Un abogado que el Gobierno puso de juez en el CIADI ahora litiga contra el país por YPF en ese tribunal

Todo cambia y muy rápido. En septiembre de 2024, el gobierno de Javier Milei designó al abogado Agustín García Sanz como árbitro (juez para casos específicos) del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal del Banco Mundial donde a lo largo de las últimas tres décadas la Argentina ha sido demanda por rupturas contractuales y estatizaciones por parte de multinacionales. Sanz pertenece al estudio Three Crowns, con sedes principales en Londres y París, pero con oficinas en Madrid, Washington y Singapur. Pero este martes García Sanz se presentó como patrocinante del estudio de abogados buitre británico Burford en una demanda contra la Argentina por la renacionalización de YPF en el CIADI, según reveló este miércoles el periodista Alejandro Bercovich en Radio Con Vos y de acuerdo con documentos a los que accedió elDiarioAR. Por cierto, ya no figura más como árbitro argentino al tribunal. Se supone que renunció a la postulación para representar a Burford.

En septiembre de 2024, el ministro de Justicia era Mariano Cuneo Libarona, secundado por Sebastián Amerio, mientras el procurador del Tesoro era Rodolfo Barra y su número dos, Andrés de la Cruz, exabogado de los Eskenazi. Precisamente, Burford compró el derecho que tenían estos empresarios exsocios de YPF para litigar en casos relativos a la petrolera nacional.

En aquel mes de 2024, el Gobierno nombró a cuatro árbitros ante el CIADI: tres argentinos, Diego Fernández Arroyo, Mónica Pinto, Raúl Vinuesa y García Sanz, residente en Madrid desde 2024. Este abogado antes había trabajado en estudios de la City porteña, Bomchill y Marval O'Farrell & Mairal, y en EE UU. Hasta julio pasado aparecía en los registros del tribunal del Banco Mundial como árbitro de la Argentina. Pero ya no (ver adjunto).

El abogado designado por la administración Milei, graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y con un master en Chicago, pasó de representar a la Argentina a litigar en su contra dos meses después. Hace dos años escribía en la web del estudio Three Crowns al anunciar su nombramiento como árbitro: “Estoy honrado de ser designado en el Panel de Árbitros y Conciliadores del CIADI y estoy sinceramente agradecido a la República Argentina por la oportunidad de atender casos tan importantes” (ver aparte).

Pero este martes Burford, tras fracasar en su litigio ante la Corte Suprema de EE UU contra la nacionalización de YPF de 2012, cumplió su promesa de volver a intentarlo pero en el CIADI y lo hizo bajo el patrocinio de los estudios King & Spalding; Kellog, Hansen, Todd, Figel & Frederick y Three Crowns, que a su vez puso a diez letrados a cargo. Uno de los diez es García Sanz. En la web del CIADI, la demanda de Burford figura como la de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que son las sociedades de los Eskenazi que tenían el 25% de YPF y a partir de las cuales el estudio buitre británico demanda al país. Si vence, no sólo embolsará dinero para sí sino que podrá saldar las deudas de los Eskenazi con Repsol y bancos internacionales por la compra de aquel 25%.

Este es el tipo de abogados que el gobierno libertario había nombrado para terciar en millonarios litigios que enfrenta la Argentina por el pasado y que podrá encarar en el futuro, sobre todo porque el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) permite recurrir al CIADI no sólo a las empresas de más de 40 países con tratados bilaterales de protección de inversión sino a las de todo el mundo. Incluso las compañías argentinas pueden ir allá en lugar de someterse a los juzgados locales. No hay nación del mundo que haya delegado así la soberanía judicial, según expertos como Luciana Ghiotto, de la Universidad de San Martín. Consultado por elDiarioAR sobre el caso de Sanz, el Gobierno mantuvo el silencio.

Pero lo que Bercovich presentó como un escándalo no termina ahí. Sanz y el resto de los patrocinantes de Burford incluyeron en la demanda de este martes argumentos que incluyen una frase que pronunció Milei como presidente en contra de la reestatización. “Incluso, el presente gobierno de la Argentina ha desautorizado a sí mismo las medidas de 2012, y su actual presidente las ha admitido como ilegales e injustificadas. Después del juicio del Segundo Circuito (tribunal de Nueva York) de marzo de 2026, el presidente Javier Milei declaró en televisión que 'expropiar está mal porque robar está mal' y describió la renacionalización de YPF como una 'aventura suicida' que 'puso a toda la Argentina en riesgo'. La desautorización del presidente Milei sólo subraya que las medidas de la Argentina de 2012 sirvieron para un propósito no legítimo”.

Es curioso que ahora Burford utilice las palabras de Milei para litigar contra el país, cuando antes había usado las del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para lo mismo. En 2012, entonces viceministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner argumentó en el Congreso que sería “estúpido” si cumpliera con el estatuto de YPF que obligaba a comprar el 99% de la empresa y defendió que se podía expropiar por ley sólo el 51%, que era lo que el Estado podía pagar y finalmente le abonó a la española Repsol dos años después. En primera y segunda instancia en EE.UU. Burford ganó y parecía que la Argentina iba a tener que darle US$16.000 millones, más de lo que vale el 51% estatal de YPF, pero la Corte Suprema de la superpotencia terminó dándole la razón a Kicillof: la ley de un país estaba por encima del estatuto de una empresa. El gobierno de Milei se terminó jactando de que su amistad con el de Donald Tump había influido para dar vuelta los fallos previos.

Pero ahora Burford toca las puertas de otro tribunal: no desiste de buscar un resarcimiento por la expropiación. El negocio de los fondos buitres es comprar una deuda perdida y litigar por ella. A eso está abocado y no se rinde. Enfrenta otra vez a la Argentina, que tras la nacionalización de 2012 inició un camino de recuperación y ascenso en el negocio mundial de los hidrocarburos. Y para ello ha contratado al abogado que hasta hace muy poco que el gobierno de Milei había puesto a representar al país.

AR/MG