La Ciudad quiere entregar a privados los Centros Verdes y venta de reciclables que gestionan las cooperativas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proyecta una fragmentación del sistema de reciclado que funciona desde hace más de dos décadas, premiado y reconocido en el mundo. “Es un honor y una confirmación de que estamos dando los pasos correctos para ser una ciudad resiliente e inclusiva”, dijo en 2021 la entonces ministra de Higiene Urbana Clara Muzzio, actual vicejefa de Gobierno, tras recibir el Smart City Award por el sistema de gestión de residuos sólidos urbanos.

Cinco años después, el gobierno que ella integra puso en consulta un pliego de higiene urbana para el período 2028-2038 que divide el circuito que hoy gestionan las cooperativas cartoneras. Los recuperadores urbanos conservarían la exclusividad de la recolección puerta a puerta, mientras que la operación de los Centros Verdes y la comercialización del material reciclable pasarían a las empresas que ganen la licitación de basura en cada zona.

“El Gobierno propone que esa exclusividad alcance únicamente a los recuperadores ambientales que trabajan en la calle, en las puertas de los edificios y en el sistema puerta a puerta. Deja afuera a los choferes, los operarios y los trabajadores de los centros verdes”, explica a elDiarioAR Carlos Albarracín, coordinador del predio de Barracas de la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, quien alertó por la “continuidad laboral de 6.000 trabajadores”.

Un circuito que funciona de manera integrada

Actualmente, las cooperativas participan de todas las etapas del reciclado. Sus camiones distribuyen bolsones en los puntos de trabajo y, alrededor de las 21, regresan para retirarlos. Cada bolsón permite identificar al recuperador que recolectó el material. “Cada bolsón tiene un precinto identificado con el nombre, el apellido y el número correspondiente al recuperador. Se pesa individualmente, se clasifica el material, se vende y el dinero vuelve al bolsillo del compañero”, describe Albarracín.

La comercialización de los reciclables constituye una parte del ingreso de los trabajadores. A ese ingreso se suma un incentivo estatal de 390.000 pesos, según Manuel Mateu, vocero de Tonelada Justa, una plataforma de trazabilidad impulsada por la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) y la Fundación Avina.

El sistema de reciclado se consolidó después de la crisis de 2001, cuando los cartoneros fueron incorporados formalmente a la recolección diferenciada. La legislación porteña les reconoce desde entonces la exclusividad de las tareas esenciales del circuito. En 2021, doce cooperativas obtuvieron la adjudicación del servicio.

El nuevo pliego, debatido en audiencias públicas el 5 y 8 de octubre, divide la recolección de basura y de reciclables en dos contratos por zona. Solo reserva a los recuperadores la recolección puerta a puerta. Los Centros Verdes, la clasificación y la venta del material quedan bajo responsabilidad de las empresas adjudicatarias del servicio de basura, que podrán comercializarlo sin un precio mínimo establecido.

El Gobierno porteño sostiene que busca mejorar el control del servicio. “Podemos saber que un camión pasó e hizo el recorrido, pero queremos incorporar herramientas que nos permitan evaluar el resultado de esta prestación”, afirmó el secretario de Higiene, Matías Lanusse, durante la audiencia del 5 de octubre, en medios de prensa.

Los ingresos y el futuro de los trabajadores

Para las organizaciones vinculadas al reciclado, el principal problema es que la separación del circuito modifica tanto las condiciones laborales como los incentivos económicos que sostienen la recuperación de materiales. “La ley protege la actividad de los recuperadores porque reconoce que el material recolectado constituye su medio de subsistencia. Si les quitás la posibilidad de comercializarlo, ¿cómo garantizás sus ingresos?”, plantea Mateu en diálogo con elDiarioAR.

El especialista advierte, además, que la venta del material puede representar apenas el 10% del costo de recolectar reciclables. Por eso, considera que incorporar esa actividad a un contrato diseñado principalmente para recolectar, tratar y disponer basura podría desalentar la recuperación. “El riesgo es que, al incorporar el reciclado a un circuito pensado principalmente para recolectar, tratar y disponer residuos, se termine recuperando menos”, señala.

Según Mateu, algunas empresas del sector le manifestaron que necesitarían cobrar hasta tres veces el presupuesto actual para hacerse cargo de las plantas y comercializar el material. “Las propias empresas reconocen que gestionar las plantas y comercializar los materiales les resultaría mucho más caro que a las cooperativas, cuyo funcionamiento no contempla una ganancia empresarial ni está sujeto a los mismos convenios laborales. Algunas nos dicen directamente que necesitarían cobrar hasta tres veces el presupuesto actual para realizar esas tareas”, advierte.

A la discusión económica se suma la experiencia acumulada por los trabajadores. Giselle Baiguera, de la Fundación Avina, que acompaña al sector con aportes de empresas, compara el funcionamiento de los Centros Verdes con el de una fábrica especializada. “No cualquiera puede distinguir entre PET, polietileno de baja densidad, otros tipos de polietileno o poliestireno”, explica a elDiarioAR.

Albarracín resume el problema en el funcionamiento cotidiano del servicio: “No va a funcionar si separan a los recuperadores que están en la calle de los choferes, los operarios y los centros verdes. Una parte no puede funcionar sin la otra”.

Barracas, el antecedente de una planta incendiada

La situación del Centro Verde de Barracas permite observar otro aspecto del conflicto: las condiciones en las que las cooperativas sostienen actualmente el servicio. En Herrera al 2200 funcionaba una planta de Amanecer de los Cartoneros que, según Albarracín, clasificaba y comercializaba unas 2.000 toneladas mensuales. La noche del 3 de febrero de 2024 sufrió un incendio que destruyó, de acuerdo con la cooperativa, casi el 90% de sus instalaciones. Los trabajadores habían reclamado previamente distintas reparaciones, entre ellas la del muro sobre la calle Osvaldo Cruz, donde se produjo el incendio.

El conflicto por el nuevo pliego se desarrolla, además, en un contexto de mayores controles sobre los recuperadores que trabajan en la vía pública. Baiguera considera que detrás de estas medidas existe una lógica higienista, en la que “importa más que los residuos no se vean que lo que efectivamente sucede con ellos”. Para el coordinador de Barracas, ambas decisiones están relacionadas. “Si ahora consiguen sacar a los choferes y a los operarios, en poco tiempo también van a avanzar sobre los recuperadores que trabajan en la calle”, advierte.

La licitación y la continuidad de las cooperativas

El 5 de octubre, mientras comenzaba la audiencia pública, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores se movilizó contra el proyecto. “Estamos peleando por un sistema que hace 20 años venimos cuidando”, sostuvo Sergio Sánchez, presidente de la organización.

Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre la continuidad de los contratos actuales. Las organizaciones reclaman la apertura de una mesa de discusión para modificar el proyecto antes de su aprobación definitiva. El pedido central es que la exclusividad reconocida por la legislación porteña comprenda todas las etapas del reciclado y no solamente la recolección puerta a puerta. “A los choferes, los operarios, los trabajadores de los centros verdes, las promotoras ambientales y los recuperadores que están en la calle. Todos formamos parte del mismo sistema”, reclama Albarracín.