La denuncia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, por la presunta “persecución política” y “hostigamiento fiscal” a Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por parte del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri sumó argumentos a la defensa judicial de la vicepresidenta, pero también a la del empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa. Así lo sostuvieron ante la consulta de elDiarioAR, fuentes judiciales, abogados y funcionarios del propio fisco.
Este lunes, la titular de la agencia impositiva —cuyo mandato fue renovado el viernes por el presidente Alberto Fernández— presentó en los tribunales federales de Comodoro Py un informe de más 30 de páginas con los resultados de dichas auditorías, ordenadas en febrero último con el objetivo de determinar si el gobierno de Cambiemos había utilizado la AFIP para “perseguir” y “hostigar” a Cristina Fernández.
En febrero, la vicepresidenta había denunciado una supuesta “connivencia” de las exautoridades de la AFIP con miembros de la Justicia, resaltó el comunicado enviado este lunes a los medios. La denuncia de la titular del organismo respaldó exactamente esa acusación, según la providencia firmada por Marcó del Pont. El texto fue presentado ante la fiscalía de Paloma Ochoa y el juzgado federal número 11, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi.
La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución".
La denuncia señaló que habrían existido “vías de comunicación alternativas con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales”, mencionó supuestos delitos de “abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”, según el comunicado oficial. “La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, agregó la titular de la AFIP.
Los cuadernos
Durante las gestiones de Alberto Abad (diciembre 2015-marzo 2018) y Leandro Cuccioli (marzo 2018-diciembre 2019), la AFIP colaboró, entre otros expedientes, en varias causas por presunta corrupción contra Fernández de Kirchner, exfuncionarios y empresarios, tanto allegados, como Lázaro Báez y Cristóbal López, como los involucrados en los denominados “cuadernos de la corrupcion” que habría escrito el chofer Oscar Centeno y el caso Odebrecht.
En Hotesur, por ejemplo, el organismo aportó información amparada en el secreto fiscal para evaluar si los acusados tenían “capacidad de comprar los hoteles”, pero no fue prueba “decisiva” para procesar a la vicepresidenta, sostuvo uno de los magistrados que intervino en el caso.
En una causa contra el financista Ernesto Clarens por presunto lavado de dinero de la corrupción, la AFIP aportó técnicos para el “análisis de los movimientos financieros”. Colaboraron a pedido de la fiscalía de Gerardo Pollicita, indicaron fuentes del caso.
Existieron vías de comunicación alternativas, con juzgados y fiscalías federales, diferentes de las estrictamente institucionales".
Sin embargo, ante la consulta de elDiarioAR a cuatro funcionarios del organismo y a fuentes judiciales con acceso directo a los casos Hotesur, Los Sauces, Cuadernos, Corrupción en la Obra Pública y otros expedientes contra la vicepresidenta, los consultados sostuvieron que los aportes “contundentes” de la AFIP fueron únicamente en el expediente de los cuadernos de Centeno.
En la causa que exploró supuestos pagos sistemáticos de coimas a funcionarios que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio junto al fiscal Carlos Stornelli, el aporte del fisco fue a través de la Dirección General Impositiva (DGI), entonces a cargo de Horacio Castagnola. Esa dependencia formó un equipo especial para trabajar los pedidos de Bonadio en el marco de la causa.
“El organismo no aportó información sobre Cristina por los cuadernos, pero sí se concentró en contestar los oficios de Bonadio sobre las salidas de dinero efectivo de cuentas bancarias de empresarios y empresas. Cotejamos dichos movimientos con las fechas en las que los arrepentidos habían confesado los pagos a los Kirchner”, explicó un funcionario de la AFIP que intervino en el caso durante el gobierno de Macri. “Ahora van a mezclar todo”, agrega.
Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual".
Este medio se comunicó con Abad, quien afirmó que se enteró de la denuncia por los medios y que, por el momento, no hará comentarios. El vocero de Macri derivó la consulta a Jimena de la Torre, la segunda de Cuccioli, quien se encuentra en Londres, trabajando en el ámbito privado. De la Torre dijo en Twitter: “Otra vez relato K. Nunca en los años de gestión AFIP recibimos bajada de línea para investigar a nadie y siempre tratamos a todos por igual, siguiendo incluso protocolos de actuación internos para garantizar dicho trato objetivo”.
Un organismo clave
En las auditorías presentadas este lunes en la Justicia, intervinieron la Dirección General Impositiva (DGI) —a cargo de Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner— y dos subdirecciones generales: Asuntos Jurídicos y Auditoría Interna, según el comunicado oficial.
En diciembre, la gestión saliente y un grupo de históricos de la AFIP que trabajó en casos centrales durante el gobierno de Cambiemos interpretaron el nombramiento de García al frente de la DGI como el desembarco de la vicepresidenta en el organismo. Su hipótesis inicial era que el interés en la DGI no era “ofensivo”, sino “defensivo”.
Fernández de Kirchner está procesada y camino a juicio por los cuadernos. Los funcionarios relegados tras la llegada de Marcó del Pont por su cercanía con la gestión de Cambiemos sostienen que el objetivo de las auditorías internas es “derribar cuadernos y Oil Combustibles”.
De acuerdo con el relevamiento de elDiarioAR entre fuentes judiciales que trabajaron y trabajan en los expedientes, a excepción de la causa de los cuadernos, en los principales expedientes contra la vicepresidenta, las pruebas aportadas por la AFIP han sido “escasas” o “colaterales” para fundamentar los procesamientos y elevar las causas a juicio oral y público.
Este medio intentó comunicarse con el abogado de Fernández de Kirchner y de sus hijos, Carlos Beraldi, pero no respondió los reiterados llamados al cierre de esta edición. La vicepresidenta y sus hijos siempre negaron las acusaciones judiciales.
Además de representar a CFK, Beraldi también es abogado de Fabián De Sousa, exsocio de Cristóbal López en el Grupo Indalo, y querellante en otro expediente en el que sí podría impactar el resultado de las auditorías, según admitió una fuente con acceso al informe que ya tiene la Justicia.
Oil Combustibles
La denuncia de Marcó del Pont tendría “impacto” en una causa que tiene a su cargo la jueza María Servini contra Macri, exfuncionarios de su gabinete y exautoridades de la AFIP que llevaron adelante la causa penal contra Oil Combustibles (Grupo Indalo), aseguró la fuente con acceso a las auditorías.
“La persecución se valió de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas, cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento”, dijo el texto de Marcó del Pont.
López y De Sousa están en pleno juicio oral y público por la presunta adjudicación irregular de planes de pago a la petrolera Oil Combustibles por parte de la AFIP, durante la gestión de Ricardo Echegaray, en el gobierno de Fernández de Kirchner.
En los tribunales, algunos de los magistrados que trabajaron y trabajan en el caso estimaron, prima facie, que la denuncia de la titular de la AFIP podría beneficiar a López, según sostuvieron ante las consultas.
La persecución se valió de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas.
“Lo que está impactando en el juicio son los testimonios de miembros de la AFIP que están declarando en el juicio y admitiendo que se cometieron irregularidades y arbitrariedades en el caso”, dijo a elDiarioAR Fabián Lértora, abogado de López, quien descartó que las auditorías puedan incidir en el resultado del juicio.
Oil Combustibles tenía una deuda por $8.000 millones por la retención del impuesto al combustible mientras sus negocios e inversiones crecían exponencialmente, en especial, en medios de comunicación.
La causa impulsada por Abad terminó con los negocios del Grupo Indalo y con López y De Sousa presos. Tras sus excarcelaciones, De Sousa acusó a Macri y a exautoridades de la AFIP de orquestar el “desapoderamiento” del grupo, el “hostigamiento”, el “ahogo financiero”. La querella sostiene que el caso podría haberse resuelto de manera administrativa o con una moratoria.
En ese expediente, la jueza Servini busca acceder a los cruces de llamadas de Macri y ya citó a indagatoria a los técnicos de AFIP que avanzaron con el caso penal, confirmaron fuentes del caso.
Ganancias e IVA
“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del ‘hostigamiento fiscal’ experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”, enumeró el comunicado de Marcó del Pont.
La presentación del lunes, según el comunicado oficial, se centra en presuntas irregularidades en las determinaciones de deuda de Cristina por el pago del impuesto a las ganancias y, en el caso de sus hijos, por el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por el cobro de alquileres de sus propiedades.
Una de las presuntas faltas que denunció Marcó del Pont es que el organismo no notificó correctamente a Fernández de Kirchner sobre la investigación interna en su contra y eso le impidió defenderse ante el fisco, como marca el reglamento. Sostiene que evitaron notificar adrede a la entonces senadora, obviando, por ejemplo, una notificación personal, en sus domicilios públicamente conocidos o por el boletín oficial.
Marcó del Pont también objetó la “designación irregular de funcionarios a cargo de los procedimientos” y el ingreso a la base de datos fiscales de la vicepresidenta en “miles” de ocasiones —no precisaron el número ante la consulta de este medio— “sin fundamento legal”.
Ante la consulta de elDiarioAR, una de las exautoridades del organismo, quien pidió reserva de identidad, rechazó que se hayan cometido irregularidades en las fiscalizaciones contra la familia Kirchner y afirmó que siempre actuaron a pedido de distintos juzgados, lo que explicaría, dijo, la cantidad de consultas a los datos fiscales de los Kirchner. “Se les intimó por sus deudas, nada fuera de lo normal”, añadió.
ED