Nasini, una de las principales sociedades de bolsa, tiene un blog en el que analiza cada semana el panorama del mercado financiero y esta semana tituló su entrada como “Festival de desconfianza”. En una implícita alusión al “festival de importaciones” que Cristina Fernández de Kirchner alertó hace una semana, antes de que este lunes el Gobierno reaccionara con más restricciones, Nasini se refería a estas medidas, a la caída de los bonos en dólares y pesos y a que el ministro de Economía, Martín Guzmán, había podido sortear con éxito la renovación de deuda doméstica del pasado martes, aunque en gran medida con títulos que vencen en 2022. Pocos se atreven a tomar títulos a largo plazo, sobre todo cuando dirigentes de Juntos por el Cambio como Ricardo Buryaile admiten públicamente que los reestructurarían si vuelven al poder cuatro años después de haberlo dejado. Todo contribuye a un Lollapalooza de la desconfianza dentro del mismo Frente de Todos, hacia el Ejecutivo, pero también dentro y hacia la oposición.
Alberto Fernández sostiene a Guzmán por más que dentro y fuera del FdT lo dan por ido desde octubre de 2020, cuando el dólar blue saltó a $ 195, hasta esta semana, que batió un nuevo récord al llegar a $ 239 (después bajó a 238). En las huestes del ministro sostienen que ya están acostumbrados a los rumores de salida, pero ellos siguen dándole para adelante hasta que los echen. Quizás pocos quieran ser ministros de Economía de este gobierno, como reconoce un economista que integra el Ejecutivo. Salvo que salte todo por los aires y Fernández deba buscar un reemplazo, no parece que vaya a cambiarlo... por ahora. Eventuales reemplazantes como podrían ser Martín Redrado o Emmanuel Álvarez Agis no parecen entusiasmados a sumarse un gobierno que entre en llamas y sólo tenga por delante prácticamente un año hasta las primarias presidenciales.
El Gobierno quiere ir monitoreando cómo impactan las restricciones a las importaciones, que obligan a financiarlas afuera y que acotan la entrada de bienes considerados suntuarios. Sabe que impactarán en una menor actividad económica y eventualmente en una mayor inflación, dado que los importadores que no pueden acceder a divisas en el mercado oficial compran igual en el exterior pero pagan con el contado con liquidación (CCL), a $ 255 por dólar, en lugar de a 125, es decir, al doble. Hay que ver si con un precio que se duplica siguen trayendo la misma cantidad de maquinarias, insumos o productos terminados.
En el Ejecutivo aclaran que las medidas son temporarias mientras pasa el invierno y las consiguientes importaciones de gas y gasoil, encarecidas por la guerra de Ucrania. Sin el conflicto bélico, la Argentina se podría haber ahorrado US$ 5.000 millones en compras externas de energía en 2022, según fuentes oficiales. Pero la realidad es la que hay. Y entonces el Banco Central que conduce Miguel Pesce decretó en los hechos una suerte de feriado cambiario para las importaciones, las planchó y acumuló en cuatro días reservas por US$ 1.519 millones. Pese a que las restricciones llevaron a que los importadores fueran a buscar divisas en el CCL y que los inversores menos sofisticados corrieran al blue, en el Gobierno esperan que el incremento rápido y constante de los activos del Central termine por tranquilizar la plaza cambiaria. De todos modos, prometen monitorear el impacto en la actividad económica porque si bien calculan que muchas empresas estaban sobrestockeadas de insumos extranjeros, reconocen que otras sufrirán faltantes y lo que menos quieren es que este embrollo tenga un impacto en el empleo. Puede que el PBI ya no crezca tan rápido como en abril (5%), pero los funcionarios buscarán evitar que se eleve el desempleo, después haber conseguido que bajara del 13% en 2020 al 7% actual. También reconocen que prestarán atención al impacto inflacionario porque aquellos que se queden sin stock pagarán un precio de reposición más alto. “Hay que ver cómo resolvemos eso”, admiten. Es que la inflación ya galopa al 60%, el mayor nivel en 30 años, apunta al 73% a fin de año, según el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Central, aunque los peores pronósticos recopilados por la consultora FocusEconomics llegan a ubicarla en el 90%.
Ministro bajo asedio
Guzmán está bajo asedio interno. Sergio Massa, que sueña con reemplazar a Juan Manzur como jefe de Gabinete, viene reclamando desde hace medio año a Fernández que repiense el Gobierno de cara a la sociedad. No se consuela sólo con que le haya dado la Aduana a su asesor Guillermo Michel, después de que el Presidente le denegara el Ministerio de Desarrollo Productivo y pusiera allí a Daniel Scioli, con el que está enfrentado desde 2013, cuando el actual presidente de la Cámara de Diputados se fue a la oposición al kirchnerismo y enfrentó al entonces gobernador bonaerense en las presidenciales de 2015. Entre los economistas que consulta Massa, que van desde Redrado y Álvarez Agis hasta Diego Bossio, Marco Lavagna, Miguel Peirano y Martín Rapetti, advierten que las dificultades económicas aumentan, la economía crecería en 2022 respecto de 2021 pero se contraería en el segundo semestre en relación al mismo periodo del año anterior. Alertan que hay un problema político para resolverlo porque cualquier remedio, para ser creíble, necesita del apoyo de la vicepresidenta. También observan conflictos en la oposición en caso de llegar al poder en 2023. Creen que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) suponía una buena base para un gradual ajuste fiscal y monetario y para la acumulación de reservas, pero careció desde el primer momento del apoyo político clave de Cristina Kirchner. Ahora advierten que el frenazo de importaciones tampoco puede extenderse demasiado tiempo y cuando deba liberarse, el Central tendrá buscar otros medios para acumular reservas. Con una brecha cambiaria tan grande como la actual es difícil que la autoridad monetaria pueda seguir sumando activos porque la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo desalienta la exportación. Una opción sería una devaluación brusca del peso mayorista, pero sería una solución que agravaría una pobreza que ya padece el 37% de la población. Otra alternativa consistiría en atraer dólares del extranjero, pero es difícil cuando el riesgo país -termómetro de la deuda en dólares- está en 2.374 puntos básicos. Por más que la Argentina se ofrezca al G7 como proveedora de alimentos, energía y litio para un mundo en guerra y crisis climática, es difícil tentar inversores en este contexto. En el massismo se preguntan si ante el mayor déficit fiscal y la desconfianza creciente en los bonos en pesos, Guzmán no terminará financiando el rojo con más emisión monetaria, con el consiguiente efecto inflacionario. Tal como reclama el FMI para el segundo semestre, en las huestes del presidente de la Cámara de Diputados evalúan que debería controlarse el gasto y aumentar más las tarifas, dos medidas que Cristina Kirchner en teoría resistiría. Así llegarían exhaustos a un 2023 en el que deberían alinearse los planetas para que llueva y haya buena cosecha de soja y maíz, los precios agrícolas internacionales continúen altos -con la guerra se da por hecho- y el cristinismo termine en el invierno próximo el gasoducto Néstor Kirchner, que reduciría las importaciones de gas. Pero para eso falta mucho tiempo: en el corto plazo, la Mesa de Enlace llamó a un cese de comercialización de granos y carnes el 13 de julio por la falta de gasoil, más allá de que este jueves los transportistas levantaron los piquetes porque el campo les aumentó la tarifa.
La vicepresidenta
Cristina Kirchner, mientras tanto, está preocupada por las reservas y por eso ha consultado en las últimas semanas a grandes empresarios y a economistas como Redrado y Carlos Melconian. No por nada alertó sobre el “festival” de importaciones. Y continuará alzando la voz para marcarle el rumbo a Fernández. La vicepresidenta considera que el jefe de Estado que ella designó como candidato a tal muchas veces en dos años y medio de gobierno le ha prometido adoptar medidas que después no tomó, resolvió cuestiones sin consultarla y, según ella, terminaron mal. Reconoce que a Fernández le tocó gobernar con la pandemia y la guerra de Ucrania, pero piensa que no ha sabido gestionar. Presagia que el próximo presidente recibirá un panorama más fácil. Aunque conocía al Presidente desde hace décadas, nunca pensó que actuaría así. Terminó concluyendo que como jefe de Gabinete de su marido y de ella, era más un operador de prensa que un administrador que está encima de los temas de la agenda pública. Crítica del acuerdo con el FMI, está decepcionada también de Guzmán, pero ha dejado de pedir su cabeza e incluso admite que las tarifas de energía deben ir subiendo, aunque de a poco. Apuesta a que el Ejecutivo enderece el rumbo como sea y por eso sostiene en él a los que ella considera sus mejores “cuadros”, como Fernanda Raverta y Luana Volnovich.
Parte del pensamiento de la vicepresidenta quedó expresado por su hijo Máximo en una reunión esta semana con la Confederación Socialista, que integra el FdT. Allí, el diputado le expresó a Jorge Rivas, director nacional de Estrategias Inclusivas del Ministerio de Transporte; a su asesor Andrés Imperioso; al dirigente cooperativo Federico Tonarelli y al presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Guillermo Torremare, su preocupación por el rumbo del Gobierno y por la situación económica de los trabajadores. Consideró que el Ejecutivo debe tomar medidas con más firmeza, pero expresó su deseo de que le vaya bien y revierta el panorama político para ganar las presidenciales de 2023. Nada de dar las elecciones por perdidas y resignarse a volver a la oposición como hace tres años. Todo dependerá de la economía.
AR