Los cambios que promete el Gobierno para dictaminar el Súper RIGI: compre nacional e incentivos para I+D

El oficialismo busca que la Cámara de Diputados dictamine este miércoles el llamado Súper RIGI (Súper Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), el proyecto estrella del Gobierno para atraer inversiones en sectores tecnológicos poco desarrollados en el país a cambio de fuertes beneficios impositivos. La apuesta libertaria para avanzar con su iniciativa está en dos modificaciones clave que no estaban en el texto original: una exigencia de 20% de compre nacional y beneficios específicos para inversión en investigación y desarrollo (I+D) local, confirmaron fuentes parlamentarias a elDiarioAR.

Los cambios surgieron de las negociaciones entre el oficialismo, los bloques aliados y los representantes de gobernadores provinciales, que venían reclamando desde hace semanas que el régimen contemplara más eslabones de la cadena productiva local. Con esas modificaciones incorporadas, La Libertad Avanza cree tener asegurado el dictamen en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología, que arranca a las 15. El objetivo es llevar el proyecto al recinto el próximo 24 de junio en una sesión especial que el oficialismo pedirá con el aval de sus socios.

El régimen también es un guiño a los tecnoempresarios atraídos por el experimento libertario, como Peter Thiel, dueño de Palantir, que vive en el país hace unos meses. Para el magnate también es de interés la ley de reforma societaria del Gobierno, actualmente en el Senado, que permitiría crear empresas sin personas y que funcionen a través de algoritmos.

Qué es el Súper RIGI

El Súper RIGI es una versión más ambiciosa y restrictiva del RIGI original, orientada a sectores que estaban excluidos de ese primer régimen: industrialización de minerales críticos como litio y uranio, baterías, hidrógeno verde, vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas, reactores nucleares modulares, semiconductores e inteligencia artificial.

La principal diferencia con su predecesor es el umbral de inversión mínima, que sube de 200 a 1.000 millones de dólares, y la extensión de la estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria, que pasa a 30 años. También cambia el plazo de adhesión: mientras el RIGI original tenía dos años más una prórroga, el Súper RIGI establece cinco años con uno adicional de prórroga.

En cuanto a los beneficios concretos, el régimen propone una alícuota reducida del 15% en Ganancias, amortización acelerada del 60% en el primer año, exención de derechos de importación, eliminación de retenciones a la exportación y disponibilidad progresiva de divisas hasta el 100% a partir del tercer año. Los dividendos tributarán 7%, con una reducción al 3,5% después de cuatro años de adhesión —ese punto es uno de los que los bloques aliados buscan ajustar.

El texto que ingresó al Congreso generó reparos en varios frentes. Gobernadores y representantes provinciales reclamaron que el esquema, tal como estaba redactado, no garantizaba encadenamiento productivo local. Ese fue el origen de la exigencia de compre nacional del 20% y de los incentivos para I+D que ahora se incorporarán al dictamen, según las fuentes consultadas.

La semana pasada, durante el plenario informativo, cámaras empresarias también marcaron observaciones, pero el oficialismo tenía claro que necesitaba cerrar el acuerdo con sus aliados antes de ir a la firma. A diferencia de otros proyectos de la agenda del Gobierno —como la ley de lobby, que tiene un camino más sinuoso—, el Súper RIGI contó desde el principio con el apoyo de los bloques dialoguistas, lo que facilitó la negociación.

Otros proyectos del oficialismo

Antes del plenario del Súper RIGI, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Justicia se reúnen para dictaminar el proyecto que autoriza el pago de US$171 millones a dos fondos buitre que nunca ingresaron a los canjes de deuda. Se trata de Bainbridge Ltd. (67 millones) y Attestor Value Master Fund LP (104 millones), con quienes el Gobierno alcanzó un acuerdo de conciliación en la Justicia norteamericana que incluye una quita de cerca del 30% sobre lo adeudado. El proyecto ya tiene media sanción del Senado desde el 5 de junio y debe aprobarse antes del 30 de este mes, fecha límite fijada en el entendimiento. Con él, el Gobierno busca cerrar definitivamente el capítulo del default de 2001.

A las 17, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General retoma el debate del proyecto de regulación del lobby o gestión de intereses, aunque su suerte es más incierta que la de los otros dos. La semana pasada, un arco amplio de organizaciones —desde cámaras empresarias hasta el CELS— advirtió que la redacción oficial tiene problemas de definición: las categorías son tan amplias que no distinguen entre el lobbismo corporativo y simples pedidos ciudadanos de audiencia o acceso a la información. Desde el oficialismo reconocen que hay ajustes por hacer, y el dictamen podría postergarse.

Por último, también está en agenda cambios a la Ley de Inocencia Fiscal, que busca establecer la presunción de inocencia en materia tributaria frente a la AFIP. El proyecto tiene conexión con la tormenta política de Manuel Adorni, que se acogió al régimen actual para justificar unos US$300.000 que supuestamente ganó en inversiones en criptomonedas y luego utilizó para comprar inmuebles. Hoy el funcionario stá siendo investigado por enriquecimiento ilícito.