El desprecio por la infraestructura: valuación versus valor en el proceso privatizador de Milei

Desde que fue sancionada la ley Bases el Gobierno ejecuta un lamentable proceso masivo de privatización de empresas públicas en el que concesiona o vende por cifras exiguas derechos sobre infraestructura estratégica que es mucho más valiosa que las sumas percibidas. Se vale para ello de tecnicismos y ocultamientos para determinar el precio base utilizado para licitar las empresas asignándole un valor menor que el valor económico y social de los derechos cedidos. Se da la misma paradoja que ocurrió en los años 90, resuelta nuevamente en contra del interés social .

La participación del Estado en la economía se organizó en sociedades del estado (SE), luego convertidas a sociedades anónimas, que construían o eran concesionarias de estos activos importantes: obras de infraestructura, plantas y equipos financiadas por todos los argentinos. 

El problema de evaluar beneficios empresarios que ocurren en el futuro fue resuelto por los matemáticos Fibonacci y Jan de Witt proponiendo el método de valuación flujos descontados. Explicándolo brevemente consiste en establecer el valor en el presente de un beneficio futuro descontando una proporción que se calcula utilizando una tasa de interés compuesto. Es un cálculo inverso al del valor futuro de un plazo fijo cuando invertimos un monto en el presente. 

Si tenemos en cuenta que las acciones de una empresa dan derecho a sus poseedores a percibir sus beneficios futuros, podemos considerar que el valor de una empresa a privatizar equivale al valor presente de esos ingresos y debe ser calculado por ese método. Pero este valor rara vez tiene una correspondencia con el valor de sus activos. También puede suceder que la política tarifaria mantenga a estas empresas con ingresos insuficientes o, más difícil de cuantificar, puede ocurrir que por las características especiales de los bienes suministrados no exista un precio de mercado claramente identificable. Un ejemplo de esta circunstancia es la provisión de agua, saneamiento, salud pública, seguridad energética o soberanía, valores sociales cuyo precio “de mercado” fue siempre un desafío para las ciencias económicas. 

Esta divergencia entre el valor contable de la empresa y su valor real se da entonces por motivos contables, impositivos o legales. La depreciación de un bien puede tomarse en forma acelerada y un activo en plena capacidad productiva puede valer cero. La inversión en mantenimiento puede considerarse un gasto corriente y las empresas controlantes pueden facturar cuantiosos gastos de alquiler, honorarios o administración.. 

En resúmen, miles de millones de dólares de inversión pública están encapsulados en sociedades anónimas que difícilmente reflejan en sus estados contables el valor de las infraestructuras, plantas y equipos. Menos aún registran el valor intangible que representan esos activos para la sociedad. Y las altas tasas de interés que se consideran para determinar su valor en el presente, base para su venta, castigan el valor de la empresa. Activos subvaluados, ingresos magros y gastos sobrevaluados, todos ellos ajustados con altas tasas de interés ponen precio de remate a nuestros activos estratégicos 

En este análisis contable y financiero del precio de una compañía, aquello que suceda dentro de 20 años se torna despreciable.

El Estado resolvió hace tiempo la problemática de establecer el valor de sus bienes creando en el año 1944 el Tribunal de Tasaciones de la Nación, una institución colegiada y autónoma que tiene la función determinar el valor de los bienes según el criterio de normas nacionales y un cuerpo técnico especializado cuyas actas son información pública. Los resultados de su intervención, establecen valores similares a los del mercado, teniendo en cuenta el costo de su adquisición, el paso del tiempo, el deterioro y las características técnicas de cada bien . Como medida de su prestigio, podemos decir que estas valuaciones nunca han sido recurridas judicialmente. 

Entre todos los métodos disponibles, el Gobierno optó por el mecanismo más opaco para tasar y vender empresas con valores visiblemente subestimados. La novedosa Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), creada a la medida de este negocio en julio de 2024 y dependiente del Ministerio de Economía salteó las atribuciones del Tribunal de Tasaciones de la Nación y encomendó al estatal Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), la tarea de tasar las acciones de estas compañías utilizando el método de flujo de fondos con fundamentos y argumentaciones desconocidos, clasificando como información confidencial los dictámenes que fijan el valor base de las licitaciones. 

El resultado está a la vista en los últimos llamados a licitación de privatizaciones, muchos de ellos bajo fuertes cuestionamientos judiciales y parlamentarios .

Las tres centrales nucleares que opera Nucleoeléctrica Argentina SA están valuadas en US$11.000 millones, en tanto que el valor base total difundido para la privatización del 44% de las acciones de la empresa ronda los US$1.000 millones, apenas la décima parte del valor de sus activos. 

La concesión de las centrales Hidroeléctricas El Chocón- Arroyito fueron realizadas vendiendo las acciones de las empresas operadoras en US$ 236 millones. El valor de las centrales se estima en US$5000 millones y el valor actual de su producción futura de energía se calcula en US$ 500 millones. Durante el primer año de operación, la nueva concesionaria recuperará el 70% del canon abonado. 

El estado se desprendió recientemente de su tenencia accionaria de Transener, la empresa que opera el transporte de energía mayorista en todo el país por US$ 200 millones, un tercio de los cuales fueron recuperados a los 3 meses de iniciada la operación cobrando los nuevos accionistas los dividendos acumulados. La valuación contable de la empresa era de US$ 350 millones , estimándose la valuación de sus 13000 km de líneas de transporte en más de US$7000 millones. 

La determinación cierta del valor y naturaleza de los activos a ser concesionados o vendidos a inversores privados es un dato clave que determinará el desempeño en la operación de esos servicios. Es el parámetro fundamental que rige el gasto de mantenimiento mínimo requerido, el costo de reposición, las garantías a presentar por daños y la correcta determinación de las tarifas.

Un diseño y una cuantificación errada en el actual proceso de privatización puede, como sucedió con las privatizaciones de los años 90, desatar graves conflictos políticos y económicos que resultan en pérdida en la calidad de los servicios, costosas estatizaciones y juicios de resarcimiento . 

Cabe preguntarse la conveniencia de entregar el control de infraestructuras vitales para el país por unos cientos de millones de dólares cuando el esfuerzo de construirlas insumió hasta 100 veces esa cifra. Las condiciones de operación que se les exigen a los concesionarios, deben ser acordes al valor de las infraestructuras vendidas o concesionadas y no a las exiguas sumas de dinero por las cuales los nuevos concesionarios ingresan al negocio. 

Existen formas de privatización del mantenimiento y la operación de infraestructura que no involucre el dominio y control absoluto de la cosa. Por ejemplo, asegurando para el estado un lugar en el directorio de cada una de las empresas que operen activos estratégicos para el país. 

Intentar iniciar un proceso transparente de privatizaciones ocultando el valor de los bienes comprometidos en los que se ha invertido dinero público durante décadas, es un pésimo negocio para todos.