La Justicia chilena decretó prisión preventiva para dos de los migrantes venezolanos detenidos el vienes por su presunta implicación en la muerte de un camionero en el norte de Chile y ordenó el internamiento en un centro de menores del tercer sospechoso (que es menor) de participar en un incidente que desató huelgas y marchas antiinmigración en diversos puntos del país.
El Juzgado de Garantía de Antofagasta, al norte de Chile, formalizó la acusación a los tres extranjeros por el “homicidio calificado” del camionero Byron Castillo, de 25 años, con el que al parecer mantuvieron una confrontación.
Según el relato de la Fiscalía, los acusados formaban parte de un grupo de sujetos que transitaba a pie por una carretera en el municipio de Mejillones (Antofagasta) y que comenzó a lanzar objetos contundentes a varios vehículos de carga.
Esto desencadenó un enfrentamiento con varios conductores que se bajaron de sus vehículos para encarar al grupo de peatones. En este contexto, Byron Castillo fue supuestamente arrojado por un paso de nivel, a nueve metros de altura, según testificó uno de los camioneros presentes.
La autopsia reveló que la muerte se produjo por un traumatismo encefalocraneano.
La muerte de Castillo, de la que se acusa a tres migrantes venezolanos, desató tres jornadas de cortes de carretera y huelgas de transportistas en varios puntos de Chile, que exigían más seguridad en las rutas y el endurecimiento de las fronteras.
Mayor seguridad en las rutas y mayor dureza en los controles fronterizos exigieron los transportistas, que tras la muerte violenta de Castillo iniciaron cortes de carretera y huelgas del transporte que por tres días paralizaron a Chile.
El gobierno del presidente Sebastián Piñera cedió el pasado sábado a las presiones y anunció el “estado de excepción” y la militarización en cuatro provincias fronterizas de las regiones de Tarapacá y Arica, en la frontera norte con Perú y con Bolivia.
La nueva Ley de Migraciones entró en vigor en Chile el pasado sábado para agilizar las expulsiones de los migrantes que ingresan de manera irregular. La Ley permite "devoluciones en caliente". El presidente Piñera militarizó la frontera con Chile y Perú.
Esta medida se suma además a la puesta en marcha de la nueva Ley de migraciones, cuyo reglamento entró en vigor el pasado sábado con el objetivo de agilizar las expulsiones de los migrantes que ingresan de manera irregular y permitir las “devoluciones en caliente”, las que se producen sin procedimiento judicial.
En el último año, la zona norte de Chile ha experimentado un aumento de ingresos clandestinos de migrantes, el colapso de pequeñas localidades fronterizas y, desde el pasado septiembre, huelgas contra la migración y ataques xenófobos.
Pese a la pandemia y las extremas condiciones climatológicas del altiplano, Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de Latinoamérica por su estabilidad política y económica.
En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población chilena, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos.
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