Un sistema de reclutamiento de mujeres pobres para trabajar como servidumbre de miembros de élite y sacerdotes en residencias de puertas cerradas durante décadas y sin pago. Eso denunciaron en septiembre de 2021 ante el Vaticano 43 ex empleadas domésticas del Opus Dei en la Argentina e impulsó la decisión reciente del papa Francisco de revisar algunos privilegios con los que hasta ahora funcionó la todopoderosa y ultraconservadora “Obra”, fundada por Josemaría Escrivá de Balaguer.
A un año de que la denuncia llegó al Tribunal para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede y de que recorriera el mundo hasta poner a la institución católica en el ojo público, el Estado argentino se involucra: un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación ingresó ayer en la Cámara de Diputados: “Resulta absolutamente relevante que la denuncia efectuada por las supuestas víctimas sea completamente esclarecida, determinándose, en el supuesto de que corresponda, la totalidad de las responsabilidades involucradas”, dice el proyecto de resolución de la diputada nacional Mónica Macha y que lleva también la firma del diputado y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara, Eduardo Valdés, quien además fue embajador en el Vaticano entre 2014 y 2015. Ambos integran el Frente de Todos.
“Reducción a la servidumbre y violación a los derechos humanos”
El pedido de informes indaga en las formas de pertenencia al Opus Dei y en la relación con la institución de las 43 mujeres denunciantes y su categoría de “numerarias auxiliares” -forma de membresía que se les da a quienes ingresan como servicio doméstico de la institución-. También pide información acerca de la matriz jurídica y económica de la organización en la Argentina: enumera una lista de 17 Asociaciones Civiles, pregunta cuál es el vínculo de esa red y de quienes las integran con la Prelatura y si les pertenecen las propiedades en las que se desarrollan las actividades de la institución en todo el país. En varias de esas residencias es donde las 43 mujeres denuncian que vivieron en condiciones de semi-esclavitud, “reducción a la servidumbre y violación de los derechos humanos”, describe el proyecto.
También exige saber las condiciones en las que trabajaron las mujeres, bajo las órdenes de quiénes y lista más de 20 sacerdotes mencionados por las mujeres como sus confesores y quienes dirigían las casas. Esta información se completa con un pedido que va directo a lo que el Opus Dei siempre se negó a revelar: “la nómina completa de miembros sacerdotes y laicos de la Prelatura en la región a cargo del Vicario Presbítero Juan Llavallol”. Llavallol es la máxima autoridad para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay desde octubre de 2021, después de que la denuncia ingresara en el Tribunal para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede.
Macha explica que decidió avanzar a partir de lo que leyó en los medios y luego de conversarlo con la asesora presidencial Dora Barrancos, que le marcó la necesidad de usar las herramientas del Congreso para acompañar el proceso. “Venimos mirando, visibilizando y denunciando la violencia hacia las mujeres y tenemos una responsabilidad institucional como representantes frente a esto. En este caso, se violentaron todos los derechos de mujeres pobres y vulnerables desde que eran adolescentes por una institución religiosa. Esta situación es inaudita en esta etapa de la historia y del movimeinto feminista”, explicó. Y agregó: “Lo que tenemos que buscar es que cada una pueda estar con total libertad, apertura y conciencia del lugar en el que está. No parece el caso de estas mujeres”.
El diputado Valdés, ex embajador ante el Vaticano y cercano al papa Francisco, decidió acompañar la iniciativa: “La Fe nos enseña que todos somos hijos de Dios y, por lo tanto, somos hermanos en la Fe. El comportamiento de estas personas que violaron los principios elementales de los derechos laborales vulneraron lo más sagrado del ser humano: su dignidad”, dijo a eldiarioAR.
“Fuimos esclavas”
A Lucía Giménez la fueron a buscar a su casa en Loreto, Paraguay, y le ofrecieron una escuela en Asunción. En ese momento creyó que era una oportunidad. Tenía 14 años. Unos meses después, con 15, la llevaron a Buenos Aires en un avión de la Embajada argentina y la pusieron a trabajar en un centro de numerarios del Opus Dei en la Ciudad de Buenos Aires. “Estuve 18 años trabajando sin parar y nunca cobré un peso por mi trabajo”, denunció ante el Vaticano. Tampoco le hicieron aportes jubilatorios. “Porque ellos no te decían que estabas trabajando, sino sirviendo a Dios y que vos eras santa”, cuenta. “Realmente no se podía esperar más tiempo para que una vez por toda el Estado Argentino se hiciera cargo y acompañará de manera especial nuestra denuncia pública. Fuimos engañadas y separadas de nuestra familia para venir a trabajar a los 12, 13 y 14 años como adultas en el Opus Dei. Y fuimos manipuladas por una supuesta vocación divina. Es muy triste que mucha gente de la sociedad haya callado tanto tiempo”, dice la mujer que hoy tiene 56 años. Como ella, el resto de las historias sucedieron entre principios de la década del 70 y continuaron hasta por lo menos 2017, cuando el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires cerró el Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), en Bella Vista. Era conocido como “la escuela de mucamas”, porque ahí educaban a las adolescentes en tareas domésticas. A Lucía, como a otras jóvenes paraguayas, las llevaron a trabajar sin pasar por capacitaciones. Aunque el Instituto cerró, decenas de mujeres que a las que reclutaron y formaron en la misma época siguen siendo numerarias auxiliares en el Opus Dei.
Los proyectos se basan en la información detallada que contiene la denuncia de las 43 mujeres ante el Vaticano y también en otra investigación publicada por eldiarioAR que revela que la sede principal del Opus Dei en la Argentina, ubicada en la calle Vicente López 1950, en el barrio de Recoleta, fue donado a la institución durante la dictadura de Alejandro Lanusse y financiado durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.
“Al ser el Opus Dei una Persona Jurídica Pública (dto. 2245/1992) deben brindar las explicaciones correspondientes. También debe hacer saber, como cualquier persona jurídica, quiénes son sus integrantes”, señala el proyecto, que deberá pasar por comisiones antes de tratarse en el recinto. “Decidimos sacarlo con dos firmas para que empiece su recorrido, pero no tengo dudas de que van a empezar a sumarse más”, dijo Macha, que no tienen dudas de que la repercusión internacional de la denuncia tiene que ver con la gravedad de los hechos, violatorios de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos del Niño.
PB