Bajo la lupa de la Justicia federal
Investigan una firma ligada al entorno de la AFA por inconsistencias fiscales y posibles maniobras de lavado
La Dirección General Impositiva (DGI), organismo que integra la estructura de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), remitió nueva información a la Justicia Federal en el marco de una investigación por presunto lavado de activos vinculada al entorno de la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El reporte fue incorporado al expediente que tramita en el Juzgado Federal de Campana bajo la carátula “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, en el que se analizan movimientos financieros sospechosos. En ese contexto, el organismo fiscal puso el foco en la firma Malte SRL, a la que considera una posible “usina” sin capacidad económica ni operativa suficiente para justificar el volumen de operaciones que declara.
Según la presentación, la empresa estaría vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. En paralelo, la causa también analiza el rol de Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro de una propiedad ubicada en Pilar que la investigación relaciona con el círculo cercano del presidente de la entidad, Claudio Tapia.
Los informes elaborados por la Dirección Regional Centro de la DGI describen múltiples inconsistencias en el funcionamiento de Malte SRL. Entre ellas, se mencionan reiterados cambios de domicilio fiscal, dificultades para verificar la existencia física de la compañía en las direcciones declaradas y la inscripción simultánea en diversas actividades económicas que no guardan relación entre sí.
Otro de los puntos observados es que la sociedad habría exteriorizado bienes por aproximadamente 1,4 millones de dólares durante el régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.
La firma también aparece en la documentación como contratista de la AFA en 2022 para implementar el sistema de videoarbitraje (VAR), por un monto cercano a los 550 mil dólares. Sin embargo, de acuerdo con los registros analizados, la empresa contaba con un solo trabajador declarado en los períodos revisados. Ese empleado tenía domicilio en Buenos Aires, mientras que la sociedad fijaba sus sedes fiscales en la provincia de Santiago del Estero.
El organismo recaudador también advirtió sobre presuntas maniobras de desvío de fondos mediante empresas pantalla radicadas en el exterior y sociedades constituidas en jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, que formarían parte de una estructura financiera vinculada al fútbol argentino.
En paralelo a estas actuaciones, la causa judicial avanzó con medidas contra la conducción de la AFA. El juez federal Diego Amarante citó a prestar declaración indagatoria a Claudio Tapia, Pablo Toviggino y a otros integrantes de la comisión directiva de la entidad, además de ordenar la prohibición de salida del país para los involucrados.
La investigación busca determinar si la asociación se apropió de manera indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos. La denuncia sostiene que esos fondos habrían sido retenidos sin ser depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó la designación de veedores para examinar la situación contable y financiera de la AFA. El objetivo de esa medida es relevar la información sobre el manejo de recursos de la institución en medio de las investigaciones en curso.
Con información de medios
JIB