Causa ANDIS: pidieron indagar a los dueños de Suizo Argentina por presuntos sobornos y sobreprecios millonarios

Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez solicitaron la declaración indagatoria de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El pedido alcanza también a otros directivos de la compañía y a responsables de distintas droguerías que, según la acusación, participaron de un esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y pagos de sobornos en coordinación con funcionarios públicos.

En un dictamen de más de 300 páginas, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que Suizo Argentina logró controlar el funcionamiento de la agencia estatal entre mayo de 2024 y agosto de 2025, durante la gestión de Diego Spagnuolo. Según la investigación, la compañía no solo obtuvo información privilegiada sobre las compras de medicamentos de alto costo, sino que también intervino en las decisiones institucionales del organismo y administró un sistema de acuerdos con otras 14 empresas del sector.

La magnitud económica de las maniobras quedó reflejada en las adjudicaciones recibidas por Suizo Argentina durante el período investigado: $137.118.708.357, una cifra equivalente a cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS. Para los fiscales, esas operaciones estuvieron atravesadas por precios elevados y sobreprecios que perjudicaron al Estado y, especialmente, a las personas con discapacidad y enfermedades crónicas graves que dependían de esos medicamentos.

La acusación sostiene que la empresa controló el circuito de adquisición de medicamentos de alto costo del Programa Federal Incluir Salud. Para hacerlo, habría establecido acuerdos ilegales con altos funcionarios de la agencia, que le proporcionaban información anticipada sobre las compulsas de precios.

De acuerdo con las pruebas reunidas, Suizo Argentina administraba las compras, fijaba los valores de venta de sus propios medicamentos y los de otras droguerías, determinaba qué firma resultaría ganadora y daba instrucciones a los funcionarios sobre qué empresas debían cobrar y cuáles debían sufrir demoras en los pagos.

Además, llevaba un registro detallado de los montos y porcentajes asignados a cada compañía en las sucesivas operaciones. Los investigadores encontraron archivos en poder de la droguería que anticipaban los resultados de las compulsas antes de que estas finalizaran. Posteriormente, esos datos coincidían con las adjudicaciones efectivamente realizadas por la ANDIS.

Un medicamento vendido a 42 veces su costo

Uno de los ejemplos más llamativos incluidos en el dictamen corresponde a un medicamento destinado al tratamiento de la esclerosis múltiple.

Según los fiscales, en julio de 2024, el gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina informó a su equipo que había adquirido ese producto a un costo de $92.000 por unidad. Al momento de establecer el precio de venta, dio una indicación que quedó incorporada a la investigación: “Lo ponés vos, loco, el que quieras, ganemos plata”.

La ANDIS terminó pagando a Suizo Argentina entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad, aproximadamente 42 veces el costo de adquisición informado por la empresa. La diferencia representó un incremento superior al 4.100%.

Los investigadores también señalaron que, en mayo de 2024, la agencia había comprado ese mismo medicamento a otra droguería por $281.400, mientras que dos meses después lo adquirió a Suizo Argentina por $4.093.811.

Para la Fiscalía, estas operaciones constituyen una muestra de los sobreprecios que el organismo estatal aceptaba pagar sin cuestionamientos.

Un doble pacto con funcionarios y droguerías

Los fiscales describieron el funcionamiento del esquema como un “doble pacto”. Por un lado, Suizo Argentina habría establecido acuerdos con funcionarios de la ANDIS para obtener información privilegiada, controlar las compras y garantizarse la mayor parte de las adjudicaciones. Por otro, habría organizado una red de droguerías que debían ajustarse a las condiciones impuestas por la compañía para participar de las operaciones.

Según la acusación, las empresas que no respetaban esas reglas podían sufrir represalias, como demoras deliberadas en los pagos.

En una de las comunicaciones incorporadas a la causa, Pablo Atchabahian, identificado por los investigadores como operador de Suizo Argentina, le indicó a Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS: “Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”.

La Fiscalía atribuyó a Atchabahian un papel central en la articulación entre los intereses privados y las decisiones del organismo. Garbellini, por su parte, había llegado a la agencia como uno de los principales colaboradores de Spagnuolo.

Otra de las maniobras investigadas involucra a Droguería Génesis, una empresa que, según los fiscales, fue utilizada como intermediaria para vender medicamentos a la ANDIS con incrementos de precios superiores al 200%.

La compañía, vinculada a Atchabahian, había tenido una actividad prácticamente inexistente en 2023, pero entre mayo de 2024 y agosto de 2025 recibió adjudicaciones por $34.066.729.176 y pasó a ubicarse entre las diez firmas que más pagos obtuvieron del Estado en ese período.

Nuevos señalamientos contra Spagnuolo

El dictamen también incorpora nuevos hechos atribuidos al exdirector ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, relacionados con presuntos pagos de sobornos realizados a través del empresario Miguel Ángel Calvete.

Los fiscales sostienen que Calvete gestionó y pagó un viaje de Spagnuolo a Israel, realizado entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024. Los gastos habrían incluido pasajes aéreos, alojamiento y servicios de asistencia al viajero.

Según la investigación, la secretaria de Calvete intervino incluso en la elección del asiento del avión y manifestó que esos gastos estaban destinados a pagar favores políticos.

Los investigadores también detectaron vínculos económicos entre directivos de Suizo Argentina y Calvete, quien habría recibido de la empresa más de 54.000 dólares durante 2024 sin que se registraran actividades comerciales legales que justificaran esos pagos.

El dictamen menciona, además, encuentros en restaurantes entre funcionarios de la ANDIS y personas vinculadas a la droguería. Otro elemento señalado por los fiscales fue la conducta de los directivos durante los allanamientos de agosto de 2025, cuando no entregaron las claves de computadoras cuyos discos estaban encriptados, pese a la existencia de una orden judicial.

Los nuevos pedidos de indagatoria

Además de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, los fiscales solicitaron que sean llamados a declarar Diego Viner, director de Compras de Suizo Argentina; Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de esa misma área.

El pedido también comprende a directivos, gerentes y socios de otras 14 firmas: Dihemo, Droguería 20 de Junio, Lowsedo, Soldist, Seguermed, Luley, Droguería Meta, Ultra Pharma, Droguería del Sud, Droguería Disval, Hemipharm, Medipharma, Droguería Génesis y Scienza Argentina.

A su vez, los representantes del Ministerio Público solicitaron ampliar las indagatorias de personas que ya se encontraban imputadas, entre ellas Spagnuolo, Garbellini, Atchabahian, Calvete y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de Génesis.

El nuevo requerimiento fiscal representa una ampliación de la investigación, que ya no se concentra únicamente en las presuntas irregularidades de determinadas compras, sino en la posible existencia de un sistema organizado para poner las decisiones de un organismo público al servicio de intereses privados.

En el tramo final del dictamen, los fiscales hicieron hincapié en las consecuencias sociales de las maniobras investigadas. Señalaron que, a diferencia de otros hechos de corrupción en los que el perjuicio puede parecer abstracto, en este caso las víctimas son concretas: las personas con discapacidad y sus familias, especialmente aquellas que necesitan de la asistencia estatal para acceder a tratamientos y medicamentos.

Según plantearon, el desvío de recursos destinados a esas prestaciones afecta directamente las condiciones de vida de una población especialmente vulnerable. Esa dimensión, sostuvieron, vuelve particularmente graves los hechos que buscan esclarecer.

El pedido de indagatorias deberá ser evaluado ahora por la Justicia, que tendrá que resolver si convoca a declarar a los empresarios y demás personas señaladas por la Fiscalía.