Las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruíz Díaz, que el fin de semana pasado habían denunciado al gobernador Gildo Insfrán por las “condiciones inhumanas” en un centro de aislamiento de Formosa, fueron detenidas este jueves por la tarde mientras se manifestaban en la puerta de una escuela de la ciudad capital de la provincia. Después de una hora, fueron liberadas.
Neme, enrolada en el peronismo disidente, y Ruíz Díaz, de la UCR, estaban manifestándose de manera pacífica en la puerta de la escuela N° 18 de Formosa junto a otros vecinos cuando fueron abordadas por varios efectivos policiales, quienes las esposaron y las llevaron a la Comisaría 1ª.
El reclamo estaba motivado por la situación de 19 personas, que son obligadas a realizar el aislamiento en ese colegio a pesar de haber dado negativo en sus tests de coronavirus.
Amnistía Internacional advirtió a Formosa respecto de las condiciones en las cuales se dan las cuarentenas en esa provincia.
Desde los primeros días del año, cuando la ciudad de Formosa –además de otras localidades de la provincia– volvió a Fase 1, las fuerzas de seguridad siguen un estricto protocolo por el que no se permite ningún tipo de aglomeración de personas o manifestación en la vía pública. En ese marco, oficiales de la Policía arrestaron a las concejalas, mientras eran grabados por los teléfonos celulares de los vecinos que también se encontraban en la puerta de la escuela.
Neme había denunciado formalmente el sábado pasado a Insfrán y al ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo provincial, Jorge Abel González, por propagar la pandemia del coronavirus e incumplir con sus deberes de funcionarios públicos, después de que se dieran a conocer algunos videos desde el interior del Estadio Cincuentenario de la capital provincial, que funciona como un centro de atención sanitaria por la pandemia del coronavirus.
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DA
“Amnistía Internacional viene siguiendo con preocupación las denuncias por violaciones de derechos humanos en Formosa. Luego de meses de un reclamo que llegó a la Corte Suprema por 8500 ciudadanos que fueron impedidos de volver a sus hogares, comenzamos a recibir denuncias por hechos ocurridos en Centro de Atención Sanitaria (CAS) provinciales. En esos lugares de aislamiento, según los testimonios, hay personas llevadas compulsivamente con síntomas leves, asintomáticas e incluso a personas que no tienen COVID-19. Es inadmisible que las personas estén recluidas contra su voluntad en espacios insalubres, ya que esto amplifica la posibilidad de contagio y atenta, justamente, contra el objetivo que la política pública afirma perseguir. Además, la duración de las cuarentenas en algunos casos habría excedido los 14 días, llegando incluso a los 30 días”.
“A esta situación se suma la inaceptable detención de las dos concejalas por su reclamo por los derechos de los formoseños, sin ser debidamente informadas de los cargos en su contra. Para Amnistía Internacional son defensoras de los derechos humanos ya que se involucraron en la defensa de las personas cuyos derechos están siendo vulnerados. Percibimos un uso excesivo del poder de policía del Estado en la implementación de medidas vinculadas a la cuarentena. Los estados provincial y nacional deben guiarse por los estándares internacionales de los derechos humanos y los controles siempre deben realizarse dentro un marco legal válido y razonable y jamás deben vulnerar los derechos humanos”.