Un país en estanflación, donde el despido es negocio, las privatizaciones tienen favoritos y surge una ciudad-estado de IA
En la misma Argentina en la que este jueves las fuerzas de seguridad arrojaron a mansalva gases lacrimógenos que afectaron más a las decenas de miles de manifestantes pacíficos que a los pocos violentos ya comienza a hablarse de estanflación. Es la temible combinación de estancamiento o recesión, es decir, dos trimestres consecutivos de caída económica –consultoras como LCG, Analytica y Oxford Economics consideran que así ocurrió–, con una inflación elevada, que rebrotó en septiembre al 1,9%, tras el 1,7% de agosto, y se encamina cerrar el año parecido al 31,5% de 2025. Uno de los primeros que pronunció la palabra estanflación fue Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de la consultora Equilibra.
“Salvo en los sectores minería, energía y agroindustria, el resto no crece y con una tasa de inflación que se enquistó en torno al 2%”, advierte Sigaut Gravina. Es un índice de precios al consumidor (IPC) menor al 12% que dejó Sergio Massa en el Ministerio de Economía, pero similar al que se le criticaba al kirchnerismo y muy superior al 0,8% del Brasil de Lula da Silva y al 0,4% del México de Claudia Sheinbaum. Un problema de la estanflación radica en que si la política económica ataca la inflación, como pretende Javier Milei, se hunde más la actividad económica y el empleo, pero si se apuntara al estancamiento o la recesión, se calentarían aún más los precios.
En el almuerzo de este miércoles en el hotel Alvear del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), que reúne a las cámaras del comercio, la construcción, la Unión industrial, la Sociedad Rural, la banca privada nacional y la Bolsa porteña, más que el discurso del invitado Horacio Marín, presidente de YPF, resonaron los comentarios por lo bajo de los empresarios sobre la incertidumbre sobre 2027. “Por la economía que no repunta: no se ven motivos por los que habría de mejorar, con dólar que corre por debajo de la inflación y afecta a la industria y a la construcción, que cotiza en dólares, y con el boom del contrabando y la invasión de productos chinos”, comentó uno de los pesos pesados de la Cicyp, que preside Bettina Bulgheroni, embajadora de la marca país por decisión de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, e integrante de la familia dueña de Pan American Energy.
“Incertidumbre sobre quién viene a gobernar”, agrega otro motivo el confidente del Cicyp. En el establishment hay un consenso en el apoyo a la baja de la inflación y el superávit fiscal sin financiamiento monetario, pero preocupa la actividad económica. Por eso no todos están con Milei, pero incluso los que lo critican dudan de que Patricia Bullrich pueda configurar una alternativa y en el peronismo prefieren a un Massa que a un Axel Kicillof porque pese a su mal paso por Economía se lo ve más proclive a sostener el giro pro mercado y no regresar a recetas pasadas. Empresarios como José Luis Manzano y Francisco de Narváez siguen siendo estrechos amigos del abogado que en 2013 rompió con Cristina Fernández de Kirchner, en 2016 apoyaba a Mauricio Macri y en 2019 se reconcilió con la expresidenta.
Un clima similar se palpó en la enésima gira de Milei por EE.UU. esta semana. Mientras, el deterioro del crédito empresarial continúa siendo una de las principales señales de alerta de la economía argentina. En septiembre, otras 1.937 empresas ingresaron en mora, un incremento del 3,5% respecto de agosto. En paralelo, la cantidad de compañías con una situación diferente de la normal en el sistema bancario llegó a 58.982, un crecimiento del 53% en los últimos 12 meses. En este contexto, el Score de Riesgo Económico y Financiero (SERF) de la firma de gestión de riesgos Fidelitas se ubicó en 37,7 puntos en septiembre, con una caída de 0,6 puntos frente al mes anterior y dentro de la categoría de riesgo elevado. El resultado refleja un escenario heterogéneo, en el que algunas mejoras sectoriales y financieras conviven con una actividad económica débil y una fragilidad crediticia persistente.
Pero los hombres de negocios que están ampliando sus fortunas durante el gobierno libertario aspiran a que su cosecha continúe. Es llamativo cómo en diversas licitaciones de concesiones y privatizaciones ha habido candidatos fijos a ganarlas que finalmente triunfaron. Los actores cercanos al contrato de la hidrovía del río Paraná preveían que la belga Jan de Nul y su socio local Leonardo Román, de familia con larga tradición portuaria, iban a vencer. Y lo hicieron. La diputada Marcela Pagano denunció que los hermanos Juan y Patricio Neuss, amigos del asesor presidencial de Santiago Caputo, conseguirían subcontratos.
Los Neuss y sus socios dentro de Edison Energía sonaban como favoritos para las concesiones de las represas del Comahue y ganaron dos de las cuatro. Lo mismo para la venta de la participación del Estado en la transportista eléctrica Transener y la obtuvieron en sociedad con Jorge Brito, el dueño del Banco Macro que este año coqueteó con meterse en política pero parece haberse contenido al menos por ahora. Eso sí, Georgi Neuss, primo de Juan y Patricio, se quedó con las ganas de Metrogas, que fue a parar a manos de Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti.
En la privatización de AySA sonaba el nombre de Filiberti, su proveedor de cloro, y efectivamente prevaleció. Lo hizo en alianza con Walter Román, tío de Leonardo y aportante de la campaña de La Libertad Avanza en 2025; con Águas do Rio y con un misterioso fondo de inversión especulativa llamado PHX, con sede en Curazao, colonia neerlandesa que jugó el último Mundial, según descubrió el periodista Esteban Rafele en Letra P.
Ahora Grupo México aparece como favorito en la próxima concesión, la de los ferrocarriles de carga. Logró que la licitación sea por el negocio integral: el Gobierno desistió de su idea original de dividirlo entre vías, talleres e inmuebles, por un lado, y material rodante, por otro. También que lo incluyera en el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Enfrenta en la contienda a un consorcio de cerealeras, las extranjeras Bunge, Cargill y LDC, la cooperativa ACA y Aceitera General Deheza (AGD). Veremos si a AGD, la empresa del ex senador peronista cordobés Roberto Urquía, le juegan en contra los posicionamientos críticos que viene adoptando la Fundación Mediterránea, donde él pesa fuerte, y donde la presidenta es la constructora María Pía Astori, secundada por Marcos Brito –hermano de Jorge– y Sergio Roggio, del grupo que perdió AySA.
Los que también hacen negocios en plena estanflación son los bancos y las sociedades de bolsa que tienen hasta fin de mes para conseguir que el medio millón de empresas de la Argentina los contraten para gestionar su Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con el que podrán pagar indemnizaciones por despido y retiros voluntarios. En el sector financiero se espera que el plazo se prorrogue hasta finales de noviembre, dado que existen problemas operatorios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para registrar las inscripciones. A aquellas compañías que no escojan quién administrará su fondo se les asignará uno por sorteo. Las grandes aportarán el 1% de su masa salarial y las pymes, el 2,5%. Se trata de hasta US$2.500 millones por año. Son recursos que antes iban a pagar jubilaciones y asignaciones familiares o a financiar el Fondo Nacional de Empleo o el Programa de Asistencia Médico Integral (PAMI). Ya no, por decisión de la reforma laboral impulsada por LLA y aprobada también por sus aliados.
El banco español BBVA fue el primero que se lanzó a una campaña agresiva para conseguir que las empresas la contraten para gestionar su FAL. Arrancó ofreciendo comisión cero por un año, en lugar del 1% tope que estableció el Ejecutivo. Pronto sus competidores lo imitaron con ofertas similares: el Galicia, el Macro, el Santander y el ICBC y los públicos Nación y Provincia de Buenos Aires. Estos siete bancos controlan 85% del negocio de las cuentas sueldo en la Argentina y con esa base aspiran a quedarse con el del FAL. Pero las sociedades de bolsa, técnicamente llamadas agentes de liquidez y compensación (ALYC), domina el 40% de los fondos comunes de inversión y, como el FAL será justamente eso, pretenden quedarse con el 30% de este nuevo mercado.
Claro que el FAL no podrá meterse en inversiones de riesgo como las acciones. Algunos descansarán en opciones conservadoras como plazos fijos. Son los más atractivos para empresas que prevean despidos y rotaciones de personal más frecuentes. Otros invertirán en las alternativas autorizadas con más riesgo, como deuda provincial o corporativa, aunque estas variantes están limitadas al 15% y al 20%, respectivamente, del total de la cartera. La idea del Gobierno fue que no se corra el peligro de que el dinero destinado a indemnizaciones se pierda, como ocurrió con el de las desaparecidas administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) entre 1994 y 2008 con apuestas ruinosas.
Otros negocios se tejen con la venta de ciudadanía, activo de interés para extranjeros que quieren saltearse el límite del 15% a la propiedad foránea de tierras por municipio. Entre el 29 de septiembre en que la Corte Suprema habilitó la extranjerización total de terrenos y el 9 de octubre, cuando echó por tierra esa decisión, el empresario chino Mao Dong Xu creó seis sociedades argentinas, Voltstone, Gridvera, Xcity Mining, Gridcrest, Voltara y Terrawatt, según descubrió el portal Tengo Data a partir de lo publicado en el Boletín Oficial. Mao, un financista inhabilitado de por vida en su país y radicado en EE.UU., promociona Xcity, una “ciudad-estado superinteligente” de 400.000 hectáreas en San Juan, que con energía solar minará bitcoins y alimentará centros de inteligencia artificaial, con robots residentes.
Mao vende derechos de uso de parcelas por 30 años, respaldados con NFT, un token no fungible, activo digital único. La tierra queda formalmente a nombre de una sociedad argentina, pero el control económico pasa a inversores extranjeros. Además, la documentación prevé usar varias entidades cuando las tenencias de un inversor se acerquen a los topes legales para extranjeros. Planea pedir al Gobierno facultades de autogobierno parcial, con un consejo de inversores en asuntos locales. Ofrece servicios de residencia y ciudadanía ligados a inversiones.
El oro del Banco Central también ha sido objeto de negocios. Queda por conocerse qué bancos extranjeros fueron contratados por el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili, para enviarlo primero a Londres y después a Suiza. Y cuáles otros se encargaron del contrato de cobertura del precio del metal, por el que el Central terminó dejando de ganar, o perdiendo, unos US$1.000 millones. Bausili acumula tres denuncias por estas diversas operatorias: una de los senadores peronistas Juliana Di Tullio, Florencia López y Martín Soria, otra del abogado Gregorio Dalbón y una nueva del diputado socialista Esteban Paulón.
Más allá de estos negocios que se tejen, unas 25 mujeres de los mundos de la empresa, la política, la academia y la sociedad civil presentarán este jueves VEGA, Voces de Equidad y Género en Acción. A la cabeza está Carolina Castro, de la autopartista Industrias Guidi, que tuvo su paso por la política con Macri primero y Florencio Randazzo después. Su voz es una de las más lúcidas del empresariado argentino. La acompañan la diputada peronista Victoria Tolosa Paz, la legisladora porteña macrista Silvia Lospennato, la auditora general de la Nación Pamela Calletti; Andrea Gualde, directora de asuntos jurídicos e institucionales de Farmacity; la politóloga María Victoria Murillo, de la Universidad de Columbia, y las empresarias Lorena Basso (Semillas Basso) y Patricia Furlong (Global Processing). VEGA sostiene que su objetivo es “trabajar por una Argentina más democrática, más productiva y más innovadora”. Quizás otro país es posible de la mano de las mujeres.
AR/MG