“Cristina no es chorra ni cucaracha”: las claves de la denuncia de CFK ante la ONU que busca revertir su condena

Cristina Fernández de Kirchner formalizó este miércoles ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una comunicación individual para cuestionar el proceso judicial que terminó con su condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad. La presentación, elaborada por un equipo de abogados que integran el histórico defensor de la expresidenta, Alberto Beraldi, junto al jurista brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, fue explicada en una conferencia de prensa en el hotel NH de Buenos Aires. Allí, los letrados detallaron los fundamentos jurídicos del reclamo, las medidas cautelares solicitadas y los tiempos posibles de un proceso que, advirtieron, puede demandar años. Aquí, las claves de la presentación.

¿Qué presentó Cristina Kirchner?

Una comunicación individual ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en el marco del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado que la Argentina ratificó y que habilita a cualquier ciudadano a denunciar ante ese organismo violaciones a sus derechos una vez agotadas las instancias judiciales internas. Según el resumen de la propia presentación, el objeto de la comunicación es someter al escrutinio internacional “las violaciones al Pacto cometidas en el proceso conocido como Causa Vialidad”.

¿Cuál es el argumento principal?

El escrito enumera ocho artículos del Pacto que, según la defensa, fueron vulnerados durante el proceso judicial. Entre ellos, el derecho a votar y ser elegido (artículo 25), afectado por una inhabilitación perpetua que los abogados consideran una proscripción electoral; el derecho a un juicio justo (artículo 14), por atribuirle a CFK responsabilidad sobre actos administrativos que no le correspondían constitucionalmente, a partir de la firma del Decreto 54/2009; el derecho a un tribunal independiente e imparcial (artículo 14.1), por presuntos mecanismos irregulares de asignación de causas y jueces con vínculos personales con dirigentes opositores; la presunción de inocencia (artículo 14.2); el derecho a tiempo y medios adecuados para la defensa (artículo 14.3); el derecho a la doble instancia (artículo 14.5), porque la Cámara de Casación no habría examinado realmente los agravios de la defensa; la prohibición de doble juzgamiento o ne bis in idem (artículo 14.7), dado que 49 de las 51 obras públicas de la causa ya habían sido archivadas o sobreseídas en investigaciones anteriores; y el derecho a un recurso judicial efectivo (artículo 2.3), en referencia a la actual integración de una Corte Suprema de solo tres miembros.

Beraldi resumió el núcleo del planteo al remarcar que a Cristina Kirchner “la responsabilidad se la atribuyen por el decreto 54 del año 2009, que es el único elemento por el que ella es encontrada culpable”. “No la condenaron por las obras, sino por dictar un decreto que está vigente”, sostuvo, y agregó que se trata de “un criterio personal el que se le aplica”, ya que la expresidenta “nunca administró el patrimonio de la Dirección Nacional de Vialidad”.

¿Qué medidas cautelares pidió la defensa?

Son tres. La primera es la suspensión de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por considerarla contraria a precedentes del propio Comité que rechazan las proscripciones sin límite temporal. La segunda es la recomposición de la integración de la Corte Suprema, hoy con tres miembros, lo que la defensa describe como “una vulneración gravísima a toda la ciudadanía argentina”.

La tercera apunta al régimen de prisión domiciliaria de CFK: pide el retiro de la tobillera electrónica, el fin de las restricciones para recibir visitas y para acceder a la terraza del edificio, y que el Estado argentino no la responsabilice por manifestaciones de terceros frente a su domicilio de San José 1111. Uno de los abogados detalló ante la prensa que la expresidenta “tiene dos policías en la puerta”, “lleva una tobillera que cada dos por tres no funciona” y tiene “restringido el derecho de visita” y el acceso a la terraza.

¿Qué diferencia hay entre las cautelares y la revisión de fondo?

Según explicaron los abogados en la conferencia, las decisiones del Comité “son vinculantes” y “deben ser respetadas por el Estado”, que puede ser condenado a cumplir las cautelares solicitadas o a admitir las violaciones denunciadas.

Sin embargo, los tiempos de ambos procesos son distintos: mientras las medidas cautelares podrían resolverse “en cuestión de meses” —posiblemente en octubre, aunque la periodicidad de las reuniones del Comité se redujo tras el recorte presupuestario de Estados Unidos a la ONU—, la decisión de fondo sobre la revisión de la condena “puede tardar algunos años”, sin que sea posible precisar un plazo. Los letrados remarcaron que, a diferencia del sistema interamericano de derechos humanos —que exige pasar primero por una comisión y luego por otra instancia antes de llegar a la Corte Interamericana—, el Comité de la ONU permite un acceso directo, lo que le atribuyen “mayor efectividad”.

¿Podría revertirse la condena?

Los abogados fueron cautos. Si el Comité falla a favor de CFK, esa decisión no anula automáticamente la sentencia argentina, pero obliga al Estado a adecuar su conducta a los estándares internacionales y abre la puerta a un recurso de revisión en el sistema judicial local. Beraldi planteó que “hay prueba evidente de adversidad” contra Cristina Kirchner en el proceso y que la estrategia, de allí en más, exige paciencia: “Tenemos que esperar a que haya novedades internacionales y a partir de ahí esperar que esto se encasille jurídicamente”, señaló. Los propios abogados aclararon que la vía elegida es estrictamente documental —“no hay espacio para declaraciones”— y que la comunicación se circunscribe únicamente al caso de la expresidenta, sin extenderse a otros condenados en la misma causa, aunque no descartaron que estos puedan valerse del precedente.

¿Quiénes son los abogados internacionales de Cristina Kirchner?

Al frente histórico de la defensa, Alberto Beraldi, se sumaron dos juristas de trayectoria internacional en derechos humanos. Rafael Valim es abogado y profesor de Derecho Público, doctor y máster por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo, con más de veinte años de trayectoria académica en Derecho Constitucional y Administrativo. Estuvo detrás de la defensa de Lula da Silva. Litiga ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, fue profesor visitante en universidades de Europa y América Latina —entre ellas Manchester y Rouen— y es autor de libros sobre lawfare y estados de excepción, entre ellos Lawfare: Waging War Through Law. Javier Borrego, por su parte, es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y tuvo un extenso recorrido en la función pública española vinculado a los derechos humanos: fue agente del Reino de España ante los órganos europeos e internacionales de derechos humanos, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo español.

“No es una chorra”

El abogado Borrego apeló a un registro más coloquial para defender a su clienta de los cuestionamientos que recibe en la Argentina: “Cristina no es una chorra. Yo no lo he visto en los papeles. Tampoco es una cucaracha. Incluso a una persona que le pusieron una pistola en su cabeza le dicen que le quieren clavar el último clavo del cajón”, sostuvo, y agregó: “Toda persona tiene dignidad humana y hay que respetarla”. Borrego también apuntó contra el momento político de la inhabilitación: recordó que Cristina Kirchner “podría haber sido habilitada para las PASO porque no es para cargos” y que, pese a eso, “ahora el gobierno las quiere sacar”, en referencia a las elecciones primarias.

¿Cuál es la postura del gobierno de Milei?

El Gobierno desestimó la denuncia internacional de Cristina Kirchner a través de una declaración pública este miércoles por la mañana del canciller Pablo Quirno. “Quieren volver al poder para indultarla”, dijo sobre la estrategia de la expresidenta, aunque admitió que tiene “la libertad para hacerlo”.

El equipo de abogados de CFK sumó como prueba documental que el presidente Javier Milei se atribuyó en un acto público “meter presa a Cristina”, así como en varias oportunidades habló de “ponerle el último clavo al cajón” del kirchnerismo. Para la defensa, esas declaraciones como posturas similares de Mauricio Macri revelan animosidad política en la sentencia judicial.