El Gobierno nacional espera una inflación de 22,7% para 2025 y un precio del dólar de $1.229 hacia fin de año, según el adelanto del proyecto de Presupuesto 2026 remitido al Congreso Nacional.
En el marco de las leyes vigentes, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento el Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026.
Ese documento expresa las condiciones generales con las cuales se elaborará la iniciativa. En este caso, contiene las proyecciones estimadas para 2025, sin referencias al próximo ejercicio.
- Tipo de cambio oficial: se estima en $1.229 por encima del valor que cotiza la divisa en el Banco Nación, $1.245 y en línea con el actual valor del precio mayorista.
- La inflación medida por el Indice de Precios al Consumidor del INDEC sería de 22,7% interanual. En los primeros cinco meses del año, la suba de precios acumulada fue del 13,3%.
- PBI: se prevé una expansión de la actividad de 5,5%
- A nivel sectorial, se estima que el agro mejorará 2,1%, al industria 5,3% y el comercio 7,6%. El comercio en su conjunto mejorará 5,1% y los servicios 4,6%.
- Por el lado de la demanda, se proyectan aumentos de 7,2% en el consumo privado, mientras que el consumo público avanzará 5%.
- La inversión proyecta un avance de 22,7%.
- En cuanto a la balanza comercial se espera un deterioro, dado que el superávit se reducirá a US$4.913 millones desde los casi US$17.000 millones conseguidos en 2024.
- Las exportaciones de bienes y servicios superarían los US$los 100.000 millones con un alza de 3,7%, mientras que las importaciones lo harían en un 25,2%, hasta los US$95.000 millones.
Respecto de las pautas para 2026, no hay proyecciones de tipo de cambio o inflación.
En cambio se estimó un aumento de la recaudación del orden de 22%
Por otra parte, el acuerdo con el FMI establece un objetivo de superávit primario del 2,2% del PBI para 2026.
El mensaje del Gobierno al enviar el avance del Presupuesto
La Jefatura de Gabinete envió esta semana al Congreso –como parte del anticipo del Presupuesto 2026– un documento que “condensa los ejes del programa: equilibrio fiscal, desregulación estatal, impulso a la inversión privada y un intento de blindaje institucional para garantizar la continuidad de estas políticas. Pero debajo de ese orden, emergen contradicciones visibles”.
El escrito oficial reconoce que 2024 “fue un año recesivo, con una caída del 1,7% del PBI, un desplome del 17,4% en la inversión y una baja del 4,2% en el consumo privado. El rebote proyectado para 2025 (5,5% de crecimiento del PBI) se apoya en un fuerte repunte de la inversión y del consumo”. El Gobierno lo explica como resultado del orden fiscal, la estabilidad cambiaria y la liberalización del comercio. Sin embargo, omite referencias directas a los niveles actuales de pobreza o desigualdad, y minimiza los efectos distributivos de un ajuste que redujo en términos reales el gasto público, las transferencias sociales y el salario estatal.
Uno de los anclajes del modelo es la estabilidad cambiaria. El dólar oficial se proyecta en $1.229 para fin de 2025, con un aumento del 20% anual, lo que implica una apreciación real del tipo de cambio. Esta política ayuda a contener la inflación, pero tensiona al sector exportador, que ya manifiesta preocupación por el retraso cambiario. En paralelo, se registra una baja pronunciada de la inflación: tras el pico de diciembre de 2023 (25,5% mensual), el índice se desaceleró hasta el 1,5% mensual en mayo y se espera cerrar 2025 con una inflación interanual del 22,7%.
El Gobierno hace eje en el superávit financiero –0,3% del PBI en 2024 y 0,8% acumulado a mayo de 2025– como símbolo del “cambio de régimen”. Sostiene que la eliminación del déficit y de la emisión monetaria como fuentes de financiamiento marcan un “nuevo orden macroeconómico”. Esto le permitió también cumplir con las metas del acuerdo con el FMI, que exige un superávit primario de 0,4% en el primer trimestre del año. Pero esa disciplina vino acompañada de fuertes recortes que impactaron en la obra pública, los subsidios, los fondos universitarios y los ingresos previsionales.
En materia social, el mensaje oficial destaca el “acompañamiento sin intermediarios” como nuevo paradigma. Se resalta el aumento real de la Asignación Universal por Hijo y de la Tarjeta Alimentar, así como el refuerzo en las prestaciones a jubilados tras el cambio en la fórmula de movilidad. Pero el mismo texto admite que el empleo privado registrado creció apenas 28.000 personas en un año y que el peso de los asalariados privados en el total del empleo registrado cayó al mínimo. No hay datos actualizados sobre pobreza, aunque los indicadores de 2023 la ubicaban por encima del 41%.
La gran apuesta del oficialismo es que el rebote económico de 2025 consolide una nueva etapa de crecimiento. El Presupuesto proyecta una suba de 7,2% en el consumo privado, 22,7% en la inversión y 3,7% en las exportaciones. El tipo de cambio se mantendría bajo, y la inflación seguiría en descenso. Pero la sostenibilidad de ese sendero depende de múltiples factores: acceso a crédito, estabilidad política, clima social, y capacidad del Gobierno para mantener el orden macro sin dinamitar su base de apoyo social.
El ajuste avanza, el gasto cae y la macro mejora. Pero el costo social del camino elegido sigue presente, aunque el Gobierno evite nombrarlo. El desafío, de cara al Presupuesto 2026, será lograr que ese orden no sea solo contable, sino también social.
El documento completo
PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL - EJERCICIO 2026