En medio de una fuerte movilización frente al Congreso, la oposición en la Cámara de Diputados consiguió este martes emitir dictamen para declarar la emergencia en discapacidad hasta el final del mandato de Javier Milei. La iniciativa busca actualizar las prestaciones según la inflación y garantizar mayor presupuesto para tratamientos, ante la situación crítica que atraviesan miles de personas con discapacidad en todo el país.
El proyecto fue respaldado por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y los bloques de izquierda, mientras que la UCR, el PRO y el bloque Democracia para Siempre presentaron dictámenes de minoría con diferencias sobre el alcance de la emergencia y los mecanismos de control.
El dictamen de mayoría fue firmado en un plenario de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto, en una reunión que se desarrolló sin la presencia de la mayoría de los legisladores oficialistas, incluidos los libertarios y José Luis Espert. La conducción estuvo a cargo de Daniel Arroyo (UP), Pablo Yedlin (UP) y Carlos Heller (UP), vicepresidentes de las comisiones intervinientes.
Mientras avanzaba la discusión parlamentaria, organizaciones sociales, familias y personas con discapacidad se manifestaron frente al Congreso para exigir la aprobación urgente del proyecto. El reclamo apunta a frenar recortes, demoras en pagos y falta de actualización en las prestaciones básicas.
Sin embargo, el avance de la ley fue rechazado con dureza por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud. En un comunicado oficial, el organismo expresó su “enérgico rechazo” al proyecto, al que calificó como “regresivo” y basado en un “modelo asistencialista que ya fracasó”.
“La iniciativa desatiende estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión. No plantea soluciones sostenibles ni explica cómo se financiarán las medidas que propone”, sostuvo la ANDIS, y recordó que “la gestión anterior flexibilizó el otorgamiento de pensiones y desfinanció el sistema”.
Según el organismo, durante el gobierno anterior las pensiones por invalidez crecieron de manera desproporcionada, superando el 1,25 millón de beneficiarios en 2023, y los aranceles quedaron rezagados frente a la inflación. “El actual Gobierno está ordenando el sistema y auditando pensiones mal otorgadas para redirigir recursos a quienes realmente los necesitan”, afirmaron.
Aún con estas críticas, el proyecto opositor sigue su curso y será tratado en el recinto el próximo 14 de mayo, donde la oposición buscará convertirlo en ley. El debate promete tensión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas, en un contexto de creciente conflictividad social.
MM con información de la agencia NA.