El sistema de poder argentino asume dos certezas: que el vínculo entre los Kirchner y Lázaro Báez vulnera, como mínimo, estándares éticos elementales, con pistas nítidas de probable corrupción, y que el proceso judicial contra Cristina comprende un continuado de burdas arbitrariedades que liquidan el Estado de Derecho.
El consenso en torno a esos dos ejes es amplio e incursiona a ambos lados de la polarización. En el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda, muchos más de quienes lo reconocen en público perciben un vínculo inadmisible entre los Kirchner y un ejecutivo bancario convertido en contratista, en simultáneo con la llegada del expresidente santacruceño a la Casa Rosada, en mayo de 2003. A su vez, en el antikirchnerismo y las derechas, pocos se atreven a maquillar fuera de micrófono las chapucerías pergeñadas entre los tribunales de Comodoro Py, el Grupo Clarín y los servicios de Inteligencia.
La dinámica de trincheras que rige la política argentina obtura un debate más útil, menos hipócrita, en el que las banderas de la honestidad en la vida pública y las garantías de la democracia sean levantadas al unísono, sin intermitencias, con coherencia. Frente a las cámaras, unos sólo denuncian una persecución de una poderosa mafia contra Cristina, como vendetta por sus políticas redistributivas —las reales y las declamadas—, y otros visten su discurso de una farsa honestista, postulada para escarmentar a rivales y proteger a los propios, sin reparo en lo que prescriben las leyes y la Constitución. Podría ser una contradicción ética, que algo vale en política, pero representa también una dinámica que prolonga una suerte de empate, en el que ningún bloque termina de prevalecer, pero ambos mantienen cierta capacidad de bloqueo.
Así planteada, la condena a la expresidenta demanda una postura inequívoca. Nadie puede ser declarado culpable si hubo jueces y fiscales federales que reprodujeron causas sobre los mismos temas o colindantes hasta que alguna prendiera; o que visitaron las residencias de Mauricio Macri en decenas de oportunidades para mascaradas sociales y deportivas; o no eran jueces naturales de la causa, sino que fueron impuestos a dedo, sin concurso, por la mesa judicial del PRO; o viajaron a Lago Escondido en un tour venal organizado por Clarín; o ellos mismos eran sospechosos de delitos graves, por lo tanto, pasibles de ser extorsionados por los servicios de Inteligencia. En un Estado de Derecho, tan sólo un juez, entre la docena que intervino en el proceso, que haya cometido alguna de esas tropelías bastaría para anular o revisar una sentencia contra una de las principales líderes de la historia argentina.
Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, a esta altura, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida por ella, su hijo y su fallecido esposo con un contratista-lavador de US$60 millones. En un Estado de derecho, se requieren pruebas, no intuiciones ni operaciones urdidas por jugadores del club Liverpool en el torneíto de Los Abrojos. A diferencia del expediente Vialidad, la condena a Lázaro Báez por lavado encontró un proceso sólido, en el que se comprobó una ruta del dinero a la que el Grupo Clarín le puso la letra K, sin que fuera hallada la pista Kirchner, aunque algún fleco apunte a la letra M, del Grupo Macri, excompetidor-socio de Austral Construcciones en la obra pública.
Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, corresponde afirmar que Cristina es inocente, por más dudas legítimas que despierte la sórdida relación mantenida con un contratista-lavador de US$ 60 millones
El cuadro conduce a otra evidencia irrefutable. Si los jueces que juzgaron a Cristina, Amado Boudou, Julio de Vido, José López, Báez, Cristóbal López, César Milani, Carlos Zannini, Ricardo Jaime y otros kirchneristas hubieran puesto un quinto de su enjundia e imaginación para investigar a Macri, su primo Calcaterra, su hermano Gianfranco, su otro hermano Mariano, Javier Milei, Karina Milei, Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Luis Caputo, Oscar Aguad, María Eugenia Talerico, Mariano Federici, Nicolás Caputo, Alfredo Coto, Paolo Rocca y otros macristas y millonarios, poseedores algunos de ellos de cuantiosas cuentas offshore y adherentes a blanqueos a través de allegados y familiares, la secuencia de indagatorias, esposados en pijama a la medianoche y condenados sería mucho más pareja en el arco político. Como nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, todos ellos son, hasta hoy, inocentes.
Elisa Carrió, fiscal de set televisivo que hoy manifiesta pesar por la saña que muestran los canales de los grupos Clarín y La Nación contra Cristina, debe ser razonablemente excluida de la lista de sospechosos por corrupción. Su generosa residencia en Capilla del Señor bien pudo haber sido adquirida por herencia, trabajo profesional y sueldos de diputada durante dos décadas. Aunque la líder de la Coalición Cívica acaso podría ser apuntada por algún juez al que se le ocurriere investigar si el haber fraguado un falso arrepentimiento de un narco en el living de su casa, junto a la producción de Jorge Lanata, con el fin de señalar a Aníbal Fernández como “la Morsa”, pudo haber constituido una asociación ilícita. U otro tanto por sus andanzas con Marcelo D’Alessio, el espía inorgánico y panelista de Alejandro Fantino. El delito de autor perpetrado en Comodoro Py no llegó hasta ahí.
Encerrona y omisiones
Así, la democracia argentina transita una encerrona de larga data. Ensayos presuntamente libremercadistas que propenden a la fuga de dólares activan un sistema persecutorio de la resistencia en general y el kirchnerismo en particular, y éste, bajo la conducción de Cristina, arbitra la oposición a ajustes regresivos, recorre su bucle melancólico de la denominada —y cada vez más lejana— década ganada, y borra de su gramática un postulado que ocupó un breve espacio en el primer gobierno de Néstor Kirchner: la regeneración ética y la lucha contra la corrupción como un vehículo esencial de la equidad social.
Un dirigente peronista patagónico, quien formó parte del riñón político de los Kirchner y luego se alejó, apunta un nombre que suele esquivar titulares, pese al fuego cruzado. El Grupo Petersen, emporio de la familia Eskenazi, no protagoniza encendidos discursos de Cristina, ni editoriales del prime time, ni oficios de Comodoro Py. La omisión, en el contraste del foco omnipresente en Báez, resulta extraña.
Antes de volcarse por entero a Austral Construcciones, Lázaro fue gerente general del Banco de Santa Cruz, del que el Grupo Petersen es controlante y tiene como socio minoritario al Estado provincial.
Los tres ocupantes de la Corte Suprema garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad
La fuente citada, conocedora al detalle de los contratos del Estado santacruceño, enumera tres empresas que monopolizaron la obra pública en la provincia en la primera década larga del siglo: Austral Construcciones, de los Báez; Esuco, de Carlos Wagner, y Thiele & Cruz, de los Eskenazi.
Desde la década de 1990, esta familia proyectó su fortuna en la provincia austral, que llegó a la cúspide cuando Kirchner pergeñó la “nacionalización” sui géneris del 25% de YPF. Para intuir la turbiedad del asunto, el método de compra los explica sin mayores aclaraciones: el accionista mayoritario y vaciador de la empresa nacional de gas y petróleo, Repsol, junto a un consorcio de bancos, anticiparon los fondos a Petersen para la operación, que serían repagados con dividendos generados por la propia YPF. Salió mal y hoy Argentina afronta un juicio en tribunales de Nueva York por el que tendría que pagar varios miles de millones de dólares. Los Eskenazi están silenciosamente anotados para recibir un tercio de esa hipotética indemnización, aunque algunos señalan que ese regalo de la vida sería íntegramente transferido a sus acreedores en España, donde se sustanció la quiebra de una filial gemela del Grupo Petersen.
Proscripción, conmoción, obsesión
La confirmación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos no ahorró ningún elemento que hiciera honor a la venalidad de todo el proceso Vialidad. Los tres ocupantes de la Corte Suprema, enterradores consuetudinarios de causas que afectan intereses poderosos, actuaron con premeditación, filtraron su voto a medios afines y garabatearon algunos argumentos, entre ellos, el estelar: las fluidas relaciones entre jueces intervinientes, Macri y el Grupo Clarín no prueban parcialidad. Al no existir una grabación de lo conversado entre copas, partidos de paddle y tours de caza, fuera días u horas antes de decisiones trascendentales en el expediente, la pulcritud de los magistrados está fuera de duda. Inobjetable guion del trío Rosenkrantz-Lorenzetti-Rosatti.
La sentencia alteró naturalmente las prioridades del peronismo. Finalmente, la proscripción —denunciada sin sustento por Cristina en diciembre de 2022, cuando quedaba un camino para la condena definitiva— se hizo realidad. Con su capacidad de oratoria intacta, la expresidenta construyó un texto sólido sobre qué está en juego. No es una mera inhabilitación de un rival, sino una maniobra artera para despejar resistencias ante objetivos económicos lacerantes.
La conmoción se apropió del sistema político. Una vez más, Cristina en el centro de la escena. No está claro cuál es la valoración real de la sentencia por parte de la opinión pública, algo que se verá en el tiempo. Por lo pronto, la reacción en las calles se hizo sentir, pero no fue mucho más allá de los núcleos que siguen respondiendo a la exmandataria, en franco declive en la última década. Esta página de la historia está abierta, pero los trazos iniciales no se acercaron a una reacción popular que pudiera cambiar el curso de los acontecimientos, sin desmerecer la vigilia de sus seguidores en una esquina del barrio de Constitución, y a la expectativa de lo que ocurra en los próximos días.
El eje Cámpora-Instituto Patria no perdió de vista el eje principal que lo motoriza hace años, consistente en obturar cualquier voz alternativa para blindar el liderazgo de Cristina. La propia expresidenta, horas antes y después de conocida la sentencia, se hizo espacio para transmitirle a Axel Kicillof un mensaje elocuente: “Déjense de joder con las listas”.
Cristina machacó que “lo único” que escucha en las reuniones con “algunos compañeros” es cuál es el lugar en las boletas electorales de septiembre y octubre. Tres días más tarde, el destinatario del mensaje fue explícitamente desinvitado de una reunión en la sede del Partido Justicialista, en la que tallaron el impopular trumpista Guillermo Moreno, Juan Grabois, Máximo Kirchner y Sergio Massa. La lista de convocados no responde a ninguna otra lógica más allá de dejar fuera de la foto al gobernador bonaerense.
Y Kicillof parece, un día sí y otro también, estar más que dispuesto a “dejarse de joder”. El exministro de Economía transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia, a la espera de una mejor oportunidad, que nunca llega.
Quienes interpretan a Kicillof esgrimen que el tiempo probará lo contrario, y que el trayecto desde 2015 demostró escalones de autonomía que hicieron cumbre en la ruptura con Máximo en 2023. Bajo ese prisma, no habría que descartar que el líder del flamante Movimiento Derecho al Futuro valore en su fuero íntimo desplantes como el del jueves en la sede del PJ en la calle Matheu, con la mira en una ruptura que acontezca por decantación y en la que la responsabilidad recaiga del lado del maximismo.
Kicillof transita el riesgo de su albertización, mecanismo que consiste en planchar el conflicto, aceptar imposiciones con sabor a rendición y demorar una agenda propia
Indulto como programa
Antes de la confirmación de la condena, parte del entorno del gobernador dejó saber que no objetaría las candidaturas a legisladores provinciales de Cristina en la tercera sección y Massa en la primera. Semejante oferta en las dos secciones que congregan 75% del voto en la Provincia arrasaría con el objetivo de Kicillof de plebiscitar su gestión y delimitar su perfil. Si ese es el punto de partida de la negociación, el final es inimaginable.
Ahora, el eje Patria-Cámpora aprovechó para poner a Kicillof a contestar si indultaría a Cristina en una eventual Presidencia, a partir de diciembre de 2027. El gobernador dio a entender que sí, pero no cerró del todo la respuesta, para disgusto del cristinismo ortodoxo. Una voz del axelismo más puro resultó más asertiva ante este diario: “No tenemos la más mínima duda de que corresponde el indulto”.
Ese perdón institucional tiene un significado inequívoco en Argentina. El indulto a los perpetradores del terrorismo de Estado por parte de Carlos Menem en el inicio de su mandato, por lo que extenderlo a Cristina supone sumarle una acepción en el diccionario político.
Ni siquiera está claro que la expresidenta, quien rechazó en 2022 la aplicación de la figura para sí, haya cambiado de opinión, pero la obsesiva y extemporánea alusión de representantes del eje Patria-Cámpora permite inferir que, además de un ariete para alinear desobedientes, será un estandarte principal de cara a 2027.
De modo que si lo que está en juego es un reforzamiento del liderazgo de Cristina y una elevación del estatus de personajes como Moreno, cabe preguntarse si es cierto que a Milei no le convenía la ratificación de la condena, como se elaboró incluso en esta columna. Al tenor de las celebraciones del ultra y sus allegados, tan mal no les cayó.
Una cuenta probable es que un proyecto ultraderechista de semejante magnitud, apoyado por múltiples resortes de poder, encuentra un rival ideal en un partido encajonado en la propuesta del indulto a su líder, todo ello, sobre la fundada presunción de que una sólida mayoría cree que la expresidenta es culpable. Lejos de “borrar” a Cristina de la agenda, la condena prolonga su permanencia con el foco en su costado más cuestionable, del cual deberá opinar todo dirigente peronista hasta 2027. El plan económico de Caputo puede colapsar, pero si no ocurre y se cristaliza un país más desigual, parecido al promedio de América Latina, polarizar contra una Cristina confinada en su domicilio, con acceso limitado a la palabra, se parece al escenario ideal para los Hermanos Milei.
Inflación, transparencia y gatillo fácil
La expresidenta suele desdeñar a la inflación como un problema central de la economía. Elabora teorías sobre lo inocuo que resulta el déficit fiscal sin financiamiento genuino, lo que inexorablemente dispara la impresión de billetes. La expresidenta muestra gráficos en los que Dinamarca o Japón tienen déficit en sus cuentas públicas y mantienen los precios en calma. Hasta ahora, que se sepa, Kicillof no está en desacuerdo con ese abordaje.
El kirchnerismo, como fue dicho, borró hace años la transparencia y la honestidad como un pilar de su discurso. Sus voces más altisonantes se dedican a ejemplificar, muchas veces con razón, que sus rivales del PRO, la UCR y la ultraderecha incurren en actos sospechosos graves y permanecen impunes, pero no dan cuenta de tramas estructurales de venalidad que acompañaron la obra pública desde 2003.
Ocurre que inflación y corrupción son temas centrales en la preocupación de los ciudadanos desde hace décadas. Es cierto que el trabajo y la pobreza también lo son, pero ambos se ven implicados por los pilares que el cristinismo prefiere tratar de costado.
Un tercer eje de interés social es la inseguridad. Al respecto, el abordaje privilegiado de la expresidenta es a través de Sergio Berni, otro dirigente que ganó escala en la intersección de San José y Humberto Primo esta semana. Berni es un reproductor de las consignas de Patricia Bullrich. Para apoyar a alguien que celebra la represión de las protestas y el gatillo fácil, ¿será mejor votar a una irredenta apasionada por las armas como Bullrich, o a su Salieri excarapintada?
Con Javier Alonso en el ministerio de Seguridad bonaerense, otro fan de las ejecuciones policiales por la espalda y hombre de Berni, la nueva melodía de Kicillof también se demora en ese sensible asunto.
SL/DTC
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