La CGT pidió en Tribunales que declaren inconstitucional la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó este lunes en Tribunales un recurso pidiendo que se declare “inconstitucional” la ley de reforma laboral, que recibió sanción definitiva el viernes último en el Senado, mediante escritos que presentó ante el fuero Laboral y ante el Contencioso Administrativo.

“Venimos a ejercer nuestro derecho a peticionar. Confiamos en un poder republicano como la Justicia, en su objetividad y en que va a cuidar el cumplimiento de la Constitución Nacional”, afirmó Jorge Sola, uno de los tres cosecretarios generales de la CGT.

Sola (Seguros), junto a los otros dos cosecretarios generales, Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), presentaron su reclamo pese a que la norma aún no fue promulgada por el Poder Ejecutivo. 

En diálogo con el periodismo en la puerta de Tribunales sobre la calle Talcahuano, Sola explicó que con esta presentación la CGT “cumple con lo que venimos diciendo desde que iniciamos este proceso de rechazo a la ley”.

La presentación apunta contra la reforma laboral por avanzar sobre características “protectorias” de la legislación anterior, y por vulnerar también su “progresividad”.

A su turno Jerónimo dijo que “hoy ya hay muchos sectores que empiezan a plantearse por qué han acompañado al Gobierno y a esta ley, que no tiene ningún impacto beneficioso para la vida de los trabajadores”,

“Ayer esperábamos que el Presidente dé algún anuncio positivo sobre el desarrollo del país, la producción y el trabajo, y fue todo lo contrario. Esto demuestra que este es un Gobierno para pocos y de especulación financiera”, recalcó.

Por su parte Argüello sostuvo que la afirmación de anoche del Presidente Javier Milei, acerca de que bajó el desempleo “es una locura total y lo estamos viendo día a día. Se han perdido 270.000 puestos de trabajo”, aseguró.

Para el dirigente del gremio de Camioneros la exposición de anoche de Milei ante la Asamblea Legislativa “fue una gran mentira, un show, agredió durante todo el discurso y no dejó nada concreto”.

“No explicó cómo va a hacer para crear más puestos de trabajo”, advirtió y agregó que en la Argentina“ ya tuvimos antes estas políticas y ya fracasaron, porque es un modelo para un 20 % de los argentinos y los demás estamos todos afuera”.

La CGT se movilizó previamente al palacio de Tribunales, en la Ciudad de Buenos Aires. La central obrera se concentró en Plaza Lavalle desde las 11. Además, emitió un comunicado en el que expresa que la reforma laboral “es inconstitucional”. Según la central obrera, “es falso que la sanción de esta ley de Reforma Laboral persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales”.

El texto completo

LA REFORMA LABORAL ES INCONSTITUCIONAL

Es falso que la sanción de esta ley de Reforma Laboral persiga el aumento del empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales. Sabemos bien que no es disminuyendo derechos de las y los trabajadores ni retrotrayendo el marco legal a épocas cercanas a la servidumbre o a la esclavitud, como se mejora este proceso. Los graves problemas de pobreza, desempleo, precarización y continuo deterioro de la situación social en Argentina, no son derivados de las leyes que rigen el universo laboral, sino que son consecuencias directas de la falta de crecimiento y de inversión productiva en las macro y micros políticas económicas nacionales.

La Confederación General del Trabajo llevará adelante una presentación judicial porque esta ley de reforma, mal llamada de “modernización”, significa una afectación grave de derechos colectivos e individuales, que violan expresamente principios constitucionales. Sobre todo el principio de progresividad (o no regresividad) y el principio protectorio del derecho del trabajo, ambos con fundamentos constitucionales e internacionales (como el Pacto de San José de Costa Rica):

• Principio de Progresividad (o No Regresión): que impide adoptar medidas injustificadas que supongan un retroceso en los derechos laborales adquiridos.

• Principio Protectorio: que se basa en la desigualdad estructural entre empleador y trabajador, que busca restituir la equivalencia y evitar abusos sobre la protección de la parte débil que es la del trabajador.

Aquí se afecta el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en derechos como la protección contra el despido arbitrario, el derecho a la huelga, a la negociación colectiva, a la libre agremiación, la libertad sindical, la seguridad social, entre otros ítems.

Esta reforma admite:

• Jornadas de trabajo de hasta 12 horas, fin de las horas extras y, consecuentemente, reducción del salario.

• Eliminar sanciones a los empleadores que no pagaron aportes y trasgredieron la ley.

• Disponer que las indemnizaciones por despidos se paguen en cuotas y se hagan a través del FAL (Fondo de Asistencia Laboral), costeando los despidos con aportes de los propios trabajadores, desfinanciando la Seguridad Social y convalidando una brutal transferencia de recursos públicos hacia administradores privados particulares.

• No reconocer las nuevas formas de trabajo, ni las nuevas modalidades tecnológicas que intervienen.

• Reducir los aportes a las Obras Sociales, dañando la cobertura y el financiamiento del sistema de salud.

• Afectar el derecho efectivo al descanso, fraccionando de manera unilateral las vacaciones.

• Habilitar los convenios por empresa, degradando la negociación paritaria.

• Recortes a la libertad sindical coartando asambleas y recortar la protección sindical con el pertinente debilitamiento colectivo.

• Limitar el derecho a la protesta, restringiendo el derecho de huelga.

• Aparta del acceso al servicio de justicia laboral, tanto a las y los trabajadores como a sus organizaciones gremiales, a través del traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo desde el ámbito nacional a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Todos estos perjuicios, entre otros, no son efectos colaterales de una decisión aislada, sino que resultan consistentes con la implementación del programa económico-social que lleva adelante el gobierno nacional, cuyo diagnóstico de situación es grave y evidente.

La decisión de judicializar

La decisión de judicializar fue adoptada por la mesa chica durante una reunión realizada el pasado miércoles, dos días ante sde la sanción definitiva que dio el Senado, en la sede de la UPCN, en un encuentro que terminó de ordenar la estrategia sindical y desplazar el eje de la disputa al terreno judicial.

“La decisión ha sido sustentar el análisis legal que se viene haciendo y la presentación judicial que va a hacer la CGT respecto de lo que creemos inconstitucional en el proyecto”, afirmó el triunviro Jorge Sola días atrás al término del encuentro. La declaración formalizó una estrategia que la central venía evaluando desde hace semanas, mientras en paralelo sostenía medidas de fuerza y advertencias públicas a los senadores.

Del encuentro participaron algunos de los principales referentes del sindicalismo confederal, entre ellos Juan Carlos Schmid (CATT), Armando Cavalieri (Comercio), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Gerardo Martínez (UOCRA), junto con José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Héctor Daer (Sanidad) y Hugo Moyano (Camioneros), entre otros dirigentes que integran el núcleo de conducción de la central.

Dentro de la CGT conviven distintas miradas sobre el alcance del conflicto. Mientras algunos sectores impulsan profundizar el plan de lucha con nuevas medidas de fuerza, otros promueven concentrar la disputa en el terreno institucional, cuestionando la constitucionalidad de artículos vinculados al régimen indemnizatorio, la reducción de la litigiosidad y la modificación de condiciones laborales que, según sostienen, vulneran derechos adquiridos y principios de protección del trabajo.