y droguerías beneficiadas por el esquema de compras, con capacidad para influir en adjudicaciones, circuitos administrativos y flujos de pagos.

La dimensión política del caso se amplificó por el vínculo familiar. Su hija, Ornella Calvete, se desempeñó como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía hasta noviembre pasado, cuando presentó su renuncia en medio del avance judicial. Durante la investigación, la Justicia allanó su domicilio y secuestró 700.000 dólares en efectivo, los cuales no pudo justificar.

El expediente del fiscal Franco Picardi incorporó además intercambios entre padre e hija que, según la acusación, ayudan a reconstruir el funcionamiento del circuito bajo sospecha. En uno de esos chats, del 10 de septiembre de 2025, Ornella le escribe a su padre —a quien tenía agendado como “Carmela Vivaldi”— para que intermedie en favor de una empresa.

Calvete responde que ya había concretado una reunión y ella le dice que, si todo salía bien, le compraría “una lambo, una granja, lo que quieras”, a lo que él contesta: “No hace falta… con el 3% a KM está perfecto”. Dos días después, tras advertir la presencia policial en su domicilio, Ornella le consulta por la situación de una firma vinculada a su padre y por la existencia de “cash blanco”, mientras él le sugiere “hacerse la gila”. Esa superposición entre el rol del operador y la presencia de su hija dentro de la estructura estatal terminó de ampliar el alcance político de la causa más allá del núcleo original del caso ANDIS.

Por el escándalo, también renunció en noviembre la pareja de Ornella y yerno de Miguel Calvete, Javier Cardini, ni más ni menos que el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio de Economía. Tras una trayectoria en el sector tecnológico privado, su desembarco se produjo en un área atravesada por el reparto de influencia entre Karina Milei y Santiago Caputo, a partir de su vínculo personal con el asesor presidencial y su hermano Francisco Caputo, mediado a su vez por Georgie Neuss, amigo de la infancia de ambos, según publicó Alejandro Rebossio en elDiarioAR. Con Cardini ingresó además la tía de Ornella, Susana Calvete, hermana del operador farmacéutico, que también fue despedida.

En los tribunales, la investigación avanzó sobre un esquema preciso. Según la resolución, la ANDIS operó durante casi dos años con un mecanismo paralelo de compras —las llamadas “compulsas especiales”— en el que la competencia era ficticia y las adjudicaciones estaban definidas de antemano.

Cuatro droguerías concentraron más del 90% de ciertas contrataciones por montos superiores a los 30 mil millones de pesos, con incrementos abruptos de precios en medicamentos esenciales y accesos irregulares al sistema informático del organismo por parte de personas ajenas a la estructura estatal. El cuadro que describe el juez Casanello va más allá de una anomalía puntual. Se trata de una arquitectura diseñada para garantizar retornos, pagos privilegiados y direccionamiento sistemático.

La Salud como caja

Ese diagnóstico es el que complica políticamente al Gobierno. Porque el caso ya no se limita a los audios de Spagnuolo ni a la hipótesis inicial de un pedido de aportes irregulares. El volumen de pruebas empujó la causa hacia una reconstrucción más amplia del circuito de decisiones, donde la frontera entre funcionarios y operadores privados aparece deliberadamente difusa. Y en ese punto, el expediente vuelve a cruzarse con el mapa real del poder libertario.

En paralelo, el Ministerio de Salud atraviesa una fase de tensión silenciosa, pero el dato político central no es el desgaste de Mario Lugones sino la consolidación de Santiago Caputo. Tras el último reacomodo interno, el asesor presidencial terminó de afirmar su control sobre el área, convertida en uno de los núcleos de mayor peso dentro de su arquitectura de poder. En la lógica del oficialismo, Salud funciona como una caja de gestión y financiamiento bajo su influencia directa, con el PAMI como pieza clave operada por funcionarios de su máxima confianza.

Las conexiones entre ANDIS y el organismo previsional que conduce Esteban Leguizamo comenzaron a ser cada vez más evidentes, sobre todo a partir de que el nombre de su número 2, Carlos Zamparolo, apareciera en los registros incautados a Calvete junto a siglas políticamente sensibles. El rediseño del PAMI impulsado por el caputismo buscó centralizar aún más las decisiones, en un intento por controlar la gestión de insumos de alto costo, en medio de denuncias de pactos subterráneos con sectores del peronismo hechas por referentes libertarios del conurbano.

El Gobierno, por ahora, evita cualquier reacción que amplifique el tema. Más allá de en un principio desdecir a Spagnuolo, hasta el momento no hubo intento alguno de desacreditar la investigación judicial ni un discurso defensivo que ordene la escena. La apuesta, por el contrario, fue dejar que el expediente siga su curso sin transformarlo en un conflicto público. Pero ese silencio oficial también refleja una dificultad: el caso no golpea a un sector aislado, sino que toca simultáneamente a las dos alas del poder puertas adentro de la Casa Rosada.

En ese cruce, el expediente adquiere otra dimensión. No solo por lo que ya probó la Justicia, sino por lo que sugiere el propio fallo del juez Casanello cuando advierte que el esquema “no se agota en los hechos aquí probados” y que podría existir “otro nivel de complicidades”. Esa frase, leída con atención en Balcarce 50, es la que explica el clima de repliegue: nadie sabe hasta dónde puede escalar la causa ni qué nombres podrían aparecer en la próxima etapa.

PL/CRM

La puesta en marcha de la Oficina de Respuesta Oficial marcó un nuevo capítulo en la relación del Gobierno con los medios de comunicación y, al mismo tiempo, formalizó el ingreso al Estado de uno de los principales operadores digitales del oficialismo: Juan Pablo Carreira, conocido en redes sociales como “Juan Doe”.

La nueva dependencia fue presentada este jueves a través de la red social X con un tono marcadamente confrontativo. El organismo tiene como objetivo “desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que “solo informar no alcanza si la desinformación avanza sin respuesta” y defendieron la iniciativa como una forma de “combatir la desinformación brindando más información”, en contraposición a lo que calificaron como prácticas de censura de “sectores políticos vinculados a la izquierda”.

En su comunicado inaugural, el Gobierno aseguró que la creación de la Oficina de Respuesta Oficial no vulnera la libertad de expresión, sino que la refuerza. “Estamos sumando una voz oficial para desmentir operaciones, lo contrario a la censura. El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración”, señalaron.

El argumento central se apoya en el cambio de la política de medios: al dejar de “financiar relatos con pauta oficial”, las críticas y versiones falsas se habrían vuelto “más ruidosas”, lo que —según la mirada oficial— vuelve necesario “desmentir con claridad y sin rodeos”.

En ese marco fue designado Carreira, una figura identificada con el núcleo duro de la militancia libertaria en X y con el dispositivo digital que respalda al presidente Javier Milei. Desde ese espacio, Carreira interactúa de manera constante con referentes como Daniel Parisini, conocido como el “Gordo Dan”, y el diputado bonaerense Agustín Romo, todos alineados políticamente con el asesor presidencial Santiago Caputo y su estructura denominada “Las Fuerzas del Cielo”.

Con formación en ingeniería industrial, Juan Pablo Carreira construyó su identidad pública como un outsider del Estado. Incluso, poco más de un año atrás había expresado en redes sociales que nunca aceptaría un cargo público, una publicación que fue eliminada tras su desembarco en la administración nacional. Antes de asumir, trabajaba en el sector privado con ingresos dolarizados, un dato que él mismo utilizó para reforzar el relato de compromiso ideológico con el proyecto libertario.

Su participación en la estrategia comunicacional oficial antecede a su nombramiento. Durante la campaña presidencial fue señalado como parte del núcleo que diseñó la ofensiva digital del oficialismo, en estrecha relación con el consultor Fernando Cerimedo, uno de los principales arquitectos del entramado comunicacional libertario. Junto a él impulsó La Derecha Diario, un portal orientado a la difusión de ideas de derecha y del ideario liberal.

La llegada de Juan Pablo Carreira a la Oficina de Respuesta Oficial se dio, además, en un contexto de reconfiguración interna en el área de comunicación, tras la salida de otros referentes del ecosistema libertario como Iñaki Gutiérrez y Eugenia Rolón. A diferencia de esos perfiles, su designación supone la institucionalización de una práctica que hasta ahora se movía en el terreno informal: la confrontación directa y sistemática con el periodismo desde una estructura estatal.

Al anunciar su incorporación, Juan Pablo Carreira eligió un tono épico y militante. Habló de “entrar a la cancha” luego de años de preparación y se definió como parte de una gesta destinada a “salvar al país”. La Oficina de Respuesta Oficial aparece así como el marco institucional de un estilo comunicacional que abandona la mediación y asume la disputa frontal con los medios, ahora desde el propio Estado.

Con información de medios

JIB

Javier Milei armó con fondos públicos su “Ministerio de la Verdad”, como imaginó George Orwell en su distópica obra 1984. La Casa Rosada puso en marcha este jueves la Oficina de Respuesta Oficial de la República Argentina, un nuevo dispositivo de comunicación estatal destinado a desmentir informaciones periodísticas y “operaciones” que el Gobierno considere falsas, según anunció a través de la red social X. La iniciativa se presenta como una herramienta para combatir la desinformación, pero se lanza en un contexto de creciente confrontación del mandatario con la prensa y de advertencias internacionales por el deterioro de la libertad de expresión en el país.

Según el anuncio, el objetivo es que los ciudadanos puedan “distinguir hechos de operaciones y datos de relatos”, y se aclara que el organismo no busca censurar ni imponer una mirada oficial. “La democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone”, afirmó la Oficina en su presentación pública.

Una estrategia digital bajo la órbita de Caputo

La nueva cuenta forma parte del esquema de comunicación digital del Gobierno, donde tiene un rol central el asesor presidencial Santiago Caputo, junto al responsable de redes conocido como Juan Doe, operador clave del ecosistema libertario en plataformas digitales. Doe es el director general de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira.

Desde el oficialismo señalan que la Oficina apunta a replicar mecanismos de respuesta directa utilizados por otros gobiernos, como la Casa Blanca, que mantiene estructuras oficiales dedicadas a contestar informaciones consideradas falsas o inexactas.

Poco después del anuncio, Caputo celebró públicamente la iniciativa con un mensaje en su cuenta personal de X: “Dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad ahora se van a encontrar con una respuesta oficial del gobierno que señale sus mentiras. Se festeja.”

El respaldo explícito del principal estratega comunicacional del Presidente reforzó el tono confrontativo con sectores del periodismo profesional, una constante desde el inicio de la gestión de Milei.

Advertencias internacionales y un clima de hostilidad hacia la prensa

La creación de la Oficina se da en un escenario marcado por advertencias de organismos internacionales sobre la situación de la libertad de prensa en la Argentina. Días atrás, Human Rights Watch (HRW) alertó sobre ataques verbales reiterados del presidente Milei contra periodistas y medios críticos, y advirtió que ese tipo de discursos contribuyen a un clima hostil para el ejercicio del periodismo.

Según HRW, el mandatario recurre de manera sistemática a descalificaciones, insultos y estigmatización pública a través de redes sociales, discursos y entrevistas, prácticas que la organización incluyó en su último informe anual sobre derechos humanos como un factor de retroceso en la libertad de expresión.

El lanzamiento del nuevo organismo ocurre además mientras el Gobierno impulsa en el Congreso una reforma laboral que propone derogar el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), una norma vigente desde 1944 que regula condiciones laborales y garantías específicas para los trabajadores de prensa.

Sindicatos y organizaciones periodísticas advirtieron que la eliminación del estatuto implicaría una pérdida de derechos laborales y un debilitamiento de la independencia profesional, en un contexto ya atravesado por la confrontación pública entre el Ejecutivo y los medios. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la reforma busca “modernizar” el marco normativo laboral, aunque sin precisar cómo se protegerá la tarea periodística.

La primera publicación contra una supuesta fake fue una nota del diario Clarín sobre el avance del plan de Sandra Pettovello para carmbiar los planes sociales en vouchers.

MC

Santiago Caputo llegó al 2026 en una posición distinta a la que muchos anticipaban pocos meses atrás. Sigue sin diálogo con Karina Milei, sin control del armado político y sin protagonismo en la rosca parlamentaria, pero también sin haber perdido las palancas centrales de poder que construyó desde el inicio del gobierno de La Libertad Avanza. Su resistencia no fue épica ni expansiva: fue silenciosa, defensiva y eficaz. En un oficialismo donde los desplazamientos suelen ser abruptos, Caputo sobrevivió.

Ese dato no puede leerse sin otro, acaso más determinante: la confianza y devoción intelectual que Javier Milei todavía le tiene a su asesor sin firma. Más allá de la interna, de los reproches cruzados y del avance del karinismo sobre áreas clave del Estado, el Presidente nunca habilitó su desplazamiento. No lo expuso, no lo desautorizó y no convalidó una purga. En un gobierno personalista, ese respaldo, aunque sea tácito, sigue siendo una moneda decisiva.

En ese marco, fue decisivo lo ocurrido en diciembre pasado puertas adentro del oficialismo. La secuencia comenzó con el ascenso de Andrés Vázquez en Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la ex AFIP, una muestra de que Santiago Caputo no solo seguía conservando poder, sino que estaba en condiciones de reafirmarlo en un organismo estratégico y blindando a una de sus piezas más sensibles.

Recién después se conoció la designación de Darío Wasserman en el Banco Nación, hasta entonces segundo en la entidad y hombre del círculo íntimo de la secretaria General de la Presidencia. Más que la salida de Daniel Tillard —que nunca fue plenamente del riñón de Caputo—, el nombramiento de la pareja de la referente porteña de La Libertad Avanza, Pilar Ramírez, terminó de cerrar el cuadro de una tregua negociada con el ala oeste de la Casa Rosada. El asesor aseguraba así control en áreas donde el poder es más estructural que político, mientras el karinismo avanzaba en un espacio visible y simbólico. No se trató de una concesión unilateral, sino de un reordenamiento tácito para descomprimir la interna sin escalar el conflicto.

Aquel doble movimiento condensó el nuevo esquema de convivencia. Caputo aceptó el avance de Karina en el Banco Nación, pero blindó sus territorios más propios. En ARCA, lo que en noviembre aparecía como una zona en disputa terminó resolviéndose en sentido inverso: el organismo se reordenó bajo una lógica más centralizada, con un esquema técnico y vertical que responde directamente a su diseño.

El dato más fuerte de esa resistencia, sin embargo, está en otro plano. La permanencia del asesor presidencial en la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) es hoy la señal política más contundente de su vigencia. En un gobierno que reconfiguró el sistema de inteligencia por decreto y convirtió ese terreno en una pieza central de su arquitectura de poder, sostener influencia allí equivale a concentrar lo más preciado: la información. El polémico DNU que reformó el organismo al filo del fin de año y la anterior desginación de Cristian Auguadra como su titular confirmaron que, aun sin protagonismo público, Caputo logró blindar un espacio históricamente sensible, opaco y decisivo.

Se trata de un control que no estuvo exento de disputa. Según reconstruyen fuentes del oficialismo, en noviembre, Karina Milei estuvo muy cerca de avanzar sobre la SIDE, con la intención de incorporar ese engranaje a su esquema de control político más directo, como hiciera con la Jefatura de Gabinete. Caputo, sin embargo, supo ganarle de mano: logró eyectar a Sergio Neiffert en el momento justo y encapsuló el organismo antes de que la avanzada se concretara. Fue una de las pocas batallas en las que no retrocedió.

Ese dato explica por qué, pese al acorralamiento interno, no hubo avances reales sobre su estructura. La SIDE no fue intervenida ni “normalizada”, como se insinuaba semanas atrás desde el karinismo. Al contrario: quedó protegida y alineada con el esquema que Caputo ayudó a diseñar. En términos de poder real, no hay señal más clara de supervivencia.

Pero si la SIDE es el dato político, la Salud es la caja. Es allí donde el caputismo conserva su principal volumen de negocios y de gestión, como viene contando elDiarioAR. En ese entramado, que se expande a lo largo de todo el conurbano bonaerense y que tiene al PAMI como principal pieza del engranaje, se explica buena parte de la capacidad de resistencia del asesor presidencial. No se trata solo de influencia estratégica o control institucional, sino de recursos, circuitos administrativos y márgenes de decisión que exceden la coyuntura de la interna.

Sin embargo, fortalecida por el resultado de las elecciones de octubre, Karina Milei activó una presión con un objetivo específico: que Move Group, la consultora en la que trabajó Caputo antes de desembarcar en la Casa Rosada, comience a desligarse de los contratos que la vinculan con distintas áreas del Estado. Según pudo saber este medio, el pedido, que no fue formulado de manera pública ni formal, apuntó a desarmar uno de los flancos más sensibles del caputismo: la recaudación.

La señal es doble. Por un lado, la hermana del Presidente busca reducir la exposición del Gobierno frente a eventuales cuestionamientos éticos o judiciales. Por otro, funciona como un mensaje interno: aun cuando Caputo sigue sentado en la mesa política que lanzó Milei en septiembre pasado, hay límites que el karinismo pretende marcar, especialmente en todo lo que huela a intermediación privada con el Estado. No es un desplazamiento directo, pero sí una forma de recorte quirúrgico.

Esa presión convive con la otra paradoja central. En el Congreso, con Martín Menem como vocero más visible, y en el entorno de Karina Milei, se insiste en relativizar el rol político de Caputo, en particular su interlocución con los gobernadores. El mensaje apunta a reducir su peso de cara al debate de las reformas que vienen, del mismo modo en que se subrayó su exclusión de la rosca final del Presupuesto 2026. Marzo asoma como el mes en que la interna puede volver a calentarse.

Así y todo, la diferencia con su situación de noviembre es que el asedio no avanzó. La “guerra fría” con el karinismo no se resolvió, pero tampoco derivó en un desplazamiento. Caputo no fue absorbido ni expulsado: quedó encapsulado. Y mientras Javier Milei siga confiando en él —aunque su hermana lo cerque—, su permanencia en la SIDE, su gravitación en la Salud y su supervivencia política seguirán siendo una pieza estructural del poder libertario, el mismo que hace rato dejó de ser un “triángulo de hierro”.

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A un año de haber sido anunciado como titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc presentó su renuncia. La decisión se formalizó este jueves, luego de que el fiscal federal reuniera a los directores que él mismo había nombrado y les pidiera la dimisión. La escena, inusual y cargada de tensión, coronó una salida que ya se descontaba en los pasillos del organismo antilavado. Según el comunicado oficial del Ministerio de Justicia, Starc dejó el cargo por “razones personales” y continuará colaborando con el Gobierno en “nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.

Su reemplazante será Ernesto Gaspari, un economista con trayectoria en el sector público y privado, que en los últimos años se desempeñó como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en Cancillería. El Gobierno lo describe como un profesional con experiencia en finanzas y administración, que llega con el objetivo de “consolidar una gestión técnica y profesional, fortalecer los mecanismos de prevención y control, y profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”. Pero su llegada también tiene una dimensión política: Gaspari es un funcionario con vínculos aceitados en el núcleo más cerrado del poder libertario.

El trasfondo de la salida de Starc es político, técnico y estratégico. Según pudo reconstruir elDiarioAR, la Casa Rosada le había exigido que adecuara la normativa preventiva de la UIF a los lineamientos de la flamante Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre como parte del paquete de reformas impulsado por Javier Milei. El titular del organismo se habría resistido a ese pedido, lo que generó fricciones con las máximas autoridades. Las tensiones, sin embargo, no eran nuevas: habían comenzado en julio, cuando Starc se mostró reacio a seguir ciertos lineamientos bajados desde el Ministerio de Economía que encabeza Luis “Toto” Caputo.

La crisis se profundizó en un contexto sensible. En los primeros días de enero, Starc viajó a Estados Unidos para mantener reuniones con autoridades del FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), el organismo del Tesoro estadounidense que se especializa en la prevención de delitos financieros. Uno de los temas centrales en agenda fue el caso AFA, que generó preocupación entre los organismos de control internacional por sus posibles implicancias patrimoniales e institucionales.

La gestión de Starc había comenzado de manera atípica: su designación se formalizó recién en abril, casi tres meses después del anuncio oficial. Su debut fue tan seco como simbólico. Esa misma semana, el Gobierno publicó el decreto 274/2025, con el que desactivó el rol de la UIF como querellante en causas de lavado y corrupción. La norma no prohibía expresamente esa función, pero en la práctica le quitaba una de sus herramientas clave de intervención judicial.

Para ese entonces, Starc ya había quedado bajo la órbita de Santiago Caputo, el asesor presidencial que impulsó su desembarco tras el desplazamiento de Ignacio Yacobucci en medio de acusaciones cruzadas. Aunque llegó al cargo con un perfil técnico y una carrera de más de tres décadas en la Justicia Federal con fama de “hombre de acción”, su paso por el organismo fue prácticamente invisible: no concretó nombramientos clave, no impulsó líneas de acción claras y mantuvo a la UIF en una parálisis operativa que derivó en un vacío de poder. De hecho, en los hechos, la conducción estuvo a cargo de su vice, Santiago González Rodríguez.

Su renuncia se produce, además, en un momento clave para el sistema de inteligencia. Desde fines de 2025, la UIF forma parte de la flamante Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, creada por el polémico DNU presidencial que reformó la SIDE. El nuevo esquema agrupa bajo una misma órbita a los principales organismos con capacidad de vigilancia y análisis estratégico del Estado. La salida de Starc y el arribo de Gaspari abren así un nuevo capítulo en la disputa por el control de una de las áreas más sensibles del poder: la información.

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Después de las numerosas denuncias internas y judiciales por presuntas irregularidades en las licitaciones de los servicios de limpieza y el parquizado, el directorio de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina SA (NASA), que controla las centrales de Atucha y Embalse, resolvió este miércoles apartar a su gerente general, Marcelo Famá, y a su gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, ambos hombres de confianza del presidente de la compañía, Demian Reidel.

Mientras Reidel y el presidente Javier Milei, expositor en el Foro de Davos, presentaban en redes un paper por el que se creen merecedores del Nobel de economía, 'Cuando regulación mata crecimiento', en el directorio de NASA, que integra el físico y economista, decidió apartar a sus gerentes de confianza. En paralelo, continúa la investigación de las denuncias que lleva adelante el comité de integridad de la empresa pública.

Una empresa de limpieza y parquizado, M&G, había presentado una denuncia interna en NASA, otra competidora, Distribón, había recurrido a la Justicia, mientras que el gerente de planta, Juan Pablo Nolazco Sáenz, un hombre de la línea de la compañía, también había acusado a la conducción ante el mencionado comité. Los tres apuntaron a que se favorecía a una tercera firma. LX, propiedad de Gabriel Bonetto, exaportante del PRO. Otras compañîa habían cuestionado las licitaciones: Euro Clean y Claryty.

Pantuso expuso entonces este miércoles ante el directorio para rebatir las denuncias y contraatacó acusanco a Nolazco Sáenz por lo mismo que este acusa ahora a aquel, por aceptar una oferta de una empresa pese a que está por encima de los precios sugeridos por auditorías independientes. “Con el ingreso de la denuncia de Pantuso, se decidió que él y Fama delegaran la firma hasta que el comité termine de investigar los hechos”, comentaron en el entorno de Reidel.

Pero otras fuentes de NASA, donde el economista y físico se ha ganado más de un enemigo, aclaran que se investigarán todas las denuncias, no sólo de la de Pantuso. Interinamente, se resolvió que las funciones de dichos gerentes sean asumidos por el exgerente general y el gerente de administración y finanzas, respectivamente. El exgerente general de Nucleoeléctrica es Fernando Monserrat, un ingeniero que lleva en la empresa 43 años, estaba cerca de jubilarse, Milei lo había nombrado presidente de la empresa al inicio de su mandato pero después lo desplazó para poner a Reidel.

En el directorio de NASA está Reidel, tres ingenieros nucleares, Germán Guido Lavalle, Axel Larreteguy y Marco Campolonghi, y el abogado Diego Chaher, el hombre que el asesor presidencial Santiago Caputo ha puesto a monitorear las privatizaciones. Precisamente, Reidel y Caputo mantienen una relación tensa porque el primero está al frente de esta empresa energética que se venderá en un 49% al sector privado, mientras que el segundo pretende controlar todas las ventas. Caputo impulsó el año pasado la creación de una Secretaría de Asuntos Nucleares en el Ministerio de Economía y puso a su encargado, Federico Ramos Napoli. Por ahora no se han privatizado muchos negocios, pero, por ejemplo, las dos de las cuatro centrales hidroeléctricas que se concesionaron terminaron en manos de amigos del asesor presidencial, Juan y Patricio Neuss, junto a otros socios.

AR