Es uno de los principales ejes de su agenda ultra: la expulsión masiva de migrantes. Para ello, el presidente de EEUU, Donald Trump, mantiene desplegada a la Guardia Nacional y los marines en Los Ángeles, colaborando con los agentes de migración (ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) en redadas en lugares de trabajo, en comercios de bricolaje como Home Depot donde van a comprar los trabajadores manuales –la mayoría hispanos–, en plantaciones, en parques...
La expulsión de migrantes es tan relevante en el programa político de Trump que la nueva megaley fiscal recién aprobada destina fondos para reforzar la tarea del ICE y la frontera. Pero el problema del presidente de EEUU es el manejo de las cifras. Cuando regresó a la Casa Blanca, hablaba de 21 millones de migrantes irregulares. Sin embargo, en los últimos días habla ya de 25 millones. Y, según él, todos son lo peor de lo peor. “Lo que hizo en nuestra frontera jamás se olvidará”, decía este lunes Donald Trump en la Casa Blanca: “25 millones de personas entraron en nuestro país sin control ni verificación, asesinos, líderes de pandillas, gánsteres, gente que no queremos en nuestro país bajo ningún concepto, terroristas. Tenemos muchos terroristas en nuestro país”.
Como parte del plan de Trump para expulsar a migrantes, a través de la Big Beautiful Bill, el ICE recibirá 45.000 millones de dólares para centros de detención, 14.000 millones para operaciones de deportación y fondos más para contratar a 10.000 nuevos agentes de aquí a 2029. Además, se asignan más de 50.000 millones de dólares para el refuerzo de infraestructuras fronterizas, que probablemente se traducirán un muro a lo largo de la frontera con México, algo defendido por Trump desde su primer mandato.
Además, se ha introducido cambios en la política migratoria, como una tasa de 1.000 dólares para quienes soliciten asilo, medida sin precedentes en EEUU. Y todo con el objetivo de deportar a un millón de inmigrantes al año y mantener a 100.000 personas en centros de detención.
“Los números los hacen los progresistas”, decía Trump este lunes, quizá por eso habla de los migrantes detenidos como “las personas más terribles del planeta”, aunque sus afirmaciones constantes de equiparar migración irregular con delincuencia no se compadezcan con los números y los datos de su propio Gobierno.
Según las últimas estadísticas oficiales, a fecha 29 de junio, había 57.861 personas detenidas por el ICE, de las cuales 41.495 (71.7%) no tenían antecedentes penales: 14.318 personas tenían cargos penales pendientes y 27.177 están sujetas a las autoridades migratorias, pero no tienen antecedentes penales conocidos ni cargos pendientes. El resto, un 28,3%, 16.366 migrantes, sí tenían condenas previas.
Así mismo, el ICE asigna a cada detenido un nivel de amenaza en una escala del 1 al 3, siendo 1 el más alto. Quienes no tienen antecedentes penales se clasifican como “sin nivel de amenaza del ICE”. Según los últimos datos disponibles, sistematizados por la agencia de noticias Associated Press, el 84% de las personas detenidas en 201 centros de detención en todo el país no tenían un nivel de amenaza. Otro 7% había sido clasificado como nivel 1, el 4% como nivel 2 y el 5% como nivel 3.
Otro detalle que apunta NBC: el ICE solo ha arrestado un 6% de personas condenadas por delitos de asesinato. En septiembre, el ICE informó al Congreso que más de 13.000 inmigrantes conocidos por haber cometido asesinatos seguían prófugos. Desde entonces, solo 752 han sido arrestados.
De acuerdo con los datos obtenidos por el Instituto Cato, al 14 de junio, el 65% de las más de 204.000 personas procesadas en el sistema por el ICE desde el inicio del año fiscal 2025, que comenzó el 1 de octubre de 2024, no tenían antecedentes penales.
De las personas con antecedentes penales, solo un 6,9% había cometido un delito violento, mientras que el 53% había cometido delitos no violentos clasificados en tres categorías principales: delitos migratorios, de tráfico y actividades ilegales como la prostitución, el consumo de drogas y la venta de sustancias ilegales.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, sin embargo, ha afirmado en la NBC: “La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional [Kristi] Noem ha desplegado al ICE para atacar a los peores de los peores, incluyendo pandilleros, asesinos y violadores. En los primeros 100 días del presidente Trump, el 75% de los arrestos del ICE fueron de inmigrantes ilegales con condenas o cargos pendientes”. McLaughlin tachó a los detenidos con condenados, así como a aquellos con cargos pendientes, como “extranjeros ilegales delincuentes”.
Según otro análisis de los datos oficiales hecho por The Washington Post, más del 60% de los inmigrantes indocumentados expulsados de EEUU desde el regreso de Trump a la Casa Blanca no tenían antecedentes penales. Casi el 40% sí los tenía, aunque muchos de sus delitos no eran violentos. Es decir, de las 93.818 personas deportadas desde que Trump asumió el cargo el 20 de enero hasta el 11 de junio, 56.893 no tenían antecedentes penales.
Sin condena, en 'Alligator Alcatraz' y en condiciones penosas
El Miami Herald ha obtenido una lista de más de 700 personas detenidas o que parecen estar programadas para ser enviadas al centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz', administrado por Florida. Y el periódico cuenta que el gobierno de DeSantis no ha publicado la lista de los inmigrantes retenidos en las jaulas ubicadas dentro de grandes tiendas de campaña instaladas en una pista de aterrizaje en los Everglades de Florida y rodeados de pitones, caimanes y mosquitos.
Según el análisis de la lista a la que ha tenido acceso el Miami Herald, hay más de 250 personas que presentan únicamente infracciones migratorias, pero sin condenas penales ni cargos pendientes en Estados Unidos. Un tercio de los detenidos tiene condenas penales, cuyos cargos van desde intento de asesinato hasta reingreso ilegal e infracciones de tráfico. Y otro par de centenares solo tienen cargos pendientes. La información apunta que decenas de migrantes sin antecedentes penales han sido objeto de redadas masivas.
Al mismo tiempo, empiezan a conocerse testimonios de las penosas condiciones en las que se encuentran las personas encerradas en ese campo de detención. Así lo describe la American Civil Liberties Union (ACLU): “Gusanos en la comida, sin acceso a duchas ni agua, sin acceso a asistencia legal. Inundaciones, enjambres de mosquitos y exposición mortal a huracanes. Es un sistema que trata a los seres humanos como algo desechable. Nuestro gobierno está incumpliendo su obligación más fundamental de defender la dignidad humana y proteger a quienes están bajo su custodia”.
Este miércoles, la ACLU presentó una demanda contra la Administración Trump por la falta de acceso a los abogados.
“Este centro abre otro capítulo oscuro en la historia de nuestra nación. Representa un atentado contra la decencia común y, en este caso, el trato que da a las personas detenidas también es ilegal”, afirma Eunice Cho, abogada del caso y miembro del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU: “La Constitución de Estados Unidos no permite al gobierno encerrar a personas sin la posibilidad de comunicarse con un abogado ni de solicitar al tribunal su liberación. El gobierno no puede pisotear estas protecciones fundamentales para las personas bajo su custodia”.
Según la denuncia, varios abogados se han presentado en el puesto de control en el camino al centro de detención para solicitar reuniones presenciales, y les ha sido denegado: les dijeron que las solicitudes de reuniones se “comunicarían” al centro, y horas después les informaron de que no se permitirían visitas presenciales.
The New York Times explica que las personas detenidas no tienen lápices, libros ni televisión, y que las luces permanecen encendidas toda la noche. Cuando llueve, cosa que ocurre casi todos los días en verano, las tiendas de campaña que albergan a los detenidos gotean y entran insectos. En entrevistas telefónicas con la prensa, varios detenidos afirmaron que las duchas eran poco frecuentes; comidas escasas; enfermedades, privación del sueño; carencia de información; de recreación y acceso a medicamentos.
Guardias, detenidos y familiares, afirma The Washington Post, cuentan la acumulación de agua en el suelo, las comidas a base de sándwiches de jamón fríos y la falta de productos de higiene básicos como desodorante, cepillos de dientes y pasta dentífrica. El aire acondicionado a veces deja de funcionar al mediodía, y los baños comunes portátiles de las celdas jaula se atascan, provocando un hedor insoportable. Para pasar el tiempo, los detenidos fabrican balones de fútbol con toallas o dominós con trozos de cartón recortados.
Rechazo en las encuestas
Según el último sondeo publicado por Associated Press este jueves, solo una cuarta parte de los adultos estadounidenses afirma que las políticas de Donald Trump les han beneficiado desde que asumió el cargo. De hecho, el presidente de EEUU no logra obtener la aprobación mayoritaria en ninguno de los temas incluidos en la encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, además de que ha bajado ligeramente su apoyo desde principios de este año en materia de inmigración, que es uno de los ejes de su segundo mandato.
Aproximadamente la mitad de los adultos estadounidenses afirma que las políticas de Trump le han “perjudicado más” desde que comenzó su segundo mandato hace seis meses, según la encuesta. Aproximadamente 2 de cada 10 afirman que sus políticas no han tenido un impacto significativo en sus vidas, y aproximadamente una cuarta parte afirma que sus políticas le han ayudado más.
Trump obtuvo menos del 50% de aprobación en todos los temas incluidos en la nueva encuesta de AP-NORC, como la economía, el gasto público, el comercio, los impuestos, la inmigración, la sanidad y su gestión del conflicto en Oriente Medio.
Solo el 43% de los adultos estadounidenses afirmó aprobar su gestión de la inmigración, lo que supone un retroceso con respecto al 49% que apoyó su trabajo sobre el tema en marzo.