Escala el conflicto en FATE: el Gobierno sancionará a la empresa por no pagar salarios

El Gobierno nacional anunció que sancionará a la empresa FATE luego de constatar que no pagó los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante la vigencia de la conciliación obligatoria en el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Según se explicó, la decisión se tomó por el incumplimiento de la empresa respecto del pago a los trabajadores mientras rige la instancia conciliatoria.

En paralelo, el Gobierno resolvió extender la conciliación obligatoria, cuyo vencimiento estaba previsto para el 11 de marzo de 2026, por un plazo adicional de cinco días. La prórroga busca mantener abiertas las negociaciones entre la compañía y el gremio con el objetivo de encontrar una salida al conflicto laboral.

Desde la cartera laboral detallaron que se abrió un sumario administrativo contra la firma tras verificar que no se abonaron los sueldos de la segunda mitad de febrero, situación que, según el Ejecutivo, implica una violación de la conciliación obligatoria que había sido dictada previamente.

El conflicto se da en medio de la decisión de la empresa de anunciar el cierre de su planta y el despido de más de 900 trabajadores, lo que generó una fuerte reacción del sindicato del sector.

En ese contexto, el SUTNA impulsa además un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos de FATE. La iniciativa busca garantizar la continuidad de la actividad y plantea que el gobierno bonaerense pueda hacerse cargo temporalmente de la compañía.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei volvió a referirse al tema durante su participación en el Argentina Week en Nueva York. Desde allí cuestionó al titular del grupo Techint, Paolo Rocca, y al dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.

La conciliación obligatoria es una herramienta que suspende medidas de fuerza mientras se desarrollan negociaciones entre las partes y establece obligaciones tanto para la empresa como para el sindicato. En este caso, el Gobierno sostiene que la compañía no respetó esas condiciones.

En cuanto a la sanción, el Ministerio de Capital Humano indicó que el monto de la multa dependerá de la gravedad de la falta y de la cantidad de trabajadores perjudicados. De acuerdo con el régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley 25.212, las penalidades pueden ir del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada empleado afectado.

Con información de medios

JIB